Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19901129 - Número de Diario 11
(L54A3P1oN011F19901129.xml)Núm. Diario:11ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado RICARDO MONREAL ÁVILA
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D. F., jueves 29 de noviembre de 1990 No. 11
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIONES
Del Congreso del Estado de Veracruz, para asistir a la sesión solemne en la que el ciudadano Dante Delgado Rannauro, gobernador constitucional del estado, rendirá su cuarto informe de gobierno. Se designa comisión.
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir a la ceremonia cívica conmemorativa del XVII aniversario luctuoso del ex presidente de la República Adolfo Ruíz Cortines. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
De la honorable Cámara de Senadores, para notificar sobre la solicitud de comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores. De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Presentada por el diputado Pablo Gómez Alvarez, con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos.
Intervienen los diputados:
José Enrique Rojas Bernal.
Amalia García Medina.
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Presentada por el diputado Jaime García Martínez, con proyecto de decreto por el que se reforma el
artículo 46 de dicho código. Se turna a la Comisión de Justicia.
PROPOSICIONES SOBRE ECOLOGÍA
Presentada por el diputado Salvador Fernández Gavaldón. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores y a la de Derechos Humanos.
PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
Presentada por el diputado Francisco Melo Torres. Se turna a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE YUCATÁN
Presentada por el diputado José González Morfín, sobre el papel del Programa Nacional de Solidaridad en el estado. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Sobre el tema toma la palabra el diputado Carlos Calderón Cecilio.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en su discusión intervienen los diputados:
Pablo Gómez Alvarez para hablar en contra.
Ricardo Monreal Ávila para hablar en pro.
José Enríquez Rosado para hablar en contra.
Oscar Villalobos Chávez.
Pablo Gómez Alvarez para contestar alusiones personales.
Oscar Villalobos Chávez para contestar alusiones personales.
José Enríquez Rosado para rectificar hechos.
Oscar Ramírez Ayala para hablar en contra del dictamen.
Javier Bonilla Chávez para hablar en pro.
Noé Aguilar Tinajero para razonar su voto.
Gilberto Ortíz Medina para razonar su voto.
Se aprueba el dictamen en sus términos.
ELECCIÓN DEL CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
Votación. Resultados.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, correspondiente al ejercicio fiscal 1989.
ACUERDO
Para regular la discusión del dictamen sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1989.
En la discusión intervienen los diputados:
Elina Coral Castilla, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
José Pelayo Lepe.
Vicente Coca Alvarez.
Para hablar sobre la propuesta presentada por el diputado Vicente Coca Alvarez intervienen los diputados:
Francisco Melo Torres para hablar en pro.
Humberto Roque Villanueva para hablar en contra.
Vicente Coca Alvarez para contestar alusiones personales.
Se desecha la propuesta.
Continúan la discusión sobre el dictamen los diputados:
José Marín Rebollo.
Ciro Mayén Mayén.
Astolfo Vicencio Tovar.
Ramiro Hernández García.
En el segundo turno de oradores intervienen los diputados:
Armando Duarte Móller.
Juan Jaime Hernández.
Jaime Castrejón Díez.
Jaime Aviña Zepeda.
Enrique Martínez Hinojosa.
Javier Culebro Siles.
Manuel López Zorrilla.
Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
Se da lectura a la fe de erratas del dictamen. Se le dispensa la segunda lectura.
Intervienen los diputados:
Patricia Garduño Morales.
José Enrique Félix.
Alberto Bernal González
Nelson Madrigal Gómez.
Carlos Vega Memije.
Se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
Votación. Se da lectura a los resultados.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RICARDO MONREAL ÁVILA
(Asistencia de doscientos setenta y ocho diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, hay una asistencia de 278 diputados. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.23 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Se va a dar lectura al orden del día.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Tercer año. - LVI Legislatura.
Orden del día
29 de noviembre de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Congreso del Estado de Veracruz, invita a la sesión solemne en la que el licenciado Dante Delgado Rannauro, gobernador constitucional del estado, rendirá el IV Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 30 de noviembre.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XVII aniversario
luctuoso del ex presidente de la República, don Adolfo Ruíz Cortines, tendrá lugar el 3 de diciembre.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Iniciativas de diputados
Del diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Únicos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos de los artículos 2o., 5o., y 10, fracción IX, inciso a, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
De la Comisión del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
Elección de la mesa directiva.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre ecología, para integrar a los derechos humanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el pacto.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Mérida.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Período Ordinario de sesiones del Tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Gonzalo Martínez Corbalá
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y seis minutos del día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día de sesión y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que se encuentra a las puertas del recinto el ciudadano Prisciliano Melendres Barrios, diputado suplente por el segundo distrito electoral del estado de Sonora y designa a una comisión para que lo introduzcan en el salón y lo acompañen en el acto de rendir su protesta de ley como diputado federal. Cumplido el acto de protocolo, el diputado Melendres Barrios entra en funciones de inmediato.
Se concede el uso de la palabra al diputado Ramiro Pedroza Torres, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas constitucionales en materia de educación. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Manuel Ponce González, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley del Seguro Social. Se turna a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.
El Presidente informa que a las puertas del salón se encuentra una comisión de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y designa una comisión para que los introduzca en el salón de sesiones.
Se concede el uso de la palabra al representante Onosandro Trejo Cerda, quien informa de la instalación de la Asamblea de Representantes para su período ordinario de sesiones. El Presidente
agradece la visita y envía saludo a los miembros de dicha asamblea.
Presidencia del diputado Ricardo Monreal Ávila
La secretaría da cuenta con diversos oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que se remiten los informes de labores del Departamentos del Distrito Federal y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondientes al período mil novecientos ochenta y nueve mil novecientos noventa. Se turnan a las comisiones correspondientes.
Se da primera lectura a un dictamen de la Comisión del Distrito Federal, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve.
La Presidencia informa que el dictamen con que se dio cuenta, ha sido impreso y distribuido entre todos los diputados, por lo que consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura.
Desde su curul, el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, solicita que se aplique el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que el dictamen se lea íntegramente.
Por instrucciones de la presidencia, se consulta a la asamblea, misma que da su anuencia y se dispensa la primera lectura.
De la misma manera se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos ochenta y nueve
Se da cuenta con un dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para los efectos de los artículos segundo, quinto y décimo fracción novena, inciso a, de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Presidencia del diputado Gonzalo Martínez Corbalá
Se concede el uso de la palabra al diputado Liborio Pérez Elorriaga, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa para que se declare heroica a la Escuela Militar de Aviación y su nombre se inscriba con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para fundamentar las posiciones de sus partidos y hacer comentarios respecto a las elecciones locales del estado de Yucatán, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Melo Torres y Pablo Ávalos Castro, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Nicolás Salazar Ramírez; Pablo Ávalos Castro, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos y Nicolás Salazar Ramírez, para rectificar hechos.
Para denunciar la violencia de autoridades y ciudadanos en contra de trabajadores migratorios mexicanos, en la frontera con los Estados Unidos de América, hacen uso de la palabra los diputados Alfredo Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien hace una proposición que se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Asuntos Fronterizos; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien también hace una proposición que se turna a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas y Víctor Hugo Celaya Celaya, del Partido Revolucionario Institucional.
Se concede el uso de la palabra al diputado Darvin González Ballina, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia lo que llamó violación a los derechos laborales a trabajadores del estado de Tabasco. Para rectificar hechos, sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Rosario Torres, del Partido Revolucionario Institucional.
Sube a la tribuna el diputado César Coll Carabias, del Partido Acción Nacional, quien denuncia la aplicación de tarifas eléctricas al municipio de Tepatitlán, Jalisco.
Presidencia del diputado Ricardo Monreal Ávila
Para expresar sus opiniones y denunciar hechos relacionados con el accidente de la planta de Petróleos Mexicanos en San Juan Ixhuatepec. México, hacen uso de la palabra los diputados Mario Rojas Alba, del Partido de la Revolución Democrática; Ruth Olvera Nieto, del Partido Acción Nacional; Enrique Riva Palacio, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Gonzalo Martínez Corbalá
Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Reynaldo Rosas Domínguez, del mismo partido, para rectificar hechos; Aquiles López Sosa, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Mario Rojas Alba, del Partido de la
Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Alfredo Monsreal Walkinshaw, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos; Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Vicente Luis Coca Alvarez, del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone la comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y de Petróleos Mexicanos.
Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el diputado Coca Alvarez renuncia al trámite de dicho artículo, por lo que su proposición se turna a las comisiones de Energéticos, de Ecología y Medio Ambiente.
Para denunciar hechos relacionados con las elecciones locales del estado de Yucatán, se concede el uso de la palabra al diputado Jorge Martínez y Almaraz, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia de la diputada Claudia Esqueda Llanes
Para expresar sus opiniones y rectificar hechos sobre las mismas elecciones, hacen uso de la palabra los diputados Abel Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional; Eric Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde su curul, el diputado Artemio Iglesias Miramontes, reclama la atención de los diputados que abandonan sus curules cuando los oradores del Partido Revolucionario Institucional hacen uso de la palabra.
Continúan el debate los diputados Rodolfo Elizondo Torres, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos, y Noé Peniche Patrón, del Partido Revolucionario Institucional, también para rectificar hechos.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da cuenta con los oficios de los diputados Odón Madariaga Cruz y Jorge Gómez Villarreal, quien informa que dan por concluidas las licencias que habían solicitado y se reincorporan a sus labores como diputados federales. De enterado.
Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciséis horas con cuarenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo jueves veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada el acta, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la secretaría.
INVITACIONES
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Ciudadano Presidente. - Honorable Cámara de Diputados. - México, Distrito Federal.
La honorable Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz Llave, invita a usted a la sesión solemne en la que rendirá el cuarto informe de gobierno el gobernador del estado Dante Delgado Rannauro, el día viernes treinta de noviembre a las once horas en el teatro del estado, "Ignacio de la Llave", declarado recinto oficial.
Jalapa, Veracruz. - mil novecientos noventa.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Fernando Córdoba Lobo, Graciela Patricia Gómez de Ibarra, Marco Antonio Castellanos López, Américo Flores Nava, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Mario Armando Riojas Almanza, Manuel López Zorrilla y Fernando Palacios Vela.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado ingeniero Gonzalo Martínez Corbalá, Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XVII aniversario luctuoso del ex Presidente de la República, don Adolfo Ruíz Cortines, que tendrá lugar el próximo lunes 3 de diciembre, a las 11.00 horas, frente a la tumba que guarda sus restos, junto al lote de las Águilas Caídas en el Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus
respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 21 de noviembre de 1990. - El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Rodolfo Duarte Rivas y Jaime Fernández Sánchez.
COMUNICACIÓN
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:
«Escudo Nacional. - Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que, en sesión celebrada de hoy, se acordó, con base en el artículo 93 de la Constitución General de la República y 53 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitar al ciudadano Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, la comparecencia del ciudadano licenciado Fernando Solana Morales, Secretario de Relaciones Exteriores, a la sesión del próximo 4 de diciembre, para ampliar la información que los ciudadanos senadores le requieran con relación a la política internacional del gobierno de la República, así como al conjunto de hechos que caracterizan la actual situación internacional.
Al mismo tiempo nos permitimos extenderle cordial invitación con el ruego de designar una comisión de ciudadanos diputados que asista a dicha sesión.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, 27 de noviembre de 1990. - Senadores secretarios Bulmaro Pacheco Moreno y Gustavo Almaraz Montaño.»
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente: - Entramos al capítulo de iniciativas de diputados.
Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a varios artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señoras diputadas, señores diputados:
"Proyecto de reformas a los artículos 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. Presentación de motivos
La libertad de culto
Garantizado en el artículo 24 de la Constitución el derecho de todo individuo de profesar libremente cualquier creencia religiosa y de practicar el culto que a ésta corresponda, podría decirse que en México tiene vigencia la libertad religiosa. Sin embargo, esta afirmación sería parcial.
Superada en 1857 la existencia de una religión de Estado y proclamada en 1859 - 1860, mediante las Leyes de Reforma, la libertad de conciencia, México ingresó formalmente en el camino del reconocimiento de que todo individuo puede libremente profesar la creencia religiosa que más le agrade. En ello va implícito también el derecho de no profesar religión alguna.
El Constituyente de 1916 - 1917 estableció este principio con absoluta claridad, sin embargo impuso limitaciones a la libertad religiosa. Así, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución, el culto religioso solamente puede llevarse a cabo en los domicilios particulares y en los templos; el de carácter público solamente en estos últimos.
De esta manera, ha quedado prohibido el llamado culto externo. Esta limitación contrasta con el derecho de manifestación con cualquier objeto lícito, que la Constitución concede en el artículo 9o., con la única prevención de que sólo los mexicanos podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país y siempre sin armas.
Durante los años que nos separan de la promulgación del texto constitucional de Querétaro, en todo el país se han producido actos de culto externo que no han sido prohibidos por la autoridad. Esta situación crea una relación en la que las iglesias actúan sin acatar la Constitución y la autoridad, que está obligada a cumplirla y hacerla cumplir, transgrede su propio compromiso legal.
El culto religioso es una actividad de carácter eminentemente social. No se trata sólo de la expresión de una garantía individual, sino del ejercicio de un derecho de la sociedad. Es decir, el culto requiere el espacio público y la participación social para lograr su realización.
Constreñir el culto público a los templos es injustificado a la luz de la garantía constitucional de reunión que no debería tener más límite que la de realizarse en forma pacífica y sin que tenga por objeto la comisión de algún delito. Y es también insostenible desde el punto de vista de una práctica generalizada, que ha sido hasta ahora tolerada por la autoridad y que no afecta en absoluto los derechos de terceros.
La propiedad de las corporaciones eclesiales y la personalidad jurídica de las iglesias
El artículo 27 de la Constitución, en su fracción II, prohibe a las iglesias adquirir, poseer o administrar bienes raíces y capitales impuestos sobre ellos. Al mismo tiempo, la Constitución proclama que todos los templos son propiedad de la nación representada por el gobierno federal.
No es difícil encontrar la consecuencia de estas disposiciones con la lucha llevada a cabo, durante gran parte del Siglo XIX, contra la inmensa propiedad territorial de la Iglesia católica en México. El Constituyente de 1917 llevó sin embargo el espíritu de las Leyes de Reforma, hasta el grado de despojar al clero de toda posesión y dominio sobre cualquier clase de inmuebles.
Analizando en términos contemporáneos, los templos se encuentran protegidos por el Estado, pero una gran cantidad de instalaciones de uso más o menos restringido por parte de las iglesias tienen jurídicamente el mismo status que los templos, a pesar de que se destinan a usos variados y no guardan directa relación con el culto público.
Las iglesias han recurrido a la formación de entidades con personalidad jurídica, con el propósito de lograr la adquisición y posesión de numerosos inmuebles que, estrictamente, tendrían que ser declarados propiedad Nacional mediante un procedimiento en el que se concede acción popular para presentar denuncia, la que con la simple prueba de presunción sería bastante para declararla fundada, según expresa el artículo 27 de la Constitución.
Pero además, el texto de Querétaro manda poner los inmuebles destinados a administración, propaganda o enseñanza del culto, bajo el domicilio directo de la nación para destinarse exclusivamente a los servicios públicos federales o de los estados.
Cualquier persona medianamente informada de las actividades religiosas en nuestro país podría coincidir en que estas disposiciones constitucionales han estado sin aplicación durante muchas décadas. Se trata, como se puede observar, de una especie de convención a través de la cual la autoridad incumple la Constitución, pues en esta materia se considera inaplicable cuando no exagerada, inconveniente o injusta.
Carece de sentido obligar a las instituciones eclesiales a actuar en forma subrepticia y administrar de la manera más oscura bienes que proceden de la sociedad.
Sin duda, la ley debe proteger la propiedad de la nación, pero ésta tiene que ser legítima, al igual que los bienes en propiedad privada. Las instalaciones eclesiásticas destinadas a la administración y la enseñanza no tienen por qué ser de propiedad nacional, ya que éstas pueden cambiar de lugar sin afectar a los creyentes, como podría ocurrir en el caso de los templos.
En nuestro tiempo, las limitaciones para poseer inmuebles no se aplican solamente a la Iglesia, sino a otras entidades que cuentan con personalidad jurídica, pero siempre con objeto de impedir la concentración de la tierra. Así, por ejemplo, las sociedades por acciones no tienen capacidad para poseer tierras agrícolas y los bancos no pueden ser propietarios de inmuebles más que de aquellos necesarios para sus propósitos específicos. Por ello, la situación de las corporaciones eclesiásticas en materia de propiedad inmobiliaria no sería más que parte del régimen general.
La cuestión se ubica entonces en el postulado constitucional que despoja a las iglesias de personalidad jurídica, instituido en el artículo 130.
El establecimiento del registro civil como única institución válida en la materia no está sujeto a discusión en el México contemporáneo. La plena separación de la Iglesia y el Estado es un hecho histórico que no requiere suspender derechos a
quienes se dedican profesionalmente al culto; es decir, a los sacerdotes de cualesquier religión.
En realidad, el problema actual es el de conferir a las corporaciones eclesiales, como tales, un lugar dentro de la ley, que las obligue, lo mismo que a respetar el marco jurídico que norme sus actividades.
Los derechos de los sacerdotes y el carácter no partidista de las corporaciones eclesiales
Los sacerdotes mexicanos son ciudadanos con derechos suspendidos durante el tiempo en que se dediquen a esa profesión. Es decir, existe una discriminación constitucional con motivo de la actividad profesional, lo cual es violatorio a los derechos humanos.
La capacidad del Estado de regular el ejercicio profesional está fuera de toda duda, desde el punto de vista de las leyes nacionales e internacionales. El régimen jurídico al que deban sujetarse las corporaciones eclesiales es de la exclusiva competencia estatal, como es reconocido en casi todos los países del mundo. Por tanto, es obligación del legislador examinar la situación que guardan las agrupaciones religiosas, después de más de 70 años de vigencia del artículo 130 de la Constitución General.
En especial, la prohibición de que los sacerdotes hagan crítica, en reunión pública o privada, de las leyes fundamentales, de las autoridades o del gobierno y que voten y se asocien para realizar actividades políticas, no solamente viola los derechos humanos, sino que resulta unilateral, ya que los ministros de los cultos tienen la libertad de criticar a los partidos políticos, pero no al gobierno, y pueden externar sus opiniones de cualquier carácter en declaraciones periodísticas o a través de medios de comunicación electrónicos sin encontrarse estrictamente en situación de violar la Constitución y la ley.
Ahora bien, el mayor problema político del momento actual, en cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, es que éstas se desarrollen exclusivamente entre el gobierno federal y la alta jerarquía católica, sin la intervención de otras entidades de gobierno y de la misma estructura eclesiástica, lo que redundaría, en el esquema antidemocrático y estrictamente "cúpular". Por ello, el legislador está obligado a abrir el campo de las relaciones Iglesia - Estado, precisando con entera claridad un amplio régimen jurídico.
El objetivo sería crear las condiciones para que las corporaciones eclesiales asumieran un compromiso con la democracia y con la nación. Se requiere el reconocimiento de que las preferencias políticas de los ciudadanos no tienen por qué entrar en contradicción con los mandamientos de la iglesia. Por tanto las corporaciones religiosas no deben ejercer su poder espiritual en la lucha entre partidos por la simple razón de que fieles de las diversas iglesias toman parte en unas y otras formaciones políticas. Dicho en otros términos, la iglesia, que está integrada por todos los creyentes de una misma religión no debe actuar en favor de unos y en contra de otros, lo que puede ocurrir y de hecho ocurre cuando las jerarquías eclesiales asumen institucionalmente posiciones políticas partidistas. Los sacerdotes, en cambio, como ciudadanos de la República deben tener, desde el punto de vista de la ley civil, todos sus derechos asegurados.
Es cada día más necesario que se llegue a una situación de reconocimiento pleno de que, de la misma forma en que el Estado no es instancia para implantar las normas y procedimientos internos de las iglesias, éstos no pueden aspirar a regir las leyes y decisiones estatales.
II. Contenido de los cambios que se proponen
Con la presente iniciativa se busca reformar el artículo 24 de Constitución con el propósito de eliminar el texto que restringe el culto a los domicilios particulares y a los templos y lo prohibe en todo otro lugar. Con ello, se legalizaría una práctica cada vez más frecuente en el país y se garantizaría una completa libertad para el desarrollo del culto religioso.
Se propone reformar también la fracción II del artículo 27 de la Constitución con el propósito de permitir que las corporaciones eclesiales puedan adquirir bienes exclusivamente para su uso directo, con excepción de los templos destinados al culto público que seguirían siendo propiedad de la nación. Asimismo, para impedir que las corporaciones eclesiales pudieran convertirse en factores de poder económico con recursos provenientes de los fieles, se propone prohibir que éstas adquieran empresas con fines de lucro y, en general, partes sociales de las mismas.
En esa misma fracción, se eliminarían las referencias circunstanciales que fueron producto de condiciones particulares en el Constituyente de 1916, especialmente la decisión de asignar a la nación, representada precisamente por el gobierno federal, el dominio sobre los templos y todas las demás instalaciones en poder del clero católico. En este mismo sentido se encuentra la propuesta de derogar el párrafo decimosexto del artículo 130 de la Constitución, que señala el
uso de las reglas del artículo 27 de la misma para la adquisición, por parte de particulares, de los bienes del clero.
Con el propósito de evitar cualquier reclamación sobre los bienes de origen eclesiástico que pasaron a ser propiedad de la nación, se incluye un transitorio tercero que expresamente lo impediría. Con ello, las agrupaciones eclesiales podrían adquirir bienes inmuebles para sus actividades administrativas y educativas a partir de la aprobación del decreto de reformas constitucionales, pero no sería posible en forma alguna reclamar la devolución de los bienes que poseyeron en otras épocas.
Las reformas propuestas al artículo 130 de la Constitución reformulan el primer párrafo con el propósito de conceder a la Federación solamente la capacidad para legislar en la materia, abriendo así la posibilidad de que la ley, expedida por el Congreso de la Unión, asigne responsabilidades y facultades a los estados y a los municipios, dejando de lado el centralismo en la administración de la Ley de Cultos que hasta ahora ha estado vigente. En este mismo sentido, se plantea reformular el párrafo décimo que actualmente otorga a la Secretaría de Gobernación la facultad de conceder los permisos para la apertura de los templos. Además, se propone la derogación del párrafo undécimo que define una serie de requisitos para la apertura y funcionamiento de los templos, por considerar que el tema debe ser abordado en la ley.
La propuesta de derogar el párrafo sexto del artículo 130 constitucional busca que las agrupaciones religiosas, es decir, las iglesias deban contar con la personalidad jurídica que les permita actuar dentro del sistema legal mexicano en la forma y con las condiciones que libremente decidan, pero dentro del marco de la Constitución y la ley. En especial, esta propuesta tiene como objetivo que las corporaciones eclesiales gocen del derecho de poseer legalmente determinados bienes raíces, excepto los templos de culto público, y todo tipo de bienes, para garantizar la realización completa de sus actividades, bajo el régimen jurídico del derecho común, lo que incluye la aplicación de las leyes fiscales.
La propuesta de derogación del párrafo séptimo del artículo 130 constitucional obedece a que se considera que la definición del número máximo de ministros de culto en cada estado corresponde a una decisión de las corporaciones eclesiales y de los fieles, sin que en ello deba intervenir la autoridad. Basta con que se mantenga el párrafo octavo del mismo artículo, que señala la obligación de poseer la nacionalidad mexicana por nacimiento para ejercer el ministerio de cualquier culto, para que se garantice el carácter nacional del clero de las diversas religiones.
La reforma propuesta al párrafo noveno del artículo 130 de la Constitución tiene dos aspectos principales: Por una parte, se mantiene la prohibición de que los sacerdotes utilicen el culto y, por tanto, los templos, para realizar actividades políticas. Se busca con ello garantizar la libertad política de los ciudadanos que profesan cualquier religión e intervengan en los actos de culto, mediante la separación forzosa de las ceremonias religiosas y el uso de los templos, de toda actividad política. Por la otra, se concede la plena libertad de expresión y de voto activo a los ministros de los cultos, como ciudadanos de la República, que hasta ahora ha sido restringida por el texto vigente.
La prohibición del voto pasivo (ser elegido) para los sacerdotes queda en vigor con las prevenciones señaladas en los artículos 55, fracción VI, 58 y 82, fracción VI, de la Constitución general y las disposiciones que en ese mismo sentido existen en las constituciones de los estados.
Se considera que las demás prevenciones del artículo 130 de la Constitución no afectan los derechos de los sacerdotes ni la libertad de asociación con fines religiosos y del culto.
Por las razones antes expuestas y de conformidad con la fracción II del artículo 71 de la Constitución, se presenta la siguiente
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 24, 27 Y 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
III. Proyecto de decreto
Artículo primero. Se reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue en un solo párrafo:
Artículo 24. Todo individuo es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade y para practicar las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Artículo segundo. Se reforma la fracción II del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue en un solo párrafo:
Artículo 27.
I.
II. Las asociaciones religiosas denominadas iglesias, cualquiera que sea su credo, no podrán tener capacidad para adquirir, poseer o administrar bienes raíces, ni capitales impuestos sobre ellos, excepto aquellos que requieran directamente para sus actividades de carácter administrativo y de educación religiosa. Tampoco podrán poseer empresas lucrativas ni partes sociales de las mismas, cualquiera que sea su naturaleza. Los templos destinados al culto público siempre serán de la propiedad de la nación, en los términos que señale la ley y para la exclusiva realización de las actividades religiosas.
Artículo tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 130. Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de cultos y agrupaciones religiosas. Los gobiernos federal, de los estados y de los municipios tendrán las facultades y responsabilidades que determine la ley.
Artículo cuarto. Se derogan los párrafos quinto y séptimo del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo quinto. Se reforma el párrafo noveno de artículo 130 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 130.
(Párrafos uno al octavo...)
Los ministros de los cultos nunca podrán, en actos religiosos de cualquier tipo, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las instituciones y partidos políticos de cualquier género, de las autoridades en particular y del gobierno en general. La ley determinará lo necesario para el cumplimiento de este precepto, con el propósito de garantizar la libertad política de los creyentes.
Artículo sexto. Se reforma el párrafo décimo del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que dar como sigue:
Artículo 130.
La ley determinará las condiciones para proveer la autorización de apertura de templos al culto público, así como las obligaciones de sus encargados.
Artículo séptimo. Se deroga el párrafo undécimo del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo octavo. Se deroga el párrafo decimosexto del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
TRANSITORIOS
Primero. Mientras el Congreso de la Unión expide la nueva legislación secundaria en materia de cultos y agrupaciones religiosas, la Ley de Cultos del 18 de enero de 1927 se mantendrá en vigor, excepto lo que se oponga o exceda al texto constitucional.
Segundo. Los templos y demás bienes muebles e inmuebles que pasaron a propiedad y dominio de la nación, mediante la aplicación de la fracción II del artículo 27 de la Constitución, mantendrán inalterable su actual situación jurídica.
Tercero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo, Distrito Federal, a 29 de noviembre de 1990. - Rúbricas.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
¿Dígame, diputado?
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Para hechos, pido la palabra.
El Presidente: - Pase a la tribuna, cinco minutos, diputado Rojas. Es para rectificación de hechos. Mire, diputado, déjeme aclararle nada más una cosa antes de que usted tome la tribuna: Estamos en el capítulo de iniciativas, estrictamente hablando no hay rectificación de hechos, es una iniciativa lo que acaba de leer el diputado Pablo Gómez.
El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Yo pedí la palabra, señor Presidente, para hechos, no para rectificación de hechos.
El Presidente: - No hay hechos. Lo que usted menciona no lo hay en el reglamento. Tiene usted cinco minutos para intervenir.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - Me concedió el uso de la palabra estando yo en mi asiento, señor Presidente. Gracias, señor Presidente; señores diputados: El objeto de esta intervención es con el fin de dejar constancia ante esta Cámara de Diputados y ante la opinión pública nacional, de que esta iniciativa de reformas a los artículos 24, 27 y 130, que acaba de ser presentada por una fracción minoritaria de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, no recoge ni representa el criterio de la mayoría de la diputación del Partido de la Revolución Democrática. (Aplausos.)
Al compañero Pablo Gómez se le ha olvidado la historia de México y se le ha olvidado lo que significó en la lucha del pueblo mexicano, el obtener los derechos que hoy están consagrados en la Constitución de la República. Pero no sólo sufre de mala memoria sino también adolece de falta de reflexión y de capacidad para sujetarse a las decisiones de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. (Aplausos.)
Piensa el compañero diputado Pablo Gómez, que la diputación obedece a una individualidad...
El Presidente: - Permítame, diputado; hay una moción de orden. Diputado Rojas, Permítame. le ruego que use el micrófono, porque si no, no lo voy a escuchar.
El diputado Rodolfo Ruíz Pérez (desde su curul): - La moción de orden, compañeros diputados, señor Presidente, es en el sentido de que no se ha abierto el tema a discusión.
El Presidente: - Así es, no está a discusión; es una iniciativa, se le dio turno ya.
El diputado José Enrique Rojas Bernal: - El compañero diputado Pablo Gómez, perdió no sólo la memoria, sino la brújula histórica, porque ahora pretende pasar bajo cuerda y sin la aprobación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, una iniciativa que va contra la historia del país, contra la Constitución General de la República y contra el verdadero avance de un Estado y una iglesia verdaderamente separados y cada uno en su función.
Se le olvida compañero Pablo Gómez, que si hay un partido estructurado de manera clásica y vertical, ese se llama la iglesia y ha actuado siempre en la historia de México y en la historia de muchos países. Ahora mismo en Polonia, en contra del movimiento popular, en contra de la independencia, de la soberanía de sus países.
Por eso, dejamos constancia aquí que estamos en absoluto desacuerdo con esa iniciativa que aquí ha sido presentada y que la rebatiremos en comisiones, y argumentaciones en contra y la echaremos abajo. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime García Martínez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Diputada Amalia García, atentamente le recuerdo a usted que estamos en el capítulo de iniciativas; en realidad no ha sido abierto a discusión.
(Voces.)
Silencio, silencio en la sala. Para alusiones personales estrictamente si quiere hacer uso de la palabra el diputado Pablo Gómez, puede hacerlo. Posteriormente, para alusiones personales tendría que contestar el diputado Gómez. Al término del capítulo de iniciativas con mucho gusto le daré el uso de la palabra.
(Desorden.)
Les ruego a ustedes atentamente me permitan escuchar a la diputada Amalia García... Diputado, a gritos no nos entendemos, ¿quiere ser tan amable de abstenerse de gritar?... Sí, ya lo pedí, yo soy quien lo pido, no usted. Ahora la escucho, diputada. Favor de guardar silencio.
La diputada Amalia García Medina: - Señor Presidente, estoy solicitando la palabra porque no solamente fui firmante de la iniciativa, sino que hubo una alusión al grupo de diputados que la firmamos. En ese sentido solicito por tres minutos la palabra.
El Presidente: - Pase, para alusiones personales diputada Amalia García. Si me permiten escuchar nos entendemos; de otra manera no podremos entendernos. Gracias.
La diputada Amalia García Medina: - Compañeras y compañeros diputados; señor Presidente: Efectivamente éste es un debate fundamental que atraviesa a los partidos políticos igual que atraviesa a la sociedad. Por eso lo que corresponde y lo que nos hemos propuesto con esta iniciativa es sacar de debajo de la mesa, de donde están estas prácticas que se realizan, a la luz pública, para que las relaciones que se dan en la sociedad y entre el Estado y la iglesia sean transparentes y para que estén claramente reglamentadas. (Aplausos.)
Lo que proponemos con esta iniciativa es que se inicie un debate y que efectivamente no
puede ser un asunto partidario; en los partidos políticos, los miembros de los mismos podemos tener diversos puntos de vista, pero este tema rebasa a las organizaciones políticas y por eso consideramos que tanto en el Congreso de la Unión, es decir, en esa Cámara de diputados, en la de Senadores y en nuestro país, debemos discutir esto abiertamente. Como ya se señaló en el texto que presenta la iniciativa, hay prácticas, hechos que no están en la Constitución y que en todo caso deberían discutirse abiertamente, reglamentarse y reconocer derechos fundamentales que son derechos humanos y universales y deberán quedar en nuestras reglamentaciones, en nuestra legislación y en la Constitución; a lo que llamamos es a un debate nacional, no es un debate partidista; es un debate que atraviesa el país y creemos que hay que hacerlo con toda responsabilidad y atendiendo a la lucha que hemos emprendido millones de mexicanos por crear una República democrática. Muchas Gracias. (Aplausos.)
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - Ya está dado el turno, tiene la palabra el diputado Jaime García Martínez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
El diputado Jaime García Martínez: - Señor Presidente, compañeras diputadas y diputados:
Los suscritos, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 73, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de reformas, que adiciona al artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, un párrafo segundo.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los principios consagrados en nuestra Constitución en relación con la justicia, es el de que ésta debe ser gratuita. La justicia debe ser administrada, dice el artículo 17 de la Carta Magna, por tribunales que estarán expeditos para impedirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio, agrega el precepto, será gratuito, quedando en consecuencia, prohibidos los costos judiciales.
En este campo sin embargo, como en tantos otros, la realidad social dista por desgracia de compaginarse completa y cabalmente con la intención legislativa; en la práctica, la justicia cuesta y con frecuencia cuesta mucho. Litigar en México, nadie puede negarlo, es una empresa que requiere de una liquidez más o menos constante.
Todo cuesta; los profesionistas y asesores que viven de su trabajo, cobran honorarios, pero además, ir de un tribunal a otro, pagar vehículos, estacionamientos, ayudantes, gratificar empleados de sueldos bajísimos, pagar peritos, cubrir gastos de exhortos y diligencias y otros gastos más o menos justificables, hacen que sólo se aventure por los vericuetos de la justicia mexicana a quien no tiene otro remedio o quien cuenta con un respaldo económico para hacerlo. Todo esto, sin mencionar los grandes sobornos o mordidas que si no son frecuentes, se dan a veces.
Uno solo de estos renglones de gastos, que quienes se ven involucrados en juicios civiles tienen que efectuar, es el de los poderes notariales que otorgan a sus abogados.
El simple otorgamiento de un poder para pleitos y cobranzas, en México, Distrito Federal, es cobrado por las notarías en montos que alcanzan, según las pretensiones y los apellidos del notario, cifras de varios cientos de miles de pesos.
Es cierto, por otra parte, que el poder no es indispensable para un litigio civil, familiar o de arrendamiento y que escritos, promociones y actas, pueden ser firmadas por el mismo interesado, lo que sucede es que casi siempre, el tiempo de ir y venir, las esperas, lo dilatado de los trámites, hacen más práctico que sea un profesional el que lleve a cabo todas esas actuaciones en nombre de su patrocinado, pero esto, como se ha dicho cuesta dinero.
Por tanto, proponemos que como ya existe en códigos de algunos estados de la República, también nuestro Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, consagre la figura del abogado patrono con facultades de actuar judicialmente en nombre y beneficio de su representado, con excepción de los actos que están reservados en forma personalísima, como absolver posiciones, aceptar un cargo o algún otro similar.
Por supuesto, sabemos que un profesionista designado abogado patrono en estas condiciones, tendrá un verdadero mandato específico para el juicio en que se le otorgó y por tanto, todas las responsabilidades inherentes a un mandatario, que tendrá que ser necesariamente un profesionista
reconocido por la ley y por tanto, contar con cédula profesional.
Por lo expuesto y fundado, ponemos a consideración de esta honorable Cámara, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se adiciona el artículo 46 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para que quede redactado como sigue:
Artículo 46
Primer párrafo: No sufre modificaciones:
Las personas que sean parte de un juicio, pueden si así lo desean, designar para que las represente, a uno o varios abogados patronos que por esa designación, actuarán como mandatarios con facultades para pleitos y cobranzas, por lo que podrán firmar escritos y promociones y compadecer a audiencias y diligencias, recibir notificaciones y en general actuar en nombre y beneficio de quien los designó; para actuar con este carácter, se requiere tener cédula profesional, expedida por la dirección general de profesiones.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Único. El presente decreto, entrará en vigor a los cinco días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 29 días del mes de noviembre de 1990.
Diputado Bernardo Bátiz Vázquez, Jaime García Martínez, María del Carmen Segura Rangel y Gaudencio Vera Vera.>
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Justicia.
SOBRE PROPOSICIONES
SOBRE ECOLOGÍA
El Presidente: - En el capítulo de proposiciones, tiene la palabra el diputado Salvador Fernández Gavaldón, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre ecología, para integrar a los derechos humanos.
El diputado Salvador Fernández Gavaldón: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a esta honorable Cámara , la presente proposición:
Que esta Cámara solicite, por los conductos debidos, sea incorporado a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho de disfrutar de un ambiente sano.
Apoyamos nuestra proposición en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El hombre, por el derecho de haber nacido, tiene ya todos los derechos y deberes partiendo del fundamento de la igual dignidad de los seres humanos.
La sociedad humana es posible, porque fundamenta su razón de ser en nuestros derechos y deberes.
Para que la sociedad exista, es necesario que se base en valores, que se acepten como tales.
Dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, en uno de los considerados: "Los pueblos de las naciones unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad".
Se afirma en los Principios de Doctrina del Partido Acción Nacional: "La persona tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle un conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino.
A partir de la Segunda Guerra Mundial a nivel internacional, la crisis ambiental se ha incrementado; es silenciosa, grave y muchas veces irreversible.
Ha habido grandes cambios meteorológicos y atmosféricos que van desde daños a la salud hasta el posible sumergimiento de las tierras bajas. El recalentamiento de la Tierra no sólo es una realidad presente, sino que se espera que la temperatura del planeta aumente considerablemente el próximo siglo.
Los mares crecerán seis centímetros por década después del año 2000. La contaminación del aire,
de los mares, de los ríos, el ataque despiadado a los bosques, han provocado problemas internacionales.
Las selvas tropicales cubrían originalmente el 7% de la superficie del planeta, vivían en ella más de la mitad de las especies animales y vegetales conocidas, constituyendo así, el mayor tesoro de recursos naturales existentes; sin embargo, a partir de 1940, se han destruido en el mundo más de las dos terceras partes de estos ecosistemas.
El deterioro ambiental es el resultado de la explotación que de los recursos naturales han hecho durante los últimos siglos los sistemas económicos provocando el empobrecimiento de la población de los países del tercer mundo, lo que, a su vez, ha incrementado el deterioro ambiental al promover una fuerte presión sobre los recursos naturales.
Los sistemas económicos, basados únicamente en la rentabilidad, dilapidan los recursos y manipulan el concepto de necesidades mediante una propaganda sutil y desvergonzada que ha cambiado hábitos de consumo a grandes grupos humanos que originan un aumento de demanda de bienes y servicios suntuarios.
No se puede pasar por alto que el progreso científico y tecnológico, a la vez que ha favorecido mejores condiciones de vida, ha provocado una considerable degradación ambiental.
El problema ecológico obliga a la reflexión y al compromiso , principalmente en el plano político.
El Presidente: - Diputado Salvador Fernández Gavaldón, su tiempo se ha agotado, ¿quiere terminar, por favor? Concrete su proposición.
El diputado Salvador Fernández Gavaldón: - Ya voy a concretizar, señor Presidente: Los problemas ambientales están ligados al desarrollo, no sólo de orden político y económico, sino que también implican el orden moral. Lo que está en juego es el hombre mismo en su significado, en su dignidad de persona humana, es el primado de la persona sobre las cosas, la prioridad de la ética sobre la técnica.
En virtud de lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, propuesta para que sea turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores y de considerarlo conveniente, se apruebe como sugerencia al Senado de la República, a efecto de darle el trámite correspondiente.
El artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, queda como 31.
Artículo 30
I. Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano.
II. Toda persona tiene derecho a la protección y mejoramiento de la calidad de vida, desde su nacimiento hasta su muerte, y a defender y a restaurar el medio ambiente, para el adecuado desarrollo de sus facultades.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 27 de noviembre de 1990.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: María Leonor Sarre de Guerrero, José Ángel Luna Mijares, Régulo Pastor Fernández Rivera, Ramiro Pedroza Torres, Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, Jorge Galván Moreno, José Luis Luege Tamargo, Blanca Leticia Escoto González, José Félix Bueno Carrera, José González Morfín, Gerardo Medina Valdez, Sergio Alfonso Rueda Montoya y el de la voz, Matías Salvador Fernández Gavaldón.> Gracias.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores y a la de Derechos Humanos.
PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer una propuesta sobre el pacto.
El diputado Francisco Melo Torres: - Gracias, señor Presidente: Con la presencia de los trabajadores de México que están o estuvieron agremiados a alguna de las instituciones que supuestamente debieron de dar apoyo a los mismos, hoy, a nombre de ellos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hace uso de esta tribuna para hacer algunos análisis con relación al pacto que en breve se acaba de confirmar por los firmantes de siempre.
En las varias ocasiones se ha dicho que este pacto solamente viene a beneficiar a las organizaciones firmantes y no así a la clase trabajadora. Prueba de ello, encontramos en algunas de las diversas dependencias del gobierno, las acciones con que justo derecho los trabajadores están protestando por la serie de acciones en su contra que reciben de quienes supuestamente los protegen.
Prueba de ello, es precisamente la gran carestía y la poca capacidad que tienen los salarios de los trabajadores.
Yo no sé y esto lo reclamamos en toda dignidad, pero con toda la fuerza necesaria, si esto viene a darnos algún camino de beneficio a los trabajadores, cuando nos aumentan a cada momento los energéticos, como son la luz, las gasolinas, etcétera y con ello se desencadena una alza de precios en que el poder adquisitivo de los trabajadores con su salario no puede competir.
Y concretamente hoy nos vamos a referir a una situación caótica y lastimera que viven un grupo de trabajadores de la Distribuidora Industrial de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Metropolitana, S.A de C.V., que tuvieron la necesidad de volver a dirigirse a esta Cámara para pedir la intervención de la fracción parlamentaria del Auténtico de la Revolución Mexicana. Pero yo diría que ésta no es solamente tarea de una fracción, de un partido, sino debe de ser de todos los partidos que integramos la representación del pueblo de México.
Ellos nos dice: "Reciban el fraternal saludo de parte de los trabajadores despedidos de la Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Metropolitana, S.A. de C.V., que hoy nos encontramos luchando por la dignidad y los derechos que nos consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Aprovechamos este espacio para informar sobre la situación que guarda el conflicto que estamos viviendo como resultado del proceso modernizador a que está sujeta la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Metropolitana, S.A. de C.V., se ha despedido al personal empleando métodos coercitivos que lesionan los más elementales derechos. Cerraron unilateralmente las áreas de trabajo obligando a aceptar obligaciones por abajo de lo establecido por la ley para esas situaciones.
La lucha de los trabajadores dio como resultado la firma de un convenio que obliga a la empresa a cumplir la ley. Esto implica, por sí mismo, una aceptación de violación a la ley por parte de las autoridades.
En los puntos uno y tres de este convenio, se obliga a la empresa a liquidar al personal con estricto apego a la ley, tanto a los que salieron antes, como a los que despidieron posteriormente a la firma del documento.
Sin embargo, este convenio firmado el 12 de junio del año en curso, no ha sido cumplido. Hoy, más de 300 empleados, demandamos a la Distribuidora la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Metropolitana, S.A. de C.V., ante el Tribunal Federal del Trabajo por una liquidación constitucional, y hemos solicitado amparados en el artículo 8o. de la Constitución, audiencia de las autoridades de la Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Metropolitana, S.A. de C.V., para llegar a un acuerdo sobre esta situación, sin que hasta la fecha tengamos respuesta alguna a nuestra demanda. Y de la audiencia solicitada, sólo hemos encontrado puertas cerradas e indiferencia.
Ante esta situación hemos decidido implementar un plantón frente a las instalaciones de la Compañía Nacional de Subsistencia Populares Metropolitana, S.A. de C.V., hasta lograr el cumplimiento de la ley y del convenio y que todos los trabajadores vean con hechos que en realidad vivimos en un régimen de derecho.
Esta actividad dio inicio el día jueves 22 de noviembre del presente, y de manera respetuosa y seria hemos solicitado en reiteradas ocasiones entrevistas con las autoridades, recibiendo sólo evasivas, justificando su posición por los cambios de funcionarios de esta institución.
Esta es la tercera ocasión que nuestro problema es traído a la tribuna de esta honorable Cámara de Diputados y a pesar de su intervención, las autoridades, abusando del poder conferido, no han resuelto ni hay disposición de resolver un asunto que esta honorable Cámara consideró justo y que aceptó como punto de acuerdo para la solución turnándolo a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Trabajo y Previsión Social.
Derivado de lo anterior y ante la necesidad de hacernos escuchar apelamos a la buena voluntad del diputado Demetrio Sodi de la Tijera, para solicitar, una vez más, la intervención de esta honorable Cámara a través de su conducto, y solicitamos:
"Primero. Una entrevista con las autoridades de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares y la Distribuidora de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares Metropolitana, S.A. de C.V., con presencia de los diputados de las diversas fracciones parlamentarias y de los firmantes del convenio, que empeñaron su firma como testigos, donde se nos permita demostrar que lo solicitado está apegado estrictamente a lo que establece la ley.
Segundo. Que a través de esta honorable Cámara de Diputados, se invite a los funcionarios del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a dar una respuesta favorable en breve a nuestra
demanda, la 4009/090, tomando en cuenta que ya esta honorable Cámara consideró que estamos en nuestro derecho".
Estamos seguros de que con la intervención y el apego a las leyes que rigen las relaciones laborales, lograremos el respeto a los derechos de los trabajadores, derechos que son irrenunciables.
Esto, señor Presidente, es un documento que vamos a hacer entrega, y que firman los trabajadores, precisamente que hemos aludido, y que están aquí presentes, para que se turne a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas. Y reitero, que esto no es sólo la obligación de una fracción; somos todos, las fracciones que integramos esta honorable Cámara, que debemos velar, sin intereses partidistas, por los derechos de los trabajadores, que nos han mandado a defender su posición en esta Cámara. Muchas gracias.
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE YUCATÁN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José González Morfín, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, para una proposición sobre Mérida.
El diputado José González Morfín: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Me veo en la necesidad de intervenir a nombre de los compañeros diputados del Partido Acción Nacional que estuvimos en Yucatán, con motivo de las elecciones del pasado domingo, porque el martes se dijeron en esta misma tribuna una serie de mentiras que es necesario aclarar, ya que afectan a compañeros nuestros, miembros de esta LIV Legislatura.
Se dijo aquí que el Partido Acción Nacional provocó un clima de violencia que manchó las elecciones, que había incluso heridos de bala de su partido; sin embargo, todos los que estuvimos allá pudimos ver la forma tan cobarde como fue agredido nuestro candidato a diputado, Timoteo Cancha, por un grupo de vándalos al servicio del candidato del Partido Revolucionario Institucional.
Todo mundo puede asistir al hospital y comprobar en qué situación se encuentra, después que le partieron la cabeza de una batazo. Todo mundo vio la foto que publicó el Diario Novedades de Yucatán, donde era amenazado con una pistola, y en la que se ve al porro que, con toda seguridad, segundos después, le partiría la cabeza de un bestial batazo. Aquí está la fotografía del Diario Novedades para el que quiera verla en su momento.
En cambio y en contra de lo que el Partido Revolucionario Institucional dice, tengo aquí declaraciones también del secretario de Protección y Vialidad de Yucatán, que dice que no hubo ningún herido de bala el día de las elecciones. Espero que esto no vaya por ahí a herir a alguien para después tener las pruebas a las intervenciones aquí tenidas.
Se ha difamado a la gente del Partido Acción Nacional en Yucatán al acusarla de provocar violencia. Pienso que el hecho de pertenecer a un grupo político que puede caer en desgracia con su derrota en Mérida, no les da derecho a venir a difamar a una compañera nuestra que tiene una limpia trayectoria, que es toda una dama, que se distingue por su corrección, que hizo una gran campaña y que ganó las elecciones en el municipio de Mérida.
Se habló también aquí de triunfos y de cifras falsas, también de negociaciones. Negamos rotundamente que el reconocimiento a nuestro triunfo en Parras se deba a la negociación. La ciudadanía de Parras votó mayoritariamente por el Partido Acción Nacional, las autoridades electorales sólo anularon las casillas en las que no hubo elección, sólo fraude, y además fue tan burdo que se les pasó la mano.
En cuanto a Mérida, nuestra candidata Ana Rosa obtuvo un claro y limpio triunfo, y no porque hubieran sido limpias de elecciones, sino porque la participación de los ciudadanos de Mérida evitó el fraude, ya que además de votar, alrededor del 50% de los electores, la gente de Mérida, sabe que en este país no es suficiente con votar, que además hay que defender el voto. Y hubo gente que se pasó toda la noche, porque en la casilla de la colonia Pensiones nos entregaron el acta a las nueve de la mañana y todavía había cientos de ciudadanos que estaban ahí defendiendo su voto; que habían aguantado un escrutinio de 12 horas, quizá pensando en que alguien pasara y se robara el ánfora.
Ganamos Mérida, y les voy a dar las cifras oficiales: en 177 actas que tenemos, nosotros sumamos 63 mil 386 votos y el Partido Revolucionario Institucional, sólo 52 mil 281 votos. Son 11 mil votos de diferencia.
Y todavía voy más allá. Digo que ganamos Mérida porque en la lista que publicó su partido en la Prensa el día de ayer, encontramos los resultados de las 13 casillas en que no tenemos información oficial. Y en esas 13 casillas,
sorpréndanse ustedes viendo los resultados. El Partido Revolucionario Institucional tiene 7 mil 809 votos y el Partido Acción Nacional sólo 683. Sumando todos estos votos, el resultado oficial sería: Partido Acción Nacional 64 mil 69 y Partido Revolucionario Institucional 60 mil 90. O sea que aun dando por buenas todas las urnas que se robaron, les seguimos sacando 4 mil votos. Por eso es obvio que están verdaderamente preocupados.
Nada más para que quede constancia de la desfachatez con que se despacharon en estas 13 casillas, voy a mencionar tres:
La 30 - A - bis, en la que según el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática hay 223 habitantes, en la Comisaría de Sagmitel, Mérida, nosotros tenemos dos votos y el Partido Revolucionario Institucional 498.
En la casilla 32 - A - bis cuyo nombre en honor a la verdad me resulta impronunciable, soy purépecha, no maya, hay 224 habitantes y el Partido Revolucionario Institucional se adjudica 763 votos contra 31 del Partido Acción Nacional.
Y en la 34 - A - bis, donde sólo hay 39 habitantes, el Partido Revolucionario Institucional tuvo 361 votos y cero para cualquier otro partido.
Esto, creo, compañeros, que habla más de lo que se pueda decir y lo que se pueda hablar. Los resultados son claros. El triunfo de nuestra candidata es inobjetable; la campaña de Acción Nacional fue limpia. Ella es una dama que se comportó a la altura. Simple y sencillamente, la gente de Mérida votó mayoritariamente por ella y el triunfo debe de ser reconocido.
Además de Mérida, tenemos pruebas, y voy a mencionar sólo donde tenemos la documentación completa de que ganamos otros cinco municipios.
En Tizimín tenemos las 40 actas, y les sacamos cuatrocientos y tantos votos al Partido Revolucionario Institucional; en Panabá, tenemos las cuatro actas y estamos un voto arriba del Partido Revolucionario Institucional; en Tixpehual tenemos las seis actas y estamos 27 votos arriba del Partido Revolucionario Institucional y en Samahil, tenemos las cuatro actas y les ganamos por 80 votos: 980 a 910. En Dzan, tenemos las dos actas y también les ganamos 650 a
Evidentemente hay otros municipios que también ganamos en donde en algunos casos se robaron alguna casilla y no voy a dar en este momento las cifras.
Se habló también aquí de que el supuesto triunfo del Partido Revolucionario Institucional se debía al trabajo desarrollado. Sin embargo, los que estuvimos allá vimos cómo fueron incluso capaces de falsificar papelería oficial del Partido Acción Nacional y la firma de nuestro representante, tratando de que nuestros comisionados en las casillas no se presentaran el día de la elección, repartiéndose un comunicado con papelería oficial del Partido Acción Nacional falsificada y con la firma de nuestro presidente del partido clasificada, que también es compañero nuestro, para que no asistieran el día de la elección a cuidar su casilla.
Fueron capaces de integrar un cuerpo de choque que llamaron defensores del voto para presionar y amedrentar a la gente de las casillas. Fueron capaces de utilizar el mismo día de la elección al Programa Nacional de Solidaridad para conseguir votos. A las siete de la mañana en casi todas las comisarías de Mérida, había desayunos del Programa Nacional de Solidaridad, de donde se llevaron a todos los que habían asistido al desayuno, como corderitos, ya que después de votar, porque además ahí ocurrió otra cosa que yo no había visto en otras elecciones, que yo denominaría: El voto muestra; en la parte de arriba de la casilla estaba una boleta cruzada por el Partido Revolucionario Institucional y al que llegaba decían: Tienes que votar así. Recoge tu pase para que vayas por la despensa o por el pollo o por lo que haya sido.
No cabe duda, y me quedo con la frase última del artículo de Lorenzo Meyer, en el Excélsior del día de ayer, que dice que entre el Programa Nacional de Solidaridad y la verdadera solidaridad hay un abismo insalvable.
Definitivamente, el Programa Nacional de Solidaridad sólo está sirviendo para acarrearle votos al Partido Revolucionario Institucional.
Nosotros reiteramos nuestro compromiso de defender el voto de los ciudadanos de Mérida, y esto lo digo, lo mismo en el municipio que tenga una sola casilla y que se resuelva por uno o por dos votos, que en Mérida con sus 190 casillas y más de 500 mil habitantes, el compromiso del Partido Acción Nacional es defender cada uno de los votos emitidos por nosotros. Nosotros en Mérida estamos absolutamente comprometidos con los ciudadanos después de esa muestra de civismo que nos dieron a todos los que asistimos a la elección y que nos sirvió a muchos para cargar baterías y para demostrar a nosotros mismos que sí se puede en este país saltar sobre el fraude electoral.
Antes de hacer la propuesta que voy a hacer, quiero leer unos cuantos párrafos de una editorial que hoy pública un diario de Yucatán, dice: "Es admirable la presencia, el entusiasmo y el sentido de compromiso que mostró el pueblo, que no se limitó simplemente al hecho de depositar su voto, sino que en forma espontánea y decidida cumplió también con la tarea de vigilarlo".
Yucatán ha dado un extraordinario ejemplo de civismo y de participación política, es justo que sigamos alentando la esperanza y respetando la dignidad de este noble y generoso pueblo. Esta es una declaración de la junta coordinadora empresarial de Yucatán.
En un clima adverso a sus derechos, los yucatecos vencieron uno por uno, con paciencia e indignación frecuentes pero siempre con entusiasmo y fervor, los obstáculos innumerables que les opusieron a cada paso autoridades infectadas de parcialidad y ejército de delincuentes que actuaron con impunidad dentro y fuera de las casillas para estorbar, violar o impedir el ejercicio de los derechos y deberes electorales.
La primera verdad incontrovertible es que a pesar de tanto estorbo y obstáculo, los emeritenses salieron a la calle en forma copiosa y continua a depositar su voto y protegerlo después con una defensa dramática, espontánea, perseverante y valiente, que frustró casi todas las acometidas de ladrones de ánforas.
La propuesta que les voy a hacer, no me queda tiempo para leer otros párrafos, pero la editorial imputa, menciona claramente cómo el candidato del Partido Revolucionario Institucional declaró que él no era responsable del famoso grupo de porros de defensa del voto, que el responsable era el delegado del Partido Revolucionario Institucional, que ya sabemos todos quien es.
Señor Presidente, yo quisiera pedirle que esta propuesta que voy a hacer a nombre de diputados de tres parlamentarios fuera turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que resuelva en los cinco días que le concede el reglamento para resolver todos estos asuntos, dice:
México, Distrito Federal, 29 de noviembre de 1990.>
Los que suscribimos, integrantes de esta LIV Legislatura de la Cámara de Diputados, proponemos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Se integre una comisión pluripartidista para que recabe la información que nos pueda proporcionar elementos de juicio a los integrantes de esta Cámara, sobre lo que se ha dicho en esta tribuna sobre el proceso electoral del estado de Yucatán.
Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Rodolfo Elizondo Torres; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jesús Ortega Martínez y, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Gilberto Ortíz Medina.> Gracias
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Tiene la palabra el diputado Rubén Calderón Cecilio, para rectificación de hechos.
El diputado Carlos Rubén Calderón Cecilio: - Con su permiso, señor Presidente: En la sesión anterior y el día de hoy nuevamente se toca el tema de las elecciones de Mérida y de otros municipios del estado de Yucatán y seguramente en otras jornadas de trabajo también se hablará del proceso electoral de Yucatán.
Nuevamente hoy hemos podido escuchar que se habla de triunfos electorales, criticando previamente una intervención de mi partido, el Revolucionario Institucional, en el sentido de haber expuesto aquí triunfos que le corresponden al Revolucionario Institucional. Se critica este hecho, pero también hablan ellos aquí de "cifras oficiales", cuando la instancia autorizada para dar las cifras oficiales es la autoridad electoral y será hasta el próximo domingo cuando podamos, diputados de todos los partidos, ciudadanos de Yucatán y del país, enterarnos de los datos oficiales que habrá de emitir la autoridad electoral, con la participación de todas las instancias políticas.
Por eso en esta ocasión y con todo respeto, porque siento que no es el momento ni hoy ni después de armar el debate aquí en esta Cámara, cada uno de los partidos políticos tiene a sus representantes acreditados ante la Comisión Estatal, ante las comisiones municipales, y reconozco, sí reconozco que aquí se hizo mención hace un momento, que trabajaron los partidos; trabajaron los partidos. Mi partido, el Revolucionario Institucional, redobló y multiplicó sus tareas de organización para obtener triunfos electorales. Nosotros estamos informados, por actas de nuestros representantes en 106 municipios de la entidad.
Aquí hace un momento se hizo referencia de Mérida, de Tixpehual, de Tizimín, de Panabá, podríamos hablar no sólo de ellos, sino de todos.
absolutamente de todos los 106 municipios. Pero rechazo, a nombre de mi partido, los términos y las formas en que se expresa de las tareas realizadas por el partido.
No vengo yo a juzgar ni a criticar a los candidatos de ningún partido; todos trabajaron para triunfar. Esperemos, con respeto a que la autoridad electoral correspondiente emita, con la participación de los partidos, su veredicto final y estaremos en condiciones, sin ser éste el foro adecuado, de dar respuesta a cada una de las interrogantes o de las afirmaciones que aquí se den.
Por ahora, reconozco con respeto la tarea de la participación de los partidos, por el sistema como el que se compone y opera en el sistema político mexicano.
El Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY ORGÁNICA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Honorable asamblea plenaria de la Cámara de Diputados. - Presente.
Con fundamento en el artículo 74, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad a lo establecido en los artículos 2o., 50. y 10 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, esta Comisión de Vigilancia se permite someter a la consideración de esa honorable asamblea, por vía de dictamen propositivo, la terna de candidatos para ocupar el cargo de contador mayor de Hacienda por el período que debe comprender del 3 de diciembre del presente año de 1990 al 2 de diciembre de 1998.
Este dictamen se apoya en los siguientes antecedentes y consideraciones legales.
ANTECEDENTES
1o. Con fecha 25 de noviembre de 1982, la plenaria de la Cámara de Diputados, tuvo por designado como contador mayor de Hacienda para un período de ocho años, en los términos de ley, al ciudadano licenciado y contador público Miguel Rico Ramírez.
2o. El profesional de referencia asumió su mandato con fecha 3 de diciembre del citado año de 1982, por lo que debe legalmente concluir el mismo, el día 2 del siguiente mes de diciembre del presente año.
3o. En los términos de las disposiciones legales mencionadas, corresponde a esta Comisión de Vigilancia proponer de manera razonada y motivada la posible prórroga en dicho cargo por un término igual de ocho años o en su caso proponer la terna de los candidatos entre los cuales debe designarse a quien deba sustituirlo.
4o. Para tal efecto, y en ejercicio de las facultades que a esta comisión se otorgan por el ordenamiento de referencia, se convocó a una reunión o sesión ordinaria, la cual fue celebrada el día 26 de los corrientes, con una asistencia de 16 diputados, y por ende con el quórum legal relativo toda vez que la comisión se integra por 21 legisladores.
5o. En dicha sesión, se dio cuenta con una comunicación dirigida por el contador mayor de Hacienda, Miguel Rico Ramírez, quien por tal conducto manifestó su deseo de no ser considerado como candidato para un nuevo período al frente de la dependencia por la vía de prórroga como lo permite lo estipulado por el artículo 5o. del precitado ordenamiento legal.
6o. En tal virtud, por mayoría de los diputados presentes y con ciertas reservas expresadas por algunos de ellos, se acordó que no era el caso de atender la posibilidad legal del artículo 5o. mencionado y que por ende debía analizarse la formación de una terna, pero por otra parte la comisión acordó sugerir que la Cámara expresara un público reconocimiento a la labor realizada durante los últimos ocho años por el licenciado y contador público Rico Ramírez, labor por la cual la dependencia ha transitado por una camino de superación que ha permitido un mejor cumplimiento de las atribuciones con las que en materia de examen y revisión de la Cuenta Pública, fiscalización y control, cuenta la Cámara de Diputados.
7o. Congruentemente con estos planteamientos, se discutieron diversas opciones que pudieran proponerse por vía de terna a la plenaria de la Cámara de Diputados y se llegó, por unanimidad, con determinadas reservas de algunos diputados, a proponer como candidatos para ocupar el cargo de contador mayor de Hacienda para el período comprendido entre el 3 de diciembre de 1990 y el 2 de diciembre de 1998, a los siguientes profesionistas, en el entendido que se mencionan por orden alfabético:
Contador público Rogelio Casas Alatriste, licenciado Javier Castillo Ayala y licenciado Daniel Robles Ferrer. Se adjuntan las currículas de tales personas.
Se hace constar, que en el seno de la comisión se debatieron ampliamente las condiciones y requisitos que deben cumplirse para esta propuesta, lo que en opinión de los miembros de la comisión se satisfacen ampliamente por las personas de referencia, particularmente de acuerdo con lo mandado en el artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
8o. Consecuentemente, como resultado de dichos análisis y discusión, se propone a esa asamblea plenaria, debidamente dictaminada la terna mencionada, manifestándose que, en criterio de esta comisión, la elección de quien deba ocupar la responsabilidad de la Contaduría Mayor de Hacienda debe ser hecha mediante votación por cédula secreta de los integrantes de esta Cámara de Diputados, de conformidad a lo establecido en el artículo 153 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una votación para la elección de una persona que corresponde al ámbito de la Cámara de Diputados.
CONSIDERACIONES LEGALES
I. De conformidad con el artículo 74, fracción III de la Constitución General de la República, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados el nombrar, entre otros, al jefe de la Contaduría Mayor de Hacienda.
II. Por otra parte, de acuerdo con lo establecido por el artículo 2o. de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, al frente de ésta, como autoridad ejecutiva, estará un contador mayor designado por la Cámara de Diputados, de terna propuesta por la Comisión de Vigilancia.
III. El contador mayor, en los términos del artículo 5o. de la ley citada, será inamovible durante el término de ocho años.
IV. Por su parte, el artículo 10 de la misma ley, en su fracción IX inciso a, consigna como atribución de la Comisión de Vigilancia proponer la terna para el nombramiento del contador mayor de Hacienda.
V. De conformidad con los antecedentes expuestos, cabe ejercer dicha facultad, toda vez que el contador mayor en ejercicio cumple los ocho años de su mandato el día 2 del siguiente mes de diciembre, sin que sea el caso de atender a la posibilidad de la prórroga a que se contrae el primer párrafo del citado artículo 5o. de la ley orgánica invocada, porque el titular actual manifestó su deseo de no aceptar en su caso dicha prórroga.
VI. Las personas que constituyen esta terna, cumplen plenamente los requisitos a que se refiere el artículo 4o. de la ley de referencia para ser contador mayor de Hacienda, como se examinó y discutió en el seno de la Comisión de Vigilancia, y no están comprendidos en lo particular dentro de las excepciones referidas en las fracciones IV, V, VI y VII del precepto aludido.
VII. Es por tanto que se emite el presente dictamen, para que la plenaria de esa honorable asamblea designe de entre los propuestos, a la persona que deba ejercer el cargo de que se trata.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se dictaminan para ser aprobadas en su caso por esa honorable asamblea las siguientes
CONCLUSIONES
Primera. La Cámara de Diputados hace público reconocimiento de la labor realizada por el ciudadano licenciado y contador público Miguel Rico Ramírez, como contador mayor de Hacienda, por ocho años, del 3 de diciembre de 1982 al siguiente 2 de diciembre de 1990.
Segunda. Será contador mayor de Hacienda quien designe y elija la Cámara de Diputados, por votación hecha por cédula, entre las personas que constituyen la materia de la terna del presente dictamen.
Sala de comisiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 26 días del mes de noviembre de 1990. - Por la Comisión de Vigilancia, diputados: José Trinidad Lanz Cárdenas, Presidente; Melchor de los Santos Ordóñez, secretario; Ricardo Monreal Ávila, Salvador Sánchez Vázquez, Esquipulas David Gómez Reyes, Nicodemus Santos Luck, Javier Culebro Siles, Antonio Pariente Algarín, Javier Bonilla Chávez, Luis René Martínez Souverville, Hermenegildo Anguiano Martínez, Héctor Ixtláhuac Gaspar, Oscar Villalobos Chávez, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Astolfo Vicencio Tovar, Noé Aguilar Tinajero, Belisario Aguilar Olvera, Sergio Quiroz Miranda, Jorge Gómez Villarreal, José del Carmen Enríquez Rosado y Enrique Rojas Bernal.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
Por la comisión y a favor del dictamen, el diputado Villalobos; diputado Pablo Gómez, en
contra del dictamen; el diputado Ricardo Monreal, por la comisión; diputado Carmelo Enríquez, en contra.
Habla en contra del dictamen el diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señoras diputadas, señores diputados: El nombramiento del contador mayor de Hacienda es un acto muy importante en la Cámara de Diputados, puesto que se trata de un organismo fundamental para el control legislativo de toda la contabilidad gubernamental y no sólo de eso, sino también es un órgano de vigilancia del grado de cumplimiento de los programas presupuestales aprobados cada año por la Cámara de Diputados.
Se trata en realidad de un puesto relevante, de un funcionario de una muy alta responsabilidad que debiera tener, ante todo, la cualidad de ser absolutamente imparcial al juzgar la Cuenta Pública y los elementos constitutivos de ésta.
No obstante que debería reunir el contador mayor de Hacienda esas características, un grupo de diputados, miembros del Partido Revolucionario Institucional, de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría, insisten en apoyar la candidatura de un servidor público que durante seis años tuvo que ver directamente con la elaboración de la Cuenta Pública.
En efecto, el señor licenciado Javier Castillo Ayala, entre 1979 y 1985, ocupó diversos cargos en la Secretaría de Programación y Presupuesto, relativos, justamente, al control presupuestal y a la contabilidad pública. Como pueden ustedes observar en el curriculum que se presenta, ya en 1979 era director general de la Unidad de Finanzas Públicas en la Coordinación General de Control de Gestión y en 1981 fue director general de Política Presupuestal y en 1983 fue subsecretario de Control Presupuestal y Contabilidad.
¿Cómo es posible que el contador mayor de Hacienda, que tiene a su cargo la organización del mecanismo contable de control del gasto, y que hace posible que la Cámara de Diputados pueda ejercer su función de control, haya sido una de las personas más relevantes que ha presentado cuenta pública a la Cámara de Diputados.
Existe aquí una contradicción evidente, no se trata de que el contador mayor de Hacienda carezca de los conocimientos relativos a la contabilidad social, evidentemente que se necesita tener conocimientos suficientes sobre todo del sistema de contabilidad pública, pero no debería apoyarse a una persona que ha presentado cuenta a la Cámara de Diputados y que continúa vinculando a los altos funcionarios que se dedican justamente a esto.
El hecho de que actualmente sea director general de una empresa paraestatal, pues no hace a un lado el argumento que yo estoy presentando, sino al contrario lo confirma, porque suelen los directores de estas empresas paraestatales, pequeñas o relativamente pequeñas, salir justamente del medio de la gente que trabaja en las cuestiones relacionadas con el presupuesto y la Cuenta Pública en la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Una persona vinculada a ese medio donde se elabora, pasa a ser, el que carece el organismo técnico de la Cámara de Diputados, cuya misión es justamente ésta de control sobre la cuenta y el gasto gubernamental, pues es una contradicción evidente señores diputados.
Yo creo que algunos diputados, los que están apoyando al licenciado Castillo Ayala, están cometiendo una muy grave equivocación. Deberían buscarse, si se quiere a algún servidor público en activo, a aquéllos que no han estado relacionados y no están relacionados con la presentación de la cuenta, con aquéllos que han demostrado, además de esto, pues una sustantiva honorabilidad en los cargos que han desempeñado y que conocen los mecanismos de control sobre el gasto público.
Pero no, se nos viene a presentar la candidatura de una persona que reúne solamente el requisito de haber tenido que ver directamente con la elaboración de la cuenta, pero pues esto yo creo que es una falta de requisito y no un requisito en términos políticos.
Por tal motivo, yo quisiera exhortar a los señores diputadas y diputados a emitir el voto no en favor de los funcionarios que han estado relacionados y siguen, compañeros, con la Secretaría de Programación y Presupuesto, que es la entidad que hay que supervisar como entidad central del gobierno federal para la elaboración de la cuenta.
La otra propuesta del contador Casas, por lo menos tiene la virtud de que no es una de estas personas relacionadas con la Secretaría de Programación y Presupuesto. Pero yo creo que la comisión debería modificar su propuesta, debería buscar si es que se ha ido la mayoría de la comisión por el lado de la búsqueda de servidores públicos, debería modificar su propuesta para proponernos servidores públicos que no sean del área de Programación y Presupuesto. Mejor si proviniera del área de control gubernamental, y no del área que justamente hay que supervisar de manera fundamental.
Si la mayoría de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda no modifica, como en mi opinión debería modificar y todavía hay tiempo antes de que se vote, la propuesta de las dos personas que está haciendo directamente y busca otras propuestas, que las ha habido pero no se ha querido presentar formalmente, no tiene caso de que yo haga una proposición porque inmediatamente se puede considerar como algo inconveniente para la mayoría. Lo mejor sería que esa mayoría de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría modificara conscientemente que se está cometiendo un error en la propuesta de esos dos candidatos que ha puesto en la terna.
Yo los exhorto a que lo hagan, a los de la mayoría de la Comisión de Vigilancia, pero en el caso de que no quisiera esta mayoría a que no se votara por esos dos candidatos, porque representa poner en manos de la Secretaría de Programación y Presupuesto el control y supervisión del gasto público, lo que es absolutamente contradictorio en términos políticos aunque cumplan formalmente con requisitos de ley.
La cuestión aquí rebasa por lo tanto los simples requisitos y se inscribe en la honorabilidad y el buen juicio que debe tener también la Cámara de Diputados a la hora de elegir al contador mayor de Hacienda. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ricardo Monreal, en pro.
El diputado Ricardo Monreal Avila: - Con su permiso, señor Presidente: Sin duda alguna, los actos de esta Cámara de Diputados seguirán siendo sorprendentes, en este caso, la impugnación o la inconformidad que ha hecho el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, por el procedimiento, por la propuesta que la Comisión de Vigilancia ha sometido a la consideración de la soberanía de este pleno.
Y digo que es sorprendente, porque precisamente hace ocho años, según se encuentra registrado en el Diario de los Debates, los partidos políticos, con excepción del Partido Revolucionario Institucional, representados en la Cámara en ese momento, impugnaron el procedimiento que en ese momento se hacía, de la designación del contador mayor de Hacienda, y lo impugnaron por dos razones fundamentales:
Primero. Decían ellos que se había violado el carácter de la inmovilidad del contador mayor de Hacienda, que la ley refería de ocho años, y; segundo, por el procedimiento, que era la Gran Comisión quien presentaba un solo nombre a la consideración del pleno de la Cámara.
Esas dos impugnaciones que se observaron hace ocho años precisamente, fueron prudentemente cuidadas por la comisión, y no se quiso, de ninguna forma, violar el carácter de la inamovilidad del contador mayor de Hacienda, sino hasta que concluyera el período de los ocho años que establece el artículo 3o., de la ley referida.
Y tampoco se quiso que fuera la Gran Comisión, sino que fuera la propia Comisión de Vigilancia, la que presentara un dictamen propositivo, incluidas las tres personas que surgieron de los partidos políticos.
No ha sido sólo una fracción parlamentaria la que aprobó el procedimiento y la terna, esto es inexacto; fueron todos los integrantes de esta Comisión de Vigilancia, con una reserva, la aclaro, del diputado Carmelo y también el diputado del Partido Acción Nacional, que no estuvo de acuerdo, no en el procedimiento, sino que estuvo en desacuerdo con el reconocimiento al actual contador mayor de Hacienda. Sin embargo, todos los demás integrantes de esta comisión estuvieron de acuerdo en el procedimiento y estuvieron de acuerdo la terna, incluyendo miembros de la fracción parlamentaria del diputado que me antecedió en el uso de esta tribuna.
Entonces, ¿qué es lo que sucede?, ¿cuál es el interés de impugnar y de inconformarse por esta situación y esta posición?; ¿Por qué no hacer labor en el seno de la comisión? La terna no tiene el origen unipartidista, la terna fue propuesta por los partidos políticos dentro de la Comisión de Vigilancia, y se somete a la consideración de esta asamblea esa terna, y esta asamblea tendrá que decidir libremente sobre cuál persona reúne los requisitos para ser contador mayor de Hacienda.
Por otra parte, es incuestionable, ya lo dijo el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que reúne los requisitos legales que establece el artículo 4o., de la ley en la materia. Claro que los reúne, pero a él le preocupa que tenga relación con la Secretaría de Programación y Presupuesto, y con la Hacienda Pública, pues precisamente esa es una obligación, es un requisito que debe de reunir la persona propuesta.
Por mandato legal, el artículo 4o., el artículo 3o., en su fracción VII establece la necesidad de que exista una coordinación con la Secretaría de Programación y Presupuesto, y ¿por qué es esto? Por la naturaleza misma que esto implica; la autonomía de este órgano técnico dependiente de la Cámara de Diputados no se debe entender en forma aislada porque es necesaria esta coordinación, luego entonces reúne los requisitos formales, las tres propuestas que se someten a la consideración de este pleno, son según los
currícula, elementos probos, honestos, con una gran capacidad, con los requisitos legales y formales totalmente cubiertos y satisfechos.
No entendemos y lo digo honestamente, no entendemos esta posición por oposición, no la entendemos, esto es razonado: En la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda se tuvieron varias reuniones se discutieron los procedimientos, se discutieron las propuestas y se analizaron una a una las actividades que habían desarrollado cada uno de los candidatos propuestos y ahí, en el seno de esta comisión no hubo inconformidad, no hubo oposición, salvo la que ya expresé, la reserva del diputado Carmelo y la abstención del reconocimiento del diputado del Partido Acción Nacional, eso fue todo lo que se advirtió en el seno de la comisión.
La Comisión de Vigilancia ha querido superar esas discusiones ríspidas, esas discusiones que tenían esencia y que tenían razón los que se inconformaron hace ocho años con este procedimiento y eran dos las razones, repito, el procedimiento y la forma de designación. Esas formas han quedado superadas en este procedimiento, por eso invito, exhorto a todos los diputados, para que aprobemos el dictamen que se encuentra a discusión. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Tiene la palabra el Diputado Carmelo Enríquez, en contra.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - Gracias, señor Presidente. Nos parece, compañeras y compañeros, que esta discusión y esta oportunidad que tiene esta Legislatura para coincidir con el cambio del contador mayor, debiera estar acorde precisamente con la situación nueva que se ha estado viviendo y que evidentemente no se trata aquí de juzgar en lo personal las propuestas que se han hecho, sino de una actitud de mayor profundidad, que es el hecho de que esta Legislatura pudiera recuperar su carácter de poder diverso frente al Ejecutivo y que su órgano técnico pudiera también jugar el papel que esta Legislatura, que aquí los diputados juegan políticamente.
Y esta oportunidad que se presenta debiera ser considerada, precisamente porque será nombrado un contador mayor por ocho años y que pudiera jugar en estricto sentido esa idea de distancia frente al Poder Ejecutivo y que pudiera ser leal al Poder Legislativo, con todas sus consecuencias y eso es lo que nos parece que está en juego, no la posibilidad de que el contador mayor, por sus ligas con el Poder Ejecutivo sea subordinado al Ejecutivo, sino que esté subordinado al Poder Legislativo y que el Poder Legislativo pueda jugar su papel esencial, su papel de vigilante, su papel de poder frente al Ejecutivo con un nombramiento que pudiera ser hecho por la minoría que no tiene compromiso con la mayoría que gobierna y que en este caso debiera hacerse escuchar la posibilidad de escuchar otras propuestas, incluso otras que pudiesen provenir del propio sector público, pero que pudiesen recabar el consenso general de todos los miembros de esta Legislatura.
Esta es la idea que tiene nuestra intervención en esta tribuna y de la posibilidad de que se escucharan otras propuestas y de que esta Cámara pudiera jugar de manera más eficiente ese poder de vigilante de los actos, ese poder de vigilante de los actos del Poder Ejecutivo también en su órgano técnico de la Contaduría Mayor.
Tal parece que de seguir así, la mesa directiva de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional no está aquí, sino está en el Poder Ejecutivo, que de alguna manera y directa tal vez, dice quién va a ser el contador mayor de Hacienda, órgano técnico de esa Legislatura.
Por ello nosotros creemos y llamamos, de no ser escuchada esta reflexión, a los compañeros diputados, a las compañeras diputadas, en todo caso, a votar por la propuesta del ciudadano Rogelio Casas Alatriste Hernández, que en todo caso ha desarrollado una actividad fuera de las de orden público, porque cuenta con los requisitos legales con los requisitos técnicos para cumplir de manera eficiente y honrada y, sobre todo leal, a esta Legislatura y a las que vengan, con la función de contador mayor de Hacienda. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros: Creo, es mi opinión personal, por lo que aquí hemos escuchado, que todos los oradores han sido en pro de la propuesta.
Creo definitivamente que lo asentado por el diputado Pablo Gómez y por el diputado Carmelo Enríquez, lejos de ser en contra, ratifica y fortalece la propuesta de ternas que ha prestado a su consideración la comisión referida.
Quien me antecedió en el uso de la palabra habla de la nueva situación conforme a la cual, supongo se refirió a la situación política, debería de llevarse a cabo y se está llevando a cabo el funcionamiento de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Efectivamente, con respecto a la pluralidad, forma en la que está compuesta la comisión, se tomó el parecer y se pidió con anticipación la propuesta de los distintos partidos políticos ahí representados por la integración de la terna. Que no se les olvide a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, porque podemos olvidar la historia, sería mucho ya olvidar los acontecimientos tan recientes, que precisamente su fracción parlamentaria, que parece que no respetan, apoyó la terna propuesta y dijo no tener una propuesta alternativa.
Si esto, el conformar la terna con la opinión de todas y cada una de las fracciones parlamentarias que integran la comisión, no es ajustarse a los tiempos que estamos viviendo, sólo me restaría pensar que los compañeros continúan hoy con la incongruencia que muestran en esta tribuna a diario.
La propuesta salió, efectivamente, de los grupos parlamentarios, yo propongo a ustedes la votación por el compañero Castillo Ayala, porque tal como lo asegurara el compañero Pablo Gómez, reúne todos los requisitos exigidos por la ley, pero además los reúne con la experiencia que le exige la ley en esta materia y que le hace ser el candidato idóneo para la ocupación de este puesto, porque en forma directa, como lo exige la ley, como lo exigieron los compañeros que en su momento la elaboraron, está relacionada con la materia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ser contador privado, indudablemente que da un gran y reconocido prestigio, pero no da la experiencia en la materia pública que exige la ley; si bien llena los requisitos, en forma indirecta sólo ha tenido el compañero o, el señor Rogelio Casas, la experiencia en esta materia. La propuesta nuestra se apega al espíritu de la ley y llena los requisitos, como lo reconociera Pablo, al pie de la letra.
Durante la discusión en reunión de comisión, se analizaron las tres propuestas realizadas. El compañero diputado Carmelo Enríquez, que se suma a la incongruencia manifestada, según vemos, por el compañero Pablo Gómez, estuvo presente en la reunión, tuvo la oportunidad de hacer propuesta y no la realizó, ¿por qué ahora se viene a esta tribuna...
El Presidente: - Permítame, diputado Villalobos, permítame un minuto.
¿Dígame, diputado? El micrófono por favor.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - Quiero hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - ¿Admite usted una interpelación, señor diputado?
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Sí, señor.
El Presidente: - Sí la admite; adelante.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - Yo quisiera por favor que nos dijera aquí a la asamblea, qué opinión tiene usted acerca del contador público Rogelio Casas Alatriste y si considera que no está capacitado, tanto a más que los demás candidatos; si quisiera oírlo de sus propias palabras. Muchas gracias.
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Compañero, creo que no escucho lo que he estado diciendo, si no, supongo que no habría hecho usted esa interpelación.
Hace unos cuantos momentos, y lo voy a repetir, yo manifesté que indudablemente el prestigio profesional estaba reconocido en los tres candidatos propuestos, y lo dije muy claro. Lo que dije también muy claro, es que la experiencia directa de quien nosotros proponemos, supera la experiencia indirecta que por su ejercicio profesional el contador al que usted se refiere tiene, por ello, nuestra propuesta es mejor. (Aplausos.)
No me resta, compañeros, más que invitarlos nuevamente a votar por quien mejor desempeñará, conforme a la ley, el cargo de contador mayor de Hacienda Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, por cinco minutos.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señoras diputadas; señores diputados: El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no ha prestado ningún candidato al cargo de contador mayor de Hacienda, por la sencillísima razón de que cualquier candidato que presentáremos nosotros, por ese simple hecho, aunque fuera la persona más idónea, no obtendría el voto de la bancada mayoritaria necesario para tener éxito y ése es un hecho político que los señores del Partido Revolucionario Internacional no desconocen, no solamente no desconocen, sino que lo aceptan como la cosa más natural del mundo; es decir, sí importa de quien vienen las respuestas.
Yo les he dicho a los diputados que Acción Nacional que su propuesta, desde el punto de vista de la independencia de la persona, respecto de la administración pública y respecto específicamente
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, donde se elabora el CPP (costo porcentual promedio) es superior, evidentemente superior, pero el Partido Revolucionario Institucional la ha incluido en la terna con la clara idea de que aunque sea superior, desde ese punto de vista político no será la que tenga mayoría de votos.
Y eso sí es una cosa muy grave; dice el diputado que habló antes que yo, que nosotros estuvimos de acuerdo. No estuvimos de acuerdo, no presentamos ninguna propuesta sabemos lo que eso significa, pero hemos hablado con miembros de la Comisión de Vigilancia que están aquí presentes y no me dejarán mentir, sobre personas, incluso servidores públicos que están ampliamente capacitados y reúnen la condición política de no ser amigos y comprometidos políticamente con el Secretario de Programación y Presupuesto, ésa es la cuestión.
¿Cómo es posible que un contador mayor de Hacienda sea una persona que tiene compromiso político directo con el Secretario de Programación y Presupuesto? Vamos hablando claro, ésta es la asociación que está en el fondo, yo creo que el señor Zedillo no debería tener la pretensión de que la Cámara aprobara a la persona que le parece bien para contador mayor de Hacienda, ése es el punto, sería absolutamente indebido que la Cámara admitiera que esta cuestión se resolviera sobre la base de un palomeo en la Secretaría de Programación y Presupuesto, porque justamente a la Secretaría de Programación y Presupuesto es a quien hay que controlar principalmente por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda. Justo es que se admita el argumento de que sea una persona con independencia política respecto de esa Secretaría, el contador mayor de Hacienda.
Entonces, en esta circunstancia, señoras y señores diputados, el asunto es de fondo, no es sobre cumplimiento formal de requisitos legales...
El Presidente: - Diputado Pablo Gómez, permítame. ¿Dígame, diputado Villalobos?
El diputado Oscar Villalobos Chávez (desde su curul): - Si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación, diputado Gómez?
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Sí, sí, cómo no.
El Presidente: - Está aceptada. Adelante diputado Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez (desde su curul): - Primero, compañero diputado, ¿se le olvida o conoce usted que no solamente sus compañeros miembros de la comisión no presentaron propuestas, sino sabe usted que además dijeron apoyar a nombre de su fracción parlamentaria las propuestas hechas?
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - No, señor diputado, está usted mal. No me extraña que esté mal, pero no lo socialice, no es necesario Sí, el grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática tiene una posición clara frente a este asunto como grupo, no nos parece que esa terna reúna las características políticas en la parte que presentó el Partido Revolucionario Institucional.
El compañero Rojas, en efecto, dijo correctamente que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no tiene ninguna propuesta. Lo que nosotros queremos es que el Partido Revolucionario Institucional cambie su propuesta; sí y eso es lo correcto, desde el punto de vista político, aunque no lo entienda este nivel tan lamentable que hay en esta Cámara.
La cuestión es que los partidos, sí, quizá el diputado José Luis Lamadrid se los pueda explicar, el procedimiento parlamentario no debería ser el que los partidos hacen una proposición cada uno de ellos, porque eso sencillamente es una juego que no tiene sentido, ya se sabe cuál va a tener la mayoría.
La cuestión es que los partidos pudieran negociar una cuestión tan importante para ver la forma de que haya una suficiente mayoría alrededor de una persona políticamente aceptable para ser contador mayor de Hacienda, y las propuestas que ha hecho el Partido Revolucionario Institucional no son de personas aceptables para ser contador mayor de Hacienda y eso me parece que es evidente y es justamente lo que estamos discutiendo.
El Presidente: - Diputado Pablo Gómez, su tiempo se ha terminado.
El diputado Oscar Villalobos Chávez (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra alusiones personales.
El Presidente: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Villalobos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Con su permiso, señor Presidente: habrá que preguntarnos nuevamente si el compañero Pablo Gómez subió a hacer uso de la tribuna y lo manifestado fue a título personal o a nombre de su fracción parlamentaria. Hasta donde entendí, intentó hacerlo de esta manera. Seguramente
continúa la incongruencia y el compañero, en forma personal, manifiesta algo distinto de lo que miembros de su partido, miembros de su fracción parlamentaria expresaron a nombre de esta misma fracción parlamentaria en la comisión de referencia.
Seguramente se repite lo que hace unos momentos vivimos en la Cámara, de la situación interna de su fracción.
Quiero reiterarle, compañero Pablo Gómez y a ustedes, en la tribuna.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El Presidente: - Diputado Pablo Gómez, si desea usted hacer una interpelación, diríjase a la Presidencia, si es tan amable. ¿La acepta usted? ¿Acepta la interpelación?
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - No se la acepto, señor Presiente; permítame terminar, al concluir lo que guste. Voy a ser breve.
Le recuerdo, compañero y para la información de todos ustedes, no me habrán de dejar mentir los miembros de las distintas fracciones parlamentarias presentes en la reunión de la comisión, todas y cada una de las fracciones ahí presentes apoyaron la terna en la reunión. Si hubo alguna objeción, como ya lo refirió mi compañero de partido en esta tribuna, fue únicamente sobre el reconocimiento que se hizo al actual contador mayor de Hacienda y hecha por uno solo de los miembros de la comisión.
El compañero de su partido con el que seguramente usted no trae muy buena relación, ahí, a nombre de su fracción parlamentaria, manifestó no tener propuesta, pero además estar conforme con la propuesta y de acuerdo con la propuesta hecha por las fracciones parlamentarias. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José del Carmen Enríquez, para rectificación de hechos.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado: - No sé qué entiende el compañero Villalobos por congruencia y vuelve a subir por segunda ocasión a referirse a hechos completamente ilógicos.
Si un miembro de una comisión expresa sus reservas frente a determinado problema, no significa forzosamente que acepte lo que ahí se dice, ni tampoco el hecho de que un diputado en lo personal exprese su aprobación; tampoco significa que su grupo parlamentario en su conjunto acepta todas y cada una de las propuestas por las que se haya manifestado.
Compañero diputado, es claro que si hay propuestas, o si no las hay, un miembro de esta representación en sus comisiones tiene la obligación y tiene derecho de callarse y tiene la obligación de consultar con su grupo parlamentario, porque no solamente se trata de acciones individuales, sino de acciones de grupo y que precisamente es la que venimos a manifestar en esta tribuna. ¡De eso se trata, compañero diputado!
Me parece que usted debiera poner un criterio un poco más amplio al juzgar los hechos, pero incluso nos parece que debiera elevar un poco más la mira, porque de lo que se trata no es de si fulano dijo zutano dijo que no, o se quedó callado, eso no tiene trascendencia.
Lo que aquí importa, compañeros diputados, es si esta Cámara puede o no recoger un consenso que va a ir más allá y cuyas consecuencias van a ir más allá de este Legislatura, de eso se trata.
Precisamente la modificación, para que el contador mayor dure ocho años, su espíritu, su sentido, va en el sentido de que esté despegado precisamente de las cosas del Poder Ejecutivo y pueda jugar de manera eficiente, de manera eficaz, de manera honrada, el papel de órgano técnico de la Cámara de Diputados. De eso se trata.
Y cuando un órgano como es esta Cámara de Diputados toma una decisión, la tiene que hacer sobre la base de mayor consenso posible, precisamente porque lo que se quiere es un órgano técnico que pueda jugar esa función de lealtad con el país, de lealtad con la Cámara de Diputados; de la distancia necesaria con el Poder Ejecutivo.
No estamos aquí planteando una política de oposición por oposición, se trata de lograr el mayor consenso posible, porque precisamente quien resulte va a ser alguien que va a responder, no un grupo político determinado, sino va a responder a los intereses más generales, ése es el sentido de nuestra propuesta, no es otra más.
Y cuando nos pronunciamos por esa propuesta que hace en ese momento el Partido Acción Nacional, efectivamente es porque no teníamos otra. Pero eso no quiere decir que no haya otro más que puedan garantizar honradez, que puedan garantizar independencia, que puedan garantizar independencia al Poder Legislativo. De eso se trata.
Y nos parece que debiera ser muy claro el sentido de la propuesta que estamos haciendo aquí: no se trata de una propuesta del Partido de la Revolución Democrática, sino de una propuesta que al conjunto de la Cámara pueda sacar de consenso, pueda sacar de manera común y que el país vea que efectivamente tiene un órgano técnico que responde no al Poder Ejecutivo ni a los intereses de un grupo político determinado, sino responde a los intereses más generales de la nación. De eso se trata la discusión. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez, en contra del dictamen.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Es innegable que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda trabajó en torno a una óptica muy particular de lo que debería de ser el proyecto de dictamen. Y también fijó su posición en torno a lo que la Contaduría Mayor de Hacienda podía entender o entiende de lo que son las funciones y responsabilidades del contador mayor de Hacienda.
Yo sé de la experiencia que en la administración pública y en esta área tiene el presidente de la Comisión de Vigilancia, el diputado Trinidad Lanz Cárdenas. Inclusive, el día de hoy tuve oportunidad de dialogar con él antes de que llegáramos a este debate, primero con el propósito de hacerle saber que desafortunadamente el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no tiene representante en esta comisión, y por ello no tuvimos conocimiento pleno de la discusión, el debate y el dictamen que se elaboró en la propia comisión, sino hasta el día de antier en que se dio la primera lectura al dictamen.
Al analizar el dictamen encontramos algunos detalles que definitivamente no estamos de acuerdo, y el fundamental, en lo que discrepamos, es en que el dictamen hace en su punto primero, propone a esta asamblea hacer un público reconocimiento a la labor realizada por el licenciado y contador público, Miguel Rico Ramírez, como contador mayor de Hacienda por ocho años, que se iniciaron el 3 de diciembre de 1982 al 3 de diciembre de este año.
Si analizamos el dictamen no encontramos un solo elemento de carácter administrativo, de carácter de responsabilidad, de carácter de cumplimiento de las funciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, que a esta Cámara le pudiese sugerir un reconocimiento a un funcionario público, y en este caso al contador mayor de Hacienda.
Ahora bien, la comisión que avala este reconocimiento se sustenta única y exclusivamente en el punto seis para hacer este reconocimiento, proponer este reconocimiento a la Cámara de Diputados, pues consideramos que es muy endeble el planteamiento que formulan, el argumento que formulan para hacer este reconocimiento. No hay en el punto seis ningún caso sobreimportante o relevante en el que podamos desprender que el contador público, Rico Ramírez, llevó o cuando menos a esta Cámara de Diputados le hizo saber algo de transcendencia o algo que esta Cámara de Diputados en su momento pudiese ejercer para saber el estricto cumplimiento de este funcionario.
Yo creo que este reconocimiento que se está haciendo a la labor realizada durante ocho años del contador Rico Ramírez, pues única y exclusivamente se podrá circunscribir a que este funcionario sí fue muy condescendiente con la Secretaría de Programación y Presupuesto, sí estuvo más que coordinado con la Secretaría de Programación y Presupuesto, tal vez estuvo subordinado a esta Secretaría, porque al menos que yo recuerde en esta Legislatura, la Contaduría Mayor de Hacienda no ha presentado ante esta soberanía ninguna denuncia precisa, clara, en torno a los dos presupuestos de la Cuenta Pública de 1988 y 1989.
Por ello, creemos y rechazamos la fracción parlamentaria del Partido Autentico de la Revolución Mexicana y proponemos a todos los diputados, que por carecer de fundamento, de elementos sólidos, el reconocimiento al contador público Rico, se rechace este reconocimiento por carecer de elementos fundamentales. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Bonilla, en pro.
El diputado Javier Bonilla Chávez: - Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados: Vengo a esta tribuna para reforzar la propuesta que la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, hizo para proponer a el licenciado Javier Castillo Ayala para que ocupe el puesto de contador mayor de Hacienda.
La trayectoria del licenciado en Economía, Javier Castillo Ayala, quien es profesional, licenciado en economía, con estudios de postgrado en el misma área, y que se inició desde analista en al propia Secretaría de Hacienda, en la entonces Dirección General de Crédito y quien fue escalando puestos a través de su esfuerzo, de su trabajo, de su preparación, de su empeño, pero sobre todo de su vocación hacia la Hacienda Pública, hacia la administración financiera.
Eso le permitió a Javier Castillo Ayala ocupar puestos de importancia en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta llegar a nivel de director de área. De ahí pasó a la Secretaria de Programación y Presupuesto, iniciándose también como director de área de Finanzas Públicas y, posteriormente, director de Política Presupuestal, que es una de las direcciones más importantes en el manejo del presupuesto y que es en donde...
El Presidente: - Diputado Bonilla, permítame un momento... Dígame, diputado.
El diputado Pedro Rigoberto López Alarid (desde su curul): - ¡Quiero hacer una interpelación!
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Javier Bonilla Chávez: - con mucho gusto se la hago... Se la acepto al final.
El Presidente: - Al final de su intervención, diputado.
El diputado Javier Bonilla Chávez: - Estaba diciendo que el licenciado Castillo Ayala ocupó la importante Dirección General de Política Presupuestal, que es el órgano técnico más importante para el manejo del presupuesto. Y de ahí ocupó el puesto de subsecretario de Contabilidad y Control Presupuestal, en donde como se ve en su carrera profesional, en su carrera dentro de la administración pública, no es un improvisado en el manejo del presupuesto ni en el manejo de la auditoría presupuestal.
Esto confirma que la propuesta que está haciendo la comisión, y quiero dejar muy claro que la propuesta es de la comisión, si algún diputado sabe que la propuesta viene de alguna persona en especial, pues no se cuál se la "fuente" que él tenga, nosotros hicimos la propuesta en el seno de la comisión, en el que analizamos una serie de candidatos para ver cuál era el que llenaba los requisitos y la experiencia para proponerlo como candidato a este importante puesto.
Esto lo hace que tenga una experiencia y un conocimiento del manejo presupuestal que definitivamente lo hace un buen candidato. Pero aún más, el sector Público del gobierno federal está compuesto por dos grandes subsectores: el subsector gobierno y el subsector de organismos descentralizados y empresas paraestatales, y el paso del licenciado Castillo Ayala en el subsector de las empresas paraestatales le da todavía un conocimiento más amplio, total, integral, del manejo de la finanzas del sector público del gobierno federal.
Por eso hemos propuesto y por eso queremos aquí pedir el apoyo para que el licenciado Javier Castillo Ayala sea el contador mayor de Hacienda.
Por otro lado, también, relativo a lo que un diputado aquí que me antecedió y que impugnó que no era el profesionista adecuado, quiero decir al respecto que la ley prevé, la Ley de la Contaduría Mayor de Hacienda, que puede ser contador público, licenciado en Economía o licenciado en Administración o licenciado en Derecho el que puede ocupar este puesto. Pero también quería recordarle al diputado que en la Escuela Nacional de Economía, en donde estudió Castillo Ayala, es la única escuela que imparte o cuando menos que yo sepa hasta cuando yo estudié, que es la única escuela que imparte la carrera de contabilidad gubernamental. Creo que ninguna otra escuela imparte la materia de contabilidad gubernamental.
La contabilidad gubernamental es una especialidad sumamente compleja, es una especialidad que se deriva de las cuentas nacionales y que se requiere una verdadera especialización para manejar las cuentas de la Hacienda Pública Federal.
Por ello quiero nuevamente pedirles a ustedes el voto para el diputado Javier Castillo Ayala; solamente, antes de terminar, quiero decirles que el diputado que me antecedió en el uso de la palabra se refirió a que no se debería hacer un público reconocimiento por parte de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda al contador Miguel Rico, puesto que él consideraba que no era justo. Yo quiero decirles que si esta decisión la tomamos en el seno de la comisión, fue porque , inclusive, compañeros de otras fracciones parlamentarias estuvieron de acuerdo que cuando Miguel Rico tomó la Contaduría Mayor de Hacienda era una dependencia que verdaderamente no contaba ni con los elementos físicos ni humanos ni materiales para poder desempeñarse y es justo decir que en el tiempo que el contador Rico estuvo al frente de la dependencia, la dependencia se transformó y alcanzó un nivel digno de las mejores contadurías mayores de Hacienda del mundo y esto es reconocido por los organismos internacionales que agrupan a las contadurías mayores de Hacienda, de las cuales están ahí afiliadas, en donde se ha hecho un reconocimiento público de la labor y del desarrollo de estos ocho años de Miguel Rico. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Va a aceptar la interpelación?
El diputado Javier Bonilla Chávez: - Si quiere hacer la interpelación, con mucho gusto.
El diputado Pedro Rigoberto López Alarid (desde su curul): Diputado Javier Bonilla, si usted está hablando a nombre de la comisión y la comisión propone a tres personas como candidatos para ocupar el puesto de contador mayor de Hacienda, ¿por qué usted haciendo propaganda en favor, únicamente, de uno de los candidatos, como lo es el señor Javier?
El diputado Javier Bonilla Chávez: - Sí señor, porque de la terna tiene que salir el contador. Muchas gracias.
El diputado Pedro Rigoberto López Alarid (desde su curul): Si me permite, por favor. Yo considero que la comisión debe ser imparcial, se está proponiendo a tres personas que a juicio de ella tienen, reúnen los requisitos indispensables para ocupar este importante puesto; usted no está de ninguna manera facultado para hacer propaganda en favor de uno de los candidatos y menor en favor de una persona que estuvo ligado íntimamente a la Secretaría de Programación y Presupuesto y que al mismo tiempo estaba actualmente ligado al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido Revolucionario Institucional y también a la Liga de Economistas Revolucionarios, organismo que corporativamente está adherido al Partido Revolucionario Institucional. (Aplausos.)
El diputado Javier Bonilla Chávez: - El hecho de que usted no esté de acuerdo con la propuesta y con la persona a la cual estoy pidiendo el voto para que sea contador mayor de Hacienda, sí está precisamente en una terna y de la terna tiene que salir el contador mayor de Hacienda y he subido a hablar a favor de Javier Castillo Ayala. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar, del Partido Acción Nacional, para razonar su voto.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Es obvio que el diputado Bonilla viene a hablar a favor de uno de los tres postulados. Pero viene en nombre de la comisión, y ya con eso pues nos dijo pues quién va a ganar la elección en un momento más. Además dice que es diputado, yo creo que es el diputado 502... Ya hay diputado 502.
En 1979 se eligió como contador mayor de Hacienda al licenciado Enrique Ojeda Norma. En esa ocasión los diputados de todos los grupos parlamentarios estuvieron de acuerdo en esa designación. Desafortunadamente en 1982 se les presiona de alguna manera y renuncia a su cargo y se le da entrada precisamente al contador Miguel Rico Ramírez por ocho años. (De 1982 a 1990.)
Es importante resaltar aquí, y por eso pedí que se me permitiera el uso de esta tribuna, para razonar el voto, porque yo estoy a favor en lo general del dictamen, puesto que nosotros tenemos una posición ahí, pero estoy en contra del reconocimiento al contador mayor de Hacienda. No porque se trate de Miguel Rico Ramírez, sino porque como titular de la Contaduría Mayor de Hacienda, a mi parecer, el trabajo no fue el que esta Cámara requiere.
Nosotros como diputados tenemos dos funciones sustantivas. La primera es legislar y la segunda es auditar. Pero la auditoria que se ejerza a la administración pública federal se hace a través de un organismo técnico, que es precisamente la Contaduría Mayor de Hacienda. El contador mayor de Hacienda debe estar supeditado a las decisiones de esta Cámara, a las decisiones de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, no al Ejecutivo, como actualmente sucede. (Aplausos.)
No se puede hablar de que una persona sea imparcial cuando viene junto con todos los funcionarios de Hacienda, se sienta aquí enfrente y aplaude al Secretario de Hacienda y al Secretario de Programación y Presupuesto. (Aplausos.)
Y además, una cosa que es bastante criticable, la Contraloría Federal, la Secretaría de la Contraloría de la Federación, nunca ha sido auditada por la Contaduría Mayor de Hacienda. El argumento que se nos da para que esta función no se desarrollo es que cómo se va a auditar a otra secretaría que tiene funciones similares a la Contaduría Mayor de Hacienda; que eso no puede ser.
Si está ejerciendo un presupuesto público, también debe ser auditada la Contraloría de la Federación. Y si vemos los reportes de las auditorías efectuadas a las dependencias de la administración pública federal, nos encontramos con que tanto la Secretaría de Hacienda como la de Programación y Presupuesto son auditadas en muy raras ocasiones y muy superficialmente.
Yo creo que ahí se necesita en la Contaduría Mayor de Hacienda a una persona que tenga independencia sobre el Ejecutivo y que la demuestre en el desarrollo de su trabajo.
El diputado Villalobos, que no sé si sea de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, porque es la primera vez que yo lo veo como
miembro de la comisión, yo creo que no leyó bien la currícula del contador Rogelio Casas Alatriste. Si usted ve la última página, la página tres, se va a dar cuenta que no solamente Rogelio ha actuado independiente al Ejecutivo Federal, sino que ha sido también asesor de varias instituciones de crédito; fue asesor, inclusive, de la Secretaría de Programación y Presupuesto durante un tiempo y ha sido asesor de la Secretaría de Educación Pública; conoce la forma de operar de las cuentas nacionales, como dice el diputado Bonilla, y que las cuentas nacionales, también en la carrera de contador público se ven, diputado Bonilla, no solamente en al carrera de economía.
Nosotros creemos que inclusive la Contraloría de la Federación, y seguiremos insistiendo en esta tesis, debiera desaparecer; que se le dieran facultades a la Contaduría Mayor de Hacienda, bastantes, suficientes, para que pueda hacer las auditorías que se requieren en el país.
No podemos seguir permitiendo que haya una serie de irregularidades en los manejos de los dineros del pueblo de México, en las diferentes secretarías, aun cuando el contador Rico superó, si es cierto, superó en buena forma la labor de la Contaduría Mayor de Hacienda, no cumplió con su función cabalmente.
Y hay casos, yo les voy a dar dos casos, dos ejemplos, en los cuales se nota que ni siquiera, ni siquiera esta Cámara de Diputados o la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, integrada también por diputados, le da el apoyo, al contador mayor, que se requiere. Necesita desde luego, si está dependiendo de esta Cámara, contar con el apoyo de todos nosotros para que su labor sea más efectiva y se logren evitar una serie de errores, una serie de fallas, como los casos que les voy a comentar, que se refieren a Productos Pesqueros Mexicanos.
Cuando los auditores de la Contaduría Mayor de Hacienda revisan a Productos Pesqueros Mexicanos, concretamente a una de sus filiales, Atunmex, en 1985, fíjense lo que dicen los auditores, dicen: "Al revisar los saldos a favor de Productos Pesqueros Atunmex, S. A. de C. V., que no presentaron movimiento en la contabilidad durante 1985, se tuvo conocimiento de que la entidad no ha resuelto la situación del anticipo por 200 mil dólares estadounidenses, que fue otorgado al proveedor, Enshord Fishing Company, para la adquisición del banco atunero denominado Distait Antoniet, cuyo precio era de 7.9 millones de dólares. Al respecto, el anticipo no se ha aplicado, debido a que el proveedor sancionó a la entidad por incumplimiento del contrato de compra - venta correspondiente; ello impidió a Productos Pesqueros Atunmex, pagar las parcialidades convenidas a cuenta del banco atunero y provocó que la empresa se hiciera acreedora a la sanción de cancelación del contrato y perdiera los 200 mil dólares estadounidenses entregados como anticipo".
Atunmex entrega un anticipo de 200 mil dólares, no cumple con el contrato y la empresa que le iba a fabricar el barco, le da por cancelado el contrato y por perdidos los 200 mil dólares. Quiere decir que fueron 600 millones de pesos los que se perdieron así nada más; los auditores lo reportan, ¿pero qué hizo la Contaduría Mayor al respecto? No sabemos, no tenemos información, aun cuando esto fue de 1985.
Y otro caso, nada más como ejemplo, porque al revisar las cuentas desde 1983 hasta 1987, de Productos Pesqueros Mexicanos y de todas sus filiales, por donde le apachurráramos salía pus, donde quiera había errores; nada más les estoy mencionando dos.
En 1984, el consorcio contaba dice, o sea Productos Pesqueros Mexicanos, con 219 embarcaciones, algunas de las cuales se encontraban fuera de uso. La auditoría se vio limitada, porque no se les proporcionó la información correspondiente y de las 219 embarcaciones que tenía en sus inventarios, solamente estaban trabajando 39 y esta anomalía hizo que en 1984 se recibieran o se pescaran sólo 59 mil toneladas de especies marinas; si se hubiesen tenido las 219 embarcaciones en buen estado, se hubieran recabado 178 mil toneladas. Quiere decir que el pueblo de México, los mexicanos, por una ineficiencia por parte de Productos Pesqueros Mexicanos dejamos de recibir 119 mil toneladas de productos pesqueros.
Yo creo que todas estas cosas debiéramos evitarlas, debiéramos buscar elegir como contador mayor de Hacienda precisamente a una persona que no esté tan ligada a la Secretaría de Programación y Presupuesto ni a ninguna de las dependencias oficiales; solamente así se puede lograr que esta Cámara cumpla con el pueblo de México su labor sustantiva de auditar a las oficinas de las dependencias públicas.
El mismo problema del Banco Nacional Pesquero y Portuario, aunque se me va a decir que no, que porque el Banco Nacional Pesquero y Portuario no actúa con presupuesto de la Federación de la Cuenta Pública, pero la Secretaría de Hacienda sí actúa con presupuesto público y la Secretaría de Hacienda transfirió 2.75 billones de pesos al Banco Nacional Pesquero y Portuario para recuperarla, para sanearla, dicen ellos, de un déficit que traía desde hace muchos años. Si la
Contaduría Mayor de Hacienda hubiese revisado las cuentas de Hacienda a profundidad y con mucha honestidad, se hubiese dado cuenta que el Banco Nacional Pesquero y Portuario iba por mal camino y que al Banco Nacional Pesquero y Portuario estaba a punto o que ya había quebrado, y hubiese dado la voz de alarma a la Comisión de Vigilancia para que se corrigiera ese problema tan grave que le ha acarreado, insistimos, más de 3 billones de pesos de defraudación al pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gilberto Ortíz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para razonar su voto.
El diputado Gilberto Ortíz Medina: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: Habiendo recibido la copia del dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda en la que se nos informa que habiendo concluido el período de ocho años que conforme a la ley el licenciado contador público Miguel Rico Ramírez desempeño ineficazmente el cargo de contador de Hacienda y que en consecuencia corresponde a esa comisión proponer razonada y motivada tanto la prórroga del referido funcionario o la terna de candidatos dentro de los cuales debe designarse a quien lo sustituya y en virtud de que el mencionado contador mayor manifestó su deseo de ni formar parte de la terna, la Comisión de Vigilancia, conforme al planteamiento y exposición de motivos discutió los requisitos y opciones, acordaron proponer como candidatos para ocupar el cargo de contador mayor de Hacienda para el período comprendido entre el 3 de diciembre de 1990 y el 2 de diciembre de 1998 a los profesionistas, contador público Rogelio Casas Alatriste, licenciado Javier Castillo Ayala y licenciado Daniel Robles Ferrer.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana al examinar las currículas de cada uno de los propuestos y encontrando que el señor Javier Castillo Ayala, a pesar de sus grandes méritos que en seis hojas se anotan, de las mismas se desprende que en su filiación política al servicio del sistema lo hace parcial al grupo mayoritario de esta Cámara, y que su desempeño en las atribuciones que al cargo le son inherentes, sobre todo en materia de examen y revisión de la Cuenta Pública, fiscalización y control de la Cuenta de la Cámara de Diputados, no sería dubitable, sino que pecaría de parcial y en ningún momento merecería la confianza de sus actuaciones en tan delicados oficios.
Asimismo, el hecho de provenir de la Secretaría de Programación y Presupuesto como empleado o funcionario de la misma y con comisiones en paraestatales, lo hacen vulnerable a la verticalidad que se requiere en estos cargos.
Sabemos perfectamente de sus méritos académicos, sus membresías y su desempeño en sus diversos cargos de asesor en las diferentes secretarías, así como las actividades nacionales e internacionales, cuyo mérito es indiscutible así como los trabajos realizados en favor de la Secretaría de Hacienda y Programación y Presupuesto, le hacen persona digna de elogio.
De igual forma, sus conferencias y ponencias de los diversos foros nacionales e internacionales sus cargos en las asociaciones latinoamericanas le enmarcan un brío inigualable que solamente opacan su afiliación priísta y su dependencia como empleado o funcionario o representante de las secretarías de Hacienda y Programación y Presupuesto.
Por tal razón, nuestro voto razonado de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, será en contra de la candidatura de Javier Castillo Ayala, para ocupar el cargo de contador mayor de Hacienda, Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Trinidad Lanz Cárdenas, por la comisión.
El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas (desde su curul): - Declino, señor Presiente.
El Presiente: - Consulte la secretaría a la asamblea si está suficientemente discutido el dictamen.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutido el dictamen... Suficientemente discutido, señor Presidente.
En votación económica se pregunta si se aprueba el dictamen en sus términos.
Los diputado que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el dictamen en sus términos, señor Presidente.
ELECCIÓN DEL CONTADOR MAYOR DE HACIENDA
El Presidente: - Se va a proceder a la elección del contador mayor de Hacienda para el período
1990 - 1998. Se ruega a los diputados pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
(Votación.)
el diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Señor Presidente, esta votación carece de legitimidad, la mayor parte de los diputados ha votado pero no ha habido control. Pido que se repita la votación.
El Presidente: - Rogamos ya la atención a los señores diputados, rogándoles que pasen a votar conforme son citados por su nombre. Esta Presidencia no puede hacer más que rogarles a los diputados que no se adelanten y que no lo hagan fuera de su lugar, es lo más que podemos hacer.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Esta secretaría informa del resultado del escrutinio: un voto para Javier Zedillo Ponce de León, un voto para Enrique del Vaal, cuatro votos en blanco, cuatro para Ernesto Zedillo Ponce de León, 84 votos para Rogelio Casas Alatriste, 243 para Javier Castillo Ayala y cero votos para Daniel Robles Ferrer.
El Presidente: - En consecuencia, se declara que ha sido electo contador mayor de Hacienda para el período 1990 - 1998, el ciudadano Javier Castillo Ayala.
CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En votación económica y por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensada la segunda lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal de 1989
Honorable asamblea: En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 74, fracción IV, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 43 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo presentó, en tiempo y forma a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la Cuenta de la Hacienda Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1989, que incluye los resultados de la gestión financiera, programática, económica y presupuestal de las entidades de la administración pública centralizada y paraestatal comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta honorable Cámara de Diputados para ese ejercicio, información que se relaciona con los objetivos y prioridades de la planeación nacional, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Planeación.
La Cuenta de la Hacienda Pública Federal fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, en atención a lo previsto en los numerales 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y enviada para su revisión a la Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados, por conducto de su Comisión de Vigilancia, conforme a los artículos 1o., 3o. y 10o. fracciones I, II y IV de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Conforme a lo establecido en el inciso a) fracción II del artículo 3o. de la Ley Orgánica, el órgano técnico de la Cámara de Diputados, en cumplimiento de sus funciones, procedió a integrar el informe previo con los comentarios generales a que alude el precepto en cuestión.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública elaboró el proyecto del dictamen correspondiente con base en la información y observaciones producto de las deliberaciones sostenidas a lo largo de seis sesiones de trabajo entre los diputados integrantes de la propia comisión, con servidores públicos de diversas dependencias del Poder Ejecutivo convocados para ampliar la información y, en su caso, aclarar las dudas que surgieron de su revisión, así como de la documentación que el Ejecutivo Federal envía de conformidad al artículo 38 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989, remitida a las comisiones de Hacienda y Crédito
Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de esta honorable Cámara y la información contenida en el informe previo sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio de 1989, de la Contaduría Mayor de Hacienda.
A continuación se presenta la información relacionada conforme al orden de los apartados contenido en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1989 y que dan el marco de referencia a los resultados de finanzas públicas para dicho ejercicio.
1o. Panorama económico
En 1989, uno de los avances económicos más importantes propuestos desde el inicio del año, fue el avance en la consolidación de la estabilidad de precios con una recuperación gradual y firme de la actividad económica. El aumento porcentual del producto interno bruto rebasó por primera vez en varios años, al de la población; por su parte, la inflación se redujo a alrededor de la tercera parte de la observada un año antes. En este sentido se cumplió el propósito buscado, si se toma en cuenta que la variación del índice nacional de precios al consumidor, de diciembre a diciembre, fue inferior a 20% y la inflación promedio se redujo de 114.2% en 1988, a 20% en 1989. En índice de precios de la canasta básica mostró una desaceleración más pronunciada, al crecer 15.4% de diciembre a diciembre, con una variación promedio anual de sólo 11.9%. El aumento del índice de precios al productor fue de 15.6% en el período de referencia.
Asimismo, se dieron pasos importantes en lo relativo al objetivo de recuperar el ritmo de la actividad económica, al observarse un crecimiento del Producto Interno Bruto de 2.9% respecto al nivel del año anterior, resultado que se compara favorablemente con el 1.5% programado originalmente y con el crecimiento de la población. Este comportamiento se atribuye, en buena medida al desempeño de la industria manufacturera, cuya producción aumentó 6.0% durante el período de referencia. Otros sectores que sobresalieron por su dinámica fueron: electricidad, gas y agua con 8%; transportes, almacenamiento y comunicaciones 6.1% y comercio, restantes y hoteles 3.2%. Cabe mencionar que en las sesiones de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con el Ejecutivo Federal se informó que habían sido revisadas las cifras del producto interno bruto por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en forma posterior a la elaboración de la Cuenta Pública, modificándose el crecimiento del Producto Interno Bruto a 3.1%.
La mayor actividad económica se reflejó en los indicadores de empleo. El índice de personal ocupado en 129 clases de actividad de la industria manufacturera mostró un incremento de 2.5% en promedio, con relación a lo observado un año antes. Por su parte, en el Instituto Mexicano del Seguro Social el número de asegurados permanentes observó un crecimiento promedio anual de 7.4%.
El sector financiero de la economía se caracterizó por una significativa recuperación de la captación y menores tasas nominales de interés. Así, el saldo real del ahorro financiero definido como el agregado monetario más amplio (M4) menos billetes y monedas en poder del público, mostró un aumento anual de 29.3% en términos reales, que se compara favorablemente con el 4.3% observando un año antes. La expansión de la captación financiera permitió satisfacer la mayor demanda crediticia por parte del sector privado; el saldo de financiamiento otorgado por la banca comercial a los particulares aumentó 66.9% en el período. En cuanto a las tasas de interés, por segundo año consecutivo, el costo promedio de captación se redujo, al caer en 23 puntos porcentuales en promedio, respecto al de un año antes, situándose al cierre del año en 40.1%, con el consecuente alivio en las finanzas públicas, así como estímulos a la inversión privada.
En el sector externo, la balanza de pagos arrojó un saldo superavitario de 271.5 millones de dólares en la acumulación de la reserva de divisas del país, la cual se compara favorablemente con una desacumulación de más de 7 mil millones de dólares del año anterior. En la balanza comercial se registró un dinamismo creciente de las exportaciones de mercancías y una desaceleración de las importaciones. Las primeras aumentaron 11% respecto al año anterior y su crecimiento anual pasó de 7% en el primer semestre, a 15% en el segundo. Por su parte, el dinamismo de las importaciones continuó disminuyendo significativamente, conforme se ha diluido el efecto de la apertura comercial; su crecimiento respecto al mismo período del año anterior pasó de 34%, en el primer semestre, a 16% en el segundo. Su variación anual fue de 24%, tasa inferior al 55% de 1988.
En materia de finanzas públicas, destaca una disminución considerable del déficit financiero del sector público, al ubicarse respecto al producto interno bruto en menor de la mitad de lo registrado un año antes y el cumplimiento del nivel programado originalmente. El superávit primario presupuestal, es decir, la diferencia entre ingresos público y gastos distintos al servicio de
la deuda, alcanzó su nivel histórico más elevado rebasando la meta de salida al ascender a un 8.4% como proporción del producto interno bruto.
Otro aspecto que es importante resaltar, lo constituye la renegociación de la deuda pública externa con la comunidad financiera internacional, misma que se planteó en dos etapas. En la primera, se alcanzaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Club de París, así como con los gobiernos de Japón y España. Posteriormente, a finales de julio, se firmó un acuerdo en principio con la banca comercial internacional; cabe mencionar que los beneficios directos del acuerdo empezaron a registrarse en 1990, una vez que la banca comercial eligió propuesta por México para la reestructuración de su débito.
2o. Observancia de los preceptos legales
Con objeto de verificar el cumplimiento de los preceptos legales que rigen la gestión en materia presupuestal de las entidades y organismos del sector público, la Cámara de Diputados, a través de su órgano técnico, realiza tanto por mandato constitucional, como por lo previsto en la legislación secundaria, una serie de actos para verificar si las operaciones se ejercieron en lo particular y en lo general con apego a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación y para constatar si las dependencias y entidades cumplieron con las disposiciones de las leyes y ordenamientos aplicables en la materia.
Fueron objeto de revisión los siguientes ordenamientos: Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1989; decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1989; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; Ley General de Deuda Pública; Ley de Obras Públicas; Reglamento de la Ley de Obras Públicas; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio de Tesorería de la Federación; Ley General de Bienes Nacionales y Ley Federal de Responsabilidades de los Servicios Públicos.
Del análisis efectuado y de la información recabada por la Contaduría Mayor de Hacienda, para verificar en forma preliminar y general la observancia de los preceptos legales, por parte de las dependencias y entidades del gobierno federal, se desprende lo siguiente:
De la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se considera que, en términos generales, se cumplió con dicho ordenamiento.
Respecto a la Ley de Ingresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de referencia, se considera que se cumplió adecuadamente con las disposiciones establecidas por ese ordenamiento.
Por lo que hace al decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1989, se observó que en términos generales fueron cumplidas adecuadamente sus disposiciones.
Por lo que concierne a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y a su reglamento, se observó que, en general, se cumplieron satisfactoriamente.
Por lo que toca a la Ley General de la Deuda Pública se considera que se cumplió adecuadamente con sus preceptos.
Por lo que se refiere a la Ley de Obras públicas y su reglamento, se observaron algunas irregularidades intranscendentes de ciertas dependencias y entidades, en relación a la elaboración de programas de obras públicas, iniciación de las obras en las fechas convenidas, remisión de títulos de propiedad y de datos de localización y construcción de las obras públicas.
La Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, se cumplió en términos generales adecuadamente, a pesar de que algunas entidades no pudieron lograr los objetivos y metas consideradas en el Plan Nacional de Desarrollo.
En cuanto a la Ley de Planeación, se observa que ésta, en términos generales, se cumplió adecuadamente.
Por lo que toca a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se cumplieron adecuadamente sus disposiciones, a pesar de que en algunas entidades no fue necesario celebrar asambleas del Consejo de Administración.
Por lo que respecto a la Ley de Servicio de Tesorería de la Federación, se observa que se cumplió adecuadamente con sus disposiciones.
En relación con la Ley General de Bienes Nacionales, de la información, captada y revisada se desprende que se cumplió en términos generales,
no obstante que algunas dependencias no cumplieron con la obligación de proporcionar informes, datos o documentos correspondientes a los inmuebles que usaran o tuvieran bajo su cuidado, además, las dependencias no han presentado el programa anual sobre necesidades inmobiliarias.
Por lo que toca a la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores públicos, se puede concluir, que las dependencias y entidades se ajustaron a términos.
Por último, es pertinente aclarar que las diversas observaciones realizadas por irregularidades que se detectaron y que deben ser corregidas, no se consideran de gran trascendencia. Por lo cual, se puede concluir válidamente que el gobierno federal, cumplió satisfactoriamente los preceptos legales que lo regulan. Sin embargo, la Contaduría Mayor de Hacienda deberá profundizar en revisión de la Cuenta Pública para el ejercicio de 1989, con objeto de verificar el completo apego de la gestión financiera a las normas aplicables en la materia, y de lo cual deberá informar a la Cámara de Diputados oportunamente.
3o. Resultados de las finanzas públicas
En el marco del programa económico de 1989 se siguió una política de control de las finanzas públicas, sustentada por la disciplina en el ejercicio del gasto y el fortalecimiento de los ingresos, para asegurar un balance fiscal congruente con las metas de inflación. Con su cumplimiento, fue posible que el déficit presupuestal se redujera de 9.6% del producto en 1988, a 5.0% en 1989. Y el superávit primario del sector público presupuestal alcanzó el mayor nivel histórico.
Estos resultados fueron producto de gran medida, de la recaudación no petrolera del gobierno federal, cuya participación en el producto aumentó en 1.2 puntos porcentuales, ubicándose en 12.9%. El favorable comportamiento de los ingresos, fue resultado de la creación del impuesto al activo de las empresas, las reformas fiscales, las campañas de fiscalización, el proceso de simplificación de trámites y las medidas adoptadas para inducir el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Por su parte, el gasto neto devengado alcanzó el 34.3% del producto, lo que significó una reducción de 5.0 puntos porcentuales respecto al año previo, esfuerzo que derivó en 82.0% de la evolución del gasto no programable, y en 18.0% de las menores erogaciones programables.
El gasto no programable devengado fue el componente del gasto neto devengado que observó la mayor caída real derivada de los avances en la estabilidad económica. El abatimiento de la inflación permitió que el cpp promedio anual experimentara un descenso de 23.0 puntos porcentuales respecto de 1988, lo que hizo posible reducir las erogaciones por intereses y comisiones del sector público presupuestal en 20.7% real, y en 4.0 puntos porcentuales del producto.
El gasto programable devengado se redujo en 0.9 puntos porcentuales del producto, de los cuales 0.5 puntos obedecen a la disminución del gasto corriente, principalmente en materiales y suministros.
En síntesis, se observa que los resultados obtenido en materia de finanzas públicas durante el ejercicio de 1989 fueron más favorables en diversos aspectos que las expectativas iniciales, especialmente en lo relativo al déficit financiero y superávit primario, lo cual se constituyó en un componente fundamental para avanzar en forma significativa en el cumplimiento de los objetivos propuestos de consolidar la estabilidad económica y el inicio de la recuperación paulatina de la actividad económica.
Política de Ingresos
La política de ingresos se orientó a generar lo recursos internos suficientes para un financiamiento sano de las actividades del sector público promover la eficiencia de la planta productiva, garantizar la competitividad internacional del sistema tributario e incidir favorablemente en la distribución del ingreso nacional.
En materia tributaria se redujeron las tasa impositivas y a la vez se amplió la base gravable y el número de contribuyentes, avanzando paralelamente en el proceso de modernización y simplificación de la administración fiscal, así como en el combate frontal a la elusión y evasión.
La política de precios y tarifas se orientó al logro de dos objetivos básicos: contribuir al sano funcionamiento de las entidades paraestatales y apoyar la política de estabilización.
Durante 1989, los lineamiento aplicados hicieron posible que los ingresos del sector público ascendieran a 147 billones 815.5 mil millones de pesos, cifra que en términos reales superó en 2.1% a lo alcanzado en el ejercicio previo y en 16.2% a la estimada en la Ley de Ingresos. El gobierno federal participó con el 65.1% de los ingresos totales y los organismos y empresas con el 34.9%, resultado que se compara con el 59.6 y el 40.4% respectivamente del ejercicio anterior.
Los ingresos provenientes de la actividad petrolera alcanzaron un monto de 45 billones 915.7 mil millones de pesos, cifra que en términos reales observó una reducción anual de 2.6% y que, comparada con lo estimado en la Ley de Ingresos resultó superior en 21.6%. Los ingresos no petroleros crecieron en 4.4% real en relación a 1988 y rebasaron en 13.9% la previsión original.
Del análisis y evaluación de la recaudación del gobierno federal, se desprende que ésta ascendió a 96 billones 273.0 millones de pesos, cifra que traducida a precios constantes resultó superior en 11.0% a la obtenida el ejercicio anterior y en 18.0% a la prevista en la Ley de Ingresos.
Por su parte, los ingresos petroleros del gobierno federal ascendieron a 28 billones 801.3 mil millones de pesos, cifra mayor en 6.6% real a la captada en 1988, y en 31.2% respecto a la esperada.
El Derecho a la Extracción de Hidrocarburos permitió una captación de recursos por 17 billones 914.7 mil millones de pesos, superior en 10.7% real a lo observado en 1988, y en 45.8% a lo estimado.
Por lo que respecta a la recaudación no petrolera, ésta ascendió en 1989 a 67 billones 471.7 mil millones de pesos, superando en 13.0% real a la obtenida en el año anterior y en 13.1% a lo esperado. De esta recaudación el 77.7% provino de los ingresos tributarios. Destacaron por su dinamismo en relación a la estimación, los Impuestos Sobre la Renta, al Activo de las Empresas, al Valor Agregado y Especial Sobre Producción y Servicios.
La recaudación por los Impuestos Sobre la renta y al activo de las empresas fue de 27 billones 284.9 mil millones de pesos, cifra superior en 11.9% a la alcanzada en 1988. En relación a lo estimado en la Ley de Ingresos, dicho monto resultó superior en 1 billón 335.1 mil millones de pesos, esto es, 5.1%.
Por concepto del impuesto al valor agregado, la Federación percibió 14 billones 801.0 mil millones de pesos, con lo cual superó en 5.9%, en términos reales, lo captado en 1988 y en 5.4% a lo estimado. Como proporción del producto la recaudación de este gravamen significó el 3%, el nivel más alto logrado en los años de vigencia del impuesto.
El impuesto especial sobre producción y servicios aportó 4 billones 755.1 mil millones de pesos, con un crecimiento real de 2.5%; respecto a la estimación, ésta fue superada en 5.0%. Destacan dentro de este renglón el impuesto a los servicios telefónicos, aguas envasadas y bebidas alcohólicas.
La recaudación por concepto del impuesto a la importación ascendió a 3 billones 901.3 mil millones de pesos, cifra que en relación al año anterior significó un crecimiento real de 79.5%, que se explica por el aumento anual de casi 25% en el valor de las importaciones y por mayores aranceles.
Por la aplicación del impuesto sobre automóviles nuevos se recaudaron 448.3 mil millones de pesos, monto que presentó un decremento anual de 17.8% en términos reales. Este comportamiento se explica por la reducción de las tasas impositivas, aplicables a los autos de menor precio y por el mantenimiento de los precios de los automóviles nuevos a lo largo del año.
Por otro lado, la distribución de los ingresos del gobierno federal participables a las entidades federativas se realizan a través de tres fondos: Generales de Participaciones, Financiero Complementario y de Fomento Municipal. La recaudación federal participable se integra con todos los impuestos del ejercicio, los derechos sobre hidrocarburos y de minería, los recargos, y las devaluaciones; y se excluye el impuesto adicional de 2% a las exportaciones y el derecho adicional del 5% sobre hidrocarburos.
Durante el año, los ingresos que las entidades federativas percibieron por concepto de participaciones e incentivos económicos totalizaron 14 billones en 335.8 mil millones de pesos, con lo que mantuvieron su nivel real respecto al ejercicio anterior.
Con el propósito de apoyar la recuperación económica con estabilidad de precios, durante 1989 se acentuó el proceso de racionalización de los estímulos fiscales. Los esfuerzos realizados en lo referente a estímulos fiscales se centraron en cuatro objetivos: fomento selectivo de la inversión productiva, desarrollo regional, fortalecimiento del sector externo y atención a los mínimos de bienestar. Como resultados de estas acciones, se obtuvieron estímulos por 107 mil millones, lo que significa una reducción del 7.9% en términos reales respecto a lo otorgado un año antes. De este total el 50% se destinó a la atención de los mínimos de bienestar el 4% a fomentar la inversión y el empleo y el 9.6% correspondió a otros.
La política de ingresos del sector paraestatal buscó hacer compatible el propósito de
consolidar el abatimiento de la inflación con el fortalecimiento de las finanzas públicas, mediante ajustes concertados en los precios de los bienes y servicios con rezagos significativos. Las correcciones en los precios se efectuaron tomando en consideración tres aspectos: la incidencia sobre el salario real, los precios de referencia internacional y el costo unitario de producción. En estas acciones permitieron obtener a las empresas y organismos controlados presupuestalmente ingresos propios por 52 billones 865.8 mil millones de pesos, monto 12.2% arriba del estimado. Las entidades con mayor participación en el total fueron Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Seguridad y Servicios Social de los Trabajadores del Estado, Altos hornos de México, S.A. y Compañía Nacional de Subsistencias Populares.
Política de deuda
La premisa que orientó la política de la deuda pública fue el de abatir su servicio por medio de la negociación en la externa y menores tasas de interés en la interna. De esta manera, en el primer caso de propuso bajar la transferencia neta de recursos al exterior, disminuir el monto de la deuda histórica acumulada, asegurar recursos netos durante un período de tiempo largo, para eliminar la incertidumbre de las negociaciones recurrentes, y reducir el valor real de la deuda y su proporción respecto al producto interno bruto.
La negociación con la Comunidad Financiera Internacional se planteó en dos etapas: la primera, con los organismos financieros internacionales y el Club París, y la segunda con la banca comercial.
El proceso inició con el convenio establecido con el Fondo Monetario Internacional, en donde por primera vez se planteó en un acuerdo de esta naturaleza, lograr un crecimiento económico sostenido con estabilidad de precios, para lo cual se mantuvo como condición básica reducir las transferencias de recursos al exterior.
El acuerdo ratificó la carta de intención suscrita por México el 11 de abril de 1989, en la que se estableció que el país recibirá financiamiento por 4 mil 135 millones de dólares de los cuales, una parte se utilizará en la conformación de las garantías requeridas para las operaciones de reducción de deuda con la banca comercial. Es importante subrayar que este hecho no tiene precedente en los acuerdos firmados con el Fondo Monetario Internacional.
Con el Banco Mundial, el Club de París y los gobiernos de los países acreedores, se firmaron acuerdos que involucraron el acceso a recursos frescos, el diferimiento de pagos sobre intereses y principal, y en el caso particular del gobierno de España, se obtuvo una reducción del 50% de la deuda contratada con los bancos de ese país.
La segunda etapa del proceso de renegociación comprendió el acuerdo con la banca comercial Internacional, principal acreedor del sector público. Para lo anterior, se propusieron tres opciones que consistieron en: reducción de 35% del principal; disminución de la tasa de interés a un nivel fijo de 6.25%, y aportación de recursos en forma multianual o capitalización de intereses de los créditos existentes por un 25% del valor nominal de la deuda base, no incluida en las dos primeras opciones. El monto de recursos frescos se distribuirá en cuatro años: 7% en 1989 y 6% en cada uno de los años subsecuentes. Es importante considerar que los beneficios directos habrán de reflejarse hasta 1990. El sector público en presupuesto presentó un desendeudamiento neto por 697.1 millones de dólares, de los cuales 143.2 correspondieron al gobierno federal y 553.9 al sector paraestatal. Este resultado implicó un uso de recursos externos inferior al aprobado por este honorable Congreso.
La evolución del saldo de la deuda del sector público estuvo determinada por los menores requerimientos financieros, producto de la desaceleración del ritmo inflacionario y el adecuado manejo de las finanzas públicas; la ausencia de recursos externos netos, la cancelación de deuda por la venta de empresas paraestatales y los efectos de las operaciones de intercambio de deuda pública por inversión, autorizadas a finales de 1987.
El saldo de la deuda externa disminuyo su peso relativo respecto al total, al pasar de 58.0% en 1988 a 55.8% en 1989. El saldo de la deuda interna representó el 44.2% del total, frente al 42.0% de 1988. El saldo de la deuda del gobierno federal alcanzó un monto de 264 billones 351.3 mil millones de pesos. El saldo de la deuda del sector paraestatal se situó en 56 billones 268.4 mil millones de pesos.
Como resultado de los menores requerimientos financieros del sector público, el ahorro doméstico se constituyó en el principal instrumento para propiciar la recuperación económica. En el ámbito de la política monetaria se incorporaron medidas tendientes a restringir el financiamiento del Banco de México al sector público y a sustituir el régimen de encaje legal por un coeficiente de liquidez. Adicionalmente, se determinó un uso más intensivo de la operaciones en el mercado primario y secundario de dinero, para
sufragar los requerimientos financieros indispensables en el cumplimiento del programa de gobierno.
Durante 1989, el sector público en presupuesto acumuló un endeudamiento neto de 21 billones 56.2 mil millones de pesos, monto inferior al estimado en 10.1% y 49.1 en términos reales al registrado en 1988. El correspondiente al gobierno federal ascendió a 19 billones 450.2 mil millones de pesos, cifra que representó el 89.3% de la meta original y un decremento anual, descontada la inflación, de 52.8%. Los organismos y empresas alcanzaron un endeudamiento neto de 1 billón 606 mil millones de pesos, cantidad que representó el 99.1% de la previsión original.
4o. Orientación sectorial del gasto
Durante 1989, la asignación del gasto otorgó preferencia a los sectores que dan respuesta a la demanda de bienes y servicios básicos de la población y contribuyen a la erradicación de la pobreza extrema. En congruencia con estas prioridades, el 49.1% del gasto programable ejercido se destiño a los sectores Desarrollo Social, Desarrollo Rural, y Comercio y Abasto. proporción superior en 4.7 puntos porcentuales a la observada en 1988.
Desarrollo rural
Las acciones de este sector se orientaron al apoyo y fomento de la producción agrícola, pecuaria y forestal. Para cumplir con sus objetivos, este sector ejerció un gasto de 4 billones 821.1 mil millones de pesos, monto similar en términos reales al ejercido el año anterior y, superior un 1.3% a su asignación original.
El subsector agrícola encaminó sus acciones al fomento de la producción de granos básicos, oleaginosas y granos forrajeros. Con estas acciones, se buscó incidir favorablemente en la producción agrícola.
El subsector pecuario dio referencia a aquellos proyectos que fomentan la producción de carne, leche y huevo, a fin de promover la autosuficiencia alimentaria e incrementar la capacidad de exportación.
El subsector forestal procuró garantizar el abasto suficiente de la producción silvícola y se apoyaron acciones de prevención y control de incendios, así como la inspección y vigilancia forestal.
En materia de agua e irrigación, las acciones se orientaron al establecimiento del sistema financiero del agua. Con la finalidad de contar con una sola autoridad en la materia, a nivel federal, se creó la Comisión Nacional del Agua y se puso en operación el Sistema Nacional Hidráulico, con dos actividades principales: la operación de los acueductos y el suministro de agua en bloque. En infraestructura hidráulica se dio prioridad a las obras de conservación y rehabilitación de los distritos de riego, para dar un uso más eficiente a la misma.
El subsector Reforma Agraria otorgó especial atención a las acciones tendientes a fomentar la organización de los productores rurales, promover la creación de empleos a la capacitación, y continuar con la regularización de la tenencia de la tierra. Los resultados en general fueron satisfactorios, permitiendo con ello avanzar simultáneamente en la solución de los complejos problemas del campo mexicano y en su proceso de modernización.
Sector pesca
Las principales acciones se encaminaron a reactivar la flota de captura, promover la acuacultura rural y la camaronicultura, apoyar la investigación científica y tecnológica y mejorar la infraestructura de distribución.
El sector ejerció un gasto de 144.9 mil millones de pesos, inferior en 77.6% en términos reales al del año anterior, y menor en 5.5% al presupuestado originalmente. Cabe subrayar que esta comparación se ve afectada porque a partir de 1989, Productos Pesqueros Mexicanos no formó parte de los organismos y empresas en presupuesto.
Con la participación de los sectores privado, social y público, se obtuvo un crecimiento del 8.8% en el volumen de la producción pesquera nacional. De la producción total, el 61.5% se destinó al consumo humano directo, 34.7 al indirecto y 3.8 al uso industrial.
Por lo que respecta a la comercialización y abasto de productos pesqueros, el sector pesca promovió la actualización de la infraestructura de distribución, procurando elevar la disponibilidad de los alimentos y asegurar el abasto de especies de consumo popular para el mercado interno. Como resultado de las acciones de comercialización y promoción, se logró aumentar en 3.0% el consumo nacional aparente.
En materia de comercialización internacional, se buscó la diversificación de los mercados para aprovechar el potencial de ventas, de esta forma el volumen de las ventas externas mostró un
crecimiento de 16.5% respecto a 1988, el cual compensó, en parte, la baja en el precio internacional de los productores pesqueros. Como consecuencia, los ingresos de divisas por este concepto sufrieron una merma de 4.3%, en relación a la capitación lograda el año anterior.
Sector desarrollo social
Subsector educación
Las erogaciones de este subsector ascendieron a 13 billones 346.1 mil millones de pesos, que medidos a precios constantes significan una variación anual positiva de 6.9% con un ejercicio del 96.5% del presupuesto asignado originalmente.
Este subsector concentró sus esfuerzos en elevar la calidad de los servicios y la escolaridad de la población; descentralizada y readecuar la educación a los requerimientos del país; mantener y mejorar los servicios en las áreas de educación física, deporte y recreación; y fortalecer la participación de la sociedad en el quehacer educativo.
De las acciones emprendidas durante 1989, destaca la formación de tres grupos interdisciplinarios encargados de revisar los planes de estudio vigentes y en los tres niveles de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, a fin de formular normas y lineamientos que contribuyan a articular su conformación, y proponer medidas curriculares que superen los desfazamientos y las deficiencias formativas entre los mismos.
Asimismo, se continuó impulsando la introducción de medios electrónicos como auxiliares didácticos del proceso enseñanza - aprendizaje, a través del programa Micro - Sep. Por otra parte, se redujo el número de escuelas unitarias incompletas; se reordenaron becas; y se apoyó la atención de niños de escasos recursos que cursan la educación primaria en los albergues rurales e indígenas.
En cuanto a la secundaria, se enfatizó la modalidad técnica sobre la general, absorbiendo este nivel al 83.4% de los egresados de primaria. En el nivel medio superior, se dio impulso a la educación media terminal; a la impartición de cursos de actualización y superación pedagógica; y a la revisión de planes y programas de estudio.
Finalmente, se continuó apoyando el sistema nacional de investigadores y se fortaleció la desconcentración de la investigación y los estudios de postgrado.
Subsector salud
Los programas sustantivos se orientaron hacia las áreas preventiva, curativa, de investigación de regulación sanitaria, capacitación y asistencia social, así como a los programas de inversión enfocados a la ampliación y mejoramiento de la infraestructura.
Las acciones de atención preventiva y protección a la salud hicieron posible reducir la mortalidad y morbilidad provocada por las principales enfermedades transmisibles, incrementar el número de consultas de detección y control de enfermedades, y ampliar la cobertura de los servicios de planificación familiar, al aumentar la cantidad de usuarias activas y nuevas en edad fértil.
Con el propósito de ampliar la cobertura de los servicios médicos, se prosiguió con la construcción de centros de salud, clínicas y hospitales; se concluyó la construcción del nuevo Hospital Juárez, con una capacidad de 400 camas; con estas acciones se incrementó la cobertura a la población abierta en un 4.9% respecto a 1988.
En el ámbito de seguridad laboral, el Instituto Mexicano del Seguro Social contribuyó con acciones encaminadas a reducir la incidencia de accidentes de trabajo.
En el medio rural, las actividades del programa del Instituto Mexicano del Seguro Social - Coplamar se orientaron a elevar el nivel de salud de la población rural marginada, Por su parte el Fovissste, realizó gestiones encaminadas a la dotación de terrenos por parte de los tres niveles de gobierno, así como por los sectores social y privado, lo que redundó en un incremento en la reserva territorial útil para la construcción de viviendas populares. Asimismo, se establecieron mecanismos de coinversión con organismos federales y estatales de vivienda y otras instituciones, para cubrir un mayor número de solicitantes.
Derivado de estas acciones, la población con acceso permanente a los servicios de salud representó el 94.5% de la población total, de la cual las instituciones del Subsector Salud y Seguridad Social atendieron al 95.7% y el 4.3% restante fue cubierto por la medicina privada.
Subsector trabajo y previsión social
La participación de este sector jugó un papel muy importante para dar continuidad al Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
Con el propósito de atender las diversas demandas sociales y contribuir al equilibrio de los factores de la producción, se crearon cuatro juntas especiales de conciliación y arbitraje, dos de ellas en el Distrito Federal, una en el estado de Tlaxcala y otra en Sonora.
En lo que respecta a política de empleo, si bien durante 1989 se lograron avances en material de capacitación, productividad y nivel de ocupación, se hace indispensable una mayor participación y responsabilidad de los sectores social y privado.
En lo que toca específicamente a capacitación y productividad, en el año dieron inicio los trabajos referentes a la formulación de Programa Nacional de Capacitación; en ese marco, se construyeron 17 nuevos comités mixtos de productividad.
Por su parte, el Fondo Nacional de Consumo para los Trabajadores otorgó créditos para la adquisición de bienes de consumo duradero, por un importe de 302 mil 180 millones de pesos, lo que se tradujo en beneficio de 1.5 millones de personas.
Para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud y asistencia social, se ejerció un gasto de 14 billones 927.7 mil millones de pesos, cifra que comparada con el ejercicio del año previo significa un incremento real de 12.3%; en tanto, el presupuesto original fue rebasado en 14.8%.
Subsector desarrollo urbano
Este subsector ejerció un gasto de un billón 244.8 mil millones de pesos, 33.3% real menor al ejercido en 1988, e inferior en 29.6% al presupuesto original.
Esta reducción es resultado de la mayor autonomía financiera alcanzada por el Departamento del Distrito Federal, para cubrir los requerimientos de sus programas de desarrollo urbano, razón por la cual le fueron retiradas las transferencias federales destinadas a tal fin. También influyeron los menores apoyos asignados al Pacdu y Fomun, fondos de fomento municipal que iniciaron su proceso de liquidación; así como la mayor participación de los gobiernos estatales y grupos sociales en las acciones del sector, a través del Programa Nacional de Solidaridad.
Durante ese período, la política de desarrollo urbano, continuó reorientando el patrón de ocupación territorial de asentamientos humanos en el país, e impulsando el desarrollo de las ciudades medias y los centros de integración urbano - rural. Asimismo, se dio prioridad al mantenimiento y ampliación de los servicios de agua potable, alcantarillado y plantas de tratamiento.
Con las inversiones del subsector, aunadas a las de los estados y municipios, se incrementó la cobertura nacional de agua potable de 71.2% alcanzada en 1988, a 72.1% en 1989. Por su parte, la de alcantarillado pasó de 49.5% a 50.4%, en el mismo lapso.
Por lo que hace a vivienda, la política se orientó a reducir los atrasos acumulados y dar respuesta a las nuevas demandas generadas por el crecimiento poblacional. En ese sentido, se ejecutaron obras de mejoramiento de vivienda urbana y rural y se otorgó financiamiento a los programas ejecutados por estados, municipios y grupos sociales organizados y se apoyó el programa de integración de reservas territoriales.
A través del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, se financió a nivel nacional la urbanización de lotes con servicio, la construcción de pies de casa y la rehabilitación de viviendas.
La política de protección del medio ambiente y ordenamiento ecológico se orientó básicamente a formular estudios y proyectos sobre prevención y control de la contaminación del suelo y el agua; continuar la operación de estaciones de monitoreo y laboratorios de análisis para determinar la calidad del agua, así como la red nacional de monitoreo atmosférico y las instalaciones para la preservación, fomento y desarrollo de la vida silvestre.
En la zona metropolitana de la ciudad de México, se dio inicio al programa de verificación obligatoria del parque vehícular en circulación así como el programa denominado "Un Día sin Auto".
Sector comunicaciones y transportes
Este sector, ejerció un gasto de 5 billones 61.8 mil millones de pesos, cifra que a precios constantes; resultó inferior en 19.5% a la del año anterior y menor, en 8.1% al presupuesto original.
Por lo que hace al subsector carretero, se dio prioridad a las tareas de mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura, así como a la conclusión de los proyectos con mayor grado de avance para integrar la red troncal básica e impulsar el desarrollo regional.
Se promovieron coinversiones y concesiones de obras públicas que derivaron en la licitación de 15 proyectos, con los cuales se incorporan mil kilómetros de autopistas durante los próximos tres años.
En lo que respecta a carreteras alimentadoras, se inició el Programa Nacional Carretero Tripartita 1989 - 1994, que tiene como fin conjunta la participación de los tres niveles de gobierno y de los
sectores social y privado, para incrementar la red de estas vías en 10 mil kilómetros.
Por su parte, las acciones del subsector transporte ferroviario se encaminaron a satisfacer la demanda nacional de traslado masivo de mercancías y personas por vía terrestre, y operar coordinadamente con los otros medios de transporte.
Ferrocarriles Nacionales de México dio mayor impulso a su programa de regionalización y desconcentraciones de las operaciones, lo que redundó de manera favorable en la eficiencia del servicio.
El Subsector Transporte Marítimo, orientó sus acciones a mejorar la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios, mediante la ampliación de la infraestructura, y el fortalecimiento del sistema portuario.
El Subsector Aéreo modificó su marco regulador para dar mayor apertura a la competencia; se mejoró y actualizó la infraestructura y la ayuda a la navegación aérea; se amplió y sustituyó parcialmente la capacidad de la flota; y se diversificaron los servicios para apoyar el desarrollo de la industria aeronáutica.
La Compañía Mexicana de Aviación, Aerovías de México y las demás empresas nacionales, movilizaron 18 millones de pasajeros, lo que representó un incremento del 67.0% respecto a 1988.
Dentro del Subsector Comunicaciones, se elevó la utilización del satélite Morelos I, al pasar del 45.0% al 100.0% de su capacidad, y se puso en operación el satélite Morelos II.
Por otra parte, se inició el proceso de desincorporación de la empresa Teléfonos de México, con el propósito de favorecer su crecimiento y capacidad de respuesta a la demanda de la población, así como su modernización y actualización tecnológica, que permita introducir nuevos servicios, como la telefonía celular y la teleinformática.
La estrategia de modernización de esta empresa se reflejó en el aumento del número de aparatos telefónicos y la construcción y comercialización de líneas adicionales que permitieron contar con un volumen superior en 10.5% respecto al que se tenía al inicio del año. Asimismo, se avanzó en la instalación de aparatos ladatel y de teléfonos públicos de alcancía, en 51.0% y 12.0%, respectivamente, para igual período.
Sector comercio y abasto
El sector ejerció un gasto de 7 billones 82.5 mil millones de pesos, monto superior en 17.1% al presupuesto original, y en 11.8% en términos reales respecto a 1988.
La Compañía Nacional de Subsistencias Populares continuó con su programa de compras nacionales y extranjeras de productos agropecuarios básicos, a fin de canalizarlos a las zonas populares mediante su red comercial, así como a la formación y actualización de la reserva estratégica de los mismos, la cual fue de 3.2 millones de toneladas al concluir el año.
En apoyo al consumo final de básicos se otorgaron subsidios, dando prioridad al consumo final de alimentos como tortilla y leche. La comercialización de productos básicos y de consumo generalizado superó 11.0% lo alcanzado en 1988.
Respecto a la protección, orientación y organización del consumidor, las acciones sustantivas se reflejaron en la resolución de los asuntos planteados por la población, la organización de comités de defensa, las actividades de inspección y vigilancia de precios y tarifas, y la permanente información, atención y capacitación a los consumidores.
Sector turismo
El gasto del sector fue de 104.6 mil millones de pesos, cifra que mostró decrementos del 34.9% real y 5.3%, respecto al erogado el año anterior y al presupuesto original, respectivamente.
Los recursos públicos de este sector, se destinaron fundamentalmente a la conclusión de obras en proceso; de igual manera, se propició la ampliación de la infraestructura urbana y de la planta hotelera de centros turísticos, para lo cual se contó con la participación de inversionistas privados, nacionales y extranjeros, con el fin de diversificar la oferta de los servicios.
El sector mantuvo la participación del turismo dentro de producto interno bruto, en niveles cercanos al 3.0%; preservó el saldo favorable en la balanza turística e incrementó el flujo de turistas nacionales y extranjeros. El turismo receptivo y agresivo mostró crecimientos del 15.2% en relación a 1988, y el turismo interno sostuvo su dinamismo al aumentar en 4.1% en el mismo período.
Sector energético
El gasto del sector ascendió a 23 billones 704.2 mil millones de pesos, 3.4% inferior en términos reales a las erogaciones de 1988 y 10.0% mayor a lo presupuestado originalmente.
Por lo que se refiere al subsector petrolero, éste concentró sus actividades en la conservación y mantenimiento de la planta industrial, y en la ejecución de obras y proyectos destinados a fortalecer la infraestructura de producción, almacenamiento, distribución, proceso y transporte, en congruencia con los requerimientos del mercado nacional y las políticas de exportación de hidrocarburos. Asimismo, apoyó el desarrollo de la petroquímica básica, a fin de reducir los niveles de importación y abastecer oportunamente a la petroquímica secundaria.
Durante 1989, se efectuaron ventas de crudo a un total de 20 países, entre los cuales sobresalen, los Estados Unidos, que absorbió el 57.0%, España 15.0%; Japón 13.0%; Francia 5.0%; e Israel con 3.0%.
Las operaciones con el exterior, que se vieron favorecidas por la recuperación en el precio del petróleo crudo cuyo promedio pasó de 12.2 dólares por barril en 1988 a 15.6 dólares en 1989, hicieron posible alcanzar un saldo favorable de 7 mil 043 millones de dólares, cantidad superior en 15.0% al superávit registrado en 1988, a pesar de que el intercambio de petrolíferos fue negativo para el país.
Por su parte, el subsector eléctrico orientó sus acciones a incrementar la capacidad instalada y propiciar una mayor eficiencia en el uso de combustibles y en la disponibilidad de centrales generadoras.
Para atender la demanda de energía eléctrica, se incrementó la capacidad instalada de generación en 2.0%, con la puesta en marcha de los plantas termoeléctricas en los estados de Sonora y Colima y una geotermoeléctrica en Michoacán.
Con el incremento registrado en la generación de energía y en las redes para su distribución, fue posible ampliar el número de usuarios en 4.7% De esta forma, la energía facturada destinada al mercado interno aumentó en 9.8%, motivada por el dinamismo de la demanda para el consumo doméstico que creció en 12.0%, en tanto que las ventas para consumo industrial lo hicieron en 7.0%. Adicionalmente, se exportó el 2.1% de la energía comercializadora total.
Sector industrial
El sector industrial realizó erogaciones por 8 billones 10.2 mil millones de pesos, que en términos reales significó una caída de 30.8% en relación al gasto ejercido en 1988, y un incremento de 1.4% respecto al presupuesto original.
La política de fomento industrial se orientó a promover un mayor dinamismo en la actividad del sector, con base en el fortalecimiento de su capacidad operativa, tecnológica, administrativa y financiera.
En el aspecto de desregulación, se reclasificaron productos petroquímicos básicos en secundarios; se derogaron normas de presentación, contenido y características de envase; se promovió la libre concurrencia de particulares a Transporte Público Federal, y se eliminó el permiso previo de instalación de gas a microindustrias.
Durante el ejercicio que se informa, la producción del subsector Minero - Metalúrgico continuó registrando una tendencia negativa, como resultado de la persistente contracción de las cotizaciones internacionales y de la falta de dinamismo en la demanda interna de algunos productos.
La inversión física en la actividad minera nacional ascendió a 488 mil 827.0 millones de pesos, cifra superior en 25.0% nominal a la ejercida un año antes.
Por lo que hace a fertilizantes, en 1989 debido a la caída en la demanda interna, producto del atraso de las lluvias, la venta total resultó inferior en 3.6% al nivel obtenido el año previo.
La Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril, S. A., encaminó sus esfuerzos a diversificar las líneas productivas, modernizar el equipo ferroviario de carga y locomotoras y a rehabilitar los mismos. De igual manera, se efectuó la adaptación de las tecnologías más avanzadas, a fin de garantizar precios de venta similares o inferiores a los del mercado internacional.
5. Estrategias específicas
Inversión pública
Conforme a lo previsto en 1989 la inversión pública constituyó el rubro que en mayor medida apoyó la reducción del gasto programable, por lo que su ejercicio se sustentó en la eficiencia de su manejo y la adecuada orientación de los recursos. Con ello, fue posible atender las prioridades sociales del programa de gobierno y garantizar el mantenimiento y operación de la plata productiva, al tiempo que se avanzó en el saneamiento de las finanzas públicas.
De esta forma, la inversión pública presupuestal ascendió a 16 billones 198.9 mil millones de pesos, monto superior en 4.9% al previsto originalmente, en tanto que comparado con el año anterior presentó una reducción real de 6.3%, lo
que en términos del producto interno bruto significó una disminución de 0.3 punto porcentuales.
La administración central ejerció un gasto de inversión por 6 billones 30.0 mil millones de pesos, cifra que significó un crecimiento anual de 11.8% real. Esta variación se explica, fundamentalmente, por el aumento de los apoyos fiscales suministrados al sector paraestatal de control indirecto, mismos que aumentaron en 53.7% real. En congruencia con el énfasis social que caracterizó al ejercicio del gasto, las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Salud y Educación Pública. así como el ramo desarrollo regional, canalizaron en conjunto el 59.2% del gasto de inversión del gobierno federal, proporción superior en 5.4 puntos porcentuales a la observada en 1988.
La distribución sectorial de la inversión refleja un aumento de los recursos destinados a los sectores de desarrollo rural y desarrollo social, que en conjunto significaron el 31.4% del total frente al 25.5% de 1988. Asimismo, se observó un dinamismo importante en el sector comercio y abasto, con una tasa de crecimiento real de 35.4%.
Transferencias
Los apoyos fiscales mostraron un ligero incremento en su peso relativo respecto al producto interno bruto al pasar de 4.0% en 1988, a 4.3% en 1989. Su monto total fue de 21 billones 223.8 mil millones de pesos, lo que significó un aumento real de 11.6%.
Las áreas que merecieron atención especial fueron las vinculadas con la educación, salud, comercio y abasto; que en conjunto absorbieron el 49.4% de los recursos proporción que se compara con el 45.3% del ejercicio precedente.
En la clasificación económica de las transferencias se observó la siguiente estructura: 54.7% se orientó a sufragar gastos de operación; 21.3% cubrió proyectos de inversión; 20.8% fue para el pago de pasivos e intereses; y el 3.2% restante correspondió a estatutarias.
Las entidades del sector público bajo control presupuestal directo recibieron recursos por 7 billones 756.2 mil millones de pesos, que con respecto a 1988 registraron un crecimiento real de 10.4%.
De estos recursos, el 57.0% se destinó a cubrir el pago del servicio de la deuda, concepto que en términos reales experimentó un crecimiento del 8.7%; sus principales receptores fueron: Compañía Nacional de Subsistencias Populares con el 46.7%; Comisión Federal de Electricidad con el 27.5%; Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, con el 10.3%; Ferrocarriles Nacionales de México con el 8.3% y Fertilizantes Mexicanos con el 3.4%.
Las erogaciones realizadas para atender gastos de operaciones representaron el 18.7% y fue el renglón que registró el mayor crecimiento real con 26.7% debido principalmente a los recursos dirigidos a garantizar el abasto de productos básicos a la población y de fertilizantes a precios accesibles.
Finalmente, Cabe señalar que las transferencias para inversión captaron el 15.5%, renglón que una vez descontada la inflación observó una caída de 5.4%.
Reestructuración administrativa y servicio civil
Durante 1989, se logró avanzar en la adecuación de las estructuras organizacionales de todas las dependencias del sector central, tanto en las básicas como en las no básicas; ello permitió una reducción neta de 702 unidades administrativas, en relación con las que existían en diciembre de 1988. Asimismo, en el ámbito del sector paraestatal, se llevó a cabo la revisión de las estructuras orgánicas de 79 entidades. Esta reestructuración se tradujo en la reducción de 1 mil 879 plazas de servicios públicos de mandados medios y superiores.
En el marco de la Constitución y sus leyes, se continuó con la desincorporación de entidades paraestatales. Durante 1989, se concluyeron 76 procesos de desincorporación, a través de la liquidación o extinción de 33 entidades; la fusión de tres, la transferencia a gobiernos de los estados de tres; la venta de 29; y ocho que dejaron de considerarse como tales, en virtud de lo dispuesto por la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Asimismo, permanecieron un proceso de desincorporación 170 entidades, de las cuales 103 se refieren a liquidación o extinción, 10 a fusión, tres a transferencias y 54 a venta. Al 31 de diciembre de 1989, el gobierno federal contaba con un total de 379 entidades vigentes: 88 organismos descentralizados, 22.9 empresas de participación estatal mayoritaria y 62 fideicomisos públicos.
Dentro del proceso de modernización administrativa, se adoptaron 154 acciones de simplificación, que se reflejaron en las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa
Nacional, Hacienda y Crédito Público, y Comercio y Fomento Industrial, entre otras.
Descentralización y reconstrucción
En el marco de la estrategia de descentralización durante 1989 se revisaron las funciones, atribuciones, responsabilidades y mecanismos de coordinación de diversas dependencias, entre las que destacan: Educación Pública, Salud, Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comunicaciones y Transportes, Gobernación, Procuraduría General de la República, Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto y Contraloría General de la Federación. Las acciones emprendidas por cada dependencia se cubrieron con recursos provenientes de su propio presupuesto, a excepción de la Secretaría de Programación y Presupuesto, que recibió del Ramo XXXI Descentralización y Reconstrucción, 12 mil 159.0 millones de pesos, que fueron ejercidos en su totalidad.
A través del Programa Nacional de Reconstrucción se siguieron realizando diversas obras dirigidas a reponer, renovar y rehabilitar viviendas e infraestructura dañada por los sismos de 1985, y el huracán "Gilberto" en 1988.
En 1989, el Fondo Nacional para la Habitación Popular ejecutó 3 mil acciones en el ejercicio de 1989, con ello se concluyó el Programa Emergente Fase II, al alcanzar un total de 12 mil 708 acciones, de las cuales 11 mil 205 corresponden a viviendas nuevas; 1 mil 503 a rehabilitaciones; de esta forma se rebasó la meta inicial del programa que consideraba 12 mil acciones.
En el Programa de Reconstrucción Nonoalco - Tlatelolco se ejercieron 71 mil 331.0 millones de pesos, con lo que se avanzó en la reparación estructural de 30 edificios y se iniciaron las obras de recimentación y reestructuración de seis módulos y dos edificios receptores.
Se continuó brindando apoyo a las acciones encaminadas a subsanar los daños ocasionados por el huracán "Gilberto" en los estados de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para ello se tenía una provisión original por 236.4 mil millones de pesos, de los cuales 7.1 mil millones se transfirieron a la Secretaría de Pesca y 229.3 mil millones al ramo XXVI, correspondiente a Desarrollo Regional.
La Secretaría de Pesca destinó el 60.3% de estos recursos a la adquisición de lanchas, en beneficio de la población afectada, y el 39.7% restante se destinó a la reconstrucción de infraestructura pesquera.
El ramo XXVI autorizó 17.9 mil millones de pesos para atender las propuestas planteadas por los estados afectados por el huracán, en virtud de que la mayor parte de las necesidades se cubrieron en el ejercicio anterior con recursos de los programas normales de desarrollo regional y de las dependencias involucradas en su atención . El resto de los recursos se asignaron al Programa Nacional de Solidaridad.
Programa Nacional de Solidaridad
En 1989 el presupuesto de solidaridad social y desarrollo regional se constituyó originalmente con 1 billón 645.9 mil millones de pesos, monto que incluía previsiones de gasto en los ramos XXXI y XXIII, destinadas a los programas de reconstrucción, descentralización y apoyos a estados y municipios por 749.5 mil millones de pesos; por lo cual, los recursos asignados al Programa Nacional de Solidaridad, a través del ramo XXVI, desarrollo regional, fueron por 896.4 mil millones de pesos. Estos recursos se incrementaron en 436.7 mil millones mediante transferencias de otros ramos, para apoyar las acciones del programa, con lo que el monto ejercido ascendió a 1 billón 333.1 mil millones de pesos.
Los recursos erogados de destinaron en un 59.8% a programas de bienestar social, 24.8% a infraestructura básica de apoyo y 15.4% a proyectos productivos.
Al amparo del convenio único de desarrollo se suscribieron 27 convenios de concertación con diferentes grupos sociales, en 15 estados de la República. El elemento innovador en cada uno de ellos fue el compromiso asumido por los participantes en el diseño, ejecución y evaluación de las acciones pactadas.
En el marco del Programa de gobierno para 1989. se otorgó la mayor prioridad al bienestar social. la inversión ejercida a nivel nacional fue de 797.3 mil millones de pesos, recursos que se destinaron apoyar a la prestación de servicios, así como la construcción , rehabilitación y mantenimiento de su infraestructura.
Los esfuerzos realizados para elevar la cobertura y calidad de los servicios educativos en las zonas rurales y urbanas marginadas, se concretaron con un ejercicio de 129.2 mil millones de pesos. También se destinaron 51.8 mil millones de pesos a programas de apoyo a la educación.
En materia de salud fue posible aumentar la cobertura a la población de escasos recursos con un ejercicio presupuestal de 107.4 mil millones
de pesos. Estos recursos permitieron la construcción y ampliación de 56 hospitales, fortaleciendo las infraestructura de primer nivel en 651 unidades médicas rurales. Asimismo, se procuró la conservación y rehabilitación de 432 unidades médicas rurales, 48 hospitales, 12 laboratorios; la adquisición de 244 vehículos, construcción de 13 estancias de bienestar infantil y cuatro centros de educación especial.
La Federación canalizó a los servicios de agua potable y energía eléctrica, una inversión de 201.6 mil millones de pesos para la construcción y ampliación de 925 sistemas de agua potable y la rehabilitación de 272; de igual forma se realizaron 401 obras complementarias y 32 pozos. Se introdujo el servicio de energía eléctrica en 607 colonias y 1 mil 490 localidades. En lo que se refiere al servicio de drenaje y tratamiento de aguas negras, se destinaron recursos por 50.2 mil millones de pesos para la construcción y ampliación de 351 sistemas y 124 obras complementarias y se rehabilitaron 26 sistemas.
En relación al desarrollo urbano, vivienda y ecología, se ejercieron recursos que ascienden a 119.5 mil millones de pesos, que se orientaron a la realización de 512 obras de conservación y construcción de jardines y calles, la urbanización de 424 lotes que fueron rehabilitados para usos de habitación popular, se construyeron 234 viviendas y se realizó mejoramientos en 50 mil 613. Se construyeron 6 mil 483 letrinas, tres obras de infraestructura ecológica y se regularizó la tenencia de la tierra en 2 mil 352 hectáreas.
A través del programa de asistencia social, servicios comunitarios y prestaciones sociales, se ejercieron recursos por 23.5 mil millones de pesos que permitieron apoyar el consumo de alimentos de la población de escasos recursos por medio del Desarrollo Integral de la Familia y el establecimiento de 81 cocinas populares.
En materia de protección ciudadana se impartieron cursos de capacitación a 113 agrupaciones, se construyeron 20 casetas de vigilancia, 32 talleres de diversos oficios y cuatro escuelas. Se dio apoyo también para la adquisición de 45 lotes de equipo de radio comunicación y 485 vehículos, ejerciendo un monto de 53.7 mil millones de pesos.
En apoyo a la comercialización de productos básicos y agroindustriales y para fortalecer la infraestructura de abasto, acopia y distribución, se ejercieron 53.3 mil millones de pesos con recursos federales, con lo cual se recapitalizaron 8 mil 654 tiendas rurales y 127 almacenes. Se instalaron 527 tiendas, 12 almacenes, 20 lecherías y 17 bodegas con apoyo de 140 obras complementarias.
A la realización de otros programas de bienestar social se orientaron 7.1 mil millones de pesos, destacando las acciones para impulsar la política de protección y fomento al empleo, así como la capacitación campesina.
Durante 1989 se canalizaron 330.3 mil millones de pesos a los programas de infraestructura básica de apoyo. Con una inversión de 288.7 mil millones de pesos, se fortaleció al sector comunicaciones y transportes, con la construcción, rehabilitación y reconstrucción de un total de 6 mil 751.1 kilómetros; se dio conservación a 32 mil 987.6 kilómetros y se modernizaron 209.4 kilómetros de carreteras alimentadoras y caminos rurales. Adicionalmente se construyeron 18.6 kilómetros y se modernizaron 89.9 kilómetros de carreteras troncales.
Para avanzar en la solución de los problemas de tenencia de la tierra, se asignaron 3.6 mil millones de pesos, mediante los cuales se impulsaron acciones para otorgar mayor seguridad jurídica a campesinos y grupos indígenas. Asimismo, se aplicaron 26.9 mil millones de pesos al apoyo de la participación estatal y municipal en el Programa Nacional de Solidaridad.
Mediante una inversión de 205.5 mil millones de pesos se realizaron acciones de apoyo a proyectos productivos, orientados a propiciar la incorporación de los grupos participantes en el Programa Nacional de Solidaridad, entre los cuales destacan la construcción de 1 mil 427 obras de pequeña irrigación y rehabilitación de 699, canalizándose un monto de 52.2 mil millones de pesos. Asimismo, se destinaron 25.4 mil millones de pesos a la realización de 2 mil 824 obras de infraestructura agropecuaria.
Se fomentó la producción agropecuaria mediante la canalización de recursos financieros por 27 mil millones de pesos, para apoyar diversas acciones entre las que sobresalen las efectuadas por los programas de crédito a la confianza y a la palabra.
De esta forma, para el programa de desarrollo de áreas de temporal, se ejercieron 10.7 mil millones de pesos que permitieron incorporar 19 mil 938 hectáreas con obras de desmonte, despiedre y nivelación de terrenos. Se dio atención al fomento a la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial, destinándose 62.6 mil millones de pesos a estas actividades, con lo cual se asistieron 1 millón 20 mil 894 hectáreas, se operaron 85
viveros y se realizaron 301 obras en beneficio de productores.
La producción y transformación agroindustrial recibió una asignación de recursos por 7.1 mil millones de pesos para la construcción de una planta rehidratadora de leche y la instalación de plantas beneficiadoras de café. Asimismo, se impulsó la producción agropecuaria, agrícola y pesquera con 11 mil millones de pesos.
Con una inversión de 9.5 mil millones de pesos, se apoyaron 14 programas adicionales destacando el desarrollo de industrias rurales, textiles y de transformación de la madera, el establecimiento de centros turísticos y el desarrollo de investigación en materia agropecuaria y tecnológica.
De esta forma, con los esfuerzos coordinados de la administración pública federal, estatal y municipal se reorientó el gasto destinado al desarrollo regional hacia las zonas de escasos recursos para combatir los bajos niveles de vida. Asimismo se aseguró que las acciones realizadas con los recursos destinados en cada entidad federativa, fueran producto de los compromisos concertados con la población beneficiada.
Proyecto de decreto relativo a la revisión de la cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1989
Consideraciones generales
Con base en el mandato constitucional, el Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
La información presupuestal, programática, económica y financiera sobre los resultados de la gestión de las dependencias y entidades de la administración pública central y paraestatal contempladas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. aprobado para el año de referencia, se recibió en los términos que establecen los ordenamientos jurídicos, para que esta representación estuviera en aptitud de cumplir las atribuciones constitucionales de evaluación de la gestión financiera del gobierno federal.
Esta documentación se turnó a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública para su estudio y análisis, por lo que dicha comisión, con la participación de los diversos grupos parlamentarios, procedió a revisar y examinar en varias sesiones de trabajo la evolución programática - presupuestal de los diferentes sectores comprendidos en la cuenta pública.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al elaborar el presente proyecto, tomó en cuenta la información resultante del informe previo elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, de conformidad con las facultades y obligaciones que le establece su Ley orgánica.
Se analizaron tanto los factores económicos internos y externos que incidieron en el ejercicio de la política de gasto, como la forma en que dicha política influyó en la evolución económica del país.
A través de reuniones celebradas con funcionarios del Poder Ejecutivo Federal, se analizó la información relativa a los rubros de: panorama económico, resultados generales de las finanzas públicas y las políticas de gasto, ingresos y deuda; así como a los sectores de desarrollo rural, pesca, reforma agraria, desarrollo social, desarrollo urbano, turismo, industrial, energético e infraestructura.
Por su parte, la diputación de Acción Nacional no acepta la redacción del contenido del dictamen que dio origen al presente decreto, ya que en ella sólo se señala lo positivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y no las fallas que, en opinión de este grupo parlamentario, tuvo la ejecución del Presupuesto de 1989, En relación al articulado del decreto, manifestarán oportunamente su opinión.
La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública acordó estudiar los plazos y términos en que se realiza la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, para lo cual analizarán las recomendaciones presentadas por los diversos grupos parlamentarios, y en su caso, propiciarán que se propongan las modificaciones pertinentes.
Del análisis efectuado, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con fundamento en el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 11,14,20 y 30 a 33 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda; 2o., 15, 16, 25, 43 y 45 a 50 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 1o., 2o." y 11 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1989; 9o., 11, 13, 14, 28 y 43 a 46 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989; 6o. de la Ley de Planeación y
demás disposiciones relativas a éstos y de los ordenamientos que resulten aplicables, somete a consideración de esta honorable representación el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo 1o. Con objeto de mejorar el análisis financiero, programático y de metas que requiere la revisión de la Cuenta Pública que efectúa esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en adición a las recomendaciones de la Contaduría Mayor de Hacienda, se formulan las siguientes:
a) Continuar con la política de saneamiento de las finanzas públicas y reforzar las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal, sin menoscabo de la eficacia en su aplicación, Así como de la transparencia en el ejercicio del gasto público;
b) Ampliar la información sectorial y programática cuando se efectúen reducciones a los montos de presupuestos aprobados, así como cuando existan ampliaciones presupuestales;
c) Con el propósito de continuar mejorando la calidad de la información que contiene la Cuenta Pública, es conveniente que la Secretaría de Programación y Presupuesto, con el auxilio de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación y de las áreas de auditoría interna de las dependencias y entidades, intensifiquen la vigilancia en la aplicación de la normatividad y procedimientos contables;
d) Continuar con los esfuerzos de selectividad y orientación en el otorgamiento de las transferencias, y ampliar la información para evaluar el impacto de éstas en el bienestar social;
e) Reforzar las medidas de control establecidas para mejorar la coordinación entre las dependencias y entidades, a fin de evitar retrasos en el envió de la información necesaria para integrar la cuenta pública, y en consecuencia fortalecer los mecanismos de emisión periódica de la información financiera y económica, que emana de los registros contables de las dependencias y entidades del sector público, con el propósito de producir informes más oportunos y precisos que faciliten la evolución del gasto público y su incidencia en la contabilidad gubernamental;
f) Es necesario que la Secretaría de Programación y Presupuesto dicte las medidas que procedan, a efectos que en la cuenta pública se presenten los recursos financieros asociados a las principales metas de los programas sustantivos a cargo de las dependencias y entidades, con el propósito de poder determinar los niveles de eficiencia con que se aplicaron dichos recursos;
g) Incluir en la cuenta pública información detallada sobre las causas por las que, en su caso, se hayan cancelado o diferido algunas de las obras programadas, así como los efectos de dichos ajustes en el desarrollo de los programas originalmente aprobados;
h) Continuar las acciones para simplificar la presentación de la cuenta pública, con objeto de facilitar su consulta, análisis y verificación; asimismo, avanzar en la sistematización que por medios magnéticos se hace de la información de detalle y complemento de la cuenta pública;
i) Continuar con la depuración de saldos de la contabilidad gubernamental y, con base en las disposiciones jurídicas y normas contables, cancelar aquéllos cuyo registro no proceda, y
j) Enfatizar las medidas destinadas a la reducción de costo y elevación de la productividad en las empresas y organismos del sector paraestatal, con objeto de mejorar su situación financiera y elevar la calidad de los bienes y servicios que éste ofrece.
Artículo 20. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de Vigilancia, que practique las auditorías y realice las acciones legales que permitan esclarecer las posibles irregularidades habidas en el ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación y en el cumplimiento de la Ley de Ingresos para el período fiscal de 1989 incluyendo en esas revisiones el examen acerca de los procesos de desincorporación de entidades públicas y que, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes en los términos de la legislación aplicable y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales conforme a derecho, indicándole que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de esta Cámara de Diputados.
Artículo 30. Remítase el presente decreto a la Contaduría Mayor de Hacienda, para todos los efectos a los que hubiese lugar, instruyéndola por conducto de la Comisión de Vigilancia para que dentro del término de ley, rinda el informe de resultados correspondientes.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 1990.»
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El Presidente: - En base al artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra la diputada Elina Elfi Coral, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Sírvase la secretaría dar lectura antes de que inicie la diputada Elina Elfi, al acuerdo de la comisión correspondiente.
ACUERDO
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, esta secretaría informa que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, ha tenido un acuerdo económico verbal con sus integrantes, que se manifiesta de la siguiente manera:
«Acuerdo para la discusión del dictamen sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1989:
1o. Se dispensa la segunda lectura del dictamen para iniciar, inmediatamente después de la intervención que se haga a nombre de la comisión, la discusión y debate del mismo.
2o. Debate con dos rondas de oradores. En la primera ronda participan un diputado por cada grupo parlamentario, por 15 minutos. En la segunda ronda, participarán dos oradores del grupo mayoritario y uno por cada uno de los otros
grupos, por espacio de 15 minutos, o dos oradores por siete y medio minutos, a criterio del grupo parlamentario.
En la primera ronda se tratarán votos particulares o aspectos generales del dictamen y en la segunda se tocarán los temas particulares,
3o. El dictamen se pondrá a votación, una vez terminadas la dos rondas de oradores, para que el debate sea fluido y sin réplica.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Elina Elfi Coral, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
La diputada Elina Elfi Coral Castilla: - Compañeros diputados: Hago uso de esta tribuna, para precisar ante ustedes algunas consideraciones sobre los resultados generales de la Cuenta Pública Federal 1989, que servirán de referencia para su análisis y discusión.
El dictamen que hoy presentamos, es el resultado del esfuerzo de los miembros de la comisión, en cumplimiento del mandato constitucional, que en el artículo 74, fracción IV, señala nuestra facultad para revisar la cuenta que refleja el resultado del ejercicio presupuestal que aprobó esta honorable asamblea para este mismo año.
Esta atribución nos permite hacer un juicio objetivo y veraz, en el que debemos, como representantes populares, tener una actitud realista, no adoptando posiciones de triunfo, pero tampoco haciendo énfasis en resultados parciales que niegan todo avance.
Para cumplir con nuestra encomienda, el Ejecutivo Federal proporcionó a esta LIV Legislatura todos los elementos de información de la gestión pública realizada durante el año que nos ocupa, que muestra la situación financiera de la administración pública federal complementada con estados financieros presupuestables programáticos y económicos.
Asimismo, el 30 de marzo del presente año recibimos el primer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo correspondiente al mismo año.
Hemos contado también con toda anticipación con los informes trimestrales sobre los avances de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Con todos los elementos de referencia que fueron turnados a la comisión para su estudio y dictamen y con el informe previo de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de esta Cámara de Diputados, procedimos a su análisis.
Cabe señalar que en respuesta a la recomendación formulada por esta honorable Cámara de Diputados a través de nuestra Comisión de Programación y Presupuesto, el Ejecutivo Federal a través de la secretaría del ramo, modificó la estructura y presentación de la cuenta pública de 1989 respecto de la de ejercicios anteriores, de ello a efecto de simplificar y facilitar su consulta.
Asimismo, por primera vez, los anexos y la información de carácter específico, se presentaron en discos magnéticos para su consulta en microcomputadoras. Conformando en banco de información que entregó a este Poder Legislativo y el cual ha estado a disposición de todos los grupos parlamentarios.
En el seno de nuestra comisión y con la participación de los diputados de las fracciones parlamentarias que lo componen, se realizaran seis reuniones con servidores públicos de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo.
Se entabló un diálogo para aclarar dudar surgidas en el análisis y ampliar la información de los distintos rubros que conforman el informe de la situación financiera que nos ocupa.
Por otra parte, la directiva de la comisión estuvo atenta a las propuestas de los diversos grupos parlamentarios, con el propósito de incluir en el dictamen sus opiniones y sugerencias. En este sentido se incorporó el punto de vista de algunos grupos parlamentarios.
Creemos que esto es positivo en la medida en que sólo con voluntad política de las partes es posible ir consolidando nuevas formas plurales en la vida parlamentaria.
Se elaboró un anteproyecto de dictamen que fue sometido a la consideración de los integrantes de la comisión, agregándose las consideraciones y recomendaciones adicionales que dieron como resultado final el proyecto de dictamen que hoy presentamos a esta honorable asamblea para su discusión y en su caso aprobación.
Cabe destacar que el análisis de la información presentada en la cuenta pública, así como las recomendaciones contenidas en el informe previo realizado por la Contaduría Mayor de Hacienda, el dictamen subraya entre otras las siguientes recomendaciones: profundizar las acciones que conduzcan al saneamiento de las finanzas públicas a través de mayor selectividad del gasto disciplina presupuestal.
Por otra parte y en el mismo sentido, se recomienda fortalecer los mecanismo de control en
formación presupuestal, con el propósito de dar mayor transparencia a las ampliaciones, reducciones y transferencias de gastos.
En relación a la calidad de la información para el análisis de metas y programas, se recomienda que para los próximos informes de la cuenta pública se revisen con mayor detalles los recursos financieros asociados a las principales metas, de ello para poder analizar con mayor precisión el alcance de las metas, así como un impacto en la realidad social que se busca mejorar.
Por último se enfatiza en poner una mayor atención a las acciones que mejoren la productividad del sector, con el objetivo de elevar la calidad de los bienes y servicios del sector público.
Es importante señalar que se verificó la observancia de los preceptos legales aplicables en la materia, y en términos generales se cumplieron dichos ordenamientos.
Valdría la pena considerar que la Contaduría Mayor de Hacienda analice los plazos y formas de presentación del informe previo, ello con objeto de simplificar la estructura y presentación del mismo, para que los compañeros diputados, miembros de la comisión, contemos con mayor tiempo para el análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Compañeros diputados: la cuenta pública no es un documento que presenta cifras y números fríos y sin sentido, cuya interpretación se reserva únicamente para técnicos y especialistas.
Consideramos que éste es un documento eminentemente político; que es un documento que señala un rumbo, ya que representa la suma de acciones fundadas en un compromiso con la República. Es voluntad política de servir a los que menos tienen, es la respuesta a las aspiraciones de la mayoría, es la búsqueda del crecimiento gradual y sostenido, es la manifestación plena de la democracia cuando en ella participa la sociedad; por último, refleja también todo lo que no falta por hacer.
En consecuencia, debemos puntualizar que, como representantes de la nación, nuestro compromiso es con México. Esto no obliga a ejercer la crítica en forma constructiva, nos obliga a ser propositivos y anteponer a interés personales o de grupo los altos intereses de la nación. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Miguel Pelayo Lepe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José Miguel Pelayo Lepe: - Con su permiso, señor Presidente; y a los tan escasos compañeras y compañeros que todavía nos encontramos aquí: Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el dictamen que presenta la Comisión de Programación y Presupuesto, constituye un resumen de documentos de resultados generales de la cuenta pública con las características que únicamente resaltan los resultados favorables y no refleja los negativos, así como el incumplimiento de metas en algunos sectores. Esto parece que es una omisión que limita hacia afuera de esta Cámara un análisis serio y profundo de la situación económica y financiera que guarda la administración pública al no corresponder la argumentación con las recomendaciones que se hacen en el dictamen.
Según las cifras en los documentos de la cuenta pública, se pueden observar algunos resultados favorables a la política económica durante 1989. Estos se reflejan en un crecimiento económico que alcanza el 2.9% superior al 1.5% al contemplar los criterios generales de la política económica.
La inflación se reduce de 51.7% registrados en 1988, a 19.7% y el ahorro público se incrementa de 1.9% del producto interno bruto, a 3.0%.
La inversión privada creció de 9.5%, se logró disminuir la tasa de interés para sólo mencionar los aspectos más relevantes que se establecen en los documentos mencionados.
A lo anterior también pueden agregarse algunos aspectos en que los resultados no fueron favorables, entre los que se encuentran: una caída en el crecimiento del sector agropecuario, silvícola y una caída en el crecimiento del sector pesquero del 3.1% y en la minería de 0.9%, con un déficit en la balanza comercial por 645 millones de dólares; un déficit financiero por 28.7 billones de pesos y un aumento en el endeudamiento neto por 31.5 billones de pesos.
De manera importante se registra que el monto para cubrir los intereses de la deuda pública tanto interna como externa, ascendió a 9 billones 377 millones de dólares, lo cual representa un incremento de 738.3 millones de dólares.
Según la cuenta pública que incluye 716 millones que serán devueltos como resultado de las negociaciones, sin embargo, aún con esta supuesta devolución existe un incremento por 22.3 millones de dólares, con los cuales no se dio cumplimiento a la reducción de la transferencia de recursos al exterior, objetivo plasmado en los Criterios Generales de Política Económica para 1989.
En materia de finanzas públicas, si bien se experimentó una reducción importante del déficit presupuestal y superávit primario, llegó a niveles históricos, el gasto aún tuvo serias limitaciones en cuanto a su ampliación, ya que sectores como el social no alcanzaron los niveles que en educación y salud recomiendan los organismos internacionales para los países en vías de desarrollo.
La celebrada reducción del gasto programable de 0.9% del producto interno bruto, es problemática, pues en las cifras se muestra que este tipo de gasto creció en un 18.9% con respecto a 1988.
Para que la reducción tuviera validez, tendríamos que considerar un producto interno bruto con crecimiento cero, situación evidentemente contraria a las cifras dadas, ya que aumentó en un 2.9%.
El aumento del gasto fue provocado por un incremento en el gasto corriente y no en el de capital, con lo cual se volvió a limitar la inversión fiscal del sector público.
En cuanto al Programa Nacional de Solidaridad, consideramos que puede constituir una punta de lanza para atender las necesidades más sentidas de la población mexicana, primordialmente la que se encuentra en extrema pobreza. No obstante esta apreciación, vemos que existen serias limitaciones para que los beneficios que de él emanan, se generalicen a todos los grupos marginados y deprimidos.
Según la cuenta pública, la atención de 1989 se centró en dos entidades federativas y sólo en algunas regiones de ellas se indican los proyectos en los que sufren aplicados los recursos destinados al Programa Nacional de Solidaridad. Pero en ninguna parte se clarifica cuáles fueron los criterios para determinar a qué entidades y a qué regiones se tendría que beneficiar, sobre todo si consideramos que en otras entidades federativas existen necesidades apremiantes.
En la cuenta pública que el Ejecutivo Federal presenta para el análisis de esta Legislatura, se observan aspectos poco claros y que en alguna forma, permiten suponer que los resultados positivos obtenidos, se orienten para compensar los saldos negativos que se obtuvieron en materia de empleo, deuda pública, déficit financiero, decrecimiento y desequilibrio sectorial y una indiscutiblemente elevada deuda social.
Uno de los temas candentes de la política económica en la historia de nuestro País ha sido la problemática del sector desarrollo rural, primordialmente los que se refieren a los subsectores agrícolas, pecuario y forestal.
En diferentes reuniones y foros hemos insistido en la descapitalización a la que por muchos años se ha sometido al campo, ya que sabemos que fue el sector agropecuario en el que se apoyó nuestro desarrollo industrial.
A lo largo de nuestras intervenciones y debates sobre el sector en esta LIV Legislatura, hemos denunciado la existencia de dos tipos de agricultura, por un lado una agricultura preferencial, rentable, que ha cambiado los patrones de cultivo, desplazando en la última década la siembra de granos básicos para consumo humano, por el cultivo de granos para consumo animal; un patrón agroindustrial en el que sólo salen beneficiadas las grandes empresas transnacionales productoras de forrajes y alimentos balanceados.
Por otro lado tenemos una agricultura marginada de subsistencia temporalera destinada a la producción de granos básicos de consumo humano.
Hemos denunciado sistemáticamente el profundo desequilibrio entre los costos de producción y los precios de garantías que determina el gabinete agropecuario; situación que a la fecha sigue sin revertirse favorablemente para los productores agrícolas y sí beneficia directamente a los acaparadores, así como también a la tendencia decreciente en la asignación de partidas presupuestales al campo, cuestión que impacta directamente en la generación de empleos. Esta situación sigue presentándose y para verificarlos ni siquiera es necesario recurrir al análisis detallado de la cuenta pública del sector.
En varias ocasiones y en la discusión para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se ha insistido por nuestra fracción y por otras, que el presupuesto destinado a la agricultura y recursos hidráulicos es insuficiente, al remitirnos a las cifras presupuestales nos encontramos que el gasto en el sector, uno de los más rezagados, fue menos el 15.4% en comparación con la asignación en un año antes, situación que a nosotros parece contradictoria cuando se persigue la modernización del campo. ¿Cómo es posible lograr tal capitalización si por falta de recursos no solamente se han construido obras de infraestructura, sino incluso otras, han quedado en el abandono?
En 1989 fue necesario importar nuevamente granos alimenticios para cubrir la demanda nacional; otra vez se argumentó que esto se debió a la presencia de fenómenos adversos. Si se recuerda, el año pasado cuando se discutió la cuenta pública de 1988 la culpa completa de los malos resultados del sector se la atribuyeron al huracán Gilberto; ahora son las heladas, el largo estiaje y temperaturas anormalmente bajas, pero no
nos dicen que también se debe a un esquema de planeación que no ha funcionado en el campo.
En el anexo correspondiente al sector desarrollo rural, se señala que 17 entidades coordinadas por la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos se sujetaron a procesos de desincorporación, ocho de ellas por medio de la venta, siete liquidaciones y dos extinciones; de ellas sólo tres que fueron sujetas a la venta han concluido su proceso, entre ellas Fermex, vendida a un grupo Japonés que ahora ostenta el 100% del capital social y las tabacaleras que fueron adquiridas por representantes de la compañía transnacional Reynolds; todas las demás se encuentran sumidas en procesos tortuosos y bastante onerosos y algunas de ellas sujetas a demandas judiciales hasta ahora no superadas.
La mayoría de las resoluciones de la Comisión Intersecretarial, Gasto Financiero, así como decretos publicados en el Diario Oficial, establecen un plazo de seis meses para cumplir con los procesos de desincorporación.
Nosotros nos preguntamos: ¿por qué no han sido cumplidos los procesos en los plazos previstos? ¿Cuántas entidades coordinadas por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos han sido transferidas a los productores y a qué organizaciones de productores? En variadas ocasiones se dijo que el reparto agrario estaba agotado porque no había ya tierras que repartir, sin embargo lo establecido en la cuenta pública contradice satisfactoriamente para, nuestra fracción, esos argumentos, ya que durante 1989 se publicaron 316 resoluciones presidenciales, que dotaron a 19 mil 772 campesinos, de una superficie de 315 mil 950 hectáreas y se ejecutaron 380 resoluciones beneficiando a 30 mil 210 campesinos con 561 mil 574 hectáreas.
No obstante, consideramos que no ha sido suficiente esta acción debido a que existen aún miles de resoluciones presidenciales que datan de más de 40 años y no han sido aún ejecutadas y también que existen miles de campesinos solicitantes de tierra, a los cuales no se les ha resuelto su demanda. Esto, pese a que en el país aún existen tierras que se pueden repartir, ya sea porque se encuentran ociosas o porque constituyen latifundios simulados. Compañeros diputados: en la segunda intervención precisaremos, nuestra fracción, las opiniones respecto a las cuestiones de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para 1989 en los resultados de las finanzas públicas, el sector de desarrollo social, pesca y educación. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente: compañeros diputados: A través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, hemos conocido el documento mediante el cual se pretende dictaminar la Cuenta Pública Federal del ejercicio presupuestal de 1989, y que en términos de los artículos 79, fracción IV, párrafo sexto, de la Constitución Política del país y el 43 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo presenta.
De su somero análisis, de entrada, podemos advertir que la cuenta pública traduce una política deliberada de contracción del gasto público, que necesariamente impacta, de manera brutal, en una elevada deuda social y en reiterar el deterioro de la inversión pública.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al hacer este esbozo de análisis del dictamen en cuestión, advierte que uno de los avances económicos más importantes que se pretende destacar, es el avance en la consolidación de la estabilidad de precios, con una recuperación gradual y firme de la actividad económica, que llega a asegurar que el índice de precios en la canasta básica en 1989 mostró una desaceleración más pronunciada de 15.4% a sólo 11.9%.
El crecimiento del producto interno bruto dice del 2% respecto del año anterior, resultado que se compara favorablemente con el 1.5% programado originalmente. Se llega a decir, que la mayor actividad económica se reflejó en los indicadores del empleo.
El sector financiero de la economía se caracterizó por un significada recuperación de la captación.
En el sector externo la balanza de pagos arrojó un saldo superavitario de 271.5 millones de dólares. Se subraya que en materia de finanzas públicas destaca un déficit financiero del sector público. Y claro, con bombo y platillo se señala un aspecto importante a resaltar, y que lo constituye la renegociación de la deuda externa.
De suerte, señores diputados, que todo estuvo muy bien. ¡Se cumplieron con todos los programas! ¡Se restringió el gasto y se abatió la corrupción! ¡Las empresas paraestatales cumplieron con su función, al reducir sus costos de producción! ¡En suma, se obtuvieron lo porcentajes de eficiencia y eficacia, y se arribó a logros muy por encima de los años anteriores!
Pero esta cuenta pública, el dictamen relativo de la misma, olvida o quiere que olvidemos que aquí en México, en nuestro país, ese panorama
económico bonancible que nos quieren hacer creer, por los datos que arroja esa balanza superavitaria, traería como consecuencia que arribáramos al país de las maravillas.
Sin embargo, hace unos días tuvimos aquí la comparecencia de los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto y ellos mismos tuvieron que reconocer ante esta soberanía y ante el pueblo mismo de México el rezago social asfixiante, que no tuvimos crecimiento, que se agravó la crisis económica, que es falso que se haya elevado el nivel de los mexicanos, que hubo concentración urbana de manera escandalosa, se incrementó la deuda interna y que como consecuencia tuvimos que enfrentar una vez más el sacrificio de los obreros, de los campesinos y de las capas medias populares.
¿Qué nos quieren hacer creer que se orientó la política de deuda pública para abatir el pago de los intereses? Pero lo cierto es que del presupuesto total se pagó el 60% en detrimento de más de 40 millones de mexicanos.
Por cierto, algo de lo que no se nos da cuenta en este dictamen es la política promocional del petróleo, por la vía de una considerable subvaluación del peso frente al dólar y esto, señores diputados, fue un factor fundamental en el impulso de 1989, ya que al devaluarse y deslizarse, como prefieren llamarlo los tecnócratas, el peso frente al dólar, están encareciendo los insumos importados y con ello los costos de producción.
Es obvio de toda obviedad tal como ocurrió en el ejercicio anterior, que la inflación registró una tendencia ascendente que repercutió necesariamente en los salarios mínimos y como consecuencia en el deterioro del nivel de vida de los mexicanos, ante la reducción impactante del poder adquisitivo de los distintos sectores populares.
Se habla del empleo, pero no se dice que el fenómeno del desempleo en el país sigue constituyendo uno de los problemas más graves de la nación. Es importante en este renglón subrayar una comunicación fechada en febrero de 1989 por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida a los bancos privados y extranjeros para iniciar el proceso de la renegociación de la deuda externa en la que informa a esos señores de la usura internacional de la existencia del déficit de más de 5 millones de empleos en el país.
Dentro de los rubros más importantes debemos destacar que en agricultura se desplomó el arroz, el frijol, el maíz y el trigo; no pudimos aumentar la producción de leche ni la producción de carne en canal y bueno, aquí hay que acotar que en tanto se le escatimaban recursos a los sectores rural y de la educación una buena parte de éstos, se les entregaban con generosidad a los rentistas nacionales y extranjeros.
En síntesis, el gobierno debe conocer que la política económica llevada a cabo hasta los presentes días, sólo ha servido para profundizar en la crisis agrícola y alimentaria de la nación; no se privilegió como lo demandaba y como lo demanda el pueblo de México, la reorientación gasto nacional.
Por otra parte quisiera de manera muy puntual se nos informase de un rubro, sólo de un rubro, respecto de las erogaciones efectuadas con cargo al Presupuesto de Egresos para la Federación de 1989 que se destinaron a la construcción de las zonas dañadas por el huracán Gilberto. En este asunto, personalmente hemos venido haciendo el seguimiento del gasto, y hasta el momento la Secretaría de Programación y Presupuesto no ha informado a satisfacción respecto de este penoso asunto.
La misma dependencia advirtió que sólo fueron 16 mil millones de pesos los destinados a la reconstrucción por los daños del huracán Gilberto en los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Yucatán y Quintana Roo. Según versiones de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el dinero no fue utilizado nada más para atender los daños causados por el huracán en las entidades mencionadas, sino también en la ciudad de México, así como para los programas de descentralización y de solidaridad, agregando además que se erogaron 229 mil millones 349 mil 200 pesos para el ramo de desarrollo regional y en el ramo de pesca, la cantidad de 7 mil 138 millones, totalizando 236 mil millones 487 mil 200 pesos.
Las dudas son las siguientes, señor presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto: ¿por qué se gastó en el Distrito Federal si no lo afectó el huracán? aún con estos gastos faltan por aclarar 348 mil millones 270 mil 200 pesos. ¿Dónde quedaron o en qué se gastaron?
Por otra parte, en lo referente a la Ley de Obras Públicas y su Reglamento, donde también se observaron algunas irregularidades en ciertas dependencias y entidades, en relación a la elaboración de programas e iniciación de las obras en las fechas convenidas, entre otras, se solicita al gobierno federal que se vigile más de cerca las obras que están programadas dentro del ejercicio presupuestal, con el fin de que sean cumplidas
las disposiciones de acuerdo al tiempo en que fueron convenidas, y en esta forma no se sorprenda la voluntad del pueblo al reflejar los costos de dichas obras en el mismo sin haberse siquiera iniciado. Además, también, se solicita en función de lo anterior, que sea manifestado dentro de este mismo documento la relación de obras que no han sido concluidas y se determine el estado que guardan al término del ejercicio.
Por lo tanto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana exige al Ejecutivo federal a que emita informes más oportunos y precisos y que facilite la evaluación del gasto público y su incidencia en la contabilidad gubernamental.
Honorable asamblea: es claro que el presente dictamen presenta datos, cifras que compulsados con la realidad no se ajustan a los sucesos ocurridos en nuestro país; seguramente esta cuenta pública debió haber sido tomada de otra latitud, de otra nación de resultados superavitarios y de una vida extraordinariamente bonancible.
Señores integrantes de la Comisión de Programación y Presupuesto: en este país hay 40 millones de compatriotas que les echan en cara la falsedad de las afirmaciones formuladas en este documento, pero como se sabe este documento fue elaborado sólo con el concurso de la mayoría de los miembros de esa comisión, sin tomar en cuenta las opiniones de los distintos grupos parlamentarios, razón por la cual, señor Presidente, y de conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a esta asamblea se tome el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Suspender la discusión del presente dictamen, a fin de que se devuelva a la comisión de origen, para que se realice un dictamen apegado a la verdad histórica y en la que participen todos los diputados de los distintos grupos parlamentarios al interior de esa propia comisión.
Firmado por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el de la voz, Vicente Luis Coca Alvarez, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Juan Jaime Hernández, Teodoro Altamirano Robles, Francisco Melo Torres, Alberto Bernal, Ernesto Jiménez Mendoza, Marco Antonio Castellanos, Pablo Ávalos Castro Y Francisco Castañeda Ortíz."
Entrego a la secretaría para el trámite reglamentario, señor Presidente.
El Presidente: - ¿Es de acuerdo al artículo 58, según entendí yo, la propuesta que usted hace, diputado Coca?
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Sí
El Presidente: - Bien, léase el artículo 58 a la asamblea para que se ilustre.
El secretario Juan Ugarte Cortés: - "Artículo 58, Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, el Presidente de la Cámara, y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas Podrá su autor o uno de ellos, si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyectos.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si se admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada."
El Presidente: - Dígame, diputado.
El diputado Humberto Roque Villanueva (desde su curul): - Le agradezco que se proceda y le ruego me anote como orador en contra.
El Presidente: - Sí, vamos a abrir el registro de oradores.
La presentación ha sido hecha por el diputado Vicente Luis Coca; puede hablar, según el reglamento, un diputado en pro y otro en contra; ¿en pro de la proposición hay algún orador?
El diputado Francisco Melo en pro de la propuesta presentada por el diputado Vicente Luis Coca. Tiene la palabra el diputado Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Señor Presidente; señores diputados: Creo que mi presencia en esta tribuna viene y obedece a uno de los encargos que la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana nos solicita, precisamente para la defensa de la propuesta que ha hecho el compañero Coca.
Se ha estilado que en cada una de las comisiones, a veces los autores de determinado documento lo suscriben para que sean ratificados por el pleno, quienes realmente obedecen a una responsabilidad y consigna del Ejecutivo.
Cuando nosotros estamos llamando la atención de todas las fracciones, cuando estamos justamente exigiendo asumir nuestra responsabilidad de legisladores, para defender los intereses del pueblo, no estamos pidiendo otra cosa más que realmente cumplamos con nuestra labor, con nuestra encomienda que nos dio el pueblo a esta soberanía. Por ello, insistimos y venimos a defender este punto de acuerdo, de que debe este documento retornarse a la comisión, para que se dé cuenta realmente a todos los legisladores de todas la fracciones parlamentarias, y no como suele ser el levantar el dedo simplemente y sencillamente, para que un documento más quede cubierto en los anales de la historia.
Sentimos, señores diputados, que esta reflexión, de que este documento retorne a la comisión de origen debe de darse, porque el pueblo nos lo exige, porque aquí, los mismos señores secretarios que vinieron a exponer estos grandes documentos en números y demás, que solamente se convierten en ello, lo reconocieron; y si ellos lo reconocen, es la obligación de los diputados del pueblo hacer que les dé una información clara a los mexicanos; por ello, ratifico y los exhorto a que este documento regrese a comisiones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Roque Villanueva, en contra.
El diputado Humberto Roque Villanueva: - Probablemente el compañero diputado Luis Vicente Coca revisó seguramente lo que aconteció hace un año cuando aprobamos la anterior cuenta pública y desde luego le pareció atractivo lo que en su momento fue una propuesta de un diputado panista, el diputado Pavlovich, si no me equivoco, y no quisiera yo citar aquí a una figura que históricamente, aparentemente está en decadencia, que fue precisamente Federico Engels, sobre que nunca segundas partes fueron buenas. En su momento el diputado Pavlovich pudo haber tenido sus razones para haber hecho la propuesta y considero que desde luego acudir al Diario de los Debates para encontrar estos antecedentes es un buen ejercicio académico para recordar las cosas, pero también tendré, pues, la obligación de decirle lo siguiente al diputado Coca, con el debido respeto y en el entendido que él desde luego, al no ser miembro de la Comisión de Programación, no le constan las reuniones que se tuvieron y los acuerdos tomados.
Tan sólo quiero referirme a que cuando concluimos el análisis de la cuenta Pública, es porque previamente nos hemos puesto de acuerdo los distintos grupos parlamentarios en sesiones plenarias sobre la mecánica de trabajo. Tradicionalmente y afortunadamente en esta última ocasión no hubo excepción alguna, se recurre a un análisis que incluye la presentación por sectores con la presencia de los funcionarios correspondientes de prácticamente todo lo que tiene que ver con la aplicación sectorial del gasto público e incluso dos sesiones que se dedican al panorama económico y otra a la política de ingreso y de deuda pública.
Se agotaron todos estos temas con sesiones que afortunadamente para la comisión, fueron debidamente concurridas. Al término se convocó al pleno de la Comisión de Programación el miércoles 21 de este mes y como podrá constar a los que allá asistieron, desde luego no le puede constar al diputado Coca, porque no estuvo ahí, pero está en la versión estenográfica; un servidor de ustedes hizo la propuesta de un punto de acuerdo para esa comisión, en el sentido de que se entregaba un proyecto borrador del dictamen absolutamente a todos los interesados y que esos mismos interesados tenían desde el miércoles 21 hasta el lunes 26 a las 12 del día, tiempo para registrar ante la Comisión de Programación, concretamente su directiva, todas las observaciones que tuviera.
Debo decir que el único partido que se presentó en la forma convenida fue el Partido Acción Nacional, que tuvimos el diálogo correspondiente y como parte de ese diálogo y evidentemente estando de acuerdo el Partido Acción Nacional en la relación del dictamen acordamos proponer un párrafo en donde constara ese desacuerdo del Partido Acción Nacional. Entonces, yo estoy de acuerdo que se objete y que haya discordancia sobre la temática, sobre el contenido mismo, sobre la forma en que se redactó el dictamen, pero que se diga que no se analizó, que no se estudió y que por tanto se tiene que regresar a comisiones, simplemente es improcedente...
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Independientemente de esos recursos, que ya veo que tiene usted muy buenos recursos oratorios y buena información, quiero que me informe, que informe por su puesto a la asamblea y al pueblo de México, en relación con los distintos rubros que se manejan al interior de este dictamen, si efectivamente se ajusta a la realidad histórica, tan sólo en esos dos rubros que entre otros señalábamos, el del empleo, ¿hubo más empleo, efectivamente tal y como se pretende señalar en el dictamen? por una parte y, por
la otra, el relativo al artículo 2o. el Presupuesto de la Federación de 1989 y que tiene una íntima vinculación con el artículo 8o. en su fracción XXXI, relativo a los 585 mil millones de pesos que se asignaron para la reconstrucción de lo ocurrido por el huracán Gilberto, Es cuanto.
El diputado Humberto Roque Villanueva: - Diputado Coca: Evidentemente, en relación a la primera parte de su pregunta y no abundaré mucho porque para eso es precisamente esta discusión que es exclusivamente en función del artículo 58, evidentemente hay una relación entre el crecimiento del producto y el crecimiento del empleo. Esta es una relación que evidentemente los académicos le llaman de "capital - empleo".
En la medida en que el producto crece, aunque cada vez se requiere una mayor producción de capital, no obstante hay una producción que sigue siendo a favor del empleo.
En este caso, usted sabe muy bien que se tuvo un crecimiento en 1989 de 2.9% en la primera versión del Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática y de 3.1% en al versión corregida. Evidentemente sí podemos estar hablando de crecimiento del empleo. ahora, yo entiendo un poquito el trasfondo de la pregunta y, desde luego en ello no estaría yo tan seguro de hacer una afirmación sobre la recuperación del poder adquisitivo a través de este crecimiento del producto interno bruto, en el que evidentemente las únicas cifras de que dispone hablan de que la masa salarial, no necesariamente el salario mínimo, la masa salarial, repito, si sufrió afortunadamente un incremento.
Respecto a su pregunta específica sobre el huracán Gilberto, en el momento de la segunda ronda de oradores, en la que está abocada precisamente a los detalles, usted tendrá cabal respuesta.
Por lo pronto, yo solicito, señor Presidente, que en el momento en que usted someta a consideración de esta digna asamblea a través del artículo 58, la posición de su servidor es en contra y que no se debe suspender el procedimiento que estamos llevando a cabo del análisis de la cuenta pública. Muchas gracias.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, solicito hacer uso de la palabra, para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, por cinco minutos, para alusiones personales.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Solamente un minuto, no los cinco. Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Aquí solamente vienen a decirse por parte del Partido Revolucionario Institucional, verdades a medias.
Por una parte, respeto la opinión técnica del economista Roque Villanueva, pero, por la otra, decíamos en nuestro documento que en el mes de febrero, Pedro Aspe, Secretario de Hacienda, formula una comunicación a los bancos de la usura internacional, en donde está reconociendo que tenemos un déficit de más de 5 millones de empleos.
Entonces, creo que esa manera de manejar las cosas, de trasegarlas por encimita de no ir al "quid", a la médula del asunto, ¿tenemos o no falta de empleo en el país? y por supuesto, en el año de 1989, en donde la debacle fue más importante. En cuanto, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta si se admite o no a discusión la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie.
Los diputados que estén porque se deseche la proposición, favor de ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Marín Rebollo, para establecer un voto particular del Partido Popular Socialista.
El diputado José Marín Rebollo: - Señor Presidente; honorable asamblea; Haré un paréntesis antes de dar lectura al voto particular de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, respecto al dictamen que se discute aquí, porque el diputado Roque Villanueva, sin necesidad, creemos, hizo referencia a la filosofía del proletariado, que ciertamente no está como él decía, derrotada; es otro el debate, diputado Roque Villanueva, es otra la situación que se presenta; la filosofía del proletariado está a salvo, y precisamente durante esta semana, los partidos marxistas de América Latina, teniendo como anfitrión al Partido Popular Socialista en México, realizan un encuentro en la ciudad de México, y habrá pronunciamientos importantes; por eso no está hoy presente completa la fracción
parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista. Bien.
Voto particular de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, respecto al dictamen de la cuenta pública de 1989, presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Una de las importantes facultades de la Cámara de Diputados, es la que señala el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la de revisar la cuenta pública del gobierno federa del año inmediato anterior. Prevé el párrafo quinto responsabilidades de acuerdo a la ley, en caso de que la justificación o exactitud de la misma no sea plenamente consecuente.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, con absoluta responsabilidad, examinó la cuenta pública y desde luego el dictamen relativo encontrado el máximo contraste entre lo gastado, las operaciones financieras, las políticas económicas aplicadas con la realidad, con el drama que vive el pueblo y la nación como víctima de ejercicio gubernamental de la presente administración. La política económica que durante 1989 se aplicó, a juicio del Partido Popular Socialista, en nada difiere de la trazada y ejercida en el año inmediato anterior y aun en el sexenio inmediato pasado.
Es evidente que dados los compromisos contraídos, la obediencia ciega a los mandatos del imperialismo norteamericano, cuyo objetivo fundamental ha sido y es muy claro, lo que están materializando con la complicidad del grupo neoliberal que gobierna nuestro país, además de lograr que México sea su permanente mercado cautivo, se apropien de nuestras fuerzas productivas, de nuestras materias primas, a precios que ellos imponen, transfieren obsoleta tecnología que proponen y ciertamente consiguen hacer de México un país maquilador, a través de organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional y otros y vía endeudamiento externo, al igual que a países de la América Latina, nos tratan de mantener postrado.
La política neoliberal, cuyo ideólogo Milton Friedman, que no sólo no es novedosa sino que aquí y en otros países semicoloniales ha probado su fracaso y se sigue aplicando en vez de combatirla y continuar por el camino patriótico e histórico de la Revolución Mexicana.
Desde 1889 se planteó con insistencia la apertura comercial y la existencia de un libre comercio en donde se borren las fronteras y en donde ocurrirá, como el pueblo en forma sencilla pero sabia dice:
"El pez grande se come al chico". Las políticas de ingreso y de gasto constituyen una indisoluble unidad. No podría ser de otro modo, y entre ellas debe mediar una absoluta correspondencia.
En responsabilidad del régimen en turno la orientación de ambas políticas de ingresos y gasto, pero no puede ser en forma arbitraria, puesto que está plenamente definida en la Constitución General de la República, así constitucionalmente el gasto debe ser el principal promotor del desarrollo económico.
Esencialmente por ello el Partido Popular Socialista ha insistido en la necesidad de rescatar a las principales fuerzas productivas, por la vía histórica de las nacionalizaciones y para poder consolidar la independencia económica y la soberanía del país, lo que por otra parte es la esencia del espíritu del movimiento revolucionario armado más reciente en México, de un alto costo, sobre todo por el sacrificio de más de un millón de vidas.
Este objetivo revolucionario plantea entonces la necesidad y la condición de que el gasto sea tan amplio y suficiente para el impulso de la producción agropecuaria, industrial, artesanal y turística, debe lograr la multiplicación con calidad de los servicios públicos, debe cubrir por mandato constitucional mejoras en salud, en vivienda y sobre todo en educación y alimentación del pueblo mexicano.
Una política de gasto como la que desde hace 42 años ha propuesto el Partido Popular Socialista, en la que en vez de recortes se amplié, como sea posible y se oriente a satisfacer a las más empobrecidas masas en sus demandas, eliminando subsidios y regalías a industrias extranjeras y nacionales, sin duda permitirá al gobierno cumplir cabalmente sus compromisos y deuda con la Revolución Mexicana y sobre todo con el pueblo.
Pero si se actúa en sentido opuesto, es decir, reduciendo el gasto como tradicionalmente lo exigido la derecha y hoy coincide plenamente el grupo en el poder con ese capricho y objetivo como ya ocurre, el pueblo padecerá y por algún tiempo estará ausente de bien estar, de un mejoramiento en su nivel de vida y el desarrollo económico, como es evidente, se estancará.
De la revisión de la cuenta pública del correspondiente ejercicio y del respectivo dictamen y proyecto de decreto de la comisión que a esta soberanía presenta, se desprende con claridad que, muy pronto el contrario, de que el Ejecutivo se
sujetará al mandato constitucional, lo que se puso en práctica fue el sometimiento a pie juntillas con los dictados del Fondo Monetario Internacional y otros instrumentos financieros del imperialismo. Se aceleró el proceso de remate de empresas para fomentar monopolios nacionales y extranjeros en cualquier parte del país. Si algo se ha profundizado es la miseria y sólo en forma muy aislada, localizada, se proporcionaron algunos servicios con recursos de dádivas del Programa Nacional de Solidaridad, sobre todo en aquellos lugares donde aproximándose elecciones, el gobierno y su partido, tenían riesgo de perder los pocos votos que bajo mil presiones le arrancan aún al público.
La cifra, las que oficialmente se manejan, dan cuanta de cómo cada uno de los sectores contribuyen el ingreso y de cómo el producto interno bruto se reparte correspondiendo a las empresas o sociedades mercantiles, como las llaman se apoderen en gran medida del esfuerzo de las masas asalariada. Ello en cualquier país no sólo es injusto sino verdaderamente criminal.
Por otra parte, el reducir el gasto corriente en poco más de .5% del producto interno bruto y hasta el 14% al de inversión, provocó serios problemas tanto en infraestructura como en despidos de personal bajo el rubro de retiros voluntarios.
Tan sólo la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos vio reducido su gasto en cerca de 15% respecto a 1988 y en más de 29% en términos reales. Y la Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatal tuvo que disponer casi de un 40% menos a pesar de las desincorporaciones que el gobierno ha dicho son una carga fiscal importante.
Educación, como sector experimentó un decremento de 1%, lo cual es inadmisible.
Del análisis de lo recaudado en 1989, cuya cifra se reporta de poco más de 96 billones, no obstante el desglose y cuentas alegres que se reportan, son los trabajadores cautivos fiscalmente quienes mediante el impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado, así como por el producto de la venta al petróleo, dan lo grueso de la cantidad recaudada.
Se continúa con la política fiscal injusta de prácticamente meter la mano a la bolsa de quienes menos tienen para exprimirles todo; en cambio las empresas y en general los capitales, prácticamente siguen exentos de gravamen. Casi la tercera parte de lo recaudado por el gobierno federal, es decir, con los casi 30 billones de pesos por ingreso petrolero, se demuestra que no son las empresas nacionales privadas, y menos aún las extranjeras, las aportantes.
Las sociedades mercantiles en su conjunto, nacionales y extranjeras, apenas contribuyen con menos del 15% de lo recaudado; por ello, desde su insaturación del impuesto al activo fijo de las empresas, que representa el 2%, pero que es complementario y en cierto modo estímulo a quienes cumplen, el Partido Socialista sin reserva aprobó, y el tiempo nos ha dado la razón, aunque exista férrea resistencia de quienes más tienen, a cumplir con el nuevo impuesto. La política impositiva, efectivamente como se reconoce, dada la campaña de fiscalización que durante lo que transcurre del presente sexenio, fue incisivo contra los contribuyentes menores y de apoyo y estímulo a contribuyentes con capacidad económica de evasión y elusión.
No obstante no ser significativa en la relación al producto interno bruto la recaudación por importación, ésta creció en un casi 80% sobre todo porque desde 1989 se preparaba y ya el terreno para un libre comercio, y el país empezó a verse avasallado por una serie de productos, antes llamados de fayuca, proveniente de países asiáticos y que, por otra parte, no son indispensables.
Con verdadero dolo se ha exagerado cuando el grupo tecnócrata en el poder afirma que México fábrica los vehículos más económicos del mundo. Dicen que se proponen abaratar hasta un precio de 13.8 millones, y el Partido Popular Socialista ha sostenido y afirma ahora que no hay tal oferta, que las clases medias, al contraerse el mercado interno a extremos francamente intolerables, se ha proletarizado. A ellos se debe en gran medida que la recaudación, vía impuestos sobre automóviles nuevos, experimentó un decremento anual de 17.8%, no obstante la desgravación a partir de agosto, que no se proponía por cierto beneficiar al consumidor, sino como apoyo a la industria automotriz, toda en menos extranjeras.
Desde el sexenio anterior, pero particularmente en el actual, se ha pretendido mostrar que son menores los ingresos petroleros que los no petroleros, y en ese empeño el gobierno federal apuesta todo y su fracaso es absoluto, pues, por ejemplo, tan sólo por derechos no petroleros experimentó un desplome real del 16.1%, aun en las tarifas se les aplicó un derecho que fluctuaron entre 20% y 50%, significándose por su monto, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Caminos y Puentes, entre otros.
Algo que al Partido Popular Socialista llama poderosamente su atención y que vemos con
preocupación, es lo que las cifras se desprende respecto al fondo general de participaciones y desglosado éste, el componente denominado Fondo de Fomento Municipal, sobre todo porque se viola al artículo 115 constitucional, al regatearle al la célula de la democracia, recursos.
En su conjunto, todos los municipios del país, a pesar de la inflación que oficialmente se reconoce, percibieron en 1989, 275.8 mil millones de pesos como fomento municipal y como fondo general de participaciones a las entidades menos de un billón de pesos, y apenas la mitad de los recursos del Programa Nacional de solidaridad, casi 7% menor que lo que recibieron en 1988.
Del examen por beneficios concedidos vía Ceprofis, se observa de la misma manera en que gastaron los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, también estos recursos se destinaron a entidades o que tenían en ese momento elecciones, o bien, que se estaba en la víspera de ellas. Tal es el caso de Guanajuato y el estado de México, es evidente que se trataba de privilegiar al partido oficial en los lugares en donde en forma contundente perdió la elección federal más reciente...
El Presidente: - Permítame un momento, diputado Martín Rebollo. Voy a hacer esta aclaración para que no haya malos entendidos ni en cuanto al orador que en este momento está hablando por el Partido Popular Socialista, ni en cuanto al siguiente del Partido de la Revolución Democrática.
El espíritu del acuerdo parlamentario que se hizo en el seno de la comisión establece cierta elasticidad para los oradores, según la estrategia de cada partido de utilizar su tiempo por orador de 30 minutos en las dos rondas. El siguiente orador utilizará 20 minutos en la primera ronda y 10 minutos en la segunda. El Partido Popular Socialista no tiene orador en la segunda ronda y ésta es la razón por la que no le estamos reclamando el tiempo.
Puede usted terminar, señor diputado.
El diputado José María Rebollo: - Sólo menos de cinco minutos, compañeros diputados, para concluir.
Muchas gracias, señor Presidente. Es evidente, decía yo, que se trataba de privilegiar al partido oficial en los lugares en donde en forma contundente perdió la elección federal más reciente, por subsidios.
Sin embargo, 33 mil millones de pesos se entregaron a industriales refresqueros, en vez de destinarlos a ciencia y tecnología o a investigación.
En noviembre de 1989, a menos de 60 días de que concluyera este año y en el respectivo voto particular del Partido Popular Socialista relativo al año presente, se dijo que no sabía la representación popular a cuánto ascendía el monto por la venta de las empresas paraestatales.
Después de un año, es decir, hasta hoy, sabemos, según lo han expresado algunos altos funcionarios, que asciende en números redondos a dos billones de pesos.
Si sólo Cananea se remató en 0.9 billones de pesos, esto es casi el 50% del paquete rematado, ¿cuántas y en cuánto se remató el resto de dicho paquete?, es ahora la incógnita. ¿Será a finales de 1991 cuando esta honorable asamblea despeje la duda?
Al iniciarse el año fiscal de 1989, ya sólo de 1 mil 155 empresas del Estado en 1982, quedaban 379 empresas, es decir menos de una tercera parte. En pleno 1989, una muy pequeña empresa se crea, también es justo consignarlo, la Distribuidora Conasupo de Guerrero, S.A. de C.V., aunque en manos del sector social y privado, apoyará un área reducida y de masas empobrecidas o marginadas.
El funcionario que en el actual sexenio ocupó, aunque no desde el principio la mejor silla de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y que publicitariamente daba a conocer grandes cantidades millonarias al sector; no obstante ello, al igual que en 1988 en que el sector decreció en 4.5%, ahora en 1989 se desplomó en 14.2% en relación al año anterior.
Para el Partido Popular Socialista, un gobierno es revolucionario si al sector social se destina importante parte del gasto. Por ello, si los recortes se hacen en el renglón agropecuario, pues ello lo define de cuerpo entero: contrarrevolucionario, como entreguista de la soberanía y de la independencia económica; opuesta a la obra de los mejores héroes de las tres grandes revoluciones: la de independencia, la reforma y la de 1910 - 1917.
Como todos conocemos, la última parte de la cuente pública se refiere al tratamiento en relación a la deuda. No obstante, que al momento del cierre del ejercicio, una parte importante de los acreedores aún estudiaban y no decidían en relación al menú que en su momento se les presentó, otros acreedores, la mayoría de ellos, luego
de imponer condiciones de entre tres y cuatro años, como es el caso del Monetario Internacional, del Club de París y el Banco Mundial, que por otra parte, sólo una parte de la deuda permitieron estructurar y demandaron el crecimiento importante del producto interno bruto, pero no para que se reparta entre quienes producen, entre la masa asalariada, sino para que México tenga mayores recursos vía mayor explotación para transferir importantes capitales superiores a los actuales para el pago de intereses de capital y por la revaluación. Finalmente, el hecho de haberse agotado la posibilidad del endeudamiento externo para el financiamiento, provocó que se recurriera al endeudamiento interno que llegó a índices sumamente alarmantes pues rebasó el 100%. En virtud de ello, compañeros diputados, es que el grupo parlamentario del PPS, con base en el artículo 74 constitucional, no sólo no aprueba sino rechaza la cuenta pública del gobierno federal y exige se aplique la Ley de Responsabilidades a quienes resulten responsables. Muchas gracias por su paciencia.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - Gracias, señor Presidente: Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara el siguiente voto particular, en contra del proyecto de dictamen de decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
En opinión del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, la revisión de Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al año fiscal de 1989, ha presentado un nivel de profundidad inferior a la correspondiente al año fiscal de 1988, transcurriendo con cierto grado de desorganización u apresuramiento que ha disminuido a la Cámara de Diputados las posibilidades de cumplir a cabalidad sus responsabilidades en la materia.
Así ocurrió que el número de sesiones dedicadas al análisis de la cuenta se redujo de nueve realizadas el año pasado a seis en el presente, lo que obligó a la inconveniente concentración de temas distintos en determinadas sesiones, limitándose la posibilidad de los diputados y los servidores públicos de las carteras involucradas de profundizar en el examen de profundizar en el examen de la cuenta.
La tardía iniciación de los trabajos de revisión de la cuenta pública de 1989 forzó también a la concentración de las sesiones en un espacio de tiempo inusualmente corto, lo que contribuyó al demérito de las posibilidades de evaluación de los resultados de la gestión económica gubernamental.
Un factor adicional que reforzó el decaimiento de la presente revisión de la cuenta pública, fueron las frecuentes modificaciones de los calendarios de las sesiones del trabajo, en ocasiones argumentándose razones de agenda por parte de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y sin que mediara la necesaria consulta con los diputados de los distintos grupos parlamentarios miembros de ésta.
Para mejorar la oportunidad del análisis de la Cuenta de la Hacienda Pública , el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha propuesto en el seno de la comisión que se considere la posibilidad de adelantar las fechas de presentación de la cuenta por el Ejecutivo y su revisión por la Cámara de Diputados al segundo trimestre de cada año, de esta manera el ejercicio de fiscalización de las finanzas públicas se realizarían por el legislativo con mucho mayor cercanía al ejercicio fiscal que se revisa.
Respecto a la información que el ejecutivo debe proporcionar a esta Cámara de Diputados, con el objeto de que pueda mejorar la calidad y profundidad de su análisis, es necesario insistir en la necesidad de contar con información detallada sobre las operaciones de desincorporación de entidades y organismos del sector público.
En el decreto relativo a la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1988, aprobada por este plenario el año pasado, se recomendó al Ejecutivo en la fracción "F" del artículo 1o., informar en documento especial, de manera amplia, los criterios, condiciones, términos y montos correspondientes de venta, fusión o liquidación de las empresas paraestatales y el destino de los recursos obtenidos durante el ejercicio fiscal, incluyéndose en este reporte las operaciones realizadas en cada uno de los sectores, a fin de poder valorar la sujeción observada en la normatividad que corresponde a los procesos de desincorporación, sus efectos en la reestructuración del aparato productivo y sus repercusiones en las finanzas públicas.
Esta recomendación no fue atendía por el Ejecutivo en la revisión de la cuenta pública de 1989, por lo cual proponemos se procesa a solicitar a los titulares de las secretarías
Programación y Presupuesto, Hacienda y Crédito Público, el inmediato envío de la mencionada información a esta Cámara de Diputados y su inclusión regular en la información proporcionada para la revisión de la próxima cuenta pública.
Un campo en el que la información proporcionada por el Ejecutivo es absolutamente insuficiente, es el correspondiente a los ingresos públicos, en particular es imposible evaluar el grado de eficiencia y progresidad o regresividad del sistema tributario mexicano si no se cuenta con la información agregada referida al número de causantes y la recaudación agregada que da lugar en cada tipo y nivel de contribución.
Igualmente se requiere información sobre la distribución geográfica de los contribuyentes, detallada también tipo y nivel de contribución, Así por ejemplo si se hace referencia a algunos impuestos, se desconoce el número de contribuyentes en un ejercicio fiscal. ¿Cuántas son personas físicas y cuántas morales? ¿Cuántos de ellos son pequeños causantes? ¿Cuántos están en bases especiales de tributación? ¿Cuántos contribuyen al impuesto al valor agregado y cuántos lo hacen al impuesto activo de las empresas?
Es igualmente imposible conocer el impacto que tiene un cambio en la tarifa del impuesto sobre la renta, que afecta a un rango específico de contribuyentes, sobre la recaudación de ese impuesto, pues se ignora a cuántos causantes afecta y en qué montos se puede modificar los ingresos globales.
Se propone, por tanto, que se establezca la obligación del Ejecutivo de detallar la información sobre los ingresos públicos, en particular las contribuciones, detallando el número y tipo de contribuyentes, su aportación a la recaudación de cada tipo de contribución y la distribución geográfica de los contribuyentes y sus aportaciones.
Por lo antes expuesto y lo que se abunda en las siguientes líneas, se propone que los proyectos de dictamen y decreto referidos a la revisión de la cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1989 sean rechazados y remitidos nuevamente a la Comisión de Programación, y Presupuesto y cuenta Pública para su reelaboración, con el objeto de que profundicen en la evaluación del ejercicio fiscal de 1989.
Durante 1989 la economía mexicana alcanzó en términos generales las metas de crecimiento y reducción de la inflación que fueron establecidas en los dictámenes del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos de la Federación para este año.
En efecto el producto interno bruto creció a una tasa del 51.7%, 3.1% según cifra revisada y dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, y la inflación se redujo desde una cifra a una tasa anualizada de 19.7%.
Sin embargo, la mejoría económica registrada durante 1989 muestra algunas características que limitan en forma importante su alcance y la consistencia
En primer lugar ésta no abarcó a la totalidad de las ramas de la actividad económica, el sector agropecuario, silvícola y pesquero registró su tercer descenso en los últimos cuatro años, esta vez con un retroceso de 3.1% en el valor real de su producción, a la vez que la minería verificó una caída de 0.9%.
En segundo lugar, el crecimiento económico alcanzado no fue suficiente para generar los 800 mil nuevos puestos de trabajo necesarios para evitar que el problema del desempleo y del subempleo se siguieran ahondando en el país ni tampoco la reducción de la inflación evitó que los salarios reales percibidos por un segmento significativo de trabajadores registrara nuevos deterioros en su capacidad adquisitiva real.
Si bien en otros sectores de trabajadores los ingresos reales registraron una pequeña mejoría, la mejoría económica de 1989 parece haber agotado su fuerza y su consistencia, pues hoy conocemos que en 1990 la inflación ha repuntado de manera considerable hasta una cifra cercana al 30% anualizado y la economía ha desacelerado su crecimiento a un nivel entre el 2.5% y 3% anual
Ninguno de estos elementos, por cierto, es recogido en el proyecto de dictamen hoy puesto a consideración de la plenaria de la Cámara de Diputados por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, no obstante que en algunos de ellos, como la caída en la producción de los sectores agropecuario y la minería fueron planteados en los mismos documentos que integran la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1989 y otros fueron tratados durante las sesiones de trabajo de la comisión.
Durante 1989 la economía mexicana sufrió un nuevo sobreajuste, es decir, un ajuste más allá de lo necesario debido a la política neoconservadora practicada por la actual administración.
La decisión de continuar pagando la pesada carga de la deuda pública externa e interna mantuvo en tensión algunos de los principales agregados macroeconómicos, 66.4 billones de pesos fueron utilizados para pagar los intereses de la deuda pública, 39.2% del gasto neto presupuestal pagado.
Esa es la clave que explica la convivencia
de un superávit primario en las finanzas del sector público, el más alto de las historia y que alcanza un valor equivalente al 8.4% del producto interno bruto, con un déficit presupuestal cuyo valor fue igual a cinco puntos porcentuales del producto interno bruto.
Se expresa ahí uno de los sentidos últimos de la operación del sector público bajo el mando de la actual administración, la transformación de recursos productivos captados de la sociedad en pagos a rentistas nacionales y extranjeros.
En políticas, cuya orientación no compartimos, se observa que durante 1989 el Ejecutivo se sobregiro en 30% en la meta del superávit primario, aumentó los ingresos de organismos y empresas en mayor medida que lo autorizado, a la vez que realizó el sector público una inversión física inferior en 2.0% respecto a la cifra aprobada por el Congreso y a la vez que se redujo la inversión en pesca y en importantes renglones del gasto para el desarrollo rural, por señalar algunos.
Pero esta incapacidad de reducir los pagos de intereses de la deuda pública en el monto suficiente para que la economía mexicana se pueda ajustar sin necesidad de desmantelar al sector paraestatal y de aumentar en forma desmedida los ingresos de las entidades paraestatales, todavía bajo control presupuestal ha impuesto los límites a la propia capacidad de vencer a la inflación.
Sostenemos que el sobreajuste de la económica propiciando por la política económica en marcha, ha contribuido a dar un aliento muy corto a sus propios logros, ése es e caso del rebote inflacionario de 1990. El afán de perseguir un superávit primario en la dimensión alcanzada, a través de importantes alzas a precios y tarifas de bienes y servicios del sector público, fue uno de los factores decisivos que hicieron repuntar consistentemente al crecimiento de los precios hasta la cifra actual cercana al 30 %.
En 1989 la inversión pública descendió en 6.3% real respecto a 1988, lo que en términos de producto significó una nueva disminución de 0.3 puntos porcentuales. Si damos un valor de 100 a la inversión pública en 1981 y la confrontamos con el índice nacional de precios al consumidor, tenemos la siguiente evolución:
En 1981, 100% en 1982 - 1984, .2%; en 1983, 48.6% en 1984 43.5%; en 1985, 39.8%; en 1986, 32.9%; en 1987, 34%; en 1988, 30.9% y en 1989, 26.7%.
Una terrible paradoja de las políticas neoconservadoras de ajuste, buscando achicar la demanda para intentar así controlar la inflación, han puesto un férreo candado a la oferta, y en efecto al limitar tan severamente la inversión pública sin lograr que esta sea sustituida y ampliada por la inversión privada, ha estrechado las posibilidades de expansión de la producción nacional comprometiendo el presente y el futuro del desarrollo económico nacional y paradójicamente estimulando la inflación por insuficiente oferta, no por exceso de demanda.
Nuevamente es el sobreajuste de la economía el que corta las alas a los propios logros de la política neoconservadora. Por eso en el año de 1989 será mejor año económico que el de 1990, con menor inflación y mayor crecimiento económico.
La política gubernamental aplicada durante 1989, incumplió con uno de los objetivos principales aprobados en las correspondientes leyes de Presupuesto de la Federación y Ley de Ingresos para 1989, consistente en proteger el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo. Durante 1989 el salario mínimo sufrió una nueva pérdida por 4.76% de su capacidad adquisitiva real.
El deterioro acumulado de la fuerza de compra del salario mínimo alcanzó un 55% al finalizar 1989, comparado con el nivel que tenía en 1981.
En cambio el salario medio en la industria manufacturera registró una ligera recuperación que se encuentra muy lejos de compensar el grave deterioro acumulado durante la crisis.
No es posible minimizar el hecho de que el salario mínimo siga perdiendo capacidad adquisitiva argumentando que cada vez son menos los trabajadores que perciben el mínimo. Si bien esto es relativamente cierto, información del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática permite conocer que durante 1989 algo más de un 15% de la población trabajadora en la industria manufacturera, percibía menos de un salario mínimo y casi el 45% de ésta ganaba entre uno y dos salarios mínimos.
En resumen, cerca del 60% de los trabajadores de la industria manufacturera ganaban hasta dos salarios mínimos, cantidad que en términos reales no es igual a un salario mínimo de 1981.
Por lo demás, la grave afectación, del poder de compra del salario mínimo viola el ordenamiento constitucional contenido en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 123, que a la letra dice:
"Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales
de un jefe de familia, en orden material, social y cultural, y para prever la educación obligatoria de sus hijos".
En lo que se refiere al empleo, la información oficial disponible permite concluir que el sobreajuste aplicado a las finanzas públicas durante el año 1989, hizo que el sector público no concurriera a la generación de plazas de trabajo, sino por que por el contrario, las redujera. El empleo en el sector público disminuyo en 1.3% con una pérdida neta de 57 mil plazas de trabajo en el año, al pasar de 4 millones 365 mil plazas en 1988 a 4 millones 308 mil en 1989.
La desafortunada evolución de salarios y empleos ha reducido la participación de las remuneraciones de asalariados en el ingreso disponible, desde 42.6% en 1981 hasta un 30.6% en 1988 y 30% en 1989, lo que denota que continúa profundizándose la desigualdad social en el país.
En términos reales, durante 1989 el gasto en el sector de desarrollo rural se mantuvo prácticamente igual al de 1988. El gasto ejercido tanto por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como por el Banco Nacional de Crédito Rural disminuyo; esta contención del gasto destinado al sector rural, ocurrió después de que en 1988 había llegado a su nivel más bajo en la historia, 27% de lo ejercido en 1980 y habiendo experimentado en 1988 un recorte de mas de 35% respecto a lo programado.
En consecuencia, el inicio de la presente administración continua la política de abandono presupuestario al sector de desarrollo rural, que ha traído como acompañante la descapitalización agrícola. Estos elementos, junto con la contracción del mercado interno y la apertura unilateral a la competencia externa, constituyen aspectos centrales de la crisis agrícola del país.
Una de las manifestaciones más graves de la crisis agrícola, es la falta de progreso técnico en el campo, que se expresa en el estancamiento de los rendimientos por hectárea de los principales cultivos.
De 1980 a 1989 no hubo aumento significativos en los rendimientos por hectárea de prácticamente ninguno de los cultivos básicos...
El Presidente: - Diputado Ciro Mayén, su tiempo se ha agotado, quiere ser tan amable de concretar ya su intervención.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - Voy a concluir, señor presidente.
El Presidente: - Gracias.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - En algunos incluso se registro una reducción, es el aso del maíz por ejemplo, cuyo rendimiento promedio por hectárea fue de 1.8 toneladas de 1980 y de 1.7 toneladas en 1989; es el caso del frijol, el cártamo; en los demás cultivos los rendimientos se mantuvieron sin mejoría.
Estamos entonces ante una década de estancamiento tecnológico en la agricultura, y a pesar de ello en 1989 hubo un fuerte descenso del gasto destinado a la asistencia técnica por el gobierno federal, tanto respecto a lo programado y aprobado, como respecto a lo ejercido el año anterior. Por ejemplo, la superficie a la que se dio asistencia técnica en zonas de riego descendió, disminuyendo en 27.8% respecto a la de 1988 y 25.8% respecto a lo aprobado; en áreas de temporal la disminución fue aún mayor, de un 35.8% respecto al año anterior y 19% referido a lo programado.
En México se ha experimentado un acelerado deterioro de los bosques. La irracional sobreexplotación de nuestra riqueza forestal, realizada por grandes empresas privadas, lo mismo que la falta de asistencia técnica para comuneros y pequeños productores forestales, ha traído como consecuencia esa degradación de nuestros bosques y de algunos casos de destrucción de irrecuperables sistemas ecológicos. No obstante, en la cuenta pública de 1989 observamos que disminuye la asistencia técnica a productores forestales en un 27.7% respecto a 1988 y 50% respecto a lo programado y aprobado por el congreso de la Unión. También la cantidad de hectáreas reforestadas fue de 27.8% menor a lo programado. En 1989 se dio un fuerte impulso a la política de reprivatización de ingenios azucareros, se programó la reprivatización de 22 ingenios del sector paraestatal aunque solo lograron desincorporar nueve y se anuncio la privatización de 18 ingenios más para 1990.
Es sabido que la adquisición de ingenios por el gobierno federal, ocurrida durante la década de los setenta, tuvo como propósito rescatarlos de una casi segura quiebra a la que iba en manos de empresarios privados, era el rescate gubernamental de una industria que en su momento se consideró prioritaria para la economía nacional. La mala situación financiera en que se encontraban esos ingenios hace 20 años se debió en gran parte a una ineficiente y en algunos casos fraudulenta administración de grandes empresarios privados. En los años más recientes se ha recuperado la industria azucarera y se han obtenido buenas zafras. En el sexenio pasado se vio incluso un resurgimiento de la producción azucarera del país, volviendo a ser exportadores de
azúcar; de 1983 a 1987 obtuvimos cada año una zafra récord. En 1989, Azúcar S.A., cubrió con recursos propios la gran parte de sus gastos totales y el gobierno, a lo largo de casi 20 años, ha realizado un gran esfuerzo para sacar adelante la industria azucarera del país.
En términos financieros no se justifica la reprivatización y menos se justifica la preferencia que en su compra se le ha dado a empresas refresqueras ligadas a transnacionales por encima de las organizaciones sociales de pequeños propietarios y ejidatarios cañeros que han mostrado interés en adquirirlos.
Compañeras y compañeros legisladores, ha dado lectura solo a las partes globalizadoras de nuestro voto particular, haré entrega a la secretaría del texto íntegro, completo de nuestra propuesta y en estos términos es como nuestro partido se pronuncia en contra del proyecto de dictamen y el proyecto de derecho de la Cuenta de la Hacienda Pública. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Astolfo Valencio Tovar, del Partido Acción Nacional.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: El dictamen correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1989, presentado por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, adolece del mismo defecto de todos los años, sólo que se ha agravado puesto que en esta ocasión presenta la situación económica de México y el ejercicio del presupuesto de ese año con un autentico cuento de hadas en el que todo es color de rosa y en el que en ningún momento se señalan las grandes fallas que se registraron en la aplicación de las distintas partidas presupuestales.
En todos los capítulos se da la misma situación; en el panorama económico en la consolidación de la estabilidad de precios con una recuperación gradual y firme en la actividad económica, cosa totalmente falsa, puesto que los precios golpearon en forma dramática a la economía popular.
En el capítulo de observancia de los preceptos legales, se asegura que se verificó el cumplimiento de los preceptos que rigen la gestión en materia presupuestal de las entidades y organismos del sector público y que la Cámara de Diputados a través de su órgano técnico realiza tanto por mandato constitucional, como lo previsto en la legislación secundaria, una serie de actos para verificar si las operaciones se ejercieron con apego a los criterios señalados en la Ley de Ingresos y en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y para constatar si las dependencias y entidades cumplieron con las disposiciones de las leyes de ordenamientos aplicables en la materia.
Al examinar todo lo referente a la cuenta pública, encontramos con que hubo 58 artículos violados de las distintas disposiciones en la materia, por ejemplo el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones Públicas establece que las dependencias y entidades podrían modificar un monto de los pedidos y contratos sin rebasar el 30% de lo pactado originalmente; sin embargo, las empresas bajo control presupuestal que mas ejercen ese presupuesto como es Petróleos Mexicano Comisión Federal de Electricidad, Ferrocarriles y la Compañía Nacional de subsistencias populares, así como la secretaría de Educación Pública, efectuaron modificaciones que rebasan en mucho el 30% de los montos pactados originalmente, contraviniendo lo dispuesto en dicho artículo.
Misma situación se presentó en el artículo 36 del Presupuesto de Egresos, en el cual se establecen los montos máximos para adjudicar contratos y pedidos de adquisición, arrendamiento y prestación de servicios, en forma directa o mediante convocatoria o cuando menos de tres u ocho proveedores, violando esta disposición de manera franca, Fertilizantes Mexicanos, Constructora de Carros de Ferrocarril y Aeropuertos y Servicios Auxiliares.
También fue franca la violación al artículo 35 de este mismo ordenamiento, que se refiere a los montos máximos a que debieron sujetarse los contratos de obra pública, adjudicados en forma directa o mediante convocatoria, a cuando menos tres personas. Disposición también violada por Fertilizantes Mexicanos, Aeropuertos y Servicios auxiliares, ISTA, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y el Banco Nacional Pesquero y Portuario, ya que esas dependencias no se sujetaron a dicha disposición.
Podemos seguir enumerando las violaciones cometidas hasta llegar a las 58. ¿A esto se llama observancia de los preceptos legales? (Aplausos.)
En todo el cuerpo del dictamen se dan a conocer, según el criterio muy propio de la comisión, los aciertos y no los desaciertos, por lo que en el proyecto de decreto relativo a la revisión de la cuenta pública que se discute, aparece un párrafo cuya inclusión exigió Acción Nacional, y que a la letra dice:
"Por su parte, la diputación de Acción Nacional no acepta la redacción del contenido del dictamen
que dio origen al presente decreto, ya que en ella se señala lo positivo de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y no las fallas que en opinión de este grupo parlamentario tuvo la ejecución del presupuesto de 1989". (Aplausos.)
Más allá de la cuestión de enfoques del vaso medio vacío o del vaso medio lleno, el dictamen se encuentra carente de toda objetividad, pues la realidad es muy distinta a la del México de 1989.
Si bien el desempeño de la economía presentó mayor certidumbre que en los años anteriores, en lo que se refiere a crecimiento económico, es cuestionable que se hayan dado pasos hacia el camino de la recuperación económica con estabilidad de precios, tal como se señala en la página cinco del tomo de resultados generales.
El crecimiento del producto bruto apenas rebasó el crecimiento demográfico, situación que no se daba desde hace varios años, pero su evolución fue muy heterogénea.
Por segundo año consecutivo, el producto de los sectores agropecuarios, silvicultura y pesca, presentaron decrecimiento, en esta ocasión del 4.2% en términos reales; aunque por otra parte, se observan signos de calentamiento económico en la industria manufacturera, pues creció en un 7% en términos reales.
En el Plan Nacional de desarrollo se establece que para recuperar el crecimiento económico con estabilidad, el aumento de la actividad económica debe ser gradual, para no propiciar desequilibrios, pero ha sido tal la disparidad de ritmos de crecimientos que se están propiciando esos desequilibrios, los cuales nos llevarían de nueva cuenta al umbral de la hiperinflación.
La diversidad de los comportamientos económicos también se presento en los precios, pues bien la inflación se acerco a los previsto, caso insólito, la disminución de la tasa de crecimiento de los distintos componentes del índice nacional de precios al consumidor, fue disímil, mientras que los precios de los bienes de consumo durable y no durable se incrementaron 6% y 12.6% respectivamente, los de los servicios aumentaron 37.4% que definitivamente fue impactado por el incremento del 56.5% en las rentas de casa - habitación.
El comportamiento heterogéneo de los precios, se debe fundamentalmente, por un lado, a la delineación de precios, generando así presiones inflacionarias; por otro lado, al polarizarse la demanda, las personas con más altos ingresos consumen mas bienes duraderos y no duraderos y en general todos estos cuentan con vivienda propia, por lo que paradójicamente han sido los menos impactados por la inflación. En cambio, el resto de la población que recibe los más bajos ingresos, ha restringido al máximo su consumo incluso en lo referente a alimentación, aumentando los niveles de desnutrición en el pueblo.
Lo que se afirma sobre la fortaleza del mercado interno es otra de las grandes mentiras, pues esta se ha dado en profundidad y no en extensión. No obstante que las evidencias muestran mayores desequilibrios, mayores presiones inflacionarias, así como la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con todo cinismo, en la página nueve de los resultados generales, se dice: "La mayor actividad económica se reflejo en un incremento de la masa salarial" ¿A quién quieren engañar? Tal vez a los Legorreta, a los Espinosa Yglesias, al Fondo Monetario Internacional, a los Garza Sada o a los Estados Unidos que quieren nuestro petróleo. Quizá engañen a éstos, pero al pueblo no, puesto que su realidad es muy distinta.
El principal factor para el incremento de la actividad económica, fue motivada principalmente por la transferencia que el sector público subvenciono a los rentistas vía altas tasas de interés, que significaron un 9% del producto interno bruto, o sea, una y media veces mas de lo que produce el sector agrícola, al que se le han retirado prácticamente todas las ayudas, contrario a lo que se da en los países con economías más desarrolladas. Esto nos ha llevado a un descenso en la producción agrícola, ya que en 1989 la producción nacional de los 10 cultivos básicos fue de 21 millones 138 mil toneladas, cifra inferior en 25.7% a la prevista y en 7.5% a la obtenida en 1988; en el subsector pecuario, la producción de carne bajó en 10.7%, la producción de leche bajó en 7.9% y la producción de huevo en 18.2% y, por otro lado, lo que es más alarmante, las importaciones de granos, especialmente de maíz, sumaron 1 mil 901.8 millones de dólares, o sea, casi 5 billones de pesos, al tipo de cambio de 1989.
Como resultado, la balanza comercial del sector agropecuario registro un déficit de 310 millones de dólares, pero, ¿porque siempre hablamos en dólares El pueblo mexicano necesita que se le hable en cristiano, o sea, que el déficit de la balanza comercial en este sector fue de 800 mil millones de pesos número redondos.
Con respecto al gasto sectorial, en la cuenta pública de 1989 se observa un ligera mejoría en su distribución, pero en lo que no podemos estar de acuerdo es que es totalmente insuficiente. Por ejemplo, para el desarrollo rural en 1980 se destinaba el 12% del gasto programable, porcentaje
que ha venido descendiendo hasta la pírrica cifra del 5.4% en 1989, con los resultados por todos conocidos.
El gobierno para curarse en salud dice que en la distribución del gasto sectorial ha dado apoyo fundamentalmente al gasto social como ayuda a la economía popular. Pero esto es engañoso, pues el mismo gobierno es el principal generador de la inflación y del aumento en los precios.
En efecto, en correspondencia al gran sacrificio de los trabajadores campesinos por mantener el pacto que desde su implantación ha sido a todas luces impopular por su gran costo social, el gobierno, en lugar de respetar los términos del famoso pacto, se ha dedicado a incrementar los impuestos, los derechos, los aprovechamientos y también los precios de sus productos y servicios.
En efecto, durante 1969 incrementó los precios de los fertilizantes en un 18.8%, las tarifas eléctricas comerciales en un 35.1%, las industriales en un 45.5%y los productos de Petróleos Mexicanos en un 42.8%, pero al hacer dichos incrementos se va por la vía fácil aunque lesione la economía del pueblo.
El incremento de los ingresos por el impuesto al azúcar fue solo de 350%, ¿oyeron bien?, del 350% El incremento por los derechos fue el 29.4% y el de los aprovechamiento del 71.7%.
¿Entonces por que exige a las otras partes firmantes del pacto y en especial a los trabajadores el que cumplan rigurosamente dicho pacto? Se ha demostrado que la actitud del propio gobierno a la firma y en la consecución del pacto por ser el principal violador del mismo, le quita toda autoridad para exigir irrestricto apego a dicho documento.
Por otro lado, queremos destacar la incongruencia entre lo dicho y lo hecho, en la página 44 de los resultados generales, cuando se refiere a la política del gasto, se afirma: "La política del gasto público se sustentó durante el año en dos vertientes fundamentales: congruencia de su nivel con los recursos disponibles y selectividad en la asignación de presupuesto". Y también se dice "Por lo que hace a la segunda vertiente, la asignación del presupuesto partió de una estricta jerarquización en congruencia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, favoreciendo el gasto en los sectores y empresas, cuya actividad tiene un impacto directo en la modernización económica y el bienestar de la población".
Esto, desde luego, es un sofisma, puesto que si vemos el presupuesto aprobado para el programa Doble A de la Secretaría de Gobernación en lo que se refiere a administración, se autorizaron 36 mil 470 millones y, sin embargo, se ejercieron 65 mil 696 millones que significan el 80% del incremento. Y así una gran cantidad de incrementos en los programas.
Y para terminar, me quiero referir a uno de los programas que en el presupuesto de 1989 se contempló dentro del ramo XXVI, desarrollo regional, y que con el nombre de Programa Nacional de Solidaridad se ha convertido en una supersecretaría de Estado, ya que actualmente en el presupuesto para 1991 le fueron asignados más de 5 billones de pesos.
Ante el repudio que la ciudadanía tiene ante el régimen generador de la pobreza económica del pueblo, el Programa Nacional de Solidaridad desbanco, ya en 1989 todo lo programado para el ramo XXVI, ya que su presupuesto inicial fue de 896 mil millones de pesos que incrementó durante el ejercicio en más de un 50%, ejerciéndose un total de 1 billón 333 mil millones.
Las acciones del Programa Nacional de Solidaridad desde su inicio ha sido múltiples y heterogéneas, puesto que se usa hasta para remedio con tal de ganar la voluntad del pueblo, y de incrementar la votación a favor del partido oficial en todos los procesos electorales.
Además, el Programa Nacional de Solidaridad desvirtúa toda la estructura administrativa del gobierno y de los gobiernos estatales, ya que en muchas ocasiones parece que se planeó para suplir las deficiencias de las secretarías de Estado y de los propios gobiernos de los estados, suplantando así el ejercicio del poder de dichas entidades.
Ante este panorama, a todas luces contrario a lo que se afirma en el dictamen, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional dará un rotundo "no" con su voto, en contra del dictamen y del decreto de la cuenta pública.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Ramiro Hernández García, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Ramiro Hernández García: - Ciudadano Presidente; compañera y Compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional tiene la convicción de que esta Cámara ha venido ejerciendo las facultades que la Constitución le otorga al Poder Legislativo para revisar la Cuenta de la Hacienda Pública para el período de 1989.
En todo momento, mi partido ha buscado realizar su análisis y discusión dentro de la pluralidad representada en esta Cámara, con el propósito de encontrar los puntos de consenso y de disenso con las distintas fuerzas que desearon participar en las diversas etapas que involucra su revisión, para avanzar la convivencia madura, en el marco de la diversidad ideológica.
Respetamos las apreciaciones y juicios de nuestros compañeros diputados, por que estamos convencidos de que sólo podremos avanzar en la vida democrática del país, en la medida en que seamos capaces de expresarnos y escucharnos en un debate objetivo, sereno y respetuoso.
La realidad que vivimos es solo una; su interpretación en la lucha y debate político tiene que ser responsable y con ánimo constructivo para así poder representar los intereses de la sociedad con autenticidad.
Con este espíritu, los priístas tomamos como base para analizar la cuenta pública en cuestión, los criterios de política económica, programas y metas que sirvieron de fundamento para la acción de gobierno en 1989. Dichos criterios definieron como objetivos para el presupuesto de 1989, aprobado por esta Cámara, consolidar la estabilidad de precios; crear la base para la recuperación gradual y firme de la actividad económica; reducir las transferencias de recursos al exterior; proteger el poder adquisitivo de los salarios y elevar el nivel de empleo; fortalecer mediante la concertación en compromiso de los sectores de apoyar la estabilidad interna y la negociación de la deuda externa.
Frente a estos objetivos planteados, observamos que la cuenta de la Hacienda Pública Federal, nos muestra resultados concretos, como son los siguientes:
En los relativo al nivel general de precios, este se ubicó en un 19.7 %, cifra inferior al 51.7% de 1988. La tasa de inflación anual promedio, se redujo de 114.2% de 1988, al 20% en 1989.
En el renglón de finanzas públicas, el déficit financiero del sector público se redujo en términos reales a la mitad del de 1988. Por su parte, el déficit presupuestal se redujo del 9.6% del producto interno bruto en 1988, al 5% en 1989.
La inversión privada alcanzó un crecimiento anual del 9.5%, las exportaciones crecieron a una tasa anual real de 3.1% y los indicadores del nivel de empleo, observaron positivos de crecimiento.
Se soporta una baja en las tasas de interés, de 23 puntos porcentuales, situándose en el nivel de 40.1%.
En materia de deuda pública, se realizaron negociaciones, se realizaron los preparativos para iniciar las negociaciones que hoy nos permiten reducir las transferencias netas de recursos al exterior y con ello, obtener mayor flexibilidad en el ejercicio del gasto.
Se observa un crecimiento del producto interno bruto del 2.9% con respecto al del año anterior, rebasando el 1.5% que se había programado y que este es mayor que el crecimiento de la población.
El comportamiento de estos indicadores frente a los objetivos señalados, nos muestran por principio que la política económica y la aplicación de sus instrumentos en 1989, contribuyeron al establecimiento de bases más firmes para el desarrollo económico y el bienestar social.
Cabe destacar que la disciplina del ejercicio del gasto público, en fortalecimiento de los ingresos no petroleros y la orientación del gasto con un mayor sentido social y la disponibilidad de recursos para un buen financiamiento, fueron elementos fundamentales para el logro de los objetivos propuestos. Ello habla de cómo las entidades responsables se apegaron estrictamente a los términos en que esta honorable Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos para 1989.
La distribución del gasto programable en su clasificación sectorial, manifiesta como prioridad en su aplicación, la creación de infraestructura social y productiva. Esto se refleja en el hecho de que el 49.1% del gasto programable ejercido se haya destinado a los sectores: desarrollo social, desarrollo rural, comercio, abasto, cifra que resulta superior en 4.7% en relación a lo programado para 1988. Al sector energético se asignó una proporción del 26.9% de este gasto programable, cifra ligeramente inferior a la de 1988; a Comunicaciones y Transportes correspondió a una proporción del 5.7%, también inferior a la del año anterior, siendo reforzado este sector por una estrategia de participación del sector privado, que al involucrarlo en el financiamiento de infraestructura, impulso a su desarrollo.
Los sectores antes mencionados que representan de manera conjunta el 82% del gasto programable, subrayan el interés y la orientación del gasto público para inducir con más justicia el desarrollo económico y social del país.
Quiero enfatizar, compañeros diputados, que la forma en como fue estructurado y aplicado el gasto
público en 1989, es congruente a los objetivos primordiales del desarrollo que las distintas regiones del país, las diversas ramas industriales, los diversos estratos y grupos socioeconómicos plantearon el Plan Nacional de Desarrollo.
Es por esto que los integrantes de mi grupo parlamentario afirmamos con plena convicción, que los propósitos y objetivos de 1989 fueron logrados satisfactoriamente, pero también estamos conscientes que se tendrá que profundizar y acelerar el ritmo para seguir saneando las finanzas públicas, para disminuir la transferencia de recursos al exterior y para reducir los costos financieros en la producción y la comercialización; asimismo, para alcanzar niveles inflacionarios que reducen realmente en una mejoría sustancial del poder adquisitivo de los mexicanos.
El gasto público anual no puede verse como si fuera un instrumento al que se le concede valor y capacidad para resolver de golpe todos los males y carencias de la sociedad, el gasto público resultado de la aplicación del Presupuesto de Egresos de la Federación en 1989, es un instrumento que debe responder a las metas concretas, establecidas y contribuir al logro de los objetivos de desarrollo nacional.
Resultaría iluso pensar que con el objetivo del presupuesto de un año se resolverán todos los problemas del país, la estrategia del gobierno tiene prioridades y objetivos concretos a corto y mediano plazo, por lo que consideramos que el ejercicio del gasto de 1989 atiende satisfactoriamente a la consecución de esto.
Estamos convencidos que el gasto público en cuestión, ha respondido a la estrategia general del programa de gobierno, mismo que mi partido comparte, porque participamos en su diseño y en congruencia lo apoyamos y lo avalamos en su ejecución con responsabilidad y de cara a la realidad.
¡En mi partido seguiremos pugnando porque las respuestas de la administración pública a las demandas sociales sean cada vez más oportunas, menos burocráticas y más eficientes! (Aplausos)
El Presidente: - Con este orador se termina la primera ronda.
Se han inscrito para la segunda ronda, los siguientes oradores: Diputado Armando Duarte Móller; Juan Hernández; Jaime Castrejón Díez; Pedro René Etienne Llano; Jaime Aviña Zepeda; Enrique Martínez Hinojosa; Israel Félix Galán Baños; Manuel López Zorrilla; y Javier Culebro Siles.
Tiene el uso de la palabra el diputado Armando Duarte Móller.
El diputado Armando Duarte Móller: - Compañeras y Compañeros: En el turno anterior, el grupo Parlamentario del Partido del Frente Cardenista estableció su posición en lo general con la relación al asunto que se debate. En este momento voy hacer referencia a algunos cuestiones particulares.
Uno de los grandes problemas de nuestro país durante los últimos años a sido el agotamiento de las fuentes de financiamiento para el desarrollo de la economía nacional. En este agotamiento la política de ingresos instrumentada por el gobierno federal no siempre ha sido la más adecuada, debido a que se ha apoyado en una política fiscal que ha carecido de formas que permitan, por un lado, aplicar de una manera coherente las acciones impositivas, gravando el gran capital, por otro que elimine los impuestos a los trabajadores que obtienen bajos ingresos.
El sistema fiscal durante años ha permitido no sólo injusticias, sino también una elevada evasión, que la mayoría de las veces ha quedado impune.
Según la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, en 1989 se avanzó en materia de ingresos al reducir las tasas impositivas, al ampliar la base tributaria y el número de contribuyentes, y se emprendió un combate frontal a la evasión fiscal. Con la aplicación de estas medidas se expone que los ingresos aumentaron en 2.1% en términos reales con respecto a 1988 y en 16.2% conforme a los estipulado en la Ley de Ingresos.
Pero si sólo este resultado puede considerarse como favorable, sin embargo es importante observar su relación con el gasto neto devengado en 1989. En este año los ingresos obtenidos, tanto por el gobierno federal como por los organismos y empresas, significaron únicamente el 8.5% del gasto, lo cual, implica un déficit presupuestal aún bastante elevado, considerando el agotamiento de las fuentes de financiamiento que ha conducido nominalmente a un mayor endeudamiento interno, al no contar con un eficiente sistema para el fortalecimiento del ahorro público.
Las medidas fiscales adoptadas en cuanto a la instrumentación de algunas modificaciones fiscales, como la del impuesto al activo de las empresas, son positivas; pero no constituyen o forman parte de una reforma fiscal integral que se oriente a gravar el capital financiero. Son acciones que contribuyen a lograr mayores ingresos, pero que no solucionan definitivamente la falta de los mismos para cubrir el gasto público.
En su comparecencia, el Secretario de Hacienda cuando presentó la Ley de Ingresos de 1989, hacía referencia a una elevada evasión fiscal del orden del 72%, alarmantemente alta, y que era necesario adoptar medidas drásticas para impedir que se siguiera presentando. Así se castigaron algunos evasores fiscales y en su momento estuvimos de acuerdo con ello. Sin embargo, tal parece que estas medidas sólo fueron aplicadas a unos cuantos evasores.
De estas acciones en la cuenta pública no existe una información que permita conocer a cuánto ascendió la recuperación de esta evasión fiscal y en cuánto se redujo la misma.
En la Cuenta de la Hacienda Pública Federal para el año 1989 se señala que el marco de las prioridades nacionales, el sector desarrollo social dirigió acciones a dar respuestas de manera oportuna y eficiente a las demandas de la población en materia de educación, salud, seguridad social, vivienda y medio ambiente, presupuestalmente el gasto del sector se incrementó en un 32.4% y el ejercicio fue mayor en 3.8% al autorizado originalmente.
Sin duda alguna en este aspecto el resultado es favorable y responde a las demandas sociales, pero también se considera que aún este gasto es insuficiente, continuamente hemos insistido en que los recursos destinados para la educación y salud, nunca han respondido a las recomendaciones de los organismos internacionales.
En materia de educación, el gasto fue mayor en 32.9% con respecto a 1988, sin embargo, analizando las metas conseguidas este incremento no corresponde a los avances en el mejoramiento de servicios educativos, culturales, y recreativos, debido a que la mayoría de éstas no fueron alcanzadas, primordialmente las que se refieren a la educación rural.
Para ilustrar lo anterior tenemos que en preescolar rural sólo se alcanzó el 45.4% de lo programado originalmente y decreció en 10.1% con respecto a 1988.
En materia rural las metas se alcanzaron en 73.6% con respecto al original presupuestado, el mismo efecto de no cumplimiento se dio en secundaria general, secundarias técnicas , en telesecundaria federal y estatal, media superior general, media superior tecnológica y media tecnológica.
En cuanto a los indicadores de productividad y eficiencia, el promedio de eficiencia terminal sigue siendo bajo, ya que en 1989 sólo concluyó sus estudios el 56.2% de la población ubicada en esta expectativa, la deserción fue del 12.1% y el nivel de reprobación de 28.2%.
Se argumenta que en el caso de la deserción se debió al paro de actividades de los maestros, considerando que este argumento no es válido si tomamos en consideración que el programa de la deserción escolar no fue privativo de 1989 y que por fallas del mismo sistema educativo año con año se presenta, incluso se ha llevado a últimas fechas al Ejecutivo Federal a instrumentar un programa que evite la elevada deserción escolar y en el cual se señalan problemas del sistema educativo que no se vinculan directamente a los paros de actividades.
Así también consideramos que el movimiento magisterial está en su derecho de exigir y luchar por mejores condiciones salariales que se les ha negado no sólo a ellos, sino también a la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado.
En cuanto al sector pesca, nos encontramos con información que a nuestro juicio no corresponde a la realidad de la situación de los trabajadores de la pesca ni como la forma en que ellos perciben los problemas de su sector y sobre todo que no permite a esta Cámara evaluar con toda objetividad la incidencia real del gasto en la resolución de los grandes problemas de la pesca.
Este es un problema señalado con anterioridad, pero que desafortunadamente persiste, por ejemplo: en cuanto a las metas de captura los cálculos están realizados en estimaciones estadísticas de inferencia no comprobada y no en el registro directo de las capturas, este error de cálculo repercute en otros renglones, como el del consumo nacional aparente que se dice aumentó en 3% respecto al del año anterior.
Por otra parte, se requiere de información más completa que permita determinar en qué casos el aumento de los volúmenes capturados, no necesariamente expresan avances, sino sobreexplotación de especies. ¿O acaso no es verdad que luego de una época de auge en determinadas pesquerías viene una caída vertiginosa, como en el caso del erizo, del anchobeta y de la sardina?. En estos casos, lejos de avances se trata de retrocesos. Pero aún más, hay casos específicos en que informa de ejecución de obras que no se han realizado, es el caso del "espigón del canal Chacagua pastoi", en Oaxaca, y que se informa tuvo un costo de 146 millones de pesos.
Tenemos conocimiento que incluso la Comisión de Pesca de esta Cámara no ha recibido respuesta a la petición oficial de información detallada que
hizo directamente, por conducto de la Presidencia de la Comisión, a la secretaría del ramo en el mes de septiembre pasado.
Desde el año pasado diputados de todas la fracciones parlamentarias suscribimos unitariamente la demanda de la contaduría Mayor de Hacienda para que, cumpliendo con su ley Orgánica y la del Congreso, se realizara la investigación pertinente sobre los renglones de gasto no justificado por el consorcio paraestatal de Productos Pesqueros Mexicanos, y en el caso pertinente se fincaban las responsabilidades de la ley correspondiente. ¡Es día que seguimos careciendo de respuesta!
Por último, compartimos la preocupación de todos aquellos diputados que se enteraron que en 1989 lo que verdaderamente creció en el sector pesca fue la cantidad destinada al pago de reconocimiento mensual de los mandos medios y superiores, cantidad aprobada por la Secretaría de Programación y Presupuesto y que fue mucho mayor en costo del programa sustantivo más importante del sector.
Del proyecto de decreto contenido en el dictamen de la Comisión de Programación , Presupuesto y Cuenta Pública, Compartimos el espíritu de coaccinar legalmente para que exista verdadero respeto a las diversas legislaciones vigentes, Pero consideramos que es indispensable señalar un plazo específico para que el brazo técnico de esta Cámara, La Contaduría Mayor de Hacienda, realice con eficacia y eficiencia las acciones legales específicas y que no se vuelven a repetir las fallas del año pasado.
Con estas observaciones el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista complementa el planeamiento que inicialmente realizamos en el primer turno de este debate. Para nosotros queda claro que aún cuando se muestran aspectos negativos en el ejercicio del gasto público que se manifiestan primordialmente en el incumplimiento de objetivos prioritarios, queda claro también que resaltan aspectos favorables en el manejo de los recursos del pueblo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, el diputado Juan Jaime Hernández, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor presidente; diputadas y diputados: Aleluya aleluya. Alegría por que el dictamen que la comisión de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública, en relación a la cuenta de Hacienda Pública Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1989, contiene además de un triunfalismo integrado a la modernidad político - económico nacional, señala que deberá otorgarse una mención magna cum laude el secretario del ramo, pues en el contenido del mismo, al señalarnos los avances importantes económicos propuestos que dice que se consiguió la consolidación de la estabilidad de precios con una recuperación gradual y firme de la actividad económica. Y de inmediato nos presentan una intrincada red de porcentajes por lo que se señala que se dieron pasos importantes en lo relativo al objetivo de recuperar el ritmo de la actividad económica al observarse un crecimiento del producto interno bruto del 2.9% en relación al año anterior.
Se habla de la recuperación financiera con menores tasas nominales de interés en forma por demás risibles enmarañan con porcentajes y comparativos con los años anteriores y campechanamente dicen que situándose al cierre del año se llega a un 40.1%, que constituye el alivio en las finanzas públicas y estímulos a la inversión privada.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, consideramos que en materia de finanzas públicas no constituye un punto destacado la disminución del déficit, puesto que éste, no tiene más trascendencia que la que le puede dar el contador público en sus operaciones internas en su libro de contabilidad, puesto que podemos afirmar, "mal de muchos, consuelo de tonto", pues tratan de señalar que el superávit asciende al 8.4% y que esto constituye el nivel histórico más elevado.
La renegociación de la deuda tampoco refleja beneficio alguno.
El dictamen en estudio hace un apresurado análisis de la actuación jurídica y del apego a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, respecto a los presupuestos ejercidos por las entidades y organismos de la Federación y así se libera de cualquier compromiso político, al decir que las secretarías tienen responsabilidad alguna y que la Contaduría Mayor de Hacienda, observa que se cumplió en términos generales, con las leyes de ingresos de la Federación el decreto de presupuesto de Egresos, la de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la de Deuda Pública, la de Adquisiciones, Arrendamiento y Prestaciones de Servicios, la de Planeación, la de Entidades Paraestatales, la del Servicio de Tesorería, la de Responsabilidades de Servicios Públicos, y solamente en forma somera, señala que en cuanto a la de Obras Públicas, se observan algunas irregularidades
intranscendentes y que en relación con la de Bienes Nacionales, algunas dependencias no cumplieron con sus obligaciones, lo que nos indica que la Cuenta Pública para el ejercicio de 1989, no fue objeto de una profunda revisión para verificar el complemento apego de la gestión financiera a las normas aplicables en la materia.
Tampoco es motivo de alegría el que se diga que en las finanzas públicas, el gasto programable devengados, se redujo en 0.9 puntos porcentuales, de los cuales 0.5 obedece a la disminución del gasto corriente y que esto ayuda a ser un componente fundamental para avanzar en forma significativa en el cumplimiento de los objetivos, propuestos de consolidar la estabilidad económica.
Y así, la política de ingresos que se orienta a generar recursos internos, constituyó un desastre pues los precios y tarifas, fueron manejados indiscriminadamente con las firmas a espaldas de esta soberanía de los pactos para la estabilidad y el crecimiento económico, y así, los ingresos del sector paraestatal no lograron consolidar el abatimiento de la inflación, y mucho menos el fortalecimiento de las finanzas públicas aplicando ajustes concertados de los bienes y servicios creando una amplia zanja entre éstos y el salario real, así como a los precios de referencia internacional y a los costos unitarios de producción.
En cuanto a la deuda pública, se hace una serie de consideraciones en las que más que estudiar el problema mismo, se enfrentan a los porcentajes de millones y millones que ni el propio autor de la iniciativa entiende, señalando como resultado final, que los organismos y empresas alcanzaron un endeudamiento neto de 1 billón 606 mil millones de pesos, que representa el 99.1% de lo previsto.
Y así, en la orientación sectorial se habla del apoyo rural, para el desarrollo de la pesca, la educación, la salud, trabajo y previsión social, desarrollo urbano, comunicaciones y transportes, comercio y abasto, turismo, energéticos, industrias, estrategias específicas, transferencias, reestructuración administrativa y servicio social, descentralización y reconstrucción, cuyos programas diseñados y presupuestados para solventar las necesidades de la Federación, se vieron destruidos, desmantelados, por un programa que resume la política fundamental del Presidente Salinas, en su afán de centralizar el poder, recuperar los espacios perdidos en la elección de 1988 en materia electoral y los que siguen perdiendo el partido del Gobierno en los comicios locales que se han dado en estos años de modernidad salinista, y así, el presupuesto en 1989 de solidaridad social y desarrollo regional, originalmente fueron de 645.9 mil millones de pesos, aunados a esto, ascendió a 1 billón 333.1 mil millones de pesos, estos recursos que conforme programación y presupuesto, a su destino a programas de bienestar social, infraestructura básica y de apoyo y a proyectos productivos, conforme lo confesó el gobernador del Estado de México, Pichardo Pagaza, el Programa Nacional de Solidaridad no constituye el abatimiento de la pobreza extrema, como señala el Secretario Zedillo y lo afirmó el Presidente Salinas, tampoco el Programa Nacional de Solidaridad responde a la caridad como un acto aislado, unilateral y espontáneo, ni conlleva a la participación de los beneficiarios, ni constituye limosna, lo que realmente contiene dicho programa lo afirmamos nuevamente, es la demagogia concertada por la Sria. de Programación y Presupuesto y el Partido Revolucionario Institucional, a efecto de que sirva a los candidatos de ese instituto Político de paliativo al elector en sus más ingentes necesidades para que en la elección correspondiente, emita el sufragio por el partido del gobierno.
Esto, no lo dice el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, lo afirman y lo escriben como cartas y memorándum de estrategias político - electorales, los gobernadores emanados del Partido Revolucionario Institucional, aunque en el caso de Pichardo Pagaza, haya llegado al poder por virtud de un decreto del Congreso del Estado y no por el voto popular directo.
No podemos pensar que la cuenta pública para el ejercicio de 1989, esté apegado a los lineamientos y criterios que el secretario del ramo enunció en la iniciativa correspondiente ante esta soberanía en 1988, puesto que difiere tanto en su ejercicio como en el presupuesto original, lo cual nos conlleva a manifestar que de un análisis puntual, cabal y objetivo deducimos que la cuenta pública que se nos presenta, obedece a una política económica tendiente a beneficiar al partido en el poder, super abundando en el gasto social sin importar el conjunto de prioridades en educación, salud, trabajo social, previsión social, desarrollo urbano, ecología y sobre todo la previsión de la integridad física y moral de todos los habitantes de la República.
No desestimaremos los números que en porcentajes abigarrados nos señalan para los diversos rubros, pero que éstos resultan tan mínimos e ineficaces, que de ninguna manera la reducción del servicio de la deuda, nos haga los futuros ricos para que podamos afirmar, como en anteriores sexenios, a partir de esta cuenta pública tendremos que aprender a vivir en la abundancia y, con Programación y Presupuesto y el Programa
Nacional de Solidaridad, saberla administrar como en los tiempos del defensor de la moneda Quasi Canibus.
Tampoco podemos otorgar a quienes ejercieron el presupuesto, la mención Manga Cum Laude, ya que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, ha sido indolente, ineficaz, imprecisa y poco seria al no estudiar profundamente el ejercicio de la cuenta pública y señalar con claridad los errores, desviaciones y sobre todo el gasto social exagerado de alta prioridad de complacencia presidencial en las innumerables transferencias de partidas, desviándose éstas para dar complacencia al Programa Nacional de Solidaridad, esto es muy peligroso, pues anula al pacto federal, restringe la soberanía de los Estados, viola la autonomía municipal y destruye los programas de obras públicas que las entidades federativas se han fijado como meta en sus respectivos gobiernos. La buena fe del Presidente Salinas, no reduce la peligrosidad constitucional ni acaba con la pobreza extrema, puesto que los pactos se encargan de destruir lo enunciado en los programas, la renegociación de la deuda no es suficiente, ni la venta de paraestatales para solventar los problemas que conforme a la cuenta pública de 1989 en comento, no satisface a los ciudadanos de México y por lo tanto el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana defensor de la ciudadanía en su oportunidad votará en contra, porque muy a pesar de lo que en el dictamen se contiene no podemos decir: Pecunia abundans habemus (Tenemos dinero en abundancia.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Castrejón Díez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Jaime Castrejón Díez: - Con su venia, señor Presidente; compañera y compañeros diputados: Hemos oído muchas generalizaciones, hablando de porcentajes y de indicadores, y yo quisiera bajar un poco esta análisis de la Cuenta Pública, a la realidad, lo que está pasando en los campos de salud y educación.
En todos estos juicios que se han hecho a partir de que se conoció el documento en comisión y en artículos en la prensa, algunos referencias también de los señores diputados durante el debate, han hablado de unos indicadores que cuando nos comparan con otros países, nos ponen naturalmente en desventaja. Y es que el modelo y la política de salud de los países avanzados han impuesto un sistema de análisis para estos servicios.
Claro, que países con mayor disponibilidad de dinero y con mayores ventajas por recursos de crecimiento, tienen excedentes que permiten aplicar mayores cantidades al desarrollo de la política social.
Pero si ubicamos estos indicadores a la realidad que vivimos, nos damos cuenta que si tomamos dos tablas de valores: Los indicadores de desarrollo económico y los indicadores de los sitios que ocupan los países, de acuerdo a la extensión de los servicios de salud, nos damos cuenta que de 140 países estamos aproximadamente a media tabla, y en el servicio de salud estamos en el lugar 73 ó 74 de acuerdo a los organismos que reportan, y estamos en el área equivalente a nuestro desarrollo económico.
Pero también hay que ver no sólo indicadores, hay que ver qué ha pasado con la salud del mexicano en los últimos años. Hace 40 años, la expectativa de vida del mexicano era alrededor de 50 años, en este momento, la expectativa del mexicano es de 73 años.
En este mismo lapso han aumentado ocho centímetros. la talla promedio del mexicano; pero no es solamente en este tipo de figuras donde nos tenemos que fijar.
Parte del problema de salud de nuestro país, se debe a la falta de agua potable, de drenaje, de todos estos servicios que inciden en la salud de una persona.
Yo quisiera que si ustedes han revisado el documento, se dieran cuenta que la Comisión Nacional de Aguas, que estableció el Sistema Nacional Hidráulico para dotar de agua potable a las ciudades, el año de 1988 logró 32 mil litros por segundo, que equivale a tres veces la necesidad de agua de la ciudad de Monterrey, tres veces Guadalajara y casi el 60% de la ciudad de México.
El Programa Nacional de Solidaridad, que tan vituperado ha sido, también estableció 925 sistemas de agua potable y rehabilitó 272. Estos no son porcentajes aberrados, hay además 401 obras completas y 32 pozos. ¿Cuál va a ser el efecto de esto en la salud del mexicano en el futuro cercano? Aparte de cubrir el aumento de población en los centros urbanos con los 60 mil litros en dos años que ha aportado el Sistema Nacional Hidráulico, hay tres millones de mexicanos más que tiene agua potable, gracias a alguna acción o del Programa Nacional de Solidaridad o del Sistema Nacional Hidráulico, y además, hay un millón de mexicanos más que tendrán drenaje en este año. Esto se verá en cinco o seis años, el efecto en la salud de nuestros compatriotas.
Tenemos también el otro aspecto de medicina preventiva en que México ha sido excelente. Pocas
menciones se hacen al Instituto Nacional de Higiene, pero en un siglo, no sólo fue el pionero en América Latina en este terreno, sino que las siete vacunas básicas se producen en nuestro instituto y somos autosuficientes en vacuna, exportamos, somos el único país en América Latina que lo hace y solamente hay siete países en el mundo que producen las siete vacunas.
En 1992, para celebrar el encuentro con Europa, el Sistema Nacional de Salud empezó el año pasado un programa de que no hubiera mexicano que no estuviera vacunado contra las cinco enfermedades que nos trajeron de Europa en 1492. El programa no sólo ha caminado sino será concluido antes del 12 de octubre del año entrante.
Se produjeron 79 millones, casi 80 millones de dosis de vacunas; se aplicaron 68 millones 913 mil dosis de vacunas y pudimos exportar cerca de 10 millones de estos elementos.
También quisiera yo poner el ejemplo del paludismo. Hace solamente 25 años, había 18 mil muertes por paludismo en el país. En los últimos cinco años solamente ha habido una muerte y se está invirtiendo una gran cantidad de recursos para mantener permanente la campaña contra el mosquito anofeles en las zonas endémicas.
También tenemos construcciones de centros de salud, de hospitales. Se dieron 2.3 millones de días de hospitalización general. Se mejoran también los servicios tradicionales. Se han controlado y capacitado 30 mil parteras profesionales, de manera que la penetración de la atención médica en nacimientos es mucho mas alta de lo que era hace una década.
Si viéramos también el aspecto hospitalario, si ustedes ven, hay cuatro hospitales generales nuevos del seguro social, aumenta su capacidad el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, pero además hay una reconversión, porque alguien en un artículo y el año pasado en el debate, decía que se había disminuido la tendencia de construcción de hospitales pero también se ha disminuido el uso del hospital en la medicina moderna.
Hace 20 años se necesitaban nueve días de hospital para una operación Oftalmológica de cataratas, hoy son enfermos ambulantes. Se necesitaba alrededor de cuatro o cinco días de hospitalización en las maternidades, ahora se trata de que la mujer camine a las 12 horas y que no tenga más de dos días de hospitalización.
Pero creo que el ejemplo más ilustrativo, es el de ejemplo de los enfermos de tuberculosis. Se necesitaban un promedio de internamiento de cuatro meses, hoy, la mayoría de los pacientes son ambulantes, tienen un tratamiento que no requiere hospitalización y solamente se hospitalizan aquellos pacientes que requieren intervenciones quirúrgicas.
Se ha hablado también de que la investigación ha decrecido, y tenemos en las áreas de salud probablemente los mejores ejemplos. Tenemos los 10 institutos nacionales de salud que son ejemplo para la ciencia mexicana y que tienen reputación internacional.
Quisiera yo pasar ahora a algunas cosas que se han dicho sobre el sistema educativo nacional. Hace unos momentos se tomaban los índices de deserción como un ejemplo de una baja en la calidad del sistema educativo, pero el diputado en el mismo cuadro no se fijo en la columna que lo antecede, donde habla de absorción.
La secundaria tiene una absorción de 83.4% de los egresados de primaria, hace cuatro años estábamos en 53% de absorción: 60.3% de absorción en el bachillerato, hace 10 años estábamos en el 40%; en las licenciaturas 61.4%, hace 15 años estábamos en el 40%.
En la deserción hay cosas imputables al sistema, pero hay cosas que no son imputables. Lo que sí, el sistema tiene que hacer, es tener suficiente oferta de lugares en las escuelas para satisfacer la demanda social, y esa la ha tenido.
En la página 125 del documento se puede ver que esta sobrando lo que se planteo como inscripción en los distintos niveles de educación superior, eso que no se hayan alcanzado esos lugares es la previsión del sistema educativo nacional para tener suficientes espacios para que los jóvenes puedan encontrar satisfacción a sus necesidades educativas.
Hemos llegado a millón y medio de estudiantes en nivel medio superior y pasamos ya el millón en educación superior.
La cobertura desde hace tres años se cambio el énfasis de la educación primaria, que había llegado teóricamente al 100% de cobertura, el dinero que se tenia presupuestado para el crecimiento de la escuela primaria se encaminó a acrecer el nivel preescolar y el nivel secundario. Es por eso que ha aumentado la cobertura nacional y el índice de absorción en estos niveles.
En educación preescolar tenemos ya casi dos millones de niños tomando este nivel educativo y la cobertura ha sido suficiente.
Se da servicio a 25 millones 444 mil 700 alumnos con 1 millón 65 mil maestros en 149 mil 267 escuelas.
A pesar de eso, este año, que se revisa en la cuenta pública, se equiparon y construyeron 8 mil 796 espacios educativos; 7 mil 624 aulas; 684 laboratorios, 788 talleres; de estos 67% fueron a la educación preescolar, es decir, el nuevo ciclo que se esta encamisando en el plan Nacional de Educación; 18.6% a secundaria, y lo demás fue a los otros niveles.
Creo que debemos ubicarnos en lo que somos, ver las tablas de cada una de las actividades. Si estamos a media tabla en las actividades económicas y estamos a media tabla en política social, creo que somos un país que esta utilizando sus recursos, en la medida que los tiene, para cumplir con el desarrollo de una política social. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro Etienne Llano. No. Diputado Jaime Aviña Zepeda.
El diputado Jaime Guillermo Aviña Zepeda: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Ya ha sido expuesta en esta tribuna la posición de mi partido, Acción Nacional, con respeto al proyecto de dictamen.
Ya se ha dicho que la nebulosidad en la que esta planteado el proyecto de decreto, y todo en si el estudio que plantea la secretaria de Programación y presupuesto, nos lleva a rechazar este decreto.
Hablaré sólo de algunas cuestiones que están planteadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 1989, porque creo que es importante señalar algunos de los datos de la estrategia aquí planteando, que por supuesto no se ha cumplido. Dice así en la pagina tres: "En 1989, la estrategia de gasto apoyará los propósitos y objetivos de la política económica, plasmados en el documento de criterios Generales de Política Económica para 1989, y que son consolidar la estabilidad de precios".
Creo que es obvio para todos ustedes que los precios se han consolidado pero a la alza, igual que la bolsa; creo que es obvio para todos ustedes que la canasta básica cada vez está más arriba del alcance de las clases populares y que no hay tal estabilidad de precios.
Habla también aquí de crear las bases para la recuperación gradual y firme de la actividad económica. Efectivamente, hay un despertar de la actividad económica, pero especialmente en el campo especulativo; en la inversión real y en la generación creo que es obvio cuando pasamos por las calles de cualquier ciudad importante, que hay cada ves más desempleados, que hay cada vez más ciudadanos mexicanos que tienen que salir a la calle a vender chicles y a tragar fuego para ganarse la vida. Si esto es generación de empleos, señores creo que estamos equivocando el camino.
Cabe también plantear que se habla de reducir las transferencias de recursos al exterior. Ciertamente la negociación de la deuda externa redujo la transferencia neta de recursos, pero ¿a costa de que?, a costa también de una reducción de la inversión pública, porque finalmente en estas condiciones se esta planteando una cuestión que es importante. Nuestro gobierno se parece un poco a esas familias desobligadas que no pudiendo mantener su tren de vida, deciden mandar a los hijos precisamente a vender chicles y a tragar fuego en las esquinas, para que de alguna manera puedan mantener su nivel de vida. Eso es lo que hace nuestro gobierno. ¡Está correcto!
Creo compañeros que estamos viviendo, además, una farsa en estas cuestiones. El punto cuarto dice: "Proteger el poder adquisitivo de los salarios y el nivel de empleo. ¿Cuál poder adquisitivo de los salarios se está protegiendo? ¿El de 1989? ¿El de 1988, cuando ya el poder adquisitivo real a sido reconocido que no alcanza absolutamente para los mínimos suficientes para el mantenimiento de una familia? Creo que aquí esta la realidad de lo que tenemos que debatir, compañeros. Esto es a lo que tenemos que llegar.
Estamos en contra del proyecto de decreto, porque no responde en ningún momento a las expectativas despertadas y que nosotros en su momento discutimos y rechazamos porque sabíamos que eran irrealizables y los hechos lo están demostrando.
Se habla también de fortalecer mediante la concertación y el compromiso de los sectores, de apoyar la estabilidad interna y la negociación de la deuda externa.
Creo que nada de esto, compañeros diputados, se ha cumplido, y se nos plantean resultados de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal en 1989, que parecen a las cuentas del gran capital, totalmente nebulosas.
Ya reiteradamente el diputado Astolfo Vicencio, y prácticamente todos los diputados de la oposición e incluso algunos del partido oficial, han señalado que las cuentas no son tan claras ni transparentes; en esto se parecen a las elecciones, tampoco son
claras ni transparentes, y si no que lo digan Coahuila, Mérida y el estado de México.
Quiero plantear además, compañeros, algunos ejemplos y casos específicos: En el libro correspondiente a la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, se señalan en la página 229, como muestra únicamente, un hecho que debería dar un poco de vergüenza a todos. Resulta que Fertilizantes Mexicanos, plantea una obtención de recursos propios por 1 billón 460 mil 384 millones.
Suena muy bonito, sólo que en la realidad, por recursos propios sólo generó 594 millones 388 mil pesos; es decir, menos de la tercera parte, poquito más de la tercera parte de lo que inicialmente se había programado.
Y hay una cuestión curiosa: a costa de los créditos, Fertilizantes Mexicanos debe de plantear ingresos por 275 mil 48 millones de pesos. Y en el resultado final, los créditos son por 980 mil 919 millones de pesos, más de tres veces superior.
Yo quisiera conocer quién es el banquero de Fertilizantes Mexicanos, para que habiéndole presupuestado unos ingresos por 375 mil millones de créditos, finalmente le conceden 980 mil millones, a pesar de que sus ingresos propios, ni siquiera llegaron a la tercera parte.
De este tenor están las cuentas que nos están planteando y creo que es importante señalarlos.
Tenemos otros rubros que han sido mencionados aquí insistentemente, y creo que para hacerlo un poco más breve, quisiera sólo señalar algunos.
Es importante que en el caso del Programa Nacional de Solidaridad, se ha derivado hacia algunas cosas de las que no hay claridad en el manejo de las cuentas y en las cuales algunos de esos movimientos del Programa Nacional de Solidaridad son verdaderamente difíciles de hacer que el pueblo mexicano las entienda.
Señalare nada más una cosa. Dice aquí:
Además de su fin de promoción y de abatir a la pobreza extrema, hay un fin político...
El Presidente: - Diputado Aviña: Entiendo, si estoy en lo correcto, que usted compartirá su tiempo con el diputado Martínez Hinojosa.
El diputado Jaime Guillermo Aviña Zepeda: - Termino ahora señor Presidente.
El Presidente: - Gracias.
El diputado Jaime Guillermo Aviña Zepeda: - Nada más señalar con respecto al Programa Nacional de Solidaridad algo que es una realidad, señores: el Programa Nacional de Solidaridad se está usando para volver a multiplicar la figura presidencial, que no quedó muy bien parada en las elecciones de 1988. Esto ha servido más con fines electoreros y como nuestra les voy a plantear un botón.
¿Qué significa que en Nuevo León y fundamentalmente en Agualeguas, se desarrollaron nueve acciones prioritarias sólo en 1989? En cambio, en uno de los estados más necesitados del país, en Hidalgo, en donde la pobreza es más extrema y hay más gente en estado de miseria, sólo se registró en el año de 1988 una acción del Programa Nacional de Solidaridad? ¡Esta sirviendo, señores, el Programa Nacional de Solidaridad, para promover la figura presidencial!
Creo que abundar sobre esto, resulta ya inútil. Se ha dicho y se ha hablado de que esta cuenta pública se parece mucho a los cuentos de "Las Mil y Una Noches". Por esta razón, el Partido Acción Nacional no aprobará el proyecto de decreto. Gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Enrique Martínez Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Enrique Martínez Hinojosa: - Señor Presidente; compañeros diputados: Me toca hablar del análisis de la Cuenta Pública de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Es un tema bastante interesante, porque creo que en nuestro medio ha sido considerado algo así como tabú. Se necesitaría tener fuero para poder hablar sobre las fuerzas armadas, sobre los recursos que se manejan.
En lo relativo a la compra de materia prima para la fábrica de vestuario y equipo Sedena, no se citan las cantidades de compra y producción, para poder tener una idea de cuáles y cuántas son las prendas que salieron de esta industria y cuál es el destino final, y si cumplen con la calidad requerida para su utilización.
A pesar del acondicionamiento de edificios y adquisiciones de plantas, maquinaria, herramientas y otros implementos industriales, se observa, de acuerdo con el contenido del informe, que los resultados obtenidos por la industria militar no se caracterizan por una optimización adecuada, que varias entidades de esta industria presentan problemas de producción como en los casos de los problemas técnicos y descomposturas de
maquinaria en las fábricas de armas, en las de demoliciones y morteros, y en las de pólvoras y explosivos, que no pudieron concluir algunos programas.
Hubo necesidad de otorgarle a la industria militar un incremento del 51%, que asciende a 76 mil 107 millones de pesos, para ejercer finalmente 194 mil 677 millones de pesos. Es necesario analizar el objetivo de, "la reducción de la dependencia del exterior en cuanto a abasto militar", debido a lo costoso de esta industria.
En el combate al narcotráfico, estas actividades no son específicas de la Secretaría de la Defensa Nacional y las distrae del entrenamiento normal a que se deben dedicar para efectivamente cumplir con las misiones de dar seguridad al país, más la justificación del empleo de estas fuerzas en las operaciones antinarcóticos se da debido a que la Procuraduría General de la República no tendría la capacidad suficiente para combatir esta gran actividad delictiva.
Tienen además riesgos los militares para caer en la corrupción que se da en las actividades en contra del narcotráfico, el país necesita mayor seguridad y es necesario preparar mejor a las fuerzas armadas.
El Servicio Militar Nacional plantea serios problemas a las fuerzas armadas y a los jóvenes conscriptos, es necesario disponer de instructores militares en sus días de descanso y no es posible absorber en los centros de instrucción a todos los elementos que deben por ley cumplir con su servicio, con esto una gran parte no desempeña su servicio, pero recibe la cartilla liberada que certifica su cumplimiento.
Al Servicio Militar Nacional se le deben buscar otras fórmulas para que sus objetivos militares se cumplan, de acuerdo con los fines para los que fue creado , de lo contrario debe de desaparecer o pasar a ser un servicio militar voluntario, adecuándose a las disposiciones contenidas en nuestra legislación sobre la integración de la guardia nacional.
Todo ciudadano sabe cuántos son los problemas de las cartillas y qué sacrificios pasan los jóvenes para cumplir con el Servicio Militar Nacional.
Los rezagos en las promociones superiores que resultan cuando a un militar de alta jerarquía, pese a cumplir con requisitos de antigüedad, aptitud, conducta, etcétera, no asciende, en su oportunidad provoca una situación de injusticia y como consecuencia de inconformidad, estos problemas se extienden también a las promociones generales y especiales.
La propia organización del instituto armado, caracterizado por una preponderancia de fuerzas terrestres que constituyen su gran mayoría, no permite la optimización de recursos para elevar la capacidad operativa del ejército y fuerza aérea.
Hoy en día en que continuamente cambian los conceptos de las operaciones militares, todas nuestras fuerzas armadas deben asimilarse a las tendencias actuales de las formas de conducir la guerra, en el caso de la fuerza aérea se puede percibir un notable envejecimiento de sus unidades de combate, de adiestramiento y de transporte, lo que convierte en obsoleta su operatividad y costoso su mantenimiento.
Como la fuerza aérea está subordinada al ejército, el manejo de sus presupuestos es a criterio de éste último y en esta forma se frena su desarrollo y se le mantiene rezagada, nuestra aviación en su condición actual es insuficiente, carece de armamento adecuado y su capacidad de respuesta es muy lenta, esta argumentación tiene la intención de sugerir la reestructuración de nuestras fuerzas armadas en tres entidades: ejército, fuerza aérea y armada, con autonomía e independencia administrativa y operativa suficientes, cada una coordinada a todas ellas por una Secretaría de la Defensa Nacional.
Señor Presidente, en virtud de que mi tiempo se redujo, debido a que estaba marcando el reloj cuando me dirigí a esta tribuna, le ruego que se me conceda algo más de tiempo porque tengo pendiente todavía de exponer.
(Voces): - ¡No!
Tengo todavía pendiente de exponer el asunto de la Secretaría de Marina. Creo que es interesante conocer algunos aspectos.
El Presidente: - Diputado, yo tengo aquí reportado por la propia comisión que ustedes hicieron el convenio de compartir sus 15 minutos, el diputado Jaime Aviña Zepeda y usted mismo. El tiempo de usted se agotó ya. Si usted desea continuar, yo debería consultar a la asamblea.
El diputado Enrique Martínez Hinojosa: - Le ruego consulte usted a la asamblea, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se autoriza que continúe el diputado Martínez Hinojosa.
El diputado secretario Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la
Presidencia, se consulta a la asamblea si es de autorizarse un tiempo extra al orador por las razones aquí expuestas.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe, señor diputado.
El diputado Enrique Martínez Hinojosa: - Muchas gracias, señor Presidente: En el documento de análisis sectorial programático de 1989 de la Secretaría de Marina, se afirma que ésta es la institución militar permanente, depositaria del poder naval de la Federación. Este concepto puede parecer incompleto al proponerse que la esencia del poderío marítimo del Estado consiste en las posibilidades de aprovechar con la mayor eficacia el espacio oceánico, el interés del Estado en su conjunto, incluyendo como sus integrantes a la marina de guerra y también a las marinas mercante y pesquera.
Las unidades navales de superficie que se incorporaron al servicio, consiste en tres unidades de patrulla fluvial, dos aviones de reconocimiento y un buque logístico. Representan en realidad poco auxilio a las actividades de vigilancia de la Armada, y el hecho de que no salgan aún de los astilleros de Salina Cruz y Tampico los cuatro guardacostas, cuyo proceso de construcción ya se alarga demasiado, nos da una idea de los problemas de desarrollo industrial que están presentes en las citadas factorías navales y que no han podido ser superados.
El mayor número de operaciones de vigilancia naval que cada día se requieren, y como se dice en el documento, el constante y acelerado desgaste de la flota naval, y considerando que el 43% de las unidades son de un promedio superior a los 45 años de servicio, provocan un constante y costoso mantenimiento, lo que indica que deben irse sustituyendo rápidamente.
Otra de las tareas de la Armada es la de dragado de los puertos, pero a causa de lo inadecuado de sus unidades, el gran costo de mantenimiento y reparaciones, su productividad es muy deficiente y únicamente se lograron dragar 190 mil 538 metros cúbicos, en lugar de 1 millón 14 mil metros cúbicos que estaban programados, lo cual constituye únicamente el 20% del programa atrasado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Israel Galán Baños... Tiene la palabra el diputado Manuel López Zorrilla... Tiene la palabra el diputado Culebro Siles.
El diputado Javier Culebro Siles: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Antes de referirme a los aspectos generales sobre la cuenta pública de 1989, quisiera hacer algún comentario referente a los conceptos vertidos por el diputado que me antecedió en la palabra.
De acuerdo a la información que hemos revisado, el incremento de presupuesto de la fábrica de la industria militar, fue con el objeto de garantizar una suficiente reserva de municiones y otro tipo de materias primas, en virtud de que dicha empresa iba a cambiar sus instalaciones.
Pero yo quiero también decirles, que de acuerdo con lo observado, sí a habido una secretaría que ha observado rigurosamente el presupuesto y sus objetivos, es el ejército, el ejército mexicano, y quisiera hacerle un pleno reconocimiento en esta tribuna. (Aplausos.)
Sobre el tema que nos trae a esta tribuna, sobre la cuenta pública, y sobre los resultados de la gestión de las entidades de la administración pública, centralizada y paraestatal, comprendidos en el ejercicio presupuestal de 1989, deben evaluarse, por una parte, en función de la estrategia del gobierno, particularmente en lo relativo a las características de la participación del gobierno en la economía del país; y por la otra, a partir del contraste entre los objetivos perseguidos durante 1989 y la evolución real de la economía mexicana en este año.
Respecto al primer punto, el gobierno ha sido suficientemente claro, en el sentido de que una intervención efectiva no requiere un Estado disobredimensionado y excesivamente grande, en términos económicos y financieros. Por el contrario se ha planteado el adelgazamiento del aparato público, para estimular tanto a la iniciativa privada, como la participación social; para estabilizar al país, para hacerlo crecer y al mismo tiempo para garantizar el incremento del bienestar social.
Por lo que se refiere a los objetivos de la administración pública y la evolución de la economía, conviene, primero, hacer algunos comentarios sobre algunos sectores estratégicos importantes de la economía.
Por ejemplo, en el caso de pesca, el gasto presupuestal para este sector en 1989 ascendió a 154 mil millones de pesos, que representaba ya en el propio presupuesto una disminución importante, respecto al ejercido en el año anterior. Adicionalmente el gasto en el año fue menor al presupuesto en 5%, con lo cual el ejercido en 1989, en términos reales, resultó 77%.
Sin embargo, a pesar de la disminución, el volumen de la producción pesquera creció en 9%, respecto a la del año anterior; la flota pesquera se incrementó en 1989 en 6%, respecto a la que operó en 1988; y cabe señalar que del total de la flota pesquera del país, el sector privado posee el 51%, el sector social el 48% y el restante el 6%. Ello prueba cómo hubo un menor gasto público, pero la actividad económica fue mayor, con una fuerte participación privada y social.
Otro sector importante en la economía del país fue Comunicaciones y Transportes, se ejerció en 1989 un gasto que en términos reales resultó 19% inferior del año anterior y menor en 8% al presupuesto original. En este importantísimo renglón de la economía del país tampoco resultó cierto que menor gasto público menor actividad, puesto que por ejemplo se promovieron conversiones y concesiones de obras públicas que se tradujeron en proyectos con los que se incorporaron mil kilómetros de autopistas durante los próximos tres años y que llegará a 4 mil en cinco años. La capacidad rectora del Estado se acrecienta al impulsar este tipo de política porque al recuperarse la inversión las obras pasarán a formar parte del patrimonio nacional.
En la industria, en este rubro el gasto público en 1989 resultó 30% inferior al año anterior. Aquí la política ha sido consistente y congruente, ya que se trata de promover la modernización y elevar la productividad para que nuestras manufacturas encuentren mercado a nivel internacional, en el marco de un sistema económico mundial más integrado y competitivo. Esta política ha permitido que las exportaciones manufactureras hayan incrementado su participación en las exportaciones totales. Para el año de análisis, las exportaciones de manufacturas contribuyeron con el 57% al valor total de las exportaciones, registrando un incremento de 6% respecto al valor exportado de 1988 y la producción creció en 6% y que con ello se fortalecen los sectores estratégicos como fue de Petróleos Mexicanos y como el de la Comisión Federal de Electricidad.
Comercio y abasto
Por contraste en este sector el gasto ejercido en 1989 fue mayor en un 11%, no obstante las metas alcanzadas resultaron menores a las programadas para 1989; en efecto, se programó la adquisición de cinco millones de toneladas de productos básicos agropecuarios y se adquirió efectivamente una cifra de 38% menor. La adquisición de trigo fue de 44% más baja respecto a la programada, la de frijol 71% y la de otros productos básicos 63%. No obstante, no se presentó ninguna insuficiencia de abasto y se garantizó la alimentación del pueblo. Esto es cierto también, provoca que es necesario realizar algunos ajustes a programas gubernamentales de tal forma que las metas establecidas logren ser cumplidas a satisfacción tratándose de un sector estratégico para el bienestar de la población.
El gasto ejercido en este sector en 1989, habló sobre el desarrollo rural, se mantuvo en términos reales en los mismos niveles de 1988, destaca, sin embargo, que las importaciones de productos agropecuarios siguen siendo importantes; en 1989 dichas importaciones medidas en términos de su valor se incrementaron en 25%. De este modo la estadística refleja que es conveniente revisar para posteriores ejercicios presupuestales su composición, puesto que se ha evidenciado históricamente una gran sensibilidad de la producción agropecuaria a los precios que obtienen los productores. El crédito y la fluidez de los canales de comercialización, variables éstas últimas estrechamente asociadas hasta ahora con el gasto del gobierno.
En suma compañeros diputados, puede decirse que los resultados de la gestión de la administración pública para 1989 son congruentes con la política puesta en marcha por el gobierno, que hay signos evidentes en algunos sectores importantes de la economía del país, en el sentido de que los objetivos que se persiguen, se alcanzaron y que en algunos otros sectores se requieren ajustes que permitan la consecución de los mismos.
En términos generales, la política expresada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 1989 va a conseguir los objetivos básicos de recuperación de la actividad económica con estabilidad de precios.
Como aquí se ha dicho, el crecimiento del producto interno bruto en este año fue de 2.9%, el más importante en los últimos cinco años, y superior al crecimiento de la población; y el incremento de precios con un índice de 19% resultó inferior al 51% del año anterior.
La economía no se encuentra en punto muerto, avanza; pero sí habrá que profundizar y dinamizar los aspectos sociales para cumplir con las expectativas de la población, porque la política verdaderamente valiosa es aquélla que apoya el bienestar de la mayoría. Gracias.
Presidencia de la diputada María Claudia Esqueda Llanes
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel López Zorrilla.
El diputado Manuel López Zorrilla: - Con su venia, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: En el pasado informe de nuestro señor Presidente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se nos informó de un gasto de 4 billones 821.1 mil millones de pesos para el apoyo y fomento a la producción agrícola, pecuaria y forestal.
Y el subsector reforma agraria otorgó especial atención a las acciones tendientes a fomentar la organización de los productores, para promover la creación de empleos, la capacitación y continuar con la regularización de la tenencia de la tierra.
Pero el gasto público, que debió estar encaminado a aumentar la producción y productividad para mejorar el nivel de la vida de los campesinos y de la población en general encontramos algunas fallas; pero esto definitivamente no es por mala fe o por mala aplicación de los recursos.
Aquí debemos dejar claro que tanto el señor Presidente como el señor Secretario de Programación y Presupuesto, han puesto especial atención al campo; pero esto no ha reunido las condiciones, ya que algunos de los recursos que se han programado para la atención del campo, definitivamente no se han aplicado porque se han hecho a través de los presidentes municipales, me refiero en especial los apoyos del Programa Nacional de Solidaridad.
En esto estamos de acuerdo con los presidentes de los diferentes partidos que han participado en el Congreso Agrario Permanente, en donde han protestado, me refiero en especial a las organizaciones que dependen de los partidos, que han protestado porque estos recursos se han manejado a través de los presidentes municipales. Y es que esto ha fomentado que esos recursos del Programa Nacional de Solidaridad, tan debidamente estudiados, repito, por el señor Presidente de la República, por el señor Secretario de Programación y Presupuesto, solamente se distribuyan a los familiares o al equipo de colaboradores de los presidentes municipales.
A través del Congreso Agrario Permanente, quienes estamos en la Central Campesina Independiente, solicitaremos que esos recursos se lleven hacia la Secretaría de la Reforma Agraria para que sin distinción alguna se repartan estos apoyos a las diferentes organizaciones sin especular con ellos y sin importar las siglas de los partidos o de las organizaciones.
Este gasto público debió de impulsar la descentralización de facultades y recursos, el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las organizaciones de productores y este gasto, en apoyo a la comercialización de productos básicos y agroindustriales y para fortalecer la infraestructura de abasto, acopio y distribución, se ejercieron 53.3 mil millones de pesos con recursos federales, con lo cual se recapitalizaron 8 mil 650 tiendas rurales y 27 almacenes. Pero, insistimos, estos recursos debieron de dar mayores frutos si se hubieran aplicado con otro tipo de reparto.
Debemos de hacer énfasis en que la promoción del desarrollo agrario, aprovechando el máximo de los recursos naturales, fue para la creación de empleos y fue para dar fin a la emigración y propiciar el arraigo de los campesinos en sus lugares de origen.
Por eso insistimos que este gasto público dedicado al campo, en gran parte ha resultado el problema de los campesinos, pero que necesitamos una mayor planeación para que estos recursos lleguen definitivamente al campo para fortalecer a los propios campesinos.
Habla el señor Presidente de la instalación de 527 tiendas, de 12 almacenes, de 200 lecherías, de un sinnúmero de bodegas con apoyo y más de 140 obras complementarias y nosotros insistimos en que está bien aplicado este recurso económico por parte del señor Presidente, pero necesitamos más honestidad en los funcionarios que hacen acopio de estos recursos.
El mismo informe habla que para avanzar en la solución de los problemas de la tenencia de la tierra, se asignaron 3.6 mil millones de pesos, mediante los cuales se impulsaron acciones para otorgar mayor seguridad jurídica a campesinos y grupos indígenas, y asimismo, se aplicaron 26.9 mil millones de pesos al apoyo de la participación estatal y municipal en el Programa Nacional de Solidaridad. Pero repito, para nosotros los campesinos, sentimos que estos apoyos en manos de los presidentes municipales, no llegan en su totalidad a apoyar el campo. Por eso desde esta tribuna y a través del Congreso Agrario Permanente, ratificaremos nuestra posición al señor Presidente de la República, para que estos apoyos lleguen definitivamente al campo a través de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Sabemos que mediante una inversión de 250 mil millones de pesos, se realizaron acciones de apoyo a productos orientados a propiciar la incorporación de los grupos participantes en el Programa Nacional de Solidaridad, entre los cuales destacan la construcción de 1 mil 427 obras de
pequeña irrigación y rehabilitación de 699 canales, con un monto de 52.2 mil millones de pesos y asimismo, se destinaron 25.4 mil millones a la realización de 2 mil 824 obras de infraestructura agropecuaria.
Consideramos que todos estos apoyos sí han llegado al campo, pero repito, no en su totalidad. Por eso creemos que la producción y transformación agroindustrial, recibió una asignación de recursos mayor que el año pasado, y pensamos que con la buena disposición del señor Presidente de la República y del propio Secretario de Programación y Presupuesto el campo si va avanzando Muchas gracias.
Presidencia del diputado Ricardo Monreal Ávila
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El Presidente: - Salvo que están dando sus nombres todos los señores diputados y no parece ser necesario que se repita aquí en la secretaría y de esa manera puede hacerse más rápida la votación.
Si la asamblea está de acuerdo con ello también creo que es innecesario repetir el nombre de cada uno de los señores diputados una vez dicho en el micrófono.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se emitieron 246 votos en pro y 72 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen en sus términos por 246 votos.
Aprobado en lo general y en la particular el proyecto de decreto relativo a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
CUENTA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal de 1989.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los ciudadanos diputados, ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, hay una fe de erratas que la presidenta de la comisión ha hecho llegar.
El Presidente: - Léase también la fe de erratas.
El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Se dará lectura a la fe de erratas. Comisión del Distrito Federal. Dictamen de Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal. fe de erratas. Dice, página 10, párrafo tercero: Del análisis de la información recibida se desprende que la dependencia no reflejó un endeudamiento por la obtención de créditos para financiar sus operaciones y que, además registró una disminución en sus pasivos por 6 mil 42 millones de pesos. Debe decir: Del análisis de la información recibida se desprende que la dependencia no reflejó un endeudamiento por la obtención de créditos para financiar sus operaciones y que, además, registró una disminución en sus pasivos por 7 mil 200 millones de pesos.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
"Comisión del Distrito Federal
Honorable asamblea: El examen, revisión y discusión anual de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, en tanto facultad exclusiva de esta Cámara, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74, fracción IV, de nuestra Constitución Política, representa el control externo más importante de la gestión financiera y administrativa del Departamento del Distrito Federal por parte del Poder Legislativo.
Para llevar a cabo la tarea de revisar la Cuenta Pública, tanto en lo referente a finanzas como a programas, contamos además con los informes de la Contaduría Mayor de Hacienda, órgano técnico de la Cámara de Diputados, que tienen a su cargo la verificación de la conducta administrativa y financiera del Departamento del Distrito Federal y determinar si, en lo general y en lo particular, sus operaciones se realizaron con apego a las leyes, si ejercieron correcta y estrictamente sus presupuestos conforme a los programas aprobados y si aplicaron los recursos con la periodicidad y en la forma establecida por la ley. Igualmente, hemos tomado en cuenta las observaciones que presentó la Asamblea de Representantes del Distrito Federal sobre los informes de avances de actividades del Departamento del Distrito Federal para ese período, en cumplimiento con lo preceptuado con el artículo 73, fracción VI, base III, inciso c de la Constitución.
El dictamen que presentamos a esta honorable asamblea para su discusión y aprobación, toma en consideración la legalidad del ejercicio del presupuesto, el conocimiento de la gestión financiera y el cumplimiento de los objetivos de los programas, en razón de los resultados obtenidos.
Al examinar la Cuenta Pública correspondiente a 1988, ejercicio anterior al que estamos ahora analizando, partíamos de una consideración central: para esa fecha, la ciudad de México había llegado a ser una de las ciudades más pobladas del mundo, una realidad que comprometía su funcionamiento y operatividad. De no tomarse medidas tendientes a reducir el crecimiento poblacional resultante de migraciones, limitándolo a su crecimiento natural, sería imposible cubrir la demanda de servicios que requiere la población de esta gran urbe.
Los pronósticos relativos al crecimiento acelerado de la mancha urbana resultaron atinados: la zona metropolitana del Distrito Federal continúa atrayendo a numerosísimas personas provenientes de otras partes de la República Mexicana. Es importante notar, sin embargo, que el más reciente censo de población (INEGI - 1990) confirma una tendencia del crecimiento poblacional de la zona sobre la que habíamos hecho hincapié en el mencionado dictamen de esta comisión, el hecho de que el crecimiento se viene dando, fundamentalmente, en los municipios aledaños al Distrito Federal, expandiendo y densificando las grandes zonas conurbadas localizadas principalmente en el estado de México.
El crecimiento de estas áreas conurbadas del estado de México fue, de hecho, el más alto del país, mientras que el crecimiento de la población fija del Distrito Federal se estabilizó.
La estabilización del crecimiento poblacional del Distrito Federal constituye una fase esperada dentro del desarrollo de la ciudad capital que responde a algunos fenómenos particulares como son la salida de pobladores como resultado del sismo de 1985 que tuvo importantes consecuencias habitacionales a la par que psicológicas y algunos cambios en el uso del suelo que han encarecido ciertas áreas con un resultante desplazamiento a zonas "dormitorio", menos caras, localizadas en la periferia del área conurbada y otros más generales como son los efectos de las políticas de descentralización de la vida nacional así como la saturación del Distrito Federal que cuenta con un asentamiento poblacional por kilómetro cuadrado mayor al de ciudades como Hong Kong o Singapur.
Tomando en cuenta esta realidad, la planificación del Distrito Federal tiene que hacerse con base en un cálculo de exigencias de bienes y servicios de una población fija de crecimiento estabilizado en el Distrito Federal y de una población en crecimiento acelerado en su área conurbada.
Es evidente, que no se puede pedir que sea el Departamento del Distrito Federal el que resuelva todos los problemas que surgen de una dinámica poblacional semejante. Sobre todo si consideramos que el respeto a las disposiciones soberanas de otras entidades federativas es inviolable. Por esta razón, consideramos esencial el establecimiento de un número determinado de organismos, con facultades resolutivas, que coordinen programas, servicios y acciones de almacén metropolitano.
En primer lugar, dadas las dimensiones del problema, esta comisión legislativa reitera su propuesta de que se cree un organismo ejecutivo que coordine el transporte público en el área metropolitana.
La ampliación del metro más allá de los límites del Distrito Federal a través de la línea Pantitlán - Los Reyes es un ejemplo de que se está avanzando en la dirección de cubrir algunas de las
necesidades de transporte público metropolitano más apremiantes, pero el problema está lejos de solucionarse, además de que tenemos que reconocer que se ha logrado poco en términos de la coordinación de servicios y tarifas de los medios que trasladan a las personas entre el estado de México y el Distrito Federal.
Al probar esta Cámara el presupuesto del Departamento del Distrito Federal para 1989 observamos que las cantidades asignadas a este ámbito eran demasiado reducidas para hacerle frente a las numerosas necesidades de los diferentes sistemas de transporte público; nuestro análisis de la cobertura que se logró en 1989 confirma nuestra opinión ya que se observa una baja significativa en el transporte de personas en dos de los principales sistemas: Transportes Eléctricos y Ruta 100.
En lo que concierne al servicio de Ruta 100, su eficiencia en 1989 decreció hasta hacer crisis. Dada la urgencia de este problema, es alentador constatar que las autoridades han empezado este año a tomar medidas tendientes a asegurar el funcionamiento eficiente a la vez que ecológico de este servicio de transporte, esencial para las grandes mayorías de la población que vive y trabaja en esta ciudad.
Un segundo organismo metropolitano cuya creación nos parece prioritario tendría a su cargo el abasto y desalojo de agua en la zona.
Cabe señalar que desde 1989 se han dado pasos importantes en cuanto al delicado problema del suministro de agua al altiplano, siendo el principal de ellos, en nuestra opinión, el cambio de una política de incrementos indefinidos en el suministro de agua, a una de uso racional de la misma, en la que se ha buscado la cooperación del agente principal de una nueva y urgente "cultura del agua": el usuario.
Indudablemente, además de una mayor conciencia de lo que implica el abuso de ese recurso por parte de los que ya cuentan con este servicio se requiere ampliar su cobertura a los que no lo tienen, que suelen ser los pobladores de asentamientos irregulares que se localizan, en su mayoría en áreas conurbadas , lo que reclama una coordinación metropolitana, como lo exige también el hecho de que las fuentes del agua que ha de proporcionarse no se encuentran, como bien sabemos, en el Distrito Federal.
Es importante que dicho organismo asegure la implementación de medidas tendientes a proteger las áreas de recarga del manto freático así como aquéllas que protegen las fuentes de abasto de agua de la contaminación industrial o humana.
Si bien es esencial una coordinación metropolitana para el buen funcionamiento de cuando menos estos dos servicios básicos, agua y transporte público, una ciudad de estas dimensiones y complejidad exige igualmente de fórmulas administrativas que acerquen a las autoridades y a las decisiones de gobierno a los ciudadanos; es decir, exige la implementación de prácticas y medidas de gobierno que permitan al ciudadano cubrir necesidades fundamentales en un entorno urbano equipado con servicios accesibles; que le permitan obtener una vivienda digna, un empleo, educación, seguridad e integridad de su persona, a la vez que le permitan tener una mayor participación en las decisiones que lo afectan.
El reconocimiento social del ciudadano, el reforzamiento de las identidades socio - territoriales, la protección de la intimidad individual y una mejor claridad y diversidad del medio urbano, todas ellas aspiraciones legítimas de la población, tienen que darse a través de una descentralización más efectiva del gobierno de la ciudad.
No sólo es necesario canalizar más recursos y funciones a las delegaciones, sino que debe llevarse a cabo la subdivisión de aquellas delegaciones cuya diversidad interna y amplitud territorial vienen ya siendo excesivas en términos de su funcionamiento eficiente.
A través de las delegaciones se puede fomentar una mayor participación de los grupos ciudadanos que, en ocasiones, llegan a ser más eficientes que cualquier burocracia para determinadas acciones. Pero más que nada, con una autoridad más cercana a la población, se puede promover la colaboración popular desde el inicio de los proyectos y así lograr la integración y la identificación de la población con los proyectos.
El análisis de las acciones que se llevaron a cabo en las delegaciones nos demuestra la importancia de la definición de prioridades de gasto de acuerdo con las necesidades específicas de las diferentes áreas de cada una de ellas. No puede darse trato igual a los desiguales y la desigualdad entre diversos sectores de cada una de las delegaciones es patente, por lo que incrementar el nivel de servicios existentes es, en innumerables instancias, menos importante que hacer extensivos esos servicios a los que carecen de ellos.
La desconcentración de recursos y servicios no sólo permite una mayor democracia y eficiencia, sino que permite además el diseño de políticas especificas que pueden ayudar a aliviar problemas de
nuestro entorno urbano que resulta en gran medida de las formas de desarrollo prevalecientes en el país.
En primer lugar están los programas delegacionales destinados a los jóvenes. En una población como la nuestra formada en su mayoría por jóvenes, los programas de capacitación y empleo, de impulso al deporte, sobre todo el participativo a nivel barrio o colonia, así como los de actividades culturales tienen una gran relevancia en términos del bienestar social de todos y, también, en términos de la seguridad pública. Si al joven se le abandona a su suerte, en un entorno despersonalizado, con pocas perspectivas de mejoramiento personal, difícilmente se le va a alejar de la realidad corruptiva de las drogas y la violencia. Las actividades juveniles, de capacitación y generación de empleos, deportivas y culturales deben tener un carácter más democrático y diseño más acorde con las necesidades específicas de sus destinatarios si han de ser más eficientes.
por otro lado, en lo consciente a la impartición de la justicia, los esfuerzos de la Procuraduría d Justicia del Distrito Federal muestran resultados alentadores, habiéndose reducido, en términos generales la impunidad en los crímenes cometidos en el Distrito Federal con relación a 1988. En nuestra opinión, la descentralización a través de subprocuradurías ha tenido efectos positivos, como lo ha tenido la continuada depuración de los cuerpos policiacos y de los oficiales encargados de la justicia; desafortunadamente, aún falta mucho por hacer.
Para que los ciudadanos dejen de pensar que la seguridad es uno de los problemas más graves en el Distrito Federal y se convenzan plenamente de que se ha reducido el número de crímenes cometidos en la ciudad, tal y como lo señala la Cuenta Pública de 1989, será necesario que recuperen confianza en los cuerpos policiacos; que la población en general los considere aliados y no meras fuerzas coercitivas. El acercar a los policías y demás agentes de seguridad a la población a través de su descentralización, insistimos, es una manera de incrementar su eficacia y la confianza del ciudadano.
Finalmente, otro de los temas en los que esta comisión ha venido insistiendo es el del mantenimiento que se presta a las escuelas públicas. De acuerdo con la Cuenta Pública que estamos analizando, el Departamento del Distrito Federal no sólo cumplió con las metas fijadas para 1989 sino que inclusive las superó, lo que implica un ambiente más propicio para la enseñanza de menores.
Hemos podido constatar, sin embargo, que en parte como resultado de que la Federación financia la educación en el Distrito Federal, la distribución de facultades entre la Secretaría de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal que rige actualmente dificulta la atención eficiente de una población escolar en constante redefinición en términos de distribución geográfica, promedio de edades, etcétera, por lo que recomendamos una revisión a fondo de la coordinación de estos dos organismos en lo que concierne a las escuelas públicas del Distrito Federal.
Recomendamos, asimismo, que se estudie la posibilidad de completar la desconcentración del programa de educación del Departamento del Distrito Federal hacia las delegaciones políticas a fin de que sean éstas las que construyan las escuelas y les den mantenimiento. Sólo así se podrá dar cuenta cabal de la responsabilidad de dar escuelas dignas a nuestros niños.
Otro aspecto de gran preocupación para la Comisión del Distrito Federal y en el que indudablemente se ha avanzado es el referente a la seguridad en la tenencia de la tierra, habiéndose cumplido importantes metas en cuanto al otorgamiento de títulos de propiedad y reubicación de personas desplazadas por el sismo. Sin embargo, los requerimientos de vivienda continúan sobrepasando con creces la oferta y las posibilidades de respuesta efectiva de los organismos como Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano.
El estímulo a la inversión social o privada para la construcción de habitación popular y media y la búsqueda de mecanismos de apoyo para la construcción de inmuebles en renta nos parecen ser caminos a seguir.
Por otra parte, el gobierno del Distrito Federal debe mantener un control estricto del crecimiento hacia zonas de reserva ecológica, estableciendo a la vez políticas tendientes a la reconcentración de la población a donde ya existen la infraestructura y los servicios que requiere dicha población.
Una de esas zonas es el centro de la ciudad de México, cuyo deterioro no debe continuar; para ello, deben adoptarse medidas especiales para la conservación o reutilización de edificios de valor histórico y estético, a la vez que se procura evitar su despoblación, ya que ésta suele ser preludio de la muerte del corazón de una ciudad.
No es éste el lugar para ponderar el significado cultural que tiene para todos los mexicanos el centro de la ciudad de México, baste con señalar
que al ser producto y reflejo de nuestra historia, lo que se pierda por deterioro o abandono será imposible de reponer.
Por otro lado, zonas como Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, Xochimilco y parte de Cuajimalpa exigen de acciones que protejan su vocación agrícola y forestal en bien tanto de ellas como de la ciudad en general. La posibilidad que tienen estas dos áreas de producir cuando menos una parte de los productos de hortaliza que requiere la urbe no debe minimizarse dada la complejidad que tiene en términos de su abasto.
En lo que concierne a las tres fuentes principales de contaminación ambiental: los automóviles en circulación, las industrias y los desechos sólidos, en 1989 se inició el programa de verificación de motores de automóviles así como la distribución de gasolinas oxigenadas que evitaron que se agravara la contaminación aunque no lo hayan reducido. La continuación de esos programas , la iniciación del programa "hoy no circula", la exigencia de una verificación anual y de la utilización de convertidores catalíticos en autos nuevos, la producción de gasolina sin plomo no son parte del ejercicio fiscal en consideración, pero debemos tenerlos en cuenta puesto que representan un seguimiento a lo iniciado en 1989.
Considerando el problema de la contaminación ambiental del valle de México como un problema enorme en complejidad a la vez que en su seriedad, coincidimos con el ciudadano jefe del Departamento en que una de las principales acciones del gobierno debe ser la de generar cambios de actitudes por parte de todos los habitantes permanentes y transitorios de la ciudad de México.
El mejoramiento de los servicios públicos masivos de transporte, el fomento de inversiones en servicios de transporte eficiente y no contaminante y en industrias limpias que vienen anunciándose empiezan a revertir las tendencias al deterioro que hemos padecido hasta ahora.
Mientras tanto, la inspección frecuente y efectiva de industrias contaminantes y la fijación de fechas cercanas como límite para su conversión o adopción de sistemas anticontaminantes, reforzadas con la imposición y multas realmente disuasivas, la descentralización de los servicios de eliminación de desechos sólidos, la eliminación de tiraderos a cielo abierto, el control de asentamiento irregulares carentes de servicios que conllevan la defecación de sus habitantes al aire libre y el continuo mejoramiento y protección de los sistemas de abasto de agua y drenaje son, como ya ha venido anunciándose, tareas prioritarias para el Departamento del Distrito Federal, con miras a disminuir si no es que a eliminar las otras dos grandes fuentes de contaminación ambiental.
Es indudable que la creación de una cultura anticontaminante en la que participen todos los mexicanos requiere de la difusión de nuestra realidad y de las medidas que han de adoptarse, sobre todo en la zona metropolitana de la ciudad de México.
Ante el problema del desalojo de basura, debemos aprender a no producirla separando lo reciclable de lo no reciclable frente a la contaminación del aire , aprendamos a utilizar menos el ineficiente automóvil, ante la escasez de agua en nuestro valle, aprendamos a no desperdiciarla, ante actitudes irresponsables a la par que peligrosas en términos de nuestra salud y bienestar colectivo, impulsemos una identificación con los problemas y la necesidad de participar en su solución. Un programa de concientización ciudadana debería ser parte integral del programa de gobierno del Departamento del Distrito Federal.
Por otra parte, la dinámica de nuestra realidad, los cambios que se dan en la población que vive, trabaja, produce y participa en actividades culturales en nuestra ciudad, a la vez que exige servicios, nos hace reflexionar sobre el hecho de que no basta proyectar el futuro a base de extrapolar tendencias, sino que debemos transformar aquellas que obstaculizan el bienestar de la mayoría, a la vez que se crean las condiciones para que la población menos integrada socialmente viva su ciudadanía, formule sus demandas y exigencias y utilice realmente la ciudad y sus bienes colectivos en la misma medida en que los disfrutan aquéllos que cuentan con los recursos económicos y culturales para ello.
Observancia de los criterios presupuestales
Con base en el informe previo sobre la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, elaborado por la Contaduría Mayor de Hacienda, y en nuestro propio análisis se observó que el Departamento del Distrito Federal cumplió, en términos generales, con los criterios presupuestales que rigen su actividad en estas materia.
Por lo que concierne a la Ley de Ingresos, se verificó si el endeudamiento neto contraído para financiar el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal de 1989 no excedió del monto fijado en el artículo 2o., de la ley de referencia.
Del análisis de la información recibida se desprende que la dependencia no reflejó un endeudamiento por la obtención de créditos para financiar sus operaciones y que, además, registró una disminución en sus pasivos por 6 mil 042 millones de pesos, de los cuales 3 mil 730 correspondieron al sector central y 2 mil 312 a organismos. En consecuencia, se concluye que la dependencia se ajustó a su Ley de Ingresos para el ejercicio de 1989.
En cuanto al decreto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1989, se verificó el cumplimiento de los programas del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas; los casos en que se rebasaron los montos de gasto autorizados; el destino de los ingresos que excedieron el presupuesto aprobado; si las cantidades que recaudó el sector no se destinaron a fines específicos, salvo en los casos que prevén las leyes; las obligaciones que tienen las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas de solicitar la autorización de su órgano de gobierno o de la Secretaría de Programación y Presupuesto para crear nuevas plazas; las erogaciones por concepto de servicios personales y las autorizaciones de pagos por compensaciones a servidores públicos a título de representación; si las erogaciones de ceremonial, orden social, comisiones al extranjero, asesorías, becas y donativos se sujetaron a criterios de racionalidad y selectividad; la aplicación de medidas para regular el gasto de inversiones públicas; la obligación de que las erogaciones por concepto de transferencias se ajusten a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, a los programas de mediano plazo y a los demás programas establecidos conforme a la ley de Planeación; las autorizaciones otorgadas por el Departamento del Distrito Federal para efectuar erogaciones por concepto de subsidios, donativos, gratificaciones, obsequios, etcétera; la obligación de rendir información a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre las aportaciones y subsidios que se hubiesen otorgado; la observancia de los lineamientos fijados por la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de las disponibilidades financieras del sector; la obligación de informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la forma y con la periodicidad que dispongan esas dependencias, sobre los movimientos presupuestales; si se respetaron los montos máximos fijados para la adjudicación de los contratos de obra pública en forma directa o mediante convocatoria; si en materia de adquisiciones, arrendamiento y contratación de servicios relacionados con bienes muebles, los contratos y pedidos adjudicados en forma directa y los adjudicados mediante convocatoria se ajustaron a los montos máximos establecidos en cada caso; y las auditorías que hubiese practicado la Secretaría de la Contraloría General de la Federación al sector Departamento del Distrito Federal.
Por lo que concierne al artículo 5o., se tuvo conocimiento de que el Departamento del Distrito Federal informa trimestralmente a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre el avance físico y financiero de sus programas y de los de sus entidades coordinadas, y de que los programas y presupuestos del primero y de las segundas se ajustaron a los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas establecidos conforme a la Ley de Planeación, excepto en el caso IDA.
En cuanto a la obligación que señala el artículo 9o., de vigilar que no rebasen los montos de gastos autorizados, el Departamento del Distrito Federal informó que todas sus entidades coordinadas se ajustaron a los importes aprobados.
Respecto al artículo 11, que prohibe a las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento del Distrito Federal destinar las cantidades recaudadas a fines específicos, el Departamento del Distrito Federal señaló que no detectó ningún caso en que se violara esa prohibición.
Sobre la obligación establecida en el artículo 15 de obtener la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto para la creación o conversión de plazas, de la información recabada se desprende que en ningún caso se violó esa disposición.
Acerca de las erogaciones efectuadas por concepto de servicios personales y de las autorizaciones de pagos por compensaciones a servidores públicos a título de representación, el Departamento. del Distrito. Federal. aseguró que dichas erogaciones se ajustaron estrictamente a lo dispuesto en el artículo 16 y que no autorizó a sus entidades coordinadas ningún gasto de representación.
Por lo que respecta al artículo 18, el cual dispone que las erogaciones por concepto de ceremonial, comisiones al extranjero, ordenen social, asesorías, becas y donativos deberán reducirse al mínimo y sujetarse a criterios de racionalidad y selectividad, de la información obtenida sobre el particular se concluye que, en general el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas cumplieron esa disposición.
En relación con el artículo 19, que establece las medidas a que deberá sujetarse el gasto de inversiones públicas, se observó que, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadoras se ajustaron al precepto.
Respecto a la obligación de que las erogaciones por concepto de transferencias se ajusten a las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los programas operativos anuales correspondientes, conforme a lo que establece el artículo 20, del análisis efectuado se concluye que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas cumplieron ese precepto.
En lo que concierne al artículo 23, que señala que las unidades administrativas del Departamento del Distrito federal o sus entidades coordinadas requerirán la autorización del titular del Departamento del Distrito Federal o de su órgano de gobierno, respectivamente, para efectuar erogaciones por concepto de subsidios, donativos, gratificaciones y obsequios, etcétera, se observó que, en general, se cumplió lo que dispone ese artículo.
Por lo que corresponde a la obligación de informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto sobre las aportaciones y subsidios que se hubiesen otorgado, de conformidad con el artículo 25, en términos generales, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas cumplieron ese precepto.
En cuanto al artículo 26, que dispone que las disponibilidades financieras del sector Departamento del Distrito Federal deberán sujetarse a los lineamientos que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se observó que en general se cumplió esa disposición.
Por lo que toca a la obligación a que se refiere el artículo 30, de informar a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Secretaría de hacienda y Crédito Público, en la forma y con al periodicidad que determinen esas dependencias, sobre los movimientos presupuestales efectuados en divisas, el Departamento del Distrito Federal manifestó no haber utilizado divisas en 1989, ya que sus pasivos se contaron en moneda nacional; en general; las entidades también señalaron que no realizaron operaciones en divisas, con excepción del Sistema de Transporte Colectivo, que manifestó haber rendido informes mensuales mediante el Sistema Integral de Información.
Con relación al artículo 31, en el cual se fijan los montos máximos de las obras públicas que pudieron contratarse directamente o por medio de convocatoria a cuando menos tres personas, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas manifestaron haberse ajustado a los montos establecidos en el precepto.
En lo que concierne al artículo 32, que establece los montos máximos de los contratos o pedidos de adquisiciones, arrendamientos o servicios que pudieron adjudicarse en forma directa o mediante convocatoria a cuando menos tres u ocho proveedores, según el caso, se observó que, en general, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas se ajustaron a los límites fijados en el precepto.
Por lo que se refiere a las inspecciones y auditorías que debe realizar la Secretaría de la Contraloría General de la Federación para comprobar el cumplimiento del decreto, según el artículo 35, de la información recibida se desprende que esa dependencia practicó auditorías al sector Departamento del Distrito Federal.
Conocimiento de la gestión financiera
El conocimiento de la gestión financiera del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio 1989, revela la decisión de las autoridades de ordenar la administración del Departamento y de consolidar su sistema financiero mediante la regularización de su contabilidad y el fortalecimiento de los rubros tradicionales de recaudación tributaria.
En 1989, por segundo año consecutivo, el Departamento presentó superávit financiero debido a que sus ingresos fueron 15% superiores a lo previsto y 6% por encima de sus egresos. Este resultado obedece a la combinación de una mejor recaudación de ingresos propios y a un ejercicio más eficiente del gasto.
Cabe resaltar que de cada peso que se ejerció en gasto corriente, ingresó al Departamento del Distrito Federal por concepto de ingresos propios 1.04 pesos,. mientras que en 1988 los ingresos propios cubrían únicamente ochenta centavos de cada peso de gasto corriente.
Asimismo, es importante señalar que el 98% de las ampliaciones presupuestales fueron financiadas con recursos propios del Departamento del Distrito Federal.
En el renglón de deuda notamos que el Departamento del Distrito Federal colocó el 46% del monto aprobado, por lo que presentó un desendeudamiento neto de 7.2 millones de pesos.
En 1989 continuó la tendencia a disminuir los subsidios de la Federación al Departamento del Distrito Federal; en 1988 constituyeron el 6% del total de los ingresos del Departamento del Distrito Federal, mientras que en 1989 constituyeron el 13%, es decir, disminuyeron tres puntos porcentuales. Asimismo la mayor parte de los subsidios se canalizó a los organismos y empresas quienes recibieron el 98% del total.
En relación al ejercicio 1988, en 1989 el superávit fue, en términos reales, 63% superior.
Para el análisis más detallado de la gestión financiera trataremos por separado ingresos, egresos y deuda, considerando, en primer término al Departamento del Distrito Federal en su conjunto y, en segundo término, por separado al sector central y a los organismos y empresas del departamento.
Ingresos
Los ingresos totales del Departamento del Distrito Federal fueron 15% superiores a lo aprobado en la Ley de Ingresos para el ejercicio 1989; sin embargo, sobre la base de un índice de inflación anual de 21.3%, los ingresos captados en 1989 fueron 3% inferiores a aquéllos del ejercicio 1988. Esto, debido a que pese al importante crecimiento en sus recursos propios, se observó un bajo aumento, inferior incluso a la inflación, en las participaciones en impuestos federales.
De los ingresos totales, el 76% provino del sector central y el 24% del sector organismos y empresas. En comparación con 1988, el porcentaje de contribución del sector organismos y empresas, situación que se aplica por el estancamiento de los precios y tarifas de bienes y servicios.
El total de ingresos propios ascendió a 2 billones 267 mil millones de pesos, cifra superior en 71% a lo previsto en la Ley de Ingresos. Los renglones más dinámicos fueron los relativos a impuestos derechos y productos.
Los impuestos fueron 21% superiores a la presupuestado originalmente. Por su parte, la captación de ingresos por concepto de derechos fue mayor en 45% a lo previsto. El incremento presentado en ambos renglones obedece, entre otras causas, a diversas acciones de simplificación y desconcertación administrativa, a través de las administraciones tributarias locales, así como a la instrumentación de un programa de actualización voluntaria que además de brindar beneficios a los contribuyentes, dándoles facilidades para ponerse al día y regularizar su situación fiscal con solo cubrir las contribuciones que no habían pagado desde 1988, sin recargos ni sanciones, permitió al Departamento incorporar nuevos contribuyentes y actualizar sus registros y padrones con la consecuente reducción de los niveles de evasión fiscal.
En cuanto a los productos, fue el renglón de mayor impacto en el crecimiento de los ingresos propios, representando el 23% de éstos, al ser 154% superiores a lo programado. Es importante señalar que a pesar del incremento en este renglón, su porcentaje de contribución al total de ingresos propios en relación a 1988 fue inferior en 18 puntos porcentuales, toda vez que en ese año los productos representaron el 41% de los ingresos propios. La variación se explica por diversas razones; en primer lugar, el monto de las disponibilidades con las que se inició el ejercicio fue mayor al que se había estimado. En segundo lugar, la tasa de interés promedio durante el año fue de 47% y no de 34% sobre la cual se hicieron las estimaciones. En tercer lugar, los recursos excedentes que se fueron obteniendo desde los primeros meses del ejercicio, se invirtieron conforme a diversas disposiciones vigentes lo cual dio lugar a que se obtuvieran ingresos adicionales vía intereses. Y en cuarto lugar, la compensación que el gobierno federal proporciona al Departamento, derivada del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, a través de la cual obtiene liquidez por un plazo de quince días al mes sobre su recaudación de impuestos federales permitió ganar intereses.
Por lo que respecta a los otros rubros tradicionales de recaudación tributaria si bien su porcentaje de contribución al total de ingresos sigue siendo muy bajo, en todos los casos la captación fue mayor a la prevista a excepción de los ingresos por contribuciones de mejoras, los cuales fueron 15% inferiores a lo señalado en la ley, cuestión que nos preocupa porque es un renglón que creemos puede representar una fuente de ingresos propios, estables e independientes y que sin embargo no se ha logrado aún explotar su potencial.
En cuanto a los ingresos por participaciones en impuestos federales, en 1989 fueron 3% inferiores a lo previsto en la Ley de Ingresos. Asimismo, mientras que en 1988 constituyeron el 66% de los ingresos totales, en 1989 constituyeron el 55%. Como se observa, su porcentaje de contribución a los ingresos totales disminuyó 11 puntos porcentuales. Podemos prever que esta situación se repartirá en ejercicios fiscales futuros, más aún si se consideran los cambios en la Ley de
Coordinación Fiscal de diciembre de 1989 y el efecto de la distribución poblacional del país, reflejados en el XI Censo General de Población y Vivienda que muestra que la población del Distrito Federal es inferior a las proyecciones que se habían manejado. La disminución de participaciones en términos reales y relativos a pesar de los resultados positivos de la administración fiscal, representa una nota de alarma para el Distrito Federal y lleva a profundizar sobre la equidad de la Ley de Coordinación Fiscal.
Por lo que se refiere a subsidios y transferencias, en 1989 el sector central prácticamente no tuvo ingresos por este concepto.
En cuanto a las Adefas, se previó un monto de 100 mil millones de pesos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores, para cumplir compromisos pendientes de pago en el caso de que los ingresos no cubrieran el total de gasto de 1989 sin embargo, debido a que oportunamente se pagaron los gastos con el excedente de ingresos que se registró en 1988, dicha cantidad no fue requerida.
Los ingresos provenientes de organismos y empresas, constituyeron el 24% del total de ingresos del Departamento del Distrito Federal, registrando una disminución de cuatro puntos porcentuales en relación a 1988, debido, como ya se dijo, al estancamiento de tarifas de los servicios.
Los ingresos propios constituyeron el 45% de los ingresos totales de organismos y empresas; los subsidios, aun cuando fueron bastante menores a lo recibido por este concepto en 1988 constituyeron el 55% de los ingresos del sector paraestatal. El 98% de los subsidios fue canalizado a los organismos de transporte y tan solo Ruta 100 absorbió el 60% del total de subsidios del gobierno federal, lo que significó que el 80% de sus recursos fueron subsidios. Estas cifras atestiguan la crisis de Ruta 100.
Todos los organismos y empresas registraron ingresos mayores a lo estimado a excepción de Ruta 100, de la Caja de Previsión para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal y del Fideicomiso de Recuperación Crediticia. Destaca Industrial de Abastos la cual tuvo ingresos superiores en 360% a lo estimado y de los cuales aparece como subsidio únicamente el 13% frente a 1988 que recibió apoyos que representaron el 22% de sus ingresos. Esta situación obedece a que en agosto de 1989 se suspendió el programa de importación de carne y los recursos que el Banco Nacional de Comercio Exterior financió para ese fin se destinaron a la adquisición de ganado y carne en canal nacionales; al haber más volumen de carne, se incrementó también la venta y por consiguiente el volumen de comercialización fue mucho mayor al estimado. Por otra parte, el gobierno federal pagó al Banco Comercial de México los financiamientos aportados al IDA, por lo que podríamos calificar de subsidio a estos ingresos extraordinarios.
Los resultados del sector organismos y empresas muestran una pérdida de 1 mil 680 millones de pesos en la cual inciden fundamentalmente los organismos de transporte debido a los bajos precios de sus tarifas los cuales no alcanzaron a absorber los costos y gastos de operación. En este sentido subrayamos el agravante de que los gastos de Ruta 100 son excesivos en contraste con lo ineficiente de su operación y la debilidad de las finanzas durante ese año.
En cuanto a los ingresos por financiamiento, los organismos y empresas presentaron un desendeudamiento por 2 mil 312 millones de pesos, cifra superior en 104% a lo estimado.
Egresos
Los egresos totales del Departamento del Distrito Federal superaron en 8% lo presupuestado originalmente, pero fueron inferiores en un 6% al presupuesto ampliado debido en primer término a que presentó ahorros derivados fundamentalmente de la aplicación de licitaciones y concursos para la adquisición de materiales y suministros, así como para la realización de obras. En segundo término, porque las ampliaciones presupuestales se autorizaron hasta los meses de julio y agosto. Tercero, porque la adquisición de motores de Ruta 100 no pudo realizarse debido a que se efectuó una licitación internacional y cuando éste es el caso, deben hacerse pruebas durante por lo menos cuatro meses. Y cuarto, porque el Departamento del Distrito Federal implantó un sistema de cuentas por liquidar certificada y líneas de crédito específicas que permitió abreviar el período de pago a proveedores y contratistas y por consiguiente, obtener mejores precios en bienes y obras. En comparación con el ejercicio 1988 los egresos totales disminuyeron el 4% en términos reales.
Del total de egresos, el 67% correspondió al sector central y el 33% al sector organismos y empresas. En relación a 1988 el porcentaje de contribución del sector central en el total de egresos fue mayor en tres puntos porcentuales.
El 54% de los recursos del sector central se destinó a gasto corriente y el 46% a inversión, mientras que en 1988 se destinó a gasto corriente únicamente el 43% de sus recursos, lo que refleja
una reversión en la política de incremento de gasto de inversión aplicada durante 1988.
El concepto que mayor impacto tuvo en el incremento de gasto corriente fue el relativo a servicios generales, el cual creció 64% arriba de la inflación. Esta variación obedece al incremento de las tarifas eléctricas y al pago de agua en bloque a la Comisión de Agua del Valle de México, lo que no ocurrió en el ejercicio 1988.
Por otra parte, cabe señalar que originalmente al sector central no se le presupuestaron recursos por concepto de subsidios del gobierno federal, sin embargo, durante el año recibió 19 mil 157 millones de pesos (equivalente al 0.3% total del gasto), que destinó al programa de becas y al programa de solidaridad en el Distrito Federal, particularmente a la regularización de la tenencia de la tierra en la delegación Iztapalapa; a mejoramiento de los servicios urbanos de las unidades habitacionales Villa Coapa y Narciso Mendoza y a la Casa de la Cultura en la delegación Tlalpan; así como a la construcción del Parque Guayamilpas, entre otras actividades.
En lo que se refiere a los egresos del sector organismos y empresas fueron 31% superiores a lo presupuestado. En relación a 1988 los egresos globales de los organismos y empresas fueron, en términos reales, 9% inferiores.
La causa, en el caso del Metro, fue su presupuesto para inversión prácticamente nulo; en el caso de IDA se eliminaron subsidios.
Los egresos por concepto de gasto corriente de empresas y organismos representaron el 83% y por inversión el 14%.
El gasto corriente fue 25% superior a lo presupuestado originalmente. El concepto que más afectó el gasto corriente fue el de servicios personales el cual fue superior en 14% al índice de inflación y en 23% a lo programado originalmente. Es importante resaltar que únicamente Ruta 100 absorbió el 63% del total de los recursos destinados al pago de servicios personales; el Metro ejerció el 24% Y Transportes Eléctricos el 8%, es decir, que los organismos de transporte absorbieron el 95% del total de recursos para servicios personales.
El motivo por el cual Ruta 100 ejerció monto aún mayor del normal por concepto de servicios personales fue que puso en marcha el programa de jubilados y de retiros voluntarios, así como al incremento salarial otorgado a los trabajadores de ese organismos en la revisión contractual correspondiente. Sin embargo, es conveniente recordar que precisamente en 1989 Ruta 100 inició un proceso de reestructuración interna que entre otras cosas implica la reorganización administrativa y operativa del organismo, misma que no se refleja en la cuenta pública en análisis y que aún no ha concluido.
En cuanto al gasto de inversión fue el rubro que mayor incidencia tuvo en el subejercicio de egresos de organismos y empresas, al ser 25% inferior al presupuesto modificado. La causa por la que no se ejerció en su totalidad el presupuesto modificado fue la autorización tardía de la ampliación presupuestal lo que originó que no se pudiesen realizar las adquisiciones y reconstrucciones de unidades de Ruta 100 y del Servicio de Transportes Eléctricos.
En cuanto al ejercicio de aportaciones del Departamento del Distrito Federal y subsidios del gobierno federal a los organismos y empresas que ascendió a 1 mil 352 millones de pesos, el 82% se destinó a absorber los resultados financieros de los organismos y el 17% a la adquisición de bienes.
Capítulo aparte merecen las delegaciones políticas las cuales ejercieron el 23% del presupuesto total del sector central, únicamente un punto porcentual más que en 1988. Asimismo, sólo participaron en la ejecución de nueve programas del Departamento del Distrito Federal de los cuales sólo cuatro son considerados prioritarios (fomento de la producción forestal y productividad; recolección y tratamiento de basura; drenaje y tratamiento de aguas negras; ampliación y mejoramiento de la planta física educativa).
Deuda
En 1989 el saldo de la deuda se incrementó en 1% en relación a lo estimado, aun cuando ejerció un endeudamiento menor en 54% al autorizado en el presupuesto de egresos, situación que obedece a la capitalización de intereses de la deuda de Ruta 100 que no fue considerada originalmente.
De todo lo anterior, concluimos que es conveniente continuar con la consolidación de las finanzas de la ciudad la cuales, a diciembre de 1989, reflejan mejores resultados en una mayor captación de impuestos, derechos y aprovechamiento, así como en un nivel mínimo de endeudamiento. Sin embargo, es muy importante considerar los efectos de una disminución de las participaciones.
La nueva Ley de Coordinación Fiscal debe analizarse a fondo para comprender las repercusiones que puede tener a mediano plazo, con el objeto de asegurar que es una fórmula equitativa.
Se sugiere, asimismo, continuar manteniendo actualizadas las tarifas con base en las modificaciones de la Ley de Hacienda de 1990.
En este sentido, el nuevo aumento en la recaudación tendrá que estar relacionado con una mayor descentralización en su administración. Conviene que sean las delegaciones y los organismos operadores los encargados de recaudar los impuestos y derechos producto de su actividad. Ello podría también hacer más transparente la asignación de recursos. Los ciudadanos sabrán que lo que se paga por estos conceptos se canalizó al mejoramiento del servicio que usan o del territorio en que viven.
Se recomienda aumentar en forma gradual el porcentaje de contribución de inversión en el presupuesto para que, sin descuidar la operación e infraestructura existente, se cuente con recursos para el crecimiento y mejoramiento de los servicios.
Finalmente, es necesario que las previsiones para pago de la deuda se realicen sobre cifras y situaciones reales. En este sentido, queremos hacer hincapié en que para evitar el incumplimiento reiterado del contrato de empréstitos de Ruta 100, y dado que son por un monto menor, se presupueste la liquidación de los mismos.
El estado general de salud que nos presenta las finanzas del Departamento para 1989, es el resultado de un manejo más eficiente de recursos, y es además bastante alentador en términos de la búsqueda del equilibrio entre la realidad física de nuestra urbe y los servicios que requiere la población.
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Cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas
En 1989 el gasto del Departamento del Distrito Federal se orientó básicamente a mantener la calidad de los servicios que se prestan a los capitalinos, así como a definir medidas determinantes para el combate a la contaminación, a diseñar una política de agua y a reestructurar sus finanzas.
La estructura programática se mantuvo en 21 programas como en el ejercicio 1988 aunque se redefinieron algunas prioridades con objeto de reforzar aquellos programas con mayor rezago en los satisfactores mínimos de bienestar.
La participación en el ejercicio total del presupuesto en relación a 1988 de los programas de transporte y abasto fue menor en ocho y tres puntos porcentuales, respectivamente, mientras que los programas de seguridad pública agua potable y planeación de los asentamientos humanos, servicios sociales, drenaje así como el de ampliación y mejoramiento de la planta física educativa incrementaron su participación en el presupuesto, en relación a 1988 en seis, tres y dos puntos porcentuales, mostrando la decisión de las autoridades capitalinas de replantear el alcance de esos programas.
Subrayamos además que tan sólo los programas de transporte urbano, seguridad pública y mejoramiento urbano absorbieron prácticamente el 50% del presupuesto ejercido en 1989.
El subejercicio presupuestal de 6% obedeció básicamente a las variaciones presentadas en:
El programa de deuda pública, cuyo gasto fue menor a lo autorizado en 59% debido a que en 1989 no se tuvieron que hacer erogaciones por concepto de Adefas ya que al inicio de este ejercicio el Departamento del Distrito Federal no tuvo pendiente de pago ningún adeudo de 1988.
En el programa de transporte urbano que ejerció 13% menos del presupuesto modificado porque no se logró consolidar el programa de modernización de Ruta 100.
En el programa de salud, cuyo ejercicio fue menor al presupuesto modificado en 17% debido al incumplimiento de proveedores de las unidades medidas móviles que programó adquirir el Departamento del Distrito Federal y al desfasamiento en la ejecución de obras.
En el programa de vivienda, cuyos egresos fueron inferiores en 5% en relación al modificado porque la caja de previsión de la policía preventiva del Distrito Federal no adquirió los terrenos que tenía programados por no cumplir con las condiciones adecuadas; en el programa de agua potable, que presentó una desviación de 7% porque se obtuvieron ahorros en el costo por metro cúbico de agua en bloque.
En el programa de drenaje y tratamiento de aguas negras el cual tuvo un subejercicio de 26% debido, principalmente, a problemas de tipo técnico.
En el programa de prevención y control de la contaminación, cuyo gasto fue menor al presupuesto modificado en 38% porque se canceló la construcción de ocho centros de verificación.
A continuación presentamos un cuadro que muestra el comportamiento del ejercicio del presupuesto 1989 en relación a lo autorizado por esta honorable Cámara y en relación al real ejercido en 1988.
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Ya que en términos generales hubo un adecuado cumplimiento de los objetivos en los programas del Departamento del Distrito Federal hemos seleccionado, para comentar, los programas cuya variación en la asignación del gasto con respecto a 1988 modificó la estructura del presupuesto de 1989.
Seguridad pública.
El ejercicio del programa de seguridad pública fue superior 14% en relación al presupuesto original autorizado y 89%, en términos reales, en comparación con 1988. Su participación en el ejercicio total del presupuesto fue de 13%
En 1989, el 87% del presupuesto se destinó a gasto corriente y 13% a gasto de inversión. Se adquirieron 450 patrullas, 31 minibuses, 52 camionetas pick - up 37 equipos de radiocomunicación, 115 camionetas Suburban y 18 cam. Vanette.
Se incorporaron al servicio activo 2 mil 262 policías para conformar tres cuerpos policiales con un total de 69 mil elementos, correspondiendo a cada policía 127 habitantes del Distrito Federal. Resalta el incumplimiento de la mesa de incorporar al servicio activo a 6 mil elementos, al alcanzar únicamente el 38% de lo programado.
Partiendo de 1982, 1989 fue el año que presentó más bajos índices delictivos. En el ejercicio en análisis se registraron 29 mil 919 delitos menos, es decir, hubo una incidencia delictiva menor en 14%. Asimismo, se cometieron 144 delitos por cada 10 mil habitantes mientras que en las ciudades más grandes de Estados Unidos de América se cometió un promedio de 934 delitos por el mismo número de habitantes.
En relación a 1988, en 1989 los robos sin violencia fueron inferiores en 32% y los robos con violencia fueron en 15%. e perpetraron únicamente 11 asaltos bancarios frente a 60 ocurridos en el año inmediato anterior. Se robaron 11 mil 718 autos menos.
Por otra parte, ante el incremento de delitos sexuales cuyo registro aumentó 12% en relación a 1988, se instalaron tres agencias especializadas para la atención de la mujer violada resolviéndose
el 60% de los casos, y una agencia más para el menor víctima o en peligro.
Se consignaron un total de 16 mil 582 personas y se desmembraron 291 bandas; destaca que dos de cada tres personas fueron consignadas por delitos sin violencia.
Para ampliar la capacidad de atención a la población y a la víctima del delito se desconcentraron en ocho delegaciones regionales los servicios al público y se crearon los servicios a la ciudadanía de quejas y contraloría interna, que atienden las 24 horas del día.
Se llevaron a cabo 223 destituciones de las cuales el 71% correspondió a la policía judicial y ministerio público. Es indispensable dignificar y valorar los cuerpos de seguridad pública así como los servicios que prestan los ministerios públicos, continuando la profesionalización de dichos cuerpos e instituciones. Asimismo, en imperativa una mejor integración y coordinación de las policías en el ámbito del Distrito Federal.
Transporte
Este programa tuvo una participación en el presupuesto total del Departamento del Distrito Federa de 26%. Su presupuesto ejercido fue 27% inferior al presupuesto que ejerció en 1988.
Desde su aprobación, el presupuesto para el programa de transporte se veía totalmente insuficiente para cubrir las necesidades de traslado de la población de la zona metropolitana de la ciudad de México y aun cuando se ejerció un presupuesto superior en 21% al original, el transporte de pasajeros se vio disminuido, no digamos que en relación a su meta original sino lo que es peor aún, en relación a la meta modificada la cual planteó cifras inferiores. Esta situación refleja una tendencia de insuficiencia en el servicio de transporte respecto de sus propias estimaciones en perjuicio de los usuarios.
En términos generales, el Metro cumplió adecuadamente con sus metas.
El tren ligero desde su creación ha adolecido de muchas fallas en su construcción, operación y administración que en 1989 significaron un incumplimiento de sus metas del 46%.
El modo de transporte que más preocupa es Ruta 100 que en 1989 no cumplió su función ni en cobertura, ni en reconstrucción de autobuses, ni en limpieza del medio ambiente, así como tampoco logró consolidar su reestructuración y modernización, sin embargo absorbió la mayor parte de los subsidios.
Mil novecientos ochenta y nueve fue sinónimo de servicio deficiente de transporte de superficie, reflejó claramente la crisis en que se encontraba. De no cumplirse cabalmente el Programa Integral de Transporte que se presentó al inicio de 1990, el problema estallará de nuevo.
Asimismo, queremos resaltar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, que el Departamento ha conseguido establecer mecanismos de coordinación adecuados, ni internamente, ni con el estado de México. A este respecto, cuestionamos la decisión tomada en 1989 de trasladar la Dirección General de Autotransportes Urbano a la Secretaría de Protección y Vialidad, siendo que entre las funciones de la Dirección General de Autotransporte Urbano está la de controlar los permisos, concesiones y rutas de colectivos, actividad íntimamente vinculada con la planeación integral del servicio de transporte que realiza la Coordinación General de Transporte.
Agua potable
Este programa tuvo un ejercicio presupuestal superior en 2% en relación al presupuesto original y en 72% real en relación a su ejercicio de 1988. Su participación en el ejercicio total del presupuesto fue de 7%.
En lo que se refiere a la realización de obras del sistema de agua potable, orientadas a satisfacer la demanda de agua en cantidad y calidad adecuadas, se lograron avances y se cumplieron metas programadas, sin embargo, es fundamental que se destine una mayor cantidad de recursos a obras como el acuaférico sur, a través del cual se surtirá el agua proveniente del sistema Cutzamala a una amplia población del sur - oriente de la ciudad que carece de este servicio en forma regular.
Por otra parte, el grado de avance en la instalación de medidores y de muebles sanitarios de bajo consumo de agua no fue el deseable, debido a que los proveedores nacionales no pudieron satisfacer la demanda requerida. En virtud de que la instalación de medidores y sanitarios de bajo consumo permitirá abatir el desperdicio de agua y hacer más equitativo su cobro, deben resolverse a la brevedad los problemas en las existencias de medidores y muebles sanitarios.
Es necesario realizar mayores esfuerzos para reducir la demanda de agua, así como detectar y eliminar fugas no visibles en las redes primaria y secundaria.
Adicionalmente debe continuarse con la tendencia a reducir los subsidios en el suministro de agua mediante el incremento de la eficiencia en la facturación y cobranza.
Esta comisión legislativa propone se estudie la conveniencia de reestructurar el esquema técnico, administrativo, financiero y comercial del suministro de agua y cobro de los derechos por consumo, en un solo organismo que integre además la planeación de los sistemas Hidráulicos, suministro de agua y desalojo de aguas residuales y pluviales, del Distrito Federal y de la zona conurbada.
Finalmente, a pesar de que ha empezado a crearse conciencia en la población en torno al problema del agua, de las dificultades y costos de su captación, de los problemas para su distribución y de la importancia de un adecuado uso, es evidente que deben intensificarse las acciones y campañas de concientización orientadas a crear una nueva cultura del agua.
Planeación de los asentamientos humanos.
El ejercicio presupuestal de este programa fue superior en 127% en relación al presupuesto originalmente autorizado. Su participación en el total de egresos del Departamento del Distrito Federal fue de 3%.
La desviación presentada obedece al pago de indemnizaciones por las expropiaciones en Xochimilco, así como a la realización de diversas obras de carácter urgente entre las que destacan las actividades relacionadas con la definición legal de límites del crecimiento urbano con la que se ha empezado a ordenar el uso y ocupación del suelo.
La velocidad y el volumen del crecimiento poblacional condujo a un patrón de poblamiento polarizado en sus sectores sociales, siendo el oriente del área metropolitana el asiento de población de más bajos recursos. Las colonias populares de esas zonas presentan graves rezagos en vivienda, servicios e infraestructura en general, además de que en muchas ocasiones la tenencia de la tierra continúa siento irregular.
Por otra parte, las áreas del centro entraron en un proceso de deterioro, persistiendo la concentración de actividades comerciales y de servicios, mientras que los municipios conurbados del estado de México se han configurado en ciudades dormitorio.
Ante esta situación, la Comisión del Distrito Federal confirma la necesidad de contener la expansión física del área metropolitana sobre la base de fijar límites al crecimiento urbano e inducir la concentración en áreas centrales que ya cuentan con infraestructura. Por lo anterior, propone a las autoridades estudiar, entre otras, las siguientes medidas: promover la utilización de lotes baldíos, regeneración urbana, regularización y densificación de asentamientos, desarrollo del potencial agrícola y forestal del entorno del área metropolitana, consolidación de reservas territoriales, creación de centros urbanos para concentrar la oferta de empleos y servicios, atender la población de áreas específicas y resolver la oferta y ocupación de suelo regularizando los asentamientos, construcción de reservas territoriales, ordenación y regulación de la estructura de los asentamientos con base en trazos viales y la obtención de terrenos suficientes para futuros servicios públicos.
Recordemos que la ciudad debe cumplir con su papel de soporte de una sociedad dinámica, plural y de amplia base económica. Es preciso mejorar los mecanismos para que la convivencia social sea más armónica y la distribución de bienes y servicios más justa, pero también es necesario aumentar su eficiencia y productividad.
Abasto y comercialización
El impacto de este programa en el ejercicio del presupuesto en relación a 1988 se debilitó, pues de tener una participación del 8% en el total de egresos del Departamento del Distrito Federal, en 1989 sus egresos constituyeron el 5%.
El gobierno del Distrito Federal inició un proceso de redefinición de las actividades que realiza en materia de abasto, con objeto de que su intervención en los programas de abasto y comercialización deje de ser sinónimo de subsidio. Sin embargo, todavía ejerció un presupuesto superior en 121% a lo autorizado por esta honorable Cámara de Diputados, a pesar de que se observaron incumplimientos importantes en las metas, como la relativa a la construcción de lecherías, la cual presentó una desviación de 43%, debido a que hubo dificultad para encontrar terrenos para instalarlas en las zonas que se requieren, o bien, la relativa a la modernización de mercados, que presentó una desviación de 34% por el retraso en el inicio de las obras.
Además hubo francos llamados de alarma en Industrial de Abastos y en los almacenes del Departamento del Distrito Federal por su problemática y su fuerte gasto subsidiado.
La participación de Industrial de Abastos en el mercado de carne de la ciudad de México representó en 1989 únicamente el 13% del total en tanto que utilizó sólo el 14% de su capacidad instalada, no obstante que absorbió montos elevados de subsidios destinados a regular el mercado de la carne, a controlar sus precios y a hacer frente a sus costos de operación. Su éxito en la
estabilización del mercado fue relativo, ya que el subsidio no llegó a la población a la que estaba destinado.
Aunque en agosto de 1989 por los motivos anteriores, se retiró el subsidio a Industrial de Abastos, los primeros siete meses del año fueron determinantes en los resultados deficitarios de la empresa, que necesariamente repercutieron en el ejercicio global del presupuesto del Programa de Abasto y Comercialización.
En cuanto a los Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal, presentaron una ineficiencia interna que obviamente repercutió en el incumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados.
El comportamiento negativo de este programa obliga al Departamento del Distrito Federal a reflexionar sobre los objetivos, estrategias y organización de Coabasto, así como a evaluar su estructura administrativa y replantar una simplificación de la misma.
Asimismo, es indispensable que sus actividades se mantengas en constante y permanente revisión para que éstas respondan real y oportunamente a las necesidades de consumo de la población del Distrito Federal. A este respecto, deberá hacerse una mejor planificación de construcción de mercados a la vez que se eliminen los subsidios específicos en beneficio de los que menos tienen.
La crisis económica, aunada a la falta de oferta de espacio en mercados establecidos, ha generado un situación que se ah vuelto crítica; la proliferación del comercio ambulante o semifijo en la vía pública. Esta situación afecta los patrones de abasto y consumo y la vida urbana en general. Su solución, aunque en buena medida depende en el aumento en las oportunidades de empleo, también tiene que ver con una adecuada política de abasto que incluya la dotación del espacio comercial que la ciudad está demandando.
Esta comisión reitera la sugerencia de que se replanteen los términos del artículo 124 de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal, relativo a los derechos por uso y aprovechamiento de mercados, con objeto de que se establezcan una cuota única por metro cuadrado del local que se utilice, para simplificar su pago.
Finalmente, con base en el análisis de la Cuenta Pública y de las consultas realizadas por la Asamblea de Representantes, la Comisión del Distrito Federal recomienda se estudien y precisen la competencia y responsabilidades de la Coordinación General de Abasto, ya que no ha dado los resultados que se pretendían.
La Comisión del Distrito Federal, al hacer una evaluación del comportamiento de los programas del Departamento del Distrito Federal y de su impacto en las condiciones de vida en la ciudad de México y al ofrecer algunas propuestas de solución, pretende además de cumplir con su responsabilidad constitucional, participar en el mejoramiento de la calidad de vida de los capitalinos. Para facilitar la tarea de esta comisión legislativa es necesario que se incluyan en la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal, en los casos que sea posible, indicadores de gestión, así como costos por meta que permitan evaluar el impacto del ejercicio del presupuesto y de la ejecución de los programas en los mínimos de bienestar social.
De la revisión realizada, esta comisión concluye que el Departamento del Distrito Federal logró, en términos generales, el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, lo que repercutió en el mejoramiento de algunos servicios que se proporcionan a los habitantes de la ciudad y a la población flotante que durante el día permanece en ella, con excepción de los servicios de transporte y abasto.
Con estas observaciones y con fundamento en los artículos 65, 70 y 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso; 11 y 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y demás relativos aplicables, la Comisión del Distrito Federal somete a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto, por que se revisa la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal correspondiente al ejercicio presupuestal de 1989.
La honorable Cámara de Diputados de los Estados Unidos Mexicanos.
DECRETA
Artículo 1o. Se revisó la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal y se conocieron los resultados de la gestión financiera correspondiente al ejercicio presupuestal de 1989. Igualmente se comprobó la observancia de los criterios señalados en el presupuesto y se evaluó el grado de cumplimiento de los objetivos y metas contenidos en los programas.
Artículo 2o. Ordénese a la Contaduría Mayor de Hacienda, por conducto de la Comisión de
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vigilancia, que practique los estudios, las auditorías y acciones legales que permitan esclarecer si hubo irregularidades en el ejercicio del presupuesto del Departamento del Distrito Federal durante 1989 y, en su caso, finque las responsabilidades correspondientes y proceda a solicitar la imposición de las sanciones administrativas, civiles o penales a derecho, instruyéndola para que informe de sus acciones a la propia Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados.
Noviembre de 1990. - Palacio Legislativo.
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Están inscritos los siguientes oradores para una sola ronda para la discusión en lo general y en lo particular del dictamen relativo a la Cuenta Pública del distrito Federal: por el Partido Acción Nacional, la diputada Patricia Garduño; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jaime Enríquez Félix; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Alberto Bernal; por el Partido del Frente Cardenista, el Diputado Nelson Madrigal y el diputado Rubén Venadero Valenzuela; por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Carlos Vega Memije.
En atención a que es una sola ronda, cada uno de los oradores puede disponer de 30 minutos, lo cual quiere decir que sea obligatorio hacerlo.
Tiene la palabra la diputada Patricia Garduño Morales.
La diputada Patricia Garduño Morales: - Buenas noches, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El análisis anual de la cuenta pública es como muchas otras obligaciones que tiene la Cámara de Diputados, ocasión casi siempre para la alabanza al gobierno, en este caso del Distrito Federal, sobre los beneficios que el buen uso del presupuesto ha traído a los habitantes capitalinos.
Es en este momento preciso reconocer que se ha manifestado una tendencia hacia el orden en la presentación de la cuenta pública, y esto podría hacernos creer que también ha habido un orden en el gasto.
Debemos también cuestionarnos al analizar la Cuenta Pública del Distrito Federal, si es esta Cámara de Diputados, que se ocupa del ámbito federal, el órgano encargado de emitir un dictamen al respecto.
Debemos también pensar seriamente que es éste el momento adecuado para que el órgano realmente competente para realizar este trabajo lo pueda hacer.
Como diputada del Distrito Federal, señores legisladores, estoy segura de que todos ustedes estarán conscientes como lo estamos en Acción Nacional, de que la Asamblea de Representantes, ese tímido intento democrático que existe en esta ciudad capital, es el organismo que debe analizar cómo y en qué se gasto el dinero que los capitalinos aportamos al gobierno; es el momento en que la Cámara de Diputados se encargue ya exclusivamente del ámbito federal.
Sería ridículo que aquí tuviéramos que analizar las cuentas públicas de cada una de las entidades de la República; claro, bastantes secretos encontraríamos en ella. Pero no es posible que a estas alturas, cuando la ciudadanía del Distrito Federal es de las más maduras, dependa de nosotros para que digamos si las autoridades que el Presidente de la República decidió que gobernaran, gastaron bien o no lo que la misma ciudadanía aportó.
Nosotros sabemos que en el Distrito Federal la votación mayoritaria la tuvo la oposición, por lo cual es injusto que el Presidente de la República que tuvo minoría en el Distrito Federal, y qué él eligió a las autoridades que gobernaran en esta capital, sean ellas las que estén decidiendo cómo se hacen las cosas.
En Acción Nacional estamos seguros de que ya llegó el momento de que no sólo sea la Asamblea de Representantes, sino inclusive el Congreso Local el que pueda ver estos temas, que ya no consideramos deban ser de la competencia de la Cámara Federal.
Ya en la comparecencia del regente, mi partido señaló que si bien por las condiciones específicas de la ciudad de México, es necesario una legislación de excepción, también era necesaria la existencia de autoridades electas por los mismo ciudadanos.
De alguna forma, el mismo dictamen de la Comisión del Distrito Federal no da la razón al señalar en la página cinco, cito:"... a través de las delegaciones se puede fomentar una mayor participación de los grupos ciudadanos que en ocasiones llegan a ser más eficientes que cualquier burocracia para determinados aspectos exactamente lo que ellos nos exigían".
De los datos arrojados por el censo y también señalados en el informe previo, se estima que el 4% de la población económicamente activa estuvo desempleada.
Señores diputados: ¿Ustedes de veras creen que sólo el 4% de la población económicamente activa estuvo desempleada? Si ustedes lo creen, yo creo que los grandes porcentajes de lanzallamas, de vende chicles y de payasos que se encuentran en las esquinas no creen que sólo el 4% haya estado desempleada.
En el dictamen se afirma que en término generales se cumplió. Veamos sólo algunos ejemplos:
En el ámbito de transporte, en 1989, la demanda de transporte público creció en un 4.5% respecto del año anterior. Sin embargo, la transportación de pasajeros en 1989, decreció respecto de 1988, de 3 mil 742 millones en 1988, a 3 mil 180 millones en 1989, o sea 15% menos. Quiere decir que el déficit de transporte colectivo neto en 1989 fue de 19.5%.
Ahora bien el Programa PG de transporte urbano ejerció un gasto total de 21% mayor a lo presupuestado, es decir, se gastaron 282 mil 100 millones arriba de lo presupuestado, que era de 1 billón 354 mil millones, para dar un transporte deficitario en un 15% respecto al año anterior y 30% menor a las metas propuestas.
En el Partido Acción Nacional hemos insistido, y no sólo en el Partido Acción Nacional, sino inclusive en los demás grupos parlamentarios y dentro de la misma comisión, en el creación de organismos con carácter ejecutivo a nivel metropolitano en distintas áreas, pero principalmente en el transporte.
En el estado caótico que reflejó en 1989, principalmente Transportes Eléctricos y Ruta - 100 además de demostrar la crisis y corrupción existentes en estas empresas, propició el crecimiento anárquico de los concesionados.
El licenciado Enrique Jackson, cuando era el encargado del transporte, siempre contestaba cuando se le cuestionaba sobre este tema, diciendo. "Es cierto, pero no depende de mí".
Fue triste ver en este año camionetas y combis en el Distrito Federal y zona conurbada, acondicionada no precisamente para transportar personas.
Este cáncer de la ciudad se extendió por una necesidad primaria pero con consecuencias muy graves en cuanto a seguridad, vialidad y contaminación.
Todos los modos de transporte deben ser coordinados por una misma comisión y esta comisión debe ser necesariamente a nivel metropolitana.
Por otro lado, en un análisis muy elemental del gasto ejercido, se demuestra que algunos programas devengaron hasta un 25% arriba de lo presupuestado y otros, incluso cuatro programas prioritarios, fueron afectados a la baja en 15% y hasta en 42% menor al presupuesto.
En al artículo 14%, sobre las disposiciones de racionalidad, autoridad y disciplina presupuestal del decreto de egresos para 1989, se establece que los programas prioritarios no podrán ser afectados presupuestalmente a la baja, a menos que se hubieran cumplido las metas originalmente propuestas y siempre y cuando las transferencias sean hacia otros programas también denominados como prioritarios.
Sin embargo, en la cuenta pública de 1989 de observó que los siguientes programas prioritarios se afectaron a la baja salud, con un ejercicio menor a lo presupuestado del 13%; vivienda con un ejercicio de 1.5% menor a los presupuestado; drenaje y tratamiento de aguas negras, en un 16% menor a los presupuestado; prevención y control de la contaminación ambiental, en un 42% menor a lo presupuestado
Otro programa que sin ser prioritario no deja de tener gran importancia, es el fomento de la producción forestal que ejerció un presupuesto menor a lo presupuestado del 7.5%
Estos programas pertenecientes al ámbito económico y de bienestar social, de ninguna manera obtuvieron metas, como se reconoce en la misma cuenta. Además de la evidente carencia, en esta capital, en estos rubros; por lo que se violó flagrantemente la ley. Voy a dar algunos ejemplos.
En materia de salud, programa prioritario de bienestar social, tenía un presupuesto aprobado de 170 mil 400 millones. Se ejerció 142 mil 800 millones. Y aquí en la cuenta pública se refleja que hubo en atención, la meta era 2 mil... no, 2 millones 213 mil 500 atenciones y se dejó de cumplir en 13 mil 500 personas.
En el programa de vivienda, que tenía un presupuesto aprobado de 119 mil 300 millones, se ejercieron 117 mil 500, menor en un 1.5%. Nosotros sabemos el grave problema que hay en esta ciudad capital sobre vivienda. Se había, en el presupuesto fijado la meta de construir tres mil viviendas. Y esto que se presupuestó y que se programó se terminaron 646, pero que ya habían sido iniciadas en 1988; no que hubieran empezado a construirse en 1989. Quedaron en proceso 180 y se construyeron 852 provisionales, que no quiere decir precisamente viviendas ya definitivas.
En el ámbito ecológico, el más importante desde cualquier punto de vista para el Distrito Federal, se afectaron sus programas prioritarios.
El drenaje y tratamiento de aguas negras en un 16% menos. En prevención y control de la contaminación ambiental en un 42%. El aprobado eran 27 mil 800 millones y el ejercido fue de 19 mil 600 millones. Aquí no se puede decir de ninguna manera que lo que pasa es que ya se habían cumplido las metas en materia de control y prevención de la contaminación ambiental y sin embargo este programa prioritario se vio afectado a la baja.
En el programa de fomento a la producción forestal se aprobaron 56 mil 552 millones y se ejercieron 52 mil 52 millones; menor en un 7.7%.
Se había proyectado plantar 6 millones 865 mil 800 árboles. Y en ningún renglón, ni de a cuenta pública de del informe se señala en qué grado se cumplió; por lo que podemos presuponer que no se cumplió, porque ningún renglón de la cuenta pública ni del informe se señala este grado de cumplimiento.
Y en otro también que es muy importante, que es la producción de especies forestales. La meta era 750 mil y sólo se produjeron 277 mil, 37% menos de lo programado. ¿Cómo podemos entonces hablar de cumplimiento? ¡Claro, lo que pasa es que la mayor fuente de la información son unos cuestionarios, a través de los cuales la Contaduría Mayor de Hacienda checa la observancia de los preceptos legales del Distrito Federal y de alguna de sus entidades! ¡Ojalá que a todos los causantes y a las pequeñas empresas los auditarán por fax, como auditan a Ruta - 100!
Se señala también, en el informe previo, que en relación con los ingresos obtenidos en exceso del presupuesto aprobado, el Departamento del Distrito Federal no proporcionó ninguna información. Por lo cual carecemos de elementos en relación con el superávit para juzgar la salud financiera del Departamento, porque a lo mejor tuvo más ingresos. Puede ser dos razones: o porque nos endeudamos más allá de lo autorizado, cosa que no es cierto; o porque los impuestos fueron calculados en forma desorbitada.
Entonces tendríamos que ver aquí cómo se calcularon los impuestos del Distrito Federal.
A pesar de todo lo señalado, el dictamen de la comisión dice que el Departamento del Distrito Federal en términos generales cumplió. Es tanto como decir en términos generales no hay pobres o que en términos generales el Banco Nacional Pesquero y Portuario no quebró o que en términos generales el Partido Revolucionario Institucional va bien. En términos generales podemos decir muchas cosas, pero tenemos que decir las realidades y señalar exactamente cuáles son los grados de cumplimiento.
Una vez más los miembros del Partido Acción Nacional señalamos que ya es el momento de que al Distrito Federal se le dé el trato de entidad federativa y no de secretaría de Estado. (Aplausos.)
Que ya basta de hablar de solidaridad con fines electorales, porque la solidaridad no se da por decreto, porque la solidaridad hace que no puedan ser felices unos si no los son lo demás. Por todo esto los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional votaremos en contra. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Enríquez Félix, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Jaime Enríquez Félix: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros: Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta el siguiente voto particular al dictamen elaborado por la Comisión del Distrito Federal de este honorable Congreso de la Unión, sobre la cuenta pública correspondiente a 1989, por las siguientes razones:
La magnitud y complejidad de los servicios públicos que deben brindarse en una zona con esas dimensiones, obliga a mejorar la gestión administrativa y propiciar cambios democráticos que faciliten las tareas del gobierno capitalino, pero sobre todo obliga a cambiar las relaciones cotidianas del gobierno con los ciudadanos, como lo hemos señalado en otros materiales, esto último no sido señalado por las autoridades capitalinas incluyendo la actual, predominando una visión administrativa del Estado.
Esta visión es la que ha propiciando algunos cambios en el uso del suelo que han encarecido ciertas áreas con un resultante desplazamiento a zonas dormitorio, menos caras, perjudicando en especial a aquellos sectores de la población capitalina que cuentan con menores recursos económicos.
Se intenta desincentivar los asentamientos, poblacionales en algunas parte de la ciudad
volviéndose más caros, de tal forma que los pobres encuentran lugar sólo en la periferia de la zona conurbada en donde se carecer de los servicios básicos.
Esta estrategia gubernamental aunada a las de economía de escala generadas por las dimensiones de la ciudad significan un alto costo nacional que amenazan con convertirse en serios obstáculos para cualquier proyecto económico que se piense impulsar, así como para cualquier avance para la transición democrática de la ciudad y el país.
En la aprobación del presupuesto para 1989, y aun cuando la comisión del Distrito Federal reconoció la insuficiencia de los recursos para cubrir algunos programas prioritarios, se hizo caso omiso de la situación, que en algunos casos como el transporte y el agua están inmersos en una crisis muy severa, tal parece que la comisión no actúa en forma congruente con los diagnósticos que presenta, ya que a pesar de reconocer las limitantes presupuestales no dictaminan nada para salvar la situación y lo que es peor ha perdido su condición legislativa para convertirse en un órgano consultivo del gobierno capitalino, que prefiere dar recomendaciones y sugerencias a éste, en vez de asumir sus obligaciones constitucionales.
Esto no es un hecho menor, ya que son prácticamente nulos los contrapesos políticos en el Distrito Federal, y esta situación viene entonces a agravar al conjunto de desbalances económicos existentes.
En el dictamen se dice que una ciudad de estas dimensiones y complejidad exige igualmente de fórmulas administrativas que acerquen a las autoridades y decisiones de gobierno a los ciudadanos, a la vez que le permite al ciudadano tener una mayor participación en las decisiones que le afectan.
A diferencia del dictamen, el Partido de la Revolución Democrática considera que además de coordinación metropolitana y fórmulas administrativas eficientes, se requiere ante todo de voluntad política para resolver las necesidades capitalinas y hacer de la participación ciudadana la expresión cotidiana de la vida democrática. Lo anterior sería más útil que el estar inventando concepciones huecas como la del reconocimiento social del ciudadano.
Se habla, asimismo, en el documento de los esfuerzos y resultados alentadores en materia de seguridad pública y de lo mucho que falta por hacer. Pero cabe recordar que en 1989 fue para la ciudadanía un año de alta inseguridad generada por los propios responsables de vigilar por la seguridad capitalina, que comenzó por nombramientos otorgados a personajes de negra historia y continuó con una serie de acontecimientos vividos durante el año. Como ejemplo, cabe citar los delitos cometidos contra las mujeres en el sur de la ciudad, el hallazgo de diversos lugares destinado a la tortura, que culminó con el cierre de Tlaxcoaque.
Si bien hablan de una purga dentro del pueblo policiaco de la ciudad, no representan un avance real en contra de la impunidad de los crímenes cometidos en el Distrito Federal con relación a 1988, año avalado por esta mismo comisión.
Dentro de las sugerencias y peticiones hechas en el dictamen está la de dividir la administración delegacional del Distrito Federal, con objeto de hacer más eficiente su funcionamiento. Esta propuesta viene a reforzar la visión administrativa del gobierno capitalino alentando la vigencia de las delegaciones, lo cual es contrario al espíritu de reforzamiento de las entidades socio - territoriales que el mismo dictamen dice buscar y que sólo puede ser expresión del municipio libre.
Mucho se ha dicho por la actual administración capitalina de llevar a cabo una reforma fiscal sostenida en dos áreas principales; la regulación de su contabilidad y el fortalecimiento de los rubros tradicionales de recaudación tributaria. Y en efecto, se han dado pasos en tal sentido, pero hay puntos que, a nuestro juicio, aún no han sido considerados como los de participación, impuesto, producto y contribución de mejoras, entre otros.
Por segundo año, los ingresos públicos citadinos superaron a las erogaciones en 6% y a las previsiones originales en 15%, obteniendo ahorros; y de nueva cuenta estos ahorros no se vieron reflejados en apoyos económicos hacia algunos programas prioritarios que por falta de recursos cayeron en un incumplimiento general de sus metas, bajo la creencia de que el Distrito Federal es una ciudad barata y subsidiada, en 1989 los subsidios de la Federación sufrieron una sensible disminución al bajar tres puntos porcentuales, su participación dentro del total de ingresos capitalinos, para representar un 13%. Por su parte, las participaciones en impuestos federales fueron menores a las de un año antes y comparadas con 1983 están 4% abajo en términos reales.
Asimismo, menos participaciones, más ahorros y un gasto más inhibido son en realidad los saldos de las finanzas capitalinas.
Política de ingresos
A pesar de que se asegura que hubo una recaudación superior en 1989, en términos reales ésta fue menor que en 1988 en 3.2%, debido sobre todo a los ingresos obtenidos por el sector de organismos y empresas que fueron 16.3% inferiores.
Los ingresos ordinarios son 2% a lo obtenido un año antes, los ingresos corrientes son 0.2% menores también y los ingresos de capital, que comprenden tanto ingresos propios como subsidios, reflejan una caída de 98.7%.
Lo anterior hace pensar que lo expresado en el documento contiene injustificados tintes triunfalistas, sobre todo si se valora la forma en que se realizó esta recaudación.
Por lo que toca a los ingresos propios, se mantuvo por cuarto año la tendencia real de crecimiento, razón que resultará positiva, si dicho crecimiento no se hubiera sostenido principalmente en el renglón productos, sobre todos si se considera que estamos dentro de un proceso de saneamiento financiero.
De esta forma, mientras que los impuestos, que son el rubro tradicional de recaudación por excelencia, aumentaron realmente 0.8%, los productos lo hicieron en casi 3%.
Como ya se señaló, las participaciones bajaron nuevamente su contribución en el total, respecto a 1988, de 47.3% dentro de la distribución total, a 42.1%.
Debe reconocerse la mejoría de los ingresos propios, tanto en términos reales como en su participación, dentro del total de ingresos consolidados, mostrando los niveles más altos desde 1982, aunque dicha mejoría se deba, como ya se señaló, al rubro de productos. Deben darse pasos fiscales más profundos que permitan que el peso de los ingresos recaigan más en rubros como impuestos y derechos; sobre todo en los impuestos, que son los que aseguran una fuente de ingresos con rendimiento estable, como es el caso del impuesto predial, y que al mismo tiempo son más difíciles de evadir, ya que significaron costos de acomodo en la ciudad.
A la comisión le preocupa que el renglón de contribuciones de mejoras haya sido 15% inferior a los previsto, ya que dice que este rubro puede representar una fuente de ingresos propios estables e independientes y que sin embargo no se ha logrado aún explotar su potencial.
Esto es contrario a nuestra opinión, ya que las contribuciones de mejoras afectan a los sectores más desprotegidos de la ciudad y por lo tanto no son justificables, aun y cuando puedan ser estables e independientes.
Política de egresos
En el documento se habla de prioridades en el gasto, consistentes en alentar presupuestalmente a los programas de seguridad e impartición de justicia, educación, ecología, transporte, vivienda y agua.
Sin embargo, los avances en tales prioridades son sumamente pequeños, si consideramos que en términos reales el conjunto de esos programas tan sólo creció 2.1% frente a 1988 y es que es 36% inferior, respecto a 1982, lo cual deja mucho que desear de una administración que intenta realizar supuestamente cambios a fondo.
Un gobierno con un verdadero compromiso social debería, al menos tratar de acercarse a los niveles existentes hasta antes de la crisis, tan sólo para cubrir el rezago de estos años; sobre todo cuando se han obtenido mejores condiciones financieras por el uso más eficiente de los recursos y por importantes disminuciones en el gasto no programables, que han redituado ahorros en las finanzas capitalinas.
Una respuesta amplia y oportuna a las necesidades crecientes de la población no puede esperar más tiempo sobre todo cuando, el gobierno, señala "el ánimo de derrota se empezaba a apoderar de los propios habitantes de la ciudad". Para una gran mayoría de capitalinos no existe ánimo de derrota, más bien es el gobierno el que, en los hechos, ha sido rebasado por los problemas y por los electores.
En 1989 persistió la tendencia de privilegiar los recursos destinados a la administración, (que tuvo incrementos reales de más del 1%), mientras programas importantes vieron afectados sus recursos respecto a 1988. Recolección y tratamiento de la basura bajó en términos reales 4.6%; vivienda cayó 24%; abasto sufrió una caída de 37% y transporte disminuyó 26%.
Si comprobamos con 1982 estos programas presentan una disminución real considerable:
Fomento forestal de 55%; transporte, 61%; o prevención y control de la contaminación de 73%.
Resulta increíble que tan sólo el renglón administrativo sea superior a programas básico como el del agua potable, drenaje, salud o
educación, en un marco de enormes necesidades de la población urbana más necesitada.
Con estos criterios, muy difícilmente se podrán salvar las injustas desigualdades que en el discurso se ataca. Por su parte, la inversión en el Distrito Federal, en cuanto a obras públicas volvió a sufrir pérdidas importantes, (bajo 12% respecto a lo originalmente aprobado), mientras que el rubro de la inversión financiera creció en 60%.
Con estos criterios es natural esperar un incumplimiento de metas con alto impacto social respecto a las metas originales.
Se transportó por metro a menos pasajeros (2% menos); viajó un 25% menos de pasajeros en trolebús y un 72% menos por tren ligero; se dejó de instalar la totalidad de las lecherías móviles y hubo un incumplimiento en la distribución de pescado del 18%; tampoco se construyeron almacenes y farmacias populares; se atendió un 17% menos de menores desvalidos; en colonias populares hubo un 78% de incumplimiento en la instalación de luminarias de alumbrado público; un incumplimiento total en la construcción de viviendas y adquisiciones de reservas territoriales; un 66% menos en la instalación de aparatos medidores de agua; una recolección de basura 7% inferior a lo aprobado.
Grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática
Salón de sesiones a 29 de noviembre de 1990.
Por todo lo antes señalado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vota en contra de este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En el uso de la palabra el diputado Alberto Bernal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Alberto Bernal González: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el estudio de la Cuenta Pública del Departamento de Distrito Federal, así como el desempeño del gobierno de esta ciudad durante al año anterior, resulta importante porque en ella se señala los principales cambios para la vida metropolitana y se mencionan los propósitos de la administración que inicia.
El dictamen que se nos presenta a discusión y aprobación, corresponde esencialmente a dos cuestiones: la legalidad del ejercicio financiero y el cumplimiento de los objetivos de los programas planteados.
Por ello, es indispensable considerar la magnitud y complejidad de los servicios públicos que deber ser otorgados a esta capital y mejorar la gestión administrativa y buscar cambios que faciliten las tareas del gobierno del Distrito para que se humanice la relación entre el gobernante y gobernados, lo cual no está planteado claramente en el dictamen materia del debate.
La comisión no está facultada para invadir la esfera competencia del Ejecutivo y en el dictamen reitera la propuesta de la propia comisión para crear organismos cuya facultad es solamente del Ejecutivo. Y no es esta comisión a la que le compete examinar la coordinación de servicios, sino el de proponer mediante el dictamen a esta asamblea, la aprobación o desaprobación de presupuesto ejercido por las autoridades del Departamento del Distrito Federal.
Por lo que debemos recalcar que las deseconomías de escala, producto de esta zona metropolitana, significan además de un costo nacional un obstáculo para cualquier proyecto económico que se piensa impulsar, pues el Departamento del Distrito Federal, enfrenta desbalances serios, como los que se aluden en la página tres al tener que brindar servicios a una población mayor a la que reside y tributa en esta capital, como son los servicios de Transporte Eléctrico y Ruta - 100, pues su eficacia ha decrecido hasta hacer crisis, el desabasto y desperdicio de agua, la carencia de servicios accesibles, de vivienda, de empleo, de educación, de seguridad e integridad del ciudadano.
Por tanto, son serios estos problemas, ya que el Distrito Federal realiza erogaciones para atender necesidades de ciudadanos que tributan fuera de su circunscripción y capitalinos que aprovechan infraestructura de la zona conurbada y que tributan aquí.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana tal situación debe considerarse como un problema de la competencia federal, con soluciones del mismo tipo, pues los convenios únicos de coordinación fiscal son insuficientes y sostenemos la imperiosa necesidad de que el Distrito Federal sea convertido en entidad federativa. Este cambio promueve la tendencia hacia un equilibrio al otorgarle al ciudadano la posibilidad de determinar la forma de resolución entre la demanda y el otorgamiento de servicios y la mayor eficiencia a la resolución de sus necesidades.
El dictamen que nos ocupa se refiere esencialmente a un gobierno comprometido socialmente, lo cual no es real, ya que mientras el titular del gobierno sea designado por el Poder Ejecutivo Federal y tenga sólo el compromiso ante el y no ante la sociedad capitalina, no se puede hablar de equidad y eficacia ni de un gobierno comprometido socialmente.
La revisión de la base fiscal en 1989, sólo logró pequeños ajustes soslayando los reales problemas fiscales, que por su trascendencia en la estructura tributaria, no fueron resultados como son las participaciones, productos o la contribución de mejoras.
La estrategia del gesto señalado intenta tener una orientación eminentemente social, al mismo tiempo que pretende hacer a la sociedad corresponsable en la solución de los problemas citadinos, a través de la promoción de una participación activa a los principales aspectos, mismos que hasta la fecha el propio gobierno se ha encargado de limitar y además el monto de los recursos asignados es insuficiente, muy al contrario de lo que aseguran las autoridades capitalinas que el manejo de tales recursos ha sido racionalmente eficiente.
Aun cuando en la cuenta se afirma que en 1989 hubo una recaudación final superior en 15% a la estimación original, para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no sólo existen dudas al respecto, sino que lo anterior visto en términos reales, encontramos que hubo un decremento anual de casi 1%, que si se compara con 1985, al año de mayor recaudación real constituye una diminución del 12%. Lo cual, el triunfalismo del superávit que se anuncia en el documento y se anuncia a los medios de difusión, no es más que populismo disfrazado de demagogia.
Durante cuatro años, los ingresos propios mantuvieron una tendencia real a su crecimiento y si tal crecimiento, se sostuviera en el renglón de productos, se tendría que mientras los impuestos aumentan en 0.8%, los productos lo hicieron en casi 3%, por lo que consideramos que esta tendencia debe frenarse y no revertirse.
Las participaciones en 1989, descendieron respecto de 1988 del 47.3% al 42.1%.
En el documento se festina que se han realizado considerables avances a la base tributaria, pero en realidad existen desigualdades que se hacen indispensables eliminarse a la mayor brevedad. Se reconoce la mejoría de los ingresos consolidados como el nivel más alto desde 1982, para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como ya se asentó, dicho mejoramiento se debe al rubro de productos y nosotros consideramos que se deben dar pasos más firmes para que el peso de los ingresos recaiga más en rubros, como impuesto y derechos, porque éstos, son los que aseguran una fuente de ingresos con el rendimiento estable, como el predial que el más difícil de evadir, ya que significan costos de acomodo en la ciudad.
Consideramos que debe buscarse la eliminación de rubros que generan grandes desigualdades económicas y sociales, como son: el pago de mejoras, cuyo ingreso significativo del 4.4%, pero que contradicen el espíritu de un gobierno comprometido socialmente.
Las prioridades en el gasto supuestamente se aplican a los programas de seguridad, impartición de justicia, educación, ecología, transporte, vivienda y agua. A nuestro juicio estas prioridades no solamente son insuficientes y pequeñas, puesto que en su conjunto estos programas apuntan un crecimiento de un 3% al año anterior y una diferencia del 37% en relación a 1982 y como consecuencia a diario palpamos la ineficacia de tales programas y el gran rezago que a la fecha existe, aunado a la crisis económica, política y social, derivado de los programas de solidaridad y del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se requiere una respuesta amplia y oportuna a las necesidades crecientes de la población, pues para los capitalinos el gobierno ha quedado rezagado y rebasado por los problemas.
La tendencia en 1989 para destinar más recursos a la administración, soslaya programas tan urgentes como el de la recolección de basura, que realmente disminuyó el 3.5%, vivienda en 24%, abasto en 37%, transporte en 26%. Por esto, para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es inconcebible que sólo en el renglón administrativo, sea superior en términos reales a los programas básicos del agua potable, drenaje, salud o educación.
En cuanto a obras públicas, también sufre una recaída, bajó del 12%, mientras que la inversión financiera creció hasta un 60%.
Por tanto, la administración no ha cumplido las metas de impacto social, puesto que se transportaron menos pasajeros por metro, 2% menos, un 25% menos viajaron en trolebús y un 72% en tren ligero. No se instalaron las lecherías móviles y la distribución del pescado se incumplió en un 18%, no se construyeron almacenes y
farmacias populares, se atendió un 17% menos a los menores desválidos, el 78% de colonias populares quedaron sin alumbrado público, un incumplimiento total de vivienda y adquisición de vivienda territorial, un 66% menos en la instalación de aparatos medidores de agua, un 7% menos de recolección de basura, entre otras.
En relación a los problemas ecológicos en ningún momento fueron resueltos, puesto que los gastos enormes en publicidad de un "Día sin auto" y "Cada familia un árbol", no justifica la contaminación de la Ruta - 100, de los transportes del Departamento del Distrito Federal, de las fábricas, de los ruidos, de los baños públicos, en lo que considera el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, la festinada disminución del gasto presupuestado del 38%, constituye el fracaso rotundo del gobierno capitalino.
Por todo lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana emite su voto en lo general y en lo particular en contra.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Alberto Bernal González. - Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 29 de noviembre de 1990.
El Presidente: - En uso de la palabra el diputado Nelsón Madrigal, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Nelson Madrigal Gómez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el examen de la cuenta pública representa la posibilidad de darle seguimiento al ejercicio gubernamental, no sólo en lo que se refiere al destino del presupuesto aprobado por esta Legislatura, sino también en lo referente al cumplimiento de metas y programas, para orientación global del gasto, a las posibilidades que brindan un tipo particular de captación fiscal.
En este sentido, el examen de la cuenta pública impone, como atribución legislativa, las posibilidades de proponer alternativas presupuestales globales así como afinar criterios de revisión y seguimiento del ejercicio gubernamental.
En el proyecto de dictamen que se somete a nuestra consideración, salta a la vista el hecho que la solución de los grandes problemas del Distrito Federal requiere de estrategias de corte metropolitano, de acciones concertadas con los gobiernos estatales que tienen incidencia en el área conurbada de la ciudad de México.
Sólo en esta óptica es posible pensar en opciones visibles para superar rezagos y resolver los problemas de la urbe. No basta enunciar las dificultades existentes sino que deben cuestionarse sobre sus causa profundas y en función de ello delimitar los criterios y propuestas necesarios para avanzar en su solución.
Las acciones encaminadas a buscar soluciones metropolitanas deben reforzarse. Los acuerdos en este rubro son hasta ahora mínimos, y en el proyecto de dictamen se destaca su existencia sólo en programas específicos, tales como la verificación de automotores para la lucha contra la contaminación y la construcción de la línea Metro - Pantitlán - Los Reyes.
Sin embargo, en otras áreas, igualmente problemáticas, los acuerdos metropolitanos resaltan por su inexistencia.
Indudablemente, no se trata de violar las disposiciones soberanas de otras entidades federativas; tampoco se pretende que sea el Departamento del Distrito Federal el que tienda a resolver los problemas globales de la zona metropolitana. Los problemas son amplios y trascienden restricciones de corte territorial y político, y de ahí que sus soluciones se encuentran en acciones conjuntas, coordinaciones intergubernamentales.
Consideramos que las posibilidades para desarrollar estrategias metropolitanas existen. La magnitud y el carácter de los problemas así lo señalan. Sin violar la soberanía de los estados puede avanzarse en su solución, sin necesidad incluso de que el Ejecutivo Federal promueva la creación de coordinaciones metropolitanas.
Hay la suficiente capacidad de las entidades y del Departamento del Distrito Federal para concretar acuerdos, sin que para ello medie la presencia del Ejecutivo Federal.
En materia de transporte, se señala en el dictamen que este rubro fue uno de los que más presupuestos absorbió, sin que ello repercutiera en un mejoramiento sensible del servicio para los habitantes de la zona metropolitana. A nuestro juicio, deben especificarse las razones por las cuales el transporte, particularmente el sistema Ruta - 100 y el transporte eléctrico, han entrado en crisis.
No compartimos el optimismo respecto de las acciones tomadas a lo largo del presente año para solventar este problema; el saldo ahora nos indica ineficiencia en el sistema de transporte. Muestra de ello, es que el parque vehicular de
Ruta - 100 y del servicio de transporte eléctrico funciona a menos del 50% de su capacidad y en condiciones deplorables.
En el dictamen se señala un crecimiento acelerado de la población en la zona metropolitana. Evidentemente ello repercute en la cobertura de servicio y en la calidad de los mismos.
Rezago e ineficiencia conforman el binomio que caracteriza la respuesta del Departamento del Distrito Federal ante el acelerado incremento poblacional.
No se trata de salvar la ausencia de estrategias con el señalamiento de que existe un relativo equilibrio inestable de la población del Distrito Federal, y un crecimiento acelerado de la misma en la zona conurbada.
En el fondo, el problema compete igualmente al gobierno capitalino, pues la actividad económica se desarrolla en la capital del país, y ello implica un crecimiento en la atención a esa población flotante.
Signo alentador es el hecho de que se pretende incrementar el presupuesto para hacer frente al problema de la tenencia de la tierra y reestructuración de servicios; sin embargo, en lo que hoy nos ocupa en la cuanta pública de 1989 son evidentes las fallas en la atención y los servicios a la población, situación que a nuestro juicio el dictamen no especifica.
No nos parece exagerado el énfasis que debe hacerse en modificar las actitudes de la población para hacer frente a los problemas de la ciudad. A nuestro parecer, algunos de los problemas han tendido a controlarse en virtud de la participación activa de los habitantes de la ciudad de México.
Desde 1985 es indudable que hay una nueva cultura urbana que privilegia la participación cotidiana a la búsqueda de soluciones a grandes problemas; muestra de ello es el programa "Hoy no circula", e incluso el seguimiento al reglamento de fumadores. Sin embargo, esa vitalidad y civilismo de la sociedad capitalina no ha recibido el apoyo suficiente y el estímulo necesario por parte del gobierno.
Nosotros consideramos que, paralelo al fortalecimiento de la nueva cultura ciudadana, debe de exigirse una actitud más positiva y cooperante de parte de las autoridades capitalinas en todos sus niveles. De no erradicarse esas trabas, la extraordinaria vitalidad de los habitantes de la ciudad de México se diluirá en el muro de indiferencia de la pasividad administrativa y gubernamental.
Nos preocupa el continuo señalamiento de que en términos de ejercicio presupuestal, los resultados de la revisión de la Cuenta del Departamento del Distrito Federal son positivos. Tal parece que quisieran convencer de la eficiencia y racionalidad de las medidas de contracción del gasto social y de redefinición de las prioridades de la administración del Distrito Federal.
Sin embargo, si revisamos detalladamente las cifras, resulta que parte del balance positivo en lo contable, deviene del incumplimiento de programas y metas de inversión establecidos para 1989. Destacan entre las insuficiencias programáticas, los renglones de modernización del transporte, vivienda, salud, drenaje y tratamiento de aguas negras y el Programa de Prevención y Control de la Contaminación.
Fuera por ahorros forzosos, problemas técnicos o por variables diversas, el hecho es que el ajuste de la cuenta pública en los términos legales señalados por esta soberanía, tuvo un efecto inverso en la procuración de mejores servicios y satisfacción de necesidades de la población de la capital.
Ante esto, nosotros quisiéramos proponer que en el dictamen se incluyan o amplíen las explicaciones respecto a las insuficiencias programaticas y se promueva una investigación de la Contaduría Mayor de Hacienda, sobre el uso o destino que tuvieron los fondos no utilizados en los programas incumplidos.
Encontramos en el dictamen a discusión muestras significativas del proceso restrictivo en el gasto social. Se señalan insuficiencias, pero no se cuestionan las mismas. A juicio nuestro, deben explicarse los rubros que requieren de una investigación más intensa para ubicar las fallas tanto presupuestales como de operación y avanzar en su solución.
En el dictamen a discusión, no encontramos ningún señalamiento preciso en ese sentido.
En cuanto a los programas delegacionales, coincidimos en que la solución de la diversidad de problemas debe abordarse desde la dinámica particular de la población que los padece.
Sin embargo, no se trata de crear redes genéricas de asistencialismo o de coyuntura; se trata, creemos, de crear instancia permanente de trabajo delegacional que efectivamente resuelve los problemas de los habitantes de zonas determinadas.
La propuesta de que las tributaciones locales sean invertidas en obras delegacionales, implica avanzar en la definición de una estructura administrativa de corte municipal; experiencia interesante que es deseable recuperar si queremos concretar cuestiones como la descentralización y un mayor acercamiento de los espacios de tomas de decisiones a la población.
Coincidimos que la atención a los jóvenes debe ser una prioridad en los programas del Departamento del Distrito Federal y sus delegaciones.
Sin embargo, notamos que la asistencia a la juventud es muy deficiente y el problema surge desde el objetivo que se traza para otorgarla. La asistencia a la juventud es, ante todo, una cuestión de bienestar social y no como se plantea en el dictamen, de seguridad pública.
La connotación otorgada a la asistencia en términos de seguridad pública ha dado lugar a una escalada de abusos de parte de los cuerpos de seguridad, sobre las respuestas recurrentes de las autoridades frente a las demandas generadas por la juventud.
Una política específicamente juvenil debe privilegiar los espacios de expresión antes que los de represión; debe coadyuvar a un sano desarrollo de los jóvenes, de sus capacidades y potencialidades. ¡Nunca aceptaremos la presencia de la violencia como mecanismo para encauzar la creatividad de la juventud!
En materia de seguridad pública, el dictamen hace referencia a la baja en los principales índices de delincuencia durante 1989 y en la depuración de los cuerpos de seguridad metropolitanos. Sin embargo, es necesario remarcar que si bien es cierto que hubo disminución de asaltos bancarios y a casas - habitación, también lo es que hay un incremento en las violaciones a los derechos humanos y garantías individuales de los habitantes de la ciudad. En muchos casos, son pretexto de la lucha contra el narcotráfico, los cuerpos policiacos cometen abusos contra la población.
La depuración de las instituciones de seguridad deben ser una tarea permanente y una de las prioridades en programas del gobierno capitalino.
Destaca el hecho de que en el rubro de seguridad pública se haya dado un incumplimiento en la meta de incorporar al servicio activo, 6 mil elementos. Paralelo a ello, el programa de seguridad pública, registra un incremento del 14% en el ejercicio programático, respecto a lo originalmente presupuestado. El gasto superior a lo programado no tuvo traducción en una disminución sensible de la delincuencia. Más aún, la ciudad de México, registró, a lo largo de 1989, un crecimiento importante en delitos que incorporaban lesiones y violencia directa sobre los ciudadanos.
Curiosamente gran parte de estos actos ilegales fueron cometidos por miembros de los cuerpos de seguridad del Departamento del Distrito Federal.
La tan ansiada depuración no fue definitivamente, en 1989, una de las metas alcanzadas en términos operacionales y contables.
Es preocupante que en el dictamen se signifiquen sin mayor análisis las faltas en la operación de Industrial de Abasto. A nuestro juicio, la situación de esta empresa habla del escaso interés que se presta ala cuestión del abasto comercialización en la ciudad de México.
¡Cómo es posible que ante la alarma que señala el sistema de abasto, no haya medidas correctivas para frenar las insuficiencias! El dictamen nos plantea que Industrial de Abastos, participó sólo en el 14% del mercado de carnes y con un éxito relativo, pues el subsidio no llegó a la población, a quien originalmente estaba destinado.
Ante esta problemática, consideramos que debe señalarse explícitamente en el proyecto de decreto la necesidad de que la Contaduría Mayor de Hacienda de esta honorable Legislatura realice una investigación amplia sobre la situación de Industrial de Abastos y su viabilidad en el mediano plazo.
La participación de los programas asistenciales y de servicios a la población dentro del presupuesto en 1989, fue mínima. Este hecho evidencia el poco interés que la atención y satisfacción de las necesidades sociales tienen para el proyecto global de recuperación económica que sustenta la presente administración federal.
Si no hay un aumento importante en el presupuesto destinado al gasto social, los problemas que en 1989 eran señalados como graves, antes que atenuarse pueden crecer hasta tornarse incontrolables. Hay que conciliar la recuperación económica con el paulatino incremento en los niveles de gasto dirigidos al sector social.
Finalmente, si bien es cierto que en términos contables la Cuenta de la Hacienda Pública del Distrito Federal operó en los límites marcados por esta soberanía, e incluso en algunos casos tuvo saldos positivos, bien es incuestionable que una parte significa de los programas orientados a mejorar los niveles de bienestar de la población fueron insuficientes.
¡La fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional considera que 1989 fue un año período de materia de gasto social y que esta Legislatura debe, en el análisis de la cuenta pública de 1989, tomar en consideración esta situación y significar esas diferencias!
¡Con estas críticas al proyecto de dictamen de la Cuenta Pública del Distrito Federal para 1989!, votaremos a favor. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rubén Venadero... ¿no se encuentra?... Tiene la palabra el diputado Carlos Vega Memije, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Carlos Vega Memije: - Señor Presidente; honorable asamblea: No ocupa en esta ocasión la revisión de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal. En virtud de que hemos escuchado aquí a los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra, a hacer fundamentalmente referencia a lo que la Comisión Legislativa del Distrito Federal presenta como proyecto ante esta asamblea, para determinar si se revisó o no la Cuenta Pública del Distrito Federal, quiero, con el permiso de ustedes, antes de tocar algunos puntos a que hicieron referencia los señores diputados, que como dije, hicieron uso antes que yo de la palabra.
La Constitución, en el artículo 74, en su fracción IV, otorga la facultad exclusiva a esta Cámara para hacer esa revisión, y señala que nosotros debemos observar cómo estuvo la situación financiera, conocerla; cuáles fueron las leyes de la materia que deban cumplirse y cuáles fueron los objetivos, las metas, de los programas y si éstos se atendieron.
¿Cómo lo hacemos? Para esto hay un ordenamiento y la propia Constitución señala que el órgano técnico que ayudará a los diputados es la Contaduría Mayor de Hacienda, ésta estará auxiliando a la Comisión de Vigilancia.
Esta investigación o este análisis la Contaduría Mayor de Hacienda tampoco lo podrá realizar para todos los organismo o todas las dependencias del Departamento del Distrito Federal porque ahorita estamos hablando exclusivamente del Distrito Federal, pero hace un momento ya lo hacíamos de la administración federal. ¿Qué sería tan enorme para poder atender a todos al mismo tiempo? No. Esta investigación o estos análisis los hace por una parte a través de cuestionamientos, a través de auditorías.
En estos cuestionamientos y estas respuestas que tienen que otorgar cada una de las unidades, cada una de las entidades, cada una de las dependencias, esta Contaduría Mayor observa en donde no tiene una información completa, en donde existen dudas o en donde no hay una respuesta o en donde falta la congruencia, y entonces se realizan esas auditorías y esas investigaciones.
Y de ahí ellos están en condiciones, como señala la ley, en el año siguiente, en los primeros 10 días de junio, de presentar la Cuenta Pública del Ejecutivo a esta Contaduría Mayor.
Y la Contaduría Mayor dentro de los primeros 10 días de noviembre del año que sigue, deberá presentar un informe previo, un informe genérico de cuál fue este análisis, de cuál fue esa revisión.
Nosotros en la Comisión Legislativa del Distrito Federal, todos los integrantes recibimos esa cuenta pública y también dentro del término de ley conocimos ese informe previo.
Con estos avances y con los recorridos que los miembros de la comisión realizamos en campo sobre estas actividades que realiza el Departamento del Distrito Federal y sus dependencias, pudimos estar en condiciones de presentar a ustedes este proyecto de dictamen.
Señalado lo anterior, comentaremos brevemente que se nos ha expresado aquí que esta cuenta pública aparentemente con un orden, y se cuestionan si también en el gasto público habría ese orden, pero además se refiere que si es esta Cámara la que está facultada para poder hacer la revisión de la cuenta pública.
Como legisladores, y toco este punto aunque no sea específicamente o tenga qué ver con la revisión que nos ocupa, tenemos que estar conscientes, primero que el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política, está vigente, y que es una facultad en este momento, de esta Cámara, de poder, no de poder, tiene poder, o de deber inspeccionar las acciones del Departamento, que puedan tenerse otras ideas, que pueda quererse que otras instancias, que otros organismos atienda esto. Estamos todos en nuestro libre derecho; pero actualmente, conforme a nuestra Constitución, es esta Cámara la facultada legalmente para hacer esta revisión, para hacer este análisis.
Se señalo más adelante que en el punto cinco o en la página cinco del dictamen tenía una expresión de que la comisión proponía acercar a las autoridades delegacionales cada vez más a los habitantes del Distrito Federal y que ya en algunas ocasiones el que expresó esto, había referido que esto solamente puede realizarse a través de
elecciones directas en el Distrito Federal y que no era esto posible por tratarse de una entidad, por tratarse de una entidad sui generis, con un tratamiento que también debe ser especial.
Y efectivamente, si se lee el proyecto de dictamen eso es lo que estamos proponiendo a esta asamblea, es precisamente una serie de mecanismos, una serie de organismo que vayan en tanto no nos podemos poner de acuerdo, porque existe un grupo en donde refiere debe haber elecciones en el Distrito Federal, pero por el otro está otra fracción parlamentaria todavía y en este momento mayoritaria en esta Cámara que piensa de manera contraria, pero no por ello se queda detenido al decir: no, no hay elecciones en el Distrito Federal y entonces no debemos o no podemos atender los problemas.
No, en el dictamen, en el proyecto de dictamen sometido a la consideración de ustedes se está señalando, se están proponiendo como se refería aquí por ejemplo: el establecimiento de una coordinación metropolitana del transporte y si vemos la Ley Orgánica del Departamento, ya existe una secretaría metropolitana.
Se está proponiendo también el establecimiento de una coordinación metropolitana por lo que respecta al problema del agua y lo comentamos al estar discutiendo este dictamen el día 26, en el seno de las comisiones: que todo dependía también de los señores diputados miembros de esta comisión, que podíamos ir más allá, que también seguramente habría que pensarle si puede esto funcionar en materia de seguridad pública, en materia de educación, para que no exista los problemas que se dan entre la dependencia correspondiente y el propio Departamento en materia de vivienda, en fin, en las demás materias en las cuales efectivamente hay una mayor relación entre las 16 delegaciones, entre 17 municipios conurbados y además entre las 40 otras comunidades del estado de México, que tienen una íntima relación con el Distrito Federal.
Lo que pretendemos nosotros es no quedarnos detenidos en tanto no resolvemos o no determinamos lo que por una parte presenta una oposición y lo que sostiene el Partido Revolucionario Institucional, por eso en el contenido del dictamen ésa es una propuesta más de esta comisión continuar avanzando, pero no detenernos.
Se refirió aquí a que la población económicamente activa del Distrito Federal es el 4%; la verdad es que de acuerdo como vimos o los que hemos visto esto en el censo correspondiente. Se refirió también aquí la compañera que me antecedió en el uso de la palabra, que el transporte es uno de los renglones en los cuales existe un grave problema en el Distrito Federal.
Efectivamente, compañeros, acá y como este tema fue tocado por la mayoría de los oradores que ya hicieron uso de la palabra, efectivamente, no sólo este tema del transporte, fundamentalmente con los otros modos de trasladar a las personas en el Distrito Federal.
El servicio de Ruta - 100 y el de transporte eléctrico, si ustedes observan este proyecto de decreto sometido a su consideración, verán que efectivamente el criterio de la comisión es éste. Hubo ineficiencia, hubo una actividad muy por abajo de lo programado; hay algunas razones, se nos señala ahí que porque se requería, por ejemplo para la Ruta - 100, hacer una licitación internacional y que en estos casos se requiere de más tiempo, de cuatro meses, para poder probar que efectivamente pueda esto funcionar y que en base a ello no fue posible comprar ni repartir todos los autobuses que se deseaban; que hubo la necesidad de retirar al inicio del año un número muy alto, casi el 50% de los autobuses, para darles ese mantenimiento por no poder circular.
Por todas estas razones que se pueden entender, pero la realidad es que la ciudad tuvo un deficiente servicio de Ruta - 100 y de transporte eléctrico, lo señalamos también en el dictamen, como todos los compañeros lo vinieron a leer aquí de este documento.
También hubo una referencia reiterada de que en materia de abasto tuvimos el problema que no se establecieron las lecherías que se habían señalado, que no se dio mantenimiento a los mercados, que faltó pescado. Efectivamente, también lo estamos expresando en el dictamen, si ustedes observan que son dos o tres o cuatro organismos en los que estamos señalando, que conocemos las razones, que habían que atender en un momento dado 37 mercados y que se atendieron 25 y que faltaron 12 por atender, que se da la razón ahí de por qué no se pudo atender a que se debieron establecer 10 lecherías y que sólo se establecieron siete y que se señala que no hubo los terrenos adecuados y ubicados en los lugares en donde efectivamente se requería por estar ahí ubicadas las personas de recursos económicos más necesitados, también vemos y observamos esas argumentaciones, pero la cuestión es que no se cumplió y que existió también ahí una serie de faltantes, una serie de deficiencias, también lo estamos expresando en el dictamen.
Pero en base a esas expresiones que aquí escuchamos y que están recogidas en el dictamen,
porque esa fue la intención de la comisión, aquí en esta comisión trabajamos, como lo saben bien los integrantes de la misma, con un programa, con un calendario para todo el año y de antemano sabemos los lugares que vamos a visitar, porque cada una de las fracciones parlamentarias ha señalado los puntos que les interesa y por consenso determinado a dónde vamos.
Se entregó así con toda la antelación la cuenta pública, el informe previo y se discutió este dictamen, por eso, al estar trabajando así y poder observar que son señalados los rubros en los cuales efectivamente hubo deficiencias, en los cuales efectivamente hubo problemas, son los que ustedes ya escucharon y que fueron leídos porque así viene señalado y expresado en el dictamen.
Alguien más tocó por aquí el de seguridad pública. Yo quiero recordar también que en la exposición que se nos hizo y que ahí están los datos reflejados con 1988, y en 1988 hubo un..., por ejemplo, 60 asaltos, que no se dice aquí; en 1989 hubo 11 y hubo en 1988 un número aproximado de 60 y tantos mil autos robados; en 1989 hubo 40 y tantos mil, es decir, si vamos analizando cada uno de estos rubros veremos que hubo efectivamente una baja en el índice de criminalidad, que no quiere esto decir que estamos nosotros expresando que no hay inseguridad o que no hay delitos en la ciudad de México, de ninguna manera, pero debemos reconocer los avances que se han presentado y también señalar las deficiencias o las metas que aún no se han alcanzado.
Se habló aquí que parecía eufórico o festivo que se hablara por segunda ocasión de un ejercicio fiscal del Departamento del Distrito Federal por segunda ocasión superavitario. Yo creo que si todos escuchamos y lo vivimos que en este 1989, primer año de esta administración y pretendieron hacer un saneamiento a las finanzas y que fue muy publicitado y en donde se nos señalaba que iba a haber una simplificación administrativa y donde se nos decía que se iba a tratar de ampliar la base de los contribuyentes, que se iba a tratar de que fueran éstos mayores, ¿para qué?, para que precisamente con ello se tratara de tener una serie de tarifas de derechos, de impuestos fijos, para aquellos habitantes de menores ingresos y en cambio, al obtener por esa base gravable mayor, al haber mayores causantes, al obtener un mayor ingreso, se trataría de hacer también una mejor redistribución de estos ingresos, es decir, un ejercicio de gasto presupuestal más sano, más auténtico, más austero y si éste se llevó a cabo así, ¿por qué no reconocerlo? Se ha dicho aquí y se comentó, aunque no se tocó el punto fundamental.
Se hizo mención de que, efectivamente, si en términos gruesos tuvo ingresos el Departamento en 1989 de 6.6 billones de pesos y tuvo un gasto de 5.9 billones y si hubo un superávit de 413 mil millones de pesos, se dice que porque fue subsidiado o porque fueron participaciones, habría que aclarar primero, como se hizo una somera referencia aquí, efectivamente hubo participaciones pero que como todos sabemos, a través de ese sistema nacional del convenio fiscal, en el cual la Federación otorga a las entidades parte de esos impuestos a que tienen derecho cada una de ellas.
El Departamento del Distrito Federal obtuvo en 1988 por este rubro recibió 66%, ahora decreció a 55% y si el subsidio antes estuvo en aproximadamente un 55%, hoy también obtiene una reducción; si en 1988 se redujo a un 16% de 29% que tenía en 1987, a 1988 pasó a un 16% y a 1989 pasa a un 13%; ahí es a donde habría que tener, como lo dijimos en la comisión, cuidado, para ver hasta dónde está esa equidad fiscal en relación al Distrito Federal, porque si aquí se ha venido, de alguna manera, haciendo un gasto muy eficiente, habrá que estar de acuerdo y apoyarlo para que así siga realizándose, es decir, con un ingreso en el cual estuvo arriba, es cierto, de lo previsto y con un egreso que en algunos rubros fue de 100% y que fue el mayor número de ellos, pero que no se comentó aquí, sino solamente se hace referencia a esos cuatro o cinco puntos, que los hay, pero que no se dice tampoco el cumplimiento de todas esas metas que se obtuvieron.
Yo quiero por ello, compañeros, comentar e insistir a ustedes que la facultad que tenemos por parte de la Constitución y además como obligación de nosotros, es simplemente hacer esta revisión y este análisis. El que nosotros aprobemos ahora este dictamen no quiere decir que está ya debidamente aprobado y sin revisión ulterior, la cuenta de 1989.
Decía hace un momento que la Contaduría Mayor nos rendía, en los primeros 10 días de noviembre un informe previo, que es por propia naturaleza general, pero que al año siguiente tendrá que dar a conocer el informe de resultados, a donde habrá ya de haber realizado las auditorías, las inspecciones los análisis, los estudios, que de acuerdo con los cuestionarios que envió, las informaciones que tiene y lo que nosotros le comentamos, podrá y tendrá que aseverarlo y que observarlo.
Decía aquí un compañero diputado que este dictamen debiera señalar en el mismo que se revise, que se investigue y que se inspeccione a la Coordinación General de Abasto; yo le digo al compañero que revise los últimos dos o tres
párrafos del dictamen y verá como es una recomendación de esta comisión, en donde señala a la Contaduría Mayor de Hacienda que haga esa revisión, que haga esa inspección, que audite y por eso los puntos de acuerdo que más adelante comentaré, se concluyen en este sentido.
Una vez que observamos y que hicimos conocimiento de la función o de la gestión financiera en la comisión, pasamos a observar también si se cumplió con las disposiciones legales aplicables y también observamos en primer término que se atendió a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se estuvo de acuerdo con la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, que se adecuó a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, así como a su reglamento; que estuvo atenta también a lo que determina la Ley de Deuda Pública, a lo que prescribe la Ley de Obras Públicas, a lo que señala por supuesto el decreto de Presupuesto del Departamento del Distrito Federal y antes a su Ley de Ingresos, lo que señala el reglamento y la Ley Orgánica de esta Cámara y por supuesto la propia Constitución, es decir, otro de los supuestos que nos señala la Constitución está también debidamente cumplido.
En términos generales simplemente la última referencia que nos hace la Constitución que debemos observar es el cumplimiento de los objetivos y es el cumplimiento de las metas, de los programas y de los subprogramas. Yo creo que para nadie hay duda aquí, sobre todo para los compañeros de la Comisión del Distrito Federal, los programas que estuvieron en 1988, estuvieron también en 1989, fueron 21 programas, nada más que ahora se clasificaron en cuatro ámbitos y en esos cuatro ámbitos se pusieron a nueve que son los prioritarios, de esos nueve hubo y yo creo que nadie dura de la atención y del cumplimiento de sus metas, por ejemplo en el transporte colectivo Metro, nadie duda de los efectos que se tuvieron en el aspecto ecológico, no estoy diciendo que están solucionados los problemas, estoy haciendo referencia simplemente a los programas que se llevaron a cabo.
No es gratuito que en las Naciones Unidas reunidos más de 50 países otorguen al Distrito Federal un reconocimiento por el liderazgo que lleva en la lucha en contra de la contaminación. Insisto, se está viendo aquí el programa que se tiene, el "Hoy no circula"; el cambiar el combustóleo por gas natural; el introducir agua oxigenada; el verificar más de 2.3 millones de vehículos; en fin, así podría seguir hablando de cada uno de los programas que se han cumplido en sus principales metas, como está seguridad pública, como está, ya mencionaba, ecología.
Yo quiero hacerle presente a la asamblea que antes hicieron uso de la palabra cuatro o cinco oradores y que tuvo cada uno de ellos media hora y que estamos por la comisión pretendiendo hacer un comentario, no una respuesta, porque francamente no señalaron cuestiones contrarias al dictamen, sino se apoyaron en él para hacer algunas referencias de las anomalías o de las deficiencias que nosotros mismos veíamos en él y que por eso ahora pretendo simplemente hacer un señalamiento de todas aquellas metas cumplidas.
Por eso, en términos generales diré que también así hubo metas cumplidas en el aspecto, decía, no sólo de transporte, en cuanto al transporte colectivo Metro, no así en Ruta - 100 y no así en transporte eléctrico y en tren ligero, pero sí en ecología; no así en abastos, que se encarga además de los almacenes para los trabajadores de la cuestión de los mercados, pero lo hubo en agua y drenaje, lo hubo en vivienda, lo hubo en el mantenimiento a las escuelas públicas, lo hubo en la lucha contra la contaminación.
En fin, compañeros, fue el mayor número de estos 21 programas que fueron totalmente atendidos, por eso solicito a ustedes, que de acuerdo con la facultad constitucional que nos da el artículo 74, veamos que en esta comisión sí se revisó, se analizó y se determinó si se había cumplido y se conoció, una gestión financiera de la Cuenta Pública del Departamento del Distrito Federal.
Se observaron las leyes aplicables y se cumplió con las metas y con los objetivos de esos programas y subprogramas, por eso se pide a ustedes que aprueben este dictamen en el sentido de que está revisada esta cuenta pública y que se ordena a la Contaduría Mayor que siga analizando, fiscalizando, auditando, para que si encuentra alguna deficiencia, alguna anomalía, proceda como en derecho corresponde, con la sanción ya sea penal o administrativa que corresponda.
Por eso solicitamos a ustedes, a nombre de la Comisión Legislativa del Distrito Federal, aprobar el dictamen que ha sido sometido a su consideración Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rubén Venadero Valenzuela.
El diputado Rubén Venadero Valenzuela (desde su curul): - Señor Presidente, muchas gracias, pero en esta ocasión no voy a hablar.
El Presidente: - Consulte a la secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
El secretario Diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido el dictamen.
El Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo rosas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 261 votos en pro y 60 en contra; 261 votos en pro y 60 en contra, diputado Pablo Gómez.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - ¿No tuviera la gentileza de pedir a la secretaría certifique o cheque su conteo? toda vez que un grupo de diputados tomamos el conteo de los votos a favor y son 239, a nuestro juicio.
El Presidente: - Compruebe la secretaría sus votos en la medida de lo posible. Por supuesto que partimos de la base de que ahí están secretarios de otros partidos también viendo la votación y hay listas ahí que usted puede, diputado... Continuamos con el trámite, en tanto, si usted desea ver las listas, están a su disposición, diputado.
Aprobado en lo general y en lo particular el dictamen en sus términos, por 261 votos. (Aplausos.)
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ELECCIÓN DE MESA DIRECTIVA
El Presidente: - Prosiga la secretaría.
El diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder...
El Presidente: - Perdone la secretaría, ¿dio ya el turno para pasar al Ejecutivo para los efectos constitucionales?... Gracias. Adelante con la elección.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - De conformidad con el artículo 30 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se va a proceder a la elección de Presidente y vicepresidentes para el mes de diciembre.
Señores diputados, por favor pasen a depositar su cédula conforme se mencione su nombre.
El Presidente: - Se ruega el mayor orden y que los señores diputados pasen a depositar su cédula cuando sean llamados por la secretaría, no antes.
(Votación.)
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - La secretaría informa los resultados del escrutinio:
Aparece una cédula por Juan José Medrano para Presidente; vicepresidentes: Demetrio Sodi de la Tijera, Carlos Bracho, Napoleón Cantú, Eleazar Cobos y Amalia García.
Una cédula como Presidente, Fernando Córdoba Lobo; vicepresidentes: Jaime Rodríguez Inurrigarro, Armando López, Alberto Bernal y José Nelson Madrigal.
Una cédula proponiendo como Presidente a Pablo Gómez; como vicepresidentes: Ignacio Castillo Mena, Artemio Iglesias, Rafael Aguilar Talamantes, Manuel Marcué Pardiñas y Miguel Aroche Parra.
Aparecen cinco abstenciones.
Aparecen 12 cédulas donde se propone como Presidente a Leopoldo Salinas Gaytán; Juan José Medrano Castillo, Demetrio Sodi de la Tijera, Amalia García, Juan Jaime Hernández e Israel Galán Baños.
Tenemos 32 cédulas que proponen como Presidente a César Coll Carabias; como vicepresidentes: Demetrio Sodi, Amalia García, Guadalupe Rodríguez, Vicente Coca Alvarez e Israel Galán Baños.
Y 246 votos proponiendo como Presidente a Fernando Córdoba Lobo; como vicepresidentes:
Jaime Rodríguez Inurrigarro, Armando López Nogales, César Coll Carabias, Alberto Bernal González y José Nelson Madrigal Gómez.
El Presidente: - Esta Presidencia declara que han sido electos para integrar la mesa directiva para el mes de diciembre los siguientes diputados: Presidente, Fernando Córdoba Lobo; vicepresidentes: Jaime Rodríguez Inurrigarro, Armando López Nogales, César Coll Carabias, Alberto Bernal González y José Nelson Madrigal Gómez.
Al término de este agotador mes de noviembre, quiero agradecer especialmente su cooperación y su valioso apoyo a los vicepresidentes, diputado Ricardo Monreal Ávila, Claudia Esqueda Llanes, Miguel Hernández. Labastida, Carlos Navarrete Ruíz y Marco Antonio Castellanos López y a los secretarios y prosecretarios, Juan Manuel Verdugo Rosas, Juan Ugarte Cortés, Gerardo Arellano Aguilar, Gregorio Urías Germán, Jorge Schiaffino Isunza, Sofía Valencia Abundis, Armando Pascual Herrera Guzmán y José Francisco Melo Torres, toda su colaboración y el empeño que pusieron durante este mes de noviembre, y a todos ustedes, compañeras y compañeros diputados, también agradecer su apoyo, su confianza y su receptividad y comprensión por las fallas y errores cometidos.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del día
4 de diciembre de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comunicaciones.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva para el mes de diciembre.
De conformidad con el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, la secretaría presenta el informe que manifiesta el número de expedientes tramitados en el mes de noviembre del primer período ordinario de sesiones del tercer año.
Iniciativas de ley
De varios diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de decreto que reforma y adiciona los artículos 34, 35 y 43, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 21.45 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 4 de diciembre a las 10.00 horas.
Edición a cargo de la Dirección del Diario de los Debates con colaboración de Taquigrafía Parlamentaria
IMPRESO EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS