Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19910313 - Número de Diario 13
(L54A3PcpN013F19910313.xml)Núm. Diario:13ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D.F. miércoles 13 de marzo de 1991. No. 13
PRIMER RECESO
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba
INVITACIONES
El Departamento del Distrito Federal invita al acto cívico con motivo del LIII aniversario de la expropiación petrolera. Se designa comisión
El Departamento del Distrito Federal invita a los actos cívicos con motivo del CLXXXV aniversario del natalicio de don Benito Juárez García. Se designa comisión
SOLICITUDES DE LICENCIA
Del ciudadano diputado Dionisio Pérez Jácome, para separarse de su cargo. Se aprueba
Del ciudadano diputado Jaime Castrejón Díez, para separarse de su cargo. Se aprueba
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, para razonar su voto
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
La secretaría da lectura a seis oficios por los que se solicita la ratificación de grados militares de los ciudadanos Urbano Pérez Bañuelos, Roberto Pozas Cerda, Manuel Mariano Lugo Medina, Jorge Rueda Bravo, Carlos Alvarado González y Oscar Bernal Rovira
SOLICITUDES DE PARTICULAR
CONDECORACIÓN
Del ciudadano Pablo Silva Machorro para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Francia. Se turna a la Primera Comisión
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
De la Segunda Comisión con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza, como embajador extraordinario y plenipotenciario de México, ante el Gobierno de la República de Venezuela
Debaten el punto de acuerdo los legisladores:
José Antonio Gándara Terrazas, en contra.
Eliseo Rangel Gaspar, en pro.
Noé Aguilar Tinajero, para hechos.
Eliseo Rangel Gaspar, para contestar alusiones personales.
María del Carmen Segura Rangel, para hechos.
Eugenio Ortíz Walls, para hablar sobre el mismo tema.
En votación económica se aprueba. Se rinde protesta de ley.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Josefina Scott Rodríguez, pueda hacerlo en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Aprobado el proyecto. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
PROPOSICIONES
DE LA EMPRESA CONCARRIL
Sobre su desincorporación debaten los diputados:
Alfredo Reyes Contreras, presenta una proposición
Humberto Roque Villanueva, en contra
En votación económica. Se desecha la propuesta
SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
El diputado José Jaime Enríquez Félix, formula una proposición respecto al tema
Intervienen los legisladores:
Fernando Silva Nieto, en contra
Para razonar su voto:
María del Carmen Segura Rangel
Roberto Robles Garnica
Oscar Mauro Ramírez Ayala
Idolina Moguel Contreras
En votación económica. Se desecha la proposición
SOBRE LA FÁBRICA "LA CONSTANCIA MEXICANA" EN PUEBLA
El diputado Alfredo Reyes Contreras hace una proposición. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
ARTICULO 33 CONSTITUCIONAL
El diputado Alfredo Reyes Contreras, hace una declaración sobre su aplicación.
DECLARACIONES, COMENTARIOS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
DEL COMPLEJO "PAJARITOS"
En el Estado de Veracruz, respecto al accidente ocurrido en la Refinería debaten sobre el tema los legisladores:
Mauro Ramírez Ayala
Noé Aguilar Tinajero
Eliseo Rangel Gaspar
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ
Se guarda un minuto de silencio en su memoria. Palabras del diputado Eugenio Ortíz Walls
DENUNCIA
LIBERTAD DE PRENSA
Debaten los legisladores:
Francisco Curi Pérez Fernández
Francisco Galindo Musa
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
ASISTENCIA
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Señor Presidente, hay una asistencia de 27 legisladores. Hay quórum.
El Presidente (a las 11.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
13 de marzo de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LIII Aniversario de la Expropiación Petrolera, tendrá lugar el 18 de marzo.
El Departamento del Distrito Federal, invita a los actos cívicos que con motivo del CLXXXV Aniversario del natalicio de don Benito Juárez García, tendrán lugar el 21 de marzo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Seis, con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Urbano Pérez Bañuelos, Roberto Pozas Cerda, Manuel Mariano Lugo Medina, Jorge Rueda Bravo, Carlos Alvarado González y Oscar Bernal Rovira, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Solicitud de particular
Del ciudadano Pablo Silva Machorro, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Dictámenes a discusión
De la Segunda Comisión, con punto de acuerdo, relativo al nombramiento del ciudadano Antonio de Icaza González, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Venezuela.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana María Josefina Scott Rodríguez, para prestar servicios como especialista cultural, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Concarril.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la contaminación.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre trabajadores de la fábrica La Constancia Mexicana de Puebla, Puebla.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones
De los grupos parlamentarios de los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Acción Nacional, en torno al accidente de Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre reconocimiento al maestro Rafael Preciado Hernández.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el problema de la Prensa en el Bajío.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado
Guillermo Jiménez Morales.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del día seis de marzo de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de veinte legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con sendas comunicaciones de los congresos de los estados libres y soberanos de Aguascalientes, Jalisco y Morelos. De enterado.
Se da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos nombró al ciudadano Antonio de Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela. Se turna a la Segunda Comisión.
Cuatro oficios de la misma Secretaría con los que se remiten las hojas de servicios de otros tantos ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
La Secretaría da cuenta con dos ocursos de los ciudadanos Víctor Hugo O'Farril Ávila y Jorge Galina Veraza, por los que solicitan los permisos constitucionales necesarios para poder aceptar y desempeñar los cargos de Cónsul Honorario y Vicecónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía en México, respectivamente. Se turna a la Primera Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión por el que se concede el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Josefina Scott Rodríguez, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Dos dictámenes de la Primera Comisión por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Patricia Emeteria Macías Dorantes, Gabriela Alejandra Díaz Romero, María Delina Zárate García de Vera y Janet Salvador Martínez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y en los consulados generales de ese país en Tapachula, Chiapas y Oaxaca, Oaxaca. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y la asamblea los aprueba por veintitrés votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien hace una proposición respecto de la Secretaría de la Reforma Agraria, misma que se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de la Reforma Agraria de la honorable Cámara de Diputados.
Para expresar sus comentarios respecto del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista y a los legisladores Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, para contestar alusiones personales y José Antonio Gándara Terrazas, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Sube a la tribuna el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la venta de petróleo y la Presidencia concede el uso de la palabra a los legisladores Dionisio Pérez Jácome, del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al mismo tema y Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales.
Para referirse a la administración de la justicia federal, hace uso de la palabra la diputada Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita que se haga una excitativa a las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Vialidad Federal y Autotransportes, para que dictaminen sobre los asuntos propuestos por su partido. El Presidente hace la excitativa correspondiente.
Hace uso de la palabra el diputado Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia anomalías en las finanzas del estado de Zacatecas. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Para referirse a los problemas que vive el municipio de Chimalhuacán, México, hace uso de la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional. Su denuncia se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de la Reforma Agraria de la honorable Cámara de Diputados.
La secretaría da cuenta de los puntos de acuerdo de una declaratoria firmada por los partidos políticos que integran la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, por los que se exhorta a buscar una solución negociada a los problemas que enfrenta el magisterio nacional. En votación económica se aprueba.
La secretaría da cuenta con una invitación de la Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, a la sesión solemne en la que el gobernador de dicho estado rendirá su cuarto informe de gobierno. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con once minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles trece de marzo de mil novecientos noventa y uno a las once horas.»
Está a discusión el acta...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba...Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: «Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LIII Aniversario de la Expropiación Petrolera, que tendrá lugar el próximo lunes 18 del actual, a las 11.00 horas, frente al monumento erigido en memoria; del general Lázaro Cárdenas, en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el Eje Central y Dr. Erazo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco cumplidamente las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 6 de marzo de 1991. - El director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: senador Eliseo Rangel Gaspar, diputado Francisco Galindo Musa y la diputada María del Carmen Segura Rangel.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales, presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta Dirección General, ha programado para el próximo jueves 21 del actual, a las ceremonias cívicas, que con motivo de conmemorarse el CLXXXV Aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, licenciado Benito Juárez García, se llevará a cabo:
Hora: 11.00 Lugar: Hemiciclo erigido a su memoria, en la Alameda Central.
Hora: 12.00 Lugar: Mausoleo del panteón de San Fernando, delegación política Cuauhtémoc.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a las ceremonias de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 12 de marzo de 1991. - El director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente. - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, al acto cívico que se llevará a cabo en el hemiciclo erigido a su memoria en la Alameda Central, a las 11.00 horas, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputado Juan José Osorio Palacios, senadora Idolina Moguel Contreras y diputado Alfredo Reyes Contreras.
Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, al acto cívico que se llevará a cabo en el mausoleo del panteón de San Fernando, a las 12.00 horas, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: diputado Pedro Alberto Salazar Muciño y diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El Presidente: - Esta Presidencia acaba de recibir escritos de los diputados Dionisio Pérez Jácome y Jaime Castrejón Díez. Se ruega a la secretaría dar cuenta con ellos.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 62 de la Constitución General de la República, respecto a las actividades que puedan desempeñar los legisladores, me permito pedir a usted, dé cuenta a esa honorable Comisión Permanente, en los términos del artículo 79, fracción VIII, de la propia Ley Suprema, de la presente solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal de la LIV Legislatura, a partir de esta fecha.
México, Distrito Federal, a 13 de marzo de 1991.
Atentamente.
Diputado Dionisio E. Pérez Jácome.»
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Para dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 62 de la Constitución General de la República, respecto a las actividades que pueden desempeñar los legisladores, me permito pedir a usted dé cuenta a esa honorable Comisión Permanente, en los términos del artículo 79, fracción VIII, de la propia Ley Suprema, de la presente solicitud de licencia para separarme del cargo de diputado federal a la LIV Legislatura, a partir de esta fecha.
México, Distrito Federal, a 13 de marzo de 1991.
Atentamente.
Diputado Jaime Castrejón Díez.»
El Presidente: - Se reserva para su votación en conjunto.
De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Por instrucciones de la Presidencia, están a discusión los siguientes
"Puntos de Acuerdo
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Dionisio Pérez Jácome,
para separarse de sus funciones como diputado federal electo en el VII distrito electoral del estado de Veracruz, a partir de esta fecha.
Segundo. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Jaime Castrejón Díez, para separarse de sus funciones como diputado federal elector por el VIII distrito electoral del estado de Guerrero, a partir de esta fecha.
Tercero. En virtud de que el diputado Dionisio Pérez Jácome forma parte de esta Comisión Permanente, llámese al sustituto, diputado Raúl García Leal."
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - La realidad política que acontece en este país, los procesos electorales para designar o para elegir diputados, senadores, gobernadores y presidentes de la República, son decisiones de los electores. Los electores, de manera directa, con su voto deciden quiénes deben de representarlos en los distintos cuerpos colegiados.
En reiteradas ocasiones se ha solicitado licencia de algunos diputados para ir a contender a otros procesos electorales, que no es el caso de los diputados que están solicitando licencia en estos momentos, porque no van a someterse a la voluntad del electorado nacional; más bien van a ubicarse dentro de algún cargo administrativo o de otra índole, que bajo ninguna circunstancia se ve involucrado con el cumplimiento de la responsabilidad que el pueblo les ha conferido.
Sabemos, estamos conscientes que de acuerdo con el artículo 62, es facultad, es derecho de los diputados solicitar licencia, pero eso se lo debieron de haber dicho al electorado cuando contendía, cuando hacían promesas que inclusive hasta la fecha no han cumplido los diputados del Partido Revolucionario Institucional, porque en ocasiones, cuando alguien los busca, es más fácil que no los encuentren en sus distritos, porque a muchos de ellos ni siquiera ahí los conocen; pasan las campañas políticas, pasan las promesas, y solamente se van reubicando en posiciones políticas, de acuerdo a la conveniencia, de acuerdo al interés personal y no de acuerdo al mandato constitucional.
Por ello, consideramos que es importante hacer este razonamiento de nuestro voto; no podemos estar en contra del derecho del diputado de solicitar licencia, de ocupar nuevos cargos; estamos en contra de que no se cumpla con la función para la cual fue electo el ciudadano. El ciudadano va a cumplir una función ante el Poder Legislativo, ya sea Cámara de Senadores o Cámara de Diputados, y luego acontecen situaciones críticas como las que en la actualidad están aconteciendo en el séptimo distrito del estado de Tamaulipas, en donde el diputado Manuel Cavazos Lerma solicitó licencia y su suplente no pudo arribar a esta representación, porque desafortunadamente falleció después del susto de que iba a asumir el cargo de diputado federal.
Ahí, el país se ha quedado...esos electores se han quedado sin la representación, se han quedado sin esa representación que constitucionalmente debe de existir; por ello, en su momento sería conveniente, vamos a razonar nuestra proposición, para el efecto de que se convoque a elecciones extraordinarias en el estado de Tamaulipas, o bien de que el diputado Manuel Cavazos Lerma se venga a cumplir la función constitucional que le fue conferida por el pueblo de México.
Creemos que en todos los demás casos, cuando existen suplentes, éstos deben acudir a sustituir a aquellos diputados que optan más por la conveniencia o por la disciplina partidista, pero lo más importante, lo más trascendente es que se tenga la conciencia y la responsabilidad de que cuando hay procesos electorales se le hable al pueblo de cara y de frente y se le diga: "yo voy a ser diputado representante tuyo, algunos días, algunos meses, después me iré a una chamba, porque a mí lo que me interesa es la chamba y no la representación popular". Muchas gracias.
El Presidente: - Continúe la secretaría con el desahogo de los asuntos en cartera.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - En votación económica se pregunta si se aprueban los pasados puntos de acuerdo. Los legisladores que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo.
Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
Trámite: - Comuníquese a la Cámara de Diputados.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS
La Secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 26 de febrero último, la Secretaría de la Defensa Nacional, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Urbano Pérez Bañuelos (4454578), que en veintiuna fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 1o. de marzo de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 26 de febrero último, enviándoles además con el presente la hoja de servicios, que en el mismo se cita:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier Roberto Pozas Cerda (488568), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 1o. de marzo de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 25 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier ingeniero constructor Manuel Mariano Lugo Medina (2549037), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 28 de febrero de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a ésta de Gobernación con fecha 20 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier ingeniero industrial Jorge Rueda Bravo (481156), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 25 de febrero de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 25 actual, enviándoles además con el presente la hoja de servicios que en el mismo se cita:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano brigadier Carlos Alvarado González (1781550), que en veinticuatro fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 28 de febrero de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta de Gobernación, con fecha 26 de febrero último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor aéreo Oscar Bernal Rovira (1749159), que en veinte fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento a fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 1o. de marzo de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
SOLICITUDES DE PARTICULAR
CONDECORACIÓN
La Secretaria diputada Judith Murguía Corral:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - México, D.F.
Doctor Pablo Silva Machorro, por mi propio derecho, y señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el despacho ubicado en la avenida 5 de Mayo número 129 - B de la ciudad de Querétaro, Querétaro, y autorizando para que las reciba el ciudadano licenciado Héctor Meza Sepúlveda; comparezco y expongo:
Que en junio 14 del año próximo pasado, el señor Alain Rouquie Embajador del gobierno francés en México, se informo que el Presidente de la República Francesa, decidió otorgarme el grado de Caballero en la Orden Nacional al Mérito.
Por lo anterior, y para dar cumplimiento en lo ordenado por los diversos 12o. y 37o. apartado B, fracción III de la Constitución Política de nuestro Estado Mexicano; respetuosamente peticiono:
Unico: Se me otorgue autorización para recibir las insignias de la condecoración al grado de Caballero en la Orden Nacional al Mérito; en la inteligencia que por dicho nombramiento no habré de recibir remuneración o dieta económica alguna.
Anexo copia certificada de la misiva del Embajador de Francia en México, enviada a su atento y seguro servidor, y otros documentos relativos al asunto.
Mesuradamente.
Doctor Pablo Silva Machorro.»
Trámite: - Túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la Comisión que suscribe fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente el expediente integrado al nombramiento que el Presidente de la República hace en favor del ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela, enviado a esta Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Después de haber analizado el nombramiento en cuestión y los documentos que integran el expediente correspondiente, esta comisión desea señalar que de acuerdo a la copia certificada del acta de nacimiento que obra en el mismo, consta que el ciudadano Antonio de Icaza González nació en la ciudad de Berlín,
Alemania, el 10 de enero de 1938, de padres mexicanos. En este sentido, y en los términos del artículo 30, sección A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es ciudadano mexicano por nacimiento. Asimismo y para dar fe de ello, el embajador nombrado presentó a esta comisión el certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento numero 779, expedido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el cual, el interesado hace renuncia expresa a todo derecho inherente a cualquier otra nacionalidad. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
Por otra parte, en su curriculum vitae se establece que es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, realizó estudios de posgrado en el Instituto Internacional de Altos Estudios Sociales de Ginebra, Suiza, de 1962 a 1964, y de Economía Internacional en el Colegio de México en el año de 1969.
Esta comisión estima pertinente mencionar que el ciudadano De Icaza González ingresó en 1956 a la Secretaría de Relaciones Exteriores en donde ha desempeñado los siguientes cargos: ayudante en la Dirección General de Prensa y Publicidad en 1956; jefe del Departamento de Asistencia Técnica de la Dirección General de Organismos Internacionales en 1957; jefe del Departamento de Tratados de la Dirección General del Servicio Diplomático en 1958; secretario auxiliar del ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores en 1960 - 1961; jefe del Departamento de Europa, África y Asia de la Dirección General del Servicio Diplomático en 1961; y en el período comprendido de 1965 a 1970 fue secretario particular del subsecretario de Relaciones Exteriores.
Los miembros de esta comisión deseamos indicar que el ciudadano De Icaza González cuenta con una amplia experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, al haber fungido como vicecónsul en nuestra representación diplomática en La Paz, Bolivia en 1960; secretario de la delegación permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, Suiza de 1962 a 1964; embajador en Nicaragua de 1971 a 1974; embajador en El Salvador de 1974 a 1977; embajador en la República Árabe de Egipto de 1977 a 1980; embajador en Brasil de 1980 a 1986; y a partir de febrero de 1986 embajador de México ante la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, D.C., Estados Unidos de América.
En acatamiento del acuerdo tomado por la honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y adoptado por la Comisión Permanente para la presentación de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la comisión que suscribe citó al ciudadano De Icaza González a una reunión en donde conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, el estado que en la actualidad guarda la relación de México con el gobierno de la República de Venezuela.
En la reunión mencionada, los legisladores que integramos la comisión que dictamina pudimos dialogar ampliamente sobre los citados temas con el embajador nombrado. En tal virtud, pudimos comprobar el grado de experiencia y preparación que en materia internacional posee el ciudadano De Icaza González. A su vez, de nuestros intercambios pudo desprenderse su vocación y voluntad de servicio a la República.
En particular, la comisión que dictamina resalta que el embajador designado demostró su conocimiento sobre la realidad política, económica, social y cultural de la República de Venezuela, así como del momento actual y perspectivas de la relación bilateral mexicano - venezolana. Al respecto, cabe señalar que expuso con solvencia diversos puntos de vista y opiniones que reflejan tanto su nivel de información, como una firme convicción en los principios que rigen la política exterior de nuestra patria.
Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la comisión que suscribe, hemos podido constatar que el ciudadano De Icaza González posee los requisitos ordenados por el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado embajador.
Por lo expuesto, los suscritos miembros de la comisión consideramos que el ciudadano Antonio de Icaza González reúne en su persona las cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela, por lo que nos permitimos someter a la consideración de esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. En uso de la facultad que le confiere la fracción VII del artículo 79, en relación con la fracción XVI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela.
Sala de audiencias "Presidente Sebastián Lerdo de Tejada" de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F., 8 de marzo de 1991. - Segunda Comisión: Senador Humberto Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
El Presidente: - Esta a discusión el punto de acuerdo. Ha solicitado el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado José Antonio Gándara Terrazas, y el senador Eliseo Rangel Gaspar.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Gándara Terrazas, en contra.
El diputado José Antonio Gándara Terrazas: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: El pasado 25 de febrero fue objeto de debate en el seno de esta Comisión Permanente, la rectificación del nombramiento del señor Santiago Oñate Laborde, con el rango de embajador, de representante permanente ante la Organización de Estados Americanos.
El voto de los diputados del Partido Acción Nacional, fue en contra del nombramiento mencionado, por considerar que los antecedentes de falta de vocación democrática del señor Oñate, pondrán en peligro las denuncias que por violación a derechos humanos en materia política se presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que forma parte de la Organización de Estados Americanos.
Toca ahora debatir el dictamen que se somete al pleno de esta comisión, relativo a la ratificación del nombramiento del señor Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Venezuela.
Si en el caso del licenciado Oñate se pretendía evitar que el gobierno mexicano se siguiera poniendo en evidencia, la persona cuya ratificación está a debate fue quien lo puso y se puso.
El curriculum vitae del señor De Icaza es impresionante: nombramiento, cargos, comisiones y condecoraciones, hasta 1986, año en que es nombrado embajador de México ante la Organización de Estados Americanos, y de diplomático se convierte en abogado defensor de un gobierno antidemocrático; olvidó que como embajador se debía a la nación y no a los intereses de un grupo.
Veamos los hechos: en 1969, el señor De Icaza asiste como delegado de México a la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, en San José, Costa Rica. Ahí cometió su primer error, ya que de las actas y documentos de la conferencia, se desprende que el señor De Icaza, no realizó ninguna objeción al artículo 28 de la Convención, fundamental en el asunto que aquí nos ocupa.
De 1975 a 1977, estuvo en Ginebra como jefe de la delegación de México, al segundo, tercero y cuarto período de sesiones de la Conferencia Diplomática sobre la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional Humanitario. Ese mismo año, de 1977, fue jefe de la delegación de México en Viena y también en Nueva York, en diversas comisiones de la Naciones Unidas; en 1984 es delegado de México a la XIV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y en 1986 se le nombra embajador ante la misma organización.
Con estos antecedentes, imposible pensar que el señor De Icaza desconociera los compromisos de México, como miembro de ambas organizaciones, y por lo mismo el contenido del artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, y de los artículos 2o., 8o., 23, 25, 28, fracción 12 y 41 - B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
Desde siempre, los ciudadanos, candidatos y partidos opositores al partido en el poder, han sufrido toda clase de violación a sus derechos
humanos en materia política, que en la mayoría de los casos han quedado impunes.
Se han intentado todos los procedimientos para que se respete invariablemente la voluntad popular y México termine de salir del primitivismo político en materia electoral.
Se cumple con interposición de recursos legales electorales, aunque generalmente resulten inútiles o sean desechados.
Los ciudadanos ofendidos se manifiestan en diferentes formas, sólo para enfrentarse a una política de desgaste o a una represión violenta...
El diputado Eugenio Ortíz Walls (desde su curul): - Le rogaría a usted que hiciera, de acuerdo con su autoridad, que se guarde silencio en la sala.
El Presidente: - Se suplica atentamente a los legisladores miembros de esta Permanente, se ubiquen en sus lugares correspondientes, guarden silencio y pongan atención al orador. Continúe, señor diputado.
El diputado José Antonio Gándara Terrazas: - Gracias señor Presidente. Los electores se van al abstencionismo con todo lo que eso significa en pérdida de espíritu cívico para una nación y la falta de sustento popular de sus gobernantes, pero cuando la autoridad no cumple con su deber los gobernados quedan relevados de obedecerle; cuando las autoridades se vuelven chapuceras, los ciudadanos tienen la obligación de reinstalar el orden.
El proceso de deducción fue muy sencillo, si a quienes detentan el poder y deben respetar la voluntad de los ciudadanos, no les importa la opinión de los mismos y sólo les importa y les afecta la opinión internacional y si acudir a las instancias nacionales no tiene objeto, se debe de acudir entonces a las instancias internacionales, tanto de los organismos con los que está comprometido México como a los medios de comunicación y a la opinión pública internacional; los que provocaron los hechos gritaron de inmediato que era traición a la patria, que no aceptaban injerencias de organismos extranjeros, que era intromisión en asuntos internos y que se violaba la autodeterminación de los pueblos. Que fácil procedimiento para tratar de mantener ocultas las violaciones a los derechos humanos en materia política a sus propios conciudadanos y gobernados; pero sobre todo ello está la realidad incontrovertible de las obligaciones adquiridas por los gobiernos mexicanos, al suscribir y ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Convención Americana de la Organización de Estados Americanos.
Pretendieron ignorar que la responsabilidad de cumplir con el Pacto de San José, corresponde al gobierno federal y a todas las autoridades mexicanas, ya que se trata conforme al artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de una ley suprema para toda la Unión, al haberse celebrado dicho tratado del Pacto de San José, por el Presidente de la República y ratificado por el Senado, su texto fue publicado para su conocimiento y aplicatoriedad en el Diario Oficial de la Federación, de fecha 9 de enero y 7 de mayo de 1981.
Como consecuencia de las violaciones e irregularidades ocurridas antes, durante y después de los procesos electorales para elegir diputados en el estado de Chihuahua, el 7 de julio de 1985, para elegir autoridades municipales en la capital del estado de Durango, el 6 de julio de 1986 y para elegir gobernador del estado de Chihuahua, también el 6 de julio de 1986, así como consecuencia de la promulgación de la Ley Electoral del estado de Nuevo León, el 27 de mayo de 1987, ciudadanos o candidatos de oposición presentaron las denuncias correspondientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la cual abrió los casos México 97 - 68, 97 - 80, 98 - 28 y 10 - 180, en todos los casos los promoventes probaron tener la razón y el derecho y quedó claro lo siguiente:
Se violó el libre ejercicio de los derechos políticos, se demostró la imposibilidad de recurrir al recurso de amparo a los derechos políticos por jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte de Justicia; se probó que los recursos presentados fueron desechados por los organismos electorales, al actuar éstos en forma parcial y sin independencia.
Adicionalmente en el caso 97 - 68, se probó la falsificación de los originales y de algunas copias de las actas de escrutinio y computación de ciertas casillas electorales; adicionalmente en el caso 98 - 28, se violó la integridad personal, la protección a la honra, la libertad de expresión, el derecho de reunión, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley y ante la protección judicial; es decir, los artículos 5o., 11, 13, 15,
16, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el caso 10 - 180 relativo a la Ley Electoral del estado de Nuevo León, se prueba que dicha ley vulnera el ejercicio de los derechos políticos, la imposibilidad de ejercer el recurso del juicio de amparo, la falta de adecuación de la legislación en torno a lo pactado en la convención. Que la ley refuerza la práctica de dejarle al gobierno el control de la totalidad del proceso electoral. Que no existen tribunales independientes e imparciales que atiendan las quejas. Que el Presidente de la República se comprometió, en nombre de la nación mexicana, a cumplir y observar y hacer que se cumpla y se observe lo pactado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se publicó en el Diario Oficial del 9 de enero de 1981, y el acuerdo del Presidente del 2 de marzo del mismo año.
La aplicatoriedad del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada estado sujetarán a dicha Constitución leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados".
El defensor del gobierno federal, que no de los mexicanos, fue precisamente el favorecido con el nombramiento que hoy se nos presenta para su ratificación, el señor De Icaza, en ningún caso entró al fondo. Es decir, a la existencia o inexistencia en relación de los derechos políticos.
En los casos 97 - 68 y 97 - 80 adujo que eran inadmisibles, pues no se habían agotado los recursos de jurisdicción interna.
En el caso 98 - 28 se obtuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos carece de competencia para pronunciarse sobre procesos electorales, por razones de soberanía nacional en la aplicación del derecho y la autodeterminación de los pueblos. También se obtuvo que estaba pendiente el recurso de amparo para garantizar los derechos.
En el caso 10 - 180 alegó que todo lo relativo a las elecciones se refiere al manejo directo del ejercicio en derecho a la libre autodeterminación del pueblo mexicano y que tales asuntos no pueden ser competencia de ninguna influencia internacional. Que el gobierno federal no puede interferir en las decisiones de un estado soberano como es el de Nuevo León y que los reclamantes se abstuvieron de ejercer el derecho de amparo para imponer la ley y por tanto no han agotado los recursos de la jurisdicción interna mexicana.
Los alegatos del señor De Icaza fueron desechados de plano por improcedentes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como resultado de los argumentos abundantes y apabullantes e hizo uso de la atribución del acuerdo del artículo 41 - B de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consistente en formular recomendaciones cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los estados miembros, para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos, dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto de sus derechos.
En cumplimiento de dicho precepto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución 01 - 90 del 17 de mayo de 1990, resolvió para los casos 97 - 68,97 - 80y98 - 28:
1o. Aprobar en definitiva el informe aprobado provisionalmente en la sesión 1 mil 45 del 76 período de sesiones, el 19 de septiembre de 1989.
2o. Publicar dicho informe en su informe anual a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En el caso 10 - 20 - 80 se resolvió en definitiva el 22 de febrero de 1991, curiosamente tres días antes del nombramiento de Oñate Laborde para ocupar el mismo puesto, en el último período de sesiones de la Comisión Interamericana, acordándose también que por su importancia se publicara.
Cabe hacer notar que ambas resoluciones fueron por unanimidad de los integrantes de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y que de acuerdo al artículo 34 de la convención, fueron designados por su alta autoridad moral y reconocida participación en materia de derechos humanos.
Los juristas que salieron en defensa de los derechos humanos en materia política de los
mexicanos, con su esfuerzo, con su talento y su criterio independiente de las presiones indudablemente ejercidas, fueron los representantes de Honduras, Jamaica, Argentina, Barbados, Venezuela, Brasil y Estados Unidos.
La parte conducente de la resolución 01 - 90 que recayó sobre el gobierno de México, se lee:
"La comisión estima oportuno hacer presente al gobierno de México su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, con arreglos y procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, ya sean medidas legislativas o de otro carácter, que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la convención reconoce.
La comisión debe hacer presente al gobierno de México en esta oportunidad que debe cumplir a cabalidad con la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos políticos y la protección judicial de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. fracción I de la Convención Americana.
Por lo que respecta a la resolución definitiva, el caso 10 - 180, la comisión culminó con las siguientes conclusiones: Que el gobierno de México debe cumplir con su obligación de adecuar la legislación interna de ese país a fin de que ella garantice de manera efectiva el ejercicio de los derechos políticos reconocidos en el artículo 23 de la Convención Americana y brinde un recurso sencillo, rápido y efectivo de conformidad con el artículo 25 de la convención ante tribunales imparciales e independientes, según el artículo 8o. dentro de la misma convención, ante los cuales los afectados puedan hacer valer sus derechos, desarrollando las posibilidades de un recurso judicial.
La comisión considera que en el caso 10 - 180 la Ley Electoral de Nuevo León no cumple a cabalidad con la protección efectiva del ejercicio de los derechos políticos ni brinda un recurso sencillo, rápido y efectivo ante tribunales independientes e imparciales y por ello debe ser adecuado a los requerimientos de la Convención Americana.
El gobierno de México de conformidad con los artículos 2o. y 28, fracción II de la convención debe adoptar de inmediato las medidas tendientes a lograr tal adecuación.
De todo lo expuesto se desprende, que el señor Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González incurrió en lo siguiente:
Primero. Hizo caso omiso de que era representante de la nación mexicana y por lo mismo de su pueblo en quien reside la soberanía y se dedicó a defender intereses de grupo.
Segundo. Que se prestó para defender lo indefendible.
Tercero. Que con ese propósito pretendió ignorar la legislación mexicana, especialmente en lo que se refiere al juicio de amparo y al artículo 133 constitucional.
Cuarto. Que carece de vocación democrática.
Quinto. Que para colmo perdió todos los casos.
Por lo anterior, los diputados del Partido Acción Nacional en esta Comisión Permanente votaremos en contra del dictamen, por considerar inconveniente que el ciudadano en mención continúe ocupando cargos en el servicio exterior y en todo caso se aproveche su experiencia en algún puesto dentro del país en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar en pro el senador de la República, Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Eliseo Rangel Gaspar: - Con permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Está a discusión el nombramiento del Presidente de la República en favor del embajador Antonio de Icaza González, del gobierno mexicano ante la República de Venezuela.
A mí me hubiera gustado escuchar aquí algunas objeciones respecto de su experiencia diplomática, de su presencia en los foros internacionales, estando ubicado en oposición a los principios tradicionales de la política exterior mexicana; me hubiera gustado escuchar objeciones acerca de su profesionalismo y no traer a colación una cuestión que no se discute, que no está a discusión, al menos en este momento, el alcance del Pacto de San José.
En el caso De Icaza González es un diplomático de carrera, no se trata de un político que con frecuencia se objeta por la oposición, cuando es el caso, como nos lo ha recordado esta mañana el distinguido orador de Acción Nacional con Santiago Oñate. Y a falta de esas objeciones se viene a traer aquí cuestiones de derecho internacional, muy respetables desde el punto de vista del Partido Acción Nacional, pero que no
compartimos nosotros ni comparte la mayoría de los mexicanos.
El pueblo de México, desde el surgimiento del Estado mexicano, ha postulado que nace bajo el principio de la autodeterminación, de la plena facultad de integrar sus órganos de gobierno para que éstos decidan la dirección de sus formas de convivencia, el rumbo de su discurrir en la historia. Esta cuestión de principios, reconocida en las instituciones internacionales, como la Carta de las Naciones Unidas, en la que se habla que los estados signatarios se comprometen a una serie de responsabilidades y al ejercicio de derechos inalienables, imprescriptibles, relativos a su organización, a su soberanía.
Esta cuestión de la forma de elegir los órganos de gobierno está reservada en todas las naciones y es respetada por la Carta de la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas a la soberanía de electorado. El electorado nacional es aquí el soberano.
Esta cuestión va a continuar siendo motivo de diferencias, diferentes entre nosotros. Vamos a seguir hablando del Pacto de San José y de nuestras obligaciones con el extranjero a través del pacto que hemos signado. Porque esta pretensión de Acción Nacional es una larga historia que emerge en el pasado. Han querido ayer, e insisten hoy, en que la democracia nuestra "subdesarrollada" se perfeccione el impacto de la presencia de injerencias extrañas, de observadores extranjeros que venga a decirnos cómo, de qué manera y cuándo perfeccionar el sistema político de la nación.
Yo recordaba aquí, para ilustrar el criterio de la asamblea, que el siglo pasado cuando derrotamos a los conservadores hubo quienes fueran a traer un gobernante rubio para que impusiera orden y organizara la forma de convivencia en nuestro país. Es el mismo eco, es la misma voz, es la misma actitud. Vamos a seguir, pues, discutiendo por mucho tiempo esas cuestiones. Pero para fijar desde esta tribuna de las cuestiones de la integración de los órganos políticos, la concesión del Estado mexicano y sus modalidades, es una cuestión de la soberanía de la nación y de su electorado; no es tiempo que perdamos de esta tribuna.
Pido, en consecuencia, que no habiendo objeción sino partidista en relación con el nombramiento de Icaza, se proceda a la votación, en virtud de que el funcionario que, por otra parte, va a reflejar en el exterior la política exterior mexicana, valga la redundancia, no es un embajador que vaya a actuar de acuerdo a sus propias y peculiar preferencias, sino a responder a un proyecto de política exterior que emerge de esta nación, que le da solidez a su estructura política y social y que es producto del desarrollo nacional, independiente y soberano.
El va a ser la expresión, vocero y portavoz de los haberes del pueblo mexicano en relación con la solidaridad internacional y con el acercamiento a las naciones de América del Sur y en concreto con Venezuela. El va a llevar el mensaje de solidaridad internacional, el proyecto que se contiene desde el Plan Nacional de Desarrollo por acercarnos hacia los países de América del Sur; va a defender allá y en los organismos pertinentes, la limpia política exterior de los mexicanos, en los términos que se establecen en la propia carta constitucional de nuestro país, en donde se han recogido los principios de la política exterior, para que estos principios definan, enmarquen el trabajo cotidiano de nuestros diplomáticos y el quehacer del Estado mexicano frente a los problemas del extranjero.
Vamos a poner punto y coma a esta discusión y vamos a aprobar, porque es el mensajero adecuado, el diplomático a la medida de su tiempo y de la responsabilidad que se le entrega, la designación hecha por el Presidente de la República, en favor del embajador Antonio de Icaza.
El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente; que lástima que el senador Eliseo Rangel Gaspar no haya entrado al fondo del asunto que hoy nos ocupa! Y es obvio, porque el perteneciendo al estado de Zacatecas, bueno pues ha sido partícipe importante en las elecciones allá en su estado, es lógico que venga a defender a De Icaza en este momento.
Dice, como si estuviera aquí el diplomático De Icaza, dice el senador todo lo que el va a hacer en el servicio exterior mexicano. Pero ya se dijo en esta tribuna, por nuestro compañero José Antonio Gándara, todo lo que no ha hecho y todo lo que ha hecho, precisamente defendiendo intereses de grupo. Y dice que nuevamente los
partidos de oposición, concretamente Acción Nacional, viene a decir lo mismo que ha dicho en muchas ocasiones. Tantas veces sea necesario lo haremos, porque sentimos que se viola, en este caso un pacto, el Pacto de San José, que probablemente fue firmado y a lo mejor no fue aprobado por la mayoría de los priístas; este pacto que inicio originalmente Gustavo Díaz Ordaz, lo firma José López Portillo y lo ratifica José López Portillo. Si no estaban de acuerdo con el pacto, bueno, entonces ¿Para qué permitieron que su Presidente firmara un pacto de esta naturaleza?
Se dice también que se tienen que agotar todos los caminos o las instancias jurídicas locales internas del país, para después tener derecho a hacer un planteamiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Pero cómo es posible que se hagan las instancias o que se sigan todas las instancias internas, si éstas están cerradas?
Por ejemplo, en el caso de la Ley de Amparo, queremos hacer algunas reflexiones a este respecto. Por lo que se refiere al recurso o juicio de amparo, tal acción adolece de dos limitaciones que impiden que pueda ser ejercido; en este caso consideramos: la primera es que la decisión judicial emitida en el caso en el que se ejerce este recurso, afecta sólo al caso en que se invoca y no tiene fuerza obligatoria respecto a otros casos, ni tampoco priva de validez a la ley en la que se basa la acción recurrida, según el artículo 76 de la Ley de Amparo; la segunda limitación es que el recurso o juicio de amparo por jurisprudencia reiterada de la Suprema Corte, no es aplicable a los derechos políticos por considerarlos derechos de los ciudadanos y no derechos individuales, que son los susceptibles de ser protegidos a través de este recurso.
Por otra parte, la tesis 128 de la Suprema Corte, en la cual se basa la afirmación y dos resoluciones judiciales emitidas el 20 de febrero, y 1o. de marzo de 1989, rechazan las demandas de amparo por tratarse de derechos políticos. En aplicaciones de la tesis número 128, se establece lo siguiente: "La violación a los derechos políticos no da lugar al juicio de amparo porque no se trata de garantías individuales".
El artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia de la Suprema Corte como es la reflejada en la tesis 128, es de aplicación obligatoria para todos los tribunales judiciales y administrativos, federales y locales de la República Mexicana.
El artículo 73 fracción VII de la misma Ley de Amparo, según el cual dicen, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones y declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral. Ello conduce a que no se posea un recurso sencillo, rápido y efectivo ante los tribunales independientes e imparciales que amparen a la persona contra actos que violen sus derechos reconocidos por la Constitución o por la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en los términos del artículo 25 de esta ley y que ya fue leída aquí hace un momento.
Probablemente no se escuchó bien cuando intervino el diputado Gándara porque en la parte conducente dijo el, en la resolución 01 - 90 se dice "que la comisión estima oportuno hacer presente al gobierno de México su deber de adoptar disposiciones de derecho interno con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la convención, ya sean medidas legislativas o de otro carácter, que sean necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades que la convención reconoce. Esto quiere decir que si la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos emite una resolución y aunque sea a manera de recomendación, está pidiendo que la legislación interna sea modificada para adecuarla precisamente a estos tratados internacionales y una de las leyes que no ha sido adecuada, es precisamente la Ley de Amparo, independientemente de otras leyes electorales. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para alusiones, el senador de la República Eliseo Rangel Gaspar.
El senador Eliseo Rangel Gaspar: - Gracias, señor Presidente: Efectivamente, pienso que los abogados notables que alguna ocasión dieron militancia, entrega y esfuerzo notabilísimo a la doctrina de Acción Nacional, están en extinción; que lástima, creo que hoy mismo vamos a rendir homenaje a uno de los grandes abogados de Acción Nacional y vamos a extrañar por mucho tiempo su ausencia, su presencia en las filas de Acción Nacional.
Para que pudiera decirnos con la probidad que lo hicieron, que esta cuestión del derecho de amparo en materia política es una cuestión resuelta en su oportunidad histórica. Ignacio L. Vallarta, del siglo pasado, hablaba de como estas cuestiones deberían resolverse por un organismos colegiado, el Colegio Electoral, y que no tuvieran instancia alguna porque son cuestiones de orden político en donde dar injerencia a
organismos respetables como los tribunales, la Suprema Corte, implicaría desdoro, posibilidad de que su respetabilidad ante la pasión se pudiera menoscabar su autoridad. Nadie puede ir, decía Vallarta en uno de sus votos formidables que seguro los dictaría aquí el licenciado Hernández de memoria, nadie puede acudir a la Ley de Amparo en materia política porque no se puede establecer una instancia de esta naturaleza en virtud de que es el pueblo reunido en su oportunidad en los términos de la normatividad constitucional el que debe decidir la integración de sus poderes.
Vamos a seguir discutiendo sobre este particular, pero quería puntualizar esta cuestión del derecho de amparo que parece les escuece mucho a los compañeros de Acción Nacional, porque es una recomendación muy respetable, pero que ni tiene competencia en virtud de cuestiones de soberanía y vamos a probar, así lo pido a los legisladores, el nombramiento que estamos discutiendo.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, la diputada María del Carmen Segura Rangel.
La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: El senador Eliseo Rangel Gaspar se ha dedicado, como ya es costumbre en los legisladores del partido oficial en el momento en que tienen que hablar a favor de un miembro de su partido, a alabar al señor De Icaza.
De ninguna manera desconocemos los antecedentes del señor De Icaza González, es más, le reconocemos, como ya lo señaló en su intervención el diputado Gándara, que tiene curriculum impresionante; pero tampoco podemos desconocer que en reiteradas ocasiones en que habiéndose violentado la voluntad popular, agotadas las instancias nacionales y al acudir los ciudadanos y candidatos de oposición a la instancia internacional competente, es decir ante la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, la posición del entonces embajador fue de defensa de un grupo y no de la soberanía del pueblo que había sido violentada, comportándose con esa actitud como embajador de su partido y no de México.
No estamos de acuerdo con el senador Eliseo Rangel Gaspar, en el sentido de que no tenga competencia para resolver acerca de estas cuestiones. Y ¿por qué lo decimos? Porque el gobierno mexicano contrajo obligaciones al suscribir y ratificar la Declaración Universal de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Convención Americana de la Organización de Estados Americanos. Y si bien es cierto que un Estado puede formular reservas en el momento de aceptar o de aprobar un tratado o de adherirse al mismo y que de acuerdo con el derecho internacional el objeto es excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado, sin embargo en materia de derechos políticos México no formuló reserva alguna, por lo que los documentos que firmó deben ser respetados en sus términos.
En los casos de Chihuahua, Durango y Nuevo León, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos determinó que se violó el libre ejercicio de los derechos políticos, y dentro del marco de sus atribuciones, formuló recomendaciones al gobierno mexicano, como en el caso de la Ley Electoral de Nuevo León, la que considera que no cumple a cabalidad con la protección efectiva del ejercicio de los derechos políticos, ni brinda un recurso sencillo, rápido y efectivo ante tribunales independientes e imparciales y por ello debe ser adecuado a los requerimientos de la Convención Americana, en su artículo 23, y que el gobierno de México, de conformidad con los artículos 2o. y 28.2 de la convención, debe adoptar de inmediato las medidas tendientes a lograr tal adecuación.
Y no es válido el argumento de que se trata de organismos externos y que tienen intromisión en asuntos internos, porque de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución, se celebró el Pacto de San José por el Presidente de la República y fue ratificado en su momento por el Senado.
El señor De Icaza González, demostró pues su clara vocación antidemocrática y su proclividad hacia un grupo, el grupo en el poder, desde el momento en que en dichos casos sistemáticamente argumentó que la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos carece de competencia para pronunciarse sobre procesos electorales, por razones de soberanía nacional.
Esa conducta dista mucho de coincidir con lo manifestado por el licenciado Salinas de Gortari, a propósito de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dice el licenciado Salinas: "Para México, las raíces de su vocación libertaria y su aspiración de ser parte de la nueva configuración mundial, lo impulsan naturalmente a participar en la defensa mundial
de los derechos humanos, de los mexicanos en el país y también en el extranjero, y sobre todo, a reunir un nuevo esfuerzo decidido por asegurar su ejercicio efectivo entre nosotros".
Y el señor De Icaza en ningún momento entró en defensa de los derechos políticos de los mexicanos.
Por los argumentos aquí expuestos, los diputados del Partido Acción Nacional votaremos en contra del nombramiento del ciudadano Eusebio Cuitláhuac De Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Venezuela. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Eugenio Ortíz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros legisladores: Hay dos temas que tocó el senador Eliseo Rangel Gaspar, el primero se refiere a un gastado argumento que llevaba claramente una alusión; es decir, volvemos al pasado y se trató de recordar alguna etapa de la historia del siglo pasado, y este gastado argumento siempre ha valido, siempre ha sido válida la respuesta de que Acción Nacional como partido político, como asociación de libres mexicanos, que ejercitan derechos y cumplen obligaciones como tales en nuestro país, no tiene que ver nada con lo que aconteció en el siglo pasado.
Claro que el problema en cuestión de herencias, cada quien busca a su antecesor o acomoda a los antecesores de acuerdo con su real saber y entender. En realidad Acción Nacional no tuvo que ver nada con el imperio de Maximiliano, señor senador, usted lo sabe, no somos tan longevos, y por otra parte, pues hay mucha gente que milita en el partido oficial cuyo antecesores, cuyos ancestros sí apoyaron al imperio del Maximiliano, pero son otros tiempos. Si todas las faltas del pasado no las recogemos todos los mexicanos, las faltas, los errores, el dolor, la esencia misma de lo que es la historia, no la recogemos y participamos de ella, y hacemos no solamente acto de contrición, sino fundamentalmente tomamos actitudes de congruencia con nuestro pensamiento, vamos a seguir con una discusión que realmente no tiene objeto para esos propósitos.
En lo relativo a la competencia de la Comisión Interamericana, tampoco tiene que ver con una cuestión personal que tengamos con el señor De Icaza; en realidad no es una cuestión personal ni una cuestión de partido político. Yo no sé si el sea miembro activo del Partido Revolucionario Institucional, pero tiene derecho a pertenecer a cualquier partido; no hay ley que se lo prohiba en nuestro país afortunadamente, pero en cuanto a la competencia de la Comisión Interamericana para pronunciarse sobre asuntos que se refieren al ejercicio de los derechos políticos en el curso de procesos electorales, la propia Comisión Interamericana ha fijado ya su posición en el informe elaborado a partir de los casos 97 - 68, 97 - 80 y 98 - 28 de México, aprobado por resolución 0190, del 17 de mayo del mismo año.
En tal informe, la comisión, luego de examinar las normas jurídicas que regulan su jurisdicción, y las normas de derecho internacional general aplicables, reafirmaba su competencia por estimar que: México, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se comprometió a respetar y garantizar el ejercicio de los derechos políticos, contemplado en el artículo 23 de la misma, lo cual incluye el derecho a votar en elecciones auténticas y adoptar la legislación que condujera a tal fin, en los términos del artículo 2o.
A fin de determinar la adecuación del gobierno de México, con las obligaciones contraídas bajo la Convención Americana, ese gobierno, nuestro gobierno, ha aceptado también que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se pronuncie sistemáticamente sobre la situación de los derechos políticos en otros países, en ejercicio de las atribuciones que este instrumento internacional le confiere, sin que nunca antes haya cuestionado esta competencia.
En este caso, examinamos, el Estado mexicano, al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, asumió las obligaciones de garantizar el ejercicio del derecho, reconocidos por ella, contenidas en su artículo 1o., y de adoptar disposiciones de derecho interno para hacer efectivos tales derechos y libertades, establecidas en el artículo 2o., los cuales tienen aplicaciones al ejercicio de derechos políticos, reconocidos en el artículo 23, así como a la necesidad de contar con un recurso efectivo ante tribunales competentes, independientes e imparciales, en los términos de los artículos 8o. y 25 de la Convención.
No es sólo un aspecto concreto, es toda la posición del gobierno mexicano, de nuestro gobierno, al respecto.
Si por una parte, en el ámbito internacional, el gobierno mexicano acepta compromisos en los términos constitucionales, y habiéndose aprobado, es decir, habiéndose por el Senado reconocido la legitimidad a estos tratados y acuerdos, no es posible que digamos que en esto tiene que ver una cuestión de soberanía, la soberanía del pueblo, porque precisamente la autoridad está fungiendo, ejercitando esa soberanía en representación del pueblo, y por eso, en este momento, no es un problema ni personal ni un problema concreto, sino es todo el problema que lleva a que un representante del gobierno mexicano, en un momento dado, yo entiendo que el embajador De Icaza, siendo representante del gobierno mexicano, es decir, tenga que defender al gobierno mexicano. Pero precisamente en los tribunales internacionales, cuando un Estado es acusado o es enjuiciado... No es enjuiciado, cuando precisamente es denunciado por cometer actos en contra de los derechos, del derechos internacional, y de los derechos humanos fundamentales, no participa mas que como una especie de defensor del gobierno, y eso precisamente, por esa razón, por esa complicidad, porque el señor De Icaza, siendo embajador, no tomó en cuenta, es decir, el compromiso adquirido por el gobierno mexicano y ratificado por el Senado mexicano. Y sencillamente se dedicó a hacer, más que un representante del gobierno, un defensor de causas, que de todas maneras sugerirán tratándose en esta Cámara. Muchas gracias.
El Presidente: Consulte la secretaría a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el punto de acuerdo.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado.
El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el ciudadano Antonio de Icaza González, cuyo nombramiento como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Venezuela, acaba de ser aprobado por esta asamblea.
Para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, diputada Marina Blanco Casco y senadora Idolina Moguel Contreras.
El Presidente: - Ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González: protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México, ante el gobierno de la República de Venezuela, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac de Icaza González: - ¡Si protesto!
El Presidente: - Si no lo hiciéreis así, la nación os lo demande. (Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada, acompañar al señor embajador, cuando desee retirarse.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 8 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Josefina Scott Rodríguez, pueda prestar servicios como especialista cultural, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Monterrey, Nuevo León.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 25 de febrero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que la interesada prestará en el Consulado General de los Estados Unidos
de América en Monterrey, Nuevo León, serán como especialista cultural, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana María Josefina Scott Rodríguez, para prestar servicios como especialista cultural, en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 28 de febrero de 1991. - Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. (Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 22 votos en pro y tres votos en contra.
El Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 22 votos.
El secretario senador Gustavo A. Almaraz Montaño: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES
DE LA EMPRESA CONCARRIL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, para presentar una proposición sobre Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señor Presidente; honorable asamblea: «El 29 de enero del presente año, la Secretaría de Programación y Presupuesto envió a la Cámara de Diputados, para que ésta emitiera su opinión, el informe sobre las razones y criterios para desincorporar la empresa paraestatal Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, empresa que se ha dedicado a la fabricación de material rodante para uso ferroviario, transporte urbano tipo Metro y trenes ligeros, así como la rehabilitación y modernización de equipos y aeropasillos destinados al abordaje de aeronaves.
Argumenta el gobierno, para justificar la privatización de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, exactamente los mismos criterios que empleó para la venta de Almacenes Nacionales de Depósito S.A., Siderúrgica Lázaro Cárdenas "Las Truchas" S.A., Mexicana de Aviación y varias empresas más.
Se dice que no hay recursos económicos para modernizar la empresa. Que el Estado no puede distraer recursos que no vayan destinados al bienestar social. Que la maquinaria de las empresas paraestatales es obsoleta y requiere de inversión, que el Estado no podrá otorgar. Estos argumentos y otros más, esconden las verdaderas razones, no sólo de carácter político e ideológico, sino también de auténticos y verdaderos negocios que tienden a favorecer a un pequeño grupo empresarial de la iniciativa privada, que se siente tutelado por el grupo que está hoy en el poder.
En el caso de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, los privatizadores del gobierno argumentan que la capacidad de producción utilizada en 1990 alcanzó apenas el 30%. Pero no mencionan que la política privatizadora aplicada desde el sexenio anterior, no sólo frenó nuestro desarrollo económico independiente, sino que además trastocó toda la cadena de la producción básica y manufacturera, entre otras a la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril. Además de que la política recesiva aplicada por el gobierno entre 1983 y 1988 no solo obligó a muchas empresas a bajar su nivel de producción, sino que muchas de las empresas nacionales tuvieron que cerrar.
A esto hay que agregar las equivocaciones políticas de muchos directores de empresas paraestatales y del gobierno, que socavó la capacidad financiera de las mismas. Tal es el caso
en que el gobierno federal llegó a rentar en los Estados Unidos de América entre ocho y 10 mil vagones para Ferrocarriles Nacionales de México, en lugar de construirlos en su propia planta paraestatal.
A pesar de todo esto se prevé en la producción de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril para 1991, la construcción de 900 carros de carga, de los cuales exportará 400; construirá carros del Metro para el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey y rehabilitará 61 unidades, carros y locomotoras de Ferrocarriles Nacionales de México. Entonces, ¿de qué se trata?
El Partido Popular Socialista afirma categóricamente que no se trata de mera reestructuración del sector paraestatal para sanear las fianzas del Estado, como tratan de hacer creer a los trabajadores los integrantes del pequeño grupo neoliberal que ha debilitado al Estado al hacer una norma de la modernización económica del país, la privatización del sector estatal.
Se trata de favorecer a un grupo de empresarios privados, nacionales y extranjeros, para que mediante la reprivatización éstos se hagan dueños de empresas rentables y dinámicas que hoy tiene el Estado en su poder.
Se argumenta además que Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril representa una carga para el Estado, porque se le han otorgado transferencias por 107 mil millones de pesos desde 1985 hasta 1990, pero no reconocen los graves errores en la administración de quienes han estado al frente de esta empresa ni de los enormes recursos que el Estado se ha ahorrado por la prestación de servicios de esta empresa a otras empresas paraestatales, como Ferrocarriles Nacionales de México y el Metro.
El Partido Popular Socialista está de acuerdo en la modernización de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, pero no por la vía de su venta a la iniciativa privada; pensamos que se deben buscar otros caminos como la asociación de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y Ferrocarriles Nacionales de México, de la participación de los trabajadores en la administración de la empresa para garantizar buenos manejos, igualmente una más fuerte participación del capital privado nacional, pero sin que el Estado pierda el manejo de esa empresa.
La enajenación del patrimonio nacional constituye una medida contraria al desarrollo económico independiente, a corto y a largo plazos, despoja al Estado de su capacidad para conducir la vida económica, deja a las futuras generaciones en una situación adversa sobre el poderío de la voraz iniciativa privada y despoja al pueblo mexicano de su patrimonio.
Por estas consideraciones y porque la venta de Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril representa una medida contraria al interés del pueblo y de la nación, me permito hacer la siguiente y quiero precisar antes de hacerla que nosotros no cuestionamos las facultades que tienen la Comisión de Programación y Presupuesto de la Cámara de Diputados, en el sentido de que le corresponde a la Cámara de Diputados por conducto de esa comisión emitir la opinión correspondiente.
La proposición que nosotros hacemos tiene otro sentido, y es la siguiente: "Turnar la presente intervención a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial para que emita su opinión sobre la afectación del patrimonio de la nación por la venta de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril."
Dada en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a los 13 días del mes de marzo de 1991.
Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras. »Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar en contra el diputado Humberto Roque Villanueva.
El diputado Humberto Roque Villanueva: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: En efecto, reconozco la dualidad que señala el diputado Reyes Contreras en la proposición, por un lado pierde argumentos de carácter doctrinario sobre lo que a su juicio constituye un mal ejemplo de desincorporación y lo refiere al caso del patrimonio nacional.
Argumenta también que no es responsabilidad de los trabajadores ni el bajo nivel que tiene la ocupación en este momento la capacidad instalada ni mucho menos la eficacia o hacer responsables a los trabajadores de las transferencias que el gobierno federal ha tenido que hacer a la empresa Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril.
Y digo dualidad, porque en efecto, unos son los argumentos de carácter doctrinario que esgrime el Partido Popular Socialista y otros
son los de carácter procedimental que son por los que propiamente, independientemente de estar en contra también de los de fondo, pero específicamente me quiero referir a los de carácter procedimental.
En efecto, señaló acertadamente el diputado Reyes Contreras, la fecha en que a través de esta Comisión Permanente nos fue remitido a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, el documento originado en la Secretaría de Programación y Presupuesto y mediante el cual se nos da cuenta de las razones para la desincorporación de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril.
A raíz de la recepción de ese documento, se cumplieron los supuestos jurídicos del artículo 39 del decreto de presupuesto. Esto es "cuando una empresa que está incluida dentro del presupuesto y se piense desincorporar hay que dar informe previo de los motivos de la desincorporación a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública".
Cumplido este efecto jurídico, la Comisión de Programación se dio a la tarea de convocar a todos sus integrantes, desde luego dentro de ellos a los distintos grupos parlamentarios, a efecto de analizar la propuesta del Ejecutivo, a fin de que si así se determinaba emitir una opinión.
Se constituyó en la primera sesión formal de esta Comisión de Programación un grupo de trabajo integrado fundamentalmente por los partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Popular Socialista. Se extendió en reiteradas ocasiones invitación al resto de los grupos parlamentarios, pero los que tuvieron mayor participación son los primeramente enunciados. Se solicitaron informaciones adicionales a la Secretaría de Programación y Presupuesto, con objeto de completar el cuadro informativo que requeríamos los diputados para el efecto de la emisión de la opinión correspondiente.
Una vez agotadas las dudas y una vez que el propio grupo de trabajo interno de la Comisión de Programación concluyó sus trabajos y tuvo a bien el redactar un documento, éste fue presentado a la consideración de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, dejándose un espacio relativamente razonable para que, quien así quisiese, firmase el documento de opinión.
Ahora bien, éstas son las razones de procedimiento por las cuales yo me opongo a que se dé nuevamente comunicación a otra comisión que no esta facultada para ello, amen de que está, en mi opinión, agotado el trámite. Sin embargo, no quiero dejar de señalar algunas de las cuestiones que aquí fueron señaladas como de fondo.
Nosotros efectivamente no consideramos que sean los trabajadores los responsables del quebranto financiero de la empresa. Sabemos que el país ha cruzado por una severa crisis económica que retrasó inversiones importantes en la materia de infraestructura. Sabemos de lo estratégico, así lo señala el artículo 28 constitucional, de la materia de ferrocarriles nacionales.
Por eso es que en el documento que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública ha puesto a su consideración interna, se señalan precisamente tres elementos:
Primero. Que hay que aprovechar la experiencia de los trabajadores y, desde luego, no se piense que ellos son los responsables del quebranto financiero de la empresa.
Segundo. Que como precisamente en alguna reunión interna de la Comisión de Programación y Cuenta Pública, cuando se analizaron los decretos de presupuesto para el año de 1990 y para el año de 1991 quedó considerado en el artículo 13 de este mismo decreto de presupuesto, que cuando se obtengan recursos provenientes de una desincorporación, es conveniente sugerir que estos mismos recursos se empleen para apoyar las tareas estratégicas del propio sector paraestatal.
De tal suerte que el documento de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública señala lo deseable de que los recursos que se obtengan de la desincorporación de esta empresa, sirvan para fortalecer el sistema de Ferrocarriles Nacionales de México.
Así pues coincidimos, no son los trabajadores a quienes debemos o debamos imputar una responsabilidad en cuanto a quebrantos financieros, sin embargo el quebranto existe, no existen los recursos para poner el día en términos de tecnología y de capital esta empresa y por lo mismo la Comisión de Programación ha sugerido que es adecuado y que es oportuno el proceso de desincorporación. Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
Los que estén por la negativa, favor de ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
SOBRE LA CONTAMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre la contaminación.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Hace tan sólo una semana tuvimos una reunión con el jefe del Departamento del Distrito Federal y el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. En esa reunión, donde miembros de la Comisión Permanente planteamos nuestra preocupación fundamental por la contaminación en la ciudad de México, encontramos respuestas, a nuestro juicio, no satisfactorias con la realidad que el cielo de México está viviendo.
La respuesta del regente fue en tono poco autocrítico, triunfalista, donde si bien mostraba esfuerzos, no los necesarios y suficientes para luchar con mayor firmeza con el problema de la contaminación; se habló de cifras, se habló de elementos que estaban a discusión para evitar la contaminación, pero finalmente prevaleció el triunfalismo.
Yo quiero afirmar que incluso en algunas de sus respuestas mostró ironía, cuando yo le pregunte o le señale de que nos parecía que había modas en los programas de contaminación en la ciudad de México, ya que hacia unos pocos años se habían remplazado autobuses por combis y se ha permitido que las combis proliferaran, y ahora se habla de remplazo de combis por camiones. Nos parece que las políticas de gobierno deben ser congruentes y nos parece que deben tener continuidad y en este caso así no lo parecía.
La respuesta del regente fue en términos poco explicables, ya que señaló: "las cosas no son tan fáciles, señor diputado". Sabemos que no son tan fáciles pero también sabemos que quien tiene una responsabilidad como la que tiene él debe asumirla al margen de la dificultad o de la facilidad del problema.
Sin embargo, a pesar del informe presentado esa mañana, desafortunadamente la realidad agria y severa nos dio la razón. Sólo tenemos de ese encuentro, el sábado 9 de marzo, según fuentes periodísticas y específicamente El Universal, señaló que el ozono llegó a 375 puntos Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, esto mostraba la ineficiencia de la fase II del Programa de Contingencia Ambiental de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y del Departamento.
A pesar de ello, se decidió mantener la suspensión parcial de las actividades de las industrias productivas, o sea, no se incrementó la suspensión, sino se mantuvo en los términos iguales, a pesar de que la realidad era contraria a las predicciones y al comportamiento en favor de la contaminación.
Sabemos obviamente que hubo falta de viento y alta temperatura, lo cual provocó que la capa densa de gases siguiera en los cielos de la ciudad de México. Pero también sabemos que hay comportamientos históricos en la parte atmosférica; también sabemos que hay comportamientos que pueden prever en los países como México, donde la modernidad ha intentado tomar las riendas del gobierno, la apelación que es la prevención anticipada del comportamiento de algunos fenómenos o de unas instancias, debería ser un elemento fundamental en los gobiernos.
Por otra parte, también estamos seguros y ahí también lo mencionamos, que el programa "Hoy no circula" tuvo una vigencia y un comportamiento importante en su tiempo y en su momento, ya que se retiraron de la circulación 500 mil vehículos; sin embargo hay una incorporación de 125 mil nuevos vehículos. Pero en términos reales el "Hoy no circula" estimuló indirectamente la incorporación de las tres cuartas partes de coches que se retiraron. También se incrementó el consumo de gasolina a pesar de este programa, según fuentes también oficiales.
Se habla de que hubo un aumento en la compra de automóviles, en virtud de la estabilidad económica, ahí también se informó y en estos términos señalan que el crecimiento económico desde luego, de unos cuantos, provocó la
adquisición de vehículos. De una u otra manera, lo que es una realidad es que un programa que funcionó, habría que revisarse de manera profunda para poder, de una u otra manera, plantear nuevas circunstancias.
Hay un programa integrado contra la contaminación atmosférica de la ciudad de México donde ellos han señalado algunos aspectos importantes que sería significativo señalarlo aquí, sobre todo en la parte de la emergencia ambiental. Ellos reconocen que la contaminación del aire es uno de los problemas ambientales más importantes de la ciudad de México, sin menospreciar la del agua y del suelo.
En años pasados, en esta ciudad, se generaron más del 20% de las emisiones anuales de contaminantes del país, cuyas fuentes principales han sido los vehículos y la industria.
En los últimos años, el promedio anual de contaminación de la atmósfera ha aumentado de manera considerable; sin embargo es importante señalar que ante la Prensa solo se señalan los promedios, no los picos, que es muy importante observarlos. Por ejemplo las partículas suspendidas totales de 1974 a 1984 pasaron de una concentración promedio anual de 65 microgramos por metro cúbico a 400 en la zona noroeste de la ciudad y esto ha complicado de modo sustancial la vida en la ciudad de México.
La interrogante frente a esta tendencia creciente de contaminación es que acciones se han adoptado para revertir esa tendencia. ¿Acaso los planes no han funcionado? De eso ya estamos seguros ¿O los planes han sido inadecuados? Aquí es importante que los funcionarios sean más críticos con sus evaluaciones. Se señala que la oposición en general usa la contaminación como un elemento para hacer política, lo cual me parece un juicio absurdo; lo que es importante es que el gobierno no informa de los índices reales y oculta a la ciudadanía y a la población los índices reales de contaminación que si tiene un sentido electoral, ya que el ocultamiento de información provoca que la gente no tenga las preocupaciones adecuadas.
Por otra parte, el desequilibrio mental del valle de México, así como de los demás centros urbanos industriales del país, tienen su origen en su crecimiento desordenado y centralizado; de modo que la capacidad de autodepuración del valle ha sido con mucho rebasada. En el valle de México, las principales fuentes de contaminantes de origen industrial lo constituyen la fundición, la siderurgia, minerales metálicos y no metálicos, cementares, farmacéuticas, vidrio, química, fertilizantes, automotriz, papel y celulosa y la generación de energía.
Es un hecho que pocas de las empresas de estos giros han instalado equipos de control de contaminación del aire, y que las medidas de control y vigilancia sobre esas empresas, aun sobre las que emiten contaminantes de alta toxicidad, han sido deficientes, manejadas con negligencia y corrupción; la normatividad es permanentemente violada y las sanciones a las empresas infractoras de los ordenamientos legales de protección al ambiente, sin eficacia.
Ante ese contexto, queremos plantear el siguiente punto de acuerdo:
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Comisión Permanente se pronuncia porque las autoridades cumplan estrictamente las medidas y sanciones establecidas en el Plan de Contingencia Ambiental para el Valle de México.
Segundo. También se pronuncia por la revisión inmediata de dichas medidas, a fin de que se garantice su máxima eficiencia en caso de emergencias ambientales.
Tercero. Asimismo, se propone que se reduzcan los tiempos señalados por el Programa Integral en contra de la Contaminación Atmosférica.
Cuarto. Del mismo modo, se propone el inicio de una campaña intensiva de información a la ciudadanía, sobre los efectos y medidas de prevención en momentos críticos.
Firman el diputado Alfredo Reyes Contreras, Partido Popular Socialista; el diputado Roberto Jaramillo Flores, Frente Cardenista; el diputado Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional, y el diputado Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática." Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hablar en contra el senador de la República, Fernando Silva Nieto, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Fernando Silva Nieto: - Con el permiso de la Presidencia: Creo, señores legisladores, compañeras y compañeros diputados y senadores, que esta propuesta, con lo importante sin duda de sus contenidos, no es de aprobarse por esta Comisión Permanente, porque es de estos casos en los que la sustancia corresponde típicamente a facultades del Poder Ejecutivo. Creo que es importante que debatamos, que intercambiemos ideas, puntos de vista, pero no una propuesta como la que aquí se está planteando.
Sin embargo, al proponer que se deseche la propuesta del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, sí quiero señalar también la preocupación de los legisladores de mi partido por un problema tan grave como es el problema de la contaminación en la ciudad de México.
Desde esta tribuna, en esta oportunidad, deseamos unir también la voz de mi partido, al clamor popular porque se siga profundizando y se avance también cada vez más rápidamente, en aquellas medidas que permitan dar solución pronta y definitiva a este problema. Creo que es consenso de que la ciudad no puede resignarse ante un problema tan grave como éste, ni la sociedad está dispuesta a ello, ni el gobierno tampoco está dispuesto a ello.
Creo que no es cierto que no se esté actuando enérgicamente ante este problema, hay que decirlo también; nos preocupa el problema pero no podemos aceptar la afirmación de que no se está actuando con la suficiente energía, ni es cierto que se esté actuando sólo con pasividad frente a este gran problema, ni tampoco es cierto que estemos solo ante modas, cuando hablamos de las medidas que se están implementando.
Creo que si somos honestos en el análisis, es un problema, efectivamente como lo dijo en aquella ocasión el regente, de muy difícil solución, como también es un problema que debe tener formas de enfrentarlo más rápidamente, estamos de acuerdo con ello; es un problema, tenemos que reflexionarlo cada vez que hablamos de este fenómeno en esta tribuna, que está ligado, señor diputado, señores legisladores, a todo un modelo de desarrollo, a toda una forma de organización urbana de esta gran megalópolis, una organización que se fue creando a través de décadas, que no surgió de repente, y que por lo mismo no puede cambiar tampoco de la noche a la mañana; es un problema de comportamientos sociales también; que nos llevan a consumos crecientes de energía, y en todos, todos participamos, individuos, empresas; es un problema de ubicación geográfica de la ciudad, y es también en mucho un problema financiero, un problema de recursos no disponibles en cantidad suficiente para asumir los costos que implicara una acción masiva de enfrentamiento a un problema de esta naturaleza.
Si tuviéramos los recursos necesarios, si fuéramos por ejemplo un país como Alemania, que ha contado con recursos suficientes para enfrentar problemas tan graves como el de la contaminación del río Rín, que ha sido un asunto reconocido incluso por la comunidad internacional, porque ha logrado revertir un fenómeno que afectaba dramáticamente a ese río, pero lo hizo a costos altísimos; si tuviéramos esos recursos, quizá enfrentaríamos ése y muchos otros problemas que tenemos en este país.
También, por otra parte, si viviéramos en un régimen autoritario, donde solo la voluntad del gobernante contara, no tengo la menor duda de que podríamos ver posible el cierre fulminante de empresas en ciertos momentos, o la prohibición absoluta de circulación de automóviles, o incluso la prohibición del desplazamiento de las personas, que como en este caso, en esta ciudad, se traduce en fuertes movimientos migratorios a la ciudad de México, que han afectado a esta ciudad por muchas décadas; pero vivimos en un régimen de libertades, en un régimen de garantías constitucionales, y el Estado está absolutamente obligado a inscribir cada acción, cada medida, en el respeto a esas garantías constitucionales.
No entraría en este momento a una discusión de cada uno de los puntos que aquí se comentaron, sobre las medidas que se discutieron el miércoles pasado en el desayuno que se tuvo con el regente, porque creo que cada uno ha tenido en su momento la respuesta oportuna y documentada, y bueno, si no se cree que hay confianza anticipada ante lo que aquí se dice, entonces no podemos avanzar en el diálogo honesto del problema. Creo que la información ahí está, es verificable, y cada punto ha merecido una respuesta.
Creo que todos los legisladores de todos los partidos, desde luego los de mi partido, estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de seguir, insisto, profundizando en las medidas tomadas y que están en marcha actualmente; estamos de acuerdo en que se aplique enérgicamente la ley y que se avance lo más rápidamente posible, pero asumamos que el problema
es complejo, asumamos que la responsabilidad corresponde a la comunidad y a todos, al gobierno desde luego, que en ello, en la participación más activa ciertamente del gobierno, en una decisión de todos por consumir por ejemplo cada vez menos energía, en la posibilidad de seguir impulsando un nuevo ordenamiento urbano, en la posibilidad también de seguir promoviendo la instalación de equipos más eficientes en cada empresa, y todo ello dentro del respeto a las libertades y con una cada vez más activa y más decidida participación social, podremos ciertamente encontrar una solución más definitiva en el corto y mediano plazos a este grave problema de la ciudad de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Señor Presidente; compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna a razonar el voto del Partido Acción Nacional y al mismo tiempo a apoyar la propuesta presentada por el diputado Jaime Enríquez Félix.
No estoy de acuerdo, como lo señaló el senador Silva Nieto, en que la propuesta sea improcedente, porque nuestro ámbito de competencia sea distinto, y esto es competencia de la autoridad administrativa, ya que nosotros como legisladores, somos responsables de los intereses del pueblo, y ese pueblo no sólo está en peligro de ir menguando su salud, sino que además, en un momento de suma gravedad, puede llegar hasta a perder la vida.
Nos extraña que estando de acuerdo en el fondo del asunto, no hayan firmado el punto de acuerdo presentado por el Partido de la Revolución Democrática.
Realmente el senador Silva Nieto no presentó argumentos que se opongan a dicho acuerdo.
Dice que están preocupados los legisladores de su partido y seguramente cada uno de los legisladores que integramos esta Comisión Permanente, nos encontramos sumamente preocupados por los niveles alarmantes que ha alcanzado la contaminación atmosférica en la ciudad de México, que el sábado 9 de marzo alcanzó 375 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, la contaminación por ozono, viéndose obligada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a aplicar la fase II del Plan de Contingencia.
En la primera fase, cuando la contaminación se sitúa entre los 200 y 300 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, se pide a la industria que reduzca sus operaciones en un 30%. Desde 1987, esta medida se ha aplicado seis veces.
En su segunda fase, cuando los niveles alcanzan entre 300 y 400 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, la industria deja de operar en un 50%.
Y este nivel nunca se había empleado, hasta el sábado 9 de marzo.
Resulta pues paradójico que a dos días de que los miembros de la Comisión Permanente nos entrevistamos con el licenciado Chirinos y el licenciado Camacho Solís, se produjera este suceso, que es la señal de que se deban tomar decisiones más enérgicas y asumir cuanto antes cada uno, en el ámbito de nuestra competencia, la responsabilidad que el caso amerita, así como lo hemos reiterado sistemáticamente legisladores de todos los partidos en esta tribuna.
El primer paso, considero, lo dimos ya los legisladores aquí presentes al lograr esa entrevista con las autoridades del ramo, en donde tuvimos la oportunidad de analizar en forma conjunta el problema y de buscar medidas coordinadas para tratar de abatirlo.
Entre los puntos más relevantes de la entrevista, se encuentra la propuesta que presentamos sobre la creación de un Instituto Metropolitano de Ecología, con autoridad en la materia, para tomar decisiones enérgicas e inmediatas, cuando el caso lo amerita, sin sujeción a trámites burocráticos, como sucede actualmente, integrado por especialistas en el ramo, por autoridades y sectores representativos de la sociedad.
Y según nos comentó el licenciado Camacho Solís, esta proposición la toma en cuenta e integrará un organismo, y aunque no en el sentido de que nosotros lo propusimos, pero ya es un avance el que de un momento a otro se conforme un órgano que estudie el problema, que recomiende soluciones a manera, según lo señaló también el propio Camacho Solís, de cómo se conformo el comité de reconstrucción para el sismo de 1985.
El licenciado Camacho Solís reconoció también, por otra parte, que no se ha informado a los habitantes de la ciudad de México que es una contingencia, cuál debe de ser su participación activa cuando se presente y cómo
se dará la señal de alerta; que en el pasado invierno no se atrevió la autoridad a informar, porque, éstas fueron palabras textuales del licenciado Camacho, muchas veces es mayor el daño psicológico que se ocasiona al informarle a la población. Pero, según él dijo, a más tardar el próximo verano se dará esa información a los habitantes de la ciudad de México y zona metropolitana, e incluso se harán simulacros por los medios de comunicación.
De esta reunión, de los acontecimientos que se han venido suscitando en los últimos días y de la preocupación que sentimos por tratar de abatir el problema, los diputados del partido Acción Nacional llegamos a las siguientes conclusiones:
Primera. No basta que la autoridad reconozca que el problema es grave y que ha faltado información, es necesario que actúe también con madurez, responsabilidad, sin titubeos y con la confianza en los planes diseñados y, en consecuencia, que los aplique de inmediato cuando se presenten las hipótesis previstas.
Segundo. Si no es el único responsable, pero sí el principal el gobierno del Departamento del Distrito Federal, de que se concientice a la ciudadanía de la gravedad del problema, de las causas que lo originan y, sobre todo, de aquellas que son imputables a los mismos habitantes; que se concientice de la participación activa que a cada uno corresponde, tanto en casos de emergencia y como en el combate al problema, no sabemos que hacer en caso de una emergencia.
Tercera. Es un problema que compete a todos los sectores y no solamente a un partido político o a una autoridad.
Cuarta. Sin la concientización de la ciudadanía tiene que hacerse, esto deberá ser con carácter de urgente, dados los acontecimientos del sábado 9 y también es urgente, como lo dijo el diputado Enríquez Félix, la revisión de acuerdos y medidas diseñadas.
Si ya dimos un primer paso los miembros de la Comisión Permanente al entrevistarnos con las autoridades correspondientes, demos ahora el segundo apoyando la propuesta que presentó nuestro compañero legislador. Debemos seguir contribuyendo responsablemente y dejar a un lado intereses partidistas, debemos promover lo necesario para combatir este gravísimo problema.
Por eso exhorto a los legisladores del Partido Revolucionario Institucional a que reconsideren su posición. Muchas gracias.
El Presidente: - Para razonar su voto, tiene la palabra el senador Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Roberto Robles Garnica: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: En primer lugar, debo hacer, estoy obligado a hacer un reconocimiento a la honestidad política de Acción Nacional, que declara que apoya una propuesta del Partido de la Revolución Democrática, porque el asunto a considerar no es cuestión partidista, es algo que concierne a todos los mexicanos que radican particularmente en la metrópoli.
Con actitudes como ésta sí es posible que haya acuerdo parlamentario en bien de solución de problemas sociales trascendentes. Nos sentimos obligados a hacer este reconocimiento, porque suele ser raro, cada partido suele actuar por su cuenta y pocas veces en forma concertada con otros, sin embargo, el punto de acuerdo que se trajo a consideración por el diputado Jaime Enríquez Félix, tiene la firma de todos los partidos aquí representados, con excepción del Partido Revolucionario Institucional.
Si bien el señor senador Silva Nieto, dijo que de hecho participaba de común acuerdo con el espíritu del punto que se propuso, pero no se trata solamente de un hecho burocrático, de un trámite simplemente, de firmar o no firmar un punto de acuerdo, de lo que se trata es que el Congreso de la Unión por voz de la Comisión Permanente, tiene el deber de decirle a la sociedad qué es lo que se piensa y que es lo que se propone.
Nadie puede negar la extraordinaria gravedad de la contaminación ambiental de la zona metropolitana, nadie puede negar que tal contaminación va en aumento y nadie puede negar que éste es un problema particularmente grave, además de muy complejo.
Se afirma que las dependencias oficiales a las que interesa el asunto, a las que compete ocuparse particularmente de este problema, están actuando y yo creo que sí están actuando sin resultados positivos y en consecuencia está poniéndose de manifiesto la ineficacia de la función oficial.
Esta mañana vi en la televisión una declaración del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, en la que a pregunta de un representante de la Prensa, contestó categóricamente y como si de verdad creyera las palabras que estaba pronunciando: "que estaba seguro de que lo que hacía estaba bien hecho y que confiaba en la eficacia de lo que realizaban, porque tenía firmes bases científicas y administrativas".
Los miles o centenas de miles de personas que hayan visto tal programa no pudieron menos que indignarse. Aquí hay falta de honestidad política! ¿Como negar lo que todo mundo esta viendo a cada momento? ¿Que caso tiene decir que se está haciendo todo bien y que va todo en la dirección correcta?, ¡Si todo mundo comprueba en su vida personal y en su propio organismo que las cosas están mal y que cada vez están peor! No tiene sentido intentar engañar!
Y otra cosa más: decir que no es conveniente informar a la opinión pública sobre la gravedad del problema, porque entonces todo mundo se va a alarmar más y todos nos vamos a enfermar adicionalmente, es considerar a la ciudadanía como ingenuos, desinformados o tarados mentales. Y eso no es válido presuponerlo, nadie tiene derecho a suponer que porque se informa la verdad, nadie va a comprender lo que se debe hacer y el sentido de las cosas que se realizan! ¡Justamente ése es el problema, que nadie está creyendo en que sea real lo que están informando! ¡Ya nadie sabe, al final de cuentas, que el grado de contaminación que se está sufriendo es el que se dice y que tal grado de contaminación es o no perjudicial a la salud humana!
Y las pruebas están en la Prensa! Un alto funcionario de la Secretaría de Salud, hace no más de ocho días declaro que "la contaminación ambiental de la ciudad de México no aumentaba la morbilidad de los citadinos".
Yo pensaría que a estas alturas, el Secretario de Salud ya despidió a tan irresponsable declarante. ¿Como se atreve alguien que esté en la Secretaría de Salud, a decir que esta contaminación no hace daño? Si todo el mundo la está sufriendo! ¡Pero hasta allá llegan!
Creen que pueden ocultar la verdad y que ocultándola es como si tal verdad no existiera. Piensan que "la política del avestruz" puede dar resultados. Pues en todo caso daría resultado en otras cosas más no en ésta, que tiene muchos millones de testigos, tantos como habitantes de la zona metropolitana.
Es absolutamente necesario emplazar a las autoridades, al gobierno federal en su conjunto, porque cada uno tiene algo que hacer, para que primero informen la verdad y, segundo, digan exactamente que están haciendo, porque cuando afirman que la cifra determinada de centros fabriles trabajó a la mitad de su capacidad durante tantas otras horas nadie lo cree, porque nadie le está creyendo al gobierno en esta materia.
¡Y eso tiene sentido político, pero sentido político antigubernamental originado por el propio gobierno! ¡Tendrán que pensar dos veces lo que están haciendo!
Nos dice el señor senador Silva Nieto, pues que vivimos en un régimen de libertades y que por tanto todas las medidas que deban aplicarse tienen que tomar en cuenta ese sistema político y hasta filosófico es correcto, ¡nada más que nadie puede tener libertad para contaminar, que es lo mismo que decir libertad para dañar a otros! Eso no se puede y en eso se fundamente toda la reglamentación y toda la política y todas las medidas administrativas designadas a luchar contra la contaminación.
El diputado Enríquez Félix dijo algo importante que vale la pena subrayarlo: "se están informando los promedios de grados de contaminación". Los promedios es la suma que resulta de los puntos altos, de los puntos bajos y los puntos medios, como todo mundo lo comprende, pues bien, no importan los puntos bajos, no importan los instantes en que la contaminación estuvo arriba, los picos, como dijo la diputada representante de Acción Nacional, esos, esos momentos son los que tienen que conocerse y estos no se dan a conocer.
En este momento en la televisión debieran salir gráficas, gráficas de todos los días para que todo mundo sepa qué está pasando, pero no únicamente por saber, sino para tomar medidas; por ejemplo, ya debiera suprimirse toda actividad deportiva en la mañana, todo debiera estar prohibido, nadie tiene derecho a salir a enfermarse y a poner el mal ejemplo esto tiene que acabarse, por ejemplo. Además de muchas otras medidas prácticas que deben tomar todos los ciudadanos, muchas prácticas deportivas ya no se pueden hacer al aire libre en determinadas horas y en determinados días, hay que enseñar eso, pero hay que enseñarlo diciéndole la verdad a la gente, porque se le dice, no en abstracto, porque entonces nadie hace caso, porque nadie
hace caso de la gravedad del asunto. Gráficas debieran salir.
Pero ahora bien, estas gráficas, ¿quién debiera hacerlas? Quiero ser recíproco con Acción Nacional, nosotros apoyamos la idea de que empiecen a surgir organismos autónomos, descentralizados o particulares que contribuyan a verificar los grados de contaminación, la eficacia de las medidas que se toman y la exigencia a los ciudadanos de lo que deben hacer, porque también tienen que participar, nosotros apoyamos esa medida, ojalá Acción Nacional quiera persistir en tal propósito y ojalá fuera escuchada por los demás partidos y por la sociedad en su conjunto.
Este problema concierne al gobierno, pero también concierne a la sociedad y tal vez al final de cuentas concierna más a la sociedad que al gobierno y en consecuencia deben ser organismos surgidos en el seno de la sociedad los que se encarguen de vigilar el manejo del problema, el registro de los avances o de los fracasos.
Yo quiero terminar diciendo que no es cierto que nos estamos aprovechando de este grave problema para poner en aprietos al gobierno, eso sería lo de menos, hay muchos otros problemas o argumentos, o razonamientos con los cuales se puede hacer lo mismo, eso sería lo de menos; lo que es verdaderamente grave es que este problema continúa avanzando y es grave, ya fuera del invierno, fuera de los días fríos, ya no es temporal la emergencia , y se asentó, ya se volvió epidemia, ya amenaza ser todos los días del año, quiere decir que vamos de mal en peor.
Ante esto, el punto de acuerdo que se propuso debería ser atendido, debería ser aprobado, yo esperaría que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con una reflexión consciente, meditada, se adhiriera en el voto. Muchas gracias.
El Presidente: - Para razonar su voto, tiene la palabra la senadora, perdón, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, y en turno la senadora Idolina Moguel Contreras.
Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Compañeras y compañeros legisladores: En relación con este punto de acuerdo que se está sometiendo a la consideración de esta asamblea, se ha señalado que lo suscribimos todos los partidos políticos. En primer lugar, quiero aclarar que desconocía y desconozco el contenido del punto de acuerdo que se ha sometido a la consideración de esta asamblea.
Por esa razón, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en estos momentos, por esa realidad de falta de comunicación, no podemos pronunciarnos en favor de ese punto de acuerdo, pero la posición, el planeamiento del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en torno al problema de la contaminación es una posición bien definida, bien clara, bien precisa.
La contaminación, a juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, es responsabilidad de todos, pueblo y gobierno tienen la responsabilidad de combatir este grave fenómeno. Desafortunadamente el pasado 9 de marzo constatamos en la ciudad de México que en los niveles más altos de la contaminación, más vehículos circulaban en la ciudad de México.
Ese día, para desgracia del de la voz, nos encontrábamos en la zona de Satélite; en esa zona, definitivamente la concentración de contaminantes era sumamente alta, tan alta, que es la primera vez que por esa razón han llorado los ojos de la voz. Ese día la contaminación estaba sumamente peligrosa y lo atribuimos fundamentalmente al hecho de la contaminación, cuando salíamos a un restaurante de la zona de Satélite, le dicen "la zona azul", pero más que nada parece la "zona negra", porque después de como se concentra la contaminación es peligroso ahí; transitamos rumbo a la ciudad de Toluca y pudimos verificar que al contrario, en esa zona del Estado de México gran cantidad de vehículos, pero una gran cantidad de vehículos circulaba emanando de ellos un humo negro, una contaminación que aumentaba el riesgo de la salud de los ciudadanos.
Esta realidad se está convirtiendo en un hecho cotidiano y para nosotros es grave; es grave, en primer lugar, porque acentúa una realidad que todos debemos de tomar en consideración: acentúa el hecho de que no hay conciencia ecológica en la ciudadanía del Distrito Federal, no hay conciencia ecológica en la mayoría de los habitantes de la zona conurbada de esta capital del país, inclusiva no hay conciencia ecológica en José Luis Lamadrid...
El diputado José Luis Lamadrid Sauza (desde su curul): - El 30% igual que...
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - El ha reconocido.. Voy para allá...
El Presidente: - No hay diálogos.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - El ha reconocido realmente su responsabilidad, pero la mayoría de los ciudadanos no estamos reconociendo nuestro problema, no estamos reconociendo que nosotros estamos contaminando, nosotros mismos estamos envenenando a nuestros hijos.
Desafortunadamente nadie hemos sido serios, ni nadie hemos sido responsables, por el que dirán no usamos una bicicleta, porque para nosotros o para muchos políticos es más importante que la ciudadanía nos vea en un automóvil que en una bicicleta. Hay una gran realidad en torno a este problema, el día en que más alta está la contaminación, como ya lo señale, más alta es la circulación de vehículos en esta ciudad, por ello, yo plantearía que el problema es preocupante, que el problema es de salud, que el problema básicamente, para que tenga alternativas de solución, debe ser en un primer nivel de conciencia y de responsabilidad de todos los que habitamos la zona conurbada y el Distrito Federal, porque si no hay conciencia en torno a este problema, nada podrá hacer el gobierno; el gobierno se enfrentará a un conformismo y a una apatía por parte de la población, que difícilmente será superada.
Por ello también, ponemos en tela de juicio el hecho de que se hayan suspendido al 50% las labores de algunas industrias contaminantes, porque desafortunadamente nadie hemos comprobado la aplicación de estas medidas de contingencia. No ha habido, por parte de la autoridad, la voluntad de invitar, cuando menos a un grupo de ciudadanos a ir a verificar que aquellas industrias contaminantes redujeron su nivel de trabajo en esos días en que la contaminación es muy alta.
El Estado, definitivamente tiene una gran responsabilidad, la responsabilidad de lograr la credibilidad en los actos de gobierno, pero aquí puede surgir otro gran problema, puede ser que a las industrias no se les obligue a reducir su trabajo en ese 50%, por otro fenómeno que se da en la sociedad mexicana, no de este sexenio, sino de muchos sexenios atrás: el de la corrupción. No sabemos que inspectores están a cargo de la aplicación de las medidas de contingencia.
Bajo estas circunstancias, es imprescindible que las autoridades competentes, que no son los titulares, los titulares tanto del Departamento del Distrito Federal, como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, tienen una responsabilidad secundaria, ellos tienen la responsabilidad de dirigir las políticas, pero aquí, en este caso, yo consideraría que hay un gran responsable del problema ecológico y para mí, el responsable es el subsecretario Reyes Contreras, quien ha manejado una realidad totalmente técnica, una que definitivamente no es la que conocemos en la realidad.
Por ello, queremos señalar que el subsecretario de ecología debería ser más responsable en el cumplimiento de su función y debería informar con mayor responsabilidad y seriedad, no solo a los secretarios a los cuales él ha servido, en una ocasión a Camacho Solís y en una segunda ocasión a Patricio Chirinos, los dos secretarios han sido asesorados por este subsecretario, pero la verdad es que la población sigue sufriendo el problema de la contaminación, todos nosotros, aquí no hay siglas, ni colores, ni partidos; aquí todos bailamos al mismo son que nos toca la contaminación. Por ello, es importante que reflexionemos en el problema, es importante que seamos corresponsales Estado y gobierno de la solución de este grave problema.
Yo considero que si convocamos los partidos políticos, las organizaciones civiles, las organizaciones religiosas y todo tipo de organizaciones, a la comunidad a hacer conciencia de este grave problema en el cual inclusive hasta la naturaleza está en nuestra contra, podríamos con un poco de sentido de responsabilidad, encontrar atenuantes, encontrar soluciones, pero, desafortunadamente los mexicanos tenemos muy arraigado en nuestra conciencia el "ahí se va" y eso va a ocasionar que un día menos pensado, la crisis sea tan aguda que ahí nos vamos a ir todos. Muchas gracias.
El Presidente: - Para razonar su voto, tiene la palabra la senadora de la República, Idolina Moguel Contreras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La senadora Idolina Moguel Contreras: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: He solicitado el uso de la palabra, porque considero de elemental justicia y obligación legislativa, intervenir en este debate sobre la lucha contra la contaminación ambiental, particularmente en el Distrito Federal.
Ciertamente el problema de la contaminación no es una cuestión de partidos, pero lo que sí
es un enfoque partidista es desconocer absolutamente el esfuerzo realizado hasta ahora por el gobierno de la República para combatir la contaminación.
Compañeros: emitir un juicio sumario sobre la ineficacia de lo hecho por el gobierno, sin duda que es un enfoque partidista; entonces, quiero referir mi intervención a algunos aspectos relacionados con la lucha contra la contaminación ambiental y que con realismo, ese sería el adjetivo que le correspondería, con realismo, fueron expuestos tanto por el regente de la ciudad de México como por el ciudadano Secretario de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
La primera contrariedad parte del hecho a todas luces indiscutible, de la limitada responsabilidad de recursos para atender en todos los frentes de la administración pública, las urgentes necesidades que plantea el desarrollo del país.
Las condiciones extremadamente difíciles en que desde el punto de vista económico los últimos gobiernos federales han tenido que enfrentar los retos de la administración pública prospectiva, hacen explicable y aun justificable el nivel alcanzado en la lucha contra la contaminación ambiental en el ámbito del Distrito Federal.
Nos dieron los funcionarios un ejemplo que es muy fácil de apreciar en su complejidad, recuerdan ustedes, se trata de la refinería de Azcapotzalco, sin duda que todos estamos de acuerdo en la necesidad imperiosa de cambiar de ubicación geográfica esta refinería y llevarla a otro lugar suficientemente alejado del Distrito Federal; sin embargo, como bien lo saben los compañeros legisladores que han tenido responsabilidades en el ámbito de la administración pública, no sólo se trata de detectar una necesidad y de estar de acuerdo con la urgencia de resolverla, sino también, yo diría que fundamentalmente de la disponibilidad de recursos para emprender la tarea.
Desde luego que además de los recursos se trata también de contar, compañeros, con un marco jurídico y reglamentario adecuado para llevar a cabo las acciones correspondientes. Llamo la atención sobre este hecho tan importante, puesto que aquí radica la corresponsabilidad que la Cámara del Congreso de la Unión y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tenemos en el caso de la contaminación ambiental en la ciudad de México.
De ahí que corresponda a nosotros ampliar nuestra capacidad propositiva, a fin de dotar a las dependencias del Ejecutivo de un marco jurídico y reglamentario adecuado para sacar adelante los programas y proyectos específicos en esta materia que tanto nos preocupa.
No podemos desconocer tampoco que se trata de un ámbito legislativo en el que también son competentes los congresos de los estados de la República, y es por ello que corresponde a nosotros también invitar a nuestros colegas legisladores locales, particularmente del estado de México, a trabajar en el análisis y la regulación jurídica de este problema.
Tenemos ya una Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Necesitamos seguramente darle mayor difusión y, desde luego, la reglamentación correspondiente. Podríamos agregar aspectos que contribuyen cotidianamente a hacer más complejo y más difícil de resolver, por lo menos en el corto plazo, el problema de la contaminación ambiental en el Distrito Federal. Está ahí por ejemplo el caso de la producción de la basura, de su recolección y de su aprovechamiento y está también el problema de la migración a la ciudad de México de la población que viene del interior de la República. Los dos aspectos, compañeros, están siendo tratados por las autoridades competentes, conforme a derecho y conforme a posibilidad.
Pienso igualmente, y así nos lo dijeron los dos funcionarios, en las condiciones geográficas adversas del Valle de México, en las que no quiero abundar. Pienso también en las posibilidades económicas de los particulares; es decir, de cada uno de los habitantes del Distrito Federal, propietarios de vehículos de motor, para modificar la estructura de sus automóviles e incorporarles los necesarios convertidores catalíticos. En suma, está el problema de la conversión del transporte público de la ciudad de México, así como el problema de cuidar los equilibrios económicos, a efecto de evitar caer en un sobreendeudamiento, con motivo de la atención prioritaria al problema de la contaminación.
Ciertamente resulta sencillo demandar, exigir, sencillo y legítimo, que se resuelvan tales o cuales problemas. Lo importante, como lo he señalado, es la verdadera capacidad propositiva del Poder Legislativo, con el mejoramiento del marco jurídico, con las leyes reglamentarias correspondientes, para contribuir eficaz y eficientemente a este combate que es de todos.
Debemos pues analizar con serenidad y objetividad no sólo las evidencias materiales de un problema que nadie niega; debemos evaluar lo que tenemos que hacer los legisladores. Por este motivo, los priístas votaremos en contra del punto de acuerdo presentado. Gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición... Desechada, señor Presidente.
SOBRE LA FÁBRICA "LA CONSTANCIA MEXICANA" EN PUEBLA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una proposición sobre trabajadores de la fábrica "La Constancia Mexicana", de la ciudad de Puebla.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señoras y señores legisladores, señor Presidente: A petición de un grupo de socios, miembros de la sociedad cooperativa de producción de los obreros de la fábrica "La Constancia Mexicana", me permito proponer a esta Comisión Permanente turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, para su estudio y resolución que proceda, los siguientes hechos e irregularidades que se cometen en perjuicio y daño de cooperativas y trabajadores del mencionado centro de trabajo.
La sociedad cooperativa de producción de los obreros de la fábrica de "La Constancia Mexicana", fue conformada el día 17 de abril de 1972, como resultado de la adjudicación, que en forma de convenio de liquidación y a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, se constituyó con 482 trabajadores, actualmente socios. Desde esta fecha, y al margen de los cuadros directivos de la propia cooperativa, quien en la práctica a manejado los fondos económicos de la sociedad, es el señor Manuel, Cholula Tlaloning, quien hasta hoy se ostenta como presidente del Consejo de Administración, en cuyo puesto se sostiene a base de la intimidación y la amenaza en contra de la mayoría de los socios de la mencionada cooperativa.
Como respuesta a las diversas denuncias hechas por los socios cooperativistas afectados, la Dirección General de Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo, a través de la Subdirección de Vigilancia y Departamento de Inspección, con fecha 12 de mayo de 1989, se concede a la sociedad cooperativa "La Constancia", un plazo de 60 días para corregir las irregularidades de la misma que son, en esa fecha, entre otras, las siguientes: no cuenta con cuadros de dirección legalmente autorizados, no cuenta con libros de actas del Consejo de Vigilancia, el libro de comisiones, no cuenta con señalamiento o anotaciones, los libros de registros de socios contables de diario, mayor y el de inventarios y balances no están actualizados, no se han enviado a la Dirección de Fomento Cooperativo los informes sobre balances generales desde la constitución de la sociedad, y finalmente se detectó que los fondos sociales sólo se constituyeron hasta 1979, y que las asambleas generales fueron realizadas sin quórum y sin haber sido convocadas como lo establece la ley.
El 13 de julio de 1990, mediante inspección practicada a la sociedad cooperativa de referencia, la Dirección General de Fomento Cooperativo y Organización Social para el Trabajo, comprobó que subsistían las irregularidades detectadas desde el 12 de mayo de 1989, a las que se sumaron otras más graves aun, por lo que se otorgó a la mencionada cooperativa un nuevo plazo de 60 días para corregirlas.
En virtud de que se ha vencido con exceso el plazo de referencia, sin que hasta la fecha se hayan superado las irregularidades cometidas en la sociedad cooperativa "La Constancia Mexicana", sino por el contrario, se agravan hasta alcanzar el nivel de conductas delictivas tipificadas por la ley en grave daño y perjuicio no sólo para los socios cooperativistas directamente involucrados, sino para todo el sistema cooperativo nacional, con todo respeto solicito que el presente asunto se turne para su estudio y resolución procedente a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los 13 días del mes de marzo de 1991. Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Alfredo Reyes Contreras.
El Presidente: - Túrnese para la atención que proceda, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados.
ARTICULO 33 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para una declaración sobre la aplicación del artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: - Señor Presidente; honorable asamblea: Pedí que se incorporara al orden del día este tema, porque me parece muy importante y muy preocupante.
Quiero declarar, en principio, que el Partido Popular Socialista es profundamente respetuoso de las creencias religiosas de los mexicanos. Esto lo hemos dicho reiteradamente, porque estamos plenamente convencidos de que así debe de ser.
Las relaciones Estado - Iglesia en nuestro país han sido tormentosas. Ustedes recordarán que el Estado mexicano surgió combatiendo por la iglesia, se desarrolló combatiendo por la iglesia, y actualmente se sostiene, aunque haya relaciones íntimas por ahí, combatiendo también por la iglesia, en el siglo pasado, después de enfrentamientos constantes del poder eclesiástico contra el naciente poder civil.
Finalmente, las fuerzas más positivas del país decretaron la separación Estado - Iglesia, que se justificaba por las condiciones que existían en ese momento, y porque era necesario inclusive para destrabar las fuerzas productivas que estaban trabadas por los latifundios eclesiásticos, establecer este principio de la separación Estado - Iglesia.
Pero la actitud mantenida por la Iglesia católica, provocó precisamente que al concluir el movimiento armado de 1910, en el texto de nuestra Carta Magna se estableciera ya no el principio de la separación Estado - Iglesia, sino el principio de la inexistencia jurídica y política de toda institución denominada iglesia. Y a partir de 1917, en México lo que existe precisamente o lo que se da, es la inexistencia jurídica y política de la iglesia.
Este hecho provocó derramamiento de sangre. Ustedes recordarán que al grito de "Viva Cristo Rey", se levantaron sectores atrasados, los levantó la Iglesia, para oponerse precisamente a lo más avanzado de la Constitución de 1917.
Hay un documento por ahí muy valioso, que ojalá la mayoría de los mexicanos conociera, y que publicó Vicente Lombardo Toledano, y se llama "La Constitución de los Cristeros". Fue un documento que le entregó Manuel Ávila Camacho, porque Manuel Ávila Camacho participó precisamente para derrotar a los cristeros. Esa constitución de los cristeros, como le llamó el maestro Vicente Lombardo Toledano, se presentaba como una alternativa a la Constitución de 1917, y decía Lombardo Toledano que esa constitución de los cristeros era un minifundio en todos los aspectos: minifundio político, minifundio jurídico, minifundio constitucional. Era una pequeñez expresada en un documento propio de sectarios.
La iglesia no ha descansado en su propósito de recuperar fueros y privilegios; quiere personalidad jurídica para recuperar las propiedades; quiere personalidad jurídica para moldear la conciencia de los mexicanos. Por eso, tercamente interviene en educación y mantiene escuelas confesionales, al margen de las disposiciones legales y quiere personalidad jurídica para recuperar derechos políticos. Esa es la esencia de su lucha, su lucha no está por el más allá, no se propone el más allá; se propone el más acá, quiere precisamente participar en la vida política de nuestro país, para orientar de acuerdo con sus intereses a la nación mexicana; por eso el reconocimiento jurídico y la exigencia de este reconocimiento.
Y en los últimos años ha jugado un papel nefasto, diría yo, Jerónimo Prigione . Prigione que según declara allí, en unas entrevistas que le hicieron, tiene 13 años en nuestro país, confiesa que las relaciones ahora entre el Estado y la Iglesia, son como las de aquel fulano que tiene relaciones con una señora, pero sin haberse casado, reconoce que hay un amasiato; entonces, entre la Iglesia y el Estado, y si no lo dice así textualmente, es quizá por su formación clerical, pero evidentemente hay un amasiato entre el estado mexicano, lamentablemente, que se olvida de la historia nacional y, la Iglesia. Constantemente Jerónimo Prigione, un extranjero, no sé hasta ahora que se haya nacionalizado o que le hayan otorgado la nacionalización como una medida privilegiada, ha impugnado permanentemente los artículos fundamentales de la Constitución, el artículo 3o., el 5o, el 27, el 130, constantemente interviene en la vida política de nuestro país de una o de otra manera; yo diría que Jerónimo Prigione parece "chivo en cristalería", porque se conduce con mucha irresponsabilidad y frecuentemente está abordando temas que son de la exclusiva competencia de los mexicanos.
Yo creo que ya basta, ¿ no?, ya basta que esté interviniendo en las cuestiones que competen exclusivamente a los mexicanos.
Ningún extranjero, cualquiera que sea su característica, cualquiera que sea su procedencia, tiene derecho a intervenir en las cuestiones que sólo nos interesan a nosotros y que nosotros los mexicanos vamos a resolver.
Este señor dice que hubo un referendum cuando vino el Papa, que los cientos de creyentes que recibieron a Wojtyla, se pronunciaron por el establecimiento de las relaciones del gobierno mexicano con el Vaticano y que se pronunciaron por la reforma a los artículos que yo he señalado aquí. No fue ningún referendum, eso solamente está en la mente "calenturienta" de Prigione y de otros clérigos, otras personas de la alta jerarquía eclesiástica.
Y en los últimos días, aquí están las pruebas, en dos revistas de circulación nacional, le hicieron sendas entrevistas y opina de todo, de todas cuestiones, de las cuestiones que nos competen exclusivamente a nosotros. Entonces me parece, independientemente de las inclinaciones que pudieran tener los altos funcionarios de la Federación, lo que se impone es el respeto y la aplicación de la Constitución.
El artículo 33 de la Constitución es muy claro, yo lo voy a recordar por si... yo no quiero herir los castos oídos de algunos de los miembros de esta comisión, y lo digo con todo respeto, pero el artículo 33 de la Constitución es un mandato importante, dice: "Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30", tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero de la presente Constitución, pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.
Los extranjeros no podrán de ninguna manera, inmiscuirse en los asuntos políticos del país; yo creo que es muy claro el texto del artículo 33 de la Constitución; como miembros del Congreso de la Unión, tenemos la obligación de exigir respeto y acatamiento de nuestra Carta Magna.
Por su parte, asumiendo su responsabilidad histórica, el Partido Popular Socialista exige respeto y la estricta aplicación del artículo 33 constitucional, al señor Jerónimo Prigione, por sus constantes e indebidas intervenciones en las cuestiones políticas de México, que son de la exclusiva competencia de los mexicanos.
Pienso en este momento, al terminar mi intervención, que si Benito Juárez estuviera en la Presidencia de la República y Melchor Ocampo en la cancillería, las cosas serían definitivamente muy distintas. Muchas gracias.
DECLARACIONES COMENTARIOS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
DEL COMPLEJO "PAJARITOS"
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar en torno al accidente de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz.
El Diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Ayer, una vez más, México entero fue informado de un accidente en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Y ayer, una vez más, recordamos una plática que tuvimos hace más de cuatro años con el entonces líder petrolero, Salvador Barragán Camacho, y con el también ex líder José Sosa, quienes argumentaban como principal preocupación de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, ¡la falta de mantenimiento de las instalaciones de esta empresa! Los trabajadores de Petróleos Mexicanos han denunciado en reiteradas ocasiones que en las instalaciones tienen que verse en la necesidad de improvisar algunos materiales o remiendos, para que se continúe laborando en las plantas. Y esto lo podemos considerar como cierto, dado que para nadie es extraño, la gran imaginación y el gran sentido de creatividad que tienen los obreros de este país.
México ha visto segar la vida de algunos de sus hijos por los accidentes que se han generado en oleoductos, gaseoductos y ahora, lo que es más grave, en las propias instalaciones, en las plantas de Petróleos Mexicanos, en donde se afirma se cuenta con todos los sistemas de seguridad que la tecnología moderna ha inventado, para prevenir accidentes en las instalaciones.
¡Pero una vez más, como en le caso del incendio de la Cámara de Diputados, la tecnología importada ha resultado insuficiente e ineficiente para detectar las posibles fugas de gas y los
problemas que provocan incendios de lamentables consecuencias! Por un lado, pueden existir serias dudas de lo que acontece en las instalaciones de Petróleos Mexicanos. Porque la dirección general de esta empresa y la Dirección de Relaciones Públicas de inmediato se abocaron no a ver el problema, sino a bloquear toda la información en torno al siniestro.
Se llegó al extremo de manipular cifras, ya que algunos medios de información señalaban la existencia de tres muertos y 60 heridos. En otras informaciones, como se comentó el día de ayer en el diario El Universal, el cacique petrolero Francisco Javier Balderas, ordenó que no se diera ningún dato sobre lo ocurrido, ya que en la Sección 11 de Petróleos Mexicanos se comentaba abiertamente la desaparición probable de 60 trabajadores, que supuestamente se encontraban laborando en la planta donde ocurrió el accidente.
También otro medio de información, como lo es La Jornada comunicó la existencia de 140 heridos y tres muertos y el diario El Nacional, que es un órgano casi de hecho del gobierno, informa que se atendieron a más de 329 personas y 19 de ellas de suma gravedad.
En suma podemos advertir que no hay veracidad en la información, que se han manipulado y maquillado las pérdidas humanas que bajo ninguna circunstancia deben ser ocultadas, porque de inmediato la población sabrá quienes de ellos fallecieron en este lamentable accidente.
Lo ocurrido en las instalaciones de Pajaritos, en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, preocupa hondamente al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en primer lugar porque en esa zona cientos o miles de trabajadores y ciudadanos militan y simpatizan con el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Por ello demandamos, en primer lugar, que las autoridades de Petróleos Mexicanos sean congruentes con su responsabilidad y por otro que se implementen, ahora que Petróleos Mexicanos está operando con números negros, todas las medidas de seguridad para los trabajadores que laboran en esta empresa del Estado y también que ese reclamo de los obreros, del mantenimiento, se convierta en una realidad , porque de no ser así, las negociaciones que se están realizando en torno a algunos elementos, algunos productos de la petroquímica secundaria, se verán gravemente afectadas y estas negociaciones, dada la realidad, podrían ser un mal negocio para un gobierno, si es que éste no hace saber, no hace entender que las plantas son rentables.
La realidad va más allá de un simple problema de trabajadores y de empresa, la realidad, compañeros legisladores, es que por falta de previsión con la ciudadanía que integran las colonias aledañas a estas instalaciones, se ven afectadas por permitir crecimientos urbanos en torno a ellas; esto no es concebible que acontezca en este país, toda vez que ya hemos constatado pérdidas humanas por siniestros de gran magnitud.
Nos preocupan profundamente las instalaciones, indudablemente, de la Refinería 18 de Marzo, porque la población que vive en torno a estas instalaciones es sumamente alta. Se debe de prevenir, se debe dar seguridad a la población de no sufrir un posible accidente que de acontecer en esta cuidada de México, sería de lamentables consecuencias.
Señoras y señores legisladores: la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la dirección nacional de nuestro partido y la estatal, en las cuales militan trabajadores petroleros en toda la zona del Golfo de México, desea expresar por mi conducto las más amplias condolencias a los obreros y familiares de éstos por el lamentable accidente en el que perdieron la vida más de cinco trabajadores hasta el día de hoy, de Petróleos Mexicanos.
Es imprescindible que defendamos no sólo el empleo de los trabajadores, sino la industria petrolera del país. Pero esto debe realizarse con sentido de responsabilidad, y más que nada con un alto sentido de seguridad para los trabajadores, que ya bastante son sacrificados con el sueldo y ahora también se ven sacrificados con la vida. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el mismo tema. En turno el senador de la República Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional.
Tiene la palabra, diputado.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Señor Presidente; honorable asamblea: Todo parece indicar que en México las políticas de planeación obedecen a criterios, tales como el desarrollo económico, la integración mundial, la
generación de empleos, acciones políticas, etcétera.
Pero el aspecto del medio ambiente no ha sido tomado en cuenta de manera seria y responsable, aun cuando el 28 de febrero de 1988 se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, en la cual se plantean los principios normativos de esta materia y se definen las responsabilidades con toda exactitud y funciones de la diversas entidades gubernamentales, pero hace falta el estricto cumplimiento de esta ley.
El crecimiento abundante y desordenado de los centros urbanos, ha sido además caótico y se ha dado a un ritmo demasiado rápido. El ejemplo lo tenemos nada menos que en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, que aumentó su número de habitantes en 20 veces en sólo dos décadas, con las consecuencias lógicas: problemas de vivienda, salud, falta de escuelas, agua potable, transporte colectivo, y una mayor contaminación.
Efectivamente, el problema de la contaminación en la región del río Coatzacoalcos es consecuencia del fracaso de la planeación. No se han logrado construir ciudades costeras tropicales, acordes con su entorno; debido al crecimiento anárquico de esta región, la ha convertido en zona industrial. Contiene cantidades altas de contaminación bacteriana de origen fecal, contaminación por metales pesados, como fierro, el níquel, el plomo y el mercurio, que afectan al hombre al consumir organismos contaminados como peces y molúscos; hidrocarburos con efectos cancerígenos y otros muchos riesgos para la salud.
La degradación de la calidad del agua y el aire con la consiguiente disminución de la variedad de la flora y la fauna de ese lugar. Todo ello se debe, en gran parte, a la falta de una política ambiental, a la falta de programas para la conservación del medio ambiente por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de Pesca y del gobierno estatal de Veracruz.
Nosotros consideramos que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, por tratarse de una entidad federal, la que debe vigilar y coordinar los programas de prevención de la contaminación, no sólo con las autoridades del Distrito Federal, sino con todas las dependencias y entidades de la federación.
La contaminación es un problema de una gran magnitud y las medidas para combatirlo resultan poco eficaces. No dijimos nunca que no había medidas para evitar la contaminación, dijimos claramente que son poco eficaces.
Falta información sobre medios distintos al urbano, como: bosques, lagos, costas y, sobre todo de los programas que ha implementando Petróleos Mexicanos en cuanto a medidas de prevención, mantenimiento de sus instalaciones y programas de reubicación de las refinerías y plantas, sobre todo de aquéllas que ya fueron rebasadas por la mancha urbana.
Se requiere establecer medidas tendientes a la protección de las áreas naturales y la flora y fauna silvestres y acuáticas, al aprovechamiento racional de los recursos naturales, para que la obtención de beneficios económicos sea compatible con el equilibrio de los ecosistemas. Hace falta prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo; hace falta también coordinación de los gobiernos estatal, federal y municipal, además de las organizaciones dedicadas a proteger la naturaleza.
Y a propósito de Coatzacoalcos, como ya se dijo hace un momento por el diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en una planta de Petróleos Mexicanos denominada Cloratos III, del complejo petroquímico de Pajaritos, ocurre un siniestro, como si esa población no tuviera suficiente ya con la contaminación que vive actualmente. Y rápidamente las autoridades se apresuran a declarar que habrá desabasto de la producción del cloruro de vinilo, de PVC y que ese producto tendrá que ser importado para abastecer la demanda interna. A dichos funcionarios tampoco les preocupa el costo material, porque dicen: "el costo de los daños será recuperado vía seguros".
Sin embargo, valdría la pena preguntar a las autoridades de Petróleos Mexicanos lo siguiente: ¿Cómo será resuelto el problema de la pérdida de las vidas humanas y los más de 300 heridos, muchos de gravedad?, ¿de qué manera serán indemnizados estos trabajadores o sus familiares?, ¿qué pasaría, si se vale pensar siquiera, si lo ocurrido en Pajaritos sucede en la refinería de Azcapotzalco, Distrito Federal?, ¿están las autoridades preparadas para enfrentar una catástrofe de tamaña magnitud?, ¿qué medidas de seguridad existían en Pajaritos y que medidas de seguridad existen en las demás refinerías?
Con sucesos como los ocurridos en Coatzacoalcos, en el Estado de México, con los incendios de los basureros y con índices tan altos de contaminación en el Distrito Federal, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades del país, los mexicanos estamos destruyendo rápidamente lo que a la naturaleza le ha tomado milenios para crear.
Todos estos perjuicios son bien conocidos por todos, pero resulta mínimo lo que se ha hecho para evitarlos. No cabe duda que hace falta voluntad política para solucionar los problemas de contaminación en este país, pero el conservar la riqueza natural que aun nos queda es tarea de toda la sociedad. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el senador de la República Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Eliseo Rangel Gaspar: - Señor Presidente; compañeros integrantes de la Comisión Permanente: El día 11 de los corrientes a las 8.40 horas, se registró una explosión seguida de incendio en las líneas de conducción de la planta de Petróleos Mexicanos en Pajaritos a que se ha hecho referencia por el precedente orador.
De grandes dimensiones, con proporciones de catástrofe, la población se vio atemorizada por las consecuencias; trabajadores de la empresa perdieron la vida, muchos fueron heridos y hubo también daños materiales en las zonas aledañas. A las 11:00 horas del día del suceso del infortunado accidente, estaban controlados los efectos devastadores de la explosión y aunque la planta en su área central va a requerir tiempo para su reparación y funcionamiento, las áreas aledañas que tuvieron que ser paradas de emergencia, han iniciado sus labores normales.
En los términos que la empresa trabaja, los daños están siendo reparados, se está atendiendo a terceros responsablemente, con el seguro y con el reaseguro que la empresa tiene contratada no solamente para daños, sino para pérdidas de producción, y ha vuelto a la región en los términos adecuados, la vida normal. Yo aprovecharía esta presencia nueva en la tribuna, no para expresar satisfacción porque me dan razón los acontecimientos, sino para deplorarlos y fundamentalmente para rendir un homenaje emocionado a los trabajadores que de manera heroica, con sacrificio de sus vidas y con los elementos de que pudieron disponer dadas las circunstancias accidentales, hicieron frente con responsabilidad, con eficacia, al suceso.
Dada esta conducta, esta conducta sí da la razón, a lo que hace, pronto harán 53 años, Lázaro Cárdenas sostenía acerca de la responsabilidad de los trabajadores mexicanos al hacerse cargo de la industria fundamental. Vamos a entregar la planta de Petróleos Mexicanos, esencial para el desarrollo económico nacional, a los trabajadores de México y vamos a demostrar al mundo cómo somos capaces de impulsar su desarrollo, su crecimiento y vincularlas sustancialmente al destino de la nación.
Así ha ocurrido en Coatzacoalcos; qué lástima que un accidente infortunado nos haya vuelto a la realidad anunciada por Lázaro Cárdenas, pero estamos en la perspectiva del trabajo, de la resolución de los problemas. El príncipe puede dar soluciones a la problemática política del tiempo, puede concretar los diferendos entre los grupos, entre los partidos, entre las clases, pero el príncipe, como decía Epicteto, no puede prever accidentes de esta naturaleza, y estos accidentes, estos, imprevisibles, se resuelven con convicción sobre las responsabilidades que cada quien debemos ejercitar y cumplir.
Sí vamos a tener problemas en el abasto del PVC, pues la planta es una planta importante, una gran planta de dimensiones mundiales, y esta planta afectada por el incendio, producía más del 75% del PVC que se consume en el interior de la República y que se exporta también al extranjero. Vamos a tardar en abastecernos porque los daños fueron importantes, y se los subrayo esto para contrastar la grandeza del accidente con la rapidez y eficacia de los instrumentos puestos para controlarlo.
Hay, por otra parte, sobre oferta del PVC, lo vamos a traer en condiciones adecuadas de marcabilidad. Pero lo lamentable es la pérdida de vidas humanas, que probablemente crezca porque el accidente, insisto, fue grave. Pero desde esta tribuna mi partido reitera su solidaridad con los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sostiene que tanto la Ley de Ecología como los principios de planeación para organizar la convivencia, son el marco hacia el cual queremos orientar el desarrollo de la vida civilizada.
Alguien ha dicho y seguramente tiene razón, que con probar el agua de los ríos se puede saber si hemos llegado a la civilización. El siglo del desarrollo industrial, la era de la revolución industrial nos tomó por sorpresa, y nos ha obligado a realizar a marchas forzadas, planes,
proyectos, programas, acciones, que tengan por objeto conducir de manera adecuada los fenómenos de migración, de demografía, de saturación del medio ambiente, todos negativos, todos conspiradores en contra de una vida limpia y contra el derecho universal, humano, de existir en un ambiente libre de polución y de temor a perecer en un holocausto de esta naturaleza.
Vamos a continuar en esta ruta y a convocar a todas las organizaciones del país y a todas sus fuerzas políticas y sociales, para despertar la conciencia ecológica que estamos levantando con estas intervenciones, muchas veces el calor de la facción, pero que si conducimos de manera responsable y consecuente, seguramente podemos levantar en este país, en esta nación, una fuerza capaz de establecer una convivencia más digna de nuestra especie. Muchas gracias.
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO RAFAEL PRECIADO HERNÁNDEZ
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eugenio Ortíz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre el reconocimiento al maestro Rafael Preciado Hernández.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores senadores; señoras y señores diputados: Quisiera utilizar el primer minuto de esta intervención, con el silencio personal para rendir homenaje al maestro, al compañero y al amigo.
(Todos de pie, guardan un minuto de silencio.)
Muchas gracias. El día jueves 7 de marzo, a la edad de 82 años, pasó a mejor vida Rafael Preciado Hernández, ciudadano mexicano ejemplar, oriundo del Grullo, estado de Jalisco, y que como tantos compatriotas nuestros, por circunstancias diversas, en plena juventud dejó el regazo provinciano para forjarse y forjar destino personal y el de la patria grande, que se aspira y concreta en esta síntesis de múltiples facetas que constituyen la ciudad capital de la República.
Rafael Preciado Hernández participó en 1939 en la fundación de mi partido , Acción Nacional, al lado del maestro Manuel Gómez Morín, y sus aportaciones al pensamiento y al quehacer panistas, sólo interrumpidos por la enfermedad, han sido y serán reconocidas siempre por quienes militamos en la organización partidaria. No abundaré por lo tanto sobre el particular, pero es procedente hacer referencia en la medida del tiempo de que disponemos, a dos aspectos fructíferos de esta vida plena: a su magisterio universitario y a su actuación como diputado a la Cuadragésima Séptima Legislatura Federal. Su magisterio, 56 años de catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, en los que llegó a merecer la dirección del Seminario de Filosofía del Derecho, así como el grado de maestro emérito de nuestra Alma Mater.
Esto conlleva un gran significado: la vivencia de una votación generosa por antonomasia, como es la práctica de enseñar a los demás Ligado a la Universidad Nacional desde la lucha de libertad de cátedra en 1934, su lealtad comprometida con la institución lo llevó a la más enérgica y vehemente defensa del principio de autonomía universitaria, en ocasión a la ocupación militar del campus ocurrida en los aciagos días de 1968. Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, de su participación en el seno de las comisiones y en el pleno de la representación nacional, como diputado a la Cuadragésima Séptima Legislatura; basta concitar parte de su intervención del 12 de diciembre de 1967, al aprobarse en lo general la Ley Sobre Características y uso de los Símbolos Patrios, Bandera, Escudo e Himno nacionales.
"México, ciertamente tiene principios de unidad para su pueblo; constituye una nación y es una patria, aunque sea por diversos conceptos, porque una nación es una unidad sociológica fundamentalmente, étnico - sociológica, fundada en hechos y en vínculos naturales y culturales, como la sangre, la religión, el lenguaje, las costumbres y las tradiciones, y sobre todo por ese modo peculiar como un pueblo participa en la realización de los valores universales de la humanidad."
Es en este concepto de nación en que se funda el sano nacionalismo; no es ese nacionalismo cerrado, negativo y agresivo que pretende erigir en únicos valores del hombre los valores autóctonos, como si no representarán una participación en los valores de la humanidad, sino el nacionalismo, que afirma el rostro nacional de un pueblo y que no pretende imponerlo a otros pueblos, sino que respeta los rostros nacionales de los demás pueblos, como principios de una armoniosa convivencia internacional.
Y México es una patria, porque la patria ciertamente no es la nación, no es simplemente una
unidad sociológica; la patria es más bien una unidad moral, una comunidad de pensamientos y sentimientos, de aspiraciones y recuerdos, de alegrías y recuerdos vividos en común, que si bien, como afirma Balanzan, deferimos a una tierra, a un territorio, es ante todo una unidad moral en la que se vinculan los valores realizados por las generaciones del pasado, con los valores que están realizado las generaciones del presente, y que queremos transmitir acrecentados a las generaciones del porvenir.
México es una nación y una patria, es una patria por esta unidad de pensamientos y de sentimientos, por este recuerdo del pasado, conjugado con el presente y proyectado hacia el porvenir.
Finalmente, debo subrayar que la concepción democrática a la que se adhirió el maestro Preciado Hernández, comprende una doctrina de fondo y una técnica, no mera técnica, sino técnica para la realización de principios y valores éticos; concepción democrática fundamentada en la libertad humana, principal presupuesto del estado democrático y, por ende, del estado de derecho.
Rafael Preciado Hernández, Jalisciense de origen y mexicano universal; maestro, político, ciudadano y demócrata de una pieza; por su pensamiento y su acción merece el bien de la patria. Por su atención, muchas gracias.
DENUNCIA
LIBERTAD DE PRENSA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia sobre el problema de la Prensa en el Bajío.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: - Señor Presidente; compañeras y compañeros miembros de la Comisión Permanente: En 1980 El Heraldo de Tampico fue sujeto, como muchos periódicos, a diversas presiones por parte del gobierno, cuando la línea que el periódico sigue no es consecuente con lo que el gobierno desea.
Esta presión fue ejercida en aquel entonces por los líderes del Sindicato Petrolero, bastante conocidos por nosotros, Joaquín Hernández Galicia y Salvador Barragán Camacho. Esta situación de conflicto y de acosos permanente al periódico se fue esgrimiendo con mayor energía, gradualmente, hasta que a través de turbios manejos realizados a través del sindicato, comenzó, estalló una huelga que culminaría con el cierre de este periódico, después de una larga cadena de hechos, en los que diversas instancias jurídicas que deberían de resolver el problema, lo dejaron pasar y esto llevó inexorablemente a que el periódico hasta la fecha esté cerrado.
En 1987 le tocó el turno a El Heraldo de Irapuato, el sufrir un acoso semejante y más o menos con los mismos procedimientos se buscó, se intentó y se logró su cierre; el primer caso está después de agotadas muchas instancias en la Suprema Corte de Justicia, y el segundo, en el Tribunal Colegiado del Circuito de Guanajuato.
Durmiendo el sueño de los justos, de hecho en donde el actual gobernador, a través de amigos personales, directamente ha influido para que el caso de este periódico esté congelado.
Hasta hace poco tiempo la empresa de la cual dependen ambos periódicos, decidió hacer público este asunto ante la sociedad interamericana de Prensa, lo que originó una respuesta del director general de Comunicación de la Presidencia de la República, Otho Granados Roldán, desmintiendo lo dicho por el director de El Heraldo, Mauricio Bercundo.
Ambos hechos tienen un denominador común, los dos atentados, los dos cierres de los periódicos significan de hecho un atropello de la autoridad del gobierno a los medios de comunicación, empleando diversas maniobras que terminan por acallar cualquier voz independiente y crítica.
Los casos de El Heraldo de Tampico y El Heraldo de Irapuato, colocan en entredicho el discurso oficialista que propala la tolerancia a la crítica y el respeto a la libertad de expresión, y de hecho retratan de cuerpo entero un régimen prepotente y dictatorial, incompatible con un país democrático, en donde los hechos correspondan a las palabras.
Independientemente de las coincidencias ideológicas que un partido político como el Partido de la Revolución Democrática sostenga con un medio de comunicación, es un principio que debiera ser de observancia general, para cualquier corriente política, el salir a la defensa de la libertad de expresión y a denunciar, con energía, el atropello que se hace de cualquier voz pública, equivocada o no, que desea y que busca abrirse un espacio en la conciencia nacional para decir su verdad.
Salir a la defensa de un medio de comunicación, cualquiera que éste sea, es garantizar la libertad en el término más amplio en México.
Por esto, venimos aquí a denunciar estos dos casos, con energía y buscando que se proceda a que estos dos periódicos abran nuevamente un espacio de opinión pública a la ciudadanía en dos estados de la República, en el estado de Guanajuato y en el estado de Tamaulipas. Les agradezco mucho su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Galindo Musa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco Galindo Musa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: He querido hacer uso de la tribuna, solamente para precisar los hechos que ha traído a la tribuna el diputado, nuestro compañero, Francisco Curi Pérez. Y para decir que no se trata de un problema de libertad de Prensa; la libertad de Prensa está perfectamente avalada por la gran cantidad de diarios que existen en la República, inclusive con el mismo Diario de León, que no ha sido cerrado y que sigue teniendo la publicación diaria.
Les decía que se trata de un problema eminentemente laboral, en donde ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, el Sindicato Industrial de Trabajadores de Artes Gráficas y Conexos de la República Mexicana, emplazó a huelga a la empresa, solicitando la firma del contrato colectivo.
La empresa, también en uso de sus facultades y de sus derechos, metió un amparo que está en proceso de desahogo.
Por lo que muy escuetamente decimos en esta tribuna que se trata de un problema laboral. Es muy significativo, y es lo que me causa también sorpresa, que los compañeros del Partido de la Revolución Democrática suban en este caso a defender los intereses de la empresa y no lo intereses de los trabajadores. Muchas gracias.
La secretaria diputada Judith Murguía Corral: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
20 de marzo de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
A. Correspondencia
El Congreso del Estado de Quintana Roo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano doctor Miguel Borge Martín, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, la que tendrá lugar el 26 de marzo.
Oficio de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano José Luis Martínez Castillo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
B. Iniciativas
C. Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se le concede permiso al ciudadano Pablo Silva Machorro, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
D. Dictámenes a discusión
Seis de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Mario Joaquín Vega y López, Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel, Jorge Sánchez Castañeda, Fernando Torres Valadez, Miguel Chávez Aguilar y Abelardo Díaz Pedroza.
E. Proposiciones
F. Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones
G. Denuncias
Los rubros B, E, F y G se integrarán con los
puntos que se inscriben en los términos del acuerdo parlamentario para las sesiones de esta Comisión Permanente, además, los asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 15.00 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 20 de marzo, a las 11.00 horas.
Edición a cargo de la Dirección del Diario de los Debates con colaboración de Taquigrafía Parlamentaria