Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900626 - Número de Diario 21
(L54A2P1oN021F19900626.xml)Núm. Diario:21ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Humberto Roque Villanueva
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., martes 26 de junio de 1990 No. 21
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa sobre el quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Con una aclaración, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, a la ceremonia cívica del CLXXVI aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana. Se designa Comisión.
COMUNICACIÓN
Del Congreso del Estado de Puebla, sobre el inicio del período ordinario de sesiones y su mesa directiva. De enterado.
DICTAMEN DE DECLARATORIA
ARTÍCULOS 28 Y 123
CONSTITUCIONALES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Es de segunda lectura. Aprobada. Pasa al Ejecutivo.
PROPOSICIONES
SOBRE EL DISTRITO FEDERAL
Presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, sobre vivienda en arrendamiento en el área metropolitana. Se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos.
PROGRAMA "HOY NO
CIRCULA"
El diputado Luis Miranda Reséndiz solicita informe sobre alcances del programa.
Debaten los diputados:
José Antonio Ríos Rojo.
José González Morfín.
Alberto Pérez Fontecha.
José Enrique Rojas Bernal.
Jorge Federico Schiaffino Isunza.
Se turna a las comisiones de Ecología y del Distrito Federal.
DEL ESTADO DE JALISCO
Para comentar el problema de violaciones en la entidad, hace uso de la palabra el diputado Victor Manuel Ávalos Limón. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE SAN LUIS
POTOSÍ
Sobre el proceso electoral en el estado, debaten los diputados:
Félix Mercado Téllez.
Zeferino Esquerra Corpus.
José de Jesús Sánchez Ochoa.
SOBRE DELITOS SEXUALES
La diputada Graciela Gómez de Ibarra hacen un pronunciamiento.
Comentan los diputados:
Jorge del Rincón Bernal.
Celia Torres Chavarría.
Patricia Olamendi Torres.
Jorge del Rincón Bernal.
Aprobado. Se turna a la Comisión de Justicia.
VIOLENCIA EN LIBERIA
El diputado Alfredo Arenas Rodríguez presenta punto de acuerdo sobre el conflicto. Aprobado.
DEL ESTADO DE MÉXICO
Sobre la legislación electoral en la entidad, debaten los diputados:
José del Carmen Enríquez Rosado.
Gerardo Arellano Aguilar.
Roberto Pérez Fontecha.
Pág.
Juan Ugarte Cortés.
Gerardo Arellano Aguilar.
Mario Ruíz de Chávez y García.
SOBRE LA INDUSTRIA
AZUCARERA
Para solicitar comparecencia de funcionarios de ingenios, toma la palabra el diputado Manuel López Zorrilla.
Expresan sus opiniones los diputados:
Fernando Palacios Vela.
Alberto Díaz Jácome.
Manuela Sánchez López.
Ramón Alejo Valdez López.
Se turna a las comisiones de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
IMPUTACIONES
A LA DOCTORA NORMA
CORONA ZAPIÉN
Toman la palabra los diputados:
Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Víctor Manuel Sarabia Luna.
Rigoberto López Alarid.
DECLARACIONES
DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Por comentarios hechos en contra de su partido toma la palabra el diputado Alfredo Pliego Aldana.
Opina el diputado Rafael Núñez Pellegrín.
SOBRE EL ESTADO DE SAN
LUIS POTOSÍ
Para comentar el Programa Nacional de Solidaridad, hace uso de la palabra el diputado Francisco Castañeda Ortíz.
Debaten los diputados:
Mario Leal Campos.
Pág.
Miguel Martínez Castro
Mario Leal Campos, para alusiones.
SOBRE EL ESTADO DE
COAHUILA
Toma la palabra el diputado Francisco Navarro Montenegro, sobre corrupción en la entidad.
Para rectificar hechos, el diputado Benigno Gil de los Santos.
Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA
(Asistencia de trescientos treinta y cinco diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Señor Presidente, Hay una asistencia de 355 diputados. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Rubén García Farías: - Se va a dar lectura al orden del día.
"Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo año.- LIV Legislatura.
Orden del día
26 de junio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico que con motivo del CLXXVI aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, tendrá lugar el 27 de junio.
Comunicación del Congreso del Estado de Puebla.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de declaratoria
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de declaratoria que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Proposición
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre los problemas de vivienda en arrendamiento en el Distrito Federal y zona conurbada.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el programa "Hoy No Circula".
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
De diputadas de los grupos parlamentarios, sobre actos de violación.
Opinión del diputado Víctor Ávalos Limón, sobre el problema de violencia sexual en Jalisco.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el proceso electoral en el estado de San Luis Potosí.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el conflicto en Liberia.
De los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la legislación electoral en el estado de México.
Del Grupo Parlamentario Independiente, sobre la privatización de la industria azucarera.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la Comisión de Asentamientos Humanos.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las imputaciones a Norma Corona Zapién.
Denuncias
De los grupos parlamentarios de los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Acción Nacional, sobre la aplicación del programa Nacional de Solidaridad en San Luis Potosí.
Del grupo Parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre actos de corrupción de funcionarios de Coahuila, que están desviando recursos federales."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintiuno de junio de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto
Roque Villanueva
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con ocho minutos del día veintiuno de junio de mil novecientos noventa, con una asistencia de doscientos noventa y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos, en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo vigésimo nono aniversario luctuoso del general Leandro Valle. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra el diputado Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista, quien presenta iniciativa de reformas al artículo cincuenta y uno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien a nombre de su partido presenta iniciativa de reformas a los artículos sesenta y tres y setenta y uno constitucionales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Las secretaría da cuenta con una minuta de la honorable Cámara de Senadores, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Finlandia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se da lectura a seis minutas de la colegisladora, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que diecisiete ciudadanos mexicanos pueden prestar sus servicios en la embajada de los Estados Unidos de América y en los consulados de ese país, en Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Guadalajara, Jalisco y ciudad Juárez, Chihuahua. Se turna a la comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
El presidente informa que para que el debate de los puntos marcados con los números siete y ocho del orden del día, los coordinadores de los grupos parlamentarios llegaron al acuerdo de que cada uno de los oradores pueda disponer hasta de veinte minutos para su exposición.
Para expresar sus opiniones respecto a la desincorporación de las empresas Altos Hornos de México, Sociedad Anónima y Siderúrgica Lázaro Cárdenas - "Las Truchas", Sociedad Anónima, se concede el uso de la palabra a los diputados Judith Murguía Corral, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Política; Jaime Enríquez Félix, del Grupo Parlamentario Independiente; Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Carmen Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista; Rafael Melgoza Radillo, del Partido del la Revolución Democrática; Francisco Pavlovich Robles, del Partido Acción Nacional, y Javier Culebro Siles, del Partido Revolucionario Institucional. El Presidente pide que se turne la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al Ejecutivo y, desde su curul, el diputado Francisco Ortíz Mendoza objeta el trámite.
El Presidente da una explicación reglamentaria y, desde sus curules expresan sus opiniones al respecto los diputados Francisco Ortíz Mendoza, Rogelio Montemayor Seguy y Alfredo Reyes Contreras.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Montemayor Seguy, del Partido
Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y dar su opinión respecto al trámite propuesto por la Presidencia.
Insiste en su objeción al trámite los diputados Francisco Ortíz Mendoza, Teresa Ortuño Gurza y Eugenio Ortíz Walls. Finalmente, el Presidente turna al Ejecutivo Federal el debate sobre la desincorporación de las dos empresas nacionales, incluyendo la opinión de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Para expresar la opinión de cada uno de los grupos parlamentarios integrantes de la Quincuagésima Cuarta Legislatura sobre el Plan Nacional de Desarrollo, se concede el uso de la palabra a los diputados Sami David David, del Partido Revolucionario Institucional; Ana Rosa Payán Cervera, del Partido Acción Nacional; Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la diputada María Elena Chapa Hernández
José Marín Rebollo, del Partido Popular Socialista.
Presidencia del Diputado Noé Aguilar Tinajero
El Presidente informa que habiéndose cumplido las cuatro horas que marca el reglamento para una sesión, ésta se prolongará hasta el término de los asuntos del orden del día.
Continúan expresando su opinión sobre el mismo tema los diputados Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Autentico de la Revolución Mexicana; Armando Duarte Móller, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Presidencia del diputado Antonio Alvarez Esparza
Israel Galán Baños, del Grupo Parlamentario Independiente.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
Artemio Iglesias Miramontes, del Partido Revolucionario Institucional, quien solicita que el análisis de su partido se incluya en el Diario de los Debates, lo que el Presidente así ordena; Israel Galán Baños, para rectificar hechos; Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y denunciar el desalojo violento de campesinos en el estado de Guerrero; Vicente Fuentes Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y proponer que la denuncia se turne a la Comisión de Información Gestoría y Quejas; Blas Vergara Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional, para solidarizarse con los campesinos del estado de Guerrero.
Se turna la opinión de los diversos grupos parlamentarios respecto al Plan Nacional de Desarrollo, el Ejecutivo Federal y la denuncia del diputado Aroche Parra a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de la Reforma Agraria.
La secretaría da primera lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de declaratoria que reforma los artículos veintiocho y ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Otro dictamen de primera lectura de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jacinto Romero Arredondo, pueda aceptar y usar la condecoración que el concede el gobierno de Portugal.
Para conmemorar el aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez, hace uso de la palabra el diputado Salvador Revueltas Olvera, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Enrique Martínez y Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una proposición respecto a la violencia fronteriza en Tijuana, Baja California, apoyada con las firmas de representantes de todos los grupos parlamentarios, misma que se aprueba en votación económica.
Para presentar un pronunciamiento respecto de la tragedia que sufre el pueblo de Irán, por los movimientos sísmicos, hace uso de la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano, del Partido Acción Nacional. El pronunciamiento, aprobado con firmas de representantes de todos los grupos parlamentarios, se aprueba en votación económica.
Se concede el uso de la palabra al diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien solicita se haga una excitativa a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, respecto a los asuntos que tienen pendientes en relación con los trabajadores jubilados. El Presidente hace la excitativa y da un término de quince días para que las comisiones presenten el dictamen respectivo.
Para solicitar una excitativa a la Comisión de Justicia, hace uso de la palabra el diputado José Antonio Ríos Rojo. El Presidente atiende la petición y fija un plazo de quince días para que la Comisión de Justicia presente el dictamen respecto a la comparecencia del Procurador General de Justicia de la Nación.
Presidencia del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa
Para referirse a los problemas laborales de la Compañía Minera Santa Fe, hace uso de la palabra el diputado Carlos Navarrete Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática.
Para rectificar hechos sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el diputado Napoleón Gómez Sada, del Partido Revolucionario Institucional y, también, el diputado Carlos Navarrete Ruíz, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales.
Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, y de Fomento Cooperativo.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con doce minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiséis de junio de mil novecientos noventa a las diez horas.»
Está a discusión el acta...
El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde la Presidencia): ...(no se escuchó.)
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se toma nota, diputado.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVI aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, que tendrá lugar el próximo miércoles 27 del actual, a las 11.00 horas, en el Altar a los Defensores de la Patria en el Hemiciclo a los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec, de esta ciudad.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 14 de junio de 1990.- El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Juan Albarrán Castañeda, Víctor Guerrero González, Pablo Ávalos Castro y Herón Maya Anguiano.
COMUNICACIÓN
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Honorable Congreso del Estado de Puebla.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados,- México, Distrito Federal.
En atención a lo dispuesto por los artículos 29, 52 y 55 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, informamos que el día 1o. de junio de 1990, el Quincuagésimo Primer Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla inició su Segundo Período de Sesiones Ordinarias, correspondiente a su Primer Año de Ejercicio Legal.
Asimismo comunicamos que la mes directiva quedó de la siguiente manera:
Diputado: Presidente, Héctor González Reyes: vicepresidente, Isabel Serdán Alvarez; secretario, Juan Madera López, secretario, Eduardo Cué
Morán; prosecretario, Constantino Sánchez Juárez y prosecretario, Harón Rodas Bautista.
Es ocasión para reiterarle nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Heroica Puebla de Zaragoza, a 1o. de junio de 1990.- Diputados secretarios: Juan Miguel Madera López, y Eduardo Cué Morán.»
Trámite: - De enterado.
DICTAMEN DE DECLARATORIA
ARTICULO 28 Y 123
CONSTITUCIONALES
El secretario diputado Rubén García Farías:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales le fue turnado el expediente enviado por la Cámara de Senadores que contiene la minuta proyecto de decreto que declara reformados los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al derogar el párrafo quinto del primero y al modificar y adicionar con el numero 22 el inciso a, de la fracción XXXI del apartado A del segundo, así como al modificar la fracción XIII- bis del apartado B del mismo artículo 123.
La reforma constitucional materia de este dictamen fue estudiada, discutida y aprobada oportunamente por el voto afirmativo de las dos terceras partes de los miembros de las cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión y, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 135 constitucional la segunda mencionada, en funciones de Cámara revisora, turnó a las legislaturas de los estados el expediente respectivo, con el objeto de que los congresos locales, si lo consideraban procedentes, aprobaran estas reformas.
El Senador de la República, mediante oficio del 8 de junio del presente año, envió a esta honorable Cámara de Diputados el expediente que contiene el proyecto de reformas constitucionales al que se ha hecho referencia en el párrafo primero de este dictamen. Esta Cámara se encuentra en posibilidad de hacer el cómputo a que se refiere el artículo 135 constitucional y de éste se desprende que el proyecto de decreto que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución, ha merecido la aprobación de las treinta y una legislaturas locales en funciones de Constituyente Permanente. Consta la aprobación de las legislaturas de los siguientes estados: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
En consecuencia, se han cumplido los supuestos jurídicos que la propia Constitución previene, a fin de que las reformas constitucionales pasen a formar parte del texto vigente.
Esta Comisión concluye que ha sido reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con fundamento en el artículo 135 de la propia Constitución, nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECLARATORIA
El honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución General de la República y previa la aprobación de la totalidad de las honorables legislaturas de los estados, declara que reforma los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo primero. Se derogan el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo segundo. Se modifica y adiciona el inciso a) de la fracción XXXI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 123...........................................
A.............................................................
XXXI......................................................
a) Ramas industriales y servicios.
21............................................................
22. Servicios de banca y crédito."
Artículo tercero. Se reforma al fracción XIII- bis del apartado B del artículo 123 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
"Artículo 123.........................................
B..............................................................
XIII - bis. Las entidades de la Administración Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano regirán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto en el presente apartado."
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. En tanto se expiden las nuevas normas aplicables, las instituciones de banca y crédito y las sucursales en México de bancos extranjeros que cuenten con concesión del gobierno federal continuarán rigiéndose por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 21 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, Jesús Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, José Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Proceda la secretaría a tomar la votación nominal.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Esta secretaría informa que se emitieron 285 votos en pro, 31 en contra y tres abstenciones.
El Presidente: - La declaración fue aprobada por 285 votos.
Se declara que han sido reformados los artículos 28 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al derogar el párrafo quinto del primero y al modificar y adicionar con el numeral 22 el inciso a, de la fracción XXXI del apartado A del segundo, así como al modificar la fracción XIII- bis apartado B del mismo artículo 123.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES
SOBRE EL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - Entramos al capítulo de proposiciones.
Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre los problemas de vivienda en arrendamiento en el Distrito Federal y zona conurbada.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros y diputados: El Distrito Federal, una de las cinco ciudades más pobladas del mundo, afronta serios problemas sociales, entre los que destacan, en primer nivel la falta de viviendas, fundamentalmente la destinada al arrendamiento, en razón de que los inversionistas privados y el Estado no han encontrado del todo rentable la inversión en esta área de la vivienda.
Uno de los problemas que propició la ausencia de la inversión privada en materia de arrendamiento fue la existencia de los decretos de congelación de
rentas que se promulgaron en 1942 y en 1948, este último todavía vigente hasta nuestros días, pero desafortunadamente sin brindar protección más que un promedio de 10 a 15 mil viviendas en la ciudad, de las cuales más del 70% ya no son ocupadas por los titulares del contrato, sino en ocasiones por familiares y en un nivel importante por subarrendamientos.
Este derecho de congelación de rentas ha sido combatido por colegios de arquitectos, arrendadoras y también grupos de ciudadanos que pretenden erradicar los derechos sociales en nuestro país. Bajo tales circunstancias, es urgente hacer una evaluación serena, consciente y responsable de los beneficios o perjuicios que en la actualidad ocasionan a los inquilinos la vigencia del decreto de congelación de rentas.
En el Distrito Federal, la estructura de la justicia se ha visto en la obligación de cambiar no sólo el procedimiento, sino inclusive la existencia de los tribunales, al grado que en la actualidad la capital de la República cuenta con tribunales que se dedican de manera exclusiva a resolver controversias en materia de arrendamiento. Por un lado el Tribunal Superior de Justicia ante el cúmulo de juicios y corrupción que invade a los órganos judiciales, llegó al extremo de sortear los juicios entre los tribunales para evitar el favoritismo, tanto para litigantes como para caseros, pues año con año se gestionan más de 70 mil asuntos...
El Presidente: - Permítame, señor diputado.
Ruego a la asamblea, en virtud de estar escuchando una posición anterior, pongamos atención y respeto al orador.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Pues año con año se gestionan más de 70 mil asuntos relacionados con el arrendamiento y de los cuales los inquilinos no logran una sentencia favorable; sin embargo, constatamos que en las 16 delegaciones políticas cómo son lanzados a la vía pública un promedio de 15 a 30 familias diariamente sin considerar las desocupaciones que ante la amenaza de lanzamiento se generan día con día al grado de ver cómo surgen nuevas ciudades en la zona conurbada del Distrito Federal; ejemplos tenemos el valle de Chalco, Ecatepec, Naucalpan y Tlalnepantla, a donde han emigrado cientos de familias buscando un techo y tratando fundamentalmente de evitar la explotación a que son sometidos por voraces casa tenientes, quienes en su afán de enriquecimiento, en los últimos cinco años han incrementado las rentas de viviendas de un 500% a un 1,000%.
En el Distrito Federal, es una absolutamente falso que se respete lo dispuesto por el artículo 17 constitucional en cuanto a la existencia de justicia pronta expedita y gratuita; para nadie es extraño que en los tribunales del arrendamiento, cualquier trámite o gestión tenga que ser gratuita; ésta sólo se hace a cambio de determinada suma de dinero, ya que es una obligación la cuota entre litigantes y empleados del Poder Judicial con la complacencia de los jueces sobre el cobro de estas cuotas.
A nadie, absolutamente a nadie se le hace una cédula de notificación en forma gratuita, ningún actuario efectúa una notificación por lanzamiento si no es a cambio de importantes sumas de dinero; por ello, el inquilino se ve imposibilitado de acudir en demanda de justicia, dado que, aparte de los honorarios del abogado, tiene que pagar los gastos de trámite judicial. Ante esta realidad, es urgente que se haga un análisis en torno a la forma en que supuestamente se aplica la justicia en materia de arrendamiento.
Si consideramos que en el Distrito Federal existe aproximadamente un millón de inquilinos, estamos hablando de casi un promedio de 5 millones de mexicanos que reclaman justicia y beneficio por parte de las instituciones de los poderes de la Unión. A este reclamo, se aúna la necesidad de participar a los inversionistas en vivienda - arrendamiento, por lo que se deben fijar nuevos estímulos fiscales como los que implementó el gobierno de Adolfo Ruíz Cortines, en el cual se logró construir un importante porcentaje de viviendas por parte de la iniciativa privada, mismas que se destinaron al arrendamiento.
En la actualidad los estímulos fiscales no sólo deben alcanzar a quienes construyen viviendas, sino fundamentalmente a quienes las deben reparar, dado el deterioro en que se encuentran los edificios y vecindades que existen en las distintas delegaciones políticas de esta ciudad.
En consecuencia y como se requiere un amplio foro de opinión en torno a si se debe aprobar una ley inquilinaria o modificar algunas de las legislaciones vigentes para resolver los graves problemas de arrendamiento que sufre la capital del país, nos permitimos proponer ante esta soberanía nacional, que la iniciativa de Ley de Arrendamiento que presentó la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en la LIV Legislatura y otras que han sido presentadas por los distintos partidos políticos, sirvan como base para convocar a toda la ciudadanía del Distrito Federal, asociaciones de inquilinos asociaciones de propietarios,
arquitectos, psicólogos, inversionistas, abogados y pueblo en general, y autoridades del Poder Ejecutivo y el Distrito Federal, para que concurran al Foro de Vivienda de Arrendamiento que se convoque por esta soberanía nacional mismo que proponemos debe tener lugar en los meses de agosto y septiembre del año en curso, con el propósito de que se recojan todas las opiniones que sirvan como fundamento para emitir lo que deba ser una nueva legislación en materia de arrendamiento para el Distrito Federal, misma que se convocada y coordinada por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de esta Cámara de Diputados.
Atentamente, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El presidente: - Túrnese a la Comisión de Asentamientos Humanos, para la atención que proceda.
PROGRAMA "HOY NO CIRCULA"
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Miranda Reséndiz, del grupo parlamentario de Partido Popular Socialista, sobre el programa "Hoy No Circula"
El diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: Proposición para que continúe el programa "Hoy No Circula". Desde hace cinco años, cuando el índice de contaminación . del ambiente alcanzaba grados peligrosos para la población, el Partido Popular Socialista demandó la disminución de los vehículos de motor de combustión interna, como una medida necesaria para mejorar el ambiente y disminuir el congestionamiento vehicular. Durante esos cinco años insistimos en la aplicación inmediata de ese programa y afirmamos que era sencillo adoptarlo, a semejanza de como se aplicó en la Segunda Guerra Mundial, que entonces no fue para mejorar el ambiente, en ese tiempo el equilibrio ecológico se conservaba, sino para ahorrar hule y gasolina, elementos vitales en los años cuarentas para sostener la industria bélica.
Cuando la propusimos, los ecologistas y otros grupos de la llamada sociedad civil, la consideraron justa y la apoyaron, pero sustentada en la participación ciudadana. En los momentos en que se llegó al límite, del desastre, terminaron por aceptarlo, iniciando el programa por todos conocido de "Hoy No Circula". Al poco tiempo de su aplicación, la población de la zona metropolitana se percató de los beneficios de la medida. No es exagerado decir que volvieron a contemplar los volcanes y lo azul del cielo; sin embargo, grupos beneficiados con el uso de los vehículos de motor de gasolina y diesel, no dejaron de presionar para anularlo o limitarlo a la etapa del invierno y empezaron a difundir tesis y argumentos endebles para alcanzar sus objetivo.
Es falso, como se puede comprobar en el Registro de Automóviles, que para eludir la medida de los particulares adquirieron más vehículos, ya que si estos fuera cierto, se duplicaría el número de ellos. Es falso que los ciudadanos estén contrariados con la medida y que circulan su automóvil el día de descanso, propiciando la corrupción, puesto que si un usuario corrompe a un agente de tránsito, a la siguiente esquina tendría que corromper a otro. Es subjetivo que la medida se ha desgastado y el pueblo no la soporta, ya que nadie ha hecho una encuesta real sobre el problema, pero la inmensa mayoría de la población metropolitana que no tienen vehículo y muchos de los que lo tienen, le dan un fuerte apoyo.
Las autoridades deben de comprender que además de disminuir la contaminación que producirían 400 mil motores de combustión interna, que se sumarían a los 2 millones que lo hacen diariamente, se congestionaría la circulación con 400 mil vehículos más y se volverían a gastar 4 millones de litros de gasolina diariamente, que en los cinco meses que se propone se suspenda, representarían 450 mil millones de pesos que se dejarían de ahorrar por ese concepto.
Por esos motivos y por tratarse de un problema federal que no afecta únicamente a la capital, quienes suscriben este documento hacen la siguiente.
«PROPOSICIÓN
Única. Que la Cámara de Diputados demande de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, a las autoridades del Distrito Federal y a las del Estado de México, que rindan un informe conjunto oficial y único, respecto a los beneficios reales que esta medida haya producido para la zona metropolitana, antes de adoptar cualquiera medida que modifique o suspenda de manera parcial o total el programa "Hoy No Circula".
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión a los 26 días del mes de junio de 1990. - Lo firman los diputados: Marcela Lombardo Otero, Juan Nicasio Guerra Ochoa, José Ríos Rojo, Francisco Chávez Alfaro, y la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.»
Muchas Gracias.
El Presidente: - Está solicitando la palabra el diputado Ríos Rojo, para hechos.
El diputado José Antonio Ríos Rojo: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: La propuesta que ha presentado el compañero del Partido Popular Socialista y firmada por otros compañeros diputados, la hacemos en virtud de que hemos considerando que el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el Distrito Federal, el señor Ramón Ojeda Mestre, en días pasados estuvo manejando en la Prensa nacional datos que hablaban, que decaían, que el índice de contaminación en la atmósfera, aquí en el Distrito Federal era de 1,200% arriba de lo permisible.
Tuvimos la oportunidad de preguntar el pasado miércoles al subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el físico Reyes Luján, sobre esta cuestión, de que si era cierto de que la atmósfera del Distrito Federal estaba contaminada en un porcentaje de 1,200% por arriba de lo permisible. El nos contestó que no era así la situación, que sí estaba por arriba de lo permisible, pero que estaba entre 300% y un 400% por arriba.
Ante esta situación, cuando vemos que el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el Distrito Federal maneja datos, maneja estadísticas, que son totalmente distintas a las estadísticas oficiales que maneja el subsecretario de Ecología, el físico Reyes Luján, no nos queda otra cosa más que pedir oficialmente a esa Secretaría, que informe con veracidad, no sólo a la Cámara, no sólo a nosotros, sino a la ciudadanía.
Sabemos y estamos enterados de que las presiones que esa Secretaría sufre por parte de los grandes industriales como, por ejemplo, la empresa Bimbo, son presiones enormes que están empujando a que esta medida de un día sin auto, que fue aprobado por la ciudadanía, que la ciudadanía la ha seguido con bastante responsabilidad, hoy los grandes industriales del Distrito Federal y Estado de México han estado presionando enormemente para que esta medida sea claudicada. Por lo cual, nosotros también aprobamos la propuesta presentada por los compañeros del Partido Popular Socialista, para que los ciudadanos de este país puedan tener la información veraz sobre la contaminación que actualmente existe aquí, en este país y en el Distrito Federal en lo particular. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado González Morfín.
El diputado José González Morfín: - Señor Presidente; compañeros diputados: Para fijar solamente la postura de nuestro partido sobre este tema, nosotros pensamos que el programa "un día sin auto" tuvo su objetivo como programa de invierno, que es la época en que la inversión térmica provoca una mucho mayor contaminación en la ciudad de México.
Sin embargo, nosotros pensamos que como este programa y como cualquier programa que se planea para un tiempo determinado y este programa se alarga, por consiguiente sufre un desgaste. Creo que los hechos y los datos que tenemos hasta el momento demuestran que efectivamente el programa se ha desgastado. En un principio la gasolina, el consumo de gasolina en el valle de México disminuyó en un 12%, sin embargo, a nueve meses de distancia, no solamente ya se alcanzó el consumo de gasolina que había antes de que se pusiera a funcionar este plan sino que ya está en un 4% arriba. Esta curva también se puede comparar con el aumento en la venta de los automóviles nuevos y usados.
Es evidente que aunque es mínima la cantidad de gente que lo puede hacer, mucha gente se ha comprado un segundo o tercer auto, y esto definitivamente va en contra de lo que el programa en un principio se propuso.
Nosotros pensamos en este momento que se vienen tres meses que son prácticamente de vacaciones en las escuelas, que disminuye muchísimo el tráfico de automóviles en la ciudad de México, es un buen momento para suspender temporalmente el programa "Hoy No Circula", para ver qué pasa. Yo creo que es la única forma como podemos ver realmente hasta qué punto funcionó este programa.
Por supuesto que suspender el programa de " Hoy No Circula" temporalmente, tendría además que compaginarse con otra serie de programas, fomentar por ejemplo el uso compartido del automóvil. Creo ha hecho falta una campaña a fondo de comparta su automóvil, para que cada vez circulen menos automóviles en la Ciudad de México, y creo por supuesto que es necesario que las autoridades del Departamento de Distrito Federal repongan ahora sí, en estas vacaciones todos los autobuses de Ruta - 100 que definitivamente es obvio que no están envenenando; es el momento para hacerlo.
Nosotros, sin que estemos por supuesto en contra del programa de "Hoy No Circula", sí pensamos que es un momento en que debemos hacer una valoración real, hasta dónde ha servido, hasta dónde puede seguir funcionando como un programa
de invierno, y hasta dónde se desgastaría si se deja como un programa permanente.
Hasta aquí consideramos que la propuesta en el otro sentido, en el sentido de que se entregue a está Cámara un solo informe, es valida, es aceptable, la compartimos, pero sí creemos que ahora es un buen momento para que se suspenda el programa "Hoy No Circula" para ver que efectos tiene. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - El diputado Pérez Fontecha, para hechos, tiene la palabra.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados: Realmente siento que la medida del "Hoy No Circula" desde un principio fue un sacrificio para la ciudadanía; sin embargo, los ciudadanos y creo que todos, estuvimos convencidos que tendríamos que hacer un sacrificio para poder resolver en parte el problema de la contaminación.
Sabemos que no ha sido posible, o ha sido el pretexto que por problemas de tipo económico seguimos con la gasolina y los problemas que de ella se están emanando. Hemos denunciado varias veces que no obstante vehículos nuevos, recién sacados de las agencias, no pueden pasar el examen para que se les entregue su calcomanía en contra del smog, debido precisamente a que la gasolina es de pésima calidad, igual que el aceite, y esto lo hemos vivido todos y cada uno de nosotros en muchos casos en carne propia, en otras por comentarios de nuestro vecinos de lo que está pasando precisamente.
Qué bueno que ahora vamos a tener tres meses, o dos meses, en los cuales no van a ir los niños a clases, pero siento que el no responder nosotros, como representantes populares, a algo que la ciudadanía ya lo hizo y que es el aplaudir precisamente el programa de "Hoy No Circula", sería ilógico que esta representación ahora pidiera que este programa fuera retirado, o que este programa se suspendiera durante tres meses. Yo siento que es al contrario, este programa debe continuar, y debe precisamente la ciudadanía dar el apoyo necesario, como lo ha dado hasta hoy, para que sea el gobierno el que empiece a cumplir con la parte que le corresponde y que no ha cumplido.
No podemos pensar que todos los ciudadanos tienen la posibilidad, como decía un diputado hace unos momentos, de comprar un nuevo vehículo. Ojalá y esa posibilidad existiera, porque creo que muchos de los que estamos aquí sentados lo hubiéramos cambiado.
No es cierto que esté duplicando el número de vehículos en la ciudad. Creo que sí necesitamos que precisamente el "Hoy No Circula", continúe y ojalá pudiera ser más drástico, para que entonces precisamente las unidades de ruta 100 pudieran darnos el servicio de transporte que tanto se ha ofrecido y que no se ha cumplido. Nosotros apoyamos la propuestas presentada por el Partido Popular Socialista, y sentimos que todos los diputados conscientes de que éste es un mandato de la ciudadanía, debemos de hacer todo lo posible y luchar para que continúe el programa "Hoy No Circula". Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado Rojas Bernal, ¿desea para hechos?, adelante.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Creo que hacer uso de la palabra en torno a esta propuesta, hubiera sido más gráfico si traigo una máscara antigases, me la coloco y puedan salir fotografías de la Prensa, demostrando la calidad tan deteriorada del aire no sólo en la ciudad, sino incluso aquí dentro del propio recinto parlamentario.
No en balde en días pasados se toma el acuerdo parlamentario de prohibir fumar dentro del recinto, y así como deterioramos el ambiente en la Cámara, hemos venido deteriorando el ambiente natural en el conjunto de la ciudad de México y de otras muchas ciudades del interior de la República. Y este programa que es materia de esta propuesta del Partido Popular Socialista, es del más grande interés de la ciudadanía del Distrito Federal, aun cuando representa un sacrificio para muchos de los ciudadanos que necesitan transportarse a través de su propio automóvil, viene siendo no obstante una gran contribución a mejorar el ambiente en la ciudad de México.
Pero hemos de tomar en cuenta, señores diputados, que no sólo debe ser la ciudadanía la que ponga el mayor esfuerzo y el mayor sacrificio en este tipo de programas. Debemos de tomar en consideración que hay fuentes de contaminación que no son estrictamente los gases que producen los automóviles que circulan en la ciudad, la industria instalada en el valle de México, es altamente contaminante; la industria viene produciendo una cantidad de gases, de partículas de plomo, de azufre, de gas carbónico, que son altamente nocivos para la salud de los habitantes del Valle de México y nosotros debemos de contemplar como diputados y hacer una propuesta radical respecto de la industria que funciona en el valle de México.
A grandes males, grandes remedios. Y lo que aquí se requiere es que pongamos el dedo sobre la llaga.
y denunciemos con la más estricta verdad y apego a la realidad, lo que acontece en este valle tan importante por su concentración demográfica y tan deteriorado.
Es necesario que el gobierno del Distrito Federal, que es el gobierno federal, tome medidas radicales con relación a las plantas contaminantes, a las plantas industriales contaminantes y planificando su traslado, imponga la decisión jurídica y legal de que salgan del propio valle de México.
Es necesario que muchas de las plantas contaminantes, de las plantas industriales contaminantes, sean redituadas fuera del valle de México.
Es necesario que esta Cámara contemple esta importante decisión, porque si bien es cierto que hemos avanzado en obtener un aire menos contaminado, aún persisten altos índices de contaminación, y esto, señores, debe ser analizado.
Debemos de contemplarlo, debemos discutirlo, debemos situar el problema de la industria contaminante, porque es momento de apoyar el plan "Hoy No Circula", pero también es momento de exigirle al gobierno federal, de exigirle al gobierno del Distrito Federal, que aplique medidas en contra de la industria altamente contaminante y que salga del valle de México, que se resitúe en otros parques industriales próximos a la ciudad, pero fuera del valle de México.
Esto, señor Presidente, diputados, es un agregado, una adición a este punto que presenta el compañero diputado Miranda, del Partido Popular Socialista y que necesitamos discutir y contemplar debidamente dentro de la Cámara. Gracias.
El Presidente: - Túrnese...
El diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza (desde su curul): - Señor
El Presidente: - Adelante, diputado Schiaffino, para hechos.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): - Señor Presidente, hubo un acuerdo de esta soberanía para que no se fumara en el salón de sesiones y aquí hay personas que están fumando.
El Presidente: - Ruego a aquellos miembros de la Cámara o invitados que estén presentes en el salón estén fumando, se abstengan de hacerlo o pasen a hacerlo a la parte exterior de este recinto.
El diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Es indudable que el tema que aquí se ha estado tratando con respecto al programa "Hoy No Circula" y de la grave contaminación que sufre el área metropolitana del Distrito Federal, es un tema que a todos importa; es un tema además, en el que los diputados, en el que las fuerzas sociales, en el que los ciudadanos coincidimos. Es necesario que todos redoblemos esfuerzos para evitar la contaminación en el Distrito Federal.
Es innegable también que el programa "Hoy No Circula", que en principio fue duramente criticado, inclusive por quienes hoy lo apoyan, ha tenido resultados importantes para la ciudadanía.
Es innegable también que muchos mexicanos de muy escasos recursos que utilizan su vehículo para el trabajo, han hecho un gran esfuerzo para cumplir con este programa de "Hoy No Circula".
Es innegable también, como aquí se ha dicho, que será necesario que muchas industrias contaminantes salgan de la ciudad de México; pero también aquí hay que decirlo, es una situación que enfrenta un serio problema, no únicamente de orden económico y social, sino de movilización.
Yo quisiera pedir al señor Presidente de la Cámara, que como éste es un asunto que importa a todos, donde inclusive se coincide, se turne a la Comisión del Departamento del Distrito Federal y como lo hemos venido haciendo en comisión pluripartidista, los diputados que pertenecemos a la Comisión Legislativa del Distrito Federal, ahí se trate con seriedad y se invite a los funcionarios del Departamento del Distrito Federal, quienes tienen estudios realizados, serios, profundos, donde nos pueden orientar de acuerdo a la decisión que vaya a tomarse en este programa y estar los diputados en posibilidades de emitir nuestros criterios basados en estudios que ya han sido realizados. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Túrnese la propuesta del diputado Miranda Reséndiz y las diferentes intervenciones en torno a este tema, a las comisiones de Ecología y del Distrito Federal, para la atención que proceda.
DEL ESTADO DE JALISCO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Víctor Ávalos Limón, para una opinión sobre el problema de violencia sexual en Jalisco.
El diputado Víctor Ávalos Limón: - Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados: Yo no he podido olvidar aquella asamblea tormentosa que dejó en mí una serie de dudas, de inquietudes y me quiero referir muy respetuosamente al compañero diputado Lanz Cárdenas. Yo me sentí y digo respetuosamente, porque como aquí se generalizó la conceptualización de la ignorancia tan grande que teníamos la mayor parte de diputados, yo me quedé con el temor de que sí verdaderamente yo era un inepto en esta Cámara.
La convivencia con muchos compañeros diputados, con muchas compañeras diputadas, me ha llevado a la certeza, a la convicción firme de que aquí no hay ignorantes, de que aquí no hay ineptos y también me di cuenta que, incluso, hay gente tan calificada, con carreras universitarias con maestría y años de estudios universitarios, pero hay gente también con años de lucha con el pueblo.
Y revisando también el Reglamento del Congreso, me di cuenta que también se podían tratar y se deben de tratar asuntos, incluso de particulares, en donde quede manifiesta la violación flagrante de la legalidad existente; entonces a mí se me borró y tengo la convicción de que cuantas veces sea necesario y tenga la oportunidad denunciaré en esta tribuna las violaciones a la legalidad establecida, Constitución, Ley Federal del Trabajo, etcétera.
Yo no considero que la mayor parte de mis compañeros diputados tengan a esta Cámara de Diputados como una oficina de trámites.
¿Y por qué digo todo esto?, lo digo con todo respeto, porque nuevamente subo a esta tribuna a expresar la felicitación de mi Grupo Parlamentario Independiente y del que habla, a ese hermoso grupo de ahora 62 diputadas, que han estado impulsando, sin escatimar esfuerzos, el que verdaderamente tome su lugar en este país el trato a la violencia sexual.
Insisto en esta felicitación y exhorto a mis compañeros varones de esta Cámara de Diputados, que nos dejemos de bromas y apoyemos en todo lo que cabe a este grupo de compañeras.
Debo decirles a ustedes que recordando la denuncia que hice en esta tribuna de mi compañera del Seguro Social, violada tumultuariamente, golpeada, robada y amenazada de muerte, bastó, bastó que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas enviara un comunicado a la Procuraduría de mi estado, y otros apoyos más de la sociedad, en Jalisco, movilización de grupos feministas, de los propios trabajadores del Seguro Social, para que se abrieran las puertas. Y vengo a decirles a ustedes que me felicito de pertenecer a esta Cámara, porque los sujetos han sido aprehendidos; de cuatro han sido aprehendidos tres.
No cabe duda y esto es, por eso me refería yo al principio de mi intervención, yo nunca escatimaré ningún esfuerzo por presentar, cuando sea necesario, cualquier violación de este tamaño o de mayor tamaño.
Efectivamente, quiero yo nada más expresarles que la aprehensión y la localización de estos sujetos, de estos delincuentes, fue por la participación importantísima que tuvieron nuestra compañera atacada y sus familiares.
De todas maneras, vengo a decir que fuimos bien recibidos en la Procuraduría, después de toda la movilización en varias partes de la República. Pero también vengo a decirles, compañeros, que ahora que están dando los careos últimos para emitir sentencia, vuelven las irregularidades y vuelven los abusos de trato para nuestra compañera, en primer lugar.
El que capitanea este grupo aprehendido, efectivamente no se ha aclarado, efectivamente, si pertenece a alguna de las corporaciones policiacas, pero su actuar es totalmente de las corporaciones policiacas.
Durante los careos se permite, dejando sola a nuestra compañera, la entrada de los abogados de estos tres delincuentes y de los familiares de los delincuentes. Y a nuestra compañera se le está preguntando sobre su vida personal, sobre su vida íntima, sobre su vida sexual; en vez de enfocar la investigación y la aclaración de los hechos por el acto delictivo.
Vuelvo a ocupar la tribuna, porque quiero recordarles a mis compañeras que no olvido lo que me dijeron. Me dijeron que con todo gusto seguirían de cerca el curso y la evolución de este proceso.
Lo vuelvo a traer aquí, lo vuelvo a traer aquí porque temo que también ellas, a la mejor dentro de un momento, tendrán que volvernos a solicitar la solidaridad nuestra por los problemas que ellas estén enfrentando.
Vaya pues, compañeros diputados, abordemos el problema como debe ser y apoyemos a nuestras compañeras y que salga de aquí de manera enérgica, como punto de acuerdo de esta Cámara de Diputados, el apoyo y la excitativa para que la Procuraduría General de la República y en Jalisco y en cualquier lugar donde se presenten estos problemas, se lleve y se ejecute la acción
penal que corresponde. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para la atención que proceda.
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Félix Mercado Téllez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el proceso electoral en el estado de San Luis Potosí.
El diputado Félix Mercado Téllez: - Con la venia de la Presidencia; honorable asamblea: El próximo 5 de agosto del presente año, en el estado de San Luis Potosí habrá elecciones para renovar el Congreso del estado; el registro para candidatos se abrió el 1o. de junio y se cerró el día 15 del mismo mes; desde hace un buen tiempo el brazo electoral de la derecha, el Partido Acción Nacional, anunció por diferentes medios que propondría a dos ministros de culto, cuestión que cumplió.
El Partido Popular Socialista en tiempo y en forma denunció esta aberración y lo impugnó ante las comisiones del III y VI distritos electorales y ante el consejo estatal electoral; para dar respuesta al pretendido registro de los de los sacerdotes y las impugnaciones no solamente del Partido Popular Socialista sino de otras fuerzas políticas del estado, se realizaron reuniones en las comisiones distritales y al sentirse con incapacidad para emitir un fallo, trasladaron el problema al órgano superior, al consejo estatal electoral.
Este órgano electoral en una primera sesión no pudo emitir su fallo, argumentando que había ambigüedad en las leyes y que pedirían opinión a otras instancias para emitir una resolución definitiva.
El domingo 24 de este mes se volvió a reunir el Consejo Estatal Electoral y emitió una resolución, otorgándole el registro condicionado a esos dos sacerdotes, desde luego con el voto contrario del Partido Popular Socialista y la abstención del Partido Revolucionario Institucional.
Este problema no es un problema local y circunstancial, pues constituye el inicio de una franca y abierta ofensiva de las fuerzas de la derecha y de las más reaccionarias del clero político, para pretender ablandar las filas de las fuerzas democráticas del país, a efecto de demandar en un futuro próximo la derogación de los artículos 3o., 5o., 24, 27, 123, y 130.
El artículo 130 constitucional establece que los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y no tendrán derecho a voto activo ni pasivo ni derecho para asociarse con fines políticos; es por ello que resulta improcedente que se haya otorgado el registro de los sacerdotes, propuestos por el Partido Acción Nacional, para ocupar una curul en el Congreso de Estado de San Luis Potosí.
En primer lugar, es absurda la decisión del consejo estatal electoral, al haber otorgado el registro condicionado a estos sacerdotes, ya que la condición es que si resultan electos, sea el Colegio Electoral el que determine si deben o no tomar posesión de su cargo; mayor aberración no podía concebirse.
Es falsa la tesis que aceptó el consejo estatal electoral, de que se les otorgue registro como candidatos a diputados, porque son dos sacerdotes que han dejado de ejercer su ministerio, ya que la Constitución no habla de que se trate de ministros en ejercicio o no; y en segundo lugar, la Constitución establece que el ministerio de culto es una profesión, y es a ellos, a los que la tienen, a los que se les anula el derecho de votar o ser votados, y una profesión una vez que se adquiere, se ejerza o no se ejerza, no se puede perder bajo ningún concepto.
En tercer lugar, el consejo estatal electoral, para tratar de justificar su absurda decisión aprobada por el Partido Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con la abstención del Partido Revolucionario Institucional y el voto en contra del Partido Socialista, explicó que para demostrar su derecho de registro a los sacerdotes propuestos por el Partido Acción Nacional, habían mostrado su acta de nacimiento que los acredita como mexicanos, su credencial de elector y uno de ellos el acta de matrimonio, Además, ambos sacerdotes presentaron una carta del arzobispo de San Luis Potosí, señor Simanski, en la que asegura que estos dos sacerdotes ya no ejercen el ministerio.
De nada sirvieron los argumentos del Partido Popular Socialista, de que las actas de nacimiento no constituían ninguna prueba, ya que la Constitución no quita a los sacerdotes su calidad de mexicanos, sino simplemente su derecho al voto pasivo y activo en las elecciones populares. Que la credencial de elector no acredita a nadie como ciudadano con plenos derechos, ya que éstos están condicionados en la Constitución y en las leyes. Que el acta matrimonial tampoco demuestra que el sacerdote tenga derecho a ser
registrado como candidato a diputado, ya que en ninguna parte de la Constitución se establece la condición que un candidato a puesto de representación popular deba ser casado y menos aún de que demuestre con ello que el sacerdote haya dejado de serlo, ya que el Papa pudo haberle dispensado el celibato, acto para el cual tiene plenas facultades.
Y finalmente, por lo que se refiere a la carta en la que el arzobispo Simanski afirma que los mencionados sacerdotes ya no ejercen el ministerio, no tiene ninguna validez, más bien se trata de una vulgar maniobra del clero político.
El Partido Popular Socialista llama a las fuerzas democráticas para que juntas detengamos esta embestida de la derecha contra las fuerzas democráticas de nuestro país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Zeferino Esquerra Corpus, del Partido Acción Nacional.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: Vengo a contestar algunas de las alusiones personales que ha hecho el señor diputado a mi Partido Acción Nacional, y en referencia a las elecciones para renovación del congreso local en mi estado de San Luis Potosí.
Yo quiero iniciar esta intervención, manifestando al diputado del Partido Popular Socialista, que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo IX, en lo conducente dice: "los ministros de los cultos no tendrán voto activo ni pasivo di derecho para asociarse con fines políticos".
A este respecto le contesto al señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que no son ministros, porque ministro significa ejercer en este momento el ejercicio precisamente del ministerio. Estos dos ex sacerdotes han solicitado retirarse del ejercicio del ministerio. Uno de ellos hace dos años, en febrero de 1988 y el otro por los años de 1981 ó 1982. (Aplausos.)
Entonces, no hay violación alguna a lo que establece nuestra Constitución Política en este sentido, pero es más, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también nos da libertad política y libertad social para participar en las contiendas electorales de nuestro país, y concretamente de nuestro estado, dice al efecto:
Artículo 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación políticas.
Artículo 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país...
El Presidente: - Permítame, señor diputado; el diputado Ortíz Mendoza desea hacerle una pregunta, ¿acepta usted?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Señor diputado, si me permite, al final de la intervención.
El Presidente: - Adelante diputado... No se permiten los diálogos, señores diputados.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Gracias, señor Presidente.
Este mismo artículo en su tercer párrafo señala categóricamente: "la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto".
Por todo ello, si se hubiera impedido el registro de nuestros candidatos, se hubiera violado no sólo la Constitución, sino también la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En San Luis Potosí, como en todo México, se está buscando hacer efectiva, real y evidente la democracia; ¡no estamos dispuestos de ninguna manera a recibir los insultos que en cierta forma el Partido Popular Socialista nos está dirigiendo! ¡El Partido Popular Socialista, con todo respeto, está buscando hacer eco, hacerse oír, sonar la campana para que los ciudadanos sean atraídos por su golpe, por su sonido, para que puedan ser un grupo que realmente se sustente como partido en San Luis Potosí!
¡El Partido Popular Socialista en San Luis Potosí es insignificante!, ¡vemos que en una, en cualquier otra de las casillas, apenas y reciben uno o dos votos!, ¡es necesario pensar en la presencia que Acción Nacional tiene en San Luis Potosí y no en un partido que está buscando el sendero para ascender a los puestos electorales!
Estamos, señoras y señores, en el punto decisivo, haciendo valer los derechos que la Constitución nos señala y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; por lo tanto, estamos buscando el camino verdadero de la democracia y el triunfo electoral de nuestros candidatos, los ex sacerdotes Fino Dosal y Alfredo Hernández Moreno. (Aplausos.)
El Presidente: - Es el momento de la pregunta, señor diputado, ¿la acepta usted en este momento?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Sí, señor, con todo gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Es una pregunta con varios incisos. La primera cuestión, usted acaba de decir ex sacerdotes; usted sabe mucho más que yo de esto; ¿el que adquiere grado de sacerdote lo puede perder? Yo le ruego me dé respuesta para poder seguir, porque si no, ya no tienen razón las demás; usted los calificó de ex sacerdotes; que yo sepa, que yo sepa, ni el Papa les puede quitar la calidad de sacerdotes, pero usted explíqueme, ¿cuándo y en qué momento pierden el sacerdocio?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Señor diputado, desde el punto de vista teológico, ellos continúan siendo sacerdotes.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Perfecto, ya con eso, entonces siguen siendo sacerdotes.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Si me permite...
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No, momentito, yo tengo la palabra. (Aplausos.)
Entonces es falso lo que usted acaba de decir de ex sacerdotes, son sacerdotes, ¿es cierto o no?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - No, señor.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¿Ah, no? ¿por qué?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Rectifico, rectifico si usted me permite...
(Desorden.)
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - (desde su curul): - Bueno rectifique.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Lo dije con toda precisión, que desde el punto de vista teológico ellos siguen siendo sacerdotes, pero una cosa es estar ejerciendo el ministerio y otra...
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Allá voy, allá voy, permítame, no se apresure. Son sacerdotes...
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Permítame señor diputado, permítame hacer...
(Desorden.)
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - (desde su curul): - Andele, no se ponga nervioso nada más, señor.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - No, señor, sé que usted es todo un señor diputado y que tiene usted cuatro o cinco asistencias en esta Cámara; yo es la primera vez que vengo, pero no estoy nervioso, señor diputado, le estoy contestando con la claridad de que soy capaz. (Aplausos.)
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Entonces son sacerdotes, es lo único que quiere decir, son sacerdotes, teológicamente son sacerdotes...
(Desorden.)
Mire, señor diputado, si usted tiene problemas, que suba el mejor del Partido Acción Nacional para que me dé respuesta.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Señor diputado Ortíz Mendoza, permítame dar contestación, simplemente estaba esperando a que se guardara silencio. Yo le insisto a usted, que desde el punto de vista teológico son sacerdotes también pueden renunciar en el momento que a ellos les sea necesario, les sea urgente, les sea de alguna manera su voluntad la que interviene; recuerde usted que la voluntad es la suprema ley, decimos lo abogados en los contratos; aquí también interviene la voluntad; yo puedo renunciar al ejercicio de mi ministerio y como la Constitución habla de ministros, ellos han dejado de serlo y también siendo sacerdotes dejaron de serlo para continuar la vida civil como cualquiera de nosotros.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Acepto su tesis y ojalá que los que aplaudan puedan responder. Entonces sigo con mi segundo punto de la pregunta. ¿Son teológicamente sacerdotes?, correcto, teológicamente. La categoría que yo sepa, porque también he
leído un poco sobre el tema, ni el Papa les puede quitar esa categoría, nadie; una vez que obtuvieron el sacerdocio son sacerdotes, teológicamente hablando, ¿de acuerdo?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Sí, señor diputado.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Correcto, por su voluntad, según usted afirma, han dejado de ser ministros; que yo sepa, son ministros los sacerdotes; para ser ministro del culto se necesita ser sacerdote, deja de ser ministro a su voluntad, según usted acaba de decir, ¿correcto?
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Sí, señor diputado.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Ahí está la maniobra del Partido Acción Nacional; toma a dos que por su voluntad dejaron de ser sacerdotes, estos sacerdotes que no dejan de serlo por su voluntad, ¿pueden regresar o no, pueden regresar o no, señor, si es su voluntad, no sabe usted, señor?
(Desorden.)
Es que allá voy a mi pregunta, voy a mi pregunta; sé muy bien que por su voluntad pueden regresar, entonces mañosamente...
El Presidente: - Perdóneme, diputado Ortíz Mendoza, hay una moción acá de otro diputado.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Bueno, yo quiero hacer una moción de orden, señor Presidente. De acuerdo con los ordenamientos internos están prohibidos los diálogos; yo le suplicaría a usted que le pidiera al diputado Ortíz Mendoza que formulara todas las preguntas que tenga que hacer, las anote el orador y luego sean respondidas.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Acepto.
El Presidente: - Procede, señor diputado Ortíz Mendoza, si es usted tan amable de formular de una vez sus preguntas para que tome nota el orador.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Correcto, allá va.
Primera. Un sacerdote no no deja de serlo, aceptado teológicamente.
Segunda. Por su voluntad ejerce el ministerio o no lo ejerce, ésa es su voluntad, pero para ejercer el ministerio se necesita ser sacerdote; la mañosa maniobra del Partido Acción Nacional es la siguiente: toma dos sacerdotes que han, por su voluntad, dejado de ser ministros, para lanzarlos como diputados y una vez diputados pueden tener la voluntad de regresar al sacerdocio y con eso viola flagrantemente la Constitución, por tanto, es una tontería del consejo haber aceptado su registro.
El Presidente: - ¿Ya terminó, diputado?, vamos a escuchar la respuesta.
El diputado José Zeferino Esquerra Corpus: - Señor diputado Ortíz Mendoza, únicamente le contesto a usted que ellos, en el supuesto caso de que la voluntad popular los lleve a ocupar un cargo de elección popular, jamás volverán a ser sacerdotes para ejercer el ministerio. (Aplausos.)
El Presidente: - ¿Desea usted la palabra para hechos, diputado? Adelante, diputado Sánchez Ochoa, para hechos.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Yo solamente quiero señalar brevemente una contradicción profunda en la posición de los señores diputados del Partido Popular Socialista.
Durante toda su historia, se han dedicado a negar insistentemente, a poner todo lo que está de su parte para que se le siga desconociendo a la iglesia personalidad jurídica, y por lo tanto, ahora con su posición, de hecho ustedes al reconocer efectividad jurídica al primer hecho, a la primera disposición de la iglesia al consagrar a los ahora candidatos del Partido Acción Nacional como sacerdotes, de hecho están reconociéndole personalidad jurídica a la iglesia y eso a nosotros nos llena de gozo, porque quiere decir que por fin ustedes están reconociendo que un acto de fe, que un acto propio de la iglesia, netamente religiosos, tiene consecuencias sociales, tiene consecuencias jurídicas y tiene consecuencias políticas.
Por una parte nos llena de gozo eso, pero por otra parte también vemos con toda claridad esa contradicción, porque es evidente que estos sacerdotes dejaron de serlo en el sentido jurídico de la palabra, en el sentido que la Constitución lo señala, ya no ejercen el ministerio, ellos pueden conforme a la ley eclesiástica retirarse definitivamente del ejercicio ministerial, por razones personales que les puede ser reconocida por la autoridad eclesiástica competente, y es lo que ha sucedido con los señores que fueron sacerdotes en ejercicio en la diócesis de San Luis Potosí...
El Presidente: - Señor diputado, permítame un segundo.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Pero en este momento ya no son sacerdotes, ya no ejercen el ministerio y no es aplicable los dispuesto en el artículo de la Constitución Política Mexicana...
El Presidente: - Señor diputado orador, el diputado Ortíz Mendoza le quiere hacer una pregunta, ¿la acepta usted?
(Voces.)
Repito, ¿acepta usted la pregunta, señor diputado?
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - No la acepto.
El Presidente: - No la acepta. Adelante, puede usted continuar.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Entonces en resumen, lo felicito porque le reconoce por una parte personalidad a la iglesia, lo felicito, y por otra parte lo invito a que resuelva esa contradicción.
DELITOS SEXUALES
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Graciela Gómez de Ibarra, para pronunciamiento sobre actos de violación
La diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra : - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Antes de dar lectura a este pronunciamiento...
El Presidente: - Rogamos a la asamblea, en virtud de la importancia del pronunciamiento y del respeto que todos nos merecemos, pongamos atención a la oradora.
La diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Antes de dar lectura a este pronunciamiento que firmamos varias o casi la mayoría de las mujeres que conformamos esta Legislatura, quisiera hacer una breve introducción al antecedente de este pronunciamiento.
Estando reunida la Comisión de Justicia en el análisis de la propuesta de la iniciativa que ustedes saben se ha presentado sobre delitos sexuales, compareció ante la Comisión de Justicia un grupo de jóvenes acompañadas de sus respectivos padres de familia.
Quiero manifestarles a ustedes que quienes allí nos encontrábamos, las mujeres de la Comisión de Justicia, pero creo que si muchos de ustedes hubieran estado presentes es esa reunión, no se hubieran podido sustraer a la impresión, a la situación que estas familias viven actualmente.
Queremos, antes de dar lectura a este pronunciamiento, las mujeres que conformamos esta LIV Legislatura, hacerles un llamado a nuestros compañeros diputados de todas las fracciones parlamentarias, a que se solidaricen, no con nosotras únicamente, sino con estas familias de la ciudad de México.
De la misma manera en que con pasión discutimos las cuestiones políticas, porque consideramos que son vitales para la vida de nuestro país, de la misma manera que con pasión discutimos la vida económica de nuestro país, sentimos que los problemas sociales y humanos de esta nación deben ser discutidos y deben de ser apoyados por todos quienes conformamos esta Legislatura.
No es un problema de las diputadas, no es una iniciativa de las diputadas porque se afecten los derechos de las mujeres, sino porque consideramos que se están afectando los derechos de la sociedad en general, de la familia en general, y a nosotros nos consta haber visto a los padres de familia de estas jóvenes llorar delante de nosotros de la impresión, de la angustia que viven; por eso sentimos que si ustedes hubiesen estado en esta reunión, hubieran sentido también esa angustia de esos padres de familia, por lo que los exhortamos a que este pronunciamiento encuentre eco en todos ustedes. Repito, no es un problema de mujeres, es un problema de la sociedad, es un problema de la familia en nuestro país.
"Pronunciamiento de las diputadas de la LIV Legislatura. Diecinueve mujeres del sur de la ciudad de México fueron violadas tumultuariamente, golpeadas y amenazadas en diversos momentos, entre marzo y diciembre de 1989.
A través de las denuncias que se presentaron se logró establecer que se trataba de un mismo grupo de agresores que usaban vehículos Dart- K, que portaban armas y usaban métodos propios de corporaciones policiacas para interceptarlas, y entre ellos se llamaban comandante, jefe o pareja.
La insistencia de las víctimas y de sus familias y su disposición a colaborar para que se detuvieran a los victimarios, culminó en una primera etapa con la aprehensión el 15 de enero de 1990 de cuatro de los sujetos, quienes resultaron ser agentes judiciales federales adscritos al sector
antinarcóticos; y sin embargo, el proceso no ha culminado, y a pesar de la plena identificación de los detenidos se calcula, según versiones de las propias autoridades y de las propias agraviadas, que pasarán más de dos años hasta dos años hasta que se dicte la sentencia.
Esto significa un sufrimiento prolongado para las víctimas por los interrogatorios y los careos sobre un hecho brutal que les afecta en su tranquilidad individual y familiar, pero además, a esto se agrega el hecho de que de acuerdo con los testimonios de las ofendidas, estos cuatro sujetos eran acompañados por otros cinco o siete más cuando cometían los delitos y andan libres en nuestro país.
Para proteger de cualquier probable agresión a las víctimas y a sus familiares, tienen estas familias hasta el día de hoy una escolta permanente de la Procuraduría del Distrito Federal, sin embargo, siguen recibiendo amenazas y viven en el temor.
Las diputadas federales de todos los partidos políticos nos solidarizamos plenamente con las mujeres del sur, hacemos un reconocimiento a su valor y a su gran calidad humana y manifestamos que no estamos dispuestas a guardar silencio ante una agresión que nos lastima a todas las mujeres como personas; asimismo, como ciudadanas y como representantes de la nación, nos interesa que esté garantizada la seguridad de las personas, que se imparta justicia expedida y que ningún delincuente pueda ampararse en algún tipo de protección y gozar de impunidad.
Por ello, exhortamos respetuosamente a las autoridades competentes, a que de acuerdo con la ley se agilice el proceso que se lleva en el juzgado 18 de lo penal, a que se brinden todas las facilidades al juez y a las víctimas, que sus representantes legales consideren pertinentes, a fin de identificar plenamente a los otros implicados y detenerlos.
Esperamos de los funcionarios cooperación, para que si alguno de sus subordinados se le considera presunto responsable, lo pongan a disposición de la justicia, y finalmente, nos pronunciamos por el respeto a la integridad de las víctimas y de sus familiares.
Las diputadas firmantes invitamos a nuestros compañeros diputados a solidarizarse con esta demanda, y asimismo, solicitamos se le dé una amplia difusión por su importancia.
Firman las diputadas: Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Rebeca Anchondo Fernández, María Teresa Dorantes Jaramillo, Graciela Patricia Gómez de Ibarra, Hilda Anderson Nevárez de Rojas, María Elena Chapa Hernández, Yolanda Vargas García Treviño, Ana Rosa Payán Cervera, Luisa María Calderón Hinojosa, María Teresa Cortés Cervantes, María Teresa Ortuño Gurza, Rosalía Ramírez de Ortega, María del Carmen Segura, Patricia Garduño Morales, Sofía Valencia Abundis, Martha García Rivas Palmeros, Martha Patricia Rivera Pérez, Zoila Victoria León de Ramos, María Albertina Barbosa de Meraz, Sara Estela Velázquez Sánchez, Teresa Navarro y Ramírez, Martha Esther Valiente Govea, Patricia Olamendi Torres, Amalia Dolores García Medina, María Estela Rojas de Soto, Rosa Elena Guízar Villa, Mercedes Erdmann Baltazar. Hay algunas firmas que no alcanzamos a distinguir, diputado José Jaime Enríquez Félix, del Grupo Parlamentario Independiente, y exhortamos a todos nuestros compañeros a que se solidaricen con este pronunciamiento que hacemos las diputadas pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios.» Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra, para hechos, el diputado Del Rincón y la diputada Celia Torres. Pase el diputado Del Rincón.
El diputado Jorge del Rincón Bernal: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Tiene toda la razón, tiene todo el derecho la compañera diputada Gómez de Ibarra, en pedir la solidaridad de todos los grupos parlamentarios que estamos en esta Legislatura, porque se trata precisamente de un problema no sólo de violación a los derechos humanos, sino de la violación a la integridad física de un grupo de personas, y todavía debe ser más doloroso cuando estas violaciones las cometieron no unos simples delincuentes, sino precisamente autoridades, policías judiciales federales que deberían de velar por la integridad física de todos los ciudadanos.
Nosotros ya nos hemos solidarizado con las víctimas de otros atropellos como el de la doctora Norma Corona, y con otras violaciones que han cometido los judiciales federales.
Tengo precisamente en mis manos un periódico de la ciudad de Culiacán, en el que el día viernes 22 en la columna principal dice así: reta la Policía Judicial Federal al gobierno estatal; propinaron brutal golpiza a agente de tránsito que se creyó que era un atentado contra Colosio; efectivos de la Policía Judicial Federal ante la mirada del presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Luis Donaldo Colosio, integrantes de su comitiva, periodistas y decenas de jóvenes estudiantes, atacaron a culatazos a un agente de tránsito, provocándole graves lesiones,
y amenazaron de muerte a dos más, como una venganza porque momentos antes habían detenido a una "madrina", quien se pasó a excesiva velocidad un alto en el semáforo situado en la avenida Madero y Paliza, precisamente enfrente del hotel en donde se encontraba hospedado el señor Donaldo Colosio.
Guardias personales de Colosio al percatarse del escándalo que se armaba, cuatro sujetos armados y vestidos de civiles pensaron que se trataba de un atentado contra el máximo dirigente priísta y prácticamente a empujones lo metieron al hotel Ejecutivo a donde arriba después de haber asistido a una comida privada con representantes de la iniciativa privada. Los hechos ocurrieron a las cinco de la tarde de ayer, aproximadamente a 10 metros de la puerta principal del mencionado hotel, según los informes de los tránsitos víctimas de lo que ellos consideran descomunal y cobarde agresión; Francisco Javier Bazúa Beltrán y Ramón Fonseca Zavala son los tránsitos del estado atacados por los agentes de la Policía Judicial Federal. El último golpeado con culatas de "cuernos de chivo", así se les llama al tipo de metrallas que utilizan los narcotraficantes y los judiciales federales.
Fonseca Zavala, quien durante dos horas permaneció hospitalizado en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sufrió fractura del tabique nasal, heridas en el rostro y en la mano derecha, su estado de salud ya no es grave.
En seguida otro periódico también de la ciudad de Culiacán, dice así: no hace ni siete días que el delegado de la Procuraduría General de Sinaloa, Marco Antonio Rosales de la Garza, comandante de la Policía Judicial Federal, Mario Alberto González Treviño, se comprometieron ante el gobernador de la entidad para acabar con los abusos policiacos, cuando un grupo de agentes federales le dieron una golpiza a un agente de tránsito en la avenida Obregón.
Luego, un periódico de la capital viene narrando diferentes atropellos que ha cometido precisamente esta corporación policiaca, y voy solamente a leerles tres de los 10 atentados:... Al tiempo que en Chiapas, sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México denunciaron que la Procuraduría General de la República, por medio de sus agentes antinarcóticos, se había constituido en el principal organismo protector de poderosas e intrincadas bandas de "polleros" y narcotraficantes, que han convertido a la frontera sur en la meca del terror del narcotráfico.
Un vocero del Colegio de Abogados, de Cancún, manifestó que esta agrupación pedirá que el gobierno estatal demande a la Procuraduría General de la República la salida de todo grupo de agentes federales que ya con anterioridad se habían visto inmiscuidos en abusos de poder y violaciones de los derechos humanos.
Tercero. El dirigente de la Unión de Centro Democrático, Ignacio Garnica Márquez, denunció que elementos de la Procuraduría General de la República, amparados en sus charolas, obligaban a los campesinos que conducen vehículos de procedencia extranjera para sus labores del campo, a que les den "mordidas" de 500 mil pesos y hasta un millón, dependiendo de las condiciones en que se encuentren las camionetas.
Cuarto. Por su parte, la Procuraduría General de la República rechazó las imputaciones del secretario de gobierno de Quintana Roo, Juan Manuel Mercader Rodríguez, sobre violaciones a la soberanía estatal y secuestro de autoridades penitenciarias, a cargo de agentes federales; se advirtió que ejercerá acción penal contra el director de la cárcel de Chetumal, Francisco Balderas Hernández, por propiciar la fuga de reos por delitos federales.
Por último, los senadores priístas Fernando Salvador Nieto y Elíseo Rangel Gaspar, demandaron la depuración de la Procuraduría General de la República, hacer un balance minucioso de cada uno de los agentes de la Policía Judicial Federal; asimismo, plantearon la necesidad de que la Procuraduría tenga mayor cuidado en el reclutamiento de su personal y se ponga especial énfasis en la capacitación de los agentes, además de garantizarles un ingreso de acuerdo con las condiciones de su trabajo.
Hasta aquí los recortes de periódicos que tuve a la mano, que son de diferentes partes de la República, en donde se han hecho estas denuncias.
Yo creo, señores diputados, que ya no debemos seguir nosotros tolerando que un cuerpo especial atropelle el orden jurídico en nombre del orden jurídico; atropelle los derechos humanos en nombre de garantizar los derechos Humanos. No se puede combatir la violencia con la violencia, no se puede defender el orden atropellando el orden.
Este grupo casi paramilitar de policías, equiparable, a mi juicio, por su arrogancia, por su violación sistemática de los derechos humanos, podemos compararlo con las peores policías de diferentes países del mundo, como lo fue la gestapo, la NKBD, los "jean men" americanos o
cualquier otro tipo de estas policías que generalmente son anticonstitucionales, por eso insisto, como ya he insistido en ocasiones anteriores, que es urgente que comparezca el Procurador General de la República, para que venga a explicarnos el por qué de la conducta de sus cuerpos policiales.
Y en esta ocasión yo pediría también que se conminara a la Comisión de Orden y a la Comisión de los Derechos Humanos, para que se cite concretamente al subprocurador Coello Trejo, que fue de alguna manera responsable de ocultar o de solapar los delitos de violación que acaba de denunciar la diputada del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Celia Torres.
La diputada Patricia Olamendi Torres (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Sí, diputada Olamendi.
La diputada Patricia Olamendi Torres (desde su curul): - (No se escuchó.)
El Presidente: - Diputada Celia Torres, ¿su intervención es sobre el pronunciamiento de las diputadas?
La diputada Celia Torres Chavarría: - Sobre lo que acaba de presentar la compañera diputada del Partido Revolucionario Institucional, voy a hacer una cosa más, voy a ampliar lo que ella ha denunciado ante esta LIV Legislatura.
El Presidente: - Hágalo, nada más tenga presente que son cinco minutos para hechos.
La diputada Celia Torres Chavarría: - Compañeros diputados: Se comenta que a veces no nos importa lo que aquí sucede; dice una compañera que las mujeres pediremos justicia y gritaremos hasta el último rincón lo que está pasando con nosotras las mujeres y con las mujeres que forman parte de la familia mexicana.
¿Alguien puede decir que está ajeno a que no pase con una mujer, una hija de ustedes, una esposa de ustedes?, con cualquiera de la familia que integramos todos los ciudadanos.
Ahora las mujeres legislan para que haya más justicia dentro de la ley contra el hostigamiento, contra la violación; esto no puede quedar impune, debe venir aquí el Procurador de Justicia a responder de sus colaboradores, compañeros, y no lo pidan las mujeres, lo debemos pedir todos aquí unidos. (Aplausos.)
El Procurador debe responder, ya basta que sobre la Legislatura, que sobre la ley, se pisotee y se viole diariamente. No crean que solamente las niñas de Coyoacán, diariamente sucede esto, señores, ¿y quién pide justicia?, guardan su dolor, guardan su pena; si alguien que respondió en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con los periódicos, con las autoridades, se siguen burlando de estas niñas y todavía las invitan a que sigan participando de la burla de ellos, se siguen burlando de los padres que piden justicia; no es posible que esto se dé en esta LIV Legislatura, compañeros, aquí no nada más hay mujeres, hay hombres decididos a que se acabe esta situación y queremos aquí al Procurador de Justicia, y que Javier Coello salga ya de este lugar donde ha convertido la ciudad en una cárcel, el país en una cárcel; ya basta, compañeros. (Aplausos.)
Es una mujer la que grita porque tiene hijas, son hombres los que vinieron a llorar aquí a este lugar a pedir justicia; no queramos vernos en este mismo sitio, compañeros, somos diputados, no somos cualquier cosa, compañeros, somos los representantes del pueblo y el pueblo está pidiendo justicia y el pueblo está clamando que se acabe ya esta violación a las leyes. Gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Patricia Olamendi.
La diputada Patricia Olamendi Torres: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo quisiera pedirles a todos, agradecerle al compañero de Acción Nacional el haber apoyado el pronunciamiento, pero sobre todo, pedirle a todos nuestros compañeros que lo hagan suyo.
Yo creo que no es posible a estas alturas, que en el país se viva un clima de impunidad; creo que debe ser exigencia de esta Cámara de Diputados, que aquellos violadores que pertenecen al cuerpo de policías antinarcóticos sean detenidos y consignados; es preocupante que hasta la fecha y después de que se ha turnado a la Comisión de Justicia en varias ocasiones la necesidad de la comparecencia del Procurador y del subprocurador Coello Trejo, no haya respuesta.
No queremos pensar que la Comisión de Justicia esté protegiendo a Coello Trejo; esperamos una respuesta del Presidente de la Comisión de Justicia, pero sobre todo, esperamos la comparecencia de esos funcionarios ante esta Cámara.
Compañeras y compañeros, quiero solicitarle al señor Presidente ponga a votación este pronunciamiento, y en caso de ser aprobado se le dé la
difusión más amplia, para que inclusive sea del conocimiento de las autoridades correspondientes.
Al mismo tiempo, quiero señalar que en esta Cámara de Diputados llevamos año y medio discutiendo sobre los llamados delitos sexuales, año y medio en que se hizo un foro, año y medio en que se trabajó durante todo este tiempo una iniciativa, y hoy después de casi mes y medio seguimos discutiendo nuestra iniciativa sobre delitos sexuales.
Yo quisiera, compañeros, que todos hagamos un esfuerzo para que esta iniciativa que pone freno a esta impunidad, que trata de apoyar a las víctimas de estos delitos, salga adelante.
Yo quisiera pedirle al señor Presidente, que excite a la Comisión de Justicia para que en términos del reglamento pueda dictaminarse esta iniciativa.
No creo que sea posible que después de un año y medio todavía sigamos discutiendo y rediscutiendo esta iniciativa; creo que tenemos que hacer un esfuerzo porque esta iniciativa salga adelante y porque demos una respuesta justa a los reclamos de miles de ciudadanos en el Distrito Federal que exigen justicia para sus familias. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El diputado Jorge del Rincón Bernal (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Para hechos?
El diputado Jorge Rincón Bernal (desde su curul): - Sí.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Jorge del Rincón Bernal: - Compañeras y compañeros diputados: Indudablemente, la Fracción Parlamentaria Independiente se adhiere, apoyando la propuesta de las compañeras diputadas.
Queremos hacer extensivo a esta asamblea, un agregado a esta propuesta de las compañeras, que se haga extensivo no solamente a estas 19 compañeras del sur del Distrito Federal; esto está sucediendo en varios estados de la República y nuestras compañeras lo saben. Yo he dicho, abusando de su amabilidad, de lo que pasa en el estado de Jalisco.
¡Pero imagínense ustedes, de aprobarse esto, la repercusión que tendrá a nivel nacional si esto se hace extensivo a todos los estados de la República!
Nuestras compañeras saben que de los delitos de esta naturaleza, la mayor parte se guardan, la mayor parte son ocultados, ¡con todo el dolor que acaba de expresar la compañera Celia!
¡El día que salgan de esta asamblea el acuerdo unánime de todos nosotros, pero haciéndose extensivo a toda la República, a todas las entidades de la República, creo que otra cosa habrá de suceder. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En virtud de que el pronunciamiento leído por la diputada Graciela Gómez de Ibarra, se trata de un pronunciamiento suscrito por integrantes de todos los grupos parlamentarios que integran esta LIV Legislatura, consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba, en votación económica.
La secretaria diputada Hilda Anderson Navárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba en pronunciamiento presentado por los diputados de las distintas fracciones parlamentarias.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Aprobado por unanimidad, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese la solicitud de la diputada Olamendi a la Comisión de Justicia.
VIOLENCIA EN LIBERIA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Arenas Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el conflicto en Liberia.
El diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez: - Señor Presidente; honorable asamblea:
"Violencia en Liberia
Liberia es un país ribereño del África Ecuatorial, que tiene actualmente un grave conflicto bélico interno, ya que tropas allegadas a Charles Taylor, tienen prácticamente sitiada a la capital, la ciudad de Monrovia, Dichos efectivos persistentes al Frente Patriótico Nacional, comenzaron su ofensiva bélica el pasado mes de diciembre desde el vecino país de Costa de Marfil.
La historia no es tan corta, como muchos de nosotros podríamos imaginar, pero como nación, es ya siglo y medio de acontecimientos que están ligados y que desembocan en el conflicto actual.
Liberia, que significa lugar de la libertad, fue fundada en 1822 por los negros norteamericanos liberados, quienes se asentaron en lo que hoy es la capital y cuyo nombre lo recibe en memoria del presidente norteamericano del siglo pasado, James Monroe. Dicha colonización se hizo con la ayuda de varias sociedades abolicionistas como la American Colonization Society.
Los gobernantes siempre fueron blancos hasta que Joseph Jenkins Roberts, un hombre de color, nacido en Virginia, es también nombrado gobernador en 1841 y declara a Liberia como una República independiente en julio de 1836. La inmigración de americanos liberianos continúo a mediados del siglo XIX, hasta la terminación de la Guerra de Secesión en 1865. Todavía hasta nuestras fechas continúa un flujo no significativo.
Es así como los llamados americanos liberianos llegaron a ser una élite dominante de alrededor de 50 mil de un total de 2 millones y medio de habitantes y conculcaron el derecho a votar del pueblo autóctono, a menos que fueran terratenientes. El poder de esta élite fue ejercida por más de un siglo a través del Partido Progresista Verdadero (True Whig Party), hasta 1980.
El 12 de abril de 1980, el entonces sargento Samuel Doe dirigió un golpe de Estado contra el presidente William R. Tolbert, quien fue muerto y reemplazado por Doe. Dicho golpe, se planeó por el Consejo del Ejército de redención contra la corrupción rampante de entonces. Samuel Doe llegó a ser el presidente de Liberia después de unas disputadas elecciones en octubre de 1985, sobreviviendo a un subsecuente golpe en el mismo año.
Según informes recientes ha empezado la deserción de los ministros del gabinete de Doe, así como la emigración de la población hacia los países del norte, tales como la Sierra Leona y Guinea, convirtiéndose en refugiados en aquellos lugares. Las fuerzas del Frente Patriótico Nacional Liberiano se encuentran a sólo 30 kilómetros de Monrovia, donde existe un gran temor tras las reiteradas declaraciones de Taylor de que sus fuerzas no pararán hasta que derroquen al presidente Doe; por otra parte, el presidente liberiano sigue insistiendo que no renunciará a su mandato hasta que éste concluya en octubre de 1991.
Por otra parte, la población aguarda con desesperación la reanudación de las consecuencias entre representantes del gobierno y el Frente Patriótico Nacional Liberiano en Freetown, capital vecina de la Sierra Leona, pláticas que fueron interrumpidas la semana pasada sin que se hubiera llegado a ningún acuerdo, ni siquiera el alto del fuego.
Antes de ayer las tropas del Frente Patriótico Nacional Liberiano volvieron a tomar el control del puerto de Buachanan, segunda ciudad de importancia y a 100 kilómetros del sudeste de la capital. La mayoría de los pueblos están vacíos, sus habitantes huyen de los combates y cientos de mujeres, hombres y niños se remontan en pequeños grupos a la frontera norte. El olor a muerte cierne a todo lo ancho del país; varios cadáveres de civiles en su mayoría se encuentran abandonados y atestiguan el drama que se está gastando en la República de Liberia.
El problema se ha generalizado y complicado como una guerra tribal, donde las etnias que apoyan el presidente Doe, los mandingos y los krahn temen por su vida, en un revanchismo generalizado.
La situación política se complica según el vocero oficial de la Casa Blanca, Marín Fizwater, quien anuncia que seis barcos norteamericanos , con 2 mil marines se encuentran a tan sólo 20 kilómetros de la costa de Liberia.
Por todo lo anterior y preocupados por tales acontecimientos, donde el pueblo de la nación africana sufre, solicítanos a esta honorable asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Los grupos parlamentarios presentados en esta honorable Cámara de Diputados, hacemos un respetuoso y atento llamado a las partes beligerantes en la República de Liberia, para que diriman sus diferencias internas mediante la reanudación del diálogo respetuoso, franco y abierto, haciendo un alto a la violencia, considerando que la población civil sufre gravemente el conflicto de diferencias, sobre todo, en el sacrificio inútil de vidas humanas, en especial las de los niños.
Por lo tanto, solicitamos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país, que por los conductos adecuados, transmita a las partes en conflicto nuestra preocupación, así como a la Organización de las Naciones Unidas y demás organismos internacionales que convenga, para que coadyuven a encontrar una solución pacífica al conflicto, invocando un alto total al fuego.
Hacemos votos porque nuevamente la paz y la seguridad campeen en fecha próxima en aquella nación que hoy sufre.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a 26 de junio de 1990.- Firman los diputados: María Elena Chapa Hernández y José Murat Casab, por el Partido Revolucionario Institucional; José Antonio Ríos Rojas y Carlos Enrique Bracho González, por el Partido Auténtico de la Revolución Democrática; Juan Jaime Hernández, Vicente Luis Coca Alvarez y Humberto Esqueda Negrete, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rubén Venadero Valenzuela, por el Grupo Parlamentario Independiente; Roberto Jaramillo Flores, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, José Natividad Jiménez Moreno, Jorge Alberto Ling Altamirano y Ambrosio Montellano Bustos, por el Partido Acción Nacional."
El Presidente: - En virtud de tratarse de un pronunciamiento suscrito por integrantes de diversos grupos parlamentarios que integran esta LIV Legislatura, consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento presentado por el señor diputado Arenas.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
DEL ESTADO DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José del Carmen Enríquez Rosado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la legislación electoral en el Estado de México.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Compañeras; compañeros diputados: No vengo a interponer ante ustedes una denuncia, sino a certificar un hecho, la inminente derrota política del partido del Estado en el estado de México.
Para todos está clara la importancia de las elecciones en el estado de México el próximo mes de noviembre; crecen las expectativas por la actitud que asumirán las fuerzas políticas, la ciudadanía y los distintos grupos sociales que actúan en la sociedad, y ello es dable e indicativo de lo que va a ocurrir en el país.
Colocado como pieza política clave para recuperar el terreno perdido en 1988, el gobierno actual ha desarrollado ciertamente un activisimo político importante. Desde un principio convocó al diálogo y a la concertación, y el gobernador ha declarado de manera insistente el que las elecciones se harán limpias.
Es de reconocer que a diferencia de Beteta, el gobernador Pichardo ha buscado el diálogo y la comunicación con los partidos políticos; sin embargo, la pasada reforma electoral reforzará la incredulidad ciudadana ante el proceso electoral y también la reforzará, su incredulidad, ante quienes la manejen.
Este acto de reforma a la constitución local, a la ley electoral, a la ley orgánica municipal, difícilmente podrá reivindicarse como un triunfo del pluralismo y la concertación, pensada cuidadosamente para retener el poder; la forma desaseada con que se ejecutó la voluntad del Ejecutivo traerá consecuencias imprevisibles para el futuro político próximo. La disposición democrática, proclamada por el gobierno como la carta importante que se expresaría en la reforma electoral, cayó por los suelos.
Como hemos dicho en otras ocasiones, de las palabras a los hechos se requiere congruencia, así ha ocurrido que las declaraciones se han traducido en estos días en la aprobación de la reforma electoral y asoma así la verdadera cara de las intenciones del ejecutivo estatal y del partido oficial; mantener el férreo control sobre los organismos electorales y la cláusula del "agandalle", llamada elegantemente de gobernabilidad; la instauración de un Tribunal de lo Contencioso Electoral, cuyas resoluciones serán "inatacables", pero finalmente subordinadas a la decisión del colegio electoral y a la comisión estatal electoral; la permanencia de la figura de los auxiliares, cuya nefasta actuación es ampliamente conocida por todos; la conservación del apartado de sanciones; que hace prácticamente impune el delito electoral. Y la evidencia más clara lo constituye el hecho de haber votado dos veces el artículo 6o. de la constitución local.
Un primer texto que los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad decía que la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales ordinarios y extraordinarios, constituye una función de interés público que se ejerce con la corresponsabilidad de ciudadanos, partidos y gobierno en los términos de la ley. Esta resolución de la Cámara poco después fue atropellada y se volvió a votar para imponer el texto que venía del Ejecutivo; por fuerza se hizo a un lado el acuerdo parlamentario firmado.
¿Cuál era la diferencia entre ambos? En lugar de ser una función que ejerciese la ciudadanía, quedaba como mero acto de gobierno; difícilmente alguien podía reivindicar esa acción como un acto soberano del congreso local, difícilmente alguien podría afirmar que ahí es prueba de la voluntad democrática del gobierno; a estas alturas poco importa ya el contenido de lo que fue echado a un lado, sino destaca la prepotencia feroz escondida tras un discurso que aparentó ser diferente y que demuestra que ya se agotó. A partir de ahora, todo el discurso acerca de las elecciones limpias carecerá de credibilidad.
Hasta ahora, el beneficio de la duda que se había mantenido mientras hubo diálogo y declaraciones acerca de las intenciones democráticas del gobierno en turno, no tanto porque se confiase, sencillamente se trataba de una cuestión objetiva de interés general, el que la transición democrática tuviese un escenario propicio en esta oportunidad, el respeto al voto, no fue así y a partir de ahora lo que cuenta es la realidad de la nueva situación jurídica creada, que habrá de regir el proceso electoral.
Nuestro partido convoca desde esta tribuna primero, a las fuerzas políticas democráticas, a las organizaciones sociales, a los priístas convencidos de la necesidad de cambiar la situación política imperante, a los funcionarios públicos, a los distintos grupos económicos, a unir fuerzas en la entidad para configurar lo que puede ser un nuevo régimen tanto del congreso local como los gobiernos municipales y transitar de manera adecuada al ejercicio de una nueva situación política.
Es evidente que el gobierno y su partido se han quedado solos en la entidad y, segundo, que el gobierno debe declarar su disposición a reconocer el triunfo de las fuerzas democráticas y preparar las condiciones para su eventual relevo de la mayoría del congreso local y de los municipios de la entidad. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Arellano Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados: Coincido plenamente con lo que dice el diputado Enríquez, del Partido de la Revolución Democrática; existe una incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace; el señor gobernador del estado de México llamó a los partidos políticos a un foro de consulta a que expresáramos nuestra opinión. El Partido Acción Nacional responsablemente, como siempre lo ha sido durante toda su vida, acudió a estos foros, expresó sus puntos de vista y manifestó y ratificó la tesis que ha sostenido a lo largo de sus 50 años como partido político.
Esperábamos que hubiera esa buena fe de parte del gobierno del estado, esperábamos que estos foros fueran usados como un conducto para lograr que la democracia en el estado de México se diera total y cabalmente; desgraciadamente, hay un grupo de personas que se encuentran incrustadas dentro del gobierno del estado que han desvirtuado totalmente la idea de esa democracia, la han amañado y la han puesto a su servicio, y en especial al servicio del Partido Revolucionario Institucional.
Ya ha tocado aquí el diputado Enríquez el problema interno que se dio en la cámara de diputados local; en una sesión de los comités técnicos de elaboración del dictamen de la iniciativa del Ejecutivo, se acordó que los partidos políticos, que en el artículo 6o. se consideraba a los partidos políticos corresponsables en el proceso electoral y que el servicio electoral fuera una cuestión de interés público. Así se firmó el dictamen, pero al momento de llegar a la discusión, se sometió ésta, se probó por unanimidad del congreso estatal y después de dos horas de que ya había sido aprobada, el líder de la mayoría, el líder de la Gran Comisión, el profesor Sixto Noguez, se dio cuenta de su error y de que se estaba jugando su futuro político y echó marcha atrás.
Esto es una burla para los ciudadanos del estado de México, es una burla para los derechos políticos de todos los ciudadanos mexiquenses y es una burla que viste y que va a vestir durante toda su vida a la legislatura, a la L Legislatura del estado de México. No es posible que nosotros convalidemos esto y no es posible que lo dejemos de señalar.
Todavía en los periódicos de hoy, la legislatura trata de defenderse con desplegados políticos, desplegados que señalan los beneficios supuestos de una reforma electoral. Evidentemente estos supuestos beneficios democráticos no se dan, no se dan porque si bien es cierto que aumenta la proporcionalidad de los partidos políticos en la integración de la Cámara, se deja la puerta abierta para que el Partido Revolucionario Institucional, en concreto, pueda asumir esas plurinominales en dado caso de que perdiera alguna diputación de mayoría; no se dan esos supuestos porque a los partidos políticos se nos coarta el derecho de que nuestros candidatos a diputados tengan representantes en las casillas; se cortan
nuestros derechos al obligar a los representantes de casilla a sacar una constancia de vecindad que solamente puede emitir el ayuntamiento, y como ejemplo más claro podemos señalar el municipio de Naucalpan; el municipio de Naucalpan cuenta con 400 casillas electorales aproximadamente.
Si participaran los seis partidos políticos en la contienda electoral, serían 2 mil 400 constancias de vecindad que para su trámite se necesita acudir primero con un jefe de manzana y después acudir ante el ayuntamiento y pagar derechos. Esto es una burla para la supuesta reforma electoral en el estado de México, porque además de esto se complementan con varias disposiciones que van a impedir el trabajo de los representantes de casillas. De la misma forma, se obliga a que los recursos de protesta sean acompañados, en el momento de la jornada electoral, con documentales públicas que evidentemente nadie va a tener en ese momento, porque en ese momento no va a estar un notario público en cada casilla electoral.
Y se cierra la pinza con lo que llaman ellos el Tribunal de lo Contencioso Electoral del Estado de México, que vuelve a ser una burla. Nosotros propusimos ese tribunal en un foro de consulta en Tejupilco, lo propusimos independientemente, lo propusimos autónomo, y la distorsión de algunas personas en el gobierno del estado de México propició que éste fuera elegido por el Ejecutivo y además que sus decisiones no tuvieran ninguna fuerza o flexibilidad sobre los organismos electorales, sino que la comisión estatal electoral puede cambiarlos al arbitrio que quiera.
Esto, señores, es preocupante, es preocupante porque en estos momentos existe un diputado de Acción Nacional, el diputado Ricardo Pérez Rivas, que se encuentra en huelga de hambre para impedir estos excesos del gobierno, es preocupante porque se pretende desde este momento burlar la voluntad de la ciudadanía; sin embargo, reiteramos lo que hemos reiterado siempre: iremos al proceso electoral aunque sea con estas leyes, ya los conocemos, ya conocemos sus mañas y sabemos que todas estas maniobras que están haciendo al reformar la legislación electoral son simplemente para ayudarlos.
Nos preocupa su falta de voluntad política, nos preocupa su mala fe, pero reiteramos que acudiremos a ese proceso electoral con candidatos propios, con tesis para cada municipio y para cada distrito y jugaremos como juegan ustedes. Nosotros con buena fe y ustedes con mala fe. Sí, diputado, aunque le moleste, así son ustedes.
Por último, para finalizar, hacemos un llamado a los partidos políticos de oposición, que hacemos un trabajo permanente en los municipios del estado de México, para que juntos le demostremos al gobierno y a su partido que podremos ganarles limpiamente a pesar de leyes electorales injustas.
Reitero nuestra disposición para acudir a este proceso electoral y pedimos que esta Cámara no desconozca en ningún momento de lo que está pasando en el estado de México, y no se pretenda después venir a decir que no se denunció o que no se comentó.
La reforma electoral en el estado de México es una aberración jurídica y política, que la gran mayoría de los ciudadanos del estado de México estamos rechazando, y que invitamos a que el Partido Revolucionario Institucional conteste en una forma clara y precisa, cuáles son los puntos positivos que ellos creen que tiene esta reforma y que nosotros evidentemente no encontramos.
Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Señor Presidente; compañeros diputados: La Declaración de Principios del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, establece claramente que nos manifestamos en contra de las restricciones del sistema electoral y de todo aquello que aténte contra la voluntad del pueblo expresada en las urnas.
Nos comprometimos los parmistas decididamente a luchar en contra de los resabios del autoritarismo que tienden a la preservación del poder, eludiendo el ejercicio de la política en su más elevado sentido.
Aspiramos los parmistas a disputar el poder por la vía electoral para sostener una intensa y ardua labor para limpiar la corrupción y las desviaciones del ideario revolucionario, que son patentes en toda las áreas del quehacer nacional.
Mucho teníamos que hablar sobre lo que está pasando en el estado de México, se estableció un foro de consulta popular en el que participamos pero en el que también desde un principio mi partido manifestó que solamente estaba sirviendo este foro para disfrazar las intenciones que se tenían en el estado de México. Eso lo declaramos en febrero y qué bueno por un lado y qué malo por otro, que se vengan a confirmar las declaraciones que hicimos, puesto que podemos
demostrar que ninguna de las propuestas presentadas en los foros que se llevaron en nuestra entidad federativa se tomaron en cuenta para las reformas electorales.
Es lamentable lo que está pasando en el estado de México, todos saben los motivos de la renuncia de un gobernador que se supone había hecho el compromiso con el pueblo, según él lo llevó al poder, para durante seis años mejorar y cumplir con sus programas de trabajo. Tuvo que ser revelado por los resultados electorales federales de 1988.
Efectivamente, a la llegada del nuevo gobernador designado, hubieron pláticas con los distintos partidos políticos; manifestamos cada una de las organizaciones políticas en el estado de México cuáles eran los problemas que encontramos en la Ley Electoral, donde comprometíamos, junto con el gobierno, y así se lo solicitamos muchos partidos políticos, el tratar de buscar que en el estado de México tuviéramos elecciones limpias, transparentes, y ante todo que prohibieran y que evitaran la violencia dentro de nuestra entidad federativa.
En un principio el gobierno, a través de la Secretaría General de Gobierno, manifestó la voluntad de que todos los partidos políticos, junto con el gobierno, garantizáramos estos procesos limpios y ante todo evitáramos la violencia en los procesos electorales; esas pláticas fueron en enero, febrero y marzo de este año, y sin embargo, inexplicablemente, de la noche a la mañana se rompieron estas pláticas con el gobierno, y se ha tratado, como ya lo dijimos en otras ocasiones, que a través de reformas lesivas, de reformas que nos regresan a otros tiempos, tratar de conservar el poder, no importando que éste no sea a través del voto popular.
Grave lo que está pasando en el estado de México, grave y creo que no tendría defensa el tratar de justificar, como ya se ha dicho aquí, un Tribunal de lo Contencioso Electoral, en donde sus decisiones están por debajo de los acuerdos que tome la comisión estatal electoral.
¿Cuál sería entonces la ventaja o el fundamento o la garantía para las organizaciones políticas para los candidatos, para los partidos políticos, el que exista un Tribunal de lo Contencioso Electoral que está por debajo de los acuerdos de la comisión estatal electoral?; sin embargo, habría cosas que tendríamos que analizar muy profundamente.
Ante el acuerdo del mismo Ejecutivo, de que no tiene por qué votar en la comisión estatal electoral el notario, en la nueva ley se establece la inclusión de dos nuevos representantes dentro del organismo electoral estatal, y estos dos nuevos representantes serán nombrados por los 121 municipios del estado de México; ésta realmente es una incongruencia que no puede tener defensa, porque no es posible que el municipio libre y soberano, como se llama, pueda ceder ante un organismo electoral la representación y el derecho que tiene en unas elecciones. Estos dos nuevos representantes que serán designados por los 121 cabildos, se supone, porque tampoco se ha dicho cómo se van a nombrar, y esperemos que no sean designados por el Ejecutivo, vienen a darle una amplia ventaja al Ejecutivo dentro del organismo electoral.
Nosotros haríamos un llamado no solamente a los partidos de oposición; yo hago un llamado al Partido Revolucionario Institucional para que analicemos estas reformas, que como saben perfectamente por los tiempos que ya se les pasaron, no podrán ponerse en práctica, que no tratemos de confundir al electorado, que no permitamos la apertura de organismos políticos fuera de los partidos, tratando de darles registro sujetos a las elecciones de 11 de noviembre, cuando esto ha sido ya superado en la Ley Federal Electoral.
Creo que independientemente de las ideologías, independientemente de las consignas que puedan tener, siento que en este momento necesitamos todos pelear por la tranquilidad de nuestro estado, hacemos un llamado público al Partido Revolucionario Institucional, para que así como también tenemos pendiente de resolver el problema de la técnica censal en el estado de México, podamos analizar estas reformas que además fueron, como ustedes lo oyeron, inconstitucionales y anticonstitucionales.
No es posible que un dictamen que se turna al Poder Legislativo en pleno, sea aprobado por todas las fracciones parlamentarias y dos horas después que se hayan dado cuenta que ésa no fue la consigna del Poder Ejecutivo, pidan la palabra y vuelvan a proceder a hacer una votación. Ahí está el Diario de los Debates, no lo estamos inventando, eso no puede suceder en ninguna entidad federativa; tendremos forma de demostrarlo y de ampararnos, aunque dicen que no hay amparo en materia electoral, pero esto los deja muy mal parados, compañeros del Partido Revolucionario Institucional, esto creo que les quita votos más que dárselos.
Entonces, mi invitación es a todos los partidos políticos para que sentados veamos estas reformas lesivas, que sabemos que no se pueden llevar a cabo y que podamos permanecer con una lucha
política, que sea precisamente el ciudadano de nuestro estado, el que elija a los que quiere que lo gobiernen. Yo los invito a que no tengamos después del día 11 de noviembre que estar lamentando en este mismo recinto, hechos de violencia que a nada nos van a llevar.
Vuelvo a llamar a la cordura, pero también a la reflexión; acuérdense ustedes que antes que nada debemos de vigilar que todo nuestro sistema político se mejore; no podemos esperar a que suceda lo que pasó en Uruapan; no podemos esperar a padrones que ustedes llaman limpios, pero son limpios porque ya borraron a los empadronados; no podemos ir a que el día 11 de noviembre tengamos violencia en las urnas; lo que está pasando en nuestro estado nunca se había visto. Los invito, compañeros priístas, a que nos sentemos todos a ver estas reformas y saquemos adelante el proceso electoral del 12 de noviembre.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Ugarte.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Señor Presidente; señores y señores diputados: Vengo a esta tribuna para hablar de los comentarios de los señores diputados que acaban de hacer uso de la palabra.
En primer lugar, nuestro reconocimiento al señor diputado del Partido de la Revolución Democrática, Enríquez, por su reconocimiento a la labor tesonera, perseverante, del gobernador del estado, para buscar el diálogo y la concertación entre todos los sectores de la población de mi estado; eso es cierto, desde la toma de posesión de Pichardo Pagaza, exhorta a todos los sectores a trabajar en paz y armonía, y promete que va a generar las acciones necesarias para que a todas las organizaciones políticas, académicas, científicas y culturales del estado de México, den su opinión para implementar una nueva ley electoral en el estado, Esto se llevó a cabo y buena parte de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarios del estado de México, que los estoy viendo, participaron en estas consultas públicas, y producto de esas opiniones y producto de esas sugerencias, fue como se implementa la iniciativa que finalmente no es de una nueva ley, sino de reformas a la existente ley electoral, la que se hizo llegar a la legislatura del estado.
Aquí se ha mencionado que se trata de una serie de disposiciones que no van de acuerdo con la modernidad y con el avance del estado de México. Yo, si me permiten, voy a dar lectura a un documento que hoy circula en la Prensa nacional y por supuesto en la del estado, donde se fijan los puntos fundamentales de la reforma electoral en el estado de México.
En lo que se refiere al texto de la Constitución, destaca: "El reconocimiento a los partidos políticos como entidades de interés público", destaca también: "la definición de proceso electoral, como una función pública a cargo de ciudadanos, a cargo de partidos políticos y del propio gobierno"; destaca "la creación del Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral". Se aumentan de 11 a 23 el número de diputaciones de representación proporcional.
Se crean los mecanismos necesarios para prevenir la estabilidad en el funcionamiento de la legislatura del estado", y es aquí donde se aplica la ya famosa cláusula de gobernabilidad, porque de otra manera, no podrá encontrare la forma de llegar a soluciones definitivas, valga la redundancia, para efecto de un equilibrado funcionamiento y estabilidad del cuerpo colegiado que constituye la Legislatura del estado.
Se da también mayor acceso a las fuerzas políticas minoritarias de todos, a los 121 ayuntamientos de los municipios del estado.
Se reconoce el derecho de los partidos a gozar de prerrogativas financieras y materiales para facilitar el cumplimiento de sus fines."
Esto es algo muy importante, entre algunos estados de la República ya se dan ciertos apoyos a los partidos políticos, para que lleven a cabo sus funciones; En el estado de México se está proponiendo, como algo pionero en el país, que la propia comisión estatal electoral defina el porcentaje y el monto del numerario que va a recibir cada partido político, frente a la votación electoral que ha recibido.
Aparte de esto, se fija un mínimo de mil salarios mínimos mensuales, para que en época de no elecciones, el partido político pueda pagar sus gastos más imperiosos, y cuando menos de 2 mil salarios mínimos, como base, para la época de elecciones, aparte de la asignación que, repito, establecerá la comisión estatal electoral por candidatura, por planilla, por fórmula. Creo que esto es un avance muy importante, que no se ha apreciado en su verdadera dimensión, sobre todo, por los partidos políticos minoritarios.
En relación con la ley electoral del estado, destacan las siguientes reformas: "Establecer las figuras de registro condicionado al resultado de las elecciones a partidos políticos estatales". Decía Alberto Pérez Fontecha, "esto es
inadmisible", pero le consta a él y a mí en lo personal, que con motivo de la audiencia pública en Tejupilco, 10 de los ponentes solicitaron la participación de grupos políticos regionales en el estado y que se les permitiera un registro condicionado al resultado de las elecciones; y así como en esa zona, en otras cinco grandes reuniones de consulta fue algo reiterativo, recurrente; muchos representantes de grupos políticos pidieron insistentemente, repito, que se les reconociera condicionalmente a las elecciones su carácter de organizaciones políticas, y pudieran así presentar candidatos a las elecciones locales. Por eso es tan importante y es producto de una petición, repito, reiterativa de diferentes representantes de organismos políticos que aspiran a ser partidos políticos regionales en mi estado.
También sobresale lo que se refiere del derecho de la ciudadanía a estar informada del proceso electoral, especialmente durante la jornada electoral y los cómputos y votaciones; se está proponiendo que la comisión estatal electoral dé la oportunidad a los partidos políticos y organizaciones políticas con registro condicionado, les dé acceso durante el proceso electoral a los órganos de información, a la radio, a la televisión y a la Prensa; esto se va a reglamentar, pero existe ya la disposición en la ley de la materia.
También existe un avance importante para conocer pronto los resultados de la elección; se dice en esta forma que durante los tres días siguientes a la elección, en tratándose de diputados, se haga del conocimiento público el resultado de la elección, igualmente cuatro días después de la elección, en tratándose de ayuntamientos, se haga la publicidad correspondiente a los resultados de las elecciones de ayuntamientos; esto es importante y esto es también un avance.
También debemos señalar el mejoramiento de los procedimientos del llamado contencioso electoral, creando el Tribunal de lo Contencioso Electoral; es un tribunal que va a funcionar en una sala del pleno de la ciudad de Toluca, por tres magistrados numerarios y dos supernumerarios, y que dará cabida a todos los recursos que se le presenten y para resolverlos en definitiva, y solamente por causas excepcionales podrán ser modificadas sus resoluciones por la propia Comisión Estatal Electoral, en tratándose de ayuntamientos y por el Colegio Electoral, en tratándose de diputados.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera interpelar al orador.
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta una pregunta del diputado Arellano?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Con todo gusto, Gerardo.
El Presidente: - Adelante, diputado Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Señor diputado Juan Ugarte, le agradezco mucho que usted sí tenga valor y me responda, no como muchos compañeros de usted.
Usted afirma que el Tribunal de lo Contencioso Electoral es un avance en la iniciativa que presentó el Ejecutivo y que fue aprobada.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Gracias.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Usted es un abogado reconocido en la ciudad de Toluca, es doctor en Derecho y además conocemos su trayectoria.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Gracias, Gerardo.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - ¿Usted cree que este tribunal tiene autonomía jurídica y tiene cohercibilidad?, al decidir por esto y usted lo acaba de señalar, las decisiones que emanen del tribunal pueden ser modificadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados o por la comisión estatal electoral.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Así es.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Dígame usted, ¿en dónde vamos a encontrar la autonomía y la cohercibilidad de este tribunal, si sus decisiones no van a ser respetadas por nadie y pueden ser modificadas por estos dos organismos? Muchas gracias.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Es cierto, se propone que las resoluciones de este tribunal sean definitivas, salvo casos, ¿verdad?, que valorados por el Colegio Electoral, sean de tal manera razonados, fundados, con elementos, con documentos, por los interesados, por supuesto, para que esa resolución pueda ser modificada por el Colegio Electoral, y lo mismo en el caso de ayuntamientos por la comisión estatal electoral; si hay ese condicionamiento, hay esa relatividad de las resoluciones del tribunal, pero sin embargo, lo estamos proponiendo, cosa que ayer fue aprobada según nos comunicaban, y se considera que es un avance que habrá que dar otros pasos en el futuro para perfeccionar este sistema. Estamos ciertos que así será con la
participación y corresponsabilidad de los partidos políticos.
El diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, consulte al orador si me permite una interpelación.
El Presidente: - Señor diputado Ugarte, le quieren hacer otra pregunta, ¿acepta usted?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Con todo gusto, licenciado.
El diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza (desde su curul): - Señor diputado, de acuerdo a los razonamientos que usted tiene expresados, ¿es posible que exista un tribunal con resoluciones que usted considera definitivas y que estén sujetas, dice usted, "salvo algunos casos", que estén sujetos a otro tribunal, como es la intervención del Poder Judicial?
En principio se ha expresado por la Suprema Corte y por todo el Poder Judicial, que hay incompetencia para el Poder Judicial para tratar los asuntos electorales del país, eso es en principio, y de acuerdo a lo que usted está señalando, ¿cree usted que se pueda denominar un tribunal con resoluciones definitivas y van a estar expuestas a cualquier recurso de las partes?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Cómo no, señor diputado. Mire usted, en la jerarquía de los órganos de gobierno, de manera piramidal, los de abajo están sujetos al recurso que pueda generarse, para que los intermedios puedan modificar, aclarar o derogar lo que el inmediato anterior ha hecho y así hasta llegar al supremo tribunal; en este caso, en el estado de México serán tribunal supremo, el Colegio Electoral y la comisión estatal electoral.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Sí, diputado Coca.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Quiero hacerle una pregunta.
El Presidente: - Diputado Ugarte, ¿aceptaría usted una pregunta del diputado Coca?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Con todo gusto, Coca, con todo gusto.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - No queremos desaprovechar que un jurista de extraordinarios vuelos, como el opinante, pudiéramos dejar de escuchar su opinión técnica al respecto.
Si sabemos que el proceso electoral en el estado de México, formalmente, de acuerdo con la ley, se inició el 10 de mayo, estas reformas, desde el punto de vista de la seguridad jurídica que contempla nuestra Constitución, en le marco del 14 y 16 constitucional, se señala que no habrá ninguna ley que pudiera tener efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Usted considera que esta ley, votada ya por el congreso local, pudiera en algún momento dado, dados los distintos puntos que toca tanto la reforma constitucional como la ley reglamentaria correspondiente, que pudiera atentar contra este principio jurídico?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Cómo no, diputado Coca. Mire usted pensamos, salvo mejor criterio, que todo tiene su lugar y todo tiene su tiempo, y que en este caso no puede tener efecto esa disposición de que ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; se trata de todo lo contrario, es una petición colectiva, generalizada de reformas electorales que se generaron primariamente por los partidos de oposición de mi estado, y es atendiendo esta petición y contrastándola con los priístas, como se llega a esta reforma electoral. Es a petición general.
Que los alcances no son todo lo avanzado que pudiese pensarse en algún momento dado por algunas fracciones parlamentarias, lo es, dado que eso mismo es la representación del pluralismo; lo plural precisamente genera las diferentes opiniones y esas diferentes opiniones las respetamos, las acogemos con mucho detenimiento y las llevaremos al seno de los órganos electorales de mi estado.
No hay tal perjuicio, por lo tanto, no se genera la cláusula de retroactividad que prohibe la Constitución, pero no hay tal retroactividad, además, no estamos considerando que pudiese aplicarse retroactivamente una ley; se aplica después de haber sido promulgada por el Ejecutivo, y su promulgación fue el día de hoy, y el día de mañana entran en ejercicio estas reformas. No hay tal aplicabilidad retroactiva, y no hay tal perjuicio a nadie.
Si me permite volver a mis argumentos, diputado. Mire usted, se da también, por primera vez en mi estado, la posibilidad de que los partidos políticos registrados y aún los que tengan registro condicionado, puedan tener representantes en todos los órganos electorales, especialmente con la creación del comité técnico y de vigilancia, que tendrá a su cargo la depuración del padrón electoral.
En este momento, en todas las cabeceras municipales a partir del día de hoy, se fijaron las listas nominales de electores y los partidos políticos y el Comité Técnico de Vigilancia de cada comité municipal y del comité distrital y del comité estatal, por supuesto, estarán atentos a que esa lista sea depurada en su conjunto, en su totalidad, para que no haya la menor duda respecto a la fidelidad del padrón electoral. Hay una serie de filtros, de etapas, de procesos que nos darán un padrón muy avanzado, pero no perfecto, pero sí muy avanzado, muy depurado para el 11 de noviembre, que son las elecciones.
Aquí se ha tratado un punto importante por los tres oradores que han venido a impugnar la reforma electoral en el estado de México, y se trata de que por un error involuntario, así sucedió, los diputados de la mayoría procedieron a votar sin haber estado debidamente informados del párrafo constitucional que se estaba votando, esto es así, pero debemos pensarlo, Gerardo Arellano.
Que, ¿cuál es el fondo de la votación?, el fondo de toda votación es recoger la voluntad clara, definida, precisa, de los señores diputados para hacer o no hacer algo y en este caso hubo una confusión, porque el párrafo cuarto que se estaba votando no fue leído anteriormente por la mesa directiva de la legislatura del estado, y por lo tanto, una hora y fracción, casi dos horas después un diputado previno de que no estaba clara la votación en lo que se refiere al párrafo cuarto del artículo 6o. de la Constitución del estado, y por lo tanto se pidió aclarar esa confusión y se procedió a aclararla y a votar formalmente el párrafo debido; pero hay más, hay bastante más, antes se había votado en lo general por la mayoría calificada incluyendo el párrafo cuarto del artículo 6o. de la iniciativa del señor gobernador.
Por lo tanto, ya estaba votado en lo general y no podía un párrafo que no fue sujeto a discusión y a votación, ser votado ante el desconocimiento de la asamblea, como efectivamente pudo haber sucedido; se trata entonces, en que en todo proceso colegiado, como es en el que estamos, donde existan dudas, errores y confusiones, deben ser aclarados por la asamblea, la asamblea es soberana y la asamblea procedió a precisar la situación y a votar en consecuencia; por lo tanto, es un asunto consumado, y que por otro lado, no corresponde a esta soberanía, cosa que debía haber empezado por ello el tratar asuntos que le son ajenos.
Varios compañeros diputados de diferentes estados del país han insistido en este punto y yo quiero recalcarlo, los asuntos internos de los estados están reservados originariamente a las autoridades de los propios estados, con sus municipios y es una falta de atención, de consideración, podríamos decir, y nos compadecemos al estar tratando aquí asuntos que no nos corresponden y recordemos tan sólo que en los orígenes del federalismo, varios estados condicionaron su participación en la Unión Federal, a que no se interfiera en sus asuntos internos por parte de las autoridades federales, y nosotros somos autoridades federales.
Los conmino y los exhorto a normar nuestros trabajos dentro del supremo marco de la ley, y especialmente exhorto a los partidos políticos que van a realizar actividades electorales en el estado de México, a que jamás se aparten del supremo de la ley y que norme su conducta animados por un espíritu constructivo, de organización y que será para beneficio de todos, porque como decía Alberto Pérez Fontecha, estamos preocupados en el estado de México porque no obstante el enorme despliegue para organizar lo mejor posible la elección de ayuntamientos y de legislatura, pudiesen darse brotes de violencia.
Los priístas no caeremos en la provocación, estamos seguros de que con reglas claras, como las que ahora se están proponiendo, se va a conservar la calma para beneficio de todos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Han solicitado el uso de la palabra para hechos, el diputado Arellano y el diputado Enríquez.
Tiene la palabra el diputado Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Vengo a esta tribuna a hacer una serie de comentarios sobre lo que ha expresado aquí el diputado Juan Ugarte, y quisiera empezar con la argumentación con la que él terminó su exposición.
Yo creo que pensar que los diputados federales solamente podemos ocuparnos de los asuntos de nuestro estado o lo que se trate aquí, es una idea errónea. ¡Nosotros somos diputados de la nación!, no somos diputados de un estado solamente o de un grupo o de un sector, ¡somos diputados elegidos para todo el país y toda la nación!, por lo tanto, rechazo por absurdo y antijurídico el argumento de que no podemos opinar sobre problemas en nuestro estado o en otros estados.
Señor diputado Juan Ugarte, yo le he visto intervenir en otros asuntos de todo el país, y la tesis que ha sostenido su partido, por ejemplo, en el caso concreto de Uruapan, que lo vinieron
ellos a exponer aquí, ustedes no dijeron nada, al contrario, usaron esta tribuna para ponderar un supuesto triunfo electoral, que todos aquí sabemos que no lograron. (Aplausos.)
Voy a tratar de ser muy rápido por el tiempo, y tocar solamente algunos puntos que señaló el diputado Juan Ugarte.
Efectivamente hubo foros de consulta, en los cuales se me hizo una invitación y participé en uno en especial, en el asunto del Tribunal de lo Contencioso Electoral o lo contencioso electoral en el estado de México; a nombre de Acción Nacional entregué una ponencia explicando lo que queríamos como Tribunal de lo Contencioso Electoral.
Definitivamente la iniciativa del Ejecutivo, y por eso yo hablaba hace rato de incongruencia, hizo todo lo reverso a lo que propusimos los diferentes ponentes en esa reunión; nosotros propusimos que este organismo fuera, este tribunal fuera autónomo, y no es autónomo, porque el Ejecutivo va a designar a los magistrados.
Nosotros propusimos que tuviera fuerza jurídica, que tuviera definitividad, y este organismo, como ya lo ha reconocido el diputado Ugarte, no lo tiene; va a estar supeditado a lo que diga la comisión estatal electoral que, como ustedes lo saben, diputados del estado de México, en ese organismo hay nueve representantes de Poder Ejecutivo y del Partido Revolucionario Institucional, contra cinco de los partidos de oposición, así es que por más que nos paremos de manos o hagamos lo que quieran, van a tomar las decisiones que quieran, como siempre lo han hecho.
Por otra arte, no es tan simple lo que dice usted del cuarto párrafo del artículo 6o. de nuestra Constitución local, no es cierto que haya sido un error, y yo lo invito a que me demuestre en dónde está dentro de la Ley Orgánica de Poder Legislativo del estado de México, el recurso o la salida de la aclaración para volver a votar algo que ya había sido aprobado por el congreso, eso es una mentira.
Lo que tengamos que decir en esta tribuna es la verdad simplemente, el diputado Sixto Noguez, presidente de la Gran Comisión, es una persona incapaz para reconocer sus errores y erróneamente puso a votación y lo aprobó, y 33 amigos, y aprobaron una reforma constitucional que no era la del Ejecutivo; usted inclusive hablaba en su exposición de que los partidos políticos somos corresponsables, pues ése es el problema, diputado Juan Ugarte, no se aceptó en la iniciativa que venía del Ejecutivo, que los partidos políticos fuéramos corresponsables y ése fue el problema, ellos quieren que nada más participemos como queramos o como quieran ellos en el proceso electoral, y seamos unos meros espectadores del proceso.
Yo creo que esto no es nada más materia de venirlo a platicar o comentar como algo que no pasó o que no trasciende; al contrario, es preocupante la desvergüenza que tienen algunos diputados del estado de México locales, que solamente se someten al arbitrio del Ejecutivo, y voy más allá, no es ni siquiera del Ejecutivo, porque yo creo que si el gobernador Pichardo Pagaza viera esta iniciativa que él suscribió y la leyera detenidamente, la reprobaría en todos sus términos; esto es creación de un grupillo que se ha incrustado en el poder dentro del gobierno del estado de México, que no tiene ni la menor idea de lo que es una reforma jurídica. Estos señores, dizque abogados, deberían de regresar hasta el kinder. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presiente: El diputado Enríquez, para hechos.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Gracias, señor Presidente: No, diputado Ugarte, no se equivoque usted, todos los asuntos que ocurran en el país y que afecten a la ciudadanía, tienen que ver con esta representación popular y me parece que la compasión debiera ir más bien dirigida, por parte de la mesa directiva del congreso local hacia la propia dignidad del congreso local, y hacer digno el congreso local; y más aún, si fuéramos estrictos con lo que usted dice y si asumiéramos lo que usted dice, mayor compasión debería tener el Ejecutivo al descentrar de tal manera al gobernador Beteta y poner en su lugar al gobernador Pichardo, haciendo a un lado cualquier consideración sobre la soberanía estatal. No nos metamos en eso, porque efectivamente tendríamos que hablar de muchas cosas más.
No se equivoque usted, aquí no estamos discutiendo la lista que usted mencionó, que efectivamente algunas constituyen avances, pero la relación entre los partidos políticos y el gobierno no es una relación de subordinación; no se trata de ver qué concesiones le hacen a los partidos de oposición para que éstos sientan que hay un avance importante en la legislación local, no, no se trata de eso, se trata de atacar los problemas fundamentales que son el nudo de la cuestión de un proceso electoral democrático, y en eso no ha habido avance alguno, en eso no ha habido avance, sino retroceso, y en eso ha habido contradicción entre la declaración del gobernador y en los hechos; en eso ha habido burla al
congreso local, entre lo que aprobó, y no fue un error, fue estampada la firma de los distintos grupos parlamentarios.
No se puede hablar de inocencia en política, diputado Ugarte, fue un error que fue corregido de manera arbitraria por el Ejecutivo local y que cuando comentamos este asunto ponemos atención y porque creemos que este asunto, con el afán de asegurar la mayoría, lo que ha asegurado ya es su derrota clara, porque el gobierno estatal se quedó solo, porque es evidente ante la mayoría de la población esta maniobra, porque las distintas fuerzas políticas se van a unir, porque las distintas fuerzas sociales se van a unir, y que este intento de fraude que se va a cometer en noviembre próximo se va a impedir, porque habría un concurso de la mayoría de las fuerzas políticas para defender el triunfo electoral en noviembre. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mario Ruíz de Chávez, del Partido Revolucionario Institucional, sobre el mismo tema.
El diputado Mario Ruíz de Chávez y García: - Con su venia, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: he venido a esta tribuna porque en efecto, una confusión inexplicable en el congreso local ha motivado una serie de confusiones que han venido a ser expresadas en esta tribuna. Tengo en mis manos la iniciativa presentada por el gobernador Pichardo Pagaza ante la legislatura local y particularmente al leer el artículo 6o., que fue la materia precisamente de la confusión, leemos dos cuestiones sustanciales. Voy a tratar de aclarar en qué consiste la confusión, a mi juicio.
El proyecto de decreto enviado por Pichardo Pagaza, dice: "la soberanía del estado reside en el pueblo y se ejerce por los poderes públicos que lo representan, de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1917 y con arreglo a su ley constitucional".
Entonces en primer término, el artículo 6o. del proyecto es congruente con el artículo 3o. de la constitución particular del estado, en donde se ordena "que el estado de México como entidad federativa, está sujeto a las disposiciones de la Constitución de 5 de febrero de 1917, teniendo una acción concurrente, cooperativa y dependiente de la Federación, en todo aquello que la propia ley atribuye a los poderes de la Unión".
El cuarto párrafo del proyecto de decreto establece que la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios, constituyen una función pública que se ejerce a través de los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos de la ley.
El artículo 56 de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales que no fue modificado, nos dice: "que el estado, los partidos políticos y los ciudadanos son corresponsables en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, integrando los organismos electorales siguientes...".
Como ustedes verán, la iniciativa del gobernador Pichardo se corresponde con el vigente artículo 41 de la Constitución Federal; entonces, cuando algunos diputados de oposición presentaron la alternativa de no ser considerada como función pública, ergo como función estatal, según lo establece el artículo 41 de nuestra Constitución federal, sino ser considerado como una institución de interés público con la corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos, lo único que hizo Pichardo y lo que evidentemente motivó esta confusión que debe admitirse en la cámara local al aprobar que la función era de interés público y que correspondía en forma corresponsable a los partidos, es lo que motiva la confusión, que al ser advertida vuelve a someterse a la consideración de la asamblea, porque importaba sin duda, al ser considerada como función de interés público y no como función pública, que incurría no sólo en un error de grado, sino en una violación al artículo 3o. de la Constitución particular del estado, que dice que las disposiciones de la Constitución particular del estado están sujetas en forma concurrente, operativa y dependiente, de la Federación.
Yo les recuerdo, compañeros, que en nuestro debate anterior, cuando se pregunta de alguno de nuestros compañeros contestamos que había demorado la iniciativa del gobernador la consulta que todos aquí reconocemos que fue celebrada, pero particularmente la aprobación de la legislatura local del nuevo artículo 41 constitucional, que también es considerado por algunos de nuestros compañeros como contrarreforma, pero no por nuestros compañeros que representó en este caso el compañero Arellano, porque sí se reconoció en la aprobación de la Constitución Federal, un avance no solamente que ustedes aprobaron al considerar como función estatal, como función pública y no como función de interés pública.
Por ello, la iniciativa de Pichardo es congruente con el espíritu del vigente artículo 41 federal y también por lo que toca a la autonomía de ese Tribunal de lo Contencioso Electoral en el
estado, que también es de nueva creación, pero que no se somete en forma dependiente a la comisión estatal electoral y al Colegio Electoral, pues el artículo 76 de la iniciativa aprobada, perdón, del artículo 216, dice que las resoluciones que el tribunal dicte, sólo podrán ser revisadas y en su caso modificadas o dejadas insubsistentes, por el Colegio Electoral de la legislatura, mediante el voto de la mayoría de sus miembros presentes o por la comisión estatal electoral, según se trate de la calificación de elecciones de diputados o de miembros de los ayuntamientos. Entonces son dos casos distintos; si estamos en presencia de la calificación de los diputados, será el Colegio Electoral, en forma idéntica a lo que ocurre en la aprobación que dimos de la modificación federal.
Efectivamente hay definitividad en las resoluciones del tribunal y solamente pueden ser revisadas por el Colegio Electoral, porque sí se mantiene como en el caso federal el sistema de autocalificación, solamente en casos graves, porque precisamente para las reglas de interpretación de la Constitución y de las leyes locales, tenemos que ir al texto federal, como lo ordena nuestra Constitución local en el artículo 3o. constitucional, que habla de una acción concurrente operativa y dependiente de la Federación. No podrá haber una revisión oficiosa del Colegio Electoral, si no hay una violación de tal gravedad o de tal claridad, como lo ordena sin duda nuestra Constitución federal.
Entonces sí insistimos, el Tribunal Estatal de lo Contencioso Electoral sí tiene autonomía y sí tiene definitividad en sus resoluciones, que solamente podrán ser en los términos que nos remite la Constitución local a la Constitución federal, en los mismos términos y casos que establece el artículo 41 de nuestra Constitución federal. No podemos interpretar una Constitución local sin acudir a su fuente original que a la que la propia Constitución local remite. Es cuanto quería decir, señor Presidente. Muchas gracias.
SOBRE LA INDUSTRIA AZUCARERA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel López Zorrilla, del Grupo Parlamentario Independiente, sobre la privatización de la industria azucarera.
El diputado Manuel López Zorrilla: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados: En una sesión pasada escuché muy atento la participación de los compañeros diputados de las diferentes fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y me llamó mucho la atención el hecho de que un compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional, subiera hasta esta tribuna y afirmara su adhesión sobre la comparecencia de funcionarios responsables del atraso que hoy tiene Caminos y Puentes Federales de Ingresos, y en especial del ganadero latifundista huatusqueño y por adopción veracruzano, Martínez Villicaña, por eso estuvimos de acuerdo en que comparezca ante esta Cámara.
Este hecho me hizo reflexionar un poco más y en esta modesta intervención recurro a los compañeros diputados campesinos, para que a esta tribuna también se llame a comparecer a los responsables del fracaso de la industria azucarera, me refiero al director de Azúcar, S. A., y a los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, organizaciones tradicionales que son la causa de esta bancarrota en la que nos tienen a la industria azucarera. Parecerá reiterativo el tema, pero lo hacemos con el propósito de ver si mejoramos económicamente un poco más.
La verdad es que México es un país de los más atrasados del mundo, en lo que se refiere a producción del alimentos y artículos de consumo indispensable para la vida en general.
En anteriores ocasiones hemos señalado los enormes volúmenes de importación de alimentos de los que anteriormente el país era sobreproductor y por lo tanto actuaba como exportador, con gran ventaja para la economía de México, y uno de los artículos básicos que un día dieron al país divisas extranjeras, en dólares, era el azúcar; hoy en cambio, se acaba de anunciar en todos los medios de información de la República que México importará, y hay que irse de espaldas, compañeros diputados campesinos, nada menos que 1 millón 228 mil toneladas del dulce, de Asia, de Europa y del Caribe, y recuerden que hasta hace unos años nos sobraba y éramos un país exportador.
Esta es una demostración más de la ineptitud y falta de atención del gobierno, que no ha sabido o no ha podido, para el caso es igual, encauzar, dirigir y vigilar los estrictos moldes y prácticas que en el mismo gobierno y autoridades correspondientes deben atender esta clase de problemas.
El tema que voy a tocar es igual o quizá más importante que el de Puentes y Caminos, con la diferencia de que no creo, lo dudo, que alguien o algún diputado campesino venga aquí a secundarme como en el otro tema lo hicieron las diferentes fracciones parlamentarias; pero en fin,
denunciar la traición de dirigentes y funcionarios de Azúcar, S. A. y de las organizaciones tradicionales cañeras, que cometieron contra el pueblo mexicano en su dieta alimenticia, es deber de todo mexicano que sepa las causas.
La industria azucarera está en crisis, a pesar de que en 1983 se anunció en todos los medios, periódicos y medios de difusión información, la entonces reestructuración orgánico - administrativa de la industria azucarera. A fines del año pasado, la noticia de primera plana fue la ausencia de azúcar en el mercado nacional, destinada al uso doméstico, y de inmediato se fabricaron culpables, a los más golpeados, y aparecieron ser los más inocentes, quiero decir los comerciantes, que según declaraciones de funcionarios de Azúcar, S. A., de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, los comerciantes escondían el azúcar para especular con ella, y para reforzar esas declaraciones de esas dependencias, se autorizó un aumento del 56.07% al azúcar standard, y 32.27% al azúcar refinada, y de todas maneras no había azúcar en el mercado nacional.
En 1973 se declaró la nacionalización de la industria azucarera en nuestro país; el gobierno recibió a los ingenios en su mayoría desmantelados, casi como ahora se encuentran algunos que fueron saqueados por funcionarios de Azúcar, S. A. y de las organizaciones tradicionales cañeras, pero sin embargo, en aquel entonces se invirtió en la reconstrucción de ingenios y se demostró la incapacidad de falta de criterio nacionalista para administrar por parte de la iniciativa privada, pues en la mayoría los ingenios estaban en crisis de producción y crisis financiera, pero lo peor es que ahora se premia a aquellos que fueron los causantes de este deterioro en este sector, casi regalándoles nuevamente, para que a su capricho administren la industria azucarera del país.
De 1987 a 1989, México, como propietario de 52 ingenios de un total de 68, producía el 80% del total de la producción azucarera, y en la última zafra, en 1989 sólo participó con el 37% de la producción. Las razones para que la producción haya bajado son las siguientes: la inexistencia de un adecuado programa que permita el incremento y sostenimiento de la producción azucarera, que junto con los vicios y corruptelas que imperan entre funcionarios de los ingenios y dirigentes de las uniones locales de cañeros a través de los corruptos comités de producción cañera, son la causa del fracaso de este sector, en la pasada y en la presente zafra.
Desde 1986, se anunció la aplicación de un programa de reconversión en la rama azucarera; como parte del mismo, se reprivatizarían el 50% del total de los ingenios, lo que creó una atmósfera de inseguridades entre obreros, trabajadores de los ingenios y los productores de cañas de azúcar, estos últimos los más afectados.
En los ingenios en que se concretó la desincorporación, el descontento de los obreros azucareros dio como resultado un retraso en el inicio de los trabajos de la zafra y en el campo, motivados por la presión y los actos de corrupción y turbios negocios que los últimos años ha hecho el líder nacional de los cañeros cenecistas, en contubernio con funcionarios de los gobiernos federal y estatal, en perjuicio de más de 100 mil productores de caña y sus familias, motivó la drástica reducción en el cultivo de caña en más de 1 millón 500 mil toneladas, siendo los campos que abastecen de materia prima a los ingenios propiedad del gobierno, los que redujeron su producción.
Ahí disminuyó el total de caña molida en poco más de 1 millón 400 mil toneladas; esto sin tomar en cuenta las adversas condiciones climatológicas que ha sufrido nuestro país en los dos últimos años, como son los fuertes periodos de sequías, previas al período de zafara y exceso de lluvia durante los trabajos del corte y procesamiento industrial de la caña y también fuertes nevadas que acabaron con la caña de algunos campos cañeros de las huastecas, que provocó aún más la baja de producción de azúcar para 1990, pero el desabasto en le mercado nacional se produjo porque los ingenios privados sólo procesaron azúcar para las industrias refresqueras, dulceras, galleteras y vitivinícolas y para el consumo nacional se tuvo que importar más de 300 mil toneladas, y aclaramos que un estudio del Banco Nacional de México, S. A. pronostica la importación de 1 millón 900 mil toneladas de azúcar.
Debemos destacar que el descenso del cultivo de caña de azúcar, que provocó el fracaso de ese sector, se lo debemos a las severas presiones que ejerce el dirigente de la Confederación Nacional Campesina cañera avalado por funcionarios de Azúcar, S. A. y gerentes de los ingenios en contra de los cañicultores, a quienes se les disfrazan los descuentos como el del Fideicomiso para Obras Sociales a Campesinos Cañeros de Escasos Recursos, que ya desapareció, pero que ahora estos corruptos le llaman obras sociales, que por supuesto, estas obras nunca las ven los cañeros, así como también descuentos por caminos primarios y secundarios.
Cuando los comités de producción cañera, que se componen de dos representantes de los cañeros,
de la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, el gerente y subgerente del ingenio autorizan el corte de caña tierna, eso se llama corrupción, compañeros diputados, porque provoca el bajo rendimiento y en muchas ocasiones, como en el ingenio El Potrero y El Modelo, tuvieron que firmar un convenio entre los representantes el comité de producción cañera, porque tuvieron que tirar al drenaje 50 mil toneladas de mieles, sin importarles la falta de azúcar en el mercado nacional.
Esto que a nuestros ríos ocasiona contaminación por el exceso de ácido, en las familias cañeras, compañeros diputados, provoca hambre, y por eso en esas regiones como Martínez de la Torre, en Veracruz, han optado por voltear sus cepas y sembrar cítricos. La industria azucarera de nuestro país ha llegado a un estado decadente y vergonzante, a causa de vicios y corruptelas; desde hace más de cuatro años tuvo que abandonar el grupo de los países exportadores de azúcar, del cual formó parte durante mucho tiempo en el pasado, para convertirse hoy en importador del endulzante, teniendo la necesidad de comprar a países como Cuba, Nicaragua, Argentina, Brasil y Puerto Rico.
El Presidente: - Compañero diputado Manuel López Zorrilla, disculpe la interrupción, pero se ha pasado su tiempo.
El diputado Manuel López Zorrilla: - Esto ha provocado además una enorme fuga de divisas, por esto recurro a la conciencia nacional y sobre todo a mis compañeros diputados campesinos. Yo sé que a los del Distrito Federal no les interesa, para que me ayuden a desenmascarar a todos los líderes y funcionarios corruptos que han provocado este estado vergonzante en el que se encuentra la industria azucarera y que se llame a auditar a todos y cada uno de los líderes y funcionarios de Azúcar, S.A., Confederación Nacional Campesina y Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, y en especial al líder de los cañeros cenecistas, Isidro Pulido Reyes, porque ellos son la causa de que la industria azucarera se reprivatice después de que ellos provocaron la quiebra de la industria azucarera, cuando estaba en manos del gobierno.
La venta de 19 ingenios con un valor de 650 mil millones, no alcanzará ni para pagar las importaciones de azúcar hasta la fecha, por eso, la Fracción Parlamentaria Independiente está en contra de la reprivatización de la industria azucarera y exige que al director de Azúcar, S.A. y a los dirigentes de las organizaciones tradicionales que ya aquí dije, se les decomise la riqueza acumulada a base de la corrupción que fue la causa del siniestro de la industria azucarera.
Espero su adhesión a mi propuesta, compañeros diputados campesinos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Antes de conceder el uso de la palabra al siguiente orador, tomando en consideración que ha transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Mexicanos, y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día.
Tiene el uso de la palabra, el diputado Ramón Alejo Valdez López... El diputado Palacios Vela, para los mismos hechos.
El diputado Fernando Palacios Vela: - Compañeras diputadas; compañeros diputados: Quiero abundar en el tema tratado por el compañero diputado López Zorrilla, y quiero hacerlo porque efectivamente la industria azucarera pasa por un momento crítico que es preocupación que incumbe a todos los mexicanos. No es posible, compañeros legisladores, que esta Cámara haga caso omiso de la situación por la que atraviesa la industria azucarera.
Si bien es cierto que la industria o que los ingenios, muchos de ellos han operado con pérdidas, tenemos que saber por qué han operado con pérdidas: en aquéllos que son cooperativas, el gobierno de la República se ha arrogado el derecho de nombrarles a los gerentes, quienes llegan con una º de parientes y les otorgan los mejores sueldos, que va llevando día a día a la quiebra de ingenios, eso pasa con Zacatepec y pasa con el ingenio de El Mante, pero hay muchos ingenios, compañeros, en que han cargado tremendamente la carga administrativa y que han llevado al fracaso a esa industria.
Pero además, como dijera el compañero López Zorrilla, hay una componenda entre los directores de Azúcar, S.A., los dirigentes de los productores de caña de azúcar, la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, conjuntamente con los gerentes de los ingenios que han llevado al fracaso a la industria; esto nos consta porque tenemos documentos, donde por ejemplo el año pasado, en noviembre del año pasado el que era entonces director de Azúcar, S.A., el licenciado Ignacio Madrazo, tuvo acuerdos con los dirigentes de la
Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, tuvo acuerdos para entregarle una cantidad de 11 mil millones de pesos a la Confederación Nacional Campesina, a la Unión Nacional de Cañeros- Confederación Nacional Campesina y 6 mil 886 millones de pesos a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad para que hicieran obras sociales. Este dinero, según el documento, provenía de una disposición de los industriales azucareros para que se hicieran obras sociales a los productores.
Quiero decirles, compañeros, que no vemos los productores de caña de azúcar una obra social, ninguna obra social que se haya hecho con ese dinero, y sin embargo, sabemos que se han comprado dos ingenios ya y que estaban por tratarse otros ingenios por los dirigentes de la Confederación Nacional Campesina, la Unión de Cañeros- Confederación Nacional Campesina.
Esto es preocupante, compañeros, es muy preocupante porque la industria azucarera está en picada y tan es así que tenemos que importar en este momento, dice el gobierno, 1 millón ciento y tantas mil toneladas, pero nosotros que estamos en el medio sabemos que no es eso, sabemos que se van a importar más de 1 millón y medio de toneladas de azúcar, que ya están entrando muchas de ellas por el Puerto de Tampico; eso significa realmente una situación preocupante, porque no es posible, señores diputados, que veamos cómo se hunde este país por culpa de una mala política y que no hagamos nada.
No es justificado que se vendan los ingenios a la iniciativa privada, pero ni siquiera la nacional, compañeros, se vendieron los ingenios a iniciativas privadas transnacionales, que lo único que hacen es satisfacer las necesidades que tienen ellos en su industria y el resto del azúcar la mandan a otras partes del mundo, sin importar las penurias de este pueblo.
Por eso, compañeros, por eso es recriminatorio que los diputados de esta Legislatura no se hayan preocupado porque se ponga un hasta aquí a aquél que dispone del patrimonio nacional, como si se tratara del patrimonio particular de él; no vamos a resolver con la venta de los ingenios los problemas que tenemos, en cuanto a obtener recursos para invertir en el campo.
Efectivamente, los campesinos cañeros no queremos seguir sembrando caña porque no se nos paga lo justo, en primer lugar, en segundo lugar, cuando se vienen las liquidaciones, como en este momento sucede y le consta al compañero diputado Díaz Jácome, llegan los productores y sólo lo entregan la papeleta sin darle oportunidad a que se vean en qué se utilizo el dinero que produjo su caña y no le entregan cinco centavos de alcance, por ejemplo, compañeros, hablo con conocimiento de causa.
En el ingenio de Coatotolapan se hizo se descubrió nada más en tres ejidos que se habían quedado con 80 millones de pesos que se iban a utilizar para reparación de maquinaria, según ellos, y que el viernes de esta semana van a devolver; se descubrió que Fimaya estaba cobrando 10 millones de pesos más y además 3 millones de pesos que ya entregaron, entonces, como ustedes ven, es un problema serio el que vive el productor de caña en la República.
En el ingenio Tres Valles, compañeros, se iba a liquidar a 60 mil y pico de pesos la tonelada y en el momento de ir a firmar su liquidación los compañeros productores, se encuentran que le están liquidando a 57 mil pesos la tonelada, porque el ingenio a última hora bajó el rendimiento de la sacarosa y en estas condiciones van a liquidar, según ellos, a 57 mil pesos la tonelada, cuando deberían liquidar a 60 mil 50 pesos la tonelada, por lo que nosotros los campesinos, incluyendo a los compañeros que están ya empezando a abrir los ojos, los que le quedan en Tres Valles a la Confederación Nacional Campesina y a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, tuvimos una gran asamblea antier y si no se resuelve el problema hoy, ¡vamos a tomar el ingenio para que se nos pague lo que justamente le corresponde a los campesinos!
El Presidente: - Señor diputado Palacios Vela, su tiempo se ha terminado.
El diputado Fernando Palacios Vela: - Señor Presidente, con todo el respeto, éste es un tema sumamente importante para la economía nacional. ¡Si a usted no le interesa eso, a los campesinos de México sí le interesa!
El Presidente: - Señor diputado, sólo que para poder seguir su intervención, tendríamos que pedir la anuencia de la asamblea, salvo que usted ya opte por concluir brevemente el espacio que le corresponde para rectificar hechos.
El diputado Fernando Palacios Vela: - En estas condiciones, señores, nosotros consideramos que se le debe de dar oportunidad a lo productores de caña organizados, para que los ingenios que todavía quedan del sector público, que sean vendidos a los productores organizados, ¡quienes no vamos a sacar azúcar al extranjero, vamos a producir azúcar en beneficio del pueblo de México!
¡Quisiéramos decir muchas cosas, por ejemplo lo que pasa en el distrito del compañero Nico, en el norte del estado de Veracruz!, ahí también hay problemas en el ingenio El Higo, ¡pero aquí cuando se están diciendo verdades que causan agravios al pueblo de México, se nos coarta el derecho, porque tal parece que cuando hacemos denuncias que vienen a beneficiar a nuestro pueblo, no le conviene a la mayoría, pues, muy discutida, priísta! Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Adalberto Díaz Jácome.
El diputado Adalberto Díaz Jácome: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La privatización de la industria azucarera ya está dada, yo siento que no nos perjudica, lo que pasa es, efectivamente, que lo que debe de hacerse es que si el gobierno, el gobierno "no puede chiflar y comer pinole," no puede ser juez y parte; lo que se necesita efectivamente es que se legisle en una forma con deseos de salir adelante, porque verdaderamente si se les están entregando los ingenios a los particulares que no se les dé "toda la manga ancha", porque precisamente es cuando en ese momento hacen su "agosto".
Nosotros recordamos desde la Colonia, efectivamente, de que todos los que tenían las factorías paneleras, nos tenían como esclavos; yo estoy de acuerdo efectivamente que no coincidimos, pero que legalmente yo concuerdo con el señor presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, porque esto que se estaba haciendo es una carga para el país y es una carga para los mexicanos.
Totalmente yo les pido, muy atentamente, que lo que se debe de hacer, es hacer una acción conjunta para que verdaderamente se legisle, para que se den los créditos necesarios, para que el gabinete agropecuario ponga el precio de garantía justo y no de miseria que en este momento lo tenemos; si nosotros vamos a los ingenios y les preguntamos a los productores de caña que efectivamente no están contentos, porque verdaderamente es una desgracia para ellos. Si fuera cierto que nos atendieran como debe de ser, otro gallo nos cantara; lo que efectivamente debemos de hacer es unirnos y no tratar de llevar agua para nuestro molino, sino que simplemente pensar en el pueblo, porque al fin y al cabo el pueblo es el que paga las consecuencias.
Riego, asesoría técnica que no la tenemos y precisamente yo quiero preguntar, ¿a dónde están los agrónomos?; el dinero suficiente para poder atender a los campos, porque no es cierto que tenemos el dinero suficiente, pensamos nosotros con toda claridad, que no es cierto que todos estamos de acuerdo, pero a mi criterio, a mi humilde criterio, Salinas de Gortari busca soluciones y no carga para el país. Vamos a apoyarlo, no pensemos en buscar soluciones por la puerta falsa; lo que creo conveniente es que efectivamente así como nos unimos para alguna cuestiones, debemos unirnos efectivamente para que pidamos los precios de garantía que sirvan de esperanza para todos los productores.
Fimaya, efectivamente, en estos días está cobrando más del 81%, qué desgracia sinceramente, pero si nosotros vamos a pedirles que nos ayuden a buscar soluciones y que los intereses sean bajos, porque cuando se está pensando que el insumo que nos van a dar y los fertilizantes están alzando de precio, yo creo que ahí es a donde el señor Presidente de la República ha tenido que tomar cartas en el asunto, para que los del gabinete agropecuario piensen que lo que están haciendo en este momento no es buscar una solución, al contrario, la desolación del campo mexicano.
Yo invito, pero sinceramente, a que no nos andemos diciendo ajos y cebollas, que busquemos una solución, una solución conjunta para que los ingenios no se les entregue a la gente, efectivamente, extranjera; aquí hay buenos mexicanos que podrían asumir en un momento dado ese trabajo, pero también consciente de que tienen que ayudar a la patria. Estos son los momentos difíciles en los que todos y cada uno de nosotros debemos de unir esfuerzos para salir adelante. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para los mismos hechos ha hecho solicitud de la palabra la diputada Manuela Sánchez; tiene derecho a cinco minutos pata rectificación de hechos.
La diputada Manuela Sánchez López: - Compañeros diputados; señor Presidente: Quiero apoyar la propuesta que hizo el compañero Zorrilla, de la Fracción Parlamentaria Independiente, para que este pleno llame a comparecer a los directores de Azúcar, Sociedad Anónima, no solamente al señor Torres Manzo, sino al exdirector de Azúcar, S. A., el licenciado Madrazo, ya que hemos visto que es desde esa dependencia de gobierno de donde ha venido la mayor responsabilidad de quiebra de la industria azucarera.
Dice el compañero Pérez Jácome, que el gobierno no es responsable del problema de la industria azucarera, y yo digo que sí, compañeros; todos sabemos aquí que desde el director de
Azúcar, S. A., desde el de Agricultura y Recursos Hidráulicos, principalmente también desde esta Comisión de Agricultura.
Tenemos los diputados que pertenecemos a esta Comisión de Agricultura, de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, tenemos días pidiéndole al señor Gómez Villanueva que cuándo va a convocar a los miembros de esta comisión para que vayamos ahí al seno de la comisión a discutir el problema de la venta de las paraestatales en lo que respecta a los ingenios azucareros. Desde aquí empieza la irresponsabilidad, compañeros diputados.
Muchas veces no desea uno venir aquí a exponer los problemas graves que están pasando en la nación, porque sabe uno a las comisiones que pertenece; sin embargo, también casi siempre el responsable de esa comisión no hace caso de los problemas. Sabemos que en días pasados se reunió en un desayuno y citó nada más a los más privilegiados miembros de esa comisión, a discutir el problema que iba a tratar el Secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en la reunión de trabajo que tuvieron en Tlaxcala...
(Desorden).
El Presidente: - Un momentito compañera diputada. Se convoca a todos los señores diputados a que guarden respeto al exponente, a la diputada.
La diputada Manuela Sánchez López: - Así es que, compañeros, desde ésta empieza la responsabilidad, desde este Congreso; por eso, entonces, yo sí estoy de acuerdo y pido a este pleno de esta Cámara que citen a los directores de Azúcar S. A. y que se hagan una auditoría también a los fideicomisos que han estado jineteando el dinero de los productores de caña.
El diputado Pérez Jácome opina que hacen falta agrónomos, y es cierto, hacen falta agrónomos; pero yo le pregunto: ¿ a dónde está el dinero que les descuentan a los productores de la Unión Nacional de la Confederación Nacional Campesina, a través de los gerentes para pagos de agrónomos, de químicos y de todo el personal que se necesita?
También las uniones han estado coludidas en este gran fraude, y si no es así, ¿por qué entonces de 1985 a 1987 la industria azucarera fue viable?, ¿por qué en ese tiempo éramos exportadores en lugar de importadores? ¡Se ha jugado mal la política a los ingenios!, todos los presupuestos que el gobierno federal ha autorizado para la reparación de los mismos, todo se lo han robado, en todo ha habido fugas, ¡y eso todos lo sabemos y debemos de poner un orden, porque no podemos seguir así!
Ahora, si el gobierno de la República dice que ya no puede seguir subsidiando a los ingenios, los productores de caña organizados en cooperativas hemos estado solicitando la venta de los mismos al sector social por medio de formaciones de cooperativas; sin embargo, el gobierno de la República ha visto y ha beneficiado mejor a la iniciativa privada, a las transnacionales les ha dado hasta 10 años para pagar los ingenios, con el 10% de enganche y hasta 10 años. ¿Por qué mejor no se beneficia al sector social? ¡ésa es la propuesta de la fracción parlamentaria del grupo del Partido de la Revolución Democrática!
Por otra parte, las cooperativas también ya salieron a la venta; la de Zacatepec, como decía el diputado Palacios, la cooperativa Emiliano Zapata ya está a la venta, ¡pero que se vaya a meter a la cooperativa Emiliano Zapata, a ver cómo les va!
El Presidente: - Está inscrito para hacer uso de la palabra el diputado Ramón Alejo Valdez López.
El diputado Ramón Alejo Valdez López: - Con su permiso, señor Presidente: Hablar de la industria cañera, hablar del campo cañero, en todas estas cosas es profundizar en muchos años que México ha tenido en esa industria un gran bastión.
La industria azucarera en México ha padecido durante muchos años, precisamente porque no todos los mexicanos nos hemos puesto a reflexionar qué hubiera sido de la industria azucarera si todos hubiéramos trabajado.
Se ha tocado a la Confederación Nacional Campesina y quiero decirles a los compañeros diputados que subieron a esta tribuna, que la Confederación Nacional Campesina siempre ha luchado porque el nivel de vida de los cañeros suba todos los días; los fideicomisos en algunas regiones han surtido sus efectos muy positivos y no es con comparencias ante esta Cámara con lo que vamos a lograr que realmente se solucione el problema del campo cañero y el problema de la industria azucarera. (Aplausos.)
Quiero invitarlos a que lo reflexionen, a que lo reflexionen y pensemos mejor los decretos cañeros y que este asunto se vaya a la Comisión de Industria y Comercio y a la Comisión de Agricultura, porque es aquí donde vamos a discutir realmente qué es lo que necesita el campo cañero.
Siento que en estos momentos no hemos hecho lo que realmente necesita el cañero del país. Aquí se venía a comentar que había industriales que sacaban fuera el Azúcar, bueno, pues a eso es a lo que los invito, compañeros diputados, a que busquemos la forma de que los decretos cañeros se analicen profundamente y pensemos qué necesita la industria y que necesita el campo mexicano para producir mejor; pero hagamos una causa común, busquemos la forma de que la Comisión de Agricultura y que la Comisión de Industria y Comercio actúen para decir realmente que los decretos cañeros sí son obsoletos, eso es lo que tenemos que revisar. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese la propuesta de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, expuesta por el diputado Manuel López Zorrilla, a las comisiones unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Agricultura.
El diputado Manuel López Zorrilla (desde su curul): - Señor Presidente, quiero que se haga la aclaración de que soy de la Fracción Parlamentaria Independiente.
El Presidente: - Hágase la aclaración a que se refiere el señor Manuel López Zorrilla.
IMPUTACIONES A LA DOCTORA
NORMAS ZAPIÉN
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa del grupo parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, sobre imputaciones a Norma Corona Zapién.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Los días 19, 20 y 22 del presente mes, en el Diario El Heraldo aparecieron varias notas que se refería a la compañera asesinadas en Sinaloa, la doctora Norma Corona; dichas notas contenían imputaciones de que la doctora Norma Corona estaba ligada a actividades del narcotráfico y de los narcotraficantes sudamericanos, y que su muerte se debía a una venganza de la mafia.
El hecho en sí se antoja repugnante, que después de asesinada circulen esas versiones, pero hay que tratar de escudriñar qué intereses podrían perseguirse con difundir este tipo de comunicaciones; todo indica que lo que se busca es tratar de disminuir la movilización que reclama justicia y castigo a los responsables de su asesinato, del asesinato de la doctora Norma Corona; se trata de sembrar la confusión, tal vez el mensaje sea decirnos, finalmente: lo de Norma no es tan importante, no vale seguir luchando porque se esclarezca su asesinato, no vale la pena seguir pugnando todos los organismos de derechos humanos y quienes aquí en la Cámara lo hemos hecho junto a muchos más, porque se respeten los derechos humanos en nuestro país. No parece ser otro el mensaje que se busca llevar con ese tipo de confusiones, dejémoslo ahí, había cosas oscuras ahí, no hay mejor que moverle, lo mejor es que quede al olvido y así.
Pero, ¿quién podría estar interesado en sembrar este tipo de rumores, de confesiones, en revolver las cosas y crear estos estados de ánimo?, antes de responder les pediría, compañeros diputados, que junto conmigo pasáramos revista a otras de carácter similar.
En estos mismos días, el Procurador General de la República informaba a los distintos medios de comunicación que en el caso de los atropellos contra el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, David Moreno Lizárraga, había ocurrido que éste había intervenido en actividades que afectaban el desempeño de las labores de la judicial federal, así también se desestimaba la denuncia de David Moreno Lizárraga; sin embargo, alguna medida se tomaba contra los agentes involucrados, como por no dejar, porque es una personalidad.
El hecho concreto ocurrido en torno al caso de David Moreno Lizárraga, es que la judicial federal estaba allanando domicilios, es el en barrio donde él habita estaba golpeando jóvenes y lo único que hizo fue tomar las placas de aquellos individuos que así golpeaban a jóvenes, incluso iba uno pasando accidentalmente y que así intervenían en las casas sin orden de aprehensión. Era lo normal para una persona que se preocupa por los derechos humanos, por las garantías constitucionales, por lo menos saber qué tipo de personas eran las que cometían esos ilícitos.
Esta es la intervención de la que se queja el señor Procurador, o sea, que los ciudadanos deben de ser impasibles ante la violación de los derechos constitucionales, no pueden ni siquiera tomar las placas de los automóviles en los que verdaderos delincuentes con credenciales de judiciales cometen todo tipo de tropelías.
Pero no sólo es este hecho, o los dos que hemos señalado, quiero aquí también traer a la memoria de ustedes el asunto de las intimidaciones contra el escritor Castañeda; en este caso fue a través de El Nacional, fue clara la intención de descalificar finalmente, Castañeda siempre está viendo visiones, agresiones por parte del gobierno, no hay
que tomarlo mucho en cuenta. Como esto se reiteró, pues se han quedado sin esa opinión El Nacional.
¿Por qué no decirlo, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, las acusaciones que se hacen, ligándolo también a actividades de narcotráfico y que luego nadie responde por las mismas?, ¿y por qué no señalar aquí también cuando el periódico El Universal citaba al presidente de la Comisión de Seguridad y Asistencia de esta Cámara, Victor Manuel Sarabia Luna y establecía declaraciones de él?, no sé si sean ciertas, pero en todo caso él nos podría aclarar, de que todos los que criticaran las actividades de la Procuraduría General de la República, y muchas de estas críticas es por la violación sistemática de los derechos humanos, es que estaban coludidos con los narcotraficantes.
O aceptas la guerra sucia y las tropelías que comete este cuerpo, que parece no tiene gobierno porque hace lo que quiere, o es que estás solapando las actividades del narcotráfico, la mecánica es muy vieja como para no conocerla. Yo soy la ley y lo que haga vale y el que está contra mi está coludido con los delincuentes, aunque yo que soy la ley, sea de los que la violan más sistemáticamente la ley en este país.
A mí me ha preocupado esto, compañeros diputados, por una razón que se da aquí y en todas partes donde exista una guerra sucia, estas guerras sucias se acompañan de los rumores que descalifican, degenerar la desconfianza entre los ciudadanos, se genera casi siempre junto a toda guerra sucia una guerra psicológica también contra la población, que busca inhibirla e intimidarla; tal vez éstos parezcan hechos aislados, creo que no lo son, sin embargo, son sólo algunos de los que he tomado.
Y yo vuelvo a plantearles a todos ustedes, compañeros diputados, aquello que en otras ocasiones he señalado, ¿vamos a estar dispuestos a tomar las medidas para parar esta situación antes que nos golpee a todos, o vamos a permanecer impasibles, o vamos a ser víctimas de esa ola también de rumores y confusiones que se acompañan contra guerras que al amparo de las mismas se violan los derechos constitucionales?
Yo quisiera dejarles esa reflexión y recordar, compañeros, que la última vez presentamos la excitativa para que comparezca aquí el Procurador y de ser posible el Subprocurador de Narcóticos, que parece ser es el que tiene la batuta, que solamente restan 10 días, según el plazo que se convino aquí en esta Cámara por la Presidencia.
Quisiera mantener viva esta insistencia; quisiera decirles, compañeros, que al margen de partidos necesitamos hacer algo, necesitamos parar. La lucha por la democracia sólo tiene sentido cuando se respetan los derechos humanos. Muchas gracias.
La Presidenta: - Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rafael Nuñez Pellegrín... Diputado Rafael Nuñez, le suplicamos un momento, para alusiones personales si es tan amable. Pase usted, diputado.
El diputado Víctor Manuel Sarabia Luna: - Compañera Presidenta; compañeros y compañeras diputados: quiero hacer una aclaración al señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, ya que en ningún momento, en ninguna ocasión hice alguna declaración donde manifestara que los que atacaran a la institución de la Procuraduría, estuvieran involucrados en el tráfico de drogas, y quiero nada más recordarles a los que nos acompañaron en la comisión que estuvimos con el licenciado Coello Trejo, el trabajo, las declaraciones de prensa que se hicieron en torno al particular.
Después de esa gira de trabajo, después de esas manifestaciones, ante la Prensa jamás hemos hecho ninguna otra declaración, a menos que, yo no recuerdo jamás haber comentado tampoco con el compañero diputado que ése sea mi criterio en relación a los que estén coludidos en el tráfico de drogas; es un problema totalmente ajeno a lo que en nuestra comisión en esos tiempos hicimos. Así es que quisimos hacer nada más el uso de nuestro derecho para aclarar, que jamás hemos hecho declaraciones en ese sentido. Muchas gracias.
La Presidenta: - Un momento, señor diputado, ¿acepta usted una interpelación del compañero?
El diputado Victor Manuel Sarabia Luna: - Sí, señora Presidenta.
La Presidenta: - Adelante.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Bueno, en efecto, a lo que yo me refería es a una nota de El Universal, en donde se establecen como declaraciones suyas que quienes atacaban a la Procuraduría General de la República estaban coludidos con el narcotráfico, usted nos señala que eso no es así, ¿por qué en casos así no se envía una aclaración a notas como ésas?
El diputado Víctor Manuel Sarabia Luna: - Yo jamás he hecho ninguna aclaración, por
eso no tengo por qué recurrir a una declaración de este tipo.
La Presidenta: - Ha solicitado el diputado del Partido Acción Nacional modificación de orden, pidiéndole al diputado Rigoberto López Alarid que pase hacer uso de la palabra. Se le recuerda que dispone de cinco minutos.
El diputado Pedro Rigoberto López Alarid: - Señora Presidenta; honorable asamblea Acudo a esta tribuna con el único propósito de desvirtuar algunas imputaciones relativas al caso del asesinato de la doctora Norma Corona Zapién realizado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 21 de mayo del año en curso, como es del conocimiento de todos ustedes.
Sobre este caso, la procuraduría General del Estado de Sinaloa pretende estigmatizar el bueno nombre de la doctora Corona, al involucrarla con actividades relacionadas con el narcotráfico internacional, lo cual es a todas luces una vil calumnia, ya que esta luchadora social durante su ejercicio profesional jamás tomó a su cargo la defensa de personas dedicadas a este tipo de ilícitos, por tanto, niego rotundamente tan temeraria aseveración; sin embargo, debo aclarar que esta distinguida profesionista y estimada catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en su carácter de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el estado, ocupó gran parte de su tiempo en defender a personas de escasos recursos, acusados de cometer delitos contra la salud. Ella sí defendía a estas personas contra las frecuentes torturas a que eran sometidas por las distintas policías, tanto estatal como judicial federal.
La doctora Corona siempre señalo con índice de fuego a los autores materiales de estas odiosas prácticas arbitrarias, así como a las autoridades judiciales y administrativas del estado de Sinaloa, que permitían la tortura en abierta violación de los derechos humanos.
También considero conveniente aclarar, que fue precisamente la doctora Corona Zapién quien denunció públicamente a los que según ella eran los responsables de varios asesinatos realizados recientemente en la ciudad de Culiacán; ella sostuvo que dichos responsables eran policías judiciales federales, apoyando sus denuncias en exhaustivas investigaciones que llevó a cabo personalmente, contando para ello con la colaboración del Colegio de Abogados "Clemente Vizcarra", del cual era presidenta.
Como consecuencia de sus denuncias, la doctora Corona Zapién fue amenazada de muerte y en algunas ocasiones fue perseguida por individuos sospechosos, según lo manifestado por familiares de la víctima. Tal vez esta valiente actitud de la doctora asesinada, atrajo la animadversión de las autoridades judiciales, y en virtud de sus denuncias se le hostigó y se le persiguió para intimidarla y hecerle callar, pero ella no se amedrentó y prosiguió su lucha por la perseveración de los derechos humanos sin desmayar un solo día en sus propósitos.
Después de lo expuesto, me parece sumamente sospechosa la actitud que a últimas fechas ha asumido el Procurador General de Justicia del estado de Sinaloa, al afirmar que el cobarde asesinato de la doctora Norma Corona Zapién está relacionado con el narcotráfico internacional; lo que debería de hacer tanto la Procuraduría General de Justicia del estado así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de reciente formación, es la de intensificar las investigaciones sobre el caso de que me ocupo y llegar a una pronta resolución, a efecto de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes a los verdaderos criminales. Gracias por su atención, señoras y señores diputados.
(Aplausos.)
DECLARACIONES
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
La Presidenta: - Han pedido el uso de la palabra los siguientes diputados: Alfredo Pliego Aldana, Rafael Pellegrín, Pablo Moreno Cota. Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Pliego Aldana.
El diputado Alfredo Pliego Aldana: - Compañeras y compañeros diputados: Nuestro partido, el de la Revolución Democrática, presentó denuncia penal por difamación y calumnias, tipificadas en los artículos 350 y 356 del Código Penal para toda la República en materia de Fuero Federal, haciendo responsable a quien resulte en la Presidencia de la República.
Nuestra denuncia fue presentada por escrito y ratificada personalmente por el doctor Samuel del Villar, secretario de Asuntos Jurídicos de nuestro partido. Se asienta en los considerandos que la práctica de difamación y calumnias en contra de los partidos políticos, por parte de la Presidencia de la República y sus agentes, no sólo es en el ámbito nacional, sino en el internacional; constituye una conducta antisocial de la mayor gravedad, ilustrativa del régimen de represión de los derechos humanos fundamentales en que vive el país, ya que el artículo 21 constitucional establece que la persecución de los
delitos incumbe al Ministerio Público Federal, por lo que el Procurador tiene la obligación constitucional de perseguir la conducta denunciada.
Se pide que se persiga conforme a la Constitución y las leyes la calumnia y difamación por parte de la Presidencia de la República, en contra de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática.
El semanario estadounidense Newsweek, en su edición del 11 de junio de este año, público una carta de la oficina de prensa a la Presidencia de la República, por la que ataca al señor Jorge Castañeda, entre otras cosas por denunciar que la policía antinarcóticos de México ha contribuido al deterioro de la situación de los derechos humanos; en el segundo punto, dice que el antecedente de esta publicación, es un comunicado doloso hecho por la Presidencia de la República por conducto de su Dirección de Comunicación Social, en contra del Partido de la Revolución Democrática, imputando a miembros indeterminados del mismo, en homicidios de policías y narcotraficantes.
Como consecuencia de nuestra denuncia, la Procuraduría General de la República dictaminó que no procede la acción penal y acordó el no ejercicio de esa acción.
El documento resolutorio de la Procuraduría señala en los textos citados, se hace en cierto modo referencia a actividades delictivas de personas pertenecientes a nuestro partido, pero sin relacionar las actividades indicadas en ninguna forma.
Con el Partido de la Revolución Democrática, se alude en precitado documento, a la filiación partidista del señor Jorge G. Castañeda, por lo que me permito leer el oficio que enviara la Presidencia de la República al Newsweek, que dice así: "Al editor. Número Uno. El 21 de mayo en la edición del Newsweek, Jorge G. Castañeda habla en su artículo acerca de los propósitos y planes del programa de la droga en México.
Segundo. Que la policía antinarcóticos de México ha contribuido al deterioro de los derechos humanos en la actual situación de México, y pide que los datos falsos deben ser corregidos.
En el primer caso, las autoridades de México no han dado la autorización ni secreta ni pública, para hacer ningún programa; en el segundo caso, la policía antinarcóticos, la cual puede ser el camino que ha escogido por su alta eficiencia, en el trato de la droga con un valor igual al de la deuda externa.
No hay violaciones a los derechos humanos a este respecto, pero puede ser que el señor Castañeda realmente se refiera al reciente atentado de los traficantes de droga y presuntos asesinos, que también pueden ser miembros del Partido de la Revolución Democrática."
El señor Castañeda firma sus artículos como profesor, y eso es sólo verdad a medias, ya que lo hace como activista del Partido de la Revolución Democrática, lo cual es conocido en México y ha sido recientemente evidenciado por Wen Cornelius, director del Centro de Estados Unidos para Estudios de México en la Universidad de California, en San Diego, en la última carta que enviara a periodistas en Los Ángeles, fue incluida para su beneficio, la cual se publicó en la ciudad de México, como una traducción informativa.
Esta comunicación está firmada en la Presidencia, por el señor Pablo Exprésate, asistente para prensa extranjera en la oficina de la Presidencia.
Este encubrimiento de la Procuraduría, nos obliga a dirigirnos a la Comisión de Derechos Humanos, la que en lo personal dudo que actué con imparcialidad, por los compromisos con el grupo en el poder, y si ésta también se convierte en encubridora, el Partido de la Revolución Democrática ha decidido en pleno, notificarlo a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias.
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Nuñez Pellegrín.
El Diputado Rafael Nuñez Pellegrín: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: He venido hacer uso de la palabra, en virtud de que han surgido una serie de publicaciones que desvirtúan totalmente el juicio o el asunto que se sigue en relación al asesinato de la doctora Norma Corona Zapién.
Nos llena de indignación que gente que no conoció a esa gran profesionista, quiera involucrarla en una actividad tan despreciable por todos los mexicanos, como el narcotráfico.
En base a lo expresado por el señor Alfonso Corona, hermano de la doctora Norma Corona, a fines de la semana pasada y que se publicó en todos los periódicos locales en la ciudad de Culiacán, ellos afirman que jamás le han proporcionado información o le han dado alguna entrevista al periodista Javier Rojas, de El Heraldo de México, ni a ningún otro medio de difusión, por lo tanto, no se explica el interés de esta persona en tratar de desprestigiar el nombre
de Norma y de la propia familia Corona; no se explica también que se le estén acreditando este tipo de falsedades a quien ya no se puede o no tiene la posibilidad de defenderse, tal y como ella lo supo hacer, defenderse y defenderse bien, ¡y eso no es honesto en ningún periodista, que venga a hablar de este tipo de calumnias!, por lo tanto, es ofensivo que se le quiera involucrar, como antes dije, en este tipo de actividades.
En tales circunstancias, habría de preguntarle a esta persona cuál fue la investigación que realizó para llegar a este tipo de aseveraciones tan ofensivas y por otro lado también, quienes son los interesados en desprestigiar a la doctora Corona.
Para aquellos que conocimos a la doctora Corona, nos ofende este tipo de publicaciones, como nos llena también de vergüenza su asesinato a todos los sinaloenses, ya que murió defendiendo todo aquello que muchos de nosotros no hemos sido capaces de defender, los derechos humanos, por lo tanto, debería de publicarse ampliamente cómo fue en su vida profesional, dicho desde luego, por aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerla, defendiendo intensamente los derechos humanos, ejemplos, hay muchos.
Últimamente, unos días antes de su muerte, ella se había dado a la tarea de esclarecer el asesinato de tres venezolanos y un abogado sinaloense, y ella en su investigación siempre estuvo acusando a la Policía Judicial Federal, desde luego, también estuvo siendo hostigada, amenazada por personas anónimas, que no tuvieron el valor de enfrentarse tal y como ella lo hacía, haciendo las defensas de frente y no a escondidas; esto siempre lo estuvo discutiendo y estuvo acusando a los cuerpos policiacos represivos de la ciudad de Culiacán, y esto jamás se ha dicho en la Prensa. Debe decirse que ella fue una persona incansable y que siempre estuvo al lado de aquellos que la necesitaron, y desde luego, tuvo que enfrentarse a todos aquellos atropellos que cometen principalmente los policías judiciales, que más que policías judiciales federales, se comportan como bestias.
Últimamente también, ahí en Culiacán, el día 21, a un agente de la corporación de transito unos agentes federales le dieron una golpiza, simple y sencillamente porque les reclamó que estuvieran estacionados en doble fila frente a uno de los principales hoteles de ahí de Culiacán, ése fue el motivo para que estos gorilas se encorajinaran y lo mandaron al hospital; ahí había autoridades presentes en el propio hotel, que estaban ahí en la explanada, es decir, casi en las narices del propio gobernador y esto no podemos tolerarle todavía, que venga aquí a decir que Norma Corona era narcotraficante o que estaba coludida con ellos.
Norma Corona fue defensora de los derechos humanos y siempre estuvo al lado de aquellos que la necesitaron: en la Universidad, en las colonias populares, en todo Culiacán la conocieron y allá deberían de ir a investigar, no de aquí de México empezar a expresar este tipo de calumnias que a los sinaloenses nos llenan de coraje. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el diputado Pablo Moreno Cota.
El diputado Pablo Moreno Cota (desde su curul): - Declino mi turno, diputada Presidenta.
SOBRE SAN LUIS POTOSÍ
La Presidenta: - Declina. En el orden de las denuncias, tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Castañeda Ortíz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la aplicación del Programa Nacional de Solidaridad, en San Luis Potosí.
El diputado Francisco Castañeda Ortiz: - Señor Presidente y Personalidades que lo acompañan; con permiso, señoras legisladoras; señores legisladores: He venido a esta tribuna, después de que hace rato uno de los diputados que se subió aquí, dio una expresión de que dice que no se puede silbar y comer pinole; yo dijese, que el que tiene más saliva come más pinole, en este caso ustedes saben quién tiene más saliva y nos está atropellando a todos los diputados que pedimos todo lo bueno para la ciudadanía.
He venido aquí, soy integrante de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y he venido aquí a denunciar las anomalías que se cometen en el estado de San Luis Potosí, respecto al programa nacional de Solidaridad.
En San Luis Potosí, me voy a referir al municipio de Villa de Ramos, de donde soy nativo, el señor gobernador Leopoldino Ortíz Santos, en una reunión que estuvo en Moctezuma, otro municipio de San Luis Potosí, anunció que iba a prestar, o sea, el crédito, que venía de parte del Programa Nacional de Solidaridad y le iba a tocar a cada ejidatario 1 millón 200 mil pesos para que trabajasen cuatro hectáreas de tierra, correspondiéndole 300 mil pesos a cada hectárea.
Resulta que ya se dio ese crédito y el crédito que se dio o el préstamo en vez de hacer ese préstamo de 1 millón 200 mil pesos, se les prestó únicamente 220 mil millones de pesos en la
primera etapa, diciendo que en la segunda etapa iban a ser otros 230 mil, para que fuese un monto de 450 mil.
Ahora los campesinos que oyeron las voces del señor gobernador que les iba a acreditar 1 millón 200 mil pesos, ahora están inconformes, por lo cual traigo un escrito aquí de un señor comisariado ejidal, para que aquí el señor Presidente, por su conducto le pida a la secretaría le dé lectura a ese documento de ese comisariado ejidal, por favor.
El Presidente: - Proceda la secretaría.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Por instrucciones de la Presidencia, vamos a dar lectura a este documento.
"Los Hernández, Villa de Ramos, San Luis Potosí, a 15 de junio de 1990.
Ante esta autoridad ejidal, a la cual represento, comparecieron los ciudadanos Francisco Castañeda Ortíz y un grupo de ejidatarios de El Naranjal, anexo del ejido de Los Hernández, para que se les dé de manera honesta las razones por las que no les llegó crédito a ninguno de los solicitantes del anexo, habiéndoles informado que desconozco las razones por las que no llegó dicho crédito, como también desconozco el manejo de dichas administraciones, ya que en una gira que hizo el ciudadano gobernador por el municipio de Moctezuma, en su discurso mencionó que a todos los campesinos del estado se les haría un préstamo de 1 millón 200 mil por ejidatario y aquí nuestro giro, según la versión del ciudadano Presidente municipal, el crédito se reduce a 450 mil en dos etapas, por lo que de hecho ya se sienten brotes de inconformidad, ya que también faltaron algunos compañeros de los Hernández.
Por lo que esta autoridad ejidal no tiene ningún inconveniente en extender el presente, para que el diputado investigue ante las dependencias oficiales, a quien corresponda el caso que nos ocupa y se proceda la conveniente.
Atentamente.
El presidente del comisariado ejidal, Humberto Mancillas C."
Con su sello y todo, del comisariado ejidal, Hernández Villa de Ramos.
El diputado Francisco Castañeda Ortiz: - Gracias. Así está, estimados diputados y diputadas, me han enviado de por allá a que haga presente este documento para que se den cuenta cómo está el enjuague de los centavos; los mismos campesinos están creyendo que esos centavos van por otro rumbo, porque el señor gobernador anuncia que les iba a otorgar 1 millón 200 mil pesos, entonces nosotros queremos, como dijo "Cantinflas", "agarrar el hilo y llegar hasta el carrete", a ver a dónde queda esa parte de centavos o de dinero que se les prometió.
En el anexo de El Naranjal, que es el mismo municipio, que es el mismo ejido de Los Hernández, no le dieron a ningún ciudadano, del cual traigo aquí la lista de 82 ejidatarios, que a ninguno le dieron ese crédito; tal parece que hay algunas desviaciones de dinero que los mismos campesinos están inconformes y por eso vengo a esta Cámara de Diputados del Congreso de la "desunión", yo le dijese Congreso de la "desunión", porque aquí ninguno de los partidos nos acomodamos, todos quieren llevar agua a su molino y como dije al principio, el que tiene más saliva como más pinole y esto no debe de ser, debemos comportarnos como legisladores del país, para ver por los ciudadanos, mayormente los ciudadanos que producen el alimento para que las ciudades tengan ese alimento y no falte, porque un país que tiene su alimento está salvo de todo, teniendo su alimento un país está salvo de todo.
Entonces, en unos meses pasados, el señor Hank González anunció ante los periódicos que había 19 billones de pesos para ayuda al campo, el señor Presidente de la República tiene muy buenas intenciones de ayudar al campesino para que produzca, pero tal vez la gente que se encarga de distribuir esos dineros a los campesinos, pues no le entendemos cómo le hace, pero al campesino nada más le enseñan, le dan a oler los billetes.
Con 220 mil pesos que repartieron yo les garantizo que no afilan ni las rejas del arado, el frijol se los están dando, el frijol para semilla se los están dando a 5 mil pesos y con 220 mil pesos comprarían únicamente 44 kilos de frijol y todo lo demás el que trabaja con tractor o que trabaja como sea no le alcanza para poder trabajar y producir lo que el país necesita, por este motivo estoy aquí en esta Cámara de Diputados, repito, del Congreso de la "desunión", porque así lo veo yo, no nos unimos, todos somos legisladores para el bien del país y veo que no nos unimos en esta Cámara de Diputados.
Voy a hablar de otras cositas que tengo inquietud...
(Voces): - ¡No, no!
Yo pienso que esperemos que el pueblo haga una reacción, la puede hacer, estimados diputados, no
esperemos que el pueblo, el que produce, traiga el estómago pegado en el espinazo para que se defienda, vamos ayudándole que no tengamos un día un levantamiento de esas personas, como pasó en 1910, que ahorita casi estamos en esas mismas épocas; por ese motivo les pido que nos unamos; vamos tratando de que ese campesino, que es el que produce, lo ayudemos en una forma bien. El señor Presidente de la República ha dicho que al campo lo va a fortalecer, y no vemos por qué motivo no se hace.
Pues, señores diputados, ya me pusieron aquí el límite, tengo mucho qué hablar, pero eso será en otra ocasión. Muchas gracias, y esperemos lo que lo que yo estoy pidiendo que todos reflexionemos, y a este país, que somos tan ricos pero al mismo tiempo pobres, ¿por qué?, por las malas administraciones, tal vez, que hemos tenido; pero con la administración de nuestro Presidente que sí quiere progresar, vamos ayudándole para que seamos un país fuerte y tengamos la comida que necesitamos para no andar con problemas. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mario Leal Campos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Mario Leal Campos: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Espero con mi intervención contribuir un poquito aquí con el compañero Castañeda, para que no sienta tan duro eso del Congreso de la "desunión:" sino que sienta un apoyo, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha venido a decir aquí.
Desde que se empezó a hablar de este famoso Programa Nacional de Solidaridad, se dijo aquí en alguna intervención del Secretario de Programación y Presupuesto, que ese programa iba a ser de gran beneficio para todo el país, para diferentes sectores y que iba a ser de una de una aplicación general; nos decía que no iban a hacer distingos entre un sector y otros, sino que iban a aplicarlo allá donde se necesitara. Lamentablemente, como siempre sucede, hay mucha diferencia entre los dichos y los hechos, se quedan muy cortos entre lo que dicen y lo que hacen nuestras autoridades.
También se nos mencionó aquí que ese programa iba a ser considerado como apartidista, y lamentablemente después de haber observado las formas en que se han invertido esos recursos, podría pensarse en que en vez de decirle Programa Nacional de Solidaridad, se le dijera "Partido Revolucionario Institucional de Solidaridad", porque en su gran mayoría se ha utilizado como argumento de campaña del partido oficial y no para efectivamente ayudarle a los campesinos y a otros sectores. (Aplausos.)
Yo no sé cómo será en otros lugares, pero al menos en San Luis Potosí hay muchas necesidades, y su programa podría ser muy útil a la sociedad potosina en general; esos programas parten tanto de las deficiencias o dificultad, vamos a decir, propias de la naturaleza, como también por fallas humanas, y por fallas humanas, me refiero principalmente a las derivadas del mal ejercicio de la autoridad en todos los ámbitos, tanto municipal como en el aspecto de gobierno del estado.
Básicamente las quejas que tiene la gente en San Luis Potosí hablan de que ha habido manipulación, como ya lo decía, que se han utilizado en su gran mayoría simple y sencillamente para hacer campañas, sobre todo ahorita que estamos próximos a tener elecciones para renovar el Congreso del estado, por parte de algunos candidatos del partido social, para decir que van a resolver una serie de carencias de la población, y están contando ya que va a tener apoyo de esos medios económicos del Partido Revolucionario Institucional de Solidaridad.
Esto, obviamente hace que la gente por un lado se sienta estimulada, porque piensa que sí va a recibir ese dinero, pero por otra lado, cuando viene la realidad se va a dar cuenta de que no es cierto, de que simple y sencillamente, como ha sucedido durante mucho tiempo, nada más nos dieron atole con el dedo y no nos cumplen las promesas, y eso no debe ser; nos encontramos con que además de esa incorrecta aplicación de esos fondos, hay retrasos sumamente largos, todo esto debido al burocratismo con el cual se procede, al igual que en otros aspectos.
Y para ser concreto, quisiera mencionar lo que ha sucedido por ejemplo en el municipio de la capital con esos fondos; ahí se dijo que se iba a dar apoyo al municipio de la capital para que pudiera a su vez ayudar a resolver tantas carencias de los habitantes de ese municipio, inclusive hubo una oferta durante una gira presidencial de hace apenas un par de semanas, y ahí se prometió que se iban a dar alrededor de 20 mil millones de pesos para apoyar al municipio de la capital a resolver todas esas carencias, y se habló inclusive de que iba a ser para pavimentación y drenaje, que tanta falta hacen en muchas colonias marginadas de la ciudad.
Y después, el Secretario de Finanzas del gobierno del estado dijo que no era así, que había habido un
mal entendido y que esos 20 mil millones de pesos no nada más eran para el municipio de la capital, sino que iba a ser para todo el estado; quizá eso podía haber sido cierto, pero a la hora de la verdad, resulta que ni siquiera se dieron esos apoyos en formas, vamos a decir más o menos equitativa, de acuerdo a la población total del estado
Vamos a suponer que si en la capital hay el 45% de la población del estado, pues que se hubieran dado nueve o 10 mil millones de pesos; no es así, a la hora que se hizo la aplicación, única y exclusivamente se dijo en un principio que iba a haber una aplicación de 305 millones de pesos, y aquí traigo los escritos en los cuales el gobierno del estado, este escrito está firmado por el propio gobernador del estado, Leopoldino Ortíz Santos, y dice aquí que se le han asignado recursos por 305.6 millones de pesos, para atender una superficie de 1 mil 782 hectáreas, y habla ahí de la forma en que se van a distribuir esos dineros. Está dirigido este escrito al señor presidente municipal Guillermo Pisoto Samanillo, presidente de la capital, y después de que hace esta promesa y se firma un recibo, aquí traigo copia del recibo, el Secretario de Programación y Presupuesto manda otro escrito rectificando lo dicho por el gobernador del estado y le dice al ingeniero Guillermo Pisoto también, a través de este escrito, se permite aclarar que el importe total asignado a los productores del municipio de San Luis Potosí asciende nada más de 128 millones 250 mil pesos; ya le bajaron de 305 a 128 millones de pesos. ¿Dónde quedó la diferencia?, no sé, eso es precisamente lo que estamos denunciando, eso habla de que por ahí hay mano negra y quién sabe qué está pasando con el dinero destinado a esos fondos, y esos no es correcto, posiblemente campañas políticas, no sé.
La cosa es que a través de esta incongruencia entre los documentos que dan, por una parte el gobierno del estado y por otra parte una Secretaría de Finanzas y una Secretaría de Programación y Presupuesto, se ve claramente que hay irresponsabilidad, y que hay desorden en el manejo del dinero que se supone debe ser asignado limpiamente, íntegramente para el beneficio de los productores en este asunto del campo potosino.
Por otro lado, también vemos lo siguiente si analizamos estas cifras. Después de que hablaba de que se iban a aplicar posiblemente recursos por el orden de 20 mil millones de pesos, todo baja a 305 y luego a 128 millones de pesos; ¿qué se puede hacer con recursos tan raquíticos? El pueblo, los productores agrícolas, como decía el compañero Castañeda, necesitan apoyo efectivo, apoyo deveras y no unos cuantos centavos que no sirven para nada; el pueblo de San Luis Potosí requiere un verdadero apoyo. (Aplausos.)
Entonces, ¿qué pasa con esas promesas presidenciales?, ¿dónde quedan? Francamente causa decepción el ver, como les decía, que el dicho al hecho hay mucho trecho y no solamente sucede en ésos, también sucede, por ejemplo, en una promesa de Gortari cuando fue a San Luis Potosí y cuando se le planteó el problema del abastecimiento de agua potable para la ciudad, dijo que él se iba encargar de que el dinero que fuera necesario se asignara y habló inclusive de cifras concretas, de alrededor de 30 mil millones de pesos y ofreció que cuando él fuera Presidente de la República, iba a ver el modo de que esos recursos se asignaran. Hasta ahora no hemos visto nada claro y eso no debe ser, no se ha visto que el problema ni siquiera empiece a resolverse y sí se ve por otro lado que por muchos motivos, sobre todo por el mal tratamiento del agua, sobre todo por el mal tratamiento del agua que se utiliza en la ciudad, amenaza con haber un desabasto en un corto tiempo en San Luis Potosí, entonces esto es verdaderamente preocupante porque hay mucha gente que depende de este recurso vital.
Lo importante, compañeros, al menos en San Luis Potosí, es el ver cómo se le hace para resolver problemas de la población y no estar haciendo nada más promesas que a la hora de la hora no cumplen y además mal uso ese dinero, es una queja muy clara de los potosinos, unida a la del compañero del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que ya hizo uso de la tribuna, y quisiera por último, peor no por ello que sea menos importante, recordar un asunto que realmente es vital importancia también en San Luis Potosí y creo yo, para todo el país, puesto que es una ciudad capital.
Se trata nuevamente del asunto de la obra pública, se trató esto inclusive aquí en los periódicos a nivel nacional y se habló de que había una denuncia contra funcionarios que habían hecho mal uso de los recursos estatales, porque habían hecho asignación indebida de los contratos de obras públicas y a través de ese mal uso se había beneficiado inclusive a parientes del propio gobernador del estado, y además funcionarios corruptos que después fueron cesados en su cargo y se les asignaron multas que al menos a la mayor parte de los potosinos no parecieron ridículas, pero al menos se les castigó en esa forma.
Se acusó de que había calidad deficiente de la obra pública que se había hecho y además que otras muchas obras ni siquiera se hicieron, pero eso sí se cobraron y se hicieron por otro lado con una muy mala calidad.
Entonces, yo sólo quiero decirles lo siguiente: mientras que a través de esos raquíticos recursos del Partido Revolucionario Institucional de Solidaridad se están asignando alrededor de 300 millones y luego ya le bajaron a 128, resulta que a través de esta incorrecta y malsana aplicación de los recursos para la obra pública, se está hablando de que están en juego por ahí alrededor de 50 mil millones de pesos y nada más quiero mencionar dos o tres ejemplitos muy breves.
Por un lado, en la ciudad capital se gastaron alrededor de 200 y pico millones de pesos en construir una caseta de vigilancia en las afueras de la ciudad, que si ustedes van a San Luis Potosí, se darán cuenta de que está absolutamente abandonada esa obra, se terminó, se entregó el dinero y ahí está parada la obra. Si se hubiera hecho un uso racional de los recursos, muchos campesinos en San Luis Potosí se hubieran visto beneficiados, eso no es justo.
Y por otro lado también, una obra que se hizo por allá en el altiplano potosino, en donde el director de promoción industrial se permitió convencer al gobernador del estado para destinar alrededor de 600 millones de pesos en un dizque parador turístico, que iba a contribuir a mejorar la forma de trabajo de muchos potosinos del altiplano, que tienen que andar por ahí vendiendo lagartijas o ratas o víboras de cascabel, porque no encuentran otra forma de sustento, y esa obra que se hizo hace dos años, está también ahí parada, no ha servido absolutamente para nada y ahora hablan por ahí de que a través de una licitación de obra pública se va a vender en alrededor de 3 mil 500 millones de pesos.
¿Cómo es posible que mientras que se da 200 ó 100 ó 300 millones de pesos a los campesinos, por otro lado se gasten recursos tan importantes, tan caros, del pueblo potosino, en hacer obras que luego ahí quedan paradas como elefantes blancos?, eso no se vale, compañeros, eso hay que denunciarlo públicamente acusando a las autoridades del gobierno. Muchas gracias, es todo.
El Presidente: - Tiene la palabra sobre el mismo tema, el diputado Miguel Martínez Castro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Martínez Castro: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En relación al punto que nos ocupa respecto a las supuestas denuncias hechas por los compañeros diputados Francisco Castañeda, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del compañero Mario Leal, paisanos potosinos, del Partido Acción Nacional, en las cuales se afirma que en el estado de San Luis Potosí ha habido malos manejos de los fondos destinados al Programa Nacional de Solidaridad, me permito manifestar lo siguiente:
Puntualizamos que dentro de los beneficios establecidos en el programa global de apoyo a la producción para productores que el Banco Nacional de Crédito Rural dejó de habilitar en 1990, en el estado de San Luis Potosí se asignaron fondos de habilitación para 45 mil hectáreas con un presupuesto total de 13 mil 500 millones de pesos.
Ahora bien, en el caso particular del municipio de Villa de Ramos, esté comprendido dentro de las zonas de alta siniestralidad, a pesar de que no estaba contemplado en el programa original de apoyo a la producción para productores no habilitados por el Banco Nacional de Crédito Rural en este año, fue incluido en los beneficios de dicho programa con mayores recursos y superficie que los demás municipios que sí habían sido programados, por lo que se les apoyó con la habilitación de 14 mil 6 hectáreas y un presupuesto de 2 mil 101 millones de pesos.
Quiero manifestar que algunos municipios, por poner un ejemplo, que comprende, dentro de mi distrito, como el caso de Ciudad del Maíz, alcanzó 800 millones de pesos y algún otro municipio como Guadalcasas, que es el segundo municipio de mayor extensión de superficie, alcanzó aproximadamente 600 millones de pesos.
Lo que quiero aclararle aquí con todo respeto, compañero Francisco Castañeda, es que hubo un padrón del Banco Nacional de Crédito Rural, un padrón que incluía a los productores con cartera vencida y que se les iba a asignar la cantidad de aproximadamente 300 mil pesos por hectárea, pero había grupos de campesinos que no estaban contemplados durante este programa y que se les incluyó con otro padrón de campesinos o de productores que no estaban considerados dentro del padrón del Banco Nacional de Crédito Rural. A ésos se les está apoyando con la cantidad de 150 mil pesos por hectárea.
Quiero decirle que sí, efectivamente coincido con usted, que inicialmente se pensó en apoyar cuatro hectáreas por productor, pero con el propósito de darle mayor amplitud al programa, de que hubiera mayores productores que fueran beneficiados con este bondadoso programa, se concluyó que fuera por tres hectáreas, por 300 mil pesos los que estaban dentro de un padrón y por 150 mil los que estaban en otro padrón, que no estaban incluidos dentro del programa de 1990.
Al respecto, debe quedar claro que para el establecimiento de los beneficios, ni el gobierno
del estado de San Luis Potosí ni la Secretaría de Programación y Presupuesto, tienen facultades para designar a los beneficiarios, esta función queda facultada, de conformidad a la operación del programa citado, a los comités de validación y seguimiento, los cuales están integrados por el presidente municipal, tesorero y comisariados de los núcleos solicitantes; estas autoridades son quienes definen las comunidades que entran en los beneficios del programa de apoyo a la producción, con objeto de optimizar los recursos y por el hecho de que no estaban contemplados los beneficiarios del municipio de Villa de Ramos, se redujo la ayuda original a la suma de 150 mil pesos por hectárea, estando regulada la ayuda máxima de tres hectáreas por solicitante...
El Presidente: - Diputado, Martínez Castro, le quieren hacer una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Miguel Martínez Castro: - Sí, con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado Castañeda.
El diputado Francisco Castañeda Ortíz (desde su curul): - Lo único que le quiero preguntar al señor diputado, es que nos explicara por qué a algunas comunidades completas no les dieron absolutamente nada, ésa es la inconformidad que tenemos con algunos poblados de por allá.
El diputado Miguel Martínez Castro: - Sí, compañero diputado, con todo respeto, fue en virtud de que los comisariados ejidales de las comunidades, por equis circunstancias no los incluyeron, pero si los comisariados ejidales conforman este comité, bueno, habría que exigirles a los comisariados ejidales por qué motivos no incluyeron a los compañeros.
De dicho programa, con mayores recursos y de una superficie que los demás municipios que habían sido programados, por los que se les apoyó con la habilitación de 14 mil hectáreas y un presupuesto de 2 mil 101 millones de pesos.
Al respecto, debe quedar claro que este programa se maneja a través de los comités de validación y seguimiento.
Puntualizamos que dentro de los beneficios establecidos en el programa global de apoyo a la producción para productores que el Banco Nacional de Crédito Rural dejó de habilitar en 1990 en el estado de San Luis Potosí, se asignaron todos de habilitación para 45 mil hectáreas, con un presupuesto total de 13 mil 500 millones de pesos.
De lo anterior se establece primero, que ni el gobierno del estado ni la Secretaría de Programación y Presupuesto participan en estos comités de validación; a pesar de no estar contempladas algunas comunidades, éstas se incluyeron para el año de 1990.
Por todo lo anterior, no es posible que un programa tan positivo como es el Programa Nacional de Solidaridad, cuya administración se ha desenvuelto sanamente sin lugar a dudas, se ha utilizado como bandera política para intentar desvirtuar sus fines falseando los hechos.
El Programa Nacional de Solidaridad fue implementado por el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para auxiliar a las zonas marginadas del país, este objetivo se cumple y se seguirá cumpliendo en San Luis Potosí, con el apoyo irrestricto de los potosinos y del aplauso unánime del estado. Quiero decirles a ustedes ...
El Presidente: - Señor diputado Martínez Castro, ¿acepta usted una pregunta del diputado Campos?
El diputado Mario Leal Campos: - Compañero Martínez Castro, se ha referido usted a este programa como bondadoso y positivo, yo supongo que se refiere a la capacidad que tiene el mismo de ser un verdadero estímulo para los campesinos, de modo que puedan estar en condiciones tales de producir los alimentos que tanto necesitamos en el estado de San Luis Potosí. ¿Usted cree que verdaderamente se está cumpliendo con ello?
El diputado Miguel Martínez Castro: - Sí, yo creo que este programa se está cumpliendo cabalmente, porque quiero decirle a usted, a toda la asamblea, que estos créditos no son obsequio del gobierno federal, sino que son préstamos, los cuales se tienen que regresar a las presidencias municipales para que hagan obras de carácter social, aunque hay la idea de que este crédito se vuelva a seguir dando a los campesinos con el propósito de que haya producción, como usted lo manifiesta.
En relación a las denuncias que usted hacía acerca de la obra pública, quiero decirle antes de esto el Programa Nacional de Solidaridad, nosotros hemos leído con mucha atención las declaraciones del señor presidente municipal, Guillermo Pizuto Samanillo, en donde ha declarado que él ha recibido algunos beneficios o muchos beneficios del Programa Nacional de Solidaridad y que realmente esto nos indica que no es un programa que únicamente esté manejando un partido
político, son para todas las sociedades sin distingo de ideologías; entonces, respecto a lo que usted decía de la obra pública.
El Presidente: - Perdone, diputado Martínez Castro, desean formularme una pregunta ¿la acepta usted?
El diputado Miguel Martínez Castro: - No, señor Presidente, si tiene algunos argumentos, que por favor pase a la tribuna.
El Presidente: - No la acepta.
El diputado Miguel Martínez Castro: - Decía a usted, ya hubo una contraloría, hubo un controlador que tuvo una resolución, y que decía usted que había algunos familiares del gobernador que se habían beneficiado con la obra pública; yo quiero decirle que a usted le faltó también ser un poco más honesto y decir que un cuñado de usted también se benefició con la obra pública. Es cuanto quería decir. Gracias.
El presidente: - Sí, diputado Leal Campos, para alusiones tiene usted cinco minutos.
El diputado Mario Leal Campos: - Para ir por partes, por el lado de lo del Programa Nacional de Solidaridad, en la pregunta que yo le hacía al compañero Martínez Castro, definitivamente no estoy satisfecho con su respuesta, porque yo considero que con 150 mil pesos por hectárea, un campesino de ninguna manera puede quedar en posibilidades de estar para poder producir alimentos; con la cantidad de gastos que se tienen en el campo para poder efectivamente producir, eso no les alcanza para nada a los campesinos, por lo tanto, yo creo definitivamente no son suficientes esos recursos.
(Aplausos.)
Por otro lado, yo le sugeriría y le pido respetuosamente al compañero Martínez Castro, de que antes de hacer una acusación como la que está haciendo, se fije a quién se ésta refiriendo: ninguno de esos señores, y si usted se refiere particularmente a Guillermo Leal Tobías, que fue secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, ninguno de ellos es pariente mío, no tengo la mala fortuna de tener gente de esa calaña en el gobierno del estado ni en ninguna otra organización política. (Aplausos.)
El hecho de que coincida uno de los apellidos de estos señores, no me involucra a mí en lo más mínimo; nada más para que esté consciente de ello. (Aplausos.)
SOBRE EL ESTADO DE COAHUILA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Navarro Montenegro, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre actos de corrupción de funcionarios de Coahuila, que están desviando recursos federales.
El diputado Francisco Navarro Montenegro: - Señor Presidente; diputados todos que respetuosos atienden las denuncias que el pueblo presenta a través de quien los representamos; estimados compañeros: Vengo a esta tribuna a denunciar hechos que avergüenzan e indignan al pueblo de Coahuila, y nosotros como sus representantes, no podemos mantener el silencio haciéndonos cómplices de latrocinios, uso y abuso del poder, de quienes apenas arriban a un puesto público y lo usan para amasar grandes fortunas, elevar la plusvalía de sus propiedades con inversiones de recursos federales y para despojarle al pueblo del legítimo derecho a un mejor nivel de vida.
Sé que al termino de mi intervención, que tal vez sea de muy poca monta, porque se trata de una desviación de algo así como 3 mil 300 millones de pesos, un honorable diputado a quien yo quiero reconocerle su honestidad, aunque sea de origen priísta, vendrá aquí no sabemos si a defender la corrupción o también a unirse a esta condena que estamos haciendo públicamente.
El combate a la pobreza extrema se ha convertido en muchos casos sólo en discurso de políticos y politicastros del medio oficial, porque en la realidad muchas colonias siguen sin agua, drenaje y sin electricidad; los jóvenes carecen de empleo, canchas deportivas, de oportunidades para estudiar y todavía cargan con la condena de la sociedad de que son pandilleros.
El Ciudadano Presidente propuso a este Congreso de la Unión un programa que los cardenistas apoyamos aquí y allá en el seno del pueblo, organizando su fuerza de trabajo para garantizar la satisfacción de sus necesidades y sus aspiraciones; pero no, no se vale hacer fortuna sin por lo menos invertir trabajo honrado o capital, y precisamente algunos funcionarios de Coahuila, sin invertir nada, ven crecer sus cuantiosas riquezas, tal es el caso de Francisco de la Peña Dávila, director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, a quien venimos a denunciar ante ésta, la más alta tribuna de la nación.
Paco de la Peña, quien en los últimos meses ha adquirido propiedades por varios cientos de
millones de pesos, como la residencia ubicada en la calle de Torreón número 1647, de Saltillo, la cual le costó a los nuevos propietarios la cantidad de 650 millones de pesos.
Otra pifia cometida por el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, es la consistente en la perforación de tres pozos y la electrificación de un rancho de su propiedad ubicado en el municipio de General Zepeda, rancho al que para instalarle la luz se tuvo que poner un tendido de 20 kilómetros de líneas eléctricas, todo a cargo del erario público; ahora el rancho ya bien equipado, fue vendido en 1 mil millones de pesos al empresario regiomontano Dionisio Garza Sada.
El director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, combatiendo la "pobreza extrema", durante 1989 se aprobó y ejecutó una obra hidráulica con un costo de 3 mil 300 millones de pesos, según datos que nos proporcionó la delegación estatal de la Secretaría de Programación y Presupuesto, obra mediante la cual se proyectó resolver el problema del agua a 1 mil familias indigentes habitantes de la colonia Universidad Pueblo, en su mayoría perredistas. Tal generosidad y espíritu concentrado de Paco de la Peña, sólo puede explicarse, y los señores diputados todos, conocemos qué hay detrás de la aparente acción benefactora del director estatal del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila.
Hemos realizado algunas investigaciones acerca del por qué se gastó esta cantidad multimillonaria y más cuando a una colonia cardenista, después de años de gestión, sólo se nos autorizaron 96 millones de pesos para drenaje, en una que tiene más de 2 mil 500 familias en la ciudad de Saltillo, y descubrimos lo siguiente:
Número uno. La obra hidráulica consiste en la construcción de dos tanques de almacenamiento de agua y la instalación de una red general de agua capaz de transportar 175 litros por segundo, en virtud de que los tubos que ahí se instalaron son de 15 pulgadas de diámetro, según datos proporcionados por la Comisión Nacional del Agua.
Dos. Las necesidades de las familias de la colonia Universidad Pueblo, es decir aproximadamente 5 mil personas, ascienden a 1 millón de litros diarios, ya que según datos que nos proporcionó la Comisión Nacional del Agua, el consumo promedio de cada familia de colonia popular, es apenas de 200 litros por habitante, por día.
Tres. Las instalaciones en las que invirtieron 3 mil 300 millones de recursos públicos, tienen una capacidad para resolver el problema de más de 10 mil familias aumentando su consumo al doble, ya que según los cálculos, el agua que suministra esta red, se eleva hasta 15 millones de litros diarios, 15 veces más de las necesidades actuales.
Un funcionario me asegura que la obra está bien planeada, porque previsoriamente se están viendo necesidades por el crecimiento acelerado de Saltillo, por la zona oriente de la ciudad y exactamente en eso consiste la alevosa actuación del director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, ya que investigando sobre quién es el propietario de todos los terrenos colindantes del lugar donde se construyó la obra multimillonaria, el Registro Público de la Propiedad de Saltillo, nos informó que son precisamente el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila, el mismo que es director general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila.
Como referencia obligada, les diré que el señor Francisco de la Peña fue diputado local en el período de un gobernador que fue acusado de fraude, con escándalo nacional; a quien el propio presidente Salinas de Gortari en su campaña, hizo referencia como un gobernador corrupto que avergüenza a su partido: y siendo diputado local aquél, fue el único que se opuso a la solicitud de licencia del gobernador escandaloso que había conmovido la conciencia nacional por su prepotencia, abuso de poder y exacerbada corrupción.
Esto, señores diputados , es lo que vengo a denunciar, porque mientras se habla, y es una preocupación del Ejecutivo Federal, sobre el combate a la pobreza extrema algunos funcionarios combaten la pobreza haciendo más fortuna.
Señor Presidente de la Cámara, solicito que esta denuncia se pase a la comisión correspondiente, para los efectos a que haya lugar.
Por un gobierno de los trabajadores, fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Benigno Gil de los Santos, para el mismo tema.
El diputado Benigno Gil de los Santos: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Les prometo que voy a ser breve, y agradecer primero al diputado Francisco Navarro Montenegro, los conceptos vertidos sobre mi persona.
No vengo a defender a nadie en particular, simplemente vengo a tratar de aclarar algunos hechos aquí expuestos; ningún diputado, y muy en especial los coahuilenses, estaremos de acuerdo en solapar latrocinios y abusos de poder.
En efecto, en algunos municipios de Coahuila existen todavía algunas colonias en que les faltan algunos servicios públicos, pero también hay que reconocer que la actual administración del estado y Federal, han hecho y están haciendo grandes esfuerzos por resolver carencias, como le consta al propio diputado Navarro, quien ha hecho algunas gestiones, mismas que han sido atendidas por algunas colonias populares, en especial en Saltillo, donde tiene militantes el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Por lo que respecta al licenciado Francisco de la Peña, en estos momentos el actual director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Coahuila en el estado y hace algún tiempo, como en efecto lo dijo el diputado Navarro, fue diputado local, es un ciudadano que se ha dedicado por más de 35 años al trabajo continuo como agricultor y como editor del periódico El Heraldo de Saltillo, cosa que es del dominio público en Coahuila.
Por lo que respecta a la adquisición de una casa en Saltillo, por los informes que tenemos, no es el monto que aquí ha señalado el diputado Navarro, el costo de esa propiedad y en los bancos de Saltillo están los antecedentes de con qué, cómo, cuándo se adquirió dicha propiedad; de ninguna manera se hizo con recursos públicos, mucho menos recursos federales.
Por lo que respecta al rancho y mismo que en efecto ya fue vendido, pero no en la cantidad aquí señalada ni a la persona que se ha mencionado. Cierto es que hace algún tiempo se tendió una línea para conducción de energía eléctrica, pero ni es de 20 kilómetros ni fue con recursos federales, es exclusivamente de seis kilómetros y fue con recursos de los propietarios de los diversos predios rurales de esa zona de General Zepeda, Coahuila; inclusive en el rancho que vendió el licenciado De la Peña, ni siquiera se equiparon los pozos en el momento en que esta propiedad fue vendida.
Respecto a la obra hidráulica en la colonia Universidad Pueblo, de Saltillo, ésta es parte de un proyecto elaborado por la entonces Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, óigase bien, desde el año de 1981 estaba este proyecto; en esta obra se invirtieron 976 millones de pesos y no los 3 mil 300 a que se hizo referencia, además esta estructura hidráulica es en beneficio de toda la zona oriente del municipio de Saltillo, lugar donde se encuentran enclavadas varias colonias populares y donde habitan miles de personas de muy escasos recursos de esa ciudad del sur del estado.
Ahora bien, todos y cada uno de nosotros, como el pueblo de México, quiere que los funcionarios públicos sean honestos en el desempeño de su encargo, pero no se vale, no se vale señalar...
El diputado Francisco Navarro Montenegro (desde se curul): - Señor diputado Benigno Gil, así como tuve el valor de reconocer su marcada honestidad, también quiero decirle que en esta ocasión usted está presentando una serie de datos de los cuales yo quisiera saber cuál es la fuente, cuál es la fuente informativa de esos datos, porque cuando llegamos aquí, señor diputado, llegamos juntos, comentamos la denuncia y usted no traía absolutamente ningún dato y me pidió la copia de la denuncia; seguramente que usted se comunicó a Saltillo, seguramente que fue con algún funcionario, queremos saber, ¿quién le proporcionó los datos?, porque usted maneja que la casa no vale eso, que el tendido eléctrico no es de 20 kilómetros, que no se vendió en esa cantidad, que la obra no costó eso, la obra hidráulica.
Yo tengo datos de la Secretaría de Programación y Presupuesto, tengo datos de la Comisión Nacional del Agua; son dos dependencias federales que me proporcionaron la información. Hice referencia en la tribuna, usted lo pueden constatar con el delegado de Programación y Presupuesto en Coahuila, ingeniero Edmundo Bejarano Maya, y también con el licenciado Guada, de la Comisión Nacional del Agua, de Saltillo, quienes me proporcionaron estos datos que traigo y mediante los cuales presenté la denuncia.
Mi pregunta concreta es, ¿quién le proporcionó los datos, la información que usted está presentado, compañero diputado?
El diputado Benigno Gil de los Santos: - Cómo no, diputado Navarro. Mire usted, algunos datos fueron proporcionados por el propio licenciado De la Peña, y los otros fueron proporcionados en una investigación que hoy en la mañana nos ayudaron a realizar algunos compañeros de mi partido en Saltillo.
¿Está contestada su pregunta? Gracias
El Presidente: - Túrnese la denuncia y la réplica a la Comisión de la Información Gestoría y Quejas.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo año.- LIV Legislatura
Orden del día
28 de junio de 1990
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Campeche y Guanajuato.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para que pueda prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales y Judith Ramos Martínez, para que puedan prestar servicios en al embajada de los Estados Unidos de América en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para que pueda prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yañez, para que pueda prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo león.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez y José de Jesús de la Torre Franco para que puedan prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León Marcos Rosales Covarrubias y Francisco Quijada Sabori, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América en Hermosillo Sonora.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario del natalicio de Isidro Fabela.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 17.20 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 28 de junio, a las 10.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES