Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19910103 - Número de Diario 3
(L54A3PcpN003F19910103.xml)Núm. Diario:3ENCABEZADO
LVI LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., miércoles 3 de enero de 1991 No. 3
TERCER RECESO
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Gonzalo Martínez Corbalá para ausentarse de cargo por tiempo indefinido. Se aprueba.
OFICIO DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADO NAVAL
Del ciudadano Gustavo Izunza Olivares como Contralmirante Ingeniero Militar Diplomado de Estado Mayor. Se turna a la Segunda Comisión.
SOLICITUDES DE PARTICULAR
CONDECORACIONES
Del ciudadano Antonio Riviello Bazán relativo al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Se turna a la Primera Comisión.
De la ciudadana Eustorgia Zambrano viuda de Alfaro relativo al permiso
constitucional necesario para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Se turna a la Primera Comisión.
Del ciudadano Luis Hernán Solís Ancona relativo al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República del Perú. Se turna la Primera Comisión.
Del ciudadano Alfredo Montes Salgado, relativo al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Colombia. Se turna la Primera Comisión.
Del ciudadano Ricardo Maldonado Baca, relativo al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
Del ciudadano Jorge Orizaga Amezcua, relativo al permiso constitucional necesario para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTO
Del ciudadano Edmundo Lechón Rosas relativo al permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice, en Chetumal, con jurisdicción en el Estado de Quintana Roo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Del ciudadano Raymundo Aguilera Escalera, relativo al permiso constitucional necesario para trabajar en la Embajada de la República de Hungría, en México. Se turna a la Primera Comisión.
De la ciudadana Emma Rateliffe González, relativo al permiso constitucional necesario para trabajar en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Se turna a la Primera Comisión.
PROPOSICIONES
DEL ESTADO DE SINALOA
Sobre el desastre ocurrido por fenómenos metereológicos presenta declaración el senador Bulmaro Pacheco Moreno.
DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sobre demanda de juicio político en contra del Congreso del Estado de Chiapas presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
Intervienen las legisladoras:
Blanca Esponda Espinosa, para contestar alusiones personales.
Carmen Segura Rangel, para rectificar hechos.
SOBRE EL CONFLICTO DEL GOLFO PÉRSICO
Declaración conjunta presentada por el diputado Alfredo Reyes Contreras. Se aprueba.
SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Presentada por el diputado José Antonio Gándara Terrazas.
Sobre el mismo tema intervienen los diputados:
José Jaime Enríquez Félix
Mauro Ramírez Ayala
Julio Patiño Rodríguez
Noé Aguilar Tinajero, para rectificar hechos.
Dionisio Pérez Jácome, para rectificar hechos.
Eugenio Ortíz Walls
SOBRE EL CONFLICTO DEL GOLFO PÉRSICO (II)
En torno a los soldados de origen mexicano que se están enviando al Golfo Pérsico intervienen los legisladores:
Mauro Ramírez Ayala
Roberto Robles Garnica
Gustavo Almaraz Montaño
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Sobre supuestas violaciones a los derechos humanos en el Estado, presentada por la diputada Carmen Segura Rangel. Se turna a Comisión de Información Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE MÉXICO
Sobre hechos violentos en la población de Tejupilco interviene el diputado Francisco Curi Pérez Fernández.
SOBRE TELÉFONOS DE MÉXICO
De la nuevas tarifas en dicha empresa intervienen los diputados:
Jaime Enríquez Félix
Noé Aguilar Tinajero
Alfredo Reyes Contreras
PROGRAMA "VOZ PUBLICA"
Documento presentado por le diputado Mauro Ramírez Ayala sobre la suspensión de éste programa radiofónico. Se turna a las comisiones unidas de Radio Televisión y Cinematografía y a la de Información Gestoría y Quejas.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
(Asistencia de 28 legisladores)
ASISTENCIA
El Secretario senador Gustavo A. Salazar Montaño: - Hay una asistencia de 28 representantes. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.30 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Gustavo A. Salazar Montaño: - Se va a dar lectura al orden de día .
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del Día
3 de enero de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicación del diputado Gonzalo Martínez Corbalá.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Izunza Olivares, para los efectos de
la fracción VII, del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitudes de particulares
De los ciudadanos general Antonio Riviello Bazán y Eustorgia Zambrano viuda de Alfaro, para que se les conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de Venezuela.
Del ciudadano Luis Hernán Solís Ancona, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración Cruz Peruana al Mérito Militar, en grado de Gran Oficial, que le confiere el gobierno de Perú.
Del ciudadano Alfredo Montes Salgado, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden al Mérito Militar "José María Córdova", que le confiere el gobierno de Colombia.
De los ciudadanos Ricardo Maldonado Baca y Jorge Orizaga Amezcua, para que se les conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Del ciudadano Francisco Edmundo Lechón Rosas, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Belice en Chetumal, con jurisdicción en el estado de Quintana Roo.
Del ciudadano Raymundo Aguilera Escalera, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de la República de Hungría en México.
De la ciudadana Emma Ratcliffe González, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.
Proposiciones
De los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana y del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional sobre el desastre ocurrido en el Estado de Sinaloa.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre demanda de juicio político en contra del Congreso del Estado de Chiapas.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Irak.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la libertad de expresión.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en torno a los soldados de origen mexicano que se están enviando al Golfo Pérsico.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violación a los derechos humanos en el estado de Yucatán.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las nuevas tarifas de Teléfonos de México.
Sesión secreta.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador Gustavo A. Salazar Montaño: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales,
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diecisiete minutos del día veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa, con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión de instalación, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con una proposición de la mesa directiva, respecto a la integración de las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, misma que sin discusión se aprueba en votación económica.
Para exponer sus opiniones respecto de los trabajos a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, hacen uso de la palabra los legisladores Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática; Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional y Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional.
La Secretaría da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico con motivo del sexagésimo sexto aniversario luctuoso de Felipe Carrillo Puerto. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Una invitación del Congreso del Estado de Yucatán, a la sesión solemne en la que el gobernador del estado, rendirá su tercer informe de gobierno. Se designa comisión.
Otra invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo sexto aniversario de la expedición de la Ley Agraria del seis de enero de mil novecientos quince, por el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza. Se designa comisión.
Se da cuenta con tres oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que siete ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
La Secretaría da lectura a un ocurso del ciudadano Gonzalo Domingo González Díaz, por el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le concede el gobierno de Francia. Se turna a la Primera Comisión.
Un ocurso del ciudadano Pablo Jacques Blanca, para el que solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro se turna a la Primera Comisión.
Agotados los asuntos en cartera, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las doce horas con treinta y cinco minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo día tres de enero de mil novecientos noventa y uno a las once horas.»
El Secretario senador Gustavo A. Salazar Montaño: - Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
SOLICITUD DE LICENCIAS
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Por este conducto me permito solicitar a usted sea sometido a la consideración de los integrantes de este organismo legislativo y en su caso la aprobación correspondiente, mi licencia por tiempo indefinido a partir de esta fecha, por motivos personales.
Reitero a usted las seguridades de mi alta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 3 de enero de 1991. - Diputado Gonzalo Martínez Corbalá.»
El Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: - Está a discusión el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Gonzalo Martínez Corbalá, para separarse de sus funciones de diputado federal, electo en el VI distrito el estado de San Luis Potosí.»
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobado. Comuníquese.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADO NAVAL
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
Para conocimientos de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Marina, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 11 del actual:
"Adjunto remito a usted, hoja de tiempo de servicios del Contralmirante Ingeniero Militar Diplomado de Estado Mayor, Gustavo Izunza Olivares, para que por su amable conducto sea puesta a la consideración del honorable Senado de la República, a fin de obtener la ratificación del grado que actualmente ostenta. La documentación adjunta, incluye copia certificada del acuerdo Presidencial que dispone el ascenso del interesado, así como antecedentes militares y datos complementarios."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y efectos del artículo 76, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
México, D. F., a 14 de diciembre de 1990. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a a Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULARES
CONDECORACIONES
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la Defensa Nacional.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con toda atención me dirijo a usted, solicitando la autorización correspondiente, para aceptar y usar la condecoración Orden Francisco de Miranda en la Primera Clase, que me otorga el gobierno de Venezuela.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida consideración
Sufragio Efectivo, No Reelección.
El Secretario de la Defensa Nacional, general Antonio Riviello Bazán.»
Trámite: - Recibo, y Túrnese a la Primera Comisión.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
Me es grato comunicar a ustedes que el gobierno de la República de Venezuela tuvo a bien
conferirme la condecoración Orden al Mérito en el Trabajo, en su Primera Clase.
Por lo anterior, mucho agradeceré a ustedes concederme el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política para estar en condiciones de aceptar y usar dicha condecoración.
Atentamente.
Caracas, 1o. de octubre de 1990. - Señora Eustorgia Zambrano viuda de Alfaro.»
Trámite : - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Secretaría de la Defensa Nacional. - Dirección General de Personal.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 - B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted, para solicitar la autorización correspondiente para aceptar y usar la condecoración y gafete que me otorga el ejército peruano: Cruz Peruana al Mérito Militar, en el grado de Gran Oficial, anexando para el efecto los documentos siguientes:
Curriculum vitae del suscrito y fotografía; Acta de nacimiento; fotocopia de la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar; fotocopia de la resolución suprema, y fotocopia de la condecoración de la Cruz Peruana al Mérito Militar otorgada por el gobierno de Perú (diploma).
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Lomas de Sotelo, Distrito Federal, a 29 de octubre de 1990. - El general brigadier diplomado de estado mayor, Luis Hernán Solís Ancona. (488598)»
Trámite: - Recibo, túrnese a la Primera Comisión.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con toda atención me dirijo a usted, solicitando la autorización correspondiente pata aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito Militar "José María Córdova", que me otorga el gobierno de Colombia.
Aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Apatzingán, Michoacán, a 23 de octubre de 1990. - El coronel de infantería diplomado de estado mayor, Alfredo Montes Salgado. (5000827).»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de la Defensa Nacional.
Ciudadano Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
Me permito solicitar a ese honorable Poder Legislativo que de no existir inconveniente se me permita usar la condecoración Legión del Mérito en grado de Oficial que me fue otorgada por el gobierno de los Estados Unidos de América, por mi gestión como agregado militar, aéreo y de defensa en ese país, del período del 1o. de mayo de 1988 al 1o. de noviembre de 1989 y que me fue impuesta el 5 de septiembre pasado.
Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar ese honorable Congreso a mi solicitud, aprovecho la ocasión para saludarlo
y patentizarle las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración y respeto.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Tapachula, Chiapas, a 4 de octubre de 1990. - Campo militar número 36, "General Ángel Albino Corzo". - El general de brigada, diplomado de estado mayor, comandante Ricardo Maldonado Baca."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
De conformidad con el artículo 37, apartado B, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito permiso para aceptar y usar la condecoración The Legión of Merit, grado de Oficial, que me fue conferida por el gobierno de los Estados Unidos de América.
Aprovecho la oportunidad para reiterar a usted las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
México, Distrito Federal, septiembre 28 de 1990. - El vicealmirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor Naval Jorge Orizaga Amezcua. (935345).»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Por medio de la presente me permito solicitar al honorable Congreso de la Unión permiso para desempeñar el puesto de Cónsul Honorario de Belice en la ciudad de Chetumal con jurisdicción en el estado de Quintana Roo.
A continuación sírvase encontrar mis datos personales:
Nombre: Francisco Edmundo Lechón Rosas; nacionalidad: mexicano; dirección: Rodolfo Sánchez Taboada No. 58, col. Plutarco Elías Calles, Chetumal, Quintana Roo.
Adjunto a la presente, envío mi acta de nacimiento original para los trámites necesarios para su autorización del puesto de Cónsul Honorario de Belice.
Agradeciendo de antemano al honorable Congreso de la Unión, la atención que se sirva prestar a la presente, quedo de ustedes.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 28 de agosto de 1990. - Licenciado Francisco Edmundo Lechón Rosas.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaría diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Por medio del presente escrito, el que suscribe, Raymundo Ricardo Aguilera Escalera, en mi calidad de ciudadano mexicano, solicito de la manera más atenta ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, el permiso correspondiente a que se refiere el artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de poder laborar en la Embajada de la República de Hungría en los Estados Unidos Mexicanos como funcionario administrativo.
Agradeciendo de antemano la amable atención que se brinde a la presente aprovecho la oportunidad para suscribir al honorable Congreso
de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, las seguridades de mi atenta consideración.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 4 de octubre de 1990. - Raymundo Ricardo Aguilera Escalera.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La misma secretaria:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Yo, Emma Ratcliffe González, ciudadana mexicana, con domicilio particular en Canal de Miramontes 162, col. Res Acoxpa, México, D.F., C.P. 14300, con fundamento en la fracción II, apartado B, del artículo 37 constitucional, me permito solicitar de usted se sirva hacer los trámites necesarios ante el honorable Congreso de la Unión para que pueda prestar mis servicios como auxiliar de contabilidad, al gobierno de los Estados Unidos de América en México.
Le adjunto copia certificada de mi acta de nacimiento para comprobar mi nacionalidad.
Agradezco de antemano la atención que se sirva dar a la presente y me es grato suscribirme a sus apreciables órdenes.
Muy atentamente.
México, Distrito Federal, noviembre 19 de 1990. - Emma Ratcliffe González.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
PROPOSICIONES
DEL ESTADO DE SINALOA
El Presidente: - Tiene la palabra el senador de la República, Bulmaro Pacheco Moreno, para dar lectura a una declaración relacionada con el desastre ocurrido en el estado de Sinaloa, suscrita por los legisladores de todos los grupos parlamentarios que integren la Comisión Permanente.
El senador Bulmaro Pacheco Moreno: - Declaración conjunta. Debido a los lamentables hechos y resultantes de los fenómenos meteorológicos que están afectando a la región norte del estado de Sinaloa y la región sur del estado de Sonora, los legisladores miembros de los grupos parlamentarios representados en la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, emiten la siguiente declaración conjunta:
"Primero. En virtud de los desastres ocurridos, los integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, expresamos nuestra solidaridad y apoyo a los pueblos y gobierno de los estados de Sinaloa y de Sonora.
Segundo. La Comisión Permanente manifiesta su interés y su preocupación, y convoca a intensificar los apoyos a los damnificados que con motivo de las lluvias recientes y el desfogue de las presas se han presentado y hace votos para que la población y los productores del campo afectados, superen esta difícil situación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los tres días del mes de enero de mil novecientos noventa y uno.
Diputado Guillermo Jiménez Morales, Presidente; senador Humberto Lugo Gil, por el Partido Revolucionario Institucional; diputado Eugenio Ortíz Walls, por el Partido Acción Nacional; senador Roberto Robles Garnica, por el Partido de la Revolución Democrática; diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista y diputado Roberto Jaramillo Flores, por el Parido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Muchas gracias.
DEL ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una proposición sobre demanda de juicio político en contra del Congreso del Estado de Chiapas.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El compromiso y la obligación de los masones en este país son, entre otros, los siguientes: "combatir las pasiones que deshonran al hombre haciéndolo tan desgraciado, practicando la caridad, socorrer a los hermanos física y moralmente evitando su infortunio,
no perdiendo ocasión y asistirlos con vuestros consejos y vuestras luces".
También entre los deberes de las órdenes masónicas, está la de someterse a lo que legalmente se os pida en su nombre, pues jamás se os prescribirá nadie digno del honor y de la virtud. Dentro del código moral masónico se establece: "adorar al gran arquitecto del universo, amar a tu prójimo, ama a los buenos, compadece a los débiles, huye de los malvados, mas no oséis a nadie, respeta a las mujeres, jamás abuses de su debilidad y muere antes de deshonrarlas."
Si el gran arquitecto del universo te ha dado un hijo, dale gracias, pero tiembla por el depósito que te confía, porque en adelante tú serás para ese niño la imagen de la divinidad. Haz que a los 10 años te tema, a los 20 te ame y hasta la muerte te respete. Hasta los 10 años sé su maestro, hasta los 20 su padre y hasta la muerte su amigo. Enseña a tus hijos buenos principios antes de que bellas maneras; que te daban una doctrina esclarecida, mejor que una frívola elegancia; que sean mejor hombres honrados que hombres hábiles; jamás juzguéis ligeramente las acciones de los hombres ponderándolas o condenándolas. ¡Dios es el único que puede valorizar sus obras!
Los anteriores y otros conceptos son los que rigen a lo masones, son los que dan valor y firmeza a su presencia, son los que en sí comprometen al individuo a defender al hombre en toda la dimensión de su vida.
Por ello, es inconcebible que los masones chiapanecos hayan aprobado la despenalización del delito del aborto y estuviesen de acuerdo con el artículo 136 del Código Penal del Estado de Chiapas. También resulta inconcebible que se hayan congratulado con la Quincuagésima Séptima Legislatura por el caso específico y las excepciones en que se deja de ser punible el aborto.
Su incongruencia va en contra de los más elementales principios de la hermandad masónica. Y por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, repudia la posición que asumen los masones firmantes de este documento.
Nuestro partido, en su "nueva era", se ha caracterizado por ser un instituto político nacionalista, revolucionario, constitucional y liberal.
Por estas razones no coincidimos en nada con la posición y forma de pensar de los seudomasones chiapanecos, y basta recordarlo que nuestro compañero de partido, ingeniero Héctor Calderón Hermosa, señala en su libro "El liberalismo social mexicano", en el cual sostiene: "los derechos humanos son básicamente dos: derecho a sobrevivir y derecho a superarse". En otras palabras cada ser, por el simple hecho de serlo, aspira a seguir siendo y a mejorar su forma de ser. Y es cierto. Los hombres que profesamos la ideología del liberalismo social, tenemos como principio la defensa de los derechos humanos, y el principal de esos derechos es el derecho a la vida.
Otra de las incongruencias que se han propiciado en torno a la despenalización, es la ilógica tesis que sustenta la senadora Blanca Ruth Esponda de Torres que ha expresado que la despenalización del aborto en Chiapas debe ser tomado como ejemplo nacional, porque más que un atentado a los derechos humanos, como pretenden enfocarlos algunos partidos políticos, es una respuesta a las demandas de la sociedad chiapaneca, que en algunas zonas carece de todo principio moral, por la falta de capacitación, y continúa afirmando la senadora Ruth Esponda, que en su estado natal la falta de cultura y educación en las zonas rurales motiva que las niñas entre los 10 y 14 años resulten embarazadas ante la falta de moral o bien por el fracaso de los anticonceptivos. Asimismo señaló la senadora, que ojalá que este fenómeno social despierte la conciencia nacional, porque en última instancia, las decisiones de abortar recaen en la esfera moral individual, no polarizada, de cada ser humano, en donde la ley protege la vida por demanda de la sociedad, que se pronuncia en favor de las modificaciones a la ley de aborto en Chiapas.
Por último, nuestra compañera legisladora afirmó: "todos aquellos grupos que se pronuncien en contra de las disposiciones soberanas del Estado de Chiapas, los exhorto a que salgan a las calles a recoger niños indigentes, marginados e indeseados que deambulan sin porvenir, ni provecho".
Esa tesis para la vida política nacional representa una realidad de prominentes miembros del Partido Revolucionario Institucional, los cuales desconocen cuáles son las principales funciones, no solo del gobierno municipal, del Estado o de la Federación, lamentablemente desconocen el contenido de los derechos individuales y sociales que enmarca nuestra Constitución, y por último, por satisfacer
intereses de carácter personal o de camarilla, desvíen los recursos del erario estatal o municipal que deben ser asignados para la asistencia social a lucrativos negocios que les propician inmorales ganancias personales.
También se está en contra de la tesis del Presidente de la República y miembro del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien a través del Programa Nacional de Solidaridad, intenta resolver los problemas sociales que afrontan todos los sectores de la población a lo largo y a lo ancho del país.
También a través de este programa de solidaridad se están construyendo jardines de niños, escuelas, clínicas y otros edificios y otros programas que permiten asegurar la vida de los mexicanos; si esto no es estar en contra de la política del jefe del Ejecutivo, definitivamente no entendemos la posición de muchos priístas. Pero compañeros legisladores, es innegable que la ignorancia de la mayoría de los integrantes de la LVII Legislatura del estado de Chiapas ha quedado plenamente evidenciada con su desplegado el día 31 de diciembre de 1990, en el cual, entre otras incongruencias, señalan: "los diputados católicos, que son la mayoría del Congreso, supusieron que el diálogo siempre será el mejor camino para la paz", como sostenía Pablo VI y que hubiera deseado recibir de esta jerarquía consejos prudentes. Sin embargo, los suscritos no suponemos dolo o mala fe de ellos, porque no fueron ni debida, ni honestamente informados y es evidente su desconocimiento ante los antecedentes jurídicos de Chiapas, en materia, y por ello no estuvieron en posibilidades de precisar cuáles son los alcances de lo que es en sí la reforma, para dar opinión fundada al respecto.
Lo anterior, es la afirmación responsable y honesta que los diputados del Congreso de Chiapas: Martha Ochoa Moguel, Francisco Zorrilla Rabelo, Francisco Pineda Aguilar, Mario Humberto Zapata Pérez, Joaquín Armendáriz Bejarano, José de la C. Inurrieta Gonzáles, Luis Aguilar Cueto, Jesús Burguette Constantino, Alberto Cal y Mayor Redondo y Javier Urrutia Alvarado, quienes presentaron la iniciativa al Congreso del Estado de Chiapas que dice: "los suscritos, diputados del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas, por las razones expuestas en el documento anteriormente y en ejercicio de las facultades de iniciar leyes que nos concede la Fracción II del artículo 27 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, proponemos las siguientes adiciones al Código Penal: artículo único. Se adicionan los siguientes artículos transitorios del Código Penal para el Estado de Chiapas.
3o. Se suspende temporalmente la vigencia de los artículos 134, 135, 136 y 137 hasta en tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos emita opinión definitiva al respecto, lo cual será considerada en el dictamen final sobre el tema que emita al Congreso.
Ante esta realidad el desconocimiento de la soberanía del estado y del congreso se evidencia por los diputados priístas del Congreso Local del Estado de Chiapas y tan sólo por no reconocer que las reformas y adiciones al artículo 136 del Código Penal de Chiapas se efectuaron sin pleno conocimiento ni consulta a la ciudadanía. Ahora resulta que las acciones del poder legislativo de cualquier estado deben estar sometidas a la opinión o censura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que bajo ninguna circunstancia debe convertirse en un órgano rector de todos los actos de gobierno; por ello demandamos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que abstenga de opinar en forma definitiva sobre la decisión que sólo compete al Congreso del Estado de Chiapas o de cualquier entidad del país.
Por otra parte, es claro que el gobernador del estado de Chiapas, no está actuando en plena comunicación con sus gobernados, si bien es cierto afirmó que las reformas al artículo 136 se fundaron en una encuesta con la sociedad chiapaneca que arrojó saldo positivo para la modificación. La reacción que ha provocado la divulgación de las reformas antes citadas, deja en evidencia al ejecutivo y al legislativo del estado de Chiapas, en el sentido de que nunca se practicó en forma abierta, unánime y directa, consulta alguna con la comunidad estatal. En consecuencia, si se pretende actuar en congruencia con la voluntad de los representados, se debe derogar las adiciones y modificaciones que se introdujeron al Código Penal del Estado de Chiapas en materia de despenalización del aborto, o bien, se puede actuar como ya es tradición en la Cámara de Diputados, congelando las reformas que son objeto del repudio social de los chiapanecos y de la nación.
Por ello y porque los legisladores del estado de Chiapas están violando la soberanía del congreso, en su oportunidad el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presentará ante esta soberanía para que se turne a la Cámara de
Diputados el correspondiente juicio político por la responsabilidad en que incurren los legisladores del estado de Chiapas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la senadora Blanca Ruth Esponda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para alusiones personales.
La senador Blanca Ruth Esponda Espinosa: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: El orador que me precedió en el uso de la palabra hizo una serie de señalamientos, algunos de ellos incluso de manera titubeante, pero no por ello dejan de ser señalamientos que involucran una interpretación o una seudoreproducción de afirmaciones que se me atribuyen.
Y es por eso, señor Presidente, que he pedido el uso de la tribuna, porque desde que el estado de Chiapas, el Congreso Libre y Soberano del Estado de Chiapas decidió modificar algunas disposiciones del código penal de aquella entidad, se suscitó un debate nacional, y desde el inicio yo me permití señalar a los medios de comunicación, y ahora aprovecho esta magnífica oportunidad para hacerlo en esta tribuna, que me parece a mí que el pacto federal se sustenta precisamente en lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución General de la República y que a la letra dice:
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estos libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esa ley fundamental".
Por lo tanto yo he considerado, desde el inicio de éste y de cualquier otro debate que se suscite a partir de legislaturas locales, que compete exclusivamente a los chiapanecos representados a través del Congreso de su Estado, establecer las modificaciones que estimen pertinentes a la legislación que se dan en el orden local.
Y en materia de población es importante subrayar que tenemos una Ley General de Población que establece la concurrencia del orden local con el orden federal y que sólo contiene algunas disposiciones normativas para el orden federal. Por lo tanto la legislatura del estado de Chiapas ha legislado en función de disposiciones constitucionales; que no ha habido ninguna violación al orden constitucional y que como aquí lo señaló quien me antecedió en el uso de la palabra e hizo una denuncia para los masones firmantes, dicha figura no aparece tampoco consignada en el artículo 110 constitucional que establece responsabilidad para los servidores públicos.
Por lo tanto, considero, señor Presidente, que aquí se ha hecho una denuncia, que la Comisión Permanente no tiene facultades para tomar intervención en este asunto y que simplemente me he permitido rectificar hechos con relación a declaraciones atribuidas a mi persona. Muchas gracias.
La diputada María del Carmen Segura Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra, para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, para hechos.
La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Señor Presidente; señores legisladores: Me he permitido hacer uso de la palabra para rectificar hechos planteados por los dos oradores que me antecedieron, así como precisar la posición del Partido Acción Nacional respecto al tema del aborto.
Dice el diputado Oscar Mauro Ramírez que es ilógica la tesis de la senadora Blanca Ruth Esponda, de que debe ser tomado como ejemplo nacional el caso de Chiapas. Yo estoy de acuerdo con la senadora Esponda, de que es un ejemplo nacional, sí, efectivamente, pero para que no caigamos en este caso en el resto del país, porque así como hubo protestas airadas de la sociedad chiapaneca, que ante el ejemplo a que se refiere la senadora Esponda, respondió con otro, y ése sí digno de ser secundado, por que esta sociedad fue capaz de defender con valentía el derecho a la vida.
Estamos conscientes de que hay una gran problemática a resolver y que tiene implicaciones educativas, económicas, jurídicas, demográficas, de salud, política, y, ¿por qué no decirlo?, hasta de índole moral y de índole religioso.
Sabemos que hay abortos clandestinos que ponen en riesgo la vida de la madre, embarazos
producto de una violación, carencias económica, o bien, presiones externas. Por estos problemas sociales debemos atacarlos por medio de soluciones también de índole social, ya que si abrimos la puerta ahora a la legalización del aborto, más adelante lo haremos a la eutanasia y así hasta llegar al extremo de legalizar el genocidio.
En cuanto al problema de fondo, resulta paradójico que con el argumento de que se debe proteger la vida de una madre, se prive de la vida a un ser indefenso. Para un violador no hay una pena de muerte y para este ser que ni siquiera puede esgrimir el derecho que tiene a vivir, el menos culpable y el más débil, sea condenado a muerte.
Se dice que la madre tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo; efectivamente, una madre es libre para decidir si se embaraza o no, pero una vez embarazada debe hospedar a un ser que no forma parte existencial de ella y en consecuencia no puede disponer de dicho ser como si fuera parte de su propio cuerpo.
Es de escencia democrática reconocer que ningún hombre ni grupo de hombres son creadores de sujetos de derecho, por eso con toda precisión señala Ratbruck que la ciencia jurídica tiene que recordar nuevamente la milenaria verdad de que existe un derecho superior a la ley, es natural ese derecho racional o divino, frente al cual el entuerto sigue siendo entuerto, aun cuando aparezca revestido de formas legales.
Desconocer lo anterior nos llevaría a consecuencias catastróficas como sucedió en Alemania con Hitler, en donde se constituyó al Estado como creador de derechos y se llegó al extremo de exterminar a miles de judíos.
En México, país que suscribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 3o. consagra el derecho a la vida, que en los informes de gobierno de Carlos Salinas se defiende el respeto a los derechos fundamentales, que en diversas disposiciones legales se habla de la garantía del respeto a la vida, debemos ser congruentes con esta trayectoria y reconocer y garantizar el derecho que tiene un ser humano aun no nacido a vivir, conscientes de que no hay democracia si no hay respeto irrestricto por la vida del otro.
SOBRE EL CONFLICTO DEL GOLFO PÉRSICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una declaración conjunta.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Llamo a los parlamentos del mundo: En virtud de los últimos acontecimientos en Medio Oriente, a partir de los cuales se integró una fuerza multinacional que, acatando la resolución del Congreso de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ha sido autorizada para hacer uso de la fuerza a partir del 15 de enero de 1991, a fin de resolver el conflicto, por el compromiso de todas las naciones con la causa de la paz entre los pueblos y los hombres, y el afán de promover la solución pacífica de los conflictos por medio del derecho y la negociación política, los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de México, formulan el presente llamado a los parlamentos del mundo:
«Primero. Que los parlamentos del mundo emitan una declaración para preservar la paz en la Tierra, y
Segundo. Que los parlamentos del mundo se dirijan a la Organización de las Naciones Unidas, instando a ésta a realizar una reunión extraordinaria de su asamblea general o del consejo de seguridad, para impedir que se desate un conflicto bélico en el Golfo Pérsico.
México, Distrito Federal, a 3 de enero de 1991. - Partido Revolucionario Institucional, diputado Guillermo Jiménez Morales; Partido Revolucionario Institucional, senador Humberto Lugo Gil; Partido Acción Nacional, diputado Eugenio Ortíz Walls; Partido de la Revolución Democrática, senador Roberto Robles Garnica; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala; Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras, y Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Roberto Jaramillo Flores.»
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se aprueba el pronunciamiento.
El secretario senador Gustavo Almaraz Montoya: - En votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la
afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Comuníquese.
SOBRE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Antonio Gándara Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre la libertad de expresión.
El diputado José Antonio Gándara Terrazas: - Señor Presidente; honorable asamblea: Los trabajos formales de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión se inician a menos de 72 horas de un lamentable suceso que no debe pasar desapercibido. Después de siete años cesaron las emisiones de los programas Voz Pública e Inocente o Culpable, a través de XEX, del sistema Radióplis.
Este hecho cobra especial importancia en el caso de Voz Pública, ya que se había constituido en tribuna de la sociedad y verdadero medio de expresión de los más desvalidos. No sólo cumplía con su deber de informar, sino que propiciaba el diálogo y el desarrollo de una conciencia colectiva, así como la democratización mediante la manifestación de las ideas y de los problemas del pueblo.
Como en el caso de cualquier asesinato, la pregunta obligada es: ¿quién puede resultar beneficiado al silenciar este espacio de comunicación? El proceso deductivo nos señala dos sospechosos, sin descartar una posible asociación entre ellos.
¿Quién puede tener interés en ponerle mordaza al pueblo? ¿A quién le preocupa que la sociedad civil adquiera conciencia y se comunique? ¿A quién le preocupan las críticas de los ciudadanos? ¿Quién puede resultar perjudicado en un año de elecciones? ¿Quién ha demostrado en el pasado que la libertad de expresión y el derecho a la información sólo debe llevarse a los discursos, mas no a la práctica? ¿Quién puede ser tan temerario que crea que la inconformidad va a desaparecer porque se le cancelen canales de comunicación a los inconformes? ¿A quién le puede molestar que hable México?
Por otra parte, ¿quién se declaró soldado del Presidente? ¿Quién ha demostrado tantas veces su capacidad de autocensura? ¿Quién puede olvidar que las empresas no sólo no deben generar utilidades, sino cumplir con una responsabilidad social? ¿Quién puede ceder a una presión por el temor de perder una concesión? ¿Quién puede pretender ignorar que no se le puede dar tribuna al pueblo para después quitársele impunemente?
Sea quien sea el culpable o los culpables, los diputados del Partido Acción Nacional, protestamos enérgicamente porque se le prive de ese medio de comunicación a los ciudadanos, y felicitamos a don Paco Huerta y a quienes como él les han dado voz.
Estamos convencidos de que la nación no podrá salir adelante sin una democratización plena, la cual incluye el cabal respeto al derecho a la información y la existencia de medios que permitan la libre expresión.
Por lo anterior, hacemos un llamado a quienes hayan cometido el error de cancelar este medio de comunicación al pueblo, para que se lo restituyan a la brevedad posible. Muchas gracias, señores.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar sobre el mismo tema, el diputado José Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Creemos que hay expresiones en la vida pública del pueblo de México fundamentales, a nuestro juicio, una de ellas es la función, la labor de comunicar. Y como aquí se expresó hace unos momentos, este año inició la desaparición de un programa de radio popular, donde miles y cientos de voces se expresaban como un canal para manifestar inconformidades o beneplácitos del acontecer cotidiano. Esto es preocupación para los legisladores, es preocupación para la comunidad, porque son síntomas inequívocas de autoritarismo, son síntomas de expresiones autoritarias que nuestro pueblo quiere recordar.
Durante mucho tiempo ya se ha denominado familiarmente a los medios masivos de comunicación como "el cuarto poder", refiriéndose seguramente a la forma complementaria y de gran influencia que llegan a ejercer sobre la sociedad. Calificativo, a nuestro juicio, erróneo, pues contradice los más elementales conceptos de la teoría de la comunicación, que marca
parámetros muy específicos para la función que los medios deben ejercer.
La palabra "teoría", en su más estricto sentido etimológico se refiere a contemplación, en tanto que la "comunicación", se define como el proceso mediante el cual el emisor y el receptor intercambian información, mensajes de los más diversos tipos y contenidos. Por eso mismo es que los medios de comunicación para poder contemplar al poder con objetividad, necesitan mantenerse a suficiente distancia; diferenciarse claramente del objeto que critican o analizan; hacerlo desde su propia perspectiva.
Por su parte, quienes practican el poder público deben estar muy cerca de él, dejarse envolver por él, asumirlo como parte de su propia naturaleza. Sólo así pueden ejercerlo con maestría y suficiencia. Cuando se confunde esta polaridad de función se cancela. Si los encargados de ejercer el poder se dedican a teorizar sobre él, a contemplarlo, pierden su profundidad y malgastan su tiempo en trabajo que no les competen y descuidan la que es su verdadera misión.
Por su parte, si los que comunican no están a debida distancia y se dejan envolver, engatusar por sus mieles, dejan también de cumplir con la misión de información y crítica que la sociedad les da, les ha encomendado.
La distancia de objetividad, la cercanía al poder quita independencia y resta validez en los juicios. Hay sin embargo quienes no lo entiendan así; medios de comunicación que al oficializarse confunden el que es su objetivo y se vuelven meros voceros al poder público, altoparlantes del gobierno, de un gobierno que en su autoritarismo puede también malinterpretar la función crítica de los medios y pretender borrarla desapareciéndolos, sin considerar que son ellos la conciencia de la sociedad, se resumen, su proyección. Eso fue lo que aconteció nuevamente con el programa que conducía el periodista Paco Huerta, Voz Pública. Pretendió quedarse una vez más, olvidando que a millones de ciudadanos es imposible callarlos y que son ellos quienes a largo plazo hacen gobierno, delimitan la función y el rumbo de la autoridad. La voz del pueblo puede callarse temporalmente pero su fuerza devastadora algún día estalla y hace oír definitivamente su expresión.
Los medios masivos de comunicación no inician el proceso, sino que retoman el sentimiento masivo ya existente en una sociedad; exponen el punto de vista que la gente tiene sobre una cuestión o asunto y lo sacan a la luz pública para transportarlo a una etapa que muestra la madurez de la democracia, la parte crítica, la del debate, que termina de moldear la opinión y genera en la propia sociedad, acciones que le acercan a la solución de las cuestiones que se han puesto sobre el tapete.
El proceso de formación de la opinión pública es muy importante y no debe ser subestimado sino entendido, analizado y empleado para transmitir que la riqueza de la interacción social genere respuestas a los problemas de la comunidad. Ahí estriba el valor de los medios de comunicación. En ello reside la posibilidad de contribuir decisivamente a la formación de la opinión pública y al mantenimiento y salvaguarda de la libertad de Prensa como protección contra la tiranía política. Como vehículo para promover la verdad y como la adecuada ejecución del cuarto poder, así llamado por algunos.
La vigilancia del gobierno, el mecanismo para hacer que la democracia funcione por eso es que censurar es decir excluir deliberadamente material de la corriente informativa con el fin de moldear las opiniones y actos de otras personas, es un esfuerzo por impedir o desalentar la discusión del material que alguna autoridad considera objetable. Es un modo deleznable de servir a la sociedad, de impedir expresar a sus miembros y de iniciar un proceso que sólo puede conducir a la inconformidad generalizada de sus diferentes matices, que pueden concluir con la violencia.
La voz del pueblo es la voz de Dios, decían los antiguos. Y no se equivocaban, porque sabían que en ella estriba la fuente de toda verdad, de justicia, de planteamiento de soluciones importantes para los grandes problemas nacionales.
Con la censura del programa Voz Pública, el gobierno ha perdido mucho; ha perdido la opción de escuchar, de conocer el pensar y el sentir de sus gobernadores y orientar sus acciones por ese camino, y ha ganado enemigos inconformes; resentidos, entre la gente que no ha podido, que no podrá ya en el futuro seguir emitido, por ese conducto, su propia verdad.
La democracia mexicana, los derechos humanos en México, también han retrocedido.
Aquí habría que recordar las palabras de uno de los locutores que dice: "Las voces de
Tejupilco, tal vez callaron Voz Pública". ¡La orden vino de arriba! Muchas gracias, señores. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y en turno, también sobre el mismo tema, el senador Julio Patiño Rodríguez.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se ha caracterizado en su nueva era por ser un defensor permanente de las garantías sociales, de los derechos individuales que consagra el Pacto Federal de 1917.
La realidad en este problema, en esta cancelación de la difusión de un programa de radio, tiene que ver con el nivel de concientización, de politización, que está logrando y ha logrado la radio a nivel del Distrito Federal y a nivel de las distintas entidades del país.
Es indudable que en este país las radiodifusoras están en una permanente amenaza de perder la concesión por razones de carácter puramente político o por razones de atentar en contra de algunas instituciones que desafortunadamente no transitan por el marco constitucional.
En México la radio ha permitido y está permitiendo, un medio de comunicación permanente entre los ciudadanos. Los programas de radio como el de Pepe Cárdenas, Enfoque, difundido a través de Estéreo Cien, también sufrió las consecuencias a las que se le condenó a Paco Huerta.
Afortunadamente Paco Huerta ha reiterado en distintas ocasiones que tarde o temprano le cancelarían la emisión de su programa. El sabe, y sabía perfectamente que su posición de conscientizador, que su posición de politizador, que su posición de educador de la sociedad, en un momento determinado, le ocasionaría éste y otros problemas.
El en ocasiones, las mismas grabaciones de que era objeto las intervenciones del pueblo en su programa de radio, señalaba públicamente que las enviaba a las autoridades competentes, no para que escucharan la crítica del pueblo, sino con el propósito de que solucionaran las demandas de la comunidad, esas demandas que desafortunadamente no llegan a los oídos de los funcionarios públicos, porque estos desafortunadamente no gobiernan de puertas abiertas con el pueblo.
En el Distrito Federal, si bien es cierto, en algunas ocasiones y no de manera permanente, nos encontramos al regente de la ciudad transitando por algunas zonas que previamente le son programadas, también es cierto que desconoce muchas realidades de esta metrópoli.
En las distintas entidades del país los campesinos, las zonas rurales, urbanas y suburbanas, solamente tienen un medio de información y ese medio de información es la radio; de permitir que continúe esta represión en contra de los informadores de la radio, estaremos permitiendo que se conculquen los derechos que consagran los artículos 6o. y 7o., de nuestra Constitución; es un derecho que a todos los mexicanos les asiste, el de expresarse, el de informarse y el de difundir lo que no atente en contra de los derechos de terceros.
Ahí también, en esta represión de carácter político cayó el programa de Nino Canun, y así sucesivamente la represión se va generando en contra de todos los informadores.
Aquí en esta Cámara de Diputados, en alguna ocasión también se permitía o se intentaba dejar a los informadores fuera del recinto, en comunicación directa con los legisladores; afortunadamente la madurez de los legisladores, la tradición ha permitido que los informadores estén en plena comunicación con la realidad de los representantes de la nación.
También dentro de esta realidad, sigue quedando en el aire el derecho de los informadores y el derecho, más que nada, a recibir una retribución justa.
El Presidente de la República, el año pasado se comprometió a enviar a la Cámara de Diputados, una reforma para dar a los informadores, reporteros, etcétera, un salario profesional. Hasta la fecha los informadores al igual que la mayoría de los mexicanos, los obreros, los no asalariados y otros grupos sociales, siguen viviendo de los miserables incrementos que se otorgan a los mexicanos.
Algunos medios de información como Uno más Uno y otros periódicos, sobre el incremento del salario, han otorgado nuevos estímulos para el ejercicio de la profesión del reportero.
En la radio desafortunadamente ha quedado marginado este derecho y ha quedado
marginado porque el informador, el reportero de radio se encuentra más limitado en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo; la radio por su misma dimensión de tiempos no permite al reportero ni al comentarista ampliarse lo suficiente como para provocar crisis políticas en este país; lo único que hace es dosificar la información, lo único que hace es medio informar a la población lo que acontece en el país.
Todos sabemos que la televisión cubre algunos aspectos de la información, algunos aspectos de noticia y muy pocos, muy pocos comentarios que concienticen a la población, a excepción de los "intereses que manejan las empresas televisoras". Como es el caso de lo que ellos produjeron, concretamente en el caso de Televisa, de lo de la revista Vuelta. Un diálogo que se dio importante, sobre temas de trascendencia en la vida social y política de este país.
Pero de ahí, otros temas no han sido abarcados. La televisión se encuentra cerrada a la mayoría de la población; se encuentra cerrada a la información veraz y oportuna.
Ahí, en la televisión, se maneja más el sensacionalismo; se maneja más a la espectacularidad; se maneja más el contacto con las altas esferas del gobierno. Si no, recuerden ustedes lo acontecido el día de ayer. Para saber lo que acontecía en el estado de Sinaloa, hubo necesidad de acudir con el gobernador y el gobernador acudir con los reporteros por las zonas de desastre de ese estado.
Pero hay muchos problemas que la televisión no informa. Desafortunadamente tenemos, dentro de la realidad nacional, un programa que se denomina ECO, pero que no es eco de la realidad nacional; es eco de lo que acontece en Uganda, en Catanga, en Biafra y ahora en Golfo del Pérsico. ¡ Pero lo que acontece entre los mexicanos, ECO no hace eco de ello!
Por ello demandamos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de las instituciones que tienen que ver con la cancelación de este programa y de los anteriormente mencionados, se les permita continuar en el aire, porque a fin de cuentas el pueblo sigue viviendo de eso: ¡de promesas que el Estado tan sólo deja en el aire! Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador de la República Julio Patiño Rodríguez, para hablar sobre el mismo tema.
El senador Julio Patiño Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: he pedido hacer uso de la palabra, para hacer algunas precisiones en relación a este tema, y dado de que hubo algunas insinuaciones y algunas alusiones muy directas que es conveniente aclarar perfectamente.
En primer lugar, nuestro Partido se pronuncia categóricamente por el respeto a la libertad de expresión, que en este país es vigente y está plenamente garantizada en función de lo dispuesto por el artículo constitucional respectivo. Es más, establece la obligación para que el Estado garantice el derecho a la información.
Y en base a esa situación, el gobierno ha sido escrupulosamente respetuoso de este sagrado derecho que tenemos los mexicanos. Y en nuestro Partido propiciamos, día a día, esta libertad de expresión como un fortalecimiento de la democracia. Y es muy importante dejar establecido que en este asunto que se ha estado comentando, se trata no de un acto de autoridad; no hay ninguna disposición escrita o insinuación hacia cualquier estación de radio para que este derecho se vea menoscabado. Estamos frente a una relación comercial entre periodistas, comentaristas y concesionarios, y en donde se involucran, como les decía, asuntos de carácter comercial. Es mentira que el gobierno esté amenazando a las estaciones de radio con cancelarles sus concesiones por programas radiofónicos en donde se debatan asuntos de interés nacional o donde se está criticando al gobierno o a distintos partidos, incluido al nuestro.
Eso no puede ser de ninguna manera aceptado, y además porque la propia ley de la materia señala expresamente cuáles son las causas para poder cancelar o revocar una concesión de esta naturaleza. Así es que esto no puede constituirse en una amenaza.
De esta situación podemos concluir categóricamente que este asunto corresponde a otro ámbito, no es al ámbito de las autoridades. Es un caso similar al de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos, que solamente puede ser llevada a cabo por cualquier autoridad. Si un particular "viola derechos humanos" de otro particular, pues está en otra hipótesis jurídicas, no estamos en esa situación. Y aquí se trata simple y exclusivamente de un asunto que corresponde a otro ámbito, al ámbito privado, al ámbito comercial, a la relación que tiene un prestador de un servicio y un concesionario. Allá es en donde se tienen que hacer todas esas gestiones. Y más contundente aún,
y esto queda de manifiesto, con que pongamos el radio en la mañana, en la tarde o en la madrugada, y a cualquier hora encontramos noticias, comentarios, inclusive de la misma estación del gobierno, de radio educación, en donde yo he oído comentarios demoledores, y es el gobierno. Así es que esta razón, esta situación está perfectamente clara. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hechos tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente: Dice el senador Julio Patiño Rodríguez que la Secretaría de Gobernación, o que ninguna autoridad impide a las radiodifusoras parar un spot o un programa.
Yo le voy a decir que sí lo impide. RTC, por ejemplo, en relación a las elecciones del 11 de noviembre en el estado de México, el Partido Acción Nacional convocó o pretendió convocar, vía radio, a la ciudadanía para que asistiera el 20 de noviembre a un evento precisamente de repudio al fraude electoral en el estado de México, en el Ángel de la Independencia. Recibimos de varias radiodifusoras, de cuatro, un comunicado donde nos decían que una alta funcionaria de RTC les había pedido que no transmitieran los spots, y tenemos las pruebas. No las tengo en este momento, no sabía que se iba a tratar, pero tenemos las pruebas en el momento en que ustedes las quieran analizar. Era un spot que no tenía nada, ninguna agresión a nadie, convocábamos a un acto de resistencia civil pacífica.
Yo quisiera, por otro lado, preguntarle a quien corresponda, sabíamos que se nos iba a decir aquí que no era una acción de gobierno, que el gobierno no tiene nada que ver en este asunto, que es la iniciativa privada, y volvemos nuevamente a los problemas de siempre, a Televisa, y es Televisa ahora la que evita que este programa se siga transmitiendo, y se le está quitando la oportunidad a miles y miles de mexicanos de humildes, de sencillos mexicanos, de expresar sus ideas a través de la radio; se les está quitando la oportunidad a todos esos trabajadores de la radio, novatos, porque Paco Huerta, como le decíamos, daba la oportunidad a muchos, a muchos reporteros civiles o reporteros que acababan de salir de la escuela.
No solamente permitía la denuncia civil, porque la denuncia se permiten en todos los foros, que se denuncien hechos, pero también no solamente la denuncia, sino el actuar de personas que trabajan para el programa de "Voz Pública", que trabajaban sin recibir ningún honorario y que eran ciudadanos que se dedicaban a resolver los problemas de otros ciudadanos a nivel nacional, no se diga a nivel del Distrito Federal, porque había mucha más actuación en este aspecto. Entonces, era la denuncia, el actuar y el resolver muchísimos problemas; no es en si el periodista Francisco Huerta al que se le están violando sus derechos o se le está quitando el empleo, es a todo un grupo de trabajadores y es a un sin fin de personas a las que se les permitía que mediante ese programa denunciaran, ¿a quién?, pues autoridades o no autoridades ahí eran denunciados.
Nosotros creemos que sí se viola el artículo 6o constitucional, al impedir a esta gente que transmita sus opiniones, vía este programa. Primero se le premia a Paco Huerta con el Premio Nacional de Periodismo "Manuel Buendía" y luego se le castiga evitando esto. Y no debemos olvidar que en 1982 ya le hicieron una cosa parecida, precisamente por el actual senador Netzahualcóyotl de la Vega, se impidió que su programa siguiera en Radio ABC. Yo creo que debemos tomar conciencia y ver cuál es el fondo del problema, yo creo que el caso de Tejupilco únicamente fue la puntilla que dio como resultado que se cancelara este programa. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Dionisio Pérez Jácome (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?
El diputado Dionisio Pérez Jácome (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Dionisio Pérez Jácome.
El diputado Dionisio Pérez Jácome: - Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros de la Comisión Permanente: Me parecieron interesantes los comentarios del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, pero en ningún momento encontré en ellos una contradicción que pudiese desvirtuar los planteamientos serios y concretos que hizo el señor senador Patiño hace unos momentos.
Yo fui invitado muchas veces por el señor diputado, por el señor locutor, por el amigo personal Francisco Huerta a su programa, compartí inclusive foros con muy ameritados legisladores del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, no sólo en
términos de asuntos que se estuvieran tratando de materia política, también en este foro de opinión nacional que es la tribuna de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente; dialogamos sobre muchos temas y creo que fue fructífero el resultado, que la opinión pública se informó adecuadamente y que el programa, en efecto, representaba un vínculo de unión, de conexión, de solidaridad nacional; eso, que no quepa la menor duda es la posición de mi partido. Lo que yo encuentro es que una decisión de un concesionario, motivada por razones de rating de tipo comercial, o de costos de un programa, pueda estar influida de alguna manera por la autoridad; ha sido respetuosa, se ha caracterizado este gobierno por una absoluta tolerancia, cual debe ser, así lo establecen la Constitución y las leyes; a todas las expresiones de apoyo o de crítica de los medios de comunicación social, creo que a todos nos consta, hemos sido partícipes o en su caso hemos sido objeto de consideraciones críticas sobre nuestra actuación.
Definitivamente no hubo ni tiene por qué haber una condena o una sanción de parte de la autoridad, en una decisión que como recordaba la persona que me antecedió en el uso de la palabra, se produjo por otras razones, en su caso que también fueron ya debatidas y que posteriormente dieron lugar, para fortuna del auditorio de don Paco Huerta, a una reanudación de su programa en otra estación y en otro horario. Creo que eso es lo que debe quedar plenamente claro, indubitable, no hay ni puede haber una sanción o una condena del gobierno a un vehículo tan importante de la opinión pública, como es un programa radiofónico. Ojalá, hago votos personales, por que en ésa o en otra estación pronto podamos escuchar nuevamente el programa de mi amigo Paco Huerta que naturalmente en nada condena o en nada contradice ese mismo espíritu al que ya he aludido, que inspira también como en su programa, los actos de gobierno. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortíz Walls, para hechos.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso de la Presidencia; senadores, diputados: Este asunto que llama nuestra atención no es simplemente un hecho aislado, es algo que es consustancial al ejercicio de derechos fundamentales, tanto a los que se expresan en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como los que están consignados como garantías individuales en nuestra Constitución.
En el proceso, de la comunicación, quienes hemos, por algunos años, caminado esos recodos, el problema no es solamente tan simple de emisor, medio y receptor; en una sociedad democrática, el receptor que llegar con su voz al emisor para que el proceso de comunicación sea un proceso democrático. Nosotros queremos una sociedad democrática y una sociedad democrática no puede darse cuando se hacen de lado los derechos fundamentales y el problema de la comunicación en México es muy especial, ciertamente existe un régimen de concesiones y yo no sé hasta qué punto sean monopólicas o sean de maridaje, nadie sabe en México hasta dónde la iniciativa privada que maneja la comunicación es responsable, porque el gobierno la apoya o, al contrario, el gobierno es responsable porque cuenta con quienes manejan los medios de comunicación.
Es necesaria una revisión de las leyes en la materia y la adecuación de los reglamentos. No es posible que en México el problema de la comunicación siga teniéndose como una cuestión de privilegio; queremos el cambio, y el cambio que en Rusia le llaman ahora Perestroika, tiene también un gemelo que es la Glasnost; necesitamos transparencia en la información, y no puede haber transparencia en la información si no hay participación del pueblo, apertura de los canales; el pueblo no puede fundar, como ciudadanos aislados, cada quien su periódico y menos tener una concesión que por ejemplo los partidos políticos en México pues no han logrado, a pesar de que ha habido intentos, de tener oportunidad de canales propios para expresar sus ideas.
Hubo insinuaciones de todos, lados, como dijo el senador Patiño Rodríguez. Y él mismo insinuó que el responsable de este caso del programa de "Voz Pública" es la empresa que maneja el negocio. Dijo que todos estaba aclarado, y luego el diputado Pérez Jácome nos habló de tolerancia; no es un problema de tolerancia, es un problema de ejercicio de derechos fundamentales, y donde no hay libertad de expresión, quiérase lo que se quiera, dígase lo que se diga, no hay democracia. Muchas gracias, señores.
SOBRE EL CONFLICTO DEL GOLFO PÉRSICO (II)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar en torno a los soldados.
de origen mexicano que se están enviando al Golfo Pérsico.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El desempleo, la crisis económica y la pobreza a la que se ha sometido a los mexicanos en las distintas regiones del país, ha originado que miles de compatriotas emigren a los Estados Unidos con la intención de obtener recursos suficientes para la subsistencia de sus familias dentro del territorio nacional.
Familias enteras se acogieron hace meses a la Ley de Amnistía que propuso el gobierno norteamericano, mejor conocida como Simpson Rodino. ¿Y qué sucede en estos momentos, compañeros legisladores?, que las filas del ejército norteamericano ubicadas en el Golfo Pérsico ahora se encuentran integradas no con norteamericanos sino con mexicanos, chilenos, salvadoreños, cubanos y en suma, la mayoría de ellos latinoamericanos; el 60% de los efectivos del ejército norteamericano son latinoamericanos.
Por otro lado, en la actualidad los jóvenes que residen en la zona fronteriza con Estados Unidos están siendo invitados por el gobierno norteamericano a integrarse al servicio militar para servir a los espurios intereses del imperialismo, en una posible guerra que se desatará en el Golfo Pérsico, en la cual nuestros compatriotas sólo servirán como "carne de cañón"; la mayoría de los jóvenes mexicanos que ahora son convocados por el ejército norteamericano no desearon ni nunca aspiraron haber nacido en suelo norteamericano. No fue ni ha sido su voluntad la de ser parte del país en el cual las libertades y los derechos del pueblo sólo son manejados como una táctica, como una cifra y como un nivel, para garantizar la riqueza o la pobreza de la nación.
Los jóvenes militantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que radican en Baja California,Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, no están obligados a formar parte de la milicia norteamericana, porque a fin de cuentas, es a México a quien deben su educación, su cultura y su familia. La invitación para demostrar el patriotismo por la nacionalidad, no es más que una invitación a formar parte de un ejército, con el cual nunca se ha estado comprometido.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha sido respetuoso durante toda su historia de la Doctrina Estrada y el gobierno mexicano así lo ha demostrado: respeta y ha respetado la soberanía y la forma de gobierno de cada uno de los estados. Bajo ninguna circunstancia nuestras leyes obligan a los nacionales a prestar servicio militar en cualquier nación, porque a cambio de ello recibirán la sanción de perder la nacionalidad mexicana.
En consecuencia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana convoca a los jóvenes de la frontera norte de nuestro país para que sin meditar la invitación que hace el ejército mexicano, renuncien a la nacionalidad y a los derechos que pudiesen tener con los norteamericanos y continúen viviendo y residiendo en nuestro país, porque no se requiere meditar invitación alguna para encontrarse con la muerte, ya que si participan con la realidad en el Golfo Pérsico su futuro no está en lo más mínimo garantizado.
Por ello, nuestro partido apela a la conciencia de la juventud, al nacionalismo de ellos, para construir en México lo que se requiera, para participar con México en la nueva realidad de esta patria. México requiere de su juventud, México requiere del esfuerzo de los mexicanos para salir adelante en las crisis que actualmente conforman la nación.
Que recuerden los jóvenes fronterizos mexicanos que su compromiso moral, cívico y político, lo tienen única y exclusivamente con México, donde, si bien es cierto, no han nacido, también es cierto han sido acogidos y educados.
Por ello, la invitación debe ser desestimada, a fin de que en México la juventud consolide su futuro, la autosuficiencia y la paz y la tranquilidad de que hemos vivido durante los últimos años.
Los jóvenes en México son necesarios para consolidar el avance tecnológico y el avance de la productividad, por ello, no deben aceptar la invitación que les hace el gobierno norteamericano. Su compromiso es con México y por ello el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana coincide con el pronunciamiento que el día de ayer formulara el señor Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, al fijar la posición del gobierno de México en el sentido de que no se enviarán tropas mexicanas al Golfo Pérsico. Con ello estamos y por ello pugnaremos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el Senador Roberto Robles Garnica.
El Senador Roberto Robles Garnica: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: El día de hoy, la prensa nacional da cuenta de una declaración formulada por el licenciado Carlos Salinas, en el sentido de que México no enviará tropas al conflicto del Golfo Pérsico.
Esta toma de posición, es una ratificación de una declaración del mismo licenciado Carlos Salinas, formulada el pasado 21 de agosto de 1990, en la que señaló, aquella declaración, que México, podría mandar a esa conflictiva región.
La rectificación que hoy se hace es oportuna, y se corresponde con la opinión de la inmensa mayoría, si no es que de la totalidad de los mexicanos. Pero siendo oportuna es insuficiente, ya que subsiste el alineamiento de México, a la política que impulsa el señor Bush en el Medio Oriente, y que consiste, por parte de México, en el suministro de cien mil barriles diarios de petróleo para la reserva estratégica de los Estados Unidos, reserva que como es sabido, está destinada para las necesidades bélicas de los proyectos de revistas norteamericanos.
El partido de la Revolución Democrática ha sostenido y sostiene, que México no debe involucrarse ni directa ni indirectamente en este conflicto, por lo que debe suspenderse ese suministro extraordinario de petróleo mexicano a la reserva estratégica de los Estados Unidos, y de plantear una solución pacífica y negociada del conflicto, que podría consistir, como hay muchas voces en el mundo que así lo demandan, en una conferencia internacional sobre el Medio Oriente, que aborde todos los problemas candentes de esa región, tales como el problema palestino, la crisis libanesa, la partición de Chipre y la ocupación del Sahara Occidental. Esta tesis ha ido ganando terreno, lo ha propuesto incluso el Presidente de Francia en la pasada Asamblea General de las Naciones Unidas. Es preciso ganar tiempo a la guerra. Nuestro país, en vez de involucrarse, así sea con una discreta diplomacia al lado de Estados Unidos, debe unirse a los que en todo el mundo demandan una solución pacífica y negociada. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador de la República Gustavo Almaraz Montaño.
El senador Gustavo Almaraz Montaño: - Honorable asamblea, con su permiso, señor Presidente: Yo siento que es muy importante que se declare muy detenidamente cuál es la situación de los norteamericanos o estadounidenses de origen mexicano o de origen latinoamericano, residentes permanentes por lo menos, en Estados Unidos, recordando que en Estados Unidos tienen tres status migratorios: el de residente permanente, el que tiene ya la nacionalidad y ser ciudadanos norteamericanos; también existe el de residente temporal y algunas otras características o categorías; sin embargo estas tres son las que no deben de interesar.
Quienes estén enrolándose en el ejército estadounidense, deben de tener por lo menos la residencia permanente en Estados Unidos; de otra forma, por ley, el ejército norteamericano no los puede registrar o enrolar, y menos en caso de una posibilidad de guerra.
Si el ejército norteamericano tiene un 60% de latinos o latinoamericanos, es muy ajeno a cualquier circunstancia de los jóvenes mexicanos, que no residen en Estados Unidos, que residen en México, aun en la frontera, porque veo que hay cierta confusión entre los jóvenes que viven en la frontera y los jóvenes que viven en Estados Unidos, que trabajan y estudian en Estados Unidos. Los jóvenes que viven en la frontera son tan mexicanos o más mexicanos que cualquiera que resida en territorio nacional. Inclusive, siento, es hasta ofensivo decirles que tienen un compromiso con México. Yo creo que los jóvenes mexicanos, residentes de la frontera, necesitan que los respetemos más. Creo que no es justo un discurso en estos términos, que pone en entredicho la mexicanidad de jóvenes que están entregados a la mejoría de sus familias y de su patria.
Es una verdadera falacia, espero que sea de buena fe; me imagino que puede tener algún tinte de nivel clientelar, pero hay problemas de carácter constitucional y de nacionalidad que impiden por completo cualquier circunstancia, como la que se está planteando en este caso.
Obviamente estamos de acuerdo en que nadie quiere una guerra, y que quien va a la guerra, pues obviamente no tiene garantizado su futuro, por lo menos no el de regresar. Pero eso no tiene nada que ver con ser latinoamericanos o ser de origen oriental o ser de origen norteamericano.
De que México requiere a su juventud, definitivamente así lo es. La requiere y no necesitamos recordárselos. Y estamos de acuerdo con el Presidente de la República en cuanto
a su posición muy clara respecto de no mandar tropas a ningún conflicto, por lo menos no al del Golfo.
Si queremos de alguna forma plantear circunstancias que van a poner en entredicho cualquier disposición del Ejecutivo, que está representando a la nación en un caso tan delicado, sentimos que otra vez tiene todo el matiz de un clientelismo innecesario y el juego y el manejo de conceptos en forma dolosa.
Está muy clara la posición de los jóvenes mexicanos, la posición del Presidente mexicano, y la de nosotros, los del Partido Revolucionario Institucional, respecto a un problema que no es problema que queremos ver como problema. Los mexicanos tenemos muy claro, aun los que vivimos en la frontera, dónde estamos y qué queremos. Con su permiso y muchas gracias.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia por violación a los derechos humanos en el estado de Yucatán.
La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Señor Presidente; honorable asamblea: Independientemente de que mi partido, el Partido Acción Nacional, ha acudido ya a diversas instancias que son competentes para conocer de los hechos fraudulentos, a raíz de las elecciones en el estado de Yucatán, en donde hubo violación a los derechos humanos, y que en algunos casos se han solucionado anulando el proceso electoral en algunos municipios, en otros casos, el régimen se ha visto obligado a reconocer los triunfos de la oposición, y en otros más aún no se resuelve cuál será su situación.
Me voy a referir por ahora a los hechos acontecidos en el municipio de Valladolid, en el mismo estado de Yucatán, y que motivaron la violación a derechos humanos de ciudadanos de ese municipio, así como la investidura de una diputada federal.
Con preocupación reconocemos que la represión acompañada con la violación de garantías individuales por parte de la autoridad, es ya frecuente en nuestro ambiente político - social.
Acabamos de pasar por la experiencia trágica de los hechos en Tejupilco. A sólo 17 días de este suceso, el 28 de diciembre, en el municipio de Valladolid en el estado de Yucatán, hubo violación a los derechos humanos contra un grupo de ciudadanos del municipio y el ataque a la diputada Luisa María Calderón Hinojosa, en demérito de su investidura de representante de la nación.
Los hechos sucedieron cuando un grupo de ciudadanos panistas se encontraban en el comité del Partido y llegaron elementos de la policía judicial y de la Secretaría de Protección y Vialidad del estado de Yucatán, sin mediar orden de aprehensión, destrozando parte del mobiliario y causando daños al local; con lujo de violencia detuvieron a 25 ciudadanos que fueron llevado al Centro de Readaptación Social del Estado.
El sábado 30 de diciembre aproximadamente a las cuatro de la tarde, durante el horario de visita, los diputados federales del Partido Acción Nacional, Benito Rosell Isaac, Luisa María Calderón Hinojosa y el diputado local Luis Alberto Rejón Peraza, acompañados de familiares de los detenidos, llegaron al penal a visitarlos. Y contra lo ofrecido un día antes por el secretario de gobierno, ingeniero Milton Rubio Madera, los guardias de dicho penal, negaron el acceso a los familiares y a los dirigentes panistas. La diputada Luisa María Calderón, logró introducirse y llegar hasta la zona donde se encontraban los detenidos. Pudo ver a 12 personas, varias de ellas golpeadas y heridas, de las cuales seis requerían atención médica, sin que hasta ese momento la recibieran. A la señora María Esther López de Falcón, con una costilla fracturada, así como un hombre de avanzada edad, no se les había dado atención médica. Ante tal situación la diputada Calderón acudió con el jefe de custodios: René Argáez o Argüelles, pidiéndole llamara a un médico; no obtuvo respuesta e insistió, a lo que se le dijo que el médico llegaría después de las 6.00 de la tarde. Acto seguido se identificó como diputada federal y señalo que se retiraría hasta que el médico revisara a los detenidos. Pero al dar las 5.00 de la tarde y ver los custodios que no se retiraba, cuatro de ellos con abuso de fuerza la arrastraron hasta la salida.
Esta actitud causó indignación a los diputados Rejón y Rosell, quienes reclamaron a los custodios y exigieron que de inmediato la soltaran. Con gala de cinismo el jefe de los vigilantes dijo responsabilizarse del hecho.
Seguramente que el gobernador de Yucatán, Víctor Manzanilla Schaffer, no desconoce la situación de inconformidad y represión que prevalece en Valladolid, por el resultado de las elecciones, al violentar la decisión del pueblo, y como depositario del ejecutivo estatal, él tiene responsabilidad en lo sucedido, desde el momento en que comanda a la policía de ese estado.
Es de muchos conocido que la Historia de México está plagada de actitudes de líderes políticos que hablan constantemente de democracia y que en los hechos emplean los más insólitos procedimientos antidemocráticos. Pero no es posible que concibamos la justicia por la vía de la injusticia; no es posible instaurar la paz desatando la violencia, ni llegar a la democracia empleando métodos antidemocráticos.
El sistema democrático implica no sólo el que una mayoría gobierne, sino además respeto al derecho de las minorías a opinar con libertad y a que dicha opinión se tome en cuenta. Y aún más, a participar en el gobierno por el reconocimiento de sus triunfos electorales en diversos ámbitos.
En el caso de Valladolid el pueblo creyó en elecciones limpias y acudió a las urnas. Pero los intereses del grupo en el poder las violentaron en complicidad con el congreso local que declaró válidas unas elecciones fraudulentas.
Es necesario que el régimen entienda que la actividad política no puede ser monopolio de un grupo prepotente, que confunde la estabilidad política de la nación con su permanencia en el gobierno; ni tampoco puede el pueblo pagar facturas políticas cuando hay pugna interna entre las facciones del partido oficial en el estado.
Cuando el gobierno, como en el caso de Valladolid, utiliza la fuerza y atenta contara los derechos de los ciudadanos y agrede a una diputada federal en su investidura, es temido, mas no respetado. Y mucho menos recibe la colaboración de los ciudadanos en las gestiones administrativas.
Quiero informarles que el día de ayer miércoles 2 de enero, el Partido Acción Nacional presentó denuncia formal ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por los hechos acontecidos en el municipio de Valladolid, Yucatán.
Señor Presidente: con fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34 y 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 21 fracción III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del Partido Acción Nacional miembros de esta Comisión Permanente, solicitamos a usted:
«Unico. Se sirva turnar esta denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, a fin de que investiguen los hechos en ella consignados y se actúe en consecuencia.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 3 de enero de 1991. - Diputados: Eugenio Ortíz Walls, Noé Aguilar Tinajero, José Antonio Gándara Terrazas y María del Carmen Segura Rangel.»
El Presidente: - Para la atención que proceda, túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las nuevas tarifas de Teléfonos de México.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández (desde su curul): - Señor Presidente: Para hechos por favor.
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: - Compañeros de la Comisión Permanente: a partir del 12 de diciembre, el país ha visto con una gran preocupación lo que ocurrió entonces y lo que podría ocurrir en el desesperante pasar de esos días cercanos al 12, en una pequeña población del estado de México.
La violencia estalló y a partir de entonces se acentuó la atención, no sólo en el lugar de los hechos, en Tejupilco, sino gracias a la enorme atención publicitaria que se le dio al caso, al lamentable estallido de violencia que se suscitó en ese lugar, y a las múltiples declaraciones realizadas, por una parte por el gobierno del estado, por el partido oficial, y por la otra, por miembros, dirigentes de mi partido, el de la
Revolución Democrática; Tejupilco cobró una importancia singular.
En una cascada de declaraciones, la opinión pública tuvo la oportunidad de darse cuenta de mucho de la realidad de lo que efectivamente ocurrió en Tejupilco; el tinte amarillista con el que se manejó en principio el problema, gradualmente se ha asentado y el reconocimiento de responsabilidades por ambas partes, de manera abierta en algunos casos, callando en otros, ha permitido que la opinión pública pueda normar un criterio más claro sobre lo que ahí ocurrió.
No es la pretensión de hacer uso de la palabra, el ventilar un asunto que pudiera establecer una controversia, sino informar sobre las actuales circunstancias por las que atraviesa este importante político que ha sido debatido con mucho interés por todos nosotros y en el país entero.
Podemos decir que gracias a una gran cantidad de pláticas que se han tenido entre el Partido de la Revolución Democrática y el gobierno del estado de México, se ha avanzado en el planteamiento que originalmente planteado por el Partido de la Revolución Democrática se vino manejando, de establecer un acuerdo político que permitiera superar el problema. Este acuerdo político, en principio, ha sido el no permitir que Gabino Ugarte, el presidente que tomaría posesión gracias, desde nuestro punto de vista, del fraude electoral cometido en el municipio, lograra llegar a la presidencia municipal y que en su lugar, también por acuerdo, se buscara una persona que pudiera tener capacidad de conciliar la situación tan tensa en el municipio de Tejupilco; es el caso que hay consenso ya entre los partidos políticos en estos mismos momentos en los que estamos debatiendo este asunto aquí en la Permanente, está en sesiones el congreso del estado tratando el mismo caso y se está considerando que el señor Francisco Arce Ugarte sea el que asuma el compromiso de ser presidente sustituto en este municipio, a propuesta del gobernador y con la aprobación de la Cámara Local de Diputados, por dos terceras partes, de acuerdo a la Constitución Política del estado de México.
Hay algunas cuestiones que dentro de estas pláticas y estos acuerdos todavía no se concretan y que ésta es fundamentalmente la razón por la cual me encuentro aquí frente a ustedes tratando el tema. La posibilidad de que haya un acuerdo, también, en la composición del ayuntamiento mismo y sobre todo y particularmente que esto ya se tiene bastante avanzado, que se cumpla con lo prometido por parte del gobierno, en las negociaciones que se han celebrado, y que ésta que apunto y que se está desarrollando en este momento es la primera: que se cumpla con exonerar de las responsabilidades que se les imputaron, por cierto, de manera irresponsablemente precipitada por parte del procurador del estado, a varios compañeros del Partido de la Revolución Democrática, que aún sin tener todavía conocimiento suficiente de lo que había ocurrido en Tejupilco, ya se estaba dando a conocer quienes eran los responsables y a quienes se les iba a fincar responsabilidades, tan sólo a unas cuantas horas de que habían ocurrido los hechos.
Esta situación, es una exigencia que mi partido hace. Es también una muestra de que "cuando se quiere se puede llegar a un acuerdo". Y que un problema tan difícil, que aparentemente tenía total incapacidad para solucionarse, como es le caso de Tejupilco, esté encontrando caminos de solución, gracias a la buena disposición y gracias al interés que se está mostrando porque salgan adelante las aristas tan difíciles que tiene este problema.
Estamos demostrando, ahora, que hay disposición al diálogo. Estamos dando el primer paso; nuestros diputados locales, allá en el Congreso del estado de México, buscando sacar adelante un acuerdo en el que se requieren dos terceras partes y también estamos exigiendo, desde aquí, que se cumpla, en las próximas fechas, el acuerdo global, para que podamos tener "ya borrados" los conflictos que hemos vivido; quizá no borrados en la mente de los familiares, de los compañeros y de las personas que cayeron, que fallecieron en esta lamentable confrontación, pero ojalá podamos, para salud de la patria, tener en breve tiempo solucionado este conflicto. Muchas gracias por su atención.
SOBRE TELÉFONOS DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las nuevas tarifas de Teléfonos de México.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; honorable asamblea: En el Diario Oficial de la Federación con fecha 31 de diciembre de 1990, aparecen
las nuevas tarifas para el primer trimestre de 1991 de los servicios considerados dentro de la canasta de servicios básicos controlados. Habla de "canasta de servicios básicos controlados".
En comunicado, que envía Andrés Caso Lombardo, aparecen las nuevas tarifas que regirán a partir del 1o. de enero de este año. Se habla de la renta básica residencial, donde se especifica que se aplicarán los siguientes ajustes:
El 1o. de enero 16.3% de incremento. Febrero y marzo el 4% mensual. Sin embargo este documento que apareció en la prensa nacional, donde se específica que solamente sea enero y febrero, habla en renta básica residencial del 16.3% de aumento a partir del 1o. de enero y de un ajuste del 4% mensual adicional. Sin especificar el mes de enero y febrero.
Si esta confusión aparente de que se aplique el incremento del 4% mensual durante los 12 meses del año, más el 16.3% en la renta básica residencial, estamos hablando de un incremento a diciembre de este año del 79.4% de las tarifas, casi el 80%, con la aclaración de que el 4% es una constante que está aclarado en un documento, pero en el otro documento, que también es público, no aparece.
Sin embargo, en renta básica comercial aparece un incremento del 15.4% al primero de enero; febrero y marzo del 3.22%. Aquí es importante que se carga más en términos de porcentaje a la renta básica residencial que a la renta básica comercial.
Después aparecen los incrementos al servicio medido local. Aquí se habla de que para usos residenciales se reduce el número de llamadas de 150 a 67, o bien de 450 minutos a 200. Esto implica que si antes un usuario tenía derecho a 150 llamadas, que con la nueva tarifa tienen un precio de 335 pesos, esto equivaldría a 50 mil 250 pesos, en relación al derecho anterior del primero de enero.
Sin embargo, ahora con la reducción a 67 llamadas, por los mismos 335 pesos, daría 22 mil 445 pesos. O sea, que en este momento hay un incremento real, en términos reales, de 27 mil 805 pesos para el uso de llamadas telefónicas. O sea, que aquí hay un incremento simulado, ya que hay una reducción de 150 llamadas que hasta el 31 de diciembre tenían derecho los usuarios, y ahora se reduce a 67.
En lo referente a larga distancia nacional se habla de que se aplicará un ajuste de 37.5%. Después hay por ahí algunos otros señalamientos para larga distancia internacional y mundial, donde hay otros ajustes muy importantes.
Esto quiere decir que de una u otra forma la recién privatizada Teléfonos de México inicia el año con una agresión hacia los usuarios de este servicio. Nosotros creemos que esto no es más que consecuencia de una acción planeada del gobierno mexicano desde hace algunos años.
Si vemos, por ejemplo, algunas cifras aisladas sobre Teléfonos de México, se habla que Teléfonos de México es de las cinco empresas más importantes del mundo en su ramo. En 1990 los ingresos de Teléfonos de México se duplicaron. De 1970 a 1975 la empresa creció a una tasa anual del 14%, aumento sólo superado por Grecia a nivel mundial.
Bueno, estamos hablando también de que es una empresa con características muy especiales; pero es aquí donde se ve la planeación anticipada del gobierno mexicano. Primero no se le otorga recursos para el mantenimiento de sus centrales, lo que provoca protesta popular, lo que provoca que los servicios telefónicos en la nación sean deficitarios en todo, logrando con ello toda una opinión pública contraria a los telefonistas, y prácticamente a los empleados. Después de ello se preparan las cosas de tal forma que se puede privatizar. Y la venta para todos fue sorprendente en cuanto a los tiempos. Hay sospechas muy concretas en cuanto a ellas.
Después, de manera mágica, el primero de enero de este año aparecen nuevas tarifas que de una manera muy agresiva marcan una pauta de lo que será el comportamiento de esta empresa.
Si analizamos de manera administrativa los objetivos de la empresa en general, se habla de que hay objetivos económicos, sociales y de servicio, y cuando hablamos de una empresa pública se prioriza el servicio y lo social a lo económico; cuando se habla de una empresa privada se prioriza lo económico a lo social y al servicio; bueno, éste es un ejemplo ya de que los nuevos propietarios de Teléfonos de México ya han priorizado lo económico al servicio y lo social. Porque yo me pregunto si al día de hoy se han mejorado los servicios telefónicos, yo me pregunto si se han generado más empleos y si no se van a contraer también éstos.
En esas condiciones creemos que el proyecto neoliberal ha rebasado incluso los principios de liberalismo en que se sustenta la ideología de este grupo que nos gobierna. Yo quisiera hacer en ese sentido una pequeña reflexión sobre cómo los neoliberales han rebasado y han cancelado sus propios principios.
Para algunos autores el liberalismo es la victoria de las luces de la razón sobre la superstición y el poder personal del rey; el advenimiento de la razón es, en primer lugar, la ciencia de la naturaleza que establece la distinción entre naturaleza y cultura; en segundo lugar, la ciencia económica que demuestra que la sociedad también puede obedecer a las leyes de la naturaleza si se libera de la tiranía del soberano tradicional; son parte de sus principios. Se requiere de esa manera la sustitución del antiguo poder del rey con el reinado de la razón, cuya única función era el permitir que las leyes de la naturaleza ejerzan su dominio benévolo sobre los ciudadanos libres e iguales. La naturaleza es la razón, necesariamente ella obedece a las leyes que la forman; la cultura se convierte en razón y debe darse cuenta de las leyes que la deben regir.
El liberalismo también supone una división de la sociedad en dos sectores: el sector privado, en el que reinan las leyes de la naturaleza, y el sector público, que tiene como función el permitir que las leyes de la naturaleza ejerzan su legislación sin límites sobre el sector privado, como heredero del soberano tradicional.
El sector público es responsable de la justicia, garantía del respeto de los convenios, de la policía, prohibición del uso de la violencia, de los asuntos internacionales, de la defensa nacional y de los transportes; seguridad y eficacia de los intercambios dentro del mercado nacional. Cada uno de los sectores se considera como el lugar de una legitimidad de tipo racional - legal.
De acuerdo con la clasificación de Mac Dever, el sector privado, porque la ley de la naturaleza manifiestan en sí la racionalidad de la cual da cuenta la economía política; el sector público, porque un sistema de leyes, las leyes constitucionales, organizan el reino de la razón para el gobierno, de las asambleas y de los tribunales de justicia; la historia de la crisis de legitimidad del liberalismo es la frontera entre el sector público y el sector privado. Esto marca, compañeros, cómo el actual gobierno neoliberal se ha tragado etapas, cómo en la crisis, en su forma crisis, ha buscado sufragarla, ha buscado resistirla a través del cambio de su función.
Es claro que día a día el gobierno pierde la rectoría económica, ¿cómo?, con la cesión de la empresa nacional, de la empresa que es patrimonio de todos los mexicanos y cómo cada vez adquiere una vicerrectoría económica que para nada sirve ante su sumisión al poder económico.
Es importante entender que si bien la empresa pública ha tenido crisis como la de 1900 que llevó a naciones como Francia a un movimiento de nacionalización en 1939, para decir que una empresa monopólica es legítima, es suficiente con someterla a la autoridad pública legítima, la cual se encarga por definición, de ponerla al servicio del público. Después de 1945, la crisis de legitimidad del sector público da como consecuencia la competencia de la empresa pública, o sea, no se requiere vender una entidad pública para eficientarla; se requiere, como decía, el reporte Nora, que las empresas nacionalizadas de los sectores básicas han sido utilizadas directamente y a discreción por los poderes públicos al servicio de su política general; en adelante, ya no es suficiente con ser público para ser legítimo, también es necesario estar bien administradas. Teléfonos de México pudo haber sido bien administrada, pudo haberse concebido como una empresa del Estado, pero bien administrada y lo que el gobierno de la República comete es la venta para su comodidad y para sacar recursos para el Programa de Solidaridad; por eso nosotros creemos que la sociedad civil que ya ha iniciado a expresarse en esta mañana, el día de ayer también, protestando contra la injusticia de los incrementos de las tarifas, debe expresarse con mayor contundencia. No estamos de acuerdo con expresiones como son la de callar los teléfonos, pero sí creemos que son expresiones ciudadanas que de una u otra manera pueden manifestar su protesta ante este ilegítimo incremento de las tarifas de Teléfonos de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente: Es indudable que cuando se nos planteó la necesidad de desincorporar Teléfonos de México, de vender esa paraestatal que es una de las más importantes de nuestro país después de Petróleos Mexicanos, porque solamente ella tiene un capital contable de 14
billones de pesos, cuando toda la banca nacionalizada tiene 12.7 billones de pesos solamente; es mucho más importante, nosotros en Acción Nacional estamos precisamente por la desincorporación de las empresas del gobierno, pero no de la forma en que se está haciendo con Teléfonos de México, porque si un monopolio gubernamental no es aceptado por nosotros, mucho menos es aceptado un monopolio privado y en este caso se está cayendo precisamente en el monopolio privado. Teléfonos de México está en manos de unas cuantas personas que van a hacer, están haciendo, ya lo estamos viendo, lo que quieran con los Teléfonos de México.
Se necesita para que haya una adecuación justa para la ciudadanía, para el usuario que a fin de cuentas es el que sufre o es el que goza del beneficio, se necesita que haya competencia, que haya otras empresas pertenecientes a otros sectores pero precisamente para lograr esa armonía.
En la reforma fiscal de 1991 se nos planteó también la necesidad y así salió aprobado al final, que las utilidades en Teléfonos de México no serían gravadas por impuestos y que esas utilidades se van a reinvertir paulatinamente conforme se vayan obteniendo, precisamente para darle mayor capacidad económica y financiera a Teléfonos de México; pero nunca se dijo que se iban a efectuar todos los procedimientos hasta llegar a tener un precio internacional como lo dice el propio director de Teléfonos de México.
Esos precios internacionales a que se pretende llegar pues los mexicanos estamos muy lejos de alcanzarlos, porque esto nos llevaría a que la renta de un aparato telefónico normal, sin hacer diferencia entre el comercial y el particular, nos llevaría a pagar 212 mil pesos mensuales solamente de renta, si es que no tratan de poner el teléfono a nivel internacional.
De tal manera que esta última alza que se nos dice que es del 16.4 pues no es tal, ya explicó el diputado Enríquez por qué no, porque disminuyeron el número de llamadas que era de 150 a 75. Pero esto es consecuencia precisamente de una política económica gubernamental mal manejada, el desincorporar empresas sin haber analizado previamente las consecuencias que íbamos a sufrir los usuarios de teléfono, creo que es una equivocación grave.
Y constantemente y sobre todo en esto días se nos habla de incrementos en todos los bienes y servicios, principalmente del gobierno. Vean ustedes por ejemplo algunos datos: en agua y predial un incremento del 30%; en placas, tenencias y licencias, 16%; en colegiaturas, el 30%; mínimo; en el Departamento del Distrito Federal, concretamente en servicios, permisos, licencias, etcétera, un 30% de incremento; en derechos, utilizan el factor famoso aquel de la Ley Federal de Derechos del 1.3, pues esto indica que cualquier servicio que vayamos a pedir, que implique precisamente el cobro de un derecho por parte del gobierno, el empleado de la ventanilla lo va a multiplicar por el factor 1.3, esto es un incremento del 30%; la gasolina ya se nos había incrementado precisamente el pasado 11 de noviembre.
Tomado de un periódico nacional, da unas cifras, voy a mencionar solamente una de ellas, el incremento en el frijol; en enero de 1990 estaba a 900 pesos el kilo; al concluir 1990 el precio del frijol anda entre 4 mil y 6 mil pesos el kilo; hagan ustedes la cuenta de cuál fue el incremento. Los aumentos en la carne, el 50%; en el huevo el 75% y en la leche el 90%, incrementos que a diario los padecemos todos.
Y es incongruente cómo algunos productos, algunos servicios que el gobierno nos presta, son incrementados, pero por otro lado, en aspectos fiscales, la Secretaría de Hacienda no hace lo que tiene que hacer para incorporar a una serie de contribuyentes que no están pagando impuestos, que además están eludiendo cualquier responsabilidad, inclusive hasta de registro ante la Secretaría de Hacienda. Aquí debemos precisar que en México hay 25 millones de contribuyentes entre comillas y solamente de esos 25,13 millones están registrados ante las autoridades hacendarias.
Esto quiere decir que solamente el 50% aproximadamente es el que está contribuyendo al gasto público conforme a la Constitución y ¿qué pasa con los otros 12 ó 13 millones de contribuyentes? Estos son datos tomados de estadística proporcionadas directamente por la Secretaría de Hacienda. ¿Qué hace la Secretaría de Hacienda para incorporar a ese mundo de gente que no está pagando impuestos, y que los que sí los estamos pagando, los contribuyentes activos, pues llevamos la carga fiscal de este país? Y creemos nosotros que con actitudes proteccionistas, como la que le dan ahora a Teléfonos de México, pues no se va a conseguir mucho.
Otra actitud proteccionista pero que no creo que venga el caso mencionarla, es la que se les da a los contribuyentes que tienen hasta 300
millones de ingresos al año anterior. Este tipo de contribuyentes para 1991 quedan exentos del pago del impuesto al valor agregado. Aquí se está considerando la exención a los ingresos y no al producto que el contribuyente esté vendiendo. En ninguna parte de la ley dice que estos contribuyentes, comerciantes, industriales, agricultores, etcétera; puedan o dejen de cobrar el impuesto al valor agregado; sin embargo, dice la Secretaría de Hacienda: " a mí no me pague el Impuesto al Valor Agregado", pero nunca les prohibe que cobren el impuesto al valor agregado. Entonces el usuario de servicios sí está pagando el impuesto al contribuyente, el contribuyente no lo está pagando a Hacienda; quiere decir que se está quedando con el dinero. Es solamente para mencionar un caso.
Y toda esta mala administración, toda esta equivocada economía o manejo de la economía, redunda en perjuicio precisamente del trabajador, porque nos hablan que a partir del 16 de noviembre el trabajador de salario mínimo tiene un incremento del 18% únicamente el de salario mínimo; lo demás no.
Y si hacemos una comparación volvemos al aspecto fiscal y en relación a los trabajadores, fíjense ustedes lo que sucede con un pequeño comerciante colocado frente a un trabajador. Uno es contribuyente consentido de Hacienda y el otro es un contribuyente cautivo de Hacienda. Y haciendo la cuenta de que un taxista, un pequeño comerciante, tuviera ingresos de 4 millones de pesos en un mes, de acuerdo con la ley puede hacer ciertas deducciones. Vamos a considerar que deduce 2 millones 700 y que le queda una base gravable de un millón 300, le permiten al comerciante, al taxista, deducir el equivalente de tres salarios mínimos sin que tenga que demostrar que está pagando esos salarios mínimos a nadie. Un millón 80 mil de tres salarios mínimos se los restamos a un millón 300 y nos da una base de impuesto de 220 mil pesos. Sobre 220 mil va a pagar un impuesto aproximadamente de 7 mil pesos.
Y este comerciante, este taxista, etcétera, tiene la oportunidad de decir: no obtuve 4 millones de ingresos. ¿Y cómo se le comprueba que sí obtuvo los 4 millones o más? O sea, tiene la facilidad de eludir, de evadir el impuesto.
Y vamos a suponer el caso de un trabajador. El trabajador que recibe su salario directamente del patrón, del empleador, y suponiendo que tiene la misma gravable de un millón 300 mil pesos, paga un impuesto, ya haciendo los cálculos, de 159 mil pesos. Fíjense la desventaja en que se encuentra un trabajador frente a un comerciante por muy pequeño que sea, pero no tan pequeño porque 4 millones de ingresos no es una cantidad menor.
Y aun cuando las estadísticas del gobierno mencionan que el desempleo disminuyó en 1990, solamente en Distribuidora e Impulsadora Comercial Conasupo, en Ford Motor Co., en la TORNEL y en Cervecería Modelo, solamente en estas cuatro empresas en 1990 hubo más de 20 mil empleados despedidos. La burocracia, pues no se diga, tuvo alrededor de 100 mil personas que fueron despedidas, y en un informe de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se dice que los juicios se incrementaron en 1990 y que de esos juicios el 90% de ellos son reclamando despidos. O sea, todo esto es en contraposición con un incremento raquítico, un incremento mínimo del 18%.
La aplicación de las normas económicas del gobierno en Teléfonos de México pues son solamente para beneficiar a un grupo, ya sabemos perfectamente a quién pertenece ese grupo.
Y quisiera leerles nada más cuatro renglones de un concepto que nosotros tenemos en Acción Nacional respecto del capitalismo de Estado: "Con igual vigor que censuramos el monopolio en manos de los particulares, condenamos el capitalismo de Estado que por improductivo y corrupto tanto ha debilitado a la nación. El añejo reclamo de Acción Nacional, de la desincorporación de las empresas paraestatales, deberá llevarse hasta su más completa terminación, pero con orden, con justicia, con responsabilidad para el pueblo de México". Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Desde el momento mismo en que se anunció la venta de Teléfonos de México, el Partido Popular Socialista levantó su voz en contra. A partir de ese momento nos entrevistamos con dirigentes obreros, con miembros de los distintos partidos democráticos, para hacerles ver lo grave que sería la venta de esta empresa, que el Partido Popular Socialista no dudó nunca en calificar como estratégica.
Advertimos con mucha anticipación las condiciones en que esta empresa, de venderse, tendría, y que sería muy negativo para los intereses de la nación y del pueblo que ese anunciado propósito se consumara.
Señalamos también y pedimos directamente a Andrés Caso, que se precisaran los términos de la concesión, cuando nos dimos cuenta que la decisión de vender Teléfonos de México era una decisión que no se iba a echar atrás. Fuimos muy incisivos en que la concesión debiera tener la cláusula de reversión, y en ningún momento pudieron las autoridades que estaban encargadas de la venta de Teléfonos de México, demostrarnos que la cláusula de reversión existiera, y entonces señalamos nosotros que estábamos ante una concesión verdaderamente leonina, y los diputados aquí presentes en la Comisión Permanente recordarán la insistencia con que el Partido Popular Socialista planteó este problema de la venta de Teléfonos de México y de la concesión.
Lo que hoy se viene a denunciar a esta tribuna, lo que hoy se señala por algún diputado preocupado por el aumento de las tarifas, fue precisamente una cosa que advirtió oportunamente el Partido Popular Socialista.
Si ustedes ven el capítulo de la concesión, que se denomina "Regulación Tarifaria y Equilibrio Financiero", ahí se encontrará la explicación del porqué de este aumento a las tarifas del teléfono al iniciar el año de 1991. Se dice allí que durante 1991 se aumentarán las tarifas mensualmente, es decir, mes a mes se aumentarán las tarifas. Y de 1992 a 1996, las tarifas se aumentarán trimestralmente, con dos propósitos fundamentales: para garantizarle a la empresa grandes ganancias y para ubicar las tarifas de teléfono a niveles internacionales. Es decir, a niveles de las tarifas que tiene los Estados Unidos.
Con este criterio en poco tiempo, en pocos años, el pueblo se va a ver imposibilitado para utilizar el teléfono doméstico, y sólo le quedarán las casetas de la esquina, a las que podrá recurrir, y no sabemos si en condiciones también muy onerosas.
Entonces, ¿por qué no oportunamente se planteó precisamente esto, que ya se encontraba en la concesión? ¿Por qué no se levantó el Partido Acción Nacional a luchar precisamente contra la concesión? Y ahora viene a esta tribuna y dice que no es conveniente que se desincorporen las empresas, con las características de la desincorporación de Teléfonos de México.
Si hubiera levantado su voz en contra de esa concesión leonina, quizá otras fueran las condiciones.
Nosotros llamamos, en su oportunidad, a las fuerzas democráticas de la Cámara, llamamos a las fuerzas democráticas de todo el país, para oponerse precisamente a esta concesión.
Ahora se advierte que el contenido de la concesión, es precisamente el que tenemos que combatir. Y yo quiero declarar desde esta tribuna, que el Partido Popular Socialista no cejará en su empeño de echar abajo esa concesión, porque no tiene ningún sentido que nos opongamos aquí al aumento de las tarifas; la causa está en la concesión. Y si nos llevan precisamente por el camino que se señala en el capítulo de Regulación Tarifaria y Equilibrio Financiero, nos van a llevar a un verdadero desastre.
Es necesario que las fuerzas democráticas, representadas en la Comisión Permanente, representadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, las fuerzas democráticas de todo el país, el pueblo en su conjunto, advierta precisamente y tome conciencia de lo que significa el proceso reprivatizador, que afecta a Teléfonos de México, y la concesión que le ha dado precisamente a un grupo poderoso desde el punto de vista económico, que afecta los intereses de la nación y que afecta los intereses populares.
En consecuencia, desde nuestro punto de vista, lo que está a la orden del día, lo que sigue estando a la orden del día para las fuerzas democráticas, para el pueblo mexicano, es echar abajo esa concesión. Y el Partido Popular Socialista luchará con todas sus fuerzas, convocando a las fuerzas populares, a las fuerzas democráticas, para lograr este objetivo. Muchas gracias.
PROGRAMA "VOZ PUBLICA"
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Hace unos minutos los representantes de las distintas fracciones parlamentarias señalaron ante esta tribuna, la importancia que
significa para la nación, el respeto a la opinión, el respeto a la información y el respeto a las garantías constitucionales, en lo que hace a los medios de comunicación.
Hubo coincidencia en todos los miembros de esta Comisión Permanente, de que los derechos constitucionales, de que los derechos a la información estén completamente garantizados en este país.
Ante esa realidad y toda vez que hay coincidencias en la mayoría de los integrantes de esta Comisión Permanente, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha solicitado la palabra ante esta soberanía, con el propósito de presentar el siguiente documento que señala lo siguiente:
De conformidad en lo dispuesto por el artículo 58 para el Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que los distintos legisladores hicieron uso de la palabra en torno a la suspensión del programa "Voz Pública", que dirige el señor Francisco Huerta, nos permitimos proponer ante esta soberanía nacional, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, Información, Gestoría y Quejas, de la Cámara de Diputados, soliciten información a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, sobre las razones por las cuales la concesionaria suspendió el programa de "Voz Pública", informando a los interesados, los resultados que se obtengan de las autoridades competentes. Asimismo, que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas investigue e informe lo que proceda al respecto.
Firman esta proposición, por la fracción parlamentaria del Parido Revolucionario Institucional, el senador Julio Patiño; por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el senador Roberto Robles Garnica; por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Roberto Jaramillo Flores; por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, el diputado Eugenio Ortíz Walls, y, por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Dejo el documento para que se turne a las comisiones correspondientes.
El Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía y de Información, Gestoría y Quejas, de la Cámara de Diputados, con objeto de que recaben la información requerida.
El secretario senador Gustavo Almaraz Montaño: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso del Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
9 de enero de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Solicitudes de particular
De los ciudadanos José Luis Gómez Ruelas y Arístides Gómez Ledezma, para que se les conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada y Consulado de Colombia, en México, respectivamente.
De los ciudadanos Claudia de los Ángeles Prado Rodríguez, Silvia Isabel Brom Arévalo, Rafael Alberto Solorio, Reyna Margarita Ramírez Linares, Blanca Aurora Mier Rodríguez, José Alberto Cisneros Luna y Francisco Corrales Dorame, para que se les conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes de primera lectura
Sobre solicitudes de permiso para aceptar y usar condecoraciones que confieren gobiernos extranjeros a varios ciudadanos mexicanos, que oportunamente apruebe la Primera Comisión de Trabajo.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 14.15 horas): - Se levanta la sesión Pública y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 9 de enero a las 11.00 horas.