Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19910220 - Número de Diario 10

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO de los DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Dip. Guillermo Jiménez Morales

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

Año III México, D. F., miércoles 20 de febrero de 1991 No. 10

PRIMER RECESO

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría notifica que hay quórum.

SE ABRE LA SESIÓN

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Sin discusión, se aprueba.

INVITACIÓN

Para asistir a los actos cívicos conmemorativos del LXXVIII aniversario luctuoso del ciudadano Francisco I. Madero Hernández y LXXVIII aniversario luctuoso del ciudadano José María Pino Suárez. Se designan comisiones.

COMUNICACIONES

Del Congreso del Estado de Campeche, para informar sobre la integración de la mesa directiva para el período de receso. De enterado.

Del Congreso del Estado de Guanajuato, para informar sobre la clausura del primer período ordinario de sesiones y la integración de la diputación permanente. De enterado.

Del congreso del Estado de Jalisco, para informar sobre la clausura de las actividades legislativas correspondientes al primer receso. De enterado.

Del Congreso del Estado de Tamaulipas, para informar sobre la integración de la mesa directiva para el mes de febrero. De enterado.

SOLICITUD DE LICENCIA

De la senadora Dulce María Sauri Riancho para separarse de su cargo como senadora y opta por el de gobernadora interina del Estado de Yucatán. Se formula punto de acuerdo.

Para su discusión intervienen los legisladores:

Carmen Segura Rangel en contra.

Dionisio Pérez Jácome en pro.

Eugenio Ortíz Walls para rectificar hechos.

Dionisio Pérez Jácome para contestar alusiones personales.

Antonio Gándara Terrazas para rectificar hechos.

Noé Aguilar Tinajero para rectificar hechos.

Julio Patiño Rodríguez para rectificar hechos.

Carmen Segura Rangel.

Mauro Ramírez Ayala.

Alfredo Reyes Contreras.

Francisco Curi Pérez Fernández.

Blanca Esponda Espinoza.

Se aprueba el punto de acuerdo.

OFICIOS DEL BANCO DE MÉXICO

Referente al financiamiento interno del mismo y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación durante el cuarto trimestre de 1990. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

SALADO MÁXIMO DE FINANCIAMIENTO INTERNO

Referente a la determinación del saldo máximo que poder alcanzar en el ejercicio de 1991. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito y de

Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

OFICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por el que se remite el informe de la deuda pública correspondiente al cuarto trimestre de 1990. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

OFICIOS DE LAS SECRETARÍAS DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO, Y DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Por el que se remite el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1990. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

OFICIO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

Por el que se remite el informe del programa presupuesto del Departamento del Distrito Federal al 31 de diciembre de 1990. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.

OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

Por el que se comunica el nombramiento del ciudadano Santiago Oñate Laborde, como embajador representante permanente ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, Distrito de Colombia, Estados Unidos de América. Se turna a la Segunda Comisión.

Por el que se comunica el nombramiento del ciudadano Jorge Pinto Mazal, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Reino de Suecia.

Por el que se comunica el nombramiento del ciudadano José Caballero Bazán , como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca. Se turna a la Segunda Comisión.

RATIFICACIÓN DE GRADOS

Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Emeteria Macías Dorantes para hacerlo en la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Gabriela Alejandra Frías Romero, María Delina Zárate García de Vera y Janett Salvador Martínez, para hacerlo en los consulados generales de los Estados Unidos de América en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca, respectivamente.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

NOMBRAMIENTOS

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano Jorge de la Vega Domínguez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá.

Discuten el punto de acuerdo los legisladores:

Oscar Mauro Ramírez Ayala.

Bulmaro Pacheco Moreno.

Roberto Robles Garnica.

Humberto Roque Villanueva.

Alfredo Reyes Contreras.

Jaime Enríquez Félix para rectificar hechos.

Humberto Roque Villanueva para contestar alusiones personales.

Se aprueba y se comunica al Poder Ejecutivo. Rinde protesta.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosalba Fabiola Nájera Escalona y José Antonio Sánchez Rodríguez, para hacerlo en la Embajada de Uruguay en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jorge Alberto Gutiérrez Figueroa y Mario Alfonso Sánchez Urrutia, para hacerlo en los consulados generales de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida Yucatán, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Filiberto Montesinos Piña, para hacerlo en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

PROPOSICIONES

UNIDAD HABITACIONAL TLATELOLCO

Interviene el diputado Mauro Ramírez Ayala para presentar punto de acuerdo. Se turna a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Información Gestoría y Quejas.

DECLARACIONES, COMENTARIOS Y TOMA DE POSICIONES SOBRE SITUACIONES EN EL GOLFO PÉRSICO

Toma la palabra el diputado el diputado Alfredo Reyes Contreras.

SOBRE EL CONGRESO DEL TRABAJO.

Toman la palabra los legisladores:

Noé Aguilar Tinajero.

Pedro Salazar Muciño.

Noé Aguilar Tinajero para contestar alusiones personales.

ORDEN DEL DÍA

De la Próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES

ASISTENCIA

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: - Señor Presidente, hay una asistencia de 27 legisladores. Hay quórum.

El Presidente (a las 11.20 horas): Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: - Se va a dar lectura al orden del día.

«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LIV Legislatura.

Orden del día.

20 de febrero de 1991.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Correspondencia

El Departamento del Distrito Federal, invita a los actos cívicos que con motivo del LXXVIII aniversario luctuoso de don Francisco I. Madero y de José María Pino Suárez, tendrá lugar el 22 de febrero.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Campeche, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

Comunicación de la senadora Dulce María Sauri Riancho, por la que solicita licencia para separarse del cargo.

Oficios del Banco de México

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el cuarto trimestre de 1990, tuvieron el financiamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite informe sobre la determinación del saldo máximo que el financiamiento interno del Banco Central podrá alcanzar, en el ejercicio correspondiente a 1991.

Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Con el que se remite el informe de la deuda pública, correspondiente al cuarto trimestre de 1990.

Oficio de los ciudadanos secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público

Con el que se remite el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1990.

Oficio del Departamento del Distrito Federal

Con el que se remite el informe trimestral de avance del Programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 1990.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano Santiago Oñate Laborde, con el rango de embajador, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, Distrito de Colombia, Estados Unidos de América.

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano Jorge Pinto Mazal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno del Reino de Suecia.

Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República, nombró al ciudadano José Caballero Bazán, embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca.

Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictámenes de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Patricia Emeteria Macías Dorantes, para prestar servicios como secretaria - taquígrafa en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Gabriela Alejandra Frías Romero, María Delina Zárate García de Vera y Janett Salvador Martínez, para prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, respectivamente.

Dictámenes a discusión

De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del licenciado Jorge de la Vega Domínguez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el gobierno de Canadá.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia, en Querétaro, Querétaro.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Rosalba Fabiola Nájera Escalona y José Antonio Sánchez Rodríguez, para prestar servicios como secretaria y mensajero, en la Embajada del Uruguay, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Jorge Alberto Gutiérrez Figueroa y Mario Alfonso Sánchez Urrutia, para prestar servicios como asistente administrativo y especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en los consulados generales de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán, respectivamente.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Filiberto Montesinos Piña, para prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Proposiciones

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el Tratado de Libre Comercio.

Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la reconstrucción de la unidad habitacional de Tlatelolco.

Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones

De los grupos parlamentarios de los partidos: Popular Socialista y Revolucionario Institucional, respecto a la situación en el Golfo Pérsico.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el Congreso del Trabajo.

Denuncias.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.

«Acta de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día trece de febrero de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Receso del Segundo Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintiún minutos del día trece de febrero de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de veintiocho legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos del ciento sesenta aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero y al doscientos diez aniversario del natalicio del doctor Valentín Gómez Farías. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Una comunicación del Congreso del estado de Tabasco, por la que informa de la designación de Presidente de la Gran Comisión. De enterado.

Se da cuenta con una comunicación del Congreso del estado de Veracruz - Llave, por la que informa de la prórroga de su período ordinario de sesiones por el mes de enero y de la elección de la mesa directiva. De enterado.

La secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por la que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá. Se turna a la Segunda Comisión.

Dos oficios más de la misma Secretaría, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que tres ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en los consulados generales del mismo país en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.

Un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro. Es de primera lectura.

Otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que siete ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América y en el Consulado General del mismo país en Ciudad Juárez, Chihuahua. Es de primera lectura.

Se da segunda lectura y se somete a discusión un dictamen de la Primera Comisión, con punto de acuerdo relativo a la solicitud de retiro voluntario del Licenciado Carlos del Río Rodríguez, del cargo de ministro numerario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Para expresar sus opiniones al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional, para razonar su voto en pro; José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para contestar alusiones personales.

No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo. Se turna al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se da lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales para que los ciudadanos José Alberto Cisneros Luna, Blanca Aurora Mier Rodríguez, Silvia Isabel Brom Arévalo y Francisco Corrales Dorame, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y la asamblea los aprueba por veintiocho votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra al diputado Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática, quien en relación con el Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá, propone que se cite a comparecer ante las comisiones respectivas al Secretario de Comercio y Fomento Industrial, para que informe al respecto.

El Presidente concede el uso de la palabra a los legisladores Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; Fernando Silva Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Antonio Gándara Terrazas, del Partido Acción Nacional, para razonar su voto en pro; Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática, en pro y acepta una interpelación del senador Roberto Madrazo Pintado; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, en pro; Fernando Silva Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales y Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, en contra.

No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica se desecha.

Para referirse a la contaminación ambiental en el Distrito Federal, hace uso de la palabra la diputada Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se hagan las gestiones necesarias para que los legisladores de la Comisión Permanente que estén interesados, se entrevisten con el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y con el Jefe del Departamento del Distrito Federal. La Presidencia hará las gestiones correspondientes.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, quien se refiere a la violación de derechos laborales y solicita que su intervención y puntos de acuerdo se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Se turna a la comisión solicitada de la Cámara de Diputados.

Hace uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere al problema de la construcción de una central camionera en el municipio de Uriangato, Guanajuato.

Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Comunicaciones y Transportes de la honorable Cámara de Diputados.

Para hacer comentarios sobre el mismo tema, hace uso de la palabra el senador Jesús Padilla Padilla, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Ramírez Ayala.

Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría de lectura a un documento firmado por representantes de los partidos Popular Socialista, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y de la Revolución Democrática, en relación a los ataques sobre civiles en el Golfo Pérsico.

Para hacer comentarios sobre el artículo ciento veintitrés de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace uso de la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien informa que su partido ha presentado una solicitud de juicio político en contra del gobernador del estado de Tamaulipas.

Hace uso de la palabra el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se excite a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados, para que se dé curso a la demanda de juicio político en contra del gobernador de Tabasco.

La Presidencia instruye a la Oficialía Mayor para que realice los trámites de ley en el caso de la demanda presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y hace la excitativa correspondiente en el caso presentado por el Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con cuarenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinte de febrero de mil novecientos noventa y uno a las once horas.»

Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.

INVITACIÓN

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.

Ciudadano diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado para el próximo viernes 22 del actual, las ceremonias cívicas conmemorativas:

Hora, ceremonia y lugar: 10.30, LXXVIII aniversario luctuoso de don Francisco I. Madero Hernández, monumento erigido a su memoria, frente a la residencia oficial de Los Pinos, delegación política Miguel Hidalgo; 11.00, LXXVIII aniversario luctuoso del licenciado José María Pino Suárez, Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a las ceremonias de referencia.

Agradezco de las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 13 de febrero de 1991. - El director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»

El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, al acto cívico que con motivo del LXXVIII aniversario luctuoso de don Francisco I. Madero, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador Gaspar Valdés Valdés y diputada Marina Blanco Casco.

Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, al acto cívico que con motivo del LXXVIII aniversario luctuoso de José María Pino Suárez, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador José Antonio Valdivia y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.

COMUNICACIONES

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Escudo. - Poder Legislativo. - Campeche. - LIII Legislatura. Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Ciudad de México, Distrito Federal.

Con fundamento en lo que disponen los artículos 64 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado y 163 del Reglamento para el Gobierno Interior del mismo, me permito comunicarle que con fecha 15 de enero del presente año quedó integrada la directiva de la diputación permanente que funcionará durante el primer período de receso del segundo año de ejercicio constitucional de la LIII Legislatura de este Congreso, en la forma siguiente:

Diputados: Presidente, Arturo Moo Cahuich; secretario, Ramón Cervera Pacheco; vocal, Manuel Cuevas y Cuevas.

Asimismo, le comunico que el día 16 del actual, la mencionada diputación permanente quedó debidamente instalada.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Campeche, Campeche, a 17 de enero de 1991. - El Presidente de la diputación permanente, diputado Arturo Moo Cahuich.»

Trámite: - De enterado.

El mismo Secretario Senador:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Honorable Congreso del estado de Guanajuato.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.

Con esta fecha el honorable Quincuagésimo Cuarto Congreso constitucional del estado libre y soberano de Guanajuato, en forma solemne, clausuró su primer período ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional.

Al mismo tiempo y de conformidad con el artículo 64 de la Constitución Política del Estado, eligió la diputación permanente que fungirá durante el receso, la cual quedó integrada de la siguiente manera:

Diputados: Presidente, José Antonio Ramírez Salgado; secretario, Juan Gerardo Martínez Moreno; prosecretario, Ramón Torres Robles; primer vocal, Néstor Raúl Luna Hernández; segundo vocal, José Guadalupe Vargas Barrera ; tercer vocal, Javier Gallardo Pérez; cuarto vocal, Rodolfo Arteaga Paredes.

Diputados suplentes: Juan Ignacio Torres Landa García, José María Sepúlveda Mendoza, Napoleón Gallardo Ledezma. Nicolás Acosta Granados y Sergio Hernández Ramírez.

Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guanajuato, Guanajuato, 24 de enero de 1991. - Diputados suplentes: Wolstano Franco Franco y Nicolás Acosta Granados.»

Trámite: - De enterado.

El mismo Secretario Senador:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco. - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.

Para los efectos del artículo 187 de la Constitución Política de la Entidad, comunicamos a usted (s) que con esta fecha se clausuraron las actividades legislativas de la honorable diputación permanente del Congreso del Estado, correspondiente al primer receso del tercer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura de Jalisco.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Guadalajara, Jalisco, 31 de enero de 1991. - Diputados secretarios: Antonio Lara Nuño y Alberto Petersen Biester.»

Trámite: - De enterado.

El mismo Secretario Senador:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Tamaulipas. - Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal.

Por este conducto nos permitimos comunicarle (s) que en cumplimiento a lo que establecen los artículos 23 de la Ley Orgánica de este Poder, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta representación popular, en sesión ordinaria celebrada este día, la Quincuagésima Cuarta Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Tamaulipas, procedió a la elección de presidente y suplente para integrar la mesa directiva que presidirá los trabajos durante el mes de febrero del presente año, habiendo sido electos los diputados siguientes:

Diputados: Presidente, José Antonio Martínez Torres; suplente, Benito Goytortuo Alejandre.

Continuando en funciones los secretarios electos por decreto número 83 del 1o. de enero del año en curso, expedido por este honorable Congreso del estado.

Al participar lo anterior, nos es grato reiterarle (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 30 de enero de 1991. - Diputados secretarios: Guadalupe Govea Espinoza y Oscar Rangel Morales.»

Trámite: De enterado.

SOLICITUD DE LICENCIA

El mismo Secretario Senador:

«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.

Por telefax de esta fecha, en los términos de los artículos 62 y 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicité licencia para separarme del cargo de senadora de la República, en virtud de la propuesta de designación hecha en mi favor en el honorable Congreso del Estado de Yucatán para desempeñar el cargo de gobernadora interina de dicha entidad federativa.

Por este conducto me permito confirmar dicha solicitud, formalizándola en los términos de la ley, rogando me sea otorgada la licencia de referencia con efectos a partir del día de hoy.

Al encarecerles se sirvan dar el trámite que corresponda a dicha solicitud, me complazco en reiterarles las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Mérida, Yucatán, a 14 de febrero de 1991. - Senadora Dulce María Sauri Riancho.»

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO

Juan José Osorio Palacios

El Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - Está a discusión el siguiente punto de acuerdo. "Único. Se concede licencia por tiempo indefinido a la senadora Dulce María Sauri Riancho para separarse de sus funciones como senadora de la República por el estado de Yucatán, a partir del día 14 de febrero".

El Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra para hablar en pro, el diputado Dionisio Pérez Jácome; para hablar en contra, la diputada María del Carmen Segura Rangel, y para razonar su voto, los legisladores: diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, diputado Alfredo Reyes Contreras y diputado Francisco Curi Pérez Fernández.

Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Señor Presidente; honorable asamblea: En nombre de los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que formamos parte de esta Comisión Permanente, hago uso de esta tribuna para hablar en contra del punto de acuerdo que propone otorgar licencia a la ciudadana Dulce María Sauri Riancho, por los hechos y consideraciones que a continuación me permito exponer.

La ciudadana Dulce María Sauri Riancho asumió el cargo de senadora de la República el 1o. de septiembre de 1988.

El 14 de febrero del año en curso, a las 10.40 horas ante el Congreso del Estado de Yucatán, el licenciado Víctor Manzanilla Schaffer solicitó licencia indefinida para separarse del cargo de gobernador.

El Congreso de Yucatán le concedió la licencia solicitada y en su lugar designó como gobernadora interina a la ciudadana Dulce María Sauri Riancho, quien de acuerdo con la información recabada, aceptó el cargo y rindió la protesta de rigor ante el Congreso del Estado de Yucatán el día 14 de febrero a las 13.05 horas.

El artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone: "Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los estados, por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador".

Por otra parte, la propia Carta Magna atribuye a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en el artículo 79 fracción VIII, el: "conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores federales".

Hasta el día de hoy, 20 de febrero, se ha puesto en conocimiento de esta soberanía la solicitud de licencia de la ciudadana Dulce María Sauri Riancho, fechada el 14 de febrero de 1991, en Mérida, Yucatán, y fundamentada, entre otros, en ese artículo 62.

Del análisis de dicha solicitud se desprende lo siguiente: el oficio recibido supuestamente por fax a las 10.47 horas, según anotación manuscrita del ciudadano Oficial Mayor de la honorable Cámara de Diputados, carece en la copia del mismo de los datos que distinguen a las comunicaciones que por ese medio se transmiten y que son impresos por la misma máquina, a saber fecha, hora de inicio de transmisión, hora de terminación de la transmisión, números telefónicos del emisor y receptor y las siglas de identificación de ambos.

Por lo anterior, atentamente solicitamos al Presidente de esta Comisión Permanente, instruya a la secretaría para que en este momento muestre a los miembros de esta comisión que así lo soliciten, el original del fax mencionado, para su inspección visual.

El Presidente: - Se instruye a la secretaría para que atienda lo solicitado por la diputada.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - (Muestra el fax a los diferentes legisladores)

El Presidente: - Diputada, ya se atendió a la petición de usted y ya están revisándolo, puede usted continuar con el uso de la palabra.

El diputado José Jaime Enríquez Félix (desde su curul): - Señor Presidente, no hemos terminado de ver el fax.

El Presidente: - Entonces después pedirá usted la palabra para aclarar esa situación, lo que pidió la compañera diputada ya ha sido atendido.

La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Del análisis del oficio de igual fecha y procedencia, pero recibido en la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados a las 20.00 horas, según consta en leyenda manuscrita, se deriva que con temeridad la interesada solicita en el oficio de referencia, que la licencia le sea concedida con efectos a partir del mismo día, es decir, a partir del 14 de febrero de 1991, lo cual significaría que esta Comisión Permanente se prestara a darle carácter retroactivo a una resolución, que hasta hoy día 20 de febrero se está sometiendo al pleno.

El artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es muy claro al consignar que los diputados y senadores en ejercicio deberán obtener la licencia previa de la Cámara respectiva, para desempeñar comisión o empleo de la Federación o de los estados, por los cuales se disfrute sueldo.

Es indiscutible que no basta que el interesado solicite la licencia correspondiente, sino que es indispensable que ésta le sea otorgada antes de que inicie el desempeño de la comisión o empleo de que se trate. En el caso, la interesada no obtuvo precisamente como está ordenado, la licencia necesaria, lo cual la llevó a caer en el supuesto consignado en la parte final del propio artículo 62 que a la letra dice: "la infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador".

Si bien es cierto que la infractora optó ya por aceptar el nombramiento de gobernadora interina en su estado natal, también es cierto que no es nada edificante la conducta de quien en su oportunidad protestó cumplir con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ahora protesta el fiel cumplimiento de la Constitución del estado que se propone gobernar.

¿Cuál era la prisa para que no se cumpliera con el procedimiento? ¿Qué motivos inconfesables dieron origen a estos hechos?

México y Yucatán merecen que se les expliquen los motivos; de otra manera quedará la mancha de que nuevamente el centralismo y los cacicazgos prevalecieron sobre la majestad de la ley.

¿Para qué efectos aprobaríamos una solicitud de licencia? ¿Para que pueda asumir el cargo de gobernadora? Ya lo está ejerciendo desde el jueves 14 de febrero. ¿Para que se separe del cargo de senadora? la ciudadana Dulce María Sauri Riancho ya no tiene el carácter de senadora de la República, porque lo perdió al infringir el precepto constitucional citado, es improcedente y ocioso que esta Comisión Permanente se ocupe de resolver una solicitud de licencia que los hechos consumados la hacen ya inoperante, tampoco procede que se otorgue la licencia solicitada, porque estaríamos en el supuesto de que por circunstancias fortuitas la interesada pretendiera volver a ocupar el puesto de senadora de la República, carácter que ya perdió.

Es inaceptable también considerar este asunto como de simple trámite, como algunos por ahí lo afirman, se trata de una facultad expresamente conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a esta Comisión Permanente, de resolver sobre las solicitudes de licencia sometidas a su conocimiento, pero en el caso no hay sujeto a quien concederle la licencia.

Por congruencia con la naturaleza de la función legislativa, no podemos convalidar una situación violatoria de la Constitución. ¿Qué pasaría en el caso de que le negáramos la licencia? ¿Dejaría la ciudadana Sauri el cargo de gobernadora para venir de nuevo a ocupar un lugar en el Senado? Definitivamente no, ya que al incurrir en la infracción que prevé el artículo 62 de la Carta Magna, es castigada con la pérdida del carácter de senadora y no podría regresar al Senado y en su oportunidad la honorable Cámara de Senadores deberá llamar a su suplente para que tome posesión del cargo que ella ya ha perdido.

Por las razones aquí expuestas, por ser improcedente y porque sería una falta muy grave de respeto a esta Comisión Permanente, los diputados del Partido Acción Nacional votaremos en contra e invitamos a los legisladores de otros partidos a que juntos asumamos nuestra responsabilidad dejando constancias de nuestro rechazo a la violación constitucional cometida por la ciudadana Dulce María Sauri Riancho. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en pro, el diputado Dionisio Pérez Jácome.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia, señor Presidente; compañeros legisladores, miembros de esta honorable Comisión Permanente: En las sesiones celebradas por la LIV Legislatura del Congreso de la Unión y por las distintas comisiones permanentes que han cubierto su función durante los recesos, han sido muchas las ocasiones en que se nos han presentado la solicitud de licencia de un senador o de un diputado.

Exigencias comprensibles de sus proyectos personales en materia política o circunstancias especiales que en ningún caso nos hemos atrevido a calificar, han sido motivo suficiente y justificación plena para conceder lo solicitado, éste debería ser señoras y señores legisladores, un caso más de mero trámite para el pleno de esta Comisión Permanente, que por una absurda reminiscencia de prácticas arcaicas siguen entreteniéndose en conocer y resolver estas cuestiones que en casi todos los demás parlamentos del mundo constituye materia de simple acuerdo administrativo de las directivas camerales.

Sin embargo, al parecer no es esta solicitud solamente una licencia más, sino que tras de ella o con el pretexto de ella, en un marco de supuesto sensacionalismo, algunos muy respetables miembros de la oposición revelan su propósito real de deslegitimar una designación hecha por el Congreso Local de Yucatán con estricto apego a la Constitución General de la República, a la propia Constitución Política de su estado y a las leyes reglamentarias de ambos ordenamientos.

Cabe puntualizar, por si existiesen dudas, cuáles son los hechos y las circunstancias del caso.

El pasado jueves 14 un gobernador, el del estado de Yucatán, presentó ante su congreso solicitud de licencia para separarse de su cargo por más de 60 días. Lo que en términos del artículo 51 de la Constitución local obligada al nombramiento de un gobernador interino.

A su vez, y al aceptar la referida licencia, el Congreso del estado designó para el cargo a la senadora Dulce María Sauri. A efecto de evitar un supuesto de incompatibilidad de funciones, la señora Sauri estimó pertinente pedir licencia como senadora de la República a esta Comisión, previamente a protestar el desempeño del nuevo cargo, y escogió para ese fin el medio más rápido de hacer evidente su decisión: un fax, que al no estar previsto aún en las prácticas de nuestras cámaras, debió complementarse o convalidarse

horas más tarde mediante un escrito original presentado formalmente ante la Oficialía Mayor.

Este documento que en buen romance es el único formalmente válido para hacer constar la solicitud de licencia está en la secretaría de esta comisión y de él tengo una copia. Si algunos legisladores lo quieren consultar ahora o más tarde está a su plena disposición.

Cumplidos los pasos anteriores...

La diputada María del Carmen Segura Rangel (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Permítame, señor diputado.

¿Con qué objeto, diputada?

La diputada María del Carmen Segura Rangel (desde su curul): - Para hacerle una pregunta al diputado.

El Presidente: - Acepta una pregunta de la diputada.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Conforme a mi práctica parlamentaria, señor Presidente, acepto todas las preguntas concluida mi intervención.

El Presidente: - Una vez que concluya, diputada.

Continúe diputado.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Cumplimos los pasos anteriores y turnada la solicitud de referencia, esta Comisión Permanente debe analizarla y debe resolverla.

Y aquí es indispensable enfatizar un hecho: nada de lo que se ha dicho ante la prensa, en los pasillos del Palacio Legislativo o en la tribuna de este recinto, puede fundamentar una negativa para la licencia pedida.

El motivo que la respalda no es ni siquiera materia de posible debate. La discusión es otra y por desgracia constituye una evidencia más de la distorsión que frecuentemente se pretende imprimir a las atribuciones legales del Congreso por una "pretendida estrategia política".

La designación de la senadora Sauri por el Congreso de Yucatán y su petición expresa de licencia, han traído consigno una verdadera avalancha de declaraciones y de comentarios, algunos respetables, aunque a nuestro juicio sean erróneos; pero muchos otros, desafortunadamente, inspirados sólo en la pasión política. Con una gran dosis de irresponsabilidad, se ha descrito lo ocurrido como flagrante violación al orden constitucional usurpación de funciones o vacío de poder, e inclusive se ha amenazado una vez más con lo que viene a hacer en su abuso un instrumento sólo de desprestigio para el cuerpo legislativo en su conjunto: juicios políticos a granel contra congresistas, contra gobernadores, contra secretarios de Estado.

Todo esto justifica iniciar nuestra intervención ubicando el caso en el lugar histórico que le corresponde, despojándole en lo posible de ese falso sensacionalismo que se ha pretendido atribuirle sin otro fin que preparar argumentos para el mes de agosto, que es lo que esta Comisión Permanente puede analizar y resolver.

Rechazo categóricamente que pudiera correspondernos, como alguien ha propuesto, examinar, enjuiciar, discutir y resolver en torno a decisiones autónomas del Congreso del estado de Yucatán, que independientemente de estar plenamente fundadas en la Constitución en cuanto a la aceptación de una licencia y el nombramiento de un gobernador interino, corresponden estrictamente al único órgano competente para el cumplimiento de esas atribuciones en el marco de nuestro federalismo.

Qué fácil es calificarnos como centralistas y paradójicamente pretender que se asuman funciones en el Congreso de la Unión que corresponden única y exclusivamente a la soberanía de una entidad federativa. Me sorprende, lo digo con toda honestidad la actitud que ha adoptado en los últimos días el Partido Acción Nacional formulando un pliego de agravios en contra del despótico gobierno central por el hecho de que supuestamente obligo a renunciar o a pedir licencia al licenciado Manzanilla. ¿Cómo armonizar este planteamiento con el reclamo insistente que durante tres años los propios panistas vinieron haciendo de que renunciara Manzanilla?

En la Revista, que así se llama esta revista, del muy reciente 21 de diciembre pasado, el propio Benito Rosell, presidente del Partido Acción Nacional en Yucatán, que hoy se desgarra las vestiduras en supuesta defensa de Manzanilla, pedía a don Víctor, si era buen yucateco, que renunciara. Durante tres años le atacaron, pretendieron minar su autoridad y ahora en un giro de 180 grados se manifiestan sorprendidos por una decisión ajena. La prensa nacional consigna el día de hoy que en la ciudad de México el coordinador de la diputación panista, Abel Vicencio Tovar, declaró que no existe motivo alguno para que se obligue a renunciar a Víctor Manzanilla Schaffer

y dijo que su partido, con este hecho que marcaría un retroceso político, se manifiesta contra el ultraje a la democracia en Yucatán.

El diputado indicó que si se trata de una simple pugna entre priístas, el Partido Acción Nacional no tendría qué hacer, pero mencionó que los panistas de Yucatán piensan que el gobernador no ha dado ningún motivo para que se le separe del cargo. Destituye Vicencio a Rossell cosas veredes miosip, incongruencias o irresponsabilidad.

Rechazo también que pueda ponerse en tela de juicio la elegibilidad de Dulce María Sauri como gobernadora de su estado, ya que cumple con todos y cada uno de los requisitos que la Constitución de Yucatán exige, la que ningún precepto previene que tenga que renunciar previamente o que no pueda ser electo o designado gobernador quien desempeñe el cargo de senador de la República. Tan es así, que la alcaldesa panista de Mérida expresamente en el Diario de Yucatán del 15 de febrero definió la autoridad de Sauri como legalmente constituida.

¿Qué es lo que sí podemos comentar en ocasión de la licencia que se nos ha planteado? Única y exclusivamente la explicación que deben merecernos algunas interpretaciones que se han externado, como ya dijimos respetables aunque erróneas, en torno a los hechos y a su fundamento. Intentaremos ser breves y claros, aún tratándose de una materia eminentemente técnico - jurídica, pero sobre todo procuraremos dejar plenamente probado un elemento básico de nuestra argumentación. No hubo, en el caso que nos ocupa, violación alguna ni a la Constitución General ni a la Constitución Pública del Estado de Yucatán; ha existido el cumplimiento pleno de sus preceptos e inclusive ha habido un exceso de celo constitucional por parte de la senadora Dulce María Sauri, que únicamente demuestra su legítimo interés porque todos y cada uno de sus actos revistan transparencia, se apoyen en las normas vigentes y correspondan así del todo al estado de derecho en que vivimos y que protestamos preservar.

La materia toral de la discusión que justificadamente no se ha dado, es dilucidar si la senadora Sauri antes de protestar como gobernadora de Yucatán debió esperar a que esta Comisión Permanente resolviese de conformidad su solicitud de licencia.

Y en vista de las circunstancias de que, aun habiendo solicitado previamente la licencia ésta aún no ha sido concedida, su nombramiento y el ejercicio de su encargo violan o no el artículo 62 de la Constitución y deben, en su caso, motivar como castigo la pérdida definitiva de la calidad de senadora de la gobernadora Sauri.

A este respecto, como lo hace toda la doctrina internacional y nuestros propios tratadistas de derecho constitucional, debemos empezar por distinguir dos conceptos jurídicos diametralmente diferentes. Por una parte, los requisitos de elegibilidad, que ya se advirtió cumple plenamente la senadora Sauri; y en segundo lugar, la normatividad vigente en materia de incompatibilidad, de la que se ocupan entre otros preceptos el mencionado artículo 62 y el 125 constitucionales. Prevenciones que no significan de modo alguno imposibilidad para el ejercicio de una función pública, sino que exigen sólo el ejercicio oportuno de una opción, de una decisión voluntaria, en el sentido de escoger una u otra responsabilidad de dos posibles, lo que habitual o tradicionalmente se expresa a través de la solicitud de licencia a una de las dos investiduras.

El artículo 62 de la Constitución no puede interpretarse como si fuera una norma cualquiera del Reglamento de Tránsito o del Reglamento de Mercados de la ciudad de México, a la vez que requiere un cuidadoso examen semántico y de su terminología precisa en lo gramatical y en lo jurídico, exige también un análisis del propósito que orientó su inclusión en la Ley Suprema de la nación, identificar los valores que tutela, los riesgos que previene, las razones históricas y políticas que llevaron a su redacción.

Incuestionable es que al disponerse que los diputados y senadores no puedan desempeñar simultáneamente a su función otra comisión o empleo de la Federación o de un estado por el que se disfrute sueldo, lo que procuró evitar fue que el Poder Legislativo quedase supeditado a otro poder que le restase autonomía y libertad.

El origen de esta prevención se remonta a los sistemas de gobierno francés y norteamericano de finales del Siglo XVIII, que intentaron evitar se extendiera a sus prácticas parlamentarias lo que venía ocurriendo en Inglaterra, donde el poder de la Corona o del primer ministro mediatizaban frecuentemente la libertad de criterio de los legisladores, mediante la atribución de comisiones generosamente remuneradas por la administración.

Herederos directos del modelo francés adoptamos el principio en la Constitución de Cádiz, lo reiteramos en Apatzingán, en las leyes constitucionales del 36, en las bases orgánicas del 42 y en la propia Constitución de 1857.

Pero fue hasta 1917 cuando por primera vez se estableció en nuestra Carta Magna que esa

incompatibilidad requería, no sólo tratándose de sueldos de la administración federal sino prohibiéndose expresamente que un legislador pudiese desempeñar simultáneamente a su función alguna comisión o empleo de los estados sin licencia previa de la Cámara respectiva, agregándose textualmente que sería castigado el infractor de esta norma con la pérdida de la calidad de diputado o senador.

Para entender cabalmente el sentido preciso y los alcances del precepto, es indispensable, queridos compañeros diputados, consultar el Diario de Debates del Congreso Constituyente de Querétaro, que consigna, a cambio de una discusión que en la materia no se dio, la exposición de motivos del Proyecto Carranza y los comentarios que consideró necesarios incluir en su propuesta la comisión dictaminadora del propio Congreso Constituyente.

Es así como expresamente la comisión enfatiza a qué tiende la disposición de referencia, que no es otra cosa que afirmar la independencia más completa del personal de ambas Cámaras frente al Ejecutivo, que según decía el Constituyente, recurría al sistema de dar empleos lucrativos a los representantes el pueblo para contar con ellos y tener en las Cámaras votos a su favor.

Lo que se previene, lo que se combate es la colusión de intereses que resultaría de desempeñarse simultáneamente un cargo legislativo y un empleo o comisión remunerada y dependiente del Ejecutivo Federal o de un estado. A este respecto es evidente que no corresponde en forma alguna al espíritu del precepto lo que supuestamente han pretendido decir, que les preocupa o que tutelan quienes han querido colocar en el banquillo de los acusados a la senadora Dulce María Sauri, que lejos de la previsión expresa del Constituyente de Querétaro, queda la actitud de ella, que en ningún momento alguien pudiese pretender que intentara preservar a la vez y ejercer simultáneamente los cargos de gobernadora y de senadora con licencia de la República.

Pero esto resulta inclusive de menor relevancia frente a otro hecho que surge indubitablemente, de la mera lectura cuidadosa del precepto aludido, de su interpretación sistemática y congruente con otros preceptos constitucionales y de la propia expresión de intenciones legislativas del Proyecto Carranza y de la comisión dictaminadora del Constituyente. En ninguna forma el artículo 62 puede estimarse referido al caso de una gobernadora, que no es empleada ni desempeña comisión alguna ordenada por el Ejecutivo de su entidad, sino que en sí el titular y depositario del Poder Ejecutivo del estado, empleado o comisionado de nadie, ya que únicamente obedece la voluntad de la ley y de su pueblo, y que como expresamente la propia Constitución y las leyes indican, no ejerce un empleo o una comisión sino algo plenamente distinto, no comprendido en la redacción del artículo 62, un cargo público, el más alto cargo público de su estado.

La doctrina jurídica mexicana hace una diferenciación muy clara y precisa entre cargo, que es la función de un gobernador, empleo y comisión. Esos dos últimos que son los supuestos previstos por el artículo 62 de la Constitución, pese a la importancia del tema me basta ahora con invitar a ustedes a que examinen con toda acuciosidad los textos referentes de esa extraordinaria obra del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el Diccionario Jurídico Mexicano.

En el tomo cuarto de esa compilación dirigida por Carpizo, por Adame, por Barrera Grap, por Fix Zamudio entre otros ameritados juristas, se detallan las distinciones precisas de conceptos, particularmente cuando transcriben lo que el maestro Andrés Serra Rojas escribió de las páginas 381 a 383 de su derecho administrativo, al que por economía de tiempo y de paciencia simplemente remito.

Un gobernador ciertamente no es un empleado ni está cumpliendo una mera comisión; la suya es una función especial que siempre denomina cargo el artículo 116 de la Constitución, precepto básico que fija en nuestro marco jurídico constitucional las atribuciones y las responsabilidades de los gobernadores, y mal haría quien pretendiese desestimar la distinción anterior, sobre todo cuando otro precepto constitucional, el 108, al definir y caracterizar a los servidores públicos puntualiza que éstos son quienes desempeñan un cargo, un empleo o una comisión, en forma alguna sinónimos sino categorías distintas, expresiones de relaciones diferentes de trabajo en la administración pública.

Debe hacerse una necesaria aclaración: los gobernadores no están excluidos en forma alguna del imperio de la norma de la incompatibilidad, sólo que para ellos en un elemental ejercicio de interpretación e integración que completa una presumible laguna de la ley, el precepto aplicable así, a través de esa interpretación integradora, vendría a ser el artículo 125 de la Constitución, que expresamente previene que nadie puede desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un estado, que sean también de elección. Pero el nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera desempeñar El cargo de gobernador es

eminentemente de elección popular, independientemente de que pueda ser, en los casos, en que por excepción la Constitución lo autoriza, producto de un nombramiento del Congreso del Estado, lo que no le quita en sí al cargo su calidad de origen ni libera a quien lo detenta de la obligación de elegir cuando se encuentren en la situación que el artículo 125 de la Constitución previene. Lo importante del caso es que la Constitución no prohibe que se tengan dos cargos, sino que se desempeñen simultáneamente.

Dulce María Sauri, al ejercer la opción que le correspondía mediante su petición de licencia, cumplió plenamente con el espíritu y el texto de la norma, aunque en un exceso de celo se preocupara por citar también su intención de satisfacer el artículo 62 de la Constitución, que en su caso, presumiblemente, no le obligaba. Y la senadora Sauri cumplió así con la parte del mandamiento referido, en lo que supuestamente podría corresponderle, o sea, la presentación oportuna de una solicitud de licencia. No podía por sí misma realizar lo que no le correspondía hacer, como hubiese sido presentar su solicitud de licencia desde el momento en que algún prestigiado medio de comunicación empezó a candidatearle para el cargo.

El artículo 48 del Reglamento Interior de este Congreso, limita las licencias a causas graves; en ninguna forma autoriza pedirla por meras suposiciones o expectativas. No podía tampoco Dulce María obligar a la Comisión Permanente a que se reuniera el propio jueves 14 a las 11.00 de la mañana, para discutir y resolver su licencia. Nuestros calendarios de reuniones sólo nosotros los determinamos.

Por último, no podía la senadora Sauri diferir la aceptación del cargo, la designación a su favor era expresión de voluntad soberana del Congreso de su estado, que ante el hecho de que la licencia del licenciado Manzanilla expresamente por más de 60 días, estaba obligado a designar de inmediato un gobernador interino, de lo contrario se hubiera presentado efectivamente el vacío de poder que ahora falsamente supone algún crítico poco informado.

De ahí que no pueda ni deba constitucionalmente castigarse como se pretende, a quien no siendo designado para un empleo o comisión, sino para el cargo público más importante del estado de Yucatán, ejerció válida, clara, oportuna y categóricamente la opción que la propia Constitución concede a quienes están en la posibilidad de desempeñar dos diferentes encargos como son la gubernatura y el Senado de la República. Nunca infringió tampoco la señora Sauri el espíritu del Constituyente, ya que no percibió en forma alguna, sueldos simultáneos que comprometieron su dependencia. Cumplió inclusive en exceso con las previsiones constitucionales. Su nombramiento y su investidura ostentan así plena legitimidad, como también está en la conciencia de todos, partidarios y adversarios de Yucatán y del resto del país, el hecho de que Dulce María Sauri cuenta con indubitable y ejemplar capacidad política, profesional y moral, para el desempeño exitoso de su responsabilidad gubernativa en beneficio del pueblo de su estado.

Por todas estas razones, señor Presidente, invoco la integridad y la conciencia de ustedes para que esta Comisión Permanente conceda la licencia pedida, confirmando el espíritu y el texto de la Constitución que nos rige. Muchas gracias. (Aplausos.)

Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales

El Presidente: - Un momento. Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura. En turno, el diputado Pérez Jácome.

El diputado Eugenio Ortíz Walls (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - ¿Para hacer también una pregunta?

El diputado Eugenio Ortíz Walls (desde su curul): - La diputada pidió la palabra para hacer una pregunta.

El Presidente: - Bien, tiene la palabra para hacer una pregunta, la diputada María del Carmen Segura Rangel.

La diputada María del Carmen Segura Rangel (desde su curul): - Muchas gracias, señor Presidente. Señor diputado Pérez Jácome: no sé si calificar esto de sumamente cuidadoso o que fue usted descuidado en extremo.

¿A qué solicitud se refirió a lo largo de su intervención, cuando señalo que estaba a disposición, incluso de los señores legisladores? ¿al oficio recibido supuestamente por fax a las 10.47 de la mañana?, ¿o bien al oficio recibido a las 20.00 horas de ese mismo día?

Y si me permite, otra pregunta: ¿qué pasaría en el supuesto de que le negáramos la licencia a la ciudadana Dulce María Sauri Riancho? ¿Cuál sería su situación?

Por sus respuestas, muchas gracias, diputado.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - En el primer caso, mi muy estimable diputada, tal vez no me escuchó. Me refería a ambas y traté de explicarle, lo podría hacer más detenidamente si usted tiene tiempo en o fuera de esta sesión, que el fax es un instrumento de la tecnología moderna que no se ha introducido aún en nuestras prácticas parlamentarias.

Sirvió evidentemente para dejar constancia plena de una voluntad, pero la propia oficialía de esta Cámara advirtió que un fax no es un documento original y que si la distancia impedía que pudiera físicamente presentarse a la hora, era necesario que a ese documento que acreditaba la oportunidad de una intención, que acreditaba en su caso una voluntad que no estaba, como ya expliqué, constreñida por el artículo 62 de la Constitución, se confirmara o se convalidara formalmente, a través de un escrito que como usted gentilmente ofreció, pueden consultar los señores parlamentarios, particularmente los muy respetables compañeros del Partido Acción Nacional.

En el segundo caso, no hago hipótesis que con toda franqueza y respeto considero descabelladas. Le he dicho ya, mi querida diputada, que no encuentro ni advertí de las palabras de usted ni de nadie que los haya dicho en la prensa, en pasillos, o en tribunas periodísticas o de opinión, que hubiera un motivo o una razón para negar la licencia que se está solicitando. No hago ejercicios de difícil explicación mental.

Supongo que la Comisión Permanente puede eventualmente tomar una decisión contraria a la Constitución, que podríamos tal vez todos contagiarnos de algún fanatismo que pudiera en este caso invadirnos y decidir ir contra la Constitución, contra la ley, contra la lógica, contra la naturaleza misma de las cosas.

Yo creo que la respuesta a ese absurdo, usted mejor que yo podría encontrarla. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)

El Presidente: - Diputado Pérez Jácome, permítame.

El diputado José Antonio Gándara Terrazas (desde su curul): Señor Presidente.

El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado?

El diputado José Antonio Gándara Terrazas (desde su curul): - Para una pregunta.

El Presidente: - Para una pregunta. ¿Acepta una pregunta del diputado?

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Encantado de mi querido... El Presidente: - Tiene la palabra, diputado.

El diputado José Antonio Gándara Terrazas (desde su curul): - De acuerdo a su leal saber y entender, diputado Pérez Jácome, cuál es el estado o el estatus actual de la señora Dulce María Sauri Riancho. ¿Es senadora de la República, así sea con licencia, o no lo es? ¿Es senadora o no lo es?

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Es senadora que ha optado en términos del artículo 125 en la explicación que intenté darle y que puede en muchas veces, si usted lo desea, confirmarle aquí o fuera de este recinto, que se encuentra en la hipótesis del precepto, y por tanto, que ejerce la opción constitucional de ser gobernadora, ante el hecho de que el precepto previene que no puede ejercer ambas calidades. Si ella ejerció esa licencia y seguramente era la intención de la pregunta de la compañera, de la diputada Segura, era con el celo, con el exceso de celo de que pudiera también abarcarse, incluirse un supuesto que en su caso no tenía necesidad de corresponderle.

Ella es pues, un ciudadana de la República, una ciudadana del estado de Yucatán, que habiendo sido electa como senadora, en su momento fue designada gobernadora y escogió con la opción que la Constitución le deba por este segundo puesto, y pidió con oportunidad y ahora nos corresponde a su vez en nuestra oportunidad, otorgarle esa licencia. ¿Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado Eugenio Ortíz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: Ha subido el diputado Pérez Jácome, para ir de la anécdota a la cátedra; pero ha afirmado, ha hecho afirmaciones que realmente me preocupan, señor diputado.

Dice que debemos de dejar las prácticas arcaicas, que en otros parlamentos esto es una simple formalidad y que no tiene importancia, pero no estamos en otros países, estamos en México y tenemos una Constitución, cuyos preceptos tienen que cumplir gobernantes y gobernados. No se trata de decisión, de arbitrio, se trata de dispositivos que nos obligan a todo.

Licencia indefinida, ¿dijo?, no lo dijo usted, señor diputado, usted señor diputado, usted dijo "más de 60 días", usted que tenía la copia debería haber dicho "licencia indefinida" y la fundamenta en el artículo 62 constitucional, no en el 125, que no es el caso.

¿Juicio político? usted lo mencionó y aprovechó la oportunidad para irse contra todos los juicios políticos o cualquier posibilidad de presentar un juicio político, eso dijo, deteriora al Congreso, eso va en desprestigio, nos desprestigia a nosotros.

Luego habló de la soberanía de los estados. En ningún momento dado la diputada Segura se refirió al Congreso ni a sus facultades, ni a la soberanía de Yucatán, eso no está a discusión, ni hubo tampoco la defensa de Manzanilla Schaffer que usted mencionó, ni siquiera se le tocó.

Los cargos de elección popular, señor diputado, no son renunciables, por eso los constituyentes idearon la figura de la licencia o de la opción, pero a través de la solicitud al órgano, a un órgano señalado en la propia Constitución.

En la primera sesión de la Permanente el 27 de diciembre hablamos sobre las magras facultades que tiene la Comisión Permanente, pero la octava no es magra, es clara y precisa, aquí se tiene que pedir licencia y después asumir otro cargo, si no caemos, quiérase o no, en el supuesto que prevé, precisamente, el artículo 62.

¿A partir de qué fecha va a tener efectos la resolución, cualquiera que ésta sea de esta comisión, en el caso que nos ocupa? ¿A partir de esta fecha? ¿A partir de la fecha de la solicitud de la interesada? Porque debemos considerar que del 14 de febrero al día de hoy, 20 del presente mes, han transcurrido siete días en los que el estatus de la ciudadana Dulce María Sauri Riancho queda desdibujado de la nebulosa, de la incongruencia y el despropósito.

¿Cuál es el estatus de la solicitante? Si es sólo gobernadora y en este caso, ¿con qué objeto pide licencia? para dejar el cargo de senadora, si ya asumió el cargo de gobernadora, que la imposibilita constitucionalmente para ser senadora, si es sólo senadora debió solicitar previamente licencia y así dice el precepto constitucional multicitado, antes de asumir el cargo de gobernadora.

Si el caso es que ostenta los dos cargos, senadora de la República y gobernadora de Yucatán, por propia decisión, su comportamiento está en el supuesto del artículo 62, césar en sus funciones representativas mientras dure la nueva ocupación, haciéndose acreedora por su infracción con la pérdida de su carácter de senadora.

Pero esto no es solamente un debate jurídico, no es una cosa de opiniones, el diputado Martínez Báez, maestro emérito de la universidad y constitucionalista de prestigio indiscutible, ha señalado que el no haber solicitado la licencia previa para asumir el cargo era inconstitucional.

Pero hay un debate más, el político, el político que también es importante, el político que se refiere a que ya es grave falta, aunque la Constitución no la tenga, aunque no lo traiga en sus dispositivos, perder las elecciones el Partido Revolucionario Institucional, si pierde en Baja California, pues, Xicoténcatl Leyva se fue, y se le concede licencia; si pierde en Michoacán, el gobernador también pide licencia; y si pierde Manzanilla, en Yucatán, también pide licencia.

Señores diputados, es un problema de congruencia, de obediencia al precepto constitucional, claro que el castigo es ese, el único castigo a que se ha hecho acreedora la ciudadana Dulce María Sauri, es que no puede volver a ser senadora, aunque le den licencia dentro de seis meses. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones personales, el diputado Dionisio Pérez Jácome.

El diputado Dionisio Pérez Jácome: - Señor Presidente; compañeros legisladores: más que el problema de una alusión, me parece que es el problema de una mala audición.

No voy a referirme a los aspectos de fondo, de concepto, que seguramente autorizados parlamentarios de mi grupo, del Partido Revolucionario Institucional, contestarán con toda formalidad y precisando los conceptos que pudieran haber quedado en duda.

Simplemente hubo tres afirmaciones en las que presumiblemente mi muy querido compañero Ortíz Walls no me escuchó; nunca dije que la licencia de Dulce María Sauri la calificara como de definida o por más de 60 días... Este comentario lo hice respecto a la licencia del ex gobernador Manzanilla Schaffer.

En segundo lugar, sí afirmé que en mi concepto el abuso del juicio político afecta a la Cámara de Diputados en su conjunto, lo lamento. He defendido la legalidad del juicio como tal y he pugnado por su perfeccionamiento, pero he lamentado, he lamentado con honestidad, con sentimiento real no de jurista de ciudadano el que se desvirtúe en sus principios y en el que en ese

abuso de la práctica únicamente contenga frecuentemente la expresión de "rencores", rencores políticos, pero rencores al fin.

Por último, también porque se hizo referencia personal a mí en lo que en ese sentido expresé, de ninguna manera manifesté diferir de lo que el diputado Ortíz Walls comentaba, en cuanto a que las renuncias, en una interpretación extensiva del artículo 5o., de la Constitución, no están autorizadas en nuestro marco de derecho. No vengo a defender una renuncia, vengo a respaldar una solicitud de licencia, que contestando también a lo que usted afirmaba y conforme a las prácticas usuales en este y en otros parlamentos tiene que retrotraerse a la fecha para la que se presentó a los efectos que el solicitante, como tal, ha pedido. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Había pedido primero para hechos el diputado José Antonio Gándara y el diputado Noé Aguilar Tinajero. En turno, también para hechos, posteriormente, el senador Julio Patiño.

Tiene la palabra para hechos el ciudadano diputado José Antonio Gándara, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado José Antonio Gándara Terrazas: - Muchas gracias señor Presidente: Yo quisiera destacar algunos hechos de la exposición del diputado Pérez Jácome: En primer lugar, cuando la utiliza las discrepancias de opiniones que pudieran existir entre miembros de nuestro partido, no se cuida de decir que también en el de ustedes lo hay. Y como lo apuntó el diputado Ortíz Walls, un eminente constitucionalista y miembro destacado de su partido, afirma y fundamenta si violó la Constitución de la ex senadora o senadora con licencia, o quién sabe en quo status se encuentre ahorita la gobernadora interina de Yucatán.

Por otra parte, en ese celo, usted diputado Pérez Jácome, suple las deficiencias de la solicitud de licencia de la ciudadana Dulce María Sauri, porque la fundamenta con el 125 Constitucional, en donde efectivamente se dice que podrá optar por el cargo que desee desempeñar. Nada más que usted tuvo en la mano la solicitud de licencia de esta persona y la fundamentó con el 62 y el 79, fracción VIII de la Constitución.

Y en el 62 no se dice que basta con que pida la licencia, sino que es requisito indispensable el que se le otorgue la licencia, la licencia previa y nunca se le otorgó y durante todo este período ha estado desempeñándose como gobernadora interina y hasta ahorita esta Comisión Permanente no ha resuelto su solicitud. Por otra parte, para amedrentar a los gobernadores no hace falta que después los obliguen a pedir licencia, mándenles por circular que ya no respeten la voluntad popular y se evitaría todo este tipo de problemas.

Yo quiero; hacer la petición a la presidencia de que se asiente en actas que a la vista del licenciado Francisco Curi, del diputado José Jaime Enríquez Félix y de su servidor, el oficio que nos mostraron de solicitud de licencia, no a la confirmación posterior de las 8.00 de la noche, no guarda las características de un fax que si bien es cierto que no está introducido en la práctica parlamentaria, fue el instrumento que utilizó esta persona para solicitar la licencia y la reconfirmó muchas horas después mediante un oficio que se nos dice entregado por un propio en esta comisión Permanente. No hay en ese instrumento, a menos que nos muestren lo que le falta, los datos que permiten identificarlos como fax que son todos los que las máquinas imprimen automáticamente en el momento de la transmisión y la recepción.

Sobre esa base usted afirmó que las causas que llevaron a esta persona a aceptar su designación formulada por el Congreso de Yucatán, son causas que no nos hemos atrevido a calificar, usted lo mencionó así, nosotros también creemos que son causas que no se han podido calificar realmente por la situación política de ese estado. Que éste es un caso de mero trámite, pues yo creo que es un caso muy grave para la Comisión Permanente en el sentido de que simplemente demostró una vez más el poco respeto que le merece el Poder Legislativo, ya no sólo el Poder Ejecutivo como era tradicional, sino a las gentes que la integran. No es de mero trámite, el 62 obliga al ciudadano porque usted lo quiere suplir con el 125, cosa que ella no pidió, pidió el 62, lo obliga a la licencia previa. Infringe este precepto, se convierte en infractora y por el tanto el castigo ser como lo dice, su pérdida del carácter de senadora y esto, señor diputado, a reserva de que también usted lo consulte de ipso facto e incurrendum, no necesita declaración previa de autoridad, por lo tanto esta persona no podrá regresar al Senado y, en segundo lugar, esta persona ha estado ocupado dos puestos simultáneamente y aunque está muy descalificado por usted la solicitud de juicio político, que en esencia usted y yo sabemos que es eso, un instrumento político, nos reservamos el derecho del poderlo solicitar cuando nos alleguemos las pruebas que consideramos suficientes. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el ciudadano diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

El diputado No Aguilar Tinajero: -Muchas gracias señor Presidente. No cabe duda que al diputado Dionisio Pérez Jácome lo (mandan) porque no se deja mandar verdad, a defender causas de verdad difíciles y debemos recordar el caso del Banco Nacional de Pesca cuando le hizo una defensa férrea del asunto, la Comisión de Hacienda dictaminó que no había delito que perseguir y después el propio Secretario de Hacienda acepta que sí hubo fraude por 400 mil millones de pesos, o sea como que le fallaron ahí a usted señor diputado lo dejaron sólo al final. Probablemente ahora suceda lo mismo, usted habla de que históricamente no se ha dado este tipo de cosas, que históricamente la Comisión Permanente no ha tenido el problema en resolver un asunto de esta naturaleza, que siempre ha sido un asunto de mero trámite y dice que muchas veces se ha seguido este procedimiento. Entonces, diputado, muchas veces han violentado la Constitución.

Quisiera que quedara asentado que se hace una defensa de este asunto con fundamento en el artículo 125 constitucional y se dice que un empleo en este caso, un empleo no es el que está ejerciendo un gobernador, habría que leer bien el 125 porque habla de empleo o comisión, y ésta definitivamente no es una comisión.

Efectivamente el 117 y demás relativos hablan de que se trata de un cargo. Pero cuando se está ejerciendo un cargo, pudiera o no haber sueldo, y cuando se ejerce un empleo hay sueldo, que está especificado en el artículo 126 dentro del mismo presupuesto de la legislatura local, de tal manera que si hay un sueldo, pues es un empleo. Y de otra manera, dice que hasta el momento, dice el diputado Dionisio Pérez Jácome la senadora o lo que sea, gobernadora interina, no ha recibido un emolumento o un sueldo por los días que ha estado trabajando. Los que saben de derecho laboral nos podrán decir que cuando se inicia un empleo, un trabajo, en el primer momento en que yo empiezo a trabajar empiezo a devengar un salario aunque no lo esté percibiendo ya lo estoy devengando , y ella lo está devengando desde el día en que tomó posesión.

Insinúa usted, señor diputado, de manera muy tendenciosa, que en Acción Nacional tenemos diferencias internas. Efectivamente las hay, pero son diferencias que se resuelven en el seno interno del partido y que no perjudican a la nación, y las diferencias de ustedes, de Cervera Pacheco y de Manzanilla Shaffer si lesionan al pueblo de Yucatán. Eso creo que lo deben cuidar mucho.

Y efectivamente estamos aquí, no en defensa del gobernador o exgobernador de Yucatán ni del Partido Acción Nacional en Yucatán, sino estamos en defensa de la Constitución. Y si usted lee el artículo 51 constitucional somos representantes de la nación y como tal tenemos la obligación y el derecho a defender esta Constitución hasta sus últimas consecuencias. Muchas gracias.

El Presidente: - Para hechos tiene la palabra el Senador de la República, Julio Patiño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El senador Julio Patiño Rodríguez: -Con su permiso señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: he pedido hacer uso de la tribuna para rectificar hechos y puntualizar constitucionalmente este asunto. Podemos afirmar categóricamente en este asunto de ninguna manera se ha violentado la Constitución y que no es procedente el solicitar que se aplique una sanción que no es aplicable al caso concreto, y que además se le niegue el derecho a disfrutar de una licencia que tiene legítimo derecho de disfrutar.

Este asunto no es fácil ni sencillo, tiene forzosa y necesariamente que interpretarse, no es un asunto simplemente gramatical o de lectura de la constitución. Ya aquí, bien lo ha dicho mi compañero el diputado Pérez Jácome, que el artículo 62 de nuestra Carta Magna, no es aplicable porque precisamente este precepto contempla el caso de los empleados y de los comisionados; de ninguna manera se refiere al cargo de gobernador de una entidad jurídica que tiene desde luego otra naturaleza y produce otros efectos jurídicos.

Tenemos que dejar bien sentado que en este caso no aplica el artículo 62, cualquier gobernador de nuestra entidad federativa está desempeñando un cargo, y la propia Constitución señala que ésa es la denominación y no otra.

Ya se explicó aquí cuáles son las diferencias entre los empleos y los comisionados. Sobre este asunto podríamos abordar y utilizar demasiado tiempo, y quizá motivaríamos un debate muy prolongado y entrar a cuestiones que no están circunscritas expresamente a este asunto que nos compete.

La propia constitución de Yucatán señala que el gobernador, al tomar posesión de su cargo dirá ¿Protesto guardar y hacer guardar la Constitución, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión y del Estado, y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden?.

Vamos a ver ahora, habiendo concluido que el 62 no aplica para nada, cuál es la disposición que debemos aplicar, y precisamente la disposición primordial es la fracción octava del artículo 79 de la Constitución, que faculta a esta Comisión Permanente desde el año de 1985, a conceder estas licencias, cualquier tipo de licencia, no expresamente licencias relacionadas con el artículo 62, que contempla indudablemente otras hipótesis.

Nosotros, los expertos en derecho, sabemos que el Congreso tiene dos tipos de facultades: facultades expresas y facultades implícitas, y precisamente se da el caso que el Congreso y sus respectivas cámaras, en el ámbito de sus competencias tienen facultades expresas para otorgarle licencia a los Ministros de la Corte, licencias al Presidente de la corte, licencia al Presidente de la República, ahí, pero no hay ninguna disposición expresa que señale que tenemos facultades para otorgar esas licencias, entonces no hay una facultad expresa, hay una facultad implícita.

Al final acepto todas las interpelaciones.

Entonces vamos a ver cuál es esa atribución. Esta facultad está derivada en la propia Constitución, en esa fracción 30 del 73, que tenemos facultad para legislar y en la propia disposición que faculta al Congreso de la Unión y a las cámaras, a pedir sus propias leyes. Y es ahí precisamente, en la ley que nos rige, en donde está contemplado que se pueda otorgar estas licencias. Y esto es importante señalarlo, porque antes de 1985, la facultad de otorgar estas licencias, solamente estaba constreñida a ambas cámaras.

Y en relación de si sería válido que por un fax, una legisladora manifestara su voluntad, su decisión de ejercer el cargo para el cual la había designado el Congreso de Yucatán, debemos recordar que el propio reglamento y la ley, facultan para pedir licencia por escrito o inclusive verbalmente, que es otra novedad, entonces no debemos poner en duda de ninguna manera, que ese fax produjo efectos jurídicos plenos, porque inclusive circuló a nivel de la prensa, ese mismo día estuvo público, entonces, se estaba haciendo manifestar su voluntad.

Ahora pasemos a analizar el artículo 125. Aquí es necesario que hagamos una interpretación constructiva, una interpretación hermenéutica, dado que estrictamente no corresponde a los hechos que se dieron y que han motivado esta discusión, porque sería desde luego opinable, el de si el cargo éste de gobernadora es un cargo de elección popular directa, porque en este caso estamos frente a una elección indirecta, y si bien es cierto, el gobernador es gobernador en términos generales, si es constitucional está previsto por nuestro régimen jurídico, independientemente de que sea un gobernador elegido directamente o tenga el cargo de interino, de provisional o de sustituto. Y más aun, por ministerio de la ley en algunas circunstancias y casos concretos que prevén todas las constituciones de nuestro país, las locales, que el Secretario de Gobierno, se quede encargado del despacho y ejerza estas funciones.

Entonces, es claro y contundente que vamos a construir una interpretación para poder analizar este caso y es evidente que en el momento en que la senadora presenta esa solicitud que pudiera inclusive no ser necesaria, dado que si el artículo 125, como lo decían aquí, que el 62 debe aplicarse automáticamente, bueno, que se aplique automáticamente cuando proceda, pero el 125 también debe de aplicarse automáticamente, siguiendo esta tesis. Y ¿en que sentido se aplica automáticamente?, pues desde el momento mismo en que nos hace sabedores y se dirige a la Comisión Permanente y solicita esta licencia para que el medio sea la licencia, para poder hacer uso de este artículo 125 que es el más aplicable, sin que lo sea estrictamente aplicable. En esas condiciones, estamos en esta hipótesis y la Comisión Permanente es la que va a resolver esa licencia y hay precedentes de esta misma Comisión Permanente en el sentido de que se han establecido licencias y concretamente a dos legisladores mediante una solicitud de fecha 10 de septiembre, del año pasado, en donde nosotros, la comisión Permanente, se les dio esa licencia a dos diputados federales el día 12, o sea, dos días después.

Entonces no tenemos por que estar ahora sosteniendo que no hay absolutamente ningún precedente y que no debemos de estar extrañando; y aquí se esta dando una licencia con efectos retroactivos de dos días. Y esta situación es válida, es correcta, nadie la protestó, estaban integradas todas las fracciones parlamentarias y no se realmente por qué razón las gentes no han leído a profundidad la Constitución y que no tienen los conocimientos necesarios para poder llegar a una conclusión correcta y contundente.

Esto no es como un reglamento de tránsito o para que pueda interpretarse a la ligera; es una interpretación política.

Por eso podemos concluir categóricamente que en ningún momento se ha violado la Constitución y que es procedente y es válido constitucionalmente que ejerza el cargo de gobernadora y después regrese y se reintegre a las funciones, porque los cargos de elección popular no son renunciables y el artículo 125 no está ni reglamentado ni tiene además ninguna sanción. No es, y la Constitución prevé el caso de que un diputado o senador

falte, se entenderá que por ese período han renunciado. Ese es el único caso en donde para un período, dice, pero deberá presentarse al siguiente. Muchas gracias.

(Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el...

El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul):-Señor Presidente...

El Presidente: - Dígame, diputado.

El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul):-Quiero formularle una pregunta al senador.

El Presidente:-(Acepta la pregunta del ciudadano diputado?

El senador Julio Patiño Rodríguez: -¡Todas!

El Presidente: -Tiene la palabra el ciudadano diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional.

El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul): -Gracias. Señor senador: (cómo entiende usted la fracción VIII del 79, que es una de las poquísimas facultades que tiene esta Comisión Permanente de conocer y resolver? ¿Qué entiende usted por resolver? Primera pregunta.

Ahora bien, si alguien solicita una licencia para separarse aunque sea provisionalmente, e invoca el artículo 62, ¿considera usted que está en lo correcto? Usted menciona dos personas que pidieron licencia; se les proporcionó; pero, ¿fueron ellos a ocupar un puesto que pudiera ser incompatible, como lo marca la Constitución? ¿Se separaron para eso? Gracias.

El senador Julio Patiño Rodríguez: - Mire usted: precisamente nosotros tenemos como toda autoridad en este país, facultades para conocer de los asuntos que sean sometidos a nuestro estudio. Nosotros forzosa y necesariamente debemos fundamentar, y desde luego, motivar las resoluciones. Si no lo hacemos así, pues es procedente que se vaya al amparo el interesado y que pues si es procedente, lo gane.

Entonces, nosotros tenemos capacidad plena y tenemos esa capacidad, porque como yo lo decía anteriormente, antes las licencias que presentaban los legisladores se iban a las comisiones respectivas y no había nadie que las resolviera, por eso en 1985 se reforma la Constitución, que pudiera no haber sido ni siquiera necesario reformarla, pero ya existe esa disposición expresa; entonces tenemos plena aptitud para estudiar, profundizar y resolver en consecuencia, ¿cómo?, si está apegada a la Constitución, concediéndola, sino lo está, pues negando ese permiso.

Aquí sostengo categóricamente que está apegada estrictamente a la Constitución y por eso es procedente y por eso doy mi voto favorable.

En relación a la otra solicitud que nos han presentado, hay muchas, yo mencioné una con efectos retroactivos. No hay que confundir aquí la incompatibilidad con los requisitos de elegibilidad, es decir, yo sostengo que la permanente debe dar las licencias para lo que lo solicitan, es decir, quiero simplemente separarme porque tengo tal o cual razón, y nosotros vemos si procede otorgarla o no.

Entonces, éste es un caso, y el caso que presentaron tiene otra connotación jurídica, se refería a los requisitos de elegibilidad, es decir, no estar en ningún cargo en cierta temporalidad, para poder contender en unas elecciones, entonces no; yo no me estoy refiriendo a la licencia, yo me estoy refiriendo a los efectos retroactivos de la licencia que llegó dos días después, y la pidieron con fecha al día 10 y nosotros la aprobamos el día 12, que es exactamente éste mismo caso. ¿Y desde dónde produce sus efectos jurídicos?, desde la fecha de la resolución, en virtud de la fecha mencionada en la propia solicitud, sino lo pidieron para el 10, se les dio para el 10, y ahora la senadora dice que empieza a surtir sus efectos a partir del día 14, desde ese momento está surtiendo sus efectos, y es senadora ya en la situación de haber optado por otro cargo, y lo va a desempeñar, y cuando éste termine regresará al otro, porque no hay ninguna incompatibilidad y porque no lo podemos obligar a que renuncie, si alguien le ha querido dar una interpretación al 125 que forzosa y necesariamente tiene que renunciar, pues es una interpretación equivocada, no procede, porque la propia Constitución establece el único caso, dice: ¿que falte más de 10 días?, y dice: ¿se entenderá por este hecho que renuncia para ese periodo?, ése es el único caso y aquí ya se manifestó precisamente que los cargos no son renunciables, y si no es renunciable y si no procede la sanción, estamos ya en una situación de absoluta legitimidad.

El diputado Eugenio Ortíz Walls (desde su curul):-Señor senador; usted que es un experto en Derecho, como lo aseguró hace un momento, yo quisiera hacerle una pregunta, porque hizo usted una definición de las facultades implícitas demasiado amplísima.

Las facultades implícitas a que se refiere la fracción XXX del artículo 73, se refiere precisamente a la facultad de expedir las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades expresas que se señalan en ese capítulo y en el cuerpo de la Constitución, ¿Cómo es posible que las facultades implícitas sea que el Poder Legislativo haga lo que se le dé la gana?, eso no es posible.

La pregunta es ésta: A usted le preocupó mucho también la cuestión del sueldo, el empleo, pero dijo usted que la cuestión de que si tienen de su empleo o un cargo, usted se acordará que en el artículo 36, en la fracción V, una de las obligaciones del ciudadano es desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de los estados, no de los estados, sino o de los estados, un caso u otro, ¿no? Y que ninguno de esos casos serán gratuitos, por lo tanto el cargo implica, el cargo de elección popular implica tener una relación económica. ¿Como podría usted explicarnos esa situación?

El senador Julio Patiño Rodríguez: -Mire usted, la propia Constitución y ya estando en materia en forma rápida, la propia Constitución Federal establece que no se pueden renunciar a los salarios, es materia federal constitucional, pero cuando se está separado del cargo y se está separado con licencia, no se tiene derecho a gozar de esa dieta, a lo que más puede autorizarse y sí lo solicita es por más de dos semanas, dice nuestro reglamento y dice que en condiciones muy especiales.

Entonces, hay una vinculación directa, entre el ejercicio y el pago y además la Constitución dice: ó que si no venimos a las sesiones no se nos pague. Esa es la cuestión constitucional.

Ahora desde que la senadora, yo tengo conocimiento, se hizo cargo del gobierno de Yucatán, se giró una comunicación a la Tesorería de la Cámara de Senadores para que no se le pagara, porque ya estaba separada, eso es un procedimiento interno, pero no se le esté pagando y por otro lado ya analizando en concreto, en esas condiciones, ya la Constitución de Yucatán, no dice en ningún lugar que se deba, se este prohibido aceptar la renuncia a este sueldo, en donde en este momento no se han consumado ningunos hechos, no ha percibido ningún salario, porque no los ha cobrado.

Entonces, el bien jurídico protegido está plenamente garantizado, porque no hay confusión ni unión en una sola persona de funciones de un mismo poder.

La diputada María del Carmen Segura (desde su curul): -Pide la palabra para rectificar hechos.

El Presidente: - Tiene la palabra para rectificar hechos la ciudadana diputada María del Carmen Segura, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.

La diputada María del Carmen Segura Rangel:- Señor Presidente; compañeros legisladores: es verdaderamente sorprendente la postura que han venido a asumir los legisladores del Partido Revolucionario Institucional. En no pocas ocasiones han pretendido ante esta tribuna erguirse en acérrimos defensores de los preceptos constitucionales, es el caso de que cuando hemos solicitado la comparecencia, por ejemplo, de algún servidor público, el diputado Pérez Jácome, el senador Patiño y otros legisladores, han señalado que pretendemos ir más allá del alcance e interpretación del artículo 93 de la Constitución y que además no es facultad de la Comisión Permanente solicitarlo.

Ahora que se trata de una facultad expresamente conferida a la Comisión Permanente, como es la de conocer y resolver acerca de las licencias que presentan los miembros del Congreso de la Unión y el término, resolver, implica que previamente tenemos nosotros que formarnos un criterio para estar en posibilidad de emitir un juicio. Y ¿cómo va a ser esa resolución en sentido positivo? O porqué no decirlo, yo no estoy de acuerdo con el diputado Dionisio Pérez Jácome, también puede ser en sentido negativo.

Ahora que hubo graves violaciones a la Constitución, que se trata también de hacer valer una facultad expresamente contenida en el artículo 79, fracción VIII, los conocedores de la materia jurídica han venido a poner esos conocimientos al servicio de los intereses de un miembro de su grupo, y han antepuesto eso a los intereses de la nación, a la soberanía popular, que como también algún legislador ya lo ha dicho ante esta tribuna, está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que quede claro que si no es aplicable el 62, como lo han afirmado aquí varios legisladores, entonces esto sería motivo suficiente para negarle la licencia a la ciudadana Sauri.

Pero si al final de cuentas de todos modos por mayoría de votos se llega a aprobar esto, que sea entonces asentado, y yo lo solicito, en el acta respectiva que se invocó el artículo 125 Constitucional para fundamentar el otorgamiento de licencia para la ciudadana Sauri.

Ahora bien, el que se haya violado en alguna o algunas ocasiones la Constitución, no es motivo, y nos dejaría muy mal parados como legisladores,

el que invocáramos una violación para tratar de cometer ahora otra. Y la reputación de aquellos legisladores que se precian de ser juristas caerían en el desprestigio. por eso, los invito a que reflexionemos y a que tomemos una actitud que vaya en congruencia con nuestra responsabilidad como representantes y defensores de los intereses del pueblo. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra para razonar su voto el ciudadano diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: efectivamente la, ¡bomba yucateca!; ha detonado en esta Cámara y en esta Comisión Permanente. Pero lo más desafortunado es que desde hace algunas décadas se ha provocado la explosión de esta ¡bomba política!, en Yucatán gracias a la presencia de un líder estudiantil, hoy Secretario de la Reforma Agraria. Es una evidencia clara de que en este país los caciques siguen manipulando la voluntad de los pueblos.

Es por ello que Yucatán, en todo momento, se ve presionado por los intereses particulares que manejan la entidad y que ya no son los de la casta divina, sino los intereses políticos de una persona que, a juicio de algunos yucatecos o de muchos de ellos, se ha convertido en amo y señor de la política del estado.

El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana participó durante el pasado proceso electoral municipal y local en el estado, consciente de que se podían dar los cambios políticos trascendentes en la entidad. Por ello, abanderamos candidaturas con amplias posibilidades de penetración, una de ellas fue la del compañero Rafael Loret de Mola, quien movilizó un importante sector de la comunidad en Mérida, Yucatán, e inclusive, gracias a la presencia de esta nueva política en el estado de Yucatán, nuestro partido logró triunfos inobjetables en varios municipios, entre ellos: Munak, Tekip, Santa Elena y Jují.

Además de la realidad política que acontecía en el estado, se refrendó nuestra presencia en el Congreso. Ante los hechos políticos y la cerrazón no del gobernador Víctor Manzanilla Schaffer sino del delegado general del Partido Revolucionario Institucional o a la rama Márquez y la falta de respeto a la voluntad ciudadana y más que nada el capricho de quien fuera secretario general de gobierno, Milton Rubio Madera, se distorsionó la realidad política en el estado y por capricho, no obstante que él públicamente y con nosotros reconoció que habíamos triunfado en Santa Elena, se decreto en el Congreso la nulidad de las elecciones y esto propiciará que el próximo domingo 24 nos veamos enfrascados en una elección extraordinaria en varios municipios, concretamente por lo que corresponde al Partido Auténtico de la República Mexicana en el municipio de Tequip y de Santa Elena.

A juicio del gobernador y dentro del aspecto de respeto a la democracia, se concertó con él la solución de varios problemas en la entidad, ahí no vimos involucrados en varios partidos de oposición entre ellos Acción Nacional y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, pero las presiones del grupo político de Cervera Pacheco resultaban más fuertes que el criterio del gobernador o que la democracia en el estado. Por ello aceptamos, a fin de cuentas, el reto de irnos a una nueva elección, a una nueva elección extraordinaria para demostrar que el pueblo de Yucatán tiene capacidad para decidir a través del voto quiénes deben ser sus representantes a nivel municipal.

Pero el caso que en estos momentos nos ocupa es la solicitud de licencia de la senadora Dulce María Sauri Riancho, es innegable que, a nuestro juicio, no se encuentra encuadrado dentro de los supuestos del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también, porque es claro que en este precepto constitucional en sus líneas se señala claramente qué y cuáles son las razones por las que se debe solicitar licencia en estos casos particulares del 62. Ahí es muy preciso el artículo, no hay lugar a dudas, sólo dudaría quien no supiera leer pero quienes saben leer saben que la solicitud de licencias por medio del artículo 62 constitucional, se requiera única y exclusivamente para los casos de empleo y para los casos de comisión; para eso es previo e indispensable que la Comisión Permanente conceda licencia, ahí está la realidad, si no operaría ese artículo y tratándose de legisladores fundamentalmente hay la sanción que el mismo artículo establece de que si no cumple con el requisito previo de solicitar licencia para desempeñar el empleo o cargo, perderán la representación ya sea de senador o de diputado.

Es necesario precisar ante esta soberanía nacional que para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que es un órgano que desde sus orígenes y en la actualidad y hasta que deje de existir seguir pugnando por el cumplimiento irrestricto al mandato constitucional, no vamos a permitir que ningún funcionario ni mucho menos un legislador transgreda el orden constitucional para satisfacer una línea política o un interés personal. A nuestro criterio la solicitud de licencia es procedente en los términos que señala la

Constitución y es procedente porque discrepamos dentro de esa realidad del criterio que a nivel de prensa había difundido el doctor Martínez Báez en el sentido de que era aplicable el artículo 62 y que se está violando la Constitución. Para nosotros no hay ninguna violación a la Constitución por lo que hace el artículo 62.

Y queremos ser muy claros, porque algunos de los compañeros aquí presentes, algunos de los ciudadanos presentes no conocen el artículo 62 de la Constitución y éste reza lo siguiente: ¡los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la federación o de los estados, por los cuales disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva! Aquí está la clave, éste es el requisito.

Es decir, la licencia previa se requiere para que los legisladores, diputados o senadores, ocupen o desempeñen comisiones o empleo. Cuando estos compañeros legisladores no cumplen con este requisito se sujetan a la sanción que señala el mismo artículo en sus dos últimos renglones que, cuando se viole este requisito, que la infracción a este artículo ser castigado con la pérdida del carácter de diputado o de senador.

En los supuestos que estamos señalando, cabe precisar que para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana que quien en estos momentos o hace algunos días, el día 14, solicitó su licencia, no la solicitó para desempeñar ninguna comisión o empleo a cargo de la federación o de los estados. A nuestro juicio el cargo de gobernador no es ningún empleo ni se trata de ninguna comisión, es un cargo de elección popular, que está regido por el mandato constitucional. Por ello, discrepamos con la tesis que se publicó y que tal vez no sea cierta del doctor Martínez Báez en relación con esta violación constitucional.

Pero regresando a los supuestos de este artículo 62 queremos señalar algo que a los compañeros de Acción Nacional les podría aclarar algunas dudas también. Nosotros no quisimos quedarnos con la idea de que podía existir alguna posible transgresión al orden constitucional y apelamos a una autoridad superior, es decir, apelamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A ello nos abocamos, a analizar las tesis jurisprudenciales. Y la jurisprudencia señala muy claramente, en su jurisprudencia 447 y en otras jurisprudencias que, no es requisito indispensable que exista aprobación de la licencia para que este individuo goce de la licencia en el desempeño de su empleo.

Hay varias jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que están relacionadas con esto por lo que hace a empleados públicos y por lo que hace a empleados que no prestan servicios al estado. Y en todas las tesis de la jurisprudencia que ha interpretado el mandato constitucional son muy precisas, no se requiere para que proceda la licencia que ésta sea autorizada por la autoridad competente.

Entonces bajo esas circunstancias siguiendo ese criterio de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación si se tratara de un empleado no se requeriría.

Bajo esas circunstancias queremos señalar que a nuestro criterio es innegable que la realidad a través de la cual se encuentra involucrada esta solicitud de licencia, se encuadra definitivamente en lo dispuesto por el artículo 125 de nuestra Constitución, la cual es muy precisa y muy clara y señala claramente que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la federación ni otro de un estado que sea también de elección, y para ello el nombrado indudablemente tendrá que elegir entre ambos cargos.

En este caso, a criterio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, bastaría, simple y sencillamente, que quien solicite la licencia comunicará por la vía telefónica o por algún otro conducto la solicitud de licencia a la Cámara correspondiente, y ésta a su vez la enviará a la Comisión Permanente, para que la Comisión Permanente decidiera en el momento en que la Comisión Permanente está funcionando, la solicitud de licencia.

Nosotros profundizamos en esta realidad a fin de no caer en la aprobación o en la desaprobación de una posible violación al marco constitucional, y por ello encontramos con que nos encuadramos en el artículo 125 Constitucional, y también recurrimos a la documentación que es prueba única que nos puede aclarar si hubo o no hubo solicitud de licencia, y encontramos, recibimos de la misma autoridad de la Cámara de Diputados, esto es de la Oficialía Mayor un documento fechado el 14 de febrero de 1991, en el cual se solicita la licencia correspondiente para separarse del cargo de senadora, la senadora Dulce María Sauri Riancho.

En consecuencia el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por estas razones expresa que no estima que se esté violando la Constitución, y que no se ha violado la constitución, por ello nuestra fracción parlamentaria votar en pro de la solicitud de licencia de la senadora Dulce María Sauri Riancho.

El Presidente: - Tiene la palabra para razonar su voto el ciudadano diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.

El ciudadano diputado Alfredo Reyes Contreras: -Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Tenemos que agradecer al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional que nos hayan entretenido toda la mañana en un debate de carácter jurídico y constitucional que no es el debate que éste en el fondo de esta cuestión.

El problema que se examina a raíz de la solicitud de licencia o de separación como senadora de la senadora Sauri, es eminentemente político. Ya los brillantes y expertos abogados, algunos más brillantes que otros, han precisado las cuestiones de tipo constitucional. Yo creo que las cosas quedan claras desde mi punto de vista, pero este problema tenemos que enmarcarlo en lo que está ocurriendo en el país y en lo que ha ocurrido en Yucatán.

Desde el punto de vista del Partido Popular Socialista, a nivel nacional y concretamente el grupo que gobierna, ha hecho una serie de concesiones de carácter político, de carácter económico a la derecha; una concesión fue el gobierno de Baja California para el Partido Acción Nacional, y otra concesión fue la Presidencia Municipal de Mérida para el Partido Acción Nacional.

Quisiera aquí un paréntesis: la presidenta municipal actual de Mérida, en alguna ocasión, cuando yo abordé la tribuna para denunciar la violación de nuestra Constitución por el Presidente de la República, cuando todavía estábamos en San Lázaro, para debatir se quitó los zapatos y amenazó con lanzarlos a la tribuna donde yo me encontraba. Ese es el nivel político y el nivel del debate que quieren algunas gentes del Partido Acción Nacional.

Pero decía yo, hay una serie de concesiones, una serie de concesiones de tipo político. Pienso que si el Partido Acción Nacional fuera consecuente en su petición de respeto y acato a la Constitución, tendría que venir a abordar la tribuna una vez más, para pedir que se respete el artículo 3o., constitucional por las escuelas confesionales. Tendría que venir a pedir el respeto al artículo 130, cuando los curas frecuentemente intervienen y hacen declaraciones sobre el gobierno y la vida política del país. Y tendría que pedir con el Partido Popular Socialista, el respeto al artículo 33 de la Constitución, para que Prigione se fuera de México, porque frecuentemente interviene en las cuestiones que no le incumben a los mexicanos.

Si fueran consecuentes, porque es una actitud muy cómoda, que yo vengo aquí y pido el respeto a la Constitución, cuando así me conviene, pero cuando no me conviene, rechazo que se respete o se observe la Constitución. Es una actitud muy cómoda y yo creo que habría que calificarla de irresponsable.

Si el Partido Acción Nacional fuera consecuente también, yo pienso que hubiera venido a defender a Manzanilla Schaffer, como lo estuvo haciendo desde el momento en que la licencia se separó del cargo de gobernador de Yucatán. Eso hubiera sido también lo más consecuente. El Partido Acción Nacional habla de que impere la majestad de la ley, de que haya congruencia, de que haya obediencia a la ley. Pero yo quisiera narrar ante usted un hecho: ¿qué ocurrió en Yucatán antes de las elecciones del año pasado?, que el gobierno de Manzanilla Schaffer le dio amplias concesiones al Partido Acción Nacional, amplias, amplísimas, diría yo. Resulta que hay una disposición en la ley electoral de Yucatán, el artículo 21 concretamente, que dice que un partido nacional tenga el derecho de participar en las elecciones locales, requiere de hacer el registro y presentar una serie de documentos que el propio artículo 21 de la ley electoral de Yucatán, señala.

La comisión, señor Presidente, yo le rogaría que se le suplique a las personas que están hablando...

El Presidente: -Atentamente pido a los miembros de esta Comisión Permanente, que guarden silencio, se ubiquen en sus lugares correspondientes y pongan atención al orador.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: -... les decía a ustedes, tenía de todo partido nacional, podemos estar o no de acuerdo con esta disposición, pero todo partido nacional tenía que presentar precisamente su registro en los órganos estatales. Hasta donde yo sé, porque estuve yendo frecuentemente a Yucatán, todos los partidos cumplieron esto, a excepción del Partido Acción Nacional El Partido Acción Nacional no cubrió este requisito que señala el artículo 21 de la ley electoral del estado de Yucatán. Este es un hecho que consta y sin embargo, precisamente por el cobijo y el maridaje con Manzanillo Shaffer, fue que...

(Desde una curul):-Tema.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Este es el tema señor, lo que pasa es que habían desviado el tema antes. Es un tema jurídico intranscendente en todo caso, el tema político es el fundamental.

Entonces, el Partido Acción Nacional no cumplió con ese requisito al amparo de Manzanilla Schaffer, participó en las elecciones, la presidenta municipal de Mérida y los funcionarios públicos que tiene en el estado de Yucatán, son ilegales e ilegítimos. Entonces, que sean congruentes; y si vienen aquí a exigir el respeto de la ley, que empiecen ellos por respetar también la ley. Yo creo que es una actitud de congruencia, independientemente de la posición política que tenga el Partido Acción Nacional, con la que yo en lo personal y mi partido no estamos de acuerdo, pero que respeten la ley.

¿Por qué se impugna a Sauri? Yo creo que en la mente, en la preocupación de todos los que están aquí, más que Sauri Riancho, ha estado la figura precisamente de Manzanilla Schaffer. Yo creo que se impugna a Sauri para defender a Manzanilla, es una defensa si ustedes quieren llamarle, sutil . Pero es una defensa de Manzanilla Schaffer. ¿Y por qué lo defienden?, ¿porque Manzanilla se empanizó o se panificó?, ése es el hecho concreto. Por eso lo viene a defender, ese es el hecho concreto. Porque lo demás, cuando yo escuchaba los argumentos de tipo jurídico, se me hizo excesiva la explicación que hizo el diputado Pérez Jácome, creo que recurrió a la historia, recurrió a no sé qué cosa, para pretender clarificar esta cuestión, se me hizo excesivo en lo personal, porque ese no es el problema, el problema creo que fundamentalmente es el político que yo estoy haciendo esfuerzo de analizar.

Y terminaría con esto: llamaría a los partidos políticos distintos al Partido Revolucionario Institucional, que a veces ingenuamente pretenden o creen que caminando juntos con el Partido Acción Nacional, van a lograr la democratización del país. Me parece que es ingenuo pensarlo así, y esto demuestra precisamente que el Partido Acción Nacional, pues para sus propios fines, y con sus propios objetivos, realiza una lucha en donde a veces acepta la ley y en donde otras, no acepta la ley. Es un juego que a mí personalmente me parece muy turbio. Muchas gracias.

El Presidente: -Tiene la palabra, para razonar su voto, el ciudadano diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: -Con su venia, señor Presidente; compañeros de la Comisión Permanente: No vengo a golpear o a manejar argumentos con el propósito de hacer escarnio de la compañera Dulce María Sauri, quien en lo personal merece todos mis respetos. Tampoco está a discusión la calidad política o moral de la compañera ni su desempeño como senadora y en diferentes cargos que ha tenido a lo largo de una muy fructífera y larga vida política.

Tampoco se pretende con esta argumentación, defender al ex gobernador de Yucatán, ni a los actos, buenos o malos que hayan tomado durante su gobierno.

En las argumentaciones realizadas por algunos compañeros diputados, por el compañero diputado Dionisio Pérez Jácome, concretamente, y por el compañero senador Julio Patiño, yo diría aquí que no estamos discutiendo la ilegitimidad o no de la licencia de Manzanilla, ni lo que corresponde o compete al ámbito estrictamente estatal.

Sí estamos nosotros analizando el problema desde un ángulo que creo que es importante que lo debamos de analizar con estricta responsabilidad política. Por una parte estamos en presencia, para unos para bien o para otros para mal, de la aplicación de una de las reglas del presidencialismo mexicano que consideramos nosotros es un exceso, es una de las manifestaciones más despreciables que pudiera tener esto contra lo que estamos luchando muchos partidos de oposición, el que al arbitro el Poder Ejecutivo Federal, se manejen las cosas en cada uno de los estados; que se quite o se ponga a una persona, simple y sencillamente porque es de la voluntad del señor que despacha en Los Pinos o porque cayó de la gracia de este señor.

Este es un hecho real que independientemente que haya justificación plena por los múltiples errores que a juicio de muchas personas cometió Manzanilla, independientemente de eso, esto es un exceso que debe ser criticado y es criticable y que ojalá tuviéramos la oportunidad de superarlo.

Por esa razón nosotros protestamos enérgicamente por la intromisión en el caso de Yucatán, evidentemente, del manejo de la Federación en cuestiones que correspondían estrictamente a los yucatecos, aunque jurídicamente pudiera estar cubierto el hecho de que en la Cámara local y a través del procedimiento que se instrumentó, las cosas se dieron en los términos legales, aun cuando hubiera sido así.

Creemos también que en esencia aquí en el debate ha habido una contradicción manifiesta, por una parte se habla en la exposición de los compañeros legisladores del partido oficial, que no es aplicable el artículo 62 y que tampoco es aplicable el artículo 125, que en todo caso podría ser aplicable o debería ser aplicable el artículo 79; lo curioso es que si aplicamos el artículo 79, lo que

procedería sería notificarle a la compañera Dulce María Sauri, digo compañera, porque ahorita está es una situación que difícilmente puede decirse si todavía sigue siendo senadora o no, gobernadora, pues por decisión del Congreso lo es, pero como senadora, a lo mejor todavía lo sigue siendo, verdad. El problema está que si aplicamos el artículo 79, pues tendríamos que notificarle simple y sencillamente que no procede su licencia, que no tiene sentido que la pida y nosotros aquí no tendríamos que pasar la votación; si esa es la consecuencia yo le pediría a los compañeros que promovieron que se aplicara el artículo 79, que le hiciéramos esta comunicación y que no lo pasáramos a votación aquí, así de sencillo.

Pero pasar a votación si estamos de acuerdo en la licencia que solicita la senadora Dulce María Sauri, significa o implica que estamos nosotros ajustándonos a los términos del artículo 62 o a los términos del artículo 125, es así de sencillo. Ese es un problema que evidentemente no vamos a poder resolver en este momento, porque ya la indicación es que se pase a votación seguramente, y que se le conceda el permiso por una mayoría, evidentemente.

Yo creo que es importante exigir respeto a la Comisión Permanente, yo creo que es muy importante que la Comisión Permanente no se vea como una oficialía de partes, como una instancia en la que simplemente, por lo que se ve aquí, por la jurisprudencia asentada según lo que decía algún diputado en la Suprema Corte de Justicia, por todo lo que pudiéramos especular al respecto, que ya hasta por telepatía podamos solicitar permiso, al ratito vamos a tener la posibilidad de hacerlo así, y lo más grave es que ya la Comisión Permanente no va a ser la que decida si se da o no la licencia, sino que simplemente la Oficialía Mayor con un sello, podría decir que efectivamente ya no hay ningún problema. Esto es grave para la vida interna y el funcionamiento de los órganos camerales, es muy serio.

Y desde mi punto de vista, la Comisión Permanente merece respeto y merece que nosotros cuidemos de cumplir y hacer cumplir la Constitución, esto es a lo que venimos aquí, no nada más a darle el espaldarazo a una compañera o a un compañero que sea muy de nuestro particular agrado o que tenga merecimientos sobrados para ser gobernador de un estado, que eso no está a discusión.

Yo me quedo con la interpretación realizada por el maestro, Martínez Báez sobré el caso que nos ocupa, me quedo con esa interpretación porque considero que es importante darle su carácter a la Comisión Permanente, porque considero que es importante darle su carácter a la licencia que solicite un compañero diputado federal o de senador y que esto no se convierta en una oficialía de partes, por eso que quedó con esa interpretación y con todo respeto, para los compañeros que como el compañero senador, Julio Patiño, son muy versados en materia jurídica, algunos lo reconocemos con plenitud, no lo somos, creo que también hay opiniones muy ameritadas como la del compañero diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, Antonio Martínez Báez, que merecen respeto y con ésa me quedo y nos quedamos el Partido de la Revolución Democrática.

Para que no tengamos que hacer osos aquí en la Comisión Permanente diciendo que finalmente es gobernadora o no es gobernadora o es senadora o no es senadora, yo creo que debieran de tener más cuidado, el grave desaseo con que se manejó esto, que por cierto me parece inusual, porque por lo menos han tenido el cuidado de prever que jurídicamente se cumplan las cosas, ha originado que de alguna manera se manche un proceso jurídico que podría traer como consecuencia la designación, quizá, de una persona como Dulce María Sauri que es ampliamente capacitada para cumplir esa función.

Pero es grave que por esa falta de cuidado se tenga ahora que tomar una medida contraria, aquí, por parte de varios partidos, dentro de los cuales se inscribe el Partido de la Revolución Democrática para votar en contra, en todo caso nosotros no votaríamos en contra si se accediera por parte de los compañeros que han propuesto la aplicación del artículo 79 a que no se pasara a votación, aquí en la Permanente, la licencia solicitada y que se le comunicara que por las bases del artículo 79, las bases contenidas ahí no tendría sentido y no tiene sentido que solicite permiso. Les agradezco mucho su atención.

El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, la senadora de la República, Blanca Esponda, cinco minutos.

La senadora Blanca Esponda Espinosa: -Con su permiso, señor Presidente ; honorable asamblea; estimados compañeros: Compartimos el criterio de que en todo momento debe respetarse el fondo y la forma de la legalidad constitucional y entre ella el respeto que merece esta Comisión Permanente y precisamente en estricto apego a ese respeto que una destacada legisladora, compañera nuestra, ha tenido siempre por este honorable Cuerpo Legislativo, tan pronto como fue humana y materialmente posible, ella comunicó a esta honorable asamblea su decisión de dejar de desempeñar el cargo de senadora, que de

conformidad con la disposición constitucional, tiene el derecho, la facultad, de optar cuando se encuentre en ese supuesto.

Una vez comunicado esto ella decidió aceptar la voluntad del Congreso del estado de Yucatán, que libre y soberanamente decidió, por un lado, aceptar la licencia solicitada por el entonces gobernador y por el otro lado invitarla, nombrarla, para que asumiera el cargo de gobernadora constitucional.

No es, pues, correcto desvirtuar este momento importante en esa decisión, tampoco podemos acudir a interpretaciones que pudieran ser fragmentadas de la Constitución, yo creo que es importante recapitular. En el caso de la gobernadora Dulce María Sauri, no se ha violado la Constitución, por el contrario, celosamente se ha cuidado cada una de las formas en ella previstas.

Se atendió al llamado del Congreso del Estado con el propósito de evitar que surgiera el vacío político que deriva de la falta de uno de los poderes en los estados y se acudió a ese llamado justamente en el momento en que era materialmente posible, es decir, cuando ya había sido otorgada la licencia al titular del Poder Ejecutivo anterior.

Y por eso de inmediato al ser notificada de esta propuesta que en su favor hacía el Congreso del Estado, la senadora manifestó a la Comisión Permanente su voluntad, de conformidad con el artículo 125, de césar en sus funciones legislativas, separándose a partir de ese momento del cargo de senadora para así estar en condiciones de asumir el nuevo mandato.

En virtud de que el Congreso de ese estado se hallaba reunido, las funciones ejecutivas inherentes al cargo de gobernadora, por el que tenía atribuciones para optar, fueron asumidas de carácter inmediato. Y lo que cuenta en este caso es la voluntad de respetar cabalmente la Constitución.

Es muy claro el artículo 125, que evita la laguna jurídica cuando se presenta esta situación. Por lo que establece el propio artículo y lo cito entre comillas: "El nombrado para un cargo de elección popular en un estado y que a la vez esté detentando otro cargo de elección popular federal, puede elegir entre ambos el que quiera desempeñar". Y en este caso la gobernadora Dulce María Sauri atendió tan pronto como fue racional y humanamente posible lo dispuesto tanto por el artículo 62 como por el artículo 125, solicitándole a la Permanente, previamente a la asunción del nuevo encargo, la licencia correspondiente para separarse del que venía detentando.

Por lo tanto, señores legisladores, la Comisión Permanente, de acuerdo con el artículo 79, fracción VIII debe conocer y resolver. Y nosotros habremos de resolver en este pleno, que no se encontraba por cierto reunido el jueves 14, que fue el momento en que se recibió la solicitud, pero es facultad de la propia Comisión Permanente ocupar el tiempo que precise para tomar sus decisiones.

Y por eso, si en este momento habrá de ser sometido a nuestra consideración la solicitud de licencia, creemos que tenemos ya mayoría de razón. Se ha sustentado como amplitud, se ha debatido, hemos escuchado los puntos de vista del Partido Acción Nacional y de las otras fracciones parlamentarias, que nos parecen respetables porque atienden a sus propósitos y a sus intereses políticos, pero también me parece que es el momento, señores legisladores, de invitarlos a que nos sumemos también a la razón .

Yo creo que ni el texto ni el espíritu de la Constitución se propondría obstaculizar las decisiones urgentes, como es la del caso que nos ocupa, ni la libertad de los individuos para aceptar un cargo diferente al que desempeñan. Sobre todo cuando está de por medio el orden social, el buen funcionamiento interrumpido de las instituciones públicas y la integración de los órganos de un estado.

Como una legisladora admirable, inteligente y dedicada que ha sido la senadora Dulce María Sauri, es incuestionable que respetó en todo momento al Congreso de la Unión, que respetó a cabalidad las disposiciones constitucionales, mismas que protestó guardar y hacer respetar ahora en su nuevo encargo.

Como legisladores nos preocupa y nos guía el fortalecimiento de nuestro estado de derecho, porque el respeto a la ley significa el respeto a la voluntad popular, que es su origen y destino.

Considero, por estas reflexiones, que esta honorable Comisión Permanente debe conceder la licencia formulada y solicitada por la licenciada Sauri, ya que de acuerdo a las disposiciones constitucionales aplicables optó por el cargo de gobernadora del estado de Yucatán, y que las funciones que desempeñaba como senadora de la República cesaron en el momento en que dejó de desempeñarlas y en que solicitó e informó a esta soberanía.

La situación jurídica para la asunción de cargos de elección popular fue definida por el constituyente permanente de manera breve, clara y precisa en el artículo 125 constitucional y que no admite

interpretaciones confusas. La tergiversación pretendida a otras disposiciones constitucionales ha motivado un debate razonado que a todos nos invita a reflexionar acerca de la constitucionalidad de esta medida que en todo momento ha estado plenamente apegada a derecho. Nos parece a nosotros que no debiera viciarse lo que es la voluntad libre y soberana de un congreso con argumentaciones que tienen más bien una intención partidista, que mucho respetamos, que valoramos, pero que creemos que nuestro deber en este momento señor Presidente, ya es proceder al trámite consecuente para otorgar, para conceder la licencia a la licenciada Dulce María Sauri. Por su atención muchas gracias.

El Presidente: -Ha concluido la intervención de la senadora; consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El secretario senador Gustavo Almaraz Montaño: -En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese a la honorable Cámara de Senadores. (Aplausos.)

OFICIOS DEL BANCO DE MÉXICO

CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA NACIÓN

El mismo Secretario:

Banco de México. - Dirección General.

México, D. F., a 15 de febrero de 1991.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presentes.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al cuarto trimestre de 1990.

Con fecha 15 de febrero de 1990, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de gobierno respecto al saldo máximo que podía alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en el ejercicio de 1990.

Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:

a) Saldo del financiamiento interno del Banco de México al 31 de diciembre de 1989: 42.945 billones de pesos.

b) Flujo total en 1990: 8.918 billones de pesos.

c) Saldo máximo que podía alcanzar el financiamiento interno del Banco de México durante 1990: 51.863 billones de pesos.

En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las sesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el Banco durante el período al cual están referidos.

En cumplimiento al artículo 10 de la ley citada, el 15 de mayo de 1990 les dimos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al primer trimestre de 1990, el 15 de agosto de 1990 los movimientos correspondientes al segundo trimestre y el 15 de noviembre de 1990 los movimientos correspondientes al tercer trimestre. En el cuadro siguiente se muestra la evolución del financiamiento interno durante los tres primeros trimestres de 1990.

*Según el referido acuerdo de la junta de gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder esta cifra, sin que ello implique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del gobierno federal y por el monto de los créditos para cobertura cambiaria a los fondos de fomento y bancos de desarrollo.

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MÉXICO 1990

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Por lo que se refiere al cuarto trimestre de 1990, a continuación se presenta el movimiento diario de los saldos del financiamiento interno del Banco de México, en los cuales se distingue el saldo e incrementos nominales de éste, del saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos aquellos que no toman en cuenta el aumento del valor en pesos de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio.

Ello en virtud de que tal aumento del valor en pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo adicional y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su junta de gobierno, según se explica en lo conducente en la nota de la página anterior de este informe.

MOVIMIENTO DIARIO DE LOS SALDOS DEL FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MÉXICO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990

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MOVIMIENTO DIARIO DE LOS SALDOS DEL FINANCIAMIENTO INTERNO DEL BANCO DE MÉXICO

DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990

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El 15 de febrero de 1990 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo a cargo del gobierno federal en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1990 se estableció en 1.944 billones, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, no debe excederse, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la ley citada, el pasado 15 de mayo de 1990 les dimos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondientes al primer trimestre de 1990, el 15 de agosto de 1990 los movimientos correspondientes al segundo trimestre y el 15 de noviembre de 1990 los movimientos correspondientes al tercer trimestre.

Por lo que se refiere al cuarto trimestre, a continuación se muestra el movimiento diario de la multicitada cuenta:

MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 (*)

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MOVIMIENTO DIARIO DE LA CUENTA GENERAL DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN DEL 1o. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1990 (*)

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Recibo, y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la honorable Cámara de Senadores.

SALDO MÁXIMO DEL FINANCIAMIENTO INTERNO

El mismo Secretario:

«Banco de México.- Miguel Mancera.- Director General.

México, D. F., 15 de febrero de 1991.

Ciudadano Guillermo Jiménez Morales.- Presidente de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7o. de la ley orgánica de esta institución, me permito comunicar a usted, mediante el documento adjunto, el saldo máximo que el financiamiento interno del Banco Central podrá alcanzar durante 1991, así como los razonamientos que sirvieron de base a nuestra junta de gobierno para determinarlo, lo cual hizo en sesión celebrada el 28 de enero del año en curso.

Atentamente.

Informe al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre la determinación del saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de México en el ejercicio correspondiente a 1991. (1)

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 7o., quinto párrafo, de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución informa al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el saldo máximo que, en el ejercicio correspondiente a 1991, podrá alcanzar su "financiamiento interno", según este se define en el citado artículo. Dicho monto máximo fue determinado por la junta de gobierno de esta institución en sesión celebrada el 28 de enero del año en curso, en concordancia con los criterios generales de política económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a 1991 y de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, teniendo en cuenta tanto el saldo máximo del "financiamiento interno" del Banco de México determinado para 1990, como el monto ejercido del mismo y basándose en los razonamientos que se expresan en este informe.

I. Límites establecidos para 1990.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Banco de México, el saldo máximo del "financiamiento interno" del Banco de México para 1990 se fijó en 51.863 billones de pesos, cantidad susceptible de excederse, sin que ello

implicara violación del tope referido, por el efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre los activos denominados en moneda extranjera.(2)

El flujo de recursos crediticios correspondiente al límite establecido para el "financiamiento interno" del Banco de México fue de 8.918 billones de pesos. Asimismo, en los términos que establece el artículo 9o, fracción IV, de la misma ley, el saldo a cargo del gobierno federal en la Cuenta General de la Tesorería, no debía exceder del uno por ciento del total consolidado de las percepciones previstas en la Ley de Ingresos de la Federación para el año, (3) salvo que por circunstancias extraordinarias aumentaran considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos del ejercicio fiscal. En consecuencia, dicho saldo se determinó en 1.944 billones de pesos.

Los razonamientos y las justificaciones pertinentes se proporcionaron en el documento Informe al Ejecutivo Federal y a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión sobre la determinación del saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de México en el Ejercicio Correspondiente a 1990. En el cuadro siguiente se presentan los supuestos macroeconómicos usados en la elaboración del programa financiero de 1990, así como una estimación de los valores observados al cierre del año.

(1)La información de 1990 utilizada en este informe es preliminar, por lo que puede ser objeto de modificaciones.

(2) El incremento del valor en pesos, de los activos denominados en moneda extranjera, resultante de la variación del tipo de cambio, no implica un flujo adicional de recursos crediticios.

(3) Definidas como el total de ingresos consolidados del gobierno federal y del sector paraestatal establecido en la Ley de Ingresos, neto de la amortización de deuda pública especificada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Los resultados del programa financiero para 1990 se resumen en el cuadro 2, en el cual se muestran los flujos estimados y los observados.

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En el programa financiero para 1990 se estimó un flujo nominal de "activos financieros" de 51.704 billones de pesos. El observado fue de 83.629 billones de pesos. La participación de los componentes en el flujo total de "activos financieros" también fue diferente de la esperada. Así, el flujo de los valores gubernamentales en poder del público significó el 30.6%, frente a un porcentaje estimado de 22.4; por su parte, la captación bancaria participó con el 55.4%, frente a un pronóstico de 64.8%. En el caso de los billetes y monedas, del papel comercial y de las obligaciones quirografarias e hipotecarias, las diferencias entre la participación estimada y la observada fueron relativamente pequeñas. Por último, el saldo del financiamiento al sector privado aumentó 45.156 billones de pesos y su tasa de crecimiento real fue de 29.1 por ciento. En el programa se había estimado un flujo de 25.562 billones y una tasa de incremento real de 20.1%

Diversos factores influyeron sobre el entorno en el cual se desenvolvió el sistema financiero en 1990. Entre éstos deben destacarse los siguientes: la ejecución del convenio con los acreedores externos, la evolución del mercado petrolero internacional y los importantes avances en el proceso de redimensionamiento del sector público (en particular, la reforma legal concerniente al régimen de propiedad de la banca múltiple y la venta de Teléfonos de México). La conjunción de estos factores tuvo un efecto muy favorable sobre las expectativas del público , lo que indujo montos importantes de entradas de capital, aumentos en la tenencia de "activos financieros" del público y disminuciones de la tasa de interés real.

Si bien en términos nominales el flujo de "activos financieros" fue sustancialmente mayor que el previsto, el incremento de los saldos reales fue sólo ligeramente superior al programado. Este

último aumento se explica por la mayor demanda del público, tanto por activos monetarios como por el resto de los "activos financieros". El flujo de crédito neto del Banco de México(4) creció moderadamente en el año, 3.341 billones, y fue sustancialmente inferior al límite autorizado. En consecuencia, el público satisfizo su mayor demanda real por "activos financieros" internos a través de la importación de capital , fenómeno que contribuyó de manera fundamental a la acumulación de reservas internacionales y por ende, a la expansión de los agregados monetarios.

Las mejores expectativas del público hicieron posible una mayor disponibilidad de recursos financieros y una reducción considerable de la tasa de interés real. Aunque esta tasa fue en el año, en términos acumulados, de 8.5%, o sea alrededor de 10 puntos menor que la esperada, el saldo real de los "activos financieros" aumentó 12.7%, tasa un punto más alta que la prevista en el programa. Por otra parte, como ya se indicó, también se observó un cambio en la estructura de los "activos financieros". La participación relativa de los valores gubernamentales adquiridos por el público fue mayor, en virtud de que el Banco de México adoptó una política de menor expansión de su "financiamiento interno", con objeto de esterilizar, por lo menos en parte, el efecto monetario de las entradas de capital.

En su oportunidad, el Banco de México informó, al honorable Congreso de la Unión o a su Comisión Permanente, según el caso, y al Ejecutivo Federal, los saldos y flujos registrados por su "financiamiento interno" y los saldos de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Estos datos aparecen en el cuadro 3, en el cual se muestra tanto el saldo como el flujo efectivo que tuvieron el "financiamiento interno" y la citada cuenta general.

(4) Definido como el flujo del "financiamiento interno" del Banco de México menos la variación, a favor del gobierno federal, del saldo en la Cuenta General de la Tesorería.

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Ambas variables, el "financiamiento interno" y la Cuenta General de la Tesorería, se mantuvieron en el año por debajo del máximo establecido. Estos resultados se explican por el ajuste de las finanzas públicas y la drástica caída de las tasas de interés, factores ambos que redujeron los requerimientos crediticios del sector público, así como por la amplia disponibilidad de recursos en la economía.

Para analizar la evolución del "financiamiento interno" del Banco de México y de la Cuenta General de la Tesorería de la Federación, es conveniente examinar el comportamiento del déficit público y los cambios en el entorno económico.

En los meses de 1990 que antecedieron a la ejecución del acuerdo de reestructuración de la deuda pública externa, las tasas de interés en los mercados financieros internos estuvieron sujetas a continuas presiones al alza. En parte, éstas se originaron porque en ese lapso , a la demanda del sector público por recursos para el financiamiento de su déficit, se añadió la necesidad de financiar parcialmente con recursos internos la compra de garantías de los bonos nuevos que sustituyeron deuda externa existente a finales de ese período. Esto último, en virtud de que la disponibilidad de créditos externos para tal fin fue limitada. Además para cumplir con los términos del acuerdo con los bancos acreedores, se anticiparon algunos pagos de intereses al exterior y ello significó una erogación mayor al inicio del año. No obstante que el sector público generó un superávit primario importante en este período, la mayor carga de intereses causó que sus requerimientos financieros fueran elevados. La presión al alza de las tasas de interés también fue reflejo de la inflación registrada en el trimestre enero - marzo, consecuencia del ajuste realizado, a fines de 1989, en varios precios y tarifas del sector público y en algunos de los precios concertados con el sector privado. Por otra parte, también el financiamiento al sector privado se incrementó en el primer trimestre. Todos estos factores impidieron que el nivel de las tasas de interés disminuyera entonces, como se había esperado, e incluso propiciaron un aumento de más de siete puntos en el período.

Como ya se mencionó, la mayor parte de los recursos para la constitución de las garantías provino del exterior. El Banco de México proporcionó al gobierno federal el monto restante, utilizando recursos propios y los obtenidos del Fondo Monetario Institucional para tal fin. El incremento del "financiamiento interno" en marzo fue consecuencia de esta situación. En lo que respecta a la Cuenta General de la Tesorería, el significativo saldo a favor registrado en el primer bimestre del año fue reflejo, en parte, de la entrada durante febrero de los recursos externos comprometidos para la adquisición de las garantías ya citadas. Al efectuarse en marzo dicha compra, el saldo de la cuenta general pasó de acreedor a deudor.

En el segundo trimestre del año se registraron cambios importantes en el entorno financiero. El nivel de las tasas de interés nominales bajó alrededor de 12 puntos entre el cierre de marzo y el de junio. Por otra parte, si bien la inflación se mantuvo relativamente alta, disminuyó en relación con el trimestre precedente. Al concretarse formalmente el acuerdo sobre la deuda externa, la respuesta del público fue muy favorable, manifestándose en aumentos en la demanda por "activos financieros" y en reducciones de las tasas de interés. El crecimiento real de los "activos financieros" fue considerable, aun cuando la reducción de las tasas de interés fue importante. Además, el financiamiento al sector privado fue más elevado que en el trimestre precedente. Por su parte, el sector público continuó ajustando su balance primario a pesar de la caída en el precio del petróleo. De hecho, la demanda del sector público por recursos financieros fue menor que en el trimestre anterior y pudo ser atendida ampliamente dada la mayor captación financiera. Así, al cierre de junio, la colocación de valores gubernamentales en el público por parte del Banco de México le permitió reducir gran parte del "financiamiento interno" que había otorgado en marzo. Adicionalmente, el gobierno federal acumuló un saldo a su favor en la Cuenta General de la Tesorería.

En el segundo semestre del año continuó la disminución del nivel nominal de las tasas de interés y más aun la de su nivel real. Lo señalado fue posible, fundamentalmente, por el efecto de las expectativas favorables que generó el anuncio de la desestatización de la banca múltiple. Además, el sustancial incremento del precio internacional del petróleo implicó un aumento de los ingresos del sector público que llevó a una reducción de su déficit financiero.

En virtud de las mejores expectativas, la demanda del público por "activos financieros" continuó aumentando. La captación global fue lo suficientemente alta para permitir tanto atender los requerimientos financieros del sector público y del sector privado como una importante acumulación de reservas internacionales. El sector público pudo satisfacer sus necesidades de recursos financieros en el mercado primario, al mismo tiempo que el Banco de México efectuaba ventas cuantiosas de dichos valores en el mercado abierto, para esterilizar las entradas de capital. Dichas ventas resultaron en una reducción importante del

"financiamiento interno" hasta principios de diciembre. En este último mes, el "financiamiento interno" aumentó 6.918 billones de pesos, conforme al patrón estacional. Esta expansión fue compensada parcialmente por un incremento de 1.160 billones de pesos en el saldo a favor en la Cuenta General de la Tesorería. El flujo no compensado permitió satisfacer el incremento estacional que normalmente ocurre en la demanda por billetes. De no haberse aumentado en diciembre el "financiamiento interno", las tasas de interés habrían tenido que subir sustancialmente en forma temporal para contener el crecimiento de la demanda por billetes y/o estimular entradas de capital.

Para el año en su conjunto, el flujo efectivo de "financiamiento interno" fue del orden de 5.3 billones de pesos, inferior en cerca de 3.6 billones al límite establecido, lo que significó una contracción real del saldo de 12.2%. Según se desprende de lo expuesto, en el transcurso de 1990, el "financiamiento interno" se utilizó para suavizar las fluctuaciones temporales en la oferta y la demanda por fondos prestables. En general, en la primera parte del año permitió atender la gran demanda de recursos ocasionada por la compra de garantías y el pago anticipado de intereses; posteriormente se contrajo para esterilizar las mayores entradas de recursos del exterior tanto para el sector público (por concepto de ventas petroleras) como para el sector privado (por inversión extranjera directa y repatriación de capitales).

En el último mes del año el incremento del "financiamiento interno" permitió satisfacer la demanda estacional por billetes.

Debe notarse que el aumento del saldo del "financiamiento interno" en el año fue más que compensado por el incremento de captaciones no monetarias del Banco Central. En esta virtud, puede afirmarse que si se comparan cifras al cierre de los años de 1989 y 1990, la expansión monetaria no tuvo su origen en incrementos del crédito del Banco Central.

II. Objetivos macroeconómicos para 1991.

El documento Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondientes a 1991 contiene los objetivos de la política económica, las líneas de acción de la política fiscal y la financiera, así como las proyecciones variables económicas para 1991.

En concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos de la política económica para 1991 se orientan hacia la recuperación económica con estabilidad de precios y son los siguientes:

a) Reducir significativamente la tasa de inflación (a 14.0% diciembre- diciembre) como medio para que la recuperación del poder adquisitivo de la población y de la actividad económica sea firme, para lo cual se llevarán a cabo políticas dirigidas hacia sus causas y no sólo a los síntomas,

b) Preservar la recuperación gradual de la actividad económica (2.5-3.0% de crecimiento real),

c) Continuar con la modernización de la economía nacional y

d) Fortalecer la política social para contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población, entendido éste como fin último de la política económica. Se otorgará prioridad a las acciones que tiendan a proteger el bienestar de los trabajadores y de la población de menores ingresos.

Se considera que, para reducir la inflación en 1991, un elemento fundamental en la estrategia es el fortalecimiento de las finanzas públicas. Por esta razón, se programó un déficit financiero equivalente a 1.9% del producto interno bruto, sin considerar los ingresos probables por las ventas de la banca múltiple y la compañía telefónica, entre otras, y suponiendo un precio promedio de las exportaciones de petróleo de 17 dólares por barril.

Se seguirá una política de deuda pública que apoye las metas macroeconómicas planteadas. El endeudamiento externo se manejará con prudencia, buscando aminorar continuamente la carga de la deuda y procurando dar permanencia a la reducción de la transferencia neta de recursos al exterior. El financiamiento del déficit público se obtendrá en el mercado, sin recurrir de manera excesiva al crédito primario del Banco de México. Asimismo, se proseguirá alargando el perfil de vencimiento promedio de la deuda interna.

La evolución favorable de los mercados financiero y cambiario hizo posible una reducción adicional, a fines de 1990, del deslizamiento del tipo de cambio respecto del dólar, de 80 a 40 centavos diarios. Esta medida propiciará niveles de inflación y de tasas de interés más bajos en 1991.

Se afirmará la política de mejorar la calidad de la regulación económica para fomentar una mayor competividad en la producción, la inversión en nueva infraestructura y la mejor utilización de la existente, y las exportaciones.

El monto del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos estimado para 1991, como

proporción del producto interno bruto (2.3%), es similar al del año procedente. Se considera que podrá ser financiado adecuadamente a la luz de la reestructuración de la deuda externa ya efectuada, del fortalecimiento del ahorro financiero y del atractivo que ofrece nuestro país para la entrada de los flujos de capital del exterior, sea para inversión directa o para inversiones en el sistema financiero. A este respecto, son muy importantes las acciones tendientes a lograr un tratado de libre comercio con Estados Unidos.

La disciplina fiscal redundará en un menor déficit financiero que facilitará la continuación de una política monetaria conducente a la estabilización de los precios y a lograr las metas de balanza de pagos.

III. Programación financiera 1991.

Como se mencionó en el apartado anterior, los Criterios Generales de Política Económica para 1991 contiene los objetivos de esta política y la proyección de la evolución de las principales variables macroeconómicas. En ese documento se establece como meta un déficit financiero equivalente a 1.9% del producto interno bruto, cifra que excluye los ingresos extraordinarios que se deriven de la venta de la banca múltiple y de empresas públicas. Si bien se prevé la posibilidad de obtener aquéllos, por razones de prudencia no fueron considerados para la elaboración del Presupuesto de Egresos y de la Ley de Ingresos.

El ejercicio de programación financiera que se presenta a continuación corresponde al escenario básico, sin ingresos extraordinarios. De esta manera, se determina la expansión crediticia del Banco Central que es compatible con las metas macroeconómicas. Sin embargo, la materialización de los citados ingresos con características, montos, fechas y origen (interno o externo) de los recursos, difíciles de predecir puede crear cambios respecto de la trayectoria prevista de los mercados financieros. Por ello, después de presentar los resultados del ejercicio básico, se explican las posibles modificaciones a esta trayectoria de obtenerse efectivamente los ingresos por la enajenación de empresas públicas.

Escenario básico.

De acuerdo con las observaciones anteriores, en el cuadro 4 se proporcionan los resultados del ejercicio básico de programación financiera para 1991.

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Se espera un flujo anual de "activos financieros" de 62.503 billones de pesos. Lo anterior implica una tasa de crecimiento real de 7.6%, de diciembre a diciembre.

Es importante señalar que, respecto del año anterior, en 1991 se prevé un cambio en la estructura del flujo de "activos financieros" en poder del público. El gobierno federal hará una amortización neta de valores a su cargo y en poder del público, ya que generará un déficit financiero modesto y contará, entre otros, con los recursos derivados de la inversión en títulos de deuda pública que la banca realice para cumplir con su coeficiente de liquidez. La participación de la captación bancaria será mayor y también se anticipa que continúe recuperándose la de billetes y monedas.

Debido a que se espera que la captación bancaria sea importante y superior en términos absolutos a la de 1990, la banca dispondrá de recursos suficientes para cubrir su coeficiente de liquidez y atender ampliamente las necesidades de crédito del sector privado y social.

En función de la experiencia, de los supuestos hechos antes en cuanto al entorno económico y de las circunstancias previsibles, puede esperarse que el flujo de los "activos financieros" se distribuya de la siguiente manera: billetes y monedas en poder del público, 7.663 billones de pesos; captación bancaria, 72.150; valores del gobierno, 22.310; y papel comercial y obligaciones quirografarías e hipotecarias, 5.000.

Los recursos adicionales disponibles para el financiamiento de la economía se obtiene de sumar a los "activos financieros" por 62.503 billones de pesos lo siguiente:

a) Los recursos externos netos para el sector público, (5) que equivaldrían a 5.458 billones de pesos y

b) Los otros pasivos y activos netos del sistema bancario, estimados en -2.242 billones de pesos. De esta manera el monto global de recursos disponibles para cubrir los requerimientos de los sectores público, privado y social sería de 65.719 billones de pesos.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos para 1991, los requerimientos del sector público para financiar su déficit, antes de la venta de la banca múltiple y de empresas públicas, serán de 15.319 billones de pesos (1.9% del producto interno bruto). Así, el sector privado podrá disponer de un flujo de recursos crediticios de 50.400 billones de pesos. Este flujo implica un crecimiento real de los saldos, de diciembre a diciembre, de 26.1%.

Las fuentes y usos de recursos del Banco de México congruentes con una demanda de "activos financieros" de 62.503 billones de pesos serían los siguientes:

a) Por el lado de los pasivos, tendría un crecimiento de 7.663 billones de pesos en los billetes y monedas en poder del público, un incremento de la caja y depósitos de la banca por 1.452 billones, una disminución del saldo acreedor de la Cuenta General de la Tesorería por 2.230 billones y una disminución de 1.219 billones en los otros pasivos netos de otros activos.

b) Por el lado de los activos, un aumento de 5.666 billones de pesos en el "financiamiento interno".

Escenario con ingresos extraordinarios por venta de empresas públicas

En este apartado se considera explícitamente la posibilidad de que el gobierno cuente en 1991 con ingresos extraordinarios por desincorporación de la banca múltiple y de empresas paraestatales. En consecuencia, el escenario básico se modificó suponiendo un monto de ingresos extraordinarios que podría ser, como se señala en el documento Criterios Generales de Política Económica para 1991, del orden de 1.9% del producto interno bruto. Además, en la programación financiera también se tomó en cuenta que una parte de los recursos para la compra de entidades provendrá del exterior y el resto de fuentes internas. En relación con estas últimas, se adoptó el supuesto de que el público disminuiría su tenencia de "activos financieros" para obtener los recursos necesarios para la adquisición de empresas que se desincorporen. (6)

Toda vez que se procurará que los ingresos extraordinarios por desincorporación causen los menores efectos secundarios posibles en los mercados financieros, el ejercicio de programación financiera supone que aquellos se destinarán a

(5) El honorable Congreso de la Unión autorizó al sector público para ejercer un endeudamiento externo neto directo hasta por 2 mil 700 millones de dólares en 1991. Sin embargo, en este ejercicio de programación financiera se supuso que efectivamente se utilizaría un monto neto del orden de 1 mil 800 millones de dólares.

(6) Conviene señalar que el sector privado también podría adquirir las citadas empresas con recursos derivados de otras fuentes. Por ejemplo, vía contratación de créditos bancarios, reducción en su gasto de inversión en otros proyectos, disminución de su gasto de consumo o una combinación de éstas.

amortizar deuda pública y/o a incrementar los activos financieros del gobierno. Para que las citadas amortizaciones o acumulaciones de activos sean neutrales en su impacto monetario, es necesario que el destino de los ingresos está ligado al origen de los recursos. Es decir, los ingresos que el gobierno federal obtuviera de tales ventas y que los adquirientes hubieran traído del exterior se asignarían a amortizar deuda externa y/o a acumular activos en el exterior. No resultaría conveniente amortizar deuda interna en poder del público con estos recursos, ya que esto tendría efectos monetarios expansionistas. Por otra parte, los pagos que los adquirientes de las empresas desincorporadas hicieran con recursos de procedencia interna (por disminución de sus "activos financieros"), se destinaría a amortizar deuda interna en poder del público. Con el esquema descrito, la repercusión en los estados financieros sería mínima y no se afectaría el nivel de las tasas de interés, en virtud de que la posición de activos netos del sector privado no se alteraría y permitiría satisfacer el cambio deseado por éste en la composición de sus activos. El sector privado aumentaría sus derechos sobre activos reales y disminuiría su posición neta con el sistema financiero.

Debe señalarse que si se procede en la forma mencionada antes, el flujo de "financiamiento interno" que resulta de la programación financiera no se ve afectado por el monto de las ventas o por la composición de los recursos que se destinen a ese fin. Únicamente cambiaría la posición neta del sector privado con el sistema financiero, misma que está dada por la diferencia entre sus "activos financieros" y el financiamiento que recibe. Así, con base en supuestos razonables respecto del origen externo o interno de los recursos y bajo la premisa de que los recursos internos se derivan exclusivamente de la disminución de "activos financieros" en poder del público, los principales efectos sobre el escenario básico serían:

a) Un déficit financiero del sector público prácticamente de cero o incluso un modesto superávit global. (7)

b) Un endeudamiento externo neto del sector público (8) negativo.

c) Un menor flujo de "activos financieros" para 1991, reflejado en una mayor amortización de valores del gobierno en poder del público. La tasa del crecimiento real del saldo de "activos financieros", de diciembre a diciembre, se ubicaría en un rango de 4.7 a 7.6% (9).

Debe notarse que los recursos disponibles para el sector privado, después de financiar el menor déficit público serían los mismos que en el ejercicio básico. Esto es debido a que el menor flujo de "activos financieros" sería compensado por una reducción de la misma magnitud en el requerimiento de recursos internos para financiar el déficit del sector público. En consecuencia, el "financiamiento interno" del Banco de México sería del mismo monto que en el escenario original.

Es preciso subrayar que la aplicación estricta del esquema descrito enfrenta obstáculos operativos, ante la dificultad de establecer con certeza el origen de los recursos que se destinen a la compra de empresas públicas. Sin embargo, es posible alcanzar una aproximación confiable. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha manifestado al Banco de México que los recursos que identifique como externos los destinará al fondo de Contingencia para Eventuales Caídas del Precio del Petróleo. Por otra parte, los recursos de origen interno(10) se depositarán en un fondo Especial instituido en el Banco de México. El Banco Central crearía un pasivo en pesos a favor del gobierno federal que tendría como contrapartida títulos de deuda pública que el propio banco adquiriría del sector privado para que este último contara con los fondos necesarios para pagar la compra de la empresa objeto de la desincorporación.

La creación simultánea de un pasivo y de un activo del Banco de México, en los términos referidos, no tiene impacto monetario. Pero si bien la expansión neta del Banco Central no se alteraría, el "financiamiento interno" (el cual es un concepto bruto) si aumentaría.

IV. Determinación del saldo máximo del financiamiento interno del Banco de México para 1991.

(7) Esto dependería tanto del monto de los ingresos extraordinarios como del calendario de su disponibilidad efectiva.

(8) Definido como endeudamiento bruto menos amortización menos acumulación de activos internacionales del gobierno.

(9) El rango estimado de la variación de M4 seguiría siendo válido en los casos, señalados en la nota 6, de sustitución de proyectos de inversión del sector privado y de contratación de créditos. Sin embargo, el flujo de M4 podría exceder la previsión si el sector privado redujera su consumo para generar los recursos para la compra de las empresas públicas.

(10) Se considera que son recursos de origen interno aquellos que al iniciarse el año de 1991 estuvieran ya en el sistema financiero mexicano.

Teniendo en cuenta los ejercicios de programación financiera y los razonamientos de la sección anterior, se considera conveniente que el flujo máximo de "financiamiento interno" en 1991 sea de 5.666 billones de pesos. El flujo de "financiamiento interno" así determinado excluye el efecto que sobre la deuda en moneda extranjera, expresada en pesos, tenga el deslizamiento del tipo de cambio. El límite correspondiente para el saldo sería de 54.643 billones de pesos.

El saldo del "financiamiento interno" del Banco de México que se reporte durante el año podrá aumentar, sin que ello implique violación del límite máximo determinado, por los siguientes conceptos:

a) Créditos al gobierno federal que tengan como contrapartida un depósito en el fondo especial, producto este último de la enajenación de empresas públicas.

b) Créditos de fideicomisos y bancos de desarrollo que tengan como contrapartida un depósito especial del gobierno federal, en el propio Banco de México, con motivo del programa de cobertura cambiaria para dichas instituciones.

Debe subrayarse que estos créditos y depósitos no corresponden a una expansión neta del crédito del Instituto Central.

En el cuadro 5 a continuación se resume la determinación del saldo máximo de "financiamiento interno" del Banco de México para 1991.

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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9o, fracción IV, de la Ley orgánica del Banco de México, el saldo a cargo del gobierno federal en su Cuenta General de la Tesorería no deberá exceder del 1 % del total consolidado de la percepciones previstas en la Ley de Ingresos de la Federación para el año, (11) salvo que por circunstancias extraordinarias aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos del ejercicio fiscal. Por lo tanto, con base en la Ley de Ingresos señalada, el saldo máximo deudor de dicha cuenta, no deberá exceder de 2.251 billones de pesos.

(11) Definidas como el total de ingresos consolidados del gobierno federal y del sector paraestatal establecido en la Ley de Ingresos, neto de la amortización de deuda pública especificada en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Trámite: -Recibo, y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda de la Honorable Cámara de Senadores.

OFICIO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.-

Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presente.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, me permito remitir a ustedes el Informe de la Deuda Pública correspondiente al cuarto trimestre de 1990.

En ese sentido ruego a ustedes se sirvan dar cuenta del documento anexo a la honorable Cámara de Diputados y en su oportunidad remitirlo a la honorable Cámara de Senadores para los efectos legales correspondientes.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional 15 de febrero de 1991.- El secretario, Pedro Aspe Armella.»

Trámite: -Recibo, y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público de la honorable Cámara de Diputados y de Hacienda de honorable Cámara de Senadores.

OFICIO DE LA SECRETARIA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Programación y Presupuesto.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento con lo señalado en el Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1990, nos es grato anexar al presente el informe sobre la situación económica y las finanzas públicas, correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal de 1990.

En caso de requerir información adicional, nos ponemos a sus órdenes para satisfacer su petición de manera oportuna.

Le reiteramos nuestra especial consideración.- Palacio Nacional, 14 de febrero de 1991.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe Armella; el Secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León.»

Trámite: -Recibo, y Túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la honorable Cámara de Diputados y de hacienda de la Honorable Cámara de Senadores.

OFICIO DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Escudo.- Jefatura del Departamento del Distrito Federal.- México.

Licenciado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1990, me permito remitir a usted el Informe Trimestral de Avance del programa Presupuesto del Departamento del Distrito Federal, al 31 de diciembre de 1990.

El informe contempla los apartados sobre ingresos, egresos, deuda pública y sus respectivos cuadros analíticos.

Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la deuda, así como los movimientos de la misma.

Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitarnos y hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 15 de febrero de 1991.- El Jefe del Departamento, licenciado Manuel Camacho Solís.»

Trámite: -Recibo y túrnese a las comisiones de Programación , Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal de la honorable Cámara de diputados y a las comisiones de Hacienda y del Distrito Federal de la honorable Cámara de Senadores.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

NOMBRAMIENTOS

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General del Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 14 del actual, manifestando lo siguiente:

"En uso de la facultad que le concede el artículo 89 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano Santiago Oñate Laborde, con el rango de embajador, representante permanente ante la Organización de Estados Americanos, con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.- En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento, con este fin le envío adjunto los datos biográficos del interesado".

Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 15 de febrero de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

El mismo secretario Senador:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 4 del actual:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido ha bien nombrar al ciudadano Jorge Pinto Mazal, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno del Reino de Suecia. En consecuencia, mucho agradeceré a usted ser el amable conducto para solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión al nombramiento del ciudadano Pinto Mazal. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado".

Lo hago del conocimiento de ustedes para los fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos Secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió al suscrito con fecha 4 del actual, manifestando lo siguiente:

"En uso de las facultades que le concede el artículo 89 fracción III) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ciudadano Presidente de la República ha tenido a bien nombrar al ciudadano José Caballero Bazán, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de la República Federativa Checa y Eslovaca. En consecuencia, he de agradecer a usted se sirva solicitar en los términos de la fracción VII del artículo 79 Constitucional la ratificación de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión para este nombramiento. Con este fin le envío adjuntos los datos biográficos del interesado".

Al comunicar a ustedes lo anterior les acompaño con el presente los anexos que en el mismo se citan.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 12 de febrero de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

En oficio fechado el día 4 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:

"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga también disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión la hoja de servicios del ciudadano general de división diplomado de estado mayor Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel (423893), que en 24 fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 7 de febrero de 1991.- El secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:

«Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: en oficio fechado el 16 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional para que la ciudadana Patricia Emeteria Macías Dorantes, pueda prestar servicios como secretaria taquígrafa en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de febrero, se turno a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México, serán como secretaria taquígrafa.

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B), del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo Único. Se concede permiso a la ciudadana Patricia Emeteria Macías Dorantes, para prestar servicios como secretaría taquígrafa en el Departamento de Agricultura, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 8 de febrero de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, Diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo. diputado Alfredo Reyes Contreras.

senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»

Trámite: Primera lectura.

La misma secretaria diputada:

«Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: en oficios fechados el 22 y 29 de enero del año en

curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Gabriela Alejandra Frías Romero, María Delina Zárate García de Vera y Janett Salvador Martínez, puedan prestar servicios de carácter administrativo en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca, respectivamente.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión el 13 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento.

b) Que los servicios que las interesadas prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en los consulados generales, en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca, serán de carácter administrativo.

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecidos en la fracción II, del apartado b) del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Gabriela Alejandra Frías Romero, para prestar servicios como empleada administrativa, en el Centro de Comercio, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María Delina Zárate García de Vera, para prestar servicios como asistente administrativo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tapachula, Chiapas.

Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Janett Salvador Martínez, para prestar servicios como secretaria, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Oaxaca, Oaxaca.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 15 de febrero de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lázaro Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, Diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, senador Gaspar Valdés Valdés.»

Trámite: -Primera lectura

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

NOMBRAMIENTOS

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del licenciado Jorge de la Vega Domínguez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante al Gobierno de Canadá, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento que obra en el mismo, consta que el licenciado Jorge de la Vega Domínguez nació en la cuidad de Comitán, Chiapas, el 11 de marzo de 1931. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que

ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y político.

Por otra parte, el embajador designado obtuvo el título de Licenciado en Economía por la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, con la tesis "La Industria del Petróleo en México. Aspectos de su desarrollo y Problema Financiero".

Esta Comisión estima pertinente mencionar que el licenciado de la Vega Domínguez cuenta con una amplia experiencia administrativa al servicio del Estado Mexicano. A lo largo de su carrera ha ocupado los siguientes puestos: gerente del Banco del Pequeño Comercio en Tampico, Tamaulipas, de 1956 a 1959; Jefe del Departamento Público en la Secretaría de la Presidencia, en el año de 1960; subdirector de Dina, de 1960 a 1963; director de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, de 1963 a 1965. Posteriormente, en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) fue gerente de ventas, de 1965 a 1969 y director general, de 1970 a 1976. En el período comprendido de 1977 a 1982 fue designado secretario de comercio. En el año de 1982 ocupó el cargo de coordinador de la Comisión Nacional de Alimentación de la Presidencia de la República. En la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos fue coordinador de Programas Regionales, de 1982 a 1988; y titular de esa dependencia de diciembre de 1988 a enero de 1990.

Los miembros de esta comisión deseamos indicar que el licenciado de la Vega Domínguez ha sido electo para desempeñar cargos de elección popular. En tal virtud, fue diputado federal por el estado de Chiapas a la XLVI Legislatura del Congreso de la Unión; y gobernador constitucional de su entidad natal.

Dentro de la experiencia que en materia docente tiene el licenciado de la Vega Domínguez, es pertinente mencionar que fue profesor del Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Madero, Tamaulipas, de 1956 a 1959 y catedrático en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, de 1959 a 1965.

En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y adoptado por la Comisión Permanente para la presentación de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al licenciado de la Vega Domínguez a una reunión en dónde conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de Canadá como un punto de importancia para la promoción de los intereses de México.

En la reunión mencionada, los legisladores que integramos la comisión que dictamina pudimos dialogar ampliamente sobre los citados temas con el embajador nombrado. En tal virtud, pudimos comprobar que el grado de experiencia y preparación que en materia internacional posee el licenciado de la Vega Domínguez. A su vez, de nuestros intercambios pudo desprenderse su vocación y voluntad de servicio a la República.

En particular, la comisión que dictamina resalta que el embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de Canadá, así como el momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - canadiense. Es de destacar, que en la entrevista se formularon comentarios en torno a las negociaciones para el eventual Tratado Trilateral de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos de América y México. Al respecto, cabe señalar que el embajador designado expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.

Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe, hemos podido constatar que el licenciado de la Vega Domínguez posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.

Por lo expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que el licenciado Jorge de la Vega Domínguez reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del licenciado Jorge de la Vega Domínguez, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá.

Sala de audiencias Presidente Sebastián Lerdo de Tejada de la honorable Cámara de Senadores. - México, D. F., 15 de febrero de 1991.- Segunda Comisión: Senador Humberto Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Está a discusión el punto de acuerdo.

El Presidente: -Han solicitado el uso de la palabra para hablar en contra los legisladores: diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador de la República Roberto Robles Garnica. Para hablar en pro, los legisladores: senador de la República Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Humberto Roque Villanueva, y para razonar su voto el diputado Alfredo Reyes Contreras.

Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala para hablar en contra.

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Efectivamente el artículo 89, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, confiere al Presidente de la República la facultad de nombrar a los agentes diplomáticos y cónsules generales, con la aprobación del Senado de la República.

En la fracción XVI se señala que cuando el Senador de la República no esté sesionando, el Presidente de la República podrá hacer los nombramientos antes mencionados para que sean ratificados por la Comisión Permanente dichos nombramientos.

El Ejecutivo Federal somete a la consideración de esta soberanía nacional la designación del licenciado Jorge de la Vega Domínguez como embajador en Canadá.

Es indudable que el Presidente de la República y que esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, y en su caso el Senado de la República, tiene que analizar detalladamente cuáles son las obligaciones, las responsabilidades y los compromisos que adquiere el representante diplomático de nuestro país en cualquier país del mundo. También es evidente que los cargos diplomáticos en su totalidad, podría señalar, no están recayendo ni están siendo otorgados a prominentes mexicanos conocedores de la problemática internacional, conocedores del manejo económico; conocedores del manejo social, cultural, industrial, etcétera de nuestro país.

Desafortunadamente en esta realidad nos encontramos con que la designación que en el actual sexenio se hace, ya la impugnamos en su momento cuando señalábamos claramente el porqué nos oponíamos a la designación del ex secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Lo señalamos claramente en su momento, porque fue evidente, evidente la forma en que se manipuló el erario federal, para apoyar una campaña política presidencial.

En ese momento impugnamos y demostramos con fotografías, pruebas y documentos, la forma en la cual el Secretario de Agricultura había utilizado los bienes muebles y personal de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para apoyar campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. No se debe premiar a un persona con un cargo diplomático, después de que comete esa flagrante violación no solamente a la Constitución, sino a la voluntad de los mexicanos y al derecho de los mexicanos y de los partidos políticos, de participar de manera equitativa, libre y responsable, en los procesos electorales.

En esa ocasión y en el primer período de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, de esta LIV Legislatura, fuimos muy precisos a esas designaciones. Lógico, no me estoy refiriendo a Jorge de la Vega Domínguez, me estoy refiriendo al anterior secretario, Eduardo Pesquiera Olea. Eduardo Pesqueira Olea, un hombre robusto y bien alimentado, que fue a representarnos en la Organización de la Agricultura y la Alimentación, exactamente en lo relacionado con la alimentación. Realmente no es ninguna buena imagen de los mexicanos, porque si recorremos nuestro país, nos encontramos con que la gran mayoría es delgada, en ocasión bajita. También nos encontramos con una serie de realidades muy distintas, pero que puede ser la imagen de los mexicanos.

En esa ocasión impugnamos de manera vehemente la designación de este embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y señalamos que había una serie de corrupciones y una serie de manejos que no legitimaban su designación como embajador.

Al transcurso de los meses, fue evidente que nos asistía la razón. Nos asistía la razón y este ilustre embajador se vio obligado a renunciar al cargo de embajador, e inclusive por disposiciones de

algunas autoridades, hubo sanciones especiales en contra de él.

Ahora, en estos momentos, esta Comisión Permanente conoce otra designación de otro ex secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En el caso del licenciado Jorge de la Vega Domínguez, también es evidente que no se trata de un diplomático de carrera; también es evidente que no es un hombre que esté o que haya estado involucrado en el manejo de la diplomacia de este país o de ningún país del mundo. En el dictamen se deja claramente cuál es la formación profesional del licenciado Jorge de la Vega Domínguez. Y aquí, aquí es a donde al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, le surgen inquietudes, preocupaciones bastante fundadas, en primer lugar porque esta embajada se va a ver involucrada en la firma de un Tratado de Libre Comercio que ya no es bilateral sino trilateral, en el cual se verá involucrado exactamente el país de Canadá, a donde se está designado como embajador a Jorge de la Vega Domínguez.

También en esta tribuna y en otros niveles de gobierno se ha especificado y se ha ratificado, inclusive, por el mismo Presidente de la República, que bajo ninguna circunstancia en este Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, se verán involucrados negociaciones o compromisos relacionados con el petróleo mexicano.

Y aquí es donde surge nuestra preocupación, porque extrañamente en este país y para esta razón de designa como embajador, por parte del Presidente de la República, al licenciado De la Vega Domínguez y nos preocupa que su formación profesional y más que nada su tesis, haya versado sobre un área importante de nuestra realidad económica, sobre el petróleo y sobre la situación financiera del petróleo.

¿Que se está escondiendo debajo de esta designación? Por un lado el gobierno afirma y reafirma que no se va a manejar en el Tratado de Libre Comercio, el petróleo, y por otro lado se designa a un funcionario que hace su tesis sobre el petróleo y sobre el manejo financiero del petróleo. Hay algo que el país debe conocer; hay algo que esta soberanía nacional debe de conocer.

Desafortunadamente, este país solamente conoce la realidad cuando la desgracia está sobre de ella.

Cuando la desgracia es vivida por la nación, es cuando el país entiende el manejo de la política; las cartas cubiertas que en un momento determinado se van llevando adelante.

La comisión hizo un análisis, según ella, de la personalidad, de los conocimientos del licenciado De La Vega Domínguez, y nos presentan del licenciado De la Vega Domínguez, un curriculum amplísimo, muy amplio del servicio que ha prestado más que la nación, al Partido Revolucionario Institucional.

Dentro de esta realidad también analizamos detalladamente cuáles eran las funciones que se había manejado desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista internacional y no encontramos ninguna. Ni siquiera se menciona en el curriculum que el licenciado De la Vega Domínguez, participó en algunas de las organizaciones internacionales, políticas y tampoco se específica que hubo relaciones e intercambios claros en la política con otros países, o diálogos, cuando menos, con ellos.

Por otro lado, es señalado que dentro de la realidad pública del licenciado De la Vega Domínguez, su formación política no nos lleva a vislumbrar que pueda ser un excelente embajador, ni mucho menos un excelente negociador, por lo que hace al posible Tratado de Libre Comercio que en su momento, de hecho, hay voluntad política se llevará a cabo con los gobiernos de Canadá y de Estados Unidos.

Lo que sí, reiteramos, nos preocupa es el porqué se le designa a él y el porqué a esta persona que en su momento en su carrera de economista y al concluirla presentó la tesis sobre la industria petrolera en México, los aspectos de su desarrollo y el problema financiero.

No deseamos, bajo ninguna circunstancia, que se vaya a prestar esta designación para desviar un compromiso que el mismo Partido Revolucionario Institucional y que, el pueblo de México tiene de que el petróleo bajo ninguna circunstancia sea materia de la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Por otro lado, si analizamos la carrera política del licenciado De la Vega Domínguez encontramos que él en su trayecto de servicio al Partido Revolucionario Institucional, mas que al pueblo de México, no ha dejado cuantas claras, no ha dejado respuestas precisas y mucho menos a su partido y en su momento le rindió las cuentas que le prometió en el momento político que se refería.

Sabemos y es evidente que cuando fue el responsable de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Compañía Nacional de Subsistencias Populares vivió situaciones críticas, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, distribuyó y

ni siquiera recuperó algo que en estos momentos está propiciando la quiebra y la liquidación de Compañía Nacional de Subsistencias Populares.

En la Secretaría de Comercio, pues no podemos decir que hizo un excelente papel porque desafortunadamente quien es secretario de Comercio siempre se enfrenta a una serie de problemas, presiones de carácter político y de otra índole, que indudablemente hacen ver mal al funcionario; pero también es cierto que hubo problemas en la Secretaría de Comercio, cuando estuvo el licenciado Jorge de la Vega Domínguez.

La comisión que emitió este dictamen encuentra que el licenciado De la Vega Domínguez, tiene una vocación y una voluntad de servicio hacia la República y hacia la nación e indudablemente hacia su partido. Creemos que mas que cumplir un compromiso con México, el licenciado De la Vega Domínguez va a cumplir un compromiso con su partido y no con el pueblo de México.

Esta es la realidad por la cual el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana rechaza y no acepta ratificar esta designación del Presidente de la República porque dentro de las filas del mismo Partido Revolucionario Institucional y fuera de ellas, hay cientos, miles de mexicanos que han terminado con excelencia la carrera de diplomacia y ni siquiera detentan un cargo de embajador, todos son cargos o de asilo político o de premiación política.

Esta realidad es lamentable dentro de nuestra política internacional, por eso desearíamos que en las designaciones que el Presidente de la República hace, más que el interés de carácter político o partidista, prevaleciera el interés de la nación, prevaleciera el interés de los mexicanos.

Por eso consideramos que el licenciado De la Vega Domínguez, no tiene ni cuenta con las virtudes y excelencias a que se refiere la comisión dictaminadora; si rectificamos el nombramiento que en estos momentos se somete a la consideración de esta soberanía, resultará que no estamos siendo congruentes con nuestra lucha política ni mucho menos con nuestro compromiso con la nación, hay otros mexicanos y hay otros priístas como Demetrio Sodi de la Tijera, que por ahí lo tienen congelado, que a lo mejor haría mejor papel que Jorge de la Vega Domínguez. Muchas gracias.

El Presidente:- Tiene la palabra en pro el señor Bulmaro Pacheco Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El senador Bulmaro Pacheco Moreno: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Tengo el honor y lo reconozco, porque para mí es un honor defender en esta tribuna el dictamen de la Segunda Comisión que somete a consideración de los miembros de la Comisión Permanente el nombramiento que el señor Presidente de la República ha hecho recaer en la persona de un distinguido mexicano, el licenciado Jorge de la Vega Domínguez, como embajador plenipotenciario y extraordinario de México ante Canadá.

Tengo el honor porque conozco de mucho tiempo al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, sé de su convicción ideológica, sé de su congruencia entre el decir y el hacer en la larga carrera del servicio público que lo caracteriza con puestos de mayor relevancia a partir de 1956, fundamentalmente, pero que de sus 59 años de edad, ha trabajado más de 42 al servicio de la nación, en todas las responsabilidades y en todos los cargos.

Reconozco en él y así lo reconoce mi partido, honorabilidad y capacidad, profesionalismo y vocación de servicio en todas las actividades que ha desempeñado, es Jorge de la Vega Domínguez un administrador público y político con larga carrera y vocación de servicio y que nos presenta en su personalidad una combinación del académico, el político, el hombre de acción y el administrador público y el ciudadano destacado en todas las actividades que ha desarrollado.

Congruente nacionalista y de convicción ideológica y lo digo porque yo sí he leído la tesis editada por la Universidad Nacional Autónoma de México en 1957, del licenciado De la Vega Domínguez relativa el petróleo, no sólo que se mencione que se refiere la tesis al petróleo y vamos a prejuiciar su contenido sino que tenemos que ver que el licenciado De la Vega Domínguez ya en 1957 establecía y destacaba el dominio de la nación sobre sus recursos y con sentido nacionalista se pronunciaba por una defensa radical del petróleo como recurso de la nación.

Aquí se ha hablado de generalidades en relación a la responsabilidad que el licenciado De la Vega recibir de aprobarse este dictamen, por ejemplo: Una de las cuestiones con las que no estamos de acuerdo y que la misma revisión de los datos biográficos del licenciado De la Vega desmiente por sí misma, es que no esté capacitado para desempeñar esa responsabilidad.

Si queremos nosotros cargos en el gobierno federal del sector central, está la Secretaría de la Presidencia y la Secretaría de Comercio alrededor de los cuarenta y cincuenta; la Secretaría de Comercio nuevamente, la Secretaría de la Presidencia nuevamente y luego la Secretaría de

Agricultura y Recursos Hidráulicos; si queremos cargos en el gobierno descentralizado, en los organismos descentralizados está Banco del Pequeño Comercio, Diesel Nacional, Compañía Nacional de Subsistencias Populares y otros cargos; si queremos cargos de elección popular, está el de diputado federal en la XLVI legislatura y está el de gobernador de su entidad en 1977, en donde se tuvo que venir a desempeñar el cargo de Secretario de Comercio.

Si queremos cargos académicos está el de director de la Escuela Superior de Economía en el Instituto Politécnico Nacional y una larga carrera de docente tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en el Instituto Politécnico Nacional; si queremos cargos priístas está entre los más importantes del director del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales en la campaña del ex Presidente Luis Echeverría hasta presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional que derivó en la elección de 1988.

Decir que se requiere un perfil único, exclusivo de diplomático para desempeñar un cargo de responsabilidad, sobre todo en relación con las relaciones de otros países, es negar por ejemplo, el valor que en un momento dado tuvo la personalidad de Hugo B. Margain, de Antonio Carrillo Flores, de Gonzalo Martínez Corbalá, de Emilio Portes Gil, de Augusto Gómez Villanueva, de Oteyza, de Rebasa, Petricioli, de Moya Palencia y de muchos otros distinguidos mexicanos que en su momento con su capacidad, su profesionalismo, su responsabilidad pero sobre todo su patriotismo han tenido para sumar esa responsabilidad, ese cargo y esa preparación al servicio de la nación.

Es decir, no es posible pues, pensar que para el servicio exterior nada más tengamos un patrimonio exclusivo de los diplomáticos o personalidades formadas única y exclusivamente en las escuelas de la diplomacia, sino tenemos que también hechar mano de conocedores de la realidad, de funcionarios y políticos mexicanos reconocidos por su probidad, por su capacidad, por su honorabilidad y, sobre todo, por su experiencia Y quien más que el licenciado De la Vega, que en estos momentos, cuando está iniciándose la plática para el Tratado Trilateral de Libre Comercio tiene todas las características necesarias para entender su misión, para aportar su experiencia y para desempeñar un buen papel al servicio de la nación.

Se ha dicho también, entre otras generalidades, que su formación política no nos lleva a vislumbrar que va a ser un buen negociador, cosa que está también fuera de duda, el manejo de la campaña Presidencial con recursos públicos, qué bueno que aclaró que no se trataba aquí, pero también yo creo que esas cosas tenemos que demostrarlas no nada más enunciarlas.

Otra situación relativa al por qué de su designación, es facultad presidencial nombrar a los ciudadanos que se estimen necesarios y con capacidades para cumplir los cargos de responsabilidad que señala la Constitución.

Por lo tanto, después de revisar el contenido del dictamen, de analizar minuciosamente el curriculum y la personalidad del licenciado Jorge De la Vega Domínguez, de señalar que es un mexicano distinguido, honorable y capaz, pido a mis compañeros de la Comisión Permanente, y así lo sentimos, se apruebe este dictamen para que el licenciado De la Vega Domínguez sea el próximo embajador de México en Canadá. Muchas gracias.

El Presidente:- Tiene la palabra para hablar en contra del senador de la República Roberto Robles Garnica, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El senador Roberto Robles Garnica: - Con el permiso de la Presidencia; ciudadanos legisladores: El nombramiento de Jorge de la Vega Domínguez que en su favor hizo el Ejecutivo como embajador de México en Canadá, es un nombramiento que ofende a los dos países, pues no es idóneo para tal misión.

No tiene experiencia en el quehacer diplomático y su vida pública está muy cuestionada.

Se equivocó la cancillería mexicana al solicitar el beneplácito del gobierno de Canadá para que aceptara al señor De la Vega. Y también erró la cancillería canadiense al otorgar la aceptación sabiendo que el candidato a embajador va precedido de mala fama política.

El gobierno de México pudo nombrara para embajador a un diplomático de carrera que representara a nuestro país con una hoja limpia de servicios. Mas si ya no quedare en la Secretaría de Relaciones Exteriores alguien digno para tal cargo, entonces bien pudieron escoger a un mexicano que aun cuando no tuviera experiencia en el servicio exterior, tuviera al menos cualidades personales respetables.

Las objeciones al nombramiento, se basan en el hecho del dominio público de que el pretendido embajador representa lo peor del sistema político: Es campeón del fraude electoral, es un símbolo de la simulación política, es un experto en atropellar

La voluntad popular, forma en las primeras filas de los autores más distinguidos de la antidemocracia, es el reverso de la legalidad electoral, es uno de los responsables del atraso político que México padece. ¿Cómo olvidar el 6 de julio de 1988, en la noche de aquel día de elecciones el sistema de cómputo de la Secretaría de Gobernación enmudeció ante la avalancha de votos oposicionistas, pero unas horas después, frente a la televisión y sin tener un sistema de cómputo mejor que el de Gobernación, el señor De la Vega declaró que su partido había obtenido un triunfo contundente, legal e inobjetable. El supuesto triunfo no fue ni lo uno ni lo otro, no fue legal ni menos inobjetable, mintió a sabiendas. Unas semanas más tarde, en un desayuno bajo el rubro de Unidad Revolucionaria dijo el señor De la Vega: "La oposición es inmoral y perversa y calumnia y miente", lenguaje del diplomático nato que lleva dentro.

Pues bien, tal señor no puede ser embajador a menos que se quiera degradar el cargo hasta el punto de que representar a México en el extranjero, más que un honor, a partir de ahora, sea una indignidad. Si el sistema político ya había premiado sus servicios con poder y riqueza ¿por qué tenían que agregar a su curriculum la embajada canadiense? El Ejecutivo mexicano y el gobierno del Canadá se equivocaron: el primero, por el destino del nombramiento; y el segundo, por llevar su condescendencia hasta extremos inaceptables en la práctica diplomática normal.

La fracción parlamentaria de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión vota en contra del dictamen que pretende ratificar el nombramiento del señor De la Vega porque raya en lo inaudito. Si el dictamen se aprobara, ¿cómo podría el señor De la Vega protestar: "Velar siempre por el bien y prosperidad de la Unión", si su trabajo político y administrativo siempre ha sido en sentido contrario?

En la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos logró aumentar la importación de productos básicos hasta niveles sin precedente. En el Programa Nacional de Alimentación y en el gobierno de Chiapas pasó sin pena ni gloria, pero en el campo político electoral sí que dejó recuerdos que son los que precisamente lo descalifican para ser embajador.

La Comisión Permanente para estar a la altura de su responsabilidad no debe ratificar el nombramiento del señor De la Vega Domínguez como embajador en Canadá; debe actuarse con respecto el mandato de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política, eso es, solamente debe ratificar los nombramientos que lo merezcan. El que ahora discutimos no lo merece. Muchas gracias.

El Presidente:- Tiene la palabra para hablar el diputado Humberto Roque Villanueva del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Humberto Roque Villanueva: - Con su venia señor Presidente; distinguida asamblea: hace muchos años siendo estudiante en la Universidad Nacional tuve el privilegio de asistir en una ocasión memorable a la despedida que le hacía un rector de la Universidad Nacional a quien en su momento era presidente de la República; el rector era Ignacio Chávez; el presidente, Adolfo López Mateos.

Recuerdo en aquella ocasión y quedó definitivamente grabado en mi memoria por el alto sentido del concepto moral, una expresión del rector Ignacio Chávez: "Qué difícil es hablar de una persona, qué difícil es inclinarse al lado del homenaje o al lado de la crítica destructiva. Y qué difícil no porque no sea paradójicamente fácil hacerlo, lo que es difícil es ser sereno y objetivo en el juicio, lo que es difícil no dejarse llevar, o por la amistad y la simpatía personales o por la pasión y amargura".

De ahí que yo recuerdo que Ignacio Chávez dijera: hablar de ciertas personas se convierte en la ingrata tarea de caminar casi sobre el filo de una navaja, porque de un lado está efectivamente la traición del afecto, el ditirambo, el elogio fácil, lo que nos pudiera hacer y representar el triunfo de la simpatía y de la amistad por encima del juicio sereno. Pero también del otro lado en ese filo de la navaja imaginario que describía Ignacio Chávez estaba la mezquindad en el juicio, estaba el regateo inmisericorde de las cualidades humanas que prácticamente todos los seres tenemos y que desde luego en gentes connotadas del mundo de la política suele ser una característica preponderante.

Yo no quisiera correr el riesgo de caminar permanentemente en ese filo de la navaja, prefiero, no porque desde caer de uno de los lados de la simpatía, prefiero acogerme simple y sencillamente a poder señalar algunas cosas que a mi juicio definitivamente no encajan en la objetividad con que se debe de razonar y presentar una postura frente a un nombramiento Presidencial.

En primer término, se nos señala que el licenciado De la Vega no tiene experiencia. Quiero entender que se refiere específicamente al término de la experiencia diplomática.

Yo no soy de los que creo y tal vez porque de alguna manera fui educado en aquellos tiempos de 1968 en que estaba de moda aquel libro de Marcuse: El hombre unidimensional. Yo no creo que las cualidades, al igual que los defectos, sean inherentes o concretables exclusivamente en una función. Yo creo que la facilidad de conciliación, la posibilidad de concentración, el buen trato, la habilidad para llegar a acuerdos, no solamente las ejerce el diplomático de carrera. Yo creo que el político, el ser humano, el hombre que se dedica a la actividad pública normalmente debe tener estas condiciones y ejercerlas en el mejor o en el más alto rango posible.

Yo estoy convencido porque coincido mi ingreso a la Confederación Nacional Campesina cuando el licenciado Jorge de la Vega era director de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que pocas gentes, pocos mexicanos tiene su habilidad de concertación.

Recuerdo, por simplemente señalar un hecho concreto, que en aquel entonces había una gran inconformidad en aquellos silos y bodegas que controlaba una de las filiales de Compañía Nacional de Subsistencias Populares llamado Bodegas Rurales Conasupo, la inconformidad de los campesinos porque no estaban de acuerdo en la forma en que se calificaba la calidad de su producto y, por lo tanto, en las liquidaciones que se hacía a sus cosechas.

Recuerdo que fue precisamente en aquel entonces, siendo Jorge de la Vega director de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, que se estableció el sistema de Cursos de Capacitación Campesina precisamente para que los hijos de campesinos se capacitaran en la propia calificación de las cosechas que entregaban sus padres, sus familiares.

Pero no solamente debería yo de referirme al ejemplo de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, evidentemente la Secretaría de Comercio en este país y muy en lo particular en el sexenio que le tocó figurar en esa responsabilidad al licenciado De la Vega, tuvo que llevar al extremo las cualidades de concertación.

No nos olvidemos que por alguna reforma administrativa en ese sexenio efectivamente la secretaría llamada en aquel entonces de comercio, tenía exclusivamente esas facultades. Acabamos de pasar por aquella etapa en que se llamaba Secretaría de Industria y Comercio y no faltó quien dijera, de buena o de mala fe, que estar en la Secretaría de Comercio implicaba un grave riesgo, porque le habían quitado la parte lucidora a la secretaría y ahora tenía que convertirse en una secretaría que tuviese que ver con esa parte tan delicada que era la concertación de los precios.

Y repito, yo no creo en las facultades exclusivamente concretas para una sola actividad. Yo estoy convencido de que en el período en que el licenciado De la Vega fue director de Compañía Nacional de Subsistencias Populares y secretario de Comercio, ejerció a plenitud no solamente sus funciones inherentes al cargo, sino sus cualidades humanas que tienen que ver con la negociación, con el diálogo, con la concertación, de tal suerte que yo considero que hay una amplia experiencia en Jorge de la Vega en la materia, que es la genérica del tema de la diplomacia.

Se dice y me preocupa que se diga así, un poquito dejando caer la expresión de "vida pública cuestionada". Yo no me siento Savonarola ni integrante de ninguna contraloría, para juzgar una expresión de este tipo, pero francamente me parece más una especie de trasunto de amargura que algo que tenga que ver con alguna situación de carácter efectivo.

Yo creo que la vida pública tiene en este país elementos muy concretos para efectivamente cuestionarse, y no exclusivamente una expresión verbal que pudiese haberse deslizado, repito, mas en aras de un sentimiento, comprensible o no que de un carácter objetivo en la observación.

Pero además, me parece que si hiciéramos un balance de los términos utilizados en la anterior intervención destaca definitivamente el asunto político, y se acude al término "mala fama política", y desde luego lo primero que se ocurre pensar es; evidentemente para el que pierde, el que gana siempre tiene una mala fama política, y desde luego señalar lo que tuvo que acontecer, lo que aconteció en el proceso electoral de 1988, y particularizarlo, personificarlo en la figura del licenciado Jorge de la Vega, me parece una evidente exageración, no solo porque el Partido Revolucionario Institucional está integrado por muchísimos cuadros, no solamente porque en esta Cámara, en este caso estamos en la permanente pero en la Cámara de Diputados que forma parte de esta permanente, se ha discutido hasta la saciedad en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y las afirmaciones que haya podido hacer el licenciado De la Vega sobre el triunfo legal e inobjetable, el del Presidente ahora, Carlos Salinas de Gortari, ha sido ratificado, les guste o no a muchos, por la mayoría de la Cámara de Diputados.

Estas cuestiones evidentemente, repito, en mi opinión no deben involucrarse en la figura y en la

personalidad del licenciado Jorge de la Vega Domínguez; en todo caso es una crítica, es una observación que hacemos extensiva y desde luego no aceptándola, pero la hacemos extensiva a cualquier miembro del Partido Revolucionario Institucional.

Por lo que se refiere a su paso por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a las importaciones, efectivamente no hay que desconocer, y aquí en esta tribuna se ha mencionado por distintos diputados y senadores de distintas fracciones parlamentarias, el grave problema agrícola, y por lo mismo, creo que tampoco en este caso debemos de llevar a la exageración la personificación de los problemas. Hemos dicho que lamentablemente el retroceso en el producto agrícola o su estancamiento o su oscilación a veces en crecimiento y decrecimiento, nace de 1966; son pues ya muchos años en los que este país ha tenido que afrontar una crisis agrícola difícil; son muchas las fórmulas que se han ensayado. Al propio licenciado De la Vega le tocó en el año en que ocupó la responsabilidad de secretario de agricultura, ofertar algunas ideas y planes de trabajo, pero definitivamente achacarle a su gestión el que se hayan aumentado las importaciones, repito, lo menos indica una grave falta de objetividad.

Pero no quisiera yo extender más estos comentarios, porque quiero reiterar aquella expresión que escuché en aquella noche a Ignacio Chávez debería de normar muchas veces el criterio con el que juzgamos a las personas.

Únicamente le solicitaría yo a esta Comisión Permanente, que así como debo solicitar la ratificación de este punto de acuerdo de la Segunda Comisión, me permita a la manera de una licencia amistosa a pesar de la promesa de no caer en ello, señalar que como egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional y como miembro del Partido Revolucionario Institucional me siento muy orgulloso de conocer a Jorge de la Vega. (Aplausos.)

El Presidente:- Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Solicité el uso de la palabra en este dictamen a discusión relativo a la designación del licenciado Jorge de la Vega Domínguez, como embajador de México ante el gobierno de Canadá, para razonar el voto del Partido Popular Socialista.

Considerando que el licenciado de la Vega Domínguez, si esta comisión así lo acuerda, irá como embajador ante un gobierno con el que se han iniciado contactos para junto con el de los Estados Unidos de América, llegar a un acuerdo trilateral de libre comercio. Es decir. la designación del licenciado De la Vega Domínguez, se dará en un momento crucial para el porvenir inmediato y futuro de México. En el campo de las relaciones económicas, en la vida política y social de nuestro país. Utilizo intencionalmente el término de crucial, porque efectivamente estamos viviendo momentos muy difíciles.

A raíz de la aplicación de un esquema neoliberal en la vida general de México que ha convertido a nuestro país en más dependiente respecto del mercado norteamericano, con una peligrosa penetración de capitales extranjeros que se han apoderado de empresas que en un tiempo no lejano fueron nacionalizadas y puestas al servicio de nuestra patria.

Desde el punto de vista político, esta designación se da cuando se inicia un proceso visible en la vida política del país, al invocar como base y sustento de las instituciones políticas nacionales a la llamada sociedad civil, que no es sino el regreso a la fase de liberalismo y del individualismo que con grandes sacrificios y con una profunda revolución social, había superado el pueblo mexicano en las primeras décadas de este siglo.

El proyecto neoliberal ha empobrecido como nunca a las masas rurales y urbanas que viven de su trabajo. Y ha provocado miseria y hambre en amplios sectores de nuestro pueblo. Y esto lo sabe el licenciado De la Vega Domínguez. Estos hechos, graves de por si, en la vida económica, política y social de México, se pueden agravar más, si no advertimos a tiempo las consecuencias negativas de un Tratado de Libre Comercio, con países que tiene un desarrollo industrial mayor que el nuestro y mayor poder económico.

El licenciado De la Vega Domínguez, ha desempeñado puestos importantes dentro del gobierno nacional y sabe que la economía mexicana se ha abierto mucho frente a otros países y que sería lamentable que esta misma actitud se asumiera frente a Canadá. Ya de por si son graves los riesgos que corremos en este momento de indiscriminada apertura, podemos decir, de apertura irresponsable, frente a la cerrazón de aquéllos a quienes queremos convertir en nuestros socios.

También los últimos dos gobiernos han dado pasos que históricamente representan un retroceso histórico con la venta de empresas estatales y el proceso de reprivatización, tocando empresas

fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Precisamente una aplicación norteamericana que aparece hace algunos días, califica al gobierno mexicano como líder mundial, escúchese bien como líder mundial en el arte y la ciencia de las privatizaciones que se requieren para cumplir con el Tratado de Libre Comercio, calificativo que dice hasta dónde han llegado nuestros gobernantes en el afán de entregar las riquezas de nuestro país.

Ya tenemos dos campeonatos mundiales que seguramente nadie nos envidia. Uno de ellos es el de haber establecido en México los salarios más bajos del mundo, por debajo de países vecinos de América Latina. Y ahora este campeonato reciente de las privatizaciones que por venir de fuera, representa una pesada carga histórica para quienes han aplicado esta política contraria a los intereses del pueblo y de la nación.

Señoras y señores legisladores: Hay muchas interrogantes que se podrían plantear al licenciado Jorge de la Vega Domínguez, si esta Comisión Permanente ratifica su designación como embajador del gobierno mexicano ante el de Canadá, país al que evidentemente le conviene una mayor apertura de la economía mexicana y voy a plantear públicamente algunas: ¿qué consecuencias en materia económica traerá una indiscriminada apertura frente a la economía canadiense? ¿Cómo repercutirá para la pequeña y mediana industria el tratado que pudiera establecerse con Canadá? ¿Cuáles serán las consecuencias para los campesinos mexicanos si además de los productos agrícolas que hoy penetran al mercado mexicano se agregan los que masivamente puedan venir del Canadá?

Es necesario, por otra parte, hacer el intento aunque sea breve, de una comparación de las economías de México y Canadá para apreciar que se trata de una relación profundamente desigual.

La economía de México es 64% menor que la de Canadá; el producto interno bruto de Canadá, es mayor en más de dos veces respecto del de México. En cuanto al ingreso percápita, el de los Canadienses es superior 10 veces en relación con el de los mexicanos; las exportaciones del Canadá son superiores en más del 80% a las de México.

Son obvias las desventajas que para nuestro país traería un Tratado de Libre Comercio, por las notorias desigualdades de nuestras economías.

Los efectos negativos para nuestra economía han sido ya señalados; pero no estaría por demás reiterar algunos de ellos:

Aumento de importaciones, cierre de empresas, crecimiento del desempleo, fuga de capitales, aumento en la dependencia alimentaria, pérdida de la independencia económica y pérdida de la soberanía nacional.

Si esta Comisión Permanente aprueba la designación del licenciado Jorge de la Vega Domínguez como embajador en Canadá, nos parece que tendrá una importante responsabilidad porque con el Tratado de Libre Comercio, como lo hemos dicho, está en juego la independencia y la soberanía de la nación. Por tanto, defender y fortalecer la independencia económica de nuestra patria, preservar y afirmar su soberanía enmedio de un nuevo reparto mundial de mercados, serán objetivos que deberán tener siempre en cuanta en esta tarea que se le encomienda.

Por estas consideraciones el Partido Popular Socialista dará su voto en favor del dictamen que aprueba la designación del licenciado De la Vega Domínguez como embajador de México en Canadá. Muchas gracias.

El Presidente:- Consulte la secretaría a la asamblea.

El diputado José Jaime Enríquez Félix (desde su curul):- Para hechos...

El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado.

El diputado José Jaime Enríquez Félix: -Los que hemos tenido la suerte de nacer en una ciudad con fuerte arraigo colonial como Zacatecas, recordamos día a día las leyendas que son parte e historia, parte cuento y parte fantasía.

Esta mañana nuestros compañeros priístas en la defensa de lo indefendible han hecho una glosa, casi una leyenda, intercalando verdades y mentiras, en espera quizás de un recompensa; aunque el sistema político mexicano recompensa a sus mejores hombres pero también a los pobres, también recompensa a los peores, hoy es un caso.

Aquí se habló de una anécdota de los universitarios, donde se habla del alto sentido de lo moral, ese ejemplo, esa anécdota no nos sirve, de no haberse citado una donde se hable de alto sentido de lo inmoral, ése es el caso; mezclar y traer ese debate al maestro Chávez, un universitario de tiempo completo, un hombre en el cual no se pueden apoyar los que quieran dar ejemplo de ética y de moral a la nación, es absurdo, nos parece que hay muchos ejemplos que el Partido Revolucionario Institucional tiene, debieron de haberse apoyado en ejemplos como los de Gonzalo N. Santos, ahí cabía en ejemplos de otros defraudadores, pero tocar a lo académico, tocar a lo

universitario para defender lo indefendible, son actos absurdos, son acciones ruines.

El licenciado De la Vega Domínguez, está presente en la historia de México en dos etapas muy significativas, en 1968 y en 1988, en ambos le tocó jugar un papel protagónico, en 1968 cuando los jóvenes mexicanos con su mejor causa, con su principio, con la ética que da la juventud luchaba por sus ideas, luchaban por un México diferente, luchaban contra un gobierno cerrado y opresor, ahí estuvo presente De la Vega Domínguez como negociador, según él, como concertador, según los hombres que lo apoyan, no, ahí estuvo como manipulador, como manipulador de una juventud limpia, de una juventud que buscaba para ese México el cambio social y el cambio político, es ahí su primer medalla que habría que recordar. La segunda, quizá más grande, quizá con más honores es en 1988 para los mexicanos, 1988 representa un parteaguas de la vida política, representa el síntoma y la expresión de un México rural, él estuvo nuevamente presente en este año, estuvo no como aquí lo dijera el doctor Garnica, para asegurar que tenía mala fama pública, fue generoso con la frase, estuvo como defraudador electoral, ésa es la expresión correcta a su actuación.

Habría también que recordar que como secretario de Estado, como responsable del campo mexicano, logró el empobrecimiento planeado para los campesinos, logró que este país llegara a importar casi 5 mil millones de dólares en granos, eso lo logró De la Vega Domínguez, hablar de ahora de que las circunstancias, hablar ahora de que las condiciones son adversas es absurdo, él actúa en un proyecto de empobrecimiento planeado, su pago, así como hombre y los sistemas perdonan y sancionan a los hombres, en este caso su pago fue el cese.

Para todos nosotros fue claro que su expresión y su comportamiento incapaz ante esa secretaría fue de todos conocidos, sin embargo hoy el sistema generoso le perdona y le perdona para ir a Canadá como embajador Sí el ha traicionado al pueblo de México en 1988, si él ha traicionado al pueblo de México en 1968, si él traicionó a los campesinos, ¿qué hará ahora en Canadá como personaje significativo y protagónico en el Tratado de Libre Comercio? No hará más que lo que siempre ha hecho, estar del lado de los poderosos, estar del lado de los gobiernos y no del lado de los pueblos.

Bajo esa condición nos parece que es imprudente que la historia marcará este momento como un momento más de las equivocaciones del sistema político mexicano, creemos que De la Vega, según la glosa que aquí hemos escuchado, ya hace 13 años que debió de haber sido jubilado, tenía 43 años de servicio público, aquí se expresó, ya está cansado, compañeros, de defraudar, ya esta cansado de hacer trabajo sucio, por esa razón el Partido de la Revolución Democrática se opone a ratificar esta designación, que no es más que un esquema de pago adecuado e inadecuado a uno de los hombres que defendió la caída del propio sistema, pero los sistemas cuando se derrumban, compañeros, tienen su tendencia, no ha habido imperio ni sistema que en su derrumbe se detenga, en el caso de México, 1988, marcó la línea el camino del actual gobierno y sus hombres. Muchas gracias.

El Presidente:- Tiene la palabra para alusiones personales el diputado Humberto Roque Villanueva, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Humberto Roque Villanueva: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: no es mi deseo prolongar ya más este debate y únicamente hago uso de la tribuna por un término que me pareció muy exagerado de parte del orador que me antecedió, no quiero reiterar los argumentos que, siento yo de alguna manera, han sido ya explícitos, pero si quiero sostener categórica y definitivamente que sigo siendo, considerando válida la anécdota a la que hice referencia, no acepto el término de ruindad el haber citado a Ignacio Chávez, con la que si me ligan o me ligaron en su momento lazos mucho más efectivos que los que me pudieran ligar en este momento con el licenciado De la Vega, no hay premio, no hay recompensa ni en uno ni en otro caso, haya dignidad en ambos.

Y eso si quiero que quede plenamente clara en la conciencia de mis compañeros por el respeto que les tengo. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente:- Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:- En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.

Los que están por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.

En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los que están por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado Comuníquese al Ejecutivo.

El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el licenciado Jorge de la Vega Domínguez, cuyo nombramiento como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá acaba de ser aprobado por esta asamblea.

Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes senador Humberto Lugo Gil, diputado Dionisio Pérez Jácome, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Humberto Roque Villanueva.

(La comisión cumple con su cometido.)

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente:- Ciudadano licenciado Jorge de la Vega Domínguez: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante el gobierno de Canadá, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

El licenciado Jorge de la Vega Domínguez:- Sí, protesto.

El Presidente: - Si no lo hicieres así, la nación os lo demande.(Aplausos.)

Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor embajador, cuando desee retirarse.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

« Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: En escrito fechado el 25 de septiembre del año en curso, el ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, solicita el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente el día 27 de diciembre, se turnó a la comisión que suscribe, para su estudio y dictamen, el expediente relativo a esta solicitud.

CONSIDERANDO

a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el propio solicitante prestara al gobierno de Francia, serán de carácter estrictamente consular;

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Pablo Juan Honorato Jacques y Blanca, para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Francia en Querétaro, Querétaro.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 28 de diciembre de 1990.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»

Trámite: -Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

« Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: En oficios fechados el 14 de diciembre de 1990, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicitan el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos, Rosalba Fabiola Nájera Escalona y José Antonio Sánchez Rodríguez, puedan prestar servicios como secretaria y mensajero, en la Embajada del Uruguay, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 23 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas de su acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Uruguay, en México, serán de carácter administrativo;

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Rosalba Fabiola Nájera Escalona, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Uruguay, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano José Antonio Sánchez Rodríguez, para prestar servicios como mensajero, en la Embajada de Uruguay, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»

Trámite: -Segunda lectura.

El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general...No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

« Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: En escritos fechados el día 22 de octubre de 1990, los ciudadanos Jorge Alberto Gutiérrez Figueroa y Mario Alfonso Sánchez Urrutia, solicitan el permiso constitucional necesario para prestar servicios como asistente administrativo y especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en los consulados generales de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán, respectivamente.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de sus actas de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en los consulados generales de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Mérida, Yucatán, serán como asistente administrativo y especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, respectivamente;

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado b del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, la comisión que suscribe, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Jorge Alberto Gutiérrez Figueroa, para prestar servicios como asistente administrativo en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Artículo segundo. Se concede permiso al ciudadano Mario Alfonso Sánchez Urrutia, para prestar servicios como especialista agrícola en el Departamento de Agricultura, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Mérida, Yucatán.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México,

Distrito Federal, a 18 de enero de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»

Trámite: -Segunda lectura.

El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general...No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.

En virtud de que no se ha reservado artículo alguno para discutirlo en lo particular, se reserva para su votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:

« Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: En oficio fechado el día 3 de enero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Filiberto Montesinos Piña, pueda prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 16 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que el interesado prestará en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco, serán como chofer;

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado b del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Filiberto Montesinos Piña, para prestar servicios como chofer en el Consulado de los Estados Unidos de América, en Guadalajara, Jalisco.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 18 de enero de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»

Trámite: -Segunda lectura.

El Presidente: - Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de éste y los anteriormente reservados en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: -Señor Presidente: se emitieron por los primeros dos últimos dictámenes 28 votos en favor y por los dos últimos 27 votos en pro y un voto en contra.

El Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los proyectos de decreto.

El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: -Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PROPOSICIONES

UNIDAD HABITACIONAL TLATELOLCO

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una proposición sobre la reconstrucción de la unidad habitacional de Tlatelolco.

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es innegable que en esta ciudad de México vivimos diariamente justicias e injusticias, que en esta ciudad de México se han ido perdiendo paulatinamente los sentimientos de humanidad, de respeto y de protección a los derechos de los ciudadanos.

El día de hoy están aquí en este recinto del Congreso de la Unión, compañeros vecinos de la unidad habitacional Nonoalco - Tlatelolco con el único fin de exigir justicia, de exigir que se cumplan los compromisos establecidos por el gobierno de la República a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Son vecinos del edificio Atizapán, Torre 21, que cuenta con 82 departamentos y que se encuentra ubicado en las calles de Lázaro Cárdenas, esquina con Manuel González, allí hay un edificio que en sus ventanas, a lo largo y a lo ancho, están demandando justicia, justicia para proteger su patrimonio familiar, justicia para dar vivienda digna y decorosa a sus hijos.

Desafortunadamente este reclamo de justicia tuvo que hacerse público, transitar el pasado domingo por las calles aledañas al conjunto habitacional Tlatelolco, en la cual los vecinos de esta unidad habitacional y concretamente de este edificio demandaban el cumplimiento de los compromisos que ha establecido desde hace años la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Como todos sabemos, en 1985 la ciudad de México sufrió un gran deterioro, muchos edificios de esta ciudad se derrumbaron, otros quedaron lamentablemente dañados y muchas familias, desgraciadamente perdieron la vida en este lamentable sismo de 1985.

Allí en el conjunto habitacional Tlatelolco, el edificio Nuevo León fue testigo de los errores de carácter técnico, de la falta de oportunidad en el cumplimiento de las responsabilidades y motivó que ese edificio viera sepultados a decenas de tlatelolcas en este sismo de 1985.

Ante esa realidad, el gobierno del Distrito Federal y en estos momentos el gobierno federal a través del entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís, y el subsecretario de la vivienda, Gabino Fraga, se establecieron compromisos claros, precisos, respecto de la forma en que se reestructuraran.

Para este fin se estableció un programa, un programa bien claro, bien definido y en el que se involucraban la reconstrucción y reparación de todos los edificios; los edificios que no eran susceptibles de reparar o de reconstruir fueron demolidos. Allí, en esa zona, donde quedaron demolidos esos edificios, actualmente se levantan algunos jardines y algunas otras áreas comunes en beneficio de la comunidad de Tlatelolco.

Pero han quedado edificios sin concluir su reconstrucción, han quedado edificios como el edificio Presidente Juárez que desde 1985 y hasta la fecha no ha sido totalmente reconstruido, están varios edificios más que en estos momentos no se me viene a la mente, entre ellos se encuentra el edificio Atizapán, el edificio Atizapán que el día de hoy asistió a esta sesión de la Comisión Permanente representado por su presidente la señora Edna Velázquez H. y por su secretaria la señora Aldir González M.

Ellos han transitado por este país y por esta ciudad de México reclamando justicia, reclamando que no se les afecte su patrimonio familiar, y que por errores de carácter técnico y por un manejo, consideramos inadecuado del presupuesto, ahora resulta con que las condiciones económicas son las que no permiten la reconstrucción de este edificio. La realidad es que tenemos documentos aquí, mediante los cuales se aprueba claramente que este edificio podía haber sido reconstruido sin necesidad de haber solicitado que sus ocupantes se movieran de sus departamentos; se establecieron compromisos posteriormente, para que ellos fueran reubicados en hoteles o en otro tipo de edificios y nada se hizo, todo se quedó en palabras y en promesas y los vecinos del edificio Atizapán continúan esperando que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, cumplan con los compromisos que tiene establecidos.

No se puede decir que no hay dinero para la reconstrucción de este edificio ni para la de los edificios que componen el conjunto habitacional Tlatelolco, y no se puede decir, porque todos los que somos residentes de esta unidad habitacional, desde que adquirimos los departamentos y hasta la fecha, estamos pagando un seguro contra daños. Ese seguro contra daños nos garantiza a todos los habitantes de Tlatelolco, la posibilidad de reconstruir los edificios en caso de un sismo.

Los seguros se cobraron, hubo el dinero necesario para la reconstrucción, y hasta la fecha los compañeros vecinos de edificio Atizapán siguen esperando que se cumpla un compromiso contraido en 1986.

Por ello, creemos que el reclamo de justicia, el reclamo de cumplimiento, la exigencia que ellos, a través de los cristales de sus departamentos están

reclamado, no sólo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología sino inclusive al mismo Presidente de la República le están solicitando justicia, debe hacerse realidad.

Nosotros, los legisladores, concretamente los diputados, somos representantes del pueblo, somos gestores de la comunidad para tratar de que los problemas de ésta sean resultados en la medida más adecuada, de manera tal que no se afecten ni su patrimonio ni sus intereses.

En la actualidad se están manejando intereses muy claros, que definitivamente no van en torno a la protección del patrimonio familiar de los vecinos del edificio Atizapán. Hace unos meses, hace más o menos dos años, a todos se les pedía que desocuparan su departamento y que al efecto iban a ser indemnizados con tres millones de pesos. Han transcurrido los años del sismo de 1985 a la fecha, ya van casi cuatro o cinco años de ese sismo, y a estas alturas ese precio que hace cinco años se les ofrecía a los vecinos de este tipo de edificios comprárselos en tres millones de pesos, en la actualidad se les ofrece por su departamento la cantidad de 90 millones de pesos. Esto es, su patrimonio ha ido creciendo.

Esto es, su patrimonio ha ido creciendo, se ha revaluado su departamento; el compromiso sigue vigente; la Secretaría de Desarrollo y Ecología tiene que cumplir ese compromiso de reconstruir los departamentos en los términos que ella misma convino; no existen excusas, no existen pretextos, el gobierno de la República a través del Presidente Miguel de la Madrid, se comprometió en llevar adelante la reconstrucción de este conjunto habitacional.

Sabemos y tenemos responsabilidad con los vecinos de Tlatelolco, por ello respondemos a este reclamo y a este compromiso que algunos representantes populares hicimos con ellos, de llevar su caso ante esta soberanía nacional y concretamente ante la Comisión de Asentamientos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para que estos organismos, estas comisiones de la Cámara de Diputados, intervengan en el ámbito de su competencia, a fin de que se encuentre una solución práctica y viable para garantizar el patrimonio y la vivienda de estos compañeros del edificio Atizapán de Tlatelolco.

Por ello, porque como representantes populares, como miembros de partidos políticos, tenemos la obligación de garantizar a nuestros simpatizantes y a nuestros militantes la seguridad de su familia y de su patrimonio, el día de hoy hemos llegado a una concertación de las que en pocas ocasiones se ven en esta Cámara de Diputados. Una concertación en las que se ven involucrados todos los partidos políticos que forman esta LIV Legislatura. En esta LIV Legislatura hay sentido de responsabilidad, compañeros tlatelolcas; en esta LIV Legislatura, no obstante lo que se pueda opinar fuera de este recinto, hay corresponsabilidad con todos ustedes que votaron por el Partido Acción Nacional, por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por todos los partidos políticos en este conjunto habitacional.

Por ello, se ha suscrito el día de hoy un punto de acuerdo que voy a dar lectura a efecto de que se dé turno a las comisiones que corresponde y dice lo siguiente:

«De conformidad en lo dispuesto por el artículo 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, el siguiente

PUNTO DE DECRETO

Único. Que las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, soliciten toda información necesaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y del Departamento del Distrito Federal, a fin de que se ratifique que el edificio Atizapán, se encuentra en las condiciones habitables conforme el dictamen que se practicó el 31 de marzo de 1986, en el cual se señala que las reparaciones que requiere el inmueble antes citado, no necesita el desalojo de los ocupantes.

Asimismo, conocer las razones por las cuáles no se ha concluido el programa de reconstrucción que se ordeno por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de mayo de 1986.

De igual forma, que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología informe el porqué no se han efectuado las reparaciones que desde hace años se debieron practicar al edificio Atizapán de la unidad habitacional Nonoalco - Tlatelolco.

Sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a 20 de febrero de 1991. - Suscriben este acuerdo, los representantes de las fracciones parlamentarias del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Oscar Mauro Ramírez Ayala; del Partido de la Revolución Democrática, diputado José Jaime Enríquez; Félix del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional,

diputado Roberto Jaramillo Flores; del Partido Acción Nacional, diputado Eugenio Ortíz Walls, del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras y del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado Pedro Alberto Salazar Muciño.»

Hay unanimidad de esta Cámara, para ayudar a los compañeros tlatelolcas. Muchas gracias. (Aplausos.)

Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios

El Presidente: -Túrnese a la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas y de Información, Gestoría y Quejas, para los efectos que procedan.

Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario...

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala (desde el pasillo del salón): -Ya no, queda fuera.

El Presidente: -¿Ya no? ¿Fuera? Perdón.

SOBRE EL CONFLICTO DEL GOLFO PÉRSICO

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hablar respecto a la situación en el Golfo Pérsico.

El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Señor Presidente; honorable asamblea: Ha transcurrido más de un mes desde que el gobierno de los Estados Unidos y sus aliados decidieron iniciar las hostilidades bélicas en el Golfo Pérsico.

Nunca en la historia de las guerras se había dado un bombardeo tan intenso como el que ha sufrido Irak en varios de sus principales centros urbanos.

Ante los problemas de recesión económica que sufren los Estados Unidos de América, el gobierno de Bush no vaciló en iniciar una aventura que hoy sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo termine.

Desde que se inició la guerra contra Irak, la humanidad ha vivido un período de incertidumbre, no sólo desde el punto de vista económico, por los efectos que la guerra trae consigo, sino que persiste el peligro de que el conflicto del Medio Oriente sea la chispa que incendie al mundo y en una tercera conflagración mundial, desaparezca la humanidad de la faz de la Tierra.

Cientos y miles de vidas han sido cegadas en esta loca aventura del imperialismo norteamericano, cuyos voceros no han ocultado su verdadero propósito al pretender un nuevo reparto del mundo; una distribución de las fuentes energéticas y una distribución nueva también de los mercados bajo el dominio y la hegemonía de los monopolios norteamericanos.

Casi ha desaparecido el pretexto inicial invocado por el gobierno de Bush, de liberar a Kuwait, y todo el poderío militar de los yankis se ha volcado para destruir Bagdad, ciudad milenaria de una riqueza cultural extraordinaria que tampoco interesa al gobierno asesino de los Estados Unidos de América.

Ni vidas ni obras milenarias de la humanidad son respetadas por la ambición de quienes cínicamente invocan autoridad moral para erigirse en los dirigentes de todos los pueblos de la Tierra.

Sin embargo, a pesar de la locura guerrerista del gobierno norteamericano, a pesar de la irresponsabilidad del Consejo de Seguridad y a pesar de la debilidad con que la Organización de las Naciones Unidas enfrentó el problema del Medio Oriente, la humanidad en diversas partes del mundo se ha movilizado con gran energía mediante acciones concretas para impedir que continúe la guerra de rapiña que han iniciado y sostienen los norteamericanos.

Diversos pronunciamientos en lugares distantes de la tierra han exigido el cese de las hostilidades; han planteado el alto al fuego y el regreso a la mesa de negociaciones para darle al problema del Oriente Medio una solución por la vía política y no por la de las armas.

Esta Comisión Permanente en distintas oportunidades se ha pronunciado porque la Organización de las Naciones Unidas, mediante su asamblea general, tome en sus manos el examen y la solución de este grave conflicto que pone en riesgo la paz mundial.

Se han dado múltiples esfuerzos para llevar la paz al Oriente Medio; una iniciativa en tal sentido surgió del propio gobierno iraquí, pero fue inmediatamente rechazada por el gobierno norteamericano y sus aliados. Y apenas el día de ayer el mundo entero conoció la iniciativa o el plan de paz promovido por la Unión Soviética que en muchas ocasiones ha reiterado su posición, en el sentido de que las resoluciones del Consejo de Seguridad no contemplaron la destrucción de Irak.

La iniciativa de paz promovida por la Unión Soviética constituye en este momento una

iniciativa viable para detener la agresión contra Irak, a pesar de la negativa inmediata de los norteamericanos, los cuatro puntos que contienen responden en particular a los intereses de toda la región del Medio Oriente, y en general a los intereses de la humanidad.

El retiro de las tropas iraquíes en Kuwait, el respeto a las fronteras y la estructura política de Irak, el bloqueo de toda medida punitiva contra Bagdad o contra Saddam Hussein, y el tratamiento de problemas regionales, incluyendo el problema palestino, son los cuatro puntos que contiene la proposición soviética y que ha recibido el respaldo de diferentes gobiernos, pueblos, organizaciones y personalidades del mundo.

El Partido Popular Socialista saluda desde esta tribuna de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México, la iniciativa soviética de paz y une su esfuerzo para que esta iniciativa prospere, se pare en seco la agresión norteamericana contra Irak, se retiren las fuerzas aliadas de la región de Oriente Medio y se deje a los pueblos árabes decidir su propio destino.

Al mismo tiempo, el Partido Popular Socialista llama a otras fuerzas democráticas y revolucionarias para que se mantenga la lucha orientada a lograr una solución pacífica en aquella conflictiva región. Muchas gracias.

SOBRE EL CONGRESO DEL TRABAJO

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el Congreso del Trabajo.

El diputado Noé Aguilar Tinajero: -Señor Presidente; honorable asamblea: Al margen de una clase trabajadora fuertemente golpeada por la crisis, el Congreso del Trabajo festeja sus bodas de plata, fiesta, algarabía y pronunciamientos entusiastas y populistas adornaron el cumpleaños.

Formado por sindicatos oficiales cuyos objetivos son apoyar a los regímenes sexenales y al Partido Revolucionario Institucional, olvidando por completo que la razón de su creación el 19 de febrero de 1966, fue la defensa de los derechos e intereses del proletariado mexicano.

Cabe recordar que en 1956, con motivo del ciclón que azotó a Tampico y para apoyar a los damnificados, se creó el bloque de unidad obrera, integrado por la Confederación de Trabajadores de México y otras organizaciones sindicales, que 10 años después aumentó de 26 a 34, aparato de control político sobre la masa de los trabajadores, eso es el Congreso del Trabajo.

Desde su fundación los presidentes de este país han dirigido elogios a los líderes del Congreso del Trabajo y por supuesto, han recibido apoyo a su administración, apoyo que se traduce en represiones al trabajador, unas físicas y otras económicas, porque aquí valdría la pena preguntar: ¿de qué manera el sindicato defendió los derechos y la dignidad de los trabajadores de la Cervecería Modelo, de la Llantera Tornel y de la Planta Ford?, ¿sindicalismo independiente en México?, por supuesto que no existe, y no existe no porque los trabajadores no lo deseen, sino porque cualquier movimiento democrático que el proletariado quiera hacer, es sofocado inmediatamente con gatilleros a sueldo, con matones y gorilas que lo mismo les da asesinar que robarse una urna electoral, violaciones a los derechos humanos a diario, los guaruras, muchos de ellos exjudiciales, llegan al extremo de implantar el terror entre los trabajadores obligándolos a callar, a ser sumisos y aceptar las decisiones de sus "representantes" Sus líderes se perpetúan en el poder, no hay democracia interna y no se defienden los derechos del trabajador, ése es el tipo de sindicalismo que tenemos en México, seguramente muchos se sienten orgullosos de ello, pero seguramente no serán los trabajadores, el monopolio político sabe que no podrá subsistir si en México existieran sindicatos auténticos.

El Congreso del Trabajo arriba a sus 25 años formales estrenando dirigente, que en esta ocasión extrañamente no proviene de la Confederación de Trabajadores de México y curiosamente el Presidente de este país le toma la protesta en Los Pinos y no en las oficinas del propio congreso. Rafael de Jesús Lozano Contreras, se muestra ante el señor tal y como es, se ganó el puesto gracias a su labor en la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, aunque la burocracia nacional tenga mucho que reclamarle.

Esa expresión corporativa dictatorial, antidemocrática, centrada en la represión y control de los trabajadores con propósitos de subordinación y sumisión política, en México se llama sindicato.

Las centrales se disputan las áreas nuevas o no controladas y no es precisamente para velar por los intereses de los trabajadores sino para extender su ámbito de enriquecimiento y de dominio, con miras a negociaciones futuras de sus liderazgos generando corrupción, haciendo rígidas, tensas e infructuosas las relaciones laborales.

En México, el empleado se encuentra no ante una real y verdadera representación, sino ante un

centro de presión y de chantaje al que muchos se alían, algunas veces por temor, pero es cierto que también en otras muchas veces también lo hacen por la falta de escrúpulos, tratando de obtener las mayores utilidades sin molestias laborales.

El sindicalismo en México no es tal, porque se reduce a un sistema de control corporativo que genera corrupción entre los líderes; humillación y denigración política y económica entre los trabajadores y desconfianza en el inversionista, en el empleador, por lo tanto desincentiva la inversión nacional y extranjera, ¿es esto lo que festeja el Congreso del Trabajo en sus 25 años?

En medio de todo esto, también se dan hechos inusitados como las declaraciones recientes del líder de los telefonistas, señor Francisco Hernández Juárez, en el sentido de que los grandes líderes del Congreso del Trabajo, los que se dicen defensores de la clase trabajadora, disfrutan entre otras comodidades de grandes propiedades en México, la Unión Americana y en algunos casos en Europa, fortunas que seguramente no fueron producto del sudor de su frente, sino del sudor y del esfuerzo de los trabajadores que dicen representar, valdría la pena que la Secretaría de Hacienda investigara hasta sus últimas consecuencias las declaraciones de Hernández Juárez, porque de resultar cierto muchos de los magnates cumpleañeros del Congreso del Trabajo, tendrían que justificar el origen de su fortuna y por consecuencia el pago de los impuestos respectivos.

De esta forma se le presenta a las autoridades fiscales la oportunidad de demostrar que la fiscalización no es cacería de brujas, sino una política que se aplica sin distinciones. El trabajador mexicano reclama sindicatos auténticos para lograr mejores condiciones de vida, para poder asegurar el ejercicio de sus derechos políticos.

Acción Nacional ha sostenido desde 1939 que el Estado y la comunidad entera deben garantizar el libre ejercicio del trabajo y hacer fecundo el cumplimiento de esa obligación, además creemos que la cúpula de sindicatos debe ejercer su independencia frente al Ejecutivo, debe pelear por los derechos de sus agremiados ante la Secretaría del Trabajo, cuyo titular tienen el cargo más de ocho años, tiempo a través del cual ha demostrado su menosprecio por la clase trabajadora, dirigiendo las acciones de los sindicatos por el camino que le da la gana, obliga a las centrales obreras a alinearse con el pacto, impide el trámite de los emplazamientos de huelga, declara a las que están como inexistentes, reconoce o desconoce a dirigentes, según el caso, y también recordemos que justo cuando esta persona tomó posesión del cargo advirtió lo siguiente: "Los justos deseos y legítimas aspiraciones de los trabajadores tendrán que ser pospuestas para mejores épocas".

Me refiero a aquél que en otra ocasión también dijo: "La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos es vanguardia del movimiento obrero".

¿No considera el señor Arsenio Farell Cubillas y los dirigentes sindicales de este país que los trabajadores desde hace muchos años están esperando mejores condiciones de vida? Muchas gracias.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño (desde su curul): -Señor Presidente, pido la palabra sobre el mismo tema.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mismo tema.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño: -Con el permiso de la Presidencia: Yo he solicitado la palabra, porque siento, como parte del movimiento obrero organizado en nuestro país, como miembro de la Confederación de Trabajadores de México en particular, que no podemos dejar de precisar algunos aspectos que refiere el compañero diputado de la oposición.

Le preocupa mucho que el Congreso del Trabajo celebre 25 años de haberse constituido, y que esos 25 años siempre haya estado militando en las filas de la Revolución Mexicana porque forma parte de ella. Le preocupa que el Congreso del Trabajo adopte una actitud de apoyo a los regímenes gubernamentales de nuestro país, cuando hemos sido impulsores para que lleguen a ese lugar.

Hace una serie de referencias a conflictos laborales que no son el todo de la actividad sindical en nuestro país, pero que el aprovecharlos como botón y muestra de lo que él llama "sometimiento", cree que ése es el sindicalismo revolucionario que se practica en México.

Habla de los movimientos democráticos y que no existen sindicatos independientes. Valdría la pena recordar en este planteamiento falaz, ilógico y faccios o que hace el diputado, de que precisamente la reacción que ustedes representan es la que da luz a los sindicatos blancos cuando no quieren que se defiendan los derechos obreros.

De manera que un punto importante que cabría precisar aquí, es que no vengan a ponerse la piel de oveja o de defensores oficiosos de la clase trabajadora. Nos podemos y nos seguiremos solos y autónomos. Y más allá, actitudes

acomodaticias, medio de coyuntura, porque a veces se contradicen, y ahora se los señalaré.

Todo mundo sabe, y particularmente la clase trabajadora, sus posiciones en cuanto al artículo 3o., de la Constitución, que tratan de eliminar en este país. Su espíritu permanente de cambiar el objetivo del artículo 27 constitucional y su tarea permanente de acabar con los alcances que tiene el artículo 123.

De manera que no dejan de ser un partido de la reacción y por ello sus propuestas, criterios, opiniones serán rechazados permanentemente por los trabajadores.

Recién habían señalado, creo que en la sesión pasada y el mismo orador, que la legislación en México debería tener una orientación de cooperación social para que los trabajadores tuvieran acceso a los bienes materiales y entre comillas lo señalo y lo dijo, "espirituales", ésa es una tesis eminentemente panista.

Señalaba también que la actual legislación laboral provoca un enfrentamiento entre los factores de la producción que sostenía la tesis del marxismo, pero no decían que la tesis solidarista de ustedes, de la democracia cristiana es precisamente la colaboración de clases y ahí nosotros no transigimos y menos con Acción Nacional. Permanece la lucha de clases, la seguiremos dando donde sea y contra quien sea.

Decía un compañero diputado de la oposición también en la sesión pasada, que nadie puede venir a la tribuna aduciendo tener el monopolio de la verdad, pero que sí es importante salir del paso de afirmaciones tajantes y preocupantes por cuanto a que se dice que se violenta el régimen constitucional, que se oprime a la clase trabajadora, que se intentaría pulverizar o someter a las organizaciones obreras. Han desarrollado con esa piel de oveja, que nadie les cree, de manera que pueden insistir en ella hoy o cualquier otro día, gran capacidad de crítica a la dirigencia obrera, será porque ahí también ven que no pueden penetrarnos; si creen que el ánimo de llevar agua a su molino, va a darles resultado, están desde ahora, se los digo, plenamente equivocados; su posición un tanto fascista de representatividad de la clase obrera no existe, no la podrán obtener. Los trabajadores seguirán militando en sus organizaciones; mi central, la Confederación de Trabajadores de México seguirá siendo al organización mayoritaria de este país, por lo que representa, por su historia y por lo que le ha servido a nuestra patria, pueden seguirle haciendo esto pero para nosotros no progresará.

Nosotros ejercemos y apoyamos el derecho de huelga que se consagra en el artículo 123, ejercemos y apoyamos nuestro propósito y derecho para mejorar el nivel salarial; en consecuencia llevamos adelante la vigencia de muchísimos contratos colectivos en este país, no los poquitos que ustedes por la prensa pudieran enterarse.

No aceptamos tampoco que se señale al gobierno de la República como enemigo del movimiento obrero ni de los sindicatos. Es criterio nuestro, del movimiento obrero organizado, del Congreso del Trabajo que gloriosamente cumple 25 años de actuar y vivir en este país, que vamos a mantener la alianza permanente entre el movimiento obrero y el Estado y el apoyo irrestricto al Presidente Salinas de Gortari porque es consciente y se da espontáneamente; no se pongan pieles que no les quedan. Muchas gracias.

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para alusiones personales.

El diputado Noé Aguilar Tinajero: -Se refiere el diputado del Partido Revolucionario Institucional a que éstas son declaraciones coyunturales. Nosotros en Acción Nacional acostumbramos también a leer las plataformas y los principios de los demás partidos políticos, yo lo invitaría a que leyera nuestros principios de doctrina, idea que desde 1939 tenemos este concepto de lo que es el sindicalismo en México.

No dudo en ningún momento en que "el movimiento obrero", más bien los líderes obreros de este país sigan apoyando al régimen gubernamental, no lo dudo tantito. Yo creo que nadie en México duda que se dé ese apoyo.

Dice que seguirán conservando el derecho de huelga los trabajadores. El derecho de huelga establecido en el artículo 123 constitucional, Ley Federal del Trabajo, es como el juicio político establecido en la misma Constitución, no tiene aplicabilidad práctica, y si la tienen, ¿por qué permiten que la Secretaría del Trabajo siempre declare las huelgas inexistentes?; y ¿por qué permiten también que si el sector obrero analiza en un momento determinado cuáles son las necesidades del trabajador y en relación a esto solicitan un incremento en los salarios, un incremento que a veces han declarado públicamente que va hasta el 100%, 200%, 300% de aumento y que después viene a quedar en una raquítica posición de un 18% como en esta última ocasión? Eso es defender a la clase trabajadora?

Yo entiendo perfectamente, pero perfectamente el malestar del diputado Salazar Muciño, se está

tocando una cédula medular del problema y cuesta trabajo aceptarlo, de acuerdo, y no lo van a aceptar ustedes nunca, diputado Salazar, nunca lo van a aceptar.

Pero el pueblo de México les ha demostrado en las urnas electorales que ya no está con ustedes. Revisen sus cuentas de 1988 y vean cuantas diputaciones federales perdieron. Revisen las cuentas después de 1988 en lo diferentes estados y analícense y honestamente díganse a sí mismos si todavía tienen el apoyo del pueblo de México. Muchas gracias.

ORDEN DEL DÍA

La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera; se va a dar lectura de la orden del día de la próxima sesión.

«Comisión Permanente.- Segundo Receso.- Segundo Año.- LIV Legislatura.

Orden del día

25 de febrero de 1991.

Lectura del acta de la sesión anterior.

A. Correspondencia

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDLVI aniversario luctuoso del emperador azteca Cuauhtémoc, tendrá lugar el 28 de febrero.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Salvador Leonardo Bejarano Gómez, Abelardo Ruíz Pedroza, Miguel Chávez Aguilar y Rubén Darío Castillo Ferrara, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

B. Iniciativas

Visita del excelentísimo señor licenciado Rafael Ángel Calderón Fournier, Presidente de la República de Costa Rica. (13.00 horas.)

C. Dictámenes de primera lectura

D. Dictámenes a discusión

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Martha Elena Esparza Serra, María de Lourdes Aragón Ramírez y José Trinidad Peña Hernández, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Graciela del Rosario Figueroa Salas, Jorge Alberto Martínez Estrada, Luis Gustavo Mondragón Hernández, Alberto Gajimi Itoo Arrona, Alma Graciela Aguado Amaro, Victoriano Ramos Flores y Norma Edith Escárcega Ruvalcaba, para prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y en el Consulado General, en Ciudad Juárez, Chihuahua, respectivamente.

E. Proposiciones

F. Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones

G. Denuncias

Los rubros B, C, E, F, y G se integrarán con los puntos que se inscriban en los términos del acuerdo parlamentario para las sesiones de esta Comisión Permanente, además, los asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 16.15 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 25 de febrero a las 11.00 horas.