Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19910213 - Número de Diario 9
(L54A3PcpN009F19910213.xml)Núm. Diario:9ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Lic. Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D. F., miércoles 13 de febrero de 1991 No. 9
TERCER RECESO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIÓN
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir a los actos cívicos que con motivo del CLX Aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero y CCX Aniversario del natalicio del doctor Valentín Gómez Farías. Se designa comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Tabasco para informar sobre la designación del diputado Alfonso López Vázquez como presidente de la Gran Comisión. De enterado.
Del Congreso del Estado de Veracruz - Llave para informar sobre la integración de Mesa Directiva. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN NOMBRAMIENTO
Por el que se comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Jorge de la Vega Domínguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de Canadá. Se turna a la Segunda comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que tres ciudadanos mexicanos puedan prestar servicios en la Embajada y diversos consulados de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA NOMBRAMIENTO
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano constitucional Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo cónsul Honorario de la República de Francia, en Querétaro, Querétaro.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional a siete ciudadanos mexicanos para hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos de América y en el Consulado General en ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN RETIRO VOLUNTARIO
De la Primera Comisión con punto de acuerdo, relativo a la solicitud del ciudadano Carlos del Río Rodríguez, para abandonar el cargo de Ministro Numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Debaten los diputados:
Oscar Ramírez Ayala en contra.
Eugenio Ortíz Walls en pro.
José Trinidad Lanz Cárdenas en pro.
Oscar Ramírez Ayala para contestar alusiones personales.
En votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Cuatro dictámenes de la Primera Comisión con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos José Albertos Cisneros Luna, Blanca Aurora Mier Rodríguez, Silvia Isabel Brom Arévalo y Francisco Corrales Dorame, puedan hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos de América.
Se aprueban y pasan al Ejecutivo.
PROPOSICIONES
SOBRE TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Intervienen los legisladores:
Jaime Enríquez Félix, presenta punto de acuerdo.
Oscar Ramírez Ayala en pro.
Fernando Silva Nieto en contra.
José Antonio Gándara Terrazas para razonar su voto.
Roberto Robles Garnica
Alfredo Reyes Contreras
Fernando Silva Nieto para contestar alusiones personales.
Jaime Enríquez Félix para rectificar hechos.
Dionisio Pérez Jácome
Se desecha la proposición.
SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA
Interviene la diputada Carmen Segura Rangel. La Presidencia hará las gestiones correspondientes.
SOBRE DERECHOS LABORALES
Presentada por el diputado Alfredo Reyes Contreras. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Honorable Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Sobre la construcción de una central camionera interviene el diputado Oscar Ramírez Ayala. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Comunicaciones y Transportes de la Honorable Cámara de Diputados.
Intervención de los legisladores:
Oscar Ramírez Ayala
José Jesús Padilla Padilla.
SOBRE EL CONFLICTO EN EL GOLFO PÉRSICO
La Secretaría da lectura.
DECLARACIONES, COMENTARIOS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL
Toma la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero.
JUICIOS POLÍTICOS
Exponen los legisladores:
Oscar Ramírez Ayala
Francisco Curi Pérez Fernández.
El Presidente hace excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de Honorable Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
ASISTENCIA
La secretaria diputada Judith Murguía Corral. - Señor Presidente, hay una asistencia de 28 legisladores. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.20 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer año. - LIV Legislatura.
Orden del día
13 de febrero de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia
El Departamento del Distrito Federal, invita a los actos cívicos que con motivo del CLV aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero y CCX aniversario del natalicio del doctor Valentín Gómez Farías, tendrá lugar el próximo 14 de los corrientes.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Tabasco y Veracruz.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano licenciado Jorge de la Vega Domínguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Canadá.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Gabriela A. Frías Romero, María Delina Zárate García de Vera y Janett Salvador Martínez, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en los consulados generales, en Tapachula, Chiapas y en Oaxaca, Oaxaca, respectivamente.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Graciela del Rosario Figueroa Salas, Jorge Alberto Martínez Estrada, Luis Gustavo Mondragón Hernández, Alberto Gajiniltoo Arrona, Alma Graciela Aguado Amaro, Victoriano Ramos Flores y Norma Edith Escárcega Ruvalcaba, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la solicitud de retiro voluntario del ciudadano licenciado Carlos del Río Rodríguez, del cargo del ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano José Alberto Cisneros Luna, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Blanca Aurora Mier Rodríguez, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Silvia Isabel Brom Arévalo, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dorame, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Proposiciones
De los grupos parlamentarios de los partidos: De la Revolución Democrática, Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista, sobre el Tratado de Libre Comercio.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el problema de la contaminación en el área metropolitana.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre los derechos laborales.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el problema de la construcción de una central camionera en el municipio de Uriangato, Guanajuato.
De grupos parlamentarios sobre ataques a civiles en la guerra del Golfo Pérsico.
Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones
De los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática, sobre el artículo 123 constitucional.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Auténtico de la Revolución Mexicana y de la Revolución Democrática, sobre juicios políticos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día seis de febrero de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con trece minutos del día seis de febrero de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de treinta legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa del deceso del ciudadano Jesús Hernández Rojas, quien fue senador de la República en las legislaturas quincuagésima y quincuagésima primera. Se guarda un minuto de silencio en su memoria.
Se da cuenta con una invitación del Congreso del Estado de Guerrero, a la sesión solemne en la que el gobernador del estado rendirá su cuarto informe de gobierno. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Un oficio del Poder Legislativo del estado de Jalisco, por el que comunica la instalación de la Comisión Permanente y la elección de su mesa directiva. De enterado.
Dos circulares del Poder Legislativo del estado de Tamaulipas, por los que informan de la elección de la mesa directiva para el mes de enero del presente año y que se abrió el primer período ordinario de sesiones de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado. De enterado.
Una comunicación del Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y del Jefe del Departamento del Distrito Federal, con el que remiten el informe sobre la contaminación en la zona urbana del Distrito Federal. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Imprímase y distribúyase entre los miembros de la Comisión Permanente.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Patricia Macías Dorantes, pueda prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Primera Comisión.
La secretaría de lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Rosalba Fabiola Nájera Escalona y José Antonio Sánchez Rodríguez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de Uruguay en México. Es de primera lectura.
Otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto que concede los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Martha Elena Esparza Serra, María de Lourdes Aragón Ramírez y José Trinidad Peña Hernández, puedan prestar sus servicios en la
Embajada de los Estados Unidos de América en México. Es de primera lectura.
Dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Filiberto Montesinos Piña, Jorge Alberto Gutiérrez Figueroa y Mario Sánchez Urrutia, puedan prestar sus servicios en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán. Son de primera lectura.
Se da lectura a un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Alfredo Phillips Olmedo, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Japón. Se somete a discusión y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Alfredo Phillips Olmedo y designa una comisión de legisladores para que lo introduzcan en el recinto y lo acompañen en el acto de rendir la protesta de ley. Terminado el acto protocolario, los mismos legisladores acompañan al Embajador de México cuando se retira del salón de sesiones.
Se da segunda Lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Antonio Riviello Bazán, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Venezuela. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Liza Pérez Frid y Raquel Esther Fabiola Coria Camacho, puedan prestar sus servicios en las embajadas de la India y de Colombia, en México, respectivamente. Es de segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, se reservan para su votación nominal en conjunto.
Otro dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Rosa Guadalupe Corominas Martín del Campo, Aurora Fernández Juárez, Asunción Irma Dighero Medina, Angélica Domínguez Montes, Graciela Bárcenas Ibinarriaga, Ema Julieta Barreiro Isabel y Gerardo Felipe Rodríguez Arias, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Es de segunda lectura y no habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de éste y los anteriores reservados en un solo acto. Se aprueban por treinta y un votos los tres primeros y por veintiocho el último. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para referirse al septuagésimo cuarto aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Francisco Galindo Musa, del Partido Revolucionario Institucional; Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática; Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional y José Antonio Valdivia, del Partido Revolucionario Institucional.
Para expresar sus comentarios respecto del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá, hacen uso de la palabra los legisladores Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional; José Antonio Gándara Terrazas, del Partido Acción Nacional; José Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
Para denunciar problemas políticos en la población de Chimalhuacán Atenco, México, se concede el uso de la palabra al diputado Noé Aguilar Tinajero. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Justicia, de la Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien denuncia hechos en el municipio de Ciudad Hidalgo, Coahuila.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión
y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con quince minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo día trece de febrero de mil novecientos noventa y uno a las once horas."
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIÓN
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado para el próximo jueves 14 del actual, las ceremonias cívicas conmemorativas:
Hora, ceremonia y lugar: 11.00, CLX aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña, monumento erigido a su memoria en el Jardín de San Fernando, delegación política Cuauhtémoc; 12.30, CCX aniversario del natalicio del doctor Valentín Gómez Farías, Rotonda de los Hombres Ilustres, Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a las ceremonias de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1991. - El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, al acto cívico con motivo del CLX aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero, esta Presidencia designa al siguiente Legislador: senador José Antonio Valdivia.
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, al acto cívico con motivo del CCX aniversario del natalicio del doctor Valentín Gómez Farías, esta Presidencia designa al siguiente legislador: senadora Marina Blanco Casco.
COMUNICACIONES
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.
En virtud de la renuncia presentada con esta fecha por el ciudadano diputado licenciado Jesús Madrazo Martínez de Escobar; en sesión celebrada el día de hoy, este honorable Congreso tomó conocimiento de la designación del ciudadano diputado ingeniero Alfonso López Vázquez, al cargo de coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por lo tanto, como Presidente de la Gran Comisión del honorable Congreso del estado; con fundamento en la fracción I del artículo 39, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Lo que me permito comunicarle para los efectos a que haya lugar, reiterándole las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Villahermosa, Tabasco, diciembre 30 de 1990. - El Oficial Mayor del honorable Congreso, licenciado Víctor Manuel Ocaña Andrade.»
Trámite: - De enterado.
COMUNICACIONES
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo. - Estado Libre y
Soberano de Veracruz - Llave.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.
Nos permitimos comunicar a usted, que esta honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del estado de Veracruz - Llave, en sesión ordinaria efectuada el día de hoy, prorroga el período ordinario de sesiones por el mes de enero, quedando integrada la mesa directiva en la siguiente forma:
Presidente, Roberto Bravo Garzón; vicepresidente, Lázaro Hipólito Patricio; secretario, José Isabel Sánchez Bautista.
Lo que hacemos de su conocimiento, con base en lo previsto por los artículos 52 de la Constitución Política Local, y 8o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Xalapa, Veracruz, diciembre 29 de 1990. - Licenciado Rubén Darío Mendiola Solano, Oficial Mayor.»
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
A continuación transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito, con fecha 4 del actual:
"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Jorge de la Vega Domínguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado."
Lo que hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 8 de febrero de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 22 del actual, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la persona que se menciona a continuación pueda prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexa el original del acta de nacimiento que acredita la nacionalidad mexicana de dicha persona y el escrito en que solicita se realice el trámite correspondiente.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Gabriela A. Frías Romero, empleada administrativa en el Centro de Comercio, Embajada de los Estados Unidos.»
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 29 de enero próximo pasado, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en los que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: María Delina Zárate García de Vera, asistente administrativo en el Departamento de Agricultura, Consulado en Tapachula, Chiapas; Janett Salvador Martínez, secretaria, Consulado en Oaxaca, Oaxaca."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 1o. de febrero de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 25 de septiembre del año en curso, el ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente el día 27 de diciembre, se turnó a la comisión que suscribe, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Francia, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 1990. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas , senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: - Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En oficios fechados el 26 de enero, 16 y 27 de agosto, 24 de septiembre y 22 de octubre de 1990, los ciudadanos Graciela del Rosario Figueroa Salas, Jorge Alberto Martínez Estrada, Luis Gustavo Mondragón Hernández, Alberto Gajimi Itoo Arrona, Alma Graciela Aguado Amaro, Victoriano Ramos Flores y Norma Edith Escárcega Ruvalcaba, solicitan el permiso constitucional necesario para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 16 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General en Ciudad Juárez, Chihuahua, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por los expuesto, la comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Graciela del Rosario Figueroa Salas, para prestar servicios como empleada consular en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Martínez Estrada, para prestar servicios como empleado consular, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Luis Gustavo Mondragón Hernández, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo cuarto. Se concede permiso al ciudadano Alberto Gajimi Itoo Arrona, para prestar servicios como chofer en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana Alma Graciela Aguado Amaro, para prestar servicios como especialista en finanzas en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Victoriano Ramos Flores, para prestar servicios como coordinador de vehículos en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Artículo séptimo. Se concede permiso a la ciudadana Norma Edith Escárcega Ruvalcaba, para prestar servicios como asistente de compras en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 18 de enero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, senador Gaspar Valdés Valdés, senador Julio Patiño Rodríguez y diputado
Francisco Curi Pérez Fernández.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RETIRO VOLUNTARIO
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente que contiene copia certificada del dictamen aprobado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada efectuada el 8 de enero del año en curso, en relación con la solicitud de retiro voluntario del cargo de ministro numerario, presentada por el ciudadano licenciado Carlos del Río Rodríguez.
De los documentos que integran el expediente, se desprende que el licenciado Del Río Rodríguez nació el 10 de mayo de 1929, que con fecha 16 de enero de 1969, rindió la protesta de ley como ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, cargo que ejerció ininterrumpidamente, así como que el 26 de diciembre de 1990, solicitó su retiro voluntario después de haber prestado servicios efectivos como ministro, durante casi 22 años.
El pleno de ese alto tribunal consideró en su dictamen, que es procedente acordar el retiro voluntario del ministro Del Río Rodríguez porque se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 3o. y 5o. del decreto que establece las causas del retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo anteriormente expuesto, para los efectos de los artículos 7o. y 9o. del decreto que establece las causas de retiro forzoso o voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y habida cuenta que se surten en el caso los supuestos de ley, para dar cumplimiento al artículo 4o. del propio ordenamiento, el cual establece que el dictamen relativo debe ser aprobado por el Senado o en receso por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, nos permitimos someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se aprueba el retiro voluntario del ciudadano ministro numerario de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del Río Rodríguez, a partir del 31 de diciembre de 1990, en los términos del dictamen y puntos de resolución, aprobados por el pleno de dicho alto tribunal, el 8 de enero del año en curso.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, y senador Gaspar Valdés Valdés."
El Presidente: - Está a discusión el punto de acuerdo...Han solicitado el uso de la palabra, para razonar su voto, los diputados Oscar Mauro Ramírez Ayala y Eugenio Ortíz Walls.
Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: He solicitado el uso de la palabra a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para razonar nuestro voto en contra de este dictamen, en razón de que consideramos que las condiciones a través de las cuales se han dado las causas del retiro del señor magistrado licenciado Carlos del Río Rodríguez, no deben de ser el de premiarlo con una multimillonaria o con una millonaria pensión.
Debió de haber sido sancionado ante la violación que cometió a la Constitución al conjugar en su persona el Poder Judicial y la representación del Poder Ejecutivo. Debió de haber sido sustituido y se le debieron de haber aplicado las sanciones que establece la Ley de Responsabilidad para Funcionarios Públicos.
Los artículos 108, 109, 110 de la Constitución General de la República es muy clara; también la Constitución General de la República es muy precisa para el efecto de quienes en un momento determinado transgredan el orden constitucional.
¿Pero qué acontece aquí? Más que nada
acontece un interés de carácter político más que un respeto al marco constitucional.
El licenciado Carlos del Río presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el pleno de ésta, una solicitud de retiro voluntario al cargo de ministro de ese alto tribunal. Pero quiero hacer una lectura clara, aunque mala, porque soy malo para leer, de lo que dice el magistrado en este documento, en cual está solicitando su retiro voluntario, y no a referir a toda ella porque se acoge indudablemente a las disposiciones legales a través de las cuales un ministro de la Corte puede retirarse voluntariamente del servicio cuando tenga 15 años de haber trabajado de manera efectiva como ministro en la Corte.
También si en este caso si no se hubiesen dado las violaciones constitucionales no hubiésemos tenido ninguna observación a este retiro voluntario, pero al conocer la solicitud de retiro voluntario del señor licenciado Carlos del Río, encontramos que no hay una voluntad de carácter moral, más bien apreciamos que hay una voracidad de carácter económico y una intención de que se le premie por lo que hizo, según él, bien, pero que a juicio de muchos ciudadanos lo hizo violando la Constitución.
Los dos párrafos a través de los cuales solicito de ustedes reflexión a la hora de emitir su votación, dice claramente el señor licenciado Del Río lo siguiente: "Consecuentemente tengo derecho al retiro voluntario y a disfrutar de una pensión equivalente al ciento por ciento de todos los emolumentos que he recibido a la fecha con fundamento en lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 7o. del decreto ya citado".
Sueldos, sobresueldos, compensaciones de toda índole, lo cual incluye los llamados estímulos y reconocimiento, pagaderos a partir del 1o. de enero de 1991, o sea que el señor quiere, desafortunadamente de acuerdo con la ley, va a gozar de todos los beneficios de carácter económico que percibe un ministro de la Corte que ésta cumpliendo de manera íntegra con lo que señala la Constitución y con lo que es su responsabilidad, hacer que prevalezca el marco constitucional. El exige y solicita sin recato alguno, en su documento de retiro voluntario, que se le otorgue todo esto.
Pero aún más; señala en otro párrafo que aun cuando deben obrar en su expediente personal, oportunamente hará llegar a la secretaría general, de acuerdo "mis actas de nacimiento y matrimonio, para que en caso de fallecimiento mi pensión se trasmita a mi esposa, ya que no tengo hijos solteros menores de 18 años".
¿Qué significa esto? Que el señor ministro ni siquiera se tomó la molestia de acreditar con el acta de nacimiento, de anexar el acta de nacimiento a esta solicitud de retiro: "si ustedes me retiran, ustedes acrediten que soy casado, para que le entreguen la pensión a mi esposa". Y él menciona claramente a la esposa. Lo que esta soberanía desconoce es que si realmente el señor ministro se encuentra casado, y si se encuentra casado con la persona que aquí señala en el documento; por ello creemos que el dictamen, que el acuerdo que emitió el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estuvo apegado a derecho, no contó las pruebas suficientes para emitir un acuerdo, mediante el cual inclusive se aprueba que se le trasmita a una persona que se dice que es la esposa del ministro, la pensión que a él, en un momento determinado, le corresponde. Si no están acreditados estos requisitos de carácter legal, ¿cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación está autorizando y aprobando, que es lo más grave, el retiro voluntario y el otorgamiento de la pensión?
Algunos de ustedes podrán decir que el señor ha prestado servicios a la nación, que ha sido un excelente profesionista, un excelente ministro, pero quiero hacer reflexión entre ustedes: en este país miles, miles de veteranos de la revolución, ya todos totalmente extinguidos, han muerto sin lograr una pensión por parte del Estado, no obstante que nos dieron paz, estabilidad y leyes fundamentales. A ellos, a estos veteranos de la revolución que en su momento se congregaban ahí en torno de las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, para ver si les daban esa limosna de diez mil pesos mensuales o anuales, ellos murieron sin recibir ninguna pensión, a ellos no había que hacerles ninguna justicia, a ellos los revolucionarios del Partido Revolucionario Institucional no tenían ningún compromiso con ellos, pero sí tienen compromisos con quienes transgreden el orden constitucional; a esta gente que ni siquiera acredita con los documentos públicos correspondientes los derechos, si ustedes le autorizan que se le otorgue una pensión, que de hecho ya la Suprema Corte, en un acto totalmente de falta de prueba, aprobó por unanimidad el otorgamiento.
Yo sé que para ustedes no resulta trascendente reconocer o recordar esos miles de veteranos de la Revolución, que murieron en este país buscando una pensión. También para ustedes
no les interesan los cientos o miles de jubilados que hay en el Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, los cuales en ocasiones no reciben pensiones superiores a los cien mil pesos mensuales.
Estas realidades no son del todo conocidas y no son del todo sentidas por algunos diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, por ello el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en su nueva era, no puede consentir que los recursos económicos del Estado, que el dinero del pueblo se utilice para pagar una millonaria pensión a quien viola la Constitución.
Nosotros estamos en contra de quienes de manera reiterada violan el Pacto Federal de 1917. ¿Qué podemos explicarles ante esta millonaria pensión que solicita el licenciado Del Río? ¿Qué podemos explicarles a los obreros que ni siquiera fuimos capaces de otorgarles cuando menos el salario mínimo, después de más de 30 años de haber trabajado en favor del desarrollo económico de este país? A los obreros no les logramos una pensión más que del 70% del salario mínimo, y en la última ocasión un aumento que no rebasó ni siquiera los 3 mil pesos diarios. Y ahora, con un alto sentido de responsabilidad y de patriotismo, acepta la comisión que se pensione a un hombre que exige, que ni siquiera deja a la voluntad o a lo que dispongan las leyes, sino que exige que se les otorguen todos los beneficios y todas las compensaciones y todos los estímulos y todos los reconocimientos. ¿Cómo es posible que esta comisión haya aceptado esa realidad? Y lo que es más grave, ¿Cómo es posible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya aceptado y reconocido a la esposa sin ni siquiera haber contado con el acta de nacimiento? A lo mejor algunos de ellos o tal vez algunos amigos personales, sí sepan que está casado legalmente con esta persona, o tal vez sí sepan la relación matrimonial que existe con la persona a la cual se solicita se le otorgue la pensión al fallecer el señor licenciado Del Río.
Sabemos que no estamos dando una respuesta honesta, responsable, a la realidad económica de la gran mayoría de los mexicanos; sabemos que estamos premiando a quien viola la Constitución. Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no pudo ser cómplice de la corrupción y del mal gobierno; por ello se pronuncia en contra de este dictamen; porque en el mismo se está otorgando algo que de acuerdo con la ley se debió haber otorgado, si es que el juicio político que entabló el Partido Acción Nacional se hubiese declarado procedente y que gracias a la mayoría del Partido Revolucionario Institucional, se sacó en contra.
Estas realidades nos hacen pensar que en este contexto de participación política, hay quienes viven ya no de la prestación del servicio público, sino de la industria del muerto; porque tienen un apellido, cobran en las ventanillas oficiales como si realmente le hubieran hecho un bien a la patria.
Porque este hombre transgredió el orden constitucional, porque no estuvo acorde a la responsabilidad que le confirió la nación durante su protesta ante esta soberanía nacional, estamos en contra de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortíz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso del Presidente; honorable asamblea: Sabíamos de antemano que al presentarse este asunto sería motivo, si no de debate, de la necesidad de expresar algunas ideas con relación al retiro solicitado por el licenciado Carlos del Río.
El 19 de septiembre de 1990, ante la Comisión Permanente del segundo receso del segundo año de esta LIV Legislatura, el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, en nombre de los cuatro diputados del Partido Acción Nacional que integraban dicha comisión, y con fundamento en los artículos 108, 109, 110 y 79 fracción III de la Constitución, así como en los artículos 6o., 7o., fracción VI, del 9o. al 24 y 37 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, denunció conductas en que incurrió de manera pública y notoria el licenciado Carlos del Río Rodríguez, a la sazón Presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a su juicio, encuadraban en los supuestos del artículo 110 fracción I de la Constitución y 7o. fracción VI de la ley reglamentaria correspondiente, y por tanto, solicitó que una vez cumplidos los elementos procedimentales, se turnará a la sección instructora de la Cámara de Diputados, para que se instruyera juicio político al licenciado Carlos del Río Rodríguez, por aceptar un cargo del Titular del Poder Ejecutivo Federal, para representarlo en la toma de posesión de los presidentes de las repúblicas de Perú y de Colombia.
Esta demanda de juicio político fue turnada a la Cámara de Diputados por ser asunto de su exclusiva competencia.
Turnada a la comisión correspondiente, ésta dictaminó, en su oportunidad, que no era procedente que se le instruyera juicio político al ciudadano Carlos del Río; dictamen que aprobó en pleno, por mayoría, la Cámara de Diputados.
Si caben polémicos y puntos controvertidos en materia de principios y doctrinas en el derecho público, ha sido criterio invariable el de que en las cuestiones de derecho constitucional, pone fin a toda contradicción y organización de poderes y sobre las funciones de los mismos en un estado determinado, el texto categórico y expreso de la propia Constitución, como es el caso de nuestra Carta de Querétaro, que establece el criterio de la división de poderes en el artículo 49, señalando expresamente las atribuciones de los tres poderes constitucionales, a lo largo del Título Tercero de la Ley Suprema.
A mayor abundamiento, el artículo 94 constitucional determina que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposita en una Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados y unitarios y en juzgados de distrito, estableciendo nítidamente en el Capítulo IV del Título Tercero su estructura y competencias.
Era necesario, sin entrar al tema de nuestra demanda, la demanda presentada por los diputados del Partido Acción Nacional, pensar en la importancia de la función jurisdiccional, decir la ley. Se ha probado que el juez, que los tribunales, que el Poder Judicial, en suma, es distinto e independiente de los otros dos poderes, porque tiene una función propia que lo caracteriza como un verdadero órgano del Poder público. Decir la ley, es hacer justicia, de acuerdo con la ley.
¿Por qué los diputados miembros del Partido Acción Nacional, representados en esta Comisión Permanente, vamos a votar en favor del dictamen?
Yo creo que sin entrar a consideraciones subjetivas, porque es muy difícil juzgar sobre intenciones, pero siempre hay que conceder el beneficio de la buena fe, que la denuncia de Acción Nacional estuvo fundada. Y quizá el licenciado Carlos del Río haya reflexionado de la trascendencia de los hechos en que incurrió, de las conductas en que incurrió.
Creo que es sano volver a la constitucionalidad, creo que es sano que se respete la Constitución, que es sano para el país, para la salud de la nación entera, que se dé muestra de reconocimiento a las faltas en que uno incurre.
Y como dije, sin meterme al asunto de juzgar las intenciones, yo considero que en algo sirvió para enmendar el error, la demanda del Partido Acción Nacional; y este asunto empezó en septiembre 19 del año pasado, ha evolucionado hasta la presentación del retiro voluntario del licenciado Carlos del Río.
Por estas consideraciones, los diputados de Acción Nacional, integrantes de esta Comisión Permanente, votarán en favor del dictamen. Muchísimas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar sobre el mismo tema, el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Con la venia de la Presidencia; señores legisladores: Está a discusión un dictamen en relación con el cumplimiento de una ley especial.
Desgraciadamente se ha utilizado la tribuna para introducir hechos ajenos a la discusión del dictamen; no es el momento ni el foro adecuado para insistir sobre hechos que ya fueron materia de discusión y de determinación por los órganos adecuados en los términos de la ley.
Si se habla de perseguir el cumplimiento de la ley, debe empezarse por cumplir la ley; por eso me parece que en la determinación del grupo parlamentario de Acción Nacional es congruente, no así la intervención del diputado que habló en contra del dictamen.
Voy a referirme concretamente a los hechos cuestionados en esta tribuna. Se hizo referencia a dos circunstancias, una que postergaré para un comentario final, que es sobre la afirmación de que el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia violó la Constitución.
En relación con el dictamen, se dice que no está fundado porque no tomó en cuenta que no se probaron o se acreditaron los extremos de ley. En la reunión que tuvo la Primera Comisión el día de ayer, se tuvo el expediente a la mano para ser consultado por los diputados, en este expediente venía la copia certificada del acuerdo dictado por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el particular, así como unas copias fotostáticas de los elementos probatorios que tuvo en cuenta el pleno de la Corte para poder emitir su resolución, si no se tuvo el cuidado o la reflexión
de leer la resolución, es imputado, en dado caso, a quien afirma lo contrario; basta para ello remitirnos a la lectura de la copia certificada enviada al análisis de este cuerpo colegiado legislativo. En esta copia certificada, en una de las partes específicas de la resolución, se hace referencia concreta a la certificación expedida por la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre el nacimiento del señor licenciado Carlos del Río.
Por lo que toca a la afirmación de que probó, en realidad si se hace reflexión sobre el texto de la solicitud, se verá que el propio licenciado Del Río hizo referencia de primera intención a las pruebas existentes en su expediente personal, en el seno de la Suprema Corte de Justicia, y en ese expediente están todas las constancias relacionadas con su persona, con su designación, con su protesta e inclusive con su matrimonio, aun cuando no era necesario presentar el acta matrimonial, porque si nos remitimos al texto de la ley especial que establece el retiro forzoso o el retiro voluntario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, éste establece clara y categóricamente en su artículo 4o. que los familiares del ministro que obtuvo la jubilación por retiro voluntario o por retiro forzoso, deberán acreditar los extremos de su derecho por conducto de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia para que le sea cubierta la pensión relativa.
Desde este punto de vista si lo que estamos discutiendo en este foro de la Comisión Permanente, es si está o no ajustado a derecho el acuerdo emitido por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que estar conscientes de que está perfectamente ajustado a derecho en los términos de una legislación expedida con anterioridad a los hechos y perfectamente aplicable al caso y por lo cual implica la aplicación exacta del principio de legalidad consagrado en el texto supremo de la norma fundamental de la República.
Esta ley, que es una ley expedida en el año de 1951, fue expedida por el Congreso de la Unión, fue reformada en el año de 1963 y establece de una manera categórica, no sujeta a interpretaciones subjetivas de otra índole, el derecho de los ministros del alto tribunal de la República para poderse retirar de una manera voluntaria del ejercicio de sus funciones, siempre que hubieren cumplido determinada edad y que hubiesen tenido cuando menos 15 años en el ejercicio de la función.
Si en el caso de que se trata del licenciado Carlos del Río, acreditó estar dentro de los supuestos legales de la norma del caso, ya que cuenta con 61 años de edad y si por otra parte acreditó tener casi 22 años de servicio ininterrumpido a la Suprema Corte de Justicia, es indiscutible que el acuerdo emitido por el pleno de la Suprema Corte se encuentra perfectamente ajustado a derecho.
Vuelvo a repetir, que no se trata de usar la tribuna para denotar o para adjetivar a personas respecto del uso de sus funciones, y creo que los diputados y los senadores tenemos una grave responsabilidad sobre este particular, en este sentido quisiera concluir mi intervención haciendo una brevísima lectura de un excelente trabajo publicado en el diario madrileño ABC el 18 de octubre del año de 1990, coincidiendo con la interparlamentaria de México y España.
El señor diputado al Parlamento Europeo por parte de España, don José María Gil Robles, sostuvo lo siguiente: "Es evidente que diputados y senadores deben poder denunciar y criticar libremente los errores y abusos del poder sean cuales sean las personas o instituciones que las cometan. El derecho a la libertad de expresión de ideas y opiniones, es un derecho elemental de todo ciudadano, pero para el parlamentario es aún más fundamental si cabe, pues forma parte esencial de su misión. No es ya un derecho, es una obligación.
Ahora bien, como todo derecho, el de libertad de expresión ha de tener unos límites, no es una patente de corso, pues sabe respetar el derecho de los demás, al honor, a la intimidad, etcétera, el Tribunal Constitucional Español se ha cansado de repetirla por activa y por pasiva.
Por otro lado, se ha llegado a aprobar una resolución que establece como excepciones al derecho de los parlamentarios a la libre expresión de ideas y de opiniones políticas, la incitación al odio, la difamación y el ataque a los derechos fundamentales del hombre, al honor y al buen nombre de grupos o personas". Y termina diciendo en otro apartado, con el cual concluyo mi intervención: "Diré más, quien ha de recurrir al insulto está poniendo de manifiesto su pobreza de expresión, su indigencia intelectual y casi siempre su carencia de razón". Muchas gracias, señores legisladores. (Aplausos.)
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones personales, el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Es indudable que en la Cámara de Diputados los letrísticos, como el diputado Trinidad Lanz Cárdenas, quieren que todo se haga a su antojo, a su capricho, y su única verdad es la única que debe de prevalecer; bonita forma de legislar. Esa es la prepotencia a través de la cual el Partido Revolucionario Institucional se ha caracterizado a lo largo y a lo ancho de este país y en todas las actividades de carácter político y público.
Usted cree que es el amo de la verdad, usted cree que simple y sencillamente usted es el único que tiene la capacidad para disertar y para argumentar algunas cuestiones en las cuales los demás para usted son ignorantes. Es más ignorante aquel que no atiende a la verdad y al derecho, que el que exige que se le cumpla ese derecho. Usted, que es un maestro, un constitucionalista, sabe perfectamente que el licenciado Del Río violó la Constitución, usted sabe perfectamente que no tiene derecho a esa pensión, sabe perfectamente que este señor debió haber sido enjuiciado en juicio político, porque sabe que los dos poderes no se pueden conjugar en una sola persona. Y aquí viene a hacer alusiones de realidades parlamentarias de Europa, ¡aquí estamos en México!, y ¡aquí es donde están atracando al pueblo de México!, ¡aquí es donde están pisoteando la Constitución ustedes, los del Partido Revolucionario Institucional!, ¡en este país, en donde se impone el capricho, en donde se impone el interés de su partido y donde la Constitución es pisoteada a lo largo y a lo ancho del país, por ustedes los priístas! ¡Por eso es que el pueblo no confía en los procesos electorales, por eso es que el pueblo ya no acude a las urnas electorales, porque sabe que constantemente se le es pisoteado su derecho, por ustedes, los que manipulan todo y los que con su mayoría atropellan la realidad!
Ahora viene aquí a hablarnos de que son ignorantes. Usted, hace unas sesiones, me acusó también de ignorancia, porque me refería a una de las comisiones, diciéndole Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de las tres comisiones que existen aquí; si yo le puedo decir Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales o comisión de la imposición, o comisión de la prepotencia, ¡cómo a mí me de la gana!, son tres comisiones y ¡yo las bautizo como me dé mi gana! ¿O usted, porque es un constitucionalista me va a decir cómo deben hacerse las cosas?, ¿o usted va a manejarme mi forma de pensar y mi forma de ser?, está muy equivocado señor diputado, ¡aquí yo vengo a cumplir con un compromiso, no vengo a estar de rodillas ante ustedes! ¡Hace mucho que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana dejó de ser un partido, cuando menos, identificado con su prepotencia y con su abuso de autoridad! Por ello fue la creación de la nueva era del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; por ello pugnamos porque ese partido, al que usted pertenece, deje de seguir abusando y deje de seguir siendo un partido de prepotencia y de violación del marco constitucional de este país.
Usted dice, apelando a sus conocimientos jurídicos, que la Suprema Corte de Justicia aprobó y está fundamentando en dictamen de la Suprema Corte de Justicia; ¡qué lástima que no sepa leer, señor diputado, o qué lástima que sepa leer nada más en beneficio de su consigna, en beneficio de la consigna de los priístas!, ¿qué acaso no leyó usted el párrafo segundo de la página cuatro del acuerdo de la Corte?, ¿no la leyó?, aquí dice todo lo contrario de lo que usted vino a decir aquí, ¡aquí usted vino por consigna y vino a apoyar a ese ministro, que realmente representa la indignación y representa realmente la violación al marco constitucional! Aquí dice que el señor debió de haber acreditado y lo único que acreditó fue su acta de nacimiento, fue que él había nacido en determinados años y en otro punto, en la página cinco, párrafo cuarto, aquí se señala claramente que en la Corte se está excediendo porque aquí está diciendo que la pensión se le otorgue a una señora de nombre Silvia Ch. del Río, esta señora, ¿quién es?, ¿de dónde la saca la Suprema Corte?, ¿dónde se probó que está casado con ella?
Entonces por qué la Suprema Corte, no importa probar lo que ahí se afirma, no importa nada; ahí se decide como se ha decidido todo siempre, en contra del pueblo de México.
El Presidente: - Proceda la secretaría a tomar la votación económica.
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los legisladores que estén por la negativa...
Aprobado, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 19 de noviembre de 1990, el ciudadano José Alberto Cisneros Luna, solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar servicios como especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 9 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio interesado prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, serán como especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Alberto Cisneros Luna, para prestar servicios como especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 11 de enero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo Secretario Senador:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 19 de noviembre de 1990, la ciudadana Blanca Aurora Mier Rodríguez, solicita el permiso constitucional necesario para poder prestar servicios como cajera en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 9 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia interesada prestará al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en México, serán como cajera, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo expuesto, la comisión que suscribe se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Blanca Aurora Mier Rodríguez, para prestar servicios como cajera en el Departamento
de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 11 de enero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo Secretario Senador:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el día 15 de octubre de 1990, la ciudadana Silvia Isabel Brom Arévalo, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como secretaria ayudante de seguridad en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 9 de enero del año en curso, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la propia solicitante prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como secretaria ayudante de seguridad, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Silvia Isabel Brom Arévalo, para prestar servicios como secretaria ayudante de seguridad en la Embajada de los Estado Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 10 de enero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo Secretario Senador:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el día 19 de noviembre de 1990, el ciudadano Francisco Corrales Dorame, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda prestar servicios como especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en la Embajada los Estados Unidos de América, en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 9 de enero del año en curso, se turnó ala suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, será como especialista agrícola, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Corrales Dorame, para prestar servicios como especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Unidos de América, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 10 de enero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, Senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés."
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 28 votos en pro y dos en contra.
El Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto.
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES
SOBRE TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre el Tratado de Libre Comercio.
El Diputado José Jaime Enríquez Félix: - El pasado miércoles participamos conjuntamente con Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional en un foro convocado por legisladores texanos en Austin, Texas. Este foro tuvo la participación del embajador de los Estados Unidos en México, de Roger Wallace, que es el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, así como legisladores texanos y profesionales en ejercicio e intelectuales.
Para nosotros es muy importante señalar y expresar lo que en el otro lado de la frontera se manifiesta. Sólo dos cosas parecen preocupar a los norteamericanos respecto a la firma del Tratado de Libre Comercio que ya ha empezado a negociarse con México: la mano de obra más barata, prácticamente a niveles de subsistencia que nuestro país posee y las leyes ambientales tan flexibles que permiten que al sur de la frontera en nuestra nación, se pueda arrojar basura a cielo abierto, lanzar desechos a las aguas de los mares, lagos y ríos, sin ningún control y contaminar el aire con prácticamente cualquier tipo de gas, sin que por eso se imponga apenas la más leve multa.
Sólo esos dos tópicos parecen estar preocupando a nuestros vecinos en relación a la próxima firma del acuerdo; por lo demás, lo cierto es que todo les parece miel sobre hojuelas y sienten que en todas las materias podrán obtener importantes ventajas.
Sería importante pues, analizar lo expresado en este foro por los legisladores e intelectuales de los Estados Unidos.
En agricultura, por ejemplo, saben que nuestro país tan sólo es capaz de producir el 45% de las necesidades internas, y que tan sólo en 1990, según la revista Export to Day, México tuvo que importar por lo menos 10 millones de toneladas de comida. Los norteamericanos piensan que es irónico que el país que dio a conocer el maíz al mundo, se el importador de 900 mil toneladas de ese grano básico en sólo un año.
Saben que fueron por los menos tres billones de dólares los que México les compró en 1990 por concepto de comida, y se saborean anticipadamente pensando en el negocio grande que van a hacer cuando las barreras hayan terminado finalmente por desaparecer.
En cuanto a la privatización de la banca, si bien saben que su participación directa estará limitada al 30%, el sistema bancario mexicano les dará muchas otras posibles entradas y la
posibilidad de convertir al país en otro Hong Kong o en un Panamá, país intermediario para todas sus transacciones comerciales y financieras, es algo muy lógico. En lo relativo a exportaciones, saben que México ha dependido tradicionalmente de los consumidores norteamericanos para vender las dos terceras partes de los productos que exporta, y saben que a pesar de las crecientes diversificaciones de las mismas, más del 30% son de petróleo.
Por otro lado, datos de fuentes oficiales de los Estados Unidos consideran que para las empresas de aquella nación, el Acuerdo de Libre Comercio no significará una gran transición, dado que se estima que el 85% de las 500 compañías más grandes están ya invirtiendo en México en montos que ascienden a más del 65% del total de la inversión extranjera en nuestro país.
En los Estados Unidos se piensa que muchas de las negociaciones que deberán realizarse se basarán en las resoluciones firmadas por México al unirse al Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio (GATT) en 1986, que implicó prácticamente la apertura a la industria maquiladora, de la que para 1990 existían en México 1 mil 940 plantas en operación, 8% más que en 1989 según cifras de ellos, que daban empleo a 510 mil trabajadores y representaban para el país la tercera fuente más importante de ganancias foráneas.
La maquila ha crecido en tal magnitud que ha sido necesario para las autoridades mexicanas crear una oficina de asistencia gubernamental con sede en el Paso, Texas, con el nombre de Mexic Consult.
Los norteamericanos piensan además que México les ofrece como ventaja la posibilidad de un mercado potencial de 100 millones de consumidores para el año 2000, una mano de obra realmente barata que según el senador Leo Vincent, de los Estados Unidos, perciben salarios que son siete veces inferiores a los que pagan en los Estados Unidos. Francamente, opina el senador, eso preocupa a muchas industrias y trabajadores de los Estados Unidos.
Sin duda, una de las ganancias más significativas que los norteamericanos alcanzan a percibir en el corto plazo, derivadas de la firma del acuerdo, es la posibilidad de aumentar su comercio con México en materia de acero. México es ya ahora mismo el mayor comprador de acero a los Estados Unidos y no tiene ninguna restricción legal para incrementar la compra.
El incremento de las exportaciones de los Estados Unidos hacia México se han derivado de la liberación de las regulaciones en México, que ha eliminado al anterior impuesto de 5% a todas las importaciones, bajando las tarifas arancelarias de 40% a un máximo de 20%. Deducido el goce de 12 mil a sólo 330 el número de artículos que requieren permiso de importación y descontinuado el uso de precios oficiales para la venta al público.
El turismo ha sido visto por los norteamericanos, como una de las posibilidades importantes de inversión, pues hoy por hoy es la segunda fuente de divisas para México, sólo después del petróleo.
Por todas las posibles ventajas que los norteamericanos descubren en la firma de un acuerdo de libre comercio con México, es que están preocupados por iniciarlo y concluirlo a la brevedad.
Karla Hill, la representante comercial de aquel país, anima a quien le pregunta, a la firma del acuerdo y tranquiliza a los compatriotas respecto a dos temas que más les inquietan: salario de los mexicanos y leyes ambientales, diciendo que esos tópicos podrían tratarse por separado mediante acuerdos bilaterales.
En todo han pensado para sacudirse la preocupación de que los salarios de los mexicanos, inferiores a un dólar la hora, y la ausencia de fuertes reglamentaciones laborales, provean un poderoso incentivo para que las empresas estadounidenses se muden a México.
Resulta pues, particularmente importante escuchar lo que piensan los norteamericanos en relación al próximo acuerdo, dado que sus críticos argumentos solamente los favorecen a ellos, por lo que es preocupante que el lenguaje que utilizan los negociadores mexicanos, parezca más una copia de las ideas de la contraparte, que un análisis sistemático de nuestra situación y nuestro propio riesgo.
Serra Puche no parece otra cosa que un muñeco de ventrílocuo, marioneta de Karla Hill y su grupo de expertos. Las voces estadounidenses se oponen desde luego a lo que no les favorece. Sólo el gobierno mexicano lo apoya todo sin restricciones.
En todo han pensado los norteamericanos, hasta en la mentalidad tecnoburócrata que anima a nuestras autoridades deseosas de parecerse miméticamente al modelo que aquéllos han querido venderle al mundo y que hoy arroja
prácticamente a México al vacío de un acuerdo que no nos conviene ni nos beneficia en lo general, pero que nos coloca en una delicada posición frente al mundo. Su ambición no tiene límites, pues han calculado considerar la colaboración de México para dar con la firma del acuerdo, un primer paso en la concreción de la Iniciativa de las Américas, propuesta de George Bush, para crear una de las zonas de libre comercio a nivel continental más importante. Con eso, el gobierno de México volvería como lo ha hecho ya reiteradamente en los últimos años, a su papel de esquirol de los norteamericanos, a contribuir, a despecho y renuncia de sus orígenes latinoamericanos, al dar el dramático paso hacia la realización de una zona de libre comercio hemisférica, que vaya desde Punto Barrow en Alaska, hasta el Estrecho de Magallanes en Argentina.
El acuerdo con México va en serio, porque nuestro país es el primer socio comercial más grande de los Estados Unidos, sólo después de Canadá y Japón. Las exportaciones norteamericanas hacia México llegaron a 25 billones de dólares, según cifras, 20% más que en 1989. Y aunque el déficit de la balanza comercial aún es desfavorable a los Estados Unidos, éste se ha ido reduciendo considerablemente para pasar a 7.7 billones de dólares en 1983, a 2.2 billones de dólares en 1989. Y la tendencia sigue mejorando para ellos, al grado que hoy se habla de un déficit para México.
El 82% de sus exportaciones están compuestas por bienes manufacturados, partes automotrices, comida procesada, componentes electrónicos, equipos de telecomunicaciones, aeronáutico, etcétera.
El interés de los norteamericanos por negociar con México, se extiende a los campos de la venta de bienes y servicios, la propiedad intelectual y la inversión.
Aunque su preocupación principal no puede uno contarla. El Petróleo está aparentemente fuera de sus posibilidades por la fuerte presión que la sociedad civil mexicana esta ejerciendo sobre el tema y por la protección de la Constitución de nuestro país. Sin embargo, ya se han expresado voces oficiales a favor de este tan importante platillo.
A pesar de las barreras y los inconvenientes actuales, los norteamericanos no abandonan su interés por acelerar las negociaciones y se han acogido al acta resolutiva de 1988, para optar por el "fast track", el rápido acuerdo mediante el cual luego de que el presidente estadounidense propone al Congreso el intento de iniciar negociaciones, cosa que se hizo ya en septiembre 25 del año pasado, deben pasar 60 días hábiles de consulta entre los representantes para dar el visto bueno a las pláticas; que han concluido prácticamente y posibilitan a los negociadores a fijar las reglas del juego.
La mesa esta puesta y los norteamericanos se han sentado a la misma, pero no para hablar en términos de iguales, sino para pretender comerse a México como suculento plato principal y a despecho de la pobreza ancestral en que se vive, en la que seguiremos sumidos dado el triste papel de país maquilador y badonero a que nos han reducido no sólo ellos, sino principalmente las propias autoridades mexicanas que deslumbradas por el vago espejismo de la modernización y deseosas de ser ya un país del primer mundo, no dudan en sacrificar nuestro presente y en endosar al imperialismo nuestro porvenir.
Por lo anterior, queremos hacer el señalamiento de un
« PUNTO DE ACUERDO
Único. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, propone a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, que cite al ciudadano Jaime Serra Puche, Secretario de Comercio y Fomento Industrial, a que comparezca ante las comisiones unidas de Comercio y Patrimonio y Fomento Industrial, con el propósito de que informe a esta soberanía acerca de los términos de negociación del Tratado de Libre Comercio de nuestro país con los Estados Unidos y Canadá. De conformidad con el artículo 59 del citado reglamento y por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución, solicitamos que al presente punto de acuerdo se le dé el trámite correspondiente.
Atentamente, diputado José Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática.»
Quizá como una aclaración, sería importante que le diéramos el trámite de "fast track", hablamos en inglés porque el señor Serra Puche solamente ese idioma comprende. Gracias.
El Presidente: - De conformidad con el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General, ¿desea hacer alguien uso de la palabra para hablar en pro de la proposición?
Diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. En contra, diputado Dionisio Pérez Jácome y senador Silva Nieto.
Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar en pro.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El planteamiento que formulan los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, hace eco de una proposición que ya con anterioridad había sido suscrita también por tres ó cuatro grupos parlamentarios, mediante la cual se solicitaba la comparecencia del Secretario de Comercio, a fin de aclarar una serie de realidades que acontecen y que pueden acontecer en torno a este posible Tratado de Libre Comercio.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que sería un error para nuestro país, para el desarrollo económico del mismo. Mantenernos al margen de este mercado potencial, representa más de 350 millones de individuos que estarían en posibilidades de consumir los productos que se comercializarían entre Estados Unidos, Canadá y México.
Pero desde un principio han surgido una serie de interrogantes, una serie de preocupaciones que a nuestro juicio deben ser aclaradas por el Secretario de Comercio. Ya lo señalábamos en alguna ocasión, que el Secretario de Comercio se había reunido con una parte de los legisladores, y ante éstos había expuesto algunas ideas de lo que él consideraba, como parte del Ejecutivo Federal, lo que debe ser el Tratado de Libre Comercio; desgraciadamente la oposición no fue invitada a ese diálogo, a esa plática, pro el Secretario de Comercio, y bajo esas circunstancias desconoce el punto de vista una parte importante de la representación del pueblo de México.
Nosotros consideramos que los retos del futuro comercial de México deben ser de tal manera que nuestro país no quede rezagado de la realidad económica de América; pero existen una serie de dudas por las cuales el Secretario de Comercio debió haber dialogado con la oposición, para conocer puntos de vista, mediante los cuales nosotros, al menos el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, coincide en la necesidad de adecuarnos a la realidad comercial que nos presenta esta década.
Sabemos y lo hemos señalado, que alguna planta industrial de nuestro país no está lo debidamente preparada ni cuenta con la infraestructura tecnológica necesaria para afrontar los restos del comercio internacional. Es difícil que se tomen decisiones y en un momento determinado se llegue a la firma de un tratado de esta magnitud, sin contar con la opinión de todos los sectores de la población.
El Senado de la República, a través del senado Niebla, ha establecido que se va a implementar una consulta en torno al Tratado de Libre Comercio; la realidad es que desconocemos todas las ramas que va a abarcar este Tratado de Libre Comercio, inclusive, yo considero que los industriales no tienen pleno dominio sobre cuáles van a ser las bases, cuáles van a ser las ramas que estarán sujetas al mismo tratado. Ya los agricultores de este país han expresado su preocupación porque sus productos se ven desestimados o marginados del comercio con los Estados Unidos; la práctica así nos lo ha demostrado, tomando en consideración que algunos de ellos han sufrido algunas restricciones.
Por otro lado, es innegable que el reto que para los mexicanos representa el Tratado de Libre Comercio, obliga al Senado de la República a no hacer una simple consulta o un foro a nivel de Distrito Federal.
Yo considero que aquí el senador Niebla debió de haber sido más amplio y más democrático en la forma de implementar este posible foro en torno al Tratado de Libre Comercio, porque al menos lo que entiende la opinión pública, es que el foro se realizará exclusivamente en el Distrito Federal y bajo esas circunstancias están, se estaría dejando al margen, fuera, la opinión de una serie de grupos industriales y de otras actividades de carácter comercial, al margen de su opinión.
Nosotros consideramos que la consulta del Senado debe realizarse en cada una de las entidades del país, conocer la forma de opinar y el sentir de todos los mexicanos y aquí en esta realidad el Secretario de Comercio antes que implementar la consulta, debe de orientar al pueblo de México, a los integrantes de los partidos políticos, a los industriales y a toda la población activa de este país en los objetivos que se pretenden a través de este Tratado de Libre Comercio.
Sabemos que los mexicanos nos adaptamos inmediatamente a una serie de realidades, también entendemos que manejamos los conceptos, esos conceptos de lo que es el Tratado de Libre Comercio, lo que maneja la opinión pública, lo que maneja la prensa, la televisión, pero a fondo desconocemos lo que está haciendo el Secretario de Comercio en Estados Unidos.
Los que no aceptamos en una primera instancia, es ¿por qué el Secretario de Comercio se va y se reúne con los representantes del Congreso norteamericano y no lo hace con los representantes del Congreso mexicano?
¿Por qué primero los Estados Unidos y después aquí? Creemos que la proposición que formulan los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, para que hacia el interior, hacia la representación nacional se dé una amplia información sobre lo que es el Tratado de Libre Comercio, resulta imprescindible y es más preocupante para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el que esta soberanía nacional deseche esta proposición por una publicación que aparece el día de hoy en el periódico El Universal. No sé si algunos de ustedes ya leyeron, algunos legisladores del Partido Revolucionario Institucional, este artículo, este encabezado, del periódico El Universal, que ya resulta preocupante para todos los mexicanos, porque aquí algunos funcionarios de la misma Secretaría de Comercio, están señalando que sí se va a incluir dentro de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio el petróleo.
También se habla de la intervención de capitales extranjeros en las negociaciones, no sé, ignoro de dónde este diario nacional haya obtenido esta información, pero sí es preocupante que ahora las cosas estén cambiando, no vaya a ser que a fin de cuentas y por no informarnos adecuadamente el Secretario de Comercio, a la hora de la hora va a resultar con que firmamos otro Tratado de Bucareli o alguna cosa de ésas, que nos va a dejar en la vil desgracia. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra, el senador de la República Fernando Silva Nieto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Fernando Silva Nieto: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: He solicitado el uso de la palabra, porque considero fundamental que ante lo que aquí se ha dicho sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre todo sustentando el punto de acuerdo que se ha sometido a la consideración de esta asamblea, creo fundamental, decía, ahondemos un poco en la reflexión sobre qué es en realidad dicho tratado, cómo lo concebimos en mi partido, cuál es la naturaleza y cuáles son realmente sus alcances.
Con tanta información que manejó aquí el diputado Enríquez sobre los Estados Unidos, sobre las preocupaciones de los Estados Unidos, pareciera que más le interesa los Estados Unidos que el interés de México.
¿Qué es lo que pasa? El tratado de repente se ha convertido en motivo de cuestionamientos del más diverso orden; hay quienes destacan la parte estrictamente técnica, con preguntas acerca de los contenidos que tendrá dicho tratado; lo decía el diputado Ramírez Ayala; hay quienes dudan también de los beneficios que puede traer consigo a la economía y a la planta productiva, y adelantan ya supuestos daños sobre algunas empresas, pequeñas y medianas, que han tenido que enfrentarse muy rápidamente a la apertura comercial.
Hay quienes también enfatizan los peligros que pudieran derivar, se dice, para el conjunto de la economía y para la soberanía de una inversión extranjera, cuyos volúmenes previsiblemente, se comenta, crecerían dentro del marco del tratado. Hay dudas también sobre la velocidad con que debiera darse el proceso. Y hay preocupación por la forma como el tratado pudiera comprometer nuestros recursos naturales, en especial el petróleo. Se ha planteado también en esta tribuna, la pregunta de si la economía podrá efectivamente beneficiarse de un tratado que tiene como contraparte la economía más poderosa del mundo, ¿cómo puede obtenerse, se dice, un tratado justo entre economías tan desiguales y cuando nuestra ventaja comparativa es supuestamente sólo la mano de obra? Como éstas, hay otras muchas otras dudas que se han venido planteando, no solamente en este foro, sino recientemente en las últimas semanas, en algunos otros foros, por parte de los partidos de oposición; legítimas, sin duda, todas estas dudas, pero que no tienen sustento, no tienen sustento en un análisis juicioso, detenido, de la realidad económica internacional, de las dinámicas que con tratado o sin tratado están orientando en este momento el cambio económico del mundo y de la urgencia de superar sustantivamente, consistentemente, las restricciones y limitaciones al desarrollo, que se fueron creando, que se fueron incubando como consecuencia de tantas décadas de
proteccionismo.
El Tratado de Libre Comercio, debemos tomar en cuenta, se está proponiendo en un momento en que la economía nacional se ha abierto ya al comercio internacional; es consecuencia, como hemos comentado en otras ocasiones, del proceso de cambio estructural que iniciamos hace ya varios años; es una consecuencia natural, un proceso en el que decidimos que o nos abríamos al comercio internacional o nunca o muy difícilmente podríamos superar las trabas de la improductividad y de la inflación que nos ahogaba en un mundo crecientemente competitivo; dentro de esa lógica fue que entramos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, como aquí se recordó, se redujeron aranceles, eliminamos excesivas regulaciones y fortalecimos también la certidumbre jurídica para el inversionista extranjero; se dice que fue muy rápida esta apertura, se dice que entregamos todo antes de obtener algo a cambio. Creo, con toda franqueza y con toda honestidad, que esos argumentos ya están derrotados por la realidad; tanto las empresas como la economía en su conjunto, es impresionante la capacidad que han demostrado para adecuarse a estas nuevas condiciones.
Si fuera cierto el quiebre de empresas que se llegó a pronosticar cuando ingresamos al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y que hoy se vuelve a señalar y a reiterar en la perspectiva de la firma de un posible Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no estaríamos sencillamente viendo el repunte que se observa en este momento en la inversión y en el crecimiento de la economía, ni estaríamos observando los esfuerzos muy importantes que están realizando, y que están documentados, las empresas pequeñas, medianas y grandes para modernizar sus procesos productivos; ése es un avance de la mayor importancia que no podemos soslayar.
¿Qué se pretende con el tratado? Abierta nuestra economía hoy se impone la reciprocidad, porque ya no es tiempo sólo de apertura, sino de que otras economías se abran a nuestros productos, en especial la economía de los Estados Unidos, que es la economía por la que llevamos a cabo, con o sin Tratado de Libre Comercio, la mayor parte de nuestras transacciones comerciales y que se seguirán dando previsiblemente en el futuro próximo con o sin tratado, por simple razón de vecindad inevitable, por razones de estructura tecnológica de nuestra planta productiva y por razones, en fin de comportamientos y de interrelación ya existentes en este momento entre, ambas sociedades. Lo que queremos, y creo que debemos afirmarlo enfáticamente, lo que necesitamos es asegurar mercado para nuestros productos, acabar con la incertidumbre de quienes exportan a los Estados Unidos con el permanente riesgo de verse bloqueados sin previo aviso por decisiones unilaterales.
Lo que queremos con este tratado, señores legisladores, es mayor justicia en nuestro comercio con los Estados Unidos, queremos consolidar el empleo, el crecimiento y el bienestar de los mexicanos; por ello es el tratado, ésa es la esencia del tratado y no otra, ésa es la naturaleza y es preciso por ello que avancemos, y aquí disiento totalmente de lo que decía el señor diputado Enríquez, que avancemos rápidamente, lo más rápidamente posible en las negociaciones, sobre una base obvia, la base obvia de lo que es una negociación; es decir, tan rápido como las partes se pongan de acuerdo sobre lo que a cada parte conviene y en este caso las partes no son sólo los gobiernos de ambos países, sino que son también los diversos intereses productivos en juego cuya voz, cuyos puntos de vista y planteamientos serán los que habrán de definir la agenda de las negociaciones.
Desde luego que cabe discutir aquí los contenidos, creo que es importante que hablemos sobre lo que pueden ser los contenidos del tratado y para ello es precisamente que se ha pensado en ese lado abrir el foro a que se refería el diputado Ramírez Ayala, un foro que quedará abierto antes de que se inicien las negociaciones formales. ¿Para qué? Para captar públicamente todas las preocupaciones, propuestas, planteamientos de los sectores productivos, de los partidos políticos, de las organizaciones sociales, de todas las regiones del país que no tienen por qué estar excluidas de presentarse y de hacer su voz patente en este foro, de esas preocupaciones que ahí se estarán planteando se tendrá que ir marcando la agenda de la negociación del tratado.
Eso es lo que hay que discutir y creo que el foro se presentará como una espléndida ocasión para traer todas nuestras informaciones, para presentar todas las inquietudes que tengamos, pero no creo válido que el tratado, sobre todo cuando están tan claras las cosas, se convierta en un motivo de diferendo político. Desde luego que hay puntos diferentes de vista tanto en los Estados Unidos como entre los diversos intereses productivos de México, porque se quiere saber con precisión cómo va a afectar al tomate, cómo se va a afectar tal sector económico o
tal empresa y es bueno que tengamos esos puntos de vista y es bueno que nos encontremos con ellos para ir encontrando aquellos contenidos que más convengan a los intereses de México, pero no es honesto ni es responsable que en la lógica de la controversia partidista manipulemos hechos o informaciones que sólo confunden sobre un asunto tan importante para la consolidación de las reformas económicas del país.
No cabe, creo señores legisladores, no cabe erigir en argumento que está implícito y es reiterado en las intervenciones de unos señores legisladores, no cabe erigir en argumento un nacionalismo que no está en juego, no está en juego, no cabe confundir nacionalismo con nostalgias o con querellas del pasado, sobre el petróleo que aquí se comentó también, nuevamente aquí se ha mencionado, las cosas están absolutamente claras, el Presidente Salinas ha delineado con toda precisión las cosas, ¿por qué insistir en ello? El petróleo se ha dicho una y muchas y más veces, no está ni estará a discusión y creo que no se vale ni en este asunto del petróleo ni en otros que están directamente vinculados a la esencia del interés nacional, que elevemos como banderas, de banderías facciosas, podríamos decirlo.
Otra cosa que quiero señalar también, en la iniciativa del tratado, que es una iniciativa mexicana, no de los Estados Unidos; lo que ha habido, señores legisladores, es un gran sentido de oportunidad por parte del Presidente Salinas, que acogió la propuesta que le hiciera el Senado de la República. Es ese sentido de la oportunidad de condiciones claras desde el 1o. de diciembre y las podemos enumerar, que le han abierto tantos espacios al país para avanzar en sus propósitos nacionales.
Es cierto que no se han logrado todas las metas, pero, ¿quien puede negar hoy que México tiene una nueva dinámica, hacia dentro y hacia el mundo?
Lo que sí creo válido y yo quisiera destacarlo de una manera muy especial, es que al discutir estas cosas, al analizar los posibles contenidos del tratado, que hay que llevarlos a ese foro para hacer presente el punto de vista que tengamos, es que a partir de nuestro nacionalismo, hagamos con el gobierno de la República una defensa honesta, una defensa responsable del país.
Señores diputados, señores senadores, por todas estas razones, porque creo muy claros el alcance y la naturaleza del tratado y porque hay una abundante información sobre lo que está significando y de lo que esperamos de él, creo que no es necesario lo que citaban los señores diputados, creo que tenemos la información y lo fundamental es que sí podamos precisar nuestro punto de vista para, en este foro que está por abrirse, podamos llegar a puntos conclusivos, que permitan alimentar a los negociadores del tratado en el momento en que esto se inicie.
Por ello, señores diputados y senadores, pido se deseche esta propuesta.
El diputado José Antonio Gándara Terrazas (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Con qué objeto? Tiene la palabra el diputado José Antonio Gándara Terrazas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para razonar su voto.
El diputado José Antonio Gándara Terrazas: - Muchas gracias , señor Presiente; honorable asamblea: El señor senador Fernando Silva Nieto, expresó aquí en la tribuna que efectivamente existen muchas dudas en relación al Tratado de Libre Comercio y juzgó que dichas dudas carecen de sustento, sólo que nosotros no contamos con información suficiente para despejar las dudas que tenemos. Quizá el señor senador esté de acuerdo en que las dudas surgen cuando no se cuenta con información necesaria y no es con una divulgación parcial como dichas dudas van a quedar aclaradas.
Los diputados del Partido Acción Nacional daremos nuestro voto favorable a la proposición de la comparecencia del secretario Serra Puche, por considerarle necesaria aunque no la consideramos suficiente.
El anuncio del nuevo foro de consulta del Senado de la República sobre el Tratado de Libre Comercio brinda la oportunidad de que en esta ocasión las cosas se hagan a satisfacción no sólo de algunos, sino de todos los que tengan interés de conocer y opinar sobre este asunto, que indiscutiblemente impactará no sólo en la vida pública nacional y a los sectores productivos, sino también a nivel personal de cada uno de los mexicanos.
Hemos afirmado que el foro de consulta anterior fue cupular e insuficiente por una razón fundamental: ningún asunto puede evitarse eficiente y concienzudamente si se carece de información completa, veraz y oportuna y
suficientemente difundida. Si esta condición no se cumple, el foro volverá a convertirse en una mezcla de descalificaciones totales, apoyos incondicionales, agoreros del catastrofismo y optimistas a ultranza, tal y como sucede actualmente con la opinión pública.
Un verdadero foro debería realizarse una vez satisfechas previamente las condiciones siguientes: difusión de todos los puntos que hasta la fecha se han manejado en las pláticas relativas al Tratado de Libre Comercio con suficiente detalle y en lenguaje llano; difusión de la postura que los representantes mexicanos han guardado con respecto a los puntos anteriores; pronóstico de los efectos positivos y negativos que el tratado traería en cada uno de los sectores productivos, por parte del gobierno mexicano, quien es el que a fin de cuentas tiene la visión macroeconómica; difusión de las experiencias vividas por los países que ya se encuentran incorporados a tratados de libre comercio; estimación de los efectos colaterales del posible tratado de libre comercio, precisamente sobre todo aquello que no es estrictamente comercial, tales como modificaciones a la calidad de vida de los mexicanos, impacto en las fronteras, posibles controversias, adecuaciones de la legislación laboral, salarios por productividad, cambios en los patrones de consumo, etcétera; explicación clara de cuáles pudieran ser las causas de revisión y las formas de suspensión o cancelación de dicho tratado y los efectos predecibles de estos actos para nuestro país; posición de los negociadores mexicanos hacia la afirmación de que un tratado de libre comercio es paso previo, así sea a largo plazo, para llegar a un mercado común, con todo lo que esto significa en lo económico, político y social.
Sólo satisfechas las condiciones anteriores, se pudiera llevar a cabo un nuevo foro de consulta, en forma tal que de veras fuera útil para tomar una decisión que no debe de ser de unos cuantos. En este asunto no se vale que haya gente con información privilegiada, y el resto de los mexicanos estemos en calidad de espectadores o de opinantes mal informados; las consecuencias son para todos.
No discutimos que por alcance de este asunto sea el Senado de la República quien lleve a cabo el foro mencionado, pero esto no significa que consideremos que deba ser el único instrumento formal de debate.
Los ciudadanos mexicanos, en lo individual, y no como Estado, viviéramos los resultados buenos y malos, y a los diputados como representantes de la nación, nos corresponde la responsabilidad de darles voz a los ciudadanos, es por eso que insistimos en el cumplimiento de los acuerdos también de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados del 4 de octubre y 17 de diciembre, que fueron: realizar en los meses de febrero y marzo un foro de análisis con la participación de especialistas y de los sectores afectados, para conocer la opinión de empresarios, obreros, campesinos, investigadores, etcétera; solicitar a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial la integración de dos representantes de la Comisión de Comercio en las reuniones de trabajo del Tratado de Libre Comercio, así como en los foros y comisiones de negociación, para conocer el avance y contenido de éstas.
Por lo anterior, insistimos en que se lleve a cabo la fase de divulgación previa al foro de consulta del Senado, y el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados. Las grandes decisiones de la nación deben de tomarse con la mayor participación posible de los interesados y de los afectados. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador de la República Roberto Robles Garnica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Roberto Robles Garnica: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: Hablar del Tratado de Libre Comercio es hablar de la culminación antes de que el gobierno haya llegado a la mitad del camino, de una concertación tal que va a ligar de manera muy fuerte y por muchos años, el destino de este país con el destino norteamericano.
No tan sólo estamos hablando de compra - venta de mercancías; ésa se ha hecho de siempre en grado intenso. Ahora, de lo que estamos hablando es de un tratado que va a sujetar la economía mexicana a la economía norteamericana. Aquí la de Canadá desempeña un papel aparte.
Y esto que se está haciendo ahora, y que lo están haciendo con tanta prisa y con tanto entusiasmo, yo estoy cierto de que va a llegar un día en el cual les va a pesar no haber querido ver más allá del inmediatismo en el cual encuentran tantas ventajas.
El comercio México - Estados Unidos es muy importante, siempre lo ha sido, es importante para nosotros pero también para ellos. Aquí lo que
estamos discutiendo es que el gobierno mexicano ya lo apostó todo a la fusión de la economía mexicana con la economía norteamericana. Y como la economía arrastra tras de sí a la política, a la cultura y a la vida entera, de lo que estamos hablando es de que están anexando, vía comercio, este país con el país del norte. Y yo pregunto: ¿desde cuando cambio el significado de la historia de las relaciones México norteamericanas? ¿Es que ya se nos olvidó lo que desde la escuela primaria nos enseñaron? ¿Y no existe el Castillo de Chapultepec y los Niños Héroes?
¿No fueron ciertas nunca las decenas de invasiones norteamericanas a México? ¿No fue cierto que estuvieron a punto de invadir a México cuando la expropiación petrolera? ¿No es cierto entonces tampoco, que en la frontera norte los mexicanos indocumentados, son víctimas todos los días de la brutalidad racista? ¿Ya todo esto es falso, todo esto es mentira, nunca existió, siempre fue ficción?
Y ahora a partir ¿de qué? la historia cambia. Ahora a partir ¿de qué?, los vecinos del norte serán buenos vecinos, y no sólo vecinos ellos y buenos nosotros, algunos dirán que esas son frases hechas, propias de pensamientos radicales. Pueden decir eso y más, pero los hechos son los hechos y la historia ahí está. Y se enseña en las escuelas todavía, aun cuando los adultos cada vez la comprenden menos y algunos estén dispuestos a olvidarla. Por ejemplo, yo me pregunto, ¿que sentimiento se genera cuando hablan por teléfono con el señor Bush, con este genocida?, expresan emoción. Yo diría que a quienes con él hablan debía darles pavor y asco.
Si en los días actuales hubiera justicia, ya estaría formándose otro Tribunal de Nüremberg, para llevar allá a los criminales de guerra, a los genocidas; para llevar allá a todos los culpables de la guerra en el Oriente y a la cabeza de los cuales debiera estar el señor Bush, ese Secretario de la Defensa que dedicó con un autógrafo un misil enviado a Hussein; eso no lo hizo ni Hitler.
Pues bien, con gobernantes de esta mentalidad imperial, prepotente y asesina, es con los que ya nos anda por firmar tratados de libre comercio. Esto es inconcebible. Los más cautelosos en este tratado debiéramos de ser los mexicanos y debiéramos dar pasos muy cuidadosos a efecto...
El senador Roberto Madrazo (desde su curul): - Presidente, quisiera que preguntara al orador si me permite una pregunta.
El senador Roberto Robles Garnica: - Las que guste, señor senador.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador Roberto Madrazo.
El senador Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): - Señor senador, he escuchado con mucha atención la intervención del diputado Enríquez, la suya misma y me viene a mente confusiones, porque hace apenas unos días, el dirigente nacional de su partido estuvo en Estados Unidos, como da testimonio la prensa internacional y la propia prensa mexicana y la posición de la dirigencia nacional de su partido no es tan clara como la que ustedes han manifestado en ésta tribuna, oponiéndose al Tratado de Libre Comercio. Mi pregunta, señor senador, es si pudiera usted precisarnos en definitiva, cual es la posición del Partido de la Revolución Democrática con respecto al Tratado de Libre Comercio, en razón de que hay puntos contradictorios a todas luces, entre lo que dice el dirigente nacional de su partido en Estados Unidos en un foro entre norteamericanos y lo que dicen los representantes populares en esta tribuna.
El senador Roberto Robles Garnica: - Con mucho gusto, señor senador Madrazo, doy respuesta a su pregunta. Hay una perfecta congruencia en lo que ha dicho en Estados Unidos y en México y en otros países el presidente de mi partido, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y lo que estamos tratando de decir nosotros.
Cuauhtémoc Cárdenas, para resumirlo, dijo:" Si no ha de haber un acuerdo útil a México, mejor que no haya acuerdo". Así lo dijo, así salió publicado en la prensa.
Entonces estamos hablando de que si no hay un acuerdo útil a los intereses mexicanos, mejor que no haya acuerdo, pero si ha de haberlo, que sea en primer lugar desde el punto de vista de los intereses nacionales, y yo agrego, señor senador Roberto Madrazo, entre los intereses mexicanos estuvo, está y espero que esté siempre, una base moral, una base ética. Si dicen los comerciantes que el dinero no tiene patria, nosotros decimos que sí tenemos una patria fundada en bases morales, en bases éticas, en humanismo y que esta patria mexicana nuestra no puede convertirse de la noche a la mañana en una patria mercader que trata sin rubor con asesinos.
Aquí el señor senador Silva Nieto dijo que esto del Tratado de Libre Comercio, no podría ser
motivo de controversia partidista o de iniciativa facciosa, más o menos, palabras más, palabras menos, pero ese es el sentido de una parte de la intervención del señor senador Silva Nieto. Y yo digo que eso es imposible.
Aquí cada uno representa una ideología, una doctrina, una estrategia política y ni modo de olvidarnos de ella ¿en aras de qué? ¿De una unidad ficticia? ¿De una unidad que para nada serviría?
Cuando se habla de que es inexorable, fatalmente inevitable la globalización de la economía, yo estoy queriendo entender que ya hay un sentimiento de pesimismo que no quiero colocar en posición subordinada a la economía, a la política y a la inmoralidad de los gobernantes estadounidenses; ésta no la aceptamos, esa globalización no la aceptamos.
El señor Bush ha dicho al mundo que ellos son el único país capaz de poner orden, en un nuevo orden, y que ellos son los únicos capaces de garantizar una nueva situación derivada de que son los únicos que están en el escenario internacional dominando. Pues eso dice él, pero falta lo que diga el pueblo norteamericano todavía.
A mí no se me olvida que la guerra contra Viet - Nam, la pararon las manifestaciones de los norteamericanos decentes, y que fueron sus intelectuales más lúcidos los que pusieron un hasta aquí a la masacre vietnamita.
Tengo la esperanza de que esas mismas fuerzas y esos mismos intelectuales lúcidos, pongan fin a la masacre que ahora en Irak están cometiendo los gobernantes norteamericanos.
Lo que ayer pasó, la matanza de civiles que quedaron atrapados en un refugio antiaéreo y que ha estremecido al mundo, eso ya quedó inscrito entre uno de los crímenes más brutales de los cuales puede dar cuenta la historia moderna. Y de eso son los responsables, son responsables los gobernantes norteamericanos y el Presidente Bush a la cabeza de ellos.
Y con esos señores hay que andarse con cuidado; cómo se confían para ir a entregar la economía de este país a esas manos sucias, tintas en sangre panameña, de sangre iraquí.
Los mexicanos no pueden ser ajenos a la indignación de las conciencias limpias que en todo el mundo existe, a lo que en las conciencias limpias en este momento está explotando con gran indignación, y la Comisión Permanente, comisión de mexicanos, representantes de muchos otros mexicanos, tampoco puede ser ajeno a esto, y cada vez que hablemos del Tratado de Libre Comercio, hay que acordarse con quién se quiere firmar ese tratado y ser no tan sólo cautos, no tan sólo prudentes, sino sumamente desconfiados, porque yo no recuerdo algún trato importante con los señores gobernantes del norte haya sido benéfico a México. Si alguien puede abandonar alguna referencia histórica en sentido contrario, sería bueno conocerla, mientras tanto nos quedamos con que las relaciones de nuestro país con Norteamérica, ha sido siempre una relación que más problemas, que más desgracias nos ha traído que ventajas. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Convengamos en que el tema del Tratado de Libre Comercio, es un tema de gran importancia para nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestra nación; es un tema cuya discusión no vamos a concluir hoy.
Creo que en la sesión pasada iniciamos el tratamiento de esta cuestión y durante el tiempo de la Comisión Permanente, de esta Comisión Permanente, abordaremos una y otra vez el tema del Tratado de Libre Comercio.
Precisamente en la sesión pasada, al finalizar mi intervención, decía yo que era necesario que el Poder Ejecutivo le entregara a la soberanía nacional toda la información que ésta requiere para participar activamente en el debate, y hoy reitero precisamente esa petición, es necesario, y hablo como diputado, que la Cámara de Diputados tenga una información amplia del alcance, las características y hasta dónde ha llegado el Ejecutivo en el compromiso con el exterior.
Yo no me presenté a esta tribuna diciendo que tenía el monopolio de la verdad, y yo rechazo que cualquiera venga a esta tribuna asumiendo ese carácter, como portador único del monopolio de la verdad.
Hace un momento, cuando escuché la intervención del senador Silva Nieto, y en cierto sentido su intervención fue lo que me obligó a venir a la tribuna. Me causa desazón su intervención, me causa preocupación que jóvenes como el senador Silva Nieto, hagan afirmaciones tajantes
y preocupantes desde el punto de vista de mi partido, él parte del fatalismo geográfico, fatalismo geográfico que fue invocado en la época de Miguel Alemán como una razón fundamental para ligarnos profundamente y depender cada día más del mercado norteamericano. Fatalismo geográfico que ya una revolución cercana a nosotros, dio la muestra de que la cercanía geográfica no significa necesariamente dependencia para siempre.
El senador habló del cambio estructural y que ahora el Tratado de Libre Comercio es el complemento de esos cambios que se dieron desde 1982 y que mi partido no ha dudado en calificar como cambios contrarrevolucionarios. Se ha dado un giro de 180 grados en el desarrollo de nuestro país, en el camino independiente, ahora somos un país más dependiente y el Tratado de Libre Comercio nos atará todavía más al mercado norteamericano.
Nadie puede sentirse tranquilo cuando conocemos que el 70% del intercambio comercial se hace precisamente con el mercado norteamericano, pero ese intercambio no es una expresión de interdependencia sino de profunda dependencia de la economía mexicana respecto a la norteamericana y el senador invocó un argumento que me parece que es lamentable y sólo se lo había escuchado a Miguel de la Madrid, "volvió a invocar a los nostálgicos y que ahora no se trata de revivir querellas del pasado", no, senador, yo no voy a olvidar mientras viva la historia de mi país, nunca, porque yo creo que forma parte de nuestra sangre, forma parte de nuestro ser, ese territorio que fue robado por los norteamericanos a México, es una puñalada atravesada en el corazón de los mexicanos, claro ya pensaría yo proponerle a usted si participaría en la reconquista de ese territorio, que muchos mexicanos ya han reconquistado y están ahí, yo no me voy a olvidar de la gesta heroica de los Niños Héroes, senador, no me voy a olvidar de la figura hermosa y extraordinaria de Benito Juárez y no me voy a olvidar de toda la historia de mi país.
Retire usted por favor, por congruencia histórica, ese calificativo de nostálgico, yo creo que los nostálgicos, en todo caso, son los reaccionarios, los que pretender revivir a Iturbide, los que pretenden revivir a Santana, los que pretenden revivir a Porfirio Díaz, los que pretenden revivir la guerra de los Cristeros y, por qué no, hasta el pensamiento de Vasconcelos. Yo creo que esos son los nostálgicos.
Pero sucedió un hecho que creo que justifica la presencia del Secretario de Comercio ante comisiones o ante plenaria inclusive. Resulta que Serra Puche creo que habla inglés, debe hablar inglés, algunos altos funcionarios del gobierno mexicano hablan muy bien el inglés y cuando van allá se olvidan del español, van y tratan todo en ese idioma.
Serra Puche fue precisamente ante un comité de competitividad del Congreso Norteamericano, si no estoy mal informado, y él fue a platicar y a informar; bueno, si fue a platicar y informar, ¿por qué razón no viene a informar a la Cámara de Diputados o a una de las comisiones de la Cámara de Diputados?, si el Tratado de Libre Comercio es una de las cosas de mayor importancia, que no puede decidir el grupo neoliberal que está actualmente en el poder, y no creo que vaya a durar mucho tiempo. ¿Por qué no viene Serra Puche e informa con amplitud?, ¿cuales son las limitaciones de orden legal para que se presente este señor e informe hasta dónde van, hasta qué paso se encuentra en este momento el Tratado de Libre Comercio? Yo creo que la Cámara de Diputados, la propia Comisión Permanente, podría reclamar la presencia de este señor para que informe.
Ya nos pasó algo parecido con las cartas de intención. El gobierno mexicano le hacía todo un informe al Fondo Monetario Internacional y no informaba a los órganos legislativos de nuestro país. Yo creo que..., yo les pido a los diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, la suficiente sensibilidad para que esta comparecencia solicitada se efectúe, yo creo que no hay ningún impedimento; se logró impedir que Antonio Caso compareciera ante la plenaria de la Cámara de Diputados y se vendió Teléfonos de México; yo creo que es importante y es necesario en este momento que Serra Puche comparezca para que informe con amplitud y que los legisladores de México, sean los diputados o senadores, tengan una información amplia. No se opone el foro del Senado a la comparecencia de Serra Puche; esa es la opinión del Partido Popular Socialista.
El senador Fernando Silva Nieto (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, senador?
El senador Fernando Silva Nieto (desde su curul): - Para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones personales, el senador Fernando Silva Nieto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional.
El senador Fernando Silva Nieto: -Muy brevemente, señor Presidente; señores legisladores: Sólo para hacer alguna precisión sobre algunas afirmaciones que aquí se hicieron por quienes me precedieron en el uso de la palabra.
En primer lugar, yo en ningún momento diría que éste y todos los demás temas que interesan a la nación no debieran ser discutidos por los partidos políticos, los partidos políticos representamos a una parte cada quien de la sociedad y ésta es una de sus responsabilidades centrales, discutir aquello que interesa a la nación y a la sociedad. Yo me refería, señor senador Robles Garnica, con todo respeto, a que en asuntos tan importantes como el que estamos discutiendo, a veces hay necesidad, y lo digo muy respetuosamente y de buena fe, de sustraernos un poco de la lógica de la controversia partidarista, para ir a argumentos centrales y no descalificar anticipadamente, en forma ideológica, una posición.
Estamos hablando sobre el Tratado de Libre Comercio y decía, es importante sí que discutamos los contenidos, es importante que veamos como va a afectar todo el sector, tal, otra área de la economía, creo que es nuestra responsabilidad, y ahí hacía yo alusión a la importancia que tiene el foro que se abrirá por parte del Senado, porque no habrá mexicano, no habrá partido político, no habrá sector económico, no habrá grupo de interés que teniendo algo que decir no pueda o no tenga cabida para decirlo en ese foro, que sea una muy buena oportunidad para ir precisando con la sociedad, con el gobierno, los puntos que deberán ser los contenidos de la agenda de negociaciones. Es un primer punto. Por otro lado, en cuanto a lo que dijo el señor diputado Contreras también lamento mucho el mal entendido porque jamás, señor diputado, jamás, aunque usted apela a mi juventud, jamás negaría yo la historia de nuestro país, jamás olvidaría las fiestas a que usted se refirió no sólo porque hemos crecido en esa cultura porque somos mexicanos, porque hemos crecido, latido y formado en ese conocimiento colectivo de la nación mexicana.
Quiero precisar a qué me refería para que no haya absolutamente ninguna diferencia en este punto. Hacía el análisis en ese momento de la etapa proteccionista, altamente proteccionista, que hubo quien la defendiera, efectivamente, ideológicamente y que no era, finalmente no resultó más que ser una etapa que dejó mucho, efectivamente en términos de crecimiento de consolidación de la economía nacional, pero que llegó en ciertos momentos a ser únicamente un factor de protección de intereses minoritarios, no respondía ya al interés de la nación y que no se vale hablar de falta de nacionalismo o implicarlo en el argumento porque estamos en este momento abriendo nuestra economía al exterior, porque la apertura de la economía al exterior era el argumento que estaba señalando, está en el centro de la urgencia que tenemos de resolver y superar trabas generadas en aquellas décadas y que tienen que ver con la competitividad, con la productividad sin las cuales en este país no podremos sencillamente lograr los niveles de bienestar social que queremos y sin los cuales no podremos estar a la altura de los cambios del mundo y el mundo no nos va a esperar, no nos está esperando a que nosotros acabemos con estas reformas para poder incorporarnos a los beneficios de las nuevas corrientes económicas, tecnológicas y de inversión. Ese era el sentido central del argumento y todo ello inscrito, para terminar, en la idea de que si hablamos de nacionalismo, de acuerdo, vamos a ser nacionalistas y a partir de un nacionalismo profundo, honesto, que está inscrito en toda esa historia a que usted se refería y que somos absolutamente los primeros en recordar y defender con ese nacionalismo, con la audacia que nos ha dado la historia de México en relación con los Estados Unidos, con esa audacia vayamos pero sin temores e inseguridades a negociar el mejor tratado comercial posible para México. Esta es justamente la propuesta y dejar de entrar en contradicciones como la que se dice que no queremos tratado, que decía el señor Robles Garnica, pero sí queremos uno que sea útil al país.
Creo que vale más preocuparnos por qué contenidos y cómo garantizar el mejor tratado de comercio con los Estados Unidos y, de ser posible, también con Canadá. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: -Gracias, señor Presidente. Trataremos de dar respuesta a lo aquí planteado a pesar de los actos de contrición, en uno de los casos; en el otro de los casos, pues nos es muy difícil porque ante confusiones mentales particulares en esta forma no puede ser, un punto de acuerdo no lo resuelve. Sería importante, el senador Silva señaló que pareciera que tuviéramos más interés en la información internacional y la
preocupación de los norteamericanos por este país.
En la sesión pasada argumentamos, dimos elementos fundamentales de nuestras objeciones al Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, a decir verdad, los funcionarios mexicanos educados profesionalmente en los Estados Unidos; allí mismo reconvertidos ideológicamente, solo se expresan en los Estados Unidos; sus declaraciones en México, son declaraciones parciales, tradicionales.
En los foros diversos, que aquí señalé y lo relaté, se presta este documento que como cassette se multiplica en los foros norteamericanos, mismo que habla de prácticamente un México que no existe. Habla obviamente de que el producto interno bruto este año creció más que la población, claro que no dice que hay severos cuestionamientos, incluso de los sectores oficiales, en lo que respecta a censo de población. Habla de la esperanza en la inflación para este año y hablan de que la inflación llegó a 200% en este país, pero tampoco no hablan de que esa inflación de 200% fue durante también un gobierno priísta.
Entonces nos parece pues que sobre todo en el gobierno pasado y en el actual los interlocutores de los funcionarios, son sólo norteamericanos, y hay que andar rastreando la información en los medios internacionales para poder conocerla.
Y no solamente allí se han graduado nuestros funcionarios mexicanos, sino que allí también políticamente buscan sus espacios. Yo quisiera nada más recordar el aquel honoris causa que le otorgó la Universidad de Brown a Salinas, una universidad obviamente de las más ricas de Estados Unidos, mientras que a la Universidad Autónoma de México es difícil que le entre a recibir cualquier merecimiento.
Yo también quisiera recordar aquellos aplausos del Congreso norteamericano mientras el Congreso mexicano ha sido abucheado, ¿no?
Entonces aquí hay que ver claramente que ellos buscan el aplauso de los Estados Unidos, ellos hablan para los Estados Unidos. Y es solamente a través de insistencia nuestra, a través de una persecución informativa como logramos tener la información que aquí podemos plantear.
Yo quisiera que ojalá el senador Silva Nieto que aquí se presentó como alguien que pudiera dar respuestas a lo que el gobierno mexicano nos pudiera contestar esta confusión informativa que lo muestra el siguiente documento, señala: "El petróleo es el gran tema para Estados Unidos, ahí reside la mayor parte de su interés por firmar el Tratado de Libre Comercio con México. Lo expresó con toda franqueza el Secretario de Comercio, Robert Mosbacher, la crisis del Golfo Pérsico, afirmó, convierte al Tratado de Libre Comercio con México en una prioridad para Estados Unidos. Un Tratado de Libre Comercio es extremadamente importante ahora y lo lograremos pronto, sentencia. La crisis del Golfo Pérsico ha acelerado en Estados Unidos la búsqueda de fuentes alternativas de hidrocarburos. Mosbacher consideró que los envíos extras de petróleo mexicano son importantes pero no suficientes. México está dispuesto, dijo, a vendernos petróleo extra que tenga, pero 100 mil barriles al día es de lo único que está hablando y eso no es mucho, hemos pedido el suministro de 4 millones de barriles de petróleo al día desde el inicio de la crisis del pasado 2 de agosto".
También se refirió Mosbacher a la necesidad de un riguroso impulso a los trabajos de exploración y explotación petrolera en México que sólo sería posible con una fuerte participación del capital norteamericano. Afirmó que México podría tener la mayor reserva petrolera no explotada fuera del Medio Oriente, pero dijo Mosbacher, para el año 2000 México apenas estará bombeando crudo suficiente para satisfacer su demanda interna. Para Estados Unidos esto es un atentado a su principio de seguridad energética, de ahí la exigencia de Estados Unidos de que México permita la participación de capital y empresas transnacionales en la ampliación e intensificación de los trabajos de exploración y explotación petrolera en México.
Ante esos requerimientos del gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México ¿ha hecho oídos sordos?, nos preguntamos. Por lo que se nos informa oficialmente sí ha hecho oídos sordos, pero en realidad no es así, se están buscando fórmulas para permitir la participación de capital y empresas norteamericanas en la industria petrolera, sin que aparentemente se tenga que modificar o violar la Constitución, lo dijo el Presidente Bush poco después de su entrevista con Salinas en Monterrey: "Hay áreas importantes en las que podemos trabajar juntos, afirmó Bush, áreas que podrían ser mutuamente ventajosas para inversión acentuada, y en la exploración de petróleo y gas natural".
En cambio Salinas afirmó para su pueblo que para nada se tocó el tema del petróleo en el encuentro de Monterrey, pero no sólo existe
el requerimiento de Estados Unidos; es muy probable de que a pesar de que reiteradamente ha informado el Ejecutivo que no existen ya negociaciones oficiales para incluir el petróleo en el Tratado de Libre Comercio, Robert Wallace, subsecretario de Comercio Internacional Estadounidense, afirmó que los gobiernos de Estados Unidos y México mantienen consultas para que el petróleo se incluya dentro de los sectores a tratar en el Acuerdo de Libre Comercio.
¿Quién está mintiendo? Las autoridades mexicanas han entrado en contradicciones; el mismo Herminio Blanco, Jefe de la Oficina de Negociación del Tratado, reiteradamente ha afirmado que el petróleo no entra en la negociación; sin embargo, en una ocasión afirmó: "No descarto fórmulas financieras creativas mediante las cuales Petróleos Mexicanos coopere con empresas estadounidenses, pero la propiedad se reservará a los mexicanos". "Uno más Uno", 17 de octubre de 1990.
Sería muy conveniente que el señor Herminio Blanco explicara a esta soberanía, al mismo tiempo que Serra, en qué consisten esas fórmulas financieras creativas. A eso mismo se refirió recientemente Juan Eibenchutz, Coordinador de Asesores de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, cuando dijo que se permitirá financiamiento al 100% en todas las áreas de la industria petrolera, mediante esos esquemas, los capitales privados, nacionales y extranjeros, tendrán injerencia en los procesos de perforación, extracción y comercialización del crudo.
Son claros los indicios de que el gobierno de México está buscando caminos de concordia con el interés de los Estados Unidos en nuestro petróleo, pero no informa claramente de ello al pueblo de México; dosifica una información parcial y contradictoria, para luego presentarnos situaciones de hecho. Busca el gobierno salinista formas de asociación "muy creativas", como diría Herminio Blanco, para que sin necesidad de modificar la Constitución, mediante un aparente respeto a la misma, intervengan empresas y capitales extranjeros en la industria petrolera.
Habría que recordar el reglamento a la inversión extranjera, y no modificando la ley. Nosotros exigimos estricto respeto del espíritu y de la letra de la Constitución y de sus leyes reglamentarias; exigimos un debate nacional acerca de las políticas petroleras que más convengan al interés nacional, no al interés de los Estados Unidos que se expresa en su concepto de seguridad energética. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Dionisio Pérez Jácome, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: -Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros miembros de esta Comisión Permanente: La intervención que me precedió me motiva un comentario, también de antecedentes a lo que quiero expresar ante ustedes. Decía el señor diputado Enríquez, que había muchas contradicciones sobre este tema. No es el caso ni vengo a comentar tales contradicciones, pero sí, de esta reunión en esta última intervención concretamente, he extraído un conocimiento directo y pleno sobre las contradicciones en que también, seguramente como muchos otros seres humanos, incurren los militares del muy respetable Partido de la Revolución Democrática. Se viene a esta tribuna con ánimo, podría decirlo casi chauvinista, a criticar a aquéllos, aquellos mexicanos que tuvieron la oportunidad que yo no tuve, de estudiar en el extranjero, de hacer un posgrado. Y sin embargo, también con un orgullo quizá legítimo, se ha manifestado en muchos foros la oportunidad que su dirigente nacional tuvo de realizar esos estudios de posgrado en una universidad francesa.
Se dice, asimismo, casi con un tono burlesco, que muchos oficiales mexicanos se expresan, en reuniones formales o informales, en inglés. Escuché hace uno días y por los medios electrónicos, una intervención en Nueva York de ese mismo, muy respetable amigo y compañero dirigente del Partido de la Revolución Democrática, en que con toda corrección, con un uso muy correcto del idioma inglés, explicó sus particulares o partidarios puntos de vista sobre el tratado, en ese idioma de Shakespeare.
Por último, también se afirma o se afirmó aquí, que no se podría, en ánimo prudente, en ánimo sensato de algún responsable legislador perredista, negociar o tratar con alguien que tenía las manos tintas en sangre por el drama de Irak. Pero en Nueva York también otro, otro más distinguido quizá en la jerarquía de ese partido, expresó que no estaba en contra de un Tratado de Libre Comercio con esas manos tintas en sangre, siempre y cuando, como él con justificación expresó, se procurara el bienestar de México sobre distintos aspectos en que puntualizó.
Tiempo es de contradicciones; cuando menos
en ese caso no monopolizamos ese específico aspecto de la conducta humana.
Por otra parte, convengo con mi querido amigo, el señor diputado Reyes Contreras. Vamos a tener una oportunidad abierta en esta tribuna, en otras reuniones y en muchos otros debates, para hablar de aspectos muy importantes del tratado.
Lo importante, señor diputado, es que en este momento, independientemente de poder ser también oportunidad para abordar sobre ese tema tan rico en conceptos y tan acertadamente glosado por el diputado Roque Villanueva en la sesión anterior y seguramente por algunos otros diputados y senadores que sobre el tema se expresaron, ahora lo que nos ocupa y por eso vengo a expresar la opinión de mi partido, es una petición concreta que implica una oportunidad en un foro y en un comparecencia.
Creo que todos recordamos, senadores y diputados, que la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, en el 25 para los diputados, en el 74, en el numeral 74 para los senadores, nos impone una obligación formal de protestar y de expresar ante la soberanía nacional que nosotros mismos constituimos, nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.
Es ocioso totalmente, lo digo también, con simpatía y respeto al señor diputado que expresó su preocupación sobre que el petróleo pudiera ser una materia del Tratado de Libre Comercio, discutir o disentir, explicar sus particulares puntos de vista de preocupación o de sospecha, sobre que pudiera incluirse en un tratado algo que flagrantemente iría en contra de una disposición constitucional.
Si se analiza, se ha hecho ya en abundancia, el texto del artículo 133 y se le interpreta en congruencia con lo que dispone el 25 y el 28 de la Constitución, se advertirá que en lo relativo a áreas estratégicas y en el sentido expreso que los preceptos constitucionales señalan, materias como el petróleo, no constituirán ni un tema aceptado por México, ni un concepto que se incluya en el tratado. Lo pueden decir muchos oficiales americanos, lo pueden decir algunos funcionarios menores quizá con un ánimo particular de preocupación sobre la materia, pero nosotros, legisladores, representantes del pueblo que protestamos guardar la Constitución, no tenemos ni siquiera que discutir sobre esta materia. Lo dijo nuestro Presidente, lo ratificamos nosotros: nada que contravenga la Constitución se incluirá en el tratado, lo diga, lo pretenda o lo desee quien así lo quiera expresar.
Pero la oportunidad, decía, es la de precisar la competencia, primero, de esta Comisión Permanente y posteriormente de la Cámara de Diputados, como se solicitó, para obtener la comparecencia del señor Secretario Serra Puche para tratar el tema, y en su oportunidad, también la de discutir si la Cámara de Diputados o una de sus comisiones puede o no constituirse en un foro de consulta, así se ha expresado por muchos servidores públicos, inclusive por legisladores y particularmente por los miembros de la Comisión de Comercio, en un foro de consulta sobre el Tratado de Libre Comercio.
Y aquí quiero recordar a ustedes lo que expresamente dispone también la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre las funciones de las comisiones de dictamen legislativo.
El artículo 56 expresa en su segundo párrafo, en la ley citada: "que las comisiones ordinarias de dictamen legislativas ejercerán en el área de su competencia, lo dice textualmente la ley, las funciones de estudiar, analizar y dictaminar las iniciativas de ley y de decreto, y de participar en las deliberaciones y discusiones de la asamblea de acuerdo con las disposiciones del Reglamento Interior y de Debates".
Y el artículo 62, que introduce la figura de derecho parlamentario de las reuniones de consulta, nuestro legislador le llamó "reuniones de información y audiencia", expresa que: "las reuniones de las comisiones ordinarias de dictamen legislativo no serán públicas; excepto que cuando lo acuerden podrá celebrar reuniones de información y audiencia a las que podrán asistir, e invitación expresa, representantes de grupos de interés, peritos u otras personas que pueden informar sobre determinado asunto".
Aquí está el fundamento jurídico, el fundamento plenamente vigente, legislado por nosotros en otra oportunidad histórica, de lo que el Senado ha anunciado ya en intención y que en próximos días dará a luz: la convocatoria a un foro para tratar lo que constitucional y legalmente, sólo el Senado puede hacer.
No sería el caso remontarnos a antecedentes múltiples, a antecedentes diversos de todas las legislaciones del mundo, en los sistemas federalistas sobre este campo.
Baste con decir que el federalismo americano,
desde la Constitución de Filadelfia desde su artículo 2o. en su fracción b, establecía que correspondería en exclusiva al Senado una función que se exponía originalmente, de manera ambiciosa, una función dual, como advice and consent, excúsenme por utilizar el inglés, lo dice así el texto constitucional americano. Reuniones, diríamos, de consejo y de aprobación y de consentimiento, en una traducción más o menos liberal del concepto.
Pero sucedió que en la práctica constitucional americana, el propio padre de la independencia: Jorge Washington, se enfrentó para el reto que significaba cumplir con ese mandato constitucional, el que el Senado no cooperaba con él y rechazó de antemano dentro de la primera fase de consulta, dentro del advice, precisamente la ley que más le interesaba, la convención de tipo internacional, por así decirlo, al gobierno naciente de los Estados Unidos de América, a una convención con las tribus indias con las que quería firmar se hegemonía política sobre todo el territorio entonces de la Unión.
Y Jorge Washington instauró un precedente que se mantendría prácticamente hasta la fecha en el sistema parlamentario americano: desconocer, con base en las disposiciones reglamentarias de la propia Cámara, la obligación de acudir siempre a esa consulta y presentar al Senado de la Unión los tratados internacionales, ya negociados, con base en la facultad que la propia Constitución en Estados Unidos y en todos los países federalistas otorga al Ejecutivo, el representar como Jefe de Estado a la nación, en las convenciones, en los tratados, en los acuerdos de naturaleza internacional.
Fue hasta que golpes como el del Tratado de Versalles, cuando su Senado rechazó lo que el Presidente americano había negociado, cuando entendió el ejecutivo americano la necesidad de ductilizar un principio tan ortodoxo y llegar a un sistema parlamentario dúctil que es ese procedimiento, también por desgracia no entendido todavía por algunos exégetas en México, que es el "fast-track", el proponerle al Senado, éste va a ser el convenio, apruébamelo en block en el momento que te lo presente, no discutas cada una de sus cláusulas, pero tendrás, claro, tu soberana facultad de rechazarlo también en block; mi cuidado será el convencerte de que en su conjunto el tratado es benéfico a la Unión. México, heredero del federalismo americano, lo intentó ser también con algunas imprecisiones, con algunas comisiones en el tránsito constitucional del último siglo o del último siglo y medio.
En 1857, y de allí viene quizá la confusión de algunos compañeros diputados, teníamos sólo una Cámara en el Congreso de la Unión, por eso se disponía expresamente que los tratados internacionales serían sometidos a la aprobación del Congreso, y se decía en los artículos que en ese momento eran los antecedentes naturales, del actual 76, facultades ya del Senado, y del actual 89, facultades del Ejecutivo.
Pero vino la reforma de 1874, se introduce el Senado y se le olvida a los legisladores, a nuestros respetables padres de la patria, el enmendar lo que la ley decía, y queda por ahí colado en el precepto constitucional, que aun siendo facultad del Senado el aprobar, todavía en esa época se decía "el ratificar", cuando es el Ejecutivo el que ratifica lo que sus plenipotenciarios hacen, el Senado aprueba, pero en fin, se decía, a pesar de que al Senado es al que corresponde aprobar, el Ejecutivo presentará al Congreso de la Unión; ¿qué tenía que hacer el Congreso de la Unión?, nada, ya para entonces como cámaras en conjunto, y peor aún, se repite esa imprecisión legislativa en la Constitución de 1917, en el Proyecto de Carranza y en el primer texto de la Constitución, que rige hasta 1935, cuando se modifica uno de sus preceptos, y prácticamente, en este caso, hasta 1977 cuando se modifica el 76, en las autorizaciones, en las facultades al Senado y el artículo 89 en las atribuciones al Ejecutivo; hasta ese momento se corrige el error y expresamente se señala que es facultad exclusivamente del Senado y no del Congreso, el aprobar y no ratificar los tratados internacionales, que sólo el jefe del Estado, el Presidente de la República, en nuestro régimen, puede celebrar.
Ese principio, inclusive en México, alcanza un grado de madurez, lo digo con orgullo de mexicano, mayor, mejor que el norteamericano, porque con esas mismas reformas de 1976 y de 1989 se consagran los principios de la constitución americana en origen, porque el Senado tiene la facultad, y lo dice así ya el precepto, por el agregado que se incluyó en 1976, de conocer, de discutir, de analizar la política exterior y los tratados y, por último, en 1989 el Presidente tiene la obligación y va a someter los tratados a la aprobación del Senado, de ajustar su política exterior a una serie de normas, a una serie de principios normativos que limitan, que restringen, que constriñen la facultad del Ejecutivo al cumplimiento estricto del mandato constitucional.
Pero en fin, eso sería harina de otro costal; si
no fuera porque se ha discutido, me duele decirlo así, sin la suficiente ilustración el tema y por tanto, en algún sector muy respetable de la opinión pública, se cree que la Cámara de Diputados tiene facultades para citar en esta materia al señor Secretario Serra Puche, o para convocar, como una comisión de la Cámara así lo decidió, al propio Secretario o a sus colaboradores o a cualquier particular interesado en ese foro de consultas sobre esa materia.
Desafortunadamente para quien así lo piensa, el mandato expreso de la Constitución invalida ese planteamiento. Es facultad exclusiva del Senado por su naturaleza orgánica, ya que le corresponde intervención en los asuntos que involucran en el sistema federal, el convocar, en su caso, y el realizar reuniones de información y consulta sobre este tema, en tanto que no es facultad, que no puede ejercerlo en forma alguna ni el Congreso en su conjunto ni la Cámara de Diputados en lo particular.
Sería lo mismo si hablásemos en este caso de los nombramientos diplomáticos, de la autorización de la salida de tropas y el paso de tropas extranjeras, para la declaración de desaparición de poderes, son facultades exclusivas del Senado, entendámoslo bien; la única facultad que el Congreso de la Unión tiene expresamente en materia de política exterior es la declaración de guerra, fuera de ello nuestro sistema federal, heredero, responsable de una tradición legislativa que viene en este caso de quien creó el federalismo, los Estados Unidos de América, atribuyen exclusivamente esa facultad al Senado.
Pretender lo contrario sería extendernos y dejar que los señores senadores, quizá con un legítimo interés, nos dijeran: queremos participar también, señores diputados, en la calificación de la elección presidencial, ¿por qué nada más ustedes? Queremos discutir y aprobar los presupuestos, queremos vigilar las tareas de la Contaduría Mayor de Hacienda, queremos constituirnos en primera instancia de los juicios políticos, en vez de que ustedes lo hagan a través de las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia.
Señores, no dejaríamos nosotros, no por celo de diputados, que así se hiciera, sino porque estaríamos violando la disposición constitucional que protestamos, que juramos guardar y resguardar; como diputado me agradaría participar en esos foros, pretendo hacerlo, pero en los foros que el Senado, conforme a su facultad constitucional, convoque.
Esa posibilidad de conciliar la legítima preocupación, que no sólo comparto, que respaldo y exijo que se respalde de mis compañeros diputados, de los grupos parlamentarios de los partidos políticos de participar en el foro, seguramente será atendida en el texto de la convocatoria que el Senado emita.
Porque, inclusive, si citaba anteriormente de manera textual un precepto de la ley orgánica, recordarán ustedes que dice expresamente: "que en esas reuniones a invitación expresa podrán acudir representantes de grupos de interés". Y ¿quiénes son más, que hasta por mandato constitucional en el artículo 41 de nuestra Constitución, entidades de interés público, que los partidos políticos, que los grupos parlamentarios que los representan y que los diputados que militamos y participamos en ellos?
Definitivamente, señor Presidente, compañeros diputados, no hay una contradicción de principio; el objetivo puede y debe lograrse, importa en este caso la forma y la materia, porque es forma y materia constitucional, no podemos violar la Constitución y como tal, señor Presidente, señor vicepresidente en funciones, compañeros legisladores, me uno a la petición expresada por el compañero senador Silva Nieto, pidiendo que rechace la propuesta presentada por el muy respetable compañero de la oposición. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: -En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
SOBRE CONTAMINACIÓN EN EL ÁREA METROPOLITANA
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre el problema de la contaminación en el área metropolitana.
La diputada María del Carmen Segura Rangel: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Desde que iniciaron los trabajos de esta Comisión Permanente, los diputados del Partido Acción Nacional hemos reiterado en diversas ocasiones nuestra preocupación por los altos índices de contaminación de la ciudad de México y la falta de acciones adecuadas por parte de la autoridad para combatirlos.
Todos los partidos aquí representados solicitamos informes a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y al Departamento del Distrito Federal, acerca de su actuación ante el problema de la contaminación y sobre los programas y medidas al respecto. En respuesta a esta solicitud, con fecha 5 de febrero, los titulares de estas dependencias enviaron a la Comisión Permanente copia del documento denominado: "La contaminación atmosférica en la zona metropolitana de la ciudad de México".
Es un informe que contiene aspectos técnicos, en donde se hace un diagnóstico de la situación real, con consideraciones geográficas, climatológicas, porcentajes de contaminación, sus principales causas y las medidas que en teoría el gobierno federal y el Departamento del Distrito Federal han diseñado. Es un informe de lo que se debe hacer, pero no dice qué se está haciendo, ni por qué debiéndose implementar acciones cuando se actualizan hipótesis no se ejecutan, como sucedió cuando el 19 de enero subió el ozono o más de 300 puntos de Índice Metropolitano de la Calidad Ambiental y no se aplicó el plan previsto.
Interrogantes que no son satisfechas en el texto del documento y nuevas interrogantes que surgen del análisis del mismo, y la razón tal vez es que no se entendió la inquietud de los legisladores. Claro que es interesante conocer los datos que presenta el informe, pero esto no es suficiente.
Si como lo señala el documento en su página 16, un episodio de contaminación del aire no es un fenómeno intempestivo, que es posible su predicción y puede preverse su evolución en el tiempo y el espacio, ¿por qué entonces no se informa con anticipación a la población para que tome medidas preventivas, tendientes a cuidar su salud?, ¿por qué si desde 1987 se realizaron estudios que evidencian que las inversiones térmicas aumentan su frecuencia, intensidad y espesor en la época invernal y la hora en que se rompe es más tardía en esa época por las bajas temperaturas y esto provoca daños, sobre todo en la población escolar, entonces, por qué, repito, no se ha cambiado el calendario escolar?, ¿por qué no se ha dado a conocer a la población qué es una contingencia, cuál debe ser su participación en el caso extremo de que suceda y por qué medios se le va a dar la señal de alerta?
Respecto al decreto presidencial del 14 de febrero de 1986, conocido como el de las 21 medidas, destaca el documento 5 de ellas, pero no dice cuántas se cubrieron totalmente, ni qué pasó con las restantes que no son mencionadas. Señala el informe también que las emisiones vehiculares representan más del 76% del total de contaminantes emitidos a la atmósfera de la ciudad de México; que Petróleos Mexicanos y las dos termoeléctricas el 4%, el resto de la industria y los servicios el 4.4% y las fuentes naturales el por ciento restante. Sin embargo, la autoridad no toma en cuenta que si bien el porcentaje más alto en la emisión de contaminantes es producido por los vehículos, el bióxido de carbono que producen no es tan tóxico como el bióxido de azufre que tiene su origen en la actividad industrial, particularmente en los procesos de combustión y que si es mucho más venenoso el bióxido de azufre, ¿por qué no se han tomado medidas enérgicas en las fábricas así como lo ha hecho la autoridad del Departamento del Distrito Federal con los automovilistas en el Programa "Hoy no circula"?
Habrá quien diga que sí hay una medida consistente en que las fábricas dejen de producir un 30%, pero, ¿en qué consiste dejar de producir 30% y si se tomarán las medidas para las más de mil industrias contaminantes, quién les va a dar el aviso correspondiente y por qué medios? Esto no lo informa el documento.
En cuanto a la "Refinería 18 de Marzo", si provoca altas emisiones de bióxido de azufre, uno de los más peligrosos contaminantes, si Petróleos Mexicanos ha sido objeto de sanciones por operar la planta catalítica de la refinería sin la recuperadora de azufre ocasionando altos índices de contaminación en la ciudad de México, ¿por qué no rebuscaría entonces en otro lugar? Se dice que sacar de la ciudad de México a la refinería tendría un costo de 2 mil millones de dólares, y si hay un préstamo de 2 mil 500 millones de dólares destinados al problema de la contaminación, ¿valdría la pena destinar parte de él para sacarla?
Señala este documento que la verificación de las emisiones de los automóviles ha sido una de las más exitosas para controlar la
contaminación atmosférica, que teóricamente esta medida pudo dar lugar a una reducción hasta del 15% del total de las emisiones atribuibles a los automotores y que esto sólo será factible al paso del tiempo, pero no dice para cuándo se logrará y en qué porcentaje real a la fecha se han reducido las emisiones.
En razón de que en el documento informativo no fue satisfecha nuestra inquietud de manera completa y que la gravedad del problema amerita que se dé respuesta a todas nuestras interrogantes, en nombre de los diputados del Partido Acción Nacional solicito a la Presidencia de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, se sirva gestionar una entrevista de legisladores integrantes de la misma interesados en el problema de la contaminación con el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y con el Jefe del Departamento del Distrito Federal.
Hemos sostenido en esta tribuna, los diputados del Partido Acción Nacional, que el problema debe combatirse como lo entienden los especialistas en la materia ecológica; es cierto, pero no podemos negar que tiene implicaciones de carácter político que se traducirían en sensibilidad, responsabilidad, conciencia de la gravedad del problema y coordinación de las autoridades encargadas para aplicar las medidas adecuadas tendientes a abatirlo.
Los legisladores pues también debemos asumir la responsabilidad que nos corresponde en la búsqueda de soluciones en este problema.
Señor Presidente, de la manera más atenta solicito se sirva instruir a la secretaría, a fin de que dé lectura a la propuesta que presentamos los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Muchas gracias.
El Presidente: -Pido a la secretaría que dé lectura a la propuesta.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: -Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a dar lectura a la proposición presentada por los siguientes compañeros:
«Diputado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.
Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, miembros de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, solicitamos a la Presidencia de la misma realice las gestiones necesarias para que los legisladores de esta Comisión Permanente que así lo deseen, se entrevisten con el señor Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y con el titular del Departamento del Distrito Federal, a la brevedad posible, para intercambiar puntos de vista sobre el problema de la contaminación.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 13 de febrero de 1991. Firman por el grupo parlamentario de Acción Nacional, diputados Eugenio Ortíz Walls, Noé Aguilar Tinajero, Juan Antonio Gándara Terrazas y María del Carmen Segura Rangel.»
SOBRE DERECHOS LABORALES
El Presidente: -Esta Presidencia hará las gestiones correspondientes. Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una proposición sobre los derechos laborales.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Honorable asamblea: En distintas ocasiones el Partido Popular Socialista ha denunciado que desde 1982 los gobiernos federales han violentado nuestro régimen constitucional, y a través de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo de la Unión han pasado por encima de la Constitución General de la República y por encima de las leyes.
Tal cosa ocurrió con el Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras al reclasificar los productos de la petroquímica básica para pasarlos a la petroquímica secundaria, al elaborar un reglamento posterior a la venta de Teléfonos de México para justificar su reprivatización. Al margen de la Constitución se fomenta la reprivatización del ejido. Y recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 12 de diciembre de 1990, el Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que conculca derechos fundamentales de la clase obrera de México.
Como se recordará, las normas que regulan la relación obrero-patronal se elevaron a rango constitucional como producto de la Revolución Mexicana, respondiendo a los intereses mayoritarios del pueblo trabajador. La notoria desigualdad entre el patrón y los trabajadores obligó a que las normas laborales, en lugar de
permanecer en el derecho privado, se elevaran a rango público y el Estado adquiriera un carácter tutelar para proteger los derechos del trabajador; es decir, de la parte más débil de la relación obrero-patronal.
De una o de otra manera esta situación prevaleció hasta 1982 cuando a pretexto del cambio estructural y ahora de la modernización, empezó una fuerte ofensiva en contra de la clase obrera del país y de manera particular en contra de todas sus conquistas logradas en una lucha permanente y con grandes sacrificios.
En la ofensiva neoliberal coinciden algunos sectores del gobierno y naturalmente los empresarios. Ellos piensan que nuestra legislación laboral debe adecuarse a la modernización y plantean como objetivos fundamentales la productividad y las competitividad internacional, reprimiendo los salarios de los trabajadores para contraer el mercado interno y fomentar las exportaciones.
Tanto empresarios como neoliberales en el gobierno se han propuesto dar marcha atrás a las conquistas obreras y regresar las normas laborales al campo del derecho privado, porque parten de la tesis modernísima de que el obrero y el patrón son iguales y pueden "contratar libremente". Que, por lo tanto, lo conflictos obrero-patronales se deben resolver sin la intervención del Estado y que tanto el puesto de trabajo como el salario, la jornada de trabajo, el turno, la estabilidad en el empleo, deben ser variables para aumentar la productividad, término que en realidad encierra mayor sobreexplotación de la mano de obra.
Estas nuevas tesis pretenden que los salarios se paguen por hora de trabajo, que el reparto de utilidades se haga en función de la productividad y la situación bonancible de la empresa, porque dicen los empresarios y los neoliberales que debe acabarse con el "igualitarismo" y el "paternalismo".
Son muy claras las acciones aplicadas por esas fuerzas que constituyen verdaderas agresiones a los trabajadores del país. Las fuerzas de derecho del gobierno en plena armonía con los empresarios se han propuesto los siguientes objetivos: pulverizar la acción del movimiento obrero para debilitarlo; nulificar de varias maneras la acción de los sindicatos, obstaculizar la sindicalización de los trabajadores bajo el pretexto de defender su "libertad", eliminando la sindicalización obligatoria; obstaculizar la formación de sindicatos mediante el recurso de "acreditación" de la personalidad de esas agrupaciones; destruir el derecho de defensa mutua de los sindicatos al proponer que se eliminen las huelgas por solidaridad, arma del proletariado para multiplicar la presión; acabar con avances tales como el contrato-ley al demandar que se dé preferencia al contrato de cada empresa por separado; hacer nugatorio el derecho de huelga mediante múltiples recursos de presión y de excepciones; intervenir en la vida interna de los sindicatos, a través de todo un sistema de fiscalización; propiciar la persecución de los trabajadores al proponer que se le obligue a identificarse con nombres y firmas en los pronunciamientos de huelga; impulsar la intromisión del poder público para debilitar el derecho de presión de los trabajadores.
Todas estas medidas se requieren para concluir o formalizar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de América y Canadá, sin importar la vigencia de los derechos fundamentales de la clase obrera.
Señoras y señores legisladores, una característica esencial de la legislación laboral hasta 1982, fue su constante enriquecimiento para garantizar y ampliar los derechos de los trabajadores. La vigente Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del artículo 123 constitucional, cuando se expide es una de las más avanzadas del mundo capitalista; ahora, cuando las relaciones de producción están siendo modificadas en forma contrarrevolucionaria en favor del capital privado, representa un verdadero obstáculo para el proyecto neoliberal.
Por esa razón o se busca su modificación, que no se ha logrado gracias a la lucha de los trabajadores, o se viola abiertamente y se burlan por vía reglamentaria sus disposiciones, como ocurre con el citado Reglamento Interior de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Sólo a modo de ejemplo quisiera señalar ante ustedes que el artículo 24 del mencionado reglamento es violatorio de los artículo 369 y 370 de la Ley Federal del Trabajo, porque de acuerdo con la ley es la Junta de Conciliación y Arbitraje la que resolverá acerca de la cancelación del registro de sindicatos en lo casos que la misma disposición señala; es decir, en caso de disolución o en caso de que el sindicato deje de tener los requisitos legales.
El artículo 370 de la Ley Federal del Trabajo, expresamente señala que los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su registro por vía administrativa, pero la
fracción II del artículo 24 del Reglamento señala que corresponde a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la facultad de proceder a la cancelación de los registros otorgados a asociaciones de trabajadores o de patrones.
En la fracción III del artículo 24 del citado reglamento, la mencionada dirección general tiene la facultad de resolver sobre el registro de los cambios de directiva de los sindicatos, federaciones y confederaciones, lo que significa una indebida intromisión del Poder Ejecutivo en la vida de los sindicatos.
Estas disposiciones del Reglamento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social constituyen una abierta agresión al derecho de sindicalización de los trabajadores y no incluyó aquí a los patrones porque sus intereses están fielmente representados y defendidos por el actual Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Señoras y señores legisladores, al observar el contenido de este reglamento en materia sindical, nos parece que estamos ante hechos muy graves, y más si recordamos cómo se ha burlado por vía reglamentaria el contenido revolucionario de nuestra Constitución y de nuestras leyes.
Nos encontramos ante un hecho grave, el Ejecutivo asume funciones legislativas; es decir, el Ejecutivo suplanta al legislativo en su función esencial. El Ejecutivo violenta el estado de derecho en que vivimos y rompe con la división de poderes. Además de que en este caso concreto, estamos ante una agresión, como lo he dicho, el movimiento obrero, a los trabajadores y a sus derechos que para nosotros como representantes populares deben ser sagrados.
Por la gravedad que reviste esta situación, me permito presentar a nombre del Partido Popular Socialista, la siguiente proposición:
"Solicito con todo respeto a la Presidencia, que a esta proposición le dé el trámite que señala la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La proposición es la siguiente:
Primera. Turnar el contenido de esta intervención a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Segunda. Que la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se aboque al estudio del citado reglamento.
Tercera. Que se demande la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social, ante la comisión correspondiente de la Cámara de Diputados, para que explique con detalle el contenido del reglamento.
Cuarta. Por ser el reglamento ilegal y por atentar en contra de los derechos de sindicalización de la clase obrera, demandar en su oportunidad su derogación.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de febrero de 1991.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras."
El Presidente: -Túrnese para la atención que proceda, a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una proposición sobre el problema de la construcción de una central camionera en el municipio de Uriangato, Guanajuato.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Las obras federales que el gobierno debe realizar en las distintas entidades del país, deben cumplir los lineamientos que establece la Ley Federal de Asentamientos Humanos y los programas de desarrollo urbano que tiene implementados la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. No actuar en cumplimiento a las disposiciones federales ni respetar la voluntad de los ayuntamientos, implica violentar la libertad municipal y atropellar los derechos de la comunidad.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha establecido en las construcciones de centrales camioneras determinadas normas en las cuales se observa no afectar la infraestructura urbana de los municipios y que los lugares en los cuales se construyen estas obras, queden fuera totalmente de los centros urbanos, ya que es innegable que el tránsito de camiones de pasajeros dentro de las arterias principales de los
municipios, altera gravemente no sólo el tránsito vehicular, sino contaminan con gases y ruidos, en las áreas urbanas.
En el caso que nos ocupa, la posible construcción de la central de autobuses Moroleón - Uriangato, ha tomado como base la realización de algunos intereses de carácter político y no de aspecto técnico. Al efecto aclaramos que ante esta soberanía, que en una primera instancia se analizaron una serie de predios en los cuales puede ser construida la central de autobuses Moroleón - Uriangato. Dentro de ellos se calificaron desde el punto de vista técnico, los lugares más idóneos para la realización del proyecto.
El presidente municipal de Uriangato, doctor Efraín Camarena Ruíz, con un alto sentido de responsabilidad, formuló proposiciones de predios a las autoridades federales y estatales para la construcción de la central camionera.
Al efecto, los predios tenían que ser calificados con determinada puntuación, a fin de determinar la viabilidad del proyecto que elaboraba el gobierno del estado.
Se propusieron cuatro terrenos, mismos que calificaban dentro de los puntos positivos para la realización de la obra; algunos de ellos, con puntuación de uno a siete. Se logró que las propuestas formuladas por Uriangato, obtuvieran los... el máximo de puntos, siete de ellos, en calificación. Esto es, que eran las proposiciones más viables para la realización de la obra, pero aquí surge el interés de carácter político. En el municipio de Uriangato, la voluntad democrática se expresó a través de las urnas y con ellas trajo como consecuencia que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana obtuviera el triunfo mayoritario por conducto de su candidato a presidente municipal, el doctor Efraín Camarena Ruíz.
En el municipio de Moroleón, fue electo a través de las siglas del Partido Revolucionario Institucional, y aquí el interés de carácter técnico, se antepone al interés de carácter social. Esto es, el problema político surge y bajo esas circunstancias se dan principios y orientaciones que son dictadas de manera directa por el diputado Miguel Montes, presidente del Partido Revolucionario Institucional, en el estado de Guanajuato, lo que propicia que se incline la balanza en favor del municipio de Moroleón, a fin de que la obra beneficie a un ayuntamiento priísta, violando todo principio de carácter técnico, ya que la proposición de terreno que formula Moroleón, calificó con escasos tres puntos negativos.
Además del hecho de que se está beneficiando directamente al presidente municipal y a sus familiares, pues los terrenos son propiedad de ellos y sus comercios, sus intereses están gravitando en torno al terreno que se propone para construir esta central camionera, anteponiendo los intereses familiares al interés colectivo.
Por otro lado, debemos señalar que los terrenos en donde se pretende construir la central de autobuses en Moroleón, se encuentran a 30 metros de la zona residencial de este municipio, significando así, que se pretende ubicar la obra en un área de crecimiento urbano marcado dentro del plano directo de desarrollo urbano.
Por otro lado, el tránsito de camiones pone en peligro la vida de los vecinos de Uriangato, dado que los camiones tendrían que transitar por las colonias populares y lógicamente, los accidentes que en estos momentos se pueden prevenir, de realizarse la obra, tendrían que lamentarse.
También, aclaramos a ustedes, señores legisladores, que de llevarse adelante la obra en Moroleón, se tendría que demoler el rastro municipal recién construido y mismo que hasta la fecha no ha sido inaugurado por las autoridades de Moroleón.
También queremos señalar que el proyecto se realiza gracias a la promesa que hizo el Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, quien prometió a los vecinos del municipio de Uriangato, que la obra se haría a fin de beneficiar a los dos municipios: Uriangato y Moroleón.
La recomendación del Presidente de la República, también fue muy precisa de que la obra fuera realizada fuera de la mancha urbana y ahora, sin consultar al municipio de Uriangato, se pretende realizar esta obra en un predio conurbado entre ambos municipios de Moroleón y Uriangato.
Lógicamente esta actitud ha despertado el repudio por parte de la población de Uriangato; también su repudio se debe a que no se está respetando la promesa del Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, el cual señalo claramente, que la obra se llevará a cabo fuera de la mancha urbana.
En consecuencia señores legisladores, nos permitimos someter a esta soberanía nacional el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Que de conformidad en lo dispuesto por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se turne a las comisiones de Comunicaciones y Transportes, Asentamientos Humanos y Obras Públicas e Información, Gestoría y Quejas, de la Cámara de Diputados, la inconformidad que formulan el ayuntamiento y el pueblo de Uriangato, con la realización del proyecto de la construcción de la Central de Autobuses Moroleón - Uriangato, en un predio que pertenece a ambos municipios y que se encuentra dentro de la mancha urbana, contraviniendo así la promesa del Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, de que la obra se llevaría a cabo fuera de la zona urbana y con el concurso y participación de ambos ayuntamientos, Uriangato y Moroleón.
Lo anterior, a fin de que las citadas comisiones soliciten toda la información, mediante la cual se compruebe que se cumple la promesa del Presidente de la República y que no se propicie el enfrentamiento entre los municipios citados.
Atentamente. - Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 13 de febrero de 1991. - Diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.»
El Presidente. - Túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el senador José de Jesús Padilla, para hacer algunos comentarios al respecto.
El senador José de Jesús Padilla Padilla: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Solamente para hacer algunos comentarios relacionados por lo expuesto por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
Efectivamente, hace aproximadamente seis meses estuvo en los municipios de Uriangato y de Moroleón, el señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, el licenciado Andrés Caso Lombardo, en compañía del señor gobernador del estado, el licenciado Rafael Corrales Ayala, para determinar y firmar un convenio o pacto un convenio verbal con los dos presidentes municipales, tanto del de Uriangato como el de Moroleón, respecto a la central camionera que se construirá en esos dos municipios, que son separados exclusivamente por una calle, prácticamente es una gran ciudad dividida por una calle en dos municipios.
Como es tradicional en nuestra provincia mexicana, siempre existen simpáticas pugnas entre dos municipios que son separados exclusivamente por una avenida, por una calle, el municipio de Uriangato que tiene una población muy cercana a los 35 mil habitantes y el municipio de Moroleón, con un poco más de 90 mil habitantes, viven esas simpáticas pugnas que se dan en algunos de nuestros municipios.
En esa visita que hizo el licenciado Caso Lombardo, a la cual yo asistí en mi calidad de Senador de la República, por el estado de Guanajuato, se acordó que el terreno que se destinaría para esa central camionera, sería un terreno que salomónicamente pertenecía en número más o menos, un 50% al municipio de Uriangato y un 50% al municipio de Moroleón.
Efectivamente ahí está asentada la construcción de un rastro municipal que no ha sido inaugurado. En esta reunión también asistió el presidente de Autobuses Centrales de México, Flecha Amarilla, que es el señor Rafael Herrera Fernández, quien se comprometió y se responsabilizó a llevar a cabo esta obra, ya que las centrales camioneras son construidas con recursos de la iniciativa privada y especialmente de las compañías del transporte de pasajeros.
El señor presidente municipal de Uriangato, el doctor Efraín Camarena Ruíz, ante todos los que ahí concurríamos se comprometió a donar, a conseguir terrenos de donación que circundan esta construcción del rastro y lo hizo saber públicamente que el señor Luis Martínez, que era o que es, dueño de los terrenos circundantes, donaría una parte importante de esos terrenos para que se pudiera construir esta central camionera.
Se han desatado polémicas, es cierto, se han desatado polémicas, porque los pobladores de Moroleón, querían su central de camiones, de autobuses urbanos o de autobuses foráneos en el municipio de Moroleón, el presidente municipal de Uriangato deseaba exactamente lo mismo y aquí se han venido algunas fricciones de tipo político justamente por esa filiación, que es filiaciones diversas, tanto del presidente municipal de Uriangato como por el presidente
municipal de Moroleón, pero se ha estado trabajando para que ahí en ese terreno donde el 50% sería del municipio de Uriangato y el 50% de Moroleón sea construida esta central de autobuses.
No es un terreno que esté cercano a la población urbana, es a la salida, en la carretera de Morelia, está aproximadamente a 700 metros de la población urbana y lo que discutía el presidente municipal de Uriangato, que era su inconformidad, era que le quedaba muy lejos o más lejos del centro de la ciudad de Uriangato, que del centro de la ciudad de Moroleón, pero son problemas que seguramente se resolverán ya que por encima de los intereses políticos que pudiera haber en cuanto a los presidentes municipales o su afiliación política están los intereses de la población de Uriangato y de Moroleón.
Se ha estado trabajando, se ha estado buscando a través del convencimiento, el que haya un entendimiento, no solamente entre los presidentes municipales sino entre la población misma para que esta central camionera se construya de inmediato.
El presidente de Autobuses Centrales de México, el señor Rafael Herrera Fernández me ha comentado en lo particular que él solamente espera que le entreguen los terrenos liberados para iniciar de inmediato la construcción de esta central camionera.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Señor Presidente, me permite hacerle una pregunta.
El Presidente: - A ver permítame, diputado. Señor senador, ¿acepta usted una pregunta del diputado?
El senador José de Jesús Padilla Padilla: - Como no, con mucho gusto, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - ¿Señor senador, usted lógicamente conoce al presidente municipal de Uriangato?
El senador José de Jesús Padilla Padilla: - Así es.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - ¿Se encuentra aquí en esta sala? disculpe.
El senador José de Jesús Padilla Padilla: - No sé, yo estoy en la primera fila, estoy de espaldas a las personas, no lo he identificado.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde su curul): - Lástima, es decir, creo que su vista no le da para ver muy lejos. Aquí, él es el Presidente de Uriangato, y me está diciendo todo lo contrario de lo que usted está afirmando; a él, según su propia afirmación que me está haciendo ahorita aquí el señor presidente municipal, quisiera saber, ¿si usted realmente conoce la realidad de los municipios? el señor presidente municipal, aquí presente, me está señalando que en el censo de población de Moroleón, de acuerdo con los últimos antecedentes, Moroleón, cuenta con 45 mil habitantes y Uriangato con 43 mil; en primer lugar, quisiera preguntarle, ¿de dónde sacó usted la población a que se refiere, de noventa y tantos mil habitantes para Moroleón?
Otro punto también que le quisiera preguntar es, ¿quién es el señor Luis Martínez a que se refiere usted?, porque esa persona no existe dentro de esas negociaciones, sino otra persona, al parecer de nombre Luis Torres, también quisiéramos preguntarle, ¿quién es el señor Luis Martínez?; y por último, también quisiera preguntarle a usted como senador y empresario, ¿si considera conveniente que se destruya una obra municipal, como es el rastro municipal de Moroleón, para dar lugar a otra obra que va a dañar la economía del municipio de Moroleón?, ¿si está usted de acuerdo con las actitudes del presidente municipal de Moroleón?
El senador José de Jesús Padilla Padilla: - Si, mire, en cuanto a la población, con mucho gusto le haré llegar el dato que tengo yo de las poblaciones de todo el estado de Guanajuato y con mucho gusto le daré el medio por el que me fue proporcionado.
En relación con lo del señor Luis Martínez, el mismo presidente municipal en esa reunión que estuvimos, donde fuimos a ver lo del rastro municipal, se comprometió que él conseguiría que el señor Luis Martínez podrá ser Torres posiblemente, seguramente mi memoria me podrá fallar, se comprometía a que donara los terrenos que se requerían, por que eran insuficientes solamente los del rastro municipal. Ahí mismo se hizo, en esa reunión, una explicación de cómo se adaptarían de una manera sencilla y fácil las instalaciones del rastro municipal que están construidas, para que no tuvieran que ser
destruidas y fueran aprovechadas para la central camionera, que se ubicaría en esas dos poblaciones.
Tengo aquí un convenio que celebran el ayuntamiento de Moroleón y Autobuses Centrales de México, Flecha Amarilla, donde tienen todos los antecedentes, para la construcción; hablan de una superficie total de 85 mil 584 metros y habla de los linderos. El señor Luis Torres Martínez, perdón, el señor Luis Torres Martínez, es el que acepta trasmitir la propiedad antes mencionada, que son 85 mil metros, para la instalación de esta central camionera, es Luis Torres Martínez, efectivamente tiene usted razón, Martínez, es su segundo apellido. Y tenemos ya un convenio, donde el señor Luis Torres Martínez está de acuerdo en transferir esa propiedad para que ahí, en un terreno que colinda con los dos municipios, para buscar conjuntar las voluntades de los ciudadanos de ambas ciudades, puedan hacerse y construirse la central camionera. No hay ningún inconveniente de parte del gobierno del estado, ni existe ningún inconveniente de parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Aquí, desgraciadamente, lo que se ha dado es una pugna interna entre las filiaciones político - partidistas, tanto de la presidencia municipal de Uriangato, como de Moroleón, que están anteponiendo los intereses partidistas por encima de los intereses de la población de Moroleón y de Uriangato. Muchas gracias.
SOBRE EL CONFLICTO DEL GOLFO PÉRSICO
El Presidente: - Da lectura la secretaría a la declaración de algunos grupos parlamentarios en torno a la guerra del Golfo Pérsico.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Declaración de los grupos parlamentarios:
Primera. Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Popular Socialista, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, condenan la masacre perpetrada por bombarderos norteamericanos en un refugio antiaéreo de Bagdad, en el cual perecieron varios cientos de personas civiles, principalmente mujeres y niños.
Segunda. Los grupos parlamentarios firmantes declaran, que estas formas de barbarie deben terminar de inmediato, pues en esta guerra de agresión contra el pueblo iraquí la población civil ha sufrido en grado extremo la violencia de la aviación norteamericana y sus aliados.
Tercera. Reiteran el llamamiento para que, de manera urgente, cesen las hostilidades, se vuelva a la mesa de las negociaciones y se encuentre una solución pacífica y global a los problemas del Medio Oriente.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a los trece días del mes de febrero de 1991.
Firma por el Partido Popular Socialista el diputado Alfredo Reyes Contreras; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Roberto Jaramillo Flores; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, firma el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala; por el Partido de la Revolución Democrática, firma el diputado Francisco Curi Pérez Fernández.»
DECLARACIONES, COMENTARIOS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el artículo 123 constitucional.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: Las relaciones obrero - patronales reguladas en el artículo 123 constitucional constantemente son afectadas por las autoridades encargadas de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.
En Acción Nacional sabemos que en la sociedad se dan conflictos entre las personas y los grupos, no como una necesidad fatal sino como un producto de la injusticia prevaleciente entre los hombres y de la falta de respeto recíproco a los derechos; pero afirmamos que no es por la vía del enfrentamiento de la aniquilación sino de la cooperación social, de la distribución del ingreso y de la riqueza, de la promoción del acceso de los hombres a bienes materiales y espirituales suficientes especialmente de los más desvalidos como la sociedad puede arribar a un orden justo. La cooperación habitual de todos para realizar este orden es el camino adecuado para alcanzar la justicia social. Así lo señalan nuestros principios de doctrina.
Durante la vigencia de los regímenes priístas y muy especialmente a partir de la década de
los sesenta, confirmado con la expedición de la actual Ley Federal de Trabajo, se infundió en las relaciones de trabajo un espíritu de enfrentamiento entre el capital y el trabajo, resabio simplista de antagonismo fatal necesario científico, pregonado por el marxismo de su lucha de clases. Son evidentes las carencias estrujantes actuales que se manifiestan entre otros aspectos, en un exiguo poder adquisitivo y en una insuficiente capacitación. A este respecto son de extrema urgencia necesarias medidas efectivas para frenar el deterioro salarial y una técnica de capacitación fundada en el servicio y subordinada a la ética social que revierte la tendencia empobrecedora del trabajo en México.
En tales condiciones, disposiciones constitucionales, protectoras del trabajo, del trabajador y de su salario, resultan nugatorias sin la existencia de mecanismos jurídicos que pongan la economía al servicio del hombre y no en contra él.
Los mexicanos tenemos derecho a medios económicos indispensables para vivir y desarrollarnos en los ricos y variados aspectos de la existencia humana, sin que por lo demás estemos obligados a aceptar como respuesta del gobierno y de los dueños del capital explicación economista del subdesarrollo, no sólo para fundamentar la injusticia sino lo que es peor para perpetuarla.
Las políticas gubernamentales en las últimas dos décadas se han caracterizado, primero, como objeto de desorden financiero y económico que propició el propio gobierno, y después como objetivo específico de la estrategia gubernamental, por sacrificar y reducir cada vez más el poder adquisitivo de los mexicanos con menores ingresos.
Así tan sólo entre 1981 y 1990 los salarios mínimos reales se han reducido consistentemente y han acumulado una pérdida del 57% en su poder adquisitivo. En el mismo período los salarios medios disminuyeron en un 33% aún considerando la ley de recuperación que tuvieron al principio de 1989.
Pudiera pensarse que este deterioro dramático del salario real obedeció exclusivamente a fenómenos inflacionarios y que al reducir la tasa de inflación en los años recientes la tendencia a su baja terminaría , pero vemos que no fue así. Tan sólo de diciembre de 1987 a noviembre de 1990, según datos oficiales, el salario mínimo había perdido 30% del poder adquisitivo y aún con el aumento del 18% otorgado en la última etapa del pacto no sólo no recuperó el poder adquisitivo perdido sino que rápidamente anulado por los incrementos en las tarifas de servicios públicos y por una serie de innumerables ajustes de los bienes y servicios privados observados entre noviembre de 1990 y enero de 1991, lo que seguramente redundará a medida que transcurra esta etapa en pérdida de poder adquisitivo aún superiores al 30%.
Para efectos de remuneración al salario, el salario no puede quedar sujeto a la conveniencia política del gobernante en turno, preocupado en atraer al inversionista ofreciendo a México como un paraíso de domesticación laboral, ni tampoco puede quedar al arbitrio irracional de las fuerzas del mercado.
Entre las argumentaciones que se esgrimen para justificar la contención de los salarios reales, se dice que un aumento en los salarios aumentaría los costos de producción y haría que la producción en México perdiera competitividad.
Consideramos nosotros que eso es falso, ya que la proporción de costos en las empresas dedicadas al pago de salarios se ha reducido notablemente, los salarios medidos como proporción del producto interno bruto, han disminuido de 37% en 1978 a un 26% en 1988.
En Alemania y Japón, por ejemplo, esta proporción es de 55% y en Estados Unidos de 62%. El salario mínimo en esos países, el salario mínimo de una hora, es superior en 15% al salario mínimo mexicano de todo el día. El salario promedio en México es 11 veces menor al de los países industrializados y equivale a la mitad del de países competidores con mano de obra intensiva como Corea. Lo cual muestra con claridad que nada mermaría la competitividad, el mejorar las condiciones salariales de los trabajadores mexicanos.
Es indiscutible que los problemas han surgido en últimas fechas en relación precisamente por la inconformidad de los trabajadores con sus patrones. Y tenemos ejemplos, como por ejemplo la llantera Tornel, los trabajadores de la Ford, la Cervecería Modelo. Pero un caso concreto que queremos tratar en esta tribuna es el de Distribuidora Conasupo Metropolitana, (Dicomesa) y partiendo de estos conceptos, queremos insistir que el trato del empresario hacia el trabajador debe ser respetuoso a su dignidad, sobre todo cuando el empresario es el propio gobierno quien debe predicar con el ejemplo.
En el caso de Distribuidora Conasupo Metropolitana, empresa de participación estatal mayoritaria, filial del organismo público descentralizado, del gobierno federal, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que en 1988 por modernización instrumentó un programa de retiro "voluntario" y de abril a julio de 1990 efectuó liquidaciones masivas acerca de 1 mil trabajadores. Estas liquidaciones se hicieron de acuerdo a algunas variantes de la Ley Federal del Trabajo, consistentes en tres meses de salario más los 20 días por año y los 12 días por año que marca el artículo 162 de la propia ley.
El hacer que los trabajadores aceptaran este retiro voluntario, se hizo tomando en cuenta algunas prácticas engañosas para los propios trabajadores, prácticas coercitivas, prácticas que en un momento dado parecieron como intimidatorias. Le cerraron su fuente de trabajo a los trabajadores y los obligaron a firmar precisamente este retiro voluntario y aceptar indemnizaciones que no correspondían a las que la propia ley establecía.
Distribuidora Conasupo Metropolitana y trabajadores firmaron un convenio de 12 puntos el día 12 de junio de 1990, en donde se establecen las bases de liquidación consistentes en lo que establece el artículo 439 de la Ley Federal del Trabajo, en que en lugar de tres meses de indemnización correspondían cuatro meses. Esto partiendo de lo que establece el propio artículo, cuando dice que si se trata de una modernización o una implementación o alguna situación semejante, entonces la liquidación no es de tres meses sino de cuatro. Así se firmó este convenio el 12 de junio.
En el mes de julio se liquida a 67 trabajadores, de estos más de 1 mil trabajadores de que hablamos, se liquida a 67 trabajadores considerando únicamente los tres meses de salario, pero por fuera, fuera de la Junta de Conciliación y Arbitraje, se les entrega el equivalente a un mes más de salario, en efectivo, desde luego para no establecer un antecedente y que pudieran, en un momento dado, reclamar el resto de los trabajadores. Se fue bastante benéfico, bastante bondadosa la empresa de Distribuidora Conasupo Metropolitana con estos 67 trabajadores, no así con los demás.
Esto provocó que más de 260 trabajadores demanden ante la Junta de Conciliación y Arbitraje el pago de las diferencias de las indemnizaciones recibidas por no corresponder a lo que establecía la Ley Federal del Trabajo, concretamente, repito, en el artículo 439.
Inclusive el 11 de diciembre del año pasado, un grupo de diputados dirige un oficio a las autoridades laborales para que resuelvan este conflicto e inclusive se hace la recomendación de que se resuelva favorablemente para los trabajadores. Este documento lo firman cerca de 72 diputados, incluyendo los del Partido Revolucionario Institucional.
El peregrinar de los trabajadores de Distribuidora Conasupo Metropolitana ha sido arduo y penoso; ellos han recurrido a diversas instancias jurídicas, políticas, inclusive a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para ver si "alguien" les resuelve su problema. Pero no están pidiendo nada a lo que no tengan derecho; sólo desean que la empresa, que el patrón que es el gobierno en este caso, les haga la liquidación conforme a lo que establecen los artículos 84, 89, 162, 439, 485 y 486 de la propia Ley Federal del Trabajo y que la indemnización abarque hasta la fecha en que se haga la liquidación, tal y como lo establece el convenio del día 12 de junio.
Es importante resaltar aquí que además de no haberles pagado ese mes de diferencia a los trabajadores, no se tomó en cuenta para la base de pago el salario integrado como lo establecen los artículos 84 y 89 de la propia ley. No se les incluyó una serie de prestaciones que deben ser consideradas para determinar este salario base de la liquidación de los trabajadores.
Desde esta tribuna exhortamos a Distribuidora Conasupo Metropolitana y al gobierno federal, para que no les regatee ni un centavo a los trabajadores por la más elemental justicia y por haberles desaparecido su fuente de empleo.
Hacemos también una respetuosa exhortación a todos los señores legisladores de esta Comisión Permanente, par que nos solidaricemos con los trabajadores. Muchas gracias.
JUICIOS POLÍTICOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre los juicios políticos.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: Por instrucciones de la dirección
nacional del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y toda vez que se cometieron violaciones flagrantes a la fracción III del artículo 115 constitucional, el día de ayer 12 de febrero a las 19.00 horas presentamos ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, demanda de juicio político en contra del gobernador del estado de Tamaulipas, ingeniero Américo Villarreal Guerra, y en contra del licenciado Jesús Humberto Valencia Valencia, juez séptimo de distrito del estado de Tamaulipas, en razón de que las autoridades antes citadas, han violado el Pacto Federal de 1917.
Dentro de la exposición de motivos y de los hechos que se narran en esta demanda de juicio político, se acredita plenamente que se ha violado el Pacto Federal de 1917; que el ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, tiene facultad constitucional para desarrollar, administrar y proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado, que el gobierno del estado de Tamaulipas pretende imponer que sea a cargo de el gobierno del estado.
En su momento el senador Francisco J. Madero, expresó, cuando se analizaban las reformas al artículo 115 constitucional lo siguiente:
"Quienes hemos vivido las angustias y penurias del municipio, deseamos para éste, no quimeras, no limosnas, no migajas, sino facultades y recursos para la plena solución de sus problemas y carencias. Hemos soportado diversos calificativos emitidos desde kilómetros de distancia, por quienes desconocen la lacerante realidad. Hemos afrontado el poder omnímodo de quienes encabezan en su momento, los ejecutivos estatales."
También en su momento, el señor licenciado Manuel Bartlett Díaz señalo en su comparecencia ante el Senado de la República, lo siguiente:
"Nuestro municipio es todavía un ideal incumplido de la Revolución mexicana. Es una de las formas de organización política y administrativa a la que no hemos podido darle vida, el vigor y la trascendencia que debe tener."
El Presidente de la República, licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, en su exposición de motivos para la aprobación de las reformas y adiciones al artículo 115 constitucional, señala:
"La libertad municipal, conquista revolucionaria, ha venido quedando rezagada en las relaciones con las otras dos grandes conquistas de la Revolución, en materia agraria y laboral.
Pero el proceso de cambio y la voluntad nacional, requiere la actualización y el ajuste necesarios a la Constitución para que el municipio recupere y adquiera las notas políticas y económicas que le corresponden."
Bajo esas circunstancias hemos enumerado en 24 páginas, la demanda de juicio político en las cuales se destacan puntos importantes respecto de las violaciones al artículo 115 constitucional, por parte del gobernador Américo Villarreal Guerra.
Al efecto queremos solamente hacer señalamientos de cuestiones de carácter meramente jurídico en las cuales el doctor Ignacio Burgoa Orihuela expresó lo siguiente:
"La Ley Orgánica Municipal del estado de Tamaulipas fechada el 10 de octubre de 1941, establecía en su artículo 43 que el gobierno municipal designaría diversas comisiones para atender, entre otras, el servicio de aguas, disponiendo en su artículo 44 que dicho servicio podía ser prestado directamente por los ayuntamientos o concesionado a personas o a asociaciones con aprobación previa del Congreso del Estado."
Por decreto congresional 169 de fecha 29 de enero de 1982, se dispuso en su artículo 4o. que las atribuciones en materia de dotación de los servicios de agua potable y alcantarillado, sanitario y pluvial, se ejercerían en forma coordinada por las autoridades estatales y municipales, otorgándose la Secretaría de Asentamientos Humanos, Obras y Servicios Públicos del gobierno del estado, las facultades en relación con dichos servicios.
Mediante decreto del ejecutivo local del 20 de agosto de 1982, se creó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su artículo 40, previno que dicha comisión estaría compuesta por seis miembros, entre los cuales figuraría un representante del gobierno del estado, uno del ayuntamiento, el cual debería fungir como presidente de la propia comisión.
Entre las atribuciones de este organismo, figura la del nombramiento del administrado general de la comisión, como apoderado general, para los actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas.
En febrero de 1983, entraron en vigor diversas
reformas a la Constitución General de la República, contándose entre ellas las relativas a la estructura y funcionamiento de los municipios.
En la fracción III del artículo 115 constitucional, se facultó a éstos para prestar el servicio público de agua potable y alcantarillado con el concurso de los estados cuanto así fuera necesario y lo determinaran las leyes. Con fecha 30 de diciembre de 1983, para adecuar la Constitución
Política del estado de Tamaulipas, a las mencionadas reformas constitucionales federales, se modificó dicho ordenamiento legal, previniéndose en la fracción XV del artículo 132, que los municipios, con el concurso del estado, cuando así fuere necesarios, y lo determinaran las leyes, tendrán a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado, en el artículo segundo transitorio que le corresponde, según el decreto dispone, los servicios públicos de agua potable, los servicios públicos que actualmente presta el estado, deberán pasar al municipio en los términos del artículo 32 fracción XV, se trasladarán gradualmente conforme lo autorice la ley y lo permita la capacidad técnica, administrativa y financiera de los municipios, conviniéndose estos con el gobierno del Estado, la forma de representarlos, en tanto se trasladen íntegramente estos servicios.
El 3 de febrero de 1984 se expidió el Código Municipal para el estado de Tamaulipas, cuyo artículo 170 previene los municipios con el concurso del estado cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado, disponiendo en su párrafo último, que tal concurso se practicará mediante convenios entre las autoridades municipales y estatales, estableciéndolo así el artículo séptimo transitorio de dicho código.
En un plazo de seis meses, a partir de la iniciación de la vigencia de este código, el gobierno del estado y los municipios deberán celebrar los convenios y acuerdos de coordinación, relativos a la prestación de los servicios que se realizan con el concurso de ambas entidades.
En base a los antecedentes previamente señalados, el doctor Orihuela, se permite hacer las siguientes consideraciones de carácter jurídico:
Primero. Al entrar en vigor la reforma de la Constitución Federal a que se aludió, quedaron abrogadas la Ley Orgánica Municipal del estado de Tamaulipas, de fecha 10 de octubre de 1941, del decreto congresional, local 169, de fecha 29 de enero de 1982, y el decreto del Ejecutivo del estado, dotado el 20 de abril del mismo año, que creó la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Por ende, esta comisión debe de refutarse inoperante y sin función alguna.
La fracción III del artículo 115 constitucional, tal como quedó redactada por efectos de la correspondiente reforma dispone que los municipios tendrán a su cargo el servicio de agua potable y alcantarillado; en las mismas disposiciones constitucionales federales, se previene el concurso de los estados, cuando así fuere necesario y lo determinaran las leyes. En la prestación de estos servicios, esta prevención la corroboran las reformas constitucionales del estado de Tamaulipas y el nuevo código municipal invocado. Con dichas reformas y con tal código, se cumplen las condiciones del concurso que prevé la fracción III del artículo 115 de la Constitución Federal, es decir, la determinación legal del mismo.
Ahora bien, no es suficiente dicha determinación, por tal concurso opere, ya que es menester que es necesario, en otras palabras, mientras que en relación con cada municipio no se establezca la necesidad de concurso, no se cumplen la primera condición señalada en las disposiciones constitucionales federales, tan es así que el artículo séptimo transitorio del Código Municipal para el estado de Tamaulipas, señala un plazo de seis meses a partir de la vigencia de este ordenamiento, para que el estado y los municipios celebren los convenios y acuerdos de coordinación relativas a la prestación de los servicios públicos, materia del concurso entre ambas entidades.
En los convenios o acuerdos que se celebre cada municipio, deberá quedar acreditada la necesidad del concurso a que se refiere la fracción III del artículo 115 constitucional; sin dicho convenio un acuerdo o concurso no opera, correspondiendo al municipio la prestación del servicio público de que se trate.
En apoyo a las anteriores conclusiones, de conformidad con la exégesis de las disposiciones constitucionales federales, éstas contienen dos elementos, la de atribución de la prestación de tales servicios a los municipios y la previsión de que se ejerzan con el concurso del estado, siempre y cuando se determine, en relación de cada municipio, la necesidad de dicho concurso. Por tanto, si no se ha celebrado ningún convenio
o acuerdo entre el gobierno del estado y el ayuntamiento de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, la prestación del servicio público de agua potable y alcantarillado, es de la incumbencia del municipio respectivo al no haberse acreditado la necesidad del concurso de que habla la fracción III del artículo 115 constitucional, las reformas a la Constitución del estado de Tamaulipas y el código de la propia entidad.
Bajo estas circunstancias el gobierno del estado, no obstante su compromiso de que en seis meses debió de haber entregado al municipio la prestación del servicio de agua potable, ha mantenido a su administrador designado por el propio gobernador del estado, lo mismo a propiciado un manejo turbio en la administración y en los recursos de esta Comisión de Agua y Alcantarillado de Reynosa.
Bajo esas circunstancias tampoco se ha permitido que se practiquen las auditorias correspondientes a la diputada local, Amira Gómez de Solís, quien administró la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de 1987 a 1989 y en la cual se presume que hay un desfalco de más de 8 mil millones de pesos, aunado al hecho de que las obras fueron cotizadas en condiciones ventajosas para los contratistas y totalmente desventajosas para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas.
Al prorrogarse el manejo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, el gobierno del estado está propiciando violaciones de carácter constitucional, para continuar con estas violaciones constitucionales el representante del gobierno del estado, ingeniero Javier Sierra Acuña, presenta demanda de amparo ante el juzgado séptimo de distrito del estado de Tamaulipas, ahí en esa demanda de amparo se le niega la suspensión provisional, porque el promovente de la demanda de amparo no acredita en el incidente que se le causen daños o perjuicios de difícil reparación, pero extrañamente el juez, que conoce de la demanda de amparo, resuelve en la suspensión definitiva lo contrario de lo que afirma en la suspensión provisional.
Aquí, le otorga facultades e interviene como si fuera el Ejecutivo del estado para que se reinstale al administrador designado por el gobierno del estado en las funciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Reynosa, Tamaulipas.
Bajo esas condiciones el juez está actuando en violación a la Ley de Amparo y en violación a la Constitución General de la República, es indudable que ambos funcionarios han cometido graves y flagrantes violaciones a la Constitución General de la República, bajo esas circunstancias el juez de la materia de amparo, séptimo distrito del estado de Tamaulipas, cuando acude el ayuntamiento en pleno a reclamar la actitud parcial con la que está actuando, el juez señala cínicamente: "Es de humanos equivocarse".
Bajo esas circunstancias se está anteponiendo el interés político del gobernador del estado al interés social del municipio de Reynosa, Tamaulipas. Bajo esas circunstancias estamos aportando las pruebas suficientes para que este juicio político bajo ninguna circunstancia quede congelado o sea manipulado en favor de las autoridades que resultan responsables de estas violaciones constitucionales.
Al efecto, se han aportado más de 300 pruebas documentales que deben ser analizadas por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia al conocer la demanda de juicio político que formula el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra del gobernador del estado de Tamaulipas y en contra del juez séptimo del distrito del estado de Tamaulipas.
En los puntos petitorios de esta demanda de juicio político, se señala:
Primero. Tener por formulada la demanda de juicio político en contra del gobernador del estado de Tamaulipas y del juez séptimo de distrito del estado de Tamaulipas, en los términos que el escrito dé cuenta.
Segundo. Tener por exhibidas las 325 fojas que integran los elementos de prueba, en los cuales se sustenta el presente juicio político, mismas de las cuales se acreditan las violaciones constitucionales que se han cometido en perjuicio del ayuntamiento y el pueblo de Reynosa, Tamaulipas.
Tercero y último punto petitorio. Se emita dictamen mediante el cual la Cámara de Diputados proceda a formular la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, a fin de que está en su oportunidad, se erija en jurado de sentencia y aplique las sanciones correspondientes, mediante la resolución que manda la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esta demanda de juicio político fue presentada, como ya lo señalamos, el día 12 de octubre a las 19.00 horas. Bajo esas circunstancias, demandamos de la Cámara de Diputados imparcialidad, cumplimiento al mandato constitucional y darle la vigencia que requiere a la Constitución sobre los intereses particulares que está tratando de hacer prevalecer el gobierno y concretamente el gobernador del estado de Tamaulipas, documento que solicito de esta Presidencia que no le dé ningún turno a esta proposición, porque ya fue presentado ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados y ésta ya la turnará en el curso del día de hoy a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: - Señor presidente; compañeros de la Comisión Permanente: Es ocasión propicia para actualizar en el tema de juicio político, la demanda que mi partido, el de la Revolución Democrática, hiciera hace algunos meses. Estamos viendo que el juicio político promovido por diferentes partidos a lo largo de esta legislatura, se ha caracterizado por la cerrazón de parte de las comisiones correspondientes, de dar el trámite y es muy lamentable que hayamos visto caer, incluso gobernadores que previamente fueron cuestionados severamente y que desde el poder, en lugar de que limpiamente se busque por la vía que este instrumento jurídico, la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos nos otorga, en lugar de usar este instrumento jurídico, se busque la vía del permiso o se busque la vía de la negociación, para darle salida decorosa a los pillos y a los corruptos.
El 15 de noviembre de 1990, con fundamento en el artículo 109 de la Constitución Política de la República y el 12 y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Partido de la Revolución Democrática presentó ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados un extenso documento en el que se presenta formal denuncia de juicio político contra Salvador Neme Castillo, gobernador del estado de Tabasco.
Desde entonces, la denuncia duerme el sueño de los justos en las comisiones a las que les compete darle trámite al caso. El motivo de esta intervención es precisamente actualizar esta sentida demanda del pueblo tabasqueño que el Partido de la Revolución Democrática recogió y exigir la revisión de este caso por las comisiones correspondientes y su dictaminación a favor de la procedencia del juicio político para este funcionario.
El gobernador Neme Castillo con mucha largueza ha demostrado su incapacidad para gobernar el estado en un clima de concordia y en un clima de convivencia democrática.
Me tienta la curiosidad y el interés el referirme a aquel viejo refrán, porque es un tema bastante de actualidad sobre todo para los compañeros legisladores del partido oficial, de aquel viejo refrán que dice "que cuando la perra es brava hasta a los de la casa muerde". Esto haciendo referencia a lo que ha sido consignado por mucha gente, por la opinión pública en lo general de la actitud sucia que se tuvo por parte del gobierno de Tabasco en la manipulación de procesos que correspondían a un partido político recientemente.
Es lamentable que tenga que referirme, así de pasada, a este caso porque es el caso más amarillista y el que ha hecho que mucha gente voltee la cabeza a Tabasco y es lamentable que por esa razón se mire teniendo en la mano numerosas pruebas para que pudiera, como decía yo con largueza, fincarse responsabilidades a Salvador Neme Castillo por muchas otras arbitrariedades y por muchas violaciones a la Constitución y por casos de corrupción.
Sabemos todos que es uno de los varios gobernadores ya a esta fecha que están seriamente cuestionados por su desempeño, por su carencia de escrúpulo y por su desinterés en armonizar las fuerzas políticas al interior de su entidad, es de las personas que ya le está estorbando al propio sistema su permanencia en el cargo. En el documento entregado el 15 de noviembre en forma prolija se demuestra que el gobernador no ha sido capaz ni siquiera de elaborar un plan de gobierno y finca sus acciones de gobierno en ocurrencias. Se demuestra también que la obra pública ha sido concesionada a empresas muy cercanas al gobernador o muy cercanas a los principales colaboradores de él y que el nepotismo es manifiesto con la participación de familiares cercanos en los principales puestos de gobierno.
Podríamos abundar mucho pero tenemos la seguridad de que en el documento está bastante extensa la cantidad de pruebas que podrían dar mayor claridad en el comportamiento de este gobierno. Si escarbáramos tan sólo un poco para
descubrir el verdadero rostro de Salvador Neme Castillo, empezaríamos incluso a ver cómo es posible que funcionarios de su gobierno de primerísimo nivel como director de Comunicación Social de este gobierno, a tan sólo un poco más de dos años ya ha podido adquirir cuatro grandes ranchos en el estado de Tabasco. Este tipo de sospechas que son abundantes en el caso de Tabasco, creemos que merecen la atención de este cuerpo legislativo.
En fin, esperamos, tenemos la oportunidad ahora de abordar el tema, que se aplique con seriedad la norma correspondiente para darle a Salvador Neme Castillo el tratamiento que le corresponde como un gobernador que se ha distinguido por un mal manejo administrativo y una pésima conducción política de la entidad.
Esperamos que las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, atiendan esta exhortativa y para el efecto hemos decidido, en el Partido de la Revolución Democrática, presentar ante el señor Presidente de esta Comisión Permanente, el siguiente documento:
«El día 15 de noviembre fue presentada y ratificada en tiempo y forma ante la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados formal denuncia en contra del gobernador del estado de Tabasco, Salvador Neme Castillo, por el diputado miembro de esta legislatura, Darvin González Ballina y diversos tabasqueños, imputándole violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales, así como manejo indebido de fondos y recursos federales.
Y que hasta el día de hoy, no se le ha dado trámite alguno al juicio político referido, contraviniendo con esto lo establecido en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece claramente que toda comisión deberá presentar dictamen en los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los haya recibido.
En virtud de lo expuesto, con fundamento en los artículos 21 fracción LXI en relación con el 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores abajo suscritos, solicitamos al Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, que haga una excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, a fin de que procedan inmediatamente a dar curso a la demanda de juicio político contra el gobernador del estado de Tabasco, Salvador Neme Castillo, presentada el pasado 15 de noviembre por los ciudadanos Andrés Manuel López Obrador, Alberto Pérez Mendoza y Darvin González Ballina.
Firman: Diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Roberto Robles Garnica y diputado Jaime Enríquez Félix.»
Entrego a la Presidencia el documento. Y muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Instrúyase a la Oficialía Mayor para los efectos señalados en el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos en torno a la intervención del diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, sobre lo expresado en esta tribuna por el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, que se le dé trámite para que se lleve a cabo la excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
20 de febrero de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXVIII aniversario luctuoso de José María Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXVIII aniversario luctuoso de don Francisco I. Madero, tendrá lugar el próximo 22 de los corrientes.
Iniciativas
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de
decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Emeteria Macías Dorantes, para prestar servicios como secretaria taquígrafa en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Gabriela Alejandra Frías Romero, María Delina Zárate García de Vera y Janett Salvador Martínez, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, respectivamente.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Jorge de la Vega Domínguez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosalba Fabiola Nájera Escalona y José Antonio Sánchez Rodríguez, para prestar servicios como secretaria y mensajero, en la Embajada de Uruguay en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jorge Alberto Gutiérrez Figueroa y Mario Alfonso Sánchez Urrutia, para prestar servicios como asistente administrativo y especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán, respectivamente.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Filiberto Montesinos Piña, para prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Proposiciones
Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones
Denuncias
Los rubros B, E, F y G se integrarán con los puntos que se inscriban en los términos del acuerdo parlamentario para las sesiones de esta Comisión Permanente, además, los asuntos con los que la secretaría dé cuenta.» El Presidente (a las 15.50 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de febrero a las 11.00 horas.