Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19910320 - Número de Diario 14
(L54A3PcpN014F19910320.xml)Núm. Diario:14ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Guillermo Jiménez Morales
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D. F. a miércoles 20 de marzo de 1991 No. 14
PRIMER RECESO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría notifica que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO RUBEN FIGUEROA FIGUEROA
Se guarda un minuto de silencio en su memoria y se designa comisión para asistir a su sepelio.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Quintana Roo, para asistir a la sesión solemne en la que el ciudadano Miguel Borge Martín, gobernador constitucional del Estado, rendirá el Cuarto Informe de Gobierno. Se designa comisión.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
VISITA DE ESTADO
Con el que se remite la solicitud de permiso para que el ciudadano Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República, pueda ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar una visita de Estado a Canadá y visita de trabajo a los Estados Unidos de América. Se turna a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTO
Por el que se comunica que el Presidente de la República nombró al ciudadano Luis Manuel Gutiérrez Levy, director general de Aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se turna a la Tercera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Solís Guerra y Héctor Eduardo Huerta Nava, puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México. Se turnan a la Primera Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Alicia Rodríguez Hernández y Claudia Garza Martínez, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México. Se turna a la Primera Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elena Saucedo Lugo y Gustavo Rayas Martínez, puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano José Luis Martínez Castillo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SOLICITUD DE PARTICULAR
NOMBRAMIENTO
Del ciudadano Carlos Canseco González, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León.
INICIATIVAS
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIO SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
Iniciativa de Reformas presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Se turna a las Comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la H. Cámara de Diputados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Pablo Silva y Machorro, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República de Francia.
NOMBRAMIENTOS
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Víctor Hugo O'Farril y Ávila, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía en México.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Galina Veraza, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía en México.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Seis de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Mario Joaquín Vega y López, Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel, Jorge Sánchez Castañeda, Fernando Torres Valadez, Miguel Chávez Aguilar y Abelardo Díaz Pedroza. Se aprueban y se comunican al ejecutivo.
PROPOSICIONES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Sobre la liquidación de jubilados, pensionados y retiro voluntario de trabajadores al servicio del Estado de Baja California Sur, presentada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
REFINERÍA "18 DE MARZO"
Declaración conjunta de todos los grupos parlamentarios.
Para razonar su voto toma la palabra el diputados Alfredo Reyes Contreras. Se aprueba.
DECLARACIONES, COMENTARIOS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
SOBRE EL MES DE MARZO
Interviene el diputado Juan José Osorio Palacios sobre este mes en la historia de México.
EFEMÉRIDES
Sobre el CLXXXV aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas Benito Juárez García. Intervienen los legisladores: Idolina Moguel Contreras
Eugenio Ortíz Walls
INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Intervienen los legisladores:
María del Carmen Segura Rangel
Bulmaro Pacheco Moreno
SOBRE DEMANDAS MAGISTERIALES
Para apoyarles, toma la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras.
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Sobre administración de la Justicia Federal en el Estado de Tamaulipas toma la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE MORELOS
Sobre las elecciones en el Estado de Morelos intervienen los legisladores: Francisco Curi Pérez Fernández
Eliseo Rangel Gaspar
Francisco Curi Pérez Fernández, para contestar alusiones personales.
SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS
Presentada por el diputado Noé Aguilar Tinajero. Se turna a las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Energéticos, de la cAmara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GUILLERMO JIMÉNEZ MORALES
ASISTENCIA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez: -Señor Presidente, hay una asistencia de 30 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.23 horas): -Se abre la sesión. Damos la bienvenida al diputado Raúl García Leal, sustituto del diputado Dionisio Pérez Jácome. (Aplausos).
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez: -Se va a dar lectura al orden del día correspondiente al 20 de marzo de 1991.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
20 de marzo de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia
El Congreso del Estado de Quintana Roo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano doctor Miguel Borge Martín, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, la que tendrá lugar el 26 de marzo.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la solicitud de permiso para que el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la República, pueda ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar una visita de Estado a Canadá y visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
Por el que se comunica que el ciudadano Presidente de la República nombró al ciudadano Luis Manuel Gutiérrez Levy, director general de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dos por los que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Solís Guerra y Héctor Eduardo Huerta Nava, puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Alicia Rodríguez Hernández y Claudia Garza Martínez, puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Elena Saucedo Lugo y Gustavo Rayas Martínez, puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano José Luis Martínez Castillo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicitud de particular Del ciudadano Carlos Canseco González, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en Monterrey, Nuevo León.
Iniciativas
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas y adicionales a la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Pablo Silva y Machorro, para aceptar y usar la condecoración Orden Nacional al Mérito. En grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Víctor Hugo O'Farril y Ávila, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía en México.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Galina Veraza, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario
de la República Popular y Democrática de Etiopía en México.
Dictámenes a discusión
Seis de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Mario Joaquín Vega y López, Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel, Jorge Sánchez Castañeda, Fernando Torres Valadez, Miguel Chávez Aguilar y Abelardo Díaz Pedroza. Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la liquidación de jubilados, pensionados, y retiro voluntario de trabajadores al servicio del estado de Baja California Sur.
Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el cierre de la Refinería 18 de marzo.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre "El mes de marzo en la historia de México".
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el CLXXXV Aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas don Benito Juárez.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el informe de la Comisión de Derechos Humanos.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el apoyo a las demandas magisteriales.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sobre administración de la justicia federal en el estado de Tamaulipas.
Denuncias
De los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática y Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre las elecciones en el estado de Morelos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre servicios públicos.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaría diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día trece de marzo de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Receso del Tercer Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con diecinueve minutos del día 13 de marzo de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da cuenta con dos invitaciones del Departamento del Distrito Federal, a los actos cívicos conmemorativos del quincuagésimo tercer aniversario de la expropiación petrolera y al centésimo octagésimo quinto aniversario del natalicio del Presidente de México Benito Juárez García. Se nombran las correspondientes comisiones para representar a la Comisión Permanente.
Seis oficios de la Secretaría de Gobernación con los que se remiten las hojas de servicios de un número igual de ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Segunda Comisión.
Por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con dos ocursos de los diputados Dionisio Pérez Jácome y Jaime Castrejón Díez, por los que solicitan licencia por tiempo indefinido para separarse de sus cargos. Se da lectura a los puntos de acuerdo respectivos y se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se pronuncia en contra de los mismos. No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica se aprueban los puntos de acuerdo.
La secretaría da cuenta con un ocurso del ciudadano Pablo Silva Machorro, por el que solicita
el permiso constitucional necesario para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Se turna a la Primera Comisión.
Para continuar con el orden del día, la secretaría da cuenta con un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac De Icaza González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela.
Para expresar sus opiniones al respecto, se concede el uso de la palabra a los legisladores José Antonio Gándara Terrazas, del Partido Acción Nacional, en contra; Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales y, para rectificar hechos, los diputados Carmen Segura Rangel y Eugenio Ortíz Walls, ambos del Partido Acción Nacional.
Suficientemente discutido, la asamblea aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentran el ciudadano Eusebio Antonio Cuitláhuac De Icaza González, y designa a una comisión de legisladores para que lo introduzcan en la sala de sesiones y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Venezuela hasta las puertas del recinto.
Se da cuenta con un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso constitucional necesario para que la ciudadana María Josefina Scott Rodríguez, pueda prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Monterrey, Nuevo León. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y la asamblea lo aprueba por veintidós votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, quien expresa su opinión respecto de la desincorporación de la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril (Concarril) y solicita que la versión estenográfica de su intervención se turne a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial de la honorable Cámara de Diputados.
Presidencia del diputado Juan José Osorio Palacios
Hace uso de la palabra en contra de la proposición el diputado Humberto Roque Villanueva, del Partido Revolucionario Institucional y la asamblea, en votación económica, desecha la propuesta.
Presidencia del diputado Guillermo Jiménez Morales
Hace uso de la palabra el diputado José Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone un pronunciamiento de la Comisión Permanente respecto a la contaminación atmosférica.
Para referirse al misma tema, se concede el uso de la palabra a los legisladores Fernando Silva Nieto, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Carmen Segura Rangel, del Partido Acción Nacional, en pro; Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto en pro; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para razonar su voto en contra e Idolina Moguel Contreras, del Partido Revolucionario Institucional, para razonar el voto de su partido en contra.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, en votación económica se desecha la proposición del diputado José Enríquez Félix.
Sube a la tribuna el diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista quien se refiere a los problemas laborales de quienes trabajan en la fábrica La Constancia Mexicana de Puebla, Puebla. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados.
Se concede nuevamente el uso de la palabra al diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista, quien se refiere a la aplicación del artículo treinta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para referirse al accidente ocurrido en la planta de Petróleos Mexicanos en Pajaritos, Coatzacoalcos, Veracruz, hacen uso de la palabra
los legisladores Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional y Eliseo Rangel Gaspar, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional, quien hace un reconocimiento al recientemente fallecido maestro Rafael Preciado Hernández, a quien la asamblea rinde el homenaje de un minuto de silencio.
Para referirse a los problemas que sufren algunas empresas periodísticas en la zona de El Bajío, hacen uso de la palabra los legisladores Francisco Curi Pérez Fernández, del Partido de la Revolución Democrática y Francisco Galindo Musa, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con un minuto, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles veinte de marzo de mil novecientos noventa y uno a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.
FALLECIMIENTO DEL CIUDADANO RUBEN FIGUEROA FIGUEROA
El Presidente: -Tengo la pena de participar a esta asamblea que el día 18 de marzo falleció el señor Rubén Figueroa Figueroa, quien fuera diputado federal en la XLVI Legislatura y senador de la República en la XLVIII y XLIX Legislaturas por el estado de Guerrero, por lo que se ruega a los presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio en su memoria.
(Puestos de pie, los presentes guardan un minuto de silencio.)
La Secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: -Muchas gracias.
En virtud de la licencia concedida al diputado Dionisio Pérez Jácome, la mesa directiva de la Comisión Permanente, propone que la Tercera Comisión quede integrada en la siguiente forma: Diputado Humberto Roque Villanueva, diputado Raúl García Leal, senador Eliseo Rangel Gaspar, diputado Noé Aguilar Tinajero, senador Roberto Robles Garnica, diputada Marina Blanco Casco, diputado Roberto Jaramillo Flores, senadora Blanca Ruth Esponda Espinosa, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara y senador Justino Delgado Caloca.
En votación se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada, señor presidente.
INVITACIÓN
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-México, Distrito Federal.
La VI legislatura del honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano gobernador constitucional del estado Miguel Borge Martín dará lectura a su cuarto informe de gobierno el próximo 26 de marzo a las 11.00 horas en el salón Bellavista del Centro Social "Andrés Quintana Roo", declarado para tal efecto recinto oficial.
Chetumal, Quintana Roo, 1991.»
El Presidente : -En representación de esa honorable Comisión Permanente esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: Senadora Blanca Ruth Esponda Espinosa, diputada Judith Murguía Corral, diputado Francisco Galindo Musa, diputado Francisco Curi Pérez Fernández y diputado Eugenio Ortíz Walls.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
VISITA DE ESTADO
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional. -Estados Unidos Mexicanos .- Secretaría de Gobernación .- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para los efectos del artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompaño con la presente iniciativa de decreto por el que se concede autorización al Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 7 al 13 de abril de 1991, a fin de que efectúe una visita de Estado a Canadá y visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 19 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
México está comprometido con su propia modernización. Lo hace para realizar los objetivos históricos que han animado a los mexicanos de todas las generaciones: defender y fortalecer su soberanía, ampliar la democracia, prosperar con libertad y, sobre todo, construir una sociedad más justa. El gobierno de la República ha llevado a cabo las transformaciones internas y ha promovido las acciones internacionales para alcanzar esos objetivos. Queremos asegurar que México responda a la demanda de su población y cuente con un lugar firme y seguro en el mundo.
La gran transformación mundial hace imposible las pretensiones de un desarrollo aislado de la nueva multipolaridad económica global. La globalización de la economía agudiza la competencia por los mercados y exige de todas las naciones cambios para no ser desplazados del intercambio que debilitaría sus aparatos productivos y afectaría el bienestar de sus pueblos. Por eso, en el ámbito exterior, nos hemos propuesto anticiparnos a muchos de estos cambios y diversificar nuestras relaciones con los centros más dinámicos de las finanzas, el comercio y la tecnología. Al vincularnos activamente a ellos buscamos ampliar los márgenes con los que el país conduce su propio cambio y fortalecer a la nación.
Esto explica los nuevos acuerdos con la comunidad europea que se encamina a la integración de un bloque económico de importancia mundial. También da cuenta de las negociaciones con Japón y con los demás países del pacífico asiático que hoy nos permiten ser miembros de pleno derecho en la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico. Asimismo, y por los lazos históricos y culturales que nos ligan con América Latina, hemos avanzado con propuestas concretas para facilitar una mayor integración económica con la región y hemos dado pasos firmes para establecer una zona de libre comercio con Centroamérica y con Chile.
Desde luego, por el tamaño de los intercambios y las perspectivas de complementación comercial, nuestros vínculos con los países de América del Norte adquieren una especial relevancia. Así, con el ánimo de aprovechar la atmósfera de amistad, respeto mutuo y creciente cooperación que hoy animan nuestras relaciones con Estados Unidos de América y Canadá, y adoptando las recomendaciones del Senado de la República, hemos conducido conversaciones con migras a negociar un Tratado Tripartito de Libre Comercio.
En este contexto, el primer ministro de Canadá me ha extendido una invitación para efectuar una visita de Estado a su país, los días 7 al 9 de abril del año en curso. Convencido de la gran utilidad que revisten las entrevistas entre jefes de gobierno, considero conveniente, previa autorización de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, atender dicha invitación.
En la actualidad, las relaciones gubernamentales entre México y Canadá se han desarrollado significativamente y los avances logrados en diversos ámbitos de cooperación han sido promovidos, en buena medida, a través de los contactos previos de los mandatarios de las dos naciones.
Me ha reunido en dos ocasiones con el primer ministro canadiense, Brian Mulroney. La primera entrevista tuvo lugar en la ciudad de París, en julio de 1989, dentro del marco de la celebración del bicentenario de la Revolución Francesa, ocasión que propició, además de fructífero conocimiento personal, un diálogo fluido sobre algunos temas sobresalientes de interés global y bilateral.
El segundo encuentro fue en la ciudad de México, en marzo de 1990, en visita oficial a nuestro país. En esa oportunidad reiteramos el firme propósito de establecer una comunicación constante, a fin de fortalecer y ampliar la colaboración bilateral entre nuestros gobiernos. El resultado más destacado de ese evento fue la definición de una nutrida agenda bilateral, cuyo contenido quedó asentado en la firma de 10 convenios y acuerdos sobre una amplia gama de asuntos que incluyen: intercambio de información tributaria, asistencia mutua y cooperación entre administraciones aduaneras, comercio e inversión, cooperación en materias agropecuaria, forestal, ambiental y turística, así como en lo relativo a extradición y combate al narcotráfico y farmacodependencia.
Ahora, ante las perspectivas de negociaciones futuras de libre comercio y de ampliar el intercambio de opiniones para fortalecer nuestra relación bilateral con Canadá, considero esta visita de la mayor importancia y oportunidad. Debemos construir los más firmes lazos posibles para que estos objetivos se alcancen en el clima de respeto y amistad que a todos beneficia. Esta visita, igualmente, me permitirá realizar encuentros con el parlamento de Canadá, con los líderes de partidos políticos y directivos de empresas y con las autoridades de las provincias de Quebec y Ontario. En suma, en los próximos años crecerán los intercambios con Canadá en todos los órdenes. Este futuro más promisorio hace de esta visita una oportunidad para ampliar la cooperación y el diálogo, siempre bajo la premisa del beneficio de los dos pueblos y del respeto a la soberanía de los dos estados.
Desde el inicio de mi mandato señalé que las relaciones de México con sus vecinos ocupan uno de los lugares prioritarios de nuestra política exterior. De ahí que un objetivo primordial de nuestra acción internacional está marcado por nuevas bases de relación con los Estados Unidos de América. Cabe destacar que más del 60% de nuestro comercio se realiza con este país y que nuestra frontera común, sólo durante 1990, fue el espacio de más de 240 millones de cruces. Nuestras relaciones, por eso, son complejas y han vivido graves dificultades. Está en nuestro interés conducirlas ordenadamente, con absoluto respeto mutuo, aprovechando las oportunidades de beneficio común y que nuestra vecindad ofrece, y asegurando mecanismos eficaces de convivencia para prevenir conflictos y esclarecer diferencias.
Ante esta realidad, la promoción de los intereses de México en los Estados Unidos de América requiere también de una clara estrategia enfocada a los sectores no gubernamentales y hacia regiones geográficas particulares. Los objetivos que orientan nuestra acción apoyo al desarrollo económico interno fomentando nuestras exportaciones y atrayendo inversión, protección de los intereses de los mexicanos en suelo estadounidense, promoción de la imagen de México y la afirmación de nuestra presencia cultural, deben ser traducidos con base en la realidad y diversidad que caracterizan a ese país.
Para ello, la presencia del Ejecutivo mexicano en los ámbitos políticos, académico, empresarial, de los medios de comunicación y con los grupos de México - americanos, representa un impulso para dar a conocer nuestras metas e identidad en forma clara y precisa.
Con este propósito he considerado conveniente, previa autorización de esa Comisión Permanente, aceptar la invitación que me han extendido diversos grupos representativos de la sociedad y la política estadounidense de las ciudades de Boston, Chicago, Austin y San Antonio, los días 10 al 13 de abril del presente año.
Un primer propósito de este viaje será realizar, informalmente, una plática privada con el Presidente George Bush, en la ciudad de Houston durante una escala del viaje rumbo al Canadá. Posterior a la visita al Canadá, haría una visita a la ciudad de Boston donde se proponen entrevistas con el gobernador de Massachusetts, William Weld y con grupos empresariales. Mi intención es comunicar las transformaciones que en los ámbitos económico, político y social se están produciendo en México, y los objetivos que el país persigue para lograr una eficaz inserción frente a la globalización de la economía.
En la ciudad de Chicago he sido invitado a sostener entrevistas con dirigentes políticos del estado de Illinois, empresarios y periodistas. Asimismo, se me ha pedido realizar actividades en la Universidad de Chicago, tales como la inauguración del Programa de Estudios
Mexicanos y una conferencia inaugural de la cátedra "Ignacio Martín Baro". Finalmente se me ha invitado a la reunión anual de la "Fundación México - americana para la protección jurídica y la educación" (mexican - american legal defense and educational fund).
En el Estado de Texas, con el que mantenemos uno de los más intensos intercambios y que aloja a un muy importante y numeroso núcleo de compatriotas, me han invitado a sostener entrevistas con la gobernadora Ann Richards en la ciudad de Austin, pronunciar un discurso ante la legislatura del Estado y a reunirme con diferentes grupos de México- norteamericanos y empresarios de Texas.
En la ciudad de San Antonio, tenemos la oportunidad de ampliar significativamente la presencia cultural de México. Entre otras, destaca por su importancia la muestra "México: Esplendor de Treinta siglos", misma que ya fue exhibida con éxito sin precedentes en la ciudad de Nueva York y que representa una oportunidad singular para que se admire la riqueza de las raíces de nuestra identidad nacional.
Asimismo mantendré entrevistas con grupos empresariales, líderes de organizaciones de México - americanos, y con alcaldes de diversas ciudades texanas.
En resumen, este viaje buscaría promover las posiciones de México en los asuntos bilaterales con ambas naciones y llevar la voz del país a los foros de mayor influencia de sus sociedades. Por ello, su realización servirá a los intereses del país.
En virtud de lo expuesto anteriormente, y con fundamento en los artículos 71, fracción I, y 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la elevada consideración de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de
DECRETO
Artículo único. Se concede autorización al Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, para ausentarse del territorio nacional los días 7 al 13 de abril de 1991, a fin de que efectúe una visita de Estado a Canadá y visita de trabajo a los Estados Unidos de América
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará el vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios, las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 19 de marzo de 1991.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. -Carlos Salinas de Gortari.>
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Cuidadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.-Presentes.
El ciudadano licenciado Andrés Massieu Berlanga, secretario particular del ciudadano Presidente de la República, se ha dirigido a esta Dependencia del Ejecutivo manifestando lo siguiente:
"El ciudadano Presidente de la República, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha tenido a bien nombrar al ciudadano licenciado Luis Manuel Gutiérrez Levy, como director general de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Lo que transcribo a ustedes para los efectos de los dispuesto por los artículos 89, fracción IV y 79, fracción VII de la propia Constitución , y en los términos del acuerdo que con ese propósito expidió la honorable Cámara de Senadores, el 3 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 7 del mismo mes y año, acompañándoles con el presente el expediente de dicho funcionario."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 19 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: Recibo, y túrnese a la Tercera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 1o. del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Solicito a usted tenga a bien gestionar la autorización a que se refiere el artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que la ciudadana María Solís Guerra preste sus servicios en la Embajada del Japón en esta ciudad, desempeñando las funciones de asesora del departamento económico. Al efecto envío a usted la solicitud de permiso de la interesada al honorable Congreso de la Unión y copia certificada del acta de nacimiento."
Lo que hago del conocimiento de ustedes, para los fines legales procedentes, enviándoles además con el presente los anexos que se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 8 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: Recibo, y Túrnese a la Primera Comisión.
La misma secretaria diputada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a ésta de Gobernación, con fecha 1o. de los corrientes, enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Solicito a usted, si para ello no existe inconveniente, tenga a bien gestionar la autorización a que se refiere el artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos para que el ciudadano Héctor Eduardo Huerta Nava preste sus servicios en la Embajada de Japón en esta ciudad, desempeñando las funciones de asesor del departamento político. Al efecto, envío a usted la solicitud de permiso del interesado al honorable Congreso de la Unión y copia certificada del acta de nacimiento."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 8 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La misma secretaria diputada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Presentes.
Con fecha 28 de febrero último, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del
artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de Canadá. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Alicia Rodríguez Hernández, secretaria en la Sección de Inmigración, Embajada de Canadá, y Claudia Garza Martínez, secretaria de la sección de Inmigración, Embajada de Canadá."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 8 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
La misma Secretaria diputada:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
En oficio fechado el 1o. del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a ustedes tenga a bien de solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
María Elena Saucedo Lugo, directora de Biblioteca, Consulado en Guadalajara, Jalisco.
Gustavo Rayas Martínez, asistente de información, Consulado en Guadalajara, Jalisco."
Al transcribir a ustedes lo anterior, les envío con el presente los anexos que en el mismo se mencionan, para los fines legales procedentes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 8 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a ésta de Gobernación , con fecha 28 de febrero último, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor José Luis Martínez Castillo (4749002), que en veintidós fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles al presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 6 de marzo de 1991.- El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
SOLICITUD DE PARTICULAR
NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión.- Presentes.
El suscrito, Carlos Canseco González, ciudadano mexicano según consta en la adjunta copia certificada de mi acta de nacimiento, mayor de edad, casado y con domicilio para oír notificaciones en la casa marcada con el número 303 Sur de la calle Emiliano Carranza, Monterrey Nuevo León, C.P. 64000, México, en cumplimiento por lo dispuesto por el artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante ese honorable Congreso solicito autorización para ejercer las funciones de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.
Protesto lo necesario, doctor Carlos Canseco González.
Monterrey, Nuevo León, 25 de enero de 1991.»
Trámite: -Túrnese a la Primera Comisión.
INICIATIVA
LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala , del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala:
"Ciudadano Presidente; honorable asamblea: El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, acordó que a partir del pasado 16 de noviembre, se nivelara la cuota mínima de las pensiones, a fin de que ninguna de ellas estuviera por debajo del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo que significa que se beneficiaron 129 mil 532 casos.
El Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado tiene más de 200 mil pensionados, lo que significa que solo un número reducido son los grandes beneficiarios de pensiones que están por encima de los 10 salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, por ello, consideramos que las pensiones de la institución son inequitativas y obedecen en ocasiones a intereses de carácter político o sindical, por esa razón, la gran mayoría de los jubilados del Estado, viven en condiciones precarias demandando equidad y justicia.
Al promulgarse en noviembre de 1986 la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se permitió de manera consciente o inconsciente, que en el artículo 64 de la ley, se calculara de manera arbitraria y parcial el monto de las pensiones que se otorgarían a los empleados al servicio del Estado, es indudable que conforme lo dispone el precepto antes señalado, solo un grupo de privilegiados, de compadres, amigas y amigos, podrán disfrutar de pensiones cuyos montos están muy por encima de lo que percibe un honesto trabajador, lo anterior en razón de que el artículo 64 señala claramente que para los efectos de calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión, se tomará en cuenta el promedio del sueldo básico disfrutado en el último año inmediato a la fecha de la baja del trabajador o de su fallecimiento.
Es evidente que con base en las razones del artículo 64, se han promovido a niveles de director general, inclusive de Oficial Mayor, subsecretario de estados, a funcionarios que de acuerdo con la ley, se encuentran en las condiciones de ser pensionados por el Estado, lo anterior significa que las pensiones que se otorgan a esto funcionarios, están muy por encima de los decoroso y equitativo.
El gobierno de la República, con la finalidad de evitar mantener una burocracia pensionada que deteriore el financiamiento de los servicios sociales a los trabajadores del Estado, concedió tan sólo en 1989, por concepto de retiro
definitivo a quienes tenían menos de 15 años de cotización 23 mil 544 indemnizaciones, lo que significó una erogación para la institución por 40 mil 518 millones de pesos.
Es innegable que en este país, las pensiones por jubilación o retiro voluntario, serán crecientes en cuanto al número de jubilados, y el pueblo por medio de sus impuestos, se verá obligado a satisfacer cifras que ya en la actualidad rebasan el billón de pesos.
Bajo tales circunstancias, el Estado no debe estar otorgando pensiones exorbitantes a funcionarios de determinado rango o nivel, por lo que se estima necesario que se eliminen como pensionistas del Estado a los presidentes de la República, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores, directores generales, senadores de la República, diputados federales, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de los Tribunales Colegiados, Tribunal Fiscal de la Federación, jueces de distrito y delegados políticos del Departamento del Distrito Federal, porque es de estimarse que dichos funcionarios durante el ejercicio de su encargo, percibieron ingresos, bonificaciones y estímulos que les permitieron los recursos necesarios para vivir decorosamente después de terminado el encargo público.
En consecuencia y de conformidad en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 79 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Que reforma y adiciona a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en su Artículo 64, para quedar como sigue:
Artículo 64......................................................................................................
En el caso de lo preceptuado en el párrafo anterior, no podrán quedar contemplados aquellos servidores públicos que estando en ejercicio de sus funciones soliciten su pensión o retiro teniendo la calidad de director general, Oficial Mayor, subsecretario, secretario de Estado, Presidente de la República, diputado federal, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de los Tribunales Colegiados, Tribunal Fiscal de la Federación, jueces de distrito y delegado político del Departamento del Distrito Federal, en los casos en que se solicite la jubilación por alguno de los funcionarios citados, la pensión que se les asigne nunca será superior a cinco salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal.
TRANSITORIOS
Unico. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente a los veinte días del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado federal Oscar Mauro Ramírez Ayala.»
Trámite:- Para la atención que proceda, túrnese a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la honorable Cámara de Diputados.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIÓN
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión de Trabajo, que suscribe efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Enrique Pablo Silva y Machorro, para que pueda aceptar y usar la condecoración Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B , del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Enrique Pablo Silva y Machorro,
para aceptar y usar la condecoración Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 14 de marzo de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: -Primera lectura.
NOMBRAMIENTOS
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 4 de marzo del año en curso, el ciudadano Víctor Hugo O'Farrill y Ávila, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía en la ciudad de México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 6 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República Popular y Democrática de Etiopía, en la ciudad de México , serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Víctor Hugo O'Farrill y Ávila, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía, en la ciudad de México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. -México, D.F., a 8 de marzo de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés.»
Trámite: -Primera lectura.
El mismo Secretario senador:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En escrito fechado el 4 de marzo del año en curso , el ciudadano Jorge Luis Galina Veraza, solicita el permiso constitucional necesario para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Popular y Democrática de Etiopía en México.
En sesión efectuada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el día 6 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará al gobierno de la República Popular y Democrática de Etiopía, en México, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jorge Luis Galina Veraza, para aceptar y desempeñar el cargo de Vicecónsul Honorario de la República Popular Democrática de Etiopía en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 13 de marzo de 1991.- Diputado José Luis Lamadrid Sauza, diputado José Trinidad Lanz Cárdenas, senador Roberto Madrazo Pintado, diputado Eugenio Ortíz Walls, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Francisco Curi Pérez Fernández, senador Luis Martínez Fernández del Campo, diputado Alfredo Reyes Contreras, senador José de Jesús Padilla Padilla, diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y senador Gaspar Valdés Valdés."
Trámite: -Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado del Estado Mayor Mario Joaquín Vega y López como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el heroico Colegio Militar como cadete numerario el primero de enero de mil novecientos cincuenta y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y tres fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de artillería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante cuarenta y un años un mes, seis días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases así como la Especial, y la Extraordinaria así mismo la de Legionario y la del Mérito Facultativo.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Mario Joaquín Vega y López.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F., a 8 de marzo de 1991.- Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el punto de acuerdo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general de brigada diplomado de Estado Mayor Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel, como general de división diplomado de Estado Mayor para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cuarenta y nueve y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y dos fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el primero de enero de mil novecientos sesenta y cuatro, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamento vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la Nación Mexicana durante cuarenta y dos años y un mes, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, Especial, Extraordinaria, así como la del Mérito Docente.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de división diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación. Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de división diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Adrián de Jesús Ruíz y Esquivel.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. -México, D.F., a 8 de marzo de 1991. -Senador Humberto A. Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa , diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino , diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor Jorge Sánchez Castañeda, como general de brigada diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en el Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y tres fue ascendido a subteniente de artillería al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de artillería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cincuenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta años, dos meses, doce días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de cuarta y tercera clase así como la del mérito facultativo de primera clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la unión en favor del ciudadano Jorge Sánchez Castañeda.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 8 de marzo de 1991. -Senador Humberto Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
El mismo secretario:.- Está discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier, médico cirujano Fernando Torres Valadez como general de brigada médico cirujano , para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército en la Escuela Médico Militar el veintiuno de febrero de mil novecientos cincuenta y uno como cadete y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido como capitán primero pasante de medicina en virtud de haber resultado aprobado en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del Ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y nueve años, once meses, veintiún, días y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de cuarta, tercera, segunda y primera clases así como la del mérito docente, servicios distinguidos y la especial.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada médico cirujano, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada médico cirujano, que el Ejecutivo de la unión expidió en favor del ciudadano Fernando Torres Valadez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. -México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1991. -Senador Humberto Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado, comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano general brigadier intendente diplomado de Estado Mayor Miguel Chávez Aguilar, como general de brigada intendente diplomado de Estado Mayor, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:
a) Que ingresó al Ejército como cadete en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cuatro fue ascendido a subteniente de administración al término satisfactorio de sus estudios en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de administración, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor, el treinta y uno de diciembre de 1961;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta años, un mes y dos días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer el tiempo requerido para ello, las condecoraciones de perseverancia de cuarta, tercera, segunda y primera clases así como las de mérito; técnico, facultativo y docente.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada intendente diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general de brigada intendente diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la unión expidió en favor del ciudadano Miguel Chávez Aguilar.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1991.- Senador Humberto Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
El mismo secretario: -Está a discusión el punto de acuerdo. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
El mismo Secretario senador:
«Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente en hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de caballería Abelardo Díaz Pedroza, como general brigadier, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte;
a) Que ingresó al Ejercito en el heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos cincuenta y tres y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y seis fue ascendido a subteniente de caballería al término satisfactorio del Curso de formación en dicho plantel;
b) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
c) Como miembro del ejército a prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y ocho años y ocho días, y
d) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de perseverancia de cuarta, primera clase y especial.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se ratifica el grado de general brigadier, que el Ejecutivo de la unión expidió en favor del ciudadano Abelardo Díaz Pedroza.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 8 de marzo de 1991.- Senador Humberto Lugo Gil, senador Fernando Silva Nieto, diputado Francisco Galindo Musa, diputado José Antonio Gándara Terrazas, senador Ernesto Luque Feregrino, diputado José Jaime Enríquez Félix, senadora Idolina Moguel Contreras, senador José Antonio Valdivia, senador Bulmaro Andrés Pacheco Moreno y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.»
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
PROPOSICIONES
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una proposición sobre la liquidación a jubilados, pensionados y retiro voluntario de trabajadores al servicio del estado de Baja California Sur.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El país se ha visto periódicamente frente a una realidad que ha propiciado que los hombres opten por la jubilación, dado que han llegado a la tercera edad. En el caso de los empleados al servicio del estado en Baja California Sur, varios de ellos, cientos de ellos, fueron jubilados y otros se retiraron de manera voluntaria para dar lugar a que el estado adelgazara la planta de trabajadores que tenía, tanto a nivel del estado como a nivel de los municipios.
Es evidente que los trabajadores de Baja California Sur cayeron en una ilusión porque en primer término consideraron que las pensiones e indemnizaciones que estaban recibiendo, les permitiría garantizar ingresos suficientes para su subsistencia. La realidad es que los intereses bancarios que en su momento estuvo dando la banca nacional, auguraba que con unos cuantos millones de pesos, el individuo pudiese subsistir de manera decorosa y sin angustias económicas. Ante ello, muchos trabajadores se ilusionaron de salir adelante del problema económico, e
inclusive lograr solucionar su situación con otro empleo, otros ingresos, para los que no se encontraban en estado de jubilación por haber llegado a la tercera edad.
El gobierno del estado y el Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Estado de Baja California Sur, aseguraron a los trabajadores a través de la compañía Aseguradora Hidalgo y también el sindicato les otorgó un seguro sindical, el cual desafortunadamente desde hace años en que fueron jubilados o retirados, hasta la fecha no se les ha entregado la cantidad que representa ese seguro en favor se los trabajadores.
Es innegable que un ciudadano cuando recurre a adquirir un seguro, lo hace consciente de que ha corto o mediano plazos recibirá beneficios de carácter económico; pero aquí, en el caso que nos ocupa de Baja California Sur, 1 mil 500 trabajadores desde hace años están esperando que se les haga justicia, que los tribunales locales les otorguen lo que legalmente les corresponda, en primer lugar el seguro, que es responsabilidad, si es que efectivamente se liquidó a través de las cuotas que el gobierno retenía, por conducto de la Aseguradora Hidalgo, y también que el sindicato les otorgue el seguro que ellos mismos estuvieron acumulando con sus cuotas sindicales.
En la actualidad este grupo de trabajadores está esperando una resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje del estado, para definir si procede en su momento la acción judicial, para el efecto de obligar al sindicato a garantizarles el pago del seguro sindical.
Ellos han persistido e insistido, por las vías de la concertación y el diálogo con las autoridades, fundamentalmente con las sindicales, y no han encontrado respuesta a sus legítimas pretensiones.
En la documentación que anexaremos a esta punto de acuerdo, está claramente señalado en los puntos 13, 14 y 15, que a todos los empleados del gobierno del estado de Baja California Sur, se les descontaba la suma de dinero que les garantizaría el seguro sindical, el seguro de vida y el seguro de empleo. Es por ello que en nuestra reciente visita al estado de Baja California Sur, recibimos la demanda de auxilio de estos trabajadores al servicio del estado, de estos ancianos y de estas mujeres que cayeron en el mito de la ilusión económica, y que en la actualidad se encuentran en condiciones críticas desde el punto de vista económico. Varios de ellos esperan, desean que esta Comisión Permanente, y que las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, acudan en su auxilio; asimismo que la Comisión de Trabajo y Previsión Social aclare lo que estime conveniente conforme al reclamo de los trabajadores al servicio del gobierno del estado y municipios de Baja California Sur.
Consideramos que es un compromiso de los representantes de la nación, hacer que impere la Constitución, procurar que los trabajadores tengan el máximo de seguridad en los términos que las leyes establezcan, y bajo ninguna circunstancia permitir que instituciones ajenas al trabajador le nieguen, por razones de carácter administrativo o de alguna otra índole, el pago que legítimamente les corresponde, como es el caso del seguro de la compañía Aseguradora Hidalgo y el seguro sindical.
Por ello, compañeros legisladores, sometemos a la consideración de las comisiones de Información Gestoría y Quejas y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Que de conformidad en lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Información, Gestoría y Quejas de la honorable Cámara de Diputados, soliciten de la compañía Aseguradora Hidalgo y del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y municipios de Baja California Sur, y del gobierno del estado de Baja California Sur, y de quienes estimen conveniente, toda la información que sea necesaria para saber e informar a los interesados, sobre la razón por la cual hasta la fecha no se les ha indemnizado y liquidado los seguros que legítimamente les corresponden, tanto por la compañía Aseguradora Hidalgo, como al correspondiente seguro sindical. Asimismo saber por qué razones se les retuvieron el pago de 12 días de salario por año a cada trabajador."
Entrego el punto de acuerdo para que sea turnado a las comisiones correspondientes, con copia del contrato del seguro y los recibos de pago. Muchas gracias.
El Presidente: -Para la atención que proceda, túrnese a las comisiones de Información,
Gestoría y Quejas y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. Proceda la secretaría.
REFINERÍA "18 DE MARZO"
La secretaria diputado María del Carmen Segura Rangel:
"La magnitud del problema ecológico que vive el Valle de México hace indispensables medidas de control que reiteradamente han solicitado los diversos sectores de la sociedad, entre estas destaca el cierre de la refinería 18 de Marzo, ya que esta planta, por su índice de emisiones contaminantes y los riesgos derivados de su funcionamiento y ubicación, debía césar en su operación para que el procesamiento correspondiente se haga en otras partes del país.
Considerando que el responsable del Ejecutivo de la unión, una vez terminados los estudios realizados por Petróleos Mexicanos para presentar las alternativas correspondientes, determinó el cierre de la mencionada planta, con el compromiso de no afectar los derechos de los trabajadores, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
La Comisión Permanente expresa su satisfacción por esta medida que se considera directamente conectada con el mejoramiento del medio ambiente en el Valle de México y la preservación de la salud de sus habitantes.
Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Guillermo Jiménez Morales; diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala del Partido de la Revolución Mexicana; diputado Eugenio Ortíz Walls del Partido Acción Nacional; diputado Alfredo Reyes Contreras del Partido Popular Socialista; diputado Roberto Jaramillo Flores del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Francisco Curi Pérez Fernández del Partido de la Revolución Democrática y senador Humberto A. Lugo Gil del Partido Revolucionario Institucional.
Trámite:- Está a discusión el punto de acuerdo.
El diputado Alfredo Reyes Contreras (desde su curul): -Pido la palabra, señor Presidente, para razonar mi voto.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Reyes Contreras, para razonar su voto.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El Partido Popular Socialista, por mi conducto, aceptó este punto de acuerdo porque evidentemente el cierre de la refinería de Azcapotzalco es una medida acertada. Pero al mismo tiempo que se cierra esta refinería, se toman algunas otras decisiones o se amenaza con tomar otras decisiones que afectan profundamente los intereses de los trabajadores.
Hemos calificado la política del gobierno federal, en relación con la clase obrera, como una política contraría a los intereses de los trabajadores. Si nosotros observamos en este momento el volumen de la riqueza acumulada, por un lado, y las manifestaciones de pobreza, por otro lado, encontraríamos que México es uno de los países que sufre un abismo muy grande entre los que tienen mucho y los que carecen de lo elemental.
Esta política neoliberal, aplicada encontra de la clase obrera, afirmamos nosotros es una política que afecta el desarrollo social de nuestro país. Por eso se han dado manifestaciones de lo que ahora llaman extrema pobreza, que no es más que miseria y hambre de cientos, de miles y de millones de mexicanos.
Decía yo al iniciar mi intervención; nos parece acertada la medida. Y esto demuestra que las empresas del Estado son las únicas que en México tienen capacidad para tomar medidas radicales que tiendan a combatir la contaminación ambiental.
Este es un ejemplo y un reto para que la iniciativa privada haga lo mismo. Pero evidentemente no lo va a hacer. La iniciativa privada, por más medidas de tipo legal que se establezcan, por más sanciones con que se les amenace, no tomarán medidas que tiendan a cuidar el medio ambiente. Y allí está el reto. ¡A ver si es cierto que las productoras del cemento, las empresas del cemento, y las empresas privadas más contaminantes, se van a otros lugares de la República, para contribuir a sanear un poco al ambiente del Distrito Federal!
Pero nos parece absurdo que al tomar una medida acertada se amenace ya con despedir a una gran cantidad de trabajadores, con liquidarlos y dejarlos en la miseria.
Los trabajadores no han sido los responsables para crear la contaminación del medio ambiente; los trabajadores no tienen la responsabilidad de este veneno que se respira en el Distrito
Federal y los trabajadores no tiene por qué cargar todavía con un peso más, que significa perder su empleo e irse a vagar por un mundo incierto, en el que no saben si van a conseguir empleo o no, y lo más seguro es que en las condiciones actuales de nuestro país no lo consigan.
Al lado de esa medida del cierre de la refinería 18 de marzo, se debe tomar una muy firme: la de asegurar el empleo a los trabajadores; de garantizarles plenamente el respeto a sus derechos.
Lamentablemente hay un secretario del Trabajo y Previsión Social que es una amenaza en contra de los trabajadores, por eso los trabajadores le llaman el "churumbel" despectivamente, porque siempre se ha caracterizado por agredir los derechos más elementales de la clase obrera y no es ninguna garantía que Farell Cubillas, estando en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, vaya a defender de la manera más elemental los derechos de los obreros.
Por eso, apoyando el punto de acuerdo y aceptándolo, el Partido Popular Socialista, desde esta tribuna, reclama el más escrupuloso respeto a los derechos de los trabajadores de la refinería 18 de Marzo. Muchas gracias.
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: -En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba la propuesta de punto de acuerdo, firmada por todos los grupos parlamentarios.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo. Aprobado, señor Presidente.
DECLARACIONES, COMENTARIOS Y FIJACIÓN DE POSICIONES
SOBRE EL MES DE MARZO
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado, Juan José Osorio Palacios, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el mes de marzo en la historia de México.
El diputado Juan José Osorio Palacios: -Señor Presidente, señores legisladores: En este mes de marzo celebramos dos grandes acontecimientos dignos de resaltar en nuestro calendario patrio. Deseo reflexionar con ustedes sobre un episodio que decidió en su momento el uso de bienes del suelo y subsuelo, como patrimonio de la nación y su derecho de explotación sólo para el pueblo de México.
México ha superado en diversas etapas los obstáculos que se le han presentado, se ha enfrentado a sus adversarios con valor y sabiduría, esgrimiendo, en cada caso, con firmeza, su razón y su verdad, para preservar nuestros valores y en defensa de su soberanía.
En todo reto para obtener mejores condiciones de bienestar de los mexicanos, han estado y seguirán siendo convencidos protagonistas los obreros mexicanos, quienes no sólo actúan como determinantes agentes de la productividad, sino también como constructores del progreso de la nación.
Las conquistas laborales, el contenido del artículo 123, síntesis de las luchas y filosofía del movimiento organizado de México, son prerrogativas irrenunciables, que hoy más que nunca los representantes populares surgidos de las filas sindicales estamos comprometidos en hacer valer.
Cada hecho que conforma nuestra historia es lección de vigencia vitalicia, que nutre nuestro espíritu en interminable batalla del desarrollo, para tener instrumentos de justicia y equidad.
Hasta 1938 el monopolio de la explotación de nuestra riqueza nacional de energéticos en manos extranjeras, esclavizaba al obrero mexicano; se le imponían trabajos duros y agobiantes a cambio de salarios de miseria; le restringían acceso al servicio médico; no se le dotaba de viviendas, escuelas, centros sociales; le estaba vedado el goce de las conquistas plasmadas en la Carta Magna y en cambio a los empleados extranjeros, por el simple hecho de serlo, se les proporcionaban principescas mansiones y en injusto contraste les otorgaban toda clase de privilegios.
El espíritu del trabajador al que siempre anima el deseo de superación, asociado a las injustas y la conducta represora de las empresas norteamericanas y europeas, que además de explotar el petróleo, pisoteaban la dignidad humana de los mexicanos en su propio suelo, provocó que un grupo de decididos trabajadores petroleros se reunieran, a fin de acabar con la
miseria a que estaban sometidos y acordaron solicitar un aumento de salario.
Ante la negativa, el Sindicato de petroleros celebró una asamblea, en la cual se acordó demandar a las empresas y así se sembró la semilla, que más tarde germinará en la expropiación petrolera.
Celebramos en este mes, 18 y 21 de marzo, dos acontecimientos que ocupan espacio singular en las páginas de nuestra historia: 53 años de la expropiación decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas del Río y 185 del nacimiento del Presidente Benito Juárez.
Evocar a Juárez y rendir homenaje a su memoria es un deber moral de la República, renovando así su adhesión a los grandes principios rectores que han venido conformando a través de los años las normas de existencia de la nación al reconocer su grandeza.
Hoy que el movimiento obrero, como aliado y pilar de nuestro régimen constitucional de gobierno, libra una gran batalla por sortear y superar uno de los momentos críticos más severos que ha enfrentado México en los últimos años, la convocación de los principios juaristas es un imperativo fundamental para encarar con éxito los enormes desafíos del presente y de los años por venir.
Cuando en el ayer de la República el país encaraba una de las angustias económicas más democráticas, cuando los desordenes sociales eran la preocupación cotidiana del gobierno constituido, y las riquezas potenciales y los recursos de la nación despertaban el insaciable apetito de los imperios que amenazaban con destrozar la soberanía política del país y aún de mutilar nuevamente su territorio, la lucidez de estadista de Juárez, su patriotismo apasionado y su calidad superlativa de hombre cabal y de político audaz, le conducen a reordenar la vida nacional y realiza, a través de la formulación de las leyes de Reforma, la aportación de las instituciones jurídicas, sociales y políticas más extraordinarias que se hayan hecho, sin duda, desde el inicio de la independencia.
Fue así como Juárez se consagró para la historia no sólo como el más grande defensor de la República sino ciertamente como su legislador más ilustre.
Frente a las agresiones y contra la integridad de la patria, Juárez tuvo que encarnar personalmente a la República: la legitimidad del gobierno y la representación de la soberanía.
Juárez, frente a las asechanzas de los imperios de ultramar, tuvo la visión histórica de preservar a México del desastre irreparable de su enajenación territorial y política.
Benito Juárez dijo: "No hay felicidad sin libertad. Las dictaduras se engendran del odio y la destrucción. La libertad es el arma indestructible de la democracia, que es el destino de la humanidad futura".
Y en este clima de libertad que Juárez proclamó, vivimos hoy los mexicanos. Gracias a las obras de los gobiernos de la Revolución, hoy, el régimen que gobierna a México por voluntad del sufragio del pueblo, que ha heredado de Juárez la responsabilidad de la conducción del país, asume, como el patricio en su tiempo, la defensa y preservación de los más grandes intereses nacionales.
Porque hoy también como en vida de Juárez, se manifiestan las luchas imperiales.
Hoy también, como ayer, las riquezas de México son motivos de controversias internacionales.
Hoy también la inercia económica, el inmovilismo de la riqueza ociosa pueden entorpecer la realización del gran proyecto nacional.
Por vocación personal, por imperativo político e histórico, fue Juárez celosísimo guardián del respeto y observancia de la ley. En ella encontró la más sólida justificación moral de su actividad y decisiones políticas y en ella fincó la preservación intransigente de la legalidad de su gobierno, con ella, la verdad de la defensa misma de la patria entera.
Las circunstancias de su tiempo, la historia de que él mismo fue factor intérprete, aunadas a la sabiduría política y a su formación de jurista, la condujeron a gestar y condensar en una síntesis brillantísima su concepción ideológica y política sobre el orden social interno.
Las relaciones entre los distintos intereses prevalecientes en el seno de la comunidad, inclusive, entre los pueblos todos del orbe, cuando Juárez define en su apotegma "Entre los Hombres como entre las Naciones, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz", establece para México los más grandes principios rectores que habrían de sustentar en los años futuros, toda la vida social, económica y política de la nación.
Compañeros legisladores: En el marco de los aniversarios de la expropiación decretada por el Presidente Lázaro Cárdenas y del nacimiento del Presidente Benito Juárez, es menester reflexionar en el pasado, trabajar en el presente y buscar un mejor futuro en beneficio de todos los mexicanos, concertando internacionalmente la colaboración y sociedad comercial sin perder identidad y mucho menos soberanía.
Si la expropiación fue un acto de justicia social, toca ahora a esta generación aprovechar en su mejor forma este histórico legado patrimonial; el petróleo es un energético vital para el desarrollo económico de las naciones; su uso y aprovechamiento implica impulso de energía motriz y elaboración de un sin número de artículos de manejo diario. El petróleo también es factor sustancial en el proyecto de modernidad.
Los trabajadores organizados de México ratificamos nuestro compromiso de participación para en este gran reto de productividad que implica un esfuerzo conjunto de gobierno, empresas y trabajadores, para ser más competitivos en el mercado que corresponda al previsto Acuerdo de Libre Comercio.
Y en relación con el cierre de la refinería 18 de Marzo, debemos aclarar que el sindicato nacional de petroleros ya ha tomado las medidas respectivas y tomará las que sean indispensables para que se respeten plenamente los derechos de los trabajadores.
La modernidad auspiciada por el señor Presidente Carlos Salinas de Gortari, es un llamado a todos para aportar lo mejor de nosotros mismos y los trabajadores lo haremos sin desmayo ni tibiezas; respaldamos al guía nacional en las valientes decisiones que ha tomado y hacemos nuestro su pensamiento, cuando expresa: "Que nadie se engañe, la soberanía de la nación sobre los hidrocarburos, no está a discusión ni es tema de negociación alguna; estamos ciertos que esto será para bien de todos los mexicanos". Muchas gracias. (Aplausos.)
EFEMÉRIDES
El Presidente: -Tiene la palabra la senadora Idolina Moguel Contreras, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el 185 aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, don Benito Juárez.
La senadora Idolina Moguel Contreras: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: He solicitado el uso de la palabra para referirme al aniversario del natalicio de don Benito Juárez, Benemérito de las Américas y rector magnífico de la patria.
Sin embargo, no habré de limitar mi intervención a la efemérides así en singular, como singular es nuestro personaje, puesto que estimo de la mayor actualidad y vigencia formular un pronunciamiento eminentemente político a partir de la experiencia histórica que deriva de la obra y de la vida de Juárez.
La vida del Benemérito transcurrió en forma paralela al nacimiento del nuevo estado - nación, que hoy es México. Su obra contribuyó a forjar las instituciones de la República y a restaurar su vigencia cuando la traición a la patria llegó al extremo de acudir al extranjero para resolver un asunto de la exclusiva competencia de los mexicanos, la integración y el ejercicio del gobierno de la nación.
El 12 de abril de 1862, el Presidente Juárez, expidió un manifiesto a todos los mexicanos, a quienes se dirigió en estos términos: "Espero que preferirán todo género de infortunios y desastres, al vilipendio y al oprobio de perder la independencia o de consentir que extraños vengan a arrebatarnos nuestras instituciones y a intervenir en nuestro régimen interior".
Cada época de la historia de México ha tenido sus prioridades específicas. En la lucha contra la dictadura de Santa Anna, la revolución de Ayutla fincó la posibilidad de recuperar nuestra vocación federalista, de respeto a la diferencia y de unidad en la diversidad como elementos indispensables para construir una convivencia democrática e impedir la dictadura.
En la época de la reforma, Juárez entendió que era indispensable afirmar la supremacía del Estado frente a cualquier otro poder al interior del país, porque era condición esencial. También para lograr la unidad política de una nación democrática.
La lucha militar contra los invasores entrañó la reafirmación de la independencia nacional y una indeclinable voluntad soberana. Implicó también la reafirmación de nuestra identidad mexicana, orgullosamente indígena y orgullosamente mestiza.
Por ello, Juárez, el indio zapoteca de Guelatao, es uno de los momentos culminantes de la vida
de México. Ahí donde convergen la dignidad de un pueblo y la nobleza de su sacrificio, supo encarnar la República trashumante. El México de hoy surge de ese peregrinar republicano. En esto radica la grandeza de Juárez.
La restauración de la República constituyó el restablecimiento de la legalidad basada en la legitimidad histórica para continuar por la vía del derecho, la realización de los objetivos superiores del pueblo de México.
La experiencia histórica que se deriva de esta época, es que cada vez que los mexicanos nos hemos dividido por intereses partidistas, hemos puesto en peligro la independencia y la viabilidad de la nación.
Por eso es que la lección de Juárez, la grandeza histórica de Juárez, radica en su inquebrantable fe en México, en sus instituciones, en la legalidad republicana y en colocar por encima de todo interés de grupo la unidad de la nación y el servicio a la patria.
Hoy, al conmemorar un aniversario más de su natalicio, los legisladores federales de la República ratificamos nuestra fe inquebrantable en la vía del derecho y en el respeto a las instituciones republicanas como la forma primera de servir al interés superior de la nación. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra para tratar el mismo tema, el diputado Eugenio Ortíz Walls, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: -Con el permiso de la Presidencia; señores legisladores: Dos compromisos me hicieron, casi obligadamente, solicitar el uso de esta tribuna. El primer compromiso se refiere a mi profunda adhesión a lo que tiene de sustancia el pensamiento de Benito Juárez, a su lucha y a su esfuerzo en su afán republicano; el segundo, el ser oaxaqueño.
"El 21 de marzo de 1806 nací en el pueblo de San Pablo Guelatao, de la jurisdicción de Santo Tomás Iztlán, en el estado de Oaxaca. Tuve la desgracia de no haber conocido a mis padres: Marcelino Juárez y Brígida García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas: María Josefa y Rosa, al cuidado de nuestros abuelos paternos: Pedro Juárez y Justa López, indios de la nación zapoteca". Así describió Benito Juárez la humildad de su origen, descripción que contrasta con la estatura histórica de su personalidad.
Tengo unas memorias apócrifas atribuidas a don Sebastián Lerdo de Tejada; se hizo bastante escarnio de los oaxaqueños y sobre todo de dos insignes políticos nacidos en el estado.
En Oaxaca pensamos nosotros que nuestra tierra ha dado a personalidades que han servido al país y que lo han hecho en un sentido estrictamente revolucionario y republicano. La herencia no es la herencia de familia; uno podría escoger lo bueno y lo malo y creerse acreedor que solamente lo bueno le pertenece; la herencia de Benito Juárez, como el representante de la legitimidad trashumante en luchas y en momentos difíciles para la patria, es herencia de todos los mexicanos; eso nos enseñaron en la escuela y eso les enseñamos nosotros a nuestros hijos.
Y cuando se hace la cita de que la libertad y la justicia son caminos de la unidad, uno piensa que solamente seres libres que intentan vivir sin oprimir a los demás, solamente ésos pueden aspirar a la unidad dentro de las diferencias naturales de los seres humanos.
Encima pues, de los intereses de grupo o de partido, está la herencia que hemos recibido de nuestros mayores, no solamente para festejarlos en ocasiones como éstas, como simple homenaje, sino como recuerdo de cosas que debemos hacer y que ellos supieron hacer mejor que nosotros.
La Guerra de Independencia es de los mexicanos de ahora y de los mexicanos de siempre; la lucha de monárquicos y republicanos, de centralistas y federalistas, la guerra de reforma, la guerra contra el segundo imperio y la Revolución de 1910 es patrimonio del pueblo de México, sin exclusión de nadie, salvo los que quieran excluirse a sí mismos porque no querer ser mexicanos.
"Entre los Individuos como entre las Naciones, decía Juárez, el Respeto al Derecho Ajeno es la Paz" y, hablaba de la democracia, es como el destino de la humanidad futura y la libertad su indestructible arma, la perfección posible, el fin a donde se dirige, pero hablaba también de lo que es la obligación del gobernante: "el gobernante no es el hombre que goza y que se prepara un porvenir de dicha y de ventura, decía Juárez, es si, el primero en el sufrimiento y en el trabajo y la primera víctima que los opresores del pueblo tienen señalada para el sacrificio".
Y decía también Juárez: "bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad, no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortuna ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley le señala".
Estos pensamientos de Juárez, estas palabras de Juárez, cada 21 de marzo y, yo diría los 365 días del año, deberían ser recordadas por todos nosotros. Muchísimas gracias. (Aplausos.)
INFORME DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
El Presidente: -Tiene la palabra la diputada María del Carmen Segura Rangel, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al informe de la Comisión de Derechos Humanos.
La diputada María del Carmen Segura Rangel: -Señor Presidente; señores legisladores: Hablar de derechos humanos es referirse a las relaciones entre sociedad y poder, de fronteras y límites entre gobierno y ciudadanos; debe haber en ella un justo equilibrio entre derechos individuales y garantías sociales, entre derechos humanos y seguridad pública, conciliar y armonizar unos con otros, es un reto al que nos enfrentamos gobernantes y gobernados. Tema de gran actualidad el que hoy nos ocupa, comenta Ramón Sánchez Mendal, que se habla de derechos humanos a propósito de todo y se habla de todo a propósito de derechos humanos.
Los derechos humanos se basan en la dignidad del ser humano a partir de su existencia, son inalienables, imprescriptibles o indivisibles y en la legislación mexicana existe una tradición con respecto a ellos: hacen referencia a los derechos humanos la Constitución de Cádiz en su artículo 4o., la Constitución de Apatzingán, en su artículo 24; el acta constitutiva de la Federación Mexicana en 1824, el proyecto de constitución de Fernández de Lizardi, en su artículo 2o., y en el acta constitutiva de reformas de 1847, en el artículo 5o.
La Constitución Federal de 1857 es la primera que señala un capítulo especial enumerando los derechos del hombre. En ella se declara que el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones sociales, en consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución.
En los mencionados instrumentos constitucionales, hay un reconocimiento a los derechos humanos y si bien el texto de la Constitución de 1917 en su artículo 1o., habla del otorgamiento y no del reconocimiento, sin embargo en la exposición de motivos del dictamen de la comisión, presentada el 13 de diciembre de 1916, dice expresamente: El artículo 1o., contiene dos principios capitales cuya enunciación debe justamente preceder a la enumeración de los derechos que el pueblo reconoce como naturales del hombre y por esto encomienda al poder público que los proteja de una manera especial, como que son la base de las instituciones sociales.
A nivel internacional se ha puesto énfasis en su respeto y protección. Cabe destacar diversos documentos que han sido suscritos por México: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Decreto de Promulgación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas.
Es evidente que en nuestra legislación los derechos humanos están garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenios internacionales, leyes y reglamentos. Sin embargo, por acciones u omisiones de los órganos o personas encargadas de su protección, no siempre se ha logrado la adecuación entre la realidad y la norma.
Ante esta situación y ante la preocupación de todos los sectores sociales porque los derechos humanos se respeten, se han creado organismos que realizan acciones tendientes a salvaguardarlos. Es el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos creada por decreto presidencial el 6 de junio de 1990, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Durante su instalación, el licenciado Carlos Salinas precisó que proteger los derechos humanos es una concesión a la sociedad, es la primera obligación que tiene el gobierno mexicano.
Surge en torno a la creación y desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una expectativa esperanzadora de que sea ésta
una institución verdaderamente protectora de los mismos.
En la realidad, cómo ha funcionado y qué respaldo ha tenido de las diversas autoridades: el miércoles 13 de marzo, ante representantes de organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor Jorge Carpizo, dio a conocer un informe en cuyo contenido presentó un balance sobre el estado que guardan 45 iniciativas que el organismo ha emitido desde su creación.
Indicó que varios gobiernos de los estados y en especial la Procuraduría General de la República, no atienden sus recomendaciones o si acaso las cumplen parcialmente. Dice el doctor Carpizo: "La Procuraduría General de la República incurre en desacato de sus obligaciones y confunde nuevamente la naturaleza jurídica de la comisión al considerar sus acciones como si fueran de un particular.
Señaló que a la comisión no le basta con que se manifieste la aceptación de sus recomendaciones, sino que debe probarse que realmente se han cumplido, que entre las recomendaciones aceptadas pero no cumplidas o atendidas a medias, están las remitidas a los gobiernos de Tabasco, Tamaulipas, Guerrero y Oaxaca, así como a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Un ejemplo de la recomendación 10/90 girada al Procurador General, Enrique Alvarez del Castillo el 29 de agosto de 1990, relacionada con la tortura y asesinato de Rubén Oropeza Hurtado, en ese entonces interno del penal la Mesa, en Baja California y en el que participaron los judiciales federales Rafael Becerra y Alfonso Treviño Peña. La recomendación demandaba su cese y la averiguación correspondiente para ser procesados por ese delito. La Procuraduría General respondió seis meses después que no había encontrado datos para la investigación respectiva.
El doctor Carpizo comentó sobre el particular que la investigación ofrecida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se ha realizado y al parecer ni siquiera se ha iniciado. Consideró insuficiente para tener por cumplida la recomendación, la suspensión temporal de los citados agentes.
Hizo referencia a otros casos concretos, en donde se pone de manifiesto que también gobiernos de diversos estados no atienden sus recomendaciones.
En síntesis, dijo que de 45 recomendaciones emitidas, sólo 20 se han cumplido en forma satisfactoria y otras 12 más se acataron, pero faltan documentos que lo certifiquen para cerrar los expedientes; otras tres también fueron parcialmente aceptadas; cuatro más no tienen contestación y una no fue aceptada; las restantes están en diversas fases de investigación.
Por ello, no basta el simple reconocimiento de los derechos humanos, sino que es necesario que se respeten. Eso no lo han entendido aquellas autoridades que no aceptan ni cumplen las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se requiere que cada una de las instituciones encargadas de la seguridad pública observen de manera irrestricta los procedimientos y normas relativas a las garantías individuales y sociales y la Procuraduría General de la República tiene la obligación prioritaria de respetar y garantizar los derechos humanos.
Es cierto que la comisión carece de poder coactivo para hacer cumplir sus recomendaciones, pero tiene fuerza de carácter ético. Por esta autoridad moral, sus recomendaciones deben ser debidamente atendidas y es necesario revisar la estructura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a fin de dotarlos de mecanismos e instrumentos adecuados para el logro de sus objetivos.
Para que los derechos humanos sean verdaderamente inalienables, imprescriptibles e indivisibles, deben ser garantizados plenamente por el Estado, en la justicia, en la seguridad y en la libertad. Muchas gracias.
El Presidente: -Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador de la República Bulmaro Pacheco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Bulmaro Pacheco Moreno: -Señor Presidente; compañeros legisladores: La defensa de los derechos humanos, por tratarse de cuestiones inherentes a la seguridad y a la protección del individuo y a la prevalencia del orden jurídico y racional del Estado, se ubica en la preocupación de todos los grupos y organizaciones sociales; nadie puede estar en contra del pleno ejercicio de las libertades individuales, su respeto es una responsabilidad compartida entre la sociedad civil y la sociedad política.
Como deber intrínseco a la naturaleza del Estado, la salvaguarda de los derechos humanos tiene una importancia definitiva en el ejercicio, en forma y fondo, de un gobierno democrático y popular. Ningún proyecto a futuro es aceptable si no tuviera una política específica de protección a los derechos humanos, y si al contrario, lesiona las libertades e impide satisfacer la demanda de justicia de la población.
La defensa de los derechos humanos es una razón de Estado; su eficacia es a la vez la vigencia del estado de derecho y la legalidad y armonía en las relaciones sociales. Su protección no es una cuestión circunstancial ni de apariencias; es un deber prioritario que tienen, en primera instancia, las autoridades y es en la presente administración un compromiso de carácter ético y político que se ha traducido en ocasiones concretas, a través de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La finalidad de su creación se ha ido enriqueciendo con la experiencia de su operación; a ello hemos contribuido, al aprobar en diciembre pasado una reforma a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por medio de la cual todos los servidores del Estado tienen la obligación jurídica de proporcionar la información que la comisión le solicite para el desahogo de las demandas de los particulares que le son presentadas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos es una entidad de interés público, sujeta al derecho público y cuyo objetivo fundamental es contribuir al respeto de las garantías constitucionales de la ciudadanía. Por ello es que sus tareas deben ser consideradas como de mayor interés por este Congreso, el gobierno y la sociedad en su conjunto. A todos debe preocuparnos su credibilidad y su eficacia.
De ahí que sea necesario que quienes tienen la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la ley, deben ser los primeros en acatar la propia ley; debe avanzarse en el combate a la impunidad y a la violación de las normas que sustentan el estado de derecho. Sin su plena vigencia, no podríamos denominarnos como una sociedad justa. Como valor político fundamental el respeto a los derechos humanos se extiende también a aquellos que dejaron de cumplirla. Por eso, no puede admitirse que se rompa el derecho con ningún pretexto, ni aun con el del combate a la delincuencia.
No se defiende a la ley con la violencia a la ley. Todos los órganos del Estado, por tanto, tienen como responsabilidad el apego de sus normas y al escrupuloso cuidado de que todas sus acciones fortalezcan la legalidad y la libertad del ser humano.
El respeto al derecho, pues, evita que se origine una disyuntiva entre el Estado y el individuo, como se señalaba anteriormente, entre la sociedad y entre el ejercicio de la autoridad de los órganos del poder público y el más escrupuloso respeto a la libertad. Esto implica ofrecer y procurar el más profundo respeto a la Constitución.
Apreciamos muy altamente el desempeño que hasta ahorita ha tenido la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la identificación que ha logrado con las aspiraciones y demandas de la sociedad, lo que ha permitido constituirse en una instancia apreciada de orientación, investigación y gestión, para quienes sienten que de alguna manera se han lesionado sus derechos fundamentales.
Deseamos que su trabajo sea respetado cabalmente, porque con su contribución y la creciente participación de los tres poderes del Estado y de la ciudadanía, como vigilantes de la probidad y legalidad que deben tener los actos del poder público, se está poniendo un alto efectivo a la impunidad a quien, por negligencia, indolencia o mala fe, pretendiese poner por encima de la ley de manera contundente cualquier clase de abuso y de arbitrariedad.
La creación de esta comisión es un reconocimiento de que, aunque aislados, existen problemas en esta materia, que escapan al control por el tamaño y complejidad de una sociedad como la nuestra. Pero si se reconocen los problemas es que indudablemente existe voluntad política para resolverse y así se están atendiendo.
Coincidimos con la diputada Segura Rangel, de que todavía queda un largo camino por recorrer en esta materia; es obligación, es deber de todos los ciudadanos y de las autoridades, luchar porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos se fortalezca como una alternativa, como una opción, para que el ciudadano que sienta que sus derechos han sido violados, dé cauce, se investigue y la autoridad responda con suficiencia en tiempo y con eficacia a estas demandas. Muchas gracias.
SOBRE DEMANDAS MAGISTERIALES
El Presidente: -Tienen la palabra el diputado Alfredo Reyes Contreras, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para hablar sobre el apoyo a las demandas magisteriales.
El diputado Alfredo Reyes Contreras: -Señor Presidente; honorable asamblea: El pasado lunes 18 de este mes, se dio un importante paso hacia la solución del problema magisterial, al aceptar la representación de los maestros movilizados un acuerdo de cinco puntos que le fuera propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el que sobresale el compromiso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de exigir a la Secretaría de Educación Pública una respuesta salarial suficiente para restaurar el poder adquisitivo real de los salarios del magisterio nacional y además el compromiso de ambas partes, de luchar por la preservación de los derechos de los trabajadores de la educación y por la defensa de la escuela pública, popular y gratuita.
Por su parte, los maestros movilizados asumieron formalmente el compromiso de dar fin al paro indefinido de labores, retirando en un lapso de 24 horas el plantón que tenían en el centro de la ciudad, a partir de la firma del comunicado conjunto, por lo que en este momento deberían estar ya frente a sus grupos.
Los compromisos asumidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación responden sin duda alguna a su obligación de preservar los intereses económicos y profesionales de los educadores mexicanos que agrupa en su seno y a su responsabilidad histórica plasmada en su declaración de principios, de defender las conquistas de la Revolución, de entre las cuales resalta por razones obvias, la escuela pública.
Para el Partido Popular Socialista, la significación del contenido de los compromisos asumidos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y los trabajadores de la educación movilizados, reside en que cierra una de la vías que las fuerzas reaccionarias estaban siguiendo para intentar una vez más, impulsando y estimulando a algunos maestros al paro, dividir a su sindicato y crear mayor confusión entre sus agremiados, con el claro propósito de anularlo, como fuerza que se opone a cualquier modificación regresiva al artículo 3o. constitucional y defiende la escuela pública, al mismo tiempo que lucha por mejores salarios y condiciones de trabajo para sus agremiados.
Si de esta manera alentadora se ha llegado a posiciones unitarias entre los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, cuestión que abre para éste las más amplias perspectivas de combatir y derrotar al nuevo modelo pedagógico, con el que se pretende derogar en la práctica el artículo 3o. constitucional y de alcanzar la mejor respuesta a su pliego petitorio, toca ahora al poder público, a través de la Secretaría de Educación Pública, contribuir a la plena normalización de la situación en el sistema educativo nacional, dando una inmediata y satisfactoria respuesta a las justas demandas de los trabajadores, particularmente la que se refiere a la creación del salario profesional para ellos y a la que plantea el necesario fortalecimiento de la escuela pública.
Para el Partido Popular Socialista, los trabajadores de la educación tienen, al igual que los demás trabajadores, pleno derecho de recuperar el poder adquisitivo real de su salario, para cubrir con dignidad sus necesidades de vivienda, alimento, vestido y recreación, por ser ellos, los maestros, quienes tienen la enorme responsabilidad de formar una conciencia nacionalista, democrática y progresista en las nuevas generaciones de mexicanos.
¡Un magisterio mal pagado está muy lejos de cumplir con esta alta misión! Nos parece que se abre el camino a una solución adecuada al problema magisterial, sin que ninguna fuerza intervenga en la organización sindical del magisterio nacional.
¡El Partido Popular Socialista saluda estos pasos positivos!
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre administración de la justicia federal en el estado de Tamaulipas.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: En reiteradas ocasiones hemos anotado en el orden del día el tema de la justicia federal en el estado de Tamaulipas
y hemos reiterado también por momentos, por días, este problema, dado que la realidad que acontece en el estado de Tamaulipas nos obligaba a llegar de alguna manera a encontrar verdaderos cauces de apego al principio constitucional, de verdadero respeto a la Constitución.
Es realmente lamentable que el juez séptimo de distrito del estado de Tamaulipas, licenciado Jesús Humberto Valdivia Valdivia, continúe manipulando la justicia federal para atender más a la consigna que al espíritu de la Constitución.
Como ustedes recordarán, hace algunas sesiones el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto presentó ante esta soberanía la denuncia sobre la forma en que se estaba operando un juicio de amparo en el juzgado séptimo de distrito del estado de Tamaulipas.
En ese juicio de amparo intervenían los representantes del gobierno del estado de Tamaulipas, para entorpecer el cumplimiento del artículo 115, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este precepto constitucional señala claramente que corresponde a los municipios el administrar el servicio de agua potable y alcantarillado, con el propósito de resolver los problemas que afrontan las comunidades municipales.
En Reynosa, Tamaulipas, por razones de carácter político se dio una falta de cumplimiento del compromiso que el gobierno del estado le competía de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con una serie de decretos que el mismo gobierno y el Congreso del estado emitió para el efecto de transmitir a los ayuntamientos y concretamente al de Reynosa, Tamaulipas, la administración del sistema de agua potable y alcantarillado.
Pero extrañamente dentro de esta realidad de intereses no se ha permitido al ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, administrar conforme lo señala la Constitución, este sistema de agua potable y alcantarillado, en primer lugar porque hay un déficit, hay una mala aplicación de recursos por más de 10 mil millones de pesos, más de 10 mil millones de pesos que en un primer nivel, se señala, fueron aplicados de manera inadecuada, se hicieron compras indebidas, inclusive, esta comisión llegó a gastar mayor consumo de gasolina que toda la administración municipal de Reynosa, Tamaulipas; hay una incongruencia en el gasto, en los gastos que presenta esta comisión.
Con el propósito de sanear, con el propósito de prestar un efectivo servicio de agua potable y alcantarillado en Reynosa , Tamaulipas, el ayuntamiento tomó una decisión, la decisión de intervenir, la decisión de administrar directamente el sistema de agua potable y alcantarillado con el concurso y la participación de todos los partidos políticos representados en la comuna municipal, se integró una comisión provisional para la administración del agua potable con los regidores del Partido Revolucionario Institucional, con los regidores del Partido Acción Nacional y con los regidores del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Esta comisión inició sus labores y por razones extrañas el administrador designado por el gobernador interpuso una demanda de amparo; esta demanda de amparo se radicó en el juzgado séptimo de distrito del estado de Tamaulipas; ahí, en una primera instancia el juez, apegado a derecho, consideró que era improcedente conceder la suspensión provisional a quienes demandaban el amparo de la justicia federal, en esa primera instancia de buena fe del juzgador, se veía que se estaba aplicando la justicia federal en los términos que establece la ley, pero luego vinieron razones de carácter político que obligaron al juez a cambiar su decisión y a otorgar una suspensión definitiva, pero no para que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, esto es, que la comisión provisional siguiera administrando el agua potable y alcantarillado de Reynosa, Tamaulipas, sino que el juez fue mucho más allá, el juez se dio facultades para decir que el administrador designado por el gobernador es el que debería seguir operando y que a éste es al que se le debería pagar el servicio de agua potable y alcantarillado.
¿De cuándo acá los jueces se toman facultades extraordinarias? ¿De cuándo acá se modifica la realidad jurídica? Solamente cuando hay consigna, solamente cuando el derecho no impera en un tribunal. Y aquí, en este tribunal se ha dado la realidad, inclusive el procedimiento se ha alargado de manera viciada, las audiencias constitucionales no se celebraban por razones de índole administrativo. Hasta la fecha no se ha dictado la sentencia definitiva en el juicio de amparo número 363/90.
¿Qué es lo que pretende la justicia federal? ¿Impartir justicia? ¿Hacer que se respete la Constitución? ¿O atender a intereses de carácter político?
Es por eso que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se pronuncia en contra de estas actitudes, porque estas actitudes son las que denigran la función de la administración de la justicia; estas actitudes van en contra de lo que señala la Constitución; no hay imparcialidad, los juzgadores se convierten en juez y parte en los casos en los que está en juego algún interés de carácter político.
Por ello, queremos exhortar al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al magistrado visitador del juzgado séptimo de distrito del estado de Tamaulipas, para que en cumplimiento a lo que señala la Constitución, en cumplimiento a lo que señala la Ley de Amparo, requieran al juez séptimo de distrito del estado de Tamaulipas, para que dicte una resolución estrictamente apegada a lo que dispone el artículo 115, fracción III de la Constitución, y bajo ninguna circunstancia se siga frenando el desarrollo de un municipio, bajo ninguna circunstancia se siga impidiendo que en este país impere la Constitución.
Sabemos que afortunadamente se ha renovado la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya no pueden existir vicios, que quienes están al frente de la administración de la justicia federal están para cumplir con el mandato constitucional y con la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, pero si el juez séptimo de distrito se empecina en continuar entorpeciendo una administración municipal, dejaremos al pueblo en libertad de actuar en los términos que estime más convenientes para respetar su derecho de libertad y de autodeterminación. Muchas gracias.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE MORELOS
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una denuncia sobre las elecciones en el estado de Morelos.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: -Compañeras y compañeros; señor Presidente: En días pasados en el estado de Morelos se llevó a cabo una elección que, a juicio del Partido de la Revolución Democrática, adoleció de los múltiples vicios que se han señalado desde hace ya varios años, y que tienen que ver con una práctica sumamente viciada, tortuosa, a través de la cual el gobierno pretende perpetuarse ganando los espacios electorales, en este caso, los espacios municipales en la entidad.
Hay en este momento una enorme cantidad de pruebas que el Partido de la Revolución Democrática hará valer ante las instancias que prevé la ley, para que se desahoguen y podamos contar con la rectificación, en algunos casos, de los resultados que en apariencia corresponden en algunos municipios a otro partido que no es el Partido de la Revolución Democrática y que tenemos pruebas de que, en efecto, la múltiple cantidad de irregularidades ameritan que sean revisados cuidadosamente y que posiblemente tengamos, si esto se llevara a cabo, cambios importantes en los resultados preliminares que tenemos, en relación a la votación, en varios municipios.
Desde el principio del proceso, lo que ya viene a ser una cotidiana actitud manejada por el gobierno, se presentaron problemas muy serios en la Primera fase electoral, que es el empadronamiento. En el estado de Morelos vimos cómo en varios lugares en donde había la certidumbre de que se tenía una fuerza importante por parte del Partido de la Revolución Democrática, las credenciales de elector se dieron con cuanta gotas o francamente se dieron o se pusieron a disposición hasta unos cuantos días antes de la elección, lo cual impidió que muchos militantes y simpatizantes de nuestro partido tuvieran la posibilidad de ejercer su derecho ciudadano. También en ese aspecto, se pudo constatar en varios municipios el manejo de credenciales de elector por personas no acreditadas para ello.
Se cambiaron de lugar casillas donde tradicionalmente se tenían votaciones importantes de la oposición hacia lugares distantes y de esta manera se hizo una distribución territorial que no correspondía realmente a la forma tradicional en la que se había venido operando la elección, lo cual causó grave desconcierto.
La amenaza fue otro de los aspectos que más generalizadamente se manejó, tratando con ello de impedir que ejidos, que núcleos importantes de población se manifestaran por el partido de su preferencia.
Tenemos pruebas de cómo créditos, inversiones, promesas de recursos estatales y federales, por ejemplo a los productores de nopal, se les condicionó a que participaran en favor del partido oficial, para que éstos pudieran ser concedidos.
En la colonia Satélite de Cuernavaca, con varios miles de habitantes, se amenazó con suprimir el Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra en caso de que ganara el Partido de la Revolución Democrática.
El gobierno, como ya viene a ser bastante conocido, repetido en diferentes partes, ha aprovechado el Programa Nacional de Solidaridad para buscar a través de este instrumento el captar,
no nada más la simpatía, sino el tratar de apretar las tuercas a todos aquéllos quienes van a ser beneficiarios de este programa, condicionándolos a que su participación política se haga a favor del partido oficial.
En este proceso las autoridades, hasta este momento, han planteado que puede considerarse como un proceso ejemplar, limpio y transparente, a través de acuerdos que han promovido con los diferentes partidos en las instancias electorales. Varios de estos acuerdos también han sido violados en principio y de esta forma se ha visto el interés parcial de manejar las cosas por parte del gobierno; muchos funcionarios de casilla que habían sido previamente insaculados, en el momento de la votación fueron desplazados para, en su lugar, dejar a aquellos que prometían y que garantizaban la absoluta incondicionalidad a la maquinaria prevista para lograr el triunfo del partido oficial.
Podríamos señalar muchas más cosas que por supuesto en este momento corresponden a generalidades, que tenemos en este momento una información preliminar sobre estas anormalidades presentadas y que no es la instancia precisamente esta comisión para desahogar a detalle cuáles son los problemas que se presentaron en esta elección. Sirve esta intervención del Partido de la Revolución Democrática en esta tribuna, con el solo propósito de hacer la denuncia abierta de que el proceso en el estado de Morelos fue un proceso en el que se conjuntaron diferentes prácticas fraudulentas y diversas prácticas que definitivamente no nos dan como resultado un proceso transparente.
Las pruebas, los documentos a detalle se harán valer en su oportunidad ante las instancias correspondientes. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: -Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el senador de la República Eliseo Rangel Gaspar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Eliseo Rangel Gaspar: -Señor Presidente; compañeros legisladores de la Comisión Permanente: El señor diputado del Partido de la Revolución Democrática, expresa que no es ésta la instancia en que se deben desahogar las cuestiones de la elección constitucional celebrada este domingo en el estado libre y soberano de Morelos. Concuerdo con la tesis, lo hemos venido sosteniendo a porfía los representantes de mi partido en ésta y otras tribunas y en particular, será por deformación profesional, el Senado de la República ha sido siempre muy puntillosos sobre este problema en virtud de que nos compete en los términos de la normatividad constitucional ser garantes de la vigencia del Pacto Federal.
La elección de los órganos de gobierno en los términos de la ley que los morelenses se han dado, de acuerdo a los consensos a que arribaron las fuerzas políticas que en esta ocasión, y debemos aquí subrayarlo como un homenaje a su tarea, los partidos políticos estuvieron particularmente cuidadosos en el sentido de propiciar un plebiscito de la ciudadanía el domingo anterior, que se caracterizara por la limpieza de las reglas de la participación ciudadana, por la presencia libre de los ciudadanos y por la posibilidad de definir el rumbo de esta entidad a través de su gobierno, en elecciones sencillas y libres.
Los partidos, el día de la elección, pienso yo, actuaron de acuerdo con el reconocido espíritu cívico de los morelenses. Representantes populares hubo, en particular de la oposición, diputado del Partido de la Revolución Democrática que expresó ante la Prensa local, que el resultado electoral era limpio y adverso a su partido, que favorecía, de acuerdo a lo que había observado, al proyecto presentado por mi partido, el Partido Revolucionario Institucional.
El mismo denunció que a destiempo, a hora temprana, sin cerrar las urnas, sin tener todavía pruebas, como todavía confiesa el señor diputado no tenerlas, en Cuautla estaban convocando a victoria electoral al mediodía . Son cosas pues que ocurren y que la impaciencia explicable de los partidos motiva la comisión de estos eventos, que acuerdos para el futuro seguramente van a enmendar y que el proceso de reforma política que tenemos en marcha para dar claridad a las reglas de nuestra democracia, seguramente que pondrán en su lugar actitudes, procederes que no ayudan al desarrollo de la democracia.
Yo he revisado esta mañana las actas que mi partido tiene en su poder, de la mayoría de las casillas del estado de Morelos y hay allí firmas de los distinguidos representantes de los otros partidos anuentes a los resultados; hay protestas efectivamente y esas protestas se están ventilando en los términos de la legalidad.
Esta es la ruta de la democracia, no otra ni la violencia mucho menos, seguir por todos sus cursos, los cursos establecidos por el derecho, las denuncias, las protestas, para ver de rectificar
los resultados y que triunfe finalmente la decisión popular depositada en urnas.
Hay que esperar que los tribunales decidan y no hay que traer a ventilar cuestiones aquí a la alta tribuna de la nación, no porque sea ocioso hablar de la democracia desde la Comisión Permanente, nunca será tiempo perdido hablar de la democracia en esta tribuna, pero dejemos a los tribunales locales que decidan y que estén pendientes sus representantes, y si el Partido de la Revolución Democrática tiene triunfos en un municipio o en un distrito, los saludaremos con beneplácito, reconoceremos, reconocerán los partidos y el mío la victoria electoral de cualquier partido político.
Lo que sí quisiera yo subrayar es un hecho insólito que me ha saltado en el informe que ha recibido esta mañana, de mi partido en Morelos: en cerca de 40 casillas, nuestros representantes hablan de que se encuentran periodistas de la Prensa nacional y observadores extranjeros. Este sí en un hecho insólito que yo esperaba que subrayara el distinguido antecesor en la tribuna. Observadores extranjeros en 39 casillas de Temixco, ¿observando qué? ¿A título de qué? ¿Con qué autoridad extranjeros canadienses a lo que se explica aquí, observan el proceso electoral que es de la competencia exclusiva del electorado morelense y es responsabilidad de la ciudadanía de la entidad y está regulada por el derecho que hemos convenido en observar?
A mí me parece que este hecho insólito sí merece un comentario desde esta tribuna, un comentario que exprese nuestra condena de origen, nuestra condenada sin limitaciones, porque así empezaron las cosas del siglo pasado, como hoy se ha recordado hasta con propiedad y elegancia aquí en esta tribuna: en 1839, la carta que dirigió a su alteza, al ciudadano Presidente de la República Bustamente, José María Gutiérrez Estrada, hablaba de la posibilidad de que fuera a través de la monarquía como se resolviera el conflicto suscitado por el ejército santanista, por la defensa de los fueros y los privilegios del clero, y por los derechos de la clase propietaria.
En aquella oportunidad el suceso, y lo subrayo porque viene al caso, causó una conmoción nacional: Ignacio Cumplido, que imprimió el texto de la carta, fue sujeto a proceso, y José María Gutiérrez Estrada vergonzante y avergonzado salió del país; después lo encontramos en Miramar acompañando a la comisión que trajo a Maximiliano, pero la historia lo ha juzgado suficientemente.
Dejó aquí constancia de mi pasión nacionalista, del interés de mi partido porque veamos por el perfeccionamiento de la democracia nacional, porque impulsemos el desarrollo democrático de México desde su raíz, con convicción, con lealtad a nuestras ideas y a nuestros principios, pues somos una sociedad plural, y podemos diferir en muchas cosas, pero coincidir en lo fundamental, y lo fundamental es que el desarrollo democrático de México es una cuestión de soberanía nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra para alusiones personales, el diputado Francisco Curi Pérez Fernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: -Solamente para referirme de manera muy general también, a algunas aseveraciones realizadas por el compañero senador que me antecedió.
En primer lugar decirle que en efecto, la idea de venir a esta tribuna no tiene ningún sentido, o no tiene el propósito ni la orientación de desahogar los problemas de carácter electoral que le corresponden a las instancias locales en el estado de Morelos atender. Evidentemente en esto estamos perfectamente claros y coincidimos.
Creo que también es importante aclarar que en un proceso electoral, cualquiera que éste sea, hay dificultades, hay problemas. Sin tener todavía las pruebas en la mano, habría que ver en cuáles esos problemas son lo suficientemente importantes como para cambiar el resultado de una votación, que originalmente se considera a favor de un partido. Esto tendrá que hacerse en el lugar, en el momento y ante las instancias que correspondan.
El punto que a mi me parece de relevancia tocar, es en relación, o es el relacionado con los observadores extranjeros, que creo que es un problema que como varios que están en el panorama nacional, es un problema a debate todavía en México, por sus diversos ángulos que efectivamente, yo no lo niego, por una parte tocan lo que es el espacio o el marco general de la soberanía nacional para tomar decisiones, independientes de que los observadores internacionales no tienen de hecho ninguna posibilidad de influir en los resultados electorales, y que esto corresponde de manera directa a las instancias del propio gobierno. Independientemente de esto, si hacemos un análisis a detalle, efectivamente podríamos
considerar, lástima, toca algunas partes del aspecto de soberanía nacional, que es uno de los valores fundamentales en nuestro país. Esta es una de las cosas que tendremos que debatir a fondo.
Otro ángulo, que no es precisamente el que le interesa destacar al régimen, es que los observadores también permiten de alguna manera evidenciar lo que ocurre en un país en donde se ha demostrado, recientemente en las elecciones pasadas, y además es una de las características por las que México está siendo reconocido a nivel mundial, como un Estado de excepción en ese sentido, de que aquí las elecciones, tanto las federales como las locales, no son del todo limpias ni del todo transparentes, por calificarlo de manera suave.
Este es un hecho también real, que creo que por sirios y por troyanos, aquí mismo en México lo podemos reconocer; es, digámoslo así, incluso para este régimen, el talón de Aquiles. Ahora, éste es el otro ángulo del problema, el problema de la democracia.
Lo que creo que sí vale la pena también, yo me permitiría hacer una incursión muy breve en este asunto, es que, por un lado, como dicen en mi pueblo: "les tenemos miedo a los becerros, pero en la noche toreamos los toros bravos". ¿Por qué lo digo? Porque para nadie es desconocido en nuestro país, que el régimen, encabezado por el señor Salinas, está avanzando en forma muy importante hacia una integración económica, concretamente con los Estados Unidos de América.
Esto puede ser benéfico o perjudicial para nuestro país, es un problema que tendremos que debatir. Nuestra posición al respecto está clara, como puede estar clara la de los demás partidos políticos. Pero lo que es un hecho, es que con todo lo que estamos haciendo, desde el punto de vista económico, estamos también entrando en un nuevo esquema que nos está dando una mayor cercanía con los Estados Unidos, y concretamente esto tiene y lástima el marco de la soberanía nacional en nuestro país.
A lo que voy es, se me hace muy incongruente, con todo respeto, que un partido defienda, a giro herido, que no venga un extranjero a ver, cualquiera que sea su origen, qué está pasando aquí, a sabiendas de que jurídicamente no tiene absolutamente ninguna posibilidad de intervenir y de influir, y, por el otro lado, se esté promoviendo, también por ese mismo partido, el que se meta la mano hasta la cocina en materia económica , para que nuestro país tenga una mayor dependencia con los Estados Unidos de América. Esto a mí me parece muy incongruente.
Creo que si somos o tratamos de ser justos y equilibrados, tenemos que poner en la justa medida una y otra cosa.
Creo que al país le urge, a este régimen le urge que no sea considerado como un régimen de excepción a nivel internacional; que no sea un régimen que sea señalado, como casi ya el único que queda en todo el orbe, de ser un régimen que no acepta el cambio, que lo rechaza a morir, y que pone en juego todo lo que esté en sus manos para impedir que se expresen fuerzas políticas que considera no están acordes con su manera de pensar y de concebir las cosas...
El senador Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): -Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador.
El Presidente: -¿Acepta una pregunta del senador, diputado?
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: -Con mucho gusto, al término de mi intervención. Bien, en ese sentido, creo que es fundamental que nosotros seamos lo más equilibrados en torno al problema de la soberanía nacional. Si vamos a echarle leña a los observadores internacionales, también, deberíamos de ver si le echamos leña al interés que tienen otros países en las riquezas naturales y que nosotros estamos también muy dispuestos a que se abran las puertas de nuestro país a la inversión indiscriminadamente; tenemos que ver qué está pasando con muchos empresarios que están tronando, tenemos que ver qué es lo que se quiere en materia de tenencia de la tierra y cuáles son las pretensiones del extranjero, en relación al ejido. Ese tipo de problemas que nos deberían también de preocupar, deben de entrar dentro de un paquete muy amplio, de ver hasta dónde es importante la defensa de la soberanía nacional en todos y cada uno de sus términos.
Con mucho gusto le acepto la pregunta al señor senador, Madrazo Pintado.
El senador Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): -Yo quisiera preguntarle al compañero diputado Curi, ¿si él conoce al señor Ángel Carrillo Salazar?
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: -¡No, no tengo el gusto!
El senador Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): -¿O si conoce al señor Andrés Gabino Martínez Toledo?
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: -¡No, no lo conozco!
El senador Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): -Los dos mencionados son respectivamente, el primero, candidato de su partido a diputado local por el IX distrito, en el estado de Morelos y, el segundo es diputado local por su partido en ese mismo estado. Yo quiero solamente citar, señor Presidente; compañero diputado Curi, que la Prensa del estado de Morelos, ha dado testimonios fehaciente de la victoria de nuestro partido, reconocida por el Partido de la Revolución Democrática, y ambos miembros del Partido de la Revolución Democrática, uno como candidato y el otro como diputado, han declarado: "Limpio el proceso electoral", dice el Partido de la Revolución Democrática y cita aquí las declaraciones del candidato a diputado, y dice así: "Yo vi y viví el proceso electoral del domingo pasado, en el que no hubo fraude y no entiendo el porqué la diligencia estatal se empeña en hablar que hubo irregularidades".
Posteriormente, otro diario del propio estado de Morelos, cita las declaraciones del diputado local del Partido de la Revolución Democrática, en donde dice: "Pondera el Partido de la Revolución Democrática el trabajo de Antonio Riva Palacio y reconoce el triunfo del Partido Revolucionario Institucional", y da cita por igual a declaraciones de miembros del Partido de la Revolución Democrática, donde se reconoce el triunfo de nuestro partido.
Concretamente mi pregunta es: ¿si es a caso la intervención del diputado Curi, en la Comisión Permanente, un empeño centralista de la diligencia nacional en su partido por desconocer lo que han afirmado los propios candidatos, representantes populares y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática, en el estado de Morelos? Muchas gracias.
El diputado Francisco Curi Pérez Fernández: - Le agradezco mucho la oportunidad que me da el señor senador.
En primer lugar debemos reconocer en mi partido, esto se da de manera muy frecuente diría yo, el que existan opiniones relacionadas sobre cualquier tema que aun no cuenta con un consenso, esto sucede hasta en las mejores familias, acuérdense de la opinión del señor diputado Antonio Martínez Báez aquí, en relación al problema de la senadora Sauri, por ejemplo.
Así que este tipo de situaciones no debiera de extrañarnos, por lo menos a ustedes no debiera de extrañarles mucho, porque se da. En segundo lugar creo que hemos sido claros, tanto un servidor, como el señor senador que con amplitud abordó el tema, que el caso de Morelos deberá resolverse en el estado de Morelos, por las instancias que corresponde en el estado de Morelos, y que aquí lo que venimos a hacer en todo caso, por parte de mi partido, el de la Revolución Democrática, es dar una orientación sobre cuál es el punto de vista de la diligencia estatal del partido, no de un diputado federal o local, no de un miembro de alguna.. O de algún candidato que de manera regional pudo conocer la elección, sino de una diligencia que aquilata, que valora el panorama estatal en su conjunto y que en este caso, nos está haciendo llegar a nosotros la información sobre los problemas que se están dando en Morelos, que por supuesto deberán ser evaluados, deberán ser sopesados y deberán de ser resueltos en el estado de Morelos en su momento. Gracias.
SOBRE SERVICIOS PÚBLICOS
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para prestar una denuncia sobre servicios públicos.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: -Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: Una de las tesis de Acción Nacional coincide con el hecho profundo de la solidaridad persona - sociedad y sus serias exigencias, porque consideramos que es completamente distinguible, por cuanto toca a las decisiones políticas, derivadas en la economía y sus efectos, de la utilización de la misma palabra solidaridad.
Esta palabra, utilizada recientemente por parte del gobierno y su partido, no es lo mismo la reflexión en serio respecto de dimensiones constitutivas de la persona humana y la aceptación de sus implicaciones políticas y económicas, que la manipulación propagandísticas y superficial del mismo vocablo, ilusamente presentado como el centro de tensiones y conflictos en la vida real de la sociedad y de la economía.
La verdadera y demostrada solidaridad vital de los mexicanos, por fortuna, en muchos rebasa intentos de falsificación de palabras, hechos y políticas superfluas. Uno de ellos, el Programa
Nacional de Solidaridad, no por cuanto tenga de propósito o de corrección obligatoria de injusticia sublevantes o de subsidio y apoyo igualmente obligatorios y urgentes, sino por cuanto significa su versión de vocablos, de conceptos y hechos, aunque éstos sean negados emotivamente en un informe presidencial.
Es inadmisible que se intente presentar el destino de fondos producidos por el mismo público, ante necesidades humanas de satisfacción impostergables, como una especie de caritativa concesión discrecionalmente generosa.
Por lo demás, en Acción Nacional no dudamos en calificar de criminal el traficar nauseabundo de paliativos para el hambre y la indefensión de personas humanas, víctimas de la injusticia, a condición de demandar y aun de esperar como algo lógicamente natural el compromiso controlado de apoyo político y electoral. Máxime que cuando la miseria extrema que dicen o pretenden corregir, ha sido causada en gran parte por los mismos gobiernos priístas, los que ahora se dicen herederos de algún personaje mundial.
Por un lado, se hace gala del Programa Nacional de Solidaridad cuya dedicatoria es para los pobres; pobres, gracias al sistema político mismo. Pero por otro, y tratando de que no se note, este gobierno pretende "recuperarse", vía incrementos en los precios de los bienes y servicios que presta a la sociedad, sin haber solicitado antes la aprobación del Congreso de la Unión. En algunos casos no se solicita, en otros se legisla vía artículos transitorios.
Y así nos encontramos con que de entrada en enero de este año los derechos que cobra el gobierno se incrementaron en un 30%. Ya en otra ocasión dijimos en esta tribuna que en el caso de Teléfonos de México las tarifas se incrementaron de enero de 1990, haciendo un comparativo, de enero de 1990 a enero de 1991 en un 16.3%, un incremento razonable, puesto que la inflación fue mayor a este porcentaje. Y esto siendo Teléfonos de México todavía propiedad del gobierno y considerando un monto de 150 llamadas al mes.
Sin embargo, el aumento ya es sustancial cuando comparamos enero de 1990 con febrero de 1991, porque se limitan las llamadas a 125 únicamente y el incremento en las tarifas es ya del 95.1%, pero al comparar el costo de enero de 1990 con el de marzo de 1991, en donde el número de llamadas sin costo adicional es solamente de 100 y así a partir de marzo en adelante, el porcentaje de incrementos que se contempla es del 174.8%.
Ahora bien, considerando que la empresa Teléfonos de México paga, según la ley del impuesto, por la prestación de servicios telefónicos, establecido en su artículo 25, el 29% del impuesto al gobierno y esto aunado al 15% de impuesto al valor agregado y aun cuando no se trata de un impuesto directo al usuario, sí creemos que encarece el servicio, porque de cada peso que el público usuario paga por el servicio telefónico, 40 centavos corresponden a impuestos.
Otro renglón de la economía en donde el ciudadano se ve gravemente afectado, es el que se refiere al incremento en el costo del consumo doméstico de electricidad, porque a partir de septiembre del año pasado se estableció una cuota mínima fija de 7 mil 500 pesos mensuales en cada uno de los recibos, afectando seriamente la economía familiar.
Muchas amas de casa sorprendidas se preguntan: ¿por qué razón la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro establecieron un cargo adicional bajo la cuenta 1148? En donde algunas veces aparece una cantidad fija que no varía de recibo a recibo y en otras los incrementos van desde el 20% a un poco más del 40%.
En dos recibos que nos proporcionaron los usuarios se contempla en uno de ellos un incremento del 8% y en el otro un incremento del 42%, por el concepto, este famoso, del 1148. Aun cuando la Comisión de Seguimiento del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico haya aprobado un aumento a las tarifas tanto de Teléfonos de México como de la Compañía de Luz, dicho aumento, cualquiera que éste sea, carece de fundamento legal, es inconstitucional debido a que es la Cámara de Diputados la facultada para aprobar estos conceptos y no existe disposición que autorice a una comisión cuya representatividad carece también de legalidad, cuando mucho se trata de un grupo de notables que puede dar recomendaciones, pero no más allá.
Y decía no existe disposición alguna para que a su antojo esta comisión disponga un impuesto que ni el Congreso de la Unión ni las autoridades hacendarías tienen en su conocimiento, nuevamente es el pueblo el que cubre con sus sacrificios y esfuerzos las ineficacias o ineficiencias del sector público; esto es, que el actual gobierno presenta un contradictorio esquema de solidaridad, por un lado pretende erradicar la pobreza
extrema a través de limosnas, vía Programa Nacional de Solidaridad, y por el otro sanear sus finanzas mediante el incremento de tarifas, derechos, impuestos, etcétera.
En este punto, por analogía, la economía es como una cobija que si algún agente económico jala para cobijarse, va a descobijar a otro agente económico. Como es el incremento de los ingresos públicos, a través de los aumentos de tarifas, del impuestos, derechos, etcétera. Y justamente los descobijados son los sectores más débiles que son precisamente aquellos grupos a los que se pretende favorecer con el Programa Nacional de Solidaridad contradictorio esquema, pues por un lado se les empobrece más y por el otro lado se les trata de paliar, diciendo que se trata de la pobreza extrema vía Programa Nacional de Solidaridad.
Señor Presidente: le ruego, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, se sirva enviar esta denuncia a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que solicite la información correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad, a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, respecto al fraude que a través de este cobro indebido están cometiendo al pueblo de México. También solicitamos se turne a la Comisión de Energéticos, para que se analice lo referente a las diversas tarifas que pagamos los consumidores ante diversos organismos descentralizados y verificar si se están aplicando conforme a lo que establecen las leyes respectivas.
Los diputados y senadores tenemos la obligación y el derecho de vigilar si las leyes que aprobamos son aplicadas correctamente por parte del Ejecutivo Federal. Muchas gracias.
El Presidente: -Para la atención que proceda, túrnese a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas, y de Energéticos, de la Cámara de Diputados.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada María del Carmen Segura Rangel: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Comisión Permanente.- Primer Receso.- Tercer Año.- LVI Legislatura.
Orden del Día
25 de marzo de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
A. Correspondencia
El Congreso del Estado de Hidalgo, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano Adolfo Lugo Verduzco, gobernador constitucional del estado, rendirá el Cuarto Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 5 de abril.
Comunicación del Congreso del Estado de Coahuila
B. Iniciativas
C. Dictámenes de Primera Lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud del ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de la república, para que pueda ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar una visita de Estado a Canadá y visita de trabajo a los Estados Unidos de América.
De la Primera Comisión, relativo la solicitud de permiso de los ciudadanos María Solís Guerra y Héctor Eduardo Huerta Nava, para que puedan prestar servicios en la Embajada de Japón en México.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Alicia Rodríguez Hernández y Claudia Garza Martínez, para que puedan prestar servicios en la Embajada de Canadá en México.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos María Elena Saucedo Lugo y Gustavo Rayas Martínez, para que puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Guadalajara, Jalisco.
D. Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Luis Manuel Gutiérrez Levy, director general de aduanas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Cuarto de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdos por los que se ratifican grados militares
a los ciudadanos Alfonso López Conde, Salvador Leonardo Bejarano Gómez, Carlos Alvarado González y Rubén Darío Castillo Ferrera.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Pablo Silva y Machorro, para aceptar y usar la condecoración Orden nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
E. Proposiciones
F. Declaraciones, comentarios y fijación de posiciones
G. Denuncias
Los rubros B, E, F, y G se integrarán con los puntos que se inscriban en los términos del acuerdo parlamentario para las sesiones de esta Comisión Permanente, además, los asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 14.33 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 25 de marzo a las 11.00 horas.
Edición a cargo de la Dirección del Diario de los Debates con colaboración de Taquigrafía Parlamentaria