Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900703 - Número de Diario 23
(L54A2P1oN023F19900703.xml)Núm. Diario:23ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Humberto Roque Villanueva
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D.F., martes 3 de julio de 1990 No. 23
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico con motivo del aniversario luctuoso de don Valentín Gómez Farías. Se nombra comisión
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Jalisco, sobre la apertura del Primer Período Extraordinario de Sesiones y la integración de la respectiva mesa directiva. De enterado.
Del diputado Federico Ruíz López, para solicitar la suspensión de su licencia. De enterado.
INICIATIVAS DE CIUDADANOS
DIPUTADOS
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
Reforma a los artículos 5o. y 48, presentadas por el diputado José Francisco Melo Torres. Se turna a la Comisión de Educación Pública.
DEL RECINTO OFICIAL
Para determinar el lugar donde se celebrará la apertura del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LIV Legislatura. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
MINUTA
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
De la honorable Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha ley. Se turna a la Comisión de Población y Desarrollo.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
Con el proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jacinto Romero Arredondo, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Portugal.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de Finlandia.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales y Judith Ramos Martínez de Charton, para trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para trabajar en el Consulado de los Estados Unidos de América en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León, Marcos Rosales Covarrubias Y Francisco Quijada Sabori, para trabajar en el Consulado de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yañez, para trabajar en el Consulado de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez, José de Jesús de la Torre Franco, para trabajar en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
PROPOSICIONES
PLAN XOCHIMILCO
Exponen sus comentarios los diputados:
Rubén Venadero Valenzuela, presenta propuesta.
Alvaro Garcés Rojas, para rectificar hechos.
Se turna la propuesta a las Comisiones del Distrito Federal y de Ecología.
DEL ESTADO
DE JALISCO
Sobre la contaminación en el Río Marabasco, intervienen los diputados:
Sergio Alfonso Rueda Montoya, presenta propuesta.
Francisco Espinoza Urzúa.
Se turna la propuesta a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Ecología.
DE LA COMPAÑÍA
MINERA
DE CANANEA
Sobre la venta de esta empresa, intervienen los diputados:
Pedro René Etienne Llano.
Juan José Moreno Sada.
Francisco Javier Pavlovich Robles, para rectificar hechos.
Juan José Moreno Sada, para contestar alusiones personales.
Francisco Javier Pavlovich Robles.
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, dirigida a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Para expresar sus argumentos en relación de la excitativa anterior, toma la palabra el diputado Juan Ugarte Cortés.
Presentada por el diputado Juan Jaime Hernández, dirigida a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
BANPESCA
Sobre el fraude a esta institución debaten los diputados:
Jesús Ortega Martínez.
José Jaime Enríquez Félix.
Francisco Ortíz Mendoza.
José Jaime Enríquez Félix, para contestar alusiones personales.
Jesús Ortega Martínez, para rectificar hechos.
Alfredo Pliego Aldana, para rectificar hechos.
Rafael Nuñez Pellegrín, para rectificar hechos.
Oscar Mauro Ramírez Ayala, para rectificar hechos.
Francisco Ortíz Mendoza, para rectificar hechos.
Pablo Gómez Alvarez, para rectificar hechos.
Jesús Ortega Martínez, para rectificar hechos.
Vicente Luis Coca Alvarez, para rectificar hechos.
Manuel Patricio Estévez Nenninger, para rectificar hechos.
Javier Bonilla Chávez.
Rafael Núñez Pellegrín, para rectificar hechos.
Jesús Rojo Gutiérrez, para rectificar hechos.
Pedro César Acosta Palomino, para Rectificar hechos.
Ricardo Olivares Pineda.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se pasa a sesión secreta.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HUMBERTO DUQUE VILLANUEVA
(Asistencia de tresientos cuarenta y seis diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Rubén García Farías:- hay una asistencia de 346 diputados. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.15 horas):- Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:- Se dará lectura al orden del día.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
3 de julio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXII aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías, tendrá lugar el 5 de julio.
Comunicación del Congreso del Estado de Jalisco.
Comunicación del ciudadano diputado Federico Ruíz López.
Iniciativas de ciudadanos diputados
Para determinar el recinto oficial en el que se celebrará la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio de la LIV Legislatura.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a los artículos 5o. y 48 de la Ley Federal de Educación.
Minuta
De decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población.
Dictámenes de autorización y permiso.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general del brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para que pueda prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales y Judith Ramos Martínez, para que puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para que pueda prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León, Marcos Rosales Covarrubias y Francisco Quijada Sabori, para prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Hermosillo, Sonora.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yañez, para que pueda prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez y José de Jesús de la Torre Franco, para que puedan prestar servicios en el consulado general de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.
Proposiciones
Del Grupo Parlamentario Independiente, sobre el Plan de Xochimilco.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la contaminación en el río Marabasco, Jalisco.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
De los grupos parlamentarios de los partidos Independiente, de la Revolución Democrática y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la venta de la Compañía Minera de Cananea.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitud de excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitud de excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre reformas a la Ley Electoral Federal.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y del Grupo Parlamentario Independiente, sobre el fraude al Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Padrón Electoral Federal.
Denuncia
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre instituciones bancarias.»
Sesión secreta .»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:- Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintiocho de junio de mil novecientos noventa, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintinueve minutos del día veintiocho de junio de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos treinta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una comunicación de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, sobre la excitativa que recibió en relación con el dictamen de la iniciativa de Ley Inquilinaria. De enterado.
Se da lectura a un oficio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado libre y soberano de Aguascalientes, por el que informa que eligió a la mesa directiva para el mes de junio de mil novecientos noventa. De enterado.
Dos oficios de la Quincuagésima Tercera Legislatura del estado de Campeche, por los que informa que clausuró el segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio y quedó integrada su diputación permanente. De enterado.
Un oficio del Quincuagésimo Cuarto Congreso del estado libre y soberano de Guanajuato, por el que informa que inauguró el primer período ordinario de sesiones de su segundo año de ejercicio, y eligió a la mesa directiva del primer mes. De enterado.
Tres oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se anexan las iniciativas de Ley de Instituciones de Crédito, Ley para regular las Instituciones Financieras e iniciativas de reformas a la Ley de Mercado de Valores. Se turnan a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
Se concede el uso de la palabra al diputado Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista, quien protesta a nombre de su partido por lo que llamó los procedimientos de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en relación con las iniciativas del Ejecutivo Federal con las que se acaba de dar cuenta.
Hace uso de la palabra el diputado José de Jesús Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social.
Sube a la tribuna el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ochenta y nueve constitucional. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Defensa Nacional y de Marina.
La secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Maraboto Gornes, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Finlandia. Es de primera lectura.
Se da primera lectura a seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos y Constitucionales, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que diecisiete ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en diversos consulados y en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Para referirse a la integración de México a la llamada cuenca del Pacífico, hacen uso de la palabra los diputados Humberto Esqueda Negrete, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Albertina Barbosa de Meraz, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rendir un homenaje en el aniversario del natalicio de don Isidro Fabela, hace uso de la palabra el diputado Heberto Barrera Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional.
Hace uso de la palabra el diputado Gilberto Ortíz Medina, del Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana, quien solicita que se haga una primera excitativa a la Comisión de Comunicaciones y Transporte, en relación a la solicitud de comparecencia del director de Caminos y Puentes federales de Ingresos. Se turna a la comisión correspondiente.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra y agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las trece horas con dieciocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes dos de julio de mil novecientos noventa a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Diputado licenciado Humberto Roque Villanueva, Presidente de la honorable Cámara de diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general , ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXII aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías, que tendrá lugar el próximo jueves 5 de julio, a las 11.00 horas, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, Delegación Política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente:- Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Margarita Gómez Juárez, Mario Galicia Vargas, Alberto Bernal González, José de Jesús Miramontes Jiménez y Marcela Lombardo Otero.
COMUNICACIONES
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.
Diputado Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- México, D.F.
Para los efectos del artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted que, en sesión verificada el día de hoy, se declaró abierto el Primer Período Extraordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de ejercicio constitucional de la LII Legislatura, que convocó la honorable diputación permanente, asimismo de como quedó integrada su mesa directiva.
Diputados: Presidente, Samuel Fernández Ávila; vicepresidente, Javier Michel Díaz; secretarios: Rubén Vázquez y Abundio Pinedo Huerta; prosecretario: José Santo Urbina Mendoza y Manuel Lares del Toro.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes. Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 28 de mayo de 1990.- Diputados secretarios: Rubén Vázquez y Abundio Pinedo Huerta.»
Trámite:- De enterado.
La misma secretaria diputada:
« Diputado Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
Mediante este escrito, solicito a usted que a partir de la fecha, se decrete suspendida la licencia de que he venido disfrutando para todos los efectos consecuentes.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 29 de junio de 1990.- Diputado federal, licenciado Federico Ruíz López.»
Trámite: De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para dar lectura a una iniciativa de reformas a los artículos 5o. y 48 de la Ley Federal de Educación.
El diputado José Francisco Melo Torres:- Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores de esta LIV Legislatura; bienvenidos ciudadanos mexicanos a compartir con nosotros estos trabajos: Quiero rogar la atención de todos ustedes antes de iniciar la lectura de este trabajo, que como educador me ha preocupado poner a la consideración de ustedes.
Las diversas comisiones que integran esta honorable LIV Legislatura, tienen la importancia porque en ella se dan los análisis de lo más grandes proyectos de México, y hace unos días compartí con mis compañeros diputados la presencia, en la Comisión de Asuntos Indígenas, en donde se hablaba de las grandes necesidades y carencias de estos compatriotas nuestros. Se discutieron se analizaron sus necesidades y al fin la única conclusión a que llegamos fue que para sanear estos problemas sólo la educación podría lograrlo, porque sólo la escuela, sólo la educación logró elevar a planos internacionales a grandes mexicanos que provenientes de las etnias como Benito Juárez y muchos, la educación les hizo posible llegar a donde estuvieron.
Posteriormente tuve también la oportunidad, como oaxaqueño, como educador, compartir las experiencias en mi estado natal con la visita de trabajo que realizara el ciudadano Secretario de Educación por mi estado, al igual que una comitiva que integraba el ciudadano gobernador constitucional y otros compañeros dedicados a la tarea educativa.
Oaxaca no sólo planteó sus problemas en ese renglón; tan sólo en la visita de dos regiones, la Mixteca y parte de la costa, allí los maestros expresaron con valentía sus puntos de vista, allí los padres de familia y las autoridades expresaron también al titular de esta Secretaría de Educación, los problemas y los rezagos que en materia educativa Oaxaca vive.
Quiero decir con satisfacción que por lo menos ya no escuchamos ni observamos la figura de los anteriores que a todo decían que sí. Hoy, vimos por lo menos que la figura del titular de Educación se mostró con respeto ante los oaxaqueños; a nada se comprometió, pero sí escuchó y midió el problema de la lucha magisterial en Oaxaca, así como también los rezagos educativos, y en esas visitas, en tan sólo dos regiones, más de cinco etnias levantaban su voz clamando justicia hacia un derecho prioritario que tienen mis paisanos, como es la educación.
Hoy, al presentar este trabajo a esta soberanía, me conmueve y recuerda mi infancia que pasé en el internado número 19 indígena de Comaltepec, Xacapoaxtla, Puebla, aquéllos a quienes, a esos hermanos nuestro, dedico este sencillo esfuerzo.
Quiero rogarles a mis compañeros diputados me ayuden con su análisis dándome su atención si no es tanto pedirles.
«Los que suscriben, diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 y relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía proyecto de decreto de reformas y adiciones al artículo 5o. en su fracción III y artículo 48 de la Ley Federal de Educación, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Todos los países en el mundo, en estos momentos, están preocupados por revisar sus proyectos educativos, afinarlos para que respondan a los retos actuales. Los cambios sociales que pueblos diversos están viviendo, obligan a enfrentarse a una nueva realidad en la que se avizora la llegada del Siglo XXI y con él, la de un nuevo hombre, capaz de sobrevivir a lo desconocido.
México, nuestro país, no puede seguir rezagado en el contexto universal de la cultura, y debe aprestarse al llamado de la creación del mexicano del Siglo XXI, para esto el reto singular es: la educación actualizada para luego elevarla a la modernidad que los tiempos actuales exigen para poder viajar al Siglo XXI, si no a la par con los demás países desarrollados del mundo, por lo menos, ocupar un lugar que nos permita la convivencia universal, como pueblo que lucha por su desarrollo y, preservar su historia, de tal forma que nos obliga seriamente, con serenidad y responsabilidad a estructurar nuestro proyecto educativo como único camino para preservarnos en el futuro.
En el Siglo XX, México alcanza un equilibrio en su historia de la educación. Es el proceso más importante de nuestra nación, porque en ella se generan las grandes expresiones sociales, culturales y populares, les da forma y las difunde a todas sus generaciones, hasta delinear nuestra personalidad como pueblo, en cada una de las etapas en que sus escuelas y educadores formaron a los libertadores de la Independencia, la Reforma, etcétera, hasta llegar al México que hoy compartimos con un nacionalismo y una intelectualidad que preocupa y nos obliga a revisar nuestro sistema educativo, que después de la Revolución, se consolida en la Escuela Rural Mexicana. Para luego quedarse en el rezago, viviendo el estatismo y sufriendo el estancamiento por los hechos sociales del momento, perdiendo el camino que nos trazaron grandes educadores mexicanos.
Hoy nuestro país debe hacer frente a los cambios de la sociedad, debe abrirse paso y encontrar el camino de la evolución cultural, al reclamo de una nueva justicia social de nuestros pueblos, para formar insistentemente al mexicano del Siglo XXI, que vivirá en el mundo de la ciencia y la cultura, valiéndose del conocimiento de la tecnología. Sólo con la educación, podremos enfrentarnos al reto de la modernidad.
Pero en un país como el nuestro, caprichosamente geográfico, pluriétnico, pluricultural, plurilingüistico, con 57 lenguas y más de 300 variantes; con 24 estados en los que más de una etnia tiene presencia, en 15 millones de indígenas mexicanos, que habitan en 26 mil 267 comunidades, correspondiente a 1 mil 282 municipios de los 2 mil 388 que tiene el país, destacándose los estados de Oaxaca con 16 lenguas, Veracruz con 12, Chiapas con siete, Puebla y Sonora con seis, por decir algunos, nos hace pensar, que este fenómeno, es el gran reto para la modernidad educativa; por lo que me permito recordar las expresiones que en este renglón, citara el hoy Jefe del Ejecutivo. " La educación indígena se asume como consigna de la más alta prioridad política y social para los indios de México". A 50 años que el Estado reconoce el derecho que tienen los grupos indígenas de recibir una educación que respete la cultura, la lengua y la personalidad del educando, es necesario replantear la filosofía, los fines y los propósitos de la educación indígena, consolidar un proyecto educativo que considere sus particularidades y les permita participar de una convivencia nacional enriquecedora. En este marco, la educación indígena, debe formar individuos capaces de contribuir en igualdad de oportunidades, a la dinámica del desarrollo nacional, con las aptitudes para participar de sus beneficios.
Congruentemente, nuestros compatriotas indígenas no pueden quedar al margen de los proyectos educativos de importancia; se les debe asignar mayores recursos a los programas de educación indígena, porque ellos son los que menos tienen, porque ellos son a los que menos se les ha dado, porque siempre los hemos marginado.
En el presente, los maestros bilingües están subclasificados. Para lograr la modernización educativa, debemos empezar por actualizar nuestra Ley Federal de Educación, hacerla el instrumento que nos permita llegar a la modernidad, creando un proyecto educativo, cuya vértebra sea nuestro nacionalismo, pero que permita su regionalización; que cada estado de acuerdo a sus necesidades, cree su propio proyecto regional, con la participación de sus maestros y todos los sectores de la sociedad, pues el problema de la educación es de todos y todos debemos ser corresponsables.
En tal virtud y a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, nos permitimos poner a su consideración el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Primero. Se reforma el artículo 5o. en su fracción III, para quedar en los siguientes términos:
"Alcanzar mediante la enseñanza de la lengua nacional, un idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de las lenguas autóctonas, garantizando el Estado, la educación a los indígenas, acorde a sus necesidades sociales y culturales, en igualdad de derechos y recursos."
Segundo. Se adiciona al artículo 48 que habla de los derechos y obligaciones en materia educativa, con una fracción que exprese:
Fracción I. "Es obligación y facultad del Estado, garantizar la preservación de las lenguas y culturas de nuestras etnias, a través del Proyecto de Educación Indígena, que establezca una profunda y seria revisión de todos aquellos elementos extranjerizantes, que distorsionan nuestra cultura, especialmente los que responden a sectas y doctrinas religiosas, que enajenan a nuestros jóvenes y niños, apartándolos del respeto y amor a nuestro símbolos patrios y sancionado conforme a la ley, a quienes resulten responsables de estos ilícitos.
TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entrará en vigor a los diez días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Atentamente.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados:
José Francisco Melo Torres, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Teodoro Altamirano Robles, Pablo Ávalos Castro, María Teresa Dorantes Jaramillo, Lorenzo Treviño Santos, Ramón Garza Rodríguez, Erasmo López Villarreal, Horacio Treviño Valdez y Lorenzo Ruíz Gómez.»
El Presidente:- Túrnese a la Comisión de Educación Pública, para la atención que proceda.
DEL RECINTO OFICIAL.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Diputados secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El próximo 1o. de noviembre del año en curso, en la sesión de apertura del primer período ordinario de sesiones del honorable Congreso de la Unión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en cumplimiento con lo ordenado por el artículo 69 de la Constitución Federal, rendirá su segundo informe de gobierno, en el que manifestará el estado general que guarda la administración pública del país.
En sesión celebrada el 26 de septiembre de 1989, la asamblea de la honorable Cámara de Diputados, aprobó el decreto que declaró recinto oficial del Congreso de la Unión, exclusivamente para el día 1o. de noviembre de ese mismo año, el Palacio de Bellas Artes, para llevar a cabo la sesión de apertura del período ordinario de sesiones y recibir el primer informe de gobierno del Presidente de la República.
Las circunstancias que originaron la decisión anterior no se han modificado. Aunque actualmente se trabaja en el proyecto de reconstrucción del edificio A del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se ubica el salón de sesiones, la obra física no podrá ser terminada para el próximo día 1o. de noviembre, por lo que consideramos que las razones argumentadas en aquella ocasión, aún siguen vigentes.
Por las consideraciones antes expuestas, y toda vez que el salón actual de la Cámara de Diputados, en la Unidad Cultural y de Congresos "doctor Ignacio Morones Prieto", del Centro Médico Nacional Siglo XXI, del Instituto Mexicano del Seguro Social, resulta materialmente insuficiente para recibir la presencia de los ciudadanos senadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los miembros de las gabinetes legal y ampliado, los gobernadores de las entidades federativas, el cuerpo diplomático y los demás invitados especiales, así como para permitir que se desarrolle adecuadamente la sesión de Congreso General durante la cual rendirá su segundo informe de gobierno, el presidente Carlos Salinas de Gortari, se propone a la honorable asamblea, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 5o. y 6o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para su discusión y aprobación en su caso, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se declara recinto oficial del Congreso de la Unión, el edificio del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en la Avenida Hidalgo número uno, entre el Eje Lázaro Cárdenas y la calle de Angela Peralta de esta ciudad de México, únicamente para el día 1o. de noviembre de 1990, a efecto de celebrar la sesión de apertura del primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura y recibir el segundo informe, que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, ciudadano Carlos Salinas de Gortari, presentará ante el honorable Congreso de la Unión, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
México, Distrito Federal, 2 de julio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, Abel Carlos Vicencio Tovar, Francisco Ortíz Mendoza, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Rafael Aguilar Talamantes y Pedro René Etienne Llano.»
Trámite:- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
MINUTA
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene
la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 28 de junio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Artículo primero. Se reforman los artículos 6o., primer párrafo; 42, fracciones III y IV; 47, 48, fracciones I, II, III y IV, adicionándole una fracción VIII; 56, 63, 64, 66, 67, 105 y 121 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 6o. El consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como presidente del mismo, y un representante de cada una de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, del Departamento del Distrito Federal y de los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que serán sus respectivos titulares o los subsecretarios, secretarios generales o subdirector general, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior.
Artículo 42...................................................................
I y II.........................................................................
III. Visitantes. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año. Cuando el extranjero visitante, durante su estancia viva de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior, o su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas, o se dediquen a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares, o para ocupar cargos de confianza, podrán concederse hasta cuatro prórrogas más por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.
IV. Consejero. Para asistir a asambleas y sesiones del consejo de administración de empresas, con una temporalidad de un año, prorrogable hasta por cuatro veces más por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples y en cada ocasión con estancias máximas de 30 días improrrogables dentro del país.
Artículo 47. El inmigrante que permanezca fuera del país más de 18 meses en forma continua o con intermitencias, no podrá solicitar el cambio de su calidad a inmigrado, en tanto no transcurra de nuevo íntegramente el plazo que exige el artículo 53. Cuando el inmigrante permanezca más de dos años fuera del país, perderá su calidad migratoria, salvo en los casos excepcionales que determine la Secretaría de Gobernación.
Artículo 48...................................................................
I. Rentista. Para vivir de sus recursos traídos del extranjero; de los intereses que le produzca la inversión de su capital en certificados, títulos y bonos del Estado o de las instituciones nacionales de crédito u otras que determine la Secretaría de Gobernación o de cualquier ingreso permanente que proceda del exterior. El monto mínimo requerido será el que se fije en el reglamento de esta ley. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar a los rentistas para que presten servicios como profesores, científicos, investigadores científicos o técnicos, cuando estime que dichas actividades resulten benéficas para el país.
II. Inversionistas. Para invertir su capital en la industria, comercio y servicios, de conformidad con las leyes nacionales, siempre que contribuya al desarrollo económico y social del país y que se mantenga durante el tiempo de residencia del extranjero el monto mínimo que fije el reglamento de esta ley.
Para conservar esta característica el inversionista deberá acreditar que mantiene el monto mínimo de inversión a que se refiere el párrafo anterior.
III. Profesional. Para ejercer una profesión. En el caso de que se trate de profesiones que requieran título para su ejercicio se deberá cumplir con lo ordenado por las disposiciones reglamentarias del artículo 5o. constitucional en materia de profesiones.
IV. Cargos de confianza. Para asumir cargos de dirección, de administrador único y otros de absoluta confianza en empresas o instituciones establecidas en la República, siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación no haya duplicidad de cargos y que el servicio de que se trate amerite la internación al país.
V a VII........................................................................
VIII. Artistas y deportistas. Para realizar actividades artísticas, deportivas y análogas, siempre que a juicio de la Secretaría dichas actividades resulten benéficas para el país.
Artículo 56. El inmigrado podrá salir y entrar al país libremente, pero si permanece en el extranjero más de tres años consecutivos, perderá su calidad migratoria, lo mismo que si en un lapso de 10 años estuviere ausente más de cinco. Los periodos de 10 años se computarán a partir de la fecha de la declaratoria de inmigrado en la forma y términos que establezca el reglamento.
Artículo 63. Los extranjeros que se internen al país en calidad de inmigrantes y los no inmigrantes a que se refieren las fracciones III por lo que respecta a científicos, V, VI, y VII, del artículo 42 de esta ley, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su internación.
Artículo 64. Los extranjeros, cuando sean requeridos por la Secretaría de Gobernación, deberán comprobar su legal internación y permanencia en el país, y cumplirán los demás requisitos que señalen esta ley y sus reglamentos.
Artículo 66. Los extranjeros, independientemente de su calidad migratoria, por sí o mediante apoderado podrán, sin que para ello requieran permiso de la Secretaría de Gobernación, adquirir valores de renta fija o variable y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos, con las restricciones señaladas en el artículo 27 constitucional, en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y demás leyes aplicables.
El extranjero transmigrante, por su propia característica migratoria, en ningún caso estará facultado para adquirir los bienes a que se refiere este mismo precepto legal.
Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de 15 días, a partir del acto o contrato celebrado ante ellas.
Artículo 106. El que haya sido expulsado, solamente podrá ser readmitido por acuerdo expreso del Secretario o del subsecretario de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 121. Las sanciones administrativas a que esta ley se refiere, se impondrán por la unidades administrativas que se señalen en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación.
Artículo segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o., se reforma el artículo 35, y se recorren en su orden las fracciones VI a IX, para pasar a ser VII a X, respectivamente, y se adiciona una fracción VI al artículo 42 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 7o..................................................................
I a IV.........................................................................
En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos, y especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.
Artículo 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquellos que huyan de su país de origen, en los supuestos previstos en la fracción IV del artículo 42, serán admitidos provisionalmente por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso, lo que hará del modo más expedito.
Artículo 42...................................................................
I a V..........................................................................
VI. Refugiado. Para proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos y otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquellas personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la misma
Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho de regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya salido con permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a ningún otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.
La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta la institución del refugiado.
Artículo tercero. Se reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
Artículo 118. Se impondrá pena de dos a 10 años de prisión y multa hasta el equivalente a 10 mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal, a quien por sí o por medio de otro u otros pretenda llevar o lleve nacionales mexicanos a internarse al extranjero en forma ilegal.
Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros, sin permiso legal de autoridad competente, pretenda introducir o introduzca ilegalmente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o a otro país, o los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el Capítulo VII de la Ley General de Población, los importes establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la fecha en que se cometa el delito o la infracción, a razón de un día por cada 10 mil pesos, a excepción hecha de las sanciones previstas en el artículo 118, que serán las que han quedado señaladas en el presente decreto.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 28 de junio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García, presidente; secretarios; Hugo Domenzáin Guzmán y María Cristina Sangri Aguilar.»
Trámite: Túrnese a la Comisión de Población y Desarrollo, para la atención que proceda.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general brigadier intendente diplomado de estado mayor, Jacinto Romero Arredondo, para que pueda aceptar y usar la condecoración de Mérito Militar de Primera Clase, que le confiere el gobierno de Portugal.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 21 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos
Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Manuel Antonio Maraboto Gornes, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del León de Finlandia, en grado de Caballero Primera Clase, que le confiere el gobierno de Finlandia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores
remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para que pueda prestar servicios como secretaria ayudante de seguridad en la Embajada de Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en la Embajada norteamericana, serán como secretaria ayudante de seguridad, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María del Carmen Roxana Herrero Martínez, para que pueda prestar sus servicios como secretaria ayudante de seguridad en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Georgina Zubillaga Lio, José Manuel Leyva Mejía, Jorge Elorza Gómez, Rebeca Lomelí Morales y Judith Ramos Martínez, para que puedan prestar servicios como empleados administrativos en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del aparato B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Georgina Zubillaga Lio, para que pueda prestar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, como operadora de computadora.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Manuel Leyva Mejía, para que pueda prestar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, como operadora de computadora.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Elorza Gómez, para que pueda prestar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, como auxiliar de contabilidad.
Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rebeca Lomelí Morales, para que pueda prestar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de América en México, como capturista. Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Judith Ramos Martínez de Chatron, para que pueda prestar sus servicios a la Embajada de los Estados Unidos de México, como secretaria.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica , Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenia Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para su discusión en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio del año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para que pueda prestar servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleado consular, en el Consulado General de Ciudad Juárez, Chihuahua.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en el Consulado estadounidense de Ciudad Juárez, Chihuahua, serán como empleado consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Urbina Parra, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleado consular en el Consulado de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio de año en curso, la honorable Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Arnulfo Velázquez Robles, Amador Guillén Escobedo, Juan Valenzuela Limones, Roberto Jiménez León, Marcos Rosales Covarrubias y Francisco Quijada Sabori, para prestar servicios como técnicos de campo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Hermosillo, Sonora.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en el Consulado General de Hermosillo, Sonora, serán como técnicos de campo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del partido B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Arnulfo Velázquez Robles, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo, en el Consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Amador Guillén Escobedo, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo, en el Consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Juan Valenzuela Limones, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo, en el Consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Roberto Jiménez León, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo, en el Consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo quinto. Se concede permiso al ciudadano Marcos Rosales Covarrubias, para que
pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo, en el Consulado de Hermosillo, Sonora.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Francisco Quijada Sabori, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como técnico de campo, en el Consulado de Hermosillo, Sonora.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en lo general y en lo particular, en un sólo acto.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yáñez, para que pueda prestar sus servicios como telefonista en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos de América, serán como telefonista, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Soledad Ortíz Yañez, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como telefonista, en el Consulado de Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano,
Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 19 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Bertha Patricia Hernández Ugarte, Lucía Yolanda de la Parra Pérez y José de Jesús de la Torre Franco, para que puedan prestar servicios como empleados de beneficios en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 21 de junio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de las actas de nacimiento;
b) Que los servicios que los propios interesados prestarán, serán como empleados de beneficios en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Bertha Patricia Hernández Ugarte, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleada de beneficios, en el Consulado en Guadalajara, Jalisco.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Lucía Yolanda de la Parra Pérez, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleada de beneficios, en el Consulado en Guadalajara Jalisco.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano José de Jesús de la Torre Franco, para que pueda prestar sus servicios al gobierno de los Estados Unidos de América, como empleado de beneficios, en el Consulado en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 22 de junio de 1990.- Diputados: Guillermo Jiménez Morales, presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Rafael Aguilar Talamantes, Juan Miguel Alcántara Soria, José Luis Alonso Sandoval, Jesús Anlen López, Bernardo Bátiz Vázquez, Napoleón Cantú Cerna, Ignacio Castillo Mena, Manuel Cavazos Lerma, Víctor Hugo Celaya Celaya, Vicente Luis Coca Alvarez, Fernando Córdoba Lobo, Sami David David, Rodolfo Duarte Rivas, Hiram Escudero Alvarez, Pedro René Etienne Llano, Vicente Fuentes Díaz, Juan Antonio García Villa, Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez, Gildardo Gómez Verónica, Augusto Gómez Villanueva, Artemio Iglesias Miramontes, Roberto Jaramillo Flores, José Trinidad Lanz Cárdenas, Fructuoso López Cárdenas, Armando López Nogales, Jesús Luján Gutiérrez, Gonzalo Martínez Corbalá, Enrique Martínez y Martínez, Juan José Medrano Castillo, Ricardo Monreal Ávila, Rogelio Montemayor Seguy, Miguel Montes García, J. Oscar Navarro Gárate, Francisco Ortíz Mendoza, Eugenio Ortíz Walls, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Alfredo Reyes Contreras, José Manuel Ríos Núñez, Jaime Rodríguez
Inurrigarro, Enrique Rojas Bernal, Reynaldo Rosas Domínguez, Mario Ruíz de Chávez y García, Pedro Alberto Salazar Muciño, Alvaro Uribe Salas, Mario Vargas Saldaña y Abel Carlos Vicencio Tovar.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y los anteriormente reservados, en un solo acto.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 298 votos en pro: 22 votos en favor de los dos primeros dictámenes, y 21 en contra de los restantes; además nueve abstenciones y nueve votos en contra.
El Presidente: - Aprobados los proyectos de decretos por 298 votos.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES PLAN XOCHIMILCO
El Presidente: - Entramos al capítulo de proposiciones; tiene la palabra el diputado Rubén Venadero Valenzuela, del Grupo Parlamentario Independiente, sobre el Plan de Xochimilco.
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Gracias, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados; compañeras y compañeros diputados: Recientemente la Unesco declaró a la entidad de Xochimilco, patrimonio de la humanidad. Para los mexicanos, en especial para los habitantes de la ciudad de México, Xochimilco es de vital importancia por varias razones, una de ellas, la más relevante, es que sus pobladores han manifestado la voluntad de conservarla como una zona de cultivo, fuente económica de su comunidad y toda una tradición de vida que data de la cultura prehispánica; además, los habitantes de la capital tienen una deuda histórica con Xochimilco, pues de este lugar proviene una parte del agua que consumimos en la ciudad.
Por lo anterior, los diputados abajo firmantes proponemos:
«Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, turnar a las comisiones del Departamento del Distrito Federal y Ecología, de esta honorable Cámara, la propuesta de formar un grupo de trabajo integrada por miembros de ambas comisiones, para tener una participación activa que contribuya a garantizar la regeneración histórica, económica y social de Xochimilco y conservar así una historia viva y fundamental de los mexicanos.
El crecimiento desmedido de la ciudad de México ha contribuido significativamente a alterar y degradar las condiciones de vida de los miembros de la comunidad de Xochimilco, existiendo el peligro cierto de terminar con una de las últimas zonas agrarias que sobreviven en el contexto del Distrito Federal.
Impedir que esto ocurra, compañeros diputados, es definitivo para mejorar el ambiente y la calidad de vida de los citadinos; la recuperación integral de Xochimilco debe respetar los derechos de sus habitantes, al mismo tiempo que reactivar su ecosistema, por ello, el grupo de trabajo debe participar en todas las instancias que asegure el éxito de dicha recuperación y los diputados de las fracciones parlamentarias firmantes planteamos el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que las comisiones del Departamento del Distrito Federal y Ecología de la Cámara de Diputados, constituyan un grupo de trabajo pluripartidario para desarrollar esta tarea.
San Lázaro, 3 de julio de 1990.- Diputados: José Luis Alonso Sandoval, Juan José Hernández Trejo, María del Carmen Segura Rangel, Ignacio Castillo Mena, Amalia García Medina, Patricia Olamendi Torres, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Pedro René Etienne Llano, Rubén Venadero Valenzuela, Israel Félix Galán Baños, Alfonso Alcocer Velázquez, Víctor Ávalos
Limón, Jaime Enríquez Félix y algunos otros compañeros más.»
Dejo el documento, señor Presidente, para ser turnado.
El Presidente: - Está solicitando la palabra el diputado Alvaro Garcés; la tiene para hechos.
El diputado Alvaro Garcés Rojas: - Señor Presidente; honorable asamblea: En la primera vez que tuve oportunidad de subir a esta tribuna, dije que todos los partidos estamos empeñados en que la democracia sea coincidencia en algunos puntos fundamentales.
Respecto a este problema que es el plan de rescate de Xochimilco, debemos decirlo con mucha responsabilidad: en el seno de la Comisión del Distrito Federal se ha realizado un trabajo serio y responsable, en forma conjunta y con la participación de todos los partidos.
Sabemos que había algunos puntos que inquietaban a algunos integrantes de los partidos ahí existentes, por eso decimos que la comunicación es tan necesaria como el alimento cotidiano. Todos los partidos, en este despertar de la sociedad, creo que estamos imbuidos en un sentido moderno de participación solidaria.
Por eso, a nombre de mi partido y queriendo apoyar la propuesta del compañero Venadero, debemos de decir lo importante que es hablar de este importantísimo programa que se va a realizar en Xochimilco. Todos estamos enterados que la gran aspiración que ha tenido un profundo contenido social para el hombre, desde los albores de la humanidad, ha sido la tierra; la tierra que le va a servir para construir una morada. Esa aspiración también es el tener alimento para poder tener sustento en la vida; el vestirse y ahora en la civilización moderna, el derecho a la salud y el derecho a la educación.
Por eso, cuando nosotros tocamos un importantísimo problema y que se está ventilando en el seno de la Comisión del Distrito federal, sugeríamos y qué bueno que se despertó un interés muy profundo, de que estuviera estrechamente relacionado, cerca de 80 mil hectáreas entre propiedades, entre ejidos y montes comunales de nuestra entidad, estas hectáreas deben estar estrechamente racionadas, porque forman parte de una inquietud, que es profunda en esta nuestra entidad capital: la ecología; la ecología que trata de cuidar, como aquí se ha visto por la preocupación de los ponentes de otros partidos, los elemento que dan origen a la vida, de cuidar la tierra, de cuidar el agua, de cuidar la luz, en fin, esos cuatro elementos estrechos para poder hacer habitable esta monstruosa ciudad.
Por eso yo quiero coincidir con el compañero Rubén Venadero, para decirle que debemos nosotros proponer en el seno de la Comisión al señor Jefe del Departamento, que en el Presupuesto de Ingresos y Egresos, que debe de haber más recursos para que a través de programas agrícolas y programas que traten de cuidar la ecología podamos nosotros ir creciendo en forma ordenada.
Yo quiero terminar, compañeros, en una forma muy concreta, decir que producir es alimentar y alimentar es enriquecer al pueblo desde su raíz, por eso, compañeros, cuidemos la ecología y, en este caso, aboquémonos a tener preocupación para hacer propuestas concretas en el seno de la Comisión del Distrito Federal. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese la propuesta a las comisiones del Distrito Federal y de Ecología, para la atención que proceda.
DEL ESTADO DE JALISCO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la contaminación en el río Marabasco, Jalisco.
El diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Las riquezas de la naturaleza fueron creadas para el aprovechamiento del hombre, pero dentro de un uso racional que no implique la aniquilación de la propia naturaleza y mucho menos la del hombre, ni se ponga en peligro su permanencia sobre el planeta.
La República Mexicana tiene una gran variedad de recursos naturales que le dan relevancia y la colocan por encima de muchos otros países, recursos que en muchos casos no se han aprovechado y en otros se sobreexplotan sin ver las consecuencias que a futuro se puedan generar.
Los límites de los estados de Jalisco y Colima cuentan con zonas de riqueza mineral, de flora y fauna de gran importancia, ahí se encuentra la Sierra de Manantlán, que ha sido declarada patrimonio de la humanidad y reserva de la biósfera por la Unesco y hoy merece atención y cuidados muy especiales por lo que en ella existe y los valores que representa.
El río Marabasco divide los estados de Jalisco y Colima y muy cercana a él está la riqueza
mineral que se obtiene de Peña Colorada con cerca ya de 20 años de operación, extrayendo de las entrañas de la tierra la materia prima para el acero.
El trabajo minero abierto en Peña Colorada, de procesar la tierra y sus componentes para extraer el mineral, genera desechos que por muchos años se han ido depositando en tiraderos cercanos a los campos de extracción y suman ya millones de toneladas.
El demoler montañas convirtiéndolas en pequeñas partículas que se amontonan y luego por los efectos del viento y la lluvia son arrastradas a distintos lugares, ha ocasionado que parte de los desechos de la Minera de Peña Colorada hayan encontrado como receptor natural al río Marabasco, que al recibirlas y arrastrarlas con sus aguas ha sedimentado su cause y azolvado su lecho, convirtiendo la vía natural del agua en un trayecto lleno de obstáculos e impedimentos para que el líquido transite en forma natural.
Desde donde se encuentra la Minera Peña Colorada en su cercanía al río Marabasco, hasta la desembocadura de éste en el océano, se recorre un trayecto cercano a las 50 kilómetros, tramo éste que ha recibido por muchos años los desechos de Peña Colorada, haciendo que el lecho del río ya no sea el cauce natural, sino más bien el lugar de depósito de productos arenosos y contaminantes que se generan en la mina.
En su trayecto, el río Marabasco pasa junto a poblaciones como la de Zihuatlán, que aprovecha su agua para beneficio de las tierras del valle, pertenecientes a los estados de Jalisco y Colima, pero como el cauce del río se ha convertido en el receptor de los desechos de la Minera Peña Colorada, cuando llegan los temporales de lluvias y las aguas que bajan de sierras y montes buscan su salida natural, al llegar al río Marabasco ya no encuentran cauce, sino un lecho azolvado y cada vez con más desechos de la minera que ahí han sido arrastrados.
Cerca de Zihuatlán, en el cauce del río, la Secretaría de Agricultura construyó dos presas derivadoras y canales para llevar el agua a las tierras de riego de los dos estados, sin embargo, al perderse el cauce natural por los desechos acumulados durante largos años, los vados y pasos para cruzar el río, que originalmente eran cubiertos por el agua, hoy quedan sobre ésta, al ser más altos debido al desperdicio de la minera y con mucha frecuencia se tiene que remover todo ese desecho de los propios vados y caminos para dejar libre el tránsito de agua.
El cauce azolvado y los torrentes en el temporal de lluvia han ocasionado ya el desbordamiento del agua, inundando la población de Zihuatlán, dañando caminos, puentes y carreteras y anegando también cerca de 5 mil hectáreas de tierras de producción agrícola, que además de agua reciben grandes cantidades de desechos minerales que dejan luego una capa de sedimentos que al secarse forman costras permeables y contaminantes que dañan esas tierras fértiles.
Las inundaciones de la población de Zihuatlán y de esas cerca de 5 mil hectáreas de tierras fértiles se han dado ya en los años de 1985, 1987 y 1988 y este año con el temporal de lluvias que se inicia, puede volver a suceder lo mismo, ya que ninguna medida se ha tomado para devolver al río Marabasco su cauce natural, que por el contrario, ya ha acumulado más desechos de la Minera Peña Colorada.
Pero no contentos los que explotan la mina con haber dañado ya el río Marabasco y esas cerca de 5 mil hectáreas de tierra fértil, han seguido su obra destructora de la naturaleza y han abierto basureros de mineral, tanto líquidos como sólidos, que van a dar al propio río Marabasco y al Ayotitlán, lo cual, de continuarse, puede dejar sedimentos que podrían tardar más de 500 años en regenerarse.
La minera ha habilitado un nuevo tiradero de desechos sólidos en un terreno de 178 hectáreas y que pretende ampliar hasta llegar a las 650 hectáreas, el cual tapará manantiales y dañara tierras laborales, bosques o huertos que de esos manantiales se nutren.
Aparte de que la explotación minera ha dañado las cerca de 5 mil hectáreas, ese nuevo tiradero puede llevar a la desaparición de los poblados que se llaman: las Pesadas, La Astilla y Cerro Prieto, del municipio de Cuautitlán, Jalisco y con el agravante que también está a una distancia de seis kilómetros de la reserva de la biósfera de Manantlán.
En poco más de dos meses de operación en este nuevo tiradero, ha depositado ya más de 60 mil toneladas de desechos, que irán luego a parar a las partes bajas de la zona, impidiendo cauces naturales de agua y causando múltiples estragos a la zona.
Los funcionarios de la Minera Peña Colorada, cínicamente han manifestado que se les debe estar agradecidos porque se rellenan cañadas y se mejora la orografía con recursos no tóxicos.
Por lo que se ve, esos funcionarios son genios de la agricultura, la ecología y la geografía, pero carentes de sentido común, ya que su obra es sólo
desolación, pues donde colocan sus desechos tarda más de 20 años en nacer la hierba; todo eso a cambio de unas cuantas monedas que ellos ganan.
El producto de la explotación de la minera ha generado ya a Nuevo León y Colima más de 10 mil millones de dólares, pero las comunidades afectadas y los campesinos ningún beneficio han recibido, aunque sí amenazas y la desolación de sus parcelas y sus recursos.
La mina arroja al día 40 mil toneladas de desechos, en su mayoría no tóxicos, pero que al esparcirse modifican cañadas y escurrimientos de agua, por lo que el daño no es exclusivo de donde se encuentra el tiradero, sino que afecta más a los lugares en que finalmente quedan depositados y en los que se sedimenta tierra abajo.
Los actos de prepotencia de la apertura de un nuevo tiradero en el ejido de Ayotitlán, jalisco, dieron lugar a que la minera fuera multada y clausurada por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, sin embargo, el daño causado es grave y debe ser analizado y aunque esto ya es del conocimiento de la secretaría mencionada, lo referente al azolvamiento y pérdida del cauce del río Marabasco con las inundaciones y daños a tierras de cultivo que genera, no ha sido aún atendido y se hace obligado tomar medidas pertinentes para que esto no vuelva a suceder, pues el fértil Valle de Zihuatlán está en peligro de convertirse en un valle de tierras erosionadas, desérticas y salitrosas.
Hoy es la propia ecología quien denuncia en la afectación de medio ambiente la ineficiencia de un poder público que atenta contra el hombre, destruyéndolo, al no imponer su autoridad para que el hombre se cuide a partir del medio en el que vive.
Como prueba de lo afirmado respecto al azolvamiento del río Marabasco en su estado actual, en el Valle de Zihuatlán, de los niveles de agua que ha alcanzado la inundación debido a los desechos de la Minera Peña Colorada, acompañamos una serie de 17 fotografías que muestran los daños y el azolve en esa zona y que es común en muchos otros tramos del río Marabasco.
Hasta hace unos años sólo se daba importancia a los valores y factores de producción y a las riquezas que ello podría generar; hoy, tardíamente nos hemos dado cuenta que la riqueza sólo se dará dentro de un marco de equilibrio ecológico y por ello se han creado organismos internacionales y nacionales, secretarías de Estado que regulan y dirigen los aspectos ecológicos y en el caso habrá que recurrir a ellos como orientadores; además, en una época en que nuestra producción agrícola y alimentaria se ha desplomado, resulta un poco de alarma el daño y destrucción a las cerca de 5 mil hectáreas de riego del Valle de Zihuatlán y se hace obligada la intervención de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos con estudios del caso y medidas preventivas que luego lleguen a ser definitivas para evitar más daños.
Por todo lo anterior,
«PROPONEMOS
Que las comisiones de Agricultura y Ecología de esta Cámara, conozcan el problema planteado y participen en su solución;
Se analicen las consecuencias que ocasionan los desechos de la Minera Peña Colorada en los estados de Jalisco y Colima, exigiendo a ésta estudios serios sobre sus acciones y efectos ocasionados;
Se obligue a la Minera Peña Colorada a contener sus productos y desechos en forma tal que no se dispersen y dañen ríos, tierras fértiles, tierras y bosques, se le obligue a reparar todos los daños causados;
Se exija a la Minera Peña Colorada, prevención a la contaminación de todos sus residuos y desechos y los tratamientos adecuados; igualmente se le exija desazolvar el río Marabasco para que su cauce vuelva a ser el natural y no ocasione más inundaciones, y
Se pida la intervención de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que con estudios y resoluciones participen en el asunto tratado.
México, Distrito Federal, 3 de julio de 1990. - Diputados: Silviano Urzúa Ochoa, Gregorio Curiel Díaz, Jesús Sánchez Ochoa, Gildardo Gómez Verónica, Natividad Jiménez Moreno, Alfonso Méndez Ramírez, Rafael Núñez Pellegrín, Zeferino Esquerra Corpus, Gaudencio Vera Vera, María del Carmen Segura Rangel, José Ángel Luna Mijares, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Eduardo Arias Aparicio, Roger Cícero Mac-Kinney, César Coll Carabias, Raúl Octavio Espinoza Martínez, Manuel Martínez Aguirre y Blanca Leticia Escoto González.» (Aplausos.)
El Presidente: -Para hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Espinoza Urzúa.
El diputado Francisco Espinoza Urzúa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Definitivamente compartimos la opinión del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, reconociendo que es muy trascendente la conservación del equilibrio ecológico de esta importante zona agropecuaria, forestal y turística, además del estado de Jalisco y, además, que está muy cerca de una de las reservas mundiales de la biósfera, como es la sierra de Manantlán.
Afortunadamente no hay todavía una denuncia de contaminación por tóxicos y es el momento apropiado para que conjuntamente a esta proposición se le dé la solución antes de que el problema sea mayor. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en su delegación de Jalisco, está tomando ya cartas en el asunto y analizando el problema para encontrar la mejor solución posible, debido a que los productores de esa zona han planteado su problema para su corrección inmediata.
Sabemos que la empresa Peña Colorada es una importante fuente de trabajo y de recursos para la gente de la región, pero por otra parte, esta empresa está incidiendo también en el deterioro de la producción, por lo que estamos seguros que las comisiones de Agricultura y de Ecología sabrán buscar y encontrar las diferentes propuestas y alternativas para que continúen los trabajos de esta empresa y también que se puedan seguir dando en toda su intensidad, la producción agropecuaria y forestal, toda vez que se encuentre la solución más adecuada. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese la propuesta a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Ecología, para la atención que proceda.
Antes de pasar al capítulo de toma de posiciones, comentarios y declaraciones, esta Presidencia quiere atentamente hacer dos recordatorios: a todos los asistentes, sobre el acuerdo parlamentario para la abstención de fumar y, a los oradores, que a partir de este capítulo, el tiempo acordado por los distintos grupos es de 10 minutos.
COMPAÑÍA MINERA DE CANANEA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro René Etienne Llano, del Grupo Parlamentario Independiente, sobre la venta de la Compañía Minera de Cananea.
El diputado Pedro René Etienne Llano: - Compañeras y compañeros diputados: A menos de un año de la dudosa quiebra declarada en Cananea, está a punto de consumarse el remate de esta empresa. Ante el juez de lo concursal se ha recibido la postura de un único grupo, ofreciendo, junto con capital extranjero, adquirir la empresa Minera de Cananea por una cantidad francamente ridícula si consideramos las propias estimaciones oficiales que se hicieron hace un año al declararse la quiebra.
No está por demás señalar que la atención pública de la nación ha seguido de cerca los desarrollos de estos acontecimientos en Cananea; desde el mes de agosto de 1989 cuando se inicia este proceso, puesto en duda por mucha gente, de la declaración de quiebra, la posterior ocupación de las instalaciones por parte del ejército y, finalmente, los intentos para liquidar derechos conquistados por los trabajadores y la propia organización sindical para convertir en más atractiva la venta de esta empresa, han venido fracasando gracias a la resistencia de los trabajadores de Cananea; pero también a la solidaridad que en todo el país ha encontrado el grupo de trabajadores más firmes y consecuentes en la defensa de esta empresa.
Hace un año, también desde la tribuna de la Cámara, se señaló que esta agresión a Cananea y a los trabajadores constituía una agresión a la conciencia histórica de la nación. Hace un año afirmamos varios compañeros desde esta tribuna, que la pretensión de liquidar la empresa Cananea, su organización sindical, los derechos de los trabajadores, constituía francamente una agresión a los sentimientos de la nación.
Hoy, nos enteramos que un grupo de empresarios mexicanos, fundamentalmente del Grupo Ingenieros Civiles Asociados, se han convertido prácticamente en los únicos postores aceptados por el juez de lo concursal para la adquisición de Cananea.
Sin dudar de la capacidad técnica y aun económica de este grupo, hay sin embargo varios aspectos que la opinión pública nacional exige sean aclarados, sobre todo tratándose de un asunto que ha despertado la solidaridad amplia entre los trabajadores mexicanos y entre las fuerzas que sabemos reconocer el valor de nuestra historia, para preservarnos ante los nuevos retos y amenazas que vive el país.
En primer término, habría que preguntarse las condiciones en que participa el capital extranjero y de entrada sería inaceptable que se utilizara el mecanismo conocido de los swaps para cambiar lo que constituye un patrimonio de la nación por
una conversión ventajosa al capital extranjero de nuestra deuda.
Pero, por otra parte, habría que preguntarse también si en esta operación de compra - venta se mantendrán los acuerdos firmados con el sindicato y los beneficios a la población misma de Cananea, porque ésta sería la primera ocasión en que se rompe la pretensión modernizadora de liquidar la organización sindical y de liquidar derechos contractuales, para ofrecer a nuevos inversionistas privados nacionales y extranjeros, empresas que no tengan que seguir sosteniendo los avances y las conquistas logradas durante muchos años de lucha.
Hemos conocido cómo en otras empresas paraestatales se ha logrado limpiar para los nuevos inversionistas, organización y derechos contractuales. Nosotros estamos convencidos que la resistencia de los trabajadores de Cananea y la solidaridad nacional seguirán actuado para que cualquier operación de compra - venta no sea en menoscabo de los legítimos derechos de los trabajadores, pero más aún, esta operación vuelve a poner nuevamente en la mesa de discusión el papel que en el desarrollo económico del país tiene la propiedad nacional.
En el caso concreto de Cananea, el gobierno renuncia a una responsabilidad sostenida durante muchos años y se piensa que esta renuncia y abrirle el paso al capital privado nacional e internacional, puede operar a favor de la empresa, a favor de los trabajadores y por lo tanto también a favor de la nación.
Nosotros consideramos que gran parte de estas posibilidades depende de las condiciones en las que se establezca la operación de compra - venta. Según la información disponible, el día de mañana el juez de lo concursal tendrá que llegar a una determinación, sin embargo, quedan por lo pronto estas tres preguntas y esas tres inquietudes ante la opinión pública nacional: en primer lugar, el monto establecido para la venta de Cananea; en segundo término, las condiciones en las que participa el capital extranjero y, finalmente, las condiciones y compromisos frente a la organización sindical y a los derechos logrados durante años de lucha y los compromisos frente a la población misma de Cananea.
Está a punto de cerrarse este capítulo, sin embargo, como desde los primeros días de agosto, estamos convencidos que ante cualquier pretensión de conculcar los derechos de los trabajadores, ante cualquier pretensión de conculcar también el patrimonio de la nación, los trabajadores de Cananea sabrán responder y estamos seguros que seguirán contando con una amplia solidaridad y apoyo en todo el país. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan José Moreno Sada, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Juan José Moreno Sada: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: El compañero diputado Pedro Etienne, al final de su exposición, planteó tres preguntas que están en el ambiente de la opinión pública. La primera de ellas, y me voy a permitir, señor diputado, hacer algunas aclaraciones y dar alguna información de lo que ha acontecido en los últimos días y como usted dijo, señor diputado, entre hoy y mañana, yo diría que mañana, se va a definir por parte del juez la decisión final para realizar esta importante operación.
La primera pregunta era lo del monto establecido y quiero referirme a ello porque es una parte muy importante de lo que se está negociando.
Hay que recordar que esto fue un remate, una licitación de remate, en donde se pusieron a consideración todos los elementos, si hubo el tiempo disponible para hacer las ofertas. El monto que está en discusión en este momento es de alrededor de 468 millones de dólares. Esto es, la operación se está viviendo; dentro de las condiciones de esta operación, el que el 50% sea pagado de inmediato en cash.
Hace algunos años cuando se puso en venta esta empresa, se ofrecieron 366 millones de dólares, ya que estaba precisamente esta operación ligada con lo que en los mercados internacionales era la compra de deuda externa, de deuda mexicana en el exterior, y que en aquel entonces estaba alrededor de 40 centavos por cada peso, dólar, de deuda externa, estaba negociada en estos montos la deuda mexicana.
La segunda pregunta que usted mencionaba era el porcentaje del capital cómo iba a quedar...
El Presidente: -Las interpelaciones son por conducto de la Presidencia; ¿acepta, diputado Moreno, una pregunta?
El diputado Juan José Moreno Sada: - Sí, cómo no.
El Presidente: - Adelante, diputado Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano (desde su curul): -Nada más preguntarle al diputado Moreno. ¿qué quiere decir cash? .
El diputado Juan José Moreno Sada: - Perdón, al contado. La segunda pregunta, don Pedro, que es el porcentaje de capital extranjero, está distribuido de esta manera, la única oferta que pudo darse. El grupo alemán, que es el grupo MG el 6%, el grupo Deck, que es un grupo canadiense, muy importante a nivel internacional en la parte de minería, el 24% y el 70% restante al grupo mexicano. Esta sería la segunda pregunta que usted formuló.
La tercera, el compromiso de los derechos sindicales de los empleados y obreros de esta importante empresa Cananea. Quiero informarle que desde que se inició este proceso en esta empresa, no sólo se han liquidado a los trabajadores de acuerdo a la negociación que se hizo con el sindicato a los niveles que marca la ley, sino en todos los casos fue muy superior al porcentaje de lo que marca la Ley Federal del Trabajo.
Pero además como hay demandas adicionales, hay un fondo específico que alcanza la cifra de 10 mil millones de pesos, para que en estos casos de litigio, aunque se formalice la operación, si es que así se llega a dar, entre hoy y mañana, este fondo servirá para los litigios que quedaron pendientes de los trabajadores. Por lo tanto, en los compromisos que se han adquirido por parte del sindicato y por parte de la empresa, y en este caso el gobierno federal, están perfectamente cubiertos los derechos laborales de los trabajadores de Cananea.
También quiero informales, señores diputados, que dentro de las acciones que llevó Nacional Financiera como la entidad que absorbió el pasivo de Cananea, el avalúo que se hizo por conducto, también de una licitación, y que fue una empresa muy reconocida a nivel internacional, el avalúo del activo fijo alcanzó la cifra de 450 millones de dólares. La deuda que está registrada oficialmente, tanto de proveedores, de bancos, etcétera, por parte de Cananea y que fue absorbida por Nacional Financiera, alcanza la cifra de 700 millones de dólares, aproximadamente.
Esto, desde luego, nos lleva a la consideración y así se declaró esta empresa en quiebra técnica, ya que por cada peso que debían solamente se generaban 65 centavos de cada peso. Por lo tanto, éste fue uno de los elementos importantes para declarar la quiebra de Cananea.
Por otro lado, hay que reconocer que dentro de la empresa mexicana que hizo la oferta, es una empresa de reconocido prestigio, no sólo en México, sino a nivel internacional. Todos conocen la pujanza de esta empresa mexicana y, por lo tanto, señor diputado Etienne, las condiciones están dadas para que el éxito de esta operación garantice, por un lado, los derechos de los trabajadores, por otro lado, las fuentes de empleo, y además de que sea un elemento importante, ya que esta empresa está muy orientada hacia la exportación, y por lo tanto requiere de un atención también especial y de grupos que estén dentro de los mercados de éste tan importante producto que es el cobre. Por lo tanto, espero haber contestado las preguntas que usted formuló, señor Etienne. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pavlovich, sobre el mismo tema, para hechos, por cinco minutos.
El diputado Francisco Javier Pavlovich Robles: Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Lo menos que se puede afirmar acerca de la compra - venta de la Compañía Minera de Cananea, es que se trata de una operación francamente turbia que el Ejecutivo Federal debe de aclarar totalmente, tanto a la opinión pública como, y muy principalmente, a los trabajadores de la compañía minera.
Los principales puntos oscuros son los siguientes:
Primero, las condiciones reales de la operación de compra-venta. Se dice, aquí lo afirmó el compañero del Partido Revolucionario Institucional, que el monto de la operación es de 468 millones de dólares, de los cuales la mitad se pagará en swaps y el resto en efectivo, lo cual si es cierto representaría un monto total en efectivo de sólo 351 millones de dólares.
El Presidente: - Permítame, señor diputado; el diputado Moreno le quiere hacer una pregunta.
El diputado Juan José Moreno Sada (desde su curul): - Perdóneme, señor diputado; se aclaró que no es en swaps, sino que era en efectivo.
El diputado Francisco Javier Pavlovich Robles: - Si usted afirma que fue el 50% en efectivo, dijo cash inclusive, pero la Prensa afirma que el resto será a través de operación de swaps. La pregunta queda en el aire y yo inicié mi discurso diciendo que se debe aclarar detalladamente a la opinión pública, compañero.
Esto contrasta significativamente, y también se mencionó aquí, con los 910 millones de dólares ofrecidos por Protexa en 1988, o los 1 mil millones de dólares ofrecidos por Jorge Larrea.
La pregunta es: ¿por qué se acepta aparentemente ahora la nueva oferta, y por qué se rechazaron
las anteriores? El Ejecutivo otra vez tiene la palabra.
Todavía dentro de las condiciones de venta, para mí no estaba claro, ahorita lo aclaró el compañero del Partido Revolucionario Institucional, dice que el síndico de la minera en quiebra se hará cargo del pasivo de la empresa que son alrededor de 700 millones de dólares. La siguiente pregunta es: ¿qué sentido tiene, luego entonces, vender la compañía a la mitad del total de los pasivos?
Segundo punto oscuro: la supuesta oferta que la Prensa publicitó de la Confederación de Trabajadores de México a través de Sintemex por 600 millones de dólares, y que fue rechazada por el juez competente, y que había creado ya importantes expectativas en los trabajadores en cuanto a la posibilidad de copropiedad de la empresa, parece ser que fue solamente una farsa, una maniobra concertada entre el Ejecutivo y el sempiterno líder de la Confederación de Trabajadores de México, con el fin de engañar a la opinión pública y de engañar a los trabajadores de la compañía; es decir, el Ejecutivo, que demagógicamente había manifestado su "beneplácito" por una operación de esa naturaleza, que diera copropiedad a los trabajadores, o no encontró otra salida menos indecorosa para no cumplir su palabra, por lo que presentó la Confederación de Trabajadores de México una oferta a destiempo y sin acompañarla de la garantía mínima requerida. Es una maniobra burda, pero aparentemente conveniente para el Ejecutivo.
Estos dos primeros puntos, hacen presumir una posible colusión entre el Ejecutivo y la Compañía Ingenieros Civiles Asociados, que también, insisto, debe aclarase detalladamente.
Tercer punto: hay algunas promesas incumplidas por el Ejecutivo que enturbian aún más la mencionada compra-venta. Voy a mencionar solamente algunas de ellas.
Primero. Afirmó que no volvería, la Compañía Minera de Cananea, a manos extranjeras, cuando ahora se sabe, lo acaba de afirmar el compañero, que la única compañía postora incluye capital alemán y canadiense. Eso también debe darse a conocer detalladamente a la opinión pública, por su importancia.
Segundo. La mencionada copropiedad de los trabajadores, ya dijimos incumplida. Y voy a permitirme leer un párrafo del proceso, que se refiere o cita lo que dijo el presidente Salinas, en Puebla, celebrando el aniversario de la Confederación de Trabajadores de México.
Dijo textualmente: "Quiero decirles, en este acto fraternal, que la Confederación de Trabajadores de México, me ha propuesto que los trabajadores sean copropietarios de la nueva minera de Cananea. Le doy la bienvenida a esta propuesta, y les aseguro que Cananea no volverá al control de manos extranjeras. Será controlada por mexicanos y para beneficio de México".
Esto, compañeros, merece aclaración por su gravedad.
Tercero. Del famoso "Programa Integral de Acciones", de cinco puntos, ofrecido en Cananea, que apoyaría supuestamente el desarrollo de la comunidad, poco o nada ha habido hasta la fecha. Pedimos explicación.
Cuarto. La promesa de que el proceso sería claro, transparente, y que se consultaría a la población de Cananea, es lo que menos se ha cumplido.
Finalmente, el gobierno no ha cumplido a la mayoría de los 719 trabajadores despedidos, a diferencia de lo que afirma el compañero Sada, a grado tal que 515 de ellos demandaron a la compañía por incumplimiento de sus compromisos, y amenazan, todavía al día de ayer, con tomar la compañía minera.
Le pregunto, como usted dice, cumplió la compañía con creces, ¿por qué la demandaron y por qué la están amenazando con tomarla?
Este es quizá el punto más grave de todo este conflicto. Es decir, la violación de los derechos laborales por la entidad que debería de vigilar por su cumplimiento.
Finalmente, el Ejecutivo otra vez tiene la palabra, y esperamos, sinceramente, que no recurra de nueva cuenta al Ejército para resolver este conflicto, imponiendo arbitrariamente su voluntad.
El Presidente: - Como estaba anunciado, tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para una excitativa a la Comisión de Régimen.
El diputado Juan José Moreno Sada (desde su curul): - Pido la palabra, para alusiones.
El Presidente: - Le rogaría al diputado Coca, si acepta que tome la tribuna el diputado Moreno. Parece ser que el enfoque de la intervención del diputado Moreno, sería el de alusiones.
El diputado Juan José Moreno Sada: - Con su permiso, señor Presidente: quisiera, rápidamente, aclararle algunas de las preguntas que hizo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.
La primera, estuvo en función de las promesas del Ejecutivo de que esta empresa no volvería a manos extranjeras. Quiero comentarle que el 70% de las acciones, en cuanto a la propuesta que hay oficial, y que está en manos del juez, serían acciones en manos de mexicanos, de una empresa ciento por ciento mexicana.
Otra de las aseveraciones que mencionó, es que los obreros no han tenido la atención ni se les ha liquidado conforme a la ley.
Lo invito, señor diputado, a que, una vez terminando esta sesión, podamos, y lo demostramos, de que no sólo se han atendido las demandas de los obreros, sino que ha sido, y como así lo mencioné anteriormente, más la liquidación en cuanto a lo que marca la ley y desde luego Proceso es una buena fuente de información, pero yo diría que no es la única. Y la fuente de información que tenemos, es directamente por conducto de las investigaciones, no a través de Proceso o de cualquier otro medio de información, sino directamente hacia la empresa y hacia las negociaciones que se están haciendo con el sindicato.
Las demandas que hay son demandas que precisamente pueden hacerse, ya que está dentro de los derechos de los trabajadores el volver a hacer otra demanda. Por eso hay un fondo de alrededor de 10 mil millones de pesos específicamente para atender estos litigios pendientes que hay en la empresa y los trabajadores.
La parte de la operación turbia desde luego es una opinión muy personal, yo diría que las operaciones de este tipo de empresas son muy complejas, los equipos los equipos que usan estas empresas no sé si usted los conozca, pero son equipos muy complejos, no son operaciones sencillas, son operaciones muy técnicas, con mucha tecnología atrás.
Y desde luego cuando Protexsa, es otra de las aclaraciones que le quiero hacer, Protexsa hizo la oferta, estaba en base comprar a 40 centavos, en base a la deuda externa mexicana, lo que daba un valor de 360 y tantos millones de dólares y además este grupo sólo iba a aportar el 5% en efectivo en billete verde, y el resto iba a ser por apalancamientos del exterior por un lado y comprando deuda externa fuera, en los mercados de Nueva York. Esto hizo que la operación se desechara, porque técnicamente no convenía el que el apalancamiento de esta oferta era demasiado grande y luego se corría el riesgo de que no fuera una operación viable desde el punto de vista técnico - económico.
El Presidente: - Diputado Pavlovich, esta Presidencia ruega una disculpa al diputado Coca, que ha sido suficientemente paciente y generoso con su tiempo, pero es conveniente completar el debate.
El diputado Francisco Javier Pavlovich Robles: - Gracias, señor Presidente.
Le agradezco al señor Moreno Sada el intento de reemplazar al Ejecutivo en cuanto a la explicación de algunos detalles. Pero yo voy a insistir. Sabemos, ya lo había dicho anteriormente, que el 70% supuestamente, es capital mexicano. Lo que se pide es información detallada en cuanto a cómo estará el control de esta empresa. Creo que corresponde al Ejecutivo el hacerlo.
Segundo, usted insinúa que yo tomé la información respecto de los trabajadores de Proceso. Debo aclararle que ayer regresé de Hermosillo, Sonora, y la información proviene no sólo de Proceso, proviene del líder sindical de estos trabajadores y de la Prensa local del estado de Sonora, que le invito a visitar cuando usted guste, compañero.
El título a ocho columnas del principal diario sonorense de ayer, dice lo siguiente: "Amenazan ex empleados con tomar Minera Cananea", son los 515 a los que me referí, compañero.
Suponiendo ahora su tercera aclaración de que lo de Protexsa era a swaps de otro precio, aun así, sería superior en efectivo la operación aquélla. Y también, insisto, corresponde al Ejecutivo dar una aclaración detallada de esa operación que sigue siendo turbia y oscura. Muchas gracias.
SOLICITUDES DE EXCITATIVAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El pasado 12 de junio del año en curso, la Presidencia de esta honorable Cámara de Diputados, envió una segunda excitativa al ciudadano diputado José Luis Lamadrid, en su calidad de presidente de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, a fin de que en un plazo que no excediera
de 15 días, se dictaminase la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento Interior del Congreso General, que presentó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Y en virtud que desde su presentación de la fecha aun no ha dictaminado la precisada comisión, pese a las dos excitativas y a las declaraciones periodísticas recientes en el periódico Tribuna, del diputado Américo Villarreal, que se ven extraordinariamente distanciadas de la conducta asumida y que se traducen en el empecinamiento, abulia, negligencia y falta de respeto a esta soberanía, que una vez más ha evidenciado el diputado José Luis Lamadrid, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respetuosamente solicita a la Presidencia dé cumplimiento, previa su lectura, a través de la secretaría, de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Congreso General.
El Presidente: - Lea la secretaría el referido artículo.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Artículo 21, XVI. "Son obligaciones del Presidente, excitar a cualquiera de las comisiones a nombre de la Cámara a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se les turne un asunto, y si no fuera suficiente, la emplazará para día determinado, y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la cámara que se pase a otra comisión".
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señor secretario. Previa a su lectura a través de la secretaría, de la fracción XVI del artículo 21 del Reglamento Interior del Congreso General y dado que aun no se ha presentado el dictamen correspondiente, se propone se pase a otra comisión, en ese caso, nosotros sugerimos sea la de Artesanías, dado que dicha comisión legislativa ha acreditado tener verdadero conocimiento de su responsabilidad en el ámbito legislativo.
Por lo que con fundamento en el numeral antes citado y en el 87 del propio Reglamento Interior, ruego a la Presidencia dar el trámite correspondiente.
Firmando por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Vicente Luis Coca Alvarez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Francisco Melo Torres, Lorenzo Ruíz Gómez, Erasmo López Villarreal, Juan Jaime Hernández y Ramón Garza Rodríguez.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Ugarte.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados: Vengo aquí a esta tribuna para oponerme a la propuesta presentada por el diputado Coca, en virtud de que la Comisión de Reglamento, Régimen y Prácticas Parlamentarias, ha venido trabajando normalmente y para muestra está el hecho incontestable de que existen 10 proyectos que estamos analizando en el seno de la comisión, para el efecto de que una vez sistematizados, los pongamos a la consideración de los miembros de esta comisión.
Quiero tan solo recordar que en la XLIX Legislatura, el diputado Norberto Mora Plancarte presentó un proyecto de reglamento para el Congreso de la Unión. Ese proyecto, que es uno de los que hemos tomado en consideración para tomar parte de su contenido y proponerlo a los miembros de la comisión, decía yo que estamos terminando de analizar su contenido.
En la XLVIII Legislatura, un grupo de diputados veracruzanos...
El Presidente: - Perdóneme, diputado Ugarte, creo que le quiere hacer una pregunta el diputado Coca, ¿la acepta usted?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Con todo gusto, diputado Coca.
El Presidente: - Adelante, diputado Coca.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Con todo respeto, señor diputado, aquí la litis, el punto a discusión sería el dictamen. Yo quisiera que informase a esta soberanía si el dictamen lo trae usted en mano y nos va a dar cuenta del mismo.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Mire, diputado, estoy tratando de razonar los motivos del porqué se ha demorado la emisión de ese dictamen.
Ustedes saben, para ir al fondo del asunto, que el Reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión es competencia conjunta de las dos cámaras. Por lo tanto, los señores diputados no pueden proceder por separado a estudiar y menos a proceder y al final a producir un dictamen que sería lesivo a la competencia conjunta que le corresponde a las dos cámaras.
Por lo tanto, estamos impedidos para proceder a dictaminar los múltiples proyectos que se han
venido presentando hace 10 legislaturas. Se requiere, por lo tanto, que una comisión conjunta, derivada del acuerdo del Senado y de la Cámara de Diputados, acceda al estudio y dictamen correspondiente.
El Presidente: - Diputado Ugarte, le quieren hacer una pregunta.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Sí, señor diputado.
El Presidente: - Adelante, señor diputado.
El diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - Señor diputado, una sola pregunta. Quisiera saber ¿cuántas veces ha citado a la comisión para el estudio de esos anteproyectos?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Efectivamente, en el primer año de ejercicio de esta legislatura nos estuvimos reuniendo frecuentemente, normalmente, pero a partir de que a los miembros de esta Comisión de Régimen, de Reglamento y Práctica, se le dieron comisiones especiales y están participando en asuntos que se han considerado prioritarios, como es el caso de la Comisión de Justicia y de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, donde todos los miembros, repito, de la Comisión de Reglamento, están trabajando y participando.
Esta es la razón del porqué no hemos podido avanzar y reunirnos normalmente. Pero existe una razón de fondo, constitucional, repito, repito, de que este reglamento tiene que ser con la aquiescencia y la participación de los representantes de la comisión correspondiente del Senado de la República.
Por lo tanto, yo pido a los señores diputados que no se acepte la propuesta del diputado Coca de quitar este estudio de la comisión que nos corresponde, con toda la seriedad que cabe en estos asuntos, para entregarla irónicamente...
El Presidente: - Perdóneme, diputado Ugarte, parece ser le desean formular una pregunta. ¿Así es, diputado Medrano?
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): -¡Sí!
El Presidente: -¿La acepta usted?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Con todo gusto, señor Presidente.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Señor diputado, usted decía al principio y en el curso de su intervención, que la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias ha venido sesionando normalmente.
Yo sólo quiero preguntarle, y con respeto, ¿si sabe usted que la última sesión que celebró esta comisión fue en el mes de diciembre de 1988 y no ha vuelto a citar ni a sesionar esta comisión? Y lo digo, porque soy miembro de ella. (Aplausos.)
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Señor diputado, repitiendo, es cierto que formalmente tuvimos esa reunión de trabajo, pero el señor presidente de la comisión, el licenciado Lamadrid, nos ha estado reuniendo a un grupo de miembros de la comisión para entregarnos...
(Desorden.)
Perdón, perdón a ustedes, la propia ley autoriza al presidente de cada comisión para organizar grupos de trabajo...
El Presidente: - Perdón...
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Permítame, y en esos grupos de trabajo está un servidor, para implementar todos los proyectos y presentarlos a la consideración de cada uno de los miembros de la comisión, repito, ésta ha sido la situación que nos ha llevado a evitar reuniones normales con los miembros de esta comisión.
Me decía el señor diputado Lamadrid, que en ocho días tendremos preparado un cuaderno que contenga, de manera resumida, las principales aportaciones, especialmente una muy importante de Eugenio Ortíz Walls de la LI Legislatura, que estamos terminando de analizar; en base a esta información los señores diputados, miembros de la comisión, tendremos oportunidad de reunirnos en un mes para aportar, en base a ese conocimiento y en esa abundancia de elementos, las sugerencias, las propuestas que nos permitan arribar a un proyecto que tendremos que presentar, en su oportunidad, a la consideración del Senado de la República, para llegar finalmente a un proyecto conjunto de reglamento de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión.
El Presidente: -¿Diputado Ugarte, acepta usted una pregunta del diputado Medrano?
El diputado Juan Ugarte Cortés: Yo, con todo gusto, señor.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Es muy concreta, señor diputado y le ofrezco que es la última de mi parte.
Usted dice que el presidente de la comisión, el señor licenciado José Luis Lamadrid, formó grupos de trabajo; yo le quiero preguntar, independientemente de que dejemos en reserva la jurisdicidad de esa facultad del presidente, el debate sobre la jurisdicidad, quiero preguntarle: según usted, que conoce esos grupos de trabajo, ¿cuántos y quiénes de los miembros de los grupos parlamentarios de oposición están dentro de esos grupos de trabajo o si estos trabajos se están haciendo a espaldas de los diputados de la oposición?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Señor diputado, nada se está haciendo a espaldas de los grupos parlamentarios, estamos por terminar. Su servidor encabeza esa subcomisión, estamos por terminar, decía, la compilación del enorme bagaje que existe de documentación presentada por los señores diputados.
Recordarán ustedes que recientemente el diputado Lanz Cárdenas presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica y para un nuevo reglamento general de la Ley Orgánica y que un servidor se permitió presentar también otro proyecto, pero éstos son parte de los trabajos previos a la implementación de un proyecto que con la participación de todos los diputados, pudiesen llegar a hacer un dictamen, para conciliarlo con la Cámara de Senadores. En tal virtud, señor Presidente, considero que existen razones fundadas del porqué, en este caso, por tratarse de nuestra ley interna, no se puede en cinco días, ni en cinco semanas, ni en cinco meses, implementar una ley interna que norme la conducta de nuestra Cámara de Diputados, por algo la vida tan larga del actual reglamento, vigente, es de alguna manera una de las situaciones que nos preocupan para lograr reformar o elaborar un nuevo ordenamiento interno y de debates.
El Presidente: -Diputado Ugarte, le quiere formular una pregunta el diputado Coll, ¿acepta usted?
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Pues... yo sí la acepto, adelante.
El diputado César Coll Carabias (desde su curul): - Señor Presidente: Quiero hacer una moción. La pregunta que nuestro compañero Medrano hizo, no fue contestada. Se preguntó categóricamente que en estos grupos, que después el diputado Ugarte dice que son una subcomisión, ¿qué elementos de la oposición, qué diputados de la oposición, cuántos la están componiendo? Y el señor diputado salió con otra cuestión.
Yo quisiera que, por favor, contestara la pregunta específica del diputado Medrano. Gracias.
El diputado Juan Ugarte Cortés: - Sí, señor diputado. Esta subcomisión se ha estado acercando a los expertos en la materia, y para el efecto, ha platicado con Eugenio Ortíz Walls, con Hiram Escudero, del Partido Acción Nacional, para ver algunos detalles en especial que podrían ser útiles para normar los trabajos, sobre todo de debates de la Cámara.
Y así, en este caso, he platicado con otros compañeros de la oposición. Pero es un trabajo, repito, muy laborioso, difícil. Hay propuestas concretas que estamos tomando en cuenta, repito, para arribar a un proyecto que sea del consenso de las fracciones parlamentarias aquí representadas. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Esta Presidencia, recogiendo el espíritu y la preocupación legítima del diputado Vicente Luis Coca, pero también la argumentación aquí vertida por el diputado Ugarte, propone que tanto la propuesta como la argumentación, sea analizada por los grupos parlamentarios, a fin de que ayuden a tomar una decisión en la próxima sesión a esta Presidencia.
Tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para una solicitud de excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; señores legisladores: Manifiesta acusaciones non in vitñen. (Las cosas claras deben de acusarse).
El diputado Erasmo López Villareal, miembro de nuestra fracción parlamentaria, presentó el pasado 7 de mayo del año en curso, demanda de "juicio político en contra de varios funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes", misma que fue ratificada a las 11.00 horas del día 9 del mes y año citados.
Posteriormente, y el pasado 7 de junio del año en curso, llegaron a nuestro poder nuevas pruebas que fueron anexadas a la demanda que se formuló oportunamente.
Es el caso que de nueva cuenta trabajadores de la Dirección General de Fomento a las Telecomunicaciones e Informática de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nos proporcionaron nuevas pruebas, que fundamentan la procedencia del juicio político que demandó el
compañero Erasmo López Villarreal, mismas que consisten en una minuta de trabajo en la cual empleados de la Contraloría Interna de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, contador público Julián Hernández Martínez y licenciado Ramón Solís Domínguez, recibieron la ratificación de las acusaciones que se formulan en contra del contador público Raymundo Carrillo Rojas, ratificando todas y cada una de las imputaciones que se le formulan al funcionario antes citado.
Asimismo, con fecha 13 de junio de 1990, se amplía la denuncia en contra del funcionario ya referido, al cual se le acusa de un "permanente hostigamiento sexual a las trabajadoras de la Dirección General del Fomento de las Telecomunicaciones e Informática", mismas a quienes margina y hostiliza, las cuales se han visto en la necesidad de abandonar la dirección por varias vías.
Es innegable que el cúmulo de pruebas que existen en contra de los funcionarios acusados, debe declararse procedente el juicio político que se ha formulado y ratificado, pues no se concibe que esta Cámara de Diputados se convierta en cómplice de la corrupción al no dictaminar los asuntos que son turnados a sus comisiones.
La impunidad de los funcionarios del Poder Ejecutivo, con la complacencia del Poder Legislativo, han hecho crecer y creer, ya de manera fundada, que la prepotencia y la corrupción son fenómenos con los cuales debemos vivir de manera cotidiana.
La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, solicita de la Presidencia que se reciban y turnen a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, las nuevas pruebas que llegaron a nuestro poder y que consisten en una minuta de trabajo, que de hecho en una ratificación en contra de los funcionarios acusados, de fecha 13 de junio del año en curso, y una ampliación sobre un nuevo delito que está tipificado en la Ley de Responsabilidades para Funcionarios Públicos, como es el hostigamiento sexual del que se acusa al contador público Raymundo Carrillo Rojas, subdirector administrativo de la Dirección General de Fomento a las Telecomunicaciones e Informática, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De igual forma, demandamos de la Presidencia que de conformidad por lo dispuesto por el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a hacer una excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que dictamine el juicio político que formulamos y ratificamos desde el pasado 7 de mayo del año en curso.
Porque no pensamos o queremos creer: "Cuitache es consentir evidetur" (Que el que calla otorga). (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales lo ofrecido por el diputado Juan Jaime Hernández. Y de conformidad con lo que establece en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese también la presente excitativa.
BANPESCA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el fraude al Banco Nacional Pesquero y Portuario.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo realmente voy a robarles muy pocos minutos de su atención, de los que todavía la guardan, para poder tratar un asunto que a juicio nuestro, de los diputados del Partido de la Revolución Democrática y estoy seguro de otros diputados de todas las fracciones parlamentarias, requiere cuando menos de la vigilancia y el seguimiento de esta soberanía.
Ustedes se dieron cuenta, compañeras y compañeros, que en días pasados la Prensa nacional trasmitió la noticia de que la Procuraduría General de la República había girado orden de aprehensión y aprehendido en su caso a algunos personajes que fueron funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario y que según la Procuraduría General de la República participaron directa o indirectamente en un fraude, calcula la propia Procuraduría, de alrededor de 400 mil millones de pesos.
La Procuraduría y varios funcionarios gubernamentales han aprovechado esta acción y a través de una amplia y profusa utilización de los medios de comunicación, para decirle a la opinión pública que con este gobierno los crímenes o las violaciones a la ley no quedan sin castigo. Y entonces, de un monto de casi 3 billones, que realmente eso fue la pérdida del Banco Nacional Pesquero y Portuario, resulta, según esas
investigaciones de la Procuraduría, que realmente el fraude tan sólo se acerca a los 400 mil millones de pesos.
En el Partido de la Revolución Democrática, de ninguna manera pensamos que con la aprehensión de estos funcionarios menores, a excepción de uno que fue director del propio Banco Nacional Pesquero y Portuario, el asunto está concluido y menos llegar a la conclusión, valga la repetición de la palabra, de que con ello se demuestra que este gobierno efectivamente castiga a los que transgreden la ley y los que cometen ilícitos contra el pueblo de nuestro país.
Es en función de ello que quisiera plantear el que las investigaciones de la Procuraduría General de la República en ningún caso, subrayo, han tomado como base las denuncias que en esta Cámara hicieron varios diputados de varios grupos parlamentarios. Toda la documentación que se entregó a la Oficialía Mayor de esta Cámara, que la tiene en su poder la Coordinación de la Comisión Especial Investigadora de Diputados para el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, nada de esto ha sido tomado en cuenta por la Procuraduría para las investigaciones que supuestamente han dado como resultado la aprehensión de equis número de ex funcionarios o de personajes que participaron en la administración del banco.
En el caso concreto nuestro del Partido de la Revolución Democrática, hicimos denuncias específicas, presentamos elementos de prueba, insisto, se los entregamos a la Oficialía Mayor de esta Cámara y nada de esto fue tomado en cuenta en las investigaciones de la Procuraduría, seguramente porque en el caso nuestro involucrábamos a altos personajes del oficialismo en nuestro país, involucrábamos a políticos con alta jerarquía en el sistema político mexicano, y acabo de preguntar, tampoco las denuncias de Acción Nacional o las denuncias de otros partidos han sido tomadas en cuenta por las investigaciones de la Procuraduría.
Hicimos de manera personal la solicitud al que fue o es, ya no sé qué pase, coordinador de la Comisión Especial Investigadora en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, de que los integrantes de esta comisión pudiéramos actuar, fungir como coadyuvantes de la propia Procuraduría General de la República, por la simple lógica de que conocíamos pruebas, teníamos elementos, teníamos cierto conocimiento que podíamos poner a consideración y a disposición de los investigadores de la Procuraduría. Solamente se concretó una reunión a la que efectivamente no pudimos asistir nosotros los del Partido de la Revolución Democrática; por su lado, los diputados de Acción Nacional y los del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana han tratado de conseguir audiencias y entrevistas con el Procurador General de la República para aportar elementos y pruebas y en este segundo caso estos esfuerzos han sido infructuosos.
Es por ello, por esos dos elementos, particularmente porque las investigaciones en el Banco Nacional Pesquero y Portuario y la aprehensión de algunas personas, en parte fundamental fueron resultado de las denuncias que se hicieron en la tribuna de la Cámara de Diputados que recogió la Prensa y que la opinión pública se dio cuenta de ello, es que me permito el solicitar o el proponer de nueva cuenta a ver si es posible hacerlo de manera oficial, que los diputados que formamos parte de la Comisión Especial Investigadora del caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, participemos como coadyuvantes para la Procuraduría, aportando elementos, dando pruebas, ampliando la información para que la investigación, como presumimos, no se quede en peces menores, en funcionarios menores y se deje de largo a los verdaderos causantes de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, a los grandes defraudadores del Banco Nacional Pesquero y Portuario y, por ello, del pueblo de México.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente: ¿Me permite el diputado Jesús Ortega Martínez una pregunta?
El Presidente: -Diputado Ortega Martínez, el diputado Ortíz Mendoza parece ser que le quiere formular una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Con mucho gusto.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Mi pregunta nada más consiste en saber si usted está proponiendo que la Cámara de Diputados, y si su proposición es por escrito, coadyuve con la Procuraduría.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí. Creo que fue muy preciso.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Pero digo, ¿está por escrito así?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - No, señor diputado.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Yo le ruego entonces que se presente escrito como una proposición, porque como discurso me parece que no debe quedar, porque me parece ridículo que la Cámara de Diputados coadyuve con nadie. Alguien debe informarle a la Cámara de Diputados y no que la Cámara coadyuve con nadie.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí, respeto su opinión... el diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Por escrito, nada más.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Muy bien, respeto su opinión, pero no le permito que me insulte, diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No lo estoy insultando...
El Presidente: - No se permiten los diálogos.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - No califique mi propuesta de ridícula; venga a argumentar en contra de ella, de antemano. (Aplausos.)
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Yo la califico como la considero. Me merece mucho respeto el Poder Legislativo.
El Presidente: - Perdón, señor diputado. Les recuerdo que no se aceptan los diálogos entre los diputados.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Lo único que estoy pidiendo, es que la presente por escrito, para que se habrá el debate; que la presente por escrito y no como un discurso.
El Presidente: - Adelante, señor diputado Ortega Martínez.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor Presidente. Preciso, no dije que la Comisión Especial Investigadora actuara como coadyuvante, dije: que los diputados que formamos parte, formamos parte de esa comisión, pudiéramos coadyuvar aportando elementos y ampliando la información para que la propia Procuraduría prosiguiera con profundidad en las investigaciones del caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Eso fue precisamente lo que dije, diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente; ¿me permite el diputado Ortega Martínez plantearle otra pregunta?
El Presidente: - Señor diputado Ortega Martínez, el diputado Ortíz Mendoza le quiere formular otra pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí, la acepto.
El Presidente: - Adelante, diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Ahora me parece peor, porque ahora a mí me está usted pidiendo que vaya yo a coadyuvar con la Procuraduría y yo no coadyuvo con nadie, más que con la Cámara de Diputados.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Bien, ése es su punto de vista, ése es su punto de vista, ingeniero Ortíz Mendoza, si usted no lo quiere aceptar no lo acepte, cuando menos yo voy a seguir insistiendo en que lo acepten el resto de los diputados que formaron parte de la Comisión Especial Investigadora. Allá su responsabilidad si no quiere aceptarlo. Gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Enríquez Félix, del Grupo Parlamentario Independiente, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Señor Presidente; compañeras y compañeros: Desde la integración de la comisión que surgiera de este pleno de la Cámara de Diputados, cuando tuvimos la primera reunión un diputado priísta, que no está presente, por esa razón no entraré al detalle en virtud de que él no puede argumentar en contra, la composición fue muy extraña.
La mayoría priísta intentó de inmediato darle una estructura parecida a las composiciones tradicionales, donde ellos solamente aseguraban la mayoría.
Nosotros, la oposición, argumentamos que era una comisión de investigación donde lo fundamental era el investigar, no el controlar. Desde allí en ese primer evento, un compañero diputado insistía, de manera fuerte, en el control, lo cual parecía sospechoso en su comportamiento.
Posteriormente recibimos en la Comisión de Pesca, en la comisión investigadora del asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario, información muy retrasada. También fue sospechoso que recibimos una información muy parcializada, con estados financieros no auditados, donde Hacienda señalaba que no se hacía responsable de
los mismos, lo cual también nos pareció muy extraño en cuanto a su emisión.
Después de eso hay discusiones largas, se intenta conseguir la información al respecto por medio de los mecanismos formales de la Cámara, éstos llegan prácticamente una semana antes de que los tiempos terminen, según el mandato de la plenaria de esta honorable Cámara de Diputados.
Los tiempos se acortan, se logra hacer un documento parcial por la mayoría priísta, se mete al pleno en las épocas fascistoides de esa Presidencia, se da un madrúguete que provoca después la llamada huelga parlamentaria, pero todo esto son indicadores pues de comportamientos sospechosos, de comportamientos de descontón hacia un problema que a todos nos afecta, nos afecta a la oposición, le afecta al partido en el poder, le afecta a todos los mexicanos, ya que estamos hablando de un presunto fraude de casi el equivalente a lo que se va a gastar este año, según el Presupuesto de Egresos, en el Programa Nacional de Solidaridad. Nosotros creemos que esto afecta al pueblo de México, afecta a todos los partidos, pero la mayoría priísta se comportaba de manera extraña, lo que nos parecía que era inadecuado para este problema tan importante.
Posteriormente, en investigaciones nuestras, encontramos que la Contraloría, y también por señalamientos públicos en Prensa, no tenía elementos para investigar, no tenía argumentos para investigar. Hacienda intervino, sus declaraciones fueron también confusas y no es hasta que Hacienda presenta la denuncia formal, es cuando se giran órdenes de aprehensión, claro, cuando la opinión pública estaba toda ella protestando, los caricaturistas nacionales, los editorialistas nacionales, por este famoso fraude, pero es hasta que Hacienda prácticamente decide, ¿verdad?, cuando se giran las órdenes de aprehensión.
Hay una reunión con el Procurador, conjunta, de los representantes de la comisión investigadora con él, nos presenta cinco nombres de cinco personajes no identificados públicamente, nos habla de fraudes menores que no representan más que cantidades irrisorias de lo defraudado, ¿verdad?, pero además nos pide discreción. Si el Procurador nos pide discreción a esta comisión, yo no entiendo si esta discreción tiene algún sentido, ¿estaban dando tiempo a que los culpables dejaran el país?, ¿estaban dando tiempo a que los culpables buscaran elementos jurídicos para protegerse? Todo esto es muy sospechoso y presenta un cuadro muy delicado para la nación, muy delicado para la Cámara.
Finalmente, el Procurador pide discreción, no podemos, según su petición, hacer la denuncia pública. El comportamiento de los compañeros priístas en la comisión investigadora es de tiempos muertos, es de espacios muertos. Nuestra insistencia es que si la Contraloría no insistía, si Hacienda no presentaba argumentación, si el secreto bancario era un muro de gran soporte que impedía la investigación, ¿a qué estábamos jugando?
Finalmente, después de la lucha de Hacienda, se giraron órdenes de aprehensión contra sujetos identificables que quizá no eran los responsables. Nuestra pregunta es la siguiente; sin poder afirmarlo con contundencia, hay la presunción de un fraude, ¿hasta dónde y de cuántos es?, primero; segundo, se habla de que hay recursos utilizados del Banco Nacional Pesquero y Portuario para precampañas electorales o para campañas electorales federales y estatales. Eso es conveniente investigarlo, no podemos mostrarlo, pero hay la presunción.
Pero mientras las investigaciones no profundicen, mientras las denuncias hechas en esta Cámara contra los hijos de Farell o contra Heliodoro Rodríguez no profundicen, es sospechoso el comportamiento de la mayoría priísta. Esto, compañeros, conviene a la nación. No estemos pensando ahora de que el Banco Nacional Pesquero y Portuario fue aquel banco que se utilizó en el otro sexenio para financiar campañas. Entonces, por el bien de la salud pública, por el bien del gobierno mexicano y de la nación entera, es importante que esta investigación se lleve a fondo. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: -Había solicitado la palabra para hechos el diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: Al Partido Popular Socialista se le ha hecho muy sospechoso, porque estamos hablando de muchas sospechas, muy sospechoso que en el momento que está discutiéndose la ley bancaria, en la que se desnacionaliza la banca, ya no se reprivatiza sino se desnacionaliza, el mismo día la propia Secretaría de Hacienda levanta otra vez lo del Banco Nacional Pesquero y Portuario. No le extraña que el Partido Acción Nacional le haya hecho segunda, por estar de acuerdo con eso, pero sí le extraña que fuerzas democráticas caigan en la trampa, eso sí le extraña.
El Partido Popular Socialista ha declarado mil veces, y lo vuelve a decir ahora, que este problema del Banco Nacional Pesquero y Portuario, es un problema que ya no compete a la Cámara
de Diputados, porque se nombró una comisión y se elaboró un informe y quedó perfectamente claro que la Cámara de Diputados no tiene facultades, y tan no las tiene que a pesar de tantos esfuerzos no han logrado arrastrar a la Cámara a una posición a la que no tiene facultades.
En este momento que subió un diputado aquí a hablar, primero, diciendo que la comisión debería coadyuvar. Después rectificó: "los miembros de la comisión"; pues son los miembros de la comisión, entonces, ¿para qué sube? Pues es problema de cada quien. Es más, Acción Nacional está coadyuvando desde cuando, está metido entregando pruebas y presentando documentos, lo felicitamos; si tiene espíritu de ministerio público, que le siga, pero eso no es cosa de la Cámara de Diputados, ningún problema es para la Cámara de Diputados.
En cambio sí hay una cuestión seria, que no manejan, pero también les importa, están vendiendo toda la empresa pesquera y cuando termine de investigarse el fraude, quizá el señor Legorreta, el señor confianza, porque entre los ricos así se manejan las cosas, la gente de la derecha y el poder, sale libre después de haber defraudado al pueblo; lo que sí va a desaparecer es la banca, es la pesca. Todas las empresas pesqueras las están rematando, ya hasta con un matamoscas las tienen ahí, porque nadie las quiere comprar.
Pero, ¿qué va a suceder? Que la bandera nacional va a desaparecer de todo el mar territorial y de eso, claro, es bueno que no le importe al Partido Acción Nacional, porque es su negocio; pero a otro partido democrático que esté embebido en el fraude y no le preocupe en lo más mínimo la industria pesquera, eso sí me parece malo, e intervengo porque me llamó a mí la atención. Dice que los... ya claro después rectificó, los que quieran. Pues claro que los que quieran, si no puede haber un acuerdo de la Cámara para que una comisión que ya no tiene nada que hacer, puesto que ya rindió su informe, todavía la traen para acá y para allá.
Hace unas semanas me habló el presidente de la comisión, que iban a ir los de la comisión a ver al Procurador. Dije: señor, el Partido Popular Socialista no va. ¿Con qué autoridad va esa comisión si ya murió esa comisión? ¿Quién les dio orden, quién les aconsejo o les autorizó a los de la comisión investigadora, después de que rindió su informe, a ir a ver al Procurador? Fueron en carácter individual, no a nombre de la Cámara; no pueden traer a la Cámara de arriba a abajo; la Cámara es bastante respetable y es todo un Poder, para que sus propios miembros la quieran poner de coadyuvante de la Procuraduría, y de andar buscando datos para condenar a Juan o a Pedro o a Luis.
Claro que aquí acaban de decir hasta que la Secretaría de Hacienda presentó... Pues claro, a la Secretaría de Hacienda le correspondía. ¿Qué tienen que hacer los diputados, andar investigando para llevar a la Procuraduría las cosas? Si quieren tener papel de investigadores de la Judicial, que lo hagan, nadie se los quita, o quererse levantar el cuello ante el pueblo, que son los únicos defensores contra los negocios mal habidos. Lo que quieren es demostrar que la banca nacionalizada y la banca del Estado es una cueva de pillos; eso es lo que quieren demostrar, y si otros les hacen el juego, que se lo hagan, pero nosotros decimos que los pillos, salvo rarísimas excepciones, son los empresarios, son los que hacen negocios redondos, y son los que corrompen a los funcionarios, y los funcionarios que se dejan corromper, pero eso, para meter las manos e investigar, los que tengan espíritu de procuradores de justicia que lo hagan, pero no quieran meter a la Cámara, y la comisión, y lo digo al presidente de la comisión, no tiene ya ningún derecho, ningún derecho de andar yendo a ver al Procurador a nombre de la comisión; irán a verlo a nombre de los diputados que vayan, y los que quieran coadyuvar, pues los felicitamos por ser procuradores de justicia, pero nosotros somos legisladores y miembros de un poder que no tiene por qué doblegarse ni servir de otra cuestión a otro poder. Que los de la Procuraduría investiguen y que castiguen, y el diputado que tenga datos, que los entregue a la Procuraduría, y listo, y si quieren que la comisión vuelva a investigar, que se vuelva a nombrar, pero con nuevos argumentos. Lo demás es pan pintado. (Aplausos.)
El Presidente: -Hay alusiones y hay hechos. Tiene primero la palabra el diputado Enríquez, para alusiones.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: -Desde luego que el Grupo Parlamentario Independiente ni hace el juego a los empresarios, ni hace el juego al gobierno. Nuestra postura es firme.
Hay un hecho que hay que investigar, hay una comisión integrada para ello, hay un acto de madrúguete de la mayoría priísta para cancelar esta comisión, pero nuestra responsabilidad no cesa bajo ese acto de ilegalidad sospechoso, insisto, que se llevó aquí a cabo en esta tribuna, por parte del Presidente de ese período de la Cámara. Por ello mismo insistimos que la comisión investigadora, formada a propuesta de esta mayoría, a propuesta de este pleno, la
cancelaron de hecho, pero su existencia sigue vigente. No creemos que el investigar a fondo viene siendo hacerle juego a Hacienda, hacerle juego al gobierno. Nosotros creemos que son recursos de la nación. Hay que investigar a fondo, aunque pudiera tener ahí algunas interpretaciones en otro sentido.
La investigación debe de continuar, y debemos de presionar, como representantes populares, ante los sectores, ante las autoridades correspondientes.
La Cámara formó una comisión, la mayoría la canceló, pero los diputados seguimos vigentes en nuestra acción.
No dejaremos de insistir hasta que se encuentren los culpables en la cárcel o los responsables paguen ese adeudo a la nación.
El Presidente: - Diputado Enríquez Félix, el diputado Ortíz Mendoza desea formularle una pregunta, ¿la acepta?..... Sí. Adelante, diputado Ortíz Mendoza.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Simplemente estamos en un poder que actúa con hechos. Le quiero preguntar a usted: ¿la comisión, existe o no?
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Señor, hay dos conceptos que tendríamos que definir: lo que es legal y lo que es legítimo. Legalmente, la mayoría priísta la canceló; pero la legalidad de la comisión existe.
El Presidente: -¿Acepta otra pregunta, diputado Enríquez Félix?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No fue la mayoría priísta, fuimos la Cámara de Diputados, y nosotros votamos también porque desapareciera. Y fue la mayoría de la Cámara, la misma que le dio existencia. Entonces, o existe la comisión de ustedes o existe la comisión de la Cámara de Diputados. Es lo que hay que precisar.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - La respuesta es la misma: el concepto de legalidad y de legitimidad. Ya lo expliqué, y es suficiente para su respuesta. Si usted quiere darle otra interpretación, está en su debido interés.
Para nosotros, la comisión fue legalmente cancelada, por un acto de madrúguete político. Pero eso es un acto legal, pero ilegítimo. La comisión insistirá en su trabajo, hasta el fondo.
El Presidente: -Han solicitado, para hechos, la palabra, los señores diputados Jesús Ortega, Alfredo Pliego Aldana, Rafael Nuñez Pellegrín y Oscar Mauro Ramírez. Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - El ingeniero Ortíz Mendoza vuelve a utilizar la tribuna, y en ella vuelve a considerarse, señalado por la divinidad, para monopolizar la verdad. Y todo lo que difiere de sus tesis y de sus opiniones o es contrarrevolucionario o es antinacional o es antisocialista o, como llegó al extremo, es ridículo.
Todo lo que no está de acuerdo con el ingeniero Ortíz Mendoza, ni siquiera tiene la posibilidad de plantearse en la tribuna con seriedad para ser debatido.
Entonces, si insistimos en lo del Banco Nacional Pesquero y Portuario, para que se profundicen las investigaciones, como el ingeniero Ortíz Mendoza no está de acuerdo en las facultades de la Comisión Especial Investigadora, por lo tanto, es muy sospechoso y es parte de toda una trama de la reacción para evitar que se profundice y se discuta ampliamente lo de la reprivatización de la banca y la discusión de su ley secundaria.
Creo que si debemos debatir de manera seria, el ingeniero debe cuando menos llegar a la conclusión que es mortal y que se puede equivocar. De otra manera, es imposible discutir con el ingeniero Ortíz Mendoza.
¿De dónde saca el ingeniero, por ejemplo, que el Partido de la Revolución Democrática está en contra de la flota pesquera mexicana, de que no nos interesa la industria pesquera nacional? ¿De dónde lo saca el ingeniero Ortíz Mendoza?; más bien es un argumento distraccionista ante la imposibilidad de obtener argumentos verdaderamente serios para oponerse a que prosigan realmente las investigaciones en el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
No estamos de ninguna manera involucrados en una intentona reaccionaria para evitar una discusión profunda por la reprivatización de la banca. El que sí está en una tarea titánica es el ingeniero Ortíz Mendoza, en primer lugar, tratando de demostrar que en el gobierno no hay corrupción; o en el mejor de los casos la tarea titánica es convencernos de que la corrupción que existe en el gobierno es cosa secundaria y es pecata minuta; la corrupción en el gobierno, según el ingeniero Ortíz Mendoza, no tiene nada que ver con la lucha por la construcción de una patria democrática, una patria justa.
Nosotros pensamos al contrario y vamos a insistir pugnando porque el gobierno, seguramente en éste va a ser muy difícil, pero continuaremos la lucha, se elimine todo acto de corrupción que afecta efectivamente los intereses nacionales y los intereses populares de manera esencial y de manera fundamental. Gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Alfredo Pliego Aldana.
El diputado Alfredo Pliego Aldana: - Compañeros: Independientemente que si la comisión existe o no, porque ésta ya fue cancelada, el derecho de los diputados a investigar a fondo la corrupción que se encuentra en el fondo del gobierno, es indispensable.
No como el caso de Manuel Buendía, en que Zorrilla fue solamente instrumento, y el narcotráfico dentro y fuera del gobierno manejado por Miguel de la Madrid. Zorrilla no actuó solo.
Así como el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Pedro Calicha Estrada ex director de dicha institución, no actuó solo, atrás de él indiscutiblemente que está el licenciado Pedro Ojeda Paullada.
Lamento que el ingeniero Ortíz Mendoza no se encuentre en este momento. Pero sí le podemos decir que el Partido de la Revolución Democrática denunció a través del diputado Ortega, que el Secretario de Trabajo, el representante de los patrones, Farell Cubillas, tenía involucrados a sus hijos en la explotación y en la conversión de compañías navieras anónimas, a cooperativas. Es un fraude y sobre todo es un tráfico de influencias. Y solamente con la investigación y la penetración a fondo, como el Partido de la Revolución Democrática insiste, será como exterminemos la corrupción en México.
Nadie olvida que el Banco Nacional Pesquero y Portuario, que Ojeda Paullada intervino y favoreció el fraude en petróleos Mexicanos, en los barcos que comprara Isidoro Rodríguez, con su socio Mario Ramón Beteta.
Nadie olvida que el Banco Nacional Pesquero y Portuario prestó el dinero para la compra de esos barcos. Es indispensable profundizar en la investigación, para que pueda extirparse la corrupción. ¿Dónde quedan aquellas defensas de los priístas como Lanz Cárdenas entre otros diputados priístas, que se portaron como serviles al gobierno? ¿Donde queda el partido del gobierno?; es necesario que se profundice la investigación para beneficio de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Núñez Pellegrín.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Considero que en este asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario se ha ignorado la lógica, la razón y las leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones de crédito en nuestro país, y voy a decirles por qué.
En los dictámenes donde el Ejecutivo abroga la Ley del Banco Nacional Pesquero y Portuario, afirma que el banco es inoperante y que la razón de ser inoperante es que no ha recuperado los créditos otorgados y que para eso estaba el gobierno, para castigar 2 billones 750 mil millones y también para afirmar que los 650 mil millones de pesos también se habían perdido, es decir, habían perdido todo, hasta la vergüenza también.
¿Cómo es posible que a través de los medios de difusión quieran distorsionar lo que ya no pueden tapar y afirmen que únicamente se aproxima a los 400 mil millones de pesos el fraude del Banco Nacional Pesquero y Portuario?
Entonces, quiere decir que en sus argumentos para anular la Ley Orgánica del propio Banco Nacional Pesquero y Portuario vinieron a mentir aquí, pero no es que hayan venido a mentir, tenemos elementos que justifican lo que ellos dijeron en un principio, la recuperación de los créditos de ellos fue nula y hemos presentado una serie de créditos otorgados, como ya lo dijimos en otras ocasiones, sin garantía, con promesa de garantía, con garantía también, en algunos de los casos, pero ninguno se cubrió, y eso no es ninguna sospecha.
Y aquí quiero decirle a aquel diputado que vino, que hemos actuado de una manera sospechosa, quiero decirles que nosotros, los de Acción Nacional, estamos trabajando seriamente en este asunto y queremos que se establezcan las responsabilidades a cada quien y no andamos haciéndole tampoco al agente del ministerio público; por eso hemos aportado los elementos suficientes a la Procuraduría, para que ésta actúe de acuerdo, también, de acuerdo con la ley; vamos a ver si a la propia Procuraduría le van a coartar la información, partiendo también del secreto bancario.
No podemos cruzarnos de manos ante algo que es evidente, ante algo que todo el pueblo de México está exigiendo; castigo a los culpables, y si bien es cierto que se ha actuado, esto tuvo que ser línea, según los medios de difusión, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Yo me pregunto: ¿a poco la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público no estuvo enterada de que estaban robando todo el Banco Nacional Pesquero y Portuario? ¡Claro que lo supo!¡ Y lo supo también la Comisión Nacional Bancaria! Por eso no estamos de acuerdo en que la investigación en el Banco Nacional Pesquero y Portuario surja de abajo hacia arriba, es decir, "agarrando los peces chicos" y después "los peces grandes" pues se van a ir.
¡Queremos que se finquen responsabilidades para los de la Comisión Nacional Bancaria, para los secretarios de Estado, de Hacienda, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría y de Pesca también! ¿Por qué lo digo? ¿Porque en la minuta que elaboraron el 22 de junio de 1988, estos secretarios con su grupo de asesores, establecieron las reglas para liquidar el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Señor Presidente, quisiera preguntarle si mi participación la anotaron para hechos o para este caso el Banco Nacional Pesquero y Portuario, porque yo no pedí mi participación para hechos.
El Presidente: - Está anotada para hechos, diputado, y le recuerdo que precisamente en el desayuno de en la mañana con los grupos parlamentarios, es donde se anota otro tipo de oradores.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín: - Quiero pedirle nada más unos minutos para desmentir lo que han afirmado los medios de difusión. De acuerdo con las relaciones analíticas de responsabilidades de la oficina matriz del Banco Nacional Pesquero y Portuario, tenemos a seis empresas que adeudan una cantidad superior a los 434 mil millones de pesos. Esto valuando las monedas extranjeras que tienen de adeudo, al día 9 de febrero, encontramos que Atunidos, S.A., tiene 179 mil 962 millones; Pescadores de Atún de Ensenada, 2 mil 272 millones; Pescado de Chiapas. 93 mil 806 millones; Pescado de Colima, 66 mil 952 millones; Pescamar, 15 mil 986 millones; Pescanueva de México, 75 mil 963 millones de pesos, que sumados, esto nos da 434 mil 963 millones de pesos.
Esto es, ademas de lo que ha afirmado la propia Procuraduría. Por lo tanto es importante exigirle a la Procuraduría General de la República que en estos casos, por lo menos estos seis, nos establezca cuáles fueron las reglas para operar dichos créditos, cuáles fueron sus garantías, cuáles fueron sus gestiones y cuál fue el resultado de ellas.
¡Porque en México se tiene que acabar la corrupción y todos los diputados, aunque no seamos ministerios públicos, debemos de estar atentos a todo este tipo de atracos y participar para que ya en México esta práctica pase a la historia! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado...Perdón, diputado Ortíz Mendoza, ¿sí?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Para hechos. Ya estaba anotado el diputado Oscar Mauro. Después de él podrá pasar usted.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Queremos fijar la posición del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en torno a este problema, que ha dañado la economía de todos los mexicanos: el fraude cometido en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, bajo ninguna circunstancia debe quedar impune.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha señalado en reiteradas coacciones que la Procuraduría General de la República debe citar a funcionarios...
El Presidente: - Permítame un momento, señor diputado Oscar Mauro.
Esta Presidencia ruega a todos los asistentes diputados o no a que guarden compostura, silencio y atención al orador.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Que se cite a todos los funcionarios que no han sido citados por la Procuraduría General de la República, no obstante la mecánica de investigación que ha llevado adelante.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presentó una denuncia formal y aportó pruebas que hasta el momento la Procuraduría General de la República no ha desahogado en sus términos. Nosotros planteamos la necesidad de que comparezcan ante la Procuraduría a rendir declaración Gustavo Petricioli, ex secretario de Hacienda; Fernando Rafful Miguel, ex secretario de Pesca; Pedro Ojeda Paullada, ex secretario de Pesca; Cubria Palma, ex coordinador general de delegaciones en los estados durante la administración de Ojeda Paullada; también es imprescindible que comparezca el actual liquidador del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Rogelio Carballo Millán, quien tiene mucha responsabilidad en torno a este fraude, porque él fue gerente, director general de Banco Nacional Pesquero y Portuario en las épocas en que se hicieron estos préstamos.
De igual forma es imprescindible que algunos directivos de cooperativas que han estado medrando en torno a los préstamos y a la operación con los bancos del Banco Nacional Pesquero y Portuario comparezcan a declarar, como es el caso del presidente municipal de Guaymas, Sonora, Florentino López Tapia. (Aplausos.)
Asimismo, que la Procuraduría General de la República deje de estar actuando de manera, de cómplice por así decirle, con lo funcionarios que han estado involucrados en este caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Antes de que se citara al anterior director del Banco Nacional Pesquero y Portuario, éste señor, a través de los periódicos y mediante un escrito, compareció a la Procuraduría y señaló que no tenía nada que declarar, que era una persona inocente en relación con los fraudes y que todo lo que había hecho, lo había hecho por instrucciones superiores. Cuando se gira la orden de aprehensión y de presentación de ésta persona, desaparece de la ciudad; no ha sido posible que comparezca a declarar. ¿Por qué razón? Porque la Procuraduría ha estado dando todos los elementos, todos los tiempos suficientes para quienes propiciaron este fraude de 2 billones 750 mil millones de pesos, no se aclare, sin embargo, la Secretaría de Hacienda, en una actitud un tanto sospechosa, solamente informa a la Procuraduría General de la República que ellos encuentran responsabilidad por 400 mil millones de pesos.
Esto es un absurdo, cuando aquí a la Cámara de Diputados se le plantea una quiebra técnica que va más allá de los 2 billones de pesos, bajo esas circunstancias hay responsabilidad, como lo señalaba el compañero Núñez Pellegrín, para funcionarios de la Comisión Nacional Bancaria, que debieron de haber sido sancionados por la Contraloría General de la República, ya que éstos inclusive en los acuerdos firmados en esta Cámara, nunca cumplieron el compromiso de entregar los estados financieros dictaminados de 1986-1987, 1988-1989.
Tampoco entregaron la cartera vencida del Banco Nacional Pesquero y Portuario, conforme al acuerdo parlamentario y mucho menos los informes de las revisiones anuales de la Comisión Nacional Bancaria en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Esta comisión que se integró como comisión investigadora, fue una comisión complicadora de los funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario y de todos los involucrados en este fraude, en primer lugar porque antes de entrar al fondo del problema, porque antes de profundizar en las causas del fraude, ya los miembros del Partido Revolucionario Institucional defendían denodadamente a todos los funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que inclusive en estos momentos están siendo citados para declarar en la Procuraduría.
Por ello, porque no queremos que esta Legislatura se convierta en cómplice de un daño a la nación de un fraude que es totalmente dañino para la economía nacional, queremos y seguiremos, como diputados federales y como representantes de la nación, aportando todas las pruebas, que inclusive el día de hoy nos trae a esta ciudad el diputado Patricio Estévez Nenninger, para demostrarles a ustedes que los priístas y la Procuraduría que ¡hay más enemigos, hay más responsables y que no están actuando en los términos que la ley establece! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el diputado Francisco Ortíz Mendoza.
Aprovecha la Presidencia para decir que: tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la Presidencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 34 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y a fin de concluir los asuntos pendientes en cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión del orden del día, que por cierto está sumamente avanzado.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: Es necesario precisar muy bien los conceptos. El Partido Popular Socialista...
(Voces): -¡No se oye!
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - No se oye, señor Presidente. ¿Cómo estoy aquí ante los micrófonos ya? A ver. Señor Presidente; honorable asamblea: es necesario precisar muy bien las cuestiones que se están tratando. El Partido Popular Socialista está totalmente de acuerdo de que si un diputado o un grupo de diputados, como acaba de declarar aquí el Partido Acción Nacional, tiene pruebas del proceso que ha sucedido en el Banco Nacional Pesquero y Portuario de quiénes son los culpables, de qué préstamos se hicieron, de dónde está el delito, ¡perfecto derecho tienen a venirlo a denunciar!, y si es necesario que se designe una comisión que investigue y que vaya a la Procuraduría y persiga a los delincuentes hasta que sean sancionados, ¡totalmente de acuerdo!
El Partido Popular Socialista está de acuerdo en que si en el Banco Nacional Pesquero y Portuario
hubo, como hay todas las sospechas, de un fraude de miles, o centenares de miles, o de billones de pesos, se sancione a los culpables. ¡Pleno derecho!
Si los compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana acaban de declarar que el compañero Estévez trae pruebas de ese fraude y de quiénes son los responsables, ¡tiene pleno derecho a denunciarlos e ir a la Procuraduría a que se busque y se sancione a los responsables!
En lo que no está de acuerdo el Partido Popular Socialista, es que se le pretendan dar facultades a la Cámara de Diputados de las que carece.
Acaba de decir el diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que no quiere que la LIV Legislatura pase como cómplice. ¡No veo yo dónde y cómo la LIV Legislatura pasa como cómplice! ¿Por qué?
Yo le pido a la Presidencia que la secretaría lea los tres últimos párrafos del informe de la comisión que se creó y tuvo su fecha de término.
Si para algún diputado esa comisión sigue existiendo, ¡bueno, tiene derecho de creer! ¡Yo hubiera querido que ganara Italia, pero ganó Argentina. Pues eso es otro problema! ¡Cada quien puede tener el gusto que quiera! (Aplausos.)
Pero como yo soy miembro de la comisión, yo no quiero que me involucren como cómplice del Banco Nacional Pesquero y Portuario, porque mañana me van a enjuiciar a mí.
Entonces yo pido a la comisión que lea los dos últimos párrafos, si es que los tienen aquí. ¡No sé si los tengan a la mano!.
El Presidente: - Rogamos a la secretaría, con el auxilio de quienes integraron esta comisión, recabar el documento, a fin de dar lectura a la parte solicitada por el diputado Ortíz Mendoza...
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Pero yo recuerdo, mientras viene el informe, que se dice claramente que: "corresponde al Ejecutivo y al Judicial, por todos sus conductos, investigar este problema". ¡Y en la práctica, señores diputados, es lo que está sucediendo! Cuando Hacienda denunció, empezó la persecución. ¡Y la Procuraduría lo está haciendo! Chueco, derecho, mal o bien, podemos denunciarlo, ¡pero no le echen lodo a la Legislatura! ¡No tienen por qué!
Yo le pido al compañero coordinador del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que me diga, ¿en qué artículo de la ley, de la constitución, de la Ley Orgánica de la Cámara, del reglamento, tenemos facultades nosotros para citar a un presidente municipal? ¿Dónde estamos facultados para eso?
El Presidente: - Diputado Ortíz Mendoza, ¿aceptaría usted una pregunta del diputado Oscar Mauro Ramírez?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Cómo no.
El Presidente: - Adelante, diputado Oscar Mauro Ramírez.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Señor diputado Ortíz Mendoza, usted que formó parte de la comisión investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario, pudo comprobar, porque así en reiteradas ocasiones lo dijo, que no estaba el muerto, que sobre qué íbamos a trabajar; quiero preguntarle a usted, ¿si supo o conoció usted algún dictamen, alguna auditoría o algún documento de la Comisión Nacional Bancaria que nos dijera las causas de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Ninguna, no conocí ninguna. ¿Era su pregunta?, está contestada. Como miembro de la comisión no tuve nunca en mis manos ningún informe, y se los dije cuando empezaron las reuniones a toda la comisión y a usted mismo: "señores nos van a negar todo, porque no tenemos facultades", y yo quiero que me digan ¿en dónde están las facultades? No están, señor diputado, por eso no acepto que le hagan el cargo a la Cámara, porque a mí me toca.
Nosotros cumplimos, el Partido Popular Socialista se los dijo mil veces: "Señores, no están los datos y no nos los van a dar, nos van a decir que no tenemos derecho".
El Presidente: - Diputado Ortíz Mendoza, ¿acepta usted una pregunta del diputado Melo?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Sí, sí, cómo no.
El Presidente: - Adelante, diputado Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): - Señor diputado, respetuosamente es mi pregunta, ¿cuándo usted aceptó formar parte de la comisión sabía que no tenían facultades?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Sí.
El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): - Entonces. ¿para qué aceptó?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza; - Lo que acepté fue investigar lo que pudiéramos investigar y dije: "no hay facultades para más", lo dije desde el primer día, por eso me negué a todas las peticiones que nos iban a rechazar, y ahí está en las actas, en todas dije: "para esto no hay facultades señores", y decían: "hay que pedirlo", y llegó la respuesta negativa.
El Presidente: -¿Aceptaría usted otra pregunta del diputado Melo?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Sí con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): - Eso es lo que quería saber y su respuesta me da justamente a la siguiente pregunta: entonces, si usted aceptó la comisión sin saber que tenían facultades, entonces quien le está echando lodo a la LIV Legislatura es usted, por jugar con esa posición. (Aplausos.)
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: -¡Ah, que lógica! Perfecta lógica, perfecta lógica. Si yo acepto formar parte de un organismo que está facultado para determinadas tareas, usted dice que yo soy responsable porque no estoy de acuerdo en que se pidan cosas en las que no tenemos facultades, bonita lógica, y le aplauden los ilógicos; tiene que ser. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Ortíz Mendoza, le solicita una pregunta el diputado Núñez Pellegrín; ¿la acepta usted?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Con mucho gusto.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín (desde su curul): - Señor Ortíz Mendoza, la comisión Especial Investigadora integrada por miembros de esta Cámara, se formó en base al artículo 93, en su párrafo tercero, y en base a eso yo creo que usted tuvo fe en que se iba a hacer un trabajo serio. Yo le quiero preguntar: ¿si considera que el trabajo que se realizó en la comisión fue serio o fue simplemente una vacilada, una tomada de pelo?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - No, ninguna de las dos cosas, compañero. La comisión hizo lo que pudo hacer y nada más, lo que tenía facultades para hacer y nada más y nada más. (Aplausos.)
Los miembros de la comisión que quieran investigar, buscar datos con sus amigos contadores públicos, con sus amigos lo notarios, con los de la alta, los que tengan relaciones con los de la alta, pues que saquen datos, los lleven a la Procuraduría o los traigan aquí y los apoyamos, porque queremos que se aclare el fraude nosotros también, pero nada más no le exijan a la Cámara de Diputados que se convierta en ministerio público. Como Cámara, no puede, la comisión no puede hacerlo ni puede exigirle al Procurador. Ni podemos citar a todo mundo a nuestro capricho. La Constitución es muy clara, tenemos facultades para citar a los secretarios de Estado y a los jefes de departamento; ni a los presidentes municipales ni a los particulares, a nadie tenemos facultades, ése es todo el problema. Yo formé parte de una comisión de acuerdo con la ley y la Constitución y cumplió; ustedes quieren que siga existiendo, pues que Dios los proteja y eso es todo. (Aplausos.)
El Presidente: - Perdón, había solicitado la palabra para hechos el diputado Pablo Gómez y estoy viendo que también la solicita el diputado Jesús Ortega. Reitero que es para hechos, cinco minutos.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Es muy grave que se diga en la tribuna que la comisión no tenía facultades suficientes para llevar a cabo la necesaria investigación, porque si la Constitución a una comisión investigadora le da la facultad de investigar, no le puede limitar en esa función ningún mandamiento de autoridad administrativa a la propia comisión y, por ser de rango constitucional esa comisión, debe contar con la colaboración de los funcionarios públicos del Ejecutivo, con el propósito de que la Cámara de Diputados pueda cumplir debidamente con la facultad que le confiere el artículo 93 de la Constitución. Sería absurdo que la Constitución admitiera la existencia de la figura de comisión de investigación para que ésta no pudiera investigar nada.
El atraso del derecho parlamentario y sobre todo la prepotencia y altanería con que actúa el Ejecutivo en este país, no pueden se obstáculos, no deberían ser obstáculos razonables para doblegarse frente a la exigencia de que una comisión investigadora de la Cámara de Diputados deba cumplir plenamente con las funciones que se le asignaron. Pero es más grave aun decir que la Comisión Investigadora del Banco Nacional Pesquero y Portuario cumplió, que no cumplió,
en ningún aspecto cumplió, no cumplió en absoluto, ni siquiera lo que se había acordado en una negociación en que participa quien se ríe tanto, que no sé por qué se ríe, que no descubrió nada...deberías reírte, señor Pérez Jácome, de ti mismo, por lo menos de esa manera te unirías a la mayoría. La cuestión no es ésa, cuando se negoció este asunto entre los grupos parlamentarios, acordamos de común acuerdo entre todos, que como parte de la investigación se tendría que examinar la cartera vencida; las autoridades bancarias negaron la cartera vencida a la comisión, y les da mucho gusto a quienes suscribieron inicialmente que la comisión iba a examinar la cartera vencida, que el Ejecutivo les haya negado lo que ya habían pedido de antemano; es decir, la cartera vencida para su estudio y análisis.
Yo no veo por qué festinan algunos partidos el que esta comisión no haya cumplido con los objetivos que ella misma se trazó, que los propios grupos parlamentarios, a través de sus coordinadores, le trazaron a esa comisión.
No fue cumplido lo que estaba en el programa negociado entre los grupos parlamentarios, por lo tanto, desde el punto de vista de los grupos parlamentarios, no hablemos de otras consideraciones. La comisión no cumplió con lo que se le había encomendado, y eso está perfectamente escrito y firmado. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega Martínez, para hechos.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Exclusivamente para rectificar un hecho de la intervención del ingeniero Ortíz Mendoza; ya se va, pero de cualquier manera deseo rectificar un hecho.
El ingeniero Ortíz Mendoza firmó el acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para constituir la Comisión Especial Investigadora en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
En segundo lugar, el ingeniero Ortíz Mendoza participó en casi todas las sesiones de la Comisión Especial Investigadora y en las dos o tres primeras sesiones... lástima que se fue el ingeniero Ortíz Mendoza, estuvo haciendo propuestas de cómo debería investigar la comisión en el Banco Nacional Pesquero y Portuario, hizo propuestas precisas, concretas; estableció un método de cómo deberíamos de funcionar los diputados para investigar y cumplir con la responsabilidad de la Comisión Especial.
¿Cuándo se dio cuenta el ingeniero Ortíz Mendoza o cuándo llegó a la conclusión el ingeniero Ortíz Mendoza que la comisión no tenía facultades?, ¿saben cuándo?, cuando a esa misma conclusión llegaron los diputados priístas de la comisión; en este momento, el ingeniero Ortíz Mendoza dice que la comisión no tiene facultades, pero antes participó, propuso, buscó que la comisión investigara; después llega a la conclusión de que no tiene condiciones y no tiene facultades, cuando los priístas llegaron exactamente a esa misma conclusión. Esa es al valía del ingeniero Ortíz Mendoza.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, para hechos.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Es una verdadera lástima que el ingeniero Ortíz Mendoza se haya retirado del salón y se haya negado el debate parlamentario, porque me gustaría, por su experiencia parlamentaria, que rearguya los términos de los artículos 89 y 90 del todavía, aún vetusto, vigente y positivo Reglamento Interior del Congreso General.
El artículo 89 señala que "las comisiones, por medio de su presidente, podrán asistir a cualesquiera archivos, oficinas de la nación, solicitar todas las informaciones y copias de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios, y esas constancias les serán proporcionadas siempre que el asunto a que se refiera, no sean de los que deban conservarse en secreto, ya se habló aquí del famoso secreto bancario, en la inteligencia de que la lenidad o negativa a proporcionar dichas copias en plazos pertinentes, autorizará a las mencionadas comisiones para dirigirse oficialmente en queja al ciudadano Presidente de la República".
Y el artículo 90 dice: "también las comisiones para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, tendrán conferencias con los funcionarios a que se refiere el artículo 53 de este reglamento, quienes están obligados a guardar cualesquiera de los miembros de las comisiones, las atenciones y consideraciones necesarias al cumplimiento de su misión.
En el caso de que las comisiones tuvieran alguna dificultad u obstrucción en el disfrute de estas prerrogativas, atención, es una prerrogativa, esto es un derecho que tenemos los diputados de esta Cámara, están autorizados para obrar en la forma indicada en el artículo anterior.
Las comisiones de ambas cámaras pueden también tener conferencias entre sí para expeditar el despacho de alguna ley u otro asunto importante".
De suerte que qué mal, qué negativo es que justamente venga un diputado a mencionar que no tenemos disposiciones que nos faculten expresamente, cuando que las hay, porque todavía esto es derecho positivo y vigente; yo creo que aún a pesar de las alianzas con otros grupos o con otros partidos políticos, aquí debe prevalecer el interés superior de la nación.
Se ha abierto efectivamente una cloaca, una cloaca inmensamente grande, inmensamente poderosa, por los intereses que se manejan.
Vamos en unos momentos más, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a denunciar hechos muy graves, pero por encima de esto yo quiero recordarles, compañeros diputados, la responsabilidad que tenemos y que debemos asumir; independiente de nuestros compromisos personales, insisto, de grupo, de partido político, están los superiores de la nación. El pueblo está esperando nuestra respuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Patricio Estévez, cinco minutos.
El diputado Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Para acotar y rectificar también algunos hechos en relación a lo que fue el trabajo de la comisión investigadora que se formó el 28 de diciembre de 1989, conviene aclarar, en coincidencia con lo que han expresado otros compañeros diputados aquí, que se había logrado un acuerdo parlamentario de todas las fracciones, para que la Comisión Nacional Bancaria presentara los estados financieros dictaminados con sus anexos analíticos para los años 1986, 1987, 1988 y 1989; la cartera vencida del Banco Nacional Pesquero y Portuario, conforme al acuerdo parlamentario y los informes de las revisiones anuales que la Comisión Nacional Bancaria realizó al Banco Nacional Pesquero y Portuario, incluyendo el sustento legal para la cancelación de las llamadas cuentas incobrables.
Ya cercano al momento en el cual se presentó el dictamen aquí al pleno, se invitó a un representante de la Comisión Nacional Bancaria, a un representante de la Banca de Fomento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al señor Rogelio Carballo, en su calidad de liquidador del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y a otros funcionarios; casi con un plazo de menos de ocho o 10 horas se notificó a los diputados de la presencia de estos funcionarios para aclarar dudas, preguntas que tuviésemos en torno a estos tres puntos que estaban plenamente concertados y consensados en todas las fracciones parlamentarias.
Nos reunimos compañeros de todas las fracciones y dirigimos un oficio al presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, que se le entregó ahí mismo el día 20 de abril de 1990, en el cual se estableció, y ahí están las minutas de esa reunión, que no podía proceder ninguna plática informal con estos funcionarios, si antes no se les daba la información que oficialmente había sido parte de un acuerdo parlamentario al interior de la comisión, y lo firmamos en aquella ocasión, el 20 de abril, los diputados Jesús Ramón Rojo, Noé Aguilar Tinajero, Rafael Núñez Pellegrín, Benito Rosell, Juan Guerra, Jesús Ortega, Jaime Enríquez, Patricio Estévez y Espiridión Sánchez; los representantes o miembros de la comisión investigadora del Partido Popular Socialista, no quisieron firmar este acuerdo, cuando era obvio y evidente que se estaba violando, por los propios miembros de la comisión, un acuerdo previo que tenía consenso. De tal forma, que conviene aclarar que esta situación quedó a todas luces inconclusa desde el punto de vista de lo que fue la intención explícita que se había trazado la misma comisión investigadora.
Por otra parte, quiero aclarar a los compañeros del Partido Popular Socialista, que en ningún momento las intervenciones del diputado Oscar Mauro o de cualquier miembro de mi partido, pretenden hacer que comparezcan ante la Cámara de Diputados los funcionarios que se mencionaron, como Gustavo Petricioli, como Ojeda, como Rafful, como Gurría Palma, como Florentino López Tapia y muchos otros, sino que se pide que comparezcan ante la Procuraduría General de la República, no ante el Congreso. Eso fue claro, no se dijo de otra forma, no se pretende sustituir una función por otra, ¿y eso por qué?, porque el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el Partido Acción Nacional, por separado, acudiendo a la Procuraduría General de la República en su momento, presentamos denuncia formal para que se investigasen muchos de estos ilícitos y muchas personas, con los elementos de prueba que tuvimos, y fuimos informados por un boletín de la Procuraduría General de la República, que los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Acción Nacional, aportaban elementos de información para que la Procuraduría procediese a la investigación que le corresponda, conforme a los derechos de la Constitución y a su función.
En este sentido, es interesante y sospechoso, o llama la atención, que el Partido Popular Socialista no haya tenido nada que aportar a la Procuraduría General de la República para proceder a la investigación, y como lo dijo el compañero Oscar Mauro, sí tenemos elementos para aportar más información y muchas personas que
se vieron directamente involucradas, concretamente en la pesca del camarón del Pacífico, que abarca Mazatlán, Los Mochis, Guaymas y hasta Puerto Peñasco, ya han venido reuniendo cierta evidencia que será ampliada en las declaraciones que presentamos ante la Procuraduría General de la República en su momento.
Porque ni el pueblo de México, ni el sector pesquero, en su gran mayoría, están conformes con que sean nada más esos los detenidos y los culpables del fraude al Banco Nacional Pesquero y Portuario. Pregúntenle al pueblo si está conforme o no para saber si ha concluido o no, en el nivel de nuestro ámbito, la labor que iniciamos el 28 de diciembre del año pasado y que fue unánime el acuerdo aquí en esta Cámara de Diputados. Eso es todo, muchas gracias.
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Javier Bonilla Chávez.
El diputado Javier Bonilla Chávez: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: En relación al caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, que estamos debatiendo en este momento, quiero en primer lugar, como un antecedente que considero de mucha importancia, el decir que el informe que preparó la Comisión Investigadora del caso Banco Nacional Pesquero y Portuario, fue un informe sólido, consistente y que está respaldado por la documentación que nos enviaron las autoridades competentes, en este caso, que coordinó la cabeza de sector, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en este legajo que les muestro a ustedes está toda aquella información que en algunos casos no se quiso analizar minuciosamente y que quienes estudiamos y trabajamos consciente y seriamente en la preparación de este informe, concluimos que deberíamos recomendar, en base a los preceptos legales que avalaban el acuerdo de referencia que suscribieron las fracciones parlamentarias, de que se recomendara al Ejecutivo, por medio de las dependencias conducentes, que se abrieran las investigaciones que fueran necesarias, y que aquí estaban las pruebas o los elementos que sirvieran para conocer cualquier situación que fuera ilegal. Nosotros nunca nos manifestamos por encubrir a nadie, ni porque a este informe se le diera carpetazo, como aquí se quiere expresar.
Nosotros siempre estuvimos conscientes de que si hay culpables, seremos los primeros en coadyuvar para que se aporten las pruebas, y estaremos siempre pendientes de que las autoridades competentes lleven a cabo hasta sus últimas consecuencias, y que si salen del país los involucrados, hay leyes, hay convenios con otros países, y hay todos los medios para detenerlos a donde sea.
Nosotros no estamos dispuestos a encubrir a nadie, y eso fue el propósito del informe, pero tampoco estamos dispuestos a que con documentos que son extraídos de artículos de revistas o de copias fotostáticas o de pruebas que no son dubitables, con ellas vayamos a querer que las cifras de que aquí se ha hablado sean para que se enjuicie y para que se acuse a todo mundo que estuvo involucrado de una o de otra forma en el sector pesca, a eso tampoco estamos dispuestos.
Esta es una investigación seria, una investigación responsable, en donde queremos que donde existan las pruebas plenas, nosotros mismos y así lo hemos invitado, y saben perfectamente los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, que la Procuraduría tiene abiertas las puertas para que, con pruebas fehacientes, vayamos a fortalecer nuestras denuncias y nuestras acusaciones, pero no llevando una revista, no llevando una fotostática, o no llevando pruebas que única y exclusivamente dicen que el fraude de 2 billones 750 mil millones de pesos, que todo es un robo, que todo es un fraude, que esa cantidad se perdió; eso no estamos dispuestos tampoco a aceptarlo ni con declaraciones amarillistas o sensacionalistas, quererle hacer creer al pueblo que el fraude es por 2 billones 750 mil millones de pesos.
Por lo pronto, y de esta investigación y del resultado de estos documentos que tengo y que todas las fracciones parlamentarias, y sobre todo los que formamos la comisión investigadora tuvimos a la mano para analizarlos, de ahí desprendimos, compañeros, que de los 2 billones 750 mil millones de pesos en donde el gobierno federal creyó conveniente hacer un convenio de saneamiento financiero para que se asumieran pasivos por 2 billones 750 mil millones de pesos, en primer lugar no significó la entrega física de dinero; éstos no fueron recursos frescos; el gobierno federal se constituyó en deudor de los créditos vencidos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, de éstos, 49% fueron para absorber pérdidas de operación acumuladas que fueron 1 billón 350 mil millones de pesos, el 51% restante fue para asumir los pasivos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, y de acuerdo a lo que establecía el convenio de las fracciones parlamentarias que creó la comisión, en el estudio que analizamos de 1987 a 1989, las pérdidas fueron por 1 billón 450 mil millones de pesos, originadas principalmente por el diferencial de intereses cobrados contra los intereses pagados que son 1 billón 260 mil millones de pesos, y que esto explica el 86.6% de la pérdida acumulada; así es que no hay que hacer creer a la opinión pública que los 2 billones 750 mil
millones de pesos es fraude. Eso no es serio, eso no es responsable, en primer lugar.
En segundo, si de aquí de estas operaciones se llegara a desprender algún ilícito, nosotros seremos los primeros en apoyar y en respaldar cualquier denuncia, compañeros, pero tampoco creer y hacer creer que 2 billones 750 mil millones de pesos es el fraude total; eso no vamos a estar dispuestos a aceptarlo y hacerle creer a la opinión pública con amarillismos y sensacionalismos.
El Presidente: - Señor diputado, quieren hacerle una pregunta.
El diputado Javier Bonilla Chávez: - Al final les acepto las preguntas, al final.
Quiero solamente dejar recalcado, en lo que aquí se ha dicho, que no se ha permitido a las fracciones ir a la Procuraduría. Aquí mismo, en forma muy honesta, el compañero del Partido de la Revolución Democrática dijo que él no había podido asistir a la reunión con el Procurador, eso prueba de que hay voluntad en esta Cámara y en todo el Ejecutivo, para que la investigación siga siendo seria, todos la respaldemos.
Invito a todos a que, si tenemos las pruebas fehacientes, vayamos conjuntamente todas las fracciones parlamentarias a presentar las pruebas, pero que sean fehacientes, que sean serias, que sean consistentes.
Sólo quería hacer mención a algunos otros puntos, en el sentido de que los recursos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, se habían destinado para campañas de mi partido.
Quiero decirles que de esto recabemos la información de las autoridades responsables, y aquí está en la carpeta, en el sentido de que si alguna sociedad cooperativa usaba algún membrete de cualquier partido, eso no es prueba plena para confirmar que se estaban dando recursos a un partido para campañas políticas. Otra cosa es, en el sentido de que aquí se dice de que nunca se quiso explicar qué cosa era quiebra técnica.
Compañeros, hay una pregunta que hicieron varias fracciones parlamentarias, y dicen: explicar el concepto de quiebra técnica y acreditar las razones y causas que la hayan provocado.
Aquí está la contestación, tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de la Comisión Nacional Bancaria, en el sentido de que el diferencial, sobre todo de interés cobrados y pagados, originó la insolvencia o la insuficiencia en este banco, y por eso el Ejecutivo decidió solicitar al Congreso la abrogación de la ley.
El Presidente: - Han solicitado la palabra para hechos, los diputados Rafael Núñez Pellegrín, Jesús Rojo Gutiérrez y Pedro César Acosta Palomino.
Tiene la palabra el diputado Rafael Núñez Pellegrín.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín: - Es difícil que alguien venga aquí a tratar de defender lo que ninguno de todos ustedes en la comisión especial pudo dar respuesta, ni tampoco tuvieron la voluntad de hacerlo.
Aquí se ha informado, por parte del diputado Bonilla, que el informe que presentó la Comisión Especial Investigadora, es sólido y es competente. ¡Que manera de hacer el ridículo!, formé parte de esa comisión. Le quisiera preguntar que si también firmé el dictamen, ese dictamen es de los priístas, no de la comisión, no hay que confundir aquí a la asamblea. ¿Dónde está la solidez?, ¿dónde está la seriedad de este documento? Aquí se viene a afirmar de que no pasó nada en el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Entonces, ¿por qué se nos coarta la libertad y, de acuerdo con el mandato que ya se había establecido previamente en la integración de la comisión, para que vayamos al fondo del asunto? Eso fue cuestionado fuertemente en el interior de la comisión, y la participación de Dionisio Pérez Jácome, maniobró totalmente las propuestas para que se dieran los elementos que nos llevaran al fondo del asunto. Si todo lo hicieron bien, entonces, ¿por qué les acaban de presentar los documentos financieros que deben estar debidamente auditados, no nada más por el consejo de administración y los comisarios del propio banco, sino también por expertos externos? Si los tenían, entonces, ¿por qué los ocultan?, ¿porque todo lo hicieron bien?, entonces este informe lo están basando en toda la información que les dio el infractor y parte de esa informe viene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, de los culpables sacan este informe y mañosamente quieren decirle al pueblo de México: no pasó nada en el Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Hay alguna respuesta que viene en ese informe, que la contestó el propio banco y que fue en lo que nosotros de Acción Nacional nos opusimos a que fuera propio infractor el que nos diera la información; dijimos: dennos los elementos que deben tener ahí por ley y lo demás nosotros lo cuestionamos. Pero me llama mucho la atención una respuesta que dieron a una de las preguntas, la pregunta era en el sentido que si el banco se había apegado en orden estricto a la ley en el otorgamiento de los créditos y se había seguido el criterio; qué criterio se había utilizado también, y
la contestación fue la siguiente: dijo el Banco Nacional Pesquero y Portuario, que todas las operaciones realizadas por ellos, se habían apegado en orden estricto a la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, y además a los usos y criterios bancarios.
Yo le quiero decir al diputado Bonilla, que nosotros lo que hemos venido a discutir aquí, no son informes periodísticos, son relaciones de responsabilidades del propio banco, en las cuales establecen que no hubo garantía en muchos de los créditos o en otros que se otorgaron basándose únicamente en promesas de garantía.
Yo les dije en una ocasión que, ¿qué banco le podía prestar a cualquier ciudadano de nuestro país, bajo la promesa de garantías? Eso únicamente los hacía el Banco Nacional Pesquero y Portuario, y los hacía con sus cuates, ésa es la realidad, por eso le sacaron a irnos a los documentos debidamente dictaminados y que esos son los documentos serios, no la vacilada que nos fue a entregar el diputado Pérez Jácome. Muchas gracias.
Presidencia de la diputada María Elena Chapa Hernández
La Presidenta: - Tiene la palabra para los mismos hechos, el diputado Jesús Rojo Gutiérrez, por cinco minutos.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez: - Estamos sobre el asunto que le interesa al pueblo de México, como es caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, puesto que precisamente fue el pueblo de México al que se le saqueó con la administración y el mal manejo del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Tengo en mis manos el informe que el grupo priísta de la comisión investigadora formuló y que precisamente el 22 de abril en una sesión donde había el quórum necesario, aprobaron mandarla al Ejecutivo con la cual hicieron todo un cachirul legislativo.
Pero vamos viendo el fondo de la cosas. Reconocen una pérdida de 2 billones 750 mil millones de pesos y el capital social del Banco Nacional Pesquero y Portuario, autorizado por el Congreso al constituirse, ascendía a 650 millones de pesos. Pues muy bien, la pérdida de 2 billones 750 mil millones de pesos fue, según ustedes mismos lo señalan, en tres años, tres años que son 1 mil 95 días y que si dividimos los 2 billones 750 mil millones de pesos entre los 650 millones de capital social, resulta que todos los días de los tres años de 1987, 1988 y 1989, se estuvieron perdiendo cerca de cuatro veces el capital social del Banco Nacional Pesquero y Portuario que autorizó el Congreso.
Díganme si no hay responsabilidad para los directivos del Banco Nacional Pesquero y Portuario, el estar perdiendo diariamente más de cuatro veces el capital social y todos tan tranquilos. ¡El pueblo de México no está tranquilo, señores! (Aplausos.)
En la página 19 de este informe que ustedes hicieron, señalan que en los tres años se canalizaron recursos al sector pesquero por 237 mil millones de pesos; para prestar al sector pesquero 237 mil millones, aceptan haber perdido 2 billones 750 mil millones de pesos, ¿dónde está esa posibilidad, si fue nada más así, una pérdida?; explíquenle eso al pueblo, que para prestar 237 mil millones pierden 2 billones 750 mil millones de pesos; hubiera salido más barato que si hubieran contratado los servicios de los camiones blindados, los llenan de dinero y los reparten por todas las costas de México y se pierden nada más los 237 mil millones y no los 2 billones 750 mil millones; esto es lo que deben de explicar y no tratar de que los funcionarios que manejaron este banco son unas palomitas.
Pero si quieren, seguimos discutiendo sobre este asunto. Gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Pedro Acosta Palomino.
El diputado Pedro César Acosta Palomino: -Honorable asamblea: El hecho rectificable que amerita mi presencia en esta tribuna, es de carácter general; consiste en el estrecho formalismo que envuelve toda la argumentación del diputado del partido oficial que vino aquí, ciertamente, a una tarea imposible, tratar de convencernos a nosotros y a la opinión pública de que lo del Banco Nacional Pesquero y Portuario, no es más que algo completamente incidental y sin responsabilidad para quienes tuvieron a su cargo esa institución.
Ya el dictamen que presentó la comisión investigadora venía cargado de ese formalismo estrecho que estoy denunciando, ya es conocido de la opinión pública que prosperó en el seno de este recinto sólo por la votación mecánica de los diputados del partido oficial, pero con la oposición responsable, documentada y enérgica de quienes saben que están aquí para defender los legítimos intereses de la nación y no para proteger a pillos; pero además, ese dictamen recibió la aprobación en condiciones que arrojan serias dudas sobre la bondad de los procedimientos internos.
Recordarán ustedes que a consecuencia de ello, se tuvo que optar por un camino bastante comentado posteriormente: la huelga parlamentaria de quienes vieron cómo los argumentos razonables
de la oposición, seguían estrellándose ante el estrecho formalismo de la diputación oficial.
¿Y qué ocurrió?, que en vista de la cerrada muralla de intolerancia que había por parte de la diputación oficial, Acción Nacional en concreto presentó ante la Procuraduría General de la República una denuncia para que el escabroso asunto del Banco Nacional Pesquero y Portuario fuera investigado en los términos correspondientes. A esa denuncia siguieron otras de grupos diferentes interesados también en esclarecer los hechos, y posteriormente lo que aquí había quedado como un simple e inocuo informe, fue enviado con esas características al Ejecutivo donde hemos de agradecer que cierta sensibilidad política le haya permitido mandarlo a la Procuraduría, con carácter, también de denuncia, para que de estos hechos que la oposición había exigido investigar, fuesen al fin investigados.
¿Y qué ocurrió?, que entonces sí la Procuraduría comenzó a investigar; ¿y qué nos presentan ahora como conclusiones?, un informe que consideramos omiso, un informe que no nos parece suficientemente de fondo, que también peca de formal. Se nos ha dicho entre otros argumentos, que el fraude al Banco Nacional Pesquero y Portuario, no alcanza las proporciones que señalábamos en las estimaciones de la oposición, a través de nuestros documentos, que es una cantidad inferior, como si eso en un momento dado constituyese el argumento fundamental. El robo a la nación no fue de la cuantía que ustedes dicen, ¡pero ya el solo hecho de haber aceptado que existe un robo a la nación, debería mover a la voluntad y a la acción de los diputados del Partido Revolucionario Institucional para unirnos todos en defensa de los intereses del pueblo y buscar que estos hechos se esclarezcan a fondo también! (Aplausos.)
Vienen aquí con un eufemismo, la famosa quiebra técnica, a tratar de conformar o de desvanecer las serias dudas que existen acerca de la conducta presuntivamente delictiva de quienes tuvieron a su cargo la dirección del Banco Nacional Pesquero y Portuario. La quiebra técnica, dicen, consiste en un diferencial de intereses, eso ya lo sabíamos, pero la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, por cierto no menciona para nada quiebra técnica y en cambio sí señala lo que hay detrás de las conductas que llevan a la quiebra.
¡Hay quiebras culpables, hay quiebras fortuitas y hay quiebras fraudulentas!, y en eso creo que tenemos que ponernos a investigar todos: qué hay detrás de la conducta de la quiebra del Banco Nacional Pesquero y Portuario; ¿culpabilidad?, ¿mero accidente?, o deliberada intención de robar a la nación. ¡Mientras esas dudas no se esclarezcan, nosotros creo que tenemos derecho a actuar conforme a la ley y a la Constitución, y si vienen aquí a decirnos que esas facultades no existen, existe en cambio el derecho de "pataleo" que todo el pueblo mexicano tiene para que esto se investigue y se aclare! (Aplausos.)
La Presidenta: -Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ricardo Olivares para los mismos hechos y durante cinco minutos.
El diputado Ricardo Olivares Pineda: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, sin lugar a duda, ha sido uno de los temas que más se han debatido en esta Cámara. Como todos lo sabemos, ya se ha dicho aquí, desde diciembre del año pasado, con mayor precisión el 28, se integró una comisión especial investigadora, una comisión pluripartidista para ver la situación financiera del Banco Nacional Pesquero y Portuario, nos dimos a la tarea para recabar la mayor información posible de acudir directamente con las instituciones involucradas en este problema.
En el transcurso de los trabajos, algunos diputados, principalmente de los partidos de oposición, presentaron algunas pruebas, algunas denuncias, es cierto, en contra de personas que cometieron ilícitos con dicha institución; consideraron las autoridades del Banco Nacional Pesquero y Portuario, en ese momento, que dichas pruebas y denuncias eran incompletas y en algunos casos, digo en algunos casos, sin fundamento jurídico; sin embargo, la mayor parte de las preguntas e información solicitada por la comisión especial fue proporcionada oportunamente, directamente, como dije ya, por las instituciones involucradas.
La conclusión de las autoridades de las actividades de la comisión especial se efectuó dentro de los términos autorizados, y en los resultados de la investigación contenidos en el informe fue entregado al Ejecutivo Federal; en dicho informe se señala que no fue factible contar con algunas respuestas que satisfacieran a algunos diputados de los diferentes partidos, por la limitación establecida, como muchos de ustedes lo saben, en términos de las disposiciones legales que protegen y garantizan el secreto bancario; de tal manera que la comisión especial consideró en el informe recomendar que fuera el Ejecutivo Federal quien determinara en la práctica la ejecución de las auditorías e investigaciones conducentes, y hoy tenemos ya respuesta a algunas inquietudes presentadas.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la Comisión Nacional Bancaria y la Procuraduría
General de la República, procedieron a una profunda investigación llegando hasta estos momentos, porque la investigación no ha terminado por parte de la Procuraduría, a la detención de 13 personas, entre ellas a ex funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Hasta el momento, de acuerdo a las investigaciones por la Procuraduría, existe un fraude, hasta este momento, de 400 mil millones de pesos, repito, la investigación no ha terminado por parte de la Procuraduría.
Se suman a todo esto, señores diputados, 264 juicios mercantiles y penales que se están tramitando ante los diferentes tribunales. Desde el primer día que se iniciaron los trabajos de la comisión especial, los priístas estuvimos de acuerdo y seguiremos estándolo, para que se llegue a sus últimas consecuencias esta investigación, que se proceda contra quien resulte responsable o culpable de dichos fraudes; lo que no se vale, es que se venga a decir aquí que no se ha cumplido, que no se ha trabajado en ello, que no está respondiendo la autoridad ante la petición de la comisión especial, a través del informe. ¡En esto no estamos de acuerdo nosotros!
Sentimos que la comisión...
El diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Señora Presidenta, una interpelación.
La Presidenta: - Perdón, diputado, ¿sí? ¿Acepta el orador?
El diputado Ricardo Olivares Pineda: - ¡No, no acepto!
La Presidenta: - No acepta el orador.
El diputado Ricardo Olivares Pineda: - Lo siento, compañero.
La comisión cumplió para lo que fue creada, cumplió con su comisión. La autoridad está dando respuesta a las investigaciones y a las demandas que se le han presentado; los priístas estaremos pendientes hasta las últimas consecuencias que se llegue a esa investigación, para que al pueblo de México le aclaren cuál fue la pérdida del Banco Nacional Pesquero y Portuario. Muchas gracias.
El diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): - Una interpelación, señora Presidenta.
La Presidenta: - Una pregunta, diputado Olivares.
El diputado Ricardo Olivares Pineda: - No la acepto.
La Presidenta: - No la acepta, diputado.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera...¿Se han agotado los asuntos?
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez: - Sí, señora Presidenta.
ORDEN DEL DÍA
La Presidenta: - Recuerdo a los diputados antes del trámite, que hay sesión secreta. Por favor, proceda la secretaría a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
El secretario diputado Salvador Sánchez Vázquez:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
5 de julio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Durango, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado José Ramírez Gamero, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, la que tendrá lugar el 8 de julio.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, en Puebla, Puebla.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
La Presidencia (a las 16.15 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 5 de julio a las 10.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA Y DIARIO DE LOS DEBATES