Legislatura LIV - Año II - Período Ordinario - Fecha 19900705 - Número de Diario 24
(L54A2P1oN024F19900705.xml)Núm. Diario:24ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Humberto Roque Villanueva
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
Año II México, D. F., jueves 5 de julio de 1990 No. 24
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN
ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Durango, al cuarto informe de gobierno, que rinde el gobernador del Estado.
MINUTAS
NOMBRAMIENTOS
Con proyecto de decreto por el que Susana Micaela Mahieux, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en La Paz, Baja California Sur. Se recibe y turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano César Alberto Solís Sánchez, para desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Perú en Monterrey, Nuevo León. Se recibe y turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco. Se recibe y turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Da lectura la secretaría al proyecto de decreto que reforma y adiciona dicha ley.
El diputado Fructuoso López Cárdenas toma la palabra para proponer la dispensa de la segunda lectura a dicho dictamen Se le dispensa la segunda lectura.
Debaten sobre el dictamen los diputados:
Rubén Venadero Valenzuela.
José Antonio Montes Vargas.
Vicente Luis Coca Alvarez.
José del Carmen Enríquez Rosado.
Gerardo Arellano Aguilar.
Miguel Quiroz Pérez.
Discuten en lo particular el artículo segundo transitorio los diputados:
Leopoldo Salinas Gaytán.
Fructuoso López Cárdenas, para hablar en pro.
Alfonso Rueda Montoya, para hablar en contra.
Vicente Luis Coca Alvarez, para rectificar hechos.
Se aprueba el artículo segundo transitorio en sus términos.
DENUNCIAS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Sobre violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de dicha comisión en Puebla, debaten los diputados:
Rosalía Ramírez de Ortega.
Víctor Manuel Carreto solicita lectura de un documento.
Alfredo Pliego Aldana.
Leopoldo Salinas Gaytán, para rectificar hechos.
Antonio del Río Abaunza, para rectificar hechos.
Juan José Medrano Castillo.
Víctor Manuel Carreto, para rectificar hechos.
Rosalía Ramírez de Ortega.
SOBRE INSTITUCIONES BANCARIAS
Solicitud presentada por el diputado Alberto Pérez Fontecha. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
MAÍZ CONTAMINADO
Sobre dicho problema debaten los diputados:
Víctor Manuel Ávalos Limón.
Francisco Salas Hernández.
Francisco Melo Torres, para rectificar hechos.
PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
Para hablar de la situación de los ejidos enclavados en la zona forestal de Durango, toma la palabra el diputado Rubén Hernández Higuera.
SECRETARÍAS DE TRABAJO Y DE PESCA
Denuncia presentada por el diputado Patricio Estévez Nenniger. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
Sobre su aniversario luctuoso, toman la palabra los diputados:
Margarita Gómez Juárez.
Jesús Antonio Carlos Hernández.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en la ciudad de Monterrey, debaten los diputados:
Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, presenta denuncia.
Yolanda García de Vargas, para rectificar hechos.
Manuel Ponce González, para rectificar hechos.
Américo Javier Flores Nava.
Américo Ramírez Rodríguez, para contestar alusiones personales
Se turna la denuncia junto con la versión estenográfica a la Comisión de Derechos Humanos.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
Sobre agresiones al magisterio debaten los diputados:
Isidro Aguilera Ortíz.
Alberto Julián Assad Ávila, para rectificar hechos.
DICOMESA
Sobre problemas laborales presenta denuncia el diputado Ciro Mayén Mayén. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, de Información y de Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HUMBERTO ROQUE VILLANUEVA
(Asistencia de doscientos noventa y seis diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Fernando Antonio Lozano Gracia: -Hay una asistencia de 297 diputados. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 10.55 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Segundo Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
5 de julio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Durango invita a la sesión solemne en la que el licenciado José Ramírez Gamero, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, la que tendrá lugar el 8 de julio.
Minutas
Con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Susana Micaela Mahieux, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia en La Paz, Baja California Sur.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Alberto Solís Sánchez, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Perú en Monterrey, Nuevo León.
Con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para que pueda desempeñar el cargo de vicecónsul honorario de la República Dominicana en Guadalajara Jalisco.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de Población y Desarrollo, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, acerca del Impuesto Sobre la Renta.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla, Puebla.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre instituciones bancarias.
Del Grupo Parlamentario Independiente, sobre la distribución del maíz contaminado.
Del diputado Rubén Hernández Higuera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre Proformex.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la venta de la Compañía Minera de Cananea.
Del Grupo Parlamentario Independiente, sobre la libertad de expresión.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violaciones a las garantías constitucionales.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre invasiones a los ejidos de Jalisco.
De los grupos parlamentarios de los partidos de la Revolución Democrática y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la Secretaría de Pesca.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las actividades del Fondo Nacional de la Habitación Popular.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre agresiones al magisterio en Michoacán.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre incumplimiento del convenio celebrado entre Dicomesa y sus trabajadores.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada del día tres de julio de mil novecientos noventa, correspondiente al segundo período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
"Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con doce minutos del día tres de julio de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos cuarenta y seis diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día e inmediatamente después al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo trigésimo segundo aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados en dicho acto.
La secretaría da lectura a una comunicación del Congreso del estado de Jalisco, por la que informa el inicio del Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Segunda Legislatura. De enterado.
Se da lectura a una comunicación del diputado Federico Ruíz López, por la que informa la suspensión de la licencia de la que gozaba. De enterado.
La secretaría da lectura a una iniciativa firmada por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionarios Institucional, Acción Nacional, Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y el diputado Pedro René Etienne Llano, para declarar recinto oficial del Congreso de la Unión, el edificio del Instituto Nacional de Bellas Artes, ubicado en avenida Hidalgo uno, únicamente para el día uno de noviembre de mil novecientos noventa a efecto de celebrar la sesión de apertura de primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la quincuagésima cuarta legislatura. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta iniciativa de reformas a los artículos quinto y cuarenta y ocho de la Ley Federal de Educación, se turna a la Comisión de Educación Pública.
La secretaría da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley General de Población. Se turna a la Comisión de Población y Desarrollo.
Se da segunda lectura y se someten a discusión dos dictámenes con proyectos de decreto de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Jacinto Romero Arredondo y Manuel Antonio Maraboto Gornes, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Portugal y Finlandia, respectivamente. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reservan para su votación nominal en conjunto.
De la misma manera, se da segunda lectura y se someten a discusión seis dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en consulados y en la Embajada de Estados Unidos de América en México. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación de éstos y los anteriormente reservados en un solo acto. La asamblea los aprueba por doscientos noventa y ocho votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rubén Venadero Valenzuela, quien propone la creación de una comisión que vigile al Plan de Rescate de Xochimilco.
Para aclarar hechos, hace uso de la palabra el diputado Alvaro Garcés Rojas, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna la proposición a las comisiones del Distrito Federal y de Ecología y Medio Ambiente.
Hace uso de la palabra el diputado Sergio Rueda Montoya, del Partido Acción Nacional, quien solicita que las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Ecología intervengan en el problema de la contaminación del río Marabasco, del estado de Jalisco.
Para aclarar hechos sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el diputado Francisco Espinosa Urzúa, del Partido Revolucionario Institucional y la Presidencia turna la solicitud a las comisiones correspondientes.
El Presidente reitera el acuerdo de los grupos parlamentarios de no fumar en el salón de sesiones y al mismo tiempo acuerda prolongar la sesión hasta el término de los asuntos en cartera, recordando a los diputados que el tiempo de que disponen para tratar los asuntos del capítulo de toma de posiciones, comentarios y declaraciones, es de diez minutos.
Para expresar sus comentarios respecto a la venta de la Compañía Minera de Cananea, hacen uso de la palabra los diputados Pedro René Etienne Llano; Juan José Moreno Sada, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Etienne Llano; Francisco Javier Pavlovich Robles, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del diputado Moreno Sada; Juan José Moreno Sada, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y Francisco Javier Pavlovich Robles, del Partido Acción Nacional, también para contestar alusiones personales.
Hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita que se haga una excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamento y Práctica Parlamentaria, en relación con las iniciativas que sobre la Ley Orgánica y el Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que ha presentado su partido.
En contra de la solicitud del diputado Coca Alvarez, hace uso de la palabra el diputado Juan Urgarte Cortés, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Coca Alvarez, Jaime Hernández, Medrano Castillo y Coll Carabias. Se turna a los coordinadores de los grupos parlamentarios a fin de tomar una decisión en la próxima sesión.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta solicitud de excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, en relación con la solicitud de juicio político contra diversos funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además de entregar a la secretaría documentación que llamó probatoria de los ilícitos denunciados. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Comunicaciones y Transportes.
Para referirse al fraude cometido contra el Banco Nacional Pesquero y Portuario hacen uso de la palabra los diputados Jesús Ortega Martínez del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones del diputado Francisco Ortíz Mendoza; Jaime Enríquez Félix; Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, para aclarar hechos; Jaime Enríquez Félix, para contestar alusiones personales, quien acepta una interpelación del diputado Francisco Ortíz Mendoza; Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Alfredo Pliego Aldana, del mismo partido, para rectificar hechos; Rafael Núñez Pellegrín, del partido Acción Nacional para rectificar hechos y Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido
Auténtico de la Revolución Mexicana, también para rectificar hechos.
Continúan en el debate sobre el mismo tema, los diputados Francisco Ortíz Mendoza, del Partido Popular Socialista, quien acepta interpelaciones de los diputados Ramírez Ayala, Melo Torres y Núñez Pellegrín; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y también para rectificar hechos, los diputados Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Javier Bonilla Chávez, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia de la diputada
María Elena Chapa Hernández
Rafael Núñez Pellegrín, Jesús Rojo Gutiérrez y Pedro Acosta Palomino, los tres del Partido Acción Nacional y Ricardo Olivares Pineda, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con quince minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves cinco de julio de mil novecientos noventa a las diez horas.»
Está discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Diputado Presidente. - Honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal.
La honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Estado libre y soberano de Durango, invita a usted a la sesión solemne en la que el licenciado José Ramírez Gamero, gobernador constitucional del estado, habrá de rendir su IV informe de gobierno el domingo 8 de julio a las once horas en la sala de sesiones del honorable Congreso del estado, recinto oficial del Poder Legislativo.
Victoria de Durango, Durango, julio de 1990.
Unidos trabajamos por Durango.»
El Presidente: -Para asistir a este acto en representación de la honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Joaquín Garduño Vargas, Albertina Barbosa de Meraz, Leodegario Soto Cesaretti, Natividad Ibarra Rayas, Rubén Hernández Higuera, Lázaro Pasillas Rodríguez, Ignacio Castillo Mena, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Marcos Carlos Cruz Martínez, Erasmo López Villareal, Alejandro Martínez Camberos, Judith Murguía y Francisco Navarro Montenegro.
MINUTAS
NOMBRAMIENTOS
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda Anaya:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Susana Micaela Mahieux, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia, en la Paz, Baja California Sur.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y Oscar Ramírez Mijares.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Susana Micaela Mahieux, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Francia, en La Paz, Baja California Sur.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García, presidente; secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D. F. Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Alberto Solís Sánchez, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Perú, en Monterrey, Nuevo León.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y Oscar Ramírez Mijares.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano César Alberto Solís Sánchez, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Perú en Monterrey, Nuevo León.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García, presidente; secretarios Hugo Domenzáin Guzmán y Oscar Ramírez Mijares.
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores. - México, D.F.
Diputados secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1990. - Senadores secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y Oscar Ramírez Mijares.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1990. - Senadores: Enrique Burgos García, presidente; secretarios: Hugo Domenzáin Guzmán y Oscar Ramírez Mijares.»
Trámite:- Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para la atención que proceda.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
LEY GENERAL DE POBLACIÓN
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas:
Honorable asamblea: A la Comisión de Población y Desarrollo que suscribe, le fue turnada la minuta con proyecto de decreto que envió la Cámara de Senadores, en relación con la iniciativa que presentó ante aquélla el ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, por medio de la cual propone se reformen o adicionen los artículos 6o. primer párrafo; 35, 42, fracciones III, IV, y VI; 4o., 48, fracciones I, II, III, IV y VIII; 56; 63; 64; 66; 67; 106, 118 y 121 de la Ley General de Población. Las modificaciones están orientadas a cuatro objetivos básicos, a saber:
A) Incorporar al orden jurídico vigente en materia de migración, la figura del "refugiado";
B) Establecer un régimen actualizado y más preciso de sanciones para quienes pretendan internar o internen ilegalmente personas a territorio nacional, o faciliten su traslado o ingreso a otro país desde territorio nacional, sin la correspondiente revisión migratoria;
C) Adecuar los criterios y mecanismos para la admisión de extranjeros en el país, de acuerdo a las nuevas circunstancias del desarrollo nacional, y
D) Reforzar el Consejo Nacional de Población con la incorporación a esa institución de otras dependencias del sector público.
Por lo que respecta a la figura del refugiado, la iniciativa en cuestión atinadamente propone la regulación de un fenómeno que afecta actualmente a las sociedades latinoamericanas y en particular a la nuestra, ya que en los últimos años han entrado a nuestro país un considerable número de personas procedentes de otras naciones, principalmente centroamericanas, a las que se les ha atribuido el carácter de refugiados, en virtud de que su internación obedece a la persecución de que son objeto por parte de organizaciones, grupos armados o bien de sus propios gobiernos, poniendo en peligro su vida, su seguridad o su libertad.
Lo anterior, es acorde con el espíritu y contenido de la Declaración de Cartagena, así como a la convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados y su protocolo de 1967, suscrita por México en 1984, con el fin de salvaguardar los derechos humanos de aquéllos que con motivo de la violencia generalizada en sus países, se ven en la necesidad de abandonarlos, buscando la protección y asilo de otros Estados.
Se otorga especial relevancia al principio de la no devolución, que implica que ninguna persona que haya adquirido la calidad de refugiado podrá ser devuelto a su país de origen contra su voluntad, o enviada a otro en el que su seguridad, su vida o su libertad pudieran verse amenazadas.
No obstante, la colegisladora consideró que el texto propuesto para la fracción VI del artículo 42, no refleja cabalmente el espíritu de la propia iniciativa, por lo que propone la complementación de dicho texto, a fin de apegarlo más a la Declaración de Cartagena, así como a la convención de 1951 sobre el estatuto de refugiados y su protocolo de 1967.
Asimismo, estimo pertinente incorporar el concepto de la no penalización del refugiado por su internación ilegal al país, adicionando la fracción VI mencionada, con un párrafo segundo o final que señalaría:
"La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria."
La Cámara de origen, atendiendo nuevamente al espíritu de la iniciativa, y a los problemas que enfrentan quienes huyen de su país buscando protección a su vida, seguridad o libertad, consideró necesario modificar el texto propuesto para el artículo 35, con un elemento adicional de prevención y protección para los que huyen de su país en condiciones de excepción, y por tanto, pueden verse imposibilitados para cumplir con el requisito de permanecer en el punto de entrada, con lo que el texto sería:
"Artículo 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquéllos que huyan de su país de origen, en los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 42, serán admitidos provisionalmente por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso, lo que hará de modo más expedito."
A fin de atender fielmente el espíritu de la iniciativa, que tiende sustancialmente a la protección de los derechos humanos de quienes ingresan a nuestro territorio con condiciones de excepción, o sin cumplir con los trámites migratorios correspondientes, esta colegisladora estimó fundamental adicionar el artículo 7o. de la Ley General de Población, estableciendo la obligación de la Secretaría de Gobernación de velar por el respeto a los derechos humanos y especialmente por la integridad familiar de los sujetos a dicha ley, al ejercer sus funciones en la materia, con lo cual se incorporaría a nuestro derecho un principio de respeto a la dignidad del ser humano y que tiene por objeto la protección de las familias que acompañan a los inmigrantes, así como un principio de congruencia con el trato que deseamos para nuestro nacionales en el extranjero.
La iniciativa que se dictamina propone actualizar la sanción pecuniaria prevista en el artículo 118, ajustándola a días del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, y precisa con una mejor redacción el tipo delictivo contenido en el propio precepto, con el propósito de combatir más eficazmente a los llamados "enganchadores" o "polleros", quienes comercian con la necesidad de aquellas personas que por diversas causas requieren salir o introducirse al país, sin estar en posibilidad de cumplir con los requisitos migratorios. La actual redacción incluye como elemento constitutivo del delito, que el traslado de mexicanos a otro país en forma ilegal sea con el propósito de trabajar, lo que dificulta la persecución de los infractores, al hacer necesaria la existencia de un contrato de trabajo para que el hecho sea punible, lo cual es resuelto en la iniciativa al suprimir dicho elemento.
El Senado de la República estimó viable la propuesta, sin embargo, conforme a los estudios y consultas llevados a cabo por las correspondientes comisiones dictaminadoras, creyó necesario dar mayor precisión al tipo delictivo en cuestión. El criterio de esta comisión es coincidente con el que desarrollaron las comisiones dictaminadoras del Senado de la República, porque efectivamente es necesario dar mayor precisión al tipo delictivo en cuestión, a fin de evitar la impunidad que aún
puede darse con la redacción propuesta en la iniciativa, pues se tiene la certeza que en múltiples ocasiones, los verdaderos delincuentes no obran directamente, sino por medio de otras personas, que incluso frecuentemente ignoran el fondo del asunto o concurren accidentalmente, sin tener intención de cometer el ilícito, y en consecuencia, resulta injusto aplicarles la sanción respectiva. En razón de lo anterior, la Cámara de origen propone la siguiente redacción para el artículo 118:
"Artículo 118. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa hasta el equivalente a diez mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal, a quien por sí o por medio de otro u otros pretenda llevar o lleve nacionales mexicanos a internarse en el extranjero en forma ilegal.
Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otros u otro, sin permiso legal de autoridad competente, pretenda introducir o introduzca ilegalmente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o a otros países, o los albergue o transporte en el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evitar la revisión migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión o multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal.
La necesidad de actualizar las sanciones económicas establecidas en el Capítulo VII de la Ley General de Población, no pasa desapercibida en la iniciativa que nos ocupa, en la que se propone: "Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables...los importes establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la fecha en que se cometa el delito o la infracción, a razón de un día por cada diez pesos. A excepción hecha de las sanciones previstas en el artículo 118, que serán las que han quedado señaladas en el presente decreto". La colegisladora recoge en sus términos la propuesta, pero incorporándola como artículo segundo transitorio del proyecto de decreto, que se pone a consideración de esta soberanía. Los integrantes de esta comisión están de acuerdo en las modificaciones hasta aquí propuestas por el Senado.
Para actualizar las disposiciones migratorias y adecuarlas a las actuales necesidades y exigencias del desarrollo económico de nuestro país, en congruencia con las nuevas políticas en materia de inversión extranjera, el Ejecutivo de la Unión en su iniciativa ha propuesto reformas y adiciones sobre los criterios y mecanismos que regulan la admisión en nuestro territorio de inmigrantes y no inmigrantes, a fin de facilitar el ingreso y estancia de quienes vienen a realizar inversiones de conformidad con la ley respectiva, desde luego sin menoscabo del control migratorio; en ese orden de ideas, se revisan y modifican los requisitos y normatividad relativa a inversionistas, hombres de negocios, técnicos, asesores, artistas, deportistas y otros análogos, para que puedan ejercer en México sus actividades, siempre que sean apegadas a las leyes nacionales.
Esta comisión considera que las reformas que en este renglón contiene la iniciativa son de particular importancia, ya que la simplificación por cuanto a los trámites migratorios que deben cubrir los individuos antes mencionados, es acorde con el propósito de alentar y promover el interés comercial de gobiernos y empresarios de otros países hacia México, y en consecuencia quienes tengan interés de invertir o de llevar a cabo actividades industriales, de negocios, artísticas o deportivas en nuestro país, contarán con mayores facilidades para su ingreso y estancia, siempre que se ajusten a las leyes y demás disposiciones aplicables.
El Consejo Nacional de Población es el órgano que tiene como función diseñar la política demográfica del país, atendiendo a las necesidades que resulten del volumen, estructura, dinámica y distribución de la población, procurando que sus planes correspondan a las acciones que en materia llevan a cabo otras dependencias y entidades del Ejecutivo Federal.
Presidio por el Secretario de Gobernación, el consejo se integra con representantes de las secretarías de Educación Pública, Salud, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores, Trabajo y Previsión Social, y Reforma Agraria, con la posibilidad de solicitar la asistencia a sus sesiones de representantes de otras dependencias u organismos del sector público cuando los asuntos a tratar sean de su competencia.
La iniciativa en estudio propone integrar en forma permanente a la estructura del Consejo Nacional de Población, a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Departamento del Distrito Federal, en razón de ser, la primera, la responsable de formular y conducir las políticas generales de asentamientos humanos, y proyectar la distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, y el gobierno del Distrito Federal, al que corresponde enfrentar la problemática de la mayor concentración urbana
del país, y por consecuencia, de una migración que es deseable controlar.
La colegisladora manifestó su conformidad con la propuesta, ya que en la materia la coordinación institucional es pieza clave para una buena y eficaz política demográfica, pero consideró necesario incorporar también en forma permanente a la estructura del consejo al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que dichas instituciones inciden en forma importante en las acciones relativas a la salud, con amplio y frecuente contacto con la población, resultando fundamental su participación en las funciones del Consejo Nacional de Población, para una mejor definición y manejo de la política demográfica del país.
Los integrantes de esta comisión, de acuerdo con lo expuesto, expresamos nuestra conformidad a fin de que se incluya en el artículo 6o. de la ley a las dependencias e instituciones mencionadas, como integrantes del Consejo Nacional de Población.
La Comisión de Población y Desarrollo para pulsar la opinión tanto de sectores que han mostrado desde hace tiempo interés en participar en el estudio del fenómeno migratorio cuya reglamentación propone la iniciativa del ciudadano Presidente de la República, como de diversas organizaciones de auxilio y ayuda a refugiados, organizó reuniones donde se escuchó la opinión de esos organismos, contando con la participación del Comisionado de las Naciones Unidas para asuntos relativos a los refugiados, de profesionales y estudiosos de este problema, analizando sus puntos de vista en relación a la materia, coincidiendo esta consulta con la necesidad de enfrentar a un nuevo fenómeno social para el cual no estábamos preparados y que surge cuando las víctimas de la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que perturban gravemente el orden de un país, se ven obligados a huir a otro, en este caso, el nuestro, determinando la pertinencia de incorporar el orden jurídico vigente la figura del refugiado.
Igualmente, con el espíritu de tener los mayores elementos de juicio para reglamentar este fenómeno, se tuvo comunicación con las comisiones competentes de la Cámara de Senadores, que permitió contar con los elementos de información adecuados para poder producir en su oportunidad el presente dictamen; esa coordinación entre las comisiones de ambas cámaras, aportó valiosos criterios que se plasman en el contenido de este documento.
También, por acuerdo de sus miembros, esta comisión formuló invitación al ciudadano subsecretario de Gobernación, a otra reunión, en la cual los distintos grupos parlamentarios representados, le plantearon diversos cuestionamientos que expresaron su interés y preocupación por conocer el criterio de la Secretaría de Gobernación, dependencia competente para la aplicación de la legislación de la materia. Dicha comparecencia cumplió con las expectativas de los integrantes de la comisión; nos fueron explicados con amplitud y precisión los motivos y consideraciones del Ejecutivo Federal, para proponer las reformas y adiciones a que nos hemos venido refiriendo.
En igual forma, los representantes de la distintas fracciones parlamentarias tuvieron oportunidad de manifestar su criterio en relación al fenómeno migratorio, formulando recomendaciones para las reformas que habrá de sufrir el Reglamento de la Ley General de Población.
Esta comisión dictaminadora estima necesario hacer mención a la iniciativa presentada a la honorable asamblea por diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, encabezados por el ciudadano diputado Gerardo Arellano, que desde el mes de noviembre del año pasado propuso adicionar con una fracción el artículo 42 de la Ley General de Población, incorporando la figura del refugiado, con el fin de regularizar jurídicamente la situación de hecho que representa.
Los que suscriben, consideramos que el espíritu y contenido de esta iniciativa, ya forma parte de la que se ha tratado en este dictamen, por lo que con fundamento en los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento Interior del propio Congreso, se pone a consideración de esta soberanía, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN
Artículo primero. Se reforman los artículos 6o., primer párrafo; 42, fracciones III y IV; 47; 48, fracciones I, II, III y IV, adicionándole una fracción VIII; 56, 63, 64, 66, 67, 106 y 121 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
"Artículo 6o. El Consejo Nacional de Población estará integrado por un representante de la Secretaría de Gobernación, que será el titular del ramo y que fungirá como Presidente del mismo, y un representante de cada una de las secretarías de Relaciones Exteriores, Hacienda y Crédito
Público, Programación y Presupuesto, Desarrollo Urbano y Ecología, Educación Pública, Salud, Trabajo y Previsión Social, Reforma Agraria, del Departamento del Distrito Federal y de los institutos Mexicanos del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que serán sus respectivos titulares o los subsecretarios, secretarios generales o subdirector general, según sea el caso, que ellos designen. Por cada representante propietario se designará un suplente, que deberá tener el mismo nivel administrativo que aquél, o el inmediato inferior.
Artículo 42...................................................................
I y II. .......................................................................
III. Visitantes. Para dedicarse al ejercicio de alguna actividad lucrativa o no, siempre que sea lícita y honesta, con autorización para permanecer en el país hasta por un año. Cuando el extranjero visitante, durante su estancia viva de sus recursos traídos del extranjero, de las rentas que éstos produzcan o de cualquier ingreso proveniente del exterior, o su internación tenga como propósito conocer alternativas de inversión o para realizar éstas, o se dedique a actividades científicas, técnicas, de asesoría, artísticas, deportivas o similares, o para ocupar cargos de confianza, podrán concederse hasta cuatro prórrogas más por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples.
IV. Consejero. Para asistir a asambleas y sesiones del consejo de administración de empresas, con una temporalidad de un año, prorrogable hasta por cuatro veces más por igual temporalidad cada una, con entradas y salidas múltiples y en cada ocasión con estancias máximas de 30 días improrrogables dentro del país.
Artículo 47. El inmigrante que permanezca fuera del país más de dieciocho meses en forma continua o con intermitencias, no podrá solicitar el cambio de su calidad a inmigrado, en tanto transcurra de nuevo íntegramente el plazo que exige el artículo 53. Cuando el inmigrante permanezca más de dos años fuera del país, perderá su calidad migratoria, salvo en los casos excepcionales que determine la Secretaría de Gobernación.
"Artículo 48....................................
I. Rentista. Para vivir de sus recursos traídos del extranjero; de los intereses que le produzca la inversión de su capital en certificados, títulos y bonos del Estado o de las instituciones nacionales de crédito u otras que determine la Secretaría de Gobernación o de cualquier ingreso permanente que proceda del exterior. El monto mínimo requerido será el que se fije en el reglamento de esta Ley. La Secretaría de Gobernación podrá autorizar a los rentistas para que presten servicios como profesores, científicos, investigadores, científicos o técnicos, cuando estime que dichas actividades resulten benéficas para el país;
II. Inversionistas. Para invertir su capital en la industria, comercio y servicios, de conformidad con las leyes nacionales, siempre que contribuya al desarrollo económico y social del país y que se mantenga durante el tiempo de residencia del extranjero el monto mínimo que fije el reglamento de esta ley.
Para conservar esta característica, el inversionista deberá acreditar que mantiene el monto mínimo de inversión a que se refiere el párrafo anterior;
III. Profesional. Para ejercer una profesión. En el caso de que se trate de profesiones que requieran título para su ejercicio, se deberá cumplir con lo ordenado por las disposiciones reglamentarias del artículo 5o. constitucional en materia de profesiones;
IV. Cargos de confianza. Para asumir cargos de dirección, de administrador único u otros de absoluta confianza en empresas o instituciones establecidas en la República, siempre que a juicio de la Secretaría de Gobernación no haya duplicidad de cargos y que el servicio de que se trate amerite la internación al país;
V a VII........................................................................
VIII. Artistas y deportistas. Para realizar actividades artísticas, deportivas o análogas, siempre que a juicio de la Secretaría dichas actividades resulten benéficas para el país.
Artículo 56. El inmigrado podrá salir y entrar al país libremente, pero si permanece en el extranjero más de tres años consecutivos, perderá su calidad migratoria, lo mismo que si en un lapso de diez años estuviere ausente más de cinco. Los periodos de diez años se computarán a partir de la fecha de la declaratoria de inmigrado en la forma y términos que establezca el reglamento.
Artículo 63. Los extranjeros que se internen al país en calidad de inmigrantes y los no inmigrantes a que se refieren las fracciones III, por lo que respecta a científicos, V, VI y VII del artículo 42 de esta ley, están obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Extranjeros, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su internación.
Artículo 64. Los extranjeros, cuando sean requeridos por la Secretaría de Gobernación, deberán comprobar su legal internación y permanencia en el país, y cumplirán los demás requisitos que señalen esta ley y sus reglamentos.
Artículo 66. Los extranjeros, independientemente de su calidad migratoria, por sí o mediante apoderado podrán, sin que para ello requieran permiso de la Secretaría de Gobernación, adquirir valores de renta fija o variables y realizar depósitos bancarios, así como adquirir bienes inmuebles urbanos y derechos reales sobre los mismos, con las restricciones señaladas en el artículo 27 constitucional, en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y demás leyes aplicables.
El extranjero transmigrante, por su propia característica migratoria, en ningún caso estará facultado para adquirir los bienes a que se refiere este mismo precepto legal.
Artículo 67. Las autoridades de la República, sean federales, locales o municipales, así como los notarios públicos, los que sustituyan a éstos o hagan sus veces y los corredores de comercio, están obligados a exigir a los extranjeros que tramiten ante ellos asuntos de su competencia, que previamente les comprueben su legal estancia en el país, y que en los casos que establezca el reglamento, acrediten que su condición y calidad migratoria les permiten realizar el acto o contrato de que se trate, o en su defecto, el permiso especial de la Secretaría de Gobernación. En los casos que señale el reglamento, darán aviso a la expresada Secretaría en un plazo no mayor de quince días, a partir el acto o contrato celebrado ante ellas.
Artículo 106. El que haya sido expulsado, solamente podrá ser readmitido por acuerdo expreso del Secretario o del subsecretario de la Secretaría de Gobernación.
Artículo 121. Las sanciones administrativas a que esta ley se refiere, se impondrán por las unidades administrativas que se señalan en el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación."
Artículo segundo. Se adiciona un párrafo segundo al artículo 7o., se reforma el artículo 35, y se recorren en su orden las fracciones VI a IX, para pasar a ser VII a X, respectivamente, y se adiciona una fracción VI al artículo 42 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
"Artículo 7o.................................................................
I a IV.........................................................................
En el ejercicio de estas facultades, la Secretaría de Gobernación velará por el respeto a los derechos humanos y, especialmente, por la integridad familiar de los sujetos a esta ley.
Artículo 35. Los extranjeros que sufran persecuciones políticas o aquéllos que huyan de su país de origen, en los supuestos previstos en la fracción VI del artículo 42, serán admitidos provisionalmente por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso, lo que hará del modo más expedito.
Artículo 42...................................................................
V..............................................................................
VI. Refugiado. Para proteger su vida, seguridad o libertad cuando hayan sido amenazadas por violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público en su país de origen, que lo hayan obligado a huir a otro país. No quedan comprendidos en la presente característica migratoria aquellas personas que son objeto de persecución política prevista en la fracción anterior. La Secretaría de Gobernación renovará su permiso de estancia en el país, cuantas veces lo estime necesario. Si el refugiado viola las leyes nacionales, sin perjuicio de las sanciones que por ello le sean aplicables, perderá su característica migratoria y la misma Secretaría le podrá otorgar la calidad que juzgue procedente para continuar su legal estancia en el país. Asimismo, si el refugiado se ausenta del país, perderá todo derecho a regresar en esta calidad migratoria, salvo que haya sido con permiso de la propia Secretaría. El refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, ni enviado a ningún otro, en donde su vida, libertad o seguridad se vean amenazadas.
La Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiere hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorgue esta característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta la institución del refugiado."
Artículo tercero. Se reforma y adiciona el artículo 118 de la Ley General de Población, para quedar como sigue:
"Artículo 118. Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y multa hasta el equivalente a diez mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal, a quien por sí o por medio de otro u otros pretenda llevar o lleve nacionales mexicanos a internarse al extranjero en forma ilegal.
Igual pena se impondrá a quien por sí o por medio de otro u otros, sin permiso legal de autoridad competente, pretenda introducir o introduzca ilegalmente a uno o varios extranjeros a territorio mexicano o a otro país, o los albergue o transporte por el territorio nacional con el propósito de ocultarlos para evadir la revisión migratoria.
A quien a sabiendas proporcione los medios, se preste o sirva para llevar a cabo las conductas descritas en los párrafos anteriores, se le impondrá pena de uno a cinco años de prisión y multa hasta el equivalente a cinco mil días de salario mínimo conforme al que esté vigente en el Distrito Federal."
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. Para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el Capítulo VII de la Ley General de Población, los importes establecidos se convertirán a días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, a la fecha en que se cometa el delito o la infracción. A razón de un día por cada diez mil pesos, a excepción hecha de las sanciones previstas en el artículo 118, que serán las que han quedado señaladas en el presente decreto.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 5 de julio de 1990.
Trámite: - Primera lectura.
El Presidente: - Sí, diputado.
El diputado Fructuoso López Cárdenas (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: Adelante, diputado López Cárdenas.
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Señor Presidente; honorable asamblea: En virtud de que el dictamen de las reformas a la Ley General de Población ha sido suficientemente discutido por los miembros de los diversos grupos parlamentarios, quienes han hecho aportaciones valiosas, con comentarios incluidos en el cuerpo del propio dictamen, y además existe consenso en lo general respecto a las reformas que se contienen en el dictamen, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, vengo a proponer se califique de urgente y obvia resolución.
Solicitando en consecuencia la dispensa de la segunda lectura, toda vez que la primera acaba de efectuarse por la secretaría general. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría, conforme a lo solicitado por el diputado López Cárdenas, a la asamblea, si se le dispensa la segunda lectura al dictamen que se le dio primera lectura.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Esta Presidencia tiene dos avisos. El primero se refiere a que de acuerdo a los propios grupos parlamentarios en esta sesión y con carácter de experimental, tendremos el reloj electrónico que se aprecia a la izquierda de esta Presidencia, con el cual toda la asamblea podrá constatar de la precisión con que se miden los tiempos, al mismo tiempo que el orador podrá adoptar el criterio correspondiente a su intervención en tiempo. (Aplausos.)
Lo segundo. Se han inscrito para hablar en torno a la materia que nos ocupa con el carácter de toma de posición y recordándoles a oradores y asistentes que el tiempo establecido por acuerdo parlamentario es de 10 minutos, los siguientes diputados: del Grupo Parlamentario Independiente, el diputado Rubén Venadero; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Antonio Montes; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Vicente Luis Coca Alvarez; del Partido Popular Socialista, el diputado Abigaíl Cruz Lázaro; del Partido de la Revolución Democrática, el diputado José del Carmen Enríquez Rosado; del Partido Acción Nacional, el diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Miguel Quiroz Pérez.
Tiene la palabra el diputado Rubén Venadero.
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: En nombre del Grupo Parlamentario Independiente, venimos a esta honorable tribuna para plantear la posición de los compañeros que formamos parte de la Fracción Parlamentaria Independiente frente a esta iniciativa de ley.
Reconocemos que esta iniciativa es congruente con algunas de las mejores tradiciones históricas de nuestro país; nos parece altamente positivo que en este caso específico se recoja una figura tradicional que ha sido fuente legítima de orgullo de la política mexicana, que es la figura de asilo y refugio político.
Nuestro país se distinguió en América Latina por mantener siempre sus puertas abiertas a todos aquellos que fueron perseguidos por gobiernos dictatoriales y antipopulares, tradición que, incluso, permitió enriquecer a nuestro propio país con conocimientos que estos refugiados han aportado al desarrollo técnico, cultural y científico nacional.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario Independiente considera que en efecto esta ley no sólo es congruente con las mejores tradiciones, sino al mismo tiempo al ser congruente con ellas recoge la posibilidad y abre la posibilidad de que desgraciadamente en este caso muchos centroamericanos que obligados por la crisis que se padece en esta región, emigran hacia nuestro país, puedan también aportar su trabajo, su inteligencia y su esfuerzo para nuestro propio desarrollo y tengan un trato humano y digno.
Pero también en este punto nosotros queremos plantear algo con mucha claridad, nos parece que el problema de los refugiados centroamericanos, que muchos de ellos van de paso hacia los Estados Unidos de América, debe ser tratado con mucha responsabilidad, pensamos que es muy importante tener una ley, como la que hoy se presenta ante el pleno de la Cámara, pero también sabemos que desgraciadamente eso no es suficiente.
En una reunión el día de ayer el subsecretario, Miguel Limón, señalaba el compromiso de la Secretaría de Gobernación para que los distintos organismos que dependen de esta Secretaría sean fieles al cumplimiento positivo de esta ley. Nosotros tomamos por bueno y así vemos el ofrecimiento, pero de cualquier modo también sabemos, compañeros, que existe un alto grado de corrupción en los distintos cuerpos policiacos que en ocasiones violentan las mejores leyes; por esta razón, nosotros planteamos frente a ustedes la necesidad de luchar porque en la reglamentación y la administración de esta ley exista un órgano, un organismo, una instancia jurídica moralmente representativa, confiable, que tenga relativa autonomía del gobierno y que pueda desarrollar con eficacia la capacidad de ser una instancia última para cualquier atropello que sufran personas que estén en estas condiciones.
Pero también así como lo planteamos con franqueza, y nos parece positiva la ley, también decimos que tenemos puntos en desacuerdo con la misma, y lo decimos con toda franqueza también.
El Grupo Parlamentario Independiente considera que el artículo 48 y 66 de la iniciativa de ley son artículos que para nosotros perfilan una situación que puede resultar peligrosa para nuestro país.
Sabemos bien, compañeros diputados, que en nuestro país existen muchos inversionistas y muchos extranjeros en puestos de dirección y mando de distintas empresas e incluso de instituciones educativas.
Pero ahora, lo que esta ley plantea es la legalización de esto, su regulación. En principio pudiéramos estar de acuerdo con el hecho de que existen situaciones dadas que más vale regularlas, que permanezcan al margen de cualquier legalidad. Pero también nos hacemos las siguientes preguntas, y son las razones por las cuales no estamos de acuerdo con estos artículos.
Compañeros diputados: Este país tiene una gran experiencia con los inversionistas extranjeros. Yo me pregunto: Si nosotros hoy damos garantías y seguridades para los inversionistas extranjeros, la pregunta del Grupo Parlamentario Independiente es la siguiente: ¿estas inversiones extranjeras se van a dirigir a campos productivos de la economía o van a agudizar la situación de dependencia y de especulación en que vive esta nación?
Esta pregunta, para nosotros, en nuestros días que transcurren, no está claramente contestada. La inversión extranjera en nuestro país, consideramos nosotros, ni históricamente ni hoy asegura un mayor dinamismo, y sí puede originar una situación mayor de especulación económica. Pero sobre todo, lo que más nos preocupa es lo siguiente, compañeros diputados: También se plantea en esta iniciativa de ley la posibilidad de que estos inversionistas o los extranjeros, puedan acceder a puestos de confianza y de mando en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Compañeros diputados, ¿esto no significa también abrir la puerta a una secesión de soberanía? ¿Esto no significa abrir la puerta a la posibilidad
de que los mexicanos sean desplazados o estén cerrados los caminos para mejorar sus posiciones y se conviertan en ciudadanos de segunda ? ¡Esta situación la hemos vivido en otras épocas! ¡Y esto para nosotros es muy peligroso!
Pensamos nosotros que no debe ser por la necesidad del capital sin ninguna reflexión y de manera compulsiva la razón o la base suficiente para darle seguridades amplias al inversionista extranjero y para abrirles puertas de mando en nuestra sociedad y en nuestra economía.
Compañeros diputados, también éste es un problema para nosotros muy grave, y es la razón por la cual lleva al Grupo Parlamentario Independiente a plantear, y aun cuando recogemos y pensamos que es positiva la ley, el artículo 48 y 66 le abre la puerta a inversionistas extranjeros que no necesariamente van a conculcar con nosotros, a comulgar con nosotros en la idea de un proyecto propio nacional de país, y que sí se abre la puerta a la posibilidad de ceder soberanía y dejar no solamente puestos de mando en la economía y en la sociedad, sino puestos de mando que después pueden también reclamar cuotas de poder político.
Por esta razón, también nos parece que en estos puntos nuestra posición es clara: ¡No estamos de acuerdo con los artículos 48 y 66 de la nueva ley! Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Antonio Montes.
El diputado José Antonio Montes Vargas: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la iniciativa enviada por el Ejecutivo, misma que reforma o adiciona los artículos 6o., primer párrafo; 35, 42, en sus fracciones III, IV y VI; artículos 47, 48, en sus fracciones I y II; y en su artículo 7o., fracción III, IV y VIII; en los artículos 53, 56, 63, 64, 66, 67, 106, 118 y 121 de la Ley General de Población, es absolutamente viable y de plena actualidad, ya que incorpora las figuras de refugiado, adecúa los criterios y mecanismos para la admisión de extranjeros en el país, de acuerdo a las nuevas circunstancias del desarrollo nacional y da mayor presencia al Consejo Nacional de Población. Pero sobre todo profundiza y rescata la tradición histórica de nuestro país, de nuestro pueblo, en el sentido de ser solidario con los luchadores de otros pueblos que han encontrado en este país un país hermano y generoso.
Y también es importante esta ley, porque al reconocer esta figura de refugiado y la posibilidad de adquirir la nacionalidad, el país en tiempos históricos también ha aprovechado los conocimientos científicos y técnicos de muchos hombres valiosos que han llegado y han adoptado este hermoso país como su patria.
Por eso, por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional apoya la iniciativa correspondiente en todos y cada uno de sus puntos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca.
Esta Presidencia ruega a los asistentes, particularmente a los diputados, poner atención al orador.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: En cumplimiento puntual a los compromisos de carácter internacional que nuestro país ha suscrito en materia de refugiados y particularmente por la vorágine de los acontecimientos mundiales, que de manera muy particular se acentúan en América Latina, es que en estos momentos podríamos considerar como oportuna la regulación desde el punto de vista jurídico, que en nuestro país se contemple el fenómeno de los refugiados.
Sin embargo, consideramos que la iniciativa presentada por el Ejecutivo no regula con precisión el carácter de refugiado, y fundamentalmente de acuerdo al ámbito de su respectiva competencia, quien decide sobre la determinación de quién ha de ser refugiado.
En efecto, consideramos, y aquí ya lo hemos afirmado en esta misma tribuna, de extraordinaria importancia la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la cual hemos insistido no podemos admitirla como figura decorativa y mucho menos como una receta impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Debe obedecer fundamentalmente a la congruencia de la política exterior de nuestro país, que se ha caracterizado por la defensa de los derechos humanos y muy particularmente tal y como lo afirma la propia iniciativa, por el derecho de asilo, porque una vez más viene a evidenciarse la contradicción entre el discurso político y los hechos cotidianos, como el que ahora nos ocupa.
Por tal motivo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda la incorporación de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuyo sustento es meramente administrativo, para que sea incorporada a la legislación vigente y positiva de la Ley General de Población.
Por otra parte, debemos hacer particular hincapié que estamos en favor del derecho de asilo y que nuestro país se allane en el ámbito de nuestro derecho al compromiso de la Declaración de Cartagena, suscrita el 19 de noviembre de 1984; sin embargo, demandamos del ejecutivo para que se incorpore en la reglamentación correspondiente, frente a las necesidades de los refugiados, frente a las necesidades ingentes de nuestro pueblo; esto es, que no podemos crear condiciones de privilegio de cara a los problemas ancestrales de miles de ejidos y comunidades campesinas que arrastran un rezago social de más de 300 años; de suerte que, atentos al cumplimiento irrestricto de nuestra política exterior, debemos tener presente, de manera prioritaria, las urgencias más apremiantes de nuestro pueblo.
Finalmente, queremos dejar constancia de las prácticas de corrupción y burocracia que en los distintos niveles de la Secretaría de Gobernación se dan, en detrimento de la imagen de nuestro país, pero fundamentalmente de los miles y miles de hermanos nuestros, allende la frontera del Suchiate.
Por ello, exigimos como mexicanos, como diputados del grupo Parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mecanismos más acordes con nuestra realidad y con la llevada y traída modernización para que las formas de trámite migratorio sirvan realmente para ayudar a quienes lo solicitan y no para entorpecer sus trámites.
Por otra parte, proponemos que se regulen de manera expresa en el reglamento los requisitos que se aplicarán tanto a los inversionistas, hombres de negocios, técnicos, asesores y otros análogos, para que puedan dedicarse indiscriminadamente al ejercicio de una actividad lucrativa, siempre que sea lícita y honesta y que nosotros consideramos que está expresamente señalado en el artículo 66 de la iniciativa que se analiza, pero que viene a vulnerar de manera flagrante el artículo 27 de la Constitución general del país.
Por todo lo antes expuesto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, expresa su voto razonado, en la inteligencia que es compromiso de la Comisión de Población y Desarrollo de esta LIV Legislatura, incorporar nuestros puntos de vista en calidad de recomendaciones finales al reglamento que en su oportunidad emita el Ejecutivo Federal.
Por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Vicente Luis Coca Alvarez, Alberto Pérez Fontecha, Ernesto Jiménez Mendoza, Lorenzo Treviño Santos, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Jesús González Bastién, Horacio Treviño Valdez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Juan Jaime Hernández, Lorenzo Ruíz Gómez, María Teresa Dorantes Jaramillo, Francisco Melo Torres y Humberto Esqueda Negrete. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Abigaíl Cruz Lázaro.
El diputado Abigaíl Cruz Lázaro: - Señor Presidente; honorable asamblea: A nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, vengo a esta tribuna para dar a conocer nuestra posición en relación a la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona varios artículos de la Ley General de Población.
A nuestro juicio, las reformas proyectadas, en lo general, son positivas, por las siguientes razones:
Nuestro país ha tenido y tiene una rica tradición en materia de refugiados, masiva en algunas veces como la de los españoles republicanos que a raíz de la guerra civil, México los recibió con una franca y real solidaridad.
Esa misma conducta se practicó con la emigración argentina, uruguaya y chilena, que al ser perseguida por las dictaduras castrenses, en la tierra de Anáhuac encontraron un ambiente digno para continuar la lucha en favor de la democracia y de la justicia en los países del cono sur.
Y, actualmente, en la frontera que comprende Chiapas, Campeche y Quintana Roo, radican más de 30 mil refugiados guatemaltecos que bajo el amparo de la Constitución general de la República, viven aquí desde hace varios años víctimas de la salvaje represión del gobierno guatemalteco.
México se ha caracterizado como una nación eminentemente hospitalaria, derivada de su lucha por conquistar su plena soberanía nacional y alcanzar la ampliación del régimen democrático, no sólo para cumplir con los protocolos y tratados internacionales, sino porque históricamente sus más lúcidos ideólogos han orientado al pueblo mexicano a reconocer que quienes luchan por la libertad corren el riesgo de sucumbir ante el enemigo.
Estos flujos migratorios han sido de gran utilidad para la patria en el campo de la ciencia, la filosofía, el comercio, la industria y la agricultura.
A pesar del enorme prestigio internacional que goza nuestro país en el concierto de las naciones, su legislación poblacional no refleja la figura del refugiado. Y, hoy, se incorpora al marco jurídico
la protección de la vida, la seguridad y la libertad que debe gozar toda persona que es objeto de persecución política.
De esta manera, se regula la situación de los perseguidos políticos que se internan al país en calidad de refugiados, con la seguridad de que no podrán ser devueltos a su país de origen contra su voluntad.
Esta iniciativa, además, actualiza la sanción pecuniaria a salarios mínimos, a quienes pretendan llevar mexicanos a internarse al extranjero en forma ilegal, o a quienes pretendan introducir ilegalmente a extranjeros a territorio mexicano o a otro país.
Las sanciones de dos a 10 años de prisión y multa de 10 mil días de salario mínimo, son correctas para sancionar a los primeros, y la de cinco años de prisión y multa de hasta cinco mil días de salario mínimo para los segundos.
Honorable asamblea: En lo que consideramos inadmisible, son las grandes facilidades que se les brinda a los extranjeros en el artículo 48, que los describe como rentista, inversionistas, profesional y cargo de confianza, ya que la experiencia nos ha señalado que con esta apertura se puede perder soberanía e independencia nacional, cuando los inversionistas adquieran empresas bien instaladas y con prestigio y cuando los profesionales desplazan a los mexicanos a puestos de segunda importancia.
Lo mismo sucede con el artículo 66 de la minuta, que brinda excesivas prerrogativas a los extranjeros para que, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, puedan adquirir no sólo valores de renta fija o variable, sino que se les abre las puertas para adquirir bienes inmuebles urbanos, únicamente con las restricciones del artículo 27 constitucional.
La práctica nos ha demostrado que muy a pesar de esta restricción, cómo los extranjeros se van adueñando de playas y hoteles por medio de prestanombres.
Si lo que se pretende es atraer capitales a nuestro país con el pretexto de impulsar el desarrollo económico, se equivocan, porque los inversionistas extranjeros únicamente vienen a explotar los recursos naturales y humanos, para exportar sus ganancias a su país de origen.
Estos dos artículos se encuadran dentro de la política neoliberal que en materia poblacional significa abrir nuestras fronteras para que florezca la inversión extranjera.
El sentido de nuestro voto es a favor en lo general y nos reservamos el derecho de votar en contra en lo particular. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José del Carmen Enríquez Rosado.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El fenómeno de los refugiados y desplazados centroamericanos, se ubica en el marco de las estrategias utilizadas para impedir a toda costa el triunfo popular, lo que significaría no sólo el desplazamiento de los regímenes existentes y el arribo de la democracia y la conquista de su soberanía real a los Estados Unidos de América, responsable directo de la situación por la que atraviesan los países y pueblos centroamericanos.
Cuando las formas de la organización y la lucha de la oposición que busca representar a los intereses populares adquiere una estrategia y se plantea un proyecto alternativo a la estructura de la dominación vigente, se despliega el terrorismo de estado en contra de las masas populares, terrorismo que ha tenido básicamente tres objetivos: descabezar a los movimientos, privándolos de sus líderes, por lo que éstos han sido sus blancos favoritos; neutralizar la intelectualidad oposicionista e inmovilizar e inhibir, por la vía del miedo, a los sectores populares; generalizar el pánico para evitar toda participación en el movimiento popular.
Se aplica pues la estrategia de conflicto - Guerra de baja intensidad, cuyo efecto ha sido bastante eficaz en Guatemala, con un costo sumamente elevado de vidas, en desplazados internos y en exiliados. No está en guerra civil, sin embargo, el terror desplegado y las acciones realizadas bajo la lógica de conflicto de baja intensidad, mantienen al país en virtual estado de sitio.
En el Salvador, mientras tanto, continúa una guerra civil que data de 1981, sus efectos han destruido una considerable proporción de la infraestructura productiva del país, casi la totalidad del presupuesto gubernamental estaba destinado a financiar la guerra y costeado por los Estados Unidos de América, y en consecuencia muy poco se destina a alentar la economía y ampliar las fuentes de empleo, a servicios de salud y educación.
La estrategia contrainsurgente provoca una severa presión demográfica sobre los lugares en donde la guerra tiene menor incidencia, principalmente en las ciudades, pues se agudiza la competencia por el empleo y la vivienda y hace insuficiente la infraestructura urbana y los servicios públicos.
Los índices de desempleo alcanzan los niveles más altos en la historia del país, asimismo, la guerra afecta a muchos jóvenes, quienes son obligados a prestar su servicio militar bajo la forma de reclutamiento forzoso y enviados al frente de batalla.
El conjunto de elementos señalados anteriormente operan como factores de expulsión de la población, quienes huyen de sus países. Huyen quienes por sus actividades sufren persecución directa, como es el caso de los líderes o activistas de los movimientos populares, sindicales, estudiantiles, de partidos de oposición.
Huyen quienes realizan actividades que no forzosamente tendrían un carácter oposicionista, como es el caso de cientos de maestros, promotores de salud, catequistas, es decir, aquéllos que han tenido una actividad visible en favor de los sectores populares o el movimiento oposicionista, aunque éste no sea precisamente el de la lucha armada.
Huyen los familiares o personas cercanas a los desaparecidos, presos o asesinados. Huyen quienes sufren hostigamiento permanente. Huye la población de los asentamientos rurales que se hallan en, o cerca del teatro de operaciones militares. Huyen quienes han sufrido bombardeos y fuego cruzado. Huyen quienes han sido objeto de violencia directa. Huyen quienes han sido considerados colaboradores de la guerra, quienes han sido desalojados violentamente, después de operativos de arrasamiento de poblados y aldeas.
La población de estos países sufre directa o indirectamente en su persona o en sus propiedades la amenaza constante y vive bajo un clima de terror, por lo que el miedo, la inseguridad; y la incertidumbre, son ya elementos que constituyen la continuidad; la vida, la libertad o la seguridad, se ven constantemente amenazadas, por lo que cualquier situación puede generar la decisión de abandonar intempestivamente su país y buscar refugio en otro.
Por la razones anteriores, aproximadamente 1 millón y medio de centroamericanos han huido de sus países, llegan a México muchos de ellos y contingentes más numerosos llegan a los Estados Unidos de América. Ante ese hecho, desde 1980 el gobierno mexicano ha estado atento a este fenómeno, pero no se había establecido esta característica del refugiado en la legislación mexicana.
En cuanto llegó la iniciativa del Ejecutivo, se llevaron a efecto consultas entre los propios diputados, y entre ellos y funcionarios del Ejecutivo Federal, de Naciones Unidas, hubo consideraciones acerca de modificaciones que se tendrían que hacer a la iniciativa, hubo consultas entre diputados y senadores. Los resultados de todo este trabajo han sido las modificaciones que alcanzaron el consenso, entre ellas la iniciativa del ejecutivo, en su presentación original, omitió la fracción VI del artículo 42, el último elemento de la llamada Declaración de Cartagena, suscrita por los países de esta región, entre ellos México, en noviembre de 1984, que caracteriza a los refugiados como a las personas que han huido de su país porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos, y lo que faltaba en la iniciativa: u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.
Segundo. En la iniciativa del Ejecutivo se hizo una adición, en el sentido de que además de que el refugiado no podrá ser devuelto a su país de origen, se le añadió el de que: o enviado a algún otro lugar, en el que su seguridad, su vida o su libertad se vean amenazadas, lo cual contribuye al principio de no devolución contra su voluntad.
Tercero. Con objeto de no penalizar al refugiado por su internación ilegal al país, se hizo un añadido a la propia fracción VI del artículo 42, en el sentido de que la Secretaría de Gobernación podrá dispensar la sanción a que se hubiese hecho acreedor por su internación ilegal al país, al extranjero a quien se otorga esta característica migratoria, atendiendo al sentido humanitario y de protección que orienta a la institución del refugiado.
En el artículo 35 de la iniciativa del Ejecutivo, se establecía que los refugiados serían admitidos provisionalmente por las autoridades de migración, con la obligación de permanecer en el punto de entrada, mientras la Secretaría de Gobernación resolvía cada caso. Se modificó este texto, pues quien huye lo hace en condiciones de excepción y no siempre en puntos fronterizos habilitados. El texto que se propone quita la obligación de permanecer en el punto de entrada y sustituye por: "serán admitidas por las autoridades de migración, mientras la Secretaría de Gobernación resuelve cada caso, lo que hará del modo más expedito".
Las modificaciones anteriores recogen en lo fundamental las observaciones hechas por mi partido como por los distintos grupos parlamentarios y los organismos no gubernamentales, representan, compañeras y compañeros diputados, una orientación hacia la apertura y no hacia la restricción, hacia el abrigo y no hacia la persecución, hacia el cumplimiento de normas internacionales de
derechos humanos; por ello daremos nuestro voto a favor del dictamen que se presenta.
No puede decirse, sin embargo, que los resultados sean absolutamente satisfactorios; hubiese sido conveniente hacer explícito en el articulado de la ley, la repatriación voluntaria de los refugiados; hubiera sido conveniente decir que gozarán de las garantías que en términos del artículo 1o. de la Constitución se concede a todo individuo que se encuentra en territorio nacional; sería conveniente decir entre ellas, la de libre tránsito, pues es preocupante que se trate de impedir que los centroamericanos lleguen a territorio estadounidense; sería preocupante que hubiese coincidencia con el plan de implementación para la frontera sur, de la oficina de Servicios de Migración y Naturalización del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América.
Hubiese sido conveniente hacer explícito el derecho de acceder a los tribunales del país; hubiese sido conveniente establecer criterios para otorgar el cambio de calidad migratoria que voluntariamente se pretendiese adquirir, así como un artículo transitorio en el que se estableciera una comisión especial donde pudiesen participar Komar y Adnur con el propósito de regularizar la situación de esas personas, evitar su devolución, la devolución de aquellos refugiados no reconocidos que se encuentran en territorio mexicano.
Nos preocupa que aspectos positivos de esta ley puedan ser desvirtuados en su reglamento, y el resultado final sea una burla a quienes han empeñado de buena fe su esfuerzo en este aspecto, a todas luces trascendente para un fenómeno que afecta a todos; por ello, creemos importante elaborar un reglamento que incorpore aquellas cuestiones señaladas anteriormente y no están presentes en la ley por consideraciones técnico jurídicas, así como las siguientes: para la calificación de la calidad...
El Presidente: - Diputado, le ruego observar que el reloj ha marcado el tiempo límite. ¿Considera usted que ya le falta poco, o quiere usted solicitar un permiso especial a la asamblea?
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Estamos justificando, estamos razonando el voto de nuestro partido, hacia la presentación de esta propuesta de decreto, que consideramos de manera importante. Le pedimos a los diputados que están impacientes, que aguanten.
El Presidente: - Creo que es en otros términos, pero es procedente. Continúe.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Por ello, creemos importante elaborar un reglamento que incorpore aquellas cuestiones señaladas anteriormente, y no están presentes en la ley por consideraciones técnico jurídicas, así como las siguientes, que para la calificación de la de la calidad de refugiados, sin demérito del papel que juegan los servicios de migración, es importante la participación de ACNUR y de las organizaciones no gubernamentales, por la experiencia que han acumulado en este campo, tanto para participar en el reconocimiento como para la capacitación de personal especializado.
Que se considere en dicho reglamento la exención a favor de los refugiados de derechos por la prestación de servicios migratorios, específicamente por la expedición y prórrogas de las formas migratorias, correspondientes a su calidad.
Las modificaciones a la Ley General de Población que hoy se proponen, por sí mismas demandan la adopción de la convención sobre el estatuto de los refugiados, aprobada el 28 de julio de 1951, así como el protocolo del estatuto de los refugiados, aprobado en New York el 31 de enero de 1967, son instrumentos básicos para el tratamiento de la problemática de los refugiados.
De ellos destacan la definición de refugiados, el principio de no expulsión y no devolución, los derechos otorgados a los refugiados y el mandato del alto comisionado de las Naciones Unidas para refugiados. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores, como la Secretaría de Gobernación, deberían de tomar las medidas pertinentes para ello.
Finalmente, compañeras y compañeros diputados, en otro orden de ideas, la redacción del artículo 66, debe de ser congruente con el propósito del Constituyente, plasmada en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, y no sólo enunciar este precepto en una expresión que no obliga ni responsabiliza a ninguna institución para que ejerza control sobre las adquisiciones que hagan los extranjeros de los bienes a que alude el citado artículo 66 de la iniciativa. De tal manera, creemos que estas reflexiones últimas también deberán atenderse cuando se elabore el reglamento correspondiente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Arellano Aguilar.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - El pasado 28 de noviembre de 1989, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, de conformidad con sus principios de doctrina, presentó a esta soberanía un proyecto de decreto para incorporar la figura jurídica del
refugiado en nuestra legislación. En aquella ocasión señalamos que continúa siendo una contradicción en la política externa de México que, por una parte, se tenga una tradición sobre asilo, y que por otra sea renuente asignar los instrumentos sobre refugiados, cuando desde el punto de vista de la teoría y de la práctica coinciden en lo esencial.
México podría reparar en parte tal omisión o paradoja, legislando al menos en lo interno respecto a la calidad, condiciones y requisitos de los refugiados, sobre todo si tomamos en consideración que en las postrimerías de Siglo XX, y dentro del marco de modernidad del país, debe de coincidir con mayor razón en materia de derechos humanos la voluntad política con la realidad cotidiana.
Hoy acudimos a la confirmación de lo que ha pasado muchísimas veces. El Ejecutivo toma como base una iniciativa presentada por el partido Acción Nacional, para regular situaciones jurídicas no legisladas. Esto no debe de ser motivo de disputa, sino asumiendo una actitud responsable y seria, votaremos en lo general a favor de la iniciativa, por las razones expuestas, y porque el Partido Acción Nacional tiene como centro de su doctrina el principio de que la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que el Estado y sus órganos deben de asegurarse el conjunto de libertades y de medios necesarios para cubrir este destino.
En igual forma votaremos en lo general por existir un gran consenso en los trabajos de la Comisión de Población y Desarrollo. Como lo señalaba el diputado Enríquez, expusimos diferentes ideas y comentarios sobre la iniciativa del Ejecutivo, que fueron recogidas por el Senado en un ejemplo de que la concordancia y el diálogo pueden ser un camino para la solución de los problemas en este país. La colegisladora entendió este camino y recogió toda la serie de opiniones y comentarios que se le hizo a la iniciativa del Ejecutivo.
Creemos que todavía hay aspectos que no han sido totalmente regulados o especificados. Queremos solicitar en estos momentos a la Comisión de Población y Desarrollo, que en el caso del artículo 48 de la iniciativa que estamos leyendo, el dictamen que estamos leyendo, en el párrafo que se refiere a rentistas y que menciona a las instituciones nacionales de crédito, quede pendiente y en la Comisión de Estilo se regule de conformidad con la nueva ley que se puede llegar a aprobar en este Período Ordinario y que puede ser la Ley de Instituciones de Crédito, que está actualmente en comisiones.
Resumiendo: para nosotros es de gran importancia que se incorpore en la legislación la figura jurídica del refugiado, porque otorgará beneficios a miles de hermanos centroamericanos que por situaciones de todos conocidas, han abandonado sus países de origen porque su vida o su seguridad han sido amenazadas y nuestro país con plena solidaridad los ha aceptado brindándoles una nueva oportunidad de vida.
Reitero a ustedes nuestra satisfacción de que la idea original del Partido Acción Nacional sobre refugiados, haya sido recogida. No nos interesa la paternidad de la iniciativa; nos interesa que el Gobierno sea congruente con lo que dice en el extranjero y lo que hace en lo interno en México. México se había negado sistemáticamente a reconocer la figura del refugiado en nuestra legislación de la Ley General de Población. Pero en lo interno y ante organismos internacionales había dicho y había suscrito convenios que reconocían tal figura.
De la misma forma era incongruente al tener dentro de la institución, de la Secretaría de Gobernación, tener Alcomar, que era la institución, que se encargaba de la ayuda a los refugiados. Esta incongruencia ha sido recogida en la iniciativa y por eso en términos generales, en lo general, votaremos a favor de la iniciativa. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez.
El diputado Miguel A. Quiroz Pérez: - Señor Presidente; honorable asamblea: Los temas a que se refiere la iniciativa que reforma y adiciona la Ley General de Población y cuyo dictamen discutimos, originaron un amplio consenso en medio de nuestro creciente pluralismo político, principalmente sobre el refugio y protección al perseguido en su país de origen.
Al estudiar la minuta que enviara a esta Cámara el Senado de la República, se definieron como ya se ha dicho por mis compañeros, cuatro objetivos:
Primero, considerar la figura del refugiado como nueva característica de la calidad migratoria, concretamente de los no inmigrantes.
Adecuar los criterios y mecanismos para la internación de extranjeros, ampliando los plazos de estancia y facilitando la inversión de sus recursos con observancia al marco legal.
Mejorar la definición del tipo delictivo y actualizar las sanciones que establece el artículo 118 de la Ley General de Población, comprendiendo no sólo a quienes por sí o por cuenta de otro
pretenden introducir o introduzcan a uno o varios extranjeros en territorio mexicano o a otro país, sino también a quienes a sabiendas, proporcionen los medios para llevar a cabo esas conductas.
Por último, se pretende incorporar al Consejo Nacional de Población, otras dependencias del Poder Ejecutivo.
El proceso que siguió la iniciativa en el Senado de la República, y en el que observó la Comisión de Población de esta Cámara, proceso caracterizado por amplia consulta con muchas organizaciones, instituciones y personajes de reconocida capacidad y experiencia, nos permite afirmar que en el caso de los refugiados hay un interés común de ajustar nuestra legislación a un fenómeno social y político para el cual, como ya se ha dicho también, no estábamos preparados y que en apego a la tradición humanista de nuestro país, y a los compromisos que adquirió al signar acuerdos internacionales, se estima conveniente establecer el marco legal con los soportes jurídicos adecuados para regular este fenómeno.
Estimo digno de resaltar la participación intensa de los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido Popular Socialista, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, de la Fracción Independiente y de mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional, en el análisis y discusión de la iniciativa presidencial.
Los criterios que en su mayor parte coincidieron con los aspectos torales de la misma, fueron expuestos sin taxativa. También las observaciones y los puntos del vista que hubo en desacuerdo, se analizaron y estudiaron en sus fundamentos; sus preocupaciones y reservas, son dignas de tomarse en cuenta. Sus recomendaciones para elaborar un nuevo Reglamento de la Ley General de Población, son apoyadas por la fracción de mi partido.
La concertación y la coincidencia que se dio en el Senado de la República, por la nobleza de los temas que trata la iniciativa, nos sirvió para llegar por primera vez, en los trabajos de esta Cámara, a conciliar los distintos criterios y conjuntarlos para presentar a esta asamblea, un dictamen que si bien no refleja unanimidad de opiniones, es un auténtico trabajo legislativo que reafirma o para reafirmar la tradición política de solidaridad y fraternidad internacionales de nuestro país.
Por lo expuesto, compañeros diputados, solicito a nombre de mi fracción su decisión aprobatoria para el dictamen presentado.
Por otra parte, coincidimos con el criterio expuesto por el compañero diputado Gerardo Arellano, para que la Comisión de Estilo corrija la redacción de una parte del artículo 48 que hace mención a las instituciones nacionales de crédito. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular. Segundo transitorio, el Partido Acción Nacional.
Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto.
La secretaria diputada Hilda Anderson Nevárez de Rojas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Esta secretaría informa que se han emitido 366 votos en pro, siete en favor de todo, a excepción de los artículos 46 y 66.
El Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 366 votos.
Esta Presidencia informa que han sido reservados para su discusión el artículo segundo transitorio.
Abierto el registro de oradores para la discusión del artículo segundo transitorio, esta Presidencia informa que se ha inscrito para hablar en contra del artículo segundo transitorio, el diputado Leopoldo Salinas Gaytán y, para hablar en pro del mismo artículo, el diputado Fructuoso López Cárdenas.
Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Compañeros diputados: Antes que nada, señor Presidente, yo le voy a pedir de la manera más atenta, en base al reglamento, si puede llamar al orden a los compañeros diputados, para que presten atención a mi intervención.
El Presidente: - Es procedente. Esta Presidencia ruega a los asistentes la debida atención al orador y que se inicie el conteo del reloj en este momento.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Como primer punto quisiera señalar lo siguiente: La Comisión de Población y Desarrollo de esta Cámara elaboró la iniciativa o el dictamen que se presentó a este pleno, en hojas correspondientes a la Comisión Permanente, primer error.
El concepto que se objetó es en relación con el artículo segundo transitorio, el cual va en contra de las normas jurídicas del derecho. La Ley General de Población que está modificando este proyecto dató del 7 de enero de 1975. La Ley General de Población, en su capítulo 7o. correspondiente a sanciones, contempla 31 artículos, esos artículos del capítulo de sanciones, traen desde suspensiones, destituciones, expulsiones, prisión y multas; es en este concepto en el que juntamente con prisión, origina dentro del proyecto una reforma al artículo 118 de la Ley General de Población; que si bien es cierto, que debió haberse adecuado para que los delitos correspondientes al tráfico de extranjeros o de personas, digamos, que han sido explotadas por nacionales, sean sancionados en forma drástica, tanto con multas y prisión, pero, el "pero" surge precisamente bajo este aspecto.
En relación con las multas que tratan los 31 artículos de la Ley General de Población actualmente, prácticamente un total de 22, incluyendo el 118, son los que se refieren al concepto de multas, multas que de acuerdo con el 118 que se está modificando, se aplica ahora con las equivalencias de los salarios mínimos conforme al que impere en el Distrito Federal.
Pero resulta que existe una incongruencia al modificar el 118 y se remite la iniciativa a que el resto de los artículos, o sea, los 21 artículos que hablan de multas dentro de esta ley, por medio del transitorio se modifica el aspecto de multas y de acuerdo con el texto que ha sido expuesto, en donde se refiere que para la fijación del monto de las sanciones pecuniarias que resulten aplicables según el capítulo séptimo de la Ley General de Población, los importes establecidos se convertirán a vía del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a la fecha, en que se cometa el delito o la infracción, a razón de un día por cada 10 pesos, a excepción hecha de las sanciones previstas en el artículo 118, que serán las que han quedado señaladas en el presente decreto.
La incongruencia garrafal se encuentra en el sentido de que para que un artículo deje de operar debe de abrogarse o derogarse, en este caso, en contra de toda técnica jurídica, con un transitorio se hace el cambio y la variante. Quizá como dijo y me argumentó en lo económico un funcionario de la Secretaría de Gobernación hace algunos minutos: "Esto ya se ha hecho en otras leyes y en otros reglamentos". ¡Pues mal hecho, definitivamente esto no debe de existir!
Y lo importante con esto es de que como somos Cámara receptora, el error principia primero en el planteamiento de la iniciativa por el Ejecutivo Federal, en donde sus asesores le fallaron y luego lo más triste y lamentable: que la Cámara de Diputados haya pasado por alto este concepto técnico - jurídico que realmente es inadmitible.
Estoy de acuerdo con el texto de toda la ley o de toda la propuesta que se hace en este dictamen, pero definitivamente esto no podemos pasarlo. La Cámara de Legisladores no está dormida, atiende a la situación de carácter técnico - jurídica que la elaboración de las leyes y por lo tanto ante la incongruencia del artículo 118, que se está proponiendo, con el resto de los artículos, con el resto de los 21 artículos, del capítulo séptimo que se propone que existen vigentes de la Ley General de Población, que existe una incongruencia garrafal.
Por tal razón, se objeta dicho transitorio y esto da materia para que sea regresado a la Comisión de Población y Desarrollo, para que tome conocimiento y por lo tanto se regrese a la Cámara de Senadores. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hablar en pro del mismo artículo, tiene la palabra el diputado Fructuoso López Cárdenas.
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Señor Presidente; honorable asamblea: Nosotros sentimos que es improcedente la observación planteada por el compañero del Partido Acción Nacional, en virtud de que se trata más bien de una cuestión de forma y no de fondo, en la que no coincidimos. Tan válido es que la regla de conversión o de indexación del salario mínimo sea consignado en cada uno de los artículos, la aplicación de dicha regla, o que ésta se consigne en un solo artículo transitorio aplicable a todo el capítulo de sanciones.
Por tratarse de una cuestión de técnica y dado el consenso general que en la asamblea se ha dado, expresado en lo fundamental, se considera debemos acoger es espíritu planteado y desechar el argumento expresado por la representación del Partido Acción Nacional, ya que en última instancia los efectos serán los mismos, los montos de las sanciones serán incrementados en igual
forma y el objetivo de frenar las actividades delictivas de los traficantes de personas, que lucran con el dolor humano, en una o en otra técnica legislativa que se adopte, se lograría, cuestión que es lo más importante.
La técnica que plantea la reforma en el sentido de incorporar un principio general aplicable a varios preceptos de un mismo capítulo, no es algo fuera de lo común ni inusual; ha sido incorporada en otros cuerpos legislativos.
Sentimos que es lógica jurídica y solamente de redacción el adoptar un principio general, mencionarlo en una sola ocasión y no repetirlo consignando en cada precepto aplicable.
Quisiera dejar constancia, por último, que en la Comisión de Población y Desarrollo hubo aportaciones válidas, legitimas, importantes, de todos los partidos políticos. Del Partido Acción Nacional, las aportaciones del Partido de la Revolución Democrática, las valiosas aportaciones del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, del Partido Popular Socialista, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y del Grupo Parlamentario Independiente y el haber llegado a un consenso político en lo general, fortalece los trabajos de esta LIV Legislatura.
Por otra parte, asumimos el compromiso, como miembros de la Comisión de Población y Desarrollo, para participar activamente en los trabajos de redacción del reglamento respectivo. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado López Cárdenas. ¿Aceptaría usted una pregunta del diputado Enríquez?
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Con todo gusto.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado (desde su curul): - Según las apreciaciones que hizo el diputado Salinas, mi pregunta iría en este sentido: ¿en qué momento este artículo segundo transitorio dejaría de serlo y pasaría a formar parte permanente del cuerpo de la Ley General de Población? ¿Y cuál sería el criterio para que esto fuera posible?
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - El artículo transitorio permanecerá ahí en tanto que éste como tal y por lo tanto será aplicable siempre como tal, como artículo transitorio para todas las generalidades.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Entonces, según lo que usted nos dice, diputado, ¿no es transitorio? Debería ser parte del cuerpo permanente de la ley general de Población y en todo caso modificable cuando hubiese que modificar la tasa que aquí se acuerda.
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Para nosotros en una o en otra forma lo que importa es el fondo del asunto y en una o en otra técnica legislativa lo que importa es el resultado final, por esos solicitamos que sea aprobada esta reforma tal y como está en la redacción del cuerpo del dictamen.
El Presidente: - Diputado López Cárdenas, desea hacerle otra pregunta el diputado Salinas, ¿acepta usted?
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Con gusto.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): Señor diputado, usted le ha contestado al compañero que el transitorio segundo va a durar en forma permanente para la aplicación del mismo; mi pregunta es la siguiente: ¿Qué entiende usted por transitorio?
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Nosotros sentimos que lo que nos importa es el fondo del asunto, lo que importa es la sanción que está siendo aplicable y el transitorio estará ahí en tanto no se derogue. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado López Cárdenas, el diputado Coca Alvarez desea hacerle una pregunta, ¿la acepta usted?
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - No, señor Presidente.
El Presidente: - No, señor diputado, no la acepta.
Tiene la palabra en contra el diputado Alfonso Rueda Montoya.
El diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya: - Conforme a lo establecido en este artículo segundo transitorio en el que se pretende modificar nada menos que 21 artículos de un total de 31, que contiene el capítulo VII de la Ley General de Población, no sólo estamos ante un problema de violación a la técnica jurídica, estamos ante un problema de violación a la hermenéutica jurídica cuyo primer principio es el de saber leer y partiendo de ese principio habría que referirnos al artículo 14 constitucional.
El artículo 14 constitucional, dado que lo que se va a reformar van a ser 21 artículos del capítulo
de sanciones, esto es "normas penales referentes a la ley de población", establece lo siguiente:
"Nadie podrá ser privado de la vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho."
Y señala, por otra parte, en los juicios de orden criminal, que forzosamente serán a los que se referirá la aplicación de sanciones en la ley de población:
"Queda prohibido imponer por simple analogía y aun por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata."
Y aquí forzosamente en cada caso que se esté aplicando este transitorio se estará violando el artículo 14 constitucional. Es un transitorio que en ningún momento dice: "Se modifican los artículos 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 107, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117; se refiere sólo al 118, el 119 y el 120.
Esto es 21 artículos de la ley de población modificados en un simple transitorio.
Y si atendemos a lo que mencionaba hace unos momentos uno de los oradores, es un artículo transitorio y a ese artículo transitorio se le pretende dar el carácter de definitivo en esos 21 Artículo. El transitorio normalmente establece fechas de aplicación por un lapso determinado de una norma. Y aquí dice que "va a ser permanente mientras no se modifiquen esos artículos".
¿Y cómo pretenden modificarlos si ni siquiera se está señalando que son modificados en esta disposición?
No perdamos de vista que esta ley tiene una íntima relación con la bancaria. La prisa está obedeciendo a que una de la serie de modificaciones que se están haciendo a la ley de población, es para que puedan participar en actividades económicas extranjeros.
Sin embargo, eso queda aparte y no afecta a lo de las sanciones penales, que podían perfectamente haberse excluido sin tener que hacer el garrafal señalamiento que se está haciendo en el transitorio de modificar todo el capítulo de sanciones de la ley.
Esa prisa está llevando al Senado a una carrera para cometer infinidad de errores, no sólo de técnica jurídica, sino de violación al artículo 14 constitucional.
Al no señalar el transitorio ni qué artículos se modifican, salvo el 118, ni siquiera si son abrogados o derogados, no podemos estar hablando de que se están modificando en un planteamiento totalmente genérico.
Si los transitorios no pueden ser definitivos, no es posible que pretendamos establecer como definitivo algo que de antemano se está señalando como transitorio.
Y habría que recordar, al estarse pretendiendo modificar todo el aspecto de multas en el capítulo de sanciones de la Ley de Población, que hay una serie de amparos concedidos en relación contra las multas basadas en salarios mínimos, por un principio lógico.
Cuando un congreso, sea estatal o el federal, no fija una cantidad específica, está cediendo y dejando su facultad legislativa a la Comisión Nacional de Salarios y esta norma está siendo sujeta de cambios constantemente por la variación de salarios, y vamos a caer exactamente en esa violación Constitucional que el congreso, la Cámara de Diputados, incurriendo en el mismo error del Senado, caiga precisamente en la misma falta, dejar que la Comisión de Salarios Mínimos asuma la función legislativa y se ponga a legislar.
Y la pregunta final podría ser: ¿dónde quedaron los senadores que hacen esto?, ¿dónde quedó todo el cuerpo de abogados de soporte de la Cámara de Senadores?, y ¿dónde están los abogados en esta Cámara de Diputados? (Aplausos.)
El Presidente: - Ha solicitado la palabra para hechos el diputado Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Solamente para hacerle una pregunta desde la tribuna al compañero Fructuoso López Cárdenas, que se negó a darle respuesta o a aceptar la pregunta.
El afirmó antes de dejar la tribuna, que trabajaríamos nosotros los diputados arduamente en la elaboración del reglamento de la ley, y yo quiero decirle que hasta donde nosotros sabemos, el reglamento es a cargo del Ejecutivo, son facultades discrecionales. ¿Cómo lo haríamos?, por una parte, y por la otra, creo que si llegamos a consenso en este trabajo, que yo considero fue un extraordinario avance, no tan sólo por el aspecto jurídico sino por el aspecto político, ¿por qué, es
que no se cita que son justamente las recomendaciones que nuestro partido dio a la comisión y que hace un momento nos permitimos expresar aquí en esta tribuna, así como el resto de las recomendaciones por parte de los otros grupos parlamentarios, las que deben de hacerse llegar por los canales correspondientes, para que en todo caso el Ejecutivo las asuma y sea en todo caso, y a través del reglamento, que queden plasmadas estas recomendaciones? Pero quedan estas dos cuestiones en el aire, compañero Fructuoso López Cárdenas. Muchas gracias.
El Presidente: - No habiéndose inscrito más oradores, consulte la secretaría a la asamblea si el artículo segundo transitorio se encuentra suficientemente discutido.
La secretaría diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el artículo segundo transitorio se encuentra suficientemente discutido.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal de este artículo.
La secretaría diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Se va a proceder a recoger la votación nominal del artículo segundo transitorio.
(Votación.)
Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 206 votos en pro y 92 en contra.
El Presidente: - Aprobado el artículo segundo transitorio por 206 votos, en sus términos.
Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de decreto que reforma y adicional la Ley General de Población.
La secretaria diputada Guadalupe Gómez Maganda de Anaya: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DENUNCIAS
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
El Presidente: -Entramos al capítulo de toma de posiciones, comentarios y declaraciones.
Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez de Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violaciones a los derechos de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad en Puebla.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Señor Presidente; compañeros diputados: En esta tribuna hemos escuchado interesantes defensas a los salarios de los trabajadores; también hemos escuchado en esta tribuna la defensa a los trabajadores y a los pensionados que todavía tenemos manifestándose afuera de este recinto.
Pero quiero presentar mi posición en defensa de los trabajadores que continuamente son despedidos de sus trabajos por presentar posiciones en contra de sus líderes sindicales...
El Presidente: - Esta Presidencia ruega a los asistentes poner atención a la oradora.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Comentaba en relación a aquellos trabajadores que discrepan de la posición de sus líderes sindicales o inclusive acuden para que realmente sean defendidos sus derechos y por el contrario éstos se convierten en verdugos de ellos mismos.
Se ha mencionado muchas veces que los sindicatos están configurados para defender los derechos de los trabajadores. Quiero mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23 en su párrafo 4o., señala: "Toda persona tiene derechos a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses". El caso que voy a presentar en esta tribuna el día de hoy, fue precisamente en violación a este derecho, la cláusula de exclusión a 20 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que fueron expulsados por haber solicitado su ingreso al Sindicato Único de Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. El caso que voy a narrarles, señores diputados, se inicia hace 23 años; un grupo de trabajadores al solicitar su ingreso a este sindicato consideraron que era un grupo de revoltosos por lo cual fueron despedidos.
Esa campaña de desprestigio a los trabajadores y de expulsión se inició en diciembre de 1966 y en enero de 1967, los trabajadores acudieron en su demanda de justicia a la Junta Federal de Conciliación de la ciudad de Puebla; después de dos años fueron trasladados a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y ahí se inició nuevamente su inquietud de defender sus derechos. Después de casi 18 años fue desaparecido el expediente de esos trabajadores a raíz del sismo de
1985. Vale la pena mencionar que estos trabajadores han logrado al fin un laudo a su favor que se traslade en los siguientes términos.
Le voy a leer únicamente el laudo que salió el 27 de noviembre de 1981 y que a la letra dice: "Laudo de fecha 27 de noviembre de 1981" y que a la letra dice: "3o. Se condena a la sección 106 del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana a reconocer el derecho de los trabajadores enumerados en el resolutivo anterior para que sean propuestos ante la Comisión Federal de Electricidad como representantes de los derechos de la Compañía Industrial Eléctrica Mexicana, S.A., División Sureste, Distrito de Puebla".
Y señala el laudo a su favor, que estos trabajadores sean reinstalados en las plazas vacantes. Actualmente, el 21 y 24 de mayo y el 21 de junio de este mismo año, se ha hecho el seguimiento para que este laudo se cumpla a favor de estos trabajadores.
Se han obtenido falsas promesas tanto por parte del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, como de la misma Comisión Federal de Electricidad. Y aquí quiero señalar la actitud prepotente, la negligencia y la indiferencia del señor senador Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, porque él ha declarado últimamente en la Prensa que estará siempre vigilante en la defensa de los trabajadores.
Habría que mencionar también que en la Comisión Permanente, el 31 de enero de este mismo año, fue presentado por el diputado Juan José Medrano la petición de que se resolviera el caso de estos trabajadores. Hubo la promesa expresa del señor diputado Juan José Osorio para que se investigara y se cumpliera la ejecución del laudo.
Se formó una subcomisión a la que fueron integrados el señor diputado Ignacio González Barragán y el señor diputado Octaviano Camargo Rojas, diputados de la Confederación de Trabajadores de México que jamás acudieron al llamamiento de esta disposición y nunca se reunieron junto con el diputado Leopoldo Salinas, de Acción Nacional, para darle por lo menos cauce a esta inquietud. Esto deja mucho que desear de los famosos líderes de la Confederación de Trabajadores de México.
También quiero señalar que una de las tácticas tanto del sindicato como de la empresa ha sido el de una manera mañosa decir que no hay vacantes para estos trabajadores, y también se ha dicho que los señores no eran trabajadores de base. El argumento jurídico a este respecto ya se ha llevado a los tribunales adecuados y se ha demostrado que precisamente la solicitud de éstos fue lo que causó su expulsión del trabajo.
También es muy importante hacer mención que como este caso se suscitó en la ciudad de Puebla, es inmediato responsable alguien que se encuentra aquí presente y que voy a mencionar un párrafo de un discurso que pronunciara en el mes de octubre de 1971, y a lo cual suplicaría pusieran atención.
Dice así: "Joven poblano: Conocemos y comulgamos y nos identificamos plenamente con tus inquietudes, pues somos jóvenes como tú en edad y en pensamiento. Vota por Acción Nacional y verás el cambio de estructura que hemos esperado durante años.
Obrero poblano, es tiempo de reaccionar contra aquellos que hasta ahora han traficado con tus derechos ciudadanos sindicales, consiguiendo para sí dinero para obtener poder y poder para obtener dinero. Los obreros poblanos tienen que impedir que sus dirigentes sindicales, valiéndose de la fuerza y la imposición, los obliguen a depositar un voto a favor de quienes hasta ahora sólo los han perjudicado, pues de todos es conocido que la mayoría de las organizaciones sindicales obligan a sus agremiados a ir a las urnas como borregos, sopena de sufrir represalias en su persona e intereses.
Obrero poblano, libérate del lastre que significa para ti los líderes charros y ayuda con tu voto al Partido Acción Nacional y a la democracia poblana y verás cristalizadas tus esperanzas en beneficio de Puebla en lo general y en tu persona y en tu familia y tu organización sindical en lo particular."
Este emotivo discurso fue pronunciado por un compañero diputado, ahora secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, en la delegación de Puebla, el señor diputado Víctor Manuel Carreto. A él hemos acudido para encontrar una solución a la ejecución del laudo de estos trabajadores y se nos ha dicho, porque además se ha presentado una propuesta para su solución, y nos ha dicho que no hay plazas y que tampoco hay la posibilidad de que en reconocimiento al esfuerzo de estos trabajadores se les pudiese dar algún monto económico para vivir dignamente.
Estos trabajadores actualmente son mayores de 60 años, han venido sufriendo durante 23 años el duro enfrentamiento contra los tribunales, contra el sindicato, contra la empresa, y sin embargo
cuando se aduce que no hay dinero, pues yo quisiera señalar, aquí tengo la copia de un cheque que se emitió en el mes de mayo, donde señala la módica cantidad de 5 millones 250 mil pesos, importe por gastos al secretario general de la sección Puebla del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, y otras cuantas cosas que podríamos señalar, que mientras los líderes sindicales se enriquecen a costillas de los trabajadores, cuando éstos piden una indemnización justa y además otorgada por la ley, siempre se les dice que no hay para defender sus derechos.
La propuesta concreta que pedimos los diputados que estamos apoyando a este grupo de trabajadores es, primer lugar, que se ejecute el laudo, reconociendo sus derechos escalafonarios de antigüedad de los 20 trabajadores.
Sólo se consideran cinco conforme a la propuesta anterior y 15 se les tramite su jubilación y pensión del Seguro Social.
Y tercero, la liquidación convencional de todos los trabajadores o parte de ellos.
Creo que aunque hemos tenido la aceptación por parte de la Comisión de Gestoría y Quejas, de la diputada Inés que bondadosamente quiso colaborar con este caso, sentimos que tendremos que seguir tocando las puertas para que se les haga justicia a estos trabajadores y próximamente estaremos en el Senado un grupo de diputados, a ver si el senador Rodríguez Alcaine se acuerda de cuál es su misión sindical. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Carreto.
El diputado Víctor Manuel Carreto: - Señor Presidente; honorable asamblea: Respecto al asunto que la señora diputada de Acción Nacional acaba de presentar a la consideración de esta honorable asamblea, es preciso hacer algunas aclaraciones, ya que la información con la que cuenta el Partido Acción Nacional es muy limitada al respecto, desde luego tendenciosa, buscando de alguna manera desvirtuar una realidad que ha ocurrido a través de este tiempo.
Por ejemplo, la primera afirmación que se hace es en el sentido de que este grupo de respetables personas fueron despedidas por posiciones en contra de sus dirigentes. Primero, los señores no fueron despedidos en aquellos años, sino que ellos abandonaron su trabajo al habérseles terminado el contrato que tenían que eran trabajos eventuales, como lo reconoce el propio laudo que la junta emitió en tiempo y forma. Quiero precisar que no se trató nunca de trabajadores permanentes, sino de trabajadores temporales.
Segundo, desvirtúa también dicha afirmación el hecho de que se les haya aplicado cláusula de exclusión, hasta ese día en lo que fue el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que tuvo vida como tal hasta el día 20 de noviembre de 1972, nunca registró, ni el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana ha registrado la aplicación de cláusula de exclusión alguna en contra de ningún trabajador del antiguo Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, o del actual Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que se le ha declarado sindicato sustituto para la solución de este problema.
En 1968 existía otra agrupación sindical, la que ahora por decisión de la inmensa mayoría de los trabajadores electricistas, constituye el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
Es cierto que éste ha sido un largo proceso, que nosotros, el de la voz personalmente interesado en tratar de resolver este problema, en alguna ocasión a quien hacía cabeza de este grupo se acercó a nosotros y le ofrecimos una solución conveniente para las demandas que ellos estaban presentando, que resultaron a la postre al margen de la ley, inaceptables a los intereses de nuestra organización sindical.
Debo afirmar a ustedes, compañeros diputados, que el caso de estos 20 trabajadores, casos similares en el área de nuestra competencia, fueron resueltos favorablemente para más de 325 trabajadores que se encontraron en las mismas circunstancias que ellos y que ahora gozan de todas las prerrogativas, de todos los beneficios y de todas las conquistas laborales, sociales y económicas de nuestra organización, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.
No ha habido de ninguna manera, y ésta es una afirmación categórica, ni negligencia ni prepotencia, por parte del secretario general de nuestra organización, sino por el contrario demuestra su buena disposición hoy mismo. Hace unas horas estábamos comentando una vez más este asunto para la búsqueda de la solución del problema de estas personas.
Estamos en la mejor disposición de buscar soluciones que de alguna manera favorezcan los intereses de estas personas, pero no podemos anteponer el interés particular de 20 personas sobre el interés colectivo de muchos miles de trabajadores electricistas.
No ha habido un laudo, al que ha hecho referencia nuestra compañera diputada, en el que la Junta de Conciliación condenó al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, para no hablar de todo su nombre, ahora Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, como sindicato sustituto, exclusivamente y esto es el fondo del asunto que supongo yo ha traído tanta confusión hacia este grupo de personas. Ellos nunca fueron, repito, trabajadores permanentes, sino fueron trabajadores aspirantes, porque fueron temporales, nunca fueron trabajadores permanentes. A ellos la junta obliga a nuestra organización, exclusivamente a proponerlos ante el patrón, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, para ocupar puestos eventuales o de planta, de acuerdo a sus derechos enumerados, sin que afecte derechos también de terceros, y tomando en cuenta, esto es lo que dice el laudo, su calidad de socios aspirantes.
Sobre este particular quiero precisarle a la honorable asamblea, que con este escrito le rogaría a la Presidencia autorizara a la secretaría a darle lectura, es muy breve, en el cual nuestra organización dio cabal cumplimiento a lo que estableció el mandato judicial y el mandato laboral. Le ruego, si no hay inconveniente, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la secretaría con la lectura del documento.
La secretaria diputada María Teresa Dorantes Jaramillo: -Dice: "Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Sección Puebla, avenida 18 poniente, número 1104, teléfonos. Puebla, Puebla registro número 2001. Va dirigido al ingeniero Joaquín Carreón Hernández, director general de la Comisión Federal de Electricidad, con domicilio en Ródano número 14, séptimo piso, México, Distrito Federal, dice:
Víctor Manuel Carreto, secretario general de la sección 92, Puebla del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, con el debido respeto manifiesta que ha sido notificado del acuerdo que ha dictado la junta especial número cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que textualmente dice lo siguiente:
Se condena a la sección 92, Puebla, del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, a reconocer el derecho de los trabajadores enumerados en el resolutivo anterior, para que sean propuestos ante la Comisión Federal de Electricidad, como representantes de los derechos de la Compañía industrial Eléctrica Mexicana, S.A., División Sureste, distrito Puebla, en los puestos eventuales o de planta que se produzcan de dicha empresa, tomando en cuenta su calidad de socios aspirantes de la organización, según sus derechos escalafonarios y aptitudes, absorbiéndole del resto de las prestaciones que en este juicio se le reclamaron, tanto en forma colectiva como individual.
En consecuencia, y en sus términos, se está proponiendo a los ciudadanos Jesús López Pérez, Jaime Hernández Quiroz, Felipe Alvarez Vargas, Jesús Bonilla Vergara, Rubén Velázquez Muñoz, Francisco Vázquez Vélez, Carlos Casas Rivas, Senín Mejía Gutiérrez, Gonzalo Cano Cortés, José Luis Alvarado Torres, Ramos Reyes Flores, Ricardo Munguía Jiménez, Fidel Meza, Alfonso Méndez Palacios, Alfonso Escobar Torres, Luis Ramírez Sánchez, Salvador Pérez Garfia, Juan Pérez Garfia, José Luis Polanco, para que sean ocupados en el radio de actividades de esa empresa.
Agradeciendo su atención, le ratifico las consideraciones de mi representación.
Atentamente.
Por la emancipación de México, Puebla, Puebla a 18 de noviembre de 1988. Firma el secretario general, Víctor Manuel Carreto y el secretario de trabajo, Moisés Portilla Arena".
El Presidente: - Señor diputado, antes de que vuelva usted a tomar palabra, le ruego tomar en consideración el tiempo.
El diputado Víctor Manuel Carreto: -Me estoy fijando a lo que la autoridad determinó, se le ha dado cumplimiento. Preciso también que de ninguna manera ha habido la obligación o la condena de la autoridad laboral para indemnizar, jubilar, como pretenden estos compañeros, estos trabajadores, porque nos ha exceptuado la junta, desde el año de 1982, a darle cumplimiento a este mandato, al cual nosotros hemos cumplido.
Por otra parte, se han presentado algunas afirmaciones. Contamos con la información documental que precisará cualquier duda que sobre nuestro carácter de funcionarios del sindicato o miembros de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, se pudiera hacer, tratando de desviar, desde luego, todas las afirmaciones que aquí quisieran llevarse a cabo, a base de imputaciones que no corresponden y que desde luego queremos manifestar, y lo hago en nombre del secretario general de nuestra organización, el senador Leonardo Rodríguez Alcaine, del nuestro propio, que por nuestra parte estamos en la mejor disposición de
contribuir al cumplimiento más amplio y satisfactorio de lo que la autoridad ha determinado.
Con esto, espero haber dado respuesta al asunto que aquí se ha presentado sobre este particular.
El Presidente: -Han solicitado la palabra, para hechos, los diputados Alfredo Pliego Aldana y Leonardo Salinas Gaytán.
Tiene la palabra el diputado Pliego Aldana, para hechos.
El diputado Alfredo Pliego Aldana: - No es posible darle crédito a gente que ha traicionado a los trabajadores. Este señor Carreto, en 1976, traicionó a la tendencia democrática. Y como un ejemplo más de la represión sindical en la Comisión Federal, tenemos el caso de nuestro compañero y amigo Raúl Alvarez Garín, de nuestro Partido de la Revolución Democrática, quien en 1989, fue despedido de su trabajo sin justificación, y que además graciosamente, como lo hace el corporativismo, perdió su expediente. Siempre, cuando no tiene razón la empresa, pierde el expediente.
Asimismo, para que puedan entrar a trabajar a la Comisión Federal de Electricidad, se les pide la credencial del partido en el gobierno. Es un testimonio claro de la traición a los trabajadores.
Este régimen entreguista, desde que entró le declaró la guerra a los trabajadores. Debería a los líderes y representantes populares obreros, darles vergüenza de estar con Fidel Velázquez, debería darles vergüenza estar en contra de los trabajadores.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente; compañeros diputados: He tomado el uso de la palabra para contrarrestar lo señalado en esta tribuna por el expanista Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
En primer lugar, el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo en México, son proteccionistas de los derechos de los trabajadores. Y es lamentable que un sindicato de la magnitud del que nos estamos refiriendo, el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, esté contrariando la política constitucional, la Ley Federal del Trabajo y aún los principios que ha esgrimido el Ejecutivo Federal en defensa de los trabajadores de México.
Efectivamente, como lo asentaba la compañera Rosalía, en la Comisión de Trabajo y Previsión Social se participó de esta problemática y un servidor formó parte de la subcomisión juntamente con los diputados Ignacio González Barragán y Octaviano Camargo Rojas, que son Líderes sindicales, pero nunca fue posible que nos juntáramos, a pesar de las insistencias mediante citatorios que les cursé, para que viéramos como era nuestra obligación, en la subcomisión que para tal efecto se había integrado, el problema planteado por los 20 trabajadores.
Y contrarrestando lo asentado por el diputado Carreto Fernández de Lara, ex panista, se le mandó al señor senador Leonardo Rodríguez Alcaine, un memorándum cronológico por conducto del presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, del diputado Juan José Osorio Palacios, donde se narraban cada uno de los pasos que los trabajadores habían seguido desde el 30 de diciembre de 1966 que hicieron el planteamiento más bien que fueron retirados efectivamente del trabajo de la anterior empresa, de la cual es sustituida la Comisión Federal de Electricidad, quienes efectivamente desarrollaban un trabajo de aspirantía. Un trabajo de aspirantía que es una de las medidas en que los contratos de ciertas centrales obreras llevan a cabo para los efectos de no establecer las plantas a los trabajadores.
Ellos ya tenían como promedio 10 años de antigüedad y cuando fueron retirados hicieron su reclamo correspondiente ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la cual en abril de 1975 dictó laudo contrario a los trabajadores. Pero por conducto de un amparo que interpusieron, ellos obtuvieron un fallo favorable, fallo favorable que desde el 27 de noviembre de 1981 causó estado. Y aquí nos encontramos una gran incongruencia, en donde con un oficio que acaba de solicitar el diputado Carreto se leyera, se reconoce la propuesta que se hizo ante la empresa Comisión Federal de Electricidad, en oficio de 18 de noviembre de 1988, siete años posteriores para cumplir en parte con lo que establece el laudo condenatorio.
Pero a esto se agrega que ni el sindicato ni la empresa, han llegado a la conclusión, porque si en un momento dado, desde que se hizo en noviembre de 1988 el planteamiento del oficio de parte del sindicato a la empresa para cumplir con el laudo condenatorio, cuántas plantas de aspirantía han pasado a ser propietarias. No se ha permitido por conducto de la Junta para que se haga la revisión correspondiente para los efectos de justificar si efectivamente de noviembre de 1988 a la fecha, no ha habido categorías de propietarios.
Creo que esto es un error garrafal; por lo tanto, creo que estamos contrariando los intereses del tutelaje de los trabajadores. Y aquí es donde definitivamente debe de imponerse la justicia, para otorgar forzosamente el derecho que les corresponde a estos 20 trabajadores. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Antonio del Río.
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Hago uso de la tribuna para establecer la posición personal como diputado federal y miembro del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y ex miembro del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana ex Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que desapareció para establecer el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y que con mucho orgullo digo y afirmo que junto con el compañero Carreto, luchamos durante ocho años por la democratización del sindicato.
En el caso que nos ocupa, de veinte trabajadores temporales de que de acuerdo a como se dio a conocer aquí, renunciaron al trabajo como trabajadores temporales en el año 1966-1967, no existía el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana como aquí se vino a decir. Existía el ex Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que fue demandado por la titularidad de su contrato colectivo de trabajo.
El ex Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana es uno de los sindicatos en México que más se distinguió por su democracia interna y por la lucha de los trabajadores a nivel nacional.
Es mentira que se les hayan violado sus derechos como trabajadores temporales. Y yo lo afirmo porque conocí la mecánica que se estableció y que se aplicó durante todos esos años. Inclusive en la actualidad, se sigue el mismo procedimiento del ex Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el llevar una lista de trabajadores temporales aspirantes cuantificando su tiempo, el escalafón como temporales. Y los compañeros que estén capacitados en las diferentes ramas de actividad, el sindicato tiene la obligación de proponerlos para ocupar las plazas vacantes.
Lo que afirmó el compañero Carreto, es cierto: el sindicato es respetuoso de aplicar el laudo emitido por la Junta Previa de Conciliación y Arbitraje.
Aquí se pregunta, se plantea el porqué no se les ha propuesto para ocupar una vacante definitiva. Precisamente porque existe un número determinado de temporales que también tiene 10 o más años trabajando como tales y ocupando un puesto en el escalafón para ser propuestos en la primera vacante que se suscite.
Considero que no es un problema o un capricho del Comité Ejecutivo Nacional ni del comité ejecutivo seccional. Estamos acostumbrados a debatir los problemas en las secciones sindicales, que cada mes se están debatiendo esos problemas, se están dando a conocer, y se están discutiendo con los propios trabajadores para buscarle solución a la problemática que se va presentando...
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Señor diputado, desean hacerle una pregunta: ¿la acepta usted?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Con todo gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado Salinas.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - Señor diputado: Yo quisiera preguntarle: ¿es política del sindicato de trabajadores que usted representa el acatar los fallos del tribunal federal Suprema Corte de Justicia de la Nación o no?
El diputado Antonio del Río Abaunza: -Es política y siempre lo ha sido, compañero diputado Salinas.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): ¿Me permite otra pregunta?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Con todo gusto.
El presidente: - ¿Acepta el orador otra pregunta?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Sí, con todo gusto.
El Presidente: - Adelante, diputado Salinas.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): - ¿Por qué razón no se ha cumplido fielmente con lo que establece el laudo condenatorio?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - El laudo condenatorio, como lo dan a conocer, está demandando al sindicato a que sean propuestos estos compañeros temporales como tales, como temporales, no crearles una plaza definitiva para que vengan a ocupar esas plazas. ¿Por qué? Porque se violaría el derecho de los cientos de trabajadores temporales que también están esperando su turno y que sí han laborado también más de 10 años. Inclusive si los temporales que demandaron la reinstalación como de base, si así lo hubiera determinado la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, tengan ustedes la seguridad de que nuestra organización sindical atacaría esa disposición, pero no se lo está demandando de esa forma, la demanda es que se les considere como trabajadores temporales y les vaya proponiendo a los trabajadores en plazas temporales de sustitución o en plazas temporales por contrato.
El Presidente: - ¿Acepta el orador otra pregunta?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Con todo gusto, compañero.
El Presidente: - Adelante, compañero.
El diputado Jaime Fernández Sánchez (desde su curul): - Señor diputado: ¿Por qué no publicar en su sección la lista de aquéllos trabajadores que están en la misma situación desde hace 10 años, a efecto de que no hubiera ese tipo de irregularidades?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Compañero, creo que son dos situaciones diferentes. Es costumbre de todas las secciones del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana el aplicar el escalafón general de todos los compañeros temporales de las diferentes ramas de la actividad y publicarlas en todos nuestros centros de trabajo y agencias que corresponda a cada sección sindical si se pública el tiempo laborado de cada uno de ellos; este caso no corresponde a esta situación, estos compañeros que estuvieron en este tiempo como temporales y estaban integrados en esta lista, a este escalafón, ellos renunciaron a seguir trabajando, no renunciaron porque hayan solicitado cambiarse de sindicato, es mentira, porque no existían dos sindicatos, existían nada más en el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana que hasta 1971 fue cuando iniciamos la lucha de los trabajadores para democratizar un sólo sindicato que es el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, afortunadamente esa lucha se dio y se lograron esos propósitos. (Aplausos.)
El Presidente: - ¿El orador aceptaría una pregunta?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - Sí, con todo gusto.
El Presidente: - Adelante, diputada.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega (desde curul): - Señor diputado, yo respeto su opinión de un caso que usted desconoce, yo le preguntaría: ¿usted sostendría esa aseveración de que ellos renunciaron a su trabajo, que se fueron de su trabajo, en presencia de los 20 trabajadores?
El diputado Antonio del Río Abaunza: - No, definitivamente acepto esta situación que usted me acaba de exponer, yo expuse aquí que renunciaron por disposición del compañero Carreto, yo me concreté exclusivamente a la declaración que él hizo.
El Presidente: - Ha solicitado la palabra para hechos el diputado Medrano.
El diputado Juan José Medrano Castillo: - Honorable asamblea: mi participación debe concretarse a formular algunas precisiones y rectificar hechos, de lo expuesto aquí por los dos señores diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Ambos diputados han esgrimido aquí argumentos sobre la jurisdicidad del proceso, sobre si renunciaron los trabajadores, sobre si tenían derechos escalafonarios, sobre si existen derechos de otros trabajadores.
Yo quiero precisar a este respecto, que existe un laudo, ésa es la conclusión, existe una resolución firme, ejecutoriada, que debe cumplirse.
Nosotros o nuestros oradores expusieron aquí algunos argumentos como antecedentes, sin embargo no está a discusión el derecho de los trabajadores a ser reinstalados, porque hay una resolución firme que así lo determina, lo que está a discusión aquí es la nula importancia que nuestras autoridades dan a la impartición de la justicia. Debe preocuparnos que hablemos de un estado de derecho en donde las conductas de los hombres sean reguladas precisamente por las leyes y ese estado de derecho sólo exista en teoría y no exista en la práctica; los trabajadores han agotado todas las instancias, acudieron incluso ante el juicio de amparo, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Corte, máximo órgano del Poder Judicial, les concedió el amparo; obligando a la junta Federal de Conciliación y Arbitraje Número cinco a dictar un laudo favorable a los intereses de los trabajadores.
Pues bien, y hasta ese laudo y el maridaje que forman el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y la Comisión Federal de Electricidad no ha dado cumplimiento a esa resolución. Ese es el cuestionamiento.
¿Qué es posible pensar que en México los feudos de poder, como el que representa el Sindicato Único de Trabajadores de la República Mexicana aliado con la Comisión Federal de Electricidad, son más importantes que el estado de derecho? ¿Es posible pasar por alto las resoluciones judiciales y de tribunales especializados como son los de trabajo, aunque han causado ejecutoria, aunque son definitivos, los pasan por alto?
Esto es muy grave, porque entonces desde antes de iniciar los juicios, desde antes de iniciar los procedimientos judiciales, sabremos de antemano que aunque nos favorezca el derecho, que aunque tengamos razón, jamás los mexicanos veremos cumplidos el reconocimiento de nuestros derechos. Esto implica que en México la justicia sólo se imparte a los poderosos. ¡No basta con la intención, como decía el diputado Carreto, no basta con la intención de cumplir las resoluciones! Dice Juan Manuel Terán en su libro de "Filosofía del Derecho", que justicia no es simplemente la intención de darla. ¡Justicia es hacer justicia!, como imperativo.
Y en este caso nos encontramos ante un problema que efectivamente ejemplificamos en 20 trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, pero que se hace patente y es patético en todo tipo de trabajadores de México.
Nosotros creemos que debe cumplirse plenamente con las resoluciones judiciales, con las resoluciones jurídicas que dan los tribunales, para cumplir precisamente con los principios de legalidad y seguridad jurídica que nos conceden los artículos 14 y 16 de la Constitución. ¡Y es preocupante y Nosotros, Poder Legislativo, tenemos que hacer algo!
Efectivamente, dentro del principio de la legalidad, dentro del orden jurídico, no pudiéramos obligar a la Corte o no pudiéramos obligar a las autoridades del trabajo, mediante una resolución de decreto de la Cámara a hacer cumplir sus determinaciones. ¡Pero en el ámbito político el Poder Legislativo debe tener la fuerza necesaria, la fuerza de la soberanía popular, para exigirle a otros poderes que tengan el valor de hacer cumplir sus determinaciones! (Aplausos.)
¡Que no teman a los feudos de poder, porque entonces estaremos en manos, porque entonces estamos en manos de los poderosos y de nada sirve venirse a sentar a estas butacas o de nada sirve el ejercicio de la función legislativa o de la función judicial , si en México el más fuerte es el que vence siempre al más pobre!
Debemos tomar un pronunciamiento serio. Como Poder Legislativo podemos proponer ante el Poder Judicial, en este caso ante la Corte y ante las autoridades del trabajo, para que después de 23 años de litigio arduo, de litigio permanente de los trabajadores, que ya tiene una resolución favorable, podemos pronunciarnos para exigir que se les haga justicia, que se les reinstale en sus trabajos. Y si bien es cierto que algunos ya son demasiado ancianos, después de estos 23 años, para poder laborar, se les indemnice correctamente y entonces nosotros podemos tener satisfacción moral y política de que los diputados servimos para algo. (Aplausos.)
El Presidente: - Tomando en consideración que han transcurrido las cuatro horas reglamentarias de esta sesión, la Presidencia con fundamento a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y a fin de concluir los asuntos de cartera, acuerda prorrogar el lapso correspondiente hasta la conclusión de la orden del día.
Tiene la palabra. Perdón, diputado Carreto, tiene usted la palabra para hechos.
El diputado Víctor Manuel Carreto: - Con permiso, nuevamente, señor Presidente; honorable asamblea: Para contestar alusiones en el sentido de que en alguna ocasión tras muchos años de ardua lucha sindical en la que con orgullo enarbolamos las banderas del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana y en la que el grupo de trabajadores poblano y del todo el país cumplimos una misión honrosa y en la que los poblanos en su momento por acuerdo de las 49 secciones de ese sindicato determinamos aceptar la negociación honrosa que dejaba a salvo los intereses de los trabajadores electricistas.
En aquellos años fuimos respetuosos de ese acuerdo varias secciones, entre otras las de Puebla y quienes no cumplieron pudieron recibir ahora el juicio de la historia con calificativos que aquí el diputado Pliego Aldana ha emitido
Por otra parte, tengo un documento que en su tiempo dirigí al señor Roberto Cañedo Martínez, distinguido, apreciado y querido amigo, que ya ha fallecido hace varios años, en los que él en su carácter de persona física, me invitó a participar de una planilla por el Partido Acción Nacional, en aquellos años.
En dicho documento precisamos que partidos de izquierda y partidos de derecha pretendían aprovechar la coyuntura que presentaba la lucha honesta, desinteresada, de los trabajadores electricistas, para sacar el mejor provecho posible y que por esa situación reconociendo la valía de la institución política a la que él iba a representar, declinábamos esa invitación, se usó como arma de chantaje a través de las tres ocasiones en las que yo he participado como candidato a diputado federal, esgrimiendo una fotografía que apareció en una revista de ese partido, tomada en un acto político que realizamos los electricistas en defensa de nuestros intereses y aduciendo que eran palabras que nosotros pronunciamos en favor de alguna organización política.
Defendimos con honor, lo reiteramos y ahora lo afirmamos, respeto a todas las organizaciones políticas de izquierda o de derecha, siento mucho si algunos diputados hayan hecho uso...
El Presidente: -Diputado le quieren hacer una pregunta, ¿acepta usted la pregunta?
El diputado Víctor Manuel Carreto: - No la acepto, señor Presidente.
Lamento que en vez de buscar, como en su tiempo se lo dije a estas 20 personas, ahora con toda claridad veo que pretenden usarnos como instrumento de escándalo en favor de sus intereses políticos y en ese sentido, señores, estaremos con mucho gusto a lo que la autoridad determine, en el momento en que ésta así lo ordene. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez de Ortega, cinco minutos.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Creo que la mención que se hizo en esta tribuna acerca del diputado Carreto, fue la que él mismo mencionó en un discurso; yo tengo aquí las copias de el discurso que él presentara, la fecha, el lugar y desde luego su fotografía señor diputado.
(Desde su curul): - La foto.
Pero creo que lo que usted acaba de mencionar hace un momento al final de su discurso, ¡es muy grave!, señor diputado.
El hecho de que usted haya querido o no haya querido militar en un partido, ¡es su resolución personal! ¡Y que bueno que ya no está en Acción Nacional! (Aplausos.)
Ahora, el hecho de que se cumpla una determinación de la Suprema Corte de Justicia, eso es otra cosa. Nosotros aquí nos estamos refiriendo estrictamente a que se ejecute el laudo, cosa que ustedes han venido aplazando y amañando con diálogos que no han llegado a nada. ¡Ese es el fondo del asunto, señor diputado! Y si usted se arrepintió en sus años mozos de defender a los trabajadores, ¡ése es su problema!
Yo creo que lo grave aquí es que usted no quiera en este momento, como líder sindical de la sección de Puebla, reconocer una resolución de la autoridad máxima Y para referirme a lo que usted señaló de que fue en un mitin tomada la foto y todo lo demás, quisiera pedirle al señor Presidente si quiere darle indicaciones a la secretaría para que lea aquí una planilla del presidente municipal de 1972 a 1975, si me hace favor, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la secretaría con la solicitud.
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres: - Una fotocopia...
(Desde su curul): - ¡No se oye!
Dice: "1972 - 1975, planillas de candidatos a regidores, Puebla. Propietarios: señor Roberto Cañedo Martínez, señor Casimiro Pérez González, ingeniero Luis Hinojosa González, ingeniero Jorge Torres Pérez, licenciado Fernando Escondrillas Bogijas, ingeniero Gabriel Villela Gómez, profesor Salvador Rendón Hidalgo, señor Víctor Manuel Carreto, señor Pedro de la Torre García Cano, señor Manuel Escobedo de la Peña, contador público Taide Samaniego de C."
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Esto que acaban de leer aquí, señor diputado, es la planilla que jugó en 1971 para presidente municipal. ¡Lógico, usted era candidato a regidor!
Creo que también el hecho de mencionar su discurso, era algo que lo hacíamos para que usted recordara cuando realmente quería defender a los trabajadores.
Y lo que acaba de aseverar de que no hay vacantes, nosotros también tenemos otros documentos donde usted se beneficia personalmente con concesiones de obras, que usted se beneficia personalmente con gastos de sindicato, donde usted se beneficia personalmente con aquella lucha de trabajadores que lo llevaron a donde hoy se encuentra y a donde se ha olvidado.
(Desde su curul): - ¡Tema, tema!
El Presidente: - Se ruega a la asamblea prestar atención a la oradora.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Yo les pido a los diputados que piden "tema", que atiendan, porque regresaron de comer. ¡Por eso no saben de qué estamos hablando! (Aplausos.)
(Desde su curul): - ¡Tema!
Y regresando al fondo del asunto, lo único que estamos pidiendo en este lugar, es de que realmente, no nada más usted como líder sindical, sino la propia empresa, que así a quien usted defendió tan apasionadamente como es el Senador Rodríguez Alcaine, atiendan al cumplimiento y se haga justicia a los trabajadores. (Aplausos.)
INSTITUCIONES BANCARIAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre instituciones bancarias.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados: Hoy tocaremos el tema que retiramos del orden del día del martes pasado, debido a la importancia que significaba la posición de este Poder Legislativo ante los sucesos del Banco Nacional Pesquero y Portuario.
Muchas y muy diversas pueden ser las justificaciones o los motivos que cada uno queramos expresar. Pero lo cierto es que desde la guerra de independencia, no sólo fue un movimiento por la libertad, sino también la búsqueda, estudio y adopción de lo mejor de las doctrinas políticas existentes en el mundo, para proteger al hombre frente al despotismo, la injusticia o la explotación, a adaptándolas a nuestro medio.
Uno de los principales ideados en defensa de las libertades humanas y en favor del correcto reparto de las funciones estatales es la división de poderes.
Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la Federación, cuya actividad se desarrolla en el ámbito nacional, respectivamente hacen la ley, la aplican y vigilan su cumplimiento y establecen su sentido y la interpretan a propósito de un caso concreto, y esto es así, pues no sería útil ni justo que una misma persona o un sólo poder ejerciera esas diversas funciones; esto, en caso de suceder, nos llevaría a dos extremos igualmente indeseables: la dictadura o la anarquía, la tiranía o el desorden.
Nosotros pensamos que el concepto medular, contenido en nuestra Constitución, del principio de la división de poderes, constituye un fundamento de todo régimen democrático y liberal, obliga al poder frente al poder; es decir, una distribución equilibrada de las funciones estatales, limita el ejercicio de cada poder a través del derecho, obligándolo a realizar estrictamente la función que le es propia o le corresponde, y resulta en beneficio de la libertad individual y social, porque impide el monopolio de poderes.
Sin embargo, atendiendo a las necesidades que son propias del estado actual, la división de poderes no es ni puede ser absoluta, ni pueden ejercer sus funciones aisladas y aun cuando se supone que los tres poderes son independientes en su forma de organizarse y de actuar, aunque no queramos son parte de un todo y se complementan para lograr el debido funcionamiento del Estado. Por eso, para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana la división de poderes se perfecciona con la colaboración y coordinación de los mismos.
Ante estas consideraciones, para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana los diputados no sólo somos parte integrante de un Poder Legislativo, para nosotros los diputados representan, independientemente de su ideología o colores, a todo el pueblo de México y sobre todo deben predominar sus deberes respecto de toda la nación.
Es por ello que conscientes de que nuestra sociedad es compleja y que en ella el ingreso y las oportunidades están desigualmente distribuidas y que existe un sector poderoso y pequeño que ocupa los medios de producción y distribución utilizando los servicios del Estado, no podemos seguir permitiendo la galopante inmigración del campo a las ciudades. Esta galopante inmigración ha venido creando, para vergüenza de los mexicanos, grandes grupos de marginados y ejércitos de miseria que sufren la falta de empleo, de ingresos permanentes, de oportunidades de educación, de salud, de vivienda, y que sufren la agresión de todo tipo de autoridades y que los han convertido en receptáculos de rencor social y medio propicio para la manifestación de conductas delictivas.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha sostenido y sostiene junto con su líder nacional, Carlos Enrique Cantú Rosas, que hoy más que nunca tecnócratas de aterciopeladas manos, desconocedores del campo y de los aperos de labranza, tratan de inventar soluciones que en la mayoría de los casos, por irreflexibles y torpes, afectan al campesinado y al agro mexicano.
Para mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, entre factores han pesado considerablemente las desviaciones que ha hecho de la reforma agraria y el consecuente abatimiento de
la producción de alimentos y el sometimiento de los campesinos mexicanos a una burocracia distorsionadora de la política del Estado revolucionario.
Para nosotros la impartición de justicia a los campesinos es la reestructuración y depuración de las dependencias oficiales, que tradicionalmente han venido siendo operadas, en la mayoría de los casos, por vividores e improvisados, ausentes de toda contextura moral, que se han enriquecido y creado la corrupción, ineficiencia e irresponsabilidad de nuestros campesinos, que ahora se revierte en contra de la nación.
Estamos conscientes de que el Estado mexicano está obligado a proteger el ejido como forma de organización que es fruto del movimiento revolucionario, pero ello no implica que deje de aplicar las leyes agrarias en contra de aquellos irresponsables que abandonan la tierra o dejan de cultivarla.
México requiere hoy más que nunca, con urgencia, la producción de alimentos y existe una enorme masa de campesinos sin tierra dispuestos a reiniciar la labor donde irresponsables la dejaron. Tenemos que reconocer, independientemente de la utilización de los campesinos con fines políticos, que tan sólo han servido para encumbrar a algunos líderes de confederaciones y agrupaciones; existe un cáncer, un SIDA, para estar en términos modernizadores, que son los organismos financieros del gobierno, que han querido convertirse en tuteladores de los campesinos y unilateralmente establecen programas de cultivo y financiamiento, mediatizando la iniciativa y creatividad de los trabajadores del campo y que además pretenden comercializar creyéndose sustitutos de los hacendados de la época porfiriana, produciendo más millonarios que la Lotería Nacional y que los pronósticos deportivos, pasando, compañeros diputados, por Mélate que estamos dentro de otro fraude. (Aplausos.)
Hace tan sólo unos días el Ejecutivo Federal envió a esta supuesta representación nacional iniciativa de Ley de Instituciones de Crédito; en su exposición de motivos señala que la misma se sustenta, entre otras, por la impostergable necesidad de que el Estado concentre su atención en el cumplimiento de sus objetivos de dar respuesta a las necesidades sociales de la población y elevar su bienestar social sobre las bases productivas y duraderas independientemente de los cambios profundos de la realidad social de nuestro país.
Hoy, más que nunca, los fraudes en nuestro país se han convertido en el pan nuestro de cada día, independientemente de la falta de responsabilidad que han demostrado algunos compañeros de este Poder Legislativo, que ante la consigna o la firma de vergonzantes tratados maritales, han antepuesto los intereses de nuestro país a los de grupo o personales.
Vergonzoso es, compañeros diputados, que en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, el Ejecutivo Federal haya tenido que intervenir pasando por la opinión de la mayoría mecánica y que se haya demostrado que la oposición teníamos la razón porque sí existe y existió fraude en el Banco Nacional Pesquero y Portuario. Hoy no queremos, compañeros, que como en el caso del Banco Nacional Pesquero y Portuario, el Secretario de Hacienda y Crédito Público se haga "de la vista gorda" y que los responsables de la Comisión Bancaria y de Seguros se hagan "como que la virgen les habla".
Venimos, compañeros, nuevamente a denunciar las irregularidades en el funcionamiento del Banco de Crédito Rural y de la supuesta liquidación a la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., instituciones gubernamentales o de participación gubernamental que han defraudado a miles de campesinos y a millones de mexicanos. No podemos olvidar, compañeros diputados, que mientras miles de campesinos sufrían los destrozos del Huracán Gilberto en la zona del Golfo de México, en Campeche aparecían zonas de cultivos siniestradas, con fuertes créditos del Banco de Crédito Rural y Seguros Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., que siempre habían sido carreteras y no zonas de cultivo.
Lo mismo sucedió en el Estado de Nuevo León, en Tamaulipas, en Durango, etcétera, todos sabemos de los continuos fraudes que cometen estas dos instituciones hermanas, producto de la misma probeta, porque no tienen manera de limpiar su mal funcionamiento. Sería interesante, compañeros diputados, preguntarnos, ¿dónde estaban las autoridades responsables y dónde están estas autoridades responsables del funcionamiento del Banco de Crédito Rural y de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., dónde está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dónde está la Comisión Nacional Bancaria , dónde está la Comisión Nacional de Seguros, dónde está la Ejecutora de Consignas, la Secretaría de la Contraloría?, ¿no estarán a caso en el mismo lugar que estaban cuando ocurrió lo del Banco Nacional Pesquero y Portuario? ¿Qué pasó, compañeros diputados, con los inspectores de campo del Banco de Crédito Rural?
¿Se les investigó antes de desecharlos o sólo se les dio de baja para tratar de ocultar a los "ladrocinios" que cometieron a los campesinos?
¿Es más importante, compañeros diputados, distraer nuestra atención con una inconstitucional
y anticonstitucional Ley Electoral nacida de mentes calenturientas que quieren conservar el poder por encima de la voluntad popular, que analicemos el fraude que viene cometiendo el Banco de Crédito Rural? (Aplausos.)
Hace apenas unos días el Ministerio Público Federal en Ciudad Juárez, abrió expediente contra funcionarios del Banco de Crédito Rural del Norte en perjuicio de campesinos del ejido "Benito Juárez" por más de 1 mil 400 millones de pesos. Al día siguiente, coincidentemente la Reforma Agraria declara que no se puede seguir con la regularización de la tierra en Chihuahua, por carecer de presupuesto, y según declaraciones hechas a los medios de comunicación, se requieren esos mil 400 millones de pesos para terminar el programa y darle seguridad a los campesinos de la tenencia de la tierra de esa entidad federativa.
Por otra parte, la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., que entendemos está en liquidación, en esa misma fecha, el lunes de esta semana, pero en la ciudad de Colima, falsea la información sobre siniestralidad en zonas agrícolas de temporal, lo que dejará un número importante de campesinos sin recursos económicos, del Banco de Crédito Rural.
El día de ayer, compañeros diputados, apareció en un diario llamado Tribuna, y que inexplicablemente no se nos pasa en la Síntesis Informativa, que un grupo de ejidatarios habían solicitado ante esta representación nacional juicio político en contra de Jaime de la Mora Gómez y María Elena Vázquez Nava, el primero director del Banco de Crédito Rural y la segunda responsable de la Secretaría de la Contraloría de la Federación.
Efectivamente, consultamos con la Oficialía de Partes de la Cámara y al día de ayer ratificaron la denuncia en contra de esos dos funcionarios integrantes de la Unión de Ejidos "Guillermo Aguilera Cabrera" y de la Asociación Rural de Interés Colectivo "presidente José López Portillo".
¿Y saben dónde estábamos los diputados federales?, discutiendo si tenemos o no facultades.
Hoy, compañeros diputados, el problema del Banco de Crédito Rural y de la puesta en liquidación de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., siento que es más preocupante que lo sucedido en el Banco Nacional Pesquero y Portuario. Y una vez más que conozcan ustedes a detalle la denuncia ratificada el día de ayer por los ejidatarios, podrán observar que en Torreón, Coahuila, el Banco de Crédito Rural no sólo atentó contra los viticultores, sino que propició la importación de residuos de uva destilada, a precios mínimos, para presionar a cientos de campesinos mexicanos para que éstos no denunciaran los manejos turbios de estas instituciones.
Independientemente, tenemos pruebas de los desvíos que ha hecho el Banco de Crédito Rural en apoyo a las campañas políticas de los candidatos del partido en el poder, entre otros, el apoyo a muchos compañeros diputados de la Confederación Nacional Campesina, entre ellas nuestro presidente, Roque Villanueva. Tenemos pruebas de cómo está operando el Banco de Crédito Rural.
Tenemos pruebas de cómo está operando el Banco de Crédito Rural en el Fondo de Solidaridad para la Producción. En Campeche ya le prestaron dinero a los campesinos para que pudieran sembrar; pero resulta que estos campesinos están recluidos en el Centro de Readaptación Social de Covén. Por ello, ante el clamor de millones de campesinos que han sido y son presa fácil del Banco de Crédito Rural y de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con fundamento en lo señalado en la Constitución Política y del artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta soberanía el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Que se turne a la Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados para que comparezca ante ella el Secretario de Hacienda, acompañado de los directores del Banco de Crédito Rural y de la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera S.A., así como los responsables de la Comisión Nacional Bancaria y de la de Seguros, para que informen sobre el funcionamiento de Banco de Crédito Rural y de la Aseguradora Nacional Agrícola Ganadera S.A., y aclaren nuestras denuncias." Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese la solicitud a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para la atención que proceda.
SOBRE MAÍZ CONTAMINADO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Víctor Ávalos Limón, del grupo Parlamentario Independiente, sobre la distribución de maíz contaminado.
El diputado Víctor Manuel Ávalos Limón: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Algunos compañeros diputados de esta Legislatura, piensan que sólo por el hecho de venir a exponer aquí un problema grave a esta tribuna y una vez que...
Presidencia de la diputada María Elena Chapa Hernández
La Presidenta: -Un momento, señor diputado, se le ruega a la secretaría tome el tiempo correspondiente.
El diputado Victor Manuel Ávalos Limón: -Y decía, compañeras y compañeros diputados, que una vez que nuestras denuncias o nuestros planteamientos son hechos en este honorable tribuna y que son pasadas a las respectivas comisiones, creen que el problema ahí acabó y creen que el problema ahí terminó.
A veces uno es acusado de una enfermedad que ayer por primera vez la escuché, de una enfermedad que se llama tribunitis, o bien que subimos aquí a la tribuna con afanes escénicos.
La verdad es, compañeros, que pecamos de irresponsables si no son planteadas aquí en la tribuna una, dos, tres y cuantas veces sea necesario cualquier problema, sobre todo cuando se le trata de desviar o de soslayar. Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que replanteo ante ustedes el problema del maíz contaminado.
Recordarán ustedes, compañeras y compañeros diputados, que la denuncia hecha aquí en esta tribuna hizo que comparecieran funcionarios de salubridad y asistencia, de la Compañía Nacional de Subsistencias Popular y de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ante las comisiones unidas de Comercio y de Salubridad. Ahí varios compañeros diputados, compañeros que son testigos de lo que estoy diciendo, las argumentaciones hechas por las autoridades no satisfacieron totalmente las dudas que nosotros estábamos planteando ni los cuestionamientos que nosotros planteábamos.
La comisión que se presentó ante nosotros entregó Un documento a todos los diputados, y pesar de eso, ante los cuestionamientos que le planteamos, jamás hubo consensos más que en un punto, que para que hubiera tranquilidad, y así lo dijo el compañeros Melo Torres, para que hubiera tranquilidad verdaderamente en esta Cámara de Diputados, se debería de llegar al fondo del problema que ha escandalizado tanto en nuestro país, lo del maíz contaminado.
Debió haberse formado pues una comisión que siguiera el desarrollo de este problema y fuera al fondo del problema. Desde entonces hace casi un mes y no hemos sido citados para nada absolutamente y hay un silencio sepulcral que al parecer quieren que ahí quede el problema.
Debido a esto, me he puesto, a hacer un análisis del documento que nos entregaron que no admite, no resiste el más elemental análisis racional. ¿Por qué digo esto, compañeros diputados? Se dice que al maíz se contaminó, en este documento, por prolongadas sequías y lluvias tardías en el ciclo primavera - verano. Me he puesto a estudiar el ciclo vital del hongo espergilus clavus y las micologías que consulté dicen lo siguiente: "las esporas, o sea las semillitas de ese hongo, viven pululando en el medio ambiente y para transformarse en una colonia de aspergilus, requiere de condiciones específicas y éstas son las que se aducen en el resumen... "Y éstas no son las que se aducen en el resumen, sino al contrario, compañeros, las esporas requieren de cierta humedad intrínseca del 16% al 28%. Además, requieren de una temperatura de 28 y 38 grados centígrados y el sustrato de nutrientes, que se lo da el propio maíz.
Son realmente mentiras decir que la gestación del hongo se circunscribe al crecimiento de la planta, específicamente mientras dura el grano en la mazorca, la parasitación puede ocurrir en cualquier tiempo, existiendo las condiciones antes señaladas.
En el resumen se reconoce que el maíz estaba contaminado, rebasando la norma de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, y qué grave ha resultado esto, ustedes se darán cuenta de ello en el transcurso de la exposición.
Tiene una sección el informe de acciones emprendidas, se nos dice que una vez detectado el problema, se procedió a cuarentenar todo el maíz, comercializado por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y recibido por Bodegas Rurales de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y Almacenes Nacionales de Deposito S.A., así como el volumen captado por los particulares. No se explica en qué consiste esta cuarentenación del producto, yo me imagino que así contaminado como está, cerraron las puertas y lo dejaron así contaminado por 40 días.
Se explica también que a través de los medios de difusión en Tamaulipas se avisó a los productores, comerciantes e industriales, que tuvieran el grano, lo devolvieran vendiéndolo a la Compañía Nacional de Subsistencias populares para evitar daños al pueblo; sin embargo, no se señalan fechas, ¿cuándo sucedió esto?
Nosotros sabemos que el maíz se empezó a almacenar desde junio de 1989 y el documento habla de que el maíz se comercializó o se destruyó en base a las instrucciones de la Secretaria de Salud conforme a oficios del 23 de agosto y del 4 de septiembre del año pasado.
Aquí debo decir a ustedes que de acuerdo a investigaciones hechas, la Compañía Nacional de Subsistencia Populares no se dio cuenta de la contaminación hasta dos meses y medio después de que el maíz se almacenó, y durante ese período se comercializó y se vendió durante dos meses y medio.
Compañeros, tenemos información que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares se entera de la contaminación de este maíz hasta que industrias que fabrican estos "chochos" o estos productos de maíz, entre ellos Sabritas, se enteraron; le compraron maíz a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y se enteraron que estaba contaminado, y entonces el producto lo fueron a analizar a Estados Unidos de América descubrieron que estaba efectivamente parasitado de aspergilus clavus, hasta entonces se dieron cuenta de la contaminación.
Por otro lado, tengo copia de uno de los oficios de la Secretaría de Salud y ahí sólo se habla de remitir información proporcionada por el doctor Donald Hilton, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, sobre los límites de aflotoxina permitidos, pero en ningún momento está hablando de la contaminación del maíz de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
También habla ahí el documento de la Secretaría de Salud, que se puede disminuir la toxicidad del maíz mezclado al maíz contaminado maíz sano. No se necesita ser mucho muy científico ni muy preparado como para que no se entiende lo que se está haciendo, cuando a un maíz que está contaminado se agregue maíz sano para contaminarlo.
Luego el documento señala que ante el paralelismo de la contaminación del maíz en el estado de Texas, se reforzó el control sanitario de las importaciones de maíz que realiza México, y al ponernos a investigar al respecto encontramos lo siguiente:
En Estados Unidos de América existen dos tipos de maíz: el grano uno, es un maíz limpio, blanco, en plenas condiciones para ser consumido por los humanos; y el amarillo, el maíz grano dos, no apto para el humano, sino para animales y que, según la norma de importación estipulada en los contratos de compra-venta por la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, se permite que contenga 20 partes por millón de aflotoxinas. Pues bien, este maíz lo consume nuestro pueblo, pero nuestro pueblo es de humanos.
Tengo en mis manos los análisis físicos del maíz contaminado importado, hecho en el laboratorio de la propia Compañía Nacional de Subsistencias populares, cuyas muestras fueron enviadas por la propia subdirección de operación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares. Dichas muestras provienen de Lagos Moreno, Jalisco, de Guadalajara, de Toluca y estado de México, así como de Tlalnepantla, estado de México, de los silos Miguel Alemán.
Aquí, compañeros, los laboratorios de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares refieren, del maíz importado de Estados Unidos de América para consumo humano, refieren germen contaminado 44.6%, 48% en Guadalajara, 40.5% en Toluca, 46.7% en Tlalnepantla, pero el total de daños de este maíz importado es: en lagos de Moreno, Jalisco, 70.5%, en Guadalajara 75.5%, en Toluca 71.2% y en Tlalnepantla, silos Miguel Alemán 75.5%, total de daños de maíz. Esto es lo que consume nuestro pueblo mexicano en sus tortillas.
Debo abordar otro error grave cometido por las autoridades involucradas, y creo que ustedes lo comprenderán fácilmente. Desde que la Compañía Nacional de Subsistencias Populares se dio cuenta de la contaminación, al parecer se han preocupado más que todo por los niveles de la aflotoxina, productos de excreción del hongo, y han olvidado el verdadero fondo del problema que es el hongo mismo; es decir, en vez de andar determinado sólo...
Señor Presidente, a mi compañero anterior le dio usted 15 minutos de uso.
Es decir, en vez de andar determinado sólo los niveles de aflotoxina, se debió de haber llevado una verdadera secuencia microbiológica del hongo, ya que éste es el que produce la toxina. Me explicaré mejor: una vez que el hongo, viviendo o parasitando el maíz, tiende a desarrollarse de manera masiva. Se sabe que cada 72 horas podrá duplicar la cantidad de toxina, y para darles una idea de lo que está pasando, tengo también en mi poder cuatro análisis microbiológicos que pueden hacer entender a ustedes lo que está pasando.
Son análisis microbiológicos del maíz contaminado en el norte de Tamaulipas. En septiembre del año pasando el cultivo dio oscilaciones de 95 mil a 110 mil colonias de hongos por gramo. En noviembre hubo otro análisis, en enero hay otro análisis y oscilan las colonias de hongos entre 360 y 480 mil colonias de hongos, y hubo otro último análisis en marzo pasado, en el cual oscila la contaminación de 680 colonias de hongos a 755 colonias de hongos en marzo pasado. De marzo a julio, ustedes se podrán imaginar lo que está pasando con la contaminación que todavía existe en las bodegas de la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares en Matamoros, Tamaulipas.
Se habla también de que aquellos centros de almacenamiento que han sido desalojados por venta del producto para embarque, centros de destrucción o desalojo, han quedado listos para recibir la cosecha que viene enseguida. Yo aquí solamente debo decir: no se explica, no nos explican en el documento cómo es que hayan esterilizado ya los lugares de almacenamiento del maíz, pero esto deberíamos nosotros de tomarlo muy en cuenta y que se tome un estudio microbiológico, micológico de estas áreas de almacenamiento, porque, ¿qué podrá ocurrir si al volver a almacenar maíz éste se va a contaminar?
La Presidenta: -Permítame, señor diputado.
El diputado Victor Manuel Ávalos Limón: -Ya voy a terminar.
Al final se habla de cantidades de toneladas, y se expresaron aproximaciones; se dice que se almacenaron 440 mil toneladas, se comercializaron 265 mil y se destruyeron 60 mil. Las existencias actuales son de 116. sin entrar a la exactitud de los números, considero, para tranquilidad de todos, se nos diga cómo se destruyeron y en dónde las 60 mil toneladas que dice el documento. Compañeros, 60 mil toneladas no caben ni siquiera en el estadio olímpico.
Consideramos que sigue siendo válida la respuesta externada en la comparecencia de los funcionarios. No estamos tranquilos y existen muchas dudas sin aclarar, y para ello debe de cumplirse con la formación y con el trabajo de la comisión pluripartidista, como se acordó en la comparecencia, e ir a los centros de almacenamiento de Matamoros, de Villahermosa, de los silos Miguel Alemán, para ver qué es lo que está pasando y hacer estudios microbiológicos.
Esta comisión también deberá de emitir un dictamen respecto al maíz importado de Estados Unidos de América, y de la clase de maíz que estamos consumiendo.
No podemos soslayar el envenenamiento crónico a los ciudadanos mexicanos, so pena de constituirnos una vez más, como sabemos, en cómplices por omisión de este grave problema.
La Presidente: -Tiene la palabra para el mismo asunto, el diputado Francisco Salas Hernández.
El diputado Francisco Salas Hernández: -Con su venia, señor presidente...
La Presidenta: -¿Me permite? Por ser evidente la condición femenina de esta Presidencia, se sugiere a los oradores, si a bien lo tienen, que al dirigirse a ella utilicen los términos gramaticales correspondientes. Se agradece la cortesía política.
El diputado Francisco Salas Hernández: -Ofrezco mis disculpas. Con su venia, señora Presidenta. Usó, quien me antecedió en el uso de la palabra, 16 minutos para meternos un tono de alarma en un asunto que ha sido exhaustivamente tratado, en donde se debe, aquí en la Cámara, primero en la tribuna, y después en las comisiones unidas de Comercio y de Salud.
Efectivamente, el compañero que me antecede en el uso de la palabra, ha estado muy atento a las aflotoxinas del maíz de la producción de Tamaulipas, que se dio el año pasado; pero también ha estado atento a los pasos que para atender el problema se han dado.
Ayer, justamente, le hacíamos saber, y aquí, entre el minuto 15 y 16 de su intervención, fue informado de que el próximo día 23, quienes se interesen por el tema, quienes se preocupen por las aflotoxinas del maíz, podrán acompañarnos a los laboratorios de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, a los laboratorios de la Secretaría de Salud, podrán acompañarnos a visitar los almacenes en Tamaulipas, podremos ver las cifras, podremos ver con precisión cómo se ha desplazado, cómo se ha destruido el maíz.
Le ruego al compañero que me antecedió en el uso de la palabra, que nos dejemos de dramatismos y que veamos las cosas con seriedad. No se trata de "tribunitis", no se trata de "escenitis", se trata simple y llanamente de ver las cosas con prudencia, porque aquí está el reflejo del pueblo de México.
La Presidencia: -Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Francisco Melo Torres, sobre el mismo asunto.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): -¿Podría hacerle una pregunta al diputado?
La Presidenta: -Diputado Francisco Salas, ¿desea usted que se le haga una interpelación? Adelante.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): -Diputado Salas, en su breve intervención usted ha asegurado que existe la mejor disposición para que se verifique en laboratorios la cuestión de la contaminación de este maíz denunciado.
¿Está usted por lo tanto, totalmente de acuerdo en el fondo del planteamiento del diputado Ávalos Limón, que lo que está planteando a la consideración de la asamblea es precisamente que se le dé seguimiento a la denuncia presentada? Esto es, ¿qué las comisiones unidas de Salud y de Comercio y de acuerdo a la propia decisión tomada en ellas, se integre una comisión pluripartidista para que vaya a hacer precisamente esto que él plantea y que usted también está asegurando que se puede hacer?
Por lo tanto, ¿existe plena afinidad y usted está de acuerdo en que se prosiga y se le dé seguimiento a este planteamiento?
El diputado Francisco Salas Hernández: -Cómo no, compañero diputado. Estoy totalmente de acuerdo, tan de acuerdo, que circularán seguramente entre hoy y mañana las invitaciones a través de los coordinadores de las fracciones parlamentarias, para que quienes se interesen en el tema, acudan con nosotros a hacer las aclaraciones, como el compañero Ávalos, de la Fracción Parlamentaria Independiente, varios compañeros, el compañero Melo, del Auténtico de la Revolución Mexicana y varios compañeros del Partido Revolucionario Institucional, estamos interesados en dejar perfectamente clarificado el problema del maíz contaminado. No es algo que queramos dejar pasar por ningún motivo, que quede muy claro. Y tenemos además la buena disposición de las autoridades, vamos aprovechándolas y vamos dando tranquilidad más que alarma. Muchas gracias.
La Presidenta: -Tiene la palabra, para hechos, el diputado Francisco Melo Torres, por cinco minutos.
Un momento señor diputado, se le pide a la secretaría el registro del tiempo correspondiente.
El diputado Francisco Melo Torres: -Muchas gracias, diputada Presidenta de esta honorable LIV Legislatura.
En sui generis la palabra y podemos en forma ambigua usar de la misma forma anteponiéndole artículo adecuado. Estamos hablando con maestros. Compañeros: Con el debido respeto subo a esta tribuna porque sí es preocupante la presencia de muchos de nosotros aquí cuando exponemos, cuando razonamos los problemas del país, y a veces los tratamos en las diversas comisiones y parece que los resultados que los mexicanos pudieran tener, duermen el "sueño de los justos".
El problema del maíz contaminado que vuelve a tocar nuestro compañero Ávalos, Limón, creo que no es para que estemos subestimando esta situación. Se trata de la salud de los mexicanos, y se trata de una dieta alimenticia de una región y de un pueblo que no puede cambiar de la noche a la mañana su dieta, que es básicamente el maíz.
Y aunque tuvimos en una sesión con la comisión respectiva, a funcionarios diversos y se hizo el planteamiento muy claro, quienes ahí estuvimos presentes, compañeros, no podemos de ninguna manera decir que esto ya pasó; que las investigaciones se dieron. Ahí justamente se probó ante los funcionarios correspondientes, que el problema del maíz contaminado en Tamaulipas era serio. Y ahí expusimos diversos razonamientos, los mismos que hoy aquí se han venido a sacar a luz.
Mi presencia aquí es para exhortar a todos los de esta comisión, los que ahí estuvimos y los que están entendiendo que este problema es grave, que no lo subestimemos, que no tengamos después, como dice el viejo refrán mexicano, que después del niño ahogado, tengamos que cerrar el pozo.
El problema del maíz contaminado es ahorita y debemos de ir, como ahí lo planteamos, a buscar los laboratorios que hicieron el dictamen a nivel de las comisiones oficiales. Ahí también dijimos y el de la voz lo precisó, que si había laboratorios de instituciones educativas en México a nivel superior que estaban demostrando lo contrario, había que darles credibilidad y si era necesario ir a hacer comparaciones con la zona de los Estados Unidos de América donde también se estaba dando este fenómeno, tendríamos que hacerlo.
Esto no es juego, compañeros. Esto no podemos dejarlo simplemente a que se decidan así por así. Quedamos de que si era necesario investigar en todos los laboratorios y las bodegas a donde el compañero Ávalos hizo esas pruebas, también tendríamos que hacerlo, para reprobar o para aprobar sus tesis.
Compañeros: Creo que es responsabilidad de nosotros hacerlo, y yo vengo a hacer esta excitativa, a que no se quede así nada más este problema del maíz contaminado y cuántas veces se deba de tocar, por bien de México, de estos compañeros que están ahorita con esos problemas, debe esta soberanía tomar con responsabilidad el caso. Muchas gracias.
PRODUCTOS FORESTALES MEXICANOS
La Presidenta: -Tiene el uso de la palabra el diputado Rubén Hernández Higuera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre Productos Forestales Mexicanos.
El diputado Rubén Hernández Higuera: -Señora Presidenta; honorable asamblea: Mi participación en esta tribuna es con el fin de manifestar la posición de los ejidos, comunidades y pequeños propietarios que se encuentran enclavados en la zona forestal de Durango, concesionada a Productos Forestales Mexicanos, que mediante decreto del 28 de agosto de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de noviembre del mismo año, fue creado el organismo público descentralizado Productos Forestales Mexicanos.
Esto se hizo como resultado del levantamiento de una veda forestal a la que estuvo sujeta por más de 18 años la zona noroeste del estado de Durango; aun cuando se han hecho algunas reformas, éstas no han modificado en lo sustancial el citado decreto.
La superficie concesionada es del orden de 2 millones y medio de hectáreas, que comprenden 11 municipios de la entidad, a las cuales, 1 millón 300 mil hectáreas están pobladas de pino, el resto lo representan bosques de hojosas y chaparrales y otras superficies forestales.
La posibilidad anual de explotación representa 1 millón de metros cúbicos de pino, en los que 800 mil metros cúbicos son productos primarios y 200 mil, con productos secundarios y material celulósico.
La actividad fundamental del organismo es aprovechar los recursos forestales existentes en los bosques de propiedad ejidal y comunal y de pequeños, propietarios en la zona que tiene concesionada.
En los primeros años de su existencia, el organismo se dedicó básicamente a regularizar los trámites necesarios para los múltiples problemas relacionados con la tenencia de la tierra; posteriormente a desarrollar los estudios dasonómicos y buscar la vialidad industrial.
De 1969 a 1970 se instalan los primeros aserraderos, una fábrica de triplay y otras plantas industriales que forman complejos en las poblaciones de Tepehuanes, Los Altares y Santiago Papasquiaro.
En forma paralela, los ejidos y comunidades comenzaron una lucha en la que mostraban su inconformidad con la creación del organismo; esto permitió que los ejidos y comunidades empezaran a instalar aserraderos y fábrica de caja de empaque, y en la actualidad suman 45.
Productos Forestales Mexicanos no cumplió con el compromiso de mantener en buen estado los caminos de extracción y permitió que se formarán comités de caminos, en que los responsables eran los ejidatarios; esos comités se formaron y en la actualidad son los que se encargan de la conservación de todas las vías de acceso para la extracción de la trocería.
Posteriormente, al notar la deficiencia de los servicios técnicos que prestaba la paraestatal, la unión de ejidos solicitó que de acuerdo a la nueva Ley Forestal, se le concesionaran los servicios técnicos a la misma unión. Los servicios técnicos ya se autorizaron y son los propios ejidos quienes tienen la concesión y junto con esto se consiguió que toda la documentación forestal fuera manejada por los propios ejidatarios.
En 1989 esta honorable Cámara de Diputados autorizó la desincorporación de Productos Forestales Mexicanos, en base al artículo sexto transitorio de la Ley Forestal y que a la letra señala:
"Los decretos constitutivos de los organismos descentralizados del gobierno federal, Productos Forestales Mexicanos, Forestal Vicente Guerrero y Productos Forestales de la Tarahumara, deberán reformarse para que se ajusten a la presente ley.
Productos Forestales Mexicanos entró en proceso de desincorporación, se están transfiriendo sus activos al sector social en un 80% y en un 20% al sector privado; con esta medida se reactivará el empleo y la actividad económica de la región.
Por lo que aquí exponemos que a solicitud de los ejidos y comunidades y de pequeños propietarios de la zona concesionada y por convenir a nuestros intereses, solicitamos al señor Presidente de México, que se termine con la concesión forestal al organismo público descentralizado, Productos Forestales Mexicanos".
Con esto, compañeras y compañeros diputados, la industria forestal de Durango, en especial la del sector social, dará un paso definitivo para su integración al desarrollo industrial, aprovechando, teniendo un mayor aprovechamiento del recurso silvícola de nuestro estado.
Esta posición la apoyan la diputada Albertina Barbosa de Meraz, diputado Lázaro Pasillas Rodríguez, la diputada Judith Murguía Corral, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Salvador Fernández Gavaldón, el diputado Rodolfo Elizondo Torres y el diputado José Ángel Luna Mijares, del Partido Acción Nacional, y la apoya también del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Muchas gracias, señores. (Aplausos.)
SECRETARÍAS DE TRABAJO Y DE PESCA
La Presidenta: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Patricio Estévez Nenninger, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Pesca.
El diputado Manuel Patricio Estévez Nenninger: -Compañera Presidenta; compañeros diputados: El licenciado Salinas de Gortari recientemente expresó, cuando se instaló la comisión de Derechos Humanos, lo siguiente: "Las cosas en México ya no serán como antes. Acabaremos con toda forma de impunidad dijo: nada habrá por encima de la ley".
Sin embargo, quiero denunciar que la Dirección de Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo, que dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, no ha implementado acuerdos que tomó el Secretario de Trabajo, Arsenio Farell Cubillas, en presencia del diputado de la voz y de los diputados que conforman la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que nos reunimos el pasado viernes 22 con él, en sus oficinas, violando flagrantemente el estado de derecho.
El 24 de abril, en una gira presidencial de trabajo que realizó el licenciado Salinas por el estado de Sonora, se bajó de su autobús presidencial para entrevistarse con pescadores cooperativistas que luchan del lado de las mayorías por la democratización y autonomía, en el seno de sus respectivas sociedades cooperativas de producción pesquera, y que luchan por despojarse del nefasto cacicazgo ejercido por más de 10 años por Florentino López Tapia, que al mismo tiempo es presidente municipal y presidente de la Federación de Cooperativas Sur de Sonora y su minoritario grupo de incondicionales, que cada vez se rotan los puestos del consejo de administración entre unas cuantas personas, acumulando enormes riquezas ilícitamente en contra del patrimonio y por el empobrecimiento de la mayoría de los socios federados en dicha organización.
El Presidente recibió denuncias verbales y por escrito el 24 de abril, de estos compañeros que en un número superior a las 1 mil personas prácticamente le rodearon el autobús. Y se comprometió a que en un plazo de 60 días su gobierno tomaría las decisiones a favor de las decisiones adoptadas por la mayoría en las respectivas asambleas.
El 24 de mayo, un mes después, a un mes de distancia, el señor Florentino López Tapia, desde las oficinas de la Federación Sur de Sonora, ordenó la represión del plantón de pescadores excluidos, que desde tiempo atrás lo habían venido sosteniendo, en un intento más por lograr las justas demandas de su injusta exclusión, después de haber intentado democratizar sus cooperativas por años al pasado.
De ahí la turba se dirigió a las oficinas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en Guaymas y del Comité pro Defensa de los Derechos del Pescador, las quemaron, las incendiaron, se llevaron todo el material y quemaron el mobiliario.
De ahí se trasladaron a las sociedades cooperativas Mar de Cortés, Progresista, Sonorense y General José María Yañez, con el apoyo de la policía municipal. La averiguación previa número 88/90 del fuero común, ya arrojó 17 consignados. Y desde el 20 de este mes existen órdenes de aprehensión para estos 17, que no se han cumplido y se pasean impunemente, incluso festinando y haciendo mofa de su prepotencia enfrente de otro plantón que se realizan desde hace tres días ante la Secretaría del Trabajo.
El 11 y el 15 de junio presentamos formal denuncia ante la delegación de circuito en Hermosillo y también ante la Dirección General de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República aquí en la ciudad de México, respectivamente, para que se investigaran los ilícitos de asociación delictuosa, homicidio en grado de tentativa, robo con violencia, daños en propiedad ajena y otros que afectaron garantías individuales y las garantías y derechos del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como partido político, legalmente constituido y amparado por la Constitución y el Código Federal Electoral.
Hasta la fecha de estas denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de la República no sabemos nada sobre el curso que hayan seguido. Posteriormente el 22 de junio pasado, por intervención de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, participamos en la reunión, que mencioné al principio, con el licenciado Farell Cubillas, en la cual le pedí que la Secretaría a su cargo a través de la dirección de Fomento Cooperativo, no continuara entorpeciendo el reconocimiento de las actas de asamblea que por mayoría habían ya renovado democráticamente y con autonomía del cacique y sus consejos directivos, concretamente hasta ese momento la sociedad cooperativa Mar de Cortés, la Progresista Sonorense y la General José María Yañez y posteriormente la Cerro del Agua y otras que se han venido democratizando posteriormente.
Asimismo solicité informe sobre la visita de inspección que se realizó a la Federación de Cooperativas, Sur de Sonora, ordenada por la dirección de Fomento Cooperativo, para practicarse el primero de marzo de 1990, en la cual se detectaron graves violaciones e infracciones a la Ley de Sociedades Cooperativas y a las propias bases constitutivas de dicha federación.
En dicha reunión el licenciado Farell dijo y esto obra en la minuta que se me proporcionó hace dos días, por la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, cito "textuales". "Que en suma a toda esta problemática, esta dependencia había considerado en la noche de ayer, o sea el 21 de junio, la revocación del registro de la Federación Sur de Sonora, por las irregularidades detectadas por esa secretaría; dicha revocación la asumirían con todas sus consecuencias legales". Termina la cita.
Y dio instrucciones para que se me entregara la copia del oficio número 907-279, firmando por don Ramiro Martínez Nájera, director de Fomento Cooperativo, adscrito a esa Secretaría, de fecha 21 de junio de 1990 en el cual se comunica el acuerdo a la revocación señalada.
A la compañera Presidenta pido en este momento instruya a la secretaría para que por favor dé lectura a la carátula en la que se menciona este oficio, así como a los dos párrafos finales en los cuales se menciona el acuerdo.
La Presidenta: -Proceda la secretaría a dar lectura al documento que solicita el diputado Estévez.
El secretario diputado Rubén García Farías: -"Dependencia: subsecretaría de dirección general de Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo, sección subdirección de vigilancia, mesa, departamento de inspección, número del oficio 907 - 279, expediente 14/624 (721.5/2. Autorización AU 51 FP. Asunto: Se Comunica acuerdo de revocación de la autorización de funcionamiento. México, Distrito Federal a 21 de junio de 1990.
Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera, Sur de Sonora, FCL, Avenida Aquiles Serdán y calle 30, Guaymas, Sonora.
ACUERDO
Primero. Se revoca la autorización para funcionar que le fue otorgada a la Federación Regional de sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, FCL, con fecha 22 de septiembre de 1947 e inscrita en el Registro Cooperativo Nacional el 20 del mismo mes y año, bajo el número 51 FP en virtud de haber incurrido en violaciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas, su reglamento y las cláusulas correspondientes a las bases constitutivas de la Federación, en los términos de los considerandos mencionados en el presente acuerdo.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Pesca, a la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana (CCL) y a la Delegación Federal del Trabajo en el estado de Sonora, para los efectos legales conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director general, licenciado Ramiro Martínez Nájera.
Copia carbón para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para su conocimiento.- Copia carbón para la Secretaría de Relaciones Exteriores, igual fin.- Copia carbón para la Secretaría de Pesca, mismo fin.- Copia carbón para la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana (CCL), igual fin.- Copia para el delegado federal de Trabajo en el estado de Sonora, mismo fin."
El diputado Manuel Patricio Estévez Nenniger: -Muchas gracias, señor secretario.
No obstante que solicité por escrito ese día 22 la copia certificada de este oficio, sólo se me entregó por el licenciado Martínez Nájera y el licenciado Gustavo Pecero, funcionario de Vigilancia de esa dependencia, copia fotostática y un oficio hasta el 28 de junio, en el cual se me dice que no tengo acreditado el interés jurídico para solicitar dicha información.
¡El colmo de esta violación flagrante al estado de derecho, se da cuando el lunes 25 asisten cinco personas enviadas por la dirección de Fomento Cooperativo, supuestamente a notificar los efectos de este acuerdo de revocación y se regresan el martes 26 sin notificar, aparentemente, nada al consejo de administración!
¡Todavía más! Un error se encima a otro y otra violación pretende encubrir la anterior, cuando el pasado 3 de julio el subsecretario de organización y administración pesquero de la Secretaría de Pesca, Oscar González Rodríguez, afirmó en las oficinas de la Federación Sur de Sonora, en una
reunión a la cual lo invitó el cacique de esta federación, que la Secretaría de Pesca no tenía conocimiento de esta revocación.
En ese mismo lugar estuvo presente el coordinador de asesores del licenciado Farell Cubillas, Tarcicio González, quien no quiso hablar del tema, y sólo gritó desde la tribuna del auditorio de la federación "Vivas al Partido Revolucionario Institucional", "su filiación priísta", "vivas a Florentino López Tapia", "vivas a Eleno de Anda" y condenó fustigó a los traidores que desde el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana han venido criticando a la Federación Sur de Sonora.
Hoy 5 de julio permanece un plantón de pescadores y sus familias que han tomando las oficinas de la Secretaría de Trabajo en Guaymas, en espera del cumplimiento de la Ley, y están dispuesto a todo para resolver el siguiente pliego petirorio.
Primero. Notificación y ejecución legal del dictamen de revocación al permiso para funcionar a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, y respeto a la voluntad de las mayorías que constituidas en la asamblea general extraordinaria, han renovado democráticamente sus consejos de administración y de vigilancia en las Sociedades Cooperativas Mar de Cortés, General José María Yáñez, Progresista Sonorense, Cerro del Agua y otras, como la Camarones de México, la Alfonso Martínez Domínguez, la Liberación, La Pescadores del Centinela, La Sonorense y otras que ya se encuentran trabajando en las convocatorias para renovar democrática y autónomamente a sus consejos directivos.
Segundo. Que se entregué de inmediato la calificación positiva a las sociedades cooperativas de producción Pesquera Progresista Sonorense, Yáñez, y Cerro del Agua, cuyos dirigentes han enfrentado toda clase de obstáculos y trabas por parte de los licenciados Martínez Nájera y Pecero Muciño, quienes se niegan a reconocer con artimañas la validez de las decisiones de la Máxima autoridad: La asamblea.
Tercero. Que el licenciado Carlos Salinas de Gortari conceda audiencia urgente a los directivos de las cooperativas que deseen una nueva etapa de honestidad y democracia en las cooperativas pesqueras de Guaymas, acompañados de los directivos del Comité Prodefensa de los Derechos del Pescador del estado de Sonora, para que el Presidente escuche y resuelva, en base a la razón y la justicia, y conozca las propuestas para el saneamiento financiero y administrativo que se le propondrá para el sector social pesquero.
Recurro a esta instancia que es la Cámara de Diputados, para que por los conductos de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, la Comisión de Pesca y la del Trabajo y los diversos oídos que la Presidencia deberá tener a estas sesiones, para que sea la máxima autoridad, el Poder Ejecutivo, quien decida si las dependencias del Trabajo y Pesca permitirán abrir el paso a la democracia o seguirán siendo cómplices del retrógrado caciquismo que ha implantado la barbarie y ha violado y pretende consumar una violación más al estado de derecho, garantizando la impunidad de los caciques; si en México habrá cambios profundos en el sector social o meros parches y engaños e impunidad que conducen a la descapitalización y la miseria a los pescadores.
Señor licenciado Salinas, tiene usted la oportunidad de que el cooperativismo entre en una nueva era sin caciquismos, sin enriquecimientos ilegítimos de unos cuantos a costa del empobrecimiento de las mayorías, en una nueva era basada en un nuevo sector social que con honestidad y eficiencia productiva y de redistribución de la riqueza, fortalezca el sector pesquero.
¿Cómo es posible que Fomento Cooperativo no haya implementado estos acuerdos y que incluso hayan informado el señor Martínez Nájera que la Federación obtuvo un amparo con sus suspensión del acto, cuando todavía no se le ha notificado?
Señor licenciado Salinas, los pescadores, por mi conducto, esperan que se cumpla la palabra que usted les empeño el pasado 24 de abril; esperan justicia y respeto al estado de derecho. Muchas gracias.
Pido que sea incluido el texto completo de dos anexos a esto que ha dado lectura en el Diario de los Debates, que me permito entregar en este momento a la secretaría, señor Presidente.
Presidencia del diputado Humberto Roque Villanueva
El Presidente: - Adelante, proceda la secretaría. Y túrnese el asunto a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para la atención que proceda.
"Escudo Nacional.-Estados Unidos Mexicanos.-Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, F.C. L. Avenida Aquiles Serdán y calle 30, Guaymas Sonora.
Revisado el expediente número 14/624(721.5) /2 que se lleva en esta dirección general a esta federación regional y
RESULTANDO
1o. La federación regional de referencia fue autorizada para funcionar mediante oficio número 08933 de fecha 22 de septiembre de 1947, habiendo quedado inscrita bajo el número 51- F.P. con fecha 20 de septiembre de 1947 en el Registro Cooperativo Nacional.
2o. Por oficio número 901994 de fecha 27 de febrero de 1990, se comisionó a los ciudadanos licenciados Ernesto González Pantaleón, Julio López Reyes y Vicente Martínez Soriano, adscritos a esta dirección general, con objeto de practicar visita de inspección a esa federación, en los términos de los artículos 82 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 111 y 112 de su reglamento.
3o. En cumplimiento del oficio mencionado, los ciudadanos comisionados se constituyeron en el domicilio social de esa Federación Regional de Sociedades Cooperativas, el día 28 de febrero de 1990, según lo dispuesto en la cláusula segunda de sus bases constitutivas, en relación con el artículo 4o. del reglamento de la ley de la materia, sito en avenida Aquiles Serdán y calle 30, de Guaymas, Sonora, previa identificación que hicieron con las credenciales expedidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, solicitando la presencia de los miembros que integran el Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria pesquera Sur de Sonora, F.C.L., al ciudadano Florentino López Tapia, quien se ostentó como presidente del Consejo de Administración de dicha Federación, persona que los atendió y no encontrándose los demás miembros de dicho consejo procedieron a dejar citatorio de fecha 28 de febrero de 1990, dirigido a los integrantes del Consejo de Administración y/o representante legal de la mencionada Federación Regional de Sociedades Cooperativas, para que los esperan a las 15.40 horas del día 1o. de marzo del año en curso, citatorio que se dejó en poder del ciudadano Florentino López Tapia, lo anterior con apoyo a lo dispuesto por los artículos 310 y 312 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 1o., 2o., 1075 y demás relativo del Código de Comercio, aplicados supletoriamente en los términos de los artículos 1o., fracción VI y 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En cumplimiento a la citación legal, el día 1o. de marzo de 1990, a las 15.40. horas se constituyeron nuevamente los comisionados en el domicilio social de esa Federación Regional de Sociedades Cooperativas, siendo atendidos por los ciudadanos Florentino López Tapia, Jesús Lucero Cossío y Oscar Humberto Manjarrez Nuñez, en calidad de presidente, secretario y tesorero del Consejo de Administración de la Federación, respectivamente, por lo que se procedió a practicar la visita de inspección con las personas mencionadas, quienes por sus propio derecho designaron como testigos de asistencia a los ciudadanos Oscar Manuel Francisco Salazar y Marco Antonio Acedo Navarro, en el desarrollo de la diligencia, haciéndose constar en la misma diversos hechos y omisiones.
4o. En la visita de inspección en cuestión se asienta diversos hechos y omisiones que constituyen infracciones graves a la ley de la materia y su reglamento, mismas que se hicieron del conocimiento de esa Federación Regional en oficio número 903413 de la fecha 27 de marzo de 1990, concediéndole un término de 30 días hábiles para oírlas en su defensa, ofrecer pruebas y alegar lo que a sus intereses conviniera.
5o. El oficio que se menciona en el punto anterior fue notificado por conducto del ciudadano Alberto B. Romero Johnson, jefe de la Oficina Federal del Trabajo de la Ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora ;dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el día 2 de abril de 1990, en el domicilio social de esa Federación Regional, sito en Avenida Aquiles Serdán y calle 30, Guaymas, Sonora; a los ciudadanos Jesús Lucero Cossío y Oscar Humberto Manjarrez Núñez, quienes se ostentaron como secretario y tesorero del Consejo de Administración de la Federación citada y recibiendo el citado oficio 903431 de 27 de marzo de 1990, fungiendo como testigos de asistencia los ciudadanos Reyes Peñuelas J. y Francisco Lucero Meza, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 310 y 326 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria.
El acta levantada con motivo de la diligencia anterior fue remitida a esta dependencia, por conducto de la ciudadana de legada federal del trabajo en Hermosillo, Sonora, por oficio número 1022 del 4 de abril de 1990.
6o. Con fecha 14 de mayo de 1990, comparecieron ante la Oficina Federal del Trabajo de la ciudad y Puerto de Guaymas, Sonora, los ciudadanos Oscar Humberto Manjarrez Núñez, quien manifestó ser tesorero del Consejo de Administración de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, F.C.L., Oscar Salazar Mariscal y Julián Casillas Ortíz, a efecto de verificar el debido cumplimiento
a lo señalado por el oficio 903413 de fecha 27 de marzo de 1990, por lo que se levantó el acta de comparecencia respectiva, fungiendo como testigos de asistencia las ciudadanas Rosario Ávalos Román y Lidia Tesisteco Morales, asentándose en la misma el resultado de la revisión efectuada a la documentación que presentó la citada Federación, misma que fue remitida a esta dirección general por la Delegación Federal del Trabajo en Hermosillo, Sonora, por oficio 1574 de fecha 18 de mayo de 1990, y
CONSIDERANDO
I. De conformidad con los artículos 40, fracciones X y XIX, quinto y sexto transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 20, fracciones IV y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta Dirección General de Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo, es competente para conocer y resolver lo relativo a la constitución, autorización, registro, revocación de la autorización, disolución, liquidación y cancelación del registro de toda clase de sociedades cooperativas y otras formas de organización social para el trabajo;
II. En los términos expuestos se cumplieron los requisitos exigidos por los artículos 82 de la Ley General de Sociedades Cooperativas; 111 y 112 de su reglamento, por lo que el acta de visita de inspección y el acta de comparecencia del 1o. de marzo y 14 de mayo de 1990, son instrumentos públicos que hacen prueba plena, de conformidad con lo establecido por el artículo 1292 del Código de Comercio aplicado supletoriamente en los términos de los artículos 1o. fracción VI y 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles;
III. Del estudio realizado al acta de inspección referida, se desprenden los siguientes hechos y omisiones que constituyen infracciones a la ley de la materia, su reglamento y base constitutivas de esa Federación en los siguientes términos:
a)Libro de actas de asambleas generales sin número: Se detectó que en las actas correspondientes a las asambleas generales celebradas el 12 de enero de 1971 y 12 de enero de 1972, inscritas a fojas de la dos a la 15 y de la 16 a la 24, respectivamente, no contienen el número progresivo que le correspondió; se omite extractar al margen los acuerdos adoptados en el acta número cinco, correspondiente a la asamblea general celebrada el 20 de marzo de 1975, la que quedó asentada a fojas de la 43 a la 54; así como dejar espacios sin utilizar entre la inscripción de las actas número siete, 10 y 11, correspondientes a las asambleas generales celebradas el 27 de enero de 1977, 13 de febrero de 1978 y 28 de marzo de 1979 asentadas a fojas de la 60 a la 64, de la 77 a la 82, y de la 82 a la 90, respectivamente; al efecto, el artículo 59 del Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas señala lo siguiente: "Las actas serán numeradas, extractando al margen los acuerdos que se adopten, y deberá asentarse una a continuación de la otra dejar espacios libres...";
b)Libro de actas del Congreso de Administración sin número, se observó que en el mismo se encuentran inscritas dos actas con el mismo número 40 progresivo y con la misma fecha, a fojas de 37 vuelta a 38 y a la 39, así como dos actas con el número 96 progresivo inscrita a fojas de la 86 vuelta a la 87 y de la 87 a la 88, correspondiente a las juntas celebradas el mes de junio y 30 de julio de 1983, respectivamente; no se asientan en orden progresivo, toda vez de que del acta número 40 continúa con la inscripción del acta 42, referente a la junta del 15 de septiembre de 1972, a fojas de la 39 a la 40; dejan espacios libres entre las inscripciones de las actas y no sesionan periódicamente, conculcando con ello lo previsto por los artículos 37 y39 del reglamento de la ley de la materia, que en lo conducente señalan: "El consejo de Administración deberá reunirse cuando menos cada 15 días..." y "las actas serán numeradas extractando al margen los acuerdos que se adopten, y deberá asentarse una a continuación de la otra sin dejar espacios libres..;
c)Libros de actas del consejo de vigilancia, sin número se encontró que en la mayoría de las actas inscritas en dicho libro no se extractan al margen los acuerdos adoptados, así como no sesionar periódicamente, infringiendo con ello lo preceptuado por el artículo 39 del reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas, en relación a su cláusula 43a. de sus bases constitutivas, la cual señala:
"Los consejos celebrarán sus sesiones cuando menos una vez cada mes...";
d)No presentaron el libro de registro de socios manifestando al respecto los comparecientes: "Que nunca se ha llevado en la Federación, estando en la disposición del corregir esta anomalía en un tiempo razonable", sobre el particular el artículo 82 de la Ley General de Sociedades Cooperativas establece: "La Secretaría de la Economía Nacional tendrá a su cargo la vigilancia que se requiera para hacer cumplir esta ley y su reglamento. A este efecto, las sociedades cooperativas, las federaciones y la Confederación Nacional están obligadas a proporcionar cuantos datos y elementos se necesiten o se estimen pertinentes, y
mostrarán sus libros de contabilidad y documentación a los inspectores designados, permitiendo su acceso a las oficinas, establecimientos y demás dependencias"; además de que no admitieron el debido cumplimiento a lo previsto por los artículos 36, fracción IV; 57 fracción V y 61 del reglamento de la ley de la materia, que en lo conducente ordena: "el consejo de administración tendrá las siguientes facultades y obligaciones, además de las que fijen las bases constitutivas : IV. Llevar un libro de registro de socios debidamente autorizados por la Secretaría de la Economía Nacional o por sus agentes generales en los estados que contendrán las bases constitutivas...";"los libros...V. Libro de registro de socios" y "el libro de registros de socios deberá ser autorizado en la misma forma que el de actas y será llevado por el secretario del Consejo de Administración. Cada hoja del libro se destinará a un solo socio y se asentará el nombre completo de éste, su domicilio..., fecha de la asamblea en que hubiere sido admitido y separado, en su caso, número de certificados de aportación que hubiese suscrito, exhibiciones hechas, devoluciones y reembolsos..."
e) Por lo que se refiere al talonario de certificados de aportación exhibido, se detectó que del certificado 002 al 015 contienen la leyenda de cancelados, pero no especificaron la causa, ni el nombre de la persona que los canceló, al respecto el artículo 62 del reglamento de la ley de la materia contiene: "El talonario de certificados de aportación deberá ser llevado por el tesorero de la sociedad..."; por lo que se solicitó a esa Federación informar, dentro del plazo que se concedió, por qué situación fueron cancelados, así como la persona que hizo las mismas, lo anterior con objeto de que acreditaran el exacto cumplimiento a lo previsto para estos casos por el artículo invocado;
f) Por lo que respecta a los libros contables, que está obligada a llevar esta Federación, manifestaron los comparecientes que "los libros contables más recientes autorizados por la Delegación Federal del Trabajo del estado de Sonora de momento se encuentran extraviados, por motivo posiblemente del cambio de oficinas de contabilidad que en fecha reciente se llevó a cabo, haciendo la aclaración que se cuenta con libros mayor, diario de pólizas e inventarios y balances por computadoras, de los cuales solicitamos se anexen copias para su debida verificación"; al respecto al artículo 82 de la ley de la materia, establece la obligación a la sociedades cooperativas que se investiguen, mostrar sus libros sociales y contables a los inspectores designados. Asimismo se les indicó que para que esta autoridad se encontrara en posibilidades de entrar al estudio de la documentación contable que fue exhibida, era indispensable que remitiera dentro del plazo que se concedió, el permiso correspondiente, otorgado por la Oficina Federal de Hacienda de la Jurisdicción de esa Federación, para llevar por computadora dichos libros, lo anterior con objeto de que acreditarán el debido cumplimiento a lo previsto por los artículos 63 y 64 del reglamento de la ley de la materia, que al afecto contiene: "La contabilidad de las cooperativas se llevará en libros autorizados en la misma forma que los libros sociales y quedarán a cargo del comisionado de contabilidad e inventarios, el que tendrá obligación de cuidar que la contabilidad se lleve en forma legal sistematizada, correcta, sencilla y al día" y "además de la autorización de la Secretaría de la Economía Nacional, los libros de contabilidad deberán ser legalizados por las oficinas federales de Hacienda de la jurisdicción de la cooperativa";
g)No presentaron balances generales, sobre el particular los comparecientes manifestaron que: "los balances generales se han remitido a la dirección de Fomento Cooperativo adjuntos a la documentación relativa a las asambleas generales, de tal forma que en los toma nota siempre nos ha manifestado de dicha dirección que los estados financieros los turnará al departamento correspondiente para su análisis y dictamen posterior"; asimismo, que el fondo social de reserva "lo hemos constituido únicamente en libros tal como se demuestra en los diferentes balances generales que hemos remitido a esa dirección general de Fomento Cooperativo". Al efecto se les indicó que para que esta dependencia se encontrara en aptitud de entrar al estudio de los mismos, era necesario que dieran cumplimiento a lo señalado por oficio número 9807924 del 16 de agosto de 1989, del cual se les anexó copia simple para mayor objetividad, lo anterior a fin de verificar el debido cumplimiento a lo preceptuado por los artículos 66 y 106 del Reglamento de la Ley de la Materia, que en lo conducente señalan: "Los balances serán anuales y de cada uno de ellos deberá enviarse un tanto a la Secretaría de la Economía Nacional con un detalle de cada cuenta así como la lista de socios con el importe de los rendimientos que personalmente les hubieren correspondido y el sistema que sirvió de base para su distribución". "Las federaciones y la confederación nacional sólo estarán obligadas a constituir el fondo de reversa que establece la ley", y
h)Por lo que toca al Programa de Autoseguro y Reposición de Flota, se les indicó deberían detallar el funcionamiento del mismo e indicaran lo que corresponde a cada sociedad federada y si la aplicación por la entrega de embarcaciones es de acuerdo a lo aportado por cada sociedad o en forma común;
IV. Como se expresa en los resultados tres y cuatro, esta unidad administrativa desahogó el procedimiento establecido por el artículo 83 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, ya que como resultado de la visita de inspección del 1o. de marzo de 1990 se tuvo conocimiento de hechos que implican violaciones a la ley, así como perjuicio para los intereses y operaciones de la federación y de las cooperativas que la conforman; por lo que se dio aviso al consejo de administración mediante el oficio 903413 del 27 de marzo de 1990, fijándoles un plazo de 30 días hábiles para corregirlas.
Como cumplimiento de lo anterior, y como medida fundamental para corregir las irregularidades, esta dirección general les indicó en los resolutivos del oficio 903413 del 27 de marzo de 1990, que en los términos previstos por los artículos 22, 23 y 24 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, 24 y 28 de su reglamento, convocara a asamblea general, en cuya orden del día, se indicaran los puntos relativos a las medidas tendientes para subsanar las irregularidades detectadas en su funcionamiento.
Sin que a la fecha se tenga conocimiento de documentación alguna que se haya generado con motivo de celebración de asamblea general, en cumplimiento a los numerales citados en el párrafo que procede en atención a los resolutivos del oficio de antecedentes.
El plazo señalado concluyó el 17 de mayo de 1990, sin que la federación probara fehacientemente el exacto cumplimiento a las medidas que le fueron marcadas, aun y cuando pretende acreditarlo con la comparecencia que realizó ante la oficina Federal del Trabajo en Guaymas, Sonora, el 14 de mayo de 1990;
V. Del estudio comparativo del acta de vista de inspección calificada por oficio 903413 del 27 de marzo del año en curso y de la comparecencia efectuada el 14 de mayo del mismo año, se desprenden los siguientes hechos:
a) Por cuanto hace al inciso b, del considerando II del aviso de irregularidades, no se acredita el cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37 del reglamento de la ley de la materia, que le impone al consejo de administración la obligación de reunirse cuando menos cada 15 días. Por lo que se refiere al asentamiento en el acta de comparecencia de que "están haciendo los trámites necesarios ante la autoridad correspondiente a fin de que sea autorizado el libro número dos del libro de actas del consejo de administración", se le indica que no acredita que hechos propios ha realizado esa federación para la autorización del mismo, de conformidad con el artículo 65 del reglamento de la ley invocada;
b) Por cuanto se refiere al inciso c, del considerando II, al cual manifiesta haber dado cumplimiento según se desprende del acta de comparecencia, se le indica que no acredita el cumplimiento a lo expuesto por la claúsula 43a. de sus bases constitutivas, que le impone la obligación al consejo de vigilancia de celebrar sus sesiones cuando menos una vez cada mes;
c) En lo concerniente al inciso d, del considerando II, se le indica que aun cuando tiene el libro de registro de socios debidamente autorizado, no se cumple con lo señalado por el artículo 61 del reglamento de la ley de la materia, que al efecto establece: "El libro de registro de socios... y será llevado por el secretario del Consejo de Administración. Cada hoja del libro se destinará a un solo socio y se asentará el nombre completo de éste, su domicilio, nacionalidad, edad, estado civil, profesión, fecha de la asamblea en que hubiere sido admitido y separado, en su caso, número de certificados de aportación hubiere suscrito, exhibiciones hechas, devoluciones y Reembolsos nombre del beneficiario o beneficiarios en caso de muerte, en cada hoja se hará constar la firma del socio correspondiente y, si no supiesen firmar, sus huellas digitales";
d) En lo referente a los libros contables diario, mayor y de inventarios y balances, ese organismo cooperativo no acreditó fehacientemente el cumplimiento a los extremos del artículo 63 del reglamento de la ley de la materia, aun cuando los mismos fueron autorizados por la delegación federal del Trabajo en esa entidad; ya que de las manifestaciones vertidas ante la oficina federal de Hacienda de esta ciudad, la cual concedió el permiso correspondiente para llevar por computadoras los libros diario, mayor y de inventarios y balances, misma autorización que se dejó en poder de la delegación federal del Trabajo con residencia en Hermosillo, Sonora..., al respecto, por oficio 1195 de fecha 19 de abril de 1990, que les dirigió el delegado federal del trabajo en Hermosillo, Sonora, y del cual se recibió copia al carbón en esta dirección general, les hace de su conocimiento que en relación a su escrito de 5 de abril de 1990, por el que solicitan la autorización de los libros contable por sistema computarizado, diario, inventarios y balances, contables de balanzas de comprobación, de bancos y otras instituciones de crédito, de estados de resultados y de reportes de auxiliares, correspondientes al ejercicio fiscal 1989; la imposibilidad de autorizarle los mencionados libros por las siguientes razones:
1o. Omitió presentar oportunamente la solicitud previa en la que se expusiera la pretensión de
de instrumentar el sistema electrónico de contabilidad, y
2o. Los libros señalados fueron presentados fuera del término de 90 días posteriores a la fecha de conclusión al ejercicio fiscal de 1989.
En razón de lo anterior, esa federación no se ajustó a lo señalado en el precepto legal invocado, que al efecto establece: "La contabilidad de las cooperativas se llevará en libros autorizados en la misma forma que los libros sociales y quedarán a cargo del comisionado de contabilidad e inventarios, el que tendrá obligación de cuidar que la contabilidad se lleve en forma legal, sistematizada, correcta, sencilla y al día;
e) En lo relativo al inciso a del considerando III, del oficio de emplazamiento y respecto a los balances generales que no presentaron, se detectó que a la fecha no han remitido lo solicitado en el oficio número 8907924 del 16 de agosto de 1989, mismo por el cual se requirió los balances generales, de conformidad con lo previsto en el artículo 66 del reglamento de la ley de la materia;
f) Por lo que hace al Programa de Autoseguro y Reposición de Flota, no detallaron el funcionamiento del mismo y no indicaron lo que corresponde a cada sociedad federada, así como tampoco si la aplicación por la entrega de embarcaciones es de acuerdo a lo aportado por cada sociedad o en forma común, como se le señaló en el inciso b, del considerando III del oficio 903413.
Por lo que se refiere a las declaraciones vertidas en el acta de visita de inspección, referidas al citado Programa de Autoseguro y Reposición de Flota, el cual menciona que se construyó con 800 kilos de camarón por embarcación de las sociedades cooperativas federales en las temporadas 1983, 1984 y 1984- 1985, y de 900 kilos desde la temporada 1985-1986; no se explicó el funcionamiento y aplicación del mismo, ni es posible detectar en los estados financieros practicados al 31 de agosto de 1988, la aportación que hizo cada una de ellas.
Referente al beneficio que obtienen las cooperativas de dicho programa, como la reposición de embarcaciones, no se señala a quienes se han favorecido y en qué cantidad. Tampoco se puede verificar con los documentos que obran glosados en el expediente administrativo, la bonificación de 360 mil pesos por embarcación en un principio y posteriormente de 750 mil pesos en los casos de las cooperativas que cumplían con la aportación de producto pactado, a efecto de complementar el pago del impuesto al ingreso de las personas físicas, de los socios que intervinieron con dicha aportación.
Asimismo, existe la imposibilidad de observar que se haya cumplido con el otorgamiento de las cantidades acordadas, según mencionan, por pensión, jubilación y muerte, siendo de 2 millones de pesos, y por muerte accidental, se duplica la cantidad.
Tocante a las becas otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos, con cargo al citado programa, por lo ya mencionado, se desconocen las personas beneficiadas, así como su importe.
En el caso del financiamiento para la construcción de seis embarcaciones y adquisiciones de 34 embarcaciones del Programa Fipesco de Fondepesca, y que según se menciona se contemplan bajo el rubro Fondo de Reinversión en los estados financieros, no es posible localizar a que sociedades se asignan las mismas y en qué términos, ya que, como se mencionó con anterioridad, no se informó sobre la formación, funcionamiento y aplicación del programa en cuestión.
De lo anterior se desprenden violaciones al artículo 82 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, que establece: "La Secretaría de la Economía Nacional tendrá a su cargo la vigilancia que se requiera para hacer cumplir esta ley y sus reglamentos. A este efecto, las sociedades cooperativas, las federaciones y la confederación nacional están obligadas a proporcionar cuantos datos y elementos se necesiten o se estimen pertinentes, y mostrarán sus libros de contabilidad y documentación a los inspectores designados, permitiendo su acceso a las oficinas, establecimientos y demás dependencias".
Asimismo, lo expuesto redunda, según se desprende, en las inconformidades de socios en contra de las sociedades federadas a ese organismo que existe en cada dependencia, relativas al programa que se ha mencionado, con lo que se desvirtúan dos finalidades que se encuentran consagradas en el artículo 73 fracciones I y II de la ley aplicada que expresa: "Las federaciones tendrán por objeto: I. La coordinación y vigilancia de las actividades de las cooperativas federadas, para la realización de los planes económicos... II. El aprovechamiento en común de bienes o servicios".
Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 40, fracciones X y XIX, quinto y sexto transitorios de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 20, fracciones IV y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 1985; 46, 77 y 87 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, los aplicables de su reglamento, así como las cláusulas respectivas de las bases
constitutivas que rigen a ese organismo cooperativo y 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en los términos de los artículos 2o. del Código de Comercio y 1o. fracción VI y 212 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que establece que concluidos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitarse, ya que en obvio de repeticiones éste se otorgó a esa federación regional sin que ampliase o proporcionara mayor información o documentación que hiciera presumible su regularización de conformidad a las disposiciones antes invocadas, se dicta el siguiente
ACUERDO
Primero. Se revoca la autorización para funcionar, que le fue otorgada a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, F. C. L., con fecha 22 de septiembre de 1947 e inscrita en el Registro Cooperativo Nacional el 20 del mismo mes y año bajo el número 51-F. P., en virtud de haber incurrido en violaciones a la Ley General de Sociedades Cooperativas, su reglamento y las cláusulas correspondientes a las bases constitutivas de la Federación en los términos de los considerandos mencionados en el presente acuerdo.
Segundo. Comuníquese el presente acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la Secretaría de Pesca, a la Confederación Nacional Cooperativa de la República Mexicana, C. C. L., y a la Delegación Federal del Trabajo en el estado de Sonora, para los efectos legales conducentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
El director general, licenciado Ramiro Martínez Nájera.»
"Hacia una nueva era para el cooperativismo en el sur de Sonora.
A la opinión pública: Con el propósito de informar a la ciudadanía en general y a los pescadores de Guaymas, acerca del oficio 907279 de fecha 21 de junio de 1990, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el que se dicta acuerdo de revocar la autorización al funcionamiento de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, F. C. L., me permito dar a conocer lo siguiente:
1o. El pasado 22 de junio se realizó en la ciudad de México una reunión de trabajo de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la LIV Legislatura Federal, con el licenciado Arsenio Farell Cubillas, Secretario de Trabajo y Previsión Social. Diputados federales de todos los partidos políticos abordamos distintos asuntos; el suscrito, diputado Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, expuso la urgente necesidad de tomar medidas que favorecieran la democratización, eficiencia y transparencia en el manejo de la Federación Sur de Sonora, en beneficio de más de 7 mil 500 familias de pescadores.
Así, solicité un informe sobre el resultado de la visita de inspección que la dirección general de Fomento Cooperativo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, practicó a la mencionada federación regional el 1o. de marzo de 1990, a consecuencia de las denuncias presentadas en la tribuna de la LIV Legislatura en diciembre de 1989 y en enero de 1990 y de las presentadas por representantes del Comité Pro Defensa de los Derechos del Pescador, A. C., en febrero de este año, sólo por mencionar algunas de las innumerables quejas y denuncias formuladas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, sobre las infracciones legales, arbitrariedades e impunidad con las que se conducen directivos del consejo de administración de la federación mencionada.
2o. El suscrito mencionó el oficio 902738 del 13 de marzo en el que la Dirección de Fomento Cooperativo informa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara, que la Federación Sur de Sonora cuenta con 30 días hábiles, según el artículo 83 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, para subsanar las diversas irregularidades encontradas en la mencionada visita de inspección y, que habiendo vencido ese plazo el 17 de mayo del año en curso, me permitía solicitar copias del dictamen de la primera visita de inspección, así como informe sobre si los directivos de la Federación Sur de Sonora Habían cumplido o no con el plazo mencionado y sobre las consecuencias que se pudieran derivar de un posible incumplimiento.
Las autoridades del trabajo señalaron que del estudio comparativo del acta de inspección calificada por oficio 903413 del 27 de marzo con el acta de la comparecencia efectuada por directivos de la Sur de Sonora el pasado 14 de mayo ante la Oficina Federal del Trabajo de Guaymas, se desprende que el mencionado consejo de administración no subsanó ni aclaró hechos irregulares agrupados en seis incisos que de suyo, constituyen violaciones e infracciones a diversos artículos de la Ley General de Sociedades Cooperativas, su reglamento y a las cláusulas correspondientes a las bases constitutivas de la federación.
Ante todos los miembros presentes de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la LIV Legislatura, las autoridades de la Secretaría del Trabajo agregaron que estas violaciones constituyen causa suficiente para dictar la revocación de la autorización para funcionar, a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, F. C. L., por lo que se nos informó del oficio 907279 que contiene la revocación mencionada.
3o. Enseguida, solicité copia certificada del mismo del que me permito sintetizar los seis incisos que ameritaron la revocación:
a) No se acreditó el cumplimiento de la obligación que tiene el consejo de administración de reunirse cuando menos cada 15 días, según lo establece el artículo 37 del reglamento de la ley de la materia. Tampoco se acreditó la autorización del libro número dos de actas del mismo consejo de administración, como lo previene el artículo 65 del mismo reglamento. En el libro de actas se encontraron fojas en blanco y sin la secuencia progresiva requerida;
b) No se acreditó el cumplimiento de la obligación que tiene el consejo de vigilancia de celebrar sesiones por lo menos una vez al mes, según lo establece la cláusula 43 de sus propias bases constitutivas. Tampoco extractan en el libro de actas los acuerdos adoptados, libro que también se encuentra con fojas en blanco y actas sin número progresivo;
c) No se cumplió con la obligación que tiene el secretario del consejo de administración de llevar correctamente el libro de registro de socios, manifestando al respecto los directivos que este libro nunca se ha llevado en la federación;
d) En lo relativo a los libros contables, diario mayor y de inventarios y balances, no se cumplió fehacientemente con lo dispuesto por el artículo 63 del reglamento de la ley de la materia, mismos que no fueron autorizados porque omitieron presentar oportunamente la solicitud previa para instrumentar el sistema electrónico de contabilidad y porque los libros mencionados fueron presentados fuera del término mencionado de 90 días posteriores a la fecha de conclusión al ejercicio fiscal de 1989;
e) No presentaron los balances generales de conformidad con el artículo 66 del reglamento, sin asentar en ellos la lista de socios con el importe de los rendimientos que personalmente les correspondió y el sistema para su distribución, y
f) No detallaron el funcionamiento del programa de autoseguro y reposición de flota y no indicaron lo que corresponde a cada sociedad federada, ni tampoco si la aplicación corresponde a lo apartado por cada sociedad o en forma común. No se explicó el funcionamiento y aplicación de dicho fondo ni se incluyeron en los estados financieros practicados al 31 de agosto de 1988, las cantidades proporcionales que aportaron cada una de las sociedades cooperativas. No se señalo el beneficio obtenido por cada cooperativa. En cuanto a la reposición de flota no se sabe a quiénes y en qué cantidades se hizo uso de dicho fondo.
El fondo de autoseguro y reposición de flota se constituyó con la aportación de 800 kilogramos de camarón por embarcación de las sociedades cooperativas federadas en las temporadas 1983, 1984, y 1985, y de 900 kilogramos desde la temporada 1986.
Tampoco se cumplió con las bonificaciones acordadas para las cooperativas que cumplieran con la entrega del camarón, como complemento al pago del impuesto al ingreso de las personas físicas de los socios que aportaron 900 kilogramos.
Tampoco se cumplió con el otorgamiento de las cantidades por pensión, jubilación y muerte. Se desconoce a quiénes y el importe de lo que se otorgó a cuenta del programa de becas para estudiantes de escasos recursos.
No se localizó a quienes ni en qué términos se otorgó el programa del fondo de reinversión, consistente en financiamiento para 34 embarcaciones y construcción de seis barcos más.
Estas fueron las razones que llevaron a las autoridades correspondientes a revocar la autorización para funcionar que le fue otorgada a la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la Industria Pesquera Sur de Sonora, F. C. L., con fecha 22 de septiembre de 1947. Cualquier retraso burocrático en esta medida, agravará la tensa situación que se vive en Guaymas.
¿Qué significa lo anterior? Que cada una de las sociedades cooperativas en lo individual queda en libertad de depurarse, reorganizarse o volver a federarse si así lo desean, sobre bases nuevas y democráticas, signadas por la honestidad, eficiencia productiva y transparencia en el manejo administrativo. Este triunfo, cuyos protagonistas principales son los propios cooperativistas honestos y valientes que se agruparon por iniciativa de Salvador Mendoza Martínez, en el Comité Pro Defensa de los Derechos del Pescador, A. C., los pescadores injustamente excluidos y separados de sus cooperativas, pioneros de esta lucha, y las entusiastas esposas y familias de los pescadores,
inaugura una nueva era de esperanza y dignidad para todos los cooperativistas pesqueros de Guaymas y del sur de Sonora, una nueva era basada en la justa y equitativa redistribución de la riqueza social producida con el trabajo y esfuerzo de todos los socios. Este acto justo de la Secretaría de Trabajo pone fin también a los largos años de impunidad de que gozaron los caciques.
Se abre una era plena de retos promisorios, para demostrar a nuestra nación que el cooperativismo puede florecer sin caciquismo, sin enriquecimiento de unos cuantos a costa de las mayorías y ofreciendo en cambio, amplias oportunidades al desarrollo de un sano sector pesquero que fortalezca a México y a los mexicanos.
Por otra parte, la LII legislatura estatal, que concluye su período ordinario de sesiones este sábado 30 de junio, ya tiene integrada la averiguación sobre la denuncia presentada por la diputada parmista Cecilia Soto González, para instaurar el juicio político para desaforar a Florentino López Tapia, en su carácter de presidente municipal, por sus excesos y violaciones de carácter político, administrativo y penal, cometidos en perjuicio del Comité Pro Defensa del Pescador y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en aquella entidad. Florentino López Tapia es presidente de la Federación Sur de Sonora, cuyo permiso se revocó y todo indica que será el segundo presidente municipal Carlos Robles que no terminará su período, ya que su desafuero es inminente.
Atentamente.
"Justicia para gobernar y honradez para administrar"
Diputado federal Patricio Estévez Nenninger, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.»
VALENTIN GÓMEZ FARÍAS
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada Margarita Gómez Juárez, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el aniversario del fallecimiento de don Valentín Gómez Farías.
La diputada Margarita Gómez Juárez: -Con su venia, señor Presidente: señoras y señores diputados: En el vértice de una de las etapas más apasionantes y discutidas de nuestra historia, destaca con luz propia la figura señera de uno de los grandes de la reforma, Valentín Gómez Farías, jalisciense de origen, liberal de vocación, médico de profesión; habría de sumar a sus conocimientos científicos los de la filosofía liberal, que en su tiempo fuera la tendencia progresista en la clase media instruida que propugnaba por las libertades básicas para las personas y la igualdad de todos ante la ley.
Sin pretender caer en la polémica que despierta el análisis más somero de la vida y de la obra de una generación de adelantados a su tiempo, encabezados por Gómez Farías, permítaseme referirme al humanismo de un hombre que sufriendo en carne propia incompresibles, traiciones y destierros, supo encauzar sus ideas para definir el perfil de una nación sin marginaciones y sin trabas a todas las exigencias del espíritu.
Postuló una sociedad caracterizada por la libertad, identificada por la justicia. Y aunque obstáculos mil se le opusieron, fue más grande su capacidad de interpretar anhelos colectivos indiscutibles, que todavía hoy están en el orden del día de todos los mexicanos. Padre de instituciones y de leyes, ningún proyecto de vida democrática le es indiferente. El liberalismo de Gómez Farías y otros mexicanos sobresalientes, definen en el curso de los años los primeros tiempos del México independiente; es un liberalismo social, con raíces en nuestro país, al que nutren ciertamente destacados pensadores universales, pero que ve el rostro de México y promueve su inserción, como ha dicho el maestro Reyes Heroles, en el mundo del porvenir.
Su personalidad destacó siempre en una sola línea; a lo largo de esa época tan convulsionada, marcada por el signo de la desunión entre los mexicanos, llena de conflictos y cambios bruscos del gobierno, con suprema habilidad política don Valentín Gómez Farías, siendo Presidente Interino de la República, dictó leyes de profunda significación democrática y se abocó a sentar las raíces de una reforma educativa tendiente a crear la Dirección de Instrucción Pública, a fin de que en adelante el estado tomara para sí, esa responsabilidad y llevara el conocimiento al pueblo, pues consideraba que sólo educándolo podría éste hacerse representar dignamente y darse leyes justas.
Así, entre triunfos y derrotas se fueron tejiendo los años de participación activa y vigorosa de quien sirviera al país como funcionario público talentoso y progresista; legislador combativo, tanto en el Senado y como diputado, en donde aportó amplias propuestas para conformar el texto de la Constitución de 1824, están ahí las bases para el desarrollo de una República moderna que rompiendo ataduras prácticamente medievales, pugnaba por acceder a estadios superiores de desarrollo. Tuvo la satisfacción de ver consumado
su ideario. Tal suceso ocurrió cuando el Congreso Constituyente de 1856-1857 en cuyo seno figuró la brillante generación de la reforma, aprobó la Carta Magna que organizaba en definitiva al Estado mexicano como una República representativa, democrática y federal, que consagraba las principales manifestaciones de la libertad, así como las garantías de igualdad y seguridad, que marcaba en general, los lineamientos jurídicos que nuestra realidad social imponía en aquel momento histórico.
A Gómez Farías tocó el merecido honor de presidir el Congreso Nacional Constituyente. Hay una crónica de Francisco Zarco, que desborda humanismo y emotividad, que refiere que enfermo y casi en brazos de sus hijos don Valentín Gómez Farías llega el 5 de febrero de 1857 a firmar la Nueva Constitución Política de la República; de rodillas, el venerable anciano, juró cumplir fielmente el nuevo código político de la nación mexicana y emocionado exclamó: "¡éste es mi testamento!" La historia alivia heridas y deja que el tiempo sea su mejor bálsamo; la figura de este hombre se ensancha y cobra dimensión histórica por que fue ante todo un político que tuvo la grandeza de cambiar cualquiera de sus estrategias pero ninguno de sus objetivos.
El nombre que nos acompaña en este recinto está hecho con la carne y la sangre de quien no desfalleció para construir una tesis que sostuvo al través de todas sus tribulaciones, es una vocación de la clase de hombres que no mueren, el nombre y la figura de este mexicano conducen desde lo más profundo de su entereza el recio viento de la historia.
El vivir y convivir en un clima de respeto ante la responsabilidad de un gobierno que sabe y entiende del quehacer político, en un estado progresista como el de Jalisco, donde se amalgama en un clima de armonía, la expresión pluripartidista, es éste el mejor homenaje a la evocación de un grande de México, cuya simple alusión circunstancial no se agota, pues hoy 5 de julio, a 132 años de su desaparición física, sigue siendo una figura por demás controvertida pero recordada por su relevante patriotismo, espíritu cívico y elevada concepción social. (Aplausos.)
El Presidente: - Sobre el mismo asunto, tiene la palabra el diputado Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista.
El diputado Jesús Antonio Carlos Hernández: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Rendir homenaje a Valentín Gómez Farías es un honor y una responsabilidad.
Se trata, efectivamente, huelga repetirlo, del padre de la reforma mexicana. Hay muchos aspectos y muchas facetas que examinar de la vida, de la obra y del pensamiento de Valentín Gómez Farías. Como todos los grandes hombres de México y del mundo, nunca se agota el examen de lo que legaron para la posteridad.
Valentín Gómez Farías, al igual que Lucas Alamán, tenía la intención de industrializar a México, como una vía para que nuestro país se desarrollara y ocupara un lugar digno en el concierto de las naciones. Pero mientras que para Lucas Alamán la industrialización de México habría de realizarse sin transformar el sistema económico del país, para Valentín Gómez Farías era una condición sin la cual no se podía avanzar en la transformación de ese sistema económico y social heredado de la colonia española.
De esa manera, Valentín Gómez Farías propone en 1830 la secularización de los bienes eclesiásticos. Inspirado en su pensamiento se instituye el 16 de octubre de 1830 el Banco de Avío, para otorgar créditos a largo plazo que desarrollaran la industria mexicana; sin embargo, este Banco de Avío fracasa por la falta de capitales, que sólo detentaba, que sólo tenía en su poder el clero.
En consecuencia se crea, en sustitución la Junta Directiva de la Industria Nacional, que corre la misma suerte que el Banco de Avío por las mismas razones: el apoderamiento de los capitales nacionales en manos del poder eclesiástico.
Sólo hasta el triunfo de la Revolución de Ayutla los intentos de don Valentín Gómez Farías, de 1833, se transforman en realidad con mandatos de derecho público. Con la vigencia de las Leyes de Reforma y la Constitución de 1857, la iglesia no solamente pierde personalidad jurídica, sino autoridad política y la enorme mayoría de sus bienes terrenales entran, finalmente, al mercado, y se abre así, una nueva etapa histórica para México.
¿Cuál es el valor esencial de rendir homenaje hoy a don Valentín Gómez Farías?, rescatar la esencia de su mandato histórico, desarrollar a México con independencia del extranjero y alcanzar el bienestar pleno del pueblo; poner por encima de los intereses particulares o de grupo, los intereses superiores de la nación y del pueblo.
Cumplir hoy el mandato de Valentín Gómez Farías, significa pugnar por desarrollar las fuerzas productivas de México y para servir a los mexicanos y no al extranjero.
Ayer, el camino del instrumento era la industrialización, hoy también es la industrialización, pero impulsada por el desarrollo científico y tecnológico, de las condiciones contemporáneas con la supremacía del Estado como representante de toda la sociedad, con independencia del extranjero.
El Estado, es cierto, no es ni debe de ser el único factor de desarrollo económico, pero sí el más importante y el rector exclusivo del camino de México.
Retomar el pensamiento y el mandato de don Valentín Gómez Farías en las condiciones de hoy, significa que tenemos que retomar el camino de la Revolución Mexicana, para desarrollar a México con independencia del extranjero, garantizar el bienestar del pueblo; significa poner en vigencia los mandatos de la Constitución, que establecen la necesidad de que a através del cumplimiento de un plan general de desarrollo económico, las ramas fundamentales de la economía de nuestro país estén orientadas y dirigidas a la distribución justa de la riqueza, fortalecer las fuerzas productivas del país y pugnar porque nuestro país, aun en las condiciones de hoy, luche por preservar su independencia y su soberanía.
Si don Valentín Gómez Farías, al igual que Benito Juárez, concita el odio de la reacción y el oscurantismo, ello significa que continúa vigente su pensamiento y su obra y, por tanto, continúa presidiendo los destinos de la patria mexicana.
Mientras subsista la miseria, mientras subsista la injusticia y mientras México no alcance su plena soberanía e independencia, seguiremos teniendo un deber de homenaje, seguiremos cometiendo una injusticia con don Valentín Gómez Farías, porque no se ha cumplido su mandato histórico.
En ese sentido, nosotros convocamos a las fuerzas nacionales a que no se haga un homenaje a un hombre que ha desaparecido y que se ha transformado en estatua de piedra, sino que debe ser un combatiente para que en las condiciones de hoy, se cumpla, repito, su mandato histórico de reinvindicación social, nacional y económica, para bien de México. ¡Viva la Reforma! ¡Viva México! (Aplausos.)
Presidencia del diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
El Presidente: -En turno de la orden del día, denuncias. Tiene la palabra el diputado Américo Ramírez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violaciones a las garantías constitucionales.
El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: - Honorable asamblea: Estamos aquí para denunciar la flagrante violación a los derechos humanos perpetrada por el llamado Partido Revolucionario Institucional, en perjuicio de la ciudadanía de la zona metropolitana de la ciudad de Nuestra Señora de Monterrey, en el estado de Nuevo León, con expreso desconocimiento de lo dispuesto por el artículo 35 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reconoce el inalienable derecho de los mexicanos de asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. El Partido Revolucionario Institucional viene afiliando, como de su membresía y militancia, a centenares de miles de ciudadanos de aquella región sin consentimiento de éstos y, peor todavía, ni siquiera de su conocimiento.
En esta nefasta tarea, es presumible que el Partido Revolucionario Institucional ha venido contando con la complicidad de la delegación en Nuevo León del Registro Nacional de Electores, ya que solamente esta dependencia dispone de la información consignada de las credenciales que el Partido Revolucionario Institucional viene expidiendo a personas que no solamente carecen de afiliación al partido político alguno, sino que pertenecen y en algunos casos desde hace tiempo, al Partido Acción Nacional.
Estas acciones anticonstitucionales han permitido a dirigentes del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León, ufanarse públicamente de que uno de cada tres votantes está afiliado a dicho partido.
Los medios de comunicación masiva de Monterrey han sido prolíficos en informar e ilustrar sobre este particular, llegando al extremo de públicar las credenciales de reconocidos panistas con las credenciales apócrifas que les han sido expedidas indebidamente por el Partido Revolucionario Institucional.
Está a la orden del día por parte de militantes panistas, la quema de tales credenciales que dolosamente las ha expedido el Partido Revolucionario Institucional; es evidente que con esta ilícita afiliación el Partido Revolucionario Institucional pretende demostrar una fuerza política que no tiene en el estado de Nuevo León y es evidente que con ello el Partido Revolucionario Institucional busca justificar irregularidades en las elecciones de 1991, al producir una imagen ajena a la realidad consistente en que una mayoría abrumadora de votantes está afiliada a dicho partido.
Denunciamos esta conducta ilícita del Partido Revolucionario Institucional de Nuevo León y demandamos que intervenga en este asunto la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, a fin de que se investiguen los hechos y se ponga término a los mismos, ya que además de transgredir el artículo 35, fracción III de la Constitución General de la República, expone a los militantes del Partido Acción Nacional al desprecio de sus semejantes al otorgarles gratuitamente la ominosa calidad de priístas mediante las credenciales en cuestión.
Suscriben esta denuncia los diputados: Eduardo Arias Aparicio, Manuel Ponce González y el de la voz, Américo Ramírez Rodríguez.
Para ilustrar esta denuncia, dejo en poder de la secretaría siete publicaciones de periódicos de la ciudad de Monterrey con información sobre este particular, así como también 26 credenciales expedidas por el Partido Revolucionario Institucional a miembros del Partido Acción Nacional.
El Presidente: - Para rectificación de hechos, tiene la palabra la diputada Yolanda García de Vargas.
La diputada Yolanda García de Vargas: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He subido a hacer uso de la tribuna porque no consiento que quien me ha precedido en el uso de la palabra haga manifestaciones nefastas y con ellas trate de descalificar a mi partido y al gran esfuerzo que éste realiza en el estado de Nuevo León.
Precisamente para desvirtuar lo que aquí ha dicho y aclarar el punto ante ustedes y ante la opinión pública, permítaseme decir lo siguiente:
A partir del año de 1989, mi partido, el Revolucionario Institucional, inició en el estado de Nuevo León una estrategia de trabajo con la finalidad de crear un padrón...
El Presidente: - Permítame, diputada. Dígame.
(Desde una curul): -Señor Presidente, no pusieron el reloj a tiempo.
El Presidente: -Diputados, esta Presidencia les quiere informar que, independientemente de los problemas que tengamos con el reloj de pared, aquí se lleva el tiempo, así es que por eso no hay problema. Adelante, diputada.
La diputada Yolanda García de Vargas: -Se inició en el estado de Nuevo León una estrategia de trabajo con la finalidad de crear un padrón priísta que arrojara una información lo más precisa posible sobre el número de afiliados y simpatizantes con que cuenta mi partido. ¿Por qué esto?, muy sencillo, compañeros diputados, a mi partido le interesa conocer quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos.
Prueba de ello y del gran esfuerzo que realizamos es que sabemos que en estas fechas contamos con 532 mil afiliados; el dato anterior denota una labor de gran magnitud y como tal, es lógico que ocurran pequeñas fallas.
Quien me antecedió en la palabra dice que se expidieron y entregaron credenciales priístas a militantes panistas y ciudadanos sin membresía partidista, pero yo me pregunto, señor diputado, ¿qué significan las 50 credenciales a las que se ha aludido a través de los medios de difusión en mi estado, expedidas erróneamente, frente a un padrón de 532 mil? En datos porcentuales, significan un margen menor al .0101% de error, lo cual es a todas luces insignificante e irrelevante.
Sin embargo, y como es costumbre de algunos partidos de oposición, se abusa un poco del uso de esta tribuna y se tratan de aprovechar los medios de comunicación.
El Presidente: - Permítame, diputada. Dígame, diputada Ortuño.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): -Quisiera hacer una interpelación a la oradora, señor Presidente.
El Presidente: -¿Acepta una interpelación, diputada?
La diputada Yolanda García de Vargas: - No, señor Presidente.
El Presidente: -No acepta. Continúe, por favor.
La diputada Yolanda García de Vargas: -Para evitar suspicacias, he de decir que la cédula de empadronamiento que estamos utilizando especifica claramente que se trata de un censo interno del partido, por consiguiente, cualquier persona que no sea militante o simpatizante se puede percatar de ello y por lo tanto no proporcionar los datos que se solicitan.
En cada cédula, para mayor abundamiento me voy a permitir mostrarla, inclusive se puede quedar dentro en los trabajos de la secretaría, ésta es la cédula.
Además, se debe de tener en cuenta que cualquier error en el padrón de ninguna manera nos beneficiaría, no ganaríamos nada al expedir credenciales a personas que no son simpatizantes del partido, ya que en base al padrón priísta reclutaremos a nuestros representantes en mesas directivas de casilla, promotores de voto, etcétera. Nosotros somos los más interesados en que esté correcto nuestro padrón , no tenemos el menor interés en cometer errores, estamos haciendo un trabajo abierto y de buena fe al afiliar a los militantes del partido que hay en el estado de Nuevo León y tan es así, que se ha invitado públicamente a los partidos de oposición, a través del presidente de la comisión del padrón priísta del municipio de Monterrey y de otras autoridades de mi partido, para que nos acompañen casa por casa durante el levantamiento del padrón.
Esta invitación, aparte de haberse hecho en forma económica, también se hizo a través de la prensa y me permito acompañar recorte periodístico donde consta la invitación.
No hubo respuesta alguna de parte de los partidos de oposición, esto denota la mala fe...
El Presidente: -Permítame, diputada. El diputado Américo Ramírez le quiere hacer una pregunta, ¿acepta?
La diputada Yolanda García de Vargas: -No, señor Presidente.
El Presidente: -No acepta. Continúe, por favor.
La diputada Yolanda García de Vargas: -Esto denota la mala fe de los partidos de oposición. La microevidencia presentada por el diputado que me antecedió no cuestiona nuestro trabajo; en este sentido y por lo que se refiere a la encuesta a que se ha hecho referencia el diputado, cabe preguntarse qué valor y grado, de qué habilidad puede dársele a un sondeo que se lleva a cabo por vía telefónica, según las propias manifestaciones de los partidos de oposición, siendo que en Nuevo León existen aproximadamente 250 mil teléfonos, de los cuales 70% son de uso comercial: oficinas, hospitales, con el agregado de que en Nuevo León existen aproximadamente 2 millones de habitantes en edad de votar, de los cuales el 5% tiene teléfono, quienes lo tienen normalmente son la clase media y la clase alta.
Compañeros diputados: el trabajo que se está realizando en mi estado es un trabajo serio, como dije, queremos conocer quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos, pues aspiramos a que nuestros afiliados y simpatizantes sean testigos y además partícipes del proceso democrático y de modernización que hoy día a día vive nuestro partido, el Revolucionario Institucional.
El Presidente: -Sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Américo Flores Nava.
Permítame, diputado Flores Nava. Antes para rectificación de hechos, el diputado Manuel Ponce, del Partido Acción Nacional.
El diputado Manuel Ponce González: -Aquí, la persona que me antecedió el uso de la palabra dijo que había algunos errores y quiero demostrar a ustedes que se están equivocando los señores del Partido Revolucionario Institucional desde hace mucho tiempo.
Tengo en mi poder un documento oficial suscrito por la licenciada Carlota B. de Montemayor que dice lo siguiente:
"Partido Revolucionario Institucional. El Presidente del I Comité Distrital Electoral del estado de Nuevo León. Presente.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 y demás relativos de la Ley Federal Electoral, con el presente escrito venimos a solicitar el registro del nombramiento del ciudadano Manuel Ponce González, con domicilio en Multis 238 Poniente, como representante personal de la formula que integramos como candidatos a diputados federales del Partido Revolucionario Institucional en este distrito electoral, en la casilla número 57-A que se instalará en Guadalcazar 2103, Colonia Mitras.
Nuestro representante se registrará para los efectos de que el día 4 de julio a nuestro nombre y representación vigile se cumplan las disposiciones legales y se respete la voluntad del elector, haciendo uso para ello de las facultades que le concede la Ley Federal Electoral.
Atentamente.
Democracia y Justicia Social.- Firman:« Licenciada Carlota B. de Montemayor.»
Según tengo entendido por un publicación local de Monterrey, es la encargada de censo priísta en el estado de Nuevo León.
No basta ese documento, tenemos otro donde también se están equivocando y dice:
"José López Portillo, candidato a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.- Insurgentes
Norte número 59, México 3, D.F.- AL ciudadano presidente del Comité Distrital Electoral del estado de Nuevo León, José López Portillo, en mi carácter de candidato del Partido Revolucionario Institucional, para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos por el período de 1976-1982 y en uso de la facultad que me concede el artículo 113 de la Ley Federal Electoral, con el presente escrito vengo a solicitar se sirva usted registrar el nombramiento del ciudadano Manuel Ponce González, con domicilio en Melchor Múzquiz 238 Poniente, Colonia Mitras Centro, como representante personal del suscrito ante la mesa directiva de la casilla 57-A, quien se instalará en Guadalcazar 2103, Colonia Mitras Centro, con Múzquiz.
Mi representante es registrado con la oportunidad debida y llenando los requisitos de la ley para efecto de aquel personal de la casilla que he mencionado haga valer mis derechos en los términos que nos concede la ley.
Atentamente.
Monterrey, junio 15 de 1976.»
Ya hace rato que se están equivocando los señores del Partido Revolucionario Institucional.
Quiero mencionar que a ustedes que ni en pesadilla he sido sacrificado para representar el Partido Revolucionario Institucional, menos en la realidad, de una elección así, así es que, si ya desde que se inició el Partido Acción Nacional allá por 1940 en Monterrey, su servidor ya era miembro del partido y además era candidato a senador cuando recibió este nombramiento, quiere decir que el Partido Revolucionario Institucional tiene unos perfectos registros de los cuales debe sentirse muy honrado. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, sobre el mismo tema, el diputado Américo Flores Nava.
El diputado Américo Flores Nava: -Con su permiso, señor Presidente: Pensábamos y, por eso solicitamos el uso de la palabra, que se trataba de un debate, efectivamente, relativo a una violación a una garantía constitucional.
No podemos equiparar de ninguna manera un simple error por la emisión de credenciales, la violación de una garantía constitucional; error que, independientemente de los compañeros del Partido Acción Nacional que se percataron de él, se corrigió a tiempo también por parte del Partido Revolucionario Institucional. Ni por error ni por equivocación queremos panistas en el Partido Revolucionario Institucional.
Luego pues, no hay violación alguna de garantías individuales...
El Presidente: -Permítame, diputado Américo Flores Nava. Dígame, diputada.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): -¿Acepta el señor diputado una interpelación?
El Presidente: -¿Acepta usted una interpelación de la diputada?
El diputado Américo Flores Nava: -No la acepto, señor diputado.
El Presidente: -Continúe.
El diputado Américo Flores Nava: -Repito, entonces, que no hay violación alguna de garantías individuales puesto que a nadie, a ninguna persona se le ha impedido o se le impide afiliarse o pertenecer al partido que mejor responda a sus inquietudes políticas, porque la llamada afiliación corporativa, discutible por cuanto a su semántica y su connotación, en la práctica electoral, independientemente de lo que se señale, no ocurre, no se da puesto que nadie ocurre a votar en grupos sindicales o de garantizaciones en pleno.
Y, por otra parte, no podemos nosotros, en violación, ésta si flagrante de la libertad sindical, ordenar que un organismo de esa naturaleza decida, si su asamblea general como órgano supremo de su gobierno interno, determine que tal o cual gremio se afilie al partido que le guste.
Por lo demás, la reforma constitucional ya vigente recoge la iniciativa, la inquietud que el Partido Acción Nacional votó aquí recuerdo a los señores diputados del propio Partido de Acción Nacional, que el texto reformado y vigente, repito, a partir del 6 de abril de 1990, al publicarse en el Diario Oficial de la Federación, establece asociarse libre y voluntariamente para tratar los asuntos políticos del país.
Gracias, señor Presidente.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán (desde su curul): -Señor Presidente, deseo formularle una pregunta al orador.
El Presidente: -Diputado Américo Flores Nava, le preguntan si acepta una interpelación.
El diputado Américo Flores Nava: -No, señor Presidente.
El Presidente: No la acepta.
Esta presidencia dispone que la denuncia presentada por el diputado...
El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: -Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Américo Ramírez Rodríguez.
El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez: - Señores diputados. Estamos aquí para rectificar algunos de los hechos manifestados para la diputada Yolanda García de Vargas y por quien me antecedió el uso de la palabra.
El primero de ellos señala que el levantamiento de un padrón interno por parte del Partido Revolucionario Institucional, obedece para saber quiénes somos, cuántos somos y dónde estamos, y yo creo que difícilmente podrán saber quiénes son, cuántos son y de dónde están, si afilian a miembros que no son de su partido y a miembros que son del Partido Acción Nacional. Posiblemente les resulte más cómodo y más Fácil saber cuántos son los panistas por ese sistema tan absurdo.
Ahora, en cuanto al artículo 35, fracción III, señala expresamente que es prerrogativa de los ciudadanos afiliarse voluntariamente, asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país, y de ninguna manera que los asocien sin su consentimiento y sin su conocimiento. En esto radica la violación o la transgresión de este artículo por parte del Partido Revolucionario Institucional.
No es error, son muchos errores que se pueden ilustrar con las publicaciones de prensa y con las credenciales que he entregado a la secretaría.
El Presidente: -Esta Presidencia dispone que la denuncia presentada por el diputado Américo Ramírez Rodríguez, sea turnada a la Comisión de Derechos Humanos, así como los documentos presentados y las versiones estenográficas del debate sobre este punto.
DEL ESTADO DE MICHOACÁN
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre invasiones a los ejidos de Jalisco... ¿No se encuentra?... Tiene la palabra el diputado Isidro Aguilera Ortíz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre agresiones al magisterio en Michoacán.
El diputado Isidro Aguilera Ortiz: -Señor Presidente; compañeros diputados: El día 3 de julio 1990, diferentes cuerpos policiacos del estado de Michoacán, formados por granaderos, policía uniformada y policía judicial del estado, en compañía de elementos de Policía Judicial Federal, llevaron a cabo un operativo en las instalaciones de la delegación sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en Morelia y en las oficinas de la Secretaría de Educación en el estado, así como en la Casa Hotel del Magisterio de la colonia Nueva Chapultepec Sur y detuvieron a maestros, miembros del movimiento Democrático Magisterial, a 200 maestros. Sobre este hecho escueto, habría que hacer algunos antecedentes:
El Movimiento Democrático Magisterial en todo el país, tuvo diversas formas de expresión; en algunos estados o en algunas regiones como en los estados de Chiapas, Oaxaca, el Distrito Federal, estado de México y estado de Michoacán, fue un movimiento explosivo en búsqueda de la democracia dentro de su sindicato. En todas sus manifestaciones hablaban de la justicia hacia el maestro, justicia, democracia sindical y más salario.
En Michoacán, efectivamente, el magisterio democrático agrupó a una gran mayoría del magisterio michoacano, no podríamos atrevernos a decir que a la totalidad del magisterio, porque estaríamos mintiendo, pero sí una gran parte del magisterio michoacano se agrupó en torno al Movimiento Democrático Magisterial. Todas las fuerzas democráticas en el estado, saludamos con mucho agrado este surgimiento de nuevas formas democráticas en diferentes áreas, en los sindicatos, y concretamente en un sindicato tan importante como el magisterial.
En el mes de febrero y a raíz de un congreso que fue cambiado arbitrariamente de sede, de Uruapan a San José Purúa, en el último momento, y a la imposición de una dirigencia sindical que no responde a los intereses del magisterio democrático, estos mismos maestros tomaron las oficinas del sindicato y establecieron una serie de medidas para retomar la conducción de su agrupación por parte de la mayoría magisterial en el estado.
Se les fue negado todo trabajo de organización, se les negó la validez en razón de su fuerza mayoritaria al líder impuesto en San José Purúa, al señor Hetzemaní Viveros Maldonado; se le hicieron varios cargos, incluso por el uso indebido de recursos con unos lotes que habían pagado los maestros en diferentes partes del estado, concretamente en la ciudad de Morelia y en la ciudad de Uruapan.
Al Movimiento Democrático Magisterial, se le ha pretendido ligar absurdamente hacia diferentes partidos de oposición; nosotros creemos en el partido de la Revolución Democrática, creemos que una de las formas de dar un golpe definitivo al corporativismo, es justamente impedir que los movimientos o los grupos sindicales se incorporen por sí mismos a los partidos y ningún partido, en este caso del nuestro, tiene el derecho ni la prerrogativa de controlar un movimiento sindical, como éste es el caso.
El señor Hetzemaní Viveros se negó rotundamente durante varios meses a discutir y a dialogar con el Movimiento Democrático Magisterial, sobre cuales serían los mejores mecanismos para retomar la legalidad en dicho sindicato. Las acciones realizadas por el Movimiento Democrático Magisterial, fueron incrementándose, fueron subiendo de tono.
El día 2 de julio, efectivamente, algunos grupos de maestros interceptaron al líder magisterial y a un delegado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y estuvieron, los tuvieron en una sesión permanente de discusión, de la cual este operativo policíaco se realizo seis horas después de que estos señores ya iban rumbo a sus casas.
Evidentemente, no podemos tipificar aquí o no queremos hacerlo nosotros, si se incurrió en actos ilegales en ese momento; lo que sí queremos denunciar y de manera muy enérgica, es que esta acción se singulariza por la intervención injustificada e ilegal de los cuerpos policiacos en asuntos intergremiales del magisterio nacional.
Se detuvo a 200 personas y se libraron órdenes de aprehensión contra 50 más que ni siquiera tenían o tienen relación con los hechos. En este momento existen todavía 30 detenidos y hay cuatro personas sumamente graves, de quienes tememos por sus vidas, que son: Filemón Solache, Delfino Paredes, que es el secretario general, Javier Acuña y Juan Manuel Macedo. Estas personas están efectivamente en un estado crítico de salud en este momento.
Y queremos ligar esta acción con la aparición en el estado de Michoacán, hace aproximadamente 10 días, de un grupo de 250 policías judiciales federales, lo que nos hace suponer que este acto fue una provocación, incluso los golpes en contra de algunos de los enviados del sindicato debe haber sido una provocación y estaba perfectamente orquestada ya la represión en contra del Movimiento Democrático Magisterial.
De entre estas 50 ordenes de aprehensión, se está haciendo gala de represión en contra de la familia Solache, Paredes y Acuña; sus esposas y sus hijos están siendo severamente hostilizados por los cuerpos policíacos.
Esta aparición súbita de la Policía Judicial Federal, deja muchas sospechas, porque además se les esta tratando de hacer firmar documentos donde se les involucra con la guerrilla, donde se les involucra con narcotráfico, donde se le involucra con acopio de armas. Pareciera que estamos volviendo nuevamente a las épocas más oscuras de nuestra historia, a las épocas del diazordazato y gobiernos sucesivos, donde se reprimió a una gran cantidad de luchadores sociales, a muchos se les despreció en las cárceles clandestinas y algunos otros andan padeciendo los severos "frutos", de la represión de la tortura ejercida en su contra.
Hoy a medio día hubo una marcha del Movimiento Democrático Magisterial de la ciudad de Morelia y se han declarado en plantón permanente enfrente del palacio de gobierno, un plantón indefinido para protestar por los excesos policiacos y por una flagrante violación a los derechos humanos, a los derechos intergremiales y sobre todo a este intento nuevo, pero no por eso sorprendente, de golpear a los movimientos democráticos y progresistas, donde quiera que éstos hacen su aparición.
¡Exigimos cese a la represión en contra del Movimiento Democrático Magisterial, y exigimos también que se libere a estos compañeros que están detenidos y siendo torturados gravemente! Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén, del grupo parlamentario de la Revolución democrática, sobre... ¿Perdón?
El diputado Alberto Julián Assad Ávila (desde su curul): -Para hechos.
El Presidente: -Tiene la palabra, para hechos, el diputado Alberto Assad Ávila.
El diputado Alberto Julián Assad Avila: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Desde luego sin el afán de polemizar ni querer abarcar todos los puntos aquí señalados, sí queremos hacer mención de algunos que involucran de alguna manera al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
En primer lugar, señalar que se integró una comisión en el mes de mayo de 1989, para dialogar, para permitir en la convivencia plural, la participación de todas las corrientes, misma comisión que fue rechazada.
Posteriormente, en el mes de octubre de 1989, se convocó a un congreso secciona; no quisieron participar. No se cambio la sede, como se dice, de Uruapan a San José Purúa; se señalo con toda antelación en la convocatoria correspondiente que la sede sería en San José Purúa. Se ofertó, después de esto, una consulta a la base para determinar si se ampliaba el comité; la dirección nacional ofertó en este tiempo la ampliación y acuerdo al peso específico de esta corriente llamada Movimiento Democrático de Michoacán.
En el mes de enero al realizarse el Congreso Nacional, previamente se volvió a convocar a un congreso seccional, se hizo la petición atenta y respetuosa a este grupo de que participara; misma respuesta, fue rechazada.
Posteriormente a ello, pues nosotros, yo no tengo otra palabra, cómo llamarle, que hizo el asalto a la sede de la organización sindical, lo mismo se hizo con instituciones oficiales, esto fue de hace casi un año, los hechos aquí denunciados, según entiendo, fueron apenas el día de ayer, más que suficiente tiempo para dar constancia de la tolerancia, del respecto y del afán permanente de invitarlos a convivir en la pluralidad.
La posesión, a la posesión violenta de estas instalaciones, el día 2 de julio se hizo el secuestro, creo que es término válido y legalmente establecido, el secuestro del secretario general de la sección XVIII, el compañero Hetzemaní Viveros Maldonado y otros compañeros más, golpeados, vejados, fueron rapados, consta en los diarios, las fotografías de los compañeros cuando fueron rapados, no estoy señalado que hayan sido maestros los que lo hicieron, tal vez algunos sí lo sean, pero también es posible que hayan habido dentro de estas instalaciones gente que no son maestros y trabajadores de la educación.
A esto se agregó desde luego la destrucción de los inmuebles, de los muebles, de máquinas, de todos los enseres propios de la organización sindical. Rechazamos toda muestra de violencia, lo ha dicho la dirección nacional; hacemos un llamado a todos los compañeros para participar con respecto a su ideología, a su manera de pensar, dentro de la unidad que se llama Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Hay otros puntos que pues no quisiéramos nosotros polemizar en ellos, pero desde luego no llegan a doscientas personas los compañeros que participaron, los que sabemos nosotros entre los que están detenidos, con la declaración hecha, sabemos que no llegan a diez personas, sin que estemos nosotros justificando ninguna acción ni el marco legal en que se hayan movido las autoridades de la entidad.
Finalmente, al hacer esta aclaración y pedir la comprensión de todos los compañeros, ratificamos nuestro llamado a todos nuestros compañeros trabajadores de la educación para acudir al llamado que hace la dirección nacional de convivir en la pluralidad haciendo fuerte a nuestra organización sindical. Muchas gracias.
DICOMESA
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre incumplimiento del convenio celebrado entre Dicomesa y sus trabajadores.
El diputado Ciro Mayén Mayén: -Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: He pedido la palabra para denunciar ante esta tribuna un hecho.
Están aquí presentes en la Cámara de Diputados un grupo de compañeros trabajadores que fueron despedidos de Dicomesa, y quienes en diciembre de 1989 lograron una entrevista con el señor Fernando Peón Escalante, director de esa empresa, de Dicomesa, para establecer una serie de compromisos.
La empresa decidió rescindirles el contrato a un gran cantidad de compañeros trabajadores de esta institución, a pesar de que los trabajadores habían intentado en varias ocasiones buscar un acuerdo que le permitiera cumplir con el objetivo de incrementar la productividad de los mismos en la empresa, sobre la base de que hubiera la corresponsabilidad también de la misma para la atención de sus demandas; sin embargo, estos compañeros fueron tratados, por parte de las autoridades con desdén, y yo diría que con prepotencia, porque durante muchas semanas fueron desatendidas sus solicitudes para realizar entrevistas y buscar a través del diálogo llegar a un arreglo.
No fue sino hasta con la intervención de la Asamblea de Representantes, a propuesta de los grupos de la oposición que participan en dicha asamblea, y sobre la base de las peticiones formuladas por los compañeros de Dicomesa, como ellos establecieron un convenio que contiene 11 puntos, y que voy a darles lectura para tratar de establecer cuál era el contenido.
Dice: "Acuerdo que celebran por una parte los trabajadores desincorporados de Dicomesa y por la otra la empresa, los señores Fortino Chávez Hernández y Federico Cegreste Corona, gerente general y gerente de administración, respectivamente; como testigos de honor los miembros de
la quinta y octava comisiones de la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, encabezados por el señor licenciado Juan José Castillo Mota.
Primero. Las partes convienen en que las liquidaciones a los trabajadores desincorporados de la empresa, se harán en los términos que establecen los artículos 84,89,162,439,485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo en su aplicación supletoria.
Punto dos. La liquidación será calculada hasta la fecha en que el trabajador reciba su liquidación.
Número tres. Las partes están de acuerdo en que los trabajadores que tengan que ser reajustados después de la firma de este acuerdo, se realicen bajo las mismas condiciones que lo que se está pactando.
Este pago se informará a los afectados para su conformidad y se hará ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Número cuatro. La empresa está de acuerdo en cubrir los salarios caídos de los trabajadores hasta la fecha en que se les entregue su liquidación.
Cinco. Se establecerá una fecha para la entrega de las liquidaciones en conjunto y no en lo individual.
Seis. La empresa está conforme a gestionar ante la Impulsora del Pequeño Comercio, S. A., el ingreso de los trabajadores que estén a punto de pensionarse por jubilación y que así lo soliciten.
Número siete. La empresa, en un plazo no mayor de cuatro meses, hará entrega a los trabajadores desincorporados de sus aportaciones al Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a los que así lo soliciten.
Ocho. La empresa entregará a los trabajadores desincorporados una constancia de servicios en el momento de la entrega de su liquidación.
Número nueve. Las partes están de acuerdo en elaborar un convenio en el que se consigne todo lo acordado, que será presentado ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Diez. Por su parte, los trabajadores están de acuerdo en depurar las listas que se presentaron a la empresa por conducto de la quinta y octava comisiones de la Primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal, para su liquidación.
Número once. Las partes convienen en celebrar a partir del jueves 14 de junio del año en curso, reuniones que permitan llegar a conclusiones definitivas en la solución del problema que enfrentan los trabajadores desincorporados de Dicomesa, lo que ocurrirá en un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir de la primera reunión."
De manera que la denuncia consiste en que aún y cuando esta institución, Dicomesa, a través de su director o gerente estableció este compromiso o convenio con los trabajadores, al ser cambiadas las autoridades deciden desconocer este convenio, en el cual participaron como testigos los distintos grupos de asambleístas de la Asamblea de Representantes, los distintos partidos dieron fe de este convenio, y me parece que era un convenio que permitía, si bien no satisfacer plenamente las demandas de esos trabajadores, sí se acercaba en mucho y permitía una conciliación respecto al conflicto que los ha motivado a presentarse ahora ante esta Cámara de Diputados para solicitar su intervención.
De esta manera, nosotros hemos decidido hacer uso de esta tribuna, aun cuando se había convenido que se usaran los días miércoles el salón en el cual sesionaba la Comisión Permanente, para tratar este tipo de hechos; porque también con la Presidenta de la Comisión de Gestoría y Quejas había convenido en que íbamos a dar la oportunidad para que se abriera un proceso de negociación con las autoridades que ahora están a cargo de esta institución, con objeto de explorar las posibilidades de que aceptaran el convenio que ya se había firmado por el anterior director.
Sin embargo, hasta el día de ayer en que continuaban estas conversaciones,. las autoridades deciden definitivamente hacer a un lado este convenio, y lo que ofrecen es la reinstalación de los trabajadores; sin embargo, este ofrecimiento de reinstalación de los trabajadores no los satisface por dos razones: en primer lugar, porque crea la desconfianza, en virtud de que sigue habiendo compañeros despedidos de esta empresa, y en segundo lugar, porque se ha puesto como una condición que dentro de las negociaciones no se incluyan los siete compañeros que formaban parte del Comité Ejecutivo de este sindicato, lo cual para la mayoría de los compañeros que han acudido tanto a la Asamblea de Representantes como a la Cámara de Diputados, les parece inaceptable, porque establece un trato diferencial ahí, injusto para estos compañeros que han mostrado solidaridad en la lucha de la totalidad de los trabajadores que son afectados por esta medida.
Yo solicito ante esta asamblea aprobar un punto de acuerdo, que sería el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a las autoridades de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y de Distribuidora Impulsora Comercial, a dar cumplimiento cabal e inobjetable al acuerdo firmado con los trabajadores desincorporados de Dicomesa, el pasado 12 de junio del presente; que es justamente la lectura que hice aquí de los 11 puntos.
Me parece que es razonable que esta asamblea plenaria se pronuncie en su favor y que además a través de las comisiones de trabajo que preside el compañero diputado Juan José Osorio Palacios y de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, que preside la diputada María Inés Solís, se buscara una entrevista en la que pudieran estar presentes los trabajadores, los presidentes de estas comisiones y por lo menos un representante de cada uno de los grupos parlamentarios que participan en esta Cámara, con el propósito de insistir en apoyar la solución y el respeto a este convenio que ya fue establecido con los trabajadores.
No me parece que sea una petición exagerada, ni un exceso de parte de los trabajadores, puesto que ya había sido empeñada la palabra de las anteriores autoridades que dirigían esta institución.
Yo, compañeros, solicito que entonces se someta a votación esta propuesta y pido que esta asamblea, en solidaridad con los trabajadores despedidos, apoye esta proposición de punto de acuerdo. Gracias.
El Presidente: -Compañero diputado, en el caso de su propuesta, tendríamos que darle trámite por el artículo 58, pero si usted está de acuerdo, esta Presidencia puede tramitarlo directamente a las comisiones que usted sugiere.
El diputado Ciro Mayén Mayén: -Sí, señor Presidente, está bien.
El presidente: -Túrnese para la atención que proceda, a las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Información, Gestoría y Quejas.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Gustavo Rosario Torres: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Segundo Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
9 de julio de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del Congreso del Estado de Guanajuato.
Dictámenes de primera lectura
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley de Instituciones de Crédito.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de Ley para Regular las Agrupaciones Financieras.
De la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto de reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley Del Mercado de Valores.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano César Alberto Solís Sánchez, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de Perú en Monterrey, Nuevo León.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Garibi Hernández, para que pueda desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Dominicana en Guadalajara, Jalisco.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 17.45 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 9 de julio a las 10.00 horas.
TAQUIGRAFÍA PARLAMENTARIA
Y DIARIO DE LOS DEBATES