Legislatura LIV - Año III - Período Comisión Permanente - Fecha 19911008 - Número de Diario 14
(L54A3PcpN014F19911008.xml)Núm. Diario:14ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Senador Emilio M. González
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año III AÑO III México, D.F., martes 8 de octubre de 1991 No. 14
SEGUNDO RECESO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico con motivo del CDXCIX aniversario del Descubrimiento de América. Se designa comisión.
Del congreso del Estado de Coahuila, para asistir a la sesión solemne en la que el ciudadano Eliseo Mendoza Berrueto, gobernador constitucional del Estado, rendirá su cuarto informe de gobierno. Se designa comisión.
COMUNICACIONES
Del Congreso del Estado de Jalisco, para informar sobre la apertura de su segundo período ordinario de sesiones. De enterado.
Del Congreso del Estado de Oaxaca, sobre la instalación de su primer período ordinario de Sesiones. De enterado.
Dos del Congreso del Estado de Tamaulipas, sobre la instalación de su Mesa Directiva y la apertura de su segundo período ordinario de sesiones. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano César Oscar Ocaranza Castañeda, pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Bélgica. Se turna a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTOS
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Felipe Camelo Schwarz, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León. Se turna a la Primera Comisión.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Armando Isidro Cruz Carvajal, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala, en Guadalajara, Jalisco. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Cuatro por los que se remiten las hojas de servicios de igual número de ciudadanos, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 constitucional. Se turna a la Segunda Comisión.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Mauricio Agustín Cossío Pérez y Alma Yolanda Ibarra de Carreón, para prestar servicios en las embajadas de las repúblicas de Austria y Socialista Federativa de Yugoslavia en México, respectivamente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
De la Primera Comisión, relativo a la elección de Senador por el Distrito Federal.
En la discusión intervienen los legisladores:
José Enrique Rojas, en contra.
Saúl González Herrera, en pro.
Miguel Hernández Labastida, en contra.
María del Rosario Guerra Díaz, en pro.
Juan Antonio García Villa, para rectificar hechos.
Juan Jaime Hernández, en contra.
Carlos Javier Vega Memije, en pro.
Juan Jaime Hernández para presentar moción suspensiva. Se desecha.
Ifigenia Martínez Hernández, en contra.
Enrique Carrillo Silva, en pro.
Rubén Venadero Valenzuela, para expresar su opinión de su partido.
Se aprueba.
SOLICITUD DE LICENCIA
De la diputada María de Rosario Elena Guerra Díaz. Se aprueba el punto de acuerdo.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Cuatro de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de ciudadanos. Se aprueban y se pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CONDECORACIÓN
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Helios Farrell Murga Muñoz, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de la República de Cuba. Se aprueba.
DERECHO DE HUELGA
Intervención del diputado Jesús Luján Gutiérrez.
DE LA REPÚBLICA DE CUBA
Proposición de la Senadora Ifigenia Martínez Hernández. Se turna a la Segunda Comisión.
AUDITORIAS
Sobre las que se llevan a cabo en al Comisión Federal de Electricidad, toman la palabra los legisladores:
Miguel Hernández Labastida.
José Enrique Rojas Bernal.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL SENADOR EMILIO M. GONZÁLEZ
(Asistencia de veintiséis legisladores)
ASISTENCIA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Hay una asistencia de 26 representantes. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11..55 horas): Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Comisión Permanente.- Segundo Receso.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
8 de octubre de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CDXCIX aniversario del Descubrimiento de América, tendrá lugar el 12 de octubre.
El Congreso del Estado de Coahuila, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, gobernador constitucional del estado, rendirá el cuarto informe de gobierno, que tendrá lugar el 158 de octubre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco, Oaxaca y Tamaulipas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado César Oscar Ocaranza Castañeda, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Caballero, que el confiere el gobierno de Bélgica.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano licenciado Felipe Camelo Schwarz, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Armando Isidro Cruz Carvajal, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala, en Guadalajara, Jalisco.
Cuatro con los que se remiten las hojas de servicios de los ciudadanos Antonio Rendón Talavera, Eduardo Bonifaz Sánchez, Gonzalo Pedro Méndez Velázquez y Constantino Herón Cossío García, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Mauricio Cossío Pérez y Alma Yolanda Ibarra de Carreón, para prestar servicios en las embajadas de las repúblicas de: Austria y Socialista Federativa de Yugoslavia, en México, respectivamente.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, relativo a la elección de senador por el Distrito Federal, que tuvo lugar el 18 de agosto.
Cuatro de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Simón Arias Villalvazo, Pedro Bautista Pérez, Marco Antonio Meza Barajas y Ramiro Manuel Mendoza Vargas.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Helios Farell Murga Muñoz, para aceptar y usar la condecoración Mártires de Barbados que le confiere el gobierno de la República de Cuba.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día dos de octubre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del senador Emilio M. González
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y cuatro minutos del día dos de octubre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de veinticuatro legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaria da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con una aclaración de la senadora Ifigenia Martínez Hernández, se aprueba en votación económica.
La secretaría da cuenta con la siguiente documentación:
Invitaciones del Departamento del Distrito Federal a los actos conmemorativos del octagésimo primer aniversario de la Proclamación del Plan de San Luis y del centésimo sexagésimo séptimo aniversario de la Jura de la Constitución de mil ochocientos veinticuatro. Se designan sendas comisiones para representar a la Comisión Permanente en dichos actos.
Solicitud del diputado Gustavo Rosario Torres, para separarse de su encargo. La asamblea aprueba el punto de acuerdo respectivo.
Comunicación del diputado Francisco Sánchez Rodríguez por la que informa su reincorporación a las labores legislativas. De enterado. Comuníquese.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato y Zacatecas, por las que informan de diversos actos de sus legislaturas. De enterado.
Oficio de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita los permisos constitucionales necesarios para que dos ciudadanos mexicanos puedan prestar sus servicios en las embajadas de las repúblicas de Australia y Socialista Federativa de Yugoslavia, en México, respectivamente. Se turnan a la Primera Comisión.
Oficios de la misma Secretaría con los que se remiten las hojas de servicios de cuatro ciudadanos mexicanos, para los efectos de la fracción séptima del artículo sesenta y nueve de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turnan a la Segunda Comisión.
Dictamen de primera lectura de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Helios Farell Murga Muñoz, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
Cuatro dictámenes a discusión de la segunda Comisión con puntos de acuerdo relativos a la ratificación de grados militares de los ciudadanos Francisco Guizar Vega, José Luis Chávez García, Roberto Bolado Martínez y Jorge Alejandro López Castillo. Se aprueban en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Dictamen de segunda lectura de la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Eduardo Macías Santos pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Polonia, en Monterrey, Nuevo León. No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
Dos dictámenes a discusión de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Mercedes Margarita Iturbe y Argüelles y Agustín Francisco Basave Fernández del Valle, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Francia y Portugal, respectivamente. No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de éstos y del anteriormente reservado en un solo acto y la asamblea los aprueba por veintisiete votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura a una declaración firmada por todos los partidos políticos que integran la Comisión Permanente, que condenan el golpe de Estado en Haití. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba y el Presidente ordena que se cumpla.
Para referirse a acontecimientos pos electorales en el estado de San Luis Potosí, el Presidente otorga el uso de la palabra a los legisladores Enrique Rojas Bernal, del partido de la Revolución Democrática; Fernando Antonio Lozano García, del Partido Acción Nacional y Bulmaro Pacheco Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.
Hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien denuncia hechos que considera violatorios a los derechos humanos y a las leyes vigentes en el municipio de Ecatepec,
México. Se turna a la comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para los efectos que haya lugar.
Para expresar sus opiniones respecto de los acontecimientos del dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho, se concede el uso de la palabra a los legisladores Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional; Ifigenia Martínez Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, quien pide que se guarde un minuto de silencio por las víctimas que perdieron la vida en esos hechos; Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rubén Venadero Valenzuela, del Partido del Trabajo; Víctor Hugo Celaya Celaya, del Partido Revolucionario Institucional y Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos.
Con base en la aprobación de la asamblea, la Presidencia dispone que se guarde un minuto de silencio por todos los que perdieron la vida el dos de octubre de mil novecientos sesenta y ocho.
Se concede el uso de la palabra a la senadora Ifigenia Martínez Hernández, del partido de la Revolución Democrática, quien da lectura a un escrito del diputado federal Gerardo Ávalos Limón, en el que se denuncian hechos en diversos municipios del estado de jalisco. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados, para los efectos que procedan.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra , la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las trece horas con cincuenta minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes ocho de octubre de mil novecientos noventa y uno a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CDXCIX aniversario del Descubrimiento de América, que tendrá lugar el próximo sábado 12 de octubre, a las 9:30 horas, en el Monumento a Cristóbal Colón en avenida Paseo de la Reforma, delegación política Cuauhtémoc.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 25 de septiembre de 1991.- El director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: senador Netzahualcóyotl de la Vega García y el diputado Américo Javier Flores Nava.
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México D.F.
La LI Legislatura del honorable Congreso del estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, invita a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Eliseo Mendoza Berrueto, gobernador del estado, rendirá su cuarto informe de gobierno.
La ceremonia se efectuará el día 15 de octubre, a las 11:00 horas, en el teatro de la ciudad "Fernando Soler" declarado recinto oficial.
Saltillo, Coahuila, octubre 1991."
El Presidente: -Para asistir en representación de esta honorable Comisión Permanente a este
acto, se designa a los siguientes legisladores: senador Alonso Aguirre Ramos y diputado Juan Jaime Hernández.
COMUNICACIONES
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Jalisco.- Poder Legislativo.- Secretaría del Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted (s) que, en sesión de esta fecha, se declaró abierto el segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura de la entidad, y la forma de como quedó integrada la mesa directiva que fungirá durante el período ordinario que se cita:
Diputados: Presidente, Gustavo Martínez Güitrón; vicepresidente, Rubén Vázquez; secretarios: Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba y José Manuel Verdín Díaz; prosecretarios: Leopoldo Guerrero Ortíz y José Santos Urbina Mendoza.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales conducentes. Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 1o. de septiembre de 1991.- Diputados secretarios: Bertha Lenia Hernández de Ruvalcaba y José Manuel Verdín Díaz.»
Trámite: -De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Constitucional del Estado de Oaxaca.- Poder Legislativo.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
En cumplimiento de los preceptos legales, comunicamos a usted (s), que la LIV Legislatura Constitucional del estado, con esta fecha inauguró el primer período ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de su ejercicio legal, habiendo resultado electos por mayoría de votos para funcionar durante la segunda quincena del presente mes de septiembre a los ciudadanos diputados: Presidente, Sergio Villalobos Marcial; vicepresidente, Efraín Alavez Bustamante.
Y para funcionar como secretarios durante el actual año legislativo, los ciudadanos diputados:
Primer Secretario, Gilberto Melo; segundo secretario, Alvaro Jiménez Soriano; tercer secretario, Arturo Bustamante Hernández y cuarto secretario Eligio González Ilescas.
Reiteramos a usted (s) las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz".
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 16 de septiembre de 1991.- Diputados secretarios: Eligio González Ilescas y Gilberto Melo.»
Trámite: -De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, D.F.
Nos es grato comunicarle a usted (s), que en sesión de junta previa celebrada este día, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 23 y 24 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta representación popular, fueron electos presidente y suplente de la mesa directiva que presidirá los trabajos durante el mes de septiembre del presente año, así como los secretarios que fungirán durante el segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio legal de la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, quedando la mesa directiva integrada en la forma siguiente:
Diputados: Presidente, Benito Goytortuo Alejandre; secretarios: Leticia Camero Gómez, Tomás Robinson González; suplente, Javier González Alonso.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle (s) la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de septiembre de 1991.- Diputados secretarios: Florentino Arón Sáenz C. y Antonio Figueroa Rea.»
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno de Tamaulipas.- Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, .D.F.
Nos es grato comunicar a usted (s), que en sesión pública y solemne celebrada este día, y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 44 de la Constitución Política del Estado, 5o. de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta representación popular, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, declaró abierto el segundo período ordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Cuarta Legislatura, quedando en aptitud de continuar con el ejercicio de sus atribuciones.
Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para reiterarle (s) la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No reelección.
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 1o. de septiembre de 1991.- Diputados secretarios: Leticia Camero Gómez y Tomás A. Robinson González.»
Trámite: -De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a esta de Gobernación, con fecha 10 del enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se mencionan:
"El ciudadano licenciado César Oscar Ocaranza Castañeda solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunica que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 11 de los corrientes, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente.
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted, la solicitud del señor Felipe Camelo Schwarz, con el objeto de que tenga a bien disponer se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala en Monterrey, Nuevo León. Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento, curriculum vitae, carta de vecindad y notificación de nombramiento del interesado."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la primera Comisión.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 11 del actual:
"Adjunto al presente me es grato remitir a usted, la solicitud del señor Armando Isidro Cruz Carvajal, con el objeto de que tenga a bien disponer, se gestione ante la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere el artículo 37, inciso B, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala en Guadalajara, Jalisco. Para tal efecto, se anexa también acta de nacimiento, curriculum vitae, carta de vecindad y notificación de nombramiento del interesado.
Al comunicar a ustedes lo anterior, les acompaño con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 27 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La Secretaría de la Defensa Nacional, se ha dirigido a esta Gobernación con fecha 17 del actual, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel médico cirujano Antonio Redón Tavera (6101487), que en quince fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, acompañándoles con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No reelección.
México, D.F., 18 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta de Gobernación, con fecha 4 de los corrientes, enviándoles además con el presente, el anexo que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicio del ciudadano coronel de infantería Eduardo Bonifaz Sánchez (3898251), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Con fecha 12 del actual, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha dirigido a esta dependencia del Ejecutivo, manifestando lo siguiente:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel intendente Gonzalo Pedro Méndez Velázquez (4748968), que en diecinueve fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Lo que transcribe a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles además con el presente el anexo que en el mismo se cita.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional, dirigió a esta Gobernación, con fecha 12 del actual, enviándoles además con el presente la hoja de servicios que en el mismo se menciona:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto se haga llegar a la comisión Permanente del honorable
Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano coronel ingeniero industrial Constantino Herón Cossío García (2955915), que en dieciocho fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 18 de septiembre de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: -Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 11 de septiembre de 1991, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Mauricio Agustín Cossío Pérez y Alma Yolanda Ibarra Ávila, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de la República de Austria y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, en México, respectivamente.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 2 de octubre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que los interesados prestarán en las embajadas de la República de Austria y de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, en México, serán de carácter administrativo, y
c) Que las solicitudes se ajustan a la establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso al ciudadano Mauricio Agustín Cossío Pérez, para prestar servicios como chofer y mensajero, en la Embajada de la República de Austria, en México.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Alma Yolanda Ibarra Ávila, para prestar servicios como secretaria administrativa, en la Embajada de la República Socialista Federativa de Yugoslavia, en México.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 4 de octubre de 1991.- Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Saúl González Herrera, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Victor Hugo Celaya Celaya, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Enrique Rojas Bernal, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado Napoleón Cantú Cerna, diputado Juan Jaime Hernández, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, diputado Carlos Javier Vega Memije y senador Fernando Silva Nieto.»
Trámite: -Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: Para la elaboración del dictamen correspondiente, en la sesión pública ordinaria del 4 de septiembre próximo pasado se turnó a la Primera Comisión que suscribe el expediente remitido por el presidente del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal a que se refiere el inciso e, del artículo 257 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para los efectos de la atribución que compete a esta Comisión Permanente en materia de la declaratoria de senadores electos por el Distrito Federal.
En tal virtud y con fundamento en los artículos 56 constitucional y fracción III del artículo 79 constitucional, así como en los artículos 87, 88 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos a la consideración de esta asamblea el siguiente
DICTAMEN
En la fecha señalada y para los efectos del párrafo segundo del artículo 56 constitucional, se recibió del consejo local del Instituto Federal Electoral
en el Distrito Federal la siguiente documentación:
Copia certificada del acta de cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el Distrito Federal.
Copia certificada de las actas de cómputo distrital para la elección de senadores por el Distrito Federal de los cuarenta distritos electorales federales de dicha circunscripción.
Copia certificada del acta circunstanciada de la sesión del 25 de agosto de 1991 del consejo local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, en la que se realizó el cómputo de la elección para senadores en dicha circunscripción.
Copia certificada del informe del presidente del consejo local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal sobre el desarrollo del proceso electoral del año en curso.
Copia certificada del expediente del registro de los candidatos a senadores propietario y suplente de la fórmula que obtuvo la constancia de mayoría.
Copia simple de recurso de inconformidad en contra del cómputo de entidad federativa para la elección de Senadores por el Distrito Federal que llevó a cabo el consejo local del Instituto Federal Electoral en esa circunscripción del día 25 de agosto próximo pasado, interpuesto por los representantes del Partido Acción Nacional ante dicho consejo del día 28 de agosto próximo pasado.
Copia simple del recurso de inconformidad en contra del cómputo de entidad federativa para la elección de senadores por el Distrito Federal que llevó a cabo el consejo local del Instituto Federal Electoral en esa circunscripción el día 25 de agosto de 1991, promovido por el representante de la Coalición Partido Popular Socialista - Partido de la Revolución Democrática en el referido consejo local.
I. Del análisis de la documentación remitida se desprende que los partidos políticos nacionales que se señalan a continuación, registraron fórmulas de candidatos propietarios y suplentes a senadores de la República por el Distrito Federal para el período comprendido del 1o. de noviembre de 1991 al 31 de octubre de 1997, en los términos del inciso c, del párrafo primero del artículo 177 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales:
Partido Acción Nacional
Partido Revolucionario Institucional
Coalición Partido Popular Socialista - Partido de la Revolución Democrática
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
Partido Demócrata Mexicano
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Partido Ecologista Mexicano
Partido del Trabajo
II. A su vez, obran en el expediente las constancias relativas al cómputo de la votación para senadores propietario y suplente que realizaron los cuarenta consejos distritales del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, al tenor de lo dispuesto por los artículos 246 y 249 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
III. Se acredita también que el consejo local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal llevó a cabo el cómputo de entidad federativa correspondiente a la elección de senadores para el período de 1991-1997, en los términos establecidos por los artículos 255 y 256 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estableciéndose los siguientes resultados:
Partido Acción Nacional, 647,103 votos, (seiscientos treinta y siete mil ciento tres).
Partido Revolucionario Institucional, 1'515,047 votos, (un millón quinientos quince mil cuarenta y siete).
Coalición Partido Popular Socialista - Partido de la Revolución Democrática, 430,786 votos, (cuatrocientos treinta mil setecientos ochenta y seis).
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, 393,239 votos, (trescientos noventa y tres mil doscientos treinta y nueve ).
Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, 69,565 votos, (sesenta y nueve mil quinientos sesenta y cinco).
Partido Demócrata Mexicano, 57,404 votos, (cincuenta y siete mil cuatrocientos cuatro).
Partido Revolucionario de los Trabajadores, 50,550 votos, (cincuenta mil quinientos cincuenta).
Partido Ecologista Mexicano, 136,278 votos, (ciento treinta y seis mil doscientos setenta y ocho).
Partido del Trabajo, 37,108 votos, (treinta y siete mil ciento ocho).
Candidatos no registrados , 2,575 votos, ( dos mil quinientos setenta y cinco).
Total de votos válidos, 3'329,655 votos, (tres millones trescientos veintinueve mil seiscientos cincuenta y cinco).
Total de votos nulos, 150,328 votos, (ciento cincuenta mil trescientos veintiocho).
Votación total, 3'479,983 votos, (tres millones cuatrocientos setenta y nueve mil novecientos ochenta y tres).
IV. En consecuencia, el presidente del consejo local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal expidió con fecha 25 de agosto próximo pasado la constancia de mayoría a que se refiere el inciso a, del párrafo primero del artículo 257 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la fórmula de candidatos a senador propietario y suplente registrados por el Partido Revolucionario Institucional integrada por el licenciado Manuel Aguilera Gómez para el cargo de senador propietario y por la actuaría Luz Lajous y Vargas para el cargo de senador suplente.
V. Con relación a los recursos de inconformidad Interpuestos por los representantes del Partido Acción Nacional y de la Coalición Partido Popular Socialista - Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se obtuvo la siguiente información de la sala central del Tribunal Federal Electoral:
Con fecha 23 de septiembre próximo pasado y por unanimidad, la sala central del Tribunal Federal Electoral resolvió tener por no interpuesto el recurso de inconformidad presentado por la Coalición Partido Popular Socialista - Partido de la Revolución Democrática, en virtud de no cumplir con los requisitos que para su substanciación se prevén en los artículos 296 y 316 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Con fecha 2 de octubre actual, la propia sala central de Tribunal Federal Electoral resolvió declarar parcialmente fundado el recurso de inconformidad interpuesto por los representantes del Partido Acción Nacional en contra del cómputo para la elección de senadores por el Distrito Federal, habiéndose modificado el acta de cómputo local del Distrito Federal para la elección de senadores propietario y suplente, a fin de quedar en la siguiente forma:
CÓMPUTO SEGÚN ACTA CÓMPUTO RECTIFICADO
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Con dicha modificación del acta de cómputo del consejo local del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal para la elección de senadores propietario y suplente, se mantiene la fórmula registrada por el Partido Revolucionario Institucional como la que obtuvo la mayoría de los votos emitidos en los comicios del 18 de agosto próximo pasado.
En virtud de los expuesto nos permitimos proponer a ustedes la aprobación de la siguiente declaración.
Con fundamento en el artículo 56 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
DECLARA
Primero. Por haber obtenido la mayoría de los votos emitidos en las elecciones del día 18 de agosto de 1991 para senadores propietario y suplente por el Distrito Federal, se declaran senadores electos por el Distrito Federal para el período constitucional del 1o. de noviembre de 1991 al 31 de octubre de 1997 a los ciudadanos Manuel Aguilera Gómez, con el carácter de propietario y Luz Lajous y Vargas, con el carácter de suplente.
Segundo. Notifíquese esta resolución a los senadores propietario y suplente declarados electos.
Tercero. Para los efectos del párrafo tercero del artículo 60 constitucional, notifíquese esta declaratoria y envíese la documentación correspondiente a la Comisión Instaladora del Colegio Electoral de la LV Legislatura de la Cámara de Senadores.
Sala de audiencias públicas "licenciado Sebastián Lerdo de Tejada" del Senado de la República.-- México, Distrito Federal, a 7 de octubre de 1991.- La Comisión: senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Saúl González Herrera, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Victor Hugo Celaya, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Enrique Rojas Bernal, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado Napoleón Cantú Cerna, diputado Juan Jaime Hernández, senador Enrique Carrillo Silva, diputado Carlos Javier Vega Memije y senador Fernando Silva Nieto.»
El Presidente: -Está a discusión el dictamen que se acaba de dar a conocer a esta asamblea. Se abre el registro de oradores.
Están inscritos en contra, los diputados: Rojas Bernal, Hernández Labastida, Juan Jaime Hernández y la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
Están inscritos en pro: la diputada Rosario Guerra, el diputado Vega Memije, el senador Raúl Carrillo, el senador Saúl González Herrera y el diputado Pedro Salazar Muciño.
Tiene la palabra, en contra, el diputado Rojas Bernal.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: -Gracias, señor Presidente; señores senadores; señores diputados miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Para dar cumplimiento al artículo 56 de la Constitución General de la República, la Primera Comisión de la Comisión Permanente ha elaborado este dictamen que acabamos de escuchar en voz de la secretaría y contra el cual vengo a exponer las siguientes consideraciones:
La primera es una cuestión estrictamente de trámite y de procedimiento parlamentario. La Primera Comisión se reunió este lunes al filo de las 12.00 del día y de manera por demás rapidísima, quizá porque estamos entrando ya en los métodos del fax track, realiza una aprobación al vapor del dictamen, sin que haya existido la presencia de ninguno de los miembros que pertenecemos a la oposición y que, ausentes de esa brevísima reunión, no tuvimos oportunidad, en primer término, de expresar nuestros puntos de vista, de manifestar nuestras opiniones en contra y, menos aún, de firmar el dictamen, como consta en las copias que han sido hechas circular hoy en la mañana, en las cuales no aparece la firma ni del diputado Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional; ni del que habla , del Partido de la Revolución Democrática; ni del diputado Jesús Luján Gutiérrez, del Partido Popular Socialista, ni tampoco del diputado Juan Jaime Hernández.
Quiere esto decir, que se reúno el Partido Revolucionario Institucional; se reunieron los senadores del Partido Revolucionario Institucional, se reunieron los diputados del Partido Revolucionario Institucional, para calificar la elección dirigida por el Partido Revolucionario Institucional y aprobar a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional que se presentaron como senador propietario y suplente por el Distrito Federal.
¡Vaya manera de hacer las cosas! ¡Vaya manera de venir desarrollando una actividad parlamentaria,
que a estas alturas debería de ser radicalmente diferente en el procedimiento! Porque si algo ha tenido esta LIV Legislatura, ha sido el hacer valer la calidad parlamentaria, el mantener vigentes los principios de la función del Congreso de la Unión y para que efectivamente tengamos una funcionalidad adecuada y tengamos el respeto que esta Legislatura ha venido sosteniendo y peleando frente a situaciones particularmente arbitrarias y contrarias a la propia estimación de la LIV, ha ido buscando la participación efectiva de los legisladores, la intervención en todos sus actos y que el procedimiento siempre sea el más claro y el más preciso. Cuestión de procedimiento, sí, pero muy importante desde el punto de vista político.
Es importante también destacar que en esta elección del 18 de agosto de 1991, la ciudadanía no sólo de San Luis Potosí ni del estado de Guanajuato, ni de otros estados de la República, sino también la ciudadanía del Distrito Federal se queda con un sentimiento como si le hubieran robado los calcetines sin quitarle los zapatos. Es una situación en donde los hechos, alrededor elección, están seriamente cuestionados; están seriamente impugnados y la coalición del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática interpuso un recurso de inconformidad en el Tribunal Federal Electoral, que éste desestima y lo tiene por no interpuesto.
Cuánta falta hace que señalamos durante discusiones en la Cámara de Diputados y aquí mismo en la Comisión Permanente, cuánta falta hace que exista un procurador del voto ciudadano, que sea de oficio un defensor de los intereses electorales de la ciudadanía, cuánta falta hace que este Tribunal Federal Electoral recién inaugurado, haga efectiva su función como tribunal y pueda, en efecto, entrar al fondo de la cuestión y resolver en justicia lo que se plantea y no con la concepción, con el procedimiento de "huizacheros" del derecho electoral con que han venido actuando.
Los magistrados de este Tribunal Federal Electoral, tienen que elevar su condición de magistrados de la nación, de magistrados que están en el centro de la cuestión política y de la propia legitimidad de quienes resulten electos.
¿Cuánto necesitan los actuales magistrados para poder situarse verdaderamente con independencia de criterio y de proceder político, para ser efectivamente magistrados de un Tribunal Federal Electoral, que venga a completar el ciclo que se inicia con el empadronamiento y que termina precisamente en el Colegio Electoral?
Y ésta es otra cuestión: Habiendo interpuesto en tiempo y forma los recursos de inconformidad para la elección de senador en el Distrito Federal, queremos mantener el principio de acudir al Colegio Electoral a defender el caso de nuestro candidato a senador y a defender la vigencia efectiva del voto ciudadano, y a defender efectivamente que el procedimiento electoral sea claro y se enderece en función de donde la ciudadanía eligió a sus candidatos a senadores.
Esto lo queremos dejar a salvo. Queremos efectivamente ir al Colegio Electoral y exponer ahí cuáles son nuestros puntos de vista y cuáles son nuestras inconformidades y nuestras quejas; cuáles son las irregularidades que hemos observado en todo el procedimiento y, por lo tanto, señores senadores, señores diputados, mantenemos a salvo como Partido de la Revolución Democrática, el derecho a ir a exponer nuestro punto de vista y pelear en el Colegio Electoral nuestras consideraciones en relación a este proceso electoral. Gracias.
El Presidente: -Por la comisión, tiene la palabra el senador Saúl González Herrera.
El senador Saúl González Herrera:- Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; señores senadores y diputados integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Presidí, presido la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente a la cual fue turnado el asunto relativo a la elección de senadores para el Distrito Federal.
La intervención del señor diputado Rojas Bernal me mueve a venir a la tribuna para aclarar algunas cuestiones. No objeta en realidad el fondo del dictamen, sino el procedimiento y se queja ironizando o pretendiendo ironizar acerca del empleo del Fast track o de la vía rápida, para la emisión de este dictamen.
Se dice, lo acaban ustedes de escuchar, que este dictamen se elaboró, se produjo exclusivamente por diputados del Partido Revolucionario Institucional para calificar la elección de senadores por el Distrito Federal. En la sesión pasada de la Comisión Permanente, el miércoles 2 de octubre, fueron debidamente notificados del lugar y de la hora en que había de celebrarse la reunión de la comisión.
Precisamente el día de ayer a las 12:00 del día, en la sala Sebastián Lerdo de Tejada, en la
Cámara de Senadores, estuvimos presentes, en efecto, diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional; no estuvo presente ningún integrante de la Comisión Permanente ni de esta comisión dictaminadora, no obstante que esperamos hasta las 12.40 la presencia de alguno de ellos.
Es frecuente, ocurre, que se subsane la deficiencia de la queja en algunos procedimientos judiciales, e inclusive ha ocurrido también en este proceso electoral, pero esta suplencia de las deficiencias de las partes interesadas en el problema, no puede llegar y no llega al grado de suplir también la presencia en una comisión en la que debieron estar quienes estuvieron interesados en ella. No ocurrió así.
Quiero dejar bien asentado que no hubo esa premura, ni tuvo, ni pudo tener, el sentido un tanto malicioso que le atribuye el orador, diputado Rojas Bernal, que acaba de hacer uso de la palabra.
Dice también que la Coalición Partido Popular Socialista - Partido de la Revolución Democrática, interpuso en tiempo y forma el recurso de inconformidad en contra del cómputo celebrado por el consejo de la junta distrital. Efectivamente, la coalición interpuso este recurso, que adolecía de varias deficiencias, deficiencias que hizo notar el propio consejo y la sala regional del Tribunal Electoral, se les dio un plazo para suplir estas deficiencias y no lo cumplieron, por esta razón, en estricto apego a los términos del Código Federal Electoral, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desechó el recurso porque faltaba en él un requisito de procedencia, un requisito de procedibilidad.
Entonces, fueron perfectamente citados, tuvieron ampliamente la posibilidad de defender sus puntos de vista, de impugnar el proyecto de dictamen que en ese momento se presentaba; no lo hicieron, es cuestión que atañe a su responsabilidad como miembros de un partido.
He pedido la palabra, señor Presidente, exclusivamente para aclarar estos dos extremos de procedimiento a que hizo referencia el diputado anterior.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Señor Presidente, ¿me permite hacerle una pregunta al orador?
El presidente: - Tiene la palabra el diputado Rojas Bernal.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Señor senador Saúl González Herrera: Dígame usted si es verdad que ayer a las 12:15 ya había concluido la reunión a que se convocó por la Primera Comisión, puesto que yo a esa hora llegué al Senado de la República y me encontré en la puerta con el diputado Celaya, que había terminado la reunión a que habíamos sido convocados.
El senador Saúl González Herrera: - Acabo de afirmar, señor, de ahí, resulta ociosa su pregunta, acabo de afirmar que a las 12:40 terminó la sesión, está el testimonio de todos quienes concurrieron a ella. Si usted encuentra a alguien y le da una información incorrecta, inexacta, se atiene usted a ella y ni siquiera llega al local de la sesión para informarse si así habían ocurrido las cosas, pues es problema de su responsabilidad como miembro de un partido.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Muchas gracias, señor senador.
El diputado Víctor Hugo Celaya Celaya (desde su curul): - Para aclarar solamente al diputado Rojas Bernal que eran las 12:40 cuando nos vimos en la entrada del Senado, por lo cual yo le ruego que compre otro reloj, poner a tiempo el reloj.
El senador Saúl González Herrera: - Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el diputado Miguel Hernández.
El diputado Miguel Hernández Labastida: - Señores legisladores: A nombre del Partido Acción Nacional vengo a impugnar el dictamen, sobre todo en su artículo 1o., en donde se manifiesta la declaratoria de los senadores electos por el Distrito Federal.
Tal como sucedió en Guanajuato, en San Luis Potosí, en toda la República, sucedió en el Distrito Federal.
La ingeniería electoral funcionó a la perfección. Tenemos que remontarnos a 1990 cuando conocemos que el Distrito Federal ya había retrocedido en su población y de 12 millones que se mencionaban tenía, bajaba a ocho millones.
Posteriormente, cuando se empieza a elaborar el catálogo general de electores, de los ciudadanos que se habían mencionado en ese censo que muchos dudamos, de 5 millones 343 mil, ya el catálogo disminuyó 137 mil 942, al tener 5 millones 205 mil 201.
De ahí vendría todo el trabajo de campo para elaborar el padrón electoral y con todos los consecuentes errores y actitudes y selecciones eliminaron otro poco, otro tanto, medio millón de ciudadanos, a quedar en 4 millones 861 mil. Pero no conforme con esa eliminación de ciudadanos, esa incapacitación de ciudadanos para poder participar en la contienda electoral, viene de la entrega de credenciales. Después de elaborado un padrón en donde facciosamente tomó y eliminó mucha gente selectivamente, siguiendo todo un padrón para que el resultado final no fuera escandaloso, se elabora una lista nominal de electores, basándose en las credenciales entregadas, credenciales entregadas a 4 millones 300 mil. Así, de un plumazo, ya teníamos 1 millón de ciudadanos en el Distrito Federal, imposibilitados a actuar. ¿Que por quién iban a votar? No nos interesa, lo que nos interesa es la irregularidad, el coartar de un principio toda posibilidad para la intervención del 20% de los ciudadanos, en el Distrito Federal.
Pero ya una vez que viene la elaboración de esas listas nominales ¿qué es lo que pasa? Se elaboran listas preliminares que se entregan inmediatamente antes de la elección, que son totalmente diferentes a las listas nominales que manejan los presidentes de las casillas, y contra lo que se pudiese suponer, si se entregaban después las listas definitivas de que era porque se habían entregado más credenciales, fue todo lo contrario, vino una rasurada de ciudadanos, como lo vamos a demostrar posteriormente, en infinidad de casillas de los distritos, en el Distrito Federal.
No se pudo checar el padrón, no se pudo checar la lista nominal de electores; se violó flagrantemente la ley al no permitir ni a los partidos políticos ni a los ciudadanos, participar, verificar si efectivamente estos estados eran los correctos, eran los adecuados. ¿Qué encontramos en esas listas nominales? Pues, que al momento de presentarse los ciudadanos a votar con su credencial de elector, no han aparecido, habían sido rasurados.
Pero hubo algo también interesante: se presentaron en los listados ciudadanos que no tenían credencial. ¡Lo que quiere decir que éstos fueron formulados sin siquiera tomar en cuenta los recibos que todos firmamos cuando se nos entregó la credencial!
Pero hay más, hay más todavía, aparte de las credenciales duplicadas y aparte de los ciudadanos que aparecieron duplicados en el padrón y en las listas nominales, se presentaron ciudadanos que no aparecieron en la lista nominal y traían credencial de elector.
Pero esta credencial de elector, curiosamente, no tenía ni firma, ni huella digital. Yo podría suponer que en las zonas aledañas, en las zonas rurales de algunas entidades, pudiesen haber brincado ese proceso. ¡Pero en el Distrito Federal, a todos los ciudadanos que nos entregaron credencial, todos firmamos de recibido y marcamos nuestra huella digital en la credencial y en el recibo! ¿Cómo es posible que podamos suponer que hubiese sucedido esto, máxime que ya se habían destruido, se habían quemado las credenciales sobrantes, las credenciales que no habían sido entregadas? ¿Cómo fue posible que circularan credenciales sin firma y sin huella digital?
Pero además una vez desarrollado este proceso de la destrucción de las credenciales, ¿qué sucede? Pues nuevamente los organismos electorales violan la ley al negarle a los partidos políticos los listados de los nombres de las credenciales que habían sido destruidas.
O sea, en estos actos previos no se entrega el padrón, no se entregan listas nominales, circulan credenciales ilegales, rasuran en las listas nominales, graves discrepancias entre las listas nominales de electores definitivas y preliminares.
Viene la campaña... En la campaña se pretende recuperar esa imagen que el partido oficial había perdido en el Distrito Federal. Del 27% de votos que había obtenido, tenía que dar el vuelco a los votos ¿y que sucedió? Interviene el mismo Presidente de la República haciendo campaña al ligar inauguraciones de obras, entregas de escrituras, con la campaña; porque todo lo hacía a nombre de un listón retorcido tricolor, que era el que usaba el candidato oficial también. Un mensaje subliminal.
Pero además los "pronasolitos" que pretendieron influir en el Distrito Federal, no tuvieron eco. Esto no fue más que la pretensión de ocultar y desviar la atención de lo que verdaderamente estaba pasando. El candidato oficial había sido jefe de todos los delegados políticos en el Distrito Federal y nosotros denunciamos públicamente y en ruedas de Prensa, en privado y en público, de que estos señores estaban trabajando y estaban utilizando toda la estructura delegacional para ir influyendo en la ciudadanía y utilizaron también la estructura cívica, en donde las juntas de vecinos, asociaciones de residencias, comités de manzana, estaban forzados a colaborar en esta campaña.
No era el acuerdo que habían tenido en su asamblea, de llegar hasta la jefatura de acera, manzana, cuadra, etcétera. Era todo el espectro público funcionando en torno a apoyar esta campaña oficial.
¿Qué iba a suceder? Que mientras por un lado los órganos electorales estaban incumpliendo la ley, por el otro lado se estaba haciendo una campaña que pretendía crear una simbiosis y hacerle creer a la ciudadanía que eran los candidatos los que estaban realizando obras; que era el partido oficial el que estaba cumpliendo con lo ofrecido, pues encontramos que todavía seguían realizándose "manejos".
La tinta indeleble, pues, en unos casos funcionó; en otros no.
La integración de las mesas directivas de casillas, se insacularon y más del 60% no acudió y, finalmente, la insaculación fue un fiasco, porque fueron designados los funcionarios de casilla y fueron designados en forma tal, que ni siquiera les dieron la capacitación debida, en virtud a que a todo esto "se lo fue comiendo el tiempo" y no es difícil que todo ello, como después resultó cuando se dieron los resultados, haya sido un paso de tortuga forzado.
Viene la denuncia pública, no sólo ahora contra los delegados, sino contra aquellos que estaban utilizando los bienes del Departamento Central en beneficio del partido oficial. Denuncias ante la Procuraduría General de la República. Y finalmente en la jornada electoral había de encontrarse con esos funcionarios de casillas, entre fingiendo demencia o ignorancia, aparentaban cometer errores.
Una semana antes, ilegalmente, totalmente ilegal, se crea una figura; una figura que le llaman: coordinadores de sección y luego dicen que son empleados del Instituto Federal Electoral. Coordinadores de sección, empleados del Instituto Federal Electoral.
¿Cuál era su función? Simplemente presionar a los funcionarios de casilla y coordinarse con los promotores del voto en las inmediaciones de la casilla, para que el esquema no fallara.
Ya la "operación tamal" se mencionó mucho aquí. Pero lo que si podemos decir clara y abiertamente es que fue una violación flagrante a la ley, porque estaban haciendo campaña, estaban promoviendo el voto en favor de un partido político, cuando tres días antes estaba prohibida toda acción en torno a esta publicidad.
Los representantes, muchos fueron rechazados, otros eliminados. Se presentaron votantes en muchos lados: invidentes, inválidos, sordomudos, que llevaron y como no podían votar, naturalmente el coordinador o el promotor del voto, tenía que votar por él.
También se presentaron muchos mecánicos. Muchos mecánicos. Tan sólo allá en las casillas del XVIII distrito, campo militar, cerca del campo militar, todos los soldados con las manos manchadas, engrasadas. Naturalmente cuando les aplicaban la tinta indeleble, era muy fácil eliminarla.
Pero, aun así, el proceso electoral adoleció de una serie de violaciones cometidas en las casillas, en la jornada, propiamente dicho. Los funcionarios de casilla no cumplieron con su función. En diferentes casillas entregaban boletas de más, en otras casillas no anotaban en la lista nominal de electores que habían votado, en otras no perforaban la credencial y en varias más no contaron las boletas al inicio de la elección. Pero además, en otras casillas donde se firmaron las boletas, aparecieron boletas emitidas, votadas, sin la firma del representante de casilla y en algunas casillas también negaron copia. Hubo una grave discrepancia del material recibido, nada más les puedo asegurar que en algunas casillas había boletas de senadores de Puebla, del estado de México, de Baja California, entregadas para la elección del Distrito Federal.
Hubo entrega de boletas que discrepaban totalmente de la lista nominal de elector y en muchas casillas se presentaron más votos que electores, si habían votado 500 aparecían 600 boletas. Tuvimos gravísimas violaciones cuando aparecían más votos que votantes en más de 500 casillas, en más de 1 mil 500 hubo errores y dolo y error en el cómputo distrital; se encontraron en muchos casos menos boletas que votantes y en otros menos que las entregadas, en algunos más; en 182 casillas normales, no especiales, se elaboraron listas adicionales, se votó sin credencial, simplemente con la solicitud de inscripción al padrón; votaron en muchos casos sin identificación. Hubo fuerte presión de estos coordinadores secciónales, junto con los promotores del voto, en contra tanto de los funcionarios de casilla, como de los electores.
Podría enumerar las 4 mil 259 incidencias, violaciones a la ley, cometidas en 2 mil 687 casillas de 2 mil 22 secciones.
Señores legisladores, no los voy a cansar leyendo todas las violaciones; simplemente les puedo
manifestar que según el Partido Acción Nacional, más del 20% de las casillas instaladas acusan irregularidades y violaciones causales de la nulidad de la misma casilla, más del 20% en distritos, más del 20% en el Distrito Federal, causal de nulidad de esta elección.
Por esta razón, nosotros estamos en contra de este dictamen. Ya por lo que se refiere al Tribunal Electoral, la instancia se manejará en el Colegio Electoral, que es la instancia debida. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, la diputada Rosario Guerra.
La diputada María del Rosario Guerra Díaz: - Señor Presidente; compañeras y compañeros: Yo quiero precisar antes de hacer algunas reflexiones, que el día de hoy estamos aquí para dar cumplimiento al procedimiento que nos marca la ley y que la revisión, como ya aquí mismo lo han señalado compañeros de otros partidos, del caso, se hará precisamente ante el Colegio Electoral y ante las instancias correspondientes. Creo que en esto hay una coincidencia plena; sin embargo y gracias a la libertad de que gozamos siempre en esta Permanente para exponer nuestras ideas y puntos de vista en relación a los temas aquí tratados, yo quisiera hacer algunas reflexiones en relación a la serie de elementos que se aducen para tratar de descalificar una elección que ha sido ejemplar en cuanto a su desarrollo el pasado 18 de agosto.
Digo que ha sido ejemplar porque como todos lo hemos constatado, se trató de una gran movilización popular en donde la ciudadanía refrendó su confianza en las instituciones, su vocación democrática, se comprometió en la participación de los propios vecinos en la conformación de las casillas, en su capacitación y en la participación, ya como funcionarios de casilla, ya como votantes, ya como participantes en alguna agrupación política para llevar adelante unos comicios que garantizaran transparencia, legalidad, legitimidad y vigencia en nuestras instituciones.
Creo que eso fue lo más alentador para todos los partidos en esa ocasión, fue el ejemplo que la sociedad nos ha puesto a los propios partidos políticos y que nos cuestiona y nos confronta a todos, en la actuación que debemos llevar a futuro para mantener esa confianza y para hacer efectivos recipiendarios de la voluntad popular y expresión de ésta y no vernos rebasados por los requerimientos que la propia sociedad hace en su demanda de mayor participación.
Frente a los comentarios que aquí se han vertido yo simplemente quisiera señalar que el nuevo padrón es una expresión de la voluntad política de todos los partidos por buscar mejorar los instrumentos de la democracia, pero que lo importante a rescatar es precisamente esa voluntad política de seguir abriendo espacios para acceder a mejores niveles de participación y de respeto al sufragio.
En este sentido yo creo que los problemas que se registraron han sido suficientemente discutidos con antelación en otras de las discusiones que hemos tenido en esta tribuna y también creo que varias de las cuestiones que se hicieron previas a la votación en relación a la formulación del padrón en cuanto a la situación que los compañeros han aducido, también creo que han sido bastante claras en la circunstancia de que no existió dolo o mala fe ni sesgo alguno que orientara una mala disposición en relación a la transparencia del proceso y el respeto al sufragio.
Entonces yo quisiera hacer simplemente cinco reflexiones y una conclusión final. La primera es que las elecciones del 18 de agosto pasado fueron elecciones que rebasaron cualquier previsión en cuanto a la participación de la ciudadanía; el total de casillas instaladas fue de 9 mil 594 y solamente no se instalaron 46. De los representantes que concurrieron de los partidos políticos a estas casillas, hubo 9 mil 351 representantes de diferentes partidos al mío; es decir, el 97.4% de las casillas tuvo presencia de partidos de uno ó más partidos distintos al nuestro, lo que significa y constata un alto nivel de vigilancia y control sobre el proceso de los propios partidos contendientes.
En relación al padrón electoral, éste se depuró quedando en 4 millones 822 mil 691 y la votación efectiva fue de 3 millones 479 mil 983; es decir, un alto porcentaje de participación electoral en el Distrito Federal de 77.2%, que contrasta efectivamente con lo registrado en elecciones anteriores y esto no es casual, porque implicó una nueva actitud de partidos y ciudadanos frente a los retos actuales.
Yo sí quiero señalar, pues, como primera reflexión, que esta participación ciudadana debe ser respetada desde su movilización, su organización, hasta la expresión de su voluntad en las urnas y que fue constatada por todos los partidos políticos.
Una segunda reflexión, es la relativa al dictamen que acompaña el expediente, aquí turnado, para fundamentar el dictamen que propone la Primera
Comisión, y se refiere a la resolución del Tribunal Federal Electoral y que a nosotros realmente nos llama la atención por la exhaustividad que el propio escrito señala, en cuanto al análisis, casilla por casilla, que se hizo.
Este tribunal hizo una revisión muy cuidadosa de todas las actas de instalación, de todas las actas de escrutinio, de todas las casillas que fueron impugnadas, encontrándose irregularidades en algunas de ellas, mismas que fueron causa de nulidad y por tanto cambiaron algunos de los resultados, pero no encontrando causa justificada para la petición del partido proponente en relación a una serie de ejercicios reiterados violatorios que pusieran en entredicho, ni el resultado electoral ni más del 20%, como se pretendía argumentar en relación al total de las casillas que sufragaron.
Es decir, el tribunal desestima inclusive haciendo acopio de información no presentada por el proponente; en cuanto al recurso, hace una excitativa a la comisión para acceder a los informes y acceder a las actas contenidas en los paquetes electorales y hace un trabajo realmente exhaustivo. Es decir, esta exhaustividad pone de manifiesto que no existieron causas de nulidad y que sí existieron algunos errores que modificaron los resultados finales.
Pero estos errores y también esto es interesante destacar, no pueden ni deben ubicarse como sinónimos de la figura de dolo o de mala fe.
Creo yo que en este sentido y debemos ser los partidos políticos respetuosos con la ciudadanía, quienes participaron por primera vez con un nuevo código, en un nuevo proceso y con la voluntad ciudadana de ser copartícipes de un proceso electoral que marcaría rumbo en nuestra historia, se cometieron efectivamente algunos errores u omisiones.
Esto no es imputable a los partidos políticos, mucho menos al mío y tampoco puede descalificarse la elección en función de esos detalles, que son detalles que seguramente se seguirán dando en elecciones futuras si no hacemos todo un esfuerzo de capacitación y un esfuerzo de seriedad actuando de buena fe y no tratando de poner trampas a la propia ciudadanía, para después descalificar al propio ciudadano en el cumplimiento honesto que quiere hacer de sus funciones.
Yo creo que es una labor que corresponsabiliza a todos los partidos políticos y que no solamente debe ser vista como obligación del gobierno a través del Instituto Federal Electoral y sus órganos que se dedican precisamente a esta labor.
Deficiencias, reconocemos las hubo, pero no nos sentimos mal por reconocer esas deficiencias, porque son precisamente ensayos democráticos que el propio pueblo de México realiza para avanzar sobre nuevos caminos y nuevos senderos e ir abriendo, en la práctica, los senderos que nos conduzcan precisamente a un régimen de derecho y a un régimen de partidos, en el que cada quien pueda cumplir con su responsabilidad.
Una tercera reflexión que quiero hacer, es que se habla mucho de que hubo alteraciones, de que hubo intimidaciones, de que hubo violencia, de que existió una serie de irregularidades, cuando en realidad los órganos competentes no conocieron denuncias. No tenemos ninguna persona que se haya presentado a hacer una declaratoria pública de este tipo de presión moral o de violencia física; hay supuestos, hay suposiciones.
Y yo creo que esto no puede seguir así, porque el tratar de hacer la democracia en base a una teoría de la conspiración, en donde no reconocemos la buena fe y donde no hay concurrencia de voluntades para hacer los consensos que requerimos para avanzar en el plano político dentro del proyecto nacional, es retroceder en los espacios que nos podríamos estar dando para precisamente lograr el cometido final de los partidos políticos, que es contribuir exactamente a expresar los diversos puntos de vista de una sociedad compleja y plural, pero en un marco de respeto que no ponga en entredicho la viabilidad misma de la nación.
Y esa responsabilidad que compartimos los partidos políticos creo que debe ser vista con seriedad y no con la ligereza con la que son planteadas muchas de las acusaciones, como lo demuestran muchas de las pruebas en donde ni siquiera existieron las casillas que fueron impugnadas, o donde hay una información tan vaga, que no se puede precisar, ni se puede argumentar nada en relación a las suposiciones que finalmente no contienen los elementos mínimos para poder llevar a cabo una investigación; aun con el esfuerzo del tribunal de suplir estas posibles lagunas, creo que es importante reflexionar sobre todo en la actitud de los partidos políticos sobre esta situación.
Yo creo que es lastimoso ver cómo algunos compañeros nuestros degradan al pueblo de México, degradan aquí a los minusválidos, degradan aquí a los cuerpos del ejército y no
les conceden la mayoría de edad en la expresión de su voluntad popular; yo creo que estamos los partidos políticos a la zaga de la sociedad y que nuestro reto es precisamente reconocer que nuestro pueblo es maduro, que tiene capacidad crítica, que sabe decidir, que puede optar y que al hacerlo vota, según su propia conciencia, independientemente de todos los factores que se supone, pueden inducir su voto a través de diferentes cuestiones, o publicitarias, o de presión física o moral. Yo me niego a esta visión degradante de la ciudadanía mexicana, me niego a aceptarla rotundamente.
En cuarto lugar, yo quisiera simplemente señalar que cuando se conocieron los principales resultados electorales de las casillas en el Distrito Federal, hubo un reconocimiento de diversos voceros de diversos partidos, de una tendencia favorable a nuestro partido. Tan es así que el proceso fue bastante limpio; de 9 mil 300 casillas que, en números redondos, tenemos en nuestro partido, se revisó exhaustivamente toda la documentación que nosotros tenemos; incluidas nuestras impugnaciones, solamente tenemos escritos de protesta en 441 casillas versus, más de 2 mil 700 casillas que el Partido Acción Nacional ha impugnado. Esto habla de que en el proceso mismo de la elección quienes estuvieron fungiendo como representantes de los partidos, los propios ciudadanos, los responsables de la elección, los propios votantes, nadie advirtió una serie de irregularidades que solamente se hicieron públicas hasta que se dieron los resultados finales de la votación y entonces empezaron las objeciones y entonces empezaron los recursos y entonces aquí se ve claramente un objetivo político de desvirtuar un proceso electoral, en aras de no reconocer, de no tener la capacidad de autocrítica de reconocer la pérdida de preferencia en el elector; en aras de no reconocer una política adecuada a las necesidades del país, que encabeza Carlos Salinas de Gortari y de no enfrentar con una actitud crítica, abierta y efectivamente sana para las prácticas democráticas, de poder entre todos hacer una revisión real del proceso electoral en términos objetivos y no con un afán político de ideologizar un debate en términos de supuestos, en términos de mala fe, en términos de una serie de elementos para descalificar el propio sistema y entrar en una crisis que pone en crisis el sistema de partidos, pone en crisis el sistema electoral y nos enfrenta a nosotros mismos con nuestra responsabilidad como actores fundamentales del cambio social.
Yo creo que en este sentido nuestro partido tiene muy clara la consigna y la consigna ha sido desde el más alto nivel en la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, la de reconocer triunfos y aceptar derrotas y mientras no hablemos todos el mismo idioma, el avance democrático estará siempre cojeando y siempre estará empañado y siempre estará empañado el esfuerzo que estamos haciendo todos por acceder a los cambios de una modernidad política que destierre revanchismos, que destierre la descalificación a ultranza del adversario, que destierre la posibilidad real de convivencia de la diversidad.
Creemos que es momento de abrir espacios, de no poner en peligro el rebasar la convivencia que es posible y deseable entre los mexicanos, aun a pesar de las divergencias profundas que nos unen y que nos dan vida como partidos políticos y que expresan efectivamente una parte importante de la opinión pública nacional.
No hay duda de estas cuestiones. Como último punto yo solamente quiero sentar un hecho y éste es incontrovertible: si tomamos como base de nulidad todas las casillas en las que hubo irregularidades, incluidas las que nosotros mismos propusimos en nuestros escritos, si sumamos todas las credenciales no entregadas por diversas circunstancias a los electores y que fueron destruidas y que en las cifras oficiales nos dan la cifra de 312 mil credenciales, si sumamos todos estos recursos y anuláramos los resultados de todos los partidos en estas casillas y en estos recursos, de todas maneras el hecho es que nuestro partido sigue teniendo la mayoría de la votación y que la diferencia no se anula y que esta diferencia, de más de 900 mil votos, es una diferencia contundente de la expresión popular.
No hay pues duda alguna de cual fue el sentido de la expresión popular en el voto, ni por las irregularidades, ni por los supuestos errores, ni por los supuestos argumentos que aquí se puedan dar.
Creo que lo que sí está en duda, es el compromiso y la corresponsabilidad que los partidos políticos tenemos para atender dicha demanda de voluntad popular expresada en el sufragio y eso sí sería grave, porque creo que ni ustedes ni nosotros estaríamos ante la decisión de poder enfrentar una crisis en esos términos, porque sería cerrar espacios en lugar de abrirlos y lo que estamos haciendo es construir la democracia sobre nuevas bases y eso es lo que queremos construir todos juntos en este respeto a la pluralidad, que caracteriza no a los partidos, sino a la sociedad misma que les da vida.
Quiero por último terminar expresando que la democracia se construye con muchos instrumentos,
que en el Distrito Federal existen elementos que permiten afirmar la convivencia democrática que a pesar de ser una de las ciudades más complicadas del mundo, la más poblada, con problemas que rebasan la imaginación siquiera de quienes habitamos en ella, con problemas de gran magnitud donde cualquiera de ellos puede ser un detonante de peligro para la convivencia armónica de la sociedad en su conjunto, a pesar de todos estos problemas de la propia gobernabilidad de la ciudad, del propio funcionamiento en sus tareas básicas, en lo social, en lo cultural, en lo económico, en lo político, existe en esta ciudad libertad de expresión, libertad de reunión, seguridades, respeto a los derechos humanos, garantías sociales e individuales de acuerdo a la Constitución y de que a pesar de que hay elementos de la propia sociedad que se quejan de los costos que estas expresiones pueden tener, existe la voluntad política de mantener este régimen de apertura de libertades y de seguridades, de búsqueda de justicia, de transformación de la ciudad hacia mejores niveles de bienestar, en función del deterioro que esta cuidad ha sufrido.
Por lo tanto, yo creo que es momento de reflexión, que es momento de autocrítica, que es momento en el cual lo que importa es rescatar el papel que todos debemos jugar en este nuevo devenir que la historia política mexicana que estamos escribiendo. Yo creo, por lo mismo y yo también lo puedo comentar, que mi partido estuvo muy trabajador en cuanto a denuncias que fueron presentadas por el Partido Acción Nacional y que tenemos respuesta casilla por casilla a todo lo sucedido, en cada una de las que se establecieron. Este será desde luego el material de debate en el Colegio Electoral.
Nos hemos informado todos de lo sucedido; todos sabemos lo que ahí aconteció. Reconozcamos pues, de buena fe, cuál es la tendencia de la voluntad popular, cuál es su sentido y simplemente limitémonos a aprobar el dictamen que la Primera Comisión nos turna en cumplimiento de las atribuciones que tiene esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hechos, el diputado García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa: - Señor Presidente; señores legisladores, miembros de la Comisión Permanente: El Partido Acción Nacional no puede dejar inadvertidas algunas de las afirmaciones formuladas hace un momento aquí, o reflexiones, como ella les llamó, por la diputada Rosario Guerra. Voy a tratar de mencionar algunas, como un breve comentario al respecto.
Su primera reflexión de la serie fue en el sentido de que en esta ocasión, a diferencia, entendí yo, de lo ocurrido en las elecciones inmediatas anteriores, las de 1988, se registró un altísimo nivel de participación. Efectivamente, en el Distrito Federal el número de votantes aumentó en estos tres años, de 1988 a 1991, de poco menos de 2 millones 800 mil votantes a 3 millones 500 mil. Y me parece que en lugar de aducir esa cifra, más bien vale la pena cuestionarla, como lo han hecho ya algunos analistas e investigadores, que con seriedad, que con rigor objetivo y académico, han estudiado el punto.
Porque no cabe duda, señores legisladores, a menos que queramos ocultar la realidad evidente, que si algunas elecciones en los últimos años se han visto más concurridas, más participativas, más competidas, fueron justamente las de 1988 y en esa ocasión se dieron movilizaciones ciudadanas y populares que no tenían parangón ni referencia en la historia contemporánea de la capital y del país.
¿Cómo es posible que con esa movilización extraordinaria de 1988, sólo hayan votado 2 millones 800 capitalinos, y que con estas últimas elecciones, hay que reconocerlo, diputada Rosario Guerra, para que no entre en crisis la credibilidad de sistema de partidos que usted mencionó, ni remotamente se captó el interés durante esta campaña de 1991, ni se advirtió efervescencia, ni hubo movilizaciones populares similares a las de 1988 y, ¡Oh, milagro!, aumenta en 700 mil el número de votantes.
Esto lo cuestionan no los dirigentes de partidos políticos, sino los estudiosos, los académicos, que no se explican y que nosotros, no capitalinos como el de la voz, tampoco se explica qué fue lo que realmente ocurrió el 18 de agosto en la ciudad de México, frente al fenómeno de clara efervescencia política del 6 de julio.
En lugar, pues, de ser un argumento a favor, creo yo, señora diputada, que no vale ese argumento y que tiene el efecto de "bumerang".
Dice usted, señora diputada, que el día de las elecciones o inmediatamente después de las elecciones, los partidos en oposición reconocieron una clara tendencia a favor de la fórmula de candidatos postulada por su partido y que la mejor demostración de ello, es que sólo hubo escritos de protestas referidos a 441 casillas.
El argumento no es válido en función de que no fueron sólo 441 casillas en las que se presentaron escritos de protesta. Si usted revisa las disposiciones que sobre este aspecto establece el código, el escrito de protesta se puede presentar ante la mesa directiva de la casilla el día de la de la elección o con respecto a hechos ocurridos en la casilla, ante el consejo distrital, dentro de los tres días siguientes y aquí está otro cuestionamiento que me permito hacer, porque usted señala que los cuestionamientos a la elección o al triunfo de los candidatos a su partido, ocurrieron justamente después de que se conocieron los resultados globales. Sólo que los partidos políticos tuvieron oportunidad de presentar ante el consejo distrital, los escritos de inconformidad, a más tardar el día miércoles y los resultados finales, al menos en la elección de senadores del Distrito Federal, no se conocieron el día miércoles, todavía el sábado en la noche el Instituto Federal Electoral no conocía en el consejo general, las cifras definitivas de la elección. Pero ciertamente no se conocieron antes del jueves.
De tal manera que no es la oposición la que con argumentos ligeros viene a hacer aquí afirmaciones que en este caso, con todo respeto, sí son temerarias de su parte. No vinieron las impugnaciones después de que se conocieron los resultados, porque en ese caso los escritos de protesta no se hubieran tomado como requisito de procedencia para la interposición del recurso de inconformidad que sí exige como requisito previo los escritos de protesta.
También aduce usted y puede como argumento resultar muy apantallador, que si se anularan los resultados de todas las casillas impugnadas, entendí que por el Partido Acción Nacional, no recuerdo que haya usted hecho referencia a las que impugnaron otros partidos políticos, ni aun perdía según el cómputo, la mayoría a su favor, la fórmula de candidatos al Senado, postulada por su partido.
El argumento, no sólo desde el punto de vista jurídico es inconducente, sino peor aún desde el punto de vista político y yo diría moral, porque no se requiere más que anular el 20% de los resultados de las casillas, para que toda la elección quede viciada de nulidad. De tal forma, que si permanecen menos del 80% de los resultados de las casillas vigentes, no puede haber jurídicamente un triunfo para ningún candidato. Pero desde el punto de vista político, alegar hubo irregularidades, usted les llama deficiencias, omisiones, errores, para tratar de atenuarlo. Pero políticamente pudiera equivaler se hizo lo que se hizo. Yo diría: fraude, dolo. Pero solamente me lograron descubrir en un menor número de casillas con las que aun anulando sus resultados en el supuesto de que no rebasara el 20%, puede esgrimir como bandera, que aun así mi candidato triunfó. El argumento no es válido.
Y desde el punto de vista moral, ético - Político, bueno, pues vamos a tratar de sacar adelante a nuestro candidato, con todas las irregularidades, no deficiencias ni errores ni omisiones, algunas de las cuales fueron aquí señaladas por el diputado Hernández Labastida.
¿Qué es eso que en alrededor de 800 casillas electorales se hayan presentado electores con su flamante, porque era nueva credencial para votar y no aparecían sus nombres en las listas nominales? ¿cómo es posible, si se trataba no de un padrón depurado, sino de un nuevo padrón? A usted la traicionó el subconsciente y dijo que el padrón había quedado perfectamente depurado. Yo pregunto, ¿cómo puede ser esto posible en un padrón nuevo? (Aplausos.)
O, ¿cómo podemos alegar que no hubo dolo si la contabilidad más elemental en alrededor de 2 mil casillas, usted dirá fueron 9 mil 300 en números redondos, pero bueno, en más de dos mil casillas, la dotación inicial de boletas que debieron haberse contado y que si en muchas casillas no se contaron, fue porque consistió en parte de la maniobra fraudulenta? La ley claramente dice que deben ser contadas las boletas antes de iniciarse la votación, en presencia de los miembros de la mesa directiva de la casilla y de los representantes.
Pero de todas maneras el dato de la dotación inicial de boletas quedó anotado en el acta de instalación y ¿cómo se explica que al final, en las actas de escrutinio, la dotación resulta mayor que la inicial? Es decir, los votos válidos, los votos anulados que salieron de la urna, más las boletas sobrantes que debieron inutilizarse, suman un mayor número de boletas a las que habían antes de iniciarse la votación.
Aquí no es omisión, no hubo boletas omitidas, no es error; las matemáticas pueden registrar un error, pero el error se corrige, se subsana. Es dolo, porque equivale en otras palabras, el verdadero milagro de la multiplicación de las boletas. ¿De dónde aparecieron esas boletas?
Yo estaría dispuesto a esperar aquí el tiempo que fuere necesario si usted tuviera una respuesta sensata y razonable a esta milagrosa multiplicación de boletas.
Y así podríamos seguir con otras irregularidades; pero éstas son las más gráficas y no las inventamos. Si hubiera un poco de buena voluntad, simplemente acuda a las actas levantadas en las casillas, documentales públicas que hacen prueba plena ante el organismo que revisa el Tribunal Federal Electoral y la consecuencia es obvia, no se trata de magnificar las anomalías, sino de cuestionar qué está pasando en este país.
No es el propósito descalificar la elección. Creo que ante la opinión pública la elección misma quedó descalificada durante la campaña, con la promoción masiva, con el gasto que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional hicieron en una campaña apabullante, con derroche de recursos que todo el mundo sabe de dónde proceden y yo pregunto: ¿cómo puede hablarse de un sistema de partidos políticos que pueden no estar en crisis, cuando un partido político tiene a su disposición todos los recursos económicos, políticos, humanos del gobierno y del erario, para aplicarlos en favor de su candidato?
Y si de no descalificar las elecciones y de aceptar derrotas, yo le preguntaría, diputada, ¿por qué en los 10 distritos electorales, donde su partido perdió y así quedó reconocido, por la entrega de constancia de mayoría de votos a los candidatos de Acción Nacional, por qué en todos hasta donde tengo información, su partido presentó recursos de inconformidad? Y usted no puede decir exactamente lo mismo de los 290 distritos electorales, donde la oposición no obtuvo reconocida mayoría de votos. Entonces la cultura de no aceptar derrotas a pesar de tener todas las ventajas a su favor no se la puede usted atribuir a al oposición, sino a su partido, que jamás ha sabido perder en la medida en que jamás ha sabido competir en igualdad de condiciones y limpiamente.
Decía Obregón, o dicen que decía Obregón, que "si la oposición se le reconoce el 30%, es que ganó" y si aquí a la oposición se le reconoce mayoría de votos sobre la votación obtenida por la fórmula oficial, no nos cabe la menor duda, que por las condiciones tan adversas de competencia, tan desiguales, lo reconozcan ustedes o no, es una realidad inobjetable, es una verdad palmaria, que se conoce en el extranjero, que en el extranjero sólo no la quieren ver, quienes de alguna forma están en complicidad con este sistema político, que lo han dicho aun tratadistas tan reconocidos como Giovanni Sartori, que dice que aquí no hay democracia y nos coloca a la altura de la España de Franco, de Portugal, en la época de Salazar, de la Grecia de los coroneles, de Argelia y recientemente a la altura de la Guayana, de Haití o de Mozambique.
Señores, ésta es una verdad, ustedes la admiten simplemente cuando de manera inconsciente como aquí lo dijo la diputada Guerra, estamos en un período de transición a la democracia y quienes han estudiado el tema, dicen que esta transición, como su nombre lo indica, es el paso, es la etapa hacia la transición hacia la democracia, que tiene como punto terminal el momento en que hay situaciones de verdadera competencia electoral que brindan la oportunidad de que exista realmente alternancia en el poder.
Mientras no estemos en esas condiciones que interna y externamente se reconoce de posibilidad de alternancia real en el poder, la democracia no será más que una referencia lírica y dará oportunidad para que con el argumento de no descalificar la elección, se venga aquí a alegar lo que procede para sacar adelante a un sistema político que a pesar de todo está viviendo sus últimos tiempos. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el diputado Juan Jaime Hernández.
El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; señores legisladores: Emanuel sacrum corde erit (el será Manuel del Sagrado Corazón).
Nos hemos inscrito en contra del dictamen, en virtud de que el Partido Revolucionario Institucional, a través de sus dirigentes, registró ante las autoridades electorales competentes como candidato al Senado de la República por el Distrito Federal, al señor Manuel Ernesto del Sagrado Corazón Aguilera y Gómez, como consta en el expediente relativo.
Por otra parte, la autoridad electoral al entregar la constancia de mayoría lo hace a nombre del ciudadano Manuel Aguilera Gómez, nombre con el que aparece el candidato del Partido Revolucionario Institucional en las boletas electorales y con el que realizó su campaña el multicitado candidato.
En el caso que nos ocupa, hay suplantación de persona o de nombre, puesto que al respecto en el expediente solamente aparece un acta notarial en el que por conducto de testigos se pretende o pretende el susodicho candidato acreditar la personalidad, dicha acta no tiene fuerza jurídica ni tampoco equivale a sentencia ejecutoriada.
De acuerdo a lo que establece el Código Civil para el Distrito Federal, es necesario para acreditar el nombre de las personas la presentación del acta de nacimiento en donde el oficial del Registro Civil anotó el nombre completo; esto es, el de pila y los patronímicos.
En este, caso el nombre completo del candidato al Senado de la República registrado por el Institucional y conforme a su acta de nacimiento, aparece con los nombres de pila de Manuel Ernesto del Sagrado Corazón y los patronímicos Aguilera y Gómez y quien dice ser el referido candidato es Manuel Aguilera Gómez, por lo que, a juicio del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y con fundamento en el Código Civil para el Distinto Federal, para acreditar su legal pretensión del uso del nombre, no basta una certificación notarial, puesto que el notario solamente es fedatario público y no es juzgador.
Debió de seguir un juicio ante el juzgado familiar, demandando al oficial del Registro Civil la rectificación del acta de nacimiento y previa sentencia ejecutoriada se realice la anotación marginal en el libro de actas correspondiente, por lo que no se ha cumplido lo previsto en el artículo 134 del Código Civil vigente, para legitimar su pretensión de aspirante al Senado de la República.
En consecuencia, se viola lo dispuesto por el párrafo primero, inciso a, y párrafo segundo del artículo 178 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
También incurre en la comisión de delitos previstos en el artículo 249, fracciones I y III del Código Penal en Materia Común para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal, puesto que al ocultar sus nombres y apellidos y el usar otro que no está en el acta de nacimiento, nos hace pensar ¿qué motivos pudo haber tenido para ocultar a la ciudadanía su verdadero nombre?
La fracción III del referido artículo, castiga al funcionario o empleado público que en los actos propios de su cargo use un nombre a sabiendas que no le pertenece, lo que nos indica que su actuación como secretario en el Departamento del Distrito Federal y por temor a algún acto vergonzoso, ocultó su nombre de Manuel Ernesto del Sagrado Corazón Aguilera y Gómez.
Lo más grave, es que el Instituto Federal Electoral haya impreso boletas con el nombre de una persona que no fue registrada como candidato del Partido Revolucionario Institucional y como consta en el acta de cómputo, extiende una constancia a nombre de diversa persona.
Si el señor Manuel Ernesto del Sagrado Corazón Aguilera y Gómez teme que se le asocie con el porfiriato o las juntas denotables, pues debió de haber promovido ante la autoridad judicial correspondiente la rectificación del nombre que resultara más popular, como las estrellas de cine, lo que denota su poca seriedad como candidato y como político.
Ante este fraude perpetrado por el candidato registrado y que hoy nos toca conocer, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone se deje sin efecto la constancia correspondiente, por no acreditar en los términos del artículo 134 del Código Civil para el Distrito Federal el real nombre del candidato, puesto que el pasado 18 de agosto, la ciudadanía sufragó por un candidato distinto al registrado oficialmente. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado Carlos Vega Memije.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Señor Presidente; señores legisladores: He pedido hacer uso de la tribuna, para referirme a alguno de los comentarios que se han hecho por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.
Empezaré por tocar la impugnación que refiere el que la representante de mi partido, al haber expresado que hubo una alta votación y que hubo una participación determinante de la ciudadanía, no sólo en el Distrito Federal, en las pasadas votaciones o elecciones del 18 de agosto y que favorecieron al partido gobernante, debía esto suprimir, porque no lo han logrado explicar, inclusive académicos, que habrá que insistir, como él lo citó, no son tampoco nacionales, no conocen la realidad de nuestro sistema, no saben, porque habría que preguntarles también por qué no encuentran las explicaciones cuando se hacen esos simposiums, esos debates de por qué el Partido Revolucionario Institucional en forma pacífica, en forma continua, ha venido rigiendo por tanto tiempo los destinos de este país, junto con algunos similares de países altamente desarrollados y en los cuales también existen algunos otros institutos de oposición y pluripartidismo, como aquí se ha comentado.
Antes, quiero hacer referencia, todo esto es en relación, como lo han comentado mis compañeros, al dictamen que presenta la Primera Comisión de Trabajo de este órgano colegiado,
la Comisión permanente, para cumplir con el mandato del artículo 56 constitucional, en el que nos faculta para que una vez analizado el expediente, determinemos si procede o no declarar senadores de la fórmula que haya obtenido la mayoría de votos.
Aquí se ha señalado y regreso a donde inicié, al argumento que se objeta, que como no le conviene al partido que lo impugna, éste no es válido. Si un órgano hace una calificación y ésta no apoya o no resuelve lo que está solicitando ese partido impugnador, esto es malo y aquí, como lo comentan, habría que retrotraernos a 1988. En aquel entonces y sobre todo en el Distrito Federal, por los resultados, esa determinación fue buena. Ahora, cuando después de esta organización o reorganización del Partido Revolucionario Institucional y del trabajo de todos sus componentes, obtenemos resultados que no nos sorprenden, ya lo hemos comentado aquí, que ustedes vinieron a esta tribuna a impugnar que hubo una serie de estudios precedentes que estaban señalando y me refiero a las elecciones de senador en el Distrito Federal, que es lo que debiera ocuparnos, que determinaban, que anunciaban, que había un adelanto o que había una respuesta favorable a los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, que la opinión de los ciudadanos es que apoyarían el trabajo, que apoyarían las tesis, que apoyarían el esfuerzo de los representas de la fórmula del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, esos estudios ya adelantaban este resultado con base en esos trabajos; no es una sorpresa.
Aquí mismo se refutó a la compañera Guerra, al querer señalar que también esta mal en su segunda reflexión, porque, o en una de sus reflexiones, porque si ella expresaba que todas la impugnaciones que había hecho el Partido Acción Nacional, suponiendo sin conceder, fueran tomas como válidas, no obstante ello, el partido que tuvo la votación mayoritaria seguiría con la misma y por lo tanto no se cambiaría el curso de esta votación y se le expresó aquí que no, que estaba mal, que era también errónea su argumentación, que no es correcta, que era totalmente improcedente, porque no había que acudir a la anulación o no había que acudir a perfeccionar como errores todos los que se habían señalado por Acción Nacional, sino que bastaba con el 20% para poder lo anular.
Esto no es correcto, la afirmación que vino a hacer aquí el representante de Acción Nacional. Si lee con cuidado el código de la materia, observará que además señala otro requisito: para que funcione el 20% o la anulación de este 20%, deberá además ser determinante. La ley es conjuntiva, la ley requiere de su interpretación y no nada más de utilizar las expresiones o los renglones que nos apoyen. No es cierto que solamente sea el 20%, requiere además que esa anulación, que ese 20% tenga una impresión determinante, un efecto determinante en el resultado de las votaciones.
Y aquí procede también repetir, recordar, ratificar lo ya expresado, es muy importante. Si en el Distrito Federal se habló que hubo 9 mil 594 casillas instaladas y que las oposiciones tuvieron más de 9 mil 300 representantes en esas casillas, es muy importante poder hacer esta comparación. Al levantarse o al cerrarse la casilla y levantarse el acta correspondiente, la oposición solamente, de 9 mil 594 casillas presenta en este momento 441 escritos de protesta.
Esto es muy importante, porque aquí, jurídicamente y políticamente nos da a conocer que esos representantes observaron cuáles son los resultados, cómo venía el comportamiento de la votación y sólo vieron que esos 400 casos podría haber o podría caber ese recurso, ese escrito de protesta y ¿porqué posteriormente, como se pretendió corregir a la diputada Guerra, se señala que la ley requiere que tres días después pueden presentarse los recursos de inconformidad? nadie está discutiendo aquí la ley, lo que estamos señalando, tratando de resaltar...
El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Señor diputado, ¿me permite una interpelación?
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Señor diputado, con mucho gusto, pero será el señor Presidente el que le autorice, no interpelación, porque nuestro sistema, usted conoce, no hay. Una pregunta.
El Presidente: - Adelante, señor diputado,
El diputado Juan Antonio García Villa (desde su curul): - Señor diputado: ¿Que sólo un mínimo número de escritos de protesta se presentaron en las casillas? 441 en 9 mil 300. Con esto se pretende descartar el argumento que yo previamente había aducido, a lo que a su vez había esgrimido la diputada Guerra.
Yo quisiera preguntarle: en los 10 distritos electorales en los que su partido no obtuvo constancia de mayoría y además presentó recurso de inconformidad, ¿sabrá de casualidad el número de escritos de protesta que presentaron en las
casillas de esos 10 distritos, los representantes del Partido Revolucionario Institucional? Gracias.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Señores legisladores; señoras y señores: Yo quisiera insistir que estamos, primero, en un estado de derecho. En un estado de derecho existe la certeza jurídica y la legalidad que aquí en esta tribuna hemos insistido que el Partido Revolucionario Institucional, tercamente, si se quiere, tratará de que las oposiciones, en tanto siga gobernando, se conduzcan por ahí, por esa certeza jurídica, por esa legalidad, atendiendo a ese principio de definitividad. ¿Qué es esto? pues que en un estado de derecho, en cada instancia existe una serie de requisitos que deben cumplirse y que para poder continuar a la etapa siguiente debieron agotarse todos los recursos a todos los argumentos y recursos legales que la ley posibilita, los medios de impugnación.
En este estado de derecho, nosotros respetamos y exigimos que así sea, para dar vigor a ese principio de definitividad, que cada etapa sea cumplida, sea agotada y no venga ser revisada o pretendida a ser revisada, o una revisión por ulteriores o en ulteriores etapas. En este caso, hemos escuchado reiteradamente en esta tribuna y afortunadamente en México, no sólo en esta tribuna tenemos libertad para estar diciendo todo lo que cada quien quiera responsabilizarse de expresar pero, con base en esa libertad, desafortunadamente escuchamos no usos, sino abusos de esa expresión y aquí hemos oído ya, pasando por alto ese principio de definitividad, nuevamente la conformación de un padrón, nuevamente un catálogo, nuevamente una credencialización y es reiterar, seguramente para la opinión pública, que no para los conocedores de todas estas materias en las cuales jurídicamente es improcedente.
Aquí, lo que debiéramos ver solamente, jurídicamente, insisto, es observar si de los documentos que nos envía la Comisión Local Electoral del Instituto Federal Electoral, cumple o no este contenido de mayoría para que, con base en ese artículo 56 de la Constitución, podamos declarar que son diputados, senadores electos, los que reunieron esa mayoría.
Eso es lo que jurídicamente, como Comisión Permanente, estamos obligados a realizar, todo lo demás, desafortunadamente, es para la opinión pública y como ya se ha señalado aquí, de alguna manera para justificar algunas cosas que, desafortunadamente los institutos políticos de oposición no han podido responder a la realidad a todas las expresiones que han tenido.
Y simplemente veamos en esta elección de senadores, sólo dos institutos políticos de oposición las impugna. Por un lado la coalición y por otro Acción Nacional. Ya se dijo aquí, la Coalición Partido Popular Socialista y Partido de la Revolución Democrática, pero nos señala que "huizacheros", desechan por notoriamente improcedente su recurso.
No, señores; había que ser un poco más serios y tratar de presentar también a la opinión pública cuáles son siquiera esos argumentos que presentaron para tratar de impugnar algo que sus seguidores les están pidiendo, pero, señores, no hubo aportación de pruebas, no hubo ofrecimiento de pruebas y todavía más: alguien ha hablado aquí mucho del principio de definitividad y todavía la ley, en un esbozo de llegar y de dar vigencia a un principio de exhaustividad, hace esa consideración a los partidos de oposición y les dice: tiene 24 horas para aclarar esto. Se pasa ese término y no lo aclara.
La ley, en un estado de derecho, no puede estar sin términos; debe haber los señalamientos y al haberlos, declara esos recursos o esos pretendidos recursos notoriamente improcedentes.
Ahí está la actuación "huizachera" de la que se ha hablado aquí o de que se pretendió dar un albazo y en la reunión de ayer no se permitió que estuvieran presentes. Aquí también, ya lo hemos repetido, este órgano colegiado, sólo este órgano colegiado, porque la Comisión Permanente no puede tener un período extraordinario, está, facultado, tiene la obligación, en el caso del Distrito Federal, del senador o de la fórmula de senadores que obtuvo la mayoría; sólo la Comisión Permanente. Es una obligación de este cuerpo colegiado, por ello decimos que en política, la ingenuidad no.
Por ello es que, al no presentarse como táctica política ninguna oposición, porque habrá que comentarlo, lo sabemos los legisladores, pero debe saberlo también la opinión pública, todos. Fueron con más, ya se dijo aquí, de siete días de antelación citados y estuvieron en las dos o tres reuniones anteriores la oposición y en éste, donde vamos a tratar este caso y a todos nos dieron el expediente correspondiente, no se presenta ninguna oposición, ¿qué nosotros nos vamos a quedar sin actuar y sin dar cumplimiento a ese estado de derecho y a no cumplir como órgano obligado por la Constitución a declarar, a hacer esta precisión, a posponerla.
¿O alguien me va a decir que a la Comisión Permanente vamos a citarla o a convocarla extraordinariamente?
Esa es la razón que dimos ayer en el seno de esta reunión de trabajo para poderlo determinar, pero creo que tiene que explicarse aquí a todos ustedes.
Para retomar y continuar con el estado de derecho que nuestro partido ha venido sosteniendo y que así como aceptamos los resultados de 1988, pugnamos por que de acuerdo con esa legalidad se cumplan todos los pasos en este 1991, se cuestiona aquí y creo que, por la pregunta que se alcanzó a escuchar, no se entendió lo que es el principio de definitividad y por ello, simplemente haciendo un paréntesis, sostendremos, o comentaremos que precisamente ahí conociendo cuáles son, cuál es el estado, cuál es el pulso de cómo estaba la votación y cuáles fueron las anomalías que vieron nuestros representantes, donde se creyó oportuno se presentó el recurso correspondiente y en donde no se creyó oportuno, no se presentó ese recurso.
Por otra parte, también al tratar de hacer a un lado los argumentos de la diputada Guerra, se expresó aquí que hubo una serie de anomalías que más valdría no haberlas tocado, porque éstas estaban en forma reiterada en un gran número de casilla y se habló en algunas de que 800 personas llegaron y no podían votar, cuando también para todos los conocedores, deben de conocer, y éste es simplemente un ejemplo, están ciertos de que según la disposición son 750 únicamente los votantes que pueden acudir por cada sección y no 800, como se nos dijo aquí y entonces debe hacerse la distribución.
Sólo en 25 casillas Acción Nacional impugnó que se hubieren contado las boletas, nada más que el Tribunal Federal Electoral aquí le respondió: no sé que estuvo haciendo el representante de Acción Nacional, porque hay el acta de inicio o de instalación de casilla y aparece el cómputo de esas boletas y también está el acta, que son documentos públicos, como aquí se señaló, de cierre de casilla, y también aparecen y coinciden; pero todavía va más allá el tribunal y señala: Entró a hacer este análisis porque no queremos quedarnos en la superficie, por una parte, queremos agotar el principio de exhaustividad, no queremos que se diga que hay indefensión, aunque hubo tercero interesado; y ademas señala que lo desecha porque en esas casillas el partido recurrente no presentó los correspondientes escritos de protesta.
Con ello yo quiero insistir para todos ustedes, señores legisladores, que si algún trabajo serio debemos destacar es revisar precisamente esa resolución del Tribunal Federal Electoral, en donde no obstante que uno de los preceptos de la ley reglamentaria señala que los actores debieran suscitadamente hacer una relación de hechos y obliga a todos los institutos políticos a que con responsabilidad presenten, de manera precisa y concreta, sus argumentaciones en un escrito en donde, aparentemente, quisieran impugnarse con posterioridad un gran número de casillas, como para no realizar este trabajo, el tribunal entra a su análisis y con un minucioso detalle va desechando cada una de las argumentaciones, cuando las hay va señalando el por qué no corresponden esas pruebas, o cuando no aparecieron los escritos de protesta, o cuando no hay el ofrecimiento de pruebas.
Finalmente comentaré, para el último orador que ocupó esta tribuna con antelación a un servidor, que se equivoca, no existe en el expediente que se proporcionó para su estudio a la Primera Comisión, una rectificación de acta del candidato. No hay, no se pretende una rectificación del acta. Lo que se pretende aquí simplemente y con toda antelación por el candidato, es simplemente certificar, de acuerdo con uno de los órganos autorizados por la propia ley reglamentaria, para que dé fe de que se trata de la misma persona la que utiliza y es fama pública, un nombre como muchas personas lo hacen para su manejo público administrativo y otra la que procede en el documento especial. No es rectificación, por ello no requiere de ningún juicio ni de ninguna determinación y menos algún procedimiento. Es una certificación y si esto no fuera suficiente, lo anterior es con base a un acuerdo que también se acompaña en el expediente de la Comisión Local del Distrito Federal del Instituto Federal Electoral, en donde autoriza a los representantes y a los partidos, a que utilicen el nombre que normalmente usan con fama pública, por ello es improcedente, además de que no somos la instancia correspondiente para pedir que quede cancelada esa elección o ese dictamen, porque no tenemos competencia para ello.
Insisto, aquí lo único jurídicamente que procede, es de acuerdo con ese expediente, observar si hay mayoría con la envía la Comisión Local Electoral de la fórmula de senadores, nosotros, de acuerdo con el 256 hagamos esa declaración, por eso el exhorto a las fracciones partidistas para que, sumándonos a los elementos que hay, den su voto para que pueda ser aprobado este dictamen. Muchas gracias.
El diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra el compañero Juan Jaime Hernández.
El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; señores legisladores: creo que aquí debe aplicarse el refrán leyendo doctus evan, (leyendo se hizo sabio).
Y desde luego que el señor diputado Vega tiene razón. No somos la instancia para examinar si en las casillas hubo tantos votos o no, si los recursos fueron interpuestos en tiempo, en forma, si fueron reservados, etcétera, etcétera, invocando su principio de definitividad. Y él dice que leyó que nuestra instancia es eminentemente jurídica de estudio y de examen.
Tiene razón, nuestra instancia es de examen del expediente para ver si se cumplen todas las formalidades que marca la ley de la materia. No habla de los principios de exhaustividad, indefensión, etcétera, que no los conozco pero volvemos a pensar: leyendo se hace uno sabio.
Yo pienso que si en nuestra instancia, que si es de la Comisión Permanente la obligación para poder hacer la declaratoria constitucional, es de estudiar el expediente y ver si se cumplieron todos los requisitos, al afecto no se han cumplido los requisitos legales. Primeramente yo no afirmé que el expediente hubiera una rectificación de nombre; no lo hay, y yo hice hincapié en que hay una constancia notarial en la que el notario dice: "compareció fulano de tal y dijo que...", y aparecieron dos testigos que dijeron "que". Esto no tiene ninguna validez jurídica, por que el Código Civil, que es el que rige precisamente esta situación, esta clase de actos, señala claramente qué debe hacerse y cómo debe de hacerse para demostrar el uso de un nombre y también para que ese nombre sea inscrito en al acta del Registro Civil, que es totalmente diferente. Y debe siempre haber una sentencia ejecutoriada porque el Tribunal Electoral o los organismos electorales que emiten estos acuerdos, no tienen autoridad judicial, y aquí se trata de una persona sujeta a las leyes civiles, sujeta al Código Civil.
Consecuentemente, la actuación del notario es solamente un fedatario que señala los actos o hechos que se ejecutaron en su presencia o que le fueron relatados. Los que fueron ejecutados en su presencia, ahí mismo lo señala, y los que le relatan, simplemente dice "...y me dijeron".
Consecuentemente, este "y me dijeron", no tiene ninguna validez jurídica para acreditar una personalidad.
Si el Código Civil en la materia correspondiente a la persona señalara que basta con comparecer ante cualquier autoridad o ante cualquier funcionario o persona que tenga fe pública, estaría en toda la razón el señor licenciado don Carlos Vega Memije, pero el Código Civil tiene un capítulo especial que se llama "De las personas", de las actas del Registro Civil y cómo se prueba la personalidad y cómo se comprueba el uso de los nombres.
De tal manera que si el señor diputado Vega Memije, descalificando todos los argumentos que se han vertido en esta tribuna, señala que la única, la única razón y la única forma y examen de este colegio o de esta soberanía es de ver si se han cumplido los requisitos jurídicos, creo que no ha visto en el fondo si ese dictamen que se nos presenta ha cumplido con todos los requisitos jurídicos, y he ahí el gran fraude, que comete el Partido Revolucionario Institucional y no el Partido Revolucionario Institucional, por que el Partido Revolucionario Institucional presentó y registró a una persona con los requisitos que marca la ley, esto es, registró al señor Manuel Ernesto del Sagrado Corazón Aguilera y Gómez.
Aquí quien comete gran fraude, es precisamente el candidato y es precisamente el organismo electoral, que es una forma chabacana, con un acuerdo simple y llano, sin atenerse a las leyes, modificando precisamente al Código Civil, sin ser legislador, dice: "... con un simple acuerdo, usen los nombres que quieran", y no los que realmente prueban su personalidad jurídica. De ahí que este dictamen no puede tener ningún fundamento y no puede ser aprobado por esta soberanía, en virtud de que carece de los fundamentos jurídicos que señalan las leyes de la materia.
Si bien es cierto estábamos hablando de materia electoral, si bien es cierto estamos fundamentándonos en la constitución pero tampoco se ha derogado ni se ha suprimido ninguno de los preceptos del Código Civil para el Distrito Federal, que es el aplicable en estos casos, en relación a los nombres de la personas que han sido registrados como candidatos. Y la ley electoral lo señala, qué debe contener el registro y cómo se debe probar precisamente el nombre de la persona registrada y señala deberá adjuntarse el acta, copia certificada del acta de nacimiento para probar dos cosas: el nombre
y la fecha de nacimiento o la edad. Solamente con eso y no con un acuerdo de un organismo electoral o de un grupo de personas. Entonces si concuerda en 1 ley electoral con el código civil, no hay razón alguna para que se diga que la simple certificación de un apersonamiento ante un notario, haga las veces de un juicio o de una sentencia ejecutoria.
En consecuencia, quiero plantear ante esta soberanía y con fundamento en lo que dispone el reglamento y la ley en su artículo 110 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, quiero proponer y solicito se regrese el dictamen a la Primera Comisión de Trabajo, a fin de que se proceda a hacer las aclaraciones que correspondan, en relación al hecho de que Manuel Aguilera Gómez y Manuel Ernesto del Sagrado Corazón Aguilera y Gómez, son la misma persona Y bajo tales circunstancias se proceda en su tiempo y forma a hacer la declaratoria correspondiente.
El Presidente: - En virtud de que esta proposición sugiere se regrese el expediente a la Primera Comisión y para determinar si se continúa o no el debate que se está realizando, se abre el registro de oradores respecto a esta proposición, haciendo un paréntesis al debate general del dictamen a discusión.
Consulte la secretaría a la asamblea, si se acepta o se desecha esta proposición.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: en votación económica se pregunta a la asamblea si se acepta o se desecha la proposición del señor diputado.
Los legisladores que estén porque se acepte, sírvance ponerse de pie.
Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe el debate del dictamen y tiene la palabra la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
La senadora Ifigenia Martínez Hernández: - Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna no a referirme específicamente a la elección del señor Manuel Ernesto del Sagrado Corazón Aguilera y Gómez, sino al ambiente general de la votación que desde luego también lo incluye a él a esta votación. Quizá sea la última oportunidad que tenga esta Comisión Permanente de referirse a las elecciones de 1991 que acaban de transcurrir. Y entonces es importante señalar que hay aparentemente dos mundos diferentes en cuanto se habla del proceso electoral: Está uno, el mundo formal de las cifras oficiales, del cuento, del "erase una vez", en donde todo procede de acuerdo con lo que marca la ley escrita, en donde las irregularidades son menores y no importan, ante la evidencia de las que muchas de ellas se cometieron, en donde se cree que todo lo que dice el Instituto Federal Electorales real, es el mundo imaginario, el mundo irreal que no tiene bases sustantivas.
Y está, por otro lado, el mundo de la realidad, el de los ciudadanos comunes y corrientes, el de la Prensa, el de los articulistas, el de los analistas, el mundo de la conversación diaria de los ciudadanos comunes y corrientes, lo que llamaría el antropólogo Guillermo Bonfil, el México profundo.
Decir que todos los días nos levantamos, vivimos, luchamos y vemos cosas sorprendentes que sabemos muy bien que no son reales y que se quieren hacer pasar por reales.
No cabe la menor duda, cuando menos se les pregunta a los ciudadanos, incluso en las encuestas hechas por organismos oficiales o paraestatales, los resultados de estas encuestas cuando se pregunta: ¿Cree usted que hubo fraude en las últimas elecciones? La abrumadora, la mayor parte de los ciudadanos contesta que ¡Si! ¿Cree usted que estas elecciones fueron de acuerdo con lo que marca la ley, legales? La mayoría contesta: ¡No! ¡No fueron legales! No hay credibilidad en los resultados, señores legisladores. El que usted venga aquí y nos hagan decir, nos hagan creer que sí la hubo, es contrario a la realidad de las cosas.
No hay credibilidad en los resultados por que los procedimientos no fueron limpios y no fueron limpios como lo sabe cualquier persona que ahora se reconoce que el censo que se levantó fue un censo en donde se incluyeron a aquellos que no iban a poder votar por estar lisiados, por estar enfermos; de hospitales, de clínicas; un censo donde todo lo que se podía haber puesto.
Y después, ¿qué pasó con el padrón? ¿Quién tiene confiabilidad en este padrón cuando que son obvias las rasuradas a que fue sometido el padrón? Rasuradas consecutivas del padrón para
quitar a todos aquellos electores de la zona en donde había gran oposición.
Luego, encima de que estuvo rasurado el padrón, por un lado, por otro lado lo inflaron, lo inflaron por que así apareció en algunas votaciones, con nombres ficticios a los que les cambian una letra, un apellido, en donde además ¿quiénes se presentaron a votar? No se sabe quienes se presentaron a votar. Lo único que se sabe es que ciertos requisitos marcados en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, una legislación y un código que hemos calificado de abusiva, alevoso, ventajoso, en favor del partido oficial, ni siquiera se pudieron cumplir los requisitos establecidos en este código. ¿De qué otra manera se explica el hecho de que hayan sido destruidas más de 3 millones de credenciales de electores y no se haya anotado qué credenciales se destruyeron? ¿Como es posible que se borre así de un plumazo el trabajo que significa hacer el censo en el domicilio, que llenen la solicitud el elector, que aparezca con su hoja amarilla, que después por alguna razón, no ajena a la culpabilidad oficial no se le entregó la credencial, se destruye la credencial y no se apunte de quién fue la credencial destruida, por más que haya obligación, de acuerdo con la ley, de hacerlo?
Entonces esto da pie a que resulte cierta la acusación de que las credenciales, en primer lugar no se destruyeron, se guardó un gran número de credenciales. Estas credenciales sirvieron para habilitar a carruseles de votantes para poder inflar la votación; que la votación está inflada en favor del partido oficial. Todas las cifras y los análisis que está inflada. Incluso en el caso del Distrito Federal, ya se hizo notar cómo en una votación, notoriamente inferior por el número de electores a la de 1988, en donde fue evidente la movilización popular, ahora resulta que hubo 750 mil votantes de más, mismos 750 mil votantes que todos votaron por el partido oficial, porque precisamente en esta cifra, es como el partido oficial sale ahora con que tiene 1 millón 500 mil votantes, votos, y en la elección de 1988 tuvo 750 mil. El voto del Partido de la Revolución Democrática, si nosotros sumamos los votos fraccionados de los partidos que constituyeron el Frente Democrático Nacional, tenemos que éste hubiera tenido 1 millón 117 mil 520 votos, cifra un tanto parecida a la que obtuvimos en 1988. Entonces aquí también vemos que sí tuvo éxito la estrategia de fraccionar a los partidos, de dividirlos, de cortarlos, de separarlos para poder tener esta votación fraccionada. Y por otro lado el hecho de tener una votación inflada.
Ahora bien, alegan los del Partido Revolucionario Institucional, pruebas, pruebas, que presenten pruebas, pruebas específicas y concretas. Las pruebas que se ha presentado las desechan y seguramente muchas otras no las podemos presentar, estamos en el caso del crimen perfecto. Todo el pueblo sabe que el crimen se cometió, ahí está la falta de credibilidad en los resultados oficiales; todos sabemos que hubo un crimen, pero no podemos demostrarlo cuando el procurador, el juez, los testigos todos son priístas, y si no, aquí están las declaraciones sorprendentes que hizo el señor Ramón Aguirre tres días antes de que se cerrara el término de hacer campaña en una histórica entrevista por radio, que va pasar al anecdotario político en donde declaró que estaba segurísimo de que iba a ganar, porque había 450 mil electores listados en el Partido Revolucionario Institucional con nombre y dirección, o sea 450 mil personas que seguramente al levantar el censo, habían sido visitados y habían sido comprometidos por diversos medios a votar por el Partido Revolucionario Institucional. Y, ¿cómo sabe usted que van a ir estos 450 mil a votar el día de las elecciones por el Partido Revolucionario Institucional? ¡Ah!, porque para eso tenemos 100 mil activistas que ya se comprometieron a llevar a los 450 mil..." "Bueno, ¿y eso no es acarreo?, le preguntaron por radio, y dijo el señor: "No, eso no es acarreo. Eso es un signo de amistad, de solidaridad, de fraternidad que siempre se ha usado", dice. Que ese día es la base de la famosa "operación tamal".
Pero además, no conforme con eso, todavía dijo: "Además de los 100 activistas, tenemos el 70% de los funcionarios electorales que son miembros del partido".
Entonces uno dice: "Bueno, ¿entonces para qué vamos a ir a las elecciones si ya hicieron las elecciones? Los resultados ya estaban prefabricados, ya habían hecho un acto preelectoral".
Esto que es muy gráfico, de lo que sucedió en Guanajuato, tengan ustedes la seguridad que sucedió en San Luis, en el Distrito Federal y en muchos otros estados donde el partido Revolucionario Institucional estaba débil.
Ahora, ¿se puede demostrar esto? Pues probablemente no se pueda demostrar, pero que existe, ¡existe! ¡Es una realidad que permea a toda la República y que se sabe de toda la República!
Por lo tanto, lo que sí podemos nosotros decir y afirmar, y yo creo que eso todo el mundo lo dirá es que "ha vuelto México a una situación
de monopartidismo". "Que hay otra vez la hegemonía de un solo partido". "Que hubo un serio retroceso en el tránsito hacia la democracia y en el pluralismo que íbamos estableciendo como un reflejo de la realidad. Entonces hay un divorcio entre lo que es real, entre lo que existe y lo que vienen aquí a confirmar simplemente con argumentos legaloides y con cifras oficiales". "Que se abusó de la ingeniería electoral". "Que se utilizaron cifras infladas". Basta ver lo que sucedió en los distritos más poblados del Distrito Federal, las votaciones que se dan para el distrito XL, para el XXVII, para el XXIV, para los distrito más poblados muy superiores a la votación que se obtuvo en 1988, cuando que las calles estaban vacías, los votantes no se veían. ¡Entonces ahí todo esto es un misterio! Lo que sí es un hecho es que aparecían las personas que iban a votar con una credencial y aparecían en las listas.
La otra irregularidad, ¿por qué las listas no se entregaron a tiempo? En el caso del distrito XXXIX, se entregaron el mismo día de la elección se estregaron las listas definitivas, cuando que había la obligación de entregarlas varias semanas antes para poder ser revisadas.
No quiero continuar, pero yo creo es obvio que se cumplieron los más negros pronósticos que hicimos cuando el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue debatido en el Senado. Recibió 86 impugnaciones de parte de los senadores del Partido de la Revolución Democrática; impugnaciones concretas que se han estado cumpliendo, porque en vez de un Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobamos un Código de Fraudes e Impunidades del partido del Estado. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador Raúl Enrique Carrillo Silva.
El senador Raúl Enrique Carrillo Silva: - Señor Presidente; señores legisladores de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión: Se ha expuesto en esta sesión; en forma amplia el sentimiento, los puntos de vista, los argumentos, de todos los partidos políticos. Se ha ido mucho más allá del motivo específico de esta reunión, que era poner a consideración el dictamen de la elección de senadores del Distrito Federal.
Hemos escuchado en forma respetuosa argumentos, válidos de acuerdo a los intereses de cada partido, lo que esta Comisión Permanente el alto nivel de pluralidad, en la que estamos evolucionando en esta época política en la cual vivimos. Todos los argumentos muy respetables. Cada uno con sus muy particulares y estrictos análisis sobre la evolución histórica del proceso electoral.
Pero ante estos comentarios, ante este debate, quisiera yo rogarles que nos ubicáramos plena y expresamente en lo que está expreso en la actual orden del día.
La Primera Comisión, lo recibimos, con toda anticipación, el expediente electoral debidamente integrado por el Consejo Local Electoral del Distrito Federal. Quienes integramos esta comisión, en forma individual, en una primera etapa y posteriormente en reuniones de trabajo analizamos documento por documento, expresados en el propio dictamen y de acuerdo a lo que el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece.
Se han seguido todas las instancias legales en este proceso, que está por concluir; falta la integración de la última etapa, a partir de la próxima semana, del Colegio Electoral en ambas cámaras, que será la última instancia para concluir con este proceso.
Dado el análisis que se tuvo, dando la aprobación que se dio a este dictamen por la comisión, en su mayoría, como se ha dicho aquí, integrada por diputados y senadores del Partido Revolucionario Institucional, no nos queda más que llegar a una realidad, a una realidad de acuerdo a derecho, a una realidad sin dudas y sin cortapisas y que esa realidad es: la expresada por la ciudadanía del Distrito Federal, en lo que compete a esta elección de senadores de la República.
Con ello, y ante los argumentos expuestos, sentimos que no nos queda ya más motivo de análisis y discusión. Seguramente no nos vamos a poner de acuerdo, porque nuestros intereses son distintos; pero sí debemos aceptar una realidad como legisladores: Que se procedió de acuerdo a derecho; que respetamos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; que se ha acudido a todas las instancias que la propia legislación nos otorga a todos los partidos políticos. Y con ello no llegamos más que un solo resultado: el triunfo de Manuel Aguilera Gómez como senador por el Partido Revolucionario Institucional.
En motivo de esto, señor Presidente, quiero rogarle a usted que se dé o se ponga a votación
si está plena y totalmente discutido este caso y se someta en este orden a recibir la votación correspondiente de la asamblea.
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Rubén Venadero
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Con el permiso de la Presidencia; señores legisladores: En efecto, tiene razón el senador Enrique Carrillo Silva, cuando plantea que delimitemos el objeto específico del debate. Pero también tenemos razón a quienes nos preocupa la elección y las futuras elecciones en el Distrito Federal, porque todos reconocemos la enorme importancia que para el país tiene esta concentración capitalina.
Pero decía yo que en un principio me parecía prudente delimitar el objeto específico de la discusión, sobre todo porque el objeto específico en sí mismo es de una gran importancia política. No voy a tocar los términos del dictamen, sino a mí me interesa más bien ver el contexto en el que esta elección y desgraciadamente otras, se darán con respecto al Distrito Federal.
La diputada Rosario Guerra en su intervención señala que la población capitalina es madura políticamente, que no debe ser tratada como menor de edad y también coincidió con la diputada Rosario Guerra, porque en muchas ocasiones muchos diputados, en distintas instancias políticas, hemos planteado esta realidad ciudadana. Sin embargo, ¿qué ocurre compañeros legisladores?, que en el Distrito Federal difícilmente y sólo exagerando con motivos del uso político de esta tribuna, que creo que las exageraciones son de todas, incluyendo las de los oradores del partido oficial, se puede afirmar que las elecciones en el Distrito Federal son elecciones democráticas, competitivas y no me refiero, fíjense, al proceso electoral en sí mismo, sino a algo que a mí me preocupa mucho más. Resulta que aquí, en la capital del país, se sigue sin aceptar lo que sólo formalmente en la tribuna se dice, ¿porqué? Porque difícilmente yo podría aceptar que las elecciones para senador en el Distrito Federal por tres años, fueron competitivas y leales, cuando uno de los candidatos dejó una posición importantísima en el gobierno y en el control político en el Distrito Federal, para ser candidato por el partido oficial.
En este sentido, me parece también que mientras el gobierno capitalino no tenga un refrendo popular, difícilmente en una situación de este tipo, donde el candidato a senador es inmediatamente anterior funcionario de un nivel tan importante como lo era Aguilera Gómez, se puede hablar de que el resultado y el propio proceso fue un proceso electoral leal, donde compitieron elementos en condiciones semejantes de igualdad. Por eso digo que no habría que exagerar, también por parte del partido oficial, el uso de esta tribuna.
Y finalmente, a mí lo que me preocupa muchísimo es que en el Distrito Federal, mientras los elementos del gobierno, desde el regente hasta los delegados, no tengan un refrendo popular, los procesos electorales obviamente no serán justos o difícilmente podríamos decir que son justos y que si somos congruentes porque además difícilmente creo que aquí alguien va a negar que los capitalinos, en efecto, como todo ciudadanos mexicanos tiene derecho, iguales y difícilmente aquí va a oponerse a que es necesario que el federalismo se desarrolle cada vez en nuestro país, si esto es así, si nadie se opone a esto, si reconocemos que el pueblo capitalino es maduro y si queremos elecciones electorales competidas, en condiciones de relativa igualdad, creo que una cuestión muy importante será asegurar que dado el estado de excepción del Distrito Federal con respecto al conjunto de la República, porque es un estado de excepción la situación que guarda el Distrito Federal, los candidatos del partido oficial deberían detener una limitación, por lo menos que se provengan inmediatamente anterior, de funciones ejecutivas como las que desempeñaba el senador Manuel Aguilera Gómez porque, por supuesto, que esto obra en su favor de una manera muy importante; yo no sé cuánto pero todos sabemos que es de una enorme importancia este hecho.
Es más, seguramente si esta entidad tuviera el mismo trato federal que el resto, esta Comisión Permanente no tendría porqué estar calificado la elección para senadores. Gracias.
El presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si considera el dictamen suficientemente discutido.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si el asunto ha sido suficientemente discutido.
Los legisladores que así lo consideren, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.
Se pregunta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el dictamen presentado por la comisión.
Los legisladores que estén porque se apruebe, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
SOLICITUD DE LICENCIA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Senador Emilio M. González, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Sirva este conducto para solicitar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, me conceda licencia para separarme del cargo de diputada federal por tiempo indefinido, a partir del 14 de octubre próximo, a fin de atender asuntos de interés personal.
Agradezco de antemano la atención que me brinde y reitero a los miembros de la Comisión Permanente mi reconocimiento por su apoyo en el cumplimiento del honroso cargo de representación popular que ostento.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 8 de octubre de 1991. - Diputada María del Rosario Elena Guerra Díaz.
El Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 constitucional, se ruega a la Secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido a la diputada María del Rosario E. Guerra Díaz, para separarse de sus funciones como diputada federal por el XXII distrito electoral del Distrito Federal, a partir del 14 de octubre de 1991.
Segundo En virtud de que es integrante de esta Comisión Permanente, llámese al sustituto, diputado Melchor de los Santos Ordóñez.
No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se prueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Aprobados.
Comuníquese y llámese al sustituto de la Comisión Permanente diputado Melchor de los Santos Ordóñez.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel. intendente Diplomado de Estado Mayor Simón Arias Villalvazo, como general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de los dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cinco, y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y ocho fue ascendido a subteniente de administración al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de teniente de administración, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y seis años, siete meses, veintisiete días y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, así como la Especial.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado de general brigadier intendente Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Simón Arias Villalvazo.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 26 de septiembre de 1991. - Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma Secretaria senadora:
Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Pedro Bautista Pérez, como general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y tres, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de mayor de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de julio de mil novecientos ochenta y uno, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiocho años, cinco meses, veinticuatro días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases, así como la del Mérito Facultativo.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se la ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratificara el grado de general brigadier Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Pedro Bautista Pérez.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 24 de septiembre de 1991. - Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat,
diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma Secretaria senadora:
Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio Meza Barajas, como coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y tres, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y seis fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el dieciséis de agosto de mil novecientos setenta y seis, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiocho años, siete meses, cuatro días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clases.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Marco Antonio Meza Barajas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 24 de septiembre de 1991. - Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
La misma Secretaria senadora:
Segunda Comisión.
Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1990 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano teniente coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor Ramiro Manuel Mendoza Vargas, como coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión envió a esta Comisión Permanente para los efectos de lo dispuesto por
la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del análisis de los antecedentes del interesado esta comisión advierte:
a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y cinco, y el primero de noviembre de mil novecientos sesenta y siete fue ascendido a subteniente de infantería al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;
b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el quince de agosto de mil novecientos ochenta, adquirió el carácter de Diplomado de Estado Mayor;
c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;
d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante veintiséis años, seis meses, veintisiete días, y
e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera y Segunda Clase.
Del análisis del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para recibir el grado que se la ha otorgado sujeto a ratificación.
Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Se ratifica el grado del coronel de infantería Diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Ramiro Manuel Mendoza Vargas.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 24 de septiembre de 1991. - Diputado Augusto Gómez Villanueva, senador Humberto A. Lugo Gil, diputado José Murat, diputado Fernando Antonio Lozano Gracia, senador Alfredo Toxqui Fernández de Lara, diputado Roberto Jaramillo Flores, senador Héctor Mayagoitia Domínguez, senador Alonso Aguirre Ramos, diputado Américo Javier Flores Nava y diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.
Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.
CONDECORACIÓN
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: La Primera Comisión de Trabajo que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano Helios Farrell Murga Muñoz, para que pueda aceptar y usar la condecoración Mártires de Barbados, que le confiere el gobierno de la República de Cuba.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Helios Farrell Murga Muñoz, para que pueda aceptar y usar la condecoración Mártires de Barbados, que le confiere el gobierno de la república de Cuba.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de septiembre de 1991. - Senador Alfonso Martínez Domínguez, senador Saúl González Herrera, diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, diputado Víctor Hugo Celaya Celaya, senador Julio Patiño Rodríguez, diputado Enrique Rojas Bernal, senador Netzahualcóyotl de la Vega García, diputado Jesús Luján Gutiérrez, diputado Napoleón Cantú Cerna, diputado Juan Jaime Hernández, senador Raúl Enrique Carrillo Silva, diputado Carlos Javier Vega Memije y senador Fernando Silva Nieto.
Trámite: - Segunda lectura.
Esta a votación el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Se emitieron 23 votos en pro.
El Presidente: - Aprobado el proyecto de decreto por 23 votos.
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
DERECHO DE HUELGA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Luján Gutiérrez.
El Diputado Jesús Luján Gutiérrez: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores: Vengo a esta tribuna con el propósito de llamar la atención a este alto cuerpo colegiado, representativo del pueblo, porque avancen en nuestro país las agresiones a nuestra legislación a los derechos de los trabajadores.
Hay cuestiones que son muy caras para nuestro pueblo, en virtud de que ningún pueblo de la tierra es insensible ante la injusticia y el nuestro no podía ser la excepción. Es de todos nosotros conocido que a fines del siglo pasado y principios del actual hubo grandes convulsiones en nuestro país como protesta por la injusticia que se cernía sobre las grandes masas populares.
¿Quién no recuerda los movimientos de los mineros de Pinos Altos en el municipio de Ocampo en Chihuahua, de los de Río Blanco en Veracruz, de los de Cananea en Sonora y por qué no mencionar también los de Bellavista en Nayarit? Todos estos movimientos fueron como protesta de las injusticias de que eran víctimas, y encontraron eco esta manifestación en Constituyentes de 1917 de la talla de Héctor Victoria, un obrero yucateco; de Heriberto Jara, de Froylán C. Manjarrez, de Alonso Cravioto y Luis Fernández Martínez.
El derecho de huelga en nuestro país y ya desde el sexenio pasado, ha venido siendo nugatorio en gran medida, a través de figuras como la requisa, como la intervención administrativa que han aplicado las autoridades en contra de los derechos de los trabajadores.
Para nadie en extraño también el hecho de que el derecho laboral mexicano, el derecho mexicano del trabajo es obra de la Revolución Mexicana y si el hecho de que las autoridades hagan nugatorio un derecho producto de las luchas organizadas del pueblo, más negativo es lo que ayer aparece en uno de los diarios de la ciudad, cuando un dirigente de los trabajadores bancarios informa que Banamex anula en sus contratos de trabajo la cláusula referente al derecho de huelga.
Este dirigente, además de anunciar el registro oficial de seis sindicatos en las instituciones de Multibanco Mercantil de México, de Banca Cremi, de Banpaís, de Banamex, de Banoriente y Bancrecer, informa que pese a quedar incluidos estos sindicatos dentro del apartado A, del artículo 123 constitucional, en sus contratos colectivos de trabajo se anuló la cláusula referente al derecho y ejercicio de la huelga.
Tal medida, indicó, se adoptó con el argumento de dar "seguridad" plena al cuentahabiente, y con el propósito de alentar la compra de bancos".
Buendía González dio a conocer un acuerdo con la Secretaría de Hacienda, respecto a no solicitar un aumento salarial sino hasta julio de 1992. Pero aclaró que el incremento a los salarios mínimos, que entrarán en vigor en diciembre próximo, se aplicarán automáticamente a los trabajadores bancarios.
Esto compañeros, para nosotros es muy delicado. En varias coacciones y en distintas tribunas, hemos manifestado nuestras preocupaciones acerca de cómo evitará el gobierno actual o el grupo en el poder que del Tratado de Libre Comercio, pasemos sucesiva y paulatinamente a otros grados de integración y realmente las respuestas no han sido satisfactorias, por el contrario.
Nosotros vemos con preocupación que cada vez somos más agredidos en todos los aspectos. Aquí, quiérase que no, ya hay una injerencia abierta de parte de intereses extranjeros para la reforma al artículo 123 constitucional. Si no se legisla, si no se reforma el 123 en la próxima legislatura, de hecho, con líderes como este señor Pedro Buendía González, que se pliega incondicionalmente a los intereses de la patronal, se hacen nugatorios estos derechos.
Estamos nosotros convencidos que la política que ha seguido el actual gobierno y desde el pasado
de la privatización de los servicios, como Teléfonos de México o como la banca, no es la adecuada, porque precisamente abre las puertas a la injerencia imperialista. Los ejemplos están a la vista en todos los aspectos de la vida nacional. Aquí está uno. Hay otro que ha sido motivo de preocupación, sobre todo de las personas del norte del estado de Chihuahua con el basurero radioactivo que está en Samalayuca, en los médanos de Samalayuca. Y ahí están las transnacionales y ahí está precisamente la política de apertura para las maquiladoras, sin tomar en cuenta los intereses del pueblo y de la nación. Ahí está también la agresión reiterada a los mexicanos en la frontera norte, que los agrede la patrulla norteamericana y todavía no han sido sancionados ninguno de los delincuentes gringos. Y aprovecho esta ocasión nuevamente para demandar de las autoridades mexicanas una investigación a fondo y que se apliquen sanciones a estos delincuentes gringos.
Todo esto compañeros lo traemos a esta alta tribuna, porque no obstante las reiteradas declaraciones del Presidente de la República de que no se irá más allá del Tratado de Libre Comercio, lo cierto es que cada vez estamos siendo cada vez más penetrados y cada vez perdemos más soberanía y cada vez somos más agredidos.
Aprovecho además la oportunidad para llamar a los trabajadores de México a que como un as se unan para defender los caros triunfos que se han obtenido a través de las luchas del pueblo de México.
No quise dejar pasar desapercibida esta ocasión para reiterar nuestra protesta por todas esas agresiones y el llamamiento a que estemos atentos como un cuerpo representativo de los intereses del pueblo y la nación . Muchas gracias.
La senadora Ifigenia Martínez Hernández (desde su curul): - Pido la palabra, señor Presidente.
DE LA REPÚBLICA DE CUBA
El Presidente: - Tiene la palabra la senadora Ifigenia Martínez Hernández.
La senadora Ifigenia Martínez Hernández: - Con su venia, señor Presidente; compañeros legisladores: Me quiero referir a un asunto que debe de preocuparnos a todos y en el cual todos debemos estar comprometidos. Me refiero a todos los mexicanos. Y desde luego al caso de un país hermano nuestro, es decir Cuba, quien como ustedes saben se encuentra en dificultades porque ha tenido la valentía de sostenerse dentro de la revolución que hizo y en su gobierno.
Hemos preparado los siguientes puntos de acuerdo, esperando que puedan ser aprobados por los legisladores en este recinto:
"Honorable asamblea: Es del dominio público la lucha heroica que ha llevado a cabo el pueblo cubano, para mantener su derecho a la libre autodeterminación y para adoptar la estructura jurídica, el régimen político y el sistema económico que libremente ha determinado su soberanía popular.
Es ampliamente reconocida la trayectoria de la política exterior de México, que ha normado su conducta internacional sosteniendo este principio fundamental del derecho internacional, junto con otros como el de no intervención, la solución pacífica de las controversias y la prescripción de la amenaza o del uso de la fuerza. Preceptos consagrados ya en la Constitución.
Ha llegado el momento, ante el fin de la guerra fría y la nueva era de distensión y acercamiento de bloques, de extender este ánimo a las relaciones hemisféricas y terminar con el hostigamiento que desde hace más de 30 años ha promovido, implementado y llevado a cabo el gobierno de los Estados Unidos contra la República de Cuba.
Subsiste aún el bloqueo económico, comercial y financiero que Estados Unidos ha impuesto y aplicado contra Cuba, y que le ha ocasionado enormes daños materiales y estructurales, que ha perjudicado severamente a su economía y al nivel de vida de sus habitantes confinados en una isla que obviamente requiere del intercambio internacional para subsistir.
El bloqueo incluye la total prohibición de adquirir alimentos, medicinas, equipamiento médico y toda clase de artículos de origen estadounidense. El embargo se extiende a las sociedades u otras empresas comerciales establecidas en terceros países, para artículos que tengan incorporadas partes o materiales procedentes de Estados Unidos. Abarca también restricciones a la reexportación que se asigna por igual a datos técnicos, a información tangible o intangible, que pueda utilizarse en la concepción, producción o fabricación de productos. Asimismo se aplica a empresas situadas en otros países, controladas o de propiedad así sea minoritaria de sociedades o personas de origen estadounidense. Así como a sociedades y
empresas propietarias de terceros países, si nacionales cubanos participan aunque sea en forma minoritaria en su capacidad social. Y muchas otras restricciones de índole parecida, que tienen incluso un alcance extraterritorial, es decir, fuera de los países en conflicto: Cuba y Estados Unidos.
Agresiones todas incompatibles con la cooperación e integración de América Latina. El bloqueo no es un simple recurso de la relación bilateral, como pretende Estados Unidos. Este procedimiento es contrario a las normas establecidas en la Carta de las Naciones Unidas referida a la cooperación económica internacional.
Es violatoria del derecho internacional al imponer sanciones unilaterales fuera del marco jurídico de los tribunales internacionales que afectan las reglas de la convivencia pacífica entre los pueblos y del Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés), en cuanto al trato no discriminatorio del comercio internacional. En vista de las consideraciones anteriores y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los grupos parlamentarios firmantes, miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, formulan los siguientes puntos de acuerdo:
Primero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, expresa su satisfacción porque ha sido incluido en el temario del XLVI período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el tema relativo al bloqueo económico a Cuba, por parte del gobierno de Estados Unidos, en concordancia con la solicitud hecha en este cuerpo colegiado en su sesión del 11 de septiembre de 1991.
Segundo. Solicita que se comunique a la Secretaría de Relaciones Exteriores el sentir de la Comisión Permanente, con objeto de que la cancillería lo tome en cuenta al realizar las negociaciones pertinentes en el seno de la XLVI Asamblea General de Naciones Unidas para que se levante a la brevedad , el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra la República de Cuba.
Dada en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de octubre de 1991.
Firman: Por el Partido del Trabajo, el diputado Rubén Venadero; por el Partido Popular Socialista, el diputado Jesús Luján; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Enrique Rojas Bernal y la senadora Ifigenia Martínez; por el Partido de Acción Nacional, el diputado Miguel Hernández Labastida; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Roberto Jaramillo Flores y por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Juan Jaime Hernández." Perdón pero por las rúbricas es por lo que no podía yo pronunciar bien. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
No habiendo, consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión esta proposición.
El secretario diputado Miguel Hernández Labastida: - En votación económica se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie. Los que estén porque se deseche, ponerse de pie... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Se turna a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente para que se agregue a sus antecedentes.
Queremos dejar bien claro para los medios de comunicación, que no se está aprobando, que se ésta agregando a sus antecedentes del expediente anterior.
AUDITORIAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Hernández Labastida.
El diputado Miguel Hernández Labastida: - Señores legisladores de la Permanente: Con motivo de las auditorías que se están llevando a cabo la Comisión Federal Electoral y a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, los diputados integrantes del Partido Acción Nacional que han participado en esta Comisión de Vigilancia, desean manifestar, por mi conducto, su posición, por lo que me voy a permitir leer el escrito enviado por el diputado Elías Humberto Ceceña.
La Contaduría Mayor de Hacienda debe concretarse a la investigación científica, contable y determinar en los trabajos que realice, principalmente auditorías a empresas paraestatales, los resultados contables apegados estrictamente a
las leyes, costumbres contables, con el fin de realizar un trabajo mediante el cual los miembros de la Comisión de Vigilancia puedan determinar en un momento dado las graves irregularidades que prevalezcan en una empresa que por mandato de la Cámara de Diputados ordene a esta dependencia de gobierno la realización de trabajos de auditoría, como los que se realizan a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y a sus afiliadas y a la Comisión Federal de Electricidad y no oponerse a esta decisión e incurrir en el ámbito político porque éste es exclusivo de la Cámara de Diputados el concretarse a proporcionar los datos que los diputados miembros de esta comisión soliciten a este cuerpo de contadores.
Se hace esta referencia porque lo único claro que se aprecia en el informe de la Contaduría Mayor de Hacienda del día 22 de agosto, es la determinación real del cargo 1148 que las citadas empresas paraestatales están cobrando a los usuarios este servicio. Se considera que no deben sobreponerse al criterio de varias fracciones parlamentarias que determinaron violaciones a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados acordó que la Contaduría Mayor de Hacienda realizara auditorías completas por los últimos cinco años. Es decir, que abarcaran los aspectos administrativos, contables y financieros a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus afiliadas y a la Comisión Federal de Electricidad.
Estos trabajos los iban a llevar a cabo despachos contables externos, pero lo que se acordó fue que la Contaduría Mayor de Hacienda los realizara.
Posteriormente la diputación de Acción Nacional solicitó a este cuerpo de contadores estados comparativos a los estados de pérdidas y ganancias con sus subcuentas respectivas, que abarcaran los últimos cinco años y esos datos hasta la fecha nunca fueron proporcionados. Posteriormente se solicitó que se nos proporcionara las subcuentas de los rubros y servicios personales, servicios generales e inversión física, que tampoco fueron proporcionados, por lo que consideramos que el cuerpo de contadores de la Contaduría Mayor de Hacienda se ha concretado estrictamente a sus aspectos administrativos, dejando al azar a los financieros contables, que son los más importantes para que nuestro grupo parlamentario esté en actitud de determinar si realmente procede el cargo 1148 de acuerdo con la situación económica de estas empresas y para eso es indispensable que la Contaduría Mayor de Hacienda proporcione la presentada documentación, para poder analizar y determinar en un momento dado si esas empresas paraestatales necesitan para subsistir de ese cargo que desde diciembre de 1990 se ha venido cobrando a los usuarios.
El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional no está de acuerdo con los trabajos de auditoría que se han realizado hasta la fecha por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda, por no apegarse a lo aprobado por la Cámara de Diputados y considera que todo este trabajo desarrollado por la citada dependencia no resuelve la problemática que existe en ese injusto cobro. Más bien se considera que los trabajos que desarrollan los contadores tienen el propósito de convencer de que sí es justo ese cobro, porque así lo informa en el apartado 1H1 del tercer informe de avance de los resultados de auditorías al sector eléctrico, con fecha 22 de agosto de 1991.
Todo lo anterior sigue siendo válido, no obstante el reciente informe y fecha rendido por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en el que se expresa, entre otras cosas: "Si bien los esfuerzos realizados para alcanzar el saneamiento financiero de las empresas del sector, abre nuevas posibilidades para recuperar el ritmo requerido de inversión y mantenimiento de las instalaciones, éstos no se podrán alcanzar plenamente sin una reestructuración a fondo técnica, financiera y administrativa que incluye la constitución de una nueva entidad que sustituye a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la subsidiaria. Un esfuerzo paralelo de productividad y eficiencia, laborales y de una política para la actualización y ajuste con criterio de equidad social de las tarifas por consumo de energía".
Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional continuará vigilando la actuación de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y de la Comisión de Vigilancia de la citada contaduría, con base en el acuerdo del 8 de mayo del año en curso que determinó que dicha Comisión de Vigilancia quedaba integrada por diputados de los diversos grupos parlamentarios, que en esa época integraron la Cámara de Diputados y a efecto de que esa Comisión de Vigilancia estuviera en la Contaduría Mayor de Hacienda para que llevar a cabo una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad a fin de obtener diagnóstico que permita evaluar la estructura financiera del sector eléctrico y de sus entidades, la calidad de los sistemas de controles internos y
externos establecidos y el cumplimiento del sector en sus objetivos institucionales.
Acción Nacional se reserva el derecho de ejercitar en su oportunidad acciones legales que procedan para hacer efectivas las posibles responsabilidades en que incurran los funcionarios involucrados por lenidad, negligencia e irresponsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Independientemente de lo anterior, el Partido Acción Nacional vigilará y estará pendiente de que en ningún caso y por ningún motivo se sustituya el cargo 1148 por gastos de mantenimiento o por un aumento de tarifas, mientras no se demuestre y compruebe satisfactoriamente la necesidad de dicha medida.
México, Distrito Federal, 7 de octubre de 1991. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Rojas Bernal.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - Gracias, señor Presidente; señores legisladores miembros de la Comisión Permanente: El antecedente inmediato de estas auditorías, 36 auditorías que se están realizando por el órgano técnico de la Cámara de Diputados, la Contaduría Mayor de Hacienda, radica en esa denuncia que presentamos en el plenario de la Cámara de Diputados sobre el cobro ilegal del 1148 y, efectivamente, el pleno ordenó a su comité técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda, para que se encargará de realizar estas auditorías como base para dictaminar sobre la cuestión de la industria eléctrica, de manera lateral sobre el 1148.
Evidentemente aquí se presentó una desviación de la intención original, porque en el planteamiento de los partidos que propusimos esta cuestión, fue que se creara una comisión especial para tratar el asunto relativo al 1148. Sin embargo evitando que se abordara directamente este cobro, que a todas luces es injusto, no obedece a criterios definidos y fue impugnado por la mayoría de los ciudadanos que tenemos que cubrirlo de manera obligatoria, sin estar autorizado, sin estar legalmente autorizado dicho cobro 1148.
Pero al derivarse la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, al quedar en manos de la Contaduría Mayor de Hacienda este asunto, se presentó un recurso técnico para alargar cualquier dictamen, para darle la vuelta, para no presentar resultados dentro de esta LIV Legislatura y por eso se determina hacer 36 auditorías en el sector eléctrico.
Considero que no hay mal que por bien no venga, de este caso la comisión de la Cámara de Diputados, de la Contaduría Mayor de Hacienda, tendrá en sus manos los resultados de 36 auditorías y esas 36 auditorías nos van a dar a nosotros el esquema, nos van a mostrar la realidad que priva en la industria eléctrica, y como esto resulta de primera importancia, porque estamos hablando de uno de los sectores energéticos que mayor interés, tienen para el desarrollo económico y para el impulso de nuestra industrialización en el país, tendremos en nuestras manos, al final. una radiografía, un diagnóstico sobre lo que es y las deficiencias que se presentan en el sector energético en la Compañía Federal de Electricidad.
Quizá lo del 1148 vaya a tener un feliz resultado de manera global cuando contemos con esta información, pero ha sido arduo, ha sido difícil poder, incluso, impulsar dentro de la comisión de que estamos hablando, el desarrollo y la presentación de resultados.
Acordamos ahí que se hiciera como mínimo una exposición ante la opinión pública y los medios de comunicación de lo que hasta este momento se lleva logrado en la ruta de trabajo del propio órgano técnico, la Contaduría Mayor de Hacienda.
Y en su momento consideramos dentro de la comisión, que había que exigirle al contador mayor de Hacienda una mayor celeridad, exigirle un desempeño eficaz en la tarea que tiene asignada por el pleno de la Cámara de Diputados y esto, fundamentalmente con el afán de contar a la mayor brevedad con la información que requerimos, con el cumplimiento de una decisión del pleno y, también, para dejar claro ante el propio órgano técnico, que éste depende de la Cámara de Diputados, de que no es autónomo ni tampoco puede estimar el cumplimiento de misiones de acuerdo a un criterio del propio contador mayor, sino que el contador mayor de Hacienda, si la contaduría como un órgano de realización en la investigación de las empresas paraestatales, en las funciones que tiene asignadas debe cumplir con su cometido y debe de cumplir con las disposiciones que le señala el pleno de la Cámara de Diputados.
Tiene significado, porque situamos correctamente el funcionamiento de la Contaduría Mayor, como ese órgano técnico auxiliar de la
Cámara de Diputados, que ha sido una lucha de la LIV Legislatura ir situando las cosas en la realidad de su operatividad; irlas situando también en la disposición política que deben de tener.
Porque en casos como el que nos ocupa, si el órgano técnico de la Cámara de Diputados actúa con criterios que no corresponden en su rapidez y en su eficacia para presentar las auditorías y, la comisión, el objetivo que le señalo el pleno de la Cámara, indudablemente que estamos en presencia de una maniobra política para no presentar no sólo el estado que guarda el sector energético, sino particularmente el de no mostrar ante la opinión pública el significado, la cuantía y el carácter de ese cobro 1148, que ha sido tan impugnado.
Y pienso que es necesario destacar la obligación la obligatoriedad que tiene la Contaduría Mayor de Hacienda de entregarle resultados a la comisión. Y la Comisión de Diputados de presentarlo públicamente ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, porque ésta es una responsabilidad nuestra.
Y esto debe de ser inmediatamente atendido. Que no llegue el día 31 de octubre sin que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados no nos reunamos y no realicemos, de cara a los medios de comunicación y a la ciudadanía, la presentación de resultados, aunque sean parciales, sobre esta investigación que ordenó el pleno de la Cámara. Muchas gracias.
El Presidente: - Se pregunta a los integrantes de la asamblea, si algún legislador desea hacer uso de la palabra.
No habiendo, prosiga la Secretaría.
ORDEN DEL IDA
La secretaria senadora Idolina Moguel Contreras: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la siguiente sesión.
"Comisión Permanente.- Segundo Receso.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día 16 de octubre de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XLVI aniversario luctuoso del general Plutarco Elías Calles, tendrá lugar el 19 de octubre.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXVII aniversario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingán, tendrá lugar 22 de octubre.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Puebla.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Trece con los que se remiten los hojas de servicios de los ciudadanos Eugenio Fernández Strawell, Felipe Velázquez Avilés, Efrén Alberto Pichardo Reyes, José Marcos Santana Gutiérrez, Walfre Flores Romero, Salvador Ignacio Vivar Ferrer, J. Jesús Covarrubias Reyes, Ricardo Villarreal Martínez, Manuel Enrique de Jesús Barredo Sánchez, Francisco Javier Carvalho Soto, Luis Manuel García Delgado, Alfredo Franco Santillán y José Antonio Piedras Guzmán, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano licenciado César Oscar Ocaranza Castañeda, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de Leopoldo, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano licenciado Felipe Camelo Schwarz, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala, en Monterrey, Nuevo León.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Armando Isidro Cruz Carvajal, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Guatemala, en Guadalajara, Jalisco.
Dictámenes a discusión
Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por lo que se ratifican grados militares a los ciudadanos Austreberto Amador Mendieta, Jorge Octavio Rosas Vila, Federico Garibay Iturbe, Joaquín Trauwitz Gómez y José Gabriel Macedo Brito.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Mauricio Agustín Cosío Pérez y Alma Yolanda Ibarra Ávila, para prestar servicios en las embajadas de las repúblicas de: Austria y Socialista Federativa de Yugoslavia, en México, respectivamente.
Y los demás asuntos con los que las Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 16:11 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 16 de octubre a las 11:00 horas.