Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19901219 - Número de Diario 20
(L54A3P1oN020F19901219.xml)Núm. Diario:20ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Fernando Córdoba Lobo
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO III México, D, F., miércoles 19 de diciembre de 1990 No. 20
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
APERTURA
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Para hacer algunas aclaraciones intervienen los diputados Ismael Yáñez Centeno e Hiram Escudero Alvarez. Se aprueba
INICIATIVAS DE LEY
LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
Presentada por el diputado Eduardo Arias Aparicio. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
PROPOSICIONES
SISTEMA BANCARIO ESTADOUNIDENSE
Toma la palabra el diputado Manuel Estévez Neninnger para presentar punto de acuerdo sobre la insolvencia de los bancos estadounidenses. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Pública y a la de Programación, Presupuesto y cuenta Pública
PRODUCCIÓN DEL HULE
Interviene el diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw sobre la situación de los campesinos huleros del Estado de Veracruz. Se turnan a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, de Comercio, de Energéticos y de Información, Gestoría y Quejas
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública con proyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 1991
Debaten los diputados:
Eric Rubio Barthell, por la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública
Rafael Melgoza Radillo
Teresa Ortuño Gurza
Humberto Esqueda Negrete
Armando Ibarra Garza
Tomás Pedroza Esparza
Pablo Gómez Alvarez
Alberto Amador Leal
ARTICULO 2o.
Para su discusión intervienen los diputados:
Israel Galán Baños
Eduardo Arias Aparicio
Francisco Melo Torres
Javier Culebro Siles
ARTICULO 3o.
Intervienen los diputados:
Astolfo Vicencio Tovar
Federico Ruíz López
Carmen Mercado Téllez
María Elena Martínez Carranza
ARTICULO 6o.
Debaten los diputados:
Marco Antonio Castellanos López
Luis Muñoz Mosqueda.
ARTICULO 7o.
Toman la palabra los diputados:
Erasmo López Villareal.
Miguel Quiroz Pérez
ARTICULO 12o.
Expresan sus puntos de vista los diputados:
Pablo Gómez Alvarez
Alfonso Neri Ávila
Pablo Gómez Alvarez, para rectificar hechos
ARTICULO 13o.
Toman la palabra los diputados:
Jesús Rojo Gutiérrez
Ciro Mayén Mayén
Alfredo Pliego Aldana
Juan Guerra Ochoa
Juan Moreno Sada
ARTICULO 14o.
Debaten los diputados:
Juan García Villa
Ciro Mayén Mayén
Raúl Bolaños Cacho Guzmán
Pablo Gómez Alvarez para rectificar hechos
ARTICULO 31o.
Toman la palabra los diputados:
Modestos Cárdenas García
Francisco Santillán Oceguera
ARTICULO 39o.
Para la discusión de este artículo intervienen los diputados:
José Marín Rebollo
Rafael Melgoza Radillo
Se aprueban los artículos reservados
Votación de propuestas presentadas
Intervención de la diputada Manuela Sánchez López sobre el mismo decreto. Presenta propuesta. Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos
En relación a lo expresado por la diputada Sánchez López, intervienen los diputados:
Rafael Núñez Pellegrín
Alfredo Pliego Aldana, para rectificar hechos
PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL DEPARTAMENTO
DEL DISTRITO FEDERAL
De la Comisión del Departamento del Distrito Federal con Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio fiscal de 1991
Para discusión en lo general intervienen los diputados:
Ignacio Cuauhtémoc Paleta, por la Comisión del Departamento del Distrito Federal
Gaudencio Vera Vera
Jorge Gómez Villarreal
Alberto Pérez Fontecha
Belisario Aguilar Olvera
Fructuoso López Cárdenas
Patricia Olamendi Torres
Nelson Madrigal Gómez
Rubén Venadero Valenzuela
Alvaro Garcés Rojas
José Luege Tamargo
Claudia Esqueda Llanes
Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales
LEY DEL SEGURO SOCIAL
De las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social. . . 181
Para su discusión en lo general participan los diputados:
Víctor Manuel Carreto
Mario Rojas Alba
Leopoldo Salinas Gaytán. Se turna su intervención a las comisiones solicitadas por el orador
Oscar Ramírez Ayala
Mario Vázquez Martínez.
Víctor Ávalos Limón
José Miguel Pelayo Lepe
Se aprueba en lo general y en lo particular los artículos no impugnados
ARTICULO 1o.
Toma la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Presenta propuestas de modificación. Se desecha
Se aprueba en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO CÓRDOBA LOBO
(Asistencia de doscientos ochenta y tres ciudadanos diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente, hay una asistencia de 283 diputados federales. Hay quórum.
APERTURA
El Presidente (a las 11.26 horas): - Se abre la sesión. Proceda la secretaría
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:- Se dará lectura al orden del día.
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Tercer año.- LIV Legislatura.
Orden del día
19 de diciembre de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Iniciativas de ley
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reformas al artículo 2448 - J, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de adición a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el problema de la insolvencia del sistema bancario estadounidense. Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la producción de hule.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1991.
De la comisión del Departamento del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el Ejercicio Fiscal de 1991.
De las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Prevención Social, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
Toma de posiciones, comentarios y declaraciones
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la contaminación en el Distrito Federal.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la tala inmoderada de bosques en la República Mexicana.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el robo a las oficinas del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violación a los Derechos Humanos. (Aborto en el estado de Chiapas.)»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado José Francisco Melo Torres:- Se dará lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado
Jaime Rodríguez Inurrigarro
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veinticinco minutos del día dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa, con una asistencia de trescientos cinco diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma
que con una aclaración del diputado Américo Flores Nava, se aprueba en votación económica.
Se da cuenta con un oficio de la Secretaría de Gobernación, con el que se remite el informe de labores de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, correspondiente al período mil novecientos ochenta y nueve, mil novecientos noventa. Túrnese a la Comisión de Comercio.
Presidencia del diputado
Fernando Córdoba Lobo
Hace uso de la palabra el diputado Leyber Martínez González, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta iniciativa con proyecto de Ley Sobre el Control en la Elaboración, Venta y Fomento al Consumo del Café Tostado. Se turna a la Comisión de Comercio.
Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos veinte, veintiuno, noventa y ciento siete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hace uso de la palabra la diputada Patricia Olamendi Torres, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
Se concede el uso de la palabra al diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta iniciativa para que se inscriba con letras de oro en el recinto de la Cámara de Diputados, el artículo décimo segundo del documento "Los Sentimientos de la Nación", de José María Morelos y Pavón. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Armando Herrera Guzmán, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional quien a nombre de la Comisión de Comercio, da primera lectura al dictamen con proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la industria y el comercio de la seda, la artisela y sus derivados. Es de primera lectura.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales. Es de primera Lectura.
En virtud de haberse impreso y distribuido entre los señores diputados, se dispensa la primera lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno. Es de primera lectura.
Por las mismas razones que el anterior, se dispensa la lectura al dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno. Es de primera lectura.
La secretaría da lectura a un dictamen de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas con proyecto de decreto de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Es de primera lectura.
También se da lectura a un dictamen de la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud. Es de primera lectura.
Se da primera lectura a un dictamen de las comisiones unidad se Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
Solicita y se concede la palabra al diputado Enrique Martínez Hinojosa, del Partido Acción Nacional, quien hace una relación de hechos relacionados con los acontecimientos del doce de diciembre en Tejupilco, México.
Para rectificar hechos respecto al mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la diputada Amalia García Medina, del Partido de la Revolución Democrática, quien es interrumpida por un grupo de diputados que entran en el salón portando una caja con diversos objetos.
El Presidente declara un receso a las quince horas con treinta minutos.
Receso.
A las dieciséis horas con cuarenta y siete minutos, se reanuda la sesión y el Presidente informa que, de acuerdo con sus instrucciones, la Oficialía Mayor realizó un inventario de las armas y otros objetos que fueron presentados por diversas diputados y que la misma Oficialía Mayor, ha entregado todo el paquete a la Procuraduría General de la República.
Hace uso de la palabra la diputada Amalia García Medina, del partido de la Revolución Democrática. quien pide que la secretaría lea el
inventario realizado por la Oficialía Mayor y acepta una interpelación de la diputada Sara Velázquez.
La secretaría, por instrucciones de la Presidencia, da lectura al oficio de remisión de las armas a la Procuraduría General de la República, así como el documento de identificación realizado por los mismos diputados secretarios.
Desde su curul, el diputado Enrique Riva Palacio, pide que a esos documentos se agreguen los nombres de los diputados que introdujeron las armas al salón de sesiones y el Presidente ordena que se agreguen los de los diputados Jorge Martínez y Almaraz, Octavio Moreno Toscano, Alfredo Pliego Aldana e Ismael Yáñez Centeno, todos del Partido de la Revolución Democrática.
Para expresar sus opiniones respecto a los hechos de Tejupilco, México, hacen uso de la palabra los diputados Mauricio Valdez Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta interpelaciones de los diputados Aguilar Tinajero, Díaz Pérez Duarte, Martínez Hinojosa, Vicencio Tovar y Ponce González; Luis René Martínez Souverville, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales; Leonel Godoy Rangel, Pablo Gómez Alvarez y Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática; Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los diputados Godoy Rangel, Sarre de Guerrero, Martínez Gómez y Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional.
Desde su curul, el diputado Francisco Ortíz Mendoza, solicita ala Presidencia que se aclare el sentido del debate.
Continúan expresando sus opiniones respecto a los hechos del doce de diciembre, los diputados José Luisa Alonso Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Navarrete Ruíz, del mismo partido; Carlos Vega Memije, del Partido Revolucionario Institucional; Gerardo Medina Valdés, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos los diputados Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional; Rubén Venadero Valenzuela; Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática y, del mismo partido, el diputado Miguel Aroche Parra.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura a una proposición del diputado Carlos Navarrete Ruíz, respecto al mismo asunto, misma que en votación económica la asamblea desecha.
Dado que ya fue impreso y distribuido el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley de la Responsabilidades de los Servidores Públicos, la asamblea, en votación económica, dispensa la segunda lectura.
No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal respectiva y el Presidente declara: aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se reforma el artículo cuarenta y siete de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por trescientos noventa y dos votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
Hace uso de la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedraza, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión de Justicia, para dar a conocer diversas modificaciones realizadas por la comisión, a solicitud de diputado de diversos grupos parlamentarios y que la misma comisión ha recogido. El Presidente dispone que se agreguen al dictamen.
Se concede el uso de la palabra al diputado Napoleón Cantú Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión de Justicia, da cuenta con la exposición de motivos del dictamen.
A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Gaudencio Vera Vera, del Partido Acción Nacional, en pro; José Miguel Pelayo Lepe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, en pro y Carlos Vega Memije, del Partido Revolucionario Institucional.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y se reservan, para su discusión en lo particular, los artículos noventa y cinco, ciento veintitrés, ciento cuarenta y seis, ciento cincuenta y cuatro, doscientos veinte bis, ciento treinta y cinco, trescientos noventa y nueve, dieciséis, veintidós, veintiocho, sesenta y uno, setenta y tres, ochenta, ochenta y siete, ciento veinticuatro, ciento veinticinco, ciento veintiocho, ciento treinta y cuatro, ciento cincuenta y cuatro, doscientos
seis, doscientos siete, ciento veintisiete bis y doscientos ochenta y siete, del Código Federal de Procedimientos Penales y los artículos ciento sesenta y cinco bis, ciento setenta y uno, doscientos sesenta y nueve fracción tercera, doscientos ochenta y cinco, doscientos noventa, doscientos noventa y seis bis, quinientos cincuenta y seis, doscientos sesenta y seis, cincuenta y nueve, ciento treinta y dos y doscientos cuarenta y nueve, del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.
La secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria trescientos setenta y seis votos.
Para expresar su opinión en contra de los artículos por él mismo reservados, hace uso de la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien contesta a una interpelación del diputado Hiram Escudero Alvarez. En pro de los mismos artículos, el diputado Rubén García Farías, del Partido Revolucionario Institucional.
Desde sus curules hacen aclaraciones respecto a la forma de votación al dictamen a discusión, los diputados Jaime Hernández, Cantú Serna y Godoy Rangel.
Para expresar su opinión en contra de los artículos que él mismo reservó, hace uso de la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y, en pro, el diputado César Vieyra Salgado, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los diputados Godoy Rangel y Ramírez Ayala.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Hiram Escudero Alvarez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y contestar a una interpelación del diputado Ernesto Jiménez Mendoza.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría consulta a la asamblea si consideran suficientemente discutidos los artículos reservados y discutidos, con excepción de los que han reservado el diputado Leonel Godoy Rangel y la asamblea así lo considera.
Hace uso de la palabra el diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, quien al pronunciarse en contra, hace propuestas de reforma a los artículos dieciséis, setenta y tres, ochenta y siete, doscientos siete y doscientos ochenta y siete del artículo primero del decreto a discusión y a los artículos cincuenta y nueve, ciento treinta y dos, doscientos cuarenta y nueve y doscientos sesenta y seis del artículo segundo.
En pro del proyecto de decreto, hace uso de la palabra el diputado Américo Flores Nava, del Partido Revolucionario Constitucional, quien acepta una interpelación del diputado Godoy Rangel.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría recoge la votación nominal respectiva, que resulta aprobatoria por trescientos diez votos.
En sendas votaciones económicas, la asamblea desecha las proposiciones del diputado Leonel Godoy Rangel y el Presidente declara: aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las cero horas con dieciséis minutos del día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las diez horas.»
El secretario diputado José Francisco Melo Torres: - Está a discusión el acta.
El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul): - Me permito objetar el acta que ha sido leída e igualmente señalar a esa secretaría que como bien recordará fueron cuatro personas, cuatro diputados, los que introdujeron la caja que portaba las armas que se mostraron en tribuna. En el acta se refiere a mi persona, lo cual es inexacto.
Como bien recordará esa secretaría, fueron dos diputados del Partido de la Revolución Democrática y uno del Partido Acción Nacional. Los diputados del Partido de la Revolución Democrática fueron el diputado Jorge Martínez y Almaraz y el diputado Alfredo Pliego Aldana, no así el de la voz, por lo que pido nada más que se rectifique ese dato.
En lo que se refiere a los compañeros del Partido Acción Nacional, serán ellos en un momento dado los que puedan dar los nombres de los respectivos compañeros; eso por un lado. Por el otro lado, me permito recordar también a la secretaría que el diputado del Partido Acción Nacional,
Enrique Martínez Hinojosa, dio lectura a una proposición mediante la cual se pedía que se instruyera a la secretaría para que diera fe de los datos de identificación de las armas que se mostraron y que dichos datos fuesen insertos en el acta correspondiente, es decir, en el acta que se acaba de leer, cual no ha sido contemplado.
Por los demás, creo muy necesario que también quede inserta en esa acta, el hecho de que las armas que se mostraron estaban descargadas. Es todo, señor Presidente.
El Presidente: - En el primer punto comentado por el diputado Yáñez Centeno, haga la secretaría las correcciones que se indican. En el otro aspecto, quiero informar a la asamblea que los datos pormenorizados se encuentran registrados en el Diario de Debates, si no se insertan en el acta es porque no está un documento en el que haya que pormenoriza todos los aspectos de la sesión, sino en forma sucinta los acontecimientos relevantes de la misma.
Por tanto, ruego a la secretaría que en la corrección de los nombres, solicitada por el diputado Yáñez Centeno, haga las correcciones correspondientes.
Dígame, diputado Hiram Escudero.
El diputado Hiram Escudero Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, para solicitarle que si a bien lo tiene, instruya a la secretaría de que se aclare que el diputado Gaudencio Vera Vera habló para razonar el voto en pro del dictamen.
El Presidente: - Haga la secretaria la corrección que solicita el diputado Hiram Escudero.
Tome la votación la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Esta secretaría ha tomado debida nota de las observaciones aquí hechas por el Partido de la Revolución Democrática y Acción Nacional.
El secretario diputado José Francisco Melo Torres: - Está a discusión el acta.
¿Alguna otra observación?
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INICIATIVAS DE LEY
LEY DE PRESUPUESTO CONTABILIDAD Y CUENTA PÚBLICA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adición a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública.
El diputado Eduardo Arias Aparicio:
«Los que suscriben diputados a la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congresos General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal con base en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Considerando
1o. Que el artículo 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que "es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben dictarse para cubrirlos.
2o. Que una de las responsabilidades más importantes de la Cámara de Diputados es la indicada en el artículo 74 ya mencionado.
3o. Que es de todos conocido que en el lapso de tiempo en que es entregado el proyecto de egresos de la Federación a su aprobación por esta Cámara es imposible cumplir responsablemente con lo que establece el párrafo IV del artículo 74 de la Constitución.
4o. Que la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública reconoció lo anterior en el dictamen aprobado por esta Cámara el 21 de diciembre del año pasado; al indicar textualmente lo siguiente:
"Los integrantes de la comisión manifiestan el propósito de que la Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones, indica en mayor medida en la definición de la magnitud y orientación del presupuesto, para lo cual acuerdan
establecer un sistema de trabajo interno de la propia comisión, que le permita allegarse la información para hacer un análisis más de fondo de los principales programas.
Este análisis debe permitir que la comisión durante el proceso de estudio y aprobación del proyecto de presupuesto de egresos para 1991, en su caso, proponga al pleno de la honorable Cámara de Diputados modificaciones en las asignaciones presupuestales a fin de privilegiar programas prioritarios y reducir en paralelo erogaciones que no tengan un efecto tangible en el bienestar social y en el desarrollo nacional."
Por las razones anteriores, se somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 11 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal para quedar como sigue:
Artículo 11. La Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, intervendrá en el proceso de elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, integrando grupos de trabajo con las dependencias de la Secretaría de Programación y Presupuesto para conocer y analizar los anteproyectos de presupuesto de cada entidad indicados en el artículo 17 de esta ley, y así estar en posibilidad de proponer modificaciones en las asignaciones presupuestales.
La Secretaría de Programación y Presupuesto estará obligada a proporcionar, a solicitud de los diputados al Congreso de la Unión, todos los datos estadísticos e información general que puedan contribuir a una mejor compresión de las proposiciones contenidas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
TRANSITORIO
Unico. La presente iniciativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados a 19 días del mes de diciembre de 1990.- Los diputados: Eduardo Arias Aparicio, Astolfo Vicencio Tovar, María Teresa Ortuño Gurza, Pedro César Acosta Palomino, Federico Ruíz López, Jorge del Rincón Bernal, Elías Villegas Torres, Juan Antonio García Villa y Jesús Ramón Rojo Gutiérrez.»
Compañeros diputados, quiero agregar nada más una reflexión. El año pasado, al discutir el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, como ya se indicó en el texto de la iniciativa, hizo un compromiso de estudiar durante el transcurso del proceso de la elaboración del proyecto para estar en posibilidades de proponer reformas, esto no se pudo llevar a cabo a pesar de que esta asamblea lo aprobó el 21 de diciembre del año pasado. Por eso es que esta proposición es para que quede inscrita en la Ley de Presupuesto y sea una obligación tanto de la Secretaría de Programación y Presupuesto como de la comisión de Programación, y Cuenta Pública el que realmente se haga un estudio a fondo y responsable de una de las obligaciones más importantes que tenemos es esta Cámara de Diputados, por lo cual espero que la directiva de la comisión tome cartas en el asunto y proceda a discutir y aprobar esta iniciativa en el menor tiempo posible. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la comisión de Programación y Presupuesto.
PROPOSICIONES
SISTEMA BANCARIO ESTADOUNIDENSE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Fernández Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2448- J, fracción II del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal... Tiene la palabra el diputado Manuel Patricio Estévez del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre el problema de la insolvencia del sistema bancario estadounidense.
El diputado Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Señor Presidente; compañeros diputados: El pasado lunes 17 de diciembre, el subcomité de Instituciones Financieras de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos, dio a conocer un estudio que pública en el Excélsior, y recibió el testimonio del señor William Zeidman, Presidente de la Corporación Federal de Garantías y Depósitos, quien señaló que dicho fondo de garantías puede perder cerca de 4 mil millones de dólares de aquí a que finalice este año y puede adquirir financiamiento adicional para poder hacerle frente a las quiebras bancarias generalizadas que son inminentes en el sistema comercial de los Estados Unidos.
Se informó que la mayoría de los bancos comerciales de Estados Unidos se encuentran al borde de la insolvencia y que la Corporación Federal de Garantías de Depósito podría sufrir pérdidas por 63 mil millones de dólares en los principales grupos financiero- bancarios, en perjuicio desde luego también de los países dependientes y en viás de desarrollo como el nuestro.
En repetidas ocasiones el de la voz ha advertido aquí sobre la necesidad de revisar nuestra política económica externa e interna, que en su parte medular continúa dependiendo de lo que ocurra en la economía estadounidense, y en este sentido, adoptar nosotros medidas de protección emergentes a nuestra economía y fortalecer la unidad de los países deudores de América Latina , aumentando nuestra integración con América, con la Europa unificada y con Japón.
Por ello también hemos advertido, como lo hicimos aquí en la comparecencia del doctor Aspe, de que el precio de 17 dólares fijado "conservadoramente", por barril de petróleo, bien podría también sufrir una baja, como ya se ha venido registrando en estas últimas semanas, lo cual podría causar un grave desajuste en nuestro presupuesto de ingresos y desde luego de egresos de la Federación.
Todavía más, el periódico New York Times, dice que el número de empresas en bancarrota alcanzó ya el máximo desde la depresión de 1930 en los Estados Unidos. Rice Uchitel escribe: "Desde agosto, más de 1 mil 300 compañías a la semana se han declarado en bancarrota, un ritmo pocas veces alcanzado en el pasado. Lo que es más ominoso, son las 55 mil compañías que se han declarado en bancarrota desde enero a noviembre, que registraron pérdidas por 64 mil 100 millones de dólares, en deuda que no pueden pagar, suma equivalente al 1.1% del producto interno bruto de la economía estadounidense. Y hay que recordar que desde la depresión de 1930, esa cifra no había pasado del 1%, es decir, en relación de deudas con respecto al producto interno bruto".
Desde 1971, cuando el dólar se separó del patrón oro, se han agudizado varios elementos que se han acumulado para causar la presente depresión económica que vive la economía norteamericana, que se contiene en los siguientes aspectos:
El creciente déficit de la balanza comercial de los Estados Unidos;
La crisis de la producción agrícola, industrial y petrolera interna de los Estados Unidos;
La crisis bancario- financiera, la crisis presupuestal y el incremento desproporcionado del gasto militar que ha realizado los Estados Unidos desde que envió las tropas al Golfo Pérsico.
En este punto, señor Presidente, antes de proponer formalmente a este pleno la proporción y el punto de cuerdo que me voy a permitir desarrollar, quisiera solicitar si usted tiene a bien instruir a la secretaría para que dé lectura al Diario Oficial de la Federación, de diciembre 7 de 1989, el número 15, en dos párrafos que he seleccionado, de las advertencias de la situación que estamos aquí analizando.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Cámara de Diputados, diciembre 7 de 1989, año 2, número 15, Diario Oficial de la Federación.
"Por el lado del gobierno estadounidense, la deuda pública ha crecido enormemente en relación al producto interno bruto en 1981 la deuda pública gubernamental representaba en total el 33% del producto y se elevó al 50% del producto para 1989.
El pago de intereses de la deuda pública norteamericana arriba ya a 200 mil millones de dólares para el año 1989, y superará el 3% de pago de interés para 1990, dado que el tesoro del gobierno de Estados Unidos ha prestado dinero para cubrir el creciente déficit presupuestal de ese país.
Advertimos que de continuar alimentando la ilusión de que la banca mexicana y los demás instrumentos financieros planteados se fortalecerá en base a la adquisición de recursos provenientes de Estados Unidos o de Japón, que es el único país superavitario en materia financiera, acarrea un grave riesgo que puede traer nefastas consecuencias para nuestro futuro económico como nación.
El abrir nuestro sistema bancario financiero, el mercado de valores y el comercial, desde luego, hacia la economía en crisis de Estados Unidos, equivale a convertir nuestro instrumento de instituciones bancarias en fichas de casino, cansino de incertidumbre especulativa que amenazan al mundo occidental y desde luego a nuestra economía con una serie de estrepitosos derrumbes.
Hoy la economía en Estados Unidos e instituciones de Bretton Woods, de nuevo lanzan a la búsqueda de nuevas tasas de acumulación y saqueos salvajes, ante lo endeble de su propia situación financiera y no están fomentando la
promoción de préstamos y de inversiones, ni suficientes ni convenientes, para nuestro desarrollo.
El gobierno mexicano no quiere aceptar que la economía del dólar está llegando a su límite y continúa alimentando la falsa esperanza de las ventajas de la renegociación y de este paquete asociado se condicionó, entre otras cosas, la renegociación, las actuales concesiones vergonzantes que se pretenden hacer al capital especulador en estas políticas de desregulación de las instituciones bancarias y financieras, reformas que parecen estar más inspiradas en Milton Freedman o Nicolás Brandy que en Matías Romero, o Alberto Pani, Bush - Casaurag o muchos otros nacionalistas de la economía mexicana.
El diputado Manuel Patricio Estévez Nenninger: - Muchas gracias. Por todo eso señor Presidente, compañeros legisladores, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, propone con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior de este Congreso y en consideración a los datos del estudio de referencia del subcomité de Instituciones Financieras de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos de América, en los que se detalla la situación de insolvencia de la mayoría de los bancos estadounidenses y de incapacidad de la corporación federal de garantía de depósitos para hacerle frente con recursos suficientes a la crisis que se avecina, proponemos los siguientes dos
PUNTOS DE ACUERDO
Primero. Que la Comisión de Hacienda de esta LIV Legislatura se comunique de inmediato con el subcomité de Instituciones Financieras de la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos, para solicitar por la vía telex el estudio que éste realizó ante la situación sin precedentes de que la mayoría de los bancos operan al borde de la insolvencia, así como el estudio complementario sobre la predicción que hacen de la reducción de los precios internacionales del petróleo.
Segundo. Que las comisiones unidas de Hacienda, Crédito Público y de Programación y Presupuesto analicen de inmediato en base a esta información, las consecuencias que esta situación de solvencia financiera y de la crisis petrolera producirían a nuestra economía, tanto en el sector externo como en el interno, para que en consecuencia este Congreso acuerde las medidas de contingencia que proceda, en pleno uso de sus facultades en materia financiera y económica, contenidas en la fracción VIII del artículo 73 de la Constitución. Atentamente, el diputado de la voz. Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión de Programación y Presupuesto.
PRODUCCIÓN DEL HULE
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Monsreal, del grupo parlamentario del Partido Autentico de la Revolución Mexicana para hablar sobre la producción del hule.
El diputado J. Alfredo Monsreal Walkinshaw: - Señor Presidente; compañeros legisladores: He venido ante esta tribuna, como se ha expresado, para hablar sobre la producción de hule. Veracruz es un estado privilegiado por la naturaleza, aún más, por el esfuerzo de sus hombres que aman a su tierra y a su origen, en donde existen diferentes calidades de tierras y de climas, quienes profesan el amor a la misma, la trabajan, la cultivan y se arraigan a ella.
Por ello vemos incongruencia cuando necesitando la patria producir los diferentes eslabones de consumo, se tiene que estar enviando para divisas al extranjero, pudiendo al sector correspondiente de la producción, y esto es por falta de conocimiento de la materia y de la existencia del potencial enorme que existe en este estado.
El hule es un producto originario de México y cultivado originalmente por los pobladores olmecas del área. Dicha palabra "olmeca" quiere decir precisamente hule. Actualmente producimos exclusivamente el 10% de las necesidades nacionales, importando más de 60 mil toneladas, mismas que se podrían producir, y que teniéndose una fuga de divisas de casi 200 mil millones de pesos que podrían beneficiar a esta región productora del sureste de Veracruz, específicamente los municipios de Las Chiapas, la región de Luxpanapa, teniéndose que importar de Malasia Indonesia, Tailandia, Liberia y de Guatemala.
Pocos países del mundo cuentan con privilegiadas características del trópico húmedo con que cuenta nuestro país, por lo que tenemos la capacidad de ser autosuficiente, y más aún ser un centro exportador y por ende obtener divisas por ello. El problema estriba en que el organismo Fidehule, fideicomiso de la investigación, comercialización y nuevas áreas de siembra del hule natural, no contemplan que se cuente con un presupuesto para nuevas siembras de parte del gobierno federal, a pesar de que el gobierno de Veracruz, solidarizándose con los productores de
hule, el año pasado invirtió hasta un total de 15 mil millones de pesos para la instalación de viveros en esa zona productora, mismos viveros que están en incertidumbre de perderse por falta de un programa que asimile todos los elementos de la producción, es decir, no hay presupuesto, no hay crédito.
El secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos no ha tenido la sensibilidad política, y dado la economía para coadyuvar a que el fideule tenga su presupuesto.
El Presidente: - Diputado, permítame un momento. Solicito a la asamblea guardar silencio y poner atención al orador. Continúe diputado.
El diputado J. Alfredo Monsreal Walkinshaw: - Los campesinos, en este momento los campesinos tiene sus tierras preparadas para la siembra correspondiente, pero aún no existe definición, y eso crea preocupación e inseguridad en las zonas huleras. Actualmente existe una superficie de cinco mil hectáreas en producción, de 12 mil hectáreas en proceso de desarrollo, existiendo en viveros en desarrollo para sembrar nuevas 15 mil hectáreas.
La producción inicia su obtención a partir de los 7 años de vida, de sembrada, con una vida de 50 años de producción, con un producto de 1 mil 200 kilos por hectárea, con una cotización de 3 mil pesos por kilogramo., arrojando un total de 3 millones 600 mil pesos por hectárea. Existe algo muy importante y trascendente en la siembra del hule y su cultivo. Permite, a través de su producción y vida útil, preservar la ecología y el medio ambiente. Este tipo de cultivo tiene la propiedad, para los que actualmente vivimos en el mundo terráqueo, de permitir la forestación, con el objetivo de que las áreas que han sido desforestadas para siembra de otros cultivos, permiten volver a crear la ecología perdida, y naturalmente obtener el medio ambiente.
La manera de hacerlo producir, es semejante a la del chico zapote, o todo lo que conocemos por chicle; es decir, la recolección de látex en o con vasijas originales de tarro artificiales.
Señores diputados, por ello es tan importante que al frente de la secretaría del ramo alimenticio, se encuentren técnicos conocedores de lo que se necesita producir, y lo que se puede y en donde hacerlo. La Federación le debe regresar a Veracruz parte de lo mucho que le da, ya que siendo el primer estado que le aporta a la misma fondos al erario nacional, debe haber reciprocidad y sensibilidad, como lo siente el gobierno de Veracruz.
El señor Presidente Salinas de Gortari, en uno de sus últimos viajes por el estado, comprometió su palabra ante los huleros de sureste de Veracruz, y dice que palabra comprometida debe ser palabra cumplida. Y desde aquí le solicito, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, se haga efectivo este compromiso con los campesinos huleros de Veracruz. Por ello, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Gobierno General del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a las comisiones de Energéticos, Ecología, Gestoría, y Quejas, Comercio y Fomento Industrial, a efecto de que proceda en sus términos. Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Ecología, de Comercio, de Energéticos e Información, Gestoría y Quejas.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 1991. En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
«Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Honorable asamblea. De conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Ejecutivo Federal presentó en tiempo y forma a esta honorable Cámara de Diputados
del honorable Congreso de la Unión, el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, con las previsiones presupuestales asignadas a los poderes y a las entidades señaladas en las fracciones I a IV y VI a VIII del artículo 2o. de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los Criterios de Política Económica para la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Egresos de la Federación para 1991, que envió el propio Ejecutivo, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 7o. y 27 de la Ley de Planeación.
En atención a lo previsto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la documentación recibida fue turnada para su estudio a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Esta comisión concentró sus trabajos en el análisis de la información referida, así como la obtenida de la comparecencia, ante esta representación nacional, del Secretario de Programación y Presupuesto.
Como resultado de estos trabajos, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública elaboró, y somete a la consideración de esta honorable asamblea el presente
PROYECTO DE DICTAMEN
La política de gasto público propuesta para 1991 se enmarca en los objetivos y estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, buscando promover los objetivos del desarrollo social y económico del país, a través de dos propósitos fundamentales:
a) Contribuir a alcanzar las metas de finanzas públicas determinando un monto de erogaciones que sea compatible con el funcionamiento adecuado de los mercados financieros, a fin de impedir que la demanda de fondos prestable supere la oferta, poniendo en entredicho la estabilidad de precios.
b) Alentar y profundizar el cambio de la estructura presupuestal a fin de orientar las erogaciones para apoyar la infraestructura económica y social del país, procurando la más alta prioridad para el gasto social, y de manera señalada, a aquél encaminado a satisfacer las necesidades de los grupos de menores ingresos.
En este contexto, en el cuadro 1 adjunto se presentan los principales conceptos globales que integran el proyecto de presupuesto para 1991 y su comparación con lo previsto para 1990.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El proyecto de presupuesto propuesto para 1991 asciende a 233.8 billones de pesos, 11.8% superior, en términos nominales al esperado para 1990. Este monto de gasto neto, dada la previsión de ingresos contenida en la Ley de Ingresos de la Federación, implica un superávit económico primario equivalente al 6.9% del producto interno bruto estimado para 1991 y un déficit operacional que representará 1.8% del producto interno bruto.
EL gasto neto propuesto para el próximo año incluye una previsión de 59.8 billones de pesos para el pago de intereses de la deuda pública, monto que representa el 25.6% del gasto total y es menor en 23.3% en términos reales al esperado para el presente ejercicio.
La menor carga relativa del servicio de la deuda en 1991, permite presupuestar un volumen de gasto programable devengado y en general de gasto no financiero, mayor. Así se propone un gasto programable devengado de 144.2 billones, lo que representa un crecimiento real de 2.3%.
Este moderado incremento del gasto programable se refleja en el crecimiento del presupuesto destinado a desarrollo social, apoyando a regiones como educación, salud, desarrollo urbano y regional y solidaridad.
Análisis del gasto
Durante 1991, el gasto del sector público se destinará a dar atención prioritaria a las necesidades en materia de educación, salud, desarrollo urbano y regional y Programa Nacional de Solidaridad.
Las acciones del sector educación estarán dirigidas a mejorar la calidad del sistema educativo, elevar la escolaridad de la población, descentralizar la educación y fortalecer la participación de la sociedad en las tareas educativas. Para ello, la asignación propuesta para este sector asciende a 25 817.9 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 17.3% en términos reales, en relación a lo esperado para 1990.
En el sector salud, se redoblarán los esfuerzos en la prestación de servicios médico - asistenciales sobre todo en favor de la población de las zonas marginadas rurales y urbanas, para lo cual, la asignación propuesta para este sector en el Presupuesto de Egresos para 1991, es de 28, 290.5 mil millones de pesos.
Por lo que se refiere al sector trabajo y previsión social, la previsión propuesta es de 344.9 mil millones de pesos, y las acciones estarán preferentemente encaminadas a proteger y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el otorgamiento de créditos para la obtención de bienes y servicios necesarios; fortalecer la seguridad e higiene en el trabajo, vigilar la aplicación de la legislación laboral y la correcta impartición de justicia; consolidar el Servicio Nacional de Empleo e impulsar la capacitación y adiestramiento de los trabajadores.
En lo que corresponde a desarrollo urbano y agua potable, el monto de gasto para 1991, asciende a 2 418.3 mil millones de pesos, de los cuales 1 659.8 corresponden al sector Desarrollo Urbano y Ecología y los 758.5 mil millones de pesos restantes a la Comisión Nacional del Agua.
En lo que respecta a desarrollo rural, para 1991 se le destina un monto de recursos para gasto que asciende a 7,897.3 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento en términos reales de 10.5% en relación a 1990. Con dichos recursos, se busca superar los rezagos que limitan el desarrollo de las comunidades rurales, para lo cual las principales acciones estarán encaminadas a elevar el nivel de vida de los productores del campo, hacer competitivo al sector; asegurar el abasto y la soberanía alimentaria dentro de un esquema de apertura comercial, alentar el potencial exportado, eliminar restricciones para lograr una mejor asignación de recursos, impulsar el desarrollo de esquemas adecuados para la inversión nacional y extranjera, conservar los recursos naturales y estimular el desarrollo y la diversificación de actividades en el medio rural.
Los montos presupuestados son sin perjuicio de que el Ejecutivo lleve a cabo las medidas que propicien adecuados mecanismos de captación de los principales granos básicos, y que procuren la concertación entre productores y distribuidores, de manera que las importaciones de granos, así como los precios domésticos de los mismos, aseguren una retribución justa y equitativa a los productores del campo mexicano.
Ello también es congruente con los objetivos de la política de desarrollo rural, tales como el asegurar el abasto y la soberanía alimentaria dentro de un esquema de apertura comercial que aumente la producción y productividad del campo. Dicha apertura no debe implicar una competencia desleal para el país, por parte de los productores del extranjero, sino propiciar mayor eficiencia en el campo mexicano, en donde existen ventajas comparativas amplias que deben ser aprovechadas.
Para el sector Comunicaciones y Transportes la asignación presupuestal asciende a 8 572.0 mil millones de pesos, monto superior en 11.6% en términos reales al de 1990, y con los cuales se ampliará la infraestructura y se mejorará la calidad y eficiencia de los servicios que proporciona el sector. En ese marco, las principales acciones estarán encaminadas a conservar y rehabilitar la red federal de carreteras, los caminos rurales, la red férrea, el sistema portuario, de aeropuertos y de comunicaciones. Y con el propósito de continuar con el proceso de modernización del sector, se dará especial atención a la adecuación de la acción normativa del Estado, mediante la desregulación
de los sistemas. Asimismo se continuará con la desincorporación de empresas coordinadas no estratégicas y susceptibles de ser adquiridas por los sectores social y privado, así como fomentando la participación del sector privado en los servicios públicos que brinda el sector.
En el sector energético, prevalece el criterio de orientar sus acciones a la conclusión de obras en proceso, en especial aquéllas que se encuentran en las fases finales de construcción. Asimismo, se favorecerán los proyectos que consoliden la infraestructura existente y el aprovechamiento de la capacidad instalada. En lo que corresponde a inversión pública, se dará especial énfasis a los mecanismos de financiamiento privado, en particular en el área eléctrica, y se reforzarán los niveles de inversión para la producción primaria de hidrocarburos.
El proyecto de presupuesto del sector energético, en su conjunto, asciende a 38, 964.7 mil millones de pesos, cifra que significa un crecimiento real de 5.3%.
Por otra parte, la asignación propuesta para el sector comercio y abasto durante 1991 asciende a 9, 597.0 mil millones de pesos; cifra inferior en términos reales en 17.2% a la esperada para 1990. Las principales acciones del sector estarán encaminadas a generar un sector exportador dinámico y competitivo, simplificar los procesos administrativos, propiciar la modernización tecnológica y garantizar la disponibilidad de alimentos básicos a la población. Asimismo, se fomentará la micro, pequeña y mediana industria; se promoverá el desarrollo industrial y comercial de las franjas fronterizas y zonas libres, así como el de la industria maquiladora.
Para apoyar las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio, se realizarán diversos estudios económicos, jurídicos y sectoriales, para evaluar el potencial exportador de cada sector y se analizarán los flujos comerciales con Norteamérica, Canadá y Chile.
En lo que se refiere al sector industrial, éste tiene una asignación propuesta de 5, 112.2 mil millones de pesos, lo que significa una disminución de 54.3% en términos reales, respecto al esperado al cierre de 1990.
Las acciones estarán orientadas a avanzar en el proceso de desincorporación y a fortalecer la autonomía de gestión de las entidades paraestatales. Se espera durante 1991 concluir la venta a la iniciativa privada de las empresas siderúrgicas y mineras asociadas al sector industrial. Asimismo, en 1991 estará en plena vigencia el Reglamento a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales con el cual se otorga una mayor capacidad de decisión a los órgano de gobierno de las entidades del sector.
Por su parte, el gasto propuesto para el sector turismo, asciende a 2,555 mil millones de pesos, lo que significa un crecimiento en términos reales de 12.7% en relación a lo esperado al cierre de 1990. Las acciones están preferentemente orientadas a mejorar y ampliar la infraestructura del sector, a fin de incrementar la captación de divisas, promover la creación de empleos y el desarrollo regional, para lo cual la participación del sector privado será determinante. Asimismo, las acciones se encaminarán a fortalecer la infraestructura de los desarrollos turísticos integrales, con horizonte de planeación en el mediano y largo plazos tales como: Cancún, Quintana Roo; Ixtapa, Guerrero; Los Cabos, Baja California Sur; Loreto Nopolo - Puerto Escondido, Baja California Sur; Bahías de Huatulco, Oaxaca y Cozumel, Quintana Roo.
Para el sector pesca, la propuesta presupuestal asciende a 244.0 mil millones de pesos, superior en términos reales en 1.5% o en relación a lo esperado al cierre de 1990.
Las principales acciones estarán orientadas a ampliar la oferta y mejorar la distribución de los productos pesqueros, coadyuvar a la creación de empleos e ingresos al interior de las comunidades pesqueras, propiciar un desarrollo regional más equilibrado, aprovechar de mejor forma los recursos naturales, elevar el ingreso de divisas y diversificar los lugares de destino a fin de obtener una mejor posición del país en el ámbito internacional.
Para el sector seguridad nacional y procuración de justicia se tiene proyectado un presupuesto de 5 580.8 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento en términos reales de 15.1% en relación a lo esperado al cierre de 1990.
Las principales acciones del sector estarán encaminadas a combatir el cultivo, tráfico y consumo de estupefacientes, y a mejorar los procedimientos de promoción de los integrantes de las Fuerzas Armadas y la programación sistemática de las prestaciones que les otorgan las leyes de seguridad social. Asimismo, se promoverá la elevación de la calidad profesional de quienes intervienen en la procuración de la justicia, mediante la modernización de los sistemas de incorporación y profesionalización en el servicio, así como la simplificación de los procedimientos judiciales y administrativos.
Programa Nacional de Solidaridad
El Programa Nacional de Solidaridad está orientado a mejorar las condiciones de vida de los grupos de menores ingresos, a disminuir la pobreza y a corregir la desigualdad que existe entre los diversos sectores de nuestra población. Cabe señalar que la definición de los programas y la ejecución de los mismos, involucra tanto a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, como a la población directamente beneficiada.
La asignación de los recursos del programa y la participación de los ciudadanos beneficiarios no estará sujeta ni condicionada a la posición ideológica ni afiliación partidista de los mismos; en caso contrario, se aplicarán la sanciones que, conforme a los ordenamientos legales aplicables, correspondan.
En sus inicios, el Programa Nacional de Solidaridad estableció dos caminos a través de los cuales se llevaría a cabo el mismo. Sin embargo, a raíz de las propuestas de los grupos participantes como comunidades, colonias populares y campesinos, se hicieron cambios tanto en su contenido como en su forma de operación.
El programa ha establecido cuatro principios para sus acciones: respecto a la voluntad, procesando iniciativas y demandas de los participantes; efectiva participación, en la medida en que las decisiones son concertadas entre las distintas organizaciones; además, busca que la participación se refleje en la ejecución de proyectos y la vigilancia de los mismos; y corresponsabilidad, esto es, transparencia, honestidad y eficiencia en el manejo de los recursos.
En solidaridad para una escuela digna, se propone como meta para 1991 la de rehabilitar 30 mil planteles escolares, con la participación de padres de familia, maestros, pasantes y asociaciones profesionales, con objeto de proporcionar escuelas en condiciones adecuadas, dando un espacio digno a la niñez, para lo cual se destinarán 272 mil millones de pesos.
En el Programa de Fondos Municipales en Solidaridad, se propone ampliar los recursos para cubrir a 2 mil municipios, con objeto de que los propios ayuntamientos puedan de manera ágil y oportuna atender los problemas de sus comunidades destinándose a este proyecto 350 mil millones de pesos.
En el Programa de Fondos de Solidaridad para la Producción, se propone apoyar a 525 mil productores que laboran en 2.5 millones de hectáreas de tierras de alto riesgo y baja productividad. El mismo fue creado con objeto de apoyar a campesinos en condiciones difíciles, que no fueron considerados para recibir créditos por bancos de fomento, para este programa se asignarán 500 mil millones de pesos.
El Fondo de Solidaridad para Comunidades Indígenas, se propone que en 1991 se extienda a 100 el número de regiones apoyadas, y a 500 las organizaciones beneficiadas, proponiéndose un monto de 150 mil millones de pesos.
En infraestructura de salud para la atención de la población, se plantea destinar recursos que permitan continuar las obras en 44 hospitales, construir 84 nuevos centros de salud y unidades médicas, además de operar 490 unidades médicas Instituto Mexicano del Seguro Social - Solidaridad, construidas y equipadas anteriormente, asignándose 150 mil millones de pesos.
En educación se propone continuar con la construcción de 18 mil 894 nuevos espacios escolares para primaria y secundaria, con el apoyo de los municipios destinándose 350 mil millones de pesos.
En abasto y alimentación de familias con escasos recursos se propone, recapitalizar 10 mil 540 tiendas rurales y urbanas, e instalar 2 mil 222 nuevas.
En servicios básicos a comunidades y colonias populares, se busca para 1991 en materia de electrificación, dotar y ampliar el servicio en 1 mil 23 colonias populares y 2 mil 108 comunidades rurales, a través de un presupuesto de 175 mil millones de pesos.
Igualmente en agua potable y drenaje para 1991, se propone destinar recursos del Programa Nacional de Solidaridad que se sumarán a los recursos crediticios, y a las aportaciones de la Comisión Nacional del Agua, de los gobiernos estatales y municipales, para continuar los trabajos en 900 sistemas de agua potable, y drenaje en 224 ciudades que beneficiarían a 965 colonias populares, además de dotar de agua potable a 1 mil 985 comunidades rurales. Para agua potable y alcantarillado se destinarán 575 mil millones de pesos.
En regularización de la tenencia de la tierra, se propone para 1991, regularizar 450 mil lotes, con mayor dificultad jurídica para llevarlos a cabo.
El Programa de Mujeres en Solidaridad, se continuará, con una asignación de 25 mil millones de pesos. Además, el Programa de Apoyo al Servicio
Social se destina un monto de 125 mil millones de pesos.
Por lo que hace a la construcción de caminos rurales y rehabilitación de carreteras, se propone para 1991 la construcción y reparación de 1 mil 717 kilómetros de 184 caminos rurales y 221 carreteras, con un presupuesto de 292 mil millones de pesos. Ademas, se apoyarán las actividades de reforestación y proyectos productivos como los de cafeticultores, pequeños mineros y pescadores.
Por otro lado, se continuarán los trabajos para grupos como jornaleros y trabajadores que emigran hacia los Estados Unidos de Norteamérica, difundiendo junto con las autoridades competentes los derechos que poseen en el extranjero.
Otra de las acciones que se llevarán a cabo, es el proporcionar becas económicas y asistencia médico - nutricional a niños de escasos recursos con objeto de reducir la deserción escolar, por lo que se otorgarán becas a 210 mil 744 niños de los estados en donde se registre mayor deserción escolar, para lo cual se destina un monto que asciende a 132 mil millones de pesos.
En 1991 se iniciará un proyecto de desarrollo regional en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, y el Distrito Federal, en apoyo a servicios de salud. Además, un proyecto de agua potable a zonas rurales de bajos ingresos, y un programa de desarrollo rural de las áreas ixtleras de diversos estados de la República, apoyándose con un monto de poco más de un billón de pesos.
El monto de los recursos propuesto para el ramo XXVI solidaridad y desarrollo regional asciende a 5,117.4 mil millones de pesos lo que representa un incremento en términos reales de 41.2% con relación a 1990.
Inversión pública
La inversión pública prevista para 1991 se orienta primordialmente al fortalecimiento de la infraestructura en materia de desarrollo rural, comunicaciones y transportes, salud, educación, vivienda y dotación de servicios básicos a las comunidades de escasos recursos.
La inversión física presupuestal para 1991 asciende a 33, 458.0 mil millones de pesos, superior en términos reales en 7.5% a la esperada para 1990, como se observa en el cuadro 2 adjunto.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El sector energético participa en el total de la inversión pública con el 41.6%, su monto es de 13,908.9 mil millones de pesos, 4.1% superior en términos reales a la esperada para 1990, con lo que se dará prioridad a aquellos proyectos que consoliden la infraestructura existente y el aprovechamiento de la capacidad instalada.
El sector comunicaciones y transportes canalizará 3, 370.2 mil millones de pesos cifra que representa 101% de la inversión total, y es 130% superior en términos reales respecto a la esperada para 1990. En el subsector carretero la prioridad será la conservación y el mantenimiento de la red existente. En el subsector ferroviario se dará prioridad al mantenimiento y conservación de la infraestructura, en el subsector aéreo la prioridad la tendrá la modernización de edificios terminales, pistas y plataformas en algunos aeropuertos, finalmente, el subsector comunicaciones orientará sus prioridades a un proceso de expansión y modernización del sistema de telecomunicaciones.
La inversión pública en el sector desarrollo rural representa el 9.7% del total, con un monto de 3 232.9 mil millones de pesos, y es 42.1% superior en términos reales a la esperada para 1990. El incremento tiene como finalidad fortalecer la infraestructura productiva.
En el rubro de desarrollo social se considera la inversión destinada a los sectores educación, salud, laboral, desarrollo urbano y agua potable, ecología y Programa Nacional de Solidaridad y desarrollo regional. En conjunto, el proyecto de presupuesto para este rubro representa el 33.6% del total de la inversión pública, con un monto de 11 234.4 mil millones de pesos superior en 29.0% en términos reales respecto a la esperada para 1990.
Por lo que respecta al sector industrial, se canalizarán recursos a la ampliación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura industrial. El monto de la inversión para tales efectos asciende a 453.6 mil millones de pesos, 68.1% inferior en términos reales con respecto a la esperada para 1990. Dicha situación se explica por la desincorporación de empresas públicas.
El redimensionamiento del sector comercio y abasto explica la disminución del 53.9% en términos reales de la inversión propuesta para 1991, respecto a la esperada para 1990. Dicha inversión asciende a 2 mil 351 millones de pesos, que se canalizarán a la construcción, conservación y mantenimiento de establecimientos de acopio y comercialización.
La inversión del sector pesquero para 1991 asciende a 701 mil millones de pesos, lo cual representa una disminución de 7.9% en términos reales respecto a la esperada para 1990, debido a la reestructuración del sector y a la mayor participación del sector social en la actividad pesquera.
El sector turismo proyecta para 1991 un presupuesto de inversión física de 4.6 mil millones de pesos, 5.6% superior en términos reales respecto a la esperada para 1990, destinada a apoyar principalmente la continuación de algunos proyectos de inversión que permitan la modernización de la planta de servicios.
Estrategias específicas
El propósito del proyecto de presupuesto para 1991, en materia científica y tecnológica, es avanzar en el mejoramiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, de manera gradual. En ese contexto, se propone ejercer un gasto de 2, 732.5 mil millones de pesos en actividades relacionadas con la ciencia y la tecnología, lo que representa un incremento de 20.2% en términos reales, con respecto a 1990.
Para la protección ecológica y del medio ambiente se tienen previstos recursos por un monto total de 1, 033.9 mil millones para 1991. Por primera vez, en el proyecto de presupuesto se incluye este apartado que registra las inversiones que realizará la Federación para enfrentar la problemática ecológica.
Poderes
Durante 1991, las acciones de la honorable Cámara de Diputados y de la honorable Cámara de Senadores, estarán dirigidas a avanzar en el perfeccionamiento del marco jurídico y político a fin de vigorizar el estado de derecho.
De acuerdo al proyecto de gasto que el Poder Legislativo, en ejercicio de su autonomía, envió para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, se le asigna un presupuesto, que asciende a 296.2 mil millones de pesos, monto que incluye la previsión del paquete salarial. En materia de inversiones se iniciarán las obras de edificación de un inmueble para albergar a las distintas comisiones, parlamentarias del Senado de la República.
Por su parte, el Poder Judicial durante 1991, encaminará sus acciones a continuar avanzando en la modernización de la administración de justicia, en estricto apego al orden jurídico emanado de la Constitución General de la República. Para ello, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder
Judicial, en ejercicio de su autonomía, asciende a 525.0 mil millones de pesos. Su gasto de inversión se destinará básicamente a la edificación de inmuebles para tribunales y juzgados ubicados en diversos lugares de la República, así como a la conclusión y acondicionamiento de tres módulos e inicio de la estancia infantil del edificio central del honorable Poder Judicial Federal.
Sector central
El proyecto de gasto programable de la administración central asciende a 74, 924.9 mil millones de pesos, lo que representa un incremento nominal de 23.0% y de 4.5% en términos reales. De este monto, el 56.2% corresponde al gasto directo de las dependencias y ramos generales del gobierno federal, el restante 43.8% lo constituyen las transferencias a las entidades públicas, monto que refleja una disminución real de 7.0% respecto al estimado para 1990.
Con excepción de los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables, la estructura del gasto de las dependencias del gobierno federal registra incrementos reales, en tanto que las transferencias a entidades públicas se caracterizan por la disminución real del gasto en algunos sectores y aumentos reales en otros.
El gasto directo de inversión de las dependencias del gobierno federal crece en términos reales 21.6% las asignaciones a obras públicas aumentan en 29.6%. Destaca la ampliación del gasto asignado al ramo de solidaridad que crece en 41.2% en términos reales.
El gasto corriente de administración tiene un incremento real de 13.8%. De este total, los servicios personales crecen en 14.6% en términos reales. Las transferencias representan una disminución real de 7.0% de ellas el 49.8% corresponde a los apoyos del gobierno federal a las entidades públicas que prestan servicios de salud, educación, cultura, deportes, desarrollo urbano, y agua potable, principalmente. La suma de las transferencias a estos sectores refleja un crecimiento real de 20.6%.
Las transferencias a organismos y empresas de control directo registra una disminución real de 27.0%, debido a la racionalización de los subsidios. (Ver cuadro 3).
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Sector paraestatal
El proyecto de gasto programable asignado a empresas y organismos controlados presupuestalmente representan un crecimiento nominal de 12.8% y una disminución en términos reales de 4.1% con respecto al cierre estimado para 1990, como se observa el cuadro 4.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El proyecto de presupuesto para el sector paraestatal tiene un cambio de orientación en la asignación del gasto, en virtud de que se concentra en sectores estratégicos y prioritarios.
En lo que hace a la clasificación administrativa del gasto del sector paraestatal, registra incrementos reales importantes en entidades como Petróleos, Ferrocarriles, Aeropuertos y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos y reducciones en entidades que se encuentran en proceso de reestructuración como: Azúcar, S.A.; Instituto Mexicano del Café y Productos Forestales Mexicanos.
Órganos electorales
Para el perfeccionamiento de los procesos electorales y ampliación de la participación política, se promovieron modificaciones a la legislación electoral que generó la creación del Instituto Federal Electoral. Asimismo se constituyó el Tribunal Federal Electoral, como órgano que tiene a su cargo la resolución de los recursos de apelación e inconformidad, así como la imposición de sanciones, en materia electoral.
El proyecto de presupuesto para los órganos electorales asciende a 831.8 mil millones de pesos, de los cuales 802.7 mil millones de pesos corresponde al Instituto Federal Electoral y los 29.1 mil millones de pesos restantes, para el Tribunal Federal Electoral.
Resultado presupuestal
El gasto programable tendrá un crecimiento real moderado, en tanto que los ingresos, continuarán recuperándose como consecuencia de las reformas fiscales.
El redimensionamiento del sector público, la evolución de los ingresos y las favorables perspectivas financieras, propiciará que el déficit financiero presupuestal en 1991 alcance un monto de 5,965.3 mil millones de pesos, que representa el 0.8% del producto interno bruto.
El gobierno federal tendrá un déficit financiero de 7 966.3 mil millones de pesos, lo que significa una reducción de 69.7% en términos reales, respecto a lo esperado para 1990.
En cuanto a los organismos y empresas del sector paraestatal en presupuesto su superávit financiero ascenderá a 2, 001.0 mil millones de pesos en 1991.
Servicio de la deuda
En la política de gasto, un aspecto que ha contribuido para destinar mayores recursos a sectores estratégicos y prioritarios, lo ha sido sin duda por un lado, la renegociación de la deuda externa con los organismos internacionales, y por el otro la reducción en las tasas de interés que se ofrecen en el mercado. Lo anterior significará que en términos del producto interno bruto en 1991 representará el 7.9% cifra inferior a la de 1990 que representó el 10.4% del producto.
Fiel reflejo de lo anterior lo es el proyecto de presupuesto del servicio de la deuda para 1991, el cual asciende a un total de 63, 769.0 mil millones de pesos, reducción equivalente al 21.2% real en este tipo de erogaciones, con relación a 1990. De dicho total, corresponde a los intereses un monto de 59,769.0 mil millones de pesos; y a los adeudos de ejercicios fiscales anteriores a 4,000.0 mil millones de pesos.
Del total del servicio de la deuda, es decir 63,769.0 mil millones de pesos, el gobierno federal participa con 56,887.4 mil millones de pesos, lo que representa el 89.2% por lo que, en términos reales, se reduce en 21.3%. Los organismos y empresas en presupuesto pagarán intereses por un total de 6,881.6 mil millones de pesos, frente a 7,671.0 mil millones de pesos en 1990, lo que representa una disminución real de 23.8%.
Independientemente de todo lo anterior, y con objeto de analizar la viabilidad de mejorar los tiempos y procedimientos para la presentación ante esta honorable representación nacional, de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Presupuesto de Egresos de la Federación, se considera conveniente integrar un grupo pluripartidista con miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, que realice los estudios respectivos y cuyos resultados se presentarán a la citada comisión.
Modificaciones que se proponen
al decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación 1991
Durante el proceso de estudio, revisión y análisis de los presupuestos correspondientes a 1989 y 1990, la Cámara de Diputados efectuó importantes modificaciones a la iniciativa de decreto que le fuera enviada por el Ejecutivo. En la iniciativa correspondiente a 1991, se continuó con el propósito de perfeccionar y precisar la eficiencia en el ejercicio del gasto.
En ese sentido, y en virtud de la integración plural de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, al efectuar el examen y discusión de la iniciativa de decreto correspondiente al ejercicio de 1991, surgieron diversas observaciones y propuestas, mismas que fueron planteadas tanto en diversas sesiones de trabajo interpartidistas como por escrito.
Los integrantes de la comisión analizaron detenidamente cada una de las propuestas formuladas y como resultado del trabajo conjunto, la comisión que suscribe estima conveniente efectuar adiciones y modificaciones en diversos artículos de la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1991, las cuales se señalan a continuación.
1o. La comisión consideró necesario incrementar en 10 mil millones de pesos la previsión de recursos destinada a gasto corriente del Poder Legislativo. Se propone reducir dicho monto de las previsiones establecidas para erogaciones no sectorizables. En consecuencia, se propone modificar el artículo 2o. para quedar como sigue.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables para el año de 1991, importan la cantidad de $70,589,494,000,000 (setenta billones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00002.....
00004 al 00021
00023 Erogaciones no sectorizables... 15.925,408.900,000
00025.....
00027.....
2o. Por las razones arriba expuestas, se modifica el artículo 4o. para quedar como sigue:
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1991, importa la cantidad de $262,307,300,000 (doscientos sesenta y dos mil trescientos siete millones trescientos mil pesos moneda nacional).
3o. Con el propósito de precisar los proyectos de inversión de carácter social y programas y proyectos prioritarios o estratégicos del gobierno federal, a los cuales de podrán destinar recursos provenientes de erogaciones adicionales, la comisión consideró necesario modificar el primer párrafo del artículo 13. Asimismo, se adiciona el segundo párrafo de la fracción IV, con el objeto de prever que los ingresos que se obtengan como consecuencia de la desincorporación de entidades paraestatales se destine, entre otros, a la amortización de la deuda pública. En consecuencia, se propone que el artículo quede como sigue:
Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social, o programas y proyectos prioritarios y estratégicos del gobierno federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a:
I a IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinarán a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes, para amortizar deuda pública, o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4o. La comisión consideró necesario modificar el artículo 14 con el fin de precisar que los ajustes y reducciones que el Ejecutivo efectúe al gasto, no deberá afectar las metas sustantivas del gasto social ni los principales proyectos de inversión. Asimismo, y en virtud de que las perspectivas económicas para 1991 presentan un panorama más estable, la comisión estimó conveniente ajustar el porcentaje señalado en dicho artículo. En consecuencia el artículo 14 queda como sigue:
Artículo 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión, optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
5o. Con el fin de que las dependencias y entidades, en los casos en que lleven a cabo traspaso interno de plazas, no afecten los derechos laborales de los trabajadores, la comisión estimó necesario adicionar el artículo 19 en su primer párrafo, para quedar como sigue:
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Programación y Presupuesto, a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
6o. La comisión consideró necesario modificar el artículo 28, fracción II, con el fin de reducir el plazo para que las entidades paraestatales estratégicas o prioritarias presenten sus programas de saneamiento financiero. De esta forma, el artículo 28 queda como sigue:
Artículo 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de julio de 1991 a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento y sea aprobado por ésta.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7o. La comisión modifica el segundo párrafo del artículo 38, con el objetivo de precisar que dentro de los informes trimestrales, se prevean los resultados de la verificación de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias
y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo, así como del Programa Nacional de Solidaridad. El artículo 38 queda como sigue:
Artículo 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 9o. de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el financiamiento de las responsabilidades correspondientes.
PROYECTO DE DECRETO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA
FEDERACION PARA 1991
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio y control del gasto público federal y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991, se sujetarán a las disposiciones de este decreto y a las aplicables a la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para la Presidencia de la República, las dependencias del Ejecutivo Federal y los ramos de aportaciones a seguridad social y erogaciones no sectorizables para el año de 1991, importan la cantidad de $70.589,494.000,000 (setenta billones quinientos ochenta y nueve mil cuatrocientos noventa y cuatro millones de pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para solidaridad y desarrollo regional y participaciones a estados y municipios para el año de 1991, importan la cantidad de $ 30,438,324,800,000 (treinta billones cuatrocientos treinta y ocho mil trescientos veinticuatro millones ochocientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00026 Solidaridad y desarrollo regional... $ 5,117,391,300,000
00028 Participaciones a estados y municipios... 25,320,933,500,000
Las previsiones por concepto de solidaridad y desarrollo regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos. Los recursos por este concepto serán intransferibles.
Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Artículo 4o. El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el año de 1991, importa la cantidad de $ 262,307,300,000 (doscientos sesenta y dos mil trescientos siete millones trescientos mil pesos, moneda nacional)
Artículo 5o. El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial para el año de 1991, importa la cantidad de $ 394,823,500,000 (trescientos noventa y cuatro mil ochocientos veintitrés millones quinientos mil pesos, moneda nacional)
Artículo 6o. Las erogaciones previstas para el año de 1991 correspondientes a las entidades paraestatales, cuyos programas están incluidos en este presupuesto, se distribuyen de la siguiente manera:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del gobierno federal para el año de 1991, importan la cantidad de...
$52,887,460,300,000 (cincuenta y dos billones ochocientos ochenta y siete mil cuatrocientos sesenta millones trescientos mil pesos, moneda nacional) y se distribuyen de la siguiente manera:
00024 Deuda pública $51,010,000,000,000
00029 Erogaciones para saneamiento financiero 1,877,460,300,000
Los intereses y comisiones correspondientes a las entidades paraestatales cuyos programas están incluidos en este presupuesto, ascienden a la cantidad de $6,881,594,400.000 (seis billones ochocientos ochenta y un mil quinientos noventa y cuatro millones cuatrocientos mil pesos, moneda nacional)
Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del gobierno federal importan la cantidad de $4,000,000,000 000 (cuatro billones de pesos, moneda nacional)
El ejercicio de los recursos a que se refiere este artículo estará vinculado a la evolución de las condiciones económicas y sociales y, en su caso, se ajustará a los requerimientos que demande el desarrollo nacional.
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales, por ser estas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también, a las entidades a que se refiere el artículo 6o. de este decreto.
Artículo 8o. Las erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el ramo 00022 órganos electorales para el año de 1991, importan la cantidad de $763,939,000,000 (setecientos sesenta y tres mil novecientos treinta y nueve millones de pesos, moneda nacional)
Artículo 9o. Los titulares de las dependencias así como los órganos de gobierno y los directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo, en los programas sectoriales de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
Las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades, en relación con las estrategias, prioridades y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los criterios de política económica, de los programas de desarrollo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas. Igual obligación y para los mismos fines, tendrán las dependencias de la administración pública federal, respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordinan.
Artículo 10. En el ejercicio de sus presupuestos, las dependencias y entidades comprendidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto. La aprobación de los calendarios de gasto deberá quedar concluida, a más tardar, en los primeros 20 días del ejercicio.
Las ministraciones de fondos a las dependencias serán autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo con los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación y, en su caso, podrá reservarse dicha autorización y solicitar a los coordinadores de sector, la revocación de las autorizaciones que hayan otorgado a sus entidades coordinadas, en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos con base en lo dispuesto por el artículo 37 de este decreto:
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos y en el desarrollo de sus programas resulte que no cumplen con las metas de los programas aprobados o se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos;
III. En el caso de subsidios, el incumplimiento de la cuenta comprobada motivará, en su caso, la inmediata suspensión de las subsecuentes ministraciones de fondos que por el mismo concepto se hubieren autorizado, así como el reintegro de lo que se haya suministrado;
IV. Cuando en el manejo de sus disponibilidades financieras no cumplan con los lineamientos que emitan las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.
V. Cuando en los términos del artículo 28 del presente decreto, se hayan celebrado convenios de asunción de pasivos y no se cumpla con las obligaciones pactadas y los programas de
saneamiento respectivos o con los compromisos de déficit o superávit, y
VI. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Salvo lo previsto en los artículos 13 y 34 no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos así como ampliaciones líquidas a los presupuestos; en consecuencia, las dependencias y entidades deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Las entidades no comprendidas en el presupuesto, se sujetarán a los calendarios de gasto que aprueben sus respectivos órganos de gobiernos, con base en los lineamientos generales que emita la propia Secretaría.
Artículo 11. Para que las dependencias y entidades puedan ejercer créditos externos, será necesario que la totalidad de los recursos correspondientes se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos autorizados y se cuente con la aprobación previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los recursos que se prevean ejercer por este concepto serán intransferibles y sólo podrán aplicarse a los proyectos para los cuales fueron contratados los créditos.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Asimismo, y sin perjuicio de la observancia de las disposiciones que resulten aplicables, las dependencias y entidades dentro de sus presupuestos autorizados, deberán utilizar los recursos externos disponibles en las instituciones financieras, para la adquisición de los bienes y servicios de procedencia extranjera que requieran.
Las dependencias y entidades sólo podrán cubrir el costo de los bienes y servicios a que se refiere el párrafo anterior sin utilizar recursos externos, en casos excepcionales debidamente justificados y de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 12. La Secretaría de Programación y Presupuesto en el ejercicio del presupuesto vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuados en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, así como de los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, contraer compromisos fuera de las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas, acordar erogaciones que no permitan la atención de los servicios, públicos y el cumplimiento de sus metas durante el ejercicio presupuestal, así como del titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto autorizar dichos compromisos, salvo en lo previsto en el artículo siguiente:
Las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 constitucional, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, autorizará erogaciones adicionales para aplicarlas a proyectos de inversión de carácter social, o programas y proyectos prioritarios y estratégicos del gobierno federal, tales como desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente, con cargo a:
1. Excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos de la Federación, con excepción de los incisos 1, 2, 3, y 4 de su fracción II "Aportaciones y abonos retenidos a los trabajadores por patrones para el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores", "Cuotas para el Seguro Social a cargo de patrones y trabajadores", "Cuotas para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a cargo de los citados trabajadores" y "Cuotas para el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas a cargo de los militares".
De estos ingresos, se asignarán a la Cámara de Diputados los recursos necesarios para el sostenimiento del Instituto de Estudios Legislativos, en un monto que no exceda del 5% del gasto corriente presupuestado para el Poder Legislativo, los que serán ejercidos por conducto de la propia Cámara de Diputados;
II. Excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto;
III. Remanentes que tengan las entidades paraestatales, entre sus ingresos y gastos netos, que se consignen como erogaciones recuperables dentro de sus presupuestos, y
IV. Ingresos que obtenga el gobierno federal como consecuencia de la liquidación o extinción de las entidades paraestatales que se determine o del retiro de la participación estatal en aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles que no le sean útiles o no cumplan con los fines para los que fueron creados o adquiridos, así como de los provenientes de la recuperación de seguros.
El monto de los ingresos adicionales que resulten de las operaciones señaladas en el párrafo anterior se destinarán a financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes, para amortizar deuda pública, o para la constitución de nuevas entidades paraestatales que se justifique, de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
En el caso de excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere este decreto, serán canalizados para fortalecer, cuando así lo amerite, su propia situación financiera.
Asimismo, se podrán autorizar erogaciones adicionales con cargo a los ingresos extraordinarios que obtenga el gobierno federal por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los programas y proyectos específicos para los que hubieren sido contratados.
El Ejecutivo Federal al presentar a la Cámara de Diputados la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 1991, dará cuenta de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición y hará el análisis de su aplicación.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, efectuará las reducciones a los montos de los presupuestos aprobados a las dependencias y entidades, cuando se presenten contingencias que repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados.
Para los efectos del párrafo anterior, deberán tomarse en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, escuchando la opinión de los órganos de gobierno de las propias entidades.
Los ajustes y reducciones que efectúe el Ejecutivo Federal en observancia de lo anterior, deberán realizarse en forma selectiva y sin afectar las metas sustantivas del gasto social y principales proyectos de inversión optando preferentemente en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad e impacto social y económico.
En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 12.5%, el Ejecutivo Federal, en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará también de inmediato, a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Artículo 15. Todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las dependencias federales no podrá destinarse a fines específicos y deberán ser concentradas en la Tesorería de la Federación, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estén destinados.
Artículo 16. Los importes no devengados en el pago de servicios personales, así como las diferencias en cambios, quedarán definitivamente como economías del presupuesto.
En el caso de servicios personales las economías definitivas podrán aplicarse a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen, sujetándose a los lineamientos administrativos que al efecto expida la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 17. La administración, control y ejercicio de los ramos de erogaciones no sectorizables, de aportaciones a seguridad social y de solidaridad y desarrollo regional a que se refiere el presente decreto, se encomienda a la Secretaría de Programación y Presupuesto. La administración, control y ejercicio de los ramos de deuda pública, de participaciones a estados y municipios y de erogaciones para saneamiento financiero será responsabilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad
y disciplina presupuestales
Artículo 18. Sin perjuicio de lo que establece el presente decreto y las demás disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las
dependencias, así como los órganos de gobierno y directores o sus equivalentes de las entidades de la administración pública federal, serán responsables de la estricta observancia de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales contenidas en el presente capítulo. Su inobservancia o incumplimiento motivará el fincamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley.
Artículo 19. Las dependencias y entidades de la administración pública federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas, sin perjuicio de los derechos laborales de los trabajadores. La Secretaría de Programación y Presupuesto , a solicitud expresa del titular de la dependencia respectiva, podrá autorizar, conforme a los programas y recursos en este presupuesto, la creación de las plazas que sean indispensables para los programas de educación, salud, procuración de justicia y seguridad nacional.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas cuando ello garantice el incremento de su productividad, se establezcan metas específicas a este respecto, cuenten con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas para el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a las secretarías de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación.
La designación y contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores surtirá efectos a partir de la fecha de la autorización correspondiente, sin que en ningún caso pueda dárseles efectos retroactivos.
En el caso de las estructuras de las dependencias y entidades ya autorizadas, no podrán llevarse a cabo conversiones de plazas, puestos y categorías en ellas comprendidos, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual deberá recabarse la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto, para el caso de las dependencias y del órgano de gobierno respectivo, tratándose de las entidades paraestatales.
Las dependencias y entidades no podrán modificar su estructura orgánica básica y ocupacional aprobada en el ejercicio de 1990, debiendo ser éstas acordes con las normas emitidas por la Secretaría de Programación y Presupuesto, por lo que cualquier adecuación sólo podrán hacerla las dependencias, previa autorización de dicha Secretaría y las entidades paraestatales por su órgano de gobierno, conforme a los lineamientos que se dicten para tal efecto, de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Tales adecuaciones no podrán implicar traspaso o ampliación a las previsiones presupuestadas por las dependencias y entidades por concepto de servicios personales, ni incremento en el número de plazas.
Artículo 20. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos por concepto de servicios personales deberán:
I. En las acciones de descentralización, dar prioridad a los traspasos de plazas y de recursos asignados a sus presupuestos, entre sus unidades responsables y programas, sin que ello implique la creación de nuevas plazas;
II. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas por la Secretaría de Programación y Presupuesto para las dependencias y en el caso de las entidades, por el órgano de gobierno respectivo, conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Las remuneraciones adicionales por jornada u horas extraordinarias, los estímulos por eficiencia en la actuación y otras prestaciones, se regularán por las disposiciones que establezcan la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de remuneraciones adicionales por jornadas y por horas extraordinarias y otras prestaciones del personal que labora en las entidades paraestatales, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
III. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto o bien, que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos, celebrados en el ejercicio de 1990.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía, personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y
siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuente. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
IV. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto, en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de gobierno, o sus equivalentes de entidades paraestatales;
V. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones oficiales, y
VI. Abstenerse de realizar cualquier transferencia de recursos de otros capítulos presupuestales al capítulo de servicios personales.
Artículo 21. Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, serán responsables de reducir selectiva y eficientemente los gastos de administración, sin detrimento de la realización oportuna y eficiente de los programas a su cargo y la adecuada prestación de los bienes y servicios de su competencia, así como de cubrir con la debida oportunidad sus compromisos reales de pago, con estricto apego a las demás disposiciones de este decreto y las que resulten aplicables a la materia.
Las dependencias y entidades en el ejercicio de sus presupuestos sólo podrán efectuar erogaciones en el exterior, para las representaciones, delegaciones u oficinas autorizadas y aportar cuotas a organismos internacionales cuando dichas erogaciones se encuentren expresamente previstas en sus presupuestos autorizados. Asimismo, continuarán en coordinación con las secretarías de Relaciones Exteriores y de Programación y Presupuesto revisando dichas cuotas en relación con los fines de los organismos y sus propias atribuciones, a fin de avanzar en su disminución o cancelación cuando en el contexto de las prioridades nacionales no se justifiquen.
Durante el ejercicio de 1991, el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, oyendo la opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la coordinadora de sector, en función de las disponibilidades de recursos, adoptará medidas de racionalización de los presupuestos, calendarios autorizados, utilización de los bienes muebles e inmuebles, estructuras y tabuladores asignados a las representaciones, delegaciones u oficinas de las dependencias y entidades en el exterior.
Artículo 22. Las dependencias y entidades de la administración pública federal en el ejercicio de sus presupuestos para el año de 1991, no podrán efectuar adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
I. Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables para la operación. En consecuencia, se deberá optimizar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que dispongan;
II. Vehículos terrestres y marítimos con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y soberanía nacional, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud y del desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, y
III. Vehículos aéreos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad y la soberanía, así como la procuración de justicia.
Cualquier erogación que realicen las dependencias por los conceptos previstos en las fracciones anteriores, requerirá de la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto en forma específica y previa al ejercicio del gasto correspondiente.
Tratándose de entidades paraestatales, se requerirá de la autorización específica y previa de su órgano de gobierno, la cual deberá sujetarse a la normatividad vigente.
Artículo 23. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican deberán reducirse al mínimo indispensable, su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular de la dependencia o del órgano de gobierno de la entidad correspondiente:
I. Gastos menores, de ceremonial y de orden social; comisiones de personal al extranjero; congresos, convenciones, ferias, festivales y exposiciones; erogaciones por concepto de servicios bancarios, correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable; y donativos, en los términos del artículo 29 de este decreto;
II. Contratación de asesorías, estudios e investigaciones, y
III. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales, en general, los relacionados con
actividades comunicación social. En estos casos las dependencias y entidades deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal.
Las erogaciones a que se refiere esta fracción, con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991 deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto y las que efectúen las entidades, se autorizarán por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías.
Artículo 24. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas para 1991:
I. Se otorgará prioridad a la terminación de los proyectos y obras vinculadas a la prestación de los servicios de educación, salud, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, seguridad e impartición de justicia, con especial atención de aquéllos que se orienten a satisfacer las necesidades de la población de bajos ingresos, así como para la modernización de la infraestructura básica de comunicaciones y transportes, hidráulica, energía eléctrica y abasto de combustibles; a los que estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y los que presenten un mayor grado de avance físico.
Las dependencias y entidades sólo podrán iniciar proyectos nuevos, cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso, cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
II. Se deberá aprovechar la mano de obra e insumos locales y emplear al máximo la capacidad instalada productiva para abatir costos;
III. Se considerará preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra;
IV. Se deberán estimular los proyectos de conversión con los sectores social y privado y con los gobiernos locales para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de producción, estratégicos y prioritarios, comprendidos en la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y demás programas formulados con base en la Ley de Planeación.
En el caso de proyectos y obras de beneficio social se concertará, con arreglo a la ley, la participación activa de las comunidades locales;
V. Los proyectos de inversión financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades y sujetarse a los términos de las autorizaciones que otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, conforme a sus respectivas atribuciones; asimismo, los ejecutores de gasto y los agentes financieros del gobierno federal, informarán a las citadas secretarías, del ejercicio de los créditos con base en los recursos autorizados en sus respectivos presupuestos;
VI. Las inversiones financieras con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, serán aquellas estrictamente necesarias y se realizarán previa autorización de la Secretaría de Programación y
Presupuesto y se orientarán:
a) A fomentar y desarrollar selectivamente las actividades y ramas de producción consideradas como fundamentales para el desarrollo del país, y
b) Al financiamiento de empresas públicas que promuevan la producción y comercialización de productos básicos, así como de bienes de capital.
Las inversiones financieras deberán estar vinculadas a programas de saneamiento financiero, productividad y eficiencia y responder a las orientaciones de los programas sectoriales de mediano plazo. Tratándose de erogaciones para saneamiento financiero, deberán sujetarse además a lo que dispone el artículo 28 de este decreto, y
VII. Las entidades paraestatales deberán ajustar sus programas de expansión productiva con los programas de mediano plazo correspondiente, con las prioridades de la estrategia de modernización económica y social del Plan Nacional de Desarrollo y con las previsiones de recursos disponibles.
Artículo 25. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se sujetarán a las estrategias y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo y de los demás programas formulados conforme a la ley de la materia y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos.
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que, al mismo tiempo, eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas serán congruentes con los fines de la estrategia económica del Plan Nacional de Desarrollo, dando prioridad a las actividades del sector social, y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra, a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos y a promover la capacidad de exportación y la generación de divisas;
V. Los subsidios a los bienes y servicios de consumo popular se circunscribirán a los productos agropecuarios ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular, regulándose conforme a las necesidades sociales y con el objeto de preservar el nivel de ingreso de los productores. Estos subsidios se orientarán a la protección del consumo y del poder adquisitivo de la población;
VI. Las transferencias destinadas al apoyo de entidades paraestatales se deberán orientar selectivamente hacia actividades estratégicas y prioritarias, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios de insumos estratégicos para la producción y a generar empleo permanente y productivo;
VII. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para otorgar transferencias que se pretendan destinas a inversiones financieras;
VIII. Se considerarán preferenciales las transferencias destinadas al desarrollo de la ciencia y la tecnología, a la investigación en instituciones públicas, a la capitalización de las empresas públicas, a la formación de capital, en ramas y sectores básicos de la economía y al financiamiento de actividades definidas como estratégicas, que en el mediano plazo propicien la generación de recursos propios;
IX. Las entidades paraestatales beneficiarias de transferencias deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
X. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 26. La Secretaría de Programación y Presupuesto autorizará las transferencias con cargo al presupuesto de egresos a las dependencias coordinadoras de sector, quienes procederán a la asignación de los recursos a las entidades paraestatales bajo su coordinación, verificando previamente.
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
Las dependencias coordinadoras de sector podrán suspender las ministraciones de fondos cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en los términos y plazos establecidos en las disposiciones aplicables, informando de inmediato a la Secretaría de Programación y Presupuesto, dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 de este decreto.
Artículo 27. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por las dependencias coordinadoras de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, así como la respectiva dependencia coordinadora de sector, celebrarán con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales
estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos o a la producción de bienes social y nacionalmente necesarios, de acuerdo a los fines para los que fueron creadas y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de saneamiento financiero que se presente a más tardar el 31 de julio de 1991 a la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento y sea aprobado por ésta.
La comisión evaluará periódicamente el cumplimiento de los convenios, respecto de las metas establecidas en dichos instrumentos. Si de las evaluaciones mencionadas se observan hechos que contravengan las estipulaciones concertadas, las dependencias que integran la comisión, en los términos de las disposiciones legales aplicables, propondrán a la dependencia coordinadora de sector y a la entidad de que se trate, las medidas conducentes para corregir las desviaciones detectadas.
El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, con base en las evaluaciones de la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, informará anualmente a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de los convenios de saneamiento financiero, así como de las medidas adoptadas para su debido cumplimiento.
Las dependencias que integran la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere este artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios.
Artículo 29. La Secretaría de Programación y Presupuesto no podrá autorizar subsidios, ni las dependencias y entidades otorgar donativos y ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social. Tampoco se otorgarán a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos de la Federación o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 30. Las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen otorgado durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre al Registro Único de Transferencias; dicha información deberá ser proporcionada en los términos del artículo 37 del presente decreto.
Artículo 31. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, podrá determinar reducciones, diferimientos y cancelaciones de programas y conceptos de gasto de las dependencias y entidades que no les resulten indispensables para su operación, cuando ello represente la posibilidad de obtener ahorros, en función de la productividad y eficiencia de las propias dependencias y entidades. En todo momento, se respetará el presupuesto destinado a los programas prioritarios y en especial, los destinados al bienestar social.
Para la aplicación de los remanentes que se generen con tal motivo, el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, resolverá lo conducente, debiendo dar prioridad a las dependencias y entidades que hubiesen generado dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas.
Artículo 32. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberán sujetarse las dependencias y entidades respecto de las disponibilidades financieras con que cuenten durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles salvo en el caso de valores emitidos por el sector público. Para tal efecto, las dependencias y entidades proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos a que se refiere el artículo 37 de este decreto.
A fin de identificar los niveles de liquidez, así como para operar la compensación de créditos o adeudos, las dependencias y entidades de la administración pública federal informarán de sus depósitos en dinero o valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, en los términos que se establezcan con base en lo dispuesto por el artículo 37 del presente decreto.
Las dependencias y entidades, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de esta tasa se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público,
desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 33. El Banco de México, en función del monto de divisas requerido para el Presupuesto de Egresos de la Federación y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición de las dependencias y entidades, las divisas necesarias para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera, debiendo las mismas informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen al respecto, de acuerdo con los flujos reales establecidos.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará no afectar los programas de inversiones prioritarios.
Artículo 35. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1991, serán los siguientes:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 36. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres y ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar las dependencias y entidades, durante el año de 1991, serán los siguientes:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
Las dependencias y entidades se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiere saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 37. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto, de la Contraloría General de la Federación y el Banco de México, operarán el Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gastos Públicos. Las propias dependencias establecerán las normas y lineamientos relativos a la organización, funcionamiento y requerimientos de dicho sistema, los cuales deberán ser conocidos por las dependencias y entidades, a más tardar dentro de los primeros 30 días del ejercicio.
Las dependencias y entidades deberán cumplir con los requerimientos de información que demande el sistema. Para tal efecto, las dependencias a que se refiere el párrafo anterior, conjuntamente con la coordinadora de sector, harán compatibles los requerimientos de información que demande el sistema, racionalizando los flujos de información.
Artículo 38. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos de la Federación en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Ejecutivo Federal, a través de las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, informará trimestralmente a la Cámara de Diputados sobre los resultados de las verificaciones a que se refiere el artículo 9o. de este decreto, así como sobre la situación económica y las finanzas públicas del ejercicio, incluyendo las de las entidades paraestatales que celebren convenios de déficit o, en su caso, superávit financiero y hará asimismo, las aclaraciones que ésta le solicite, a través de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, sobre la detección de irregularidades y el financiamiento de las responsabilidades correspondientes.
Los informes trimestrales deberán ser presentados a más tardar 45 días después de terminado el trimestre de que se trate.
Artículo 39. Para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del
Congreso de la Unión se requerirá autorización previa del mismo.
En los términos de los artículos 15, 16 y 32 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y los respectivos de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, el Ejecutivo podrá proceder a la desincorporación de entidades paraestatales, comprendidas en este decreto, sujetándose a las siguientes bases:
a) Las propuestas que formule la Secretaría de Programación y Presupuesto para disolver, liquidar, extinguir, transferir a los estados y municipios; enajenar la participación estatal y fusionar entidades paraestatales, se basarán en dictámenes que al efecto deberá emitir la Comisión Intersecretarial Gasto - Financiamiento, los cuales deberán considerar el efecto social y productivo de estas medidas incorporando los puntos de vista de los sectores interesados, y
b) Enviar previamente informe escrito, a la Cámara de Diputados, de las razones y criterios específicos para llevar a cabo el ejercicio de estas atribuciones.
La Cámara de Diputados vía la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, analizará la información a que se refiere el inciso b, anterior y en su caso dará su opinión.
Artículo 40. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación; para tales efectos, dictará las medidas pertinentes de acuerdo con las leyes que resulten aplicables y el presente decreto, señalando los plazos y términos a que deberán ajustarse las dependencias y entidades coordinadas y no coordinadas, en el cumplimiento de las disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales y podrá requerir de las propias dependencias y entidades la información que resulte necesaria, comunicando a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones para los efectos del artículo 41 de este decreto.
Del cumplimiento a lo dispuesto en este artículo, se dará cuenta a la Cámara de Diputados en los informes trimestrales a que se refiere el artículo 38 de este decreto y en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
Artículo 41. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación y los órganos internos de control de las dependencias y entidades, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confiere la ley, comprobarán el cumplimiento por parte de las propias dependencias y entidades de la administración pública federal, de las obligaciones derivadas de este decreto.
Con tal fin, dispondrán lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, pondrá en conocimiento de tales hechos a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, en los términos de la coordinación que establece la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Artículo 42. La Secretaría de Programación y Presupuesto estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos y establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1991.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 17 de diciembre de 1990.»
Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - Con base en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene la palabra el diputado Eric Rubio Barthell, por la Comisión de Programación, presupuesto y Cuenta Pública.
El diputado Eric Luis Rubio Barthell: - Señor Presidente: Antes de comenzar mi intervención y a nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, deseo dar lectura a la fe de erratas del proyecto de decreto debido a que se encontraron errores mecanográficos.
Página 17, primer párrafo, sexto y séptimo renglones dice: "producto interno bruto en 1991, representará el 7.9%, cifra interior a la de 1990, que representó el 10.4% del producto". Debe decir: "producto interno bruto en 1991 , el pago del servicio de la deuda representará el 7.5% cifra inferior a la de 1990, que representó el 10.1% del producto".
Página 36 artículo 24, fracción IV, tercer renglón dice: "Proyecto de infraestructura y de producción estratégicos y prioritarios comprendidos en la estrategia de modernización económica". Debe decir: "Proyectos de infraestructura y de producción comprendidos en la estrategia de modernización económica".
Página 42 Artículo 34, dice: "Articulo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por los diferentes tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestales y de las alternativas de financiamiento de los programas efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disposiciones presupuestales y de las alternativas de financiamiento que se presenten. En estos casos se cuidará de no afectar los programas de inversiones prioritarios". Debe decir: "Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en cuenta los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipos de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos, las disponibilidades presupuestables y de las alternativas que se presenten. En estos casos se deberá cuidar no afectar los programas de inversiones prioritarios".
Honorable asamblea: La Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, somete a su atenta consideración el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1991, con base en lo dispuesto en los artículos 65, 74 fracción IV, 75, 126 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General.
Del análisis del proyecto de decreto enviado en tiempo y forma por el Ejecutivo Federal, de la comparecencia del titular del ramo y de la información adicional recibida, esta comisión emitió el dictamen correspondiente que ya es del conocimiento de cada uno de ustedes, en donde se vierten los principales criterios que derivaron de las propuestas de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara.
Arduo y laborioso fue el trabajo realizado por todos los compañeros diputados pertenecientes a la comisión, que analizaron un gran acervo de información proporcionado para satisfacer todas y cada una de las dudas que fueron surgiendo.
Se analizaron todas las propuestas escritas y verbales presentadas por los integrantes de la Comisión, caracterizadas éstas por su seriedad, profundidad y buena fe; se deliberó bajo estos mismos términos y con respeto, razonamiento y apegados a la ley en la materia, se proponen a la asamblea nueve modificaciones al proyecto de decreto, así como varias recomendaciones que vienen incluidas en el cuerpo del dictamen.
En atención a las recomendaciones del dictamen del decreto del presupuesto del año en curso, se realizó un estudio más minucioso del proyecto y de sus anexos así tanto en las reuniones de trabajo de la Comisión, como en las reuniones específicas con los diversos grupos parlamentarios.
Asimismo se corroboró la importancia que en el presupuesto le otorga al rubro de ciencia y tecnología, incrementándose éste último, en 20.2% en términos reales, con respecto a 1990.
El Acuerdo Nacional para la Recuperación Económica con Estabilidad de Precios, busca la mejor distribución del ingreso y el incremento a las oportunidades de empleo para todos los mexicanos.
Los programas y la distribución de recursos en este presupuesto, están dirigidos hacia esa mira, poniendo especial énfasis en el incremento del nivel de vida de los que menos tienen.
Consideramos indispensable la recuperación del poder adquisitivo del salario de los mexicanos. Por esta razón recomendamos continuar con denuedo la lucha frontal en contra de la inflación, que es el factor que más lacera el nivel de vida de las clases populares. Y uno de los criterios principales para abatir este efecto, es la selectividad, racionalidad y disciplina en el ejercicio del gasto público.
El proyecto de presupuesto de egresos que se propone, se caracteriza principalmente porque dispone de recursos adicionales en lo que a gasto de inversión y social se refiere. Ello debido, principalmente a la menor carga que significará el servicio de la deuda pública.
Esta reducción del 10.1% en 1990, el 7.5% en 1991 con respecto al producto interno bruto, se debió principalmente a la renegociación de la deuda externa y a la baja de las tasas de interés.
El servicio de la deuda en 1991, es del 21.2% más bajo en términos reales con relación al de 1990.
Por otra parte, la comisión consideró conveniente que se integrara un grupo pluripartidista con miembros de la misma, para estudiar la viabilidad de mejorar los tiempos y procedimientos de la presentación de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación ante esta honorable Cámara de Diputados.
Asimismo en las asignaciones del presupuesto, puede captarse la intención de avanzar hacia una recuperación económica gradual y consistente, con la continuidad de los programas sociales que permitan justamente, elevar el nivel de vida de los mexicanos.
Otra de las características del presupuesto, es que se incrementó éste en áreas estratégicas y prioritarias. Asimismo, el gasto programable del gobierno federal, se incrementa en 10.4% en términos reales respecto a 1990.
En ese sentido el presupuesto en desarrollo social se incrementó de 38.3% en 1990, a 43.5% en 1991.
La liberación de recursos del sector paraestatal, debido a las desincorporaciones de empresas no estratégicas ni prioritarias, ha permitido algunos incrementos al sector social anteriormente mencionados.
Se observa también un crecimiento en términos reales del 7.5% de la inversión pública presupuestal que en años anteriores venía rezagada.
Por primera vez se incorporó en la exposición de motivos del proyecto, un apartado específico en materia ecológica y la inversión destinada para éste propósito será de 1 billón 039,900 millones de pesos.
En el renglón de carreteras será de 1.1 billones de pesos y se estima una inversión privada en autopistas concesionadas de alrededor de 4 billones de pesos.
En el sector educación se observa un incremento real del 17.3% con respecto a 1990.
En desarrollo rural el presupuesto se incrementa en 10.5% en términos reales, con el objeto de dotar a los órganos de gobierno de las entidades paraestatales de una mayor capacidad de decisión de 1991, se elaborará el reglamento a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, el presupuesto asignado en el proyecto para los órganos electorales asciende a 831 mil 800 millones de pesos.
El Programa Nacional de Solidaridad constituye un instrumento para canalizar recursos a los indígenas, a los campesinos de zonas de baja productividad y a los habitantes de colonias populares, a fin de apoyar sus esfuerzos por mejorar sus condiciones de vida. El Programa Nacional de Solidaridad permite emprender tareas que los propios participantes definen.
El Programa Nacional de Solidaridad debe garantizar que las obras y acciones que se realicen con los recursos autorizados por esta honorable Cámara de Diputados, se distribuyan prioritariamente entre regiones, estados y los municipios donde se asientan los grupos de mayor pobreza, independientemente de su afiliación política.
De las propuestas verbales y escritas de los diferentes grupos parlamentarios, la comisión estimó conveniente realizar adiciones y modificaciones a diversos artículos de la iniciativa de decreto; se incrementó 10 mil millones de pesos para el gasto corriente del Poder Legislativo, reduciendo este monto de las previsiones para erogaciones no sectorizables, modificando de esta forma el artículo 2o. y el artículo 4o. del decreto.
El artículo 13 sufre de modificaciones debido a que se consideró necesario precisar que los ingresos adicionales se deberán canalizar a desarrollo rural, comercialización de productos agropecuarios, educación, salud, vivienda, infraestructura básica y medio ambiente.
En la fracción IV se precisó que los ingresos adicionales obtenidos por la desincorporación de entidades paraestatales podrán ser canalizados también al pago de la deuda pública. En el artículo 14 se definió que aquellos ajuste y reducciones que tengan que efectuarse, no deberán afectar las metas sustantivas del gasto social ni en los proyectos prioritarios de inversión que tenga impacto socioeconómico; así mismo, se bajó a 12.5% el límite de reducción de ingresos presupuestales para informar de inmediato a la Cámara de Diputados a través de esta comisión, de los ajustes a que diera lugar el presupuesto.
Se transformó el primer párrafo del artículo 19, con el objeto de que las dependencias y entidades de la administración pública federal no afecten los derechos laborales de sus trabajadores, cuando realicen traspasos externos de plazas.
El artículo 28, en su fracción II, reduce el plazo para presentar el plazo al 31 de julio a la entidad paraestatal estratégica y prioritaria hacia
sociedades de servicios públicos o a la producción de bienes de servicio.
En el artículo 38 se precisó que los informes trimestrales sobre la situación económica en las finanzas públicas que se presenten a esta honorable Cámara de Diputados, incorporen los resultados de las verificaciones de la ejecución de los programas y presupuesto de las dependencias y entidades, que en relación con los objetivos, prioridades y estratégicas del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas de mediano plazo, del Programa Nacional de Solidaridad y de los proyectos de modernización del aparato productivo.
Dada la congruencia observada en los programas presupuestales con las metas trazadas en el Plan Nacional de Desarrollo, el intenso trabajo de análisis realizado por todas las fracciones parlamentarias, las recomendaciones iniciadas en el dictamen y los cambios llevados a cabo en el proyecto del decreto, estamos seguros que la asignación presupuestal para 1991 cubre las expectativas de desarrollo nacional y logrará una economía más sólida y más estable en beneficio de todas las clases sociales del país. Por todas estas razones y antecedentes...
El Presidente: - Permítame un momento, diputado Rubio. Dígame, diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Puedo hacerle una pregunta al diputado Rubio?
El diputado Eric Luis Rubio Barthell: - No, señor Presidente...
El Presidente: - No la acepta, diputado.
Continúe, diputado Rubio.
El diputado Eric Luis Rubio Barthell: - Por todas estas razones y antecedentes, esperamos que merezca la aprobación del pleno de esta Cámara el Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1991. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Han solicitado hacer uso de la palabra al abrirse la discusión en lo general para fijar la posición de su partido, los siguientes diputados:
La diputada Teresa Ortuño, por el Partido Acción Nacional; el diputado Humberto Esqueda Negrete, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Armando Ibarra, por el Partido Popular Socialista; el diputado Rafael Melgoza, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar un voto particular; el diputado Tomás Pedroza Esparza, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Pablo Gómez, en contra del dictamen en lo general, y el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
En consecuencia, tiene la palabra...
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Dígame, diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Yo le suplico que los votos particulares que hubiere se presentaran desde luego y después se abriera el debate, como lo señala el reglamento.
El Presidente: - No hay duda al respecto señor diputado. Ocurre que en la redacción de la lista los señores diputados participantes, originalmente y en principio acuerdan un turno determinado. Si éste no se respeta como se presenta a la Presidencia, al final y en acatamiento al artículo 88 del reglamento le concedemos la palabra al diputado Rafael Melgoza, para presentar su voto particular.
Quiero informar a la asamblea en el sentido de que se acordó...
Permítame, diputado. Permítame un momento.
Se acordó que los oradores dispondrían en la tribuna de 20 minutos. En caso de que alguno de ellos rebase este período de tiempo acordado, le informo a la asamblea que se le permitirá, dentro de la flexibilidad que exige un debate de estas condiciones, ocupar el tiempo reglamentario. Queda al buen juicio del diputado que esté en uso de la palabra, agotar este tiempo u ocupar los 20 minutos del acuerdo, que entre sí han tomado...
Dígame, diputado Vicencio.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar (desde su curul): - Una moción de orden, señor Presidente.
El acuerdo que se tuvo entre los grupos parlamentarios, fue que el primer turno de oradores se iba a tocar el punto de vista de cada uno de los partidos, ya fuera en pro, en contra o para desarrollar el voto particular.
En este caso, por lo que yo me estoy dando cuenta, usted concede, por ser voto particular,
concede un primer turno al orador del Partido de la Revolución Democrática, que también tiene otro orador inscrito en contra, y no nada más el Partido de la Revolución Democrática, son dos partidos políticos los que tienen este sistema.
Yo siento que debería ser un orador exclusivamente en el primer turno de oradores, como se había quedado. Porque si no, nosotros también vamos a inscribir otro voto particular para pasar al principio y después vamos a hablar en contra para pasar después.
El Presidente: - ¡Dígame, diputada!
La diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Pues entonces, pido la palabra para razonar el voto particular del Partido Acción Nacional.
El Presidente: - Sí. Dígame diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Tengo entendido que los señores de Acción Nacional no han presentado voto particular. Desde luego que si tienen un voto particular, y ése tiene tal carácter, yo creo que deben hablar antes de que se abra el debate, me parece a mi. Pero creo que no se está entendiendo la naturaleza que tiene el documento denominado "voto particular".
De acuerdo con el reglamento deben presentarse los votos particulares antes del debate. Si hay un voto particular de otro partido, yo por eso, en mi primera intervención, decía que los que hubiera, no solamente el del Partido de la Revolución Democrática, sino si también hay uno del Partido Acción Nacional, y si tiene el Partido Revolucionario Institucional un voto particular en contra también lo escuchamos.
El Presidente: - Quiero informarle a la asamblea de lo siguiente:
A esta Presidencia se presentó el voto particular del Partido de la Revolución Democrática como tal. Por esta razón y reglamentariamente lo estamos ubicando en el orden en que yo anteriormente lo anuncié. Es el único voto particular que aquí se presentó.
Yo apelo a su comprensión en cuanto al acuerdo que se tiene entre los diputados para proceder en consecuencia.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza (desde su curul): - Sí, señor Presidente, respecto a que es un voto particular registrado previamente a la sesión, estamos de acuerdo entonces en que se respete el reglamento al respecto; solamente que entonces ya no hay ningún otro voto particular ni nada. ¿Está claro esto, verdad? Gracias.
El Presidente: - Efectivamente no lo hay.
Tiene la palabra el diputado Rafael Melgoza.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores: Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara el siguiente voto particular en contra del dictamen del presupuesto de egresos de la federación, correspondiente a 1991.
Este 1991 es el tercer año del sexenio; es un año de crucial importancia política. Se observa con nitidez el perfil del proyecto económico y político salinista. Una débil y desigual recuperación del crecimiento amenazada por desequilibrios en el sector externo y por un repunte inflacionario, la apertura externa unilateral, la excesiva confianza en las exportaciones manufactureras y en la entrada de capital externo, no han generado las condiciones necesarias para consolidar una etapa de crecimiento con estabilidad de precios.
La tendencia proteccionista y la recesión en marcha de la economía norteamericana, las crecientes exigencias de los inversionistas externos, se empiezan a manifestar en nueva ampliación de desequilibrios en la balanza de pagos, que sólo el auge petrolero, provocado por el conflicto del Golfo Pérsico, logró aminorar; sin ese lamentable conflicto, estaríamos hoy anunciando para 1991 una profundización de la crisis económica de consecuencias dramáticas.
En el frente interno de la economía las cosas tampoco terminan por componerse. El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico no resuelve, sólo reprime parcialmente las presiones inflacionarias: los salarios, los precios agrícolas y de múltiples bienes industriales orientados al mercado interno no se recuperan, al contrario, su rezago se amplía, su sometimiento es un repetido logro y una necesidad de la vigencia del llamado Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
La privatización de empresas públicas está llegando a su fin, sólo faltan Petróleos Mexicanos y unas cuantas más, empero, este proceso no ha sido argumento suficiente para traer capitales extranjeros en la cantidad que requiere el modelo de
desarrollo puesto en marcha por el grupo en el poder.
Ante la apertura unilateral decidida por el gobierno, no ha habido reciprocidad de parte de Estados Unidos de América, no ha habido tampoco una diversificación de nuestros mercados; la concentración del comercio en un solo mercado, el de Estados Unidos de América aumenta.
El gobierno necesita y pide reciprocidad a su apertura comercial y una mayor inversión extranjera. Ante ello, el gobierno norteamericano contesta con la propuesta de un acuerdo de libre comercio que conduce a una integración económica subordinada; un cambio en la ley que regula la inversión extranjera, libre acceso a los recursos naturales del país, el petróleo y la tierra entre ellos. Adecuación de la política económica y social del país, según criterios de ellos, son condiciones que ahora exigen en Estados Unidos de América para el libre comercio. Libertad para el capital, pero no para el trabajo; ellos no ofrecen abrir las fronteras a los trabajadores mexicanos que deseen emigrar.
En la agenda de 1991, el acuerdo de libre comercio es el tema principal...
El Presidente: - Señor diputado Melgoza, permítame un momento. Pido a la asamblea guardar silencio y poner atención al orador. Continúe diputado.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Ahí se expresa el límite al que ha llegado el proyecto salinista: la apertura unilateral, el desmantelamiento del aparato económico del Estado, mediante la privatización, la contención salarial, el abandono al desarrollo rural, la protección al mercado interno, la menor integración nacional de la industria, el puntual pago de la deuda externa; todo ello ha conducido al país a una encrucijada en la cual el acuerdo de libre comercio aparece como una salida forzosa.
Desde hace años, lo que el gobierno hace en materia de política económica apunta en esa dirección. En el presupuesto de egresos de 1991 se perfila con mayor nitidez la línea de política económica que condujo al país a esa encrucijada. El abandono de las tareas del Estado en la esfera de la producción y del comercio, restringir la utilización del gasto público, sólo para mitigar los efectos que dejó la crisis y lo que ocasionará el tránsito hacia el nuevo modelo de desarrollo, como dijo el Ejecutivo Federal en el segundo informe, son lineamientos definitorios del presupuesto de egresos de 1991.
Al contrario de esa concepción, nosotros consideramos que el gasto público debe ser un instrumento para sacar las causas de la crisis económica e impulsar un modelo de desarrollo económico con equidad social. El gasto público debe, en primer lugar, enfrentar los graves problemas nacionales, por ejemplo, la crisis agrícola y la crisis del Sistema Educativo Nacional, lo que no observamos en este presupuesto.
Otra de las características que distinguen a este presupuesto, consiste en la ampliación de la discrecionalidad que le concede al Ejecutivo en la aplicación de cuantiosos recursos, principalmente por medio del Programa Nacional de Solidaridad conocido como el programa del Presidente, que es un instrumento para ejercer presupuestos sin programas.
En la perspectiva del año de 1991, ante el tránsito hacia la integración económica con Estados Unidos mediante el acuerdo de libre comercio junto con la dificultad para sostener por más tiempo el inequitativo Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y ante las elecciones federales para renovar el Congreso, se decidió un uso más discrecional del presupuesto que fortalece el presidencialismo, y permite la instrumentación política del gasto para apuntalar al régimen de partido de Estado. Nosotros votaremos en contra, porque ese uso arbitrario del gasto público atenta contra la democracia del interés popular y la soberanía nacional.
En el presupuesto de 1991 se propone un incremento del gasto programable junto con una reducción del gasto neto total, debido a la disminución del pago de intereses por la deuda pública. Al mismo tiempo se indica en el proyecto de presupuesto que con un menor superávit primario habrá una disminución del déficit financiero.
En estos datos se observa indudablemente un mejoramiento en las finanzas públicas por ello no conduce a mejorar las finanzas del pueblo trabajador que en su mayor parte dependen del salario, aunque existe una tendencia a la baja en los últimos años, incluido 1991 en el pago de intereses por la deuda pública, este renglón sigue siendo el más cuantioso del gasto público al absorber el 25% del gasto neto total. Para 1991 el gasto en intereses y comisiones por la deuda, equivale al gasto de operación de todas las empresas paraestatales, incluido Petróleos Mexicanos, y a casi el triple de su gasto capital, así como al doble de las participaciones a estados y municipios, incluidos los estímulos fiscales. Asimismo, es superior a cualquiera de los sectores, por ejemplo, es más del doble del gasto en
educación y salud, seis veces mayor que el de comercio y abasto, 25 veces más alto que el gasto en desarrollo urbano y similar al gasto neto total de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Ferrocarriles Nacionales e Instituto Mexicano del Seguro Social juntos. Un análisis de la evolución y estructura actual del gasto neto total pone al descubierto el hecho de que por más que el gobierno federal se esfuerce por convencer al país de que el asunto de la deuda va por buen camino, es claro que su impacto en el gasto público y en el desarrollo económico y social de México continúa siendo un problema de los más graves.
El hecho de que se vaya a reducir el déficit financiero sin necesidad de aumentar el superávit primario, constituye una buena noticia; nosotros propusimos que así fuera desde el año pasado, así el gobierno podrá disponer para gasto social y productivo, de una parte mayor de sus ingresos. El problema ahora es cómo distribuye y aplica los mayores recursos disponibles.
La disminución del superávit la calculó el gobierno considerando una reducción del precio del petróleo para 1991 respecto al de 1990; deliberadamente se proyectó un precio para el barril de petróleo relativamente bajo, 17 dólares como promedio. Preguntamos, ¿qué sucederá si debido a la permanencia o agravamiento del conflicto del Golfo Pérsico el precio del barril se ubica como está hoy, significativamente por encima de los 17 dólares? De acuerdo con el proyecto de decreto el presupuesto de 1991 el excedente que se obtendría por el aumento de precio de petróleo serviría para un aumento del gasto que decidirá exclusivamente el Ejecutivo.
Podrá decidirse por ejemplo aumentar al doble los recursos destinados al Programa Nacional de Solidaridad o lo que se insinúe en el documento de criterios generales de política económica de incrementar nuevamente el superávit primario, destinando más dinero al pago de intereses. Se desaprovecharía así, una vez más, la oportunidad de utilizar los recursos excedentes provenientes del petróleo en programas que amplíen y mejoren la producción nacional y el poder de compra de los trabajadores. En todo caso, la decisión y la orientación de una ampliación de las organizaciones del sector público lo deja el derecho de presupuesto al arbitrio del Ejecutivo. En la perspectiva de esperar todo progreso productivo y tecnológico de una mayor inversión extranjera que vendrá con el acuerdo de libre comercio, la propuesta que nosotros hemos hecho, de la utilización de los excedentes petroleros, carece de sentido. Nosotros proponemos no continuar con la política de sacrificio fiscal y social que se expresa en un creciente y persistente superávit primario, proponemos también quitar esa discrecionalidad al Ejecutivo para el gasto de recursos adicionales y devolverle al Legislativo, en la práctica y de manera cabal, la facultad que le otorga la Constitución de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Si hay recursos adicionales que se discuta y apruebe por esta soberanía un presupuesto adicional de gastos.
En el presupuesto de 1991 se observa un cambio estructural en el gasto programable, aumenta significativamente la participación del gasto social y disminuye la participación del gasto destinado al fomento de la producción y del comercio. Así, en 1988 el gasto destinado al sector desarrollo social participaba del 31.97% del gasto programable total, para 1991 este porcentaje sube al 45.5%; en cambio el destinado a desarrollo rural permanece prácticamente igual alrededor del 5.5% de 1988, al presupuestado de 1991, después de haber registrado un descenso en la década de más de siete puntos porcentajes.
El destinado al sector industrial, desciende del 12.9% en 1988 al 3.6% en 1991; el de comercio, reduce su participación en el gasto programable del 7.1% al 6.7%. Se afirma que el objetivo supremo de la política económica es el bienestar social. El gasto en educación y salud sirven al bienestar social, es cierto, pero también la producción, el abasto y comercio de bienes básicos son aspectos fundamentales del bienestar social.
El gasto destinado a Programa Nacional de Solidaridad aumenta en 41% en términos reales respecto a 1990; en cambio, disminuye el presupuesto del Banco de Crédito Rural, se mantiene el nivel de Fertilizantes de México y prácticamente se retira a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares de su papel, de canal y garantía de la comercialización de productos agropecuarios producidos en la nación.
El Estado renuncia así, a cumplir un papel activo en la economía, incluso, autolimita sus posibilidades de combatir la inflación atacando sus causas como son la insuficiente capacidad en la producción de básicos o el comercio especulativo.
Junto con la disciplina fiscal y el control de precios, en otros momentos de la historia económica del país, el gobierno ha utilizado también el fomento de la producción y su participación en
el abasto y comercio de básicos, como armas eficaces en contra de la inflación.
Ahora, se renuncia a ella sin mayor explicación y se carga la mano al sacrificio de salarios y precios agropecuarios para poder contener de manera parcial la presión inflacionaria.
Nosotros consideramos que el gasto público debe servir de manera eficaz a tres propósitos fundamentales: a incrementar el nivel de actividad económica y con ello el nivel de empleo; a mejorar la estructura productiva del país, y a una distribución del ingreso socialmente más equitativa.
El presupuesto de egresos que propone el Ejecutivo no se orienta hacia estos objetivos. La perspectiva del superávit primario tiene efectos contraccionistas sobre el nivel de actividad económica.
El abandono del sector industrial y de algunos renglones decisivos del sector desarrollo rural, se alejan del objetivo de construir una estructura económica más integrada nacionalmente, tanto en relación con las demandas sociales como entre los diversos sectores que la constituyen.
El propósito de una mejor distribución del ingreso tampoco se cumple cuando persiste el deterioro de los servicios sociales básicos, educación y salud principalmente, y se mantiene el enorme rezago que han sufrido los salarios de maestros y médicos, entre otros, auténticos servidores públicos.
En el presupuesto de 1991, observamos un aumento considerable del gasto destinado al sector de desarrollo social, pero no se observa que el aumento se oriente a la recuperación de los salarios de médicos y maestros.
El Ejecutivo no expresa en el presupuesto 1991 ser consciente de la magnitud y trascendencia de la crisis del sistema educativo nacional. El resurgimiento de la escuela pública requiere, en primer lugar, de un trato digno al maestro, una condición de ello es sacarlo de la pobreza extrema en que vive, ya que su actual salario no alcanza ni para comprar el 60% de una canasta de consumo básico.
Los médicos del sector social han sufrido un deterioro en su salario real, más profundo que la reconocida caída del salario mínimo.
¿Cómo mejorar la escuela pública y los servicios de salud, sin iniciar en serio la recuperación salarial?
En el presupuesto de egresos se señala que se procurará mantener la capacidad adquisitiva del salario de médicos y maestros. Esa, en nuestra opinión, es una afirmación grave, porque ante la proclamada mejoría de las finanzas públicas y del gasto social, el gobierno decide continuar con la línea de contención salarial. Con ello no sólo se afecta a un sector de trabajadores, sino que se afecta negativamente la calidad de los servicios sociales más extendidos y se marca la pauta de continuidad de la política general de contención salarial, ya que el Estado es el principal empleador del país y médicos y maestros constituyen la mayoría de los empleados públicos.
En el sector de desarrollo social y en el presupuesto de egresos, el Programa Nacional de Solidaridad ocupa un lugar cada vez más importante, es el renglón del gasto que más crece en esta administración, es el programa del sexenio. En el presupuesto de 1991 tendrá un presupuesto de 5.1 billones de pesos. El propósito de este programa es plausible: erradicar de nuestro país a la pobreza extrema, pero suena demagógico, o cuando menos incongruente, cuando observamos que durante la vigencia de la política neoliberal que encabeza el mismo grupo en el poder desde hace ocho años, el empobrecimiento general del país y con él la pobreza extrema, crece en forma persistente.
Se tiene por un lado una política salarial, una política agrícola y una política fiscal, que producen una mayor concentración del ingreso, una mayor miseria del pueblo trabajador y por otra, un programa muy insuficiente con el que se pretende erradicar la pobreza extrema.
El Partido de la Revolución Democrática no está en contra, como se ha dicho, de que se ataque la pobreza extrema, pero sí se opone a esa incongruencia que, como tal, es una expresión de demagogia extrema, porque lo que se pretende, que es la erradicación de la pobreza extrema, aumenta como consecuencia de la línea general de política económica y social que se practica.
En el sexenio pasado, Miguel de la Madrid, cabeza entonces del mismo grupo neoliberal que ocupa el gobierno, decía que su política económica conduciría a una sociedad igualitaria. Como el resultado fue exactamente el contrario, mayor concentración del ingreso, mayor desigualdad y mayor miseria, entonces, con cierto pudor, el grupo neoliberal cambió de lema, ya no es el de una sociedad solidaria, que los de arriba ayuden a los de abajo, pero como eso es muy difícil, entonces que el gobierno ayude a los de más abajo. Cambia el lema, pero la orientación general de la
política de austeridad dispareja, de contención salarial y de crecientes concesiones al gran capital privado y a las finanzas mundiales, eso no cambia.
Además de incongruente, el Programa Nacional de Solidaridad tiene otras características que resultan muy preocupantes: primero, su utilización priísta, ciertamente expresada por ejemplo en la reciente campaña electoral del estado de México; segundo, su carácter discrecional en favor del Ejecutivo, permitiendo el ejercicio de cuantiosos recursos en un presupuesto sin programas; tercero, es un programa concentrador, acciones y obras que corresponden a dependencias públicas establecidas legalmente, se transfieren a un solo organismo, por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública le correspondería el programa de Programa Nacional de Solidaridad llamado "escuela digna", a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a Banco de Crédito Rural el programa de "apoyo a productores"; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el de "obra de infraestructura urbana en colonias populares", etcétera.
Cuarto, es centralista. Intervienen los funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad en la gestión y control de recursos y obras de gobiernos estatales y municipales. Por ejemplo, en el programa de fondos municipales de solidaridad, ¿por qué tiene que ir un funcionario del Programa Nacional de Solidaridad a controlar la aplicación de esos recursos a los municipios?
Quinto. Se crea un aparato burocrático que duplica funciones. En el presupuesto de Programa Nacional de Solidaridad existe un engaño, se establece que los 5.1 billones de pesos destinados al Programa Nacional de Solidaridad van a gasto de capital, esto es, Programa Nacional de Solidaridad no tendría gasto corriente, por ejemplo, gasto de personal y de publicidad, ¿es esto cierto?
Sabemos que funcionarios o promotores del Programa Nacional de Solidaridad recorren toda la República. Tienen un coordinador general en cada estado, sabemos que todos ellos ganan un sueldo, esto es, constituyen un nuevo aparato burocrático del Estado que realiza funciones que caben perfectamente en organismos del gobierno previamente existentes. Esta es una cuestión que se elude en el presupuesto y que el Poder Legislativo debería conocer con precisión.
El gobierno hace un uso inapropiado no sólo de los recursos públicos sino del concepto mismo de solidaridad. Si solidaridad es hacer nuestra la causa de otros, el gobierno al usar ese concepto declara que la causa de los pobres es la de otras aunque intenta solidarizarse con ellos. La solidaridad también es un acto voluntario, así el gobierno convierte lo que es un mandato constitucional, procurar justicia social en acción voluntaria.
La solidaridad existente en la sociedad misma, gracias a ella sobrevive el pueblo trabajador a pesar de gobiernos injustos asociados con quienes concentran la riqueza. Lo que se debe hacer es realizar una política económica que fortalezca a los trabajadores para que así la red solidaria que el pueblo ha tejido sirva eficazmente al bienestar social.
El gobierno plantea, mediante el Programa Nacional de Solidaridad, erradicar la pobreza extrema, pero no acepta pagar a los jubilados del Instituto Mexicano de Seguridad Social ni siquiera el miserable salario mínimo, ¿cómo podrán así esos abuelos solidarizarse eficazmente con sus nietos o con sus hijos, empobrecidos de manera extrema por la crisis económica que el grupo neoliberal los administra?
El gasto sectorial asignado al sector educativo en 1991 es de 25 billones 818 mil millones de pesos, cifra superior en 17% en términos reales respecto al gasto de 1990. Pero aún así sigue sin alcanzarse el nivel asignado en 1982 en un 5.49%.
En cuanto a su participación dentro del producto interno bruto en 1982 era del 3.81% y en 1991 será del 3.26%. Es decir, el siguiente año continuará por abajo de los niveles logrados a principios de la anterior administración.
Dentro de este contexto, aún con el aumento del presupuesto asignado al sector educativo respecto a años anteriores, sigue siendo insuficiente para revertir la involución sufrida por este sector durante los años posteriores a la crisis que estalló después de 1982, lo que ha provocado un retroceso en la calidad y en los resultados concretos.
La matricula a nivel primaria aumentará en un 1.3% respecto a 1990, pero será inferior en un 4.5% respecto a 1983. En cuanto a la secundaria disminuirá respecto a 1988 en un 3.5%. Respecto a 1990 en el nivel medio superior la matrícula será inferior en un 2.3%. En el nivel superior en un 12.3% y en el posgrado en un 15.3%.
Por tanto, puede observarse que aun cuando se incrementó el presupuesto asignado y con ello se pretende elevar la asignación educativa a la población aún es muy deficiente, pues el porcentaje
de atención a la demanda de los servicios educativos escolarizados en el ciclo 1990- 1991 fue de 60.2%, es decir, sólo 60 de cada 100 personas en edad de encontrarse en algún nivel educativo disfrutan de esta atención.
Otro renglón fundamental que atiende este sector, en el servicio de libros de texto gratuito, que en 1991 será de 61.3 millones de ejemplares, la cifra más baja registrada en los últimos 16 años. Comparando con algunos años, respecto a 1982 la reducción es de 34.9%, respecto a 1989 es 33.9%, respecto a 1990, de 33.52%, es decir, en comparación a los últimos años, la producción de libros se reducirá en una tercera parte aproximadamente, a pesar del incremento de la demanda del alumnado.
En cuanto a la educación superior, dos instituciones importantes de este nivel incrementarán su asignación de recursos respecto al año anterior, la Universidad Nacional Autónoma de México, en un 8.9% y la Universidad Autónoma Metropolitana en un 14.8% en términos reales, sin embargo, a pesar de esos incrementos no se pueden esperar muy buenos resultados. Año con año las instituciones de educación no brindan atención a la población demandante, pues en el ciclo 1980- 1981, el porcentaje de atención a las demandas era de 88.6% y en el ciclo 1990- 1991 disminuyó a 68.4%, una disminución de aproximadamente el 20% en 10 años. Esto se ve reflejado en la cantidad creciente de jóvenes que desean estudiar y que las deficiencias educativas de atención les impiden ingresar a las universidades del país. En general el presupuesto para 1991 nuevamente se incrementará en términos reales, pero aún así es insuficiente la asignación presupuestal para revertir los rezagos acumulados por años de recesión, austeridad, y de decrementos reales del presupuesto, así como de una administración deficiente.
Después del sector energético, el renglón del sector salud y laboral ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la distribución porcentual del gasto programable presupuestario, con un 20.1%, es decir, una quinta parte del gasto programable se destina a este servicio.
La orientación del sector presenta cambios sustantivos, aunque en algunos casos todavía es insuficiente. Aún y cuando para 1991 el gasto en salud, como porcentaje del producto interno bruto es superior a todos los años de la década de los ochenta, 3.1%, se puede asegurar que el país está sumamente distante de cumplir con la participación recomendada mundialmente, y que es necesario redoblar esfuerzos para lograrlo.
Para 1991, debe reconocerse el esfuerzo que se intenta hacer con un crecimiento real del gasto del sector de casi el 10%; sin embargo este esfuerzo se queda corto ante rubros más fuertes en su crecimiento real, como turismo 12% que no es tan estratégico como el que nos ocupa.
La orientación del gasto muestra avances y limitaciones que deben valorarse en su justa proporción, y que se encuentran señalados en los objetivos que se persiguen. El planteamiento nuevo de crear una cultura de salud que propicie la participación de la comunidad, es central, ya que es preciso cambiar la cultura consumista de medicinas que de manera generalizada priva en el país, así como fortalecer a la atención preventiva que siempre ha sido un aspecto soslayado por las prácticas gubernamentales.
El sector presenta defectos en la orientación de la política, como el hecho de que dentro de la aplicación de una política social selectiva se otorgue un mayor peso en la distribución de acciones y recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es una institución que opera con derechohabientes, respecto a la Secretaría de Salud que atiende a la población abierta, y que por lo mismo puede penetrar más ampliamente en zonas marginadas con centros asistenciales básicos.
Lo anterior no quiere decir que deben restarse recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social, sino que deben buscarse los medios más rápidos para atender a los individuos o grupos más desprotegidos.
Finalmente, la inversión física en salud, es el renglón más castigado dentro del conjunto de desarrollo social, al crecer tan sólo 9.1% en términos reales.
El Presidente: - Señor diputado Melgoza, le informo que ha agotado su tiempo. Se acordó, señor diputado, que se dispondría del tiempo reglamentario. En todo caso, no es la Presidencia quien puede autorizarle o facultarle. Esta Presidencia no tiene inconveniente.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Queremos, señor Presidente...
El Presidente: - Si lo autoriza, de acuerdo con el 103, la asamblea, la Presidencia no tiene inconveniente en la conclusión de la lectura a su voto particular.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Señor Presidente, deseo hacer uso del tiempo reglamentario, es decir, de los 10 minutos que me restan.
El Presidente: - Es que el cronómetro fue puesto en 30 minutos, diputado, y que ha agotado en su intervención. La Presidencia no tiene inconveniente en que usted concluya esto, si la asamblea lo autoriza. De otra manera, le agradecería concluir su intervención, señor diputado.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - La información de uno de los secretarios, es que el tiempo fue puesto en 20 minutos, en el cronómetro. Trataré, señor Presidente, de concluir lo más breve posible; voy a omitir, expresar o presentar nuestros puntos de vista en algunos de los sectores, solicitando que, de acuerdo con el orden numeral de nuestro documento, se registren en el Diario de los Debates, de cualquier manera.
La política de gasto para el sector de desarrollo rural, es en la mayor parte de sus renglones de continuidad de la línea de abandono practicada desde hace ocho años. Si en 1982 el gasto destinado al desarrollo rural participaba con el 9.4% del gasto programable, para 1987, esta participación bajó al 6.4%, y, según el presupuesto, para 1991 será de sólo el 5.5%.
En relación con el producto interno bruto, el gasto en desarrollo rural significó el 2.5%, en 1982, y en los últimos tres años participa sólo con el 1%.
En el Programa Nacional de Modernización del Campo, se propone la desincorporación de los distritos de riego. Los empresarios agrícolas más ricos son los que están en mejores condiciones para adquirir esos distritos.
El notable incremento de la inversión hidráulica que se programa para 1991, es muy probable que obedezca a la intención de ofrecer rehabilitados en buenas condiciones los distritos de riego a grandes inversionistas privados.
El gasto programable de Petróleos Mexicanos, presupuestado para 1991, tiene un aumento real, suponiendo cierto el pronóstico oficial de sólo 17.7% de aumento promedio de precios de 1991, frente a 1990, del 14.8%, frente al último dato oficial, el de la Cuenta Pública de 1989.
La inversión en particular aumenta en proporción similar frente a 1989, siendo la mayor parte del aumento en lo programado para 1991, respecto a lo estimado oficialmente para 1990 de 1.8% real.
Señor Presidente; compañeros diputados: concluyo mi intervención sin poder presentar nuestros puntos de vista en otros sectores muy importantes del presupuesto y reiterando nuestro planteamiento de que se integre el documento íntegro al Diario de los Debates.
Por lo manifestado aquí pues, el Partido de la Revolución Democrática, expresa su opinión contraria a la autorización del Presupuesto de Egresos para la Federación en el año de 1991.
El Presidente: - Insértese en el Diario de los Debates el documento íntegro presentado por el diputado Melgoza.
«Escudo.- Partido de la Revolución Democrática.
Voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1991.- diciembre de 1990.
Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados.- Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta al pleno de la Cámara el siguiente.
VOTO PARTICULAR EN CONTRA
Del dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 1991.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
¡Democracia ya! ¡Patria para todos!
Voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en contra del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991.
Introducción
1991 es el tercer año del sexenio. Es un año de crucial importancia política. Se observa con nitidez el perfil de un proyecto económico y político, salinista.
Una débil y desigual recuperación del crecimiento amenazada por desequilibrios en el sector externo y por un repunte inflacionario. La apertura externa unilateral, la excesiva confianza en las exportaciones manufactureras y en la entrada de capital externo no han generado las condiciones necesarias para consolidar una etapa de crecimiento con estabilidad de precios.
La tendencia proteccionista y la recesión en marcha de la economía norteamericana, las crecientes exigencias de los inversionistas externos, se empiezan a manifestar en nueva ampliación de desequilibrios en la balanza de pagos, que sólo él auge petrolero provocado por el conflicto del Golfo Pérsico logró aminorar. Sin ese lamentable conflicto, estaríamos hoy anunciando para 1991 una profundización de la crisis económica, de consecuencias dramáticas.
En el frente interno de la economía, las cosas tampoco terminan por componerse. El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico no resuelve, sólo reprime parcialmente las presiones inflacionarias. Los salarios, los precios agrícolas y de múltiples bienes industriales orientados al mercado interno, no se recuperan. Al contrario, su rezago se amplia, su sometimiento es un repetido logro y una necesidad de la vigencia del llamado Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
La privatización de empresas públicas está llegando a su fin. Sólo faltan Petróleos Mexicanos y unas cuantas más. Empero, este proceso no ha sido argumento suficiente para atraer capitales extranjeros en la cantidad que requiere el modelo de desarrollo puesto en marcha por el grupo en el poder.
Ante la apertura unilateral decidida por el gobierno, no ha habido reciprocidad de parte de Estados Unidos. No ha habido tampoco una diversificación de nuestros mercados. La concentración del comercio en un sólo mercado, el de Estados Unidos, aumenta. El gobierno necesita y pide reciprocidad a su apertura comercial y una mayor inversión extranjera. Ante ello, el gobierno norteamericano contesta con la propuesta de un acuerdo de libre comercio, que conduce a una integración económica subordinada.
Un cambio en la ley que regula la inversión extranjera, libre acceso a los recursos naturales del país, el petróleo y la tierra entre ellos, adecuación de la política económica y social del país según criterios de ellos, son condiciones que ahora exigen en Estados Unidos para el libre comercio. Libertad para el capital, pero no para el trabajo, ellos no ofrecen abrir las fronteras a los trabajadores mexicanos que desean emigrar.
En la agenda de 1991, el acuerdo de libre comercio es el tema principal. Ahí se expresa el límite al que ha llegado el proyecto salinista. La apertura unilateral, el desmantelamiento del aparato económico del Estado mediante la privatización, la contención salarial, el abandono al desarrollo rural, la contracción del mercado interno, la menor integración nacional de la industria, el puntual pago de la deuda externa; todo ello, ha conducido al país a una encrucijada en la cual, el acuerdo de libre comercio aparece como una salida forzosa.
Desde hace años, lo que el gobierno hace en materia de política económica apunta en esa dirección. En el presupuesto de egresos de 1991 se perfila con mayor nitidez la línea de política económica que condujo al país a esa encrucijada.
El abandono de las tareas del Estado en la esfera de la producción y del comercio; restringir la utilización del gasto público sólo para "mitigar los efectos que dejó la crisis y los que ocasionará el tránsito hacia el nuevo modelo de desarrollo". Como dijo el Ejecutivo Federal en el segundo informe, son lineamientos definitorios del presupuesto de egresos de 1991.
Al contrario de esa concepción, nosotros consideramos que el gasto público debe ser un instrumento para atacar las causas de la crisis económica e impulsar un modelo de desarrollo económico con equidad social. El gasto público debe, en primer lugar, enfrentar los más graves problemas nacionales, por ejemplo, la crisis agrícola y la crisis del sistema educativo nacional lo que no observamos en este presupuesto.
Otra de las características que distinguen este presupuesto consiste en la ampliación de la discrecionalidad que le concede al Ejecutivo en la aplicación de cuantiosos recursos, principalmente por medio del Programa Nacional de Solidaridad, conocido como "El programa del señor Presidente", que es un instrumento para ejercer presupuesto sin programas. En la perspectiva del año 1991 ante el tránsito hacia la integración económica con Estados Unidos mediante el acuerdo de libre comercio, junto con la dificultad para sostener por más tiempo el inequitativo Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y ante las elecciones federales para renovar el Congreso, se decidió un uso más discrecional del presupuesto, que fortalece al presidencialismo y permite la instrumentación política del gasto para apuntalar al régimen de partido de Estado. Nosotros votaremos en contra, porque ese uso arbitrario del gasto público atenta contra la democracia, el interés popular y la soberanía nacional.
1. Mejoran las finanzas del gobierno pero no las del pueblo
En el presupuesto de 1991 se propone un incremento del gasto programable junto con una
reducción del gasto neto total, debido a la disminución del pago de intereses por la deuda pública. Al mismo tiempo que indica en el proyecto de presupuesto que con un menor superávit primario habrá una disminución del déficit financiero.
En estos datos se observa indudablemente un mejoramiento en las finanzas públicas, pero ello no conduce a mejorar las finanzas del pueblo trabajador, que en su mayor parte dependen del salario.
Aunque existe una tendencia a la baja en los últimos años, incluido 1991, en el pago de intereses por la deuda pública, este renglón sigue siendo el más cuantioso del gasto público, al absorber el 25% del gasto neto total, Para 1991 el gasto en intereses y comisiones por la deuda, equivale al gasto de operación de todas las empresas paraestatales, incluido Petróleos Mexicanos, y a casi el triple de su gasto de capital, así como al doble de las participaciones a estados y municipios incluidos los estímulos fiscales, asimismo es superior a cualquiera de los sectores, por ejemplo, es más del doble del gasto en educación y salud, seis veces mayor que el de comercio y abasto, veinticinco veces más alto que el gasto en desarrollo urbano y similar al gasto neto total de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Compañía Nacional de Subsistencias Populares, Ferrocarriles Nacionales de México e Instituto Mexicano del Seguro Social juntos.
Un análisis de la evolución y estructura actual del gasto neto total ponen al descubierto el hecho de que por más que el gobierno federal se esfuerce por convencer al país de que el asunto de la deuda "va por buen camino", es claro que su impacto en el gasto público y en el desarrollo económico y social de México continúa siendo un problema grave.
El hecho de que se vaya a reducir el déficit financiero sin necesidad de aumentar el superávit primario, constituye una buena noticia. Nosotros propusimos que así fuera, desde el año pasado. Así, el gobierno podrá disponer para gasto social y productivo, de una parte mayor de sus ingresos. El problema ahora es cómo distribuye y aplica los mayores recursos disponibles.
La disminución del superávit, la calculó el gobierno considerando una reducción del precio del petróleo para 1991 respecto al de 1990. Deliberadamente se proyectó un precio para el barril de petróleo relativamente bajo: 17 dólares como promedio. Preguntamos: ¿qué sucederá si debido a la permanencia o agravamiento del conflicto del Golfo Pérsico, el precio del barril se ubica, como está hoy, significativamente por encima de los 17 dólares? De acuerdo con el proyecto de decreto del presupuesto de 1991 el excedente que se obtendría por el aumento del precio del petróleo serviría para un aumento del gasto que decidirá exclusivamente el Ejecutivo. Podrá decidirse por ejemplo, aumentar al doble los recursos destinados al Programa Nacional de Solidaridad, o lo que se insinúa en el documento de Criterios Generales de Política Económica, incrementar nuevamente el superávit primario, destinando más dinero al pago de intereses. Se desaprovecharía así, una vez más, la oportunidad de utilizar los recursos excedentes, provenientes del petróleo, en programas que amplíen y mejoren la producción nacional y el poder de compra de los trabajadores, de manera permanente, mediante el fomento de la agricultura y de la industria, y el impulso al desarrollo científico y tecnológico del país.
En todo caso, la decisión y la orientación de una ampliación de las erogaciones del sector público, lo deja del decreto de presupuesto al arbitrio del Ejecutivo.
En la perspectiva de esperar todo progreso productivo y tecnológico de una mayor inversión extranjera que vendrá con el acuerdo de libre comercio, la propuesta que nosotros hemos hecho de la utilización de los excedentes petroleros, carece de sentido.
Nosotros proponemos no continuar con la política de sacrificio fiscal y social que se expresa en un creciente y persistente superávit primario. Proponemos también, quitar esa discrecionalidad al Ejecutivo para el gasto de recursos adicionales, y devolverle al Legislativo en la práctica y de manera cabal, la facultad que le otorga la Constitución de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación. Si hay recursos adicionales, que se discuta y apruebe por esta soberanía un presupuesto adicional de gasto.
2. Abandono presupuestario
de la industria y el comercio
En el presupuesto de 1991 se observa un cambio estructural en el gasto programable. Aumenta significativamente la participación del gasto social y disminuye la participación del gasto destinado al fomento de la producción y del comercio.
Así, en 1988 el gasto destinado al sector de desarrollo social participaba del 31.97% del gasto programable total, para 1991, este porcentaje sube al 43.5%; en cambio el destinado a desarrollo rural permanece prácticamente igual, alrededor del
5.5%, de 1988 al presupuesto de 1991, después de haber registrado un descenso en la década de más de siete puntos porcentuales; el destinado al sector industrial desciende del 12.9% en 1988 al 3.6% en 1991; el de comercio reduce su participación en el gasto programable, del 7.1% al 6.7%. Se afirma que el objetivo supremo de la política económica es el bienestar social. El gasto en educación y salud sirve al bienestar social, es cierto pero también la producción, el abasto y comercio de bienes básicos, son aspectos fundamentales del bienestar social.
El gasto destinado al Programa Nacional de Solidaridad aumenta en 41% en términos reales respecto a 1990, en cambio disminuye el presupuesto del Banco de Crédito Rural, se mantiene el nivel de Fertilizantes Mexicanos y prácticamente se retira a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares de su papel de canal y garantía de la comercialización de productos agropecuarios producidos en la nación.
El Estado renuncia así a cumplir un papel activo en la economía. Incluso autolimita sus posibilidades de combatir la inflación atacando sus causas como son la insuficiente capacidad en la producción de básicos o el comercio especulativo.
Junto con la disciplina fiscal y el control de precios, en otros momentos de la historia económica del país, el gobierno ha utilizado también el fomento a la producción y su participación en el abasto y comercio de básicos como armas eficaces en contra de la inflación. Ahora, se renuncia a ellas sin mayor explicación, y se carga la mano al sacrificio de salarios y precios agropecuarios para poder contener de manera parcial, la presión inflacionaria.
3. Mayor gasto social
sin mejoría salarial
Nosotros consideramos que el gasto público debe servir de manera eficaz a tres propósitos fundamentales: a incrementar el nivel de actividad económica y con ello el nivel de empleo; a mejorar la estructura productiva del país, y a una distribución del ingreso socialmente más equitativa.
El presupuesto de egresos que propone el Ejecutivo no se orienta hacia estos objetivos. La perspectiva del superávit primario tiene efectos contraccionistas sobre el nivel de actividad económica. El abandono del sector industrial y de algunos renglones decisivos del sector desarrollo rural se alejan del objetivo de construir una estructura económica más integrada nacionalmente, tanto en relación con las demandas sociales como entre los diversos sectores que la constituyen.
El propósito de una mejor distribución del ingreso, tampoco se cumple cuando persiste el deterioro de los servicios sociales básicos, educación y salud principalmente, y se mantiene el enorme rezago que han sufrido los salarios de maestros y médicos, entre otros auténticos servidores públicos.
En el presupuesto de 1991 observamos un aumento considerable del gasto destinado al sector de desarrollo social, pero no se observa que el aumento se oriente a la recuperación de los salarios de médicos y maestros.
El ejecutivo no expresa en el presupuesto de 1991 ser consciente de la magnitud y trascendencia de la crisis del sistema educativo nacional. El resurgimiento de la escuela pública, requiere, en primer lugar, de un trato digno al maestro; una condición de ello, es sacarlo de la pobreza extrema en que vive, ya que su actual salario no alcanza ni para comprar el 60% de una canasta de consumo básico. Los médicos del sector social han sufrido un deterioro en su salario real, más profundo que la reconocida caída del salario mínimo.
¿Cómo mejorar la escuela pública y los servicios de salud, sin iniciar en serio la recuperación salarial?
En el Presupuesto de Egresos, se señala que se procurará mantener la capacidad adquisitiva del salario de médicos y maestros. Esa es una afirmación grave, porque ante la proclamada mejoría de las finanzas públicas y del gasto social, el gobierno decide continuar con la línea de contención salarial.
Con ello, no sólo se afecta a un sector de trabajadores, sino que se afectan negativamente la calidad de los servicios sociales más extendidos y se marca la pauta de continuidad de la política general de contención salarial, ya que el Estado es el principal empleador del país, y médicos y maestros constituyen la mayoría de los empleados públicos.
El buen juez por su casa empieza. Si el objetivo del Programa Nacional de Solidaridad es erradicar la pobreza extrema, el gobierno bien haría por empezar con sus propios empleados que reciben salarios de pobreza extrema, a pesar de que, en algunos casos, realizan una tarea de gran trascendencia nacional, como es el magisterio.
4. Programa Nacional de Solidaridad
En el sector de desarrollo social y en el presupuesto de egresos, el Programa Nacional de
Solidaridad ocupa un lugar cada vez más importante. Es el renglón del gasto que más crece en esta administración. Es el programa del sexenio.
En el presupuesto de 1991 tendrá un presupuesto de 5.1 billones de pesos.
El propósito de este programa es plausible: erradicar de nuestro país a la pobreza externa. Pero suena demagógico, o cuando menos incongruente, cuando observamos que durante la vigencia de la política neoliberal, que encabeza el mismo grupo en el poder desde hace ocho años, el empobrecimiento general del país, y con él la pobreza externa, crece en forma persistente.
Se tiene por un lado una política salarial, una política agrícola y una política fiscal, que producen una mayor concentración del ingreso, una mayor miseria del pueblo trabajador, y por otra, un programa muy insuficiente con el que se pretende erradicar la pobreza extrema.
El Partido de la Revolución Democrática no está en contra de que se ataque la pobreza extrema, pero sí se opone a esa incongruencia, que como tal es una expresión de demagogia extrema, porque lo que se promete, que es la erradicación de la pobreza extrema, aumenta como consecuencia de la línea general de política económica y social que se practica. En el sexenio pasado, Miguel de la Madrid, cabeza entonces del mismo grupo neoliberal que ocupa el gobierno, decía que su política económica conduciría a una sociedad igualitaria. Como el resultado fue exactamente el contrario, mayor concentración del ingreso, mayor desigualdad y mayor miseria, entonces, con cierto pudor, el grupo neoliberal cambió de lema: ya no el de una sociedad igualitaria, sino el de una sociedad solidaria. Que los de arriba ayuden a los de abajo. Pero como eso es muy difícil, entonces que el gobierno ayude a los de más abajo. Cambia el lema, pero la orientación general de la política de austeridad dispareja, de contención salarial y de crecientes concesiones al gran capital privado, y a las finanzas mundiales, eso no cambia.
Además de incongruente, el Programa Nacional de Solidaridad tiene otras características que resultan muy preocupantes.
Primero, su utilización priísta, claramente expresada, por ejemplo, en la reciente campaña electoral del estado de México.
Segundo, su carácter discrecional, en favor del Ejecutivo, permitiendo el ejercicio de cuantiosos recursos, en un presupuesto sin programas.
Tercero, es un programa concentrador. Acciones y obras que corresponden a dependencias públicas establecidas legalmente, se transfieren a un sólo organismo. Por ejemplo, a la Secretaría de Educación Pública le correspondería el programa de Programa Nacional de Solidaridad llamada "escuela digna", o a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y al Banco de Crédito Rural el programa de apoyo a productores; a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología el de obra de infraestructura en colonias populares, etcétera.
Cuarto, es centralista. Intervienen los funcionarios del Programa Nacional de Solidaridad en la gestión y control de recursos y obras de gobiernos estatales y municipales. Por ejemplo, en el programa de fondos municipales de solidaridad, ¿por qué tiene que ir un comisario del Programa Nacional de Solidaridad a controlar la aplicación de esos recursos a los municipios?
Quinto, se crea un aparato burocrático que duplica funciones. En el presupuesto del Programa Nacional de Solidaridad, existe un engaño. Se establece que los 5.1 billones de pesos destinados al Programa Nacional de Solidaridad van a gasto de capital. Esto es, Programa Nacional de Solidaridad no tendría gasto corriente, por ejemplo gasto de personal y publicidad. ¿Es esto cierto? Sabemos que funcionarios o promotores del Programa Nacional de Solidaridad recorren toda la República. Tiene un coordinador general en cada Estado. Sabemos que todos ellos ganan un sueldo. Esto es, constituyen un nuevo aparato burocrático del Estado, que realiza funciones que caben perfectamente en organismos de gobierno previamente existentes. Esta es una cuestión que se elude en el presupuesto y que el Poder Legislativo debería conocer con precisión.
El gobierno hace un uso inapropiado no sólo de los recursos públicos, sino del concepto mismo de solidaridad. Si solidaridad es hacer nuestra la causa de otros, el gobierno al usar ese concepto declara que la causa de los pobres es la de otros, aunque intenta solidarizarse con ellos.
La solidaridad es también un acto voluntario. Así el gobierno convierte lo que es un mandato constitucional, procurar la justicia social, en acción voluntaria.
La solidaridad existe en la sociedad misma. Gracias a ella, sobrevive el pueblo trabajador, a pesar de gobiernos injustos asociados con quienes concentran la riqueza.
Lo que se debe hacer es realizar una política económica que fortalezca a los trabajadores para que
así la red solidaria que el pueblo ha tejido sirva eficazmente al bienestar social.
El gobierno plantea, mediante el Programa Nacional se Solidaridad erradicar la pobreza extrema, pero no acepta pagar a los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social ni siquiera el miserable salario mínimo. ¿Cómo podrán así esos abuelos solidarizarse eficazmente con sus nietos o con sus hijos, empobrecidos de manera extrema por la crisis económica que el grupo neoliberal nos administra?
5. Educación
El gasto sectorial asignado al sector educación en 1991 es de 25 billones 818 mil millones de pesos, cifra superior en 17% en términos reales respecto al gasto de 1990, pero aún así, sigue sin alcanzarse el nivel asignado en 1982 en un 5.49%.
En cuanto a su participación dentro del producto interno bruto en 1982 era del 3.81%, y en 1992 será del 3.26%, es decir, el siguiente año continuará por debajo de los niveles logrados a principios de la anterior administración (1982 -1988).
Dentro de este contexto, aún con el aumento del presupuesto asignado al sector educativo respecto a años anteriores, sigue siendo insuficiente para revertir la involución sufrida por este sector durante los años posteriores a la crisis que estalló después de 1982, lo que ha provocado un retroceso en la calidad y en los resultados concretos.
1. La matrícula a nivel primaria aumentará en un 1.3% respecto a 1990, pero será inferior en un 4.5% respecto a 1983. En cuanto a la secundaria disminuirá respecto a 1988 en un 3.5%. Respecto a 1990 en el nivel medio superior la matrícula será inferior en un 2.3%; en el nivel superior en un 12.3%, y en posgrado un 15.3%.
Por tanto, puede observarse que aun cuando se incrementó el presupuesto asignado, y con ello se pretenda elevar la atención educativa a la población, aun es muy deficiente, pues el porcentaje de atención a la demanda de los servicios educativos escolarizados en el ciclo 1990-1991 fue de 60.2%, es decir, sólo 60 de cada 100 personas en edad de encontrarse en algún nivel educativo disfrutan de esta atención.
2. Otro renglón fundamental que atiende este sector es el Servicio de Libros de Texto Gratuitos, que en 1991 será de 62.3 millones de ejemplares, la cifra más baja registrada en los últimos 16 años; comparando con algunos años, respecto a 1982 la reducción es de 34.9%, respecto a 1989 es de 33.9% y respecto a 1990 es de 35.2%. Es decir, en comparación a los últimos años la producción de libros se reducirá en una tercera parte aproximadamente, a pesar del incremento de la demanda del alumnado.
3. En cuanto a la educación superior, dos instituciones importantes de este nivel, incrementarán su asignación de recursos respecto al año anterior. La Universidad Nacional Autónoma de México en un 8.9% y la Universidad Autónoma Metropolitana en un 14.8% en términos reales.
Sin embargo a pesar de esos incrementos no se pueden esperar muy buenos resultados.
Año con año, las instituciones de educación no brindan atención a la población demandante, pues en el ciclo 1980-1981 el porcentaje de atención a la demanda era del 88.6% y en el ciclo 1990-1991 disminuyo a 68.4%, una disminución de aproximadamente el 20% en 10 años. Esto se ve reflejado en la cantidad creciente de jóvenes que desean estudiar, y que las deficiencias educativas de atención les impiden ingresar a las universidades del país.
En general, el presupuesto para 1991 nuevamente se incrementará en términos reales, pero aún así es insuficiente la asignación presupuestal para revertir los rezagos acumulados por años de recesión, austeridad y de decrementos reales del presupuesto, así como de una administración deficiente.
6. Salud
Después del sector energético, el renglón del sector salud y laboral ocupa el segundo lugar en importancia dentro de la distribución porcentual del gasto programable presupuestario con un 20.1% es decir, una quinta parte del gasto programable se destina a este servicio.
La orientación del sector presenta cambios sustantivos aunque en algunos casos todavía es insuficiente.
Aún y cuando para 1991 el gasto en salud como porcentaje del producto interno bruto es superior a todos los años de la década de los ochenta (3.6%) se puede asegurar que el país está sumamente distante de cumplir con la participación recomendada mundialmente y que es necesario redoblar esfuerzos para lograrlo.
Para 1991 debe reconocerse el esfuerzo que se intenta hacer con un crecimiento real del gasto del sector de casi 10%. Sin embargo, este
esfuerzo se queda corto ante rubros más fuertes en su crecimiento real como Turismo (12.%) que no es tan estratégico como el que nos ocupa.
La orientación del gasto muestra avances y limitaciones que deben valorarse en su justa proporción y que se encuentran señalados en los objetivos que se persiguen; en planteamiento nuevo de crear una cultura de salud que propicie la participación de la comunidad es central, ya que es preciso cambiar la cultura consumista de medicinas que de manera generalizada priva en el país, así como fortalecer a la atención preventiva que siempre ha sido un aspecto soslayado por las prácticas gubernamentales.
El sector presenta defectos en la orientación de la política, como el hecho de que dentro de la aplicación de una política social selectiva se otorgue un mayor peso en la distribución de acciones y recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social que es una institución que opera con derechohabientes respecto a la Secretaría de Salud que atiende a la población abierta y que por lo mismo puede penetrar más ampliamente en zonas marginadas con centros asistenciales básicos. Lo anterior no quiere decir que deben restarse recursos al Instituto Mexicano del Seguro Social sino que deben buscarse los medios más rápidos para atender a los individuos o grupos más desprotegidos.
Finalmente la inversión física en salud es el renglón más castigado dentro del conjunto de desarrollo social al crecer tan sólo 9.1% en términos reales.
7. Desarrollo Urbano y Ecología
El sector desarrollo urbano y ecología, ahora considerado dentro del desarrollo social, recibirá un monto de 2 billones 418 mil millones de pesos, lo cual representa un aumento del 24% en términos reales respecto al presupuesto de 1990, pero aún así es inferior el presupuesto de 1991 respecto al de 1988 que fue el de menor asignación del sexenio anterior, en un 14%.
La proporción porcentual de este sector dentro del gasto programable presupuestal es muy pequeña, en este año será de 1.7%, inferior a la participación que tuvo en 1988 que fue de 2.2%. Por otra parte, su participación dentro del producto interno bruto también es mínima, y en 1991 será de 0.30%, inferior también al nivel de 1988 que era de 0.38%.
Estos niveles de asignación son muy pequeños comparados con las grandes tareas que tiene que atender este sector, tales como, la vivienda, el agua potable y alcantarillado así como la ecología.
Uno de los rubros más importantes que se atienden es la vivienda, en donde 1980 a 1990 se ha mantenido constante la proporción entre la vivienda propia y no propia, esto es, del 67% y el 37% respectivamente; esto significa que se tienen que reforzar los trabajos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, Fondo Nacional de Habitaciones Populares y organismos afines para avanzar o cubrir esta necesidad de nuestra población, pues una gran cantidad de personas no poseen una vivienda y tienen que alquilarla. De 1980 a 1990 las viviendas no propias han aumentado en un 48%. Además, actualmente del total del viviendas, el 68% sólo es de dos cuartos, el 26% es de tres a cinco cuartos, y sólo el 6% cuenta con más de cinco cuartos. Con estos datos se puede observar que el problema de la vivienda es muy grave, pero con los montos asignados parece difícil que se puedan solucionar esos problemas y cumplir con el mandato constitucional de que todos los mexicanos cuenten con una vivienda digna.
Otras grandes carencias registradas para 1990 son que el 40% de viviendas no cuentan con drenaje, el 15% prescinden de energía eléctrica y el 49.5% de servicio de baño. En cuanto al agua entubada son 3.6 millones de viviendas las que la tienen fuera de la vivienda, y otras 3.6 millones no disponen de este indispensable servicio.
Como se observa, es necesario atender la demanda de viviendas con los requerimientos indispensables, y no sólo en las ciudades, sino a lo largo del territorio nacional, para evitar las fuertes concentraciones en las grandes urbes y medias del país, lo cual provoca problemas tan fuertes como los cinturones de pobreza y salud entre otros. Tal parece que estas situaciones no serán atendidas en 1991.
Otro grave problema que se ha agravado en los últimos años, ha sido el ecológico y el de la contaminación en general. Consideramos que con el reducido presupuesto asignado será insuficiente la atención a tan importante aspecto.
8. Sector Desarrollo Rural
La política de gasto para el sector de desarrollo rural es en la mayor parte de sus renglones, de continuidad de la línea de abandono practicada desde hace ocho años. Si en 1982 el gasto
destinado al desarrollo rural participaba con el 9.4% del gasto programable, para 1987 esta participación bajó al 6.4% y, según el presupuesto, para 1991, será de sólo 5.5%. En relación con el producto interno bruto, el gasto en desarrollo rural significó el 2.5% en 1982 y en los últimos tres años participa sólo con el 1%.
La novedad para 1991 es que se programa un incremento de más del 40% del gasto en inversión en distritos de riego. Fuera de este renglón en los demás se mantiene el bajo nivel de los últimos años.
En el Programa Nacional de Modernización del Campo se propone la desincorporación de los distritos de riego. Los empresarios agrícolas más ricos son los que están en mejores condiciones para adquirir esos distritos. El notable incremento de la inversión hidráulica que se programa para 1991, es muy probable que obedezca a la intención de ofrecer rehabilitados, en buenas condiciones, los distritos de riego a grandes inversionistas privados.
Tanto la política de abandono presupuestario en la mayor parte de los renglones de desarrollo rural, como la política de reducción real primero y eliminación después de los precios de garantía, como la política de apertura externa a una desventajosa competencia de Estados Unidos, obedecen al mismo propósito modernizador: entregar el campo al gran capital nacional o extranjero. Se profundiza la descapitalización del ejido y de la mayor parte de los pequeños productores, para llevar al campo a una encrucijada en la cual, la única salida es la entrega de la agricultura al capital transnacional.
En 1990, gracias al buen temporal y al apego que los campesinos mexicanos tienen a su trabajo y a la tierra, hubo en general buenas cosechas, pero lamentablemente, los productores agrícolas se enfrentaron a la falta del mercado para sus productos.
La torpe política de apertura unilateral a los productores agrícolas de Estados Unidos, que tienen entre otras ventajas el que reciben fuertes subsidios del gobierno norteamericano, junto con un mercado interno deprimido por los bajos ingresos de la mayoría nacional, determinaron que, a pesar del largo período de estancamiento, cualquier aumento en la producción agrícola, por pequeño que sea, se convierta en sobreproducción por falta de mercado.
La relativa retirada de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares de la adquisición de productos agrícolas nacionales, es también, en este contexto, consecuente con la línea de liquidación de la agricultura nacional. Es congruente con la línea de modernización que depende fundamentalmente de la inversión extranjera y de las exportaciones.
9. Sector Energético
Petróleos Mexicanos. El gasto programable de Petróleos Mexicanos presupuestado para 1991, tiene un aumento real, suponiendo cierto el pronóstico oficial de sólo 17.7% de aumento promedio de precios de 1991 frente a 1990 del 14.8% frente al último dato oficial, el de la Cuenta Pública de 1989. La inversión en particular aumenta en proporción similar frente a 1989, siendo la mayor parte del aumento en lo programado para 1991 respecto a lo estimado oficialmente para 1990: 11.8% real.
Este aumento interrumpe una tendencia declinante que venía desde el final de la época del "auge petrolero" en 1982. En términos reales, la inversión de Petróleos Mexicanos llegó a su punto más bajo en 1989, con 19.4% de la realizada en 1981, y se repuso un poco en 1990, en que fue 20.0%. El aumento programado para 1991 eleva su inversión, real suponiendo nuevamente que se cumpla el pronóstico oficial de aumento de precios, al 22.4% de la realizada en 1981, o sea que tampoco es algo importante en esta perspectiva.
Este aumento se explica por el compromiso asumido ante el gobierno de los Estados Unidos a raíz de la intervención en el Golfo Pérsico, de vender al mercado internacional 100 mil barriles diarios adicionales del petróleo, durante dos meses, En realidad las ventas se aumentaron en 160 mil barriles diarios y ese plazo de dos meses, supuestamente el máximo que soportaban nuestras existencias adicionales, se fue prolongando hasta que ahora se asume como compromiso para todo 1991.
La prueba de que ésta es la causa del aumento, o al menos de la mayor parte del mismo, es que se dirige principalmente a producción primaria, o sea exploración y explotación de petróleo crudo. La participación de esta actividad, entonces en el gasto programable, aumenta del 30.0% en 1989 al 34.3% programado para 1991. Y en billones de pesos de 1991, de un aumento real de 3.4% para el total de los programas, el de producción primaria tiene un incremento de 2.5 billones, casi las tres cuartas partes del aumento total.
Según la argumentación contenida en el proyecto de presupuesto para 1991, la mayor parte de estos
recursos se destinarán a una mayor explotación en las zonas de Chiapas- Tabasco y de la zona de Campeche, lo cual demuestra una orientación de corto plazo en esta actividad, pues en estas zonas ya hay un conocimiento amplio derivado de años de exploración y explotación, en ellas cada vez es más cara la comprobación y extracción por barril de petróleo encontrado y extraído, y eso caracteriza a esas zonas como de campos en declinación. No se piensa en la necesidad de nuevas zonas para los años de escasez mundial por venir, sino sólo de sacar más rápidamente el crudo de las zonas ya conocidas para hacer frente a los mencionados compromisos de exportación.
La previsión implícita en los planteamientos hacia el mercado petrolero internacional es contradictoria. Por un lado, está el supuesto de que habrá un verdadero desplome de precios que lleve el precio promedio de las exportaciones mexicanas de casi 30 dólares por barril en septiembre y octubre 1990, a un promedio de 17 dólares en todo 1991 que implicaría bajas a precios bastante menores que ese promedio, dado que el año se iniciaría con niveles superiores a esa estimación. Pero al mismo tiempo, se presupone que el mercado estará lo suficiente ávido de crudo como para absorber el volumen adicional de barriles vendidos, que ahora son comprados por que el bloque de Irak y Kuwait impide la llegada al mercado de la producción de esos países, normalmente de más de 4 millones de barriles diarios.
Es bien sabido que nuestra capacidad de refinación es insuficiente y que se están importando gasolina e incluso combustible en cantidades importantes. Además la solución al problema de la contaminación, especialmente grave en el valle de México pero creciente en las otras áreas metropolitanas y algunas industriales, implica la producción creciente de gasolina sin plomo. Sin embargo, los principales proyectos de refinación, que son las ampliaciones de las refinerías de Tula y Salina Cruz, proyectos iniciados desde el sexenio de López Portillo, que eran meta oficial del sexenio de De la Madrid la cual se incumplió, y vuelve a serlo del sexenio actual, esos proyectos se han ido difiriendo y ahora se plantea su terminación hasta 1992 en un caso y 1993 en el otro. Los recursos obtenidos de las ventas adicionales y a mayor precio del crudo en los meses recientes, no se emplean para contribuir a resolver estos graves problemas, y la inversión en transformación industrial que incluye destacadamente a estos proyectos, sólo aumenta 4.1% frente a 1989, si se cumple el supuesto oficial de precios, si no ni eso después de que la inversión real de ese mismo 1989 había caído 13.9% frente a la del año anterior.
Otra obra importante, ésta si programada para ser terminada en 1991, es la del almacenamiento de crudo en cavernas. En general el área de comercialización, del cual éste es el principal programa de inversión había tenido fuertes bajas en inversión real en 1988 (-21.9%) y en 1989 (-034.1%). Sobre estos niveles tan castigados de 1989, el aumento real programado para 1991, con el supuesto ya reiterado, es de sólo 1%. Al dispararse la inflación por encima del supuesto oficial se corre el riesgo de que ni este proyecto se termine en el año por iniciarse. Y es un proyecto importante. porque la baja capacidad mexicana de almacenamiento lo debilita en las negociaciones con los importadores, pues a éstos les basta dejarnos de comprar unos días y tenemos que parar o bajar producción por no tener dónde meterla. De esto se vale para imponer precios y condiciones a nuestra exportación petrolera.
Los recursos adicionales obtenidos del petróleo deben servir para sacar adelante los proyectos petroleros oficialmente reconocidos como prioritarios, como son los mencionados, no simplemente para pagar deuda y para que las variables financieras se vean más bonitas aunque sigamos importando gasolina cara.
Industria eléctrica: repunte
en la inversión
insuficiente energía
La industria eléctrica ha venido sufriendo, como otras del sector público, un proceso de desinversión de años. En este caso, sin embargo, hay rasgos especiales que agravan el problema y amplifican sus consecuencias.
Por un lado, de la electrificación no dependen sólo los niveles de bienestar de quienes usan el servicio a nivel doméstico. Depende, ante todo, la economía nacional en su conjunto, pues una parte fundamental de la producción y de la actividad económica general, requieren de la energía eléctrica y sin ella no podría continuar.
Por otro lado, las plantas para generar electricidad se tardan varios años en ser construidas, por lo cual el efecto de la desinversión no puede ser paliado con un año o dos en que se destinen mayores recursos para su construcción e instalación, sino que una solución real implica una inversión sostenida de muchos años.
De ahí que, aunque, según la estimación del presupuesto de 1991, los recursos de inversión de la Comisión Federal de Electricidad hayan aumentado en 1990 casi 25% real frente a 1989, y
ese nivel prácticamente se mantenga en lo programado para 1991, en cada uno de estos casos la inversión real sigue siendo menos de la mitad de la de 1981, pero además el efecto acumulado de la desinversión no se puede revertir fácilmente.
Así, y en comparación con las metas fijadas en los programas de energéticos 1984-1988 y 1990-1994, y la presupuestal de 1983, en 1990 ya tenemos un rezago acumulado del 20.3% del total de la capacidad instalada para generar electricidad frente a 1982. No hablamos de metas de electrificación, que han sido mucho más incumplidas, sino de la capacidad de todas las plantas del país frente a la que deberían de tener, incluyendo las que ya estaban construidas desde antes.
Pues bien, si se cumple en un 100% la meta de instalar otros 995 megawatts en 1991, aún con ese cumplimiento total en este año el rezago frente a las metas de los citados programas aumentará, del nivel mencionado que es el actual, a 23% al final de 1991.
Como en años anteriores se inició la construcción de muy pocas plantas, aún si suponemos un cumplimiento, también total, de los planes de electrificación de la Comisión Federal de Electricidad en los próximos años, el rezago seguirá aumentando. La única planta grande programada para entrar en 1992, Carbón II, y algunas pequeñas que entrarían en ese año, suman 825 megawatts, equivalentes al 35% de los que debería de entrar según los programas de energéticos. Para 1993, sólo está la termoeléctrica "Lázaro Cárdenas", en dos unidades, que representarían apenas el 28% de la meta que deriva del cumplimiento de esos mismos programas. Y en 1994 sólo entraría la segunda unidad de Laguna Verde, equivalente al 25% de la capacidad necesaria conforme a ese mismo criterio.
El efecto de rezago acumulado derivado de esos mismos datos, o sea suponiendo que todo se cumpla al 100% en el presupuesto para 1991 y en las metas de electrificación de la Comisión Federal de Electricidad para los tres años siguientes, es tal, que aumenta dicho rezago, como dijimos, a 23% en 1991, pero luego a 26.2% en 1992, 29.6% en 1993 y 33.1% en 1994.
Ahora, si hay cualquier retraso en cualquier planta por cualquier causa, el rezago aumenta. Por ejemplo, si suponemos que Laguna Verde II se retrasa unos meses, no ya los años que se retrasó la primera, y empieza a generar comercialmente hasta 1995, el rezago en 1994 aumentaría a casi 35%.
Es, entonces, importante la construcción de nuevas plantas, pero para que el abismo no se siga acrecentando de 1995 en adelante. Mientras tanto, el riesgo de apagones masivos es creciente. Un año sin suficiente lluvia aumentaría el riesgo aún más porque el nivel de las presas de las plantas hidroeléctricas estaría más bajo, especialmente en abril y mayo de cada año, al final de la temporada menos lluviosa o seca.
Mientras tanto, algunas medidas para atenuar la gravedad del problema puede incluir el uso eficiente de la energía, lo cual no implica, como se hizo repetidamente el sexenio pasado, aumentos brutales e indiscriminados de precios, pues eso es de tal modo irracional que en el campo se ha vuelto a técnicas más atrasadas en varias regiones, por lo caro de la energía y el bajo precio que se recibe por el producto agrícola. Implica, sin excluir un uso más consciente de la energía por cada quien, la producción nacional de equipos y partes que usan la energía con más eficiencia, a precios accesibles aunque se requiera subsidiar esa producción. E implica medidas para ir generalizando el uso de esos equipos y partes. Una lámpara de tubo de gas consume aproximadamente la mitad de electricidad que un foco de filamento para emitir la misma cantidad de luz. Un motor de corriente directa con rotor de imán permanente, la mitad o menos que uno de corriente alterna como los que usamos actualmente, y en algunos casos como el de los refrigeradores las diferencias son mucho mayores.
Otra medida auxiliar en este sentido es el estímulo al uso de sistemas propios de generación en zonas alejadas, empleando los recursos disponibles en cada zona, agua corriente, viento, sol, como alternativa a la electrificación con tendido de cables desde la red eléctrica existente.
ANEXO ESTADÍSTICO
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional.
La diputada María Teresa Ortuño Gurza: - Muy buenas tardes a todos.
Vengo a nombre del Partido Acción Nacional, a exponer las razones, a fundamentar nuestro voto en contra del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991.
Para fundamentarlo, quiero exponer que hace un año, para refrescar un poco la memoria, de quienes no lo tienen muy presente, que el año pasado el Partido Acción Nacional también por mi conducto, fundamento aquí un voto razonado en pro.
El año pasado, para el año de 1990, Acción Nacional dio cinco razones por las cuales consideramos que a pesar de las fallas que le veíamos al presupuesto, votaríamos en pro. Casi prácticamente ninguna de estas cinco se cumplieron durante el ejercicio del cual estamos terminando y esto es digno de considerarse para nuestra decisión en este año, además de los argumentos que presentaré.
El año pasado las razones que dimos para votar en pro fue: la primera, que nuestras proposiciones en su gran mayoría habían sido aceptadas por la Comisión de Programación y Presupuesto. ¿Qué pasó en este año?, también se aceptaron algunas de nuestras proposiciones, no todas evidentemente, pero también quiero señalar el buen trato, la cortesía y la disposición que tuvo en todo momento el Presidente de la comisión, el diputado Humberto Roque Villanueva, que en todas las formas posibles se preocupó porque este debate fuera lo más plural y lo más rápido posible, sin agregarle elementos pues de perder tiempo y eso. Sin embargo, sin bien reconocemos sin ningún empacho que las formas fueron adecuadas y el tratamiento fue bastante conforme a lo que esperábamos, ningún cambio de fondo en nuestras proposiciones se aceptó. Y esto, tenemos también que señalarlo aquí: ni un sólo cambio de fondo, porque estaban aquí los funcionarios de la secretaría en una actitud pues, cortés, más respetuosa, pero que finalmente vienen a cumplir con la función que les encomiendan, de ver que no se hagan cambios en el presupuesto, de cómo viene la propuesta original.
La segunda razón por la que nosotros el año pasado votamos en pro, fue porque conseguimos que se incluyera en el decreto una disposición para que el Ejecutivo informara a la Cámara previamente, antes de la venta de cualquier empresa paraestatal, y este objetivo se cumplió sólo parcialmente. Tuvimos una interesante participación cuando se turnó a la Comisión de Programación el debate sobre si se vendían Altos Hornos de México, S.A., y Siderúrgica "Lázaro Cárdenas" Las Truchas, S.A. Pero, ¿qué es lo que nos encontramos ante el monumental ejercicio de política económica como por ejemplo vender Teléfonos de México, pasando de lado por completo esta disposición?
En nuestro juicio es sumamente grave que una disposición acordada y establecida, incluida en el decreto del año pasado, en que se obligaba el Ejecutivo a consultar a la Cámara antes de vender a ninguna de las paraestatales, no se hayan cumplido en un caso tan importante como Teléfonos de México.
Número tres, razón que dimos, tercera, el año pasado para votar en pro, fue que en el año 1990 íbamos a tener los miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, mayor seguimiento de las cuentas y mayor participación en el preparación del presupuesto de 1991. Aquí en una honestidad intelectual en el debate, tenemos que señalar que el hecho de que esto no se haya cumplido tampoco, se puede deber a causas explicables. Estuvo primero enfermo quien era el presidente de la comisión, el diputado Rogelio Montemayor, después renunció para irse al Programa Nacional de Solidaridad a Coahuila, tiene derecho a hacer su campañita, y después asumió la Presidencia de la comisión el diputado Humberto Roque.
El hecho de que hayan existido estos cambios, quizá explique en alguna medida por qué esto no ocurrió. Pero el hecho es que la Cámara de Diputados no intervino en la preparación del presupuesto del año 1991. Tampoco se cumplió ese objetivo.
La cuarta razón que dimos hace un año para votar, a pesar de los defectos que le veíamos al presupuesto, en pro, fue que iba a incluirse como se incluyó una partida para el Registro Nacional Ciudadano. Partida que no se ha ejercido, estamos en diciembre; apenas a fines del mes pasado algo se empezó a establecer de un nuevo listado de la nueva credencial de elector, pero este ofrecimiento que se incluyó en el decreto del año pasado, tampoco se cumplió; no vimos por ningún lado el estímulo rápido al cumplimiento de esta disposición del decreto de presupuesto de egresos del año pasado.
Y la quinta razón que dimos hace un año, para votar en pro, fue que quisimos otorgar nuestra confianza y nuestro reconocimiento a la manera
en que se trabajó en la Comisión de Programación y Presupuesto. Es decir, acabamos de presenciar una aberración en la Miscelánea Fiscal hace un año, cuando el diputado David Gómez Reyes vino aquí a leer una propuesta de cambio sin haber pasado por la Comisión de Hacienda y que reformaron la Miscelánea Fiscal el año pasado en un atropello a la ley del Congreso hasta la cortesía.
Y como eso no había ocurrido en la Comisión de Programación y Presupuesto, sino que se trabajó adecuadamente y se respetó un poco más la división de poderes, quisimos con nuestro voto en pro, reconocer cuando se apoyan todas las medidas que van encaminadas a la división de poderes.
Este año también se guardaron las formas en la Comisión de Programación y Presupuesto, pero no podemos dejar pasar de largo los hechos que señalo aquí nuestro compañero Horacio González de las Casas en la Comisión de Hacienda, y no se nos diga que son cosas diferentes, porque Hacienda y Programación son los dos reversos de la misma moneda, que es la política económica.
Y hubo una mujer, la directora de la política de ingresos, que vino aquí a determinar cómo se iban a hacer las cosas en materia hacendaria.
Esto no puede quedarse guardado y nuestro partido tiene que dar también un testimonio de protesta por esa violación a la división de poderes.
(Aplausos.)
Vamos a ver ahora este año, además de las razones que expusimos de por qué no se cumplieron, vamos a ver qué elementos encontramos en el presupuesto que fundamenta nuestro voto en contra.
Los objetivos de la política económica para el año de 1990, se nos dijo, eran, en primer término y como prioritario, la estabilidad de precios, y en segundo término, el crecimiento económico.
Se supone que era prioritaria la estabilidad de precios; se nos dijo que era prioritario el combate a la inflación. ¿Y qué nos encontramos? Una intervención por cierto un poco simpática del diputado Eric Rubio, en que nos habla de que van a "luchar sin denuedo contra la inflación", yo creo que por eso no nos entendemos, porque nosotros queremos luchar "con denuedo contra la inflación".
El deterioro en el nivel de vida existe más grande este año que el año pasado. Se nos dijo que se presupuestaba una inflación del 15%, y ya lo hemos repetido en muchas ocasiones, no se cumplió. Tenemos una inflación estimada del 30% para cerrar este año de 1990.
Pero lo grave de esto es que aún la fracasada o intentada a medias, contención del alza de los precios, no se basó en atacar los orígenes, sino los efectos. La política económica en materia de inflación se concentró en tres elementos, en contener los salarios, en contener los precios y en contener el tipo de cambio, pero en ningún momento en contener el origen que provoca la inflación, que es el exceso de gasto del gobierno. No se puede llegar a contener la inflación solamente por la vía del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que por lo demás es un pacto cada vez más raquítico y cada vez tiene menos sustentación, porque con el estilo corporativo no se llega muy lejos cuando no se tienen las bases, ni el sector empresarial, ni el sector obrero, ni el sector campesino, ni el gubernamental, cuentan con el apoyo necesario para sacar adelante hoy el proyecto del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico que se les está desmoronando entre las manos.
Nos estamos encontrando, pues, en este objetivo prioritario de la inflación, que se esté atacando al origen sino a los efectos, no se está disminuyendo el gasto del gobierno y voy a dar algunas cifras.
En 1990, el gasto público se sobregiró en 14 billones, con "b" labial, de pesos, si no se hubieran sobregirado los ingresos adicionales del sector público, es decir, si no hubiera habido además del exceso de gasto, un exceso en los ingresos también, hubiera sido posible disminuir el déficit a 8.2 billones y no como fue en realidad, 22.2. Lo voy a explicar, porque a veces esto de los términos en su poco árido y menos cuando no se pone atención, pero en otras palabras estamos diciendo que el gobierno se sobregiró en 14 billones en su gasto; sino se hubiera sobregirado en estos 14 billones en su gasto, los ingresos adicionales que tuvo le hubieran permitido disminuir mucho más el déficit que tuvo el déficit neto y haberlo dejado en 8.2 billones y no como fue, en 22.2 billones el déficit. Esta diferencia de 8.2 de lo que hubiera sido a lo que realmente fue, 22.2 fue porque se sobregiraron en el gasto que nos dijeron que iban a ejercer. No puede ser que se tenga una mano ancha para permitirle al Ejecutivo que gasta más sólo porque recauda más, no puede ser que nunca se empiece el momento de gastar con orden y de gastar con eficiencia.
Si bien es cierto que algunas disminuciones en el gasto se han presentado, porque se puede aquí citar cifras del cuarenta y tantos por ciento como
porcentaje del producto interno bruto en 1987, hasta llegar alrededor del 29% del porcentaje del producto interno bruto en este año, ha disminuido el gasto público como proporción del producto interno bruto, es decir, como proporción de toda la producción nacional; no se vale que se nos venga aquí a adornar, y eso lo quiero adelantar por si algún diputado del Partido Revolucionario Institucional viene a defender que sí ha disminuido el gasto público, yo quiero afirmar aquí en qué ha disminuido y por qué ha disminuido.
El gasto público en su disminución explica en un 86% en que bajaron las tasas de intereses, ¿pues qué gracia tiene venir a decir de que se disminuyó?, si lo que nos bajaron fueron los intereses que nos están cobrando, el 1% de esa disminución se explica por disminuciones en el gasto corriente, que eso es lo que debería fundamentarse, esta disminución, el 1% se explica en disminuciones al gasto de inversión, el 0%, o sea nada, porque creo quiere decir nada, nada en disminución a subsidios y el 12% restante se explica, ¿en qué creen? En que se disminuyeron la participación a estados y municipios y otros gastos como servicios generales, etcétera, que no se vengan a adornar aquí diciendo que están bajando el gasto, como nosotros lo hemos señalado, porque esto se explica en un 86% que disminuyen los intereses, esos señores, se llegan a saludar con sombrero ajeno aquí y en China. (Aplausos.)
Otra razón por la cual vamos a votar en contra, en lo general, en este presupuesto de egresos es el Programa Nacional de Solidaridad hay mucho qué decir y hay tela de donde cortar, pero nada más contamos con unos cuantos minutos y el diputado Astolfo Vicencio Tovar vendrá en lo particular a incomodarse con estas partidas y a dar los fundamentos.
Por ahora solo quiero adelantar que en Acción Nacional, ¡no podemos aprobar un gasto de la magnitud de 5 billones de pesos, así, ninguna explicación de en qué se va a gastar!
El diputado Navarro, en la comisión nos explicaba que había un agregado de las partidistas y ahí decía: "se va a gastar tanto en educación, se va a gastar tanto en vivienda, tanto en quién sabe qué". Pero eso no es determinar: ¿en dónde?, ¿a qué horas?, ¿a quién se va a destinar?, ¿quién va a manejar estos recursos?, ¿cómo se van a vigilar?, ¿a dónde va a ir a dar todo esto? ¡A Programa Nacional de Solidaridad!
¿Por qué no mejor le cierran la "ventanilla" al Programa Nacional de Solidaridad de "fines electorales" y le aumentan los ingresos a los pensionados del Seguro Social? (Aplausos.)
¡Eso sí sería más eficaz y sin aparatos burocráticos que se lo gasten en el camino! (Aplausos.)
Pero además tenemos aquí una joya, ¿que creen que les traigo? Digo, para que se entretengan, por si está un poco aburriditos.
El periódico El Norte de Monterrey, de fecha 26 de noviembre, da cuenta de una entrevista al licenciado Salinas de Gortari, y eso tiene que ver con la discusión del presupuesto porque define cómo ensarta, cómo injerta la política económica, cómo la concibe como mecanismo de gobierno. ¡Y esto es gravísimo! ¡Esto no es algo nada más de debate; amerita una denuncia de parte de los mexicanos, la respuesta que da el licenciado Salinas!
La pregunta el reportero: "existe un debate público sobre la apertura en lo económico y que viene aparejada de una mayor apertura en lo político. ¿Cuál es la correlación que usted le da a estas variables? ¿Existe interdependencia o son autónomas?
Para quienes nos escucharon, le está preguntando cómo relaciona el Presidente en su mente lo económico con lo político. Y vean qué respuesta:
"Están vinculadas, pero debemos considerar que la prioridad la tiene la reforma económica, sin que esto excluya la reforma política. Pero nosotros necesitamos consolidar nuestra reforma económica y ella exige crear consensos políticos que hagan posibles todas las decisiones que hemos venido adoptando."
Hay que hacer las cosas y luego buscar los consensos. Pero el segundo párrafo está de antología:
"Al mismo tiempo, dice, el ritmo de la reforma política también está determinado por la capacidad de las fuerzas políticas que participan y hasta ahora, dice el Presidente, lo que hemos visto es una oposición que se muestra internamente dividida, sin capacidad para presentar un programa alternativo consistente y con una debilidad organizativa que le ha impedido estar presente en las iniciativas fundamentales que se han venido presentando..." (Aplausos.) ¡Apláudanle! ¡Luzcanse! ¡Para que luego vayan y le platiquen al Presidente que aplaudieron! ¡Aplaudan y que se fijen los demás quienes aplaudieron! (Aplausos.)
¡Fíjense lo que está diciendo el señor licenciado Carlos Salinas! ¡En primer término está
explicando, en el primer párrafo de la respuesta, que lo económico se subordina a lo político! ¡Y eso si no es fascismo, dígame de qué se está tratando! ¡Eso si no es totalitarismo, de qué se está tratando!
¡Me parece mucho más honrado la aberrante posición de Pinochet, que a las claras dice: "aquí no hay lecciones". Aquí me interés llevar a cabo un programa económico y no le hagan al cuento, no les voy a pedir su opinión. En mí mente está primero lo económico. Hay después les voy a dar chance de que haya elecciones!
Sería mucho más honesto de parte del licenciado Salinas, que nos diera ése mismo tratamiento. Ya sabríamos qué hacer en ese caso y cómo comportarnos ante una actitud de este tipo. Pero no nos parece menos grave el que se dé el lujo de calificar a la oposición diciendo que "no pueden dar chance de que haya más reforma política, porque la posición está dividida".
¡El Partido Revolucionario Institucional ni estaba dividido ni se le salió Cárdenas! ¡Ni se volvió a dividir para que se saliera González Guevara! ¡Ni problemas tiene entre los de la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares! ¡Ni tienen broncas internas! ¡Qué ejemplo de unidad! ¡Por favor!
¡Con qué cara viene el licenciado Salinas a pretender justificar, en ésa que él llama división...!
(Desorden.)
¡Encerrar la política económica y la política a determinarle en su propio juego de calificación! (Aplausos.)
(Desde una curul): - ¡Tema!
¡Y no me digan que esto no es tema, porque la política económica, según la estamos entendiendo por lo que nos describe el licenciado Salinas, es prioritaria! ¡Cómo podemos entonces no relacionar esto con el Presupuesto de Egresos y con la Ley de Ingresos, que son los instrumentos primarios y diversos de la política económica que no está anunciando, cómo podemos no hablar fuerte y claro sobre los que somos libres y pensamos distinto, tenemos derecho a expresar para que luego nos vengan a calificar de: "si mi rey, pero hay luego porque ahorita no te voy a hacer caso, aunque aparente que sí".
¿Qué clase de mundo de disimulo nos está pretendiendo imponer el licenciado Salinas? ¡Eso sí, gritamos con los "tales por cuales" como Pinochet, o Castro, o los otros dictadores! Este es peor, porque los otros al menos dicen las cosas que hacen. ¡Y aquí nos dicen una cosa y hacen otra! (Aplausos.)
Vamos ahora, volviendo al tema de los números, a analizar cuáles son los objetivos que se derivan de la lectura del Presupuesto de Egresos para 1991. Señalando y dejando muy claramente establecido que esto, esto que declaró el licenciado Salinas, es lo suficientemente grave para que se estuviera hablando de una violación al orden constitucional a través de sus palabras.
Pero vamos a ver qué dice el presupuesto. Tiene propósitos contradictorios. Miren, y esto para los que no son economistas o para los que aun siéndolo, aun hay muchas cosas difíciles de entender como se pretenden presentarlas aquí todas hechas bolas para que nadie entienda nada, se pueden simplificar y a veces vienen simplificadas en alguna medida, un poquito más que antes hoy en las mismas propuestas del Ejecutivo.
Fíjense cómo nos dice el gobierno: dice el Ejecutivo que un objetivo es "reducir la inflación". ¡Ah, qué bonito suena esto: "hay que reducir la inflación", claro que sí! ¡Quién va a decir que no! ¡Claro que hay que reducir la inflación!, pero es una declaración, porque en los hechos el presupuesto pretende mantener un crecimiento del producto interno bruto del 2.5% al 3%, y no se puede reducir la inflación manteniendo artificialmente alto el crecimiento del producto interno bruto.
Nos dicen, por otra parte, que, ¡que creen!, que nos tienen buenas noticias. ¡Que se van a reducir las tasas fiscales! ¡Que no se van a crear nuevos impuestos! ¡Qué padre que se va a elevar el gasto social! Y eso para cualquier ciudadano, a los que estamos representando todos aquí, pues son buenas noticias. ¡Ah, caray! Pero cuando vemos que por otra parte pretenden disminuir el déficit financiero, que nos expliquen cómo van a encontrarle la cuadratura al círculo. Porque, por otra parte, nos dicen: "¡qué buena noticia, que van a sacar provecho de los recursos gubernamentales!". ¡Ah, qué padre, muy bien! ¿Quién puede criticar eso? ¡Van a sacar provecho de los recursos gubernamentales! ¡Sí, cómo no...! Le van a entrar al Programa Nacional de Solidaridad con entusiasmo y alegría los ocho primeros meses porque es año electoral, no se les olvide. Pero por otro lado nos dicen que van a reducir el déficit gubernamental. ¿Cómo le van a hacer para alcanzar esos objetivos contradictorios entre lo que pretenden alcanzar, que es sumamente plausible, y los mecanismos que se nos presentan, que no le vemos por dónde?
Por último, hemos explicado en otras ocasiones que para nosotros, en Acción Nacional, el presupuesto es un mecanismo de servicio a los demás. El presupuesto es un algo con qué llevar lo que unos colaboran para que otros se beneficien y que finalmente todos tengamos, en la mejor medida de lo posible, los servicios a los que somos acreedores por pagar nuestros impuestos. Pero hay tres prioridades no atendidas y que siguen estando sin atender en este presupuesto:
La primera es la "educación". Ahora, una buena noticia es que se nos aumenta el porcentaje del gasto en la educación como proposición del producto interno bruto. Ya ven cómo se hacen en cuestiones de economistas, todo se mide en proporción del producto interno bruto, porque el producto interno bruto viene siendo el pastel, de qué tamaño nos va a salir este año, y en la medida que se le gaste una rebanada más grande a educación pues todo mundo vamos a estar de acuerdo. Pero gastar un presupuesto para la Secretaría de Educación Pública no es gastar en educación. Es, en muy buena medida, gastar en un aparato burocrático que se ocupa de absorber la derrama de dinero y que viene quedando mucho menos más adelante. Pero aun suponiendo sin conceder, sin conceder, que todo el gasto en educación fuera realmente para educación, tendríamos cifras de que tenemos un 3.2% de gasto en educación, 3.2% del producto interno bruto, del tamaño del pastel será para la educación. Y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura recomienda, por lo menos, un 8%, estamos todavía muy lejos, aunque ya es levemente superior al del año pasado. Se necesitan algo así como 63.4% billones de pesos, en vez de 20.9 que se explican aquí.
Otra prioridad que no se ha atendido, es la agrícola; se destinan apenas para el agua 200 millones de pesos y se necesitan algo así como 2 billones; en buena hora van a poder los campesinos sembrar con estos raquíticos recursos. Y sobre todo la modernización: siguen los vicios del exceso de gasto público en materia de que se deje intacta la estructura burocrática, no se disminuyen los costos de poder, las áreas, y los poderes de los secretarios de gobierno, de los secretarios de despacho, se miden en buena cantidad por la proporción de gasto que se va a ejercer este año. No puede ser que ésos sean los criterios de gasto.
Esta es la razón, a pesar de que algunas cosas buenas, a pesar de los buenos modos con que hemos sido tratados, a diferencia de otros años, en que ya nada más terminan los dictámenes y se nos pasan para que los firmemos, de todos modos Acción Nacional no puede apoyar un proyecto de política económica, insertado en una ruta totalitaria, fascista, corporativa, porque corporativa es el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, corporativas son estas declaraciones, y no se puede que solamente unos decidan por la totalidad de los mexicanos.
Por todas estas razones, que esperamos que hayan quedado claras para quienes siguieron esta intervención, Acción Nacional votará en contra del presupuesto de egresos en lo general. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Humberto Esqueda Negrete, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Humberto Esqueda Negrete: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores: La fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por este conducto venimos a formular nuestro voto razonado al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 1991, en los siguientes términos:
Grandes sectores de la ciudadanía, atentos a los acontecimientos nacionales, desean encontrar un canal de expresión y participación. Atendiendo a dichos sectores, me permito ser la voz y opinión de estos grupos, y cumpliendo cabalmente con mi responsabilidad de representante del pueblo ante esta alta soberanía nacional.
Los cuestionamientos siguientes llevan la intención de ser prepositivos, buscando en todo momento el bienestar de la mayoría, en congruencia con los principios doctrinales de nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana.
Educación. Resultan alarmantes los niveles de analfabetismo, la deserción escolar y la deficiencia de los programas educativos en todos los niveles. También es significativa la demanda de instalaciones apropiadas, con los equipos didácticos y técnicos para la educación. Los tiempos actuales nos exigen actualizarnos y prepararnos para ingresar a la globalización, que en estos momentos se necesita.
Cuando en México se está considerando un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos de América, se debe de prever que tal paso, al darse en las condiciones actuales, resultaría de tales consecuencias para la economía y la estabilidad social, porque requerimos elevar los niveles educativos en todos los niveles, pero sobre todo en las áreas técnicas y profesionales, para de esta forma estar a la altura de los mejores técnicos y profesionistas del mundo.
Al existir una superación educativa, la mano de obra mexicana alcanzará una mejor retribución. El objetivo central deberá ser crear la infraestructura necesaria para que en México la planta productiva esté en calidad de competir en igualdad de circunstancias.
En el área educativa, primeramente encontramos en el análisis sectorial, que se tiene proyectado en un egreso de 25 billones 817.9 mil millones de pesos y en el proyecto de decreto de egresos se le ha asignado a la Secretaría de Educación Pública conforme a la partida 00011 del artículo 2o. la cantidad de 20 billones 915 mil 415 millones 300 mil pesos existiendo una diferencia de 4 billones 902 mil 200 millones de pesos, los cuales no se especifican claramente en el análisis ni en el proyecto de decreto.
En segundo lugar, las metas proyectadas para 1991 no atacan en su totalidad la creciente demanda, pues lo proyectado no está acorde con el crecimiento de la población en el ramo de la educación media superior. La demanda es muy superior definitivamente está fuera de la realidad, pues la demanda es superior a la cantidad proyectada y en la educación superior definitivamente está fuera de la realidad, pues la demanda es superior a lo proyectado. La designación total al campo educativo representa el 8.94% del total del presupuesto y el 3.3% del producto interno bruto por debajo de lo asignado en 1982 que fue el 3.8% del producto interno bruto.
Salud y Seguridad Social. En este campo las acciones proyectadas son muy tenues, aunque hay que reconocer que hay un ligero aumento con respecto del producto interno bruto el que ahora alcanza el 3.6% del mismo. Lamentablemente de nadie es desconocido el crecimiento poblacional que está dando en las comunidades rurales. Anteriormente se atribuía el crecimiento se registra de nuevo en las comunidades rurales. Ese debería de ser el momento de volver la vista al campo y atender sus crecientes necesidades, que se atienden por el hecho de estar distantes de las grandes ciudades, donde se concentran el mayor número de instalaciones y personal del sector salud.
El nivel de enfermedades contagiosas y de las que ya se pensaban erradicadas de México, como la lepra, sarampión, tosferina, tuberculosis, amibiasis, entre otros, cobran su mayor número de víctimas entre la población infantil de las comunidades rurales y es entendible que por las condiciones insalubres de las cuales muchos miles de niños de mexicanos viven, aunque las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática se empeñen en decir que el crecimiento de la población prácticamente no se dio, existe una verdad que no podemos ocultar, ahí están esos millones de niños con problemas de desnutrición y amibiasis aumentando todos los días.
Otro de los problemas que nuestro partido ha denunciado en varias ocasiones es el de los jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Al analizar las metas proyectadas nos dicen que se piensa jubilar a 1 millón 217 mil personas, por otra parte, del Instituto Mexicano del Seguro Social y a 208 mil personas del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, los que irían a engrosar las filas de los jubilados y pensionados que han peregrinado por todas las dependencias gubernamentales en busca de una solución; que piden que la pensión que reciben sea igual al salario mínimo vigente y aumente con respecto al mismo.
En el análisis sectorial se dice que para lograr los objetivos planteados se asignarán 28 mil 290.5 mil millones de pesos y en el proyecto de decreto se le ha asignado a la Secretaría de Salud, 3 mil 107.6 mil millones de pesos que representan el .32% del total del presupuesto al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los trabajadores del Estado.
Al instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado se le ha asignado 4 mil 603.4 mil millones de pesos, que representan el .96% del presupuesto y al Instituto Mexicano del Seguro Social se le ha asignado 17 mil 588.4 mil millones de pesos, que representa el 7.52% del total del presupuesto, lo que representa el 10.8% del total del presupuesto asignado a este renglón, existiendo una diferencia en lo proyectado y en el análisis y el proyecto de decreto de 2 mil 991.0 mil millones de pesos, que no se especifica en el proyecto de decreto cómo y quién los va a utilizar.
Desarrollo urbano
Uno de los grandes problemas que enfrentan primordialmente las concentraciones urbanas es, sin lugar a dudas, la planeación de los asentamientos humanos; grandes negocios han presentando los fraccionamientos que se han llevado a cabo en zonas que no cuentan con los servicios elementales de agua, alcantarillado, drenaje, energía eléctrica, entre otros. Esto ha provocado un crecimiento des medido de las ciudades, originando verdaderos caos y reiteradas protestas por parte de los habitantes de las grandes ciudades.
Hasta el momento, no se ha tenido el cuidado de planear los asentamientos humanos, podríamos citar
como ejemplo, como el que se dio en San Juan Ixhuatepec, el cual se encuentra en una zona de alto riesgo por las instalaciones de Petróleos Mexicanos y las gaseras.
En la ciudad de México existen cerca de cinco mil familias que perdieron sus casas a raíz de los sismos de 1985 y a la fecha siguen viviendo en viviendas de láminas y cartón. Numerosas viviendas de la unidad Nonoalco Tlatelolco hasta la fecha no han sido reparadas y representa un peligro para los que habitan estas viviendas.
A diario podemos ver innumerables manifestaciones de ciudadanos que pugnan por obtener créditos para la adquisición de viviendas o para la reparación de las mismas, y la respuesta que todos han recibido es un "no, no hay presupuesto".
Sin duda, la regularización de la tenencia de la tierra es un problema que ha ido en aumento y hasta hoy no se han emprendido programas capaces de erradicar el problema, y los pocos que se han concentrado, fueron utilizados como bandera política por el partido del gobierno, obligando a los ciudadanos que reciben este beneficio, a servir de asistentes a mítines para adular a los gobernantes en turno, como ejemplo, el evento realizado en días pasados en la Magdalena Mixuca.
Aún existen miles de familiares en todo el país que no cuentan con la seguridad jurídica de la casa que habitan, al no contar con las escrituras que los amparen y con ese pretexto le son negados los servicios elementales como agua, drenaje, electrificación, entre otros.
Conforme al análisis sectorial, se estima una asignación de 1 mil 659.8 mil millones de pesos para el renglón del desarrollo urbano, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología se le han asignado 699 mil 272 millones de pesos, lo que representa el 0.299 del presupuesto, existiendo una diferencia de 960 mil 530 millones de pesos, la cual no se especifica de qué forma y por quién será utilizada.
Agua Potable
Debido al gran crecimiento de las ciudades, se requiere de una acción hidráulica que verdaderamente solucione el problema de la falta del vital líquido que día con día se acrecienta y tiene su más alto porcentaje en la época de calor.
En la actualidad, existen colonias enteras en las ciudades donde se racionaliza el consumo de agua y solamente unas horas los ciudadanos disponen del líquido y en otras colonias definitivamente no cuentan con ese servicio y son presa de los acaparadores que venden el agua en pipas, a razón de cinco mil pesos la cubeta de 20 litros, contratando con el desperdicio llevando a cabo en las zonas residenciales, así como el desperdicio de contaminación de muchos ríos y cuerpos de agua que carecen de la obra hidráulica.
Además, los consumidores padecen de altas tarifas y condiciones insalubres de la misma, la cual se canaliza a través de las tuberías, sin reunir los requisitos de potabilidad exigidos.
Otro de los grandes problemas es sin lugar a dudas las aguas residuales. En el caso de la ciudad de México no se ha encontrado la solución a tan grave problema. En la actualidad las aguas negras son enviadas a la zona conurbada, en canalizaciones a cielo abierto, provocando altos índices de contaminación, mientras otra parte es llevada a las zonas de riego, sin recibir el tratamiento adecuado, provocando con esto una contaminación de alimentos. Se pretende destinar a este rubro la cantidad de 758 mil millones de pesos, lo que representa el 0.32% del total del presupuesto.
El Programa Nacional de Solidaridad. Estamos en contra porque bajo la dirección del Partido Revolucionario Institucional se han creado comités de solidaridad en estados, municipios y en las colonias populares. Dichos comités llevan a cabo algunas obras necesarias e invaden la esfera de competencia de las dependencias de cada área, así como la competencia que tienen los gobiernos estatales y municipales; así la prestación de servicios no se llevan a cabo por las dependencias y organismos, sino que remiten tal obligación a los comités de solidaridad y éstos, a su vez, atienden selectivamente a los grupos y atacan también; éstos, a su vez, sólo atienden selectivamente los problemas, argumentando que es un programa para dar paliativos y no soluciones definitivas.
Por ello, consideramos innecesaria la existencia del Programa Nacional de Solidaridad, ya que las acciones y actividades que se le han encomendado, pueden ser realizadas y ejecutadas por las dependencias del Ejecutivo, los gobiernos estatales y municipales, en el ámbito de sus responsabilidades; además, aunque se diga que se está atendiendo a toda la población, el Programa Nacional de Solidaridad se ha convertido en un instrumento al servicio del Partido Revolucionario Institucional, pues es innegable que los comités de solidaridad son dirigidos y formados por directivos y miembros de este partido.
Las obras realizadas son abanderadas por militantes del partido en el poder, destinadas a acrecentar su clientela electoral y principalmente se
han encauzado hacia los lugares en los que el Partido Revolucionario Institucional fue rechazado por la ciudadanía en pasadas elecciones.
Los 5 mil 117.4 millones que se tienen proyectados, deberían encauzarse a las dependencias del Ejecutivo encargadas de cada una de las áreas que actualmente atiende el Programa Nacional de Solidaridad. esta asignación representa el 2.18% del total del presupuesto y debería utilizarse en beneficio de todos los mexicanos y no sólo en beneficio de unos cuantos, bajo el criterio discrecional del titular del Ejecutivo.
Desarrollo Científico y Tecnológico. Nuestro país presenta un atraso tecnológico muy grande, el cual no ha querido o no ha podido solucionarse. En estos momentos se requiere que nuestro nivel científico y tecnológico sea de mayor calidad, para que la planta productiva de México pueda competir internacionalmente. En estos momentos es de vital importancia brindar un impulso real al desarrollo científico y tecnológico y acceder a los niveles de competitividad y calidad requeridos, ya que de llegar a firmarse el tratado de libre comercio, nuestro país estaría en una gran desventaja y sólo aportaríamos materias primas y mano de obra barata.
Se ha proyectado asignar un presupuesto de 2 mil 732.5 mil millones de pesos, el cual representa el .16%. Cabe señalar que el proyecto de decreto no señala quien ejercerá de manera directa este presupuesto.
Consideraciones finales. Por lo expuesto, es prioritario canalizar una mayor dotación de recursos para los rubros de educación, salud, desarrollo urbano, agua potable y desarrollo científico y tecnológico.
Nos parece muy elevado que para el servicio de la deuda se asigne el 27.7% del presupuesto, mientras se sigue castigando a esos vitales sectores a los que en conjunto se les dedica sólo el 22.02%.
No podrá existir un crecimiento real del país en la ruta hacia el primer mundo sin abatir la demanda de centros escolares, sin erradicar el analfabetismo, sin atender a la población en sus demandas de salud y asistencia social, sin una atención digna y decorosa a los jubilados, sin abatir el déficit de vivienda, sin desarrollar la ciencia y la tecnología.
El gobierno considera prioritario el pago del servicio de la deuda, dejando en segundo término el crecimiento y la estabilidad de la nación.
Consideramos que debe de reducirse hasta el 15% del presupuesto el pago del servicio de la duda y se destinen mayores recursos hacia las áreas señaladas, ejerciendo una vigilancia escrupulosa de los recursos de la nación, para de esta forma lograr la aplicación total de los recursos en beneficio de los mexicanos. Por lo tanto, no es necesario implementar programas como el Programa Nacional de Solidaridad basta con que cada funcionario público cumpla con su obligación previamente aceptada.
Por todas estas razones, la fracción parlamentaria del Auténtico de la Revolución Mexicana en su oportunidad se reserva los artículos que a nuestro juicio deberán impugnar y en consecuencia nuestro voto en lo general será en contra.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana lo firman los diputados: Oscar Mauro Ramírez Ayala, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Marco Antonio Castellanos López, Alberto Pérez Fontecha y Juan Jaime Hernández y el de la voz, diputado Humberto Esqueda Negrete.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Armando Ibarra, del Partido Popular Socialista.
El diputado Armando Ibarra Garza:
- Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: El desarrollo de un país no se mide por el índice del producto interno bruto de su economía ni tampoco su régimen democrático se define por el respeto mayor o menor de la voluntad popular exclusivamente, sino más bien la orientación que se le imprima a la aplicación de la política económica y social, será la que defina si un país está por el camino del desarrollo independiente y soberano o bien un gobierno es verdaderamente democrático o no.
En este marco se explica tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos del gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, por eso, a juicio del Partido Popular Socialista, la discusión del presupuesto de egresos debe ser...
El Presidente: - Un momento, diputado. Solicito a la asamblea de la manera más comedida, guardar silencio y poner atención al orador. Continúe diputado.
El diputado Armando Ibarra Garza: - Por eso a juicio del Partido Popular Socialista, la discusión del presupuesto de egresos no debe ser solamente el balance frío de las cifras o porcentajes a alcanzar el próximo año, sino más bien debe ser el análisis serio, responsable y patriótico de estos instrumentos de la política económica del gobierno, pero que además deben confrontarse con la realidad en que viven millones de
mexicanos, y con el rumbo que se le está imprimiendo a nuestra nación.
Por estas razones, consideramos que en lo general el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, refleja en lo esencial una concepción contrarrevolucionaria de nuestro desarrollo independiente, al subsistir al Estado impulsor del desarrollo por el Estado benefactor, pero además porque refleja el carácter antinacional de la política gubernamental, al cimentar el avance de nuestra economía en la reprivatización indiscriminada del sector estatal, y a la subordinación de nuestro desarrollo a los planes tratados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Caso muy concreto es el proyecto del acuerdo de libre comercio entre México y los Estados Unidos de América, y la llamada iniciativa de las Américas, planteada por el Presidente de los Estados Unidos que en forma "coincidente", defienden con tanto ahínco a ambos proyectos los tecnócratas en el poder y el gobierno de los Estados Unidos de América.
Pero además, el proyecto del gasto refleja el carácter antipopular, pues no sólo no se le da respuesta seria al problema del desempleo en la ciudad y en el campo, ni a los salarios, ni al abasto, ni al de la seguridad social, ni más apoyo a las clases sociales más desprotegidas, sino que en el marco general de la política económica, estos problemas tienden a profundizarse, por el ejemplo para 1991 el gasto programable que es el que se dedica al gasto de los sectores y de inversión, se reduce con relación al producto interno bruto, y si a esto le agregamos que en los últimos ocho años éste ha decrecido comparado con el producto interno bruto de 1980, entonces es de esperarse el índice de crecimiento de los distintos sectores económico y social, seguirá estando por debajo del nivel alcanzado en 1980, por lo que se refleja que a pesar de los incrementos en los presupuestos del desarrollo rural, educación, salud, sigue siendo sustancialmente insuficiente, que inciden en los siguientes efectos: falta de apoyo a la producción en el campo, insuficiente apoyo a los salarios y prestaciones sociales a los trabajadores, reducción de plazas, casi nulo fomento a la creación de empleos por parte del Estado, eliminación de subsidios dirigidos al consumo. A los justos reclamos de los trabajadores, de los campesinos y de las clases medias, los funcionarios del gabinete económico responden que el problema es de caja, que no hay suficientes recursos, que además el ajuste de las finanzas públicas ha logrado estabilizar la economía y que actuar de otra manera sería perder lo ganado.
Nada más falso que esto, lo sostiene el Partido Popular Socialista, pues a pesar de que se ha recortado el gasto público y se han reordenado las funciones del Estado, quitándole, mayor intervención en la economía, y que se ha apuntalado el crecimiento económico en función de la inversión privada, nacional y extranjera, y que además se ha profundizado una apertura sin tope a la inversión extranjera.
El déficit comercial sigue afectando seriamente el desarrollo económico de nuestra nación; la tasa del desempleo se sigue incrementando notoriamente; el nivel de vida se ha deteriorado peligrosamente, pues basta recordar que tan sólo en los últimos ocho años, el 35% de los 40 millones de mexicanos que viven en la pobreza, ha sido precisamente por la aplicación de esta política de corte neoliberal.
Lo que resulta inadmisible es que se insista en aplicar más de lo mismo; en seguir profundizando con una política que es profundamente antipopular y antinacional. Así lo refleja el Presupuesto de Egresos para el próximo año de 1991.
La tendencia a fortalecer estructuralmente a la inflación del presupuesto, es precisamente porque fundamentalmente se enfoca a áreas no productivas, donde no se impulsa al ahorro interno, y el desarrollo de las fuerzas productivas propias, pues basta observar que para 1991, la transferencia a organismos y empresas en presupuesto, registran una disminución real del 27%; y en el caso de las asignaciones a la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, éstas se reducen en términos reales en un 16.8%. Además de que se han eliminado algunos fideicomisos de apoyo a la pequeña y mediana industrias nacional.
Se siguen destinando enormes recursos económicos al pago del servicio de la deuda externa, pues tan sólo para el próximo año se estima pagar por el solo servicio de la deuda, el 27.4% del gasto total de la federación, que es el equivalente a casi cuatro veces del total de la inversión de la administración pública paraestatal, y a ocho veces al gasto programable para el desarrollo rural en el año de 1991.
¿Podremos acaso, señoras y señores diputados, pensar en un crecimiento económico, con una estabilidad de precios, con este panorama que sólo favorece a la transferencia de recursos del Estado a la iniciativa privada y a los grandes grupos financieros internacionales, mediante el pago injusto del servicio de la deuda externa?
A largo plazo sostenemos nosotros que estas medidas económicas, encuadradas en el proyecto de presupuesto, nos llevan a la quiebra de la soberanía
y de la independencia nacional y a un mayor deterioro del nivel de vida de nuestro pueblo.
¿Por qué afirmamos esto, el Partido Popular Socialista? Porque se argumenta como esencia de la modernidad la reprivatización de empresas del Estado como motor para impulsar la modernización de nuestro país, eficientes o no eficientes, para darle solución además a la pobreza en que viven más de 40 millones de mexicanos, como si la causa de la pobreza haya sido la intervención del Estado en la economía.
Ocultan estos funcionarios que los problemas estructurales de insuficiente desarrollo industrial, de bajo crecimiento de empleo, junto a las constantes fluctuaciones de la economía nacional ante cambios de la economía mundial, obligaron al Estado a tener injerencia en la estrategia de desarrollo y que en función del objetivo de actuar en forma cada vez más como promotor del desarrollo, el Estado incrementó el gasto, el cual se orientó a la mayor creación de infraestructura económica y social y al desarrollo de sectores estratégicos.
Y ahora en estos tiempos de modernidad, con la mayor irresponsabilidad, el pequeño grupo en el poder remata el patrimonio de la nación como es el caso reciente de Teléfonos de México, argumentando que el Estado se había desviado de sus funciones pues rectoría no significa ser propietario. A esto, señores diputados, no se le puede llamar ignorancia o ingenuidad, si no más bien actitud antipatriótica.
El propio licenciado Salinas de Gortari ha afirmado que no son razones de orden financiero ni lo son de eficacia de las empresas lo que lleva al gobierno a rematarlas, casi regalarlas y a crédito. Y no es una cuestión de política general que el Estado cumpla con sus responsabilidades constitucionales y sus compromisos sociales fundamentales. Es decir, que el Estado cumpla con sus funciones y nada más. Y nosotros preguntamos: ¿cuáles son las funciones del Estado?
Vicente Lombardo Toledano al respecto afirmaba: el Estado mexicano surgido de la Revolución y de la Carta Magna de nuestro país, no adquirió sus funciones actuales de una manera apriorista, sino que éstas son las consecuencias de la doble empresa histórica del movimiento revolucionario: destruir la estructura de México del Siglo XIX, y levantar otra parte para construir una nueva nación. Esto quiere decir que las funciones que tiene actualmente el Estado son sus propias funciones. ¿Para qué entonces reformar al Estado si éste está desempeñando las funciones que le corresponde y de ser fuerza de producción directa y de promoción y administración de los servicios más importantes? ¿Para qué reformarlos? Lo que ocurre es que se quiere privar al Estado moderno mexicano surgido de la Revolución, de las funciones que le son propias, para restaurar las que ejercía el viejo Estado de la dictadura del general Porfirio Díaz. La de un instrumento al servicio del capital extranjero.
Otro aspecto del presupuesto de egresos que está a discusión es el que se refiere al comercio, sobre todo al exterior. Se sostiene en el proyecto de gasto público, que se proseguirá con la promoción de la industria maquiladora mediante la difusión de los beneficios que se le otorguen. Además, se fomentará una mayor participación del sector privado y se crearán áreas de interés para la inversión extranjera en el país.
¿Qué acaso les parece insuficiente a los funcionarios del gabinete económico los datos de miles de pequeñas y medianas industrias nacionales que han quebrado ante la competencia desigual provocada por la apertura indiscriminada a la inversión extranjera y a la falta de competitividad de nuestro comercio con los grandes monopolios transnacionales para aferrarse a continuar ya no sólo reduciendo a su mínima expresión las barreras arancelarias, sino lo que es más grave, poner en peligro nuestra soberanía con el llamado acuerdo de libre comercio entre dos países, desde el punto de vista del desarrollo de sus fuerzas productivas y del avance científico y técnico distintos en México y los Estados Unidos, que como resultado de este proyecto, no nos llevaría a una interdependencia, sino más bien, a un colonialismo económico.
Este argumento se encuadra en lo que hoy llaman ellos: "la tesis de la globalización". Quieren encerrar en un mismo círculo a pobres y ricos, quieren desconocer el desarrollo desigual de las naciones.
El Partido Popular Socialista señala que hay globalización de la producción porque las poderosas transnacionales de los países imperialistas, han creado una división internacional del trabajo. De tal manera que sus centros de desarrollo tecnológico se encuentran generalmente en sus países de origen; las instalaciones de producción industrial de las partes fundamentales de un producto, se encuentra en estos mismos lugares o en otros y las instalaciones donde se arma el producto final, se ubican en terceros países, generándose con ello el fenómeno de la industria maquiladora; pero que ningún beneficio al desarrollo independiente de la nación le pueden dejar.
El Partido Popular Socialista afirma que la integración económica ciertamente no es riesgosa cuando se da entre países de intereses comunes y de un desarrollo económico similar; de tal forma que no haya el peligro de que uno de ellos absorba al otro. Pero en el caso de México y los Estados Unidos, la integración económica se traducirá en una absorción inevitable de nuestra economía por parte de la economía de los Estados Unidos.
En síntesis, honorable asamblea, a juicio del Partido Popular Socialista, la orientación del presupuesto de egresos para 1991, se contrapone a la lucha histórica de nuestro pueblo, que ha sido la de garantizar nuestro desarrollo económico independiente, elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y garantizar un amplio y profundo desarrollo de nuestra vida democrática.
¡La solución a los serios problemas económicos y sociales del país, no es el programa monetarista de corte neoliberal que nos propone el gabinete a través del gasto público!
El Partido Popular Socialista propone un programa económico distinto que nos permita desarrollarnos con independencia, pero a la vez, que éste incida en un mejoramiento del nivel de vida del pueblo. Proponemos medidas como las siguientes:
Negociación conjunta entre México y los países de América Latina de la deuda externa, que nos lleve a todos los países del subcontinente a cancelar el papel que les han asignado los bancos internacionales, como países exportadores de capital; demandar un nuevo orden económico internacional entre países pobres y ricos; cancelar ya la venta de empresas del Estado que ponen en serio riesgo la soberanía de nuestra nación. Proponemos además, elevar sustancialmente el nivel de vida de los trabajadores mediante la reversión del poder de compra, mediante la escala móvil de los salarios y no mediante los llamados "pactos económicos" que sólo llevan a un empobrecimiento de las grandes masas.
Proponemos también llevar a cabo un acuerdo nacional para impulsar el desarrollo de las fuerzas productivas, para salir de la crisis económica que padece nuestra nación, y para ubicarla en el concierto internacional de las nuevas condiciones del mundo de hoy.
El Partido Popular Socialista no solamente ha rechazado con toda energía la estrategia y las medidas del gobierno que a nuestro juicio conducen a una inserción con pérdida de soberanía y con perspectivas negativas para el bienestar del pueblo, sino que consecuente con su actitud de ser esencialmente un partido propositivo ante los grandes problemas sociales, ante los grandes problemas nacionales, ha puesto a consideración de las fuerzas políticas- nacionales el planeamiento de un acuerdo nacional para el desarrollo de las fuerzas productivas del país, ¿en qué consiste este acuerdo?
En su esencia se plantea el objetivo de fortalecer y modernizar desde el punto de vista de su administración y de su capacidad técnica, las empresas de capital nacional, tanto las del Estado como las que son de propiedad privada, de forma en el menor tiempo posible a los cuadros superiores del país, tanto en el campo de la investigación científico- técnica, como el desarrollo tecnológico, que sean capaces de contribuir a que México se incorpore a la revolución científica y técnica; de estructurar un conjunto de laboratorios industriales, que sean el puntal y el sustento de la modernización tecnológica de la industria paraestatal de las empresas de capital nacional y de todas las instituciones fundamentales para el desarrollo económico del país.
La estrategia que proponemos para llevar estos objetivos consiste en la coordinación y suma de esfuerzos, concertada entre el poder público, el sector de las empresas privadas verdaderamente nacionales y además las instituciones de educación superior y los centros de investigación científica y desarrollo tecnológico del país, para trabajar sobre la base de acciones por el logro de los objetivos propuestos.
Entre las acciones que contemplamos está la revisión de la legislación a ciencia y tecnología, como el carácter de las instituciones encargadas hasta el momento de la política científica, para reestructurarlas o crear nuevas de acuerdo a las necesidades actuales y a los objetivos que se deben alcanzar en el propósito de construir un país independiente sobre la base de emplear los logros de la ciencia y la técnica, para dar un nuevo jalón histórico a la Revolución Mexicana.
Nosotros, señores legisladores, reiteramos que el camino de nuestro desarrollo es el que fue ratificado con la muerte de más de un millón de mexicanos, el de la Revolución Mexicana, el del nacionalismo revolucionario, no es el que hoy quieren imponernos un reducido grupo neoliberal desde el poder público, que ha convertido a los mexicanos en más pobres y tiende hoy a integrar a nuestro país a los intereses de los grandes monopolios.
Por las razones anteriores, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, votará en
contra del proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Tomás Pedroza Esparza, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás Pedroza Esparza: - Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeros diputados: la posición de nuestra fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto al dictamen del decreto de Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 1991.
El Estado es responsable de la creación de la infraestructura necesaria para el desarrollo económico, mediante inversiones básicas directas en diversos campos económicos y sociales. Así como de emprender actividades agrícolas, industriales y fundamentalmente distributivas. En sí, la política fiscal y dentro de ésta la del gasto público constituyen el eje central de la política económica de desarrollo.
En esa materia, el monto, asignación, financiamiento y aplicación del gasto público representa una de las bases fundamentales para la conducción de la economía nacional.
El hecho de que la Cámara de Diputados sancione, conforme a los principios constitucionales, su aprobación y vigile su correcto ejercicio , ha contribuido a que la orientación del gasto en los dos últimos años tienda hacia un mayor gasto social y a una reactivación de la inversión pública.
La política de gasto público para 1991, señala como objetivos generales:
1. Contribuir a alcanzar las metas de finanzas públicas, en apoyo al combate a la inflación, y
2. Cambiar la estructura presupuestal, a fin de reorientar las erogaciones en concordancia con las prioridades de la estrategia de desarrollo y aprobar la infraestructura económica del país, procurando la más alta prioridad para el gasto social.
En cuanto al primer objetivo, observamos que los criterios generales de política económica para 1991 se plantean metas bastantes conservadoras e incluso inferiores a las conseguidas en 1990. Así por ejemplo tenemos que se programa un déficit financiero de 1.9% superior al 1.3% que se estima obtener al cierre del ejercicio fiscal del presente año.
El superávit primario que en 1990 llegó a niveles históricos del 10.5%, se pretende lograr una meta del 6.9%. El superávit operacional de 1.8% es muy inferior al 5.3% presentado en el año que está por finalizar. Y se estima lograr un crecimiento económico similar al de 1990.
A nuestro parecer, si bien es cierto que no se deben plantear metas inalcanzables, no implica que el gobierno federal no asuma metas más agresivas o ambiciosas, de acuerdo a la situación económica general, sin dejar de ser cauto y pretendiendo avanzar hacia un crecimiento gradual y sostenido.
Nos llama la atención que en estos criterios se establezca como objetivo reducir la inflación a un nivel del 14%. lo que implicaría disminuir la actual a la mitad.
Para nuestro partido sería ideal no sólo que se redujera la inflación al nivel presupuesto, sino que se cumpliera con el objetivo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo, en el sentido de tener una inflación similar a la que se registra en los países altamente industrializados.
Sin embargo la realidad nos lleva al escepticismo cuando observamos y sentimos los incrementos de los precios, incluso en los productos controlados oficialmente y pese a la firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
En cuanto a la estructura presupuestal, se nota una modificación sustancial en la asignación de recursos. La elevada participación que había tenido el pago del servicio de la deuda pública en el gasto neto total, disminuyó significativamente del 44.2% que se le asignó en 1990, baja a 25.6% para 1991.
Las cifras contenidas en le proyecto de presupuesto muestran que el gasto primario eleva su participación del 55.9% al 74.4%. Sin embargo, consideramos que el porcentaje de reducción del pago del servicio de la deuda pública es mayor al aumento que se presenta en el gasto primario, lo cual conlleva que el gasto neto total sufra una reducción en términos reales del 5% en comparación de 1990.
Se nos dice que la reducción del servicio de la deuda pública permite plantear para 1991 un moderado incremento al gasto programable de 2.3% en términos reales, aumento que resulta inferior al 10.4% con respecto al gasto ejercido de 1990. Lo cual también se sitúa dentro de las metas moderadas que se planean en la política de gasto.
Estas acciones nos llevan a suponer que no sólo persisten las medidas de racionalidad, control y disciplina presupuestal, sino también se insiste en una política restrictiva de gasto.
Analizando las cifras que se presentan en el proyecto de presupuesto de egresos, observamos que de manera positiva se plantean incrementos reales a casi todos lo sectores que integran la economía nacional, y que su mayor impacto se presenta en el gasto social y en la inversión pública.
Pese a estos incrementos consideramos que los montos asignados a algunos sectores, como el sector social y el de desarrollo rural, no son suficientes para abatir los rezagos acumulados por décadas.
Respecto a los recursos que se asigna al Programa Nacional de Solidaridad, los que se incrementan en términos reales en un 41.2%, a nuestro parecer es una decisión adecuada. Este gasto no debe tener una orientación selectiva en su aplicación, y menos sobre de ser afines diferentes para lo que se ha establecido, evitando asimismo que todos los recursos sean desviados y manejados deshonestamente por los funcionarios encargados de su aplicación.
Por otra parte consideramos que el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, recupera aspectos que son positivos para la modificación de la estructura presupuestal.
El que el Ejecutivo Federal rinda un informe a la Cámara de Diputados de los movimientos compensados al realiza amortizaciones de deuda pública por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda. El que los ingresos obtenidos por la desincorporación de entidades paraestatales se destinen a financiar proyectos de inversión productiva, de entidades estratégicas y prioritarias, como para la creación de nuevas entidades paraestatales de acuerdo a los requerimientos de desarrollo del país.
El que los excedentes presupuestarios de las entidades paraestatales se canalicen para fortalecer su propia situación financiera, cuando así lo amerite. El evitar que el Ejecutivo Federal reduzca los montos presupuestarios indiscriminadamente, en los casos de contingencia, si las reducciones son mayores al 12.5%, por lo que tiene que informar a la Cámara de Diputados. Es importante señalar que nuestra fracción parlamentaria, en el presupuesto para 1990, propuso que se redujera el porcentaje del 20% al 15%, y esta nueva reducción implica establecer por parte de la Cámara de Diputados, un mayor control en el ejercicio presupuestal.
El que las economías generadas por conceptos de servicios personales se aplique a programas prioritarios de las propias dependencias y entidades que las generen. El que en el ejercicio del gasto de inversión se definan como prioridades la terminación de proyectos y obras vinculadas a la presentación de los servicios de educación, vivienda, equipamiento urbano, producción y abasto de alimentos, modernización de infraestructuras económicas y social. El estímulo a proyectos de conversión de los sectores social y privado con los gobiernos locales, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y producción. El que los subsidios se circunscriban a los productos agropecuarios, ubicados dentro del régimen de precios de garantía y del paquete básico de consumo popular. El de la autorización, por parte del Congreso, para la desincorporación de entidades paraestatales creadas por ley o decreto del mismo.
A propuesta de nuestra fracción parlamentaria, en el artículo 28 del dictamen se reduce la fecha para la presentación, por parte de las entidades paraestatales, de su programa de saneamiento financiero.
Pese a estos avances y a que la estructura presupuestal se modifica sustancialmente, dando mayor énfasis en el gasto social y a al inversión, nos parece que los recursos programados aún son insuficientes, por lo que nuestra fracción, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, nuevamente propone:
1. Se canalicen mayores recursos a los programados para 1991, a los sectores social, desarrollo rural y al gasto de inversión;
2. Se continúe reduciendo el pago del servicio de la deuda pública, fundamentalmente la externa, y orientar esos recursos hacia un incremento gradual del gasto programable y, por ende, una disminución del no programable;
3. Se incremente el gasto neto total, como un efecto de la reducción del pago del servicio de la deuda pública y no disminuirlo, como sucederá para 1991;
4. Que los montos que se reduzcan por concepto de la desincorporación de las entidades paraestatales, se utilicen para reactivar el pago de capital de los sectores que las coordinan, y
5. Que los recursos adicionales que se obtengan por la comercialización de hidrocarburos, se destinen
hacia el gasto programable, fundamentalmente para fortalecer los asignados al gasto social y a la inversión pública.
Por las anteriores consideraciones y esperando se tomen en cuenta propuestas, nuestra fracción votará a favor del proyecto de dictamen. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Compañeras diputadas y diputados: Cada año la Cámara discute el Presupuesto de Egresos de la Federación un tal día del mes de diciembre y durante todo el año el Ejecutivo se dedica a modificar dicho presupuesto; lo modifica no solamente en forma global sino en cada uno de sus programas, en cada uno de sus subprogramas, quita a unos y da a otros, muchos de los programas presupuestados en el proyecto original no se cumplen al cabo de un año y once meses después la Cámara de Diputados se da cuenta de él al analizar la Cuenta Pública. Toda la estructura de la elaboración, aprobación, ejercicio y supervisión del gasto público en nuestro país, está hecha para que el Ejecutivo haga exactamente lo que quiera.
No hay una base estructural que permitiera considerar que en verdad el presupuesto se ejerce por decreto de la Cámara de Diputados; más bien se puede afirmar que el presupuesto se ejerce por decisión del Poder Ejecutivo Federal. Pero además de este grado tan grande de discrecionalidad del Ejecutivo, hay incluso partidas cuantiosas para ser ejercidas expresamente en forma discrecional y arbitraria por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
Hay partidas cuantiosas que no se sabe cuáles son sus objetos precisos, y de las cuales no se da cuenta sino que se maneja secretamente. Tenemos entonces una situación en la cual el presupuesto no es el instrumento institucional de acción del Estado entendiendo a éste no como Poder Ejecutivo, sino como suma de órganos con facultades definidas y con independencia entre sí para dar cobertura a la aplicación de una política de desarrollo socioeconómico, sino el instrumento de carácter eminentemente político del grupo en el poder, de un pequeño grupo que actúa y funciona por encima de la sociedad mexicana; no opera en este plano la Constitución, no opera al no operar la división de poderes, tanto en la elaboración, aprobación, ejercicio y supervisión de la cuenta, como de todos los aspectos que tienen que ver la política económica, no del Estado, sino de un pequeño grupo de poderosos.
Este es el hecho más relevante de la discusión que nos ocupa, porque es la cuestión de fondo. Debería la Cámara de Diputados ser el órgano del Estado que en efecto, durante todo el año hiciera el seguimiento del gasto, realizara actividades con vistas a la asignación de fondos para los diversos programas del año siguiente; realizara, en efecto, las funciones de control y ejerciera las facultades que la Cosntitución le otorga en esta materia. Pero no ocurre así.
Sabemos todos que la causa del no funcionamiento del sistema político de la Constitución no es la Constitución misma, que podría y debería modificarse en muchos aspectos, sin duda alguna, pero no está en la ausencia de cambios en la Constitución el no funcionamiento del sistema político de la Constitución misma, sino en la existencia de una mayoría en las cámaras del Congreso y en esta representación, absolutamente plegada a las decisiones del Poder Ejecutivo Federal.
Esta es la cuestión de fondo, la aplicación de unas reglas que no son aquellas establecidas en la Constitución y en las leyes, salvo excepciones contadas, que también las hay, sino de unas normas que se aplican, "de facto", y que tienen mayor fuerza que la normatividad constitucional.
Y ésta es la principal enfermedad que aqueja al sistema político de la Constitución y que lo hace inoperante. Si en esta Cámara de Diputados otra fuera la relación con el Ejecutivo, el presupuesto tendría que empezarse a negociar, aunque fuera informalmente, no a partir del 15 de noviembre, sino muchos meses antes, como ocurre en numerosos congresos de régimen presidencialista para no citar a los de sistema parlamentario.
Para llegar a la aprobación de un decreto de presupuesto, a conciencia de un poder establecido a la altura de su mandato constitucional, una cámara tiene que ver este problema de manera intensa y persistente durante meses, y la negociación debería prolongarse muchas semanas. Aquí se ha presentado un proyecto el 15 de noviembre, sin anteceder alguno, a los diputados miembros de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
Todos los diputados, incluyendo desde luego a los miembros del Partido Revolucionario Institucional en dicha comisión, el presupuesto les resulta algo nuevo el día que se presenta, el 15 de noviembre.
No está el Ejecutivo obligado por el peso mismo de la situación a hacer su proyecto, en consulta previa aún informal, repito, con quienes finalmente tendrán que aprobarlo y de quienes depende la aprobación. Si otra fuera la situación de la cámara, tendría que establecerse de manera virtual o legal un procedimiento de esa naturaleza
Pero no hay tampoco apego al principio constitucional de que el gasto es autorizado por la Cámara de Diputados, en el desarrollo de su ejercicio. Cualquier diputado que haya analizado la cuenta pública del año que fuera , encontrará una columna que dice autorizado, otra columna que dice modificado, otra columna que dice ejercido y otra columna que dice variación, el rango de la variación, el rango porcentual de la variación, y este rango porcentual, diputados, no se establece entre lo autorizado y lo ejercido, sino entre lo que fue la modificación y lo ejercido.
El Ejecutivo no nos da cuenta en el gasto, programa por programa, de cuál fue la desviación, uno tiene que hacer las cuantas personalmente, porque el informe viene sobre la desviación entre la rectificación que hace la Secretaría de Programación y Presupuesto y lo que se ejerció. Ahí no cuenta lo que autorizó la Cámara de Diputados.
Todos los meses del año se modifica el presupuesto y los diputados no se enteran cuando se presenta la Cuenta Pública, y ni siquiera cuando se presenta la cuenta, porque desgraciadamente los diputados, salvo contadas excepciones, se toman la molestia de empezar a analizar en ese momento lo que dice la cuenta. Viene primero el informe previo de la Contaduría y después la Comisión de Programación y Presupuesto hace unas sesiones para conversar con algunos servidores públicos, de lo cual normalmente salen puras cosas intrascendentes.
¿Cuáles son, señores diputados, las características del proyecto que nos presenta el Ejecutivo? Este es un presupuesto para darle cobertura a la contención salarial, porque es uno de los pilares fundamentales, quizá el más importante, de la política de la estabilización.
El gobierno de la República aplica en la práctica una estabilización económica, sobre la base de la desvalorización de la fuerza de trabajo, de la reducción de los ingresos de los pequeños productores.
Se ha convertido la contención salarial y de los ingresos de los pequeños productores en una de las piezas claves de la política de estabilización. Y el salario empieza a perder tanto o más poder adquisitivo en el proceso de la estabilidad económica respecto de lo que perdió durante la crisis.
Desde el punto de vista de la mayoría que vive de su propio trabajo, la estabilización está siendo igual o peor que la crisis misma, y esto tiene efectos sociales enormes.
Pero tiene también otro objetivo este presupuesto, seguir abatiendo la inversión del Estado en la industria, los servicios y la producción agropecuaria, como el elemento de financiamiento directo y como elemento de canalización de inversiones productivas, como las dos cosas.
El gobierno de la República está pensando en un gobierno de pura burocracia, en un gobierno de puros oficinistas, en un gobierno de puros ponedores de sellos, en un gobierno de puros individuos que se dediquen a trabajar con papeles, escritos, oficios, memorándum y cuestiones de orden administrativo exclusivamente.
Es vieja idea la de gobierno barato que viene del Siglo XIX. Las aristocracias financieras siempre exigieron, por cierto, gobiernos baratos, no eficientes. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en materia de desarrollo económico y social? ¿Simplemente es la de sellar las sucesivas copias que exigen los reglamentos al hacer y recibir oficios y memoranda? Eso pareciera ser la idea del gobierno.
Pero, señoras diputadas, señores diputados, no hablemos solamente del gobierno y preguntémonos, ¿cuáles son los nuevos proyectos industriales en curso de este país en este momento? ¿No le interesa eso al Congreso? ¿Es algo sin importancia? Se puede elaborar una política económica y traducirla a una política de gasto público, sin detenernos por un momento siquiera, porque de ello no nos informamos los secretarios del ramo que vinieron aquí. ¿No le importa, insisto, a la representación nacional, conocer de qué manera se inscribe el presupuesto en el marco de proyectos ejecutables y ejecutados de desarrollo industrial y de desarrollo agropecuario en este país? Se puede hacer una política presupuestal sin hacerse esa pregunta?
En este país, en este momento, hay muy pocos proyectos nuevos, industriales y agropecuarios y son privados. Los industriales lo son, como proyectos nuevos.
No tiene hacia donde ir la industria mexicana que no sea hacer las inversiones de reposición necesarias, de instalaciones ya existentes o la ampliación de empresas ya formadas y en funcionamiento.
¿No hay nuevos proyectos y el Estado debe desentenderse de eso? Esta es una pregunta que hay que contestar con valor, desde el punto de vista de los nuevos partidarios de gobierno barato y de la eliminación total del déficit público y de los viejos partidarios de la eliminación total del déficit público.
El rezago simplemente de energéticos es ya una situación crítica. En este momento se está invirtiendo en energéticos la quinta parte aproximadamente de lo que se invertía hacia el año de 1982. La situación es además crecientemente crítica, no sólo por el hecho de que el país compra petróleo refinado en el extranjero, que es una vergüenza, un país que está vendiendo crudo al exterior y compra refinados. Esa es la política que se ha impuesto a Petróleos Mexicanos desde la Presidencia y desde la Secretaría de Programación y Presupuesto; ése es el uso que se le da a los recursos públicos, sin importar el futuro de la industria petrolera del país.
Y lo mismo podríamos hablar de la producción de energía, y no van a venir ahora con el cuento, como en el asunto de las carreteras, que para que haya todo eso se necesita la inversión privada.
No es el problema sólo de qué clase de inversión se requiera, por cierto, si privada o pública, el hecho es de que hay sectores de la economía en este país en los que el interés de la inversión privada sigue siendo limitado o nulo, ése es un hecho de carácter económico y hay que asumirlo como tal. Justamente ésa es una de las cuestiones que tiene que resolver el Estado, y para eso está.
También podríamos hablar de la producción de alimentos. Hay aspectos de la producción de alimentos en nuestro país, en donde el capital privado tiene muy poco interés o nulo interés, pero el asunto se tiene que resolver porque la producción de la comida no se puede dejar al azar, no se puede dejar al azar como en gran medida lo está haciendo el gobierno actual.
Esto se expresa en el presupuesto, y en este sentido también ha habido críticas de diputados del Partido Revolucionario Institucional sobre la poca importancia que se le da en gobierno al gasto tendiente al desarrollo de la producción agropecuaria, y para el apoyo de la comercialización.
Dice el licenciado Salinas que él va a retomar la política de masas del Estado mexicano, pero no se sabe qué entiende por política de masas, porque dar un kilo de tortillas a las familias que lo que buscan no son regalos sino posibilidades de trabajar, y de ganar trabajando un sustento digno, y ganar de esa manera un salario que alcanzara efectivamente para cubrir las necesidades de la familia, no es una política de masas propiamente. Las políticas de masas, como algunos sociólogos le han llamado, son esencialmente reformas sociales, pero dar un kilo de tortillas no constituye una reforma social en ningún país del mundo.
Un segundo del desempleo sería una reforma social; una modificación profunda al tema de seguridad social sería una reforma social; una modificación de la estructura impositiva y redistributiva del Estado sería una reforma social. Pero no son esas cosas las que se están planteando en este país desde el gobierno, ésas se plantean desde la oposición, las reformas sociales.
Desde el gobierno, lo que se está planteando es un plan político, no de reformas sociales, sino de buscar determinadas acciones con el propósito de mantener influencia en sectores económicamente relegados de la sociedad mexicana.
Los cinco billones de Programa Nacional de Solidaridad podrían ser canalizados de distinta forma, no es el problema; no estoy de acuerdo con eso que se ha dicho aquí de que mejore y se utilice en otras cosas. ¡No! El problema no consiste en que el Estado deba de ejercer menos gasto en materia de infraestructura urbana y rural, y de la infraestructura de comunicaciones elemental ¡No!
El equipamiento urbano. Resolver el problema del equipamiento urbano es una acción en la que tiene el Estado que ponerse a la cabeza, en cualquier país del mundo. El problema está en que está utilizando en una forma discrecional por parte de una autoridad, sin normatividad, sin que se dé cuenta de ello, y utilizando la propaganda, haciendo más propaganda del programa que las cosas que realmente se hacen, y endosándosela, esa propaganda, al partido oficial. Y ya vemos ahí a los candidatos que hubo en el estado de México del Partido Revolucionario Institucional, haciendo spots en la radio, y diciendo: "vamos a votar por este señor, porque fue el que puso el sistema de agua potable o las alcantarillas o lo que fuera...
Como si un gobernante, al coordinar y organizar una obra pública de esta naturaleza, estuviera dando de su bolsillo de dinero necesario para la introducción de agua potable. Esos son dineros del pueblo mexicano que deben ser administrados con honradez por los servidores público. Pero eso no lo saben los servidores público, porque los servidores públicos en este país, en su mayoría, me refiero a los miembros del Partido Revolucionario
Revolucionario Institucional, tienen una actitud patrimonialista respecto de los recursos de la nación.
Dicen también, pero además 5 billones no es nada comparado con 233.8 billones, que se supone se van a gastar; es una insignificancia. También es cierto eso.
Y termino con la cuestión de la deuda. Dice Salinas que está superado el tema de la deuda. Como yo no estoy de acuerdo con él, voy a hablar del tema de la deuda.
Ya no quiere él hablar del tema de la deuda porque ya lo dio por superado. bien, vamos a gastar en deuda, o sea, en intereses, según el proyecto, 60 billones de pesos; es la cuarta parte de todo el gasto; es más de un tercio del gasto programable; es alrededor del 6% del producto interno bruto. Y dicen que ya ese problema está resuelto. ¡Qué bonita forma de resolver los problemas y, sobre todo, de declararlos resueltos!
Una cuestión es verdadera, y no podrían, ojalá dijeran otra cosa los diputados del Partido Revolucionario Institucional, de la deuda interna, sólo me refería a eso, porque está terminándose el tiempo y voy a concluir, la estructura de corto plazo de la deuda interna, no solamente genera serios problemas de gasto, sino también presiones inflacionarias o bien altas tasas de interés. Si la tasa no ha bajado más, en parte se debe a que el Banco de México tiene que emitir moneda para hacer que el gobierno pueda hacerle frente a las exigencias de los poseedores de valores gubernamentales de liquidez o de "licuar", como dicen algunos, los valores gubernamentales. Y por eso también se ha disparado la emisión primaria de billetes.
Y este tema, termino, es un tema que sería bueno que los señores diputados, economistas y no economistas, porque no es un asunto para especialistas, sino para diputados de cualquier profesión o sin profesión alguna, tuviéramos a bien discutir con mucha calma; y discutir también con el dictador del Banco de México que es el señor Mancera, que no sólo se comporta, sino que ya tiene tanto tiempo como si fuera dueño de ese Banco, que hasta donde yo sé es un organismo descentralizado del Estado. Pero muchas cuestiones tendríamos que hablar aquí sobre el tema de la deuda, ésta y más cosas, para ver lo que tienen que hacer unos diputados para resolver un problema que no está resuelto ni se ve todavía el camino de su solución. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alberto Amador Leal: - Con su permiso, señor Presidente; diputados: La fracción parlamentaria de mi partido en uso de la facultad que asigna a esta asamblea el artículo 74 de nuestra Carta Magna, estima de la mayor trascendencia la revisión y aprobación del proyecto de presupuestos de la federación para 1991. Es por esto que nos interesan las razones y las ideas y nos gustarían más ordenadas también, que nos permitan cumplir con este cometido constitucional.
En efecto, la naturaleza jurídica del decreto que nos ocupa, implica la necesaria autorización para que el Ejecutivo efectúe gastos e inversiones con cargo a la Hacienda Pública, tal y como lo ordena también el artículo 126 constitucional.
El presupuesto constituye, estamos de acuerdo además, el elemento articulador sobre el cual el Ejecutivo Federal debe presentar, como de hecho lo hace, los informes sobre el uso de recursos públicos del Poder Legislativo y constituye también la base para determinar responsabilidades cuando existan violaciones o desviaciones a las autorizaciones decretadas.
También coincidimos que en el orden económico y social, tanto la ley de ingresos como el presupuesto de egresos, entrañan la forma en que anualmente se concreta el proyecto nacional y en consecuencia sus retribuciones en el crecimiento material y el bienestar del pueblo.
De ahí que ambos instrumentos jurídicos, sean respaldados por los criterios generales de la política económica presentados a esta soberanía.
Y se ha hablado aquí también de división de poderes y aventuradamente, de cuestiones inconstitucionales en el trato, materia de este debate, del decreto material de este debate.
Pero cabe destacar, primero que es facultad del Ejecutivo la iniciativa de presentar presupuesto; lo que implica también, como aquí se ha planteado, que exista colaboración entre los poderes para determinar su procedencia o sus modificaciones.
Decir en el más desafortunado de los dislates que es anticonstitucional que la fracción de mi partido comparta convicciones y principios con el gobierno que nuestro partido llevó al poder, repito, no sólo es un dislate, desafortunado, sino que desconocería propiamente las relaciones políticas legítimas que se dan en cualquier sistema político.
Por esa razón, repito, nuestra fracción sí entró a fondo del análisis del presupuesto y se propuso
también, tomarle la palabra al señor secretario de Programación cuando en la última parte de su intervención se puso a las órdenes de todas las fracciones parlamentarias, de todos los diputados que requieran mayor información, que requieran consultas directas a los registros públicos.
Claro que necesitamos revisar las formas y procedimientos en las que actúa esta Cámara de Diputados. Es evidente que hemos mostrado ineficacia algunas veces, de parte de algunas fracciones, para cumplir el mandato constitucional.
Es evidente que el trabajo de comisiones tampoco se realiza a profundidad; de tal suerte que en ese sentido, coincidimos y avanzaremos en las propuestas que hemos ya acordado en el seno de la comisión.
Partimos de un balance sereno. No es propio quizá para el lenguaje florido pero no parece que la reducción del pago de la deuda, el saneamiento de la Hacienda Pública, el crecimiento de la producción y del empleo, tienen ya un efecto social positivo, aunque, desde luego, insuficiente. Sólo en un planeamiento demagógico, viniera de quien viniera, puede plantearse la solución de los graves problemas de este país en un ejercicio anual presupuestal.
El gasto público ha mostrado posibilidades para atender en mayor medida la demanda social y también ha apoyado la recuperación y la estabilidad. Sin embargo, pensamos que la transformación tiene que arraigarse, porque mucho ha costado al pueblo, y en eso también coincidimos, el sacrificio social de la reordenación y el cambio estructural.
Pero no ha sido un sacrificio vano o impuesto, como aquí se decía con actitudes corporativas o aventuradamente y desafortunadamente se ha hablado aquí de actitudes profascistas.
¡No!, la razón fundamental es que el pueblo ha sabido entender la dimensión de los retos y también el camino para superarlos y también ha sabido que la confrontación estéril, que la desesperación o la búsqueda de salidas fáciles no llevarían a este país a ningún beneficio social perdurable.
Por esa razón es que ha habido un sacrificio social implícito en esta estrategia de reordenación y de cambio estructural; pero también por esa razón resulta ineludible recuperar en 1991 de manera primordial el salario y los ingresos de los trabajadores, de los campesinos, al tiempo que, repito, arraigamos el cambio estructural.
Tenemos, por ello, que actuar con decisión, con lucidez, sí, también con una crítica propositiva, pero con mucha claridad en los propósitos que animan el esfuerzo nacional y en la orientación de los instrumentos del Estado para conducir el desarrollo.
El gasto público constituye en este contexto uno de los instrumentos más eficaces a disposición del gobierno y de la sociedad; la ejecución de la política de gasto público no puede realizarse de manera aislada sino como parte de la política económica global, particularmente en dos aspectos básicos, la determinación del nivel de gasto y la asignación de gasto entre sectores y programas.
La determinación del monto para un ejercicio anual debe establecerse en la función de las demandas económicas y sociales, pero también atendiendo la necesidad de apoyar la estabilidad de precios y el funcionamiento adecuado de los mercados financieros. En otros términos, las erogaciones públicas deben guardar cabal congruencia con la disponibilidad de recursos, cuidando no incurrir en esquemas de financiamiento inflacionario o bien, de sobreendeudamiento interno y externo.
La experiencia histórica demuestra que la actividad económica estimulada por un gasto público deficitario, sólo da lugar a un crecimiento efímero, que se diluye en crisis al no propiciar la generación de recursos necesarios para su mantenimiento y eventual expansión.
Consecuentemente los beneficios sociales se ven revertidos; una vez establecido el monto bajo estos criterios de equilibrio, enmarcados también en nuestra Constitución, procede la determinación sobre la base de un financiamiento sano, de su asignación entre sectores y programas con criterios de eficiencia y honestidad en su ejecución. A través de esta asignación es cómo es posible lo que aquí se ha planteado, atender las prioridades sociales y también las productivas.
En este sentido, nuestra fracción parlamentaria ha definido sus prioridades, asumiendo las prioridades en el proyecto de decreto; el desarrollo social en educación, salud, vivienda, agua potable, abasto de alimentos y seguridad e impartición de justicia, la ampliación de la infraestructura básica, particularmente en transportes y producción de energéticos. Y como una política prioritaria la atención a las necesidades extremas de la población de más bajos ingresos.
En este contexto, resulta importante también señalar que tan significativo debe ser el monto del
gasto, como su orientación. Mayor gasto público no significa una mayor rectoría del Estado sobre la economía. Crecimientos efímeros y crisis recurrente, lejos de apuntalar la rectoría la erosionan. En el contexto de la estrategia que impulsamos, lo que interesa es que el gasto público se aplique también de manera selectiva, con eficacia, con honestidad, como aquí se ha reclamado, para apoyar la estrategia del desarrollo.
Hoy como ayer, el gasto público sigue siendo un instrumento fundamental de la política económica. Hoy, sin embargo, sus objetivos tienen que ver más con la calidad, eficiencia y bienestar, que con la expansión cuantitativa, cuyo único fin sería un crecimiento económico de alcances temporales.
Así, el proyecto de presupuesto de egresos para 1991, reafirma los lineamientos de la transformación nacional en marcha. Su monto es congruente con la disponibilidad de recursos y por lo tanto contribuye a la estabilidad de precios, refleja una orientación de su estructura hacia prioridades establecidas, donde destacan incrementos en la participación del mismo, en renglones como el desarrollo social, que después de haber representado el 32.2% en 1988, asciende a 43.5% del gasto programable.
En el mismo sentido hay incrementos, particularmente significativos, en rubros de infraestructura básica y desarrollo rural, entre otros.
Se ha hablado aquí de la relación del pago del servicio de la deuda con el presupuesto. Conviene recordar, a riesgo de quitarles unos minutos más, que las elevadas transferencias de recursos al exterior impedían que el ahorro generado en el país se dirigiera hacia la inversión productiva. Es cierto. Mermando así las posibilidades de crecimiento sostenido.
Además, la elevada carga de intereses sobre la deuda pública interna y externa, presionaba exageradamente a las finanzas del Estado, obligando a posponer una recuperación necesaria en diversos rubros de gasto público.
Al finalizar la renegociación de la deuda, con los diversos acreedores internacionales, se ha abierto la posibilidad de elevar gradualmente el gasto público en áreas de responsabilidad del Estado, y a la vez, continuar con los esfuerzos de ajuste fiscal.
Tal como se apunta en el documento de criterios generales, el pago de intereses del sector público, consolidado, se reduce de 13% del producto en 1989 a 7.9% en 1991.
Por lo tanto, negar los avances sería tan poco afortunado, como no reconocer que sigue siendo un problema importante. Lo que no existan ya son condiciones de apremio en el saneamiento de las finanzas públicas, a virtud de este rubro, que nos limiten a reorientar la estrategia del desarrollo.
Quisiera por último, compañeros diputados, formular algunas breves reflexiones en torno a algunos cuestionamientos que aquí se han hecho.
El programa Nacional de Solidaridad sí responde a un compromiso político. El compromiso que mi partido asumió con la ciudadanía en 1988, en Chalco precisamente, al dimensionar el reto social que tenemos por delante y fijar una estrategia. Una estrategia de participación, sí, de organización social, de respeto a las prioridades y a los caminos de las comunidades para acceder a una vida digna. Ese es el compromiso político del programa.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, si le pregunta al orador si acepta una pregunta.
El Presidente: - ¿Acepta usted, diputado Amador Leal una pregunta?
El diputado Alberto Amador Leal: - Adelante, señor Presidente.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor diputado, ya que usted nos está hablando de los compromisos que su partido asumió, quiero hacerle una pregunta porque requiero de su opinión.
¿Estaría usted de acuerdo con que la Cámara le autorizara al Ejecutivo Federal erogaciones secretas?
El diputado Alberto Amador Leal: - Las que establece la Constitución General de la República.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - ¿Cuáles son?
El diputado Alberto Amador Leal: - Pero si usted se refiere, compañero diputado, o le da un carácter de "secreto" a la partida del Programa Nacional de Solidaridad, si es que a ésa se refiere, después de haberle contestado mi pregunta permítame reflexionar, quiero abundar en lo siguiente:
El Programa Nacional de Solidaridad está propuesto sobre metas y montos de carácter general
por una razón sencilla: el ramo 26, como es conocido de ustedes, ha venido operando desde hace muchos años. Son recursos que se asignan para apoyar a los estados y a los municipios, básicamente en aras de lograr el bienestar social y promover el desarrollo regional. Pero si existe una cifra, existe además, en términos de ley, la obligación del Ejecutivo Federal de informar trimestralmente sobre los avances de este programa y de contabilizarlos en la Cuenta Pública. Por lo tanto no hay secreto.
Y vuelvo a mi intervención, respecto también a solidaridad, sólo el desprecio a la sabiduría del pueblo o la falta de cercanía a las bases sociales, pueden suponer que exigir la atención de sus problemas enajena su conciencia y sus libertades políticas. Y es realmente lamentable que sea éste el enfoque de algunas actitudes oposicionistas.
Si queremos más democracia, luchemos porque ésta sea integral, tal y como lo manda la Constitución. Consolidemos la democracia formal, que sí es tarea de todas las fuerzas políticas y que sí, en efecto, será la sociedad política la que fije el rumbo y el ritmo al avance democrático nacional.
Pero también avancemos en la democracia participativa y social, que no nos espante, compañeros diputados, y mucho menos nos preocupe la organización y la participación del pueblo.
Quiero concluir, compañeros diputados, con una reflexión final, sobre la transformación en marcha, que se refleja en el presupuesto que hoy tenemos a debate y que tiene que ver con la participación del estado, con los medios para lograr esta transformación y con la reafirmación de los fines que persigue.
El proyecto de transformación...
El Presidente: - Permítame, diputado Amador. Dígame, diputado Aguilar.
El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul): - ¿Me permite hacer una pregunta al orador?
El Presidente: - ¿Acepta usted, diputado Amador?
El diputado Alberto Amador Leal: - Por respeto a la asamblea, al final de mi intervención, señor Presidente.
El proyecto de transformación nacional que mi partido apoya, en uso legítimo de sus derechos, como en uso legítimo de sus derechos la oposición plantea sus cuestionamientos, parte de la dimensión de los retos nacionales; pero no sólo de aquellos, como aquí se ha dicho, que tienen una extracción coyuntural, sino en efecto, de aquellos que se han venido agregando en el proceso del desarrollo nacional.
Por ello, tenemos que evaluar con sensatez, con honestidad, los avances anuales la fuerza en esta gran hazaña que tenemos por delante. Apoyamos también la estrategia de modernización, no porque se reduzca a la reprivatización de las empresas, ni tampoco porque sea una simple moda sexenal; apoyamos la estrategia de modernización, porque es una estrategia integral que persigue hacer el bienestar generalizado y perdurable. Y entendemos también que para llevar adelante esta modernización nacional, tenemos que ponernos de acuerdo las diferentes fuerzas políticas, el gobierno y la sociedad, los sectores productivos; por eso también apoyamos los acuerdos nacionales para el crecimiento y la estabilidad para el bienestar perdurable y para la democratización nacional.
Pero esos acuerdos y la modernización misma no podrían realizarse sin la reforma a las estructuras del estado, y por ello también propugnamos por la reforma del estado, en sus diversos ámbitos, en las modificaciones constitucionales, en las aprobaciones anuales a los instrumentos fiscales y presupuestales, y desde luego, en las formas para aumentar la capacidad de respuesta de las instituciones a la demanda social.
Por estas razones, compañeros diputados, es que la fracción parlamentaria de mi partido votará en favor de la propuesta de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991.
Nos queda claro lo que hemos avanzado y también tenemos más claro aun los desafíos por delante. Pero no podemos, compañeros diputados, actuar con ausencia de responsabilidad y tampoco podemos abatirnos en la confrontación estéril, en la conjunción de ideas, de fines, con medios y mucho menos, desde luego, en acusaciones temerarias y sin sentido. Por el contrario, seguiremos durante esta jornada, con parlamentaria que tenemos en esta asamblea popular, fue teniendo, repito, con convicción y responsabilidad esta estrategia de la transformación nacional. Pero lo haremos también en los meses siguientes con ánimo y confianza en nuestro pueblo, porque sólo con confianza y sólo con esperanza es posible construir el futuro. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias. Señor diputado yo no sabía que era faltarle
el respeto a la asamblea si se contestaban las alusiones personales antes de concluir su intervención, pero, bueno. ¿Qué garantías podría tener el pueblo de México de que el gasto va a ser efectuado correctamente, de que los ingresos que se cobran de impuestos van a ser gastados correctamente? Si el titular del órgano fiscalizador en México es una persona que durante toda su vida ha sido empleado de la Secretaría de Programación y Presupuesto?
La segunda pregunta es, si para efectos fiscales, existen sanciones de veras fuertes para los contribuyentes vía Código Fiscal de la Federación, ¿no le parece a usted que debiera existir, aparte de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, también una especie de código sancionar para los funcionarios fiscales que cada vez nos damos cuenta que afectan más a la nación con los malos manejos de los impuestos que cobran? Muchas gracias.
El diputado Alberto Amador Leal: - Señor diputado, la garantía de la transferencia desde luego está en el apego a derecho de los servidores públicos, no hay más garantías que la propia responsabilidad de los servidores públicos que ejercen el poder en alguno de los tres niveles independientemente del partido del que provengan; es claro que puede haber, y de hecho han existido, desviaciones, problemas en algunos niveles de gobierno, por cierto algunos también bajo el mando de la oposición, lo cual si bien debe preocuparnos, debemos, repito, estar a la responsabilidad de dichos funcionarios. Pero ello no quiere decir que no haya control y que no haya instancias que recurrir en cuanto se detecten desviaciones o alguna perversión en el uso del gasto público. Usted habla de la Contaduría Mayor de Hacienda, yo creo que la historia de un servidor no me parece que sea un parámetro para medir la eficacia de acción fiscalizadora de la cámara. En todo caso avancemos, en eso estaría de acuerdo con usted, avancemos en revisar nuestras formas de coordinación, nuestros procedimientos para ejercer a plenitud esta facultad que nos otorga la Constitución.
Dice usted, por otra parte, que si no sería conveniente que en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos se sancionara mayormente a los servidores sujetos de esta ley al igual que se ha hecho con los causantes.
Reconozco que no conozco, no tengo el comparativo en este momento de una y otra penalidad en ambas leyes; lo que sí puedo decirle es que al promover la Ley de Ingresos y su Miscelánea, particularmente en el Código Fiscal, se busca así una mayor fiscalidad del cumplimiento de los deberes fiscales, en razón de que tenemos que aumentar los ingresos públicos, y para ello tener mecanismos eficaces de control y de supervisión.
Por otra parte y para terminar, sólo le diría que percibo en su pregunta y creo compartirlo que desde luego, hay un compromiso político enorme en estas reformas que hemos discutido y aprobado a propuesta del Ejecutivo. Si la Sociedad, de manera solidaria, como lo ha hecho, responde a su contribución fiscal, el Gobierno está mayormente obligado a efectuar el gasto con eficacia, honestidad y transparencia. Es, nuestro deseo que caminemos por ese sendero. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se encuentra suficientemente discutido en lo general el dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie. Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo, para discutirlo en lo particular.
Han solicitado hacer uso de la palabra y reserva consecuente de artículos, los siguientes diputados: el diputado Israel Galán Baños, del grupo independiente, el diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional y el diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, han reservado el artículo 2o. del Presupuesto de Egresos.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, el diputado Federico Ruíz del mismo partido y la diputada Carmen Mercado, del Partido Socialista, reservan el artículo 3o.
El diputado Marco Antonio Castellanos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, artículo 6o.
El diputado Erasmo Gómez Villarreal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, la diputada
Carmen Mercado, del Partido Popular Socialista, reservan el artículo 7o.
El artículo 12, el diputado Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática.
El artículo 13, lo reserva el diputado Jesús Ramón Rojo, del Partido Acción Nacional y el diputado Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática.
El artículo 14, lo reserva el diputado Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional y el diputado Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática.
El artículo 31, el diputado Modesto Cárdenas García.
El artículo 39, el diputado José Marín Rebollo, del Partido Popular Socialista.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
El secretario Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 248 votos en pro y 134 en contra.
El Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados por 248 votos. Está a discusión el artículo 2o.
ARTICULO 2o
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Israel Galán Baños.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Señor Presidente; compañeros diputados: Como siempre en estas sesiones pareciera que está todo decidido de antemano. La parte más interesante es la votación. Ya sabemos que hay una mayoría aquí y no presta atención a la discusión como si esto fuera una situación irrelevante. Algunas ligeras observaciones que uno hace sobre la asistencia, se da cuenta que están leyendo el periódico, o están conversando, o arreglando asuntos particulares como si el presupuesto de egresos fuera una cuestión intrascendente y resuelta de antemano.
De tal manera que uno se siente en la soledad de esta tribuna y no sé si está uno hablando para sí mismo o para quién está hablando. En consecuencia, voy a hacer mi intervención, pensando que hay algún oído receptivo por ahí, sobre todo de las dependencias del Ejecutivo, que estarán pendientes de las observaciones que en nombre del Grupo Parlamentario Independiente vengo a hacer a esta tribuna.
Uno puede analizar este presupuesto tomando parámetros diversos, para decir que es amplio, si analiza el de Nicaragua, del orden de 400 millones de dólares o corto si lo compara con que este presupuesto de 77 mil millones de dólares es el equivalente solamente a la partida de gasto social del presupuesto de la República de Francia.
Yo creo también que aquí se ha afirmado que este presupuesto es una cobertura, yo no estaría de acuerdo que esto es una cobertura para la estabilización y para la contención salarial, yo creo que el presupuesto es lo que es, la expresión ni más ni menos de una política económica que tiene como centro, en efecto, la estabilización de la economía, el control de la inflación y el relanzamiento del crecimiento productivo del país; no creo que simplemente se trate de una mascarada, de una cobertura, de algo que oculta, sino que es claro, expreso y llano en cuanto a los objetivos que persigue. Estaría de acuerdo que en efecto, aunque el presupuesto se propone profundizar el cambio estructural y beneficiar el gasto social con el objetivo de ayudar a los grupos de menores ingresos, de todas maneras el gasto en deuda es muy alto, tanto interna como externa, ronda los 60 billones de pesos dedicados a este presupuesto y de otra forma, del incremento al gasto programable que es moderado, como lo dicen aquí, cabrían dos lecturas, uno es no recalentar la economía, como lo han dicho varios voceros y varios analistas, no sobrepasar el 3% del crecimiento del producto interno bruto en el próximo año de 1991, y también es un año electoral, lo que nos explicaría el gasto duplicado para el Programa Nacional de Solidaridad Social.
Yo no estaría en contra del gasto dedicado a Programa Nacional de Solidaridad Social, no lo veo como una dádiva del gobierno, los informes de los organismos internacionales han alertado al gobierno mexicano sobre estas zonas y el crecimiento de la pobreza extrema. Pero no solamente vería esto en el Programa Nacional de Solidaridad Social sino que vería que ese gasto está también dedicado allí donde la oposición ha funcionado, como un elemento de modernización, como un elemento de transformación y de cambio. O sea, yo no lo vería negativo, lo observo particularmente en el estado de Oaxaca, que es
una de las zonas más castigadas, aquellas zonas donde la oposición ha crecido, el gobierno, con razón, no sé si con justicia pero si con razón, ha tendido a intervenir invirtiendo y desarrollando estos sectores so pena de volverlos a perder.
Lo que la oposición podría decir, bueno, pero es que este programa. Todas las argumentaciones que se han hecho desde una posición que lo cree superfluo, adicional, manipulador, hasta una posición que lo cree insuficiente. Yo diría es que esta intervención del Estado a través de Programa Nacional de Solidaridad Social cambia la calidad de la lucha allí en estos lugares donde se ha introducido.
Yo creo que en general tampoco estaría de acuerdo en que no hay inversión en gasto productivo, puesto que en el decreto presupuestal se ve con claridad como hay inversión suficiente en empresas productivas que van desde el papel, el café, los fertilizantes, los ferrocarriles, la electricidad y petróleo. Yo creo que hay una cantidad importante de inversión en sectores productivos, pero que también habría que hacer una objeción a la forma como se está abriendo, digamos, la inversión, como lo dice el proyecto de dictamen en la página 5; en el correspondiente a la inversión pública se dará especial énfasis a los mecanismos de financiamiento privado, en particular, en el área eléctrica y reforzarán los niveles de inversión para la producción primaria de hidrocarburos. O sea, que también ahí la inversión estatal está sirviendo como un punto de apoyo para la inversión privada, para la acumulación de capital en esos sectores de beneficio a la iniciativa privada.
Tampoco creo que el presupuesto dedicado al sector general descuida estos factores, ya que en agricultura, recursos hidráulicos, comunicaciones y transportes, comercio, pesca, etcétera, se observan cantidades importantes en la inversión.
Como tengo poco tiempo, en realidad me restan algunos comentarios, respecto al capítulo segundo, que da una serie de reglas respecto a la nacionalidad, la austeridad y la disciplina presupuestales, que nosotros creemos que deberían cumplirse lo más estrictamente; y pensamos que estas reglas no solamente son un factor de carácter administrativo. Aquí se señalan o se prohiben o se niegan muchas actividades que no debieran realizarse y que, sin embargo, todos sabemos se realizan y que explica también el déficit fiscal del Estado que el año pasado se hayan impreso aproximadamente 5 billones más de circulante, precisamente porque en estos rubros se tiene indisciplina.
Y yo creo que, finalmente, si la Cámara de Diputados no ha cumplido con la revisión de la Cuenta Pública trimestralmente, debiera hacerlo para estar pendiente del curso de la ejecución del gasto. Y por otro lado, bueno, yo creo que también se trata de que, por ejemplo, en el Programa Nacional de Solidaridad Social no haya restricciones de carácter ideológico o político, y que la mejor manera como ha sido muy festinado aquí, una afirmación de que en el Programa Nacional de Solidaridad Social hay una contraloría social, que yo diría sólo ampliando los causes de la democracia y la participación, se puede tener una estricta vigilancia sobre la ejecución del gasto público.
Mientras mayores demandas se atiendan de parte de la población, será mejor ejercido el presupuesto. Atender la mayor cantidad de demandas, quiere decir que tenemos un funcionariado con vocación pública, que está receptivo a la participación de las personas, y que satisface los reclamos de factores materiales para el desarrollo. Si estos elementos no se dan, sí hay una cerrazón; si los funcionarios no están bajo la supervisión social democrática de los grupos sociales participantes, seguramente que los excesos, el derroche, la corrupción habrá de seguir presentando.
En consecuencia, nosotros pensamos que el presupuesto corresponde a una política económica que tiene como centro la estabilización, que tiene como centro el combate a la inflación, que busca control los desfogues y los desboques que pueden presentarse para calentar la economía, pero que por otro lado también busca un mayor beneficio a sectores de la iniciativa privada, aunque también atiende a sectores como a los que está destinando el Programa Nacional de Solidaridad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eduardo Arias Aparicio.
El diputado Eduardo Arias Aparicio: Señor Presidente: Compañeros diputados: Una de las responsabilidades más importantes que tiene esta cámara, es la de cumplir con la fracción cuarta del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que establece como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que a su juicio deben dictarse para cubrirlas.
Hace unos días, la mayoría mecánica aprobó la Ley de Ingresos y la llamada Miscelánea Fiscal, que estoy seguro ni leyeron, y mucho menos entendieron la mayor parte lo que aprobaron, y en los primeros meses del año vamos a comprobar
esto al ver la infinidad de disposiciones que tendrá que hacer la Secretaría de Hacienda para clarificar su ejecución.
No estamos de acuerdo con la política de ingresos, y tampoco estamos de acuerdo con la forma en que se plantea la distribución de estos egresos. Igual que todos los años, en esta ocasión hubo limitaciones de tiempo y de información para examinar el proyecto de presupuesto; limitaciones de tiempo porque el presupuesto nos fue entregado a esta cámara a mediados de noviembre, y se está discutiendo a escasas cinco semanas después, mientras que en el inter todavía se tuvo que analizar y discutir la cuenta Pública de 1989.
Limitaciones de información, porque a la Secretaría de Programación y Presupuesto, de acuerdo a como marca el artículo II de la Ley de Presupuesto, se le pidió una serie de informaciones, las cuales contestó a medias, y la mayor parte aun no nos ha sido entregado para haber podido analizar con mayor detenimiento el Presupuesto de Egresos que ellos nos enviaron. (Aplausos.)
La comisión reconoció lo anterior el año pasado, y en el dictamen que se aprobó aquí, hizo el compromiso de que se analizaría durante todo el proceso, sin embargo esto no se llevó a cabo por una serie de circunstancias, entre otras, porque en esta Cámara las comisiones no trabajan si el Presidente no cita; y el Presidente anterior de la Comisión de Programación y Presupuesto, primero se enfermó y luego lo "pronasolearon". ¿Quién sabe qué estará haciendo ahorita?
La comisión nuevamente, en este año, vuelve a recoger las inquietudes de que no se puede analizar a fondo el proyecto de presupuesto. Y en la página 17 del dictamen hace también una especie de compromiso en la cual está proponiendo que nos juntemos una comisión pluripartidista, para analizar precisamente los tiempos y los procedimientos para poder analizar con detenimiento y con responsabilidad este Proyecto de Presupuesto de Egresos.
Y es un reconocimiento de que lo que estamos haciendo aquí no se está haciendo con la profundidad con que se debiera de haber hecho.
Por eso, en la mañana propusimos una iniciativa para que, por ley, esta Cámara de Diputados, a a través de la Comisión de Programación y Presupuesto, tenga injerencia en todo el proceso de elaboración del presupuesto, y así pueda, en un momento dado, proponer diversos cambios al Presupuesto de Egresos.
Dentro de estas limitaciones, los miembros de Acción Nacional hicimos un análisis lo más concienzudo posible que pudimos, y detectamos que existen serias dudas para que la política de restaurar a la población su poder adquisitivo, que es uno de los principales objetivos y enfoques que tiene la Ley de Ingresos en su exposición de motivos, no se va a llevar a cabo. Y nos remitimos a los hechos:
Primero. Sobre su política de gasto público, en 1991 el Ejecutivo afirma que, en virtud de que en general las necesidades son mayores que los medios para atenderlas, el gasto gubernamental debe dirigirse a aquellos rubros en los que la acción del estado es estratégica o prioritaria.
No dejan de ser estas palabras una conmovedora suma de buenas intenciones, pero que los secretarios respectivos o no les hicieron caso o tienen otras percepciones de lo que es fundamental para el desarrollo del país, o simplemente de que el Ejecutivo también tiene una óptica diferente de lo que es importante y de lo que es secundario.
Vamos a ver algunas cifras que nos pueden demostrar lo anterior. En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en el Programa 3k0105, para establecer normas técnicas para la fabricación y operación de las unidades de transporte, de 259 millones que estaban presupuestados en 1990, se incrementan a 2 mil 400 en 1991; únicamente un incremento del 800% para establecer normas técnicas.
En el programa 3k003, para otorgar permisos y concesiones en materia de radio y televisión, se aumenta de 500 a 2 mil 400 millones; es decir, un 350% para esto que es tan importante como dar una concesión, y que cada concesión, el simple otorgamiento de una concesión, nos va a costar 40 millones de pesos. Sin embargo, para carreteras troncales, que es uno de los enfoques principales que se tienen que dar, de 241 mil millones en 1990, bajamos ahora a 30 mil millones en 1991, un decremento del 82%.
En carreteras alimentadoras y caminos rurales, de 171 mil millones, bajamos a 30 mil, es decir, 182% menos que el año pasado. ¿Y esto es lo importante y lo secundario que está viendo el Presidente y sus secretarios?
En educación, un ramo que se supone que es prioritario, veamos tres ejemplos de esto: El Programa DB04, que es una meta sustantiva. Es decir, que le van a dar una máxima importancia
dentro del ejercicio del presupuesto. Para formar alumnos en educación media superior - pedagógica, se estaban presupuestando el año pasado dar atención a 9 mil 300 alumnos, y ahora se van a dar únicamente a 2 mil 400, una disminución de un 75%.
Y en educación secundaria adulta se estaban destinando el año pasado 51 mil millones, y en esta ocasión sólo se van a destinar 11 mil millones, una reducción de 40 mil millones; es decir, de un 80%.
Pero qué es, ante esos hechos, de que a estos ramos se les esta bajando, quiere decir que son secundarios, que no son importantes. ¿Qué es lo importante para el Secretario de Educación?, veamos: Únicamente para la administración del programa está pidiendo nada más 318 mil millones de incremento. Para esto sí es importante el aspecto administrativo. Y para el Instituto Mexicano de Cinematografía, de 7 mil 800 millones, se está pasando a 23 mil millones, un incremento de 200%. Y para los estudios Churubusco- Azteca, que no sé qué clase de cinematografía hace, de 1500 millones, se está proponiendo 4 mil 600 millones, es decir, un 200% de incremento.
Compañeros diputados, esto que están ustedes oyendo, es lo que es importante para el Secretario de Educación y en suma para el Ejecutivo. Y ante esas aberraciones, ¿ustedes van a aprobar este artículo 2o.?
Me pregunto si esto no está más claro cómo le están dando importancia a lo secundario que a lo primario, que es contrario a lo que se dice en la política de ingresos. Y lo mismo sucede en agricultura y en otra serie de ramos. En agricultura a varios programas, entre otros a brindar asistencia técnica a productores, se baja un 79%; en establecer y rehabilitar plantas agroindustriales se baja un 65%; en construir rehabilitar obras de infraestructura forestal, se baja 67. Y todo esto es porque se le está dando una prioridad extensiva al campo. Es lo máximo que tenemos que tratar, dada la cifra alimenticia le vamos a aplicar todos los recursos al campo. Y por eso en estos programas estamos disminuyendo. Es otra aberración de las tantas que vienen en este presupuesto de egresos. Además existen partidas que no tienen ninguna explicación. Ya el año pasado veíamos que al centro sindical de estudios superiores de la Con - federación de Trabajadores de México, se le asignaba un presupuesto. Y nuevamente vemos que se le asigna y no en un solo ramo, si no en dos ramos, hay una partida en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de 6 mil 700 millones y otra media escondida en el ramo 23 para el mismo centro sindical de estudios de la Confederación de Trabajadores de México, de 2 mil millones. Es decir, se está incrementando este centro 46% Y ¿qué tiene que andar haciendo el Ejecutivo, destinando partidas a un sindicato?, estos gastos a favor de la Confederación de Trabajadores de México, son un insulto frente a la pobreza y estar pasando hambres de un pueblo que está sufriendo de muchas carestías.
El Presidente: - Diputado Arias, su tiempo se ha terminado.
El diputado Eduardo Arias Aparicio: - Voy a terminar ya.
Y esto constata también contra que en la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para otro programa sustantivo el 3- B 02, becas de capacitación, se está disminuyendo de 66 mil a 44 mil millones de pesos, es decir, un 33% menos.
Por todo lo anterior y debido a que esta Cámara no puede cumplir con rigor las responsabilidades que nos marca la Constitución al no hacer un examen detallado y a fondo de los rubros a que se está destinando el gasto público, y considerando que la distribución del gasto no va encaminado al beneficio preferente de la comunidad sino al beneficio del Ejecutivo, la Diputación de Acción Nacional, votará en contra de este artículo.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Con su autorización, señor Presidente; compañeros legisladores: Conforme a lo establecido por el artículo 71, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó a esta honorable asamblea, las propuestas de modificación al Proyecto de Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991, respecto a las áreas de educación y desarrollo científico y tecnológico.
¿Por qué elaboramos y elevamos esta modificación? En educación hemos considerado a la educación como la piedra angular del desarrollo y existencia de nuestra nación, máxime cuando nos encontramos en el umbral del Siglo XXI, en el que solamente las naciones que hayan encauzado sus esfuerzos para elevar el nivel educativo de sus habitantes, estarán preparados para la convivencia y eliminación de fronteras, para
constituirse en bloques económicos y políticos afines.
La convivencia y relación que se está dando requiere de hombres y mujeres con capacidad para resolver los problemas que como resultado de la misma, surgen y sólo los hombres y mujeres más y mejor preparados, serán capaces para que logren tal empresa.
Viene aquí una reflexión, señores legisladores; en múltiples ocasiones nos hemos referido al problema educativo y nacional y hemos hecho, en múltiples ocasiones también, señalamientos a los grandes problemas que en materia educativa arrastra el país.
Reconocemos la "preocupación" que tenga el Ejecutivo Nacional para elevar a la "modernidad" de la educación del país.
Pero cierto es que sólo con la educación estaremos nosotros pretendiendo en este nuestro país, formar profesionistas que puedan tocar la puerta de entrada al Siglo XXI y nosotros estar, si no a la altura de otros países, precisamente, por lo menos tener el privilegio de poder entender la problemática educativa y sobre todo la formación profesional de nuestros conciudadanos.
Quienes por fortuna tenemos la oportunidad de conocer los proyectos educativos, de haber incursionado en esta tarea y quienes en esta LIV Legislatura integramos la Comisión de Educación, podemos expresar lo siguiente, y aquí me refiero a todas las fracciones parlamentarias que integran precisamente esta Comisión de Educación:
Hemos realizado algunas tareas, hemos revisado los programas de trabajo, hemos visto la estructura nueva en que el gobierno pretende solidarizarse con los problemas educativos y, elevar a esta tan múltiplemente llamada "modernidad educativa".
Los miembros de la Comisión de Educación tuvimos la oportunidad de conocer y caminar por las aulas, por los talleres, por los laboratorios; conversar con el universo humano de las dos más grandes casas de estudios a nivel superior, como son: el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí señores legisladores, nos hemos encontrado con la enorme preocupación de todos, que si queremos aceptar este presupuesto que nos están, precisamente, hoy manifestando, para el desarrollo de la educación tecnológica y superior, en el país pretendemos que será una utopía y lo reiteramos.
Estas dos instituciones a nivel superior que pretenden caminar y rescatar los caminos y abatir los rezagos en materia de educación, en formación de profesionales, no podrán ni siquiera sostener el embate de este tipo de política con este irrisorio presupuesto. Y nosotros nos dimos cuenta que la queja y la problemática en esas dos instituciones siguen siendo la falta de infraestructuras materiales, muchas de ellas fuera de servicio.
Las instituciones cuenta, lo poco que tienen, con equipo de laboratorio, con equipo técnico obsoletos, que ya quisiéramos con este presupuesto destinado, por lo menos, a actualizar el equipo de este tipo de instituciones formadoras de profesionales.
Si nosotros expresamos lo que vimos en los talleres, lo mismo su equipo, no responde a la actualidad que vivimos y nos llevan muchos años en desventaja y estamos a muchos años de desventaja en materia profesionalmente hablando, para poder entender el lenguaje científico y cultural que otros países están manejando.
Si queremos ver lo que expresan las preocupaciones del cuerpo académico de investigadores, podríamos y nosotros poner el dedo en la llaga de que con esto no estaríamos resolviendo en mínima parte este problema que aquejan a las dos instituciones, que estoy refiriéndome como de ejemplo, en cuanto a la materia de educación y desarrollo científico y tecnológico.
Para nadie de ustedes, señores legisladores, es desconocida la fuga de cerebros mexicanos egresados de esas instituciones a otros países y aquí mismo lo hemos señalado, estamos padeciendo constantemente de la falta de estímulos para la investigación nacional. Nuestros compatriotas investigadores, científicos, podríamos decirles también, ni siquiera pueden desarrollar sus propias inquietudes en esta materia por falta de estímulos.
Ante esta razón, los recursos humanos que en esta área se ven preocupados precisamente por falta de estímulos en sus salarios, se ven obligados a abandonar el país y aceptar las ofertas de trabajo de instituciones específicas...
El Presidente: - Señor diputado Melo, le informo que agotó usted el tiempo de su intervención.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Voy a terminar, señor Presidente, le agradezco que me obsequie dos minutos para concluir.
Qué lástima, que por todas estas situaciones y que todavía para ver lo que pudiésemos hacer en
el desarrollo científico y tecnológico, se nos muestra la inquietud y el interés del Ejecutivo en el famoso tratado de libre comercio, cuando ni siquiera hemos analizado las expresiones y experiencias del Canadá, que mucho tendría que decir de la desigualdad que está viviendo en este proceso.
Sin embargo, por todo ello la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, presenta la siguiente modificación a lo que proponemos en el artículo 2o. que dice, para que precisamente quede de esta manera:
"Las erogaciones previstas importan la cantidad de 97 billones 471 mil 601 millones 51 mil pesos moneda nacional."
Y pretendemos que quede de esta manera:
"La partida 011 que corresponde a educación, debe elevarse a 31 billones para que podamos nosotros resolver a medias estos problemas.
Se destinará para el Programa Nacional de ciencia y Modernización Tecnológica la cantidad de 7 billones 804 mil 921 millones."
Ojalá, señores diputados, puedan ustedes aceptar esta modificación que estamos proponiendo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Culebro, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier Culebro Siles: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Hago uso de la tribuna para tratar de comentar algunos aspectos relativos al Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991.
Trataré inicialmente de precisar la política macroeconómica del gobierno federal y, consecuentemente, la estrategia de su gasto.
Decimos que para nosotros el gasto constituye un instrumento importantísimo para promover el desarrollo económico del país. Sin embargo, su estructura y composición, pero sobre todo su financiamiento, es lo que hace que esa promoción del desarrollo sea permanente y sostenido. Por ello la política de gasto, implícita en el proyecto de gasto que hoy se discute en esta Cámara de Diputados, se inserta en dos vertientes principales:
"La primera vertiente se refiere a que el monto total del gasto del proyecto de presupuesto, fue determinado en función de la disponibilidad de recursos, y lo subrayo, sanos y no inflacionarios, con el fin de impedir que la demanda de fondos prestables supere la oferta de los mismos.
Por lo que respecta a la segunda vertiente, consiste en una mayor asignación sectorial de ese monto de gasto, cuidando de dirigir el gasto a aquellos sectores o rubros en los que la acción del Estado es estratégica o prioritaria, como aquí se ha mencionado.
El monto total del gasto del proyecto, que es de 233 billones de pesos, representa una reducción en términos reales de 5%. Pero pese a ello, el gasto programable y las participaciones a estados y municipios crecen en términos reales cercanos al 3%, con respecto al gasto ejercido en 1990, destacando un aumento del 10.5% real en las erogaciones del gobierno federal y una tasa de crecimiento de 6.7% en las participaciones y estímulos fiscales.
Esto es posible debido a que en el proyecto de gasto, el pago de intereses y el servicio de la deuda registra una caída significativa de más del 23%, producto de la renegociación de la deuda externa y la baja de tasa de interés internos.
Con este gasto y el monto de ingresos de la ley de ingresos para el sector público, se va a obtener un ahorro corriente de 112 billones de pesos, que permitirá financiar el gasto de inversión en obra pública e infraestructura social de 35 billones de pesos, las participaciones y estímulos por 25 billones de pesos, y las adefas por 4 billones de pesos y solo requerirá de 5.9 billones del endeudamiento neto.
He querido decir con esta información que acabo de proporcionar, que es propósito del gobierno federal incrementar la disponibilidad de recursos prioritariamente hacia el gasto social, de acuerdo con la política de buscar un crecimiento moderado en términos no inflacionarios.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, consulte al orador si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente: - Le acepta una pregunta diputado.
El diputado Javier Culebro Siles: - ¡Adelante!
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor orador, sus cifras como que no checan con lo presupuestado. Dice usted que 5.9 billones de endeudamiento neto, el presupuesto de
ingresos está hablando de cerca de 8 billones, y la autorización que se dio en la ley de ingresos es de 15 billones. Entonces me parece que también tiene usted otras cifras que no corresponden a lo que ya se autorizó.
Mi pregunta es ésta: ¿habla usted para 1991 ó de 1990?
El diputado Javier Culebro Siles: - El último dato que di se refiere a 1991, y hablamos de que sólo se requerirá 5.9 billones de endeudamiento interno...
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Pues ahí está lo que estoy preguntando...
El Presidente: - No están permitidos los diálogos en las discusiones, señores diputados.
El diputado Javier Culebro Siles: - Posiblemente de esta cifra esté más optimizado el dato, compañero Gómez.
Por lo que respecta al sector educativo, que aquí se mencionó por el diputado que me antecedió en la palabra, quisiera dar estas cifras que muestran avances; que si bien son importantes, reconocemos que no son suficientes. Sin embargo el sector educación asciende su presupuesto a más de 25 billones de pesos, que representa un incremento del 17%; para el nivel de educación básica se asignarán 12 billones, implica un 22.3% real más que en 1990; para la educación secundaria se recibirán recursos superiores en 20%, atendiendo una demanda de 3 millones de alumnos; para la educación media superior se registrará un incremento del 9% real, que prevé atender una demanda de 1.7 millones de alumnos; en la educación superior para atender las necesidades de 33 universidades de provincia, la universidad, el politécnico, entre otras, se asignarán recursos superiores en 22.9 %.
Los esfuerzos realizados en materia de sueldos para el magisterio, han permitido ir recuperando el rezago existente, logrando un crecimiento real en sus ingresos del 115%, por lo que el 64% de los maestros percibe ya 2.1 salarios mínimos y el 36 restante 2.6 veces el máximo general para 1991.
Es importante destacar también que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación se proporciona un apoyo importante y significativo al aspecto de desarrollo rural, basta mencionar...
El Presidente: - Permítame, señor diputado, ¿Sí?, dígame diputado.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Quisiera hacerle una pregunta al orador.
El Presidente: - ¿Acepta usted, diputado Culebro una pregunta?
El diputado Javier Culebro Siles: - Sí, como no.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Señor diputado, usted acaba de mencionar que hay una preocupación fuerte del Ejecutivo hacia el ramo educativo, y mencionó unas cifras en donde se están incrementando alrededor del veintitantos por ciento en algunos de los ramos que usted mencionó. Yo quisiera saber su opinión, ¿cuál es la importancia que tienen el Instituto Mexicano de Cinematografía, para que a éste se le aumente un 200% con respecto al año pasado, y a los Estudio Churubusco Azteca, para que a éstos se les incremente un 208%?, ¿qué es tan importante en esos estudios cinematográficos, para que se les aumente más que a otros ramos importantes de educación?, si me pudiera contestar por favor.
El diputado Javier Culebro Siles: - Mire, la verdad en lo que se refiere a ese tipo de gastos, yo quisiera comentarle también que en términos relativos a veces las cifras son engañosas, aumentar un peso a dos pesos implica un aumento del 100%, entonces yo diría que lo más importante sería analizar verdaderamente, primeramente cuál es el contenido y cuál es el importe real que se tiene, porque si usted me dice que para los estudios cinematográficos asciende a una cantidad de 100 millones de pesos y que para éste va a ser de 200%, pues es un 100% en términos relativos, pero en términos absolutos verdaderamente no pintarían dentro del presupuesto.
El Presidente: - Dígame, diputada.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Quiero hacerle una pregunta al diputado.
El Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta, diputado Culebro?
El diputado Javier Culebro Siles: - Sí, como no, señor Presidente.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): Señor diputado, en febrero del año pasado este Instituto Mexicano de Cinematografía y otras 14 entidades que tenían que
ver con el cine y con la producción de palomitas, pasaron de gobernación al renglón de educación; ese año, cuando estuvieron los ejecutivos de Programación y Presupuesto, nos dijeron, por ejemplo, que Estudios Churubusco no estaba en el presupuesto de egresos porque era autosuficiente, y en cuanto al Instituto Mexicano de Cinematografía, nos dijeron que sólo iban a trabajar en 10 coproducciones, ¿le parece a usted que esto justifica todo ese aumento en el gasto, en el porcentaje del gasto que se le asignen a estas dos entidades?
El diputado Javier Culebro Siles: - Yo quisiera preguntarle, en lo que he insistido en mi respuesta anterior. El gasto que está sobre los Estudios Churubusco, que usted menciona, creo que es una cantidad verdaderamente insignificante, en lo que representa del global, del total que hay del Presupuesto de Egresos de la Federación, es más, yo pienso que no representaría ni el 00.1%.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): Eso se justifica. El diputado Javier Culebro Siles: - Bueno se justifica mientras sea un organismo que depende del gobierno y que requiere, por necesidad, un tipo de presupuesto.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - (No se escuchó.)
El Presidente: - Les recuerdo señores diputados que en las discusiones no están permitidos los diálogos.
¡Permítame, diputado Culebro un momento¡
¿Sí, diputado Arias?
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Si acepta una pregunta el señor diputado.
El Presidente: ¿Acepta usted una pregunta diputado?
El diputado Javier Culebro Siles: - Que le parece si cuando termine mi exposición, con mucho gusto seguimos con las pregunta y respuestas; sobre las fábricas de palomitas también.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): Como no, lo espero.
El diputado Javier Culebro Siles: - Hablaba sobre el desarrollo rural, de que como fue expresado del Ejecutivo Federal, en su reciente informe, el sector agrícola es una situación preocupante. La producción de alimentos, es cierto, ha disminuido y su crecimiento es menor al del resto de la economía; presenta situaciones disímulas y complejas que reflejan su descapitalización y baja productividad.
Por eso, para hacer frente a esta situación se ha programado una inversión que representa cerca del 10% del total de la inversión pública y que en términos nominales es de más de 3 mil 233 millones de pesos, esto refleja un aumento de 42%; considerable y significativo si lo comparamos con respecto a 1989. Aquí vale la pena destacar la rehabilitación de áreas de riego en más de 41 mil 500 hectáreas, incorporar 58 mil 500 hectáreas en irrigación mayor o menor. Asimismo, dado el apoyo a más de 114 mil millones de pesos al desarrollo de áreas de temporal, este programa está orientado a buscar principalmente la autosuficiencia alimentaria de productos básicos.
En resumen, el sector agrícola dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación recibe un decidido apoyo para impulsar su modernización, elevar la producción y la productividad, buscar la soberanía alimentaria y sobre todo mejorar las condiciones de vida de la población rural, imperiosa necesidad que aún enfrenta el país. He querido decir como en algunos aspectos educativos y agrícolas...
El Presidente: - Diputado, señor diputado Culebro le informo que agotó el tiempo de su intervención.
El diputado Javier Culebro Siles: - Muchas gracias, señor Presidente he terminado.
El Presidente: - Adelante, diputado Arias.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Diputado Culebro, usted mencionó que a veces los porcentajes no indican la realidad y que las cifras son las que pueden aclarar la situación. Le quiero dar unas cifras para que me dé usted su respuesta a lo que le pregunté. El Instituto Mexicano de Cinematografía aumentó en números redondos de 7 mil 800 millones a 23 mil 500 millones de pesos en este año, es decir, un 200% que equivale a un aumento de 15 mil 600 millones de pesos; sin embargo en la educación preescolar rural se disminuyó 870 millones de pesos y en la educación de posgrado pedagógico se disminuyó de 4 mil cien millones a 3 mil 450 millones, es decir, un decremento de 700 millones, 700 millones contra los 15 mil millones, ¿no se le podía haber dado más importancia a la educación de posgrado que a la cinematografía y haberle quitado a esos 15 mil
millones lo que se necesita para incrementar razonablemente la educación de posgrado y la preescolar rural y la educación secundaria para los adultos en la cual se disminuyó 40 mil millones?, ¿no cree usted que sería más aprovechable en estos ramos en donde nuestros campesinos necesitan esa escolaridad y en donde nuestros adultos necesitan que se alfabeticen para dárselos a la cinematografía? Quisiera su respuesta.
El diputado Javier Culebro Siles: - Mire, de acuerdo con las cifras que usted me está proporcionando y en caso verdaderamente de que estén bien fundamentadas, yo lo que pienso es que posiblemente a usted le asiste cierta razón, pero yo también quisiera de otra manera decirle que lo que implica este presupuesto dentro de lo que es el concepto total, el volumen total de los egresos que existen para la educación superior, diríamos que estaríamos analizando un aspecto muy particular y muy pequeño todavía. Esa es mi respuesta señor.
ARTICULO 30
El Presidente: - Habiéndose agotado el registro de oradores para la discusión del artículo 2o., tiene la palabra en la discusión correspondiente al artículo 3o., el diputado Astolfo Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nuevamente en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, se incluye una muy importante partida del gasto público destinada a la solidaridad y desarrollo regional, ahora por 5 billones 117 mil 931 millones 300 mil pesos y que supuestamente, como se dice en la exposición de motivos, servirá para orientar obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales, que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos.
Este renglón, y es cierto, sólo es un renglón, que fue concebido con fines estrictamente políticos, se aparta en la presentación del presupuesto de toda técnica presupuestal, puesto que no llena en lo absoluto los lineamientos que marcan las leyes de la materia. La Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, establece que: "el gasto público federal se basará en presupuestos que se formularán con apoyo en programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables en su ejecución".
Por otro lado, el artículo 19 del mismo ordenamiento señala que: "el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con los documentos que se refieran a descripción clara de los programas que sean base del proyecto en los que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución, así como su valuación estimada por programas".
Y en el reglamento de la misma ley, elaborando por la propia Secretaría de Programación y Presupuesto, en su artículo 14, fracción I, especifica que: "la estructura programática contendrá, como elementos mínimos, la función, subfunción, el programa y el subprograma".
Lo mismo en la fracción II de ese mismo artículo se dice que: la Secretaría de Programación y Presupuesto determinará las funciones y subfunciones, así como aquellos programas, subprogramas y proyectos que se consideren estratégicos y prioritarios".
De todo esto adolece el ramo 26 "Solidaridad y Desarrollo Regional", ya que no se especifica por ningún lado a qué acción presupuestal se dedicarán esos 5 billones 117 mil millones de pesos. Y si consultamos el Tomo II del Presupuesto de Egresos en "Ramos Generales", veremos que lo único que se dice en el lugar destinado a programas y subprogramas, es: Programas de Desarrollo Regional, con el total antes mencionado, en un solo renglón.
Este renglón del presupuesto que omite todo lo referente a su ejercicio, por lo que prácticamente es un cheque en blanco para los caprichos del Ejecutivo, es aún mayor que lo destinado a uno de los sectores más necesitados, como lo es el sector agrícola. La Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos tiene un presupuesto un poco menor al del Programa Nacional de Solidaridad, de 5 billones 338 mil millones de pesos y, sin embargo desarrolla sus programas dentro del presupuesto en 52 páginas con 29 programas, 49 subprogramas, 100 proyectos y 165 metas, por lo que no podemos aceptar, y es una de las principales razones por las que votaremos en contra de este artículo y del presupuesto, que el Programa Nacional de Solidaridad con un presupuesto mayor, sólo describa el ejercicio de su gasto y el cumplimiento de los supuestos programas en un solo renglón.
En tanto el aparato con que se maneja el Programa Nacional de Solidaridad que se le ha dado la magnitud de una secretaría de Estado, que al inmiscuirse en las acciones que corresponden a otras secretarías, a estados y municipios, se ha constituido como una supersecretaría. Por
ejemplo, a pesar de que la Secretaría de Educación, con un presupuesto de cerca de 21 millones, establece claramente sus programas y sus metas, el Programa Nacional de Solidaridad se inmiscuye con la escuela digna. A pesar de que la Secretaría de Agricultura tiene programas precisos para las tierras de riego y de temporal, solidaridad se entromete en el desarrollo de áreas de riego y de áreas de temporal.
Y también en la página ocho del dictamen, no así en el articulado del decreto que es lo que realmente vale, se dice que el Programa Nacional de Solidaridad se propone construir 84 nuevos centros de salud, así como operar 490 unidades médicas a través de insolidaridad, sin especificar lógicamente ni cantidades ni programas.
Al respecto, la primera pregunta que salta a la vista es qué hace el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿No es función de la Secretaría de Salud lo que se programa para el Programa Nacional de Solidaridad? Y la segunda pregunta sería si de aquí en adelante el Secretario de Programación y Presupuesto debe ser médico, ya que él está interviniendo directamente en los programas del sector salud.
Lo mismo se da con la educación, pues Programa Nacional de Solidaridad pretende construir 18 mil nuevos espacios educativos, insistimos, sin programas ni cantidades específica de gastos, y por otro lado, la Secretaría de Educación construirá 23 mil, prácticamente los mismos espacios del Programa Nacional de Solidaridad.
¿Por qué esta dualidad de funciones? ¿O es que el Secretario de Programación y Presupuesto, que controla directamente, el Programa Nacional de Solidaridad, debe ser médico, maestro, constructor, agrónomo, etcétera, etcétera?
Tomando en cuenta la información real sobre el ejercicio de su presupuesto en el año de 1990, parece que quiere suplir la ineficiencia de los gobiernos estatales o municipales y de muchas secretarías de Estado, como una cuña indeseable en acciones de electrificación, abasto y comercialización, instalaciones deportivas, jornaleros agrícolas, fondos de solidaridad para comunidades indígenas, selva lacandona, etcétera, y todo esto lo hemos obtenido de la información que la Comisión de Programación y Presupuesto nos entregó de el Programa Nacional de Solidaridad, pero de 1990, nada de 1991; para 1991 no sabemos absolutamente nada y mucho menos cuándo se destinará a cada uno de los supuestos programas, subprogramas o metas que marca la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
Por más que en las reuniones de la comisión se trató de explicarnos el por qué no se detalla el gasto de más de cinco billones de pesos y se nos dio un manual de operación, no un presupuesto, no podemos aceptar ni mucho menos aprobar una partida que no tiene explicación y que definitivamente se ha estado usando con fines político - electorales, como sucedió este año en los estados en los que se celebraron elecciones, a los que se les dio una preponderancia especial en la construcción de obras o en el reparto indiscriminado de materias o tortibonos.
Los mexicanos nos dimos cuenta cómo el Presiente de la República acudió presuroso a esas entidades, en apoyo de las campañas del partido oficial, y su presencia se hizo más notoria en los estados de Coahuila, Hidalgo, Yucatán y estado de México, en los que descaradamente, para lograr el voto del pueblo, hicieron una campaña, en primer lugar para exaltar la figura presidencial y en segundo, mediante propaganda tendenciosa y dádivas vergonzantes, para favorecer a toda costa a los candidatos oficiales. Y lo más reprobable de todo esto, fue la carta que el gobernador del estado de México envió al presidente estatal de su partido, recomendándole que en toda la propaganda política se mencionará el concepto de solidaridad.
El diputado Eric Rubio, curándose en salud, en su intervención, representando a la Comisión de Programación y Presupuesto, dijo que la aplicación de las partidas del Programa Nacional de Solidaridad deben hacerse en las zonas y en las poblaciones en las que exista pobreza extrema sin importar la filiación política. Y es cierto en lo que se refiere a la miseria de muchos de nuestros hermanos, pero desgraciadamente explotan esa pobreza extrema convirtiéndose en falacia la afirmación de que no les importa la filiación política.
Exigimos que no se juegue con la miseria del pueblo y que desaparezca el renglón presupuestal de Programa Nacional de Solidaridad, incrementando como debe de ser las partidas correspondientes a otra secretarías y dependencias, así como las aportaciones de los órganos de los gobiernos de los estados, a fin de que cada quien cumpla eficazmente con su deber. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Federico Ruíz, del partido Acción Nacional.
El diputado Federico Ruíz López: - Con la venia del señor Presidente; señoras diputadas; compañeros; amigos todos: Me voy a permitir iniciar una intervención con la lectura, hasta el
primer párrafo de la fracción I de 115 constitucional, que a la letra dice:
"Artículo 115. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano representativo popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
Primera. Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del estado.
Artículo 3o. De lo que se objeta en el presupuesto de egresos. Partida 0028, participaciones a estados y municipios: 25 mil billones 320 mil 933 millones 500 mil pesos.
Las previsiones por concepto de solidaridad y desarrollo regional se orientarán a obras y proyectos de inversión de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, infraestructura agropecuaria y preservación de los recursos naturales que atiendan la demanda directa de las comunidades indígenas, campesinas y grupos populares urbanos, los recursos por este concepto serán intransferibles.
Las erogaciones por concepto de participaciones a estados y municipios se ejercerán en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
Pocas instituciones hay, como la institución municipal. En el debate del Constituyente de 1915, de 1916, del debate giraba en torno a como obtener el municipio autonomía, y si efectivamente quedó pendiente la discusión porque se suponía que resultaba imposible a los municipios ser el factor centrar de la recaudación fiscal. El hecho de que entonces no se hubiera podido dar respuesta no quiere decir que en nuestro tiempo no tengamos que cuestionar severamente este problema de contradicción en términos que establece, por un lado, el artículo 115 Constitucional, dando al municipio la base de la organización política de la República, y por otro lado una Ley de Coordinación que acepta una condición sujeta de los municipios y de los ayuntamientos en lo que respecta a su hacienda.
Sucede que del total de las percepciones que el municipio tiene, por lo menos las dos terceras partes provienen del ingreso de las participaciones federales que reciben. Por otro lado, los convenios de la coordinación establecen una obligación con cargo a los municipios que suscriben los estados. Esto va en contra del concepto de la autonomía municipal; se invierten los términos de la base de la autonomía y del desarrollo de la República a partir del municipio, se invierten los términos y es el poder central el que impone las cargas y las obligaciones, y el municipio queda sujeto a una capitis deminutio inaceptable para quienes creemos que la base de una reforma política auténtica tiene que atender al desarrollo regional, a partir precisamente de darle al municipio la autonomía que quiere.(Aplausos.)
Nosotros sostenemos que urge ya establecer la concurrencia real del municipio en un poder real de decisión. Lo que está ocurriendo por fuerza de la necesidad a nivel de desarrollo urbano y ecología, en que los ayuntamientos van tomando las riendas en algo que les afecta, necesita pensarse a un futuro próximo, incluso, desde la base de la tributación; es absurdo que por un lado promovamos municipio libre, y por otro lado no atendamos a buscar la independencia y la autonomía de los municipios, precisamente desde la base de la recaudación fiscal. (Aplausos.)
Yo creo, compañeros diputados, que el debate del presupuesto necesita irse precisamente sobre lo que es el proyecto de nación al que debemos tener. Cuando afirmamos el municipio, tenemos que pensar en una institución milenaria que es la institución más cercana a la vida y al corazón de todos los mexicanos, antes de que se constituyera incluso el gobierno virreinal, surge ya el ayuntamiento como base de las organizaciones políticas en México. Es el municipio el fundamento de la vida democrática.
Precisamente de lo que tratábamos ayer, y que alguien mencionaba "Fuenteovejuna", es la afirmación en la tradición nuestra, en la tradición latina de los poderes autónomos regionales frente a lo que ha sido sojuzgamiento de los despotismos ilustrados. Nosotros estamos contra la Ley de Coordinación Fiscal, porque incluso representa un retraso si atendemos al problema del subdesarrollo del municipio mexicano; es peor todavía la situación del régimen municipal bajo los sistemas posteriores a la Revolución que desde el porfiriato centralista.
Desde el punto de vista de participación presupuestal, estamos viendo que lo que hay de asignación presupuestal para estados y municipios, apenas llega al 3.5% del producto interno bruto, cuando se habla de un promedio de 6% que era lo que llegaban a disfrutar los municipios en la época porfiriana. Estamos hacia atrás, en vez de caminar hacia adelante. Es un contrasentido hablar de democracia y de base de autonomía municipal, cuando el municipio acaba sujeto en
todo a lo que el gobierno federal y a lo que el gobierno estatal establece. La restauración de la República tiene que darse en esa continuidad de la familia y de la persona que es la comunidad municipal; tenemos que pensar en restaurar incluso la institución municipal en la capital de la República. Es importante el rescate de la democracia, y es necesario pensar en el rescate de la política a partir de que cada hombre tenga manera de actuar, de decidir y de opinar con plena libertad en lo que en su comunidad política inmediata, que es el municipio libre.
El Presidente: - Permítame un momento, diputado Ruíz.
El diputado Antonio Alvarez Esparza (desde su curul): - Señor Presidente, ¿puede preguntar al señor orador si me permite una pregunta?
El Presidente: ¿Acepta usted una pregunta, diputado Ruiz?
El diputado Federico Ruíz López: - Con todo gusto.
El diputado Antonio Alvarez Esparza: - Quisiera que me explicara en qué texto constitucional ha encontrado usted eso de la autonomía municipal de que viene hablando?
El diputado Federico Ruíz López: - En lógica se procede con premisa mayor y premisa menor. La premisa mayor fue la que le di del 115 constitucional.
En concepto de autonomía está hablando precisamente de que sea la gestión política inmediata la que genera el poder; esto va en contra de la teoría precisamente de la república monolítica, donde se supone que el Presidente tiene que nombrar a los gobernadores para mantener la unidad, y los gobernadores a los presidentes. La autonomía supone capacidad de gestión propia; supone respeto a la libertar y respeto a la disidencia, supone pensar en la pluralidad para poder afirmar la unidad.
Por supuesto que cuando afirmamos el principio de la autonomía municipal, estamos afirmándola sobre el supuesto de que la autoridad del municipio, que es el ayuntamiento, surja de una participación del hogar, donde la gente se da mejor cuenta que ninguna otra comunidad de quién funciona y quién no funciona. El rescate del municipio libre tiene que ser el antecedente del rescate de la vida pública en México.
Y cuando vemos, por ejemplo, cómo los abusos federales han arrastrado la desgracia del país al endeudamiento, cuando vemos la miseria en que se debate el campo y el municipio en México, tenemos que afirmar, más que nunca, la necesidad de limitar esta teocracia sexenal de tipo absoluto, para rescatar sobre el municipio libre la dignidad de los mexicanos. Por eso votaremos en contra de esta partida presupuestal.
Estamos en contra de los pegotes, de los parches; lo que hace falta es una restauración a fondo que implica, entre otras cosas, que lo que se recaude en los municipios se quede en los municipios; que no ocurra que la recaudación se da en los municipios, pasa al nivel federal y después regresa a los municipios, a través de las tesorerías de los estados disminuido, porque es precisamente a partir de este atavismo absurdo de una burocracia inútil como se mantiene el centralismo absurdo que mantiene ahogada la República.
El Presidente: - Señor diputado Ruíz, le informo que se ha agotado el tiempo de su intervención.
El diputado Federico Ruíz López: - El rescate del municipio libre implica, por supuesto, cancelar estos parches y hacer efectivo que el municipio sea la base de la organización política y administrativa de la República, no continuar con el centralismo, que es contra lo que debemos de estar.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Carmen Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista.
La diputada Carmen Mercado Téllez: - Gracias, señor Presidente: Pido autorización de la Presidencia para abordar en una sola intervención dos artículos el 3o. y el 7o.
El Presidente: - Sí, adelante diputada.
La diputada Carmen Mercado Téllez: - Gracias; honorable asamblea: De manera permanente el Partido Popular Socialista, ha demandado diversas reformas en el campo de la economía y de la vida social de los mexicanos para lograr una distribución de la riqueza más justa y equitativa.
Precisamente para alcanzar uno de los objetivos por los cuales ha luchado permanentemente el pueblo de México desde el inicio de su lucha por la independencia nacional, y así elevar constantemente sus condiciones de existencia.
Sin embargo, este propósito no se ha alcanzado y en los últimos ocho años se ha alejado de manera dramática.
Es a partir de 1982, primero bajo el pretexto del cambio estructural y ahora con la modernización, que se sigue una política en materia económica y social, que ha empobrecido a la mayoría de los mexicanos y que ha favorecido a los sectores minoritarios cuyos privilegios contrastan con la extrema pobreza en que viven millones de compatriotas. Solo en seis años, de 1981 a 1987, el número de pobres creció casi en diez millones, pues pasaron de 32.1 millones a 41.3 millones de pobres de una población que apenas rebasaba la población de 80 millones de habitantes, lo que significa que cada año creció el número de pobres en más de un millón y medio.
En otros términos señores diputados, nueve de cada mexicanos engrosaban las filas de los pobres. La política neoliberal puesta al servicio de la minoría y en perjuicio de la mayoría de los mexicanos, ha dado como resultado que 17 millones de mexicanos en condiciones de extrema pobreza, sólo obtengan el 4% del ingreso nacional, en tanto que el 20% de las familias más ricas, se apropian del 50% del ingreso nacional. Estos simples datos nos dan una clara idea de la enorme desigualdad provocada por la política neoliberal en la distribución de la riqueza. Y ésta es la razón principal por la que el Partido Popular Socialista ha calificado esa política como antipopular, pues ha tenido resultados desastrozos para varias decenas de millones de mexicanos.
Nadie puede afirmar con estos que reflejan las condiciones de angustia y de miseria en que viven los mexicanos, que la política económica aplicada desde 1982 hasta la fecha, intente siquiera promover la justicia social, porque todas las medidas aplicadas no sólo han provocado el estancamiento de las condiciones de vida de más de la mitad de la población, si no que han retrocedido a los niveles de vida de hace 22 años. El cambio estructural y la modernización han provocado desempleo, disminución del salario real, disminución de los precios de garantía de los productos de los campesinos, reducción drástica del gasto social que los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana habían sostenido.
Todos estos problemas cuya gravedad era visible en el anterior sexenio, tienden a agravarse aún más en el presente, ya que se mantienen la política del control de salarios, se propicia el aumento de los precios, se busca colocar a México en un tratado de libre comercio cuyas consecuencias negativas para la economía nacional, la vida social de los mexicanos y la soberanía de nuestra patria, todo mundo advierte, menos los sectores reaccionarios del gobierno que siguen empeñados también en permitir el saqueo de los recursos generados por los mexicanos, lo que significa una verdadera irresponsabilidad frente a los intereses nacionales que, según ellos, se defienden pagando puntualmente la onerosa deuda, como lo escuchamos desde esta tribuna, en voz de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y Programación y Presupuesto.
Es decir, la política neoliberal ha provocado miseria en el pueblo, pues ha aumentado considerablemente el número de habitantes que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza; pero también atentan contra la soberanía nacional al garantizarle a las instituciones financieras, no sólo la recuperación de los préstamos que nos hicieron, sino la obtención de ganancias considerables, lo cual significa también, pérdida peligrosa en las decisiones autónomas que sólo competen a los mexicanos.
La pobreza generada por la propia política gubernamental, pretende con el actual presupuesto de egresos, combatirse atacando los efectos, pero no las causas reales que la generan, y en estas condiciones, ni la inversión extranjera ni el libre comercio ni las maquiladoras ni las privatizaciones, lograrán erradicar la pobreza que sufren más de 40 millones de mexicanos.
Canalizar 5.1 billones a través del Programa Nacional de Solidaridad, no representa nada frente a las enormes carencias provocadas por la política neoliberal. Lo que se requiere, señores diputados, son medidas de fondo que le den al pueblo suficientes fuentes de empleos, que se reponga el poder adquisitivo de los salarios, que se evite la caída de los precios de garantía. Se necesita ampliar considerablemente el gasto social del gobierno, es decir, una política de corte netamente popular, que al lado de estas medidas incremente la inversión pública, controle efectivamente la inversión extranjera y la someta, además, al interés nacional; pare en seco a la política de privatizaciones y regrese, con sentido patriótico, a la política de nacionalizaciones y promueva en todos los sentidos, un auténtico desarrollo con independencia del exterior.
Se requiere también auténtica firmeza patriótica para que no nos sigan saqueando los usureros internacionales, pues es inaceptable que estando la mitad de la población mexicana en condiciones de hambre y miseria, o como ahora se acostumbra a decir: en condiciones de pobreza y extrema pobreza, se pretenda pagar 52.8 billones de pesos, cuando para combatir la pobreza se pretende destinar tan sólo 5.1 billones; lo cual significa
que se destinarán 10 veces más recursos en el pago de la deuda externa que en el combate a la pobreza.
Si el gobierno quisiera resolver realmente los problemas del pueblo, debería de invertir los términos y en vez de destinar 52.8 billones de pesos al pago de la deuda, canalizar esta cantidad a la solución de los problemas del pueblo y 5.1 billones al pago de la deuda.
Si se adoptara esta actitud por parte del gobierno, se avanzaría sin demagogia a la solución de los problemas que aquejan a la nación y al pueblo.
En virtud de que el presupuesto de egresos no responde a los intereses de pueblo ni a los de la nación como lo demuestran los artículo 3o. y 7o., del proyecto de decreto que discutimos en lo particular, y dado que ese instrumento de política económica permite además el saqueo de los recursos creados con el trabajo de los mexicanos y que además se orientan con un sentido demagógico estos recursos, con la aparente intención de combatir la pobreza, recursos totalmente insuficientes para corregir el grave daño que el gobierno ha causado al pueblo; la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra de esos dos artículos. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada María Elena Martínez Carranza, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María Elena Martínez Carranza: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En relación al artículo 3o., del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, he solicitado la palabra para hacer algunas consideraciones.
Dentro de la estrategia general de Plan Nacional de Desarrollo 1989- 1994, el Programa Nacional de Solidaridad desempeña un papel primordial; articula la acción gubernamental y suma el esfuerzo social concentrado con acciones para mejorar los niveles de vida de un amplio sector de la población que vive en condiciones de marginalidad social.
El programa de solidaridad es parte sustancial de los propósitos que la sociedad mexicana se ha fijado, propósitos de acabar con los rezagos de bienestar.
El programa, compañeros diputados, se propone integrar a un importante sector de la sociedad a la estrategia de desarrollo, atiende a grupos indígenas, a campesinos de escasos recursos, a grupos populares urbanos. Canaliza recursos del gobierno federal para la atención de sus necesidades apremiantes y promueve de manera fundamental la participación y corresponsabilidad de los sectores público, privado y social.
La diputada María Luisa Calderón Hinojosa (desde su curul): - Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta, diputada?
La diputada María Elena Martínez. Carranza: - No, no la acepto, señor Presidente.
El Presidente: - No la acepta diputada.
La diputado María Elena Martínez Carranza: - El programa de solidaridad se inscribe en el convenio único de desarrollo, que es el instrumento jurídico, programático y financiero que coordina los egresos de las entidades y que cada año se firma con los estados.
Aquí el Programa Nacional de Solidaridad es una instancia de coordinación entre los tres niveles de gobierno y es una instancia de concentración con las comunidades para la ejecución de las acciones; el municipio es el eje fundamental del programa, en él se constituyen los consejos municipales que concertan con las comunidades y organizaciones sociales, constituidas en comités de solidaridad, comités que a su vez ejercen funciones de contraloría social, participan y vigilan la ejecución de la obra y la aplicación de los recursos.
El programa de solidaridad canaliza cada vez mayores recursos a los ayuntamientos para que incrementen su capacidad de respuesta a las demandas sociales. Así, el Programa Nacional de Solidaridad participa y fortalece a la descentralización.
Es así como en el Ramo XXVI se constituye en un factor de distribución de recursos a los municipios del país, el Programa Nacional de Solidaridad valora la participación ciudadana bajo los principios de respeto a las comunidades y a sus decisiones, a su participación, a la corresponsabilidad, el programa de solidaridad orienta sus acciones en tres vertientes: solidaridad para el bienestar; solidaridad para la producción; solidaridad para el desarrollo regional.
Es así como en el Proyecto de Egresos de la Federación para 1991, que hoy sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, a través del Ramo XXVI el programa de solidaridad, con una asignación de 5 billones atenderá a una
población de casi 10 millones de indígenas, asentados en 24 estados de la República. Atenderá a los pobladores de zonas semidesérticas y campesinos de regiones temporaleras de elevado riesgo y baja productividad agrícola, que se localizan en 1 mil 350 municipios de 27 estados de la República; y atenderá a los habitantes de las colonias populares que carecen de los servicios mínimos de infraestructura en las zonas metropolitanas de las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y en 80 ciudades medias de la República Mexicana.
El programa de solidaridad no tiene gasto corriente. El programa se distingue por ser el único programa de gobierno federal que comprende solamente gasto de inversión. Del total de los recursos sólo el 4% se destina a gastos de operación, es decir, el 96% comprende gastos de inversión. Los gastos indirectos se destinan, en todos los casos, a gastos de supervisión.
El programa de solidaridad es un paso más en el proceso de mejorar el nivel de vida de los mexicanos. No es un programa nuevo. Sus antecedentes, Vider, Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Programas de Desarrollo Regional, hacen de "solidaridad" una forma de hacer las cosas, donde la participación y la concertación son fundamentales.
El artículo 3o., del decreto no establece con precisión, con cifras específicas las asignaciones que se contemplan otorgar a los rubros de vivienda, educación, agua potable, salud, electrificación, etcétera. Esto es así, en razón a que el ejercicio de estos recursos supone la participación, con organización y con sus propios recursos, de los niveles estatal y municipal del gobierno, y la de los propios grupos sociales interesados. No supone decisiones centralistas. Esto sería cancelar la participación social. Sin embargo, sí se hacen...
El Presidente: - Sí, diputada.
La diputada Carmen Mercado Téllez (desde su curul): - ¿Sería tan amable de preguntarle a la diputada si le puedo hacer una pregunta?
El Presidente: - Acepta usted una pregunta, diputada Martínez Carranza.
La diputada María Elena Martínez Carranza: - No, señor Presidente.
El Presidente: - No la acepta, diputada... Continúe diputada Martínez Carranza.
La diputada María Elena Martínez Carranza: - Sin embargo, sí se hacen previsiones generales en la parte considerativa del dictamen, establecido ahí la forma en que el gran total asignado a solidaridad se distribuirá a las diversas obras y proyectos.
Es claro por lo tanto el motivo por el cual en el artículo 3o., no se precisan los montos asignados a estos rubros.
Por acuerdo de la comisión, en el cuerpo del dictamen reitero que se estableció la distribución del programa de solidaridad, enunciando metas y recursos que se destinarán en 1991. Asimismo se menciona que no estará condicionado a posición ideológica ni a filiación política. Y en caso contrario se aplicarán sanciones de acuerdo a ordenamientos legales.
El programa de solidaridad es de todos y para todos. Todas las organizaciones sociales lo pueden hacer suyo. La decisión está en ellos, si es que tienen conciencia de los fines sociales del país.
Compañeros diputados: solidaridad es un programa con sentido político, mas no partidista; porque representa los principios sociales que se incorporan en el texto constitucional, como los de salud, vivienda, educación y trabajo.
Porque por encima de diferencias partidistas, promueve la organización de la comunidad y productores con fines de bienestar colectivo.
Porque aporta un espacio para la participación social en las actividades que regularmente correspondía al gobierno y fortalecen la relación de éste con la ciudadanía.
Es político porque involucra en todas sus acciones a los grupos sociales y así hace efectiva la democracia participativa. Suma al grupos de profesionistas en esta tarea con la comunidad.
Solidaridad orienta sus acciones a grupos de la población organizados, independientemente de su afiliación política, no se imponen condiciones de tipo electoral para la realización de las obras, y una prueba de ello es que de los 173 municipios que gobierna la oposición, en 171 el programa atiende propuesta de grupos sociales: en Guerrero, Michoacán y Oaxaca, entre otros, en la totalidad de los municipios administrados por la oposición se efectúan acciones del programa de solidaridad.
El Programa Nacional de Solidaridad trabaja con organizaciones, no trabaja con partidos políticos.
Compañeros diputados, solidaridad en México significa reconocer y respetar las formas de participación y trabajo de comunidades y organizaciones; es una manera de hacer juntos las cosas; es una movilización de la sociedad civil.
La tensión de los rezagos nos corresponde a todos.
Para valorar los beneficios del programa basta escuchar al pueblo, compartir con él esfuerzo y entusiasmo en las acciones y sus resultados, basta sumarse.
En relación al Ramo XXVIII, las participaciones se distribuyen entre los estados y los municipios de las entidades federativas de acuerdo a los porcentajes y procedimientos establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal.
En lo que respecta a la distribución por municipios, el fondo municipal, que establece la Ley de Coordinación Fiscal le corresponde a las legislaturas locales la distribución por municipio.
Compañeros diputados, por las consideraciones anteriores propongo a esta asamblea se vote a favor del artículo 3o., del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991. (Aplausos.)
ARTICULO 6o.
El Presidente: - Habiéndose agotado el registro de oradores en la discusión del artículo 3o., tiene la palabra el diputado Marco Antonio Castellanos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en referencia al artículo 6o.
El diputado Marco Antonio Castellanos López: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha separado para su discusión en lo particular en una sola intervención, los artículos referentes a las áreas de salud; 2o. y 6o., a seguridad social y desarrollo urbano y agua potable del proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991.
Las necesidades de los rubros enunciados son alarmantes, pues existe un denominador común de quienes están al frente de estas áreas, mismos que han reiterado que los programas y objetivos que se señalan en el proyecto de decreto no se terminan en el período a que se contrae por dos causas esenciales: la primera, que los recursos no son suficientes para la legalización de los programas de las obras, y segundo, que éstos no llegan a tiempo.
El presupuesto asigna al sector salud, por ejemplo, 28 billones 290.5 mil millones de pesos, mismos que se subdividen para la Secretaría de Salud en 3 billones 107.6 mil millones de pesos, que representa el 1.32% del total del presupuesto; al Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado le destina 4 billones 603.4 mil millones de pesos, que representa el 1.96% del presupuesto y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 17 billones 588 mil millones de pesos, que equivale al 7.52% del presupuesto, existiendo una diferencia entre lo proyectado en el análisis y el proyecto de decreto, en el que no se especifica cómo y quien los va a utilizar.
En lo referente a las aguas residuales y la ciudad de México, no se han encontrado solución y las aguas negra son enviadas a la zona conurbada, a cielo abierto, provocando grandes índices de contaminación y canalizadas a las zonas de riego, sin antes recibir el tratamiento adecuado, ocasionando una grande contaminación de los productos del campo, que nos van a surtir de alimentos, de tal manera que constituyen los centros más peligrosos de contaminación.
Considerando nuestro partido que la cantidad de 758 billones 5 mil millones de pesos son insuficientes para la descontaminación ambiental, consideramos que uno de los problemas básicos es también la regularización de la tenencia de la tierra, en donde además del sistema de posesión de la tierra, se carece de seguridad y de los servicios más elementales: de agua, drenaje, electricidad, entre otros; por lo que las cantidades asignadas a este respecto, insistimos, son insuficientes. Además de que en el presupuesto no se especifica cómo y quien utilizará estas partidas.
Por las consideraciones expuestas, proponemos a esta honorable asamblea las siguientes reformas y adiciones:
Al artículo 2o., en las erogaciones previstas, que importa la cantidad de 97 billones 461 mil 601 millones 50 mil pesos, moneda nacional y se distribuye de la siguiente manera: en el rubro 00012, correspondiente a salud, proponemos de 4 billones 600 mil millones; en el 00013 hasta el 00019, sin ningún cambio; del 00020 de desarrollo urbano y ecología, de 8 billones 844 mil 114 millones; del 00021 al 00027, se consideran iguales.
Se asignará a la Comisión Nacional del Aguas, la cantidad de 2 billones 758 mil 500 millones de pesos moneda nacional, estos recursos se ejercerán conforme a los programas respectivos.
En cuanto al artículo 6o., las erogaciones en el rubro 00637 del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, proponemos la cantidad de 7 billones 103 mil 400
millones; el resto de las entidades sin cambio. En el rubro 00641 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la cantidad que se propone es de 22 billones 042 mil 466 millones; el resto de las entidades sin cambio.
La suma de 86 billones 310 mil 229 millones menos las transferencias incluidas en el gasto del gobierno federal, 11 billones 772 mil 115 millones y el importe financiado con recursos propios y créditos, 74 billones 588 mil 114 millones.
Aquí se han venido explicando también y estamos de acuerdo con el diputado del Partido Acción Nacional, quienes son los que van a manejar este dinero en los municipios. Nosotros por experiencia y no hablamos líricamente, pertenecemos al sector salud, vemos las grandes carencias en el medio rural y en ese medio rural, a pesar de que se habla del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores - Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, no alcanza a ser atendida la gente en el campo, necesitamos por lo tanto que se le ponga gran interés e importancia a que en el campo funcione debidamente el sistema Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados - Instituto Mexicano del Seguro Social y ahora se añade también el Programa Nacional de Solidaridad, ojalá todo esto no se quede en promesas. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Antonio Muñoz Mosqueda, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Luis Antonio Muñoz Mosqueda: - Con su permiso Presidente; compañeras y compañeros diputados: Dentro de los aspectos que el actual gobierno ha tomado como fundamentales para el desarrollo adecuado de nuestro país, así como para lograr el México moderno que buscamos, en el uso de los recursos públicos, ha puesto especial énfasis en los renglones aplicados a la salud, aportaciones a seguridad social y desarrollo urbano y ecología. Mi partido comparte y apoya lo que plantea el Ejecutivo en estos rubros y también consideramos que cuando existen coincidencias con otras fracciones, los compartimos con la positiva idea de mejorar en todo por el bien de México.
Así pues, deseo hacer las siguientes reflexiones: por lo que toca al Ramo XII; salud, se presupuesta para 1991 la cantidad de 3 billones 107.6 miles de millones de pesos, representando esta cantidad un aumento en términos reales del 22.5% en relación a 1990; estos recursos se aplicarán en gasto corriente para la investigación, capacitación, atención preventiva, atención curativa, producción de biológicos, reactivos y regulación sanitaria; los recursos para inversión se dispondrán de construcción y equipamientos, construcción de viviendas para investigadores, construcción y equipamientos, construcción de viviendas para investigadores, construcción de estancias, construcción del Centro Médico de Rehabilitación, así como en conservación, mantenimiento y reposición de equipo en diversas áreas.
En el caso particular del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, se ejercerá un presupuesto equivalente a 4 billones 603.4 miles de millones de pesos; de este monto, 2 billones 119.7 miles de millones de pesos corresponden a las aportaciones del gobierno federal que se mencionan en el Ramo XIX. Estos recursos permitirán elevar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios, de manera especial en atención preventiva, curativa, prestaciones económicas, construcción de viviendas, asistencia social reforzamiento de infraestructura, otorgamiento de créditos, intensificación de actividades recreativas, pensiones y jubilaciones.
Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social ejercerá un presupuesto para 1991 de 17 billones 588.4 miles de millones de pesos, lo que significa un crecimiento del 8% en términos reales respecto al año anterior; de este monto, 1 billón 716.5 miles de millones de pesos corresponde a la cuota del gobierno federal.
Apoyado en estos recursos, el instituto orientará sus estrategias hacia la atención médica y la seguridad social; la primera, a través de la construcción y ampliación de sus áreas de servicio; la prestación de servicios oportunos, eficaces, equitativos y humanitarios. También incrementará la cultura de la salud y la prevención y el control de enfermedades y accidentes; asimismo apoyará el mejoramiento del nivel de salud en la población rural marginada.
En la segunda, para promover actividades educativas, culturales, deportivas y de servicio turísticos, así como servicios de funerarias, tiendas y guarderías, apoyándose también la capacitación. El Instituto Mexicano del Seguro Social responderá por el pago de sus obligaciones en el ámbito de pensiones, jubilaciones, subsidios, ayudas e indemnizaciones.
En mi fracción consideramos que bajo este contexto, la propuesta de asignación presupuestaria que nos ocupa, permite responder más decididamente a las demandas de la población en general y muy señaladamente a las de los más bajos
ingresos, avanzando en el mejoramiento social mediante un esfuerzo intenso de selectividad y eficiencia del gasto público.
Por lo que compete al sector desarrollo urbano, las políticas trazadas para 1991 se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo y de manera muy resumida consisten en la transformación del patrón territorial de los asentamientos humanos en concordancia con las políticas de descentralización y desarrollo económico; en la promoción de los sistemas urbanos regionales, como potenciales de desarrollo; en el fortalecimiento de la capacidad municipal para propiciar el sano desarrollo de la ciudad, preservando los valores históricos y culturales.
En la promoción del desarrollo institucional de los equipos locales de planeación urbana y el avance en la modernización de los mecanismos de captación de recursos. Asimismo, la delimitación y el deslinde para regularizar las zonas federales en los municipios y en las entidades; también la optimización en el uso del patrimonio inmobiliario federal del país, buscando un mejor aprovechamiento de los inmuebles mediante un uso de utilidad pública y procurando que los ingresos por concepto de concesiones al sector privado en la zona federal, sean utilizados por los correspondientes municipios en la atención de los problemas del ámbito del sector.
En el renglón correspondiente a la ecología, se refleja la disposición abierta y total del Ejecutivo para resolver el grave problema de contaminación ambiental, al asignar la cantidad de 1 mil 33.9 miles de millones de pesos en apoyo al combate a la contaminación ambiental. Es importante mencionar que la cantidad de 522.1 miles de millones de pesos, está independiente de la ya mencionada, está presupuestada por el Departamento del Distrito Federal y se aplicará en esta entidad para mejorar el ambiente.
Consideramos que el manejo de esta asignación, en el Distrito Federal se hará con la mejor conciencia, pues es responsabilidad de todos los defeños el coadyuvar a resolver este problema, con acciones tales como la reforestación, la atención adecuada a los espacios de conservación ecológica, el rescate de zonas lacustres, el estudio y proyecto de niveles de degradación al medio ambiente, la operación de rellenos sanitarios, la construcción de nuevas líneas del Metro y el tren ligero, la adquisición de autobuses anticontaminantes y la continuación del programa de verificación vehicular en el Distrito Federal.
Seguramente estas acciones darán como resultado una efectiva reducción al problema de la contaminación. En el caso nacional, las entidades tales como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de la Reforma Agraria, Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Secretaría de Pesca, Secretaria. de Educación Pública Secretaría de Programación y Presupuesto, a través del instituto de Ecología, Secretaría de Marina, Secretaría de Salud, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Energía, Minas e Industrias Paraestatal, Procuraduría General de la República y Secretaría de Turismo, con la inversión que se les ha asignado para combatir la contaminación ambiental, consideramos que el impacto de sus programas hacia esta acción específica, será definitivamente positivo, reconociendo también que no será suficiente.
Compañeros diputados: les dejamos estas reflexiones de parte de mi fracción parlamentaria en consideración a los artículos que se están discutiendo, para su aprobación. Muchas gracias.
ARTICULO 7O.
El Presidente: - Habiéndose agotado el registro de oradores del artículo 6o., en lo que se refiere al artículo 7o., tiene la palabra el diputado Erasmo López Villarreal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Erasmo López Villarreal: «Ciudadano Presidente; compañeros legisladores: Con insistencia en las comparecencias de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Programación y Presupuesto, ante esta soberanía, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana ha señalado que el Programa Nacional de Solidaridad, además de ser arma que utiliza el partido del gobierno para recuperar la confianza electoral, hemos afirmado que se trata de una medida populista creada por el Presidente Salinas para fortalecer el Poder del Ejecutivo no importando que se viole el pacto federal, para restringir la soberanía de los estados y la autonomía municipal, en perjuicio de las entidades federativas y de los ciudadanos.
Según el Ejecutivo, el programa es creado para resolver los problemas de los mexicanos más empobrecidos, pero tal solo se contrae a la realización de obras en solidaridad de ocho día y en los lugares y entidades federativas que están próximas a los procesos electorales.
Estando próximos los procesos electorales, en materia federal, la secretaría encargada del
Programa Nacional de Solidaridad le ha destinado una suma enorme, pues así es la necesidad que tiene el Ejecutivo de recuperar el poder, creando para ello una gran confusión interna de las secretarías del Estado, así como de las entidades federativas y municipios, cuyos programas de obras se ven reducidos y obstaculizados quedando sin solución los problemas prioritarios en obras y servicios que en forma real y concreta demanda la ciudadanía.
Insistimos, que se ha evidenciado que el pueblo de México, está dispuesto a trabajar y a cooperar, librándose del paternalismo ancestral de líderes y caciques y que los desposeidos y desprotegidos pueden con su esfuerzo tener los servicios de agua, luz, drenaje, los prioritarios de salud, de educación y de vivienda digna, buscar y obtener la seguridad de la tenencia de la tierra, muy a pesar de quienes ejecutan el programa semanal de solidaridad, quienes frenan, distorsionan y empañan el esfuerzo del pueblo, por las acciones irresponsables de quienes manejan los recursos para su propio provecho y para corromper a funcionarios y ciudadanos. Los presidentes municipales, delegados y caciques se enriquecen con los recursos destinados a las obras sociales y fundamentalmente las dirigidas al campo, que como ya hemos probado en denuncias hechas ante esta soberanía, en donde hemos asentado que los recursos del Programa Nacional de Solidaridad, van a parar a manos de los empleados, amigos y compadres de presidentes municipales y caciques, casos hay en Campeche, en San Luis Potosí, entre otros.
No se ha erradicado el analfabetismo ni se han llevado los servicios de salud y asistencia social a todos los rincones del país, construyendo hospitales, realizando investigaciones en los campos de nutrición, control y prevención de enfermedades contagiosas, buscar resarcir a los jubilados y pensionados, a fin de que tengan una pensión digna y decorosa que les permita sobrevivir en esta crisis económica nacional, que los mexicanos cuenten con vivienda digna y decorosa y que en el campo científico y tecnológico se impulse a fin de que todos tengan la oportunidad de prepararse en forma suficiente y de alto nivel.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana considera que ejerciendo una vigilancia escrupulosa de los recursos de la nación, se lograrán amplios beneficios a los mexicanos y que gobernantes y gobernados cumplan con sus obligaciones y con ello lograremos el crecimiento real de país.
Por otra parte, lo programado en el presupuesto de egresos para el servicio de la deuda, que representa cerca de la tercera parte de los recursos presupuestarios, deberán de reducirse a fin de que se destine una partida superior para la adquisición de tecnología de vanguardia para elevar el nivel educativo de los mexicanos y se busque crear las industrias necesarias para estar en condiciones de competir a nivel internacional como productores de bienes y servicio y no únicamente como proveedores de materia prima.
Un programa de genuina solidaridad con los 17 millones de mexicanos, incapaces de cubrir siquiera el 50% de sus necesidades en extrema pobreza, requiere de volver a revisar los acuerdos en materia de renegociación de la deuda externa, que en opinión, sigue siendo demasiado solidario con los bancos acreedores y menos solidario con los mexicanos.
Estamos ciertos de que el origen del crecimiento de la deuda externa, durante los últimos dos sexenios, de debió a la serie de medidas unilaterales que tomaron los banqueros estadounidenses como la elevación unilateral de las tasas de interés, que elevaron retroactivamente nuestra deuda total y al mismo tiempo disparó la fuga de capitales, mismos que todavía no regresan en su parte sustancial asimismo, la caída en los precios de las materias primas, principalmente el del petróleo, por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone que al servicio de la deuda, en lugar de asignar el 27.7% del mismo, de debe asignar el 15% y se designen los recursos liberados, para incrementar los recursos a las áreas señaladas por nosotros: educación, salud, agua potable, desarrollo urbano y desarrollo científico y tecnológico.
Atentos a estas consideraciones, los diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicitamos se hagan las modificaciones al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio de 1991, de la siguiente forma:
Artículo 3o. Las erogaciones previstas en el presupuesto de egresos para participación a estados y municipios para el año de 1991, importa la cantidad de 25'320,933'500.00 M/N (veinticinco billones trescientos veinte mil novecientos treinta y tres millones quinientos mil pesos moneda nacional).
Se elimina el siguiente párrafo, las previsiones..., las erogaciones por concepto... Sin cambio.
Artículo 7o. Las erogaciones previstas en el presupuesto de egresos para el pago del servicio de la deuda del gobierno federal para el año de 1991, importa la cantidad de. . . $24'188,708,870,000.00 M/N (veinticuatro billones
millones ciento ochenta mil setecientos ocho millones ochocientos setenta mil pesos moneda nacional) y se distribuyen de la manera siguiente:
00024 Deuda Pública. . . $ 22'31,248'570,000.00
00029 Erogaciones para Saneamiento Financiero. . . $ 1'877,460'300,000.00
Los intereses ... Sin cambio.
Ejercicio... Sin cambio.
El Ejecutivo Federal podrá realizar amortizaciones de deuda pública hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de colocaciones de deuda, en términos nominales, previa autorización que expida el Congreso de la Unión.
Lo dispuesto en el párrafo.
Artículo 14. El Ejecutivo Federal.
Ultimo párrafo.
En el caso de suscitarse las contingencias señaladas en los párrafos anteriores, procederá de inmediato a informar a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública, para que la Cámara emita la autorización correspondiente.
Artículo 17. Se elimina la parte solidaridad y desarrollo regional...El resto del artículo sin cambio.
Artículo 31. El Ejecutivo Federal... Sin cambio. Se intercala un párrafo: Para lo previsto en este párrafo, solicitará con toda anticipación la correspondiente autorización de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los diecinueve días del mes de diciembre de mil novecientos noventa.- Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Erasmo López Villarreal, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Alberto Pérez Fontecha, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Humberto Esqueda Negrete, Juan Jaime Hernández, Francisco Castañeda Ortíz, J. Alfredo Monsreal Walkinshaw, Marco Antonio Castellanos López, Francisco Melo Torres y Lorenzo Treviño Santos.»
El presidente:- Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Miguel A. Quiroz Pérez:
- Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Defiendo el texto del artículo 7o. de la iniciativa de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991 cuyo dictamen es objeto de este debate.
Este precepto, en disposiciones similares de los últimos presupuestos de egresos, ha venido estableciendo el desglose asignado a la deuda del gobierno federal, incorporado dos modalidades en cuando el ejercicio de este rubro. La primera contenida en el tercer párrafo que establece el requisito de que tal ejercicio estará vinculado a las condiciones económicas y sociales del país y la exigencia de que el mismo ejercicio del rubro se ajustará a los requerimientos del desarrollo nacional, de tal suerte que el Ejecutivo Federal no puede ejercer libremente los recursos previstos en dicho artículo, sino sujeto a la evaluación de las mencionadas condiciones económicas y sociales del país y a las prioridades de su desarrollo.
Con excepción de estas condiciones, la Cámara de Diputados ha venido, en el decreto aprobatorio del presupuesto, respetando las disposiciones de la Ley General de Deuda Pública, ordenamiento expedido por el Congreso General con base en el artículo 73, fracción VIII de la Constitución, de aquí que sea en esta ley donde se dan las bases a través de las cuales el Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede celebrar empréstitos sobre el crédito de la nación, así como manejar la deuda pública del gobierno federal y otorgar la garantía del mismo para la realización de operaciones crediticias.
Durante varios años fue tema de discusión en el estudio y aprobación de los proyectos de presupuestos de egresos el impacto que significa la amortización de la deuda pública sobre el monto total y la composición del gasto público en dicho proyectos, por ello, a partir del decreto del presupuesto para 1990, se incorpora al artículo 7o, una nueva norma que excluye el rubro de gasto público total la estimación de amortizaciones compensadas por colocaciones que equivalen a deuda pública.
Estos presupuestos del Ejecutivo Federal tiene, en mi concepto, amplio sustento de carácter legal; en primer término, el artículo 73, fracción VIII de la Constitución establece la diferencia entre los empréstitos públicos, que significa la disponibilidad de recursos adicionales a la economía y aquellos empréstitos que únicamente se realizan
con propósito de regulación monetaria a que constituyen operaciones de convención.
De la fracción VII, del mismo artículo 73 constitucional puede establecerse que los recursos para cubrir el presupuesto, provienen de las contribuciones precisadas en la Ley de ingreso y el Código Fiscal de la Federación y de la disponibilidad de financiamiento neto y que, por ende, son esos recursos los recursos de los que contribuyen la materia de asignación en el presupuesto federal.
Lo anterior se desarrolla en los artículo 9o., 10 y 12 de la Ley General de Deuda Pública, donde con precisión se establece el vínculo entre los presupuestos de egresos de la Federación y el monto de endeudamiento neto, que anualmente debe autorizarse, que por definición no incluye las amortizaciones bruta de la deuda.
Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, establece en su artículo 2o, que el gasto federal comprende, además de otros conceptos, los pagos de pasivo o de deuda pública.
Por eso, podemos afirmar que las amortizaciones compensadas por colocaciones equivalentes de deuda, no constituyen pago del pasivo, ya que mantienen los saldos de la propia deuda y no influyen además en el resultado global de las finanzas públicas, conocido como déficit financiero, como lo refiere el párrafo quinto del artículo 7o., comentando.
Por lo expuesto, compañeros diputados, solicito a esta asamblea que en su oportunidad y con los argumentos expuestos, se apruebe el texto que contiene el artículo a debates. Muchas gracias.
ARTICULO 12
El Presidente:- Habiéndose agotado el registro de oradores correspondiente al artículo 7o., en lo referente al artículo 12 tiene la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, en la reserva correspondiente.
El diputado Pablo Gómez Alvarez:
- Señores diputados; señores diputados: Hemos impugnado el artículo 12 del proyecto de decreto, por una razón que vale 409 mil millones, para ser exactos.
Quisiera, para que tuviéramos alguna idea de lo que representa esta cantidad, decir sólo lo siguiente: 409 mil millones representan un poco menos del gasto total de la Secretaría de Relaciones Exteriores, incluyendo el gasto en el exterior, bastante más de lo que gasta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social; más de los que gastará la Secretaría de la Reforma Agraria; más de dos veces lo que se pretende presupuestar para la Secretaría de Pesca; en una cantidad superior a la que se pretende presupuestar a la Procuraduría General de la República, incluyendo el Programa de lucha Contra el Narcotráfico, que es muy alto; es casi el doble de lo que se pretende presupuestar para la Secretaría de Turismo; es un poco menos de los que gastará Aeropuertos y Servicios Auxiliares; pero mucho de lo que se presupuesta para la Constructora Nacional de Cámara de Ferrocarril, o sea, que con esa cantidad se podría tener más que toda la Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril; 409 mil millones, a pesar de lo que pueda decir el Secretario Zedillo, que probablemente parezca poca cosa, es una cantidad respetable.
De acuerdo con el artículo 12 del proyecto de decreto que está a consideración de la asamblea, el concreto 8100 del Ramo XXIII va a ser erogado con el monto de 409 mil millones como partida secreta que no dice por cierto aquí en el decreto que se trata de una partida secreta, pero dice que se trata de un concepto, el 8100 del Ramo XXIII a la que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74 de la Constitución.
En efecto, la fracción IV del artículo 74 de la Constitución señala que sólo se permitirán, que sólo habrá aquellas partidas secretas que expresamente designe, que no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que se consideren necesarias con ese carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
Primera cuestión; aquí en el Ramo XXIII no se le asigna a esta partida secreta conocida como concepto 8100, a ninguna secretaría de Estado, sino a este programa genérico llamado Ramo XXIII derogaciones no sectorizables. Se trata por tanto de una partida no sectorizable, ¿qué ha ocurrido con esta partida 8100 en años anteriores? Se aplicado en términos generales variado su significado dentro de las erogaciones nos sectorizables y se denomina: gastos contingentes.
Es decir, que en forma secreta, el titular del Poder Ejecutivo pueda autorizar gastos contingentes hasta por 409 mil 596 millones de pesos. ¿Cuáles pueden ser estos gastos contingentes? No lo sabemos y nunca lo hemos sabido.
Pero una cuestión sí se puede observar. De acuerdo con el cuadro de participación de la unidad por
capítulos, que viene en el Tomo III del presupuesto, estos gastos contingentes de 409 mil millones, constituyen exclusivamente gastos corriente. Quiere decir que en un momento determinado, ese concepto se puede aplicar para sueldos, para servicios generales, para compra de papel, vehículos, etcétera, todas estas cosas; bueno, vehículos quizá no; gomas de borrar, viajes etcétera.
Esta partida de la que dispone el titular del Ejecutivo por mandato de la Constitución, es parte de los 189 mil millones que tiene asignada la Presidencia de la República, 63 mil de los cuales están asignados a el transporte aéreo del titular del Ejecutivo; veinti tantos mil a sueldos de sus empleados y otros sesenta y tantos mil a otras cosas. No estoy tomando en cuenta aquí la seguridad, porque les pagan salario mínimo y medio y son dos mil quinientos agentes de seguridad que tiene esta persona; que es el cuerpo de seguridad más grande del mundo. No existe ningún otro de ese tamaño para una sola persona. Pero les pagan muy poco y también tiene todo el tiempo posible para...
(Desde una curul):- ¡Tiempo!, ¡tiempo!
El Presidente:- señor diputado Gómez, le informo que ha agotado el tiempo de su intervención...
El diputado Pablo Gómez Alvarez:- ¿Porqué, señor presidente?, ¿quién dice eso?
(Desorden.)
No, es que el Reglamento me da otro tiempo. No sé ni siquiera cuanto tiempo me contaron, pero estoy cierto de qué es lo que dice el Reglamento a este respecto. No obstante, voy a concluir porque he expuesto lo fundamental aquí.
Señores diputados, se hablado en este día de honestidad y transparencia en el presupuesto, palabras de diputado del Partido Revolucionario Institucional, otro habló de la garantía de transparencia, cree que el diputado Culebro, y en general estos conceptos han menudeado el día de hoy, como siempre, ¿debe autorizarse una partida secreta que por ser secreta no podemos saber en qué se va a usar?, ¿en el presupuesto, en el artículo 12 del presupuesto, desde el punto de vista esto está justificado?, ¿desde el punto de vista ético, se justifica que en México, en este momento, haya partidas secretas y que ésta sea de 409 mil millones de pesos? Como no se puede dar cuenta de ella porque es secreta, como el Ejecutivo no nos ha dicho en qué la va usar, porque es secreta y porque la va a utilizar secretamente, debe esta Cámara en conciencia hacer que el Ejecutivo pueda disponer de 409 mil millones de pesos que proceden de los contribuyentes y del pueblo de México, en gastos que él considere contingentes en un momento determinado.
En la mayor parte de los países ya no hay partidas secretas, en los países donde hay mínimo sistemas democráticos, no existen las partidas secretas porque se consideran que éstas son innecesarias, hay países, sí, donde prevalecen todavía las dictaduras, en donde casi todas las partidas son secretas. Por eso yo preguntaba; ¿se justifica hoy que haya partidas secretas y ésta sea de 409 mil millones? La Cámara tiene que dar como representación nacional, una respuesta a este planteamiento y solicito a todos los diputados de todos los partidos, que voten en contra de una erogación secreta de 409 mil millones de pesos. Gracias. (Aplausos.)
El presidente:- Tiene la palabra el diputado Alfonso Neri, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alfonso Neri Ávila: - Con su permiso , señor Presidente; compañeros diputados: Se hizo alusión en el debate general a las responsabilidades de los servidores públicos en el ejercicio del gasto; y el artículo materia del debate forma parte precisamente de un conjunto de ordenamiento que establecen competencias para el control, así como condiciones para la procedencia del gasto.
Las características del presupuesto de acuerdo al espíritu de la Constitución Política, se expresan en la universalidad del presupuesto, ya que todas las erogaciones y gastos públicos están considerados en él. La unidad se expresa en un sólo presupuesto y no varios.
Para apreciar con exactitud las obligaciones del Poder Ejecutivo, lo cual constituye una garantía de orden en el cumplimiento de ella. Por otra parte, las partidas se expresan por programas, en forma detallada, para cada monto autorizado; con esta medida además de establecer un orden administrativo de los fondos públicos, da base también para que el Poder Legislativo pueda controlar eficazmente las erogaciones.
La única excepción que la Constitución admite es aquélla donde se refleja y define que no podrá haber otras partidas secretas fuera de las que consideren necesarias con ese carácter en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
Dentro de las características del proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación par 1991, se establece precisamente el artículo 12, al definir la obligación para no adquirir compromisos que rebasen el monto del gasto autorizado y por consecuencia no reconocer adeudos ni pagos que contravengan el monto del presupuesto autorizado. Al mismo tiempo, se señala como causa de responsabilidad contraer compromisos que excedan al límite de lo aprobado.
Disposiciones que son expresión legal de un sano principio de orden presupuestal.
Por otra parte, el artículo 12 del proyecto del presupuesto señala que con la excepción prevista en la Constitución Política, debe haber total transparencia en el presupuesto de egresos. La Constitución Política en el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74, establece que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se prevean partidas que se mantengan con confidencialidad del Estado, ya que no puede aceptarse que en el ejercicio de la administración pública no haya supuestos que requieran ser tratados con reserva, de manera discreta, para estar en aptitud de dar respuestas a impoderables y a las necesidades sociales imprevistas.
Sin embargo, he de subrayar que nos estamos refiriendo a una excepción y que también requiere de una formalidad especial, por lo que pueden ejercerse estos recursos únicamente con el acuerdo preciso del Presidente de la República y sujeto a una limitante que define el Ramo XXIII del gasto público, es decir, existe una asignación determinada que equivale, como aquí se expresó, al 0.16% del total del gasto público.
En este ramo del gasto público es con el que se podrán atender las necesidades en materia salarial de los sectores de la administración pública, así como algunos subsidios financieros a estados y municipios, seguros y otras acciones de sectores como salud y educación...
(Voces):- ¡ El pueblo unido jamás será vencido! ¡ El pueblo unido jamás será vencido! ¡ El pueblo unido jamás será vencido! ¡ Solución!..
Presidencia del diputado
Fernando Córdoba Lobo
El Presidente:- Ruego a la secretaría...¡ Un momento, diputado! ¡ Un momento! (Voces):- ¡ EL pueblo unido jamás será vencido! ¡ El pueblo unido jamás será vencido!
El Presidente: - ¡ Escúcheme! ¡ Escúcheme usted, señora! ¡ Escúchenme las galerías!
Es muy justa aquí la razón de su presencia, señores. Escúchenme usted. Es muy justa la razón de su presencia. Yo sólo les pido que mantengan el orden y el respeto a este recinto y a quienes están haciendo uso de la palabra.
En su momento, quien ha propiciado la presencia de usted aquí, estará en la tribuna. También pediré respeto para él, como lo pido para todos los demás. Adelante, diputado. (Aplausos.)
El diputado Alfonso Neri Ávila:- Como decía, en el Ramo XXIII del gasto público es con el que podrán atender las necesidades en materia salarial de los secretos de la administración pública, así como algunos subsidios financieros a estados y municipios, seguros y acciones de sectores como educación, transporte urbano y sector militar, entre otros.
Por lo anterior, es totalmente justificable que exista una disposición que señale que no podrá haber partidas secretas, como lo define el último párrafo que se comenta, permitiendo únicamente la excepción prevista a nivel constitucional.
El proyecto del Presupuesto de Egreso de la Federación para 1991 define con claridad programas y acciones, y resulta congruente con los criterios de política económica definidos por el gobierno federal. Con un gasto público que apoyará la consecución de los objetos para la recuperación gradual de la actividad económica, en el marco de la modernización y buscando siempre el mejoramiento del nivel de la vida de la población.
Por lo expuesto anteriormente, solicito a ustedes que en su oportunidad se apruebe el texto del presente artículo. Muchas gracias.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):- Señor Presidente, solicito la palabra para hechos.
El Presidente:- Tiene usted la palabra por cinco minutos, diputado.
El diputado Pablo Gómez Alvarez:
- Señoras y señores diputados: No supimos, no tuvimos respuesta a la pregunta de si esta Cámara de Diputados debe una erogación secreta de 409 mil millones. Natural es que el señor diputado del Partido Revolucionario Institucional que acaba de bajar de la tribuna no sepa en qué se va a usar ese dinero. Pero justamente porque se trata de una partida secreta es que todos desconocemos las pretensiones que tiene el Ejecutivo al solicitar que el concepto de gastos contingentes
sea considerado en términos de la Constitución como partida secreta.
Nos vino hablar del Ramo XXIII, pero el Ramo XXIII tiene unas perlas que no han sido resueltas satisfactoriamente por los funcionarios de la Secretaría de Programación y Presupuesto en algunos casos. Ya algún diputado se refirió a esto mismo, hablando de las reuniones en Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Pero todas ellas, de acuerdo con el artículo 12, están sujetas a un procedimiento de responsabilidad de los funcionarios, no así la partida de gastos contingentes, que se hace la excepción aquí mismo en el artículo 12, cuando se habla: "las partidas a que se refiere el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 74, sólo serán las comprendidas en el concepto 8100 del Ramo XXIII del Presupuesto de Egresos de la Federación".
Y esto tiene otro manejo. El señor diputado que vino a no explicar el sentido que tiene este concepto 8100 y estos 409 mil millones de pesos, nos dijo que el presupuesto se hace por programa, y que eso permite un mayor control justamente, pero no estamos hablando de un programa del presupuesto, estamos hablando de un concepto gastos contingentes que no está sujeto al presupuesto por programas, de acuerdo con la Ley de Contabilidad, Presupuesto y Gasto Público, estamos hablando de una erogación que no está regida por ese criterio programático de la ley, y que en su ejercicio este criterio no interviene en absoluto.
Y si no veamos lo que dice el Tomo III del proyecto de presupuestos, en el cual no se explica en absoluto cuál es el objeto de ese gasto. Lo único que sabemos de acuerdo con el artículo 12 del proyecto, es que Salinas lo va a ejercer discrecionalmente, es lo único, no sabemos más. Y sabemos que son 409 mil millones de pesos.
Pero una Cámara de Diputados cómo puede darle a una funcionario del rango que fuera la capacidad discrecional de gastos en lo que él quiera y cuando quiera una cantidad, ya no digamos de 409 mil millones, sino de cualquier cantidad; eso es lo que se tiene que responder, no que las cosas son aquí por ciertos azares de la naturaleza. Nosotros no aceptamos que esto forme parte de un entorno natural; el que el jefe del Ejecutivo en este país pueda gastar el dinero que quiera, en lo que quiera, eso no puede ser en una República, y ése es el problema del concepto 8100 del Ramo XXIII del proyecto del presupuesto que está a consideración de la asamblea.
¡Y por eso llamamos, ahora con más razón, puesto que no se nos ha dado ninguna respuesta, a rechazar esa erogación indebida e inmoral que se pretende que se apruebe en este presupuesto! Muchas gracias. (Aplausos.)
ARTICULO 13
El Presidente:- Habiéndose agotado el registro de oradores correspondiente a la discusión del artículo 12; en lo referente al artículo 13 tiene la palabra el diputado Jesús Ramón Rojo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez:- Con su permiso, señor Presidente: Aquí en la Cámara suceden cosas muy especiales cuando se están discutiendo los asuntos más trascendentes del país. Así nos encontramos que cuando discutimos la cuenta pública y hacemos señalamientos de las grandes desviaciones que cometió el Ejecutivo en el ejercicio del presupuesto, se nos dice que los presupuestos son flexibles y que como son estimaciones el titular del Ejecutivo se puede pasar y puede cumplir o no cumplir con los programas.
Pero cuando estamos discutiendo el presupuesto, se nos dice que éste es rígido y que la Cámara de Diputados no puede hacer ningún cambio, que esos cambios a su tiempo los hará el Ejecutivo. Este es el grave problema que nos encontramos, porque no hemos podido lograr que se cumpla con la Constitución.
Nos oponemos al artículo 13 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, primordialmente por su doble discrecionalidad, discrecionalidad al Ejecutivo en cuanto a los ingresos que se puedan generar por la venta de empresas paraestatales, como Teléfonos de México, Siderúrgica Mexicana, bancos, etcétera; y discrecionalidad en la aplicación de esos ingresos. O sea, que para el pueblo el artículo 13 funciona como serrucho, lo rasga de ida y lo rasga de regreso.
En declaración del presidente de la Comisión de Programación y Presupuesto, expresó que contendrá el presupuesto de egresos aclaraciones de lo que se obtenga por la venta de Teléfonos de México, banca, paraestatales y otras, y se menciona que con importantes enmiendas a la iniciativa original del Ejecutivo, entre otras, se prevén modificaciones al artículo 13, para precisar cuáles serán los programas o rubros del gasto social a los que se dedicarán los ingresos extraordinarios, aunque primordialmente se impulsará el desarrollo rural, la comercialización de las cosechas agropecuarias, la vivienda, la salud, la educación, el mejoramiento del medio ambiente y la
infraestructura urbana; o sea, que aquí nos encontramos a un nuevo Programa Nacional de Solidaridad que se va a dedicar los ingresos extraordinarios de las ventas de patrimonio de la nación, a todo. También se señala en la nota que las cifras propuestas en el dictamen original, no serán modificadas para no alterar los proyectos de la política macroeconómica. Dice: "las dos variables que más nos preocupan son las de los ingresos adicionales y las de los recortes presupuestales".
Pues bien, si analizamos el artículo 13, tiene varias fracciones; la primera se refiere a los excedentes que resulten de los ingresos ordinarios a que se refiere el artículo 1o., entonces en que las contribuciones, etcétera.
La fracción II, "excedentes relativos a ingresos ordinarios presupuestarios de las entidades paraestatales a que se refiere el decreto".
La fracción III, "remanentes que tengan las entidades paraestatales entre sus ingresos y sus gastos en la operación".
Pero la fracción IV se refiere precisamente a "los ingresos que obtengan el gobierno federal, como consecuencia de liquidación o extinción de entidades paraestatales", que se termine o del retiro de participación estatal en aquellas que no sean estratégicas o prioritarias, o de la enajenación de otros bienes muebles o inmuebles; y la aplicación de estos ingresos extraordinarios ni siquiera vienen estimados en forma porcentual, sino que nace para el año electorero un Programa Nacional de Solidaridad tapado, a través de esos ingresos extraordinarios.
En la forma que está dando esta autorización en la fracción IV del artículo 13 que en ella se consigna ingresos hasta por venta de inmuebles, quiere decir que la discrecionalidad en la obtención de ingresos por parte del Ejecutivo va ser tan grande que en un momento dado pueda vender parte del territorio nacional, porque ya tuvimos y tenemos el problema de que discrecionalmente se le permitió al Ejecutivo endeudarse y las consecuencias de ese endeudamiento las está padeciendo el pueblo y las va a seguir padeciendo; no así los funcionarios públicos.
El gasto de esos ingresos extraordinarios, también discrecionalmente para el Ejecutivo; no es posible que podamos nosotros aprobar la existencia de un artículo 13 de este proyecto de presupuestos en el cual por los dos lados existe la discrecionalidad.
Por esa razón, nuestro grupo parlamentario votará en contra de este artículo 13. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén, del Partido de la Revolución Democrática.
El Diputado Ciro Mayén Mayén:- Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El artículo que ocupa la discusión ahora, tiene una trascendencia dentro de la discusión global yo diría de la política presupuestaria, precisamente porque es uno de los artículos fundamentales a través de los cuales se sustenta el gasto como uno de los instrumentos de política económica que pueden servirnos, para el caso de un gobierno democrático, para asegurar la necesidades nacionales y particularmente para asegurar los mínimos de bienestar que la población de nuestro país requiere. Yo he venido a esta tribuna para señalar que a mi me parece que en este artículo existe o se evidencia la incongruencia entre lo que aquí han pasado a expresar compañeros de la diputación priísta en el sentido de que este gobierno está preocupado porque su política económica y en particular la política de presupuesto se maneje con transparencia.
El Partido de la Revolución Democrática está interesado en que la política presupuestaria se maneje con trasparencia, pero nos parece que es una incongruencia e incompatible con la transparencia, otorgarle discrecionalidad en el manejo de la política del gasto al Poder Ejecutivo, como es el caso del Art. 13 e inclusive en el Art. 14, en donde a mí me parece que son los dos artículos en donde se concentraran puntos esenciales en los que se sustentan esos criterios con los que se van a manejar la política económica.
¿Qué sucedería si obtenemos ingresos adicionales? como evidentemente va a ocurrir. Todos sabemos que la venta de Teléfonos de México, implica un ingresos adicional de más de 1 mil 700 millones de dólares para el gobierno mexicano, pero así como esa empresa es muy probable que se venda otra más y que se obtengan ingresos de un monto considerable para el gobierno.
Entonces aquí el asunto que nosotros venimos a discutir es ¿ quién debe decidir sobre el destino de esos ingresos adicionales por la venta de estas empresas paraestatales?, o también, como se estipula en la fracción III del artículo 13, por los ingresos extraordinarios que genera la venta de los recursos petrolíferos de nuestro país.
Es previsible que en 1991 el gobierno obtenga montos considerables de esos ingresos adicionales, precisamente en eso radica nuestro señalamiento al artículo 13. Nosotros proponemos
desechar la política de sacrificio fiscal y social que se expresa en una creciente y en un persistente superávit primario; pero también proponemos suprimir las facultades de discrecionalidad al Poder Ejecutivo para el gasto de recursos adicionales y devolver al Legislativo de manera íntegra la posibilidad que le otorga la Constitución de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Si como estamos previendo, hay posibilidad de recursos adicionales, entonces nosotros proponemos que eso debe ser discutido y aprobado. Esta Cámara debe de discutir ese presupuesto adicional.
Por esa razón, a nosotros nos parece importante señalar la incongruencia...
El Presidente:- Permítame, señor diputado Ciro Mayén, un momento, retiro a la asamblea mi atenta solicitud de guardar silencio y atender al orador. Continúe diputado.
El diputado Ciro Mayén Mayén:- Señalamos la insistencia de restituirle, lo que discutimos también aquí en materia de política presupuestaria, es devolverle, restituirle al Poder Legislativo facultades que el Poder Ejecutivo durante mucho tiempo le ha ido cercenando.
Es verdad como dijo aquí un diputado del Partido Revolucionario Institucional, que mayor gasto público no significa mayor rectoría económica del Estado, pero es cierto que mayor discrecionalidad en la política presupuestaria para la Federación, vulnera objetivamente la transparencia en el manejo de los recursos, y es la transparencia en el manejo de los recursos el apego a un gasto no excesivo ciertamente, pero que se haga de la mejor manera y que sea transparente, lo que reclama nuestra sociedad y lo que reclama la mayoría de los representantes en esta honorable Cámara de Diputados.
Por eso nosotros nos permitimos formular la siguiente propuesta, como alternativa al artículo número 13, que dice así:
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN
AL ARTÍCULO 13 DEL
PROYECTO DE DICTAMEN
DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DE LA FEDERACIÓN PARA
EL EJERCICIO FISCAL DE 1991,
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Se propone modificar el artículo para quedar como sigue:
"Artículo 13. El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto, solicitará a la Cámara de Diputados autorización para realizar las erogaciones adicionales, cuando signifiquen un aumento en el gasto presupuestario mayor a un 10% de lo aprobado en el decreto de presupuesto. Las erogaciones adicionales deberán aplicarse a proyectos de inversión social o a programas y proyectos prioritarios y estratégicos del gobierno federal y/o del sector paraestatal. Para este fin, el Poder Ejecutivo Federal enviará a la Cámara de Diputados para su aprobación, un presupuesto de erogaciones adicionales. La Cámara de Diputados aprobará el presupuesto de erogaciones adicionales, en el plazo no mayor de 15 días a partir de su presentación. Las erogaciones adicionales se harán con cargo..." y queda como sigue.
Por el grupo parlamentario del partido de la Revolución Democrática, diputado Ciro Mayén Mayén, Recinto Alterno de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Alfredo Pliego Aldana, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alfredo Pliego Aldana:- Precisamente este artículo 13 da manos libres al Ejecutivo Federal, para gastar el dinero en forma discrecional y autorizando gastos sin consulta de nadie y mucho menos de la Cámara de Diputados. En el caso del petróleo es evidente que va a haber ingresos adicionales. Por eso consideramos que debe modificarse este proyecto del artículo 13 en la rama de Petróleos Mexicanos.
En el estudio que presentan de Petróleo Mexicanos para 1991, el Partido de la Revolución Democrática tiene un voto razonable que dice lo siguiente: "el gasto programable de petróleos Mexicanos presupuestado para 1991, tiene un aumento real del 14.8%, frente al último dato oficial, el de la cuenta pública de 1989.
La inversión en particular aumenta en proporción similar frente a 1989, siendo la mayor parte del aumento en lo programado para 1991 frente a lo estimado oficialmente en 1990 en 11.8% real. Este aumento irrumpe una tendencia declinante que venia desde el final de la época del auge petrolero en 1982. En términos reales la inversión de Petróleos Mexicanos llegó a su punto más bajo en 1989 con 19.4% de la realizada en 1981 y se repuso un poco en 1990 en el que fue del 20%. El aumento programado para 1991 eleva su inversión real, suponiendo que se cumpla el pronóstico oficial de aumento de
precios al 22.4% de la realizada en 1981, o sea, que tampoco es algo importante en esta perspectiva.
Este aumento se explica por el compromiso asumido ante el gobierno de los Estados Unidos de América a raíz de la intervención en el Golfo Pérsico, de vender al mercado internacional 100 mil barriles diarios adicionales de petróleo durante dos meses. En realidad las ventas se aumentaron en 170 mil barriles diarios en un plazo de dos meses, supuestamente al máximo se soportaba nuestras existencias reales adicionales, se fue prolongando hasta que ahora se asume un compromiso para todo 1991.
La prueba de que ésta es la causa del aumento o al menor de la mayor parte del mismo, es que se dirige principalmente a la producción primaria, o sea, exploración y explotación de petróleo crudo. La participación de esta actividad entonces es el gasto programable aumenta del 30% en 1989 a 34.3% programado para 1991, y en billones de pesos de 1991 de un aumento real de 3.4% para el total de los programas de producción primaria, tiene un incremento de 2.5 billones, casi las tres partes del aumento total.
Según la argumentación contenida en el proyecto del presupuesto para 1991, la mayor parte de estos recursos se destinarán a una mayor explotación de las zonas de Chiapas- Tabasco, en la zona de Campeche, lo cual demuestra una orientación a corto plazo de esta actividad, es decir, a la actividad exclusivamente de explotación. Y estamos seguros que estas explotación tiene carácter irracional, ya que los orificios se abren continuamente y muchos yacimientos se han invertido y el agua salada a la superficie, destruyendo los yacimientos en cuanto a su capacidad.
Lo cual demuestra una orientación a corto plazo en esta actividad, pues en estas zonas ya hay un conocimiento amplio derivado de años de explotación, y explotación en ellas cada vez es más cara la comprobación y la extracción por barril de petróleo encontrado y extraído y eso caracteriza a esas zonas como de campos en declinación.
No se piensa en la necesidad de crear nuevas zonas en los años de escasez por venir en el Siglo XXI sino sólo se saca más rápidamente el crudo de las zonas ya conocidas para hacer frente a los compromisos sexenales, a los compromisos de la exportación exclusivamente.
La prevención implícita en los planteamientos hacia el mercado petrolero internacional es contradictoria, por un lado, está el supuesto de que habrá un verdadero desplome de precios que lleve al precio promedio de las exportaciones mexicanas de casi 30 dólares por barril en septiembre y octubre de este año a un promedio de 17 dólares en todo el año de 1991, que implicara bajas a precios bastantes menores que este promedio dado que el año se iniciaría con niveles superiores en esa estimación. Pero al mismo tiempo se presupone que el mercado estará lo suficientemente ávido de crudo, como para absorber el volumen adicional de barriles vendidos y ahora son comprados porque el bloque, Irak y Kuwait, impide la llegada al mercado de la producción normalmente de más de cuatro millones de barriles diarios.
Es bien sabido que nuestra capacidad de refinación es insuficiente, y que se está importando gasolina, e incluso combustóleo en cantidades importantes, además de la solución al problema de la contaminación especialmente grave en el Valle de México, pero creciente en otras áreas metropolitanas y algunas industriales, implica la producción creciente de gasolina sin plomo. Sin embargo los principales procesos de refinación, que son las ampliaciones de la refinería de Tula, Salinas Cruz y proyectos que son proyectos iniciados en el sexenio de López Portillo, y que eran metas oficiales en el sexenio de De la Madrid, están incumplidas y vuelve a hacerlo el sexenio actual.
Estos proyectos que han sido diferidos, ya sea por su ampliación de la capacidad de refinación o por la no inversión correspondiente, y ahora se plantea su terminación en 1992, como en el caso de 1992 uno a otro. Los recursos obtenidos de las ventas adicionales, y ahí es en donde entra el artículo 13, en donde los recursos adicionales, el Ejecutivo Federal los gasta en forma discrecional, y el verdadero poder para distribuir este capital del país, de los mexicanos, es la Cámara de Diputados.
Los recursos obtenidos de las ventas adicionales, y a mayor precio del crudo en los meses recientemente, no se emplea para contribuir a resolver estos problemas y la inversión en transformación industrial, mantenimiento, sobre todo en el campo de la exportación. Las reservas petroleras se han disminuido gravemente, ya que además de haber bajado de 65 mil a 58 mil, yo sostengo que están casi en 45 mil, porque en lo general, en Petróleos Mexicanos se hacen cuentas alegres en el sentido de las reservas, porque tenemos yacimientos que no se pueden sacar con facilidad sino a un costo muy elevado, por lo que considero que en 10 ó 15 años nos podemos quedar sin petróleo si se sigue sacando petróleo en forma irracional.
Lo racional está en cumplir con compromiso con los Estados Unidos por ejemplo, a cambio
de simplemente abrir las válvulas de exportación. Al abrir las válvulas, repito, el agua salada sube y tapa los yacimientos y estabiliza los yacimientos por lo tanto recomendamos una explotación racional simplemente, y para que se gasten estos recursos adicionales, no en forma discrecional, sino que sea precisamente la Cámara de Diputados la que distribuya este gasto, entre otros en Petróleos Mexicanos, en el mantenimiento y sobre todo en la exploración.
¿Qué incluye destacadamente a estos proyectos? Sólo aumenta en un 4.1% frente a 1989. Si se cumple el supuesto oficial de precios, y si eso después de la inversión real de los mismos en 1989, había caído 13.9% frente al año anterior.
Otra obra importante, ahora sí programada para ser terminada en 1991, es la del almacenamiento de crudo en cavernas. En general el área de comercialización, del cual éste es el principal programa de inversión, había tenido fuentes bajas en la inversión real de 1988...
El presidente: - Señor diputado Pliego Aldana, le informo que ha agotado el tiempo de su intervención, le agradecería concluir.
El diputado Alfredo Pliego Aldana:- Al dispararse la inflación por encima del supuesto oficial, se corre el riesgo de que este proyecto debe terminarse este año para poder guardar las reservas previstas para los años siguientes.
En conclusión, los recursos adicionales obtenidos del petróleo, deben servir para sacar adelante proyectos petroleros reconocidos como prioritarios, como son los mencionados, en lugar de pagar y dedicarlo a la deuda externa, que es el mantenimiento de las instalaciones, aumentar las reservas y la exploración y, sobre todo, que esos recursos adicionales no están en manos exclusivas del gobierno federal, sino que en esta Cámara de Diputados se discuta la distribución necesaria y prioritaria para este gasto.
En concreto, nos sumamos al proyecto del diputado Ciro Mayén, del Partido de la Revolución Democrática. Gracias.
El presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, del partido de la Revolución Democrática.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
- Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Sería deseable que en la discusión en lo particular en torno a este artículo 13, la bancada del partido Revolucionario Institucional tuviera oradores a favor, de manera que pudiera darse algún debate. No sé si no hay ningún orador a favor por parte de la bancada priísta para que se pudieran intercalar. O sea, no sé si este artículo no lo va a defender nadie del Partido Revolucionario Institucional, porque nos han dado la palabra tres veces seguidas a los del Partido de la Revolución Democrática, y lo correcto es que si alguien lo va a defender del Partido Revolucionario Institucional, pues ya se le dé la palabra al del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente:- Le voy a informar, señor diputado. Ocurre que en la apertura del registro no pidieron inscribirse ni el diputado Pliego Aldana ni usted, sino que esto fue con posterioridad. Por esta razón intercalamos las dos intervenciones, del señor diputado Pliego Aldana y la suya, y con posterioridad intervendrá el diputado del Partido Revolucionario Institucional. ¡ Adelante, diputado!
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
- O sea que sólo va a quedar un orador del Partido Revolucionario Institucional al final; haber si sobre esa base se arma debate. Nosotros desde el voto particular que presentamos respecto al presupuesto, dejamos claro un fenómeno que ocurre en este país, y también nuestro desacuerdo. Y es que no es correcto que se siga fincando los éxitos de una política macroeconómica en el país, sobre la base de seguir lastimando los ingresos de los trabajadores y seguir afectando al campo mexicano. Nosotros sostenemos que los trabajadores, junto con el campo mexicano, son hoy los sacrificados de esta política, y la verdad no vemos una alternativa ni en el presupuesto ni en este artículo 13 a la situación que se vive en el campo.
Cuando se discute el presupuesto en su conjunto, no se reconoce para nada que el campo requiere hoy una nueva actitud, que el campo requiere hoy nuevos enfoques y, sin embargo en el artículo 13, con su carácter, yo diría más que nada demagógico, se prevé que a partir de los excedentes que pudieran haber, estos se aplicarían al desarrollo rural y al la comercialización de productos.
Lo que ocurre realmente, es tratar de establecer desde ahora un criterio que podríamos llamar de tipo "clientelar". Es decir, no va a cambiar la política para el sector agrícola, pero se sabe que 1991 es un año electoral; se sabe que esta política para el sector agrícola va a seguir ahondando la miseria. Entonces hay que tomar medidas en esa dirección, y tratar de salvar la coyuntura electoral de 1991. Sobre esa base, desde ahora se establece el mecanismo de que los excedentes van a ir solamente a paliar una situación en el campo, no
a transformarla, no a crearnos otra realidad, sino simplemente a paliarla.
De alguna manera, lo que se prevé aquí con el artículo 13, es lo mismo que podríamos ver en el caso del aumento del Programa Nacional de Solidaridad; es este aumento del Programa Nacional de Solidaridad también en vista de un año electoral y evidentemente a buscar en la población algo que los contente en lo inmediato, pero no hay nada que nos indique la política de fondo va a cambiar en este país.
Yo que me he inscrito sobre todo para cuestionar el artículo 13 en torno al campo, quiero decir lo siguiente: dudo mucho que haya en el mundo un país más ingenuo y más torpe en lo que se refiere al comportamiento con el sector agrícola, como el que estamos nosotros exhibiendo.
Hace unos días nos enteramos de que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio se tuvo que posponer y nos informamos de que el Acuerdo General sobre Aranceles Aduanales y Comercio prácticamente estaba tronado por la discusión que se da entre los países, la comunidad europea, los Estados Unidos, pero mucho más en torno al problema de los subsidios a la agricultura.
Hay una realidad en el mundo; nadie quiere retirar los subsidios a la agricultura. Esta situación se ha presentado a comentarios por ejemplo en nuestro país. En Querétaro decía el Secretario de Agricultura, que México para firmar el acuerdo de libre comercio tendría que exigirle al gobierno norteamericano que asumiera la misma política en el terreno de la agricultura de abrirse tal como lo está haciendo México. Le contestaba Negroponte, que ellos sólo lo harían, sólo si Europa también acordaba bajar sus subsidios.
Es decir, en un mecanismo de comercio a nivel mundial sobre la agricultura, todo mundo condiciona sus medidas a ver los resultados en otro país. México no; México tiene otra lógica, es una lógica muy sencilla, muy simple y muy torpe, se trata de que unilateralmente nosotros hemos abierto nuestras fronteras a la importación, unilateralmente nosotros hemos retirado los subsidios esperando clemencia o esperando una actitud correspondiente de los otros países. Francamente hemos insistido en que ésta es una actitud por demás torpe. Es tal la situación en el campo que en verdad yo les diría compañeros diputados, no las medidas de Europa; no las medidas de Japón; las medidas que se toman en los Estados Unidos nos beneficiarían a estas alturas a nosotros magníficamente.
Por ejemplo, si vemos en el terreno del comercio de los productos agrícolas y de los precios, en los Estados Unidos se tiene un mecanismo que se llama el precio soporte, el Congreso de frente a una cosecha, le da un determinado precio soporte. Y una vez que se establece este precio, le dice al agricultor: tiene para darte tiempo que tú comercialices tu cosecha, te voy a dar nueve meses, pero te voy a dar este crédito que es el importe de tu cosecha. Y sólo te voy a cobrar un interés máximo del 6% anual, es decir, del 0.5% mensual.
El agricultor norteamericano con ese "colchón" ya con los recursos de su cosecha, no se ve presionado a malbaratarla como en México con los "coyotes", tiene un respiro, busca comercializarla, hace pool, ve cómo exporta y tiene nueve meses para tratar de colocar sus cosechas, si en los nueve meses la vendió a un precio mayor, entonces sus ganancias, paga ese crédito con intereses prácticamente muy bajos y así el agricultor tiene esa satisfacción de haber logrado en las mejores condiciones el mejor precio. Pero resulta que si a los nueve meses no logra venderla, el gobierno norteamericano le dice: no hay problema, el crédito que te otorgué te quedas con él y me entregas a cambio la cosecha. En México, ¿qué tenemos?, ¿tenemos acaso un mecanismo de comercialización o ya hay una reducción del 30% en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares?, no tenemos absolutamente nada de eso. El campesino, el productor, no solamente el campesino sino el pequeño propietario tiene su cosecha, tiene que malbaratarla porque está ahogado con los créditos, está ahogado con todas las deudas y tiene que malbaratarlas y además ni eso puede hacer porque se encuentra como en muchos casos que ya se importó producción y que ésta se importó a un precio más bajo.
En los Estados Unidos como en el mundo hay muchos subsidios; en México no hay nada. Leamos algo de estos subsidios. El arroz por ejemplo en Japón se entiende es el cereal de los orientales, tiene una protección casi del 85% de los ingresos de los agricultores provienen de los apoyos gubernamentales y el precio ha sido en promedio 500 veces superior al del mercado internacional. Eso es lo que ocurre hoy en Japón.
Tiene una protección menor en los Estados Unidos este producto y en la comunidad europea alrededor del 50%. En México se le ha protegido muy poco o no se le ha protegido: alrededor del 5% hoy, del 10%. Es decir que tan sólo la desprotección relativa de México frente a los Estados Unidos, ya no digamos del Japón, es del 36%.
El maíz que es de los cultivos que hoy estamos protegiendo más y que por eso se ha incrementado la producción, en realidad lo único que hicimos fue ponernos a nivel de la comunidad europea y de los Estados Unidos. No hicimos más, lo que pasa es que teníamos sumamente desprotegido el maíz con esto de los subsidios.
El trigo recibe una protección en el Japón del 97%. En los Estados Unidos, Canadá y la comunidad europea del 40% y en México la protección es entre el 5% y el 10%.
Actualmente hay gobiernos incluso como el chileno en América Latina que han incrementado su protección y que no la tenían y en México seguimos sin protegerlo.
Lo mismo ocurre, compañeros, con la soya, para no leer más; lo mismo ocurre con el sorgo. Es decir, lo mismo ocurre con todos los productos en este país. No tenemos entonces un mecanismo de comercialización, no tenemos protección ni subsidios a la agricultura, no tenemos, por lo tanto, estímulos, se nos ha desplomado la producción; el campo se convierte verdaderamente en una amenaza para la política y el encuadre macroeconómico de este gobierno, y lo único que se ofrece es no cambiar esta política y un paliativo, yo diría electorero y demagógico del artículo 13, solamente para pasar la coyuntura electoral.
En estas condiciones nosotros nos vamos a cansarnos de insistir en que lo que hace falta en México, en el terreno de la agricultura, es una nueva política; es dejar esa idea de que la única manera de mantener la estabilidad de precios es sobre la base de sacrificar a los campesinos y a los productos agrícolas.
Es decir, no hay que pedirle más a nuestros actuales técnicos que dirigen este gobierno. Hay que pedirles que por lo menos tengan la sensibilidad de ponerse al nivel de las ideas de muchos otros gobiernos que por lo menos si verdaderamente lo quieran aprender a los Estados Unidos; le aprendan en esto; que si le quieren aprender a la comunidad europea, le aprendan esto. Es decir, que tengan un mínimo de inteligencia para que por lo menos razonen como está razonando hoy la mayoría de los países...
(Desde una curul):- ¡ Tiempo! ¡ Tiempo!
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
- Porque en verdad lo que ocurre con técnicos como Serra Puche, es que lo formaron los Estados Unidos, pero para que aplique las políticas que ellos jamás van a aplicar. Es decir, que para que aplique las políticas que le convienen a los Estados Unidos que se apliquen en México, pero contrario a Serra Puche, por ejemplo para dirigir política agropecuaria...Ya termino...En los Estados Unidos, nunca, yo creo que ni de conserje lo aceptarían. A él lo formaron para que trabajara aquí y nos hundiera más y nos pusiera al servicio de esos intereses. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan José Moreno Sada, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Moreno Sada:
- Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras diputados: Hago uso de la palabra para dar la opinión de mi partido y hacer algunas reflexiones sobre el artículo que hoy está en discusión.
Indudablemente que este artículo, y coincido con el diputado Ciro Mayén, es un artículo que hace dos años fue producto de grandes discusiones dentro de la Comisión de Programación y Presupuesto.
De ahí que en esta discusiones se adicionaron una serie de elementos que precisamente amarra lo que hoy y afortunadamente se está discutiendo, que son los remanentes dentro del presupuesto de egresos o ingresos adicionales o excedentes y que se mencionan en diferente ocasiones.
En parte del diputado que me antecedió la palabra, del Partido Acción Nacional, mencionaba esta doble discrecionalidad en el artículo 13 limita la participación del Poder Legislativo. Quiero mencionar que de los cuatro principales artículos apartados que están dentro del artículo 13 precisamente indican a donde se va aplicar las partidas que resulten, ya sea de ahorros, ya sea de incrementos de ingresos extraordinarios por incremento de cuotas o en el caso que en estos momentos está más en el ambiente, los ingresos petroleros excedentes que se puedan generar el año que entra.
En lo personal, soy poco optimista que los ingresos petroleros vayan a ser y vayan a tener un incremento muy importante. Vivimos hace algunos años en escasos seis meses se desplomó el precio del petróleo casi tres veces menos de lo que corría en el mercado internacional, y esto desde luego que puede suceder.
Pero me voy a permitir en el caso del apartado cuatro y esto lo mencionó uno de los diputados que me antecedió en la palabra, es que los ingresos que se obtengan del gobierno federal, como
consecuencia de la liquidación de las entidades paraestatales, aquéllas que no sean estratégicas o prioritarias, éstos serán para financiar proyectos de inversión productiva de entidades estratégicas y prioritarias existentes.
Esto es, que tenemos precisamente los apartados en donde se indica y esto fue discutido ampliamente hace dos años y el año pasado y este año también en la Comisión de Programación y Presupuesto, hacia dónde deben dirigirse los recursos.
Se antoja, desde luego y así lo mencionó el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Pliego, que aquellos excedentes del incremento de los precios del petróleo, que lógicamente fueran en su totalidad a aplicarse al crecimiento de un sector estratégico que es Petróleos Mexicanos. Sin embargo, a pesar de ser uno de los sectores que más ingresos aporta a la Federación no son suficientes, se tienen que recurrir a diversos mecanismos financieros internacionales.
Entonces, ¿cómo distribuir este tipo de excedentes que están en discusión y que están perfectamente definidos en el artículo 13? Considero, desde luego, que es un ejercicio complejo, difícil y que requiere de una gran concentración y un gran conocimiento de cada sector y coincido, desde luego, con el diputado Pliego, que sería deseable que estos ingresos que se están estimando, los optimistas, alrededor de 5 mil millones de dólares; para que le dé yo a usted un ejemplo, solamente la inversión en petroquímica básica pueda resarcirse, se requiere cuando menos 4 mil millones de dólares, solamente una de parte de este sector estratégico como Petróleos Mexicanos.
Entonces se antoja de que cualquier excedente deberá dedicarse, desde luego, a estos sectores estratégicos que es lo que está precisamente indicando en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde se debe de apuntalar a los sectores estratégicos como desde luego un sector estratégico es el sector educación, no hay duda. El sector rural, como lo mencionó también el diputado Guerra. Y se antoja que todos son estratégicos, desde luego, pero tiene que haber un plan, tiene que haber una mecánica, que precisamente dentro de las comisiones se puede ir afinando cada tres meses.
Cada tres meses el Ejecutivo envía a la Cámara el análisis trimestral, que llega por ley y así lo indica la ley, 45 días después de lo que sucede en los tres meses anteriores, para que las comisiones involucradas, la de Comercio, la de Patrimonio, hagan un esfuerzo importante para que este documento trimestral sea un documento de análisis para que el Poder Legislativo analice y profundice hacia dónde y cómo están orientando los recursos del ejercicio del presupuesto de 1991, que hoy es lo que está en discusión.
Yo mencioné hace dos años la necesidad de fortalecer las comisiones para que se aboquen a este tipo de análisis, que no son sencillos. La desincorporación de empresas, los sectores estratégicos como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, que si no atiende en forma urgente podemos tener y caer en un "cuello de botella" a corto plazo. En fin, una serie de elementos y de situaciones de cada sector, que es responsabilidad de las comisiones analizarlo, profundizarlo y dar su opinión, y estar en contacto directamente con los que están tomando las decisiones.
Esto se ha hecho en diferentes comisiones, que probablemente una parte de nuestra responsabilidad como diputados es que también considero que nos ha faltado profundizar en estos documentos y en el caso que nos ocupa del artículo 13, y que creo que está abierto a la discusión, y que considero que una salida para que nos adelantemos a los acontecimientos...
El Presidente:- ¡Permítame un momento, señor diputado! ¡Permítame usted un momento! Dígame, diputado Arias.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul):- ¿Acepta una interpelación el diputado?
El Presidente: - ¿Acepta usted una interpelación?
El diputado Juan José Moreno Sada:
- Si es tan amable, al fin al de mi intervención.
El Presidente:- Adelante, diputado Moreno.
El diputado Juan José Moreno Sada:
- Entonces, considero de que existen los elementos para poder analizar y orientar hacia dónde y cómo se están aplicando en los sectores, que en este caso aquí se mencionan específicamente, se etiquetan en los cuatro apartados hacia dónde tienen que ir los recursos que en el caso, en el caso de que hubiere excedentes.
Por ello, el esfuerzo de las comisiones en cada uno de los sectores es responsabilidad también nuestra el que propongamos y hagamos los estudios que consideremos dentro de cada comisión sean necesarios.
En el caso concreto que comentó el diputado Pliego, de lo que está sucediendo en el sector
de Petróleos Mexicanos, que en alguna medida de estos cuatro apartados, además de la desincorporación de empresas, que quiero mencionarles que sólo representa el 2.2% dentro del presupuesto de 1991 de lo que se va a desincorporar de los sectores estratégicos.
En el caso concreto de Petróleos Mexicanos es cierto que el año en cuestión se han importado algunas cantidades de gasolina, pero también, por otro lado, es importante mencionar que la balanza del sector petrolífero es positiva, ya que se exportaron alrededor de 170 millones de dólares de productos ya elaborados y no sin elaborar.
Por ello yo los invito a que en este caso del artículo 13 pongamos de nuestra parte para que, efectivamente, los análisis trimestrales sean objeto de análisis a fondo y de recomendaciones al Ejecutivo Federal, porque la mecánica y, sobre todo, la estrategia para ir definiendo hacia dónde no es sencilla, es compleja, requiere de amplios conocimientos; no es fácil tomar decisiones, en este caso de sectores que cada decisión implica inversiones de muchos miles de millones de dólares. Por lo tanto, el artículo 13, que ha sido muy discutido dentro de las comisiones, y en los últimos dos años, responde a las necesidades del Presupuesto de 1991. Muchas gracias.
El Presidente: - Sí, permítame diputado. El diputado Pliego Aldana deseaba hacerle una pregunta.
El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - Bueno, señor diputado, quiero preguntarle, ¿si no considera usted mejor, en lugar de endeudarnos con el Exim Bank, que hubiera una reestructuración fiscal y que no pagáramos a la Federación, por cada peso que Petróleos Mexicanos gasta le paga 59 centavos de la Federación? Entonces debería haber una reestructuración fiscal en lugar de endeudarnos.
Yo le hago la pregunta, ¿si no cree conveniente que fuera mejor así?
El diputado Juan José Moreno Sada: - Bueno, indudablemente que la reestructuración fiscal, y sobre todo, los impuestos que en este caso todavía Petróleos Mexicanos es una de las instituciones que dentro de los ingresos del gobierno federal todavía representa un porcentaje muy elevado. No sé la cifra exacta, pero anda alrededor del 30%, treinta y tantos por ciento, llegó a representar casi 60% no hace muchos años.
La participación se ha ido reduciendo y yo siento que la tendencia en la medida que los ingresos de otros sectores, en este caso de productos mayor elaborados, mayor exportación empiece a ser y tenga una participación mayor, yo siento que estos ingresos tendrán, en todo caso, que ir disminuyendo para que se pueda aplicar una mayor cantidad de recursos al fortalecimiento de Petróleos Mexicanos, indudablemente que sí.
El Presidente: - Diputado Ríos Rojo, ¿es para una pregunta? La había solicitado el señor diputado Arias y el diputado Astolfo Vicencio Diputado Arias.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Señor diputado, usted, si escuché bien, afirma que es un asunto muy complejo la distribución de los excedentes y que se necesita elaborar un plan detallado para su aplicación, y que entonces las comisiones, con los informes trimestrales, deberíamos estar atentos para precisamente elaborar sugerencias al Ejecutivo. ¿No considera usted que precisamente porque se necesita un plan, porque la Cámara de Diputados es la que autoriza el presupuesto, porque en esta Cámara tenemos la responsabilidad de dictaminar y de indicar por dónde debe de ir el camino para el desarrollo y el bienestar del pueblo, tenemos la obligación de ponerle una limitante a la acción del Ejecutivo y que no nos limitemos únicamente a sugerir, sino que digamos, con tal cantidad de excedentes la Cámara de Diputados tendrá el derecho y la obligación de indicar a dónde se debe destinar ese excedente?
El diputado Juan José Moreno Sada: - De acuerdo, y precisamente el artículo 13 etiqueta por los cuatro sectores hacia dónde deben dirigirse, especialmente lo menciona el artículo 13. Y desde luego ya la parte específica pues es un elemento y es un trabajo que se tiene que ir realizando poco a poco y que se tiene que armar una infraestructura dentro de la Cámara.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Señor Presidente, si le puedo hacer otra pregunta al diputado.
El Presidente: - ¿La acepta usted diputado?
(Desde su curul): - ¡No, no, no!
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - O sea, no contestó lo que le pregunté, ¿verdad?
El Presidente: - ¿No la acepta, diputado?
El diputado Juan José Moreno Sada: - Para terminar, porque ando afónico.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - ¡Qué lástima!
El diputado José Antonio Ríos Rojo (desde su curul): - Señor diputado, usted habló de un probable "cuello de botella" en materia de energía eléctrica.
Según el Programa Nacional de Energéticos para 1994 y con el ritmo de crecimiento en nuestra economía, nuestro país va a tener la necesidad de importar, principalmente de los Estados Unidos, una cantidad de 8 mil 244 megawatts hora. ¿No considera usted que ese "cuello de botella" en materia de energía eléctrica ya existe en nuestro país?
El diputado Juan José Moreno Sada: - En estos momentos yo podría decir que está en equilibrio, porque hay que recordar que el consumo de energía eléctrica ha sido un consumo que a pesar de que el producto interno bruto ha tenido fluctuaciones a veces negativas, el consumo de energía eléctrica ha seguido un crecimiento sostenido arriba de 6%, esto, desde luego ha, dentro de los programas y de los estimados, pues ha echado a la borda muchos estimados, ya que el consumo ha sido espectacular. Sin embargo, se están realizando algunos nuevos mecanismos para que algunas empresas, industrias, del sector privado y social, tengan la posibilidad de la autogeneración; esto ya se ha venido haciendo desde hace muchos años, pero ahora se están implementando mecanismos, precisamente financieros, para que no ocurra lo que usted tan acertadamente menciona de 1994, que se pueda presentar un "cuello de botella"; no se les olvide que también nuestro país ha exportado energía eléctrica, porque la energía eléctrica, como ustedes saben, no se puede almacenar es un sector muy especial y a veces podemos tener en ciertos años o en ciertos ciclos, excedentes importantes y hemos sido, y hemos exportado a Guatemala, a Belice y a los Estados Unidos en diferentes ocasiones energía eléctrica, así como también en diferentes ocasiones hemos importado. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Sí, dígame diputado Arias.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Veo que al diputado ya se le pasó lo eufórico, si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿La acepta usted, diputado?
El diputado Juan José Moreno Sada: - No, señor Presidente.
El Presidente: - No la acepta.
ARTICULO 14
El Presidente: - Habiéndose agotado el registro de oradores correspondientes al artículo 13, tiene la palabra para hablar en relación con el artículo 14 el diputado Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Antonio García Villa: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: El artículo 14 que he reservado del proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año de 1991, hace referencia a una facultad que este artículo pretende concederle, al margen de la Constitución, al Presidente de la República, en el caso de que por alguna contingencia fueran menores los ingresos presupuestarios previstos para el ejercicio. Lógicamente si disminuye la recaudación del gobierno federal, tendrá que ajustarse el gasto del gobierno federal, y ante esta disminución del ingreso se propone que las reducciones al presupuesto de egresos y los correspondientes ajustes, los haga el Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Es cierto que para esta facultad inconstitucional, se señalan al Ejecutivo algunos requisitos, como por ejemplo; que no se afecten programas importantes de inversión o que se afecten metas sustantivas del gasto social y establece un limite a partir del cual el Ejecutivo podrá hacer las reducciones y los ajustes al presupuesto que aprueba la Cámara de Diputados.
El artículo 14 dice que cuando la disminución de los ingresos previsibles sea superior al 12.5% entonces el Ejecutivo procederá a tomar estas medidas de ajuste y reducción del presupuesto informado de inmediato a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Programación y Cuenta Pública. Y no crean ustedes que es remota la posibilidad de que durante 1991 se presente alguna situación especial que tenga como resultado una reducción superior a la octava parte de la previsión de ingresos para 1991. Simplemente esto ya ocurrió, por ejemplo, en los años de 1985 y en el ejercicio de 1986 y si para el año próximo por ejemplo se resuelve el conflicto del Golfo Pérsico y entra en una mayor profundidad la recesión económica en los Estados Unidos, simplemente los precios del petróleo se pueden desplomar mucho más allá del precio de 17 dólares por barril que fue la base que se consideró para la formulación del presupuesto.
La objeción a que se conceda esta facultad al Ejecutivo estriba en que la Cámara de Diputados en el órgano constitucionalmente facultado para aprobar el presupuesto y es absurdo que una
reducción de esta magnitud superior al 12.5% pueda hacer los ajustes al presupuesto por sí y ante sí el Ejecutivo sin recabar la aprobación de la Cámara de Diputados, porque podría, en un caso extremo, ser una reducción no apenas del 12.5% sino del 50%, del 60% y quiere decir que entonces sólo ejercería el Ejecutivo un presupuesto aprobado en un 40% por la Cámara de Diputados y también significaría ello que las metas y objetivos del presupuesto lógicamente también se cumplirían en un 40% ó 50% de lo señalado por el propio Ejecutivo en su proyecto de presupuesto.
Y esto francamente es inadmisible; señores diputados, hay quienes han dicho en el seno de las comisiones, que la Cámara de Diputados sólo puede ocuparse de la aprobación del presupuesto una vez al año porque el artículo 74, fracción IV dice que es su facultad aprobar anualmente el presupuesto de egresos y este argumento no solamente es tonto porque antes de 1977 la redacción decía que la facultad de la Cámara de Diputados es de aprobar el presupuesto anual de la Federación.
El principio de anualidad que conocen los fiscalistas, no se refiere a la única ocasión en que el órgano tiene la facultad de ejercer esa facultad, sino al período de tiempo durante el cual rige el gasto aprobado por el órgano constitucionalmente autorizado.
Pero además, está la opinión de los tratadistas de derecho constitucional.
El licenciado Felipe Tena Ramírez, reconocido experto en la materia, dice: "en la realidad, la Cámara de Diputados sólo aprueba los proyectos de reforma al presupuesto que le somete el Ejecutivo, en eso estamos de acuerdo, si procede una reforma al presupuesto, por una disminución en la previsión de los ingresos, el Ejecutivo tiene el monopolio de la facultad de presentar la propuesta, pero no de aprobarla por sí mismo".
Otro renombrado tratadista, el licenciado Lanz, pero no el diputado, sino el experto en cuestiones constitucionales, Miguel Lanz Duret, dice que: "cuando haya necesidad de introducirle una modificación al presupuesto de egresos y el Congreso está en receso, puede salvar la situación el Ejecutivo si le solicita a la Comisión Permanente que convoque a período extraordinario a la Cámara de Diputados", de donde se deduce que cualquier modificación que se pretenda introducir al presupuesto aprobado por la Cámara, sólo la Cámara lo puede autorizar y de ninguna manera el Presidente de la República. (Aplausos.)
Pero además, el Sistema de Información Legislativa de la Cámara de Diputados editó este Folleto que se refiere al proceso legislativo del Presupuesto de Egresos de la Federación. Y este folleto, si es que tiene alguna utilidad, dice en su página 24: "ya aprobado el presupuesto y durante su ejecución, puede tener reformas, porque el Ejecutivo lo solicite o porque actos del Poder Legislativo lo hagan un imperativo".
O sea, el Presidente puede solicitar reformas al presupuesto, pero de ninguna manera por sí y ante sí puede aprobarlas, a menos que nosotros, órgano constitucionalmente facultado para ello, abdiquemos una vez más de esta importantísima facultad que tenemos que, además es exclusiva porque ni siquiera se comparte con el Senado, para que apruebe el artículo 14.
Pero si creen que es ya tiempo, de si verdad estamos entrando a la modernidad, es decir a que el Poder Legislativo reivindique sus funciones y su responsabilidad, su dignidad y su categoría de verdadero poder, dejo aquí, señor Presidente, una propuesta de modificación al artículo 14 del proyecto de presupuesto. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - Gracias, señor Presidente: Creo que este debate, como lo señalo el diputado Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, que subió hace un momento a hablar sobre el artículo 13, y me voy a referir a él porque yo considero que el artículo 13 y el artículo 14 son correlativos y tienen que ver con el mismo asunto que estamos debatiendo, es decir, cómo distribuir de la mejor manera los recursos del poder público y hacer una aplicación transparente de los mismos, para garantizar la honradez en la asignación presupuestaria, pero además para satisfacer las necesidades básicas de la población.
Yo creo que la redacción del artículo 14, ciertamente en la que ahora se propone hay una concesión, si se le pudiera llamar así, del Poder Ejecutivo al Legislativo, y digo esto porque creo que así lo ven los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional que han venido a esta tribuna, en la que el Poder Ejecutivo concede al Legislativo la posibilidad de informar, y creo que esos informes trimestrales son un avance, debo reconocerlo en mi opinión son un avance, porque peor sería no estar informado sobre esas cosas, pero el asunto está en que la atribución del Poder Legislativo no debería de quedarse y no deberíamos de sentirnos satisfechos por eso que pareciera ser una concesión del Poder Ejecutivo de darnos por informados, sino se
trata de sancionar, aun cuando sean egresos adicionales, porque voy a referirme aquí al caso de los años 1987, 1988 y 1989, en los que la experiencia muestra lo amargo que fueron las políticas de sobre ajuste puestas en práctica por los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, en buena medida por el gobierno de Salinas de Gortari también cuando entró, y recuerdo yo que por ejemplo en el año fiscal de 1988, uno de los sectores más afectados por estas políticas fue el sector agropecuario, en donde se dejó de ejercer su presupuesto, si mal no recuerdo, no tengo precisa la cifra, casi en un 35% de lo autorizado por este Poder Legislativo.
En este artículo, en el artículo 14, estamos hablando de este tipo de problemas que han sido no una posibilidad, no excepciones en la política, sino una regularidad en la política económica de los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional. Entonces éste es el problema.
El problema también reside en que este tipo de facultades que a mí me parece discrecionales, le llamo así, para el Poder Ejecutivo, revisten una gran trascendencia porque justamente el año próximo es un año en el que habrá de renovarse el Poder Legislativo y el uso de los recursos públicos por parte del partido que está en el gobierno, ha sido una práctica nóvica a través de la cual garantiza la posibilidad de mantener posiciones en el Poder Legislativo y en otros cargos de representación popular; es decir, de manera incorrecta, de manera inmoral el partido en el poder ha usado los recursos públicos para sufragar las campañas de sus candidatos, y este manejo corrupto que se hace de la política presupuestaria, tiene que ver con que en muchos renglones de estos no hay la información suficiente ni la posibilidad de que el Poder Legislativo sancione sobre la materia.
Entonces lo que nosotros estamos proponiendo aquí ahora, es una alternativa de redacción al artículo 14, que nos permita a todos, si es que en verdad estamos de acuerdo, asegurar que el manejo de los recursos públicos, sobre todo en esta parte cuando haya que recortar también, no sólo cuando tenga que haber la posibilidad de entradas sino cuando se trate también de castigar algunos renglones del presupuesto lo sancione el Poder Legislativo.
De esa manera nosotros estaríamos asegurando verdaderamente transparencia en el manejo de los recursos, lo cual es un concepto incompatible con la discrecionalidad que se quiere asegurar el Poder Ejecutivo a través de la mayoría de legisladores de su partido.
Nosotros proponemos la siguiente alternativa:
«PROPUESTA DE MODIFICACIÓN AL ARTÍCULO 14 DEL PROYECTO DE DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 1991, PRESENTADA POR EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
Se propone modificar el párrafo cuarto del artículo 14 para quedar como sigue: En el caso de que la contingencia sea de tal magnitud que signifique una reducción de los ingresos presupuestarios superior al 10%, el Ejecutivo Federal en el contexto de los párrafos anteriores, procederá de inmediato a presentar a la Cámara de Diputados un proyecto de ajustes y reducciones para su autorización.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. - diputado Ciro Mayén Mayén. - Recinto alterno de la Cámara de Diputados.» Se trata entonces, en conclusión, compañeros, de que el gobierno aplique una política en la cual si dispone de mayores recursos sea a partir de esa mayor parte de los ingresos que se recaba como garantice verdaderamente una aplicación progresiva y equitativa del erario público. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra diputado Raúl Bolaños, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Raúl Bolaños Cacho Guzmán: - Señor Presidente; compañeras, compañeros diputados: Analizamos y debatimos el artículo 14 del proyecto de presupuesto que enviará a esta representación el Ejecutivo Federal. El artículo 14 se refiere a las reducciones en gasto corriente de las dependencias y entidades de la administración pública federal.
Estas reducciones, en virtud de la disposición citada, deben tomar en cuenta las circunstancias económicas y sociales que priven en el país, los alcances de los conceptos de gasto y, en su caso, la naturaleza y características particulares de operación de las entidades de que se trate, sin que en ningún momento con la aplicación de las reducciones mencionadas se afecten programas estratégicos o prioritarios.
Esta disposición, a diferencia de los decretos anteriores, precisa que si la reducción de los ingresos presupuestarios es superior al 12.5% el Ejecutivo Federal procederá de inmediato a adoptar las medidas a que hubiere lugar e informará de
inmediato a la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El citado artículo previene la posibilidad que por condiciones económicas imprevistas el gobierno vea reducido sus ingresos en forma considerable y en consecuencia tenga que ajustar los montos de las asignaciones aprobadas por esta soberanía.
La redacción del artículo 14 obliga al ejecutivo a no afectar, en caso de ajustes y reducciones, el gasto social y los programas estratégicos prioritarios, optando preferentemente, en los casos de programas de inversión, por aquellos de menor productividad de impacto social y económico.
Conforme al artículo 74, fracción IV de nuestra Constitución, es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos. Asimismo, y también como lo señala el citado precepto constitucional, tiene esta representación, la facultad de revisar la Cuenta Pública, para así comprobar los resultados de la gestión financiera, si se han ajustado a los criterios señalados por el propio presupuesto en estudio, y si han cumplido los objetivos contenidos en los programas ahí señalados, por lo que consideramos nosotros que las propuestas que formulan los distinguidos diputados García Villa y Ciro Mayén, es improcedente jurídica y prácticamente por las razones antes expuestas, en virtud de que en nuestro orden constitucional se tienen claramente establecidas las facultades y atribuciones de cada uno de los Poderes de la Unión.
Aceptar la propuesta implicará una intervención constante y directa por parte de esa representación, en una función privativa del Ejecutivo, situación que nos llevaría a una ruptura del principio de equilibrio de poderes que consagra el artículo 49 constitucional. Atender a...
El Presidente: - Diputado Bolaños, permítame un momento. Sí, dígame señor diputado Arias.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación el señor diputado?
El Presidente: - ¿Acepta usted, diputado?
El diputado Raúl Bolaños Cacho Guzmán: - Con gusto diputado, al final.
Atender al criterio expuesto por nosotros compañeros diputados, para que esta honorable Cámara de Diputados autorice previamente cualquier disminución en el monto de los presupuestos, impediría la atención oportuna de las que al Ejecutivo competen, por lo que solicito de esta honorable asamblea, y apruebe el artículo 14 en los términos en que se encuentra en esta iniciativa. A sus órdenes señor diputado.
El diputado Eduardo Arias Aparicio (desde su curul): - Señor diputado, usted dice que la proposición del diputado García Villa en anticonstitucional.
¿Cómo lo sabe si no la leyó el diputado García Villa?, es la pregunta, ¿nos está presumiendo a priori?
El diputado Raúl Bolaños Cacho Guzmán: - No señor diputado. Creo yo que el planteamiento del Sr. diputado García Villa iba en el sentido que si el Ejecutivo Federal está facultado para reducir el gasto público, que ante esa situación él tendría la obligación. Efectivamente, no existe una facultad expresa que le dé esas facultades al Ejecutivo, pero a él le corresponde la gestión financiera de estos recursos. Hay leyes reglamentarias que todos conocemos, como la Ley de Ingresos de la Federación, los decretos de Presupuestos de Egresos, la Ley General de Deuda Pública, la Ley Orgánica del Banco de México, que son las que facultan al Ejecutivo para que él coordine el gasto financiero.
por otro lado, creo yo que en esta misma Legislación está considerada la intervención de esta representación, cuando aprobados los presupuestos el Poder Legislativo no interviene más en el proceso presupuestario, sino es hasta el ejercicio del control y vigilancia que le compete, a través de la Cámara de Diputados, cuando nosotros revisamos la Cuenta Pública. Gracias.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Pido la palabra Sr. Presidente
El Presidente: - ¿con qué objeto, diputado?
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, diputado Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Lo lógico sería que un partido mayoritario si tal fuera , tratara de que las cámaras, en las que constituyera o constituya mayoría, ejerciera a plenitud sus facultades. pero al Poder Ejecutivo en nuestro país se le conceda la facultad de proveer en la esfera administrativa lo que antes promulgó, proveniente del Congreso, que implica su exacta observancia, para hablar en términos del texto de la Constitución.
La Cámara de Diputados emite un decreto, y este decreto es el presupuesto; la condición de este decreto es que debe ser iniciado por el Ejecutivo; que el Ejecutivo debe de presentar un proyecto. Todo esto está en la Constitución y forma parte del régimen constitucional en materia de gasto público. Pero eso no quiere decir que por el hecho de que el Ejecutivo es el único que puede iniciar, en términos constitucionales, el decreto de gasto, es decir, de presupuesto, la Cámara no lo pueda modificar, como nunca lo modifica. La modificación de este año es histórica: le quitaron al Ramo XXIII, no se sabe a qué parte del Ramo XXIII no se dice, solamente se disminuyó la asignación al Ramo XXIII, pero no se entró al detalle de decir a qué concepto, dentro del Ramo XXIII se le están quitando los 10 mil millones. No sabemos si es al concepto 8100, que es la partida secreta, por ejemplo, pero me supongo que no será a ésa. Entonces, para dárselos a la Cámara de Diputado, a fin de poner una viga que se necesita para que algún día pongan el techo del anterior recinto que tenía esta Cámara.
Entonces, éste fue todo el cambio al contenido cuantitativo del presupuesto, y ahora nos vienen a decir que ni siquiera puede haber cambios en la parte normativa, llamémosle así. Es decir, para que el Ejecutivo no pueda discrecionalmente, en los casos en que aumenten los ingresos, decidir en qué va a gastar, y tampoco pueda discrecionalmente recortar, dentro de ciertos rangos y parámetros, establecidos por el propio presupuesto.
Pero de dónde sale la idea de que la Cámara de Diputados no puede decretar que si el gasto excede, por ejemplo, 10% ó 12.5%, entonces el Ejecutivo debe volver a hacer la propuesta para las erogaciones no comprendidas en el presupuesto autorizado; y a la inversa, en el artículo que se discute, que si hay recorte de ingresos por una razón, en determinado rango, sea la Cámara misma la que haga la reasignación, porque lo que está proponiendo la mayoría priísta es que se diga que ese "recorte" vaya dirigido a la inversión pública de proyectos menos productivos. Y si aún el recorte hecho ahí fuera mayor que el de suspender esas obras, ¿qué tendría que hacerse? Y es donde ya no hay respuestas.
Toda la idea del decreto de presupuesto es que Salinas haga con el dinero más o menos lo que considere conveniente, en pocas y resumidas cuentas. Y todavía dice aquí un diputado, termino: bueno, pero es natural, porque está la política de nuestro partido, hay una afinidad de principios. Una cosa es tener afinidad de principios, y otra cosa es estar sometido al despotismo del titular del Poder Ejecutivo. Son dos cosas muy diferentes. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para rectificación de hechos por cinco minutos el diputado Juan Antonio García Villa.
El diputado Juan Antonio García Villa: - Señor Presidente, señoras y señores diputados: Me parece francamente no sólo inadmisible, sino monstruoso, lo que aquí ha venido a afirmar el diputado Bolaños. Que someter a la aprobación de la Cámara de Diputados cualquier modificación significativa de reducción al presupuesto de egresos, es violar el texto de la Constitución. Cuando justamente lo que se propone es en la letra, en el espíritu y en lo que han sometido los tratadistas, lo verdaderamente constitucional, que el órgano que tiene la facultad de aprobar el presupuesto, como es de evidente sentido común apruebe también las modificaciones cuando éstas son de cierta significación.
De otra manera caeríamos en el absurdo de que el Ejecutivo que no es fiscalizado por cierto durante la ejecución del presupuesto, si no muchos meses después mediante la presentación de la Cuenta Pública, podría llegar a la actitud descabellada de proponer un proyecto de presupuesto sólo para que la Cámara se lo aprobara y después ejercer otro muy diferente a sabiendas de acuerdo con la tesis del señor diputado Bolaños, que la Cámara sale del circuito del presupuesto una vez que anualmente ha ejercido su facultad de aprobarlo.
Esto es inadmisible; esto realmente no compagina con lo que nosotros suponemos debe ser el espíritu más allá de facciones y de actitudes partidistas de un verdadero legislador, que quiera ya de una buena vez reivindicar al Poder Legislativo con su imagen ante el pueblo y ante sus representados, ya francamente tan deteriorada.
En 1987, se dio un caso singularísimo: acudió el entonces Secretario de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe, a presentar ante esta Cámara dentro del término constitucional, su proyecto de presupuesto para 1988; lo hizo a mediados de noviembre de ese año de 1987. Pero ocurrió que apenas tres o cuatro días antes de presentar su proyecto, se vino la tremenda devaluación del 19 de noviembre y eso cambió todo el panorama y el esquema de gasto de ingreso, de inversión, que tenía previsto el gobierno para 1988. Un mes después, el 15 de diciembre surgió el llamado Pacto de Estabilidad Económica y da la casualidad, que unos días después el propio Ejecutivo promueve una sustancial modificación a su proyecto de egresos para 1988.
Ante esta tesis aberrante del diputado Bolaños, yo quiero preguntar ¿Qué abría sucedido en este país y con el presupuesto, y en qué papel tan ridículo habría quedado la Cámara de Diputados si la devaluación en lugar de haber ocurrido el 19 de octubre se produce el 2 de enero de 1988? Habría habido un cambio tremendo, sustancial, significativo en el presupuesto y nada hubiera hecho la Cámara de Diputados. Creo que es el momento de superar este triste papel de invitados de piedra aquí para ser simples aprobones de las propuestas del Ejecutivo. (Aplausos.)
ARTICULO 31
El Presidente: - Habiéndose agotado el registro de oradores correspondiente al artículo 14 y en relación con el artículo 31, tiene la palabra el diputado Modesto Cárdenas García, del Partido popular Socialista.
El diputado Modesto Cárdenas García: - Con permiso, señor Presidente; honorable asamblea: A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, vengo a proponer un agregado al segundo párrafo del artículo 31 del proyecto de decreto que estamos discutiendo.
El agregado sería en este sentido: dice actualmente, los dos últimos renglones: "...generados dichos ahorros, para estimular así la creatividad y productividad de las mismas".
El agregado sencillo que proponemos, haría que estas dos líneas quedasen de esta manera:
"...generados dichos ahorros para desarrollar tecnología y estimular así la creatividad y productividad de las mismas."
El fundamento de esta proposición, es el siguiente; el Partido Popular Socialista expresa su reconocimiento, a un aspecto positivo del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, relativo a la política científica y tecnológica del país cuya expresión concreta en el documento a debate, es resultado de un proceso con rasgos que a nuestro juicio vale la pena poner de relieve porque en él tuvo una participación importante la Cámara de Diputados.
Primero. La movilización de la comunidad científica del país en demanda de una actitud más receptiva del poder público, hacia las opiniones de sus representantes quienes durante años, han advertido de la necesidad de que ante la nueva realidad internacional, México modifique su política científica y tecnológica para detener el rezago creciente que observan en el campo de la ciencia y la técnica.
Segundo. La acertada decisión de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, de convocar a la comunidad científica y de crear las condiciones adecuadas para que sus opiniones fueran expuestas y sus proposiciones recogidas y planteadas ante esta soberanía asumiendo así su responsabilidad de actuar como verdadera representación popular.
Tercero. La aceptación del Poder Ejecutivo, de la justeza de esos planteamientos y por lo tanto, su aplicación en aspectos de la política científica y técnica del país que hoy se refleja en la exposición de motivos, en algunos artículos del decreto sobre presupuestos de egresos.
En forma concreta está el cumplimiento del pronunciamiento de la Cámara de Diputados en 1989, de que hubiesen apartado del presupuesto dedicado a ciencia y tecnología, y además, el incremento del 20.19% en términos reales para el ejercicio de 1991; medidas indicativas de la intención política de darle una importancia progresiva al fomento de la investigación científica y tecnológica.
Junto a estas medidas se proponen acciones precisas en tres direcciones. Primera. El mejoramiento de la infraestructura de las instituciones dedicadas a la ciencia y al desarrollo tecnológico.
Segundo. Al fortalecimiento de la formación de recursos humanos a nivel de posgrado y al nivel de los investigadores ya consolidados.
Tercera. A la integración de un organismo orientado al registro sistemático de la propiedad industrial e intelectual.
Cuarta. A la creación del Centro Nacional de Metereología, un laboratorio industrial por el que durante años luchó el Partido Popular Socialista y que constituye en cualquier país industrializado el órgano básico para el desarrollo, tanto de una tecnología propia, como para el mejoramiento de la calidad de la producción nacional, así como para la regulación de los productos de importación para nuestro mercado interior.
Quinta. La creación del Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica, que no siendo el paso fundamental que se debe dar, sí constituye una medida necesaria para la vinculación de la producción económica, con actividad académica de nuestro país.
No desconocemos que estas medidas son incompletas y que el presupuesto propuesto para ciencia y tecnología resulte insuficiente para iniciar una modernización auténtica de la actividad económica de nuestro país, sin embargo, estos son pasos en una dirección adecuada totalmente contraria a la que se adoptó con relación al desarrollo de las telecomunicaciones, que así como reconocemos los primeros como positivos, condenamos con toda energía los que se pretenden dar en relación con el organismo Telecom, es decir, Telecomunicaciones de México y con el Instituto de Comunicaciones, ambos dependientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cabe recordar que Telecomunicaciones de México se creó a fines de 1989 por decreto presidencial, para manejar los satélites de comunicaciones y la red básica de Telecomunicaciones que estaba bajo el dominio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y que comprendía sistemas de microondas, estaciones terrenas y redes de fibras ópticas, y con Telecomunicaciones de México se organiza el Instituto de Comunicaciones, con el objeto de desarrollar la tecnología de estos servicios de telecomunicaciones, medidas positivas ambas, dentro de lo negativo de la venta de Teléfonos de México, porque al tener Telecomunicaciones de México parte de la red de telecomunicaciones y con el Instituto de Comunicaciones, se establecían las bases objetivas para que México de verdad desarrollara tecnología de este servicio estratégico.
Sin embargo, con la gestión a Teléfonos de México, a excepción del satélite de toda la red de telecomunicaciones, como se establece en el título de concesión, que ese lunes 10 se diera a conocer, se despoja a Telecomunicaciones de México de toda participación en ella y consecuentemente el Instituto de Comunicaciones se queda sin materia de investigación en los modernos servicios de telecomunicaciones, quedando sin sustento real la afirmación de quienes están vendiendo Teléfonos de México, en el sentido de que México con la venta puede desarrollar tecnología propia en el campo de las telecomunicaciones.
Sin embargo, volviendo a lo positivo, en este punto queremos exponer los siguientes hechos: Por un lado, está la política del gobierno que se está orientando por una dirección adecuada en materia científica y tecnológica.
Por otro lado, están las propuestas de distinguidos investigadores nacionales y de representantes de las instituciones académicas más importantes del país, como por ejemplo, las del director general del Instituto Politécnico Nacional, que ha llamado a consertar de manera urgente una especie de pacto nacional entre los industriales y el sector académico, para formar recursos humanos y desarrollar tecnología nacional.
Además, también, están los planteamientos hechos a últimas fechas por algunos de los principales dirigentes de los industriales mexicanos, proponiendo acciones conjuntas de la industria nacional y las instituciones académicas nacionales para desarrollar tecnología propia, cuya importancia se han visto precisados a reconocer ahora que la liberación de nuestras fronteras comerciales nos ha empujado a una competencia desigual con la producción industrial norteamericana, europea y japonesa.
Sabemos bien los del Partido Popular Socialista, que los industriales nacionales, y no estamos hablando de aquéllos que están vinculados con los monopolios transnacionales, sino los industriales verdaderamente nacionales no invierten en investigación y no tienen ni experiencia ni tradición en actividades para desarrollar tecnología y tampoco han tenido la capacidad de ver en perspectiva de pensar en sus negocios a mediano y largo plazo.
Sin embargo, sus planteamientos son un reconocimiento tácito de la necesidad de cambiar esta actitud que tanto daño ha causado al desarrollo científico y técnico del país.
En esas condiciones, y sin abundar en el planteamiento de un acuerdo nacional para las fuerzas productivas que el Partido Popular Socialista ha expuesto en varias ocasiones desde esta alta tribuna de la nación, repetimos, en estas condiciones, nos preguntamos si no están creadas las condiciones ya de dar el siguiente paso: el de las acciones concretas, que no pueden darse si no se sientan a la mesa de las deliberaciones y de los acuerdos los sectores que en forma directa tienen que ver con esta política, para que adopten medidas precisas, a fin de hacer realidad lo que hasta ahora se ha quedado en ideas y proposiciones. Es decir, el poder público, el sector de la industria paraestatal, los empresarios verdaderamente nacionales, los dirigentes de las instituciones académicas y los representantes de los centros de investigación científica y del desarrollo tecnológico.
A nuestro juicio, esas condiciones están dadas, si es necesario dar ese paso.
Por esta razón, hacemos este planteamiento para que la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara de Diputados, y tal vez también las comisiones de Patrimonio y Fomento Industrial, así como de Programación y Presupuesto, tomen la iniciativa de convocar a todos los sectores involucrados
para que se produzca esta reunión y se dé así un nuevo salto en la política científica y tecnológica de México.
El Presidente: - Señor diputado Cárdenas, le informo que ha agotado el tiempo de su intervención.
El diputado Modesto Cárdenas García: - Con esta preocupación y a fin de garantizar mayores recursos a las actividades del desarrollo científico del país, proponemos este agregado que mencioné al principio, para precisar su contenido, toda vez que este agregado, con la redacción que estamos proponiendo, sería congruente con la fracción VIII del artículo 25, ya aprobado por esta soberanía. Este es el sentido de nuestra propuesta y el propósito de la misma. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Javier Santillán, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera: - Señor Presidente, con su autorización; compañeros: Al estar analizando los planteamientos que aquí se han llevado adelante, en relación con un problema que para todos nosotros, para todos lo mexicanos, tiene una relevancia fundamental, como es el desarrollo científico y tecnológico de nuestra nación.
Los tiempos actuales indudablemente que nos exigen nuevas estrategias para poder avanzar en este aspecto, sin el cual ninguna nación podrá avanzar en ningún momento.
Consideramos, efectivamente, que es a través de la concertación de nuevas estrategias para buscar aprovechar los conocimientos que se dan en los centros de estudio y en nuestros centros de investigación y buscar conjuntar con quienes están dedicados a la producción y sobre todo están comprometidos con nuestra nación a encontrar nuevas soluciones a la problemática que está viviendo nuestro país en este ramo.
Es de tal magnitud la preocupación de la actual administración, que podemos hablar que con un gasto federal que se incrementa en poco más del 4%, sin embargo, la asignación en educación es superior al 17%.
Estos aspectos indudablemente que tienen para todos nosotros la mayor importancia...
El Presidente: - Diputado, permítame un momento. Dígame, diputado Ríos.
¿Acepta usted una pregunta diputado?
El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera: - Sí, como no.
El diputado José Antonio Ríos Rojo (desde su curul): - Dice usted cuando menciona que ningún país podrá avanzar si la ciencia y la tecnología no lo desarrolla.
Yo creo que México es uno de ellos, hay una empresa transnacional, la Dupont, que en Michigan tiene alrededor de cinco mil investigadores, y el sistema nacional de investigadores en nuestro país son alrededor de 4 mil 800.
Usted habla de incrementos en los presupuestos sobre la educación. Hay dos centros de docencia de investigación en nuestro país, uno es el CIDE (centro de Investigación y Docencia Económica), el cual para 1991 tendrá un presupuesto con un incremento negativo, es decir, un decremento de un 2.3%; y además hay otro centro de docencia de investigación sumamente reconocido en nuestro país, el Colegio de México, el cual para 1991 tendrá un presupuesto que tendrá una reducción real con respecto a 1990 de 1.5%.
¿Usted cree que con esta reducción de los presupuestos nuestro país está impulsando la docencia y la investigación en nuestro país?
El diputado Francisco Javier Santillán Oceguera: - Yo quisiera señalar, compañero, que en la relación con las asignaciones globales que se están asignando por este presupuesto para atender estos problemas, tenemos el caso específico de las transferencias. De las transferencias que el gobierno hace, que se incrementen en más de 20% y que van canalizadas fundamentalmente a apoyar a las universidades, a apoyar al Instituto Politécnico Nacional, a apoyar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e indudablemente que nosotros quisiéramos que el apoyo fuese muy sustantivo para todos estos centros. No creo que haya un solo mexicano que no esté con el propósito, con el deseo de que cada uno de ellos pudiera contar con apoyo sustanciales.
Creo, sin embargo, que se están atendiendo ya con un propósito muy claro, muy específico, con una orientación que seguramente en su momento podrá tener los incrementos que todos quisiéramos.
Por esa razón, nosotros sí estamos convencidos que hacia el futuro, teniendo claro cuál es el problema que nos está aquejando a todos, lograremos contar con soluciones muy propias de nuestra nación.
En el caso que se planteaba de hacer un foro de analizar y profundizar en estos aspectos,
consideramos que no solamente a nivel nacional, sino siendo precisamente en la ciencia y la tecnología donde hay mayor posibilidad de avance en la unidad que tendremos los latinoamericanos, podremos concertar aspectos de una gran relevancia para nuestra nación. El propósito de este presupuesto está orientado a apoyar precisamente a estos centros de desarrollo tecnológico para que podamos avanzar. Muchas gracias compañeros.
ARTICULO 39
El Presidente: - En relación con el último artículo que se ha reservado, que es el artículo 39, tiene el uso de la palabra el diputado José Marín, del Partido Popular Socialista.
El diputado José Marín Rebollo: - Ciudadano Presidente; honorable asamblea: El Partido Popular Socialista, respecto a la iniciativa de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, tiene verdadera y profunda preocupación en cuanto que contiene facultades amplias y aún desmedidas, delegadas por esta soberanía al Ejecutivo, a efecto de reducir el presupuesto, lo que significaría, como ha acontecido en otros años, menos inversión y también menor gasto corriente.
Estaríamos de acuerdo si la reducción significase menor volumen de capital para amortización de la deuda, pero no se trata de eso, de lo que se trata es de reducir inversiones, lo que se traduce, como ya es conocido, en menor cantidad de obras, despidos de personal y hasta en disminución en materia de oficina y otros elementos enseres.
Del examen de la iniciativa de decreto que discutimos y del dictamen que a esta honorable asamblea le propone la Comisión relativa, se desprende que no obstante que el Poder Legislativo es constitucionalmente el responsable de su aprobación éste, durante todo el ejercicio, nada tiene que hacer que no sea recibir los informes trimestrales de lo ejecutado en ese plazo.
El Partido Popular Socialista, en el seno de la Comisión, hizo denodados esfuerzos por realizar cambios sustanciales a la iniciativa, entre los que destaca el hecho de que se faculta en exceso al Ejecutivo para en caso necesario reducir el presupuesto en términos superiores y alarmantes al 12.5% de su monto, es decir, casi tres veces el monto del Programa Nacional de Solidaridad y nueve veces el monto relativo a educación.
Ya hemos afirmado que nos oponemos a cualquier corte y hemos sostenido que ello se traduce en sacrifico a la masa asalariada, pero entendemos que pueden presentarse contingencias, por lo que propusimos y proponemos que en ese supuesto, cuando más se reduzca el presupuesto en un 5%, y también afirmamos que sea aplicado en todo caso a la deducción del servicio de la deuda. Por ser una cuestión de principios para el Partido Popular socialista, la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores manuales e intelectuales, traicionaríamos a la clase social a la que pertenecemos si votáramos a favor del dictamen a discusión, puesto que en la parte relativa está plagado de restricciones, no sólo de carácter salarial, sino de otras conquistas que en el pasado reciente había alcanzado la burocracia y que ahora, so pretexto de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, pero sobre todo porque el grupo gobernante antepone el pago del servicio de la deuda en lugar de atender el constante mejoramiento del nivel de vida del pueblo mexicano.
A eso y no a otra cosa, se debe que al entrar en vigor en algunos días más el presente decreto de Presupuesto de Egresos de la federación, se encuentran más de 40 millones de compatriotas en la pobreza, y casi la mitad de esa cifra en la extrema pobreza. El desempleo llega a cifras alarmantes en un país como el nuestro que por otra parte recibe los salarios más raquíticos devengados en cualquier latitud.
El Partido Popular Socialista ha sostenido que cuando las inversiones extranjeras se aplican a actividades productivas y en donde el Estado tiene efectivamente el control, bienvenida esa inversión, pero cuando ésta se presenta para la especulación y para competir con el desarrollo productivo nacional, no podemos menos que rechazar una política de ese corte, que se manifiesta dañina al pueblo y a la soberanía.
Hemos insistido que los pactos refrendados han significado la liberación de los precios y el tope salarial, quien más festina esos pactos es el Secretario del trabajo, pero los trabajadores y el partido de la clase trabajadora con toda responsabilidad y contundencia como lo ha hecho el Partido Popular Socialista, tiene que rechazarlos.
Ha sido norma del Partido Popular Socialista en los 42 años de su existencia a través de sus fracciones parlamentarias, demandar que del presupuesto se destinen recursos cuantiosos para inversión, puesto que ello se traduce en obras de infraestructura de gran envergadura y aún de la obra modesta, en virtud de que significa directa o indirectamente, mayor nivel de vida para el pueblo mexicano. Pero el Partido Popular
Socialista también ha demandado y con vehemencia discutimos y solicitamos en la Comisión respectiva en relación al gasto corriente por lo que se refiere a los derechos de los trabajadores del Estado.
Si se observa con cuidado el presupuesto es evidente que no sólo crece sino que en términos reales y en algunas ramas específicas es restringido, y de no modificar el dictamen, en 1991 se agravará en primer lugar la situación económica de las clases marginadas y aquellos asalariados que perciben menos de cinco salarios mínimos cuando menos. En la mente y concepción del grupo gobernante persiste el proyecto de deshacerse de las empresas del Estado, como ya ocurrió con Teléfonos de México y lo advierte el artículo 39 del decreto a efecto de, entre otras cosas, pintar escuelas, construir guarniciones y banquetas y para el pago de intereses de la deuda.
Un presupuesto así, distribuido y ejercido así, compañeros diputados, se opone a elevar el nivel de vida de nuestro pueblo, a ampliar el régimen democrático y a la independencia económica de nuestro país respecto al imperialismo norteamericano.
Por todas las razones expuestas, es que el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista en particular impugna el artículo 39 y consecuentemente, como lo hizo en lo general, votará en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - tiene la palabra el diputado Jesús Armando Montaño, del Partido Revolucionario Institucional.
Consulte la secretaría a la asamblea si los artículos reservados se encuentran suficientemente discutidos.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - En votación económica se consulta a la asamblea si los artículos reservados se encuentran suficientemente discutidos.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutidos, señor Presidente.
El Presidente: - Dígame diputado, ¿no tiene usted inconveniente en entregarla en la secretaría simplemente haciendo mención de la misma para que se inserte en el Diario de los Debates Tiene usted razón diputado.
El diputado Rafael Melgoza Radillo (desde su curul): - Señor Presidente, es una propuesta que adiciona al dictamen en discusión un artículo nuevo y quiero su autorización para presentarla brevemente.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Rafael Melgoza Radillo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para efectos de que la Presidencia le dé el trámite reglamentario que corresponde, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, queremos proponer una adición al dictamen que hoy discutimos, en un nuevo artículo que sería el artículo 43 y cuyo texto que se propone es el siguiente:
"Artículo 43. El titular del Poder Ejecutivo Federal, dispondrá lo necesario a efecto de que, obteniéndose los recursos de la partida XXIII; "Erogaciones no Sectorizables", se aumenten las transferencias al Instituto Mexicano del Seguro Social en la cantidad necesaria para que el mismo pague a los beneficiarios de pensiones una cantidad que no sea inferior al salario mínimo vigente en cada zona económica del país".
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rafael Melgoza Radillo, servidor. (Aplausos.)
El Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal, en lo particular, de los artículos anteriormente reservados y discutidos, en un solo acto.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Se va a proceder a tomar la votación nominal, conforme a la instrucción del señor Presidente. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se han emitido a favor del artículo 31,335 votos; a favor de los artículos 2o, 3o y 7o, 301; a favor de todos, 295 y en contra 135.
El Presidente: - Habiendo sido aprobados los artículos reservados en lo particular por 295 votos, pido a la secretaría que consulte a la asamblea sobre las diversas propuestas presentadas en esta mesa por nueve diputados: los diputados
Francisco Melo, Marco Antonio Castellanos, Erasmo López Villarreal, Pablo Gómez, Ciro Mayén, Juan Antonio García Villa, otra del diputado Ciro Mayén, Modesto Cárdenas García y Rafael Melgoza.
Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Francisco Melo.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Melo.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Marco Antonio Castellanos.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Marco Antonio Castellanos.
Los diputados que estén porque se acepte, por favor manifestarlo poniéndose de pie...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Erasmo López Villarreal.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén porque se admita sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Pablo Gómez.
El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Solicito que se dé lectura
El Presidente: - ¡Adelante!
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Repite esta secretaría, párrafo tercero.
El Presidente - Permítame señor secretario. Está solicitando el señor diputado Pablo Gómez que dé usted a conocer su propuesta relativa al párrafo tercero del artículo 12. Mencione usted el contenido de dicha propuesta.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Lo que pasa, señores diputados, en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la propuesta del diputado Gómez que consiste:
Único: Que se suprima el párrafo tercero del artículo 12 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación 1991.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta al artículo 13 del dictamen hecha por el diputado Ciro Mayén.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta al artículo 13 por el diputado Ciro Mayén.
Los diputados que estén por que se acepte, por favor sírvanse manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén porque se deseche, por favor sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Juan Antonio García Villa al artículo 14.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta si se admite o se desecha la modificación propuesta al
artículo 14 del dictamen del diputado Juan Antonio García Villa.
Los diputados que estén porque se acepte, por favor manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén porque se deseche, por favor manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulta la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Ciro Mayén al artículo 14.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En votación económica y por instrucciones de la Presidencia se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Mayén al artículo 14 del proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 1991.
Los diputados que estén porque se acepte, por favor manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén porque se deseche, por favor manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Modesto Cárdenas García al segundo párrafo del artículo 31.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta se admite o se desecha la modificación propuesta al artículo 31 para quedar como sigue:
Única. Modificar el último párrafo del artículo 31, que debería decir "para desarrollar tecnología y estimular así la creatividad y productividad de los mismos".
Los diputados que estén porque se acepte, por favor manifestarlo poniéndose de pie.
Los diputados que estén porque se deseche, favor de manifestarlo de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la adición propuesta por el diputado Rafael Melgoza, consistente en un artículo 43.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta de adición al artículo 43 del proyecto de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática por el diputado Melgoza Radillo.
Los diputados que estén porque se acepte, favor de manifestarlo.
Los diputados que estén porque se deseche, favor de manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1991. (Aplausos.)
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Señores diputados, en el curso de esta deliberación solicitó, estaba registrada más bien, por haberlo solicitado, para hacer un planeamiento vinculado temáticamente con el artículo 13 del decreto, la diputada Manuela Sánchez López. Al no tener una definición concreta en el sentido de su intervención, ser en pro o en contra, se le propuso que ese planeamiento lo hiciera al término de la votación del decreto que nos ocupa, por esta razón le vamos a conceder la palabra a la diputada Manuela Sánchez López en este momento. (Aplausos.)
La diputada Manuela Sánchez López:
- Compañeras diputadas y compañeros diputados:
Voy a hacer uso de esta tribuna en mi carácter de secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana, en funciones de la Presidencia.
Para hablar de los cañeros, me voy a referir a la zafra 1989- 1990, y no voy hablar de memoria compañeros. En la zafra 1989- 1990, un productor de caña de azúcar, de acuerdo a un estudio que realizó personal técnico, se gastó en los costos de siembra, cultivo, cosecha y acarrero de una tonelada de caña de azúcar, puesta en batey, 72 mil pesos. Sin embargo, el precio de garantía fue de 46 mil 300 pesos. Esto provocó que se ahondara aún más la miseria de los productores de caña de azúcar; provocó que la mayoría de ellos,
en vez de ganar un poco de dinero al término de la zafra, en sus liquidaciones quedara con carteras vencidas.
Es por esto que para la zafra 1990- 1991, el 26.9% que trata de imponerles a los productores de caña de azúcar el gabinete agropecuario, tiene un total rechazo. Y tiene un total rechazo, porque de por sí los cañeros ya salieron debiendo. Ahora los costos de producción se han incrementado, por ejemplo, los cortadores en la zafra 1989- 1990 cortaban una tonelada a 5 mil pesos, al término ya de la zafra, ahora están exigiendo a 10 mil pesos; los que transportan la caña, los camioneros, ahora quieren también un 100% de aumento, y con justa razón porque subió la gasolina, las herramientas, las llantas y todo lo que ellos necesitan.
Entonces, compañeros, es por eso que la mayoría de los cañeros de todo el país se oponen terminantemente a aceptar ese incremento del 26.9%, que viene siendo agregado a 46 mil 300 pesos, un promedio de 58 mil pesos. Es por eso que han luchado una lucha tremenda al oponerse a que inicie la zafra 1990- 1991; han emprendido marchas, han hecho mítines, han hecho plantones en los diferentes ingenios, que ya se han dado las órdenes para que se inicie la zafra, y en respuesta a esto han tenido represión, han sido golpeados, han sido encarcelados, han sido perseguidos; las compañeras cañeras han sido vejadas, han sido humilladas. Todo esto provocó que el día 1o. de diciembre productores de caña de azúcar de diferentes ingenios de la República iniciaran una caminata y se vinieran en marcha hacia la ciudad de México por dos motivos: uno de ellos para dar a conocer al pueblo a los diferentes ejidos a donde iban pasando, el motivo de su caminata y el motivo de su protesta, y el otro de ellos, es porque no tienen dinero para movilizarse.
Salieron el día 1o. de diciembre, llegando a la ciudad de México el día 10, desde el día 10 de este mes están en plantón permanente en los patios de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, sufriendo las inclemencias del tiempo; hubo una epidemia, que afortunadamente ya estamos saliendo de ella. Hemos iniciado pláticas con funcionarios menores de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ellos nos han explicado que se incremente aún más el 26.9%, poniendo como pretexto que esto vendría a caer en que subiera el kilo de azúcar al consumidor y que se violaría el pacto.
En respuesta a esto, la Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar, ha propuesto que no le suban al 26.9%, pero que tal y como lo marca el decreto en vigor, nos entreguen del 50% de la producción. Eso no va a venir a violar el pacto, si una tonelada de caña produce en promedio 100 kilos de azúcar, que 50 kilos nos los entreguen, que el promedio de 30 litros de mil que produce una tonelada de caña, que 15 mil nos los entreguen, lo mismo con el bagazo.
En respuesta a esto, los señores con los que hemos estado platicando han manifestado que los campesinos somos tontos, que no sabemos comercializar, que no tenemos camiones, que no tenemos bodegas y han expuesto una serie de pretextos que no nos convencen.
Posteriormente se cerraron a las pláticas, ya no continuaron las pláticas, ha habido una total cerrazón por parte del gabinete agropecuario, y yo pienso que los productores de caña de azúcar, que parte de ellos se encuentran hoy aquí en las galeras de esta tribuna, vienen con la fe y con la esperanza porque piensan que todos los diputados que integramos esta LIV Legislatura, estamos interesados en los problemas de los campesinos; que estamos interesados en que se resuelva éste y muchos otros problemas que afectan a los productores del país.
Nosotros queremos pedir desde esta tribuna que cese la represión en contra de nuestros compañeros productores de caña. No se les puede privar de sus derechos y de sus garantías individuales. Esto puede provocar compañeros diputados, un levantamiento social, porque hasta ahorita se han estado aguantando los compañeros, pero puede llegar el momento en que también pueden responder y considero que es una responsabilidad nuestra el tomar en nuestras manos ese problema.
Los funcionarios con los que hemos estado platicando han dado una respuesta que a mi punto de vista no es, sin duda, la respuesta que daría la cabeza de sector agropecuario, como lo es el profesor Carlos Hank González, que hasta la fecha se ha negado a atender este problema. Piensa que rehuyendo a él se va a solucionar y creo que está equivocado. Ellos nos han dicho, les han dado como respuesta a los compañeros que bueno, que si no les conviene a ese precio de garantía que volteen sus cañas, que siembren otros productos; y yo pienso que no es la respuesta a la demanda que existe en el país, a la demanda de azúcar.
Por eso nosotros desde esta tribuna exigimos que se ponga atención a este problema.
Señor Presidente, compañeros diputados: con base en lo expuesto, solicito se turnen a la Comisión
de Agricultura y Recursos Hidráulicos que encabeza el compañero Gómez Villanueva, las siguientes propuestas:
Que la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de la honorable Cámara de Diputados, retome en su seno este problema.
Segundo. Que se forme una Comisión de Trabajo que estudie a fondo el problema que presentan por mi conducto los productores de caña.
Tercero. Que se invite a participar en esta Comisión de Trabajo a funcionarios competentes de la secretarías de Comercio, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, como cabeza del sector agropecuario, de Hacienda y de Programación y Presupuesto. Además deseamos proponer que se invite también a participar en esta comisión a las organizaciones Confederación Nacional Campesina y Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Gracias. (Aplausos.)
El - Presidente: - Túrnese las propuestas mencionadas a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín (desde su curul): - Señor Presidente...
El Presidente: - Dígame, diputado.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín (desde su curul): - Quisiera participar para los mismos hechos.
El Presidente: - Tiene usted la palabra por cinco minutos, diputado.
El diputado Rafael Núñez Pellegrín:
- Señoras y señores diputados; campesinos cañeros: Un servidor hace uso de la palabra para apoyar la petición que hizo la compañera que me antecedió y está petición, quiero dar algunos argumentos que fundan esa solicitud: Hace dos días, ya comentaba aquí en esta tribuna, que al campesino, al sector más marginado de nuestro país, siempre se le niega todo. Decía que la traición, el chantaje, la maniobra y la corrupción, siempre han estado a su alrededor y mencionaba yo, desde gobernadores, autoridades del Poder Ejecutivo y además, los líderes que en su mayoría eran corruptos, son.
Para plantear lo siguiente habría que establecer las siguientes interrogantes: ¿Por qué el problema de los cañeros aquí en está Cámara? ¿Cuál es su origen? ¿Cuáles han sido sus consecuencias?
Para dar respuesta a estas interrogantes, basta con hacer un poquito de análisis de la problemática agrícola y tendremos que aceptar que es un problema nacional que afecta a todos los productores de cualquier tipo de cultivo, es decir, la producción de caña es algo que se viene a sumar aún más a la crisis agropecuaria en nuestro país; que tiene su origen a raíz de que los precios que se han fijado no han sido justos. Es decir, no han tenido una relación directa entre el costo real y la inflación que ha afectado a todas las clases de nuestro país.
Lo anterior ha generado consecuencias más que graves en este sector, ya que desde hace por los menos tres años se han descapitalizado los productores de caña, es decir, han venido soportando pérdidas desde 1987.
Para demostrar tal afirmación, voy a analizar un pequeño cuadro:
El precio de la caña en 1988, como decía la compañera que acaba de abordar esta tribuna, era de 26 mil 243 la tonelada. Tuvo un incremento en 1988 de un 55% y eso incrementa al precio a 40 mil 676, pero en ese mismo año hubo una inflación de 81.6%.
En 1989 se genera un incremento del 13.85%, que nos lleva a establecer el precio que decía la compañera, 46 mil 309, pero en 1989 hay una inflación de un 19% y de acuerdo al precio que en este año se le está asignando ya con el incremento del 26.9%, tendríamos que el valor de la tonelada sería 58 mil 149 pesos, pero resulta que tenemos también una inflación de alrededor del 30%, lo cual nos llevaría a establecer un precio mínimo de 74 mil 811 y si los costos superiores, los costos de operación son superiores a los 72 mil pesos, entonces quiere decir que el productor de caña aún aplicándole el porcentaje de inflación de este año tendría más o menos 2 mil pesos por tonelada y esto yo quisiera ver si los de agricultura, cualquier funcionario que maneja este negocio, ¿estaría dispuesto a participar en tales condiciones?
Por otra parte, existen otras maniobras que realizan los ingenios al hacer los pagos a través de las preliquidaciones, del total a liquidar, abonan 90% y de ese 90% les tumban el 100% de los gastos que habilitan los ingenios, y queda por ahí volando el 10%, que lo exigen los productores que se les acredite a una cuenta bancaria e incluso mancomunada a través de los ingenios.
Todo esto dizque para prevenir algunos gastos que no estén especificados en la relación de costos.
Este tipo de argumentos pues no nos lleva a nada, el campo está descapitalizado y tenemos qué atenderlo.
En mayo de este año, para aquel que gritó que soy oportunista, quiero decirle que la plantee a través de un escrito al titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, explicándole una serie de datos, costos, por lo menos de 1987 a 1989. Y contesta un licenciado Carlos Torres Manzo, de Azúcar S. A., que en ningún momento le he siquiera mandado copia de ese escrito.
Quiero decirle que el 2 de julio contesta esta persona y no sé por qué se convierte en vocero del titular de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, y dentro de lo que él contesta acepta que efectivamente el sector más desprotegido y más golpeado es el sector cañero y dice en uno de los párrafos: en las condiciones económicas actuales y considerando que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos está por concluir, sería más riesgoso que benéfico el autorizar el incremento solicitado, porque de llegarse a aprobar tendría efectos retroactivos al mes de octubre pasado, es decir a 1989 tal y como lo dispone el decreto cañero en vigor.
De cualquier manera el caso está en estudio en la Comisión Intersecretarial Gasto Financiamiento y en el momento en que se emita un dictamen favorable, con mucho gusto le damos su conocimiento.
Por lo que se refiere a los productores de caña del estado de Sinaloa y porque efectivamente constituyen el sector más afectado en este sentido, ya con antelación, derivado de las negociaciones con los propios cañeros y los gobiernos federal y estatal, se otorgaron apoyos consistentes en donación de maquinaria y equipo para elevar su producción agrícola. Esto es lo que contesta.
Los campesinos están proponiendo ya dentro de los párrafos que le establecen en su petición al gobernador, le dicen: "no queremos un tractor para presumirlo, lo que queremos es para mantenerlo siempre en buenas condiciones. Reponerlo cuando ya no sirva y poder pagarlo y renovarlo con las utilidades del cultivo y del uso del propio tractor". Esto es lo que contestan los productores, pero yo quisiera saber a qué productor le han donado maquinaria. El mismo chantaje, la traición de que yo les hablaba, es totalmente evidente en todo esto.
¡Y qué bueno que están aquí los compañeros cañeros y ojalá y no fuera en estas condiciones que hubieran venido para presenciar qué hacen sus diputados; no para ver este tipo de sesiones que se dan aquí y que son inútiles las discusiones, estériles, por no decirles de otra manera!
¡Y que sepan ellos, en un momento dado, qué es lo que tienen que hacer; cuando vayan en campaña y les digan otra sarta de mentiras, otra sarta de promesas, en las campañas de 1991! Muchas gracias.
(Aplausos.)
El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Tiene usted cinco minutos, diputado.
El diputado Alfredo Pliego Aldana: - Con su permiso, señor diputado: No obstante la humanidad, la miseria, en la que viven los compañeros cañeros, recapacitando los miembros de la Asociación Nacional de Productores de Caña A.C., de la República Mexicana, les interesa no lesionar la economía del pueblo de México porque ellos han sufrido en carne propia la más grande de las crisis, desde hace más de 60 y 70 años.
Por eso, la solución que hemos planteado al gobierno, es que no se suba el precio del azúcar, pero sí que se disponga del dinero que el gobierno utiliza en la comercialización que Azúcar, S.A., que encabeza Carlos Torres Manzo, utiliza para distribuir, para encarecer y para "coyotear" el azúcar.
Por eso, compañeras diputadas y diputados, queremos que se lleve en la conciencia, clarificada, de que esta lucha cañera no es por subir el precio; sino es para recuperar el precio de 1 mil 550 pesos, que es lo que cuesta el kilo de azúcar en las tiendas. Porque saliendo de los ingenios, el precio vale 1 mil 310 a bordo libre ingenio.
Por eso, la lucha es a favor no nada más de los cañeros, no nada más de los campesinos y de aquéllos a los cuales la deuda, sí hay una deuda social, sí hay una deuda social de muchos, pero muchísimos años, y por eso compañeras y compañeros la solicitud de la asociación que se está planteando, es que la diferencia de 240 pesos entre los 1 mil 310 que vale el azúcar saliendo del ingenio y los 1 mil 550 que vale en las tiendas, se le de al productor de caña el 50% del producto, saliendo del ingenio.
Cuando una tonelada, con el 10% de sacarosa, produce 100 kilos de azúcar; queremos 50 kilos de azúcar; queremos la mitad de los kilos de miel, que son pues 15 para nosotros. Y también del bagazo.
De tal manera que el cañero, como mexicano, si es cierto que este grupo en el poder cree en el comercio libre, el mexicano comercie libremente el producto que saca con su sacrificio. Por eso queremos el apoyo irrestricto para la clase más lastimada en la economía de México. Queremos que los cañeros de toda la República puedan vender su azúcar al precio que quieran, y teniendo como tope, de acuerdo con la autoridad de Hacienda y la de los precios en 1 mil 510. Es una solicitud legítima protegiendo la economía de los cañeros y protegiendo la economía de los mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al Proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1991.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa... Se dispensa la lectura.
Trámite: - Segunda lectura.
(Desorden.)
El Presidente: - ¡Permítame, señores diputados! ¡Permítame un momento!
Le voy a pedir a dos diputados que puedan pasar a esta tribuna, un diputado que haya votado en pro y un diputado que haya votado en contra. El diputado Uribe Salas y el diputado Aguilar Camargo... Tomen asiento, señores diputados. Dígame, diputado.
(Desde su curul): - Señor Presidente, las votaciones que tienen valor son en el momento en que éstas se efectúan, no cuando se hace tiempo para que vengan señores diputados a tratar de cambiar el sentido de la votación de la asamblea.
En esas condiciones pedimos que se respete la votación que fue mayoritaria en el sentido de que no se dispense la lectura.
El Presidente: - Señor diputado, cuando hay duda sobre una votación se pide que pasen a esta tribuna diputados que hayan votado en pro y en contra para que hagan el recuento necesario.
Proceda la secretaría a hacer la consulta a la asamblea, pidiéndole a los señores diputados permanezcan de pie según el sentido de su votación.
El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie y permaneciendo de pie para hacer el recuento.
Los diputados que estén por la negativa... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
«Comisión del Distrito Federal.
Honorable asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y por acuerdo de esta LIV Legislatura, fue turnado a la Comisión del Distrito Federal, para estudio y dictamen, el proyecto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal 1991 , que el Ejecutivo Federal hizo llegar a este honorable Congreso de la Unión, dando cumplimiento a lo marcado en la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Previo análisis de esta iniciativa y como resultado de su estudio, se somete a la consideración de la honorable asamblea el siguiente
DICTAMEN
El proyecto de Presupuesto de Egresos agrupa en siete ámbitos los 41 programas y explica las 13 prioridades que se encuentran definidas en el artículo 15 del proyecto puesto a consideración de esta legislatura.
Los recursos asignados al Departamento del Distrito Federal, para cubrir su presupuesto de 1991, ascienden a 10 billones 862 mil 677.8 millones de pesos.
El 77% de ellos destinado al sector central y el 23% para cubrir erogaciones de las entidades coordinadas por esa dependencia.
En términos nominales, representa un incremento del 43.2% respecto al monto que fue autorizado para 1990 por este cuerpo legislativo.
La estructura de financiamiento que representa, se conforma por los siguientes conceptos:
Ingresos propios del Departamento del Distrito Federal y entidades coordinadas. . . $ 4.974,280.9 (45.8%);
Ingresos federales $ 4.688,226.9 (43.2%);
Transferencias del gobierno federal. . . $ 729,900.0 (6.7%);
Financiamiento neto $ 470,270.0 (4.3%).
Del presupuesto asignado, el 98.5% se ha destinado al gasto programable y el 1.5% se canalizará al pago del servicio de la deuda y adeudos de ejercicios fiscales anteriores. Asimismo, la estructura que muestra el gasto programable, representa el 57.2% para el gasto corriente y el 42.8% se enfocará hacia el gasto de capital.
El presupuesto se basa en siete propósitos que fueron señalados por el Departamento del Distrito Federal desde el inicio de la actual administración: Contribuir a la mejor conveniencia social, al crear condiciones para el bienestar de todos los sectores.
Continuar con la reorganización de las finanzas públicas con sentido de justicia social, ampliando la base tributaria y administrando el gasto adecuadamente.
Reducir la contaminación ambiental del Valle de México, conjuntando los esfuerzos de los diversos grupos sociales, estrechando la coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con los sectores de la administración pública federal.
Continuar políticas de uso eficiente y ahorro del agua, propiciando la conciencia ciudadana en el cuidado del recurso, el mantenimiento de la red y el uso del agua tratada entre los sectores comercial e industrial.
Reorganizar y modernizar el transporte público, de modo integral, con una visión metropolitana.
Eficientar los mecanismos de seguridad pública e impartición de justicia.
Controlar el crecimiento de la mancha urbana y el ordenamiento de la ciudad con normas estrictas de uso del suelo.
El dictamen cuyo proyecto se presenta a la consideración del pleno de esta Cámara, recoge las demandas de la Asamblea de Representantes y de las distintas fracciones parlamentarias que integran la Comisión del Distrito Federal. Además toma en cuenta los diagnósticos y observaciones plasmados en el dictamen de la cuenta pública del ejercicio fiscal 1989.
El crecimiento de la mancha urbana hacia los municipios conurbados, en donde encontramos zonas de alta densidad (la más alta del país), unido al despoblamiento de las áreas del centro (zonas de expulsión) se tradujo en la estabilización del crecimiento de la población fija de la ciudad, fase esperada de su desarrollo demográfico. Ello se debe a diversos factores tales como la emigración después de los sismos de 1985; la reordenación urbana mediante los cambios de uso de suelo que encarecieron áreas centrales, propiciando el desplazamiento hacia "zonas dormitorio" (menos costosas) de la periferia; y, las políticas de descentralización y metropolización. Por lo anterior, es cada vez más evidente que la cobertura de demanda de servicios debe tomar en cuenta la realidad de una urbe de crecimiento estabilizado de población fija y de incremento acelerado en su periferia conurbada.
No obstante, la ciudad de México sigue siendo, por su densidad de población, un centro urbano comparable a los más grandes del mundo. Ello obliga a la planeación de estrategias sui generis para cumplir las exigencias de bienes y servicios que redunden en el bienestar hacia las mayorías.
Lo expuesto lleva a la necesidad de enfocar la planeación y ejecución del gasto con una visión metropolitana, eficientando su aplicación, habida cuenta de su monto tan reducido, frente a las necesidades más urgentes de la población.
Esta comisión considera que el gasto previsto para 1991 no corresponde al reto que se enfrenta.
Pese al enorme esfuerzo de saneamiento de
finanzas públicas del Departamento del Distrito Federal, en ciertas áreas de aplicación del presupuesto se aprecian asignaciones insuficientes dada la magnitud de los problemas. Así, observamos que en el rubro del transporte, se requiere contar con un organismo coordinador a nivel metropolitano, necesidad insoslayable manifestada por esta legislatura que recoge y aglutina la opinión de todas las fracciones parlamentarias y de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Sobre este punto, cabe mencionar que la línea Pantitlán- Los Reyes es un avance importante aunque dista de cubrir totalmente las necesidades de la población. Dado que el Metro sigue siendo el medio que da mayor atención a la demanda, esta comisión estima que es positiva la obra que se iniciará a fines de 1991 de la línea ocho, que irá de Salto del Agua a Iztapalapa, cumpliendo la meta del Programa Integral de Transporte.
En cuanto a Ruta - 100, se continuará con el programa de modernización, el cual contempla para 1991 concluir tanto la reconstrucción de autobuses como la adquisición de nuevas unidades, así como el equipamiento de módulos, paraderos y paradas intermedias.
De acuerdo a las metas previstas en el Programa Integral de Transporte, en lo relativo a trolebuses, esta comisión dictamina que debido al incumplimiento de metas de crecimiento en años anteriores, así como al grado de obsolescencia de las instalaciones y equipo de la empresa, el Departamento del Distrito Federal deberá tomar medidas urgentes, ya que de no hacerlo los objetivos y metas del Programa Integral de Transporte no se cumplirán. El Departamento del Distrito Federal deberá instrumentar las medidas necesarias para lograr los resultados contenidos en dicho programa, con objeto de contar con una oferta adecuada de este medio de transporte no contaminante.
El transporte como ámbito presupuestal creció un 90.85% en términos nominales, respecto del original para 1990; esto indica un progreso en la cobertura del rezago observado, pero aún es insuficiente. El incremento se debe fundamentalmente a las obras del Metro y al programa de modernización de Ruta - 100.
En 1991 el Programa Integral de Transporte, además de consolidar un sistema metropolitano y avanzar en su modernización pretende favorecer el ordenamiento de la ciudad y apoyar el programa de lucha contra la contaminación ambiental.
El énfasis del gasto se reflejará en el transporte colectivo no contaminante, por ello el programa de mayor asignación presupuestal del ámbito (Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero), tiene una asignación de 1 billón 847 mil 248.7 millones de pesos, que representa el 17% del global y el 64.8% respecto del monto del ámbito. De aquí la importancia que tiene la atención al programa de trolebuses que como ya se indicó no ha cumplido con las metas señaladas.
Esta comisión recomienda que si se obtienen ingresos adicionales a los originalmente previstos, se considere la asignación de recursos para la inversión en este programa.
Otro problema de importancia para la ciudad es el caso del agua, cuya solución también está siendo atendida con una política metropolitana. Es notorio el avance obtenido en 1990 en cuanto al consumo, que ha registrado una tendencia a la baja en relación con años anteriores. Por otra parte, si bien se tiene avance en cuanto al abatimiento del déficit en la instalación de medidores, no se ha hecho con la celeridad que se requiere por lo que esta comisión reitera la necesidad de un esfuerzo mayor. En 1991 se tiene un presupuesto asignado de 17 mil 919 millones de pesos para adquirir 150 mil medidores nuevos.
En cuanto al Programa de Uso Eficiente de Agua, la situación de retretes presenta un avance importante en el cumplimiento de sus metas. Sin embargo, es del conocimiento de esta comisión que para concluir el programa en su segunda etapa en el plazo de la prórroga otorgada, el Departamento del Distrito Federal ha tenido que importar 85 mil muebles. Si bien esta comisión entiende que la adquisición de sanitarios en el extranjero es una medida complementaria, el Departamento deberá promover entre los fabricantes nacionales la fabricación de retretes en calidad y cantidad suficientes, en congruencia con la fracción III del artículo 20 del proyecto de decreto que se dictamina.
Un organismo metropolitano para el suministro y desalojo de agua es prioridad para esta comisión, por lo que se recomienda su creación urgente.
Esto permitirá encontrar mejores soluciones a la demanda de las áreas conurbadas, así como a la protección de los mantos freáticos, de agentes y prácticas que los degradan, y permitirá el estudio de las alternativas de obtención del líquido fuera de los límites de la ciudad.
La creación de reservas ecológicas del Ajusco, Xochimilco y Sierra de Guadalupe, muestra el cambio en la política del Distrito Federal para dar respuesta a las recomendaciones en este sentido hechas por esta legislatura y por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En tratamiento y reuso de agua se avanzará con la nueva etapa de la planta del Cerro de la Estrella, que ayudará a incrementar el caudal de agua tratada.
El proyecto de presupuestos contempla la continuación de otras grandes obras hidráulicas como la del drenaje profundo y semiprofundo cuya inversión alcanzará los 150 mil 634.8 millones de pesos.
Por otra parte, destaca la asignación de 221 mil 824.2 millones de pesos prevista para el programa "EC - Construcción y Adecuación para Agua Potable", que comprende obras como la construcción de 12.5 kilómetros de red primaria y 124 kilómetros de red secundaria para agua potable y la continuación de la construcción de obras del acueducto perimetral (acuaférico), con la excavación de 2.3 kilómetros de túnel.
También es de importancia presupuestal el monto asignado al programa de rescate de zonas lacustres que prevé una inversión de 150 mil millones de pesos.
Los legisladores que integran esta comisión reconocen el esfuerzo general que se ha hecho para abatir los niveles de contaminación, renglón de gran importancia para el bienestar común. Sobre este asunto, es vital seguir trabajando en soluciones conjuntas de autoridad y gobernados. Actualmente se cuenta con un diagnóstico del problema que permite definir estrategias y acciones concretas. Una parte importante de los recursos para el Programa Integral Contra la Contaminación en el Distrito Federal, se incluye en presupuestos de organismos y dependencias federales. La inversión total del programa alcanza la suma de 7.3 billones de pesos, la más importante en monto y calidad de cualquier ciudad de países en desarrollo. En la exposición de motivos del documento que se analiza se tienen previstas siete acciones: Mejorar la calidad del aire.
Detener la contaminación del agua, preservando su calidad y propiciando su aprovechamiento.
Prevenir y controlar la contaminación del suelo, mediante el tratamiento adecuado de los desechos sólidos.
Asegurar la recuperación, protección y conservación de los recursos naturales y el equilibrio de los ecosistemas.
Contribuir a elevar la conciencia ecológica de la población. Utilizar los avances científicos y tecnológicos para mejorar el medio ambiente.
Asegurar la participación y corresponsabilidad de la sociedad en la protección del medio ambiente.
El monto asignado para cubrir dichas acciones en el presupuesto del Departamento del Distrito Federal asciende a 811 mil 990.4 millones de pesos, que representa un incremento del 74.0% respecto del ejercicio de 1990.
No obstante el incremento de recursos asignados al ámbito de ecología, esta comisión reitera la preocupación por el incumplimiento de metas importantes como son la instalación de convertidores catalíticos en todos los vehículos a gasolina modelo 1991, ya que esto afecta a todo el programa.
El programa más representativo es el de "Regulación y Preservación Ecológica", con una asignación de 791 mil 990.8 millones de pesos, subdividido en cuatro subprogramas para avanzar en el restablecimiento de los ecosistemas de la ciudad. Para esto se contempla la aplicación de medidas de orden técnico y disposiciones legales para mejorar la calidad del aire, revertir la contaminación del agua, controlar la contaminación del suelo y asegurar la recuperación, protección y conservación de los recursos naturales. Entre otras metas se establecen: la verificación de vehículos automotores, la elaboración de estudios y proyectos sobre los niveles de degradación del medio ambiente, la realización de acciones de forestación y reforestación a nivel rural y urbano mediante la plantación de árboles y plantas de ornato, la operación al 100% de las instalaciones de drenaje y plantas de tratamiento, la terminación de tres estaciones de transferencia y el inicio de dos más, así como la construcción de la tercera etapa del relleno sanitario Bordo Poniente.
Sobre este tema esta comisión recomienda que se continúe la eliminación de los tiraderos de basura asegurando su saneamiento a través de los rellenos sanitarios.
Es necesario hacer hincapié en que se contempla la obtención de financiamiento externo para la reforestación de la Sierra de Guadalupe y Santa Catarina; para la reforestación rural del Valle de México y para diversas acciones de verificación de vehículos, monitoreo de tráfico y modernización de Ruta - 100.
Esta comisión dictaminadora reconoce desde luego que el problema de la contaminación no sólo se resuelve con gasto público de inversión, sino mediante políticas y estrategias que logren un
cambio en la conducta de la población con el objeto de crear una cultura anticontaminante y de salud pública que se difunda a nivel metropolitano. Es el caso del programa "Hoy no Circula", de la adopción de sistemas no contaminantes en industrias, de la educación, para no producir basura (es decir, separar los desechos para propiciar su reciclamiento); del uso racional del agua, de la posibilidad de su reuso, de la captación pluvial y del cuidado de los mantos freáticos.
En el ámbito de protección ambiental esta comisión considera esencial que las leyes referentes al control de contaminantes de las empresas se apliquen cabalmente. El Departamento del Distrito Federal deberá hacer del conocimiento de esta soberanía y del público en general qué medidas se adoptarán y qué mecanismos de vigilancia y control se aplicarán.
En este mismo sentido, es de vital interés que se considere la posibilidad de adecuar el calendario escolar del Distrito Federal a las necesidades de protección que reclaman los menores, debido al altísimo índice de contaminación que prevalece en los meses de invierno en esta entidad.
Dada la complejidad y urgencia que acusan los diferentes programas y medidas referentes al saneamiento ambiental del Valle de México, de su repercusión en otras entidades políticas y de la dificultad de evaluar su efectividad, esta comisión dictamina que el Departamento del Distrito Federal deberá promover la creación de un organismo metropolitano de protección ecológica, con facultades ejecutivas, que coordine los esfuerzos de las diferentes instancias de gobierno responsables.
En el ámbito de justicia y seguridad pública se observó el cumplimiento en los propósitos de reducir los índices de delincuencia en un 25% respecto de 1988, de acuerdo a los datos estadísticos registrados. Esta comisión recomienda que, paralelamente a la continuación de los programas y acciones llevadas a cabo, se busque una estrategia para recuperar la confianza de la población en los cuerpos policiacos.
El presupuesto asignado a los tres programas de este ámbito, asciende a 1 billón 504 mil 817.1 millones de pesos, que significa un aumento nominal del 34.2% en relación al original de 1990.
Se recomienda que se robustezcan las acciones de prevención y combate de robos callejeros y, en especial, de delitos sexuales cuyo crecimiento es del 31%, incremento que ahora se puede establecer debido a la cada vez mayor confianza que se le ha dado a la mujer para denunciar tales ilícitos ante agencias especializadas.
Dentro del monto previsto en este renglón se contempla la creación de jurisdicciones especiales para resolver el grave problema de la tenencia de la tierra.
Si bien lo asignado al ámbito de bienestar social sólo tiene un incremento del 4.1%, la orientación del presupuesto global tiene un contenido social.
Su reducido incremento se debe a la restructuración de los programas de "Operación del Sistema Nacional Hidráulico" y el de "Infraestructura Social".
En cuanto al primero, su asignación menor obedece a la secuencia de instalación de muebles sanitarios y al pago de pasivos de agua en bloque que ya fueron cubiertos; el segundo debe su baja al menor volumen de obra del nuevo Centro de Readaptación Social.
Por otra parte, el programa "Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación" creció 5.8% en relación a 1990, debido a que las acciones de reforzamiento de planteles se realzaron en 1989 y 1990 y se concluirán en 1991.
Este programa tiene una asignación de 318 mil 481.9 millones de pesos. En este punto cabe destacar que el subprograma que presenta mayor asignación es el de conservación y mantenimiento, cuya erogación prevista es de 178 mil 018.3 millones de pesos, de los cuales 84 mil 478.5 millones de pesos se destinarán para conservar 1 mil 739 planteles de nivel básico y para construir 94 escaleras de emergencia, acciones que serán desarrolladas por parte de las delegaciones.
Debido a que esta comisión considera que no son suficientes los recursos que cada una de las escuelas del Distrito Federal tengan un mantenimiento adecuado, esta comisión recomienda que en caso de que el Departamento del Distrito Federal obtenga ingresos adicionales a los originalmente previstos en la Ley de Ingresos para el ejercicio de 1991, se considere prioritaria de acuerdo a lo previsto en el artículo 15 del decreto del proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, la asignación de recursos para mantenimiento y equipamiento de escuelas en función de las necesidades que se determinen, con base en un inventario de requerimientos de la planta escolar del Distrito federal.
Otro programa importante por su monto presupuestal, dentro del ámbito de bienestar social es el de "Atención Curativa", con un gasto
previsto de 305 mil 535 millones de pesos, que representa un incremento nominal del 38.38% respecto del asignado en 1990. Este monto se destinará a la disminución de la morbimortalidad por accidente y enfermedades y a la mejoría en cuanto a calidad y oportunidad de atención médica.
En este rubro también se prevé gasto para continuar la reordenación de la infraestructura hospitalaria, al proseguir la obra de construcción del Hospital General de Tláhuac, para reforzar 10 hospitales y remodelar 115 consultorios delegacionales.
Por otra parte, si bien ya se anunció un programa de protección a menores, las acciones relativas no se prevén en el presupuesto, por lo que esta comisión dictamina que en el mes de enero se le informe el detalle de las mismas.
Para vivienda se considera un gasto de 187 mil 346.2 millones de pesos, que representa una erogación muy baja respecto de la demanda y un incremento también pequeño en relación a lo asignado en el original para 1990. El monto mayor del programa está destinado al subprograma de la "Vivienda Terminada" cuya inversión alcanza 161 mil 647.8 millones de pesos, que se destinarán a la construcción de 3 mil 333 viviendas en el área metropolitana por parte de Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano.
Dado lo limitado del presupuesto para este programa, es claro que el problema de vivienda no se está enfrentando de acuerdo a las necesidades existentes, por lo que esta comisión considera que las autoridades del Departamento del Distrito Federal en 1991 deben abocarse a definir una política de vivienda que considere, entre otros aspectos, la definición de mecanismos de financiamiento distintos a los recursos fiscales, así como la coordinación con los diversos organismos federales dedicados a atender la demanda de vivienda.
En cuanto al gasto previsto parta el ámbito administrativo, se observa un crecimiento del 37.3% nominal respecto del aprobado por esta legislatura para el ejercicio de 1990. Sobre el particular, esta comisión recomienda mantener el acatamiento estricto de las diversas disposiciones en materia de control presupuestal, para que el gasto se apegue a la normatividad, cumpliendo todas las unidades administrativas la obligación de solicitar autorización para la creación de plazas; erogaciones por servicios personales y autorizaciones de pagos por conceptos de compensaciones a título de representación, así como las de ceremonial, comisiones al extranjero, asesorías, becas y donativos, toda vez que como lo marcan los lineamientos específicos, deberán ceñirse a los criterios de selectividad y racionalidad estipulados.
En materia de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, se estará a los montos máximos y mínimos autorizados en el artículo 33 del proyecto de decreto que se dictamina y a lo ordenado en la ley respectiva, cuidando siempre que exista saldo suficiente en las partidas correspondientes.
Esta comisión también reitera la recomendación de que se entreguen los informes trimestrales de avance físico y financiero a la Cámara de Diputados, como lo indica el artículo 34 de este proyecto de decreto, es decir, dentro del plazo de 45 días contados a partir del trimestre que corresponda.
El cuerpo legislativo abocado al estudio del proyecto presentado recomienda se siga aplicando el criterio de financiar las ampliaciones presupuestales con recursos propios del Departamento del Distrito Federal y se continúe la tendencia a la disminución de subsidios.
En cuanto a las previsiones para sufragar deuda, se recomienda que las erogaciones se realicen sobre cifras y situaciones reales para evitar un mayor endeudamiento, que como en experiencias anteriores, pudiera revertirse contra el saneamiento de las finanzas públicas que se ha logrado.
En general se deben redoblar esfuerzos para eficientar el uso del gasto público, enfocando el ejercicio a las necesidades más urgentes.
Aun cuando el programa de solidaridad no se encuentra contenido explícitamente en el presupuesto de 1991, es por todo conocido que se realizarán diversas acciones. Por tanto, ya sea que se trate de recursos federales o de recursos propios, es necesario, dado su impacto social, conocer los detalles del programa.
La Comisión del Distrito Federal dictamina que a partir del mes de enero de 1991, se informe a la misma del programa, el origen de sus recursos, su monto global, las metas por subprograma y por delegación, y que incluya en los informes trimestrales de cuenta pública, los avances en su ejecución.
Asimismo, dictamina que se envíen por escrito los requisitos para ser beneficiario, las reglas para su instrumentación, la dependencia que lo ejecute y los mecanismos de participación que se establezcan, a fin de que la comisión pueda conocer a detalle todo el programa.
El ámbito de abasto y comercialización, con una asignación de 94 mil 398.1 millones de pesos, y una disminución del 32.1% respecto de lo presupuestado para 1990, pretende cumplir los objetivos enmarcados en el Programa Nacional de Modernización del Abasto 1990- 1994, inscrito en el Plan Nacional de Desarrollo, cuyos objetivos son el de resolver la problemática actual y modernizar los sistemas de comercio y abasto garantizando la satisfacción de la demanda especialmente de productos básicos.
La variación que se observa en este ámbito obedece fundamentalmente al cambio que se dará en 1991 en la estrategia para la construcción de mercados, basada en la utilización de recursos crediticios en lugar de propios, así como al redimencionamiento de Industrial de Abastos, orientado a su operación únicamente como frigorífico.
Las principales acciones previstas en este ámbito son las relativas a continuar la construcción de mercados públicos iniciados en 1990 y al apoyo al programa de lecherías Departamento del Distrito Federal - Compañía Nacional de Subsistencias Populares, así como al mantenimiento de este tipo de inmuebles.
Esta comisión reitera la importancia de que el Departamento del Distrito Federal continúe con el proceso de reestructuración tanto administrativo como operativo del sistema de abasto y comercialización de la ciudad. En este sentido, nos parece adecuada la decisión de las autoridades del Departamento de utilizar recursos del sistema financiero para la futura construcción de mercados, lo que permitirá construir un número mayor de inmuebles para atender las necesidades de abasto popular, así como el proceso de cambio operativo de Industrial de Abastos, para que, de acuerdo a las políticas emitidas por el gobierno federal, funcione en lo sucesivo como mercado al mayoreo de carne en canal, objetivo para el que fue creado inicialmente el organismo.
El ámbito de urbanización tiene un gasto de 2 billones 256 mil 765.2 millones de pesos, presenta un crecimiento de 51.31% respecto de 1990, principalmente por el incremento del programa "SD Urbanización" cuyo monto es de 1 billón 060 mil 398.1 millones de pesos que representa el 78.5% del ámbito.
Esta comisión observa que dentro del programa "Urbanización" se incluyen proyectos y metas que por la materia que tratan y los fines que persiguen deberían ubicarse dentro de programas que persiguen objetivos de índole ecológica, por cuestión de orden y método; tal es el caso del subprograma "Construcción y Conservación de Calles y Jardines", entre cuyas metas se encuentran la realización y conservación de obras para jardines y parques recreativos y ecológicos, así como la conservación de áreas verdes en diversas delegaciones.
Los egresos proyectados para vialidad en 1991 tienen una suficiencia presupuestal adecuada para atender los problemas que enfrenta la ciudad en este renglón, sobre todo las obras que darán servicio a los principales accesos de la zona sur y sureste del valle, cuyo crecimiento poblacional se ha incrementado. Entre las obras más destacadas se encuentran la que resolverá el principal cuello de botella vial de la ciudad, que es la Calzada Ignacio Zaragoza, con la construcción de la vía rápida paralela al Metro Pantitlán- Los Reyes La Paz. Asimismo, se ampliará la Avenida Insurgentes en la salida Pachuca, con la apertura de carriles que evitarán congestionamientos en la entrada de Indios Verdes.
Se prolongará el Anillo Periférico hacia el oriente en 11.2 kilómetros, que comprende el tramo de Xochimilco- Chalco conectándose con la Calzada Zaragoza, con un beneficio para más de un millón de habitantes. Asimismo, se dará continuidad a la circulación vehicular del Eje 2 Oriente que va de Xochimilco a la delegación Gustavo A. Madero, con la terminación del puente sobre Canal Nacional.
Por otra parte, se construirá un puente vehicular sobre el cruce de División del Norte y Tlalpan; se dará mayor fluidez vial a la Avenida Miramontes, ampliando el Eje de Cafetales; también se complementará la vialidad que comunica a la Central de Abastos con Ermita Iztapalapa. Y se ampliará el Circuito Interior entre Fray Servando Teresa de Mier y el Viaducto.
El programa "ED - Drenaje y Tratamiento de Aguas", cuyo monto será de 662 mil 169.8 millones de pesos. Entre las principales metas de gasto se encuentran la captación, conducción y evacuación de aguas negras y pluviales, la ampliación de 48.9 kilómetros de red primaria y
242 kilómetros de red secundaria, para ampliar la cobertura del sistema de drenaje y la continuación de la construcción de drenaje profundo.
Asimismo, se plantea continuar la construcción del colector semiprofundo Canal Nacional- Canal de Chalco, mediante la excavación de 3.3 kilómetros de túnel; la construcción de 3.5 plantas de bombeo de aguas negras; la ampliación de tres plantas de tratamiento; y la construcción de 52.0 kilómetros de líneas de agua tratada.
Por todo lo mencionado, esta comisión dictamina que el proyecto de presupuesto para 1991 se apega a los objetivos y propósitos del Departamento del Distrito Federal, contenidos en su exposición de motivos. El presupuesto refleja una orientación social, al abocarse a la atención de las necesidades más urgentes de las mayoría de la población, apoyando a los grupos de menores recursos económicos, priorizando y reorientando el gasto y guardando la congruencia necesaria con el proyecto nacional.
Con base en lo anterior, los miembros de la Comisión del Distrito Federal de esta LIV Legislatura proponen al pleno de esta Cámara de Diputados, se apruebe el siguiente
PROYECTO DE DECRETO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 1991
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. El ejercicio presupuestal y control de las erogaciones del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el año de 1991, se sujetará a las disposiciones de este decreto y a las que resulten aplicables en la materia.
Artículo 2o. Las erogaciones previstas en el presente presupuesto para las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria coordinadas sectorialmente, y demás asignaciones que a continuación se indican, importan la cantidad de $10,657.352,700.000 (diez billones seiscientos cincuenta y siete mil trescientos cincuenta y dos millones setecientos mil pesos, moneda nacional), y se distribuyen de la forma siguiente:
Jefatura del Departamento $ 18,684,500,000
Secretaría General de Gobierno 10,220,300,000
Secretaría General de Planeación y Evaluación 3,691,500,000
Secretaría General de Obras 14,616,200,000
Oficialía Mayor 5,401,600,000
Secretaría General de Desarrollo Social 44,510,700,000
Dirección General de Gobierno 8,889,000,000
Contraloría General 10,901,800,000
Tesorería 224,076,400,000
Secretaría General de Protección y Vialidad 671,748,600,000
Dirección General de Difusión y Relaciones Públicas 15,396,900,000
Dirección General de Programación y Presupuesto 9,253,300,000
Policía Bancaria e Industrial 191,426,100,000
Policía Auxiliar 345,071,300,000
Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal 39,630,900,000
Coordinación General Jurídica 6,634,700,000
Dirección General de Trabajo y Previsión Social 5,233,300,000
Dirección General de Acción Social, Cívica y Cultural 89,211,300,000
Dirección General de Servicios Médicos 309,474,000,000
Dirección General de Reclusorios y Centros de Readaptación Social 134,332,600,000
Dirección General del Registro Público de la
Propiedad y del Comercio 9,495,300,000
Dirección General de Promoción Deportiva 49,523,00,000
Dirección General de Servicios Urbanos 486,355,700,000
Dirección General de Obras Públicas 345,908,500,000
Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica 1,179,870,000,000
Dirección General de Reordenación Urbana y Protección Ecológica 88,267,300,000
Planta de Asfalto 44,879,500,000
Dirección General de Regularización Territorial 32,139,400,000
Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos 5,735,700,000
Dirección General de Servicios Legales 24,814,900,000
Secretaría General Adjunta de Coordinación Metropolitana $ 2,973,000,000
Dirección General de Concertación con las Entidades Federativas 1,117,700,000
Dirección General de Relaciones Institucionales 1,407,000,000
Dirección General de Turismo 2,379,500,000
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 93,900,500,000
Delegación Alvaro Obregón 112,217,800,000
Delegación Azcapotzalco 80,896,900,000
Delegación Coyoacán 140,362,000,000
Delegación Cuajimalpa de Morelos 78,281,400,000
Delegación Gustavo A. Madero 197,930,700,000
Delegación Iztacalco 58,196,700,000
Delegación Iztapalapa 177,827,700,000
Delegación Magdalena Contreras 48,037,000,000
Delegación Milpa Alta 48,302,700,000
Delegación Tláhuac 46,417,300,000
Delegación Tlalpan 89,799,100,000
Delegación Xochimilco 112,743,700,000
Delegación Benito Juárez 88,687,500,000
Delegación Cuauhtémoc 168,907,300,000
Delegación Miguel Hidalgo 112,979,000,000
Delegación Venustiano Carranza 118,159,300,000
Comisión Coordinadora para el Desarrollo Rural 45,512,200,000
Coordinación General de Abasto y Distribución 39,517,800,000
Comisión de Vialidad y Transporte Urbano 933,093,200,000
Almacenes para los Trabajadores del Departamento del Distrito Federal 3,253,900,000
Servicio Público de Localización Telefónica 5,494,900,000
Coordinación General de Transporte 31,662,500,000
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal 14,134,800,000
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal 8,892,800,000
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 136,789,600,000
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 281,349,400,000
Cooperaciones y Seguridad Social 16,045,500,000
Servicio de las Dependencias 408,235,400,000
Servicio de las Delegaciones 33,000,000,000
Aportaciones a Organismos Descentralizados 680,712,400,000
Suma 8,844,612,500,000
PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MAYORITARIA
Sistema de transporte Colectivo $ 808,363,300,000
Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal 190,553,100,000
Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta - 100 1,098,168,800,000
Industrial de Abastos 19,165,800,000
Caja de Previsión para los Trabajadores a Lista de Raya 79,386,000,000
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal 76, 459,900,000
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 41,939,200,000
Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular 5,521,500,000
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 29,285,200,000
Fideicomiso de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano 144,609,800,000
Suma 2,493,452,600,000
Menos: aportaciones incluidas en el gasto del
Departamento del Distrito Federal 680,712,400,000
Gasto financiado con recursos propios y transferencias del gobierno federal 1,812,740,200,000
Artículo 3o. El Presupuesto de Egresos para el año de 1991 de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, importa la cantidad de $37,314,500,000 (treinta y siete mil trescientos catorce millones quinientos mil pesos, moneda nacional).
Artículo 4o. Las asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para el pago del servicio de la deuda del Departamento del Distrito Federal para el año de 1991, ascienden a $151,497,600,000 (ciento cincuenta y un mil cuatrocientos noventa y siete millones seiscientos mil pesos, moneda nacional).
El servicio de la deuda correspondiente a las entidades coordinadas cuyos programas están incluidos en este presupuesto, asciende a. . . $1,513,000,000 (mil quinientos trece millones de pesos, moneda nacional).
Las asignaciones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores del Departamento del Distrito Federal, importan la cantidad de. . . $15,000,000,000 (quince mil millones de pesos, moneda nacional).
El Ejecutivo Federal estará facultado para realizar amortizaciones de deuda pública correspondiente al Departamento del Distrito Federal, hasta por un monto equivalente al financiamiento derivado de la colocación de deuda, por ser estas operaciones compensadas que no afectan el saldo neto de la deuda pública anual. El Ejecutivo Federal informará de estos movimientos compensados a la Cámara de Diputados, al rendir la Cuenta de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal.
Lo dispuesto en el párrafo anterior será aplicable también a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal coordinados por el Departamento del Distrito Federal.
Artículo 5o. Las asignaciones anteriores de ejercerán con base en los objetivos, metas, costos, que en el mismo se consignan, integrando los programas y subprogramas que arrojan los totales del gasto de las unidades administrativas, órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, coordinados sectorialmente por el Departamento del Distrito Federal.
De acuerdo a la apertura programática, las asignaciones para cada uno de los programas que se indican, son los siguientes:
Administración 919,299,900,000
Planeación de la política financiera 222,201,400,000
Política de desarrollo y planeación de la ciudad de México y zona metropolitana 18,442,500,000
Política y planeación del desarrollo de la educación, cultura, recreación y deporte 28,836,600,000
Impartición de justicia y vigilancia de la legislación laboral y fiscal 19,353,100,000
Promoción de la justicia 401,528,600,000
Seguridad Pública 1,083,935,400,000
Ejecución, reglamentación y control de la política de crédito público 168,010,600,000
Operación del Sistema Nacional Hidráulico 483,563,100,000
Fomento, promoción y aprovechamiento para la producción y productividad primaria y agroindustrial 7,337,200,000
Regulación y organización de las comunicaciones y los transportes 56,107,000,000
Fomento y regulación del comercio interior y exterior 17,839,900,000
Regulación y promoción de la actividad turística 2,379,500,000
Fomento y regulación del Programa Nacional de Capacitación para los Trabajadores 28,745,300,000
Regulación de los asentamientos humanos 118,507,800,000
Regulación y preservación ecológica 791,990,800,000
Educación para adultos 15,000,000
Apoyo a la educación 3,042,000,000
Atención preventiva 6,965,600,000
Atención curativa 305,535,000,000
Recreación, deporte y esparcimiento 175,000,100,000
Asistencia social, servicios comunitarios y prestaciones sociales 169,729,700,000
Prestaciones económicas 87,222,400,000
Construcción y adecuación para agua potable 221,824,200,000
Drenaje y tratamiento de aguas negras 662,169,800,000
Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero 1,847,248,700,000
Construcción de establecimientos de acopio y comercialización 34,593,500,000
Urbanización 1,060,398,100,000
Vivienda 187,346,200,000
Ampliación y mejoramiento de la planta física para la educación y capacitación 318,481,900,000
Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la planta física para la cultura y el deporte 70,478,700,000
Edificios para servicios de salud y seguridad social 35,610,400,000
Infraestructura social 53,412,200,000
Edificios administrativos 148,985,800,000
Producción primaria 12,670,400,000
Producción y transformación agroindustrial 16,770,100,000
Producción de papel, impresos y publicaciones 25,194,600,000
Industrialización del petróleo y sus derivados 44,879,500,000
Servicio de transporte urbano e interurbano 947,669,800,000
Captación de recursos financieros 4,969,400,000
Canalización de recursos financieros a los trabajadores 54,389,000,000
Total 10,862,677,800,000
Artículo 6o. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector Departamento del Distrito Federal, así como los órganos de gobierno correspondientes, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, serán responsables de que se ejecuten con oportunidad y eficiencia las acciones previstas en sus respectivos programas, a fin de coadyuvar a la adecuada consecución de las estrategias y objetivos fijados en el Plan Nacional de Desarrollo y en los demás programas que se formulen con base en la Ley de Planeación.
La Secretaría de Programación y Presupuesto y la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias, verificarán periódicamente los resultados de la ejecución de los programas y presupuestos del Departamento del Distrito Federal y entidades del sector, en relación con las estrategias y objetivos del plan, los programas de desarrollo y de los proyectos de modernización del aparato productivo, en el contexto de la recuperación económica y la estabilidad, a fin de que se adopten las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas.
Igual obligación y para los mismos fines, tendrá el Departamento del Distrito Federal respecto de las entidades paraestatales agrupadas en el sector que coordina.
Artículo 7o. En el ejercicio del presente presupuesto, las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector se sujetarán estrictamente a los calendarios de gasto que les apruebe la Secretaría de Programación y Presupuesto a través del Departamento del Distrito Federal.
Salvo lo previsto en los artículos 11 y 28 de este decreto, no se autorizarán adecuaciones a los calendarios de gasto que tengan por objeto anticipar la disponibilidad de recursos, en consecuencia, las unidades administrativas y entidades del sector deberán observar un cuidadoso registro y control de su ejercicio presupuestal, sujetándose a los compromisos reales de pago.
Artículo 8o. Para que el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente puedan ejercer créditos externos destinados a financiar proyectos o programas específicos, será necesario que la totalidad de los recursos a ejercer, se encuentren incluidos en sus respectivos presupuestos aprobados o se cuente con la autorización previa y expresa de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Los recursos que se prevean ejercer por este concepto, serán intransferibles y sólo podrán aplicarse en los proyectos para los cuales fueron contratados.
En los créditos externos que contraten las entidades paraestatales, se deberá establecer la responsabilidad de éstas para que cubran el servicio de la deuda que los créditos generen.
Cuando la contratación de estos créditos, tratándose de fideicomisos públicos, pueda redundar en incrementos de los patrimonios fideicomitidos, se requerirá de la autorización previa de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 9o. La Secretaría de Programación y Presupuesto podrá reservarse la autorización de ministraciones de fondos federales al Departamento del Distrito Federal, organismos descentralizados y empresas de participación estatal
mayoritaria coordinados sectorialmente por el propio Departamento en los siguientes casos:
I. Cuando no envíen la información que les sea requerida en relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos, con base al Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Públicos;
II. Cuando del análisis del ejercicio de sus presupuestos, resulte que no cumplan con las metas de los programas aprobados;
III. Cuando en el desarrollo de los programas se capten desviaciones que entorpezcan su ejecución y constituyan distracciones en los recursos asignados a los mismos, y
IV. En general, cuando no ejerzan sus presupuestos con base en las normas que al efecto se dicten.
Artículo 10o. El departamento del Distrito Federal, en el ejercicio del presupuesto, vigilará que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se haya autorizado y no reconocerá adeudos ni pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a lo dispuesto en este artículo.
Será causa de responsabilidad del Jefe del Departamento del Distrito Federal, así como de los directores, vocales ejecutivos, administradores o gerentes de los organismos descentralizados u órganos de gobierno de las empresas de participación estatal mayoritaria del mencionado Departamento, contraer compromisos que rebasen los montos presupuestales autorizados para las unidades administrativas y entidades a su cargo; aprobar erogaciones que no permitan la atención de los servicios públicos y el cumplimiento de las metas durante el ejercicio presupuestal.
Artículo 11. En caso de que los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere el artículo 1o. de la Ley de Ingresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1991 excedan del monto del presupuesto aprobado, el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Programación y Presupuesto y a solicitud del Jefe del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar erogaciones adicionales hasta por el importe de dichos excedentes, en la forma siguiente:
I. Los ingresos ordinarios excedentes a que se refiere el artículo 1o. de la citada Ley de Ingresos del Departamento, únicamente serán aplicados a los programas señalados como prioritarios en el artículo 15 del Capítulo II de este decreto;
II. Los excedentes sobre los ingresos ordinarios presupuestarios de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria del sector Departamento del Distrito Federal serán canalizados para fortalecer cuando así lo amerite, su propia situación financiera;
III. Los ingresos extraordinarios que obtengan el Departamento del Distrito Federal, sus organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, se destinarán a los programas específicos para los que hubieran sido contratados.
El Ejecutivo Federal, al dar cuenta a la Cámara de Diputados de las erogaciones que se efectúen con base en esta disposición, hará trimestralmente el análisis de la procedencia y aplicación de los excedentes a los conceptos a que se refieren las tres fracciones de este artículo, independientemente de la obligación de informar al respecto en la presentación de la cuenta pública correspondiente.
Artículo 12. todas las cantidades que se recauden por cualesquiera de las unidades administrativas y órganos desconcentrados del Departamento del Distrito Federal no podrán destinarse a fines específicos, y deberán ser enterados a la Tesorería del Departamento del Distrito Federal, salvo los casos que expresamente determinen las leyes y hasta por los montos que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto, en función de las necesidades de los servicios a los cuales estés destinados.
Artículo 13. El Ejecutivo Federal efectuará las reducciones o ajustes de los importes de los presupuestos aprobados al Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas, en los supuestos y términos que establece el
Artículo 14 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, con excepción a los dispuesto por el artículo 15 de este decreto.
CAPITULO II
Disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestales
Artículo 14. Sin perjuicio de lo que establecen el presente decreto y las demás disposiciones aplicables en la materia, el titular del Departamento del Distrito Federal y los de las entidades coordinadas sectorialmente por éste, así como los órganos de gobierno respectivos, serán responsables en los términos de este capítulo, de la estricta observancia de las siguientes normas de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestales. Su inobservancia o incumplimiento motivará el financiamiento de las responsabilidades a que haya lugar conforme a la ley. Artículo 15. De acuerdo a las necesidades planteadas por la población del Distrito Federal, el gobierno de la ciudad establece para la atención de las mismas, los siguientes programas prioritarios:
CO Seguridad Pública.
CK Promoción de la Justicia.
3Z Regulación y Preservación Ecológica.
FA 02 Silvicultura.
5I Edificios para Servicios de Salud y Seguridad Social.
DJ Atención Preventiva.
DK Atención Curativa.
5F Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y la Capacitación.
5E Vivienda.
FQ Servicio de Transporte Urbano e Interurbano.
EI Transporte Colectivo Metro y Tren Ligero.
EC Construcción y Adecuación para Agua Potable.
ED Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras.
Los programas prioritarios aquí señalados no podrán ser afectados presupuestalmente a la baja, excepto cuando se hubiesen cumplido las metas originalmente presupuestadas y siempre y cuando las transferencias se asignen a otros programas también denominados como prioritarios.
La Secretaría de Programación y Presupuesto por sí o a propuesta del Departamento del Distrito Federal, con objeto de fomentar el ahorro presupuestal o de canalizar recursos a los programas prioritarios o emergentes, podrá determinar la eliminación de renglones de gasto y la liberación de recursos asignados a los programas no prioritarios. Todo excedente presupuestal, independientemente de sus causas, deberá transferirse a programas prioritarios.
Artículo 16. Los titulares de las unidades administrativas y entidades coordinadas del sector departamento del Distrito Federal no podrán crear nuevas plazas, debiendo promover, en su caso, el traspaso interno de las mismas. La Secretaría de Programación y Presupuesto a solicitud del titular del Departamento del Distrito Federal podrá autorizar la creación de las que sean indispensables para los programas de salud, Administración de Justicia, Seguridad Pública y Transporte Urbano, así como aquellas requeridas para la planta productiva que entre en operación. Asimismo, no podrán llevar a cabo conversiones de sus plazas, puestos y categorías autorizadas, salvo cuando se trate de casos debidamente justificados, para lo cual se deberá recabar la autorización de los órganos de gobierno correspondientes y de la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales podrán autorizar la creación de plazas, cuando ello garantice el incremento de su productividad; se establezcan metas específicas a este respecto; se cuente con los recursos propios que se requieran y tales circunstancias hayan quedado previa y debidamente acreditadas por el propio órgano de gobierno, debiendo informar de lo anterior a la Secretaría de Programación y Presupuesto y a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación.
A la designación o contratación de personal para ocupar las plazas a que se refieren los párrafos anteriores, en ningún caso podrá dárseles efectos retroactivos a la fecha de la autorización correspondiente.
Artículo 17. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, en el ejercicio de sus erogaciones, por concepto de servicios personales, deberán:
I. En las asignaciones de las remuneraciones a los trabajadores del sector Departamento del Distrito Federal, apegarse estrictamente a los niveles establecidos en los tabuladores de sueldos, cuotas, tarifas y demás asignaciones autorizadas, conforme a las normas y lineamientos que expida la Secretaría de Programación y Presupuesto y en el caso de las entidades del sector, por el órgano de gobierno respectivo conforme a los lineamientos que se emitan de acuerdo a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales;
Las remuneraciones adicionales por horas extraordinarias y los estímulos por eficiencia en la actuación, se regularán por las disposiciones que establezca la Secretaría de Programación y Presupuesto y el órgano de gobierno respectivo, con base en los lineamientos a que se refiere el párrafo anterior.
Tratándose de las remuneraciones por jornadas ordinarias o por horas extraordinarias
y otras prestaciones al personal que labora en los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, que se rijan por contratos colectivos de trabajo, los pagos se efectuarán de acuerdo con las estipulaciones contractuales respectivas;
II. Abstenerse de cubrir gastos por concepto de honorarios y salarios al personal eventual que rebasen los montos autorizados por la Secretaría de Programación y Presupuesto, o bien que en cualquier forma supongan el incremento del número de los contratos relativos celebrados en el ejercicio de 1990.
Estos contratos sólo podrán celebrarse para la prestación de servicios profesionales, por lo que no podrá incorporarse por esta vía personal para el desempeño de labores iguales o similares a las que realiza el personal que forma la planta de la dependencia o de la entidad de que se trate.
La celebración de contratos por honorarios sólo procederá en casos debidamente justificados y siempre que la dependencia o entidad no pueda satisfacer las necesidades de estos servicios con el personal y los recursos técnicos con que cuenta. Invariablemente estos contratos deberán ser autorizados por el titular de la dependencia o por el órgano de gobierno de la entidad de que se trate;
III. Observar la normatividad que emita la Secretaría de Programación y Presupuesto en materia de remuneraciones a título de consejeros en órganos de gobierno o sus equivalentes de entidades paraestatales. Sujetarse a los lineamientos que se expidan para la autorización de los gastos de representación y de las erogaciones necesarias para el desempeño de comisiones especiales;
IV. Abstenerse de realizar traspasos de recursos que en cualquier forma afecten las asignaciones para el capítulo 1000 "servicios personales" excepto los casos que autorice el coordinador del sector.
Artículo 18. En el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal y de sus entidades coordinadas sectorialmente para el año de 1991, no se podrán efectuar:
I. Adquisiciones o nuevos arrendamientos de:
a) Bienes inmuebles para oficinas públicas y mobiliario, equipo y servicios destinados a programas administrativos, con excepción de las erogaciones estrictamente indispensables, que para su operación en forma específica y previamente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto; en consecuencia, se deberá mejorar la utilización de los espacios físicos disponibles y el aprovechamiento de los bienes y servicios de que disponga;
b) Vehículos terrestres, aéreos y marítimos, con excepción de aquellos necesarios para salvaguardar la seguridad pública, así como para la procuración de justicia, los servicios de salud, y para el desarrollo de programas productivos prioritarios y de servicios básicos, que especifica y previamente al ejercicio del gasto correspondiente autorice la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Artículo 19. Las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican, deberán reducirse al mínimo indispensable; su uso se sujetará a los criterios de racionalidad y selectividad, y se efectuarán siempre y cuando se cuente con la autorización expresa del titular del Departamento del Distrito Federal o del órgano de gobierno de la entidad coordinada correspondiente.
I. Gastos de ceremonial y de orden social;
II. Comisiones de personal al extranjero;
III. Contrataciones de asesorías, estudios e investigaciones;
IV. Publicidad, propaganda, publicaciones oficiales y en general los relacionados con actividades de comunicación social. En estos casos las unidades administrativas y entidades del sector, deberán utilizar preferentemente los medios de difusión del sector público y el tiempo que por ley otorgan al gobierno federal las empresas de comunicación que operan mediante concesión federal. Las erogaciones por estos conceptos con cargo al Presupuesto de Egresos 1991 del Departamento del Distrito Federal, deberán ser autorizadas previamente por las secretarías de Gobernación y de Programación y Presupuesto o las que efectúen las entidades coordinadas, por el órgano de gobierno con base en los lineamientos que establezcan dichas secretarías;
V. Gastos por concepto de erogaciones imprevistas;
VI. Gastos relativos a congresos, convenciones, ferias y exposiciones;
VII. Servicios bancarios;
VIII. Otorgamiento de becas, y
IX. Donativos.
Asimismo, las unidades administrativas y entidades del sector serán responsables de que las
erogaciones por concepto de correos, telégrafos, teléfonos, energía eléctrica y agua potable, obedezcan a una utilización racional de dichos servicios, directamente vinculadas al desempeño de las actividades y funciones que tengan encomendadas.
Artículo 20. En el ejercicio del gasto de inversiones públicas, comprendido en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991, se observarán las siguientes medidas:
I. Se otorgará prioridad a los proyectos y obras de modernización de la infraestructura básica, así como aquellos que presente un mayor avance relativo y estén orientados a incrementar la oferta de bienes y servicios socialmente necesarios y que reporten los mayores beneficios para la población; el Departamento del Distrito Federal y entidades sólo podrán iniciar proyectos cuando tengan garantizada la disponibilidad de recursos financieros para su terminación, puesta en operación y mantenimiento y en ningún caso cuando existan otros proyectos similares que puedan ser concluidos con los recursos disponibles;
II. Se deberá estimular el cambio estructural así como los proyectos de coinversión con los sectores social y privado en la zona metropolitana de la ciudad de México.
III. Se aprovechará la mano de obra local y se empleará al máximo la capacidad instalada productiva y de servicios para abatir costos;
IV. Los proyectos de inversión que sean financiados con créditos externos, deberán estar contemplados en los presupuestos de las dependencias y entidades. El sector Departamento del Distrito Federal deberá sujetarse a los términos de las autorizaciones que para cada uno de dichos proyectos otorguen las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público conforme a sus respectivas atribuciones.
Artículo 21. Las erogaciones por concepto de transferencias con cargo al Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, se sujetarán a las estrategias y objetivos del plan Nacional de Desarrollo y se apegarán a los siguientes criterios:
I. El otorgamiento se hará con base en criterios de selectividad, temporalidad y transparencia en su asignación, considerando su contribución efectiva a la oferta de bienes, servicios e insumos estratégicos o prioritarios;
II. Los subsidios destinados a cubrir desequilibrios financieros en la operación, se deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos;
III. Los subsidios a los precios de los bienes se mantendrán en niveles que estimulen a los productores y que al mismo tiempo eviten el deterioro del poder adquisitivo de los consumidores;
IV. Los subsidios para las actividades productivas de los sectores privado y social, serán congruentes con los fines de la estrategia de crecimiento económico y estarán condicionados a procurar el mayor uso de la mano de obra y a incrementar el nivel de vida de la población de escasos recursos;
V. Las transferencias destinadas al apoyo de las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal, se deberán orientar selectivamente hacia las actividades estratégicas y prioritarias, así como a fortalecer el cambio estructural, a efecto de incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos estratégicos para la producción y generar empleo permanente y productivo;
VI. Se requerirá la autorización de la Secretaría de Programación y Presupuesto para destinar recursos de la Federación, vía transferencias a inversiones financieras;
VII. Las entidades paraestatales del sector Departamento del Distrito Federal beneficiarias de transferencias, deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento a fin de lograr, en el mediano plazo, una mayor autosuficiencia financiera y una disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales, y
VIII. No se deberán otorgar transferencias cuando no se hallen claramente especificados los objetivos, metas, beneficiarios, destino, temporalidad y condiciones de los mismos.
Artículo 22. Para la autorización de transferencias a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos con cargo al presente Presupuesto de Egresos, corresponderá al Departamento del Distrito Federal en su carácter de coordinador sectorial, verificar previamente:
I. Que se justifique la necesidad de los recursos solicitados en función del estado de liquidez de la entidad beneficiaria, así como la aplicación de dichos recursos;
II. Que las entidades no cuenten con recursos ociosos o aplicados en operaciones que originen rendimientos de cualquier clase, y
III. El avance físico - financiero de sus programas y proyectos, con el propósito de regular el ritmo de la ejecución con base en lo programado.
El Departamento del Distrito Federal suspenderá la ministración de fondos, cuando las entidades beneficiarias no remitan la información físico - financiera en la forma y términos establecidos en las disposiciones aplicables.
Artículo 23. Cuando se deban diferir ministraciones de fondos, la Secretaría de Programación y Presupuesto conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, determinarán el orden a que se sujetará la ministración de transferencias autorizadas por el Departamento del Distrito Federal, en su carácter de coordinador de sector, a fin de asegurar la disposición oportuna de recursos para el desarrollo de los programas prioritarios.
Artículo 24. Las unidades administrativas del Departamento del Distrito Federal, los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, sólo podrán conceder subsidios, ministrar donativos, otorgar gratificaciones y obsequios, o dar ayuda de cualquier clase, con autorización previa por escrito del titular del Departamento del Distrito Federal.
Artículo 25. El titular del Departamento del Distrito Federal se abstendrá de autorizar subsidios, donativos o ayudas que no contribuyan a la consecución de los objetivos de los programas aprobados o que no se consideren de beneficio social, así como aquellos a favor de beneficiarios que dependan económicamente del Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal, o cuyos principales ingresos provengan de éste.
Artículo 26. Las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, proporcionarán a la Secretaría de Programación y Presupuesto la información sobre las transferencias que hubiesen recibido durante el ejercicio presupuestal, a efecto de que dicha Secretaría la analice e integre el registro único de transferencias. Asimismo, los titulares de las unidades administrativas y entidades del sector, serán los responsables de llevar el registro contable anual de la aplicación de recursos que hagan por los conceptos de gasto mencionados.
Artículo 27. Las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, determinarán conjuntamente los lineamientos a que deberá sujetarse el sector Departamento del Distrito Federal respecto de las disponibilidades financieras con que cuente durante el ejercicio presupuestal, las que no deberán invertirse a través de mecanismos bursátiles, salvo el caso de valores emitidos por el sector público.
Para tal efecto, el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente proporcionarán la información financiera que requiera el Sistema Integral de Información del Ingreso y Gasto Público.
Asimismo, deberán informar a las citadas secretarías, de sus depósitos en dinero, valores u otro tipo de operaciones financieras y bancarias, a fin de identificar los niveles de liquidez y para operar la compensación de créditos o adeudos.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente, sin exceder sus presupuestos autorizados, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus respectivos adeudos, las que se calcularán a la tasa equivalente al rendimiento promedio de las emisiones de los Certificados de la Tesorería de la Federación a 28 días, del mes inmediato anterior a la fecha del corte compensatorio. La aplicación de ésta, se efectuará sobre los adeudos reportados por el Sistema de Compensación de Adeudos del Sector Público, desde la fecha en que debieron liquidarse tales adeudos.
Artículo 28. Las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación, en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, así como el Departamento del Distrito Federal, celebrarán, en su caso, con las entidades paraestatales convenios para:
I. El establecimiento de metas de déficit o, en su caso, superávit financiero mensual y trimestral, a nivel devengado, y
II. El saneamiento financiero, mediante la asunción de pasivos de entidades paraestatales, estratégicas o prioritarias, cuyas funciones estén asociadas a la prestación de servicios públicos de acuerdo a los fines para los que fueron creados y siempre que la entidad de que se trate cuente con un programa de cambio estructural, que se presente a más tardar el 31 de agosto de 1991 a la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento y sea aprobado por ésta, el cual será evaluado periódicamente por la propia comisión.
Las dependencias que integran esta comisión establecerán los lineamientos con base en los cuales se llevará a cabo la formulación de los convenios a que se refiere ese artículo y harán la determinación de las entidades paraestatales con
las que habrán de celebrarse los mismos. Los órganos de gobierno serán responsables de vigilar que se cumpla con las metas de déficit o superávit de las entidades con las que no se celebren los correspondientes convenios a que se refiere este artículo.
Artículo 29. El Banco de México, en función del monto de divisas comprendido en el Presupuesto de Egresos del sector Departamento del Distrito Federal y de conformidad con las disposiciones aplicables, proporcionará a petición del propio Departamento y entidades coordinadas sectorialmente, las divisas que requieran para el cumplimiento de sus compromisos en moneda extranjera.
Artículo 30. La Secretaría de Programación y Presupuesto, conjuntamente con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de acuerdo con los flujos reales de divisas y de moneda nacional, así como las variaciones que se produzcan por las diferencias en tipo de cambio en el financiamiento de los programas, efectuarán las adecuaciones necesarias a los calendarios de gasto en función de los requerimientos y disponibilidades, así como de las alternativas de financiamiento que se presenten.
Artículo 31. El Departamento del Distrito Federal y entidades incluidas en este Presupuesto de Egresos, quedan obligadas a informar a las secretarías de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público, en la forma y periodicidad que éstas determinen, los movimientos presupuestales que efectúen en divisas, de acuerdo con los flujos reales establecidos, los que darán a conocer trimestralmente a la Cámara de Diputados.
Artículo 32. Para los efectos del artículo 57 de la Ley de Obras Públicas, los montos máximos de contratación directa y los de adjudicación mediante convocatoria a cuando menos tres personas, que reúnan los requisitos a que dicha disposición se refiere, de las obras que podrán realizar las dependencias y entidades durante el año de 1991, serán los siguientes:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrá de formalizar o modificar contratos de obras públicas y de servicios relacionados con ellas, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 33. Para los efectos del artículo 39 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación, habiendo convocado, en su caso, por lo menos a tres u ocho proveedores, según el caso, de las adquisiciones, arrendamientos o servicios que podrán realizar el Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente durante el año de 1991, serán las siguientes:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del impuesto al valor agregado.
El Departamento del Distrito Federal y sus entidades coordinadas sectorialmente se abstendrán de formalizar o modificar contratos y pedidos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, cuando no hubiese saldo disponible en la correspondiente partida presupuestal.
Artículo 34. La Secretaría de Programación y Presupuesto realizará periódicamente la evaluación del ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, en función de los objetivos y metas de los programas aprobados.
El Departamento del Distrito Federal presentará un informe trimestral a la Cámara de Diputados sobre la ejecución de su Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 1991. En igual forma presentará un informe trimestral sobre los avances de la consecución de las metas de los principales programas contenidos en su presupuesto de egresos, correlacionándolos con los recursos aplicados, en forma desagregada por subprogramas y su correspondiente desglose por proyectos de ejecución del presente presupuesto, así como la ejecución del gasto programático asignado a cada una de sus entidades administrativas.
Los cuatro informes trimestrales mencionados en este artículo, se presentarán dentro de los 45 días siguientes al trimestre que corresponda y se harán las aclaraciones que requiera la Cámara de Diputados.
Artículo 35. La Secretaría de Programación y Presupuesto vigilará la exacta observancia de las normas contenidas en este decreto, así como la estricta ejecución del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal. Para estos efectos, podrá requerir de la unidades administrativas y entidades del citado sector, la información que resulte necesaria y comunicará a la Secretaría de la Contraloría General de la Federación las irregularidades y desviaciones de que tenga conocimiento con motivo del ejercicio de sus funciones.
Artículo 36. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación, en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiere la ley, comprobará el cumplimiento, por parte de las unidades administrativas y entidades del sector Departamento del Distrito Federal, de las obligaciones derivadas de este decreto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan con motivo del incumplimiento de las mencionadas obligaciones.
Artículo 37. la Secretaría de Programación y Presupuesto, estará facultada para interpretar las disposiciones del presente decreto para efectos administrativos, así como para establecer las medidas conducentes a su correcta aplicación.
TRANSITORIO
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1991.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 18 de diciembre de 1990.- Comisión del Distrito Federal, diputados: Luz Lajous Vargas, Presidente; secretarios: Ramón Choreño Sánchez y José Ignacio Cuauhtémoc Paleta; Belisario Aguilar Olvera, José Luis Alonso Sandoval, José Luis Alfonso Sampayo, Joaquín Alvarez Ordóñez, Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Jesús Anlen López, Adolfo Barrientos Parra, Alberto Bernal González, Isaac Bueno Soria, Jaime Castrejón Díez, Eleazar Cervantes Medina, Juan Francisco Díaz Aguirre, Rodolfo Duarte Rivas, María Claudia Esqueda Llanes, Jorge Galván Moreno, Rafael Garay Cornejo, Juana García Palomares, Alvaro Garcés Rojas, Patricia Garduño Morales, Enrique Gómez de Orozco González, Rosario Guerra Días, Jorge Gómez Villarreal, Miguel Hernández Labastida, Juan José Hernández Trejo, Paloma Hernández Oliva, Onofre Hernández Rivera, Esther Kolteniuk de Césarman, Horacio Labastida Muñoz, Jorge Alberto Ling Altamirano, Marcela Lombardo Otero Fructuoso López Cárdenas, Leopoldo López Muñoz, Ignacio López Tarzo, Fernando Antonio Lozano Gracia, José Luis Luege Tamargo, Nelson Madrigal Gómez, Luis René Martínez Souverville Rivera, Herón Maya Anguiano, Ciro Mayén Mayén, Gerardo Medina Valdez, Luis Miranda Reséndiz, Patricia Olamendi Torres, Arturo Ocampo Villalobos, Juan José Osorio Palacios, Régulo Pastor Fernández Rivera, Alberto Pérez Fontecha, Dionisio E. Pérez Jácome, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Enrique Riva Palacio Galicia, Margarita Sánchez Gavito, Pedro Alberto Salazar Muciño, Víctor Manuel Sarabia Luna, María del Carmen Segura Rangel, Jorge Federico Schiaffino Isunza, Jorge Cejudo, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, María Ynés Solís González, Fernando Sologuren Bautista, Mauricio Valdés Rodríguez, Carlos Javier Vega Memije, Rubén Venadero Valenzuela, Gaudencio Vera Vera, Sara Villalpando Núñez y Rafael Yudico Colín.
«FE DE ERRATAS DEL DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMISIÓN DEL DISTRITO FEDERAL
Página 7
Dice: Es necesario hacer hincapié en que se contempla la obtención de financiamiento externo para la reforestación de la Sierra de Guadalupe y Santa Catarina, para la reforestación rural del Valle de México y para diversas acciones de verificación de vehículos, monitoreo de tráfico y modernización de Ruta 100.
Debe decir: Es necesario hacer hincapié en que se contempla la obtención de financiamiento externo para la reforestación de la Sierra de Guadalupe y Santa Catarina, para la reforestación rural del Valle de México y para diversas acciones de verificación de vehículos, monitoreo de tráfico y modernización de Ruta 100. Esta comisión hace hincapié en la necesidad de que el Departamento del Distrito Federal haga del conocimiento de esta soberanía y de la ciudadanía en general las zonas de reserva ecología del Valle de México a fin de que todos los habitantes de la ciudad de México participen en su defensa y preservación.
Diputada Luz Lajous Vargas, presidenta de la Comisión del Distrito Federal.» Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general...
(Desorden.)
Señores productores de caña, escúchenme, escúchenme un momento por favor. De acuerdo a la solicitud planteada aquí por sus dirigentes, durante el curso del debate anterior se acordó que al término del mismo, una vez cumplida la votación, vendría la diputada que hizo uso de la palabra para hablar en su representación, la diputada pidió, y en su representación, que interviniera la Comisión de Agricultura y Recursos hidráulicos para atender diversas propuestas de ustedes, de la cual era portadora la diputada que hizo uso de la palabra; solicitó el turno y éste se concedió a la Comisión, por lo tanto es la Comisión de Agricultura y de Recursos Hidráulicos quien va a atender los planteamientos de ustedes, hechos a través de la diputada Manuela López Sánchez. Está satisfecho el requisito y la reclamación de ustedes en ese sentido.
En atención al Reglamento de esta Cámara, si ustedes permanecen aquí, yo les solicito que lo hagan con todo respeto, para que permitan seguir el curso de estas deliberaciones y se escuche a los diputados que van a intervenir en esta tribuna. De no ser así, está la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, ya en relación con la diputada Manuela López Sánchez, para atenderlos en sus peticiones. Muchas gracias. (Aplausos.)
Se han registrado los siguientes diputados: del Partido Acción Nacional el diputado Gaudencio
Vera Vera; del partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Gómez Villarreal; del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Alberto Pérez Fontecha; del Partido Popular Socialista, el diputado Belisario Aguilar Olvera; del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Fructuoso López Cárdenas; del Partido de la Revolución Democrática, la diputada Patricia Olamendi Torres; del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Nelson Madrigal Gómez; por el Grupo Independiente, el diputado Rubén Venadero; del Partido Acción Nacional, el diputado José Luis Luege Tamargo y del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Claudia Esqueda Llanes.
En términos del artículo 108 del Reglamento Interior, tiene la palabra para fundamentar el dictamen, el diputado José Ignacio Cuauhtémoc Paleta, por la Comisión.
El diputado José Ignacio Cuauhtémoc Paleta: - Con su venia, señor Presidente; Señoras y señores diputados: Los integrantes de la Comisión que dictaminó el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991, realizamos una serie de actividades, con el objeto de contar con un marco de análisis adecuado para su estudio. Dichos trabajos consistieron en visitas de campo, reuniones con servidores público encargados de distintas áreas del Departamento y con el propio jefe del Departamento.
De los trabajadores mencionados, del estudio del documento y de los instrumentos que sirvieron par su dictamen, surgieron apreciaciones coincidentes entre las distintas fracciones parlamentarias, en el sentido de lo insuficiente del presupuesto en relación al reto que implica lograr que la ciudad siga funcionando, procurar beneficiar a los grupos más desprotegidos y elevar la calidad de vida de todos sus habitantes.
Hubo consenso entre los miembros de la Comisión en cuanto a la identificación de los principales problemas que tiene la capital, tales como escasez de agua, alto nivel de contaminación, necesidad de robustecer el transporte, déficit de vivienda entre otros. Se discutió la distribución del gasto proyectado y la proporción de las asignaciones para los distintos rubros, de donde se definieron propuestas unánimes que fueron insertadas en el texto del dictamen, entre las que puedo mencionar: la metropolitación del transporte público; la creación de un organismo metropolitano para combatir la contaminación ambiental; la puesta en marcha de acciones para aplicar con todo rigor la Ley de Programación Ecológica a las industrias contaminantes del valle de México; la continuación de la tendencia para lograr el autofinanciamiento de la ciudad.
El consenso logrado muestra el grado de conciencia común alcanzado en el grupo dictaminador que trascendió banderas partidistas para concentrarse en el estudio serio del instrumento de gasto 1991.
Otro Punto de convergencia de criterio, es la conciencia de que sin la participación y cooperación ciudadana sería imposible lograr los objetivos de presupuesto en el sentido de mejorar la calidad de los servicios y atender a las zonas más rezagadas.
El gasto previsto para 1991 muestra una mejor estructura que para anteriores ejercicios al destinar el 43% del global al gasto de inversión. Ello permitirá avanzar en la consolidación del programa de trabajo iniciado hace dos años, pues dará lugar a la realización de importantes obra de beneficio colectivo y de infraestructura, atendiendo las prioridades urgentes y ayudando a compensar el efecto del aumento de precios.
El estudio del proyecto en el seno de la Comisión llevó a la mayoría de sus integrantes a la conclusión de que guarda congruencia con los propósitos, metas y objetivos que plantea su exposición de motivos, tanto por los montos que asigna a las prioridades de gasto, como por ser un dispositivo que da continuidad a las acciones emprendidas en ejercicios anteriores y prevé obras cuya conclusión rebasan ejercicios anuales.
Como señala el principio de mi intervención, el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, contempla acciones dirigidas al combate de los principales problemas que enfrenta esta urbe.
En materia de contaminación, se tiene un diagnóstico sobre el asunto, lo que permite avanzar en su solución con efectividad. En este punto cabe señalar que el esfuerzo que se realiza es aún mayor al emprendido por otras grandes ciudades del orbe.
Por otra parte, se tiene conciencia de que el problema de la contaminación no sólo se resuelve con gasto público, sino que es precisa la acción conjunta de pueblo y gobierno. En el caso del transporte, el presupuesto se propone avanzar en su cobertura y promover el transporte no contaminante, al enfatizar el gasto para las obras del Metro. Para el asunto del agua, el gasto se orienta al avance del Programa Integral, cuya estrategia a mediano plazo incluye la preservación de las reservas ecológicas del Ajusco, Xochimilco y Sierra de Guadalupe, la consolidación de obras
para tratamiento de reuso del agua, con la nueva etapa del Cerro de la Estrella, la continuación de obras de gran envergadura, como el acuaférico y el drenaje profundo y semiprofundo. En lo que respecta a seguridad pública, el gasto asignado deberá reflejarse en la modernización y restructura orgánica y funcional de los dispositivos con que cuenta la ciudad para continuar la prevención y combate de los ilícitos, y la formación de personal capacitado y con verdadera vocación de servicio.
Honorables miembros de esta asamblea: el Partido Revolucionario Institucional considera que el decreto que se presenta para su aprobación es congruente con las metas de estabilidad y crecimiento del proyecto económico nacional y es compatible con la política social y, al mismo tiempo, constituye una opción clara para enfrentar los grandes problemas de la ciudad, racionalizando el gasto y orientándolo a las prioridades más urgentes.
Por lo expuesto, solicito a esta honorable asamblea, su voto a favor del dictamen a discusión. Muchas gracias, señores diputados por su atención.
(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gaudencio Vera Vera.
El diputado Gaudencio Vera Vera: - Señor Presidente; honorable asamblea: El día de ayer en esta misma tribuna se debatieron y aprobaron diversas reformas y adiciones a disposición de los códigos procesales en materia penal, y en algunas intervenciones señalamos la posición de nuestro partido de que el combate a la criminalidad deberá hacerse una de manera integral. Hoy, cuando tratamos el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, afirmamos que tratándose de la procuración y administración de justicia, debe igualmente darse un enfoque global.
No puede dar resultado mejoras en los procedimientos o en las normas, si no van acompañados de la elevación de todos los niveles de judicatura, porque si no es así, sería la fuga de donde se perdería cualquier avance.
Es evidente que la procuración y sobre todo la administración de justicia ha sufrido un deterioro al paso de los años que será muy difícil de retomar; pero que por otro lado, no admite demora. Como ejemplo de esto, podemos señalar la duración de los procesos que, como sabe, tienen un límite de tiempo para su sustanciación que es de un año y de cuatro meses, en su caso, durando ahora más de los términos establecidos por la Constitución.
La procuración y administración de justicia es un elemento que debe estar a la altura del desarrollo social, pues incide necesariamente en la tranquilidad y desarrollo de cada uno de los habitantes de esta ciudad y de la comunidad en su conjunto.
Por tanto, el gasto en estos importantes renglones debe eficientarse y traducirse en mejoras objetivas que a la vista de la ciudadanía responda a las actuales necesidades.
Para Acción Nacional, la procuración de justicia es fundamentalmente el combate a la delincuencia, por lo cual es inexplicable que a pesar del aumento de recursos, los índices selectivos en delitos graves sigan en aumento, no obstante de que en ocasiones nos presentan estadísticas que muestran lo contrario, pero ya saben ustedes que respecto a ellas se expresa que hay tres tipos de mentiras: las falsedades, las verdades a medias y las estadísticas.
El presupuesto asignado a los tres programas en el ámbito de justicia y seguridad pública, aumentó en 34% nominal en relación a 1990. Considero que es necesario inclusive un mayor aumento en este ámbito, dando preferencia especial a la prevención del delito, a la capacitación de la policía, para crear verdaderos cuerpos de prevención y no de represión; a la defensoría de oficio, para que cumpla efectivamente sus funciones, dándole servicios parciales y estableciendo un cuerpo de peritos, abogados especialistas en todas las ramas del derecho, aumentando el número de ellos, a efecto de que en cada agencia del ministerio público, se cuente con defensores para que cumpla cabalmente con las bondades de las nuevas reformas en materia penal.
La seguridad pública es uno de los rubros que ejerce un presupuesto considerable y es perfectamente entendible, pero es necesario que el mismo se aplique con absoluta transparencia y eficacia. Constituye una protesta generalizada de la población, que han expresado reiteradamente por los medios de comunicación, que es la existencia de múltiples políticas que sirven a intereses personales o de grupo, desvirtuando su función y aprobando la incapacidad del sistema, para no hacer referencia a los grupos de seguridad personal.
Se habla mucho del abatimiento de los asaltos bancarios, mostrándose como un logro en la seguridad pública como un logro en la seguridad pública; si bien podemos aceptar un empeño de la autoridad en este sentido, no puede pasar inadvertido que han desaparecido factores externos
que ciertamente inciden en estos actos delictuosos.
La seguridad pública constituye el presupuesto básico para el desarrollo social, porque si no hay orden, se pone en peligro no sólo una área de desarrollo sino de la ciudad entera.
Al realizar el análisis del presupuesto asignado a procuración e impartición de justicia, encontramos que se designarán 69 mil millones de pesos para iniciar 142 mil 050 averiguaciones previas, derivadas de ilícitos, y se emitirán 187 juicios técnico - jurídicos sobre la procedencia o no de la acción penal, así como los informes previos que en materia de amparo demanden los órganos jurisdiccionales para lo cual se asignen 7 mil 214 millones de pesos.
De las dos metas anteriores se desprende que se resolverán 45 mil juicios técnico - jurídicos que nunca se iniciaron, y por otro lado, se asigna una partida de 9 mil millones de pesos para analizar 150 mil averiguaciones previas, con ponencia de reserva y de no ejercicio de la acción penal y la consignación de las averiguaciones previas correspondientes al órgano jurisdiccional, por lo que se duplica el presupuesto en las metas 25 y 28.
Cabe mencionar la duplicidad existente en las metas 49 y 50, por 800 millones de pesos cada una, ya que si se turnan 5 mil asuntos a la defensoría jurídica, es obvio que se presentarán 5 mil demandas; de lo contrario sería ilógico que al turnarse no se tramitarán las demandas correspondientes. En la meta 53, se asignan 444 millones de pesos para obtener 4 mil sentencias favorables, lo que implica, por lo menos lo parece, que se está sobornando al Poder Judicial al dictarse sentencias favorables, es decir, ya se sabe el sentido de la resolución. Si no es favorable la sentencia, ya no se asignará algún presupuesto.
En cuanto a los recursos destinados para el ámbito ecológico, éstos ascienden a más de 800 mil millones de pesos, lo que representa un incremento de 74% respecto al del ejercicio de 1990. Cabe mencionar aquí en relación a este programa integral si algunos diputados han detectado que metas importantes del mismo, como son por ejemplo la instalación de convertidores catalíticos en todos los vehículos a gasolina modelo 1991 no se están cumpliendo cabalmente, por lo cual el programa integral contra la contaminación, se viene abajo en una de sus partes.
Para la reforestación de la Sierra de Guadalupe y Santa Catarina se contempla la obtención de financiamiento externo que consideramos innecesario, porque es una obligación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Por lo que respecta a la reforestación rural del valle de México en los años de 1989 y 1990, no se cumplieron las metas al 100% de lo que se había planeado. Por esta razón insistimos en la importancia del cumplimiento por la trascendencia que tiene a lo largo y a corto plazo el mejoramiento ambiental.
Respecto a la meta 13 del Programa de Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales, los objetivos son: efectuar 4 mil 650 eventos culturales, deportivos y recreativos en los centros de reclusión y para tal efecto se asignan 2 mil millones de pesos, cantidad que mejor debiera aplicarse a la administración de justicia, para que resuelva pronta y expeditamente los juicios, en lugar de tenerlos entretenidos con eventos que serían en promedio 387 al mes, tomando en cuenta los cinco centros de reclusión.
Tocante al ámbito del agua baste señalar lo siguiente: en el año de 1990 se programaron 244 mil 149 millones de pesos para captar 559 mil metros cúbicos de agua en bloque.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 1991 se programan solamente 112 mil millones de pesos para la captación de los mismos 559 mil metros cúbicos de agua en bloque.
Como todavía a la fecha no tenemos el informe final de avance en el año, no podemos verificar la cantidad total invertida en 1990; y por lo tanto, surge la duda si para el próximo año reducirá el costo del agua en bloque a menos de la mitad del año pasado.
Si así es, esto quiere decir que hubo un grave error en el cálculo estimado para 1990. Entonces, ¿en dónde quedaron o a qué partida fue aplicada la nada despreciable cantidad de 131 mil millones de pesos?
En cuanto al acueducto perimetral, hacemos la referencia del proyecto de egresos para 1990 en que la meta era construir dos kilómetros de túnel de cuatro metros de diámetro y revestir tres kilómetros de la segunda etapa y en el informe de avance de enero a junio para el mismo año nos reportan 709 metros excavados y 52 metros de revestimiento que equivale al 32% y 1.43% respectivamente.
Y se dice, cayendo en falsedad, que a esa fecha lleva el 81% y el 4% respectivo, ¿a cuánto llegaría finalmente el avance?
Con las dificultades que se encuentran y se señalan en el mismo informe, dudamos mucho que haya llegado al 60%, lo cual quiere decir que no se aplicaron los 7 mil 422 millones de pesos tan sólo en este rubro.
Para 1991 se programan excavar 2.3 kilómetros y revestir 900 metros. Si a lo sumo se tiene la experiencia que sólo se avanzó en 1.4 kilómetros de excavación y un poco más de 100 metros de revestimiento. ¿Cuánto va a dejar de aplicarse de los 21 mil millones de pesos asignados para este próximo año?
Y si un ritmo normal, la realidad es que ese acueducto se terminará en 20 años, con retraso, ¿en cuánto tiempo se terminará esta obra que debe ser prioritaria? Esperamos no morir de sed antes de ello.
Tocante al Programa de Ampliación y Mejoramiento de la Planta Física para la Educación y Capacitación, a éste se le deberían asignar mayores recursos para inversión, previa la evaluación de los costos y beneficios económicos y sociales.
Sabemos todos que este programa es prioritario, por la demanda cada día mayor de este servicio. Nos parece insuficiente el recurso asignado a éste, que siendo básico, sólo se le asignan 318 mil millones de pesos, a la conservación y mantenimiento, la mayor parte del presupuesto, siendo que la mayoría de las ocasiones estos gastos son absorbidos por la Sociedad de Padres de Familia.
Creemos que aparte de una mayor asignación de recurso a este programa, la mayor parte debería ser a la construcción de escuelas.
Por lo anterior, nuestro voto es en contra. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Gómez Villarreal.
El diputado Jorge Gómez Villarreal: - Señor Presidente: En nombre del Partido de la Revolución Democrática, emitimos ante ustedes señoras diputadas y diputados, nuestro voto particular sobre el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Existe un consenso generalizado sobre el reconocimiento de las carencias de la capital, así como de las deficiencias y atrasos de diversos ámbitos de la vida social de ésta misma. El análisis de estas situaciones debería ser la base para la elaboración del proyecto económico del siguiente año en el Distrito Federal, para que los programas que se contemplen permitan superar realmente las condiciones actuales. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991, no responde ni apunta a la solución o superación de las demandas y problemas de los capitalinos, más bien su orientación es la reducción presupuestal y de metas en algunos programas prioritarios y básicos, lo cual agudizará los rezagos existentes y deprimirá aún más los niveles de vida de los capitalinos.
Por lo tanto, en realidad no existe un proyecto suficientemente amplio para atenuar debidamente las carencias de la ciudad, pues analizando los programas que se incluyen en el presupuesto, observamos que en lo que se refiere a diversos servicios públicos, su orientación se reduce o se mantiene en el nivel actual de los mismos, pese al reconocimiento de que existen rezagos reales y fuertes en ellos, por ello, difícilmente puede hablarse de resolver problemas, cuando ni siquiera se contempla abatir déficits acumulados.
Para nuestro análisis del proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991, realizamos en general comparaciones con el año de 1990, por ser el año con el que el desglose o subdivisión de programas realizados para el siguiente año, permite una comparación más congruente que con otros años.
El presupuesto de 1990 fue de 7.59 billones de pesos, y para 1991 se proyecta la cantidad de 10.86 billones, lo cual representa un aumento de 43%, aunque esto implica un incremento en términos reales, aparente, pues a diferencia del presupuesto de 1990, ahora sí se incluyen, a diferencia del año anterior, las obras del metro en las que se erogaron y se piensa erogar hoy aproximadamente un billón de pesos, con lo cual el aumento es tan sólo del 31.55%, lo que de acuerdo a las previsiones inflacionarias planteadas por el Secretario de Hacienda en esta Cámara para 1991, hace que el presupuesto no resulte realmente significativo en su incremento entre el año anterior y el que nos sigue.
En 1991, crece la participación de los recursos propios del Departamento del Distrito Federal, es cierto, y las entidades coordinadas en el presupuesto total, por lo tanto, bajando las transferencias y participaciones federales, con esto el gobierno capitalino quisiera mostrar que se está avanzando en el saneamiento de las finanzas, pero en la medida de una proporción de los ingresos hay que entender que éstos se basan en productos, ventas de valores, aprovechamientos y no en incrementos sustancialmente sólidos que permitan
establecer formalmente condiciones de estabilidad para ese beneficio de las finanzas públicas.
Debemos reconocer, como Partido de la Revolución Democrática, que el presupuesto de egresos no necesariamente está equivocado en todo. Estamos de acuerdo con muchas de sus partes, pero no con algunas de ellas que consideramos profundamente equivocadas y difíciles para los capitalinos. Mencionaremos algunas de ellas: la primera es que las acciones orientadas a promover cambios a los planes de las delegaciones y del Departamento en lo general, en vez de ser resultado de consulta pública para poder establecer modificaciones y acciones, se establecen en una actitud profundamente antidemocrática para la población capitalina. Lo hemos reiterado en todos los foros, se sigue manejando de esta manera por parte del Departamento. Las acciones y el presupuesto que refleja a estas acciones y programas, no es el resultado de una consulta a la población, sino de una actitud tomada deliberadamente en los escritorios del Departamento del Distrito Federal.
Hay un factor que a todos nos es importante, el factor de la contaminación ambiental. Hemos insistido muchas veces sobre él; una parte importante de este proyecto lo representa la producción de combustibles no contaminantes, lo que se desarrollará en diversas plantas de Petróleos Mexicanos, entre la que se encuentra la Refinería 18 de Marzo. Hemos visto en los últimos días toda una serie de acciones que la Secretaría de Desarrollo urbano y Ecología ha tomado contra ella; sin embargo, nos son las suficientes para poder establecer una solución real al problema. El problema no se resuelve con una multa como la que se establece; en esta refinería sólo se establecen acciones para reducir emisiones, pero no está claro el futuro de ésta. Hay que recordar que en 1975, cuando se inauguró la Refinería de Tula, Petróleos Mexicanos anunció que la Refinería de Azcapotzalco se cerraría a mediano plazo, y para esto, en aquél entonces, el Departamento del Distrito Federal firmó un acuerdo a este respecto, que implicaba que tan sólo sería un depósito de combustibles y no un proceso de refinación. Los sucesos de San Juanico, conforme lo dijimos al jefe del Departamento del Distrito Federal, reflejan lo contrario.
En materia de transporte, respecto a 1990 se redujeron programas relativos a las comunicaciones y transportes, como regularización de organización de las comunicaciones, transportes y servicios de transporte urbano e interurbano, de un 22.3% y un 32.9% en términos reales, a pesar de que el transporte es un programa prioritario. Se debe tener presente que en una ciudad tan densa como la nuestra, y que cuente con un deficiente sistema de transporte, daña la productividad por el alto desperdicio de horas- hombre, además de gravar los problemas de contaminación ambiental. Quizá podría argumentarse que el Metro ha solucionado en gran medida el problema del transporte urbano, como se dijo hace un momento; sin embargo, este servicio no llega a todos los puntos de la ciudad.
Es ahí, en esos puntos donde se requiere otro tipo de medios de transporte como el autobús o el trolebús, que parece que está siendo desechado por las autoridades del Departamento del Distrito Federal, ya que los primeros han disminuido en 1990, respecto a 1983, en un 20%; y los segundos, los transportes eléctricos, en un 25%. Es necesario poner más atención y mayores recursos a este servicio tan importante.
No existe en el presupuesto ninguna tendencia que pueda presentar efectivamente una actitud proclive a este problema, a la solución de este problema.
Por otra parte, se mantiene la política de promoción de vehículos privados, como lo muestran los siguientes hechos: según el proyecto de presupuesto, todo indica que se mantendrá el parque vehicular de autobuses Ruta- 100 en 3 mil 500 unidades; esto es, la mitad de las que había en 1982, por lo que podemos concluir que no se va a ampliar la oferta de este servicio, aun cuando se establecerán las llamadas rutas de lujo, éstas no pueden considerarse que sean alternativas para amplios sectores y por el contrario puede ser un factor que aumente el gasto en transporte de sectores populares, ya que como ha ocurrido con las combis y minibuses, se ha convertido en la única opción de transporte para muchas zonas, incluyendo las populares.
En el caso del sistema hidráulico, el programa de operación de este sistema, según el presupuesto de egresos, será reducido en un 32.9% en términos reales, como ya fue mencionado hace un momento, lo cual consideramos grave, puesto que aún es insuficiente la infraestructura para nuestra ciudad. Al parecer no se orienta el gasto a desarrollar la infraestructura necesaria para dotar de agua potable a la capital en base a este sistema, sino que se opta por la promoción del ahorro en el consumo del agua ya existente en el país, el reciclaje de la que ya se utiliza y la recarga de mantos acuíferos en el valle de México; aún cuatro de cada cinco habitantes del Distrito Federal, carecen o es insuficiente su servicio de agua, lo cual imposibilita el cubrir las necesidades correspondientes e inclusive, puede ser causa de graves enfermedades. En muchos de los casos ya la es.
Sin embargo, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años, lo propuesto para el siguiente año está lejos de permitir avanzar en dotar de agua a quienes hoy carecen de la misma. Y por otra parte, no se plantea en ninguno de los programas abatir el gran consumo que tienen determinadas industrias para que puedan establecer efectivamente ellas, reciclajes y condiciones para poder tratar su agua en condiciones diferentes, excepto recomendaciones, no hay más que eso: recomendaciones.
Por lo tanto, la fuerte reducción de recursos en este sector apunta a que 1991 siga siendo un año en que el problema del agua se mantendrá como uno de los principales problemas de la ciudad.
Queremos hacer un énfasis muy particular sobre el dictamen de la comisión. El dictamen presentado por la Comisión del Distrito Federal, para fundamentar el decreto correspondiente al presupuesto de egresos para el año de 1991, deja mucho que desear y es sintomático en muchos sentidos del papel secundario, que el oficialismo ha asignado al Congreso, por debajo incluso de sus facultades constitucionales.
Es inaceptable que el dictamen se limite fundamentalmente a una simple exposición del contenido de la iniciativa a debate de sus principales programas y sus asignaciones presupuestales. Esto ya había sido presentado por el promotor de la iniciativa en su exposición de motivos, el propio departamento.
Además de esa exposición prácticamente sin análisis en cuestiones que esta Cámara tiene facultad de decidir, el dictamen sólo comenta que la asignación presupuestal general es insuficiente. Pero acepta y aprueba a los programas particulares, inclusive, si hay reducciones considerables en el presupuesto y algunas de ellas no hay modificación a ninguno de ellos. Se llega incluso al grado de justificar esas disminuciones, lo más que se puede encontrar en dicho dictamen son recomendaciones y nada más que eso.
Si esta Cámara tiene la facultad de aprobación o reprobación del presupuesto, lo menos que puede hacer para cumplir de manera responsable con esta atribución, es asegurar que éste, los programas y metas que lo integran, tengan un cierto impacto social, y al quedarse sólo con recomendaciones, demuestra que pese a todas las tareas realizadas por la comisión, sus reuniones y actividades, no se ha logrado profundizar e influir realmente en el impacto que tendrá el proyecto social en el Distrito Federal.
El papel del Poder Legislativo, debido al grupo mayoritario, se ha convertido estrictamente en un legitimador de los proyectos y decisiones del Ejecutivo.
Todo esto es señal de atención de la necesidad por modificar los mecanismos con que de manera tradicional esta Cámara aborda lo relativo al presupuesto, no es posible mantener la situación actual en la que se funciona de manera subordinada al Ejecutivo, pues de ninguna manera la Cámara está realizando un análisis exhaustivo de lo que es el presupuesto y su posible impacto en la sociedad.
Por ello, es preocupante el que se presenten dictámenes como el que debatimos esta ocasión; parco en posición, limitativo en cuanto a las atribuciones de esta soberanía y que soslaya carencias reales del presupuesto que la población demanda.
De continuar así, sólo se agudizará la difícil situación que representa la centralización política que el Ejecutivo establece y anula formalmente ante la condición de la división de los poderes en el país.
En el análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, y el dictamen de la comisión del Departamento del Distrito Federal, de la comisión legislativa, perdón, señores diputados, así como la realidad que vivimos en la zona capitalina, sus características, carencias y rezagos, llevan a concluir que es insuficiente el presupuesto propuesto.
Por tanto, sigue sin promoverse desde el gobierno, el poder atacar eficiente y debidamente las condiciones que deterioran cotidianamente la vida de la ciudad.
Lo más que puede esperarse, es que se mantengan los niveles actuales de prestación de los servicios, lo que significa que continuarán los rezagos existentes y en algunos casos, se acrecentarán.
Por otro lado, además de las carencias del presupuesto, la línea que sigue el Departamento para la ciudad que incluye los objetivos del presupuesto y las metas que contiene, tienden a conformar zonas de alta rentabilidad con base en proyectos exclusionistas que afectan a ambos sectores de capitalinos y a sus posibilidades de ver cubiertas necesidades y requerimientos básicos.
Nuestra ciudad capital, requiere con urgencia de acciones de fondo para superar la situación en que se encuentran. Acciones que para su mayor eficacia requieren de un alto componente de participación ciudadana en su definición y puesta en práctica. Pero no parece ser que exista la voluntad de abrir los espacios de esta participación ni de promover acciones que con la profundidad adecuada requiere el Distrito Federal.
Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta Cámara, manifiesta su voto en contra del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Departamento del Distrito Federal, sometido a esta consideración. Gracias. (Aplausos.)
Presidencia del diputado
Jaime Rodríguez Inurrigarro
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Alberto Pérez Fontecha: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados; conciudadanos que nos acompañan: Escuchamos hace unos momentos la introducción que hizo la Comisión del Departamento del Distrito Federal al dictamen sobre el Presupuesto de Egresos del Departamento que deberá ejercerse durante el próximo año y que puso a consideración de esta asamblea.
Antes de hacer algunas consideraciones sobre el presupuesto a ejercer por el Departamento del Distrito Federal en 1991, consideramos necesario reiterar y dejar constancia de que todos los integrantes de la Comisión del Distrito Federal han puesto su mejor esfuerzo en el desempeño de su comisión. Sin embargo, como le sucede a la gran mayoría de las comisiones de esta Cámara, por no querer decir a todas, no tan sólo no nos escuchan, sino que ya tampoco nos oyen.
El año pasado la comisión nombrada por esta Legislatura hizo recomendaciones en el cuerpo del dictamen para el presupuesto a ejercer de 1990. Y así, se aprobó ese presupuesto.
Al pasar más de once meses de este año, la comisión se percató que la gran mayoría de las recomendaciones, por no decir que todas, no fueron tomadas en cuenta por el gobierno del Departamento del Distrito Federal.
Dicen que la fe es lo último que se pierde y ojalá que para el próximo año el Ejecutivo del Departamento del Distrito Federal, no tan sólo respete las recomendaciones que hoy se harán dentro del dictamen, sino que al menos trimestralmente informe del avance y cumplimiento no tan sólo de esas recomendaciones sino de la aplicación correcta del presupuesto.
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sostenemos que la mejor forma de convencer es siendo congruente con los programas de gobierno y sobre todo en aquellos programas y acciones que la ciudadanía requiere y solicita.
Por ello, estamos plenamente convencidos que en estos momentos en el que todos tratamos de salir del grave problema que tiene nuestra ciudad y que es la de la contaminación, el gobierno del Distrito Federal una vez más no está permitiendo que sean los capitalinos los que decidan las distintas opciones que convengan para este efecto, pues son los pobladores del Distrito Federal los que están debatiendo entre la vida y la muerte.
No somos dramáticos, compañeros diputados, hace tan sólo unos días la Secretaría de Salud, a través de los medios masivos de comunicación dio a conocer que durante las dos primeras semana del mes de diciembre se registraron 140 mil casos de enfermedades de las vías respiratorias, desde bronquitis crónica, hasta enfisema y fibrosis pulmonar; faltaría conocer los datos de los casos de infecciones en los ojos.
Estamos conscientes que como lo señala el mismo cuerpo del dictamen puesto a nuestra consideración, el presupuesto del Departamento del Distrito Federal se basa en siete propósitos que fueron previamente señalados por el titular del departamento, desde el inicio de la actual administración.
Entre otros propósitos se señala el reducir la contaminación ambiental del valle de México, conjuntando los esfuerzos de los diversos grupos sociales, estrechando la coordinación con los gobiernos estatales y municipales y con los sectores de la administración pública federal; sin embargo, esa coordinación no se ha logrado.
Pensamos que después de los acontecimientos de la Refinería 18 de Marzo, en Azcapotzalco, poco se podría contar con la administración pública federal encargada de este problema del medio ambiente y que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
No se pueden seguir tapando los pozos después de los niños ahogados, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debe ser fuertemente sancionada y remover a sus funcionarios que no están cumpliendo con la supervisión de las medidas que ellos mismos dictan.
Nosotros ni el pueblo de México podemos pensar y creer que con una sanción económica a Petróleos Mexicanos se reparó el grave daño que ocasionaron con la fuga de azufre la semana pasada. Nos preguntaríamos, compañeros diputados: ¿cuántas fábricas estarán en las mismas condiciones, que por falta de capacitación y
responsabilidad de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología no son supervisadas y revisadas?
Todos estamos conscientes que ya han sido varias las medidas que se han dictado, podríamos citar los cambios de horarios en las entradas de las escuelas de los niños; ahora se habla de que ya no haya clases en equis meses del año. Se implantó el programa de un día sin auto y se ha querido implantar un día sin fábricas, un día sin taxis, etcétera.
Sin embargo, los programas que hasta ahora se han implantado y que han sido respetados por la ciudadanía en nada han ayudado a sanear el medio ambiente, al menos no se tienen controles que permitan hacer comparaciones; todos somos testigos de la anarquía que existe no tan sólo en el transporte de la ciudad, sino la anarquía que existe en la concesión de las rutas y la pésima programación de las mismas.
Siempre se ha dicho y se han justificado las inversiones, diciendo que los camiones, las peseras y distintos vehículos que se concesionarían, circularían transversalmente a las rutas del Metro, para quitar esta anarquía del transporte. Sin embargo, éstas circulan paralelamente al Metro y así no se soluciona el problema del transporte. Se ha agravado y provocado mucha mayor contaminación.
Meramente observamos en nuestra ciudad cientos de vehículos que contaminan. Desde camiones de pasajeros de la Ruta - 100, hasta camiones de carga y pipas de Petróleos Mexicanos. Cabría aquí hacer algún señalamiento: ¿no le dará vergüenza al director de Petróleos Mexicanos que en menos de 60 días ya se han dado hechos tan graves como el de San Juan Ixhuatepec y hace unos días el de la Refinería 18 de Marzo, por falta de mantenimiento? ¡Y ahora sean los camiones repartidores de esa empresa los que por falta de mantenimiento, la mayoría de ellos, contaminan nuestra ciudad!
Para el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el gobierno del Departamento del Distrito Federal debe tomar de inmediato las medidas que ayuden al saneamiento del medio ambiente. Esto es prioritario. No pedimos que los demás programas deben de meditarse. ¡Pero para qué queremos, compañeros diputados, más drenaje, más agua, regularizar la tierra, tener más transporte, tener más escuelas, si al paso que vamos lo que nos va a hacer falta son habitantes!
¡Requerimos que el Departamento del Distrito Federal esté consciente del grave problema que tiene nuestra ciudad! Por ello, no es comprensible que el Programa Integral del Transporte, en lo tocante a lo proyectado para los trolebuses, no se haya cumplido por problemas estructurales de la empresa. Pensamos, que primero está el mejoramiento del ambiente y la salud de los habitantes, y después resolver los problemas estructurales de una empresa.
Por otra parte, en la hoja cuatro o cinco del dictamen, porque se cambió, y estando de acuerdo todos los integrantes de la Comisión del Distrito Federal, conscientes de este problema, se acordó incorporar un párrafo en el dictamen, que señala la recomendación de que si se obtienen ingresos adicionales a los originalmente previstos, se considere la asignación de recursos para la inversión del Programa de Transporte Eléctrico.
Sin embargo, compañeros diputados, en la hoja siete señalo, cito textualmente y dice que: "no obstante el incremento de recursos asignados al ámbito de ecología, la Comisión del Distrito Federal reitera la preocupación por el incumplimiento de metas importantes, como son la instalación de convertidores catalíticos en todos los vehículos a gasolina modelo 1991, ya que esto afecta todo el programa".
Pensamos, compañeros diputados, que este punto que aparece en el dictamen debe ser de gran preocupación no tan sólo de la Comisión del Distrito Federal; debe ser preocupación del pleno de esta Cámara, porque es un problema a nivel nacional. Siempre se dio a conocer como medida del gobierno federal, que todos los modelos de automóviles 1991 contarían, como requisito indispensable que en las plantas armadoras se les instalarían estos convertidores catalíticos.
Y por ello aparecía en el mercado la llamada gasolina Magna Sin.
Ahora, tendríamos que investigar que autoridad federal o secretaría del Ejecutivo autorizó que las armadoras no cumplan con este delicado requisito.
El grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana solicita que la Comisión de Ecología de esta Cámara de Diputados atienda la observación que hace la Comisión del Distrito Federal en el dictamen e informaran a este pleno ¿qué está pasando con las armadoras de coches y cuál ha sido la autoridad que está permitiendo la no instalación de estos convertidores catalíticos?, que era la obligación a partir de todos los modelos 1991.
Para terminar, compañeros diputados, solo señalaríamos que a lo mejor por las prisas, al
considerar que los ingresos extras que pudiera tener el Departamento del Distrito Federal se apliquen a programas prioritarios, como puede ser el transporte eléctrico, se nos olvidó recordar que para 1991 el Departamento del Distrito Federal recibirá ya ingresos extras por medio de la ley de coordinación fiscal, ingresos que antes no recibía, y que a esas alturas tal vez sólo quedaría hacer un llamado al jefe del Departamento del Distrito Federal para que estos nuevos ingresos se apliquen de inmediato a programas que permitan el saneamiento del medio ambiente con medidas reales y no con medidas populistas.
Asimismo, quisiéramos agregar la necesidad de regular y detener el crecimiento de otro gran problema que vive el Distrito Federal, y que consideramos que después del ambiental, junto con el de seguridad pública representa el segundo lugar en problemas de esta capital. Y es el de los vendedores ambulantes.
El pasado lunes, en un diario capitalino, se señala que en el Distrito Federal ya son 800 mil comerciantes ambulantes, de los cuales 100 mil se ubican dentro del Centro Histórico. Advierte el arquitecto Carlos Reyes Navarro, quien es presidente del Instituto Interdisciplinario de Planeación Urbana Regional, que si no hay descentralización de nuestra economía, para diciembre del próximo año, se podrá contar con millón y medio de comerciantes ambulantes. Urgen medidas que regulen a estos conciudadanos y ante todo que el gobierno del Departamento del Distrito Federal no permita concesiones a nuevos líderes, que no tan sólo explotan a los comerciantes sino que crean graves problemas a la ciudadanía y a la misma autoridad.
Por todo lo anterior, por la falta de cumplimiento del gobierno del Departamento del Distrito Federal, en las recomendaciones y en los programas del presupuesto que está por terminar, y en el que se encuentra, entre otros, el de seguridad pública que supuestamente vendría a dar tranquilidad a la población y que lo que ha conseguido es que cada día el habitante del Distrito Federal esté más expuesto a robos y asaltos, el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en contra del dictamen de presupuesto puesto a nuestra consideración, ya que en él no se plasman los programas que los habitantes del distrito Federal quieren y necesitan.
Asimismo, quisiéramos dejar constancia de la necesidad que sentimos de que el gobierno del Departamento del Distrito Federal informe del avance en el cumplimiento del presupuesto de egresos, de los programas y de las recomendaciones que aparecen en el cuerpo del dictamen que posiblemente ustedes hoy aprobarán. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista.
El diputado Belisario Aguilar Olvera: - Con su venia señor Presidente; honorable asamblea: Dos son las causas fundamentales de casi todos los problemas del Distrito Federal. El crecimiento anárquico nacional que ha privilegiado la vida en las ciudades, principalmente en el Distrito Federal, y la política desnacionalizadora que en el sexenio pasado y lo que va de éste ha reducido sensiblemente la participación del Estado en la vida económica del país.
Estas causas han provocado una intensa migración del campo a la ciudad, la falta de un desarrollo armónico nacional, el decaimiento de la agricultura, el poco prestigio de las instituciones de educación media y superior estatales y la raquítica difusión cultural, han sido los estimulantes de ese lento pero continuo traslado de miles de mexicanos a la ciudad de México.
Desde el punto de vista político, el estado de México, en su zona conurbada, y el Distrito Federal son dos entidades distintas, pero por sus problemas y actividades económicas, sociales y culturales, conforman un solo ámbito. Sin embargo, siendo problemas comunes en su mayor parte, reciben un trato distinto y sus soluciones, en muchos casos, llegan a ser opuestas.
La ausencia casi total de una misma visión y la falta de voluntad política para afrontar de manera común los problemas metropolitanos, hace que lo que se planea y emprende en el Distrito Federal se vea obstaculizada por la inacción o acciones contrapuestas en los municipios aledaños. De allí el viejo pero visionario planteamiento del Partido Popular Socialista de crear el estado del valle de México, porque los problemas de la cuenca metropolitana o se resuelven integramente o sólo tendrán el carácter de paliativos.
La resistencia a la creación del estado 32, a veces parece más enfermiza que política, encubriéndose en el fondo intereses económicos de gran magnitud. Muchos obstáculos hubo que sortear para dar el primer paso, el de la creación de la Asamblea de Representantes. Creemos que ha llegado el momento de transformar a la asamblea en un cuerpo legislativo con independencia plena, respecto del Ejecutivo Local.
Agotadas prácticamente las posibilidades de crear asentamientos humanos en el Distrito Federal, la
mancha urbana se extiende día con día por todos los municipios conurbados, a una velocidad de 29 kilómetros cuadrados al año, esto es a 80 mil metros cuadrados diarios. Este crecimiento, en su mayor parte anárquico e irregular, crea problemas que parecen no tener solución.
El problema de la vivienda adquiere rasgos dramáticos, los problemas del transporte de pasajeros y el ecológico, son al mismo tiempo desquiciantes, causa de la neurosis colectiva y fomentadores del crecimiento del índice delictivo.
Por eso el dictamen que hoy discutimos, realza la coincidencia de los miembros de la Comisión del Distrito Federal, de que la solución a problemas como el transporte urbano, el ecológico y el suministro y desalojo del agua, requiere de una solución global y coordinada en toda la zona metropolitana.
Debemos reconocer, sin embargo, que el total de erogaciones previstas en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal son insuficientes para dar cauce a la solución de graves problemas que los capitalinos padecemos.
El gasto crece en términos reales, en un 13.2%, el cual quedará invalidado en los primeros meses del año de su ejercicio. Eso coincide con la tendencia del gasto federal, de comprimirlo con la idea de combatir la inflación a costa del gasto productivo, renunciando el gobierno al combate de la inflación por el lado de la oferta, favoreciendo aún más la acumulación del capital. Aquí por ejemplo, en el caso del Programa del Medio Ambiente, pese al aumento nominal del 74.6% con relación a 1990, dada la magnitud del problema, relacionándolo además con la inflación prevista, resulta a todas luces insuficiente. Defender la ecología debe ser una tarea de primer orden y toda inversión en ese sentido será siempre justificable; pero aquí se antoja preguntar: ¿el por qué el Departamento del Distrito Federal no aplica estrictamente la ley y actúa en consecuencia contra las industrias contaminantes y, sí nos dice por el contrario, que se hace necesario continuar aplicando las disposiciones legales adoptadas para prevenir y controlar la contaminación generada por fuentes fijas, que no nos lo diga, que las aplique.
Lo mismo se puede afirmar en el caso de la vivienda, a la que se destina una miseria de recursos, el 19% del total. Según el 1.9% del total. Según los urbanistas y los dedicados al estudio de este problema se requiere un mínimo de un millón de acciones de vivienda y si bien es cierto que se afirma en el proyecto que se construirán y adquirirán viviendas terminadas que pondrán al alcance de los grupos de población de recursos reducidos, se tiene el cuidado de no informar de la cantidad de ellas y mientras esto sucede en vivienda, se observa que el rubro de la seguridad alcanza un 11.1% del total; en lugar de viviendas, más patrullas, más parques, más razzias juveniles, más temor de la ciudadanía.
Examinar el problema del transporte colectivo de pasajeros sin relacionarlo con el problema ecológico nos llevará siempre a conclusiones y soluciones erróneas. El gran problema en el valle de México es trasladar a millones de pasajeros en el menor tiempo posible sin contaminar el medio ambiente y, mientras se realiza el esfuerzo de instalar los convertidores catalíticos en Ruta - 100, crece el número de combies y microbuses y se permite el ingreso al Distrito Federal de líneas de camiones que queman diesel y por ende son contaminantes.
Se informa, asimismo, que se completarán 3 mil 500 unidades anticontaminantes y en el Distrito Federal se necesitan 10 mil unidades para resolver el problema del transporte, porque cada unidad de Ruta - 100 transporta diariamente lo mismo que diez combies.
En 1981 las combies cubrían solamente el 3% del transporte de pasajeros y hoy, las 70 mil unidades cubren el 30% del total de los viajes. En 1981 eran 3 mil 200 unidades de Ruta - 100 y en 1990, nueve años más tarde, llegamos a 3 mil 500, ¡qué absurdo!, y nosotros nos preguntamos: ¿qué se necesita para integrar el Instituto Metropolitano del Transporte? Este Instituto, lo hemos dicho una y muchas veces, debe integrarse por el Departamento del Distrito Federal y las entidades federativas conurbadas con el mismo; debe financiarse al estilo del Seguro Social, con aportaciones de los patrones en primer lugar que son los más beneficiados en la solución del transporte; por el estado y en menor cuantía por los usuarios. Solamente con una coordinación metropolitana se resolverá integramente el problema del transporte.
Por esas razones, porque es a todas luces, un presupuesto de egresos que emana de una política que privilegia al capital y no sirve a los altos intereses populares, el Partido popular Socialista votará en contra del dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fructuoso López Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Fructuoso López Cárdenas: - Señor Presidente; honorable asamblea: Quisiera,
antes de iniciar mi exposición, hacer un justo reconocimiento a todos los miembros de la Comisión del Distrito Federal, representantes de todos los partidos políticos, por el esfuerzo desplegado durante el presente año, para cumplir eficazmente con la misión que se nos tiene encomendada y dar cabal respuesta a las tareas asignadas, siempre en un ambiente de libertad y respeto a nuestras posiciones ideológicas y partidistas.
El proyecto de presupuesto de egresos para 1991 presentado por el Departamento del Distrito Federal, busca atender los requerimientos de servicios básicos que demanda la ciudadanía, dentro de un marco de restricción, disciplina y priorización del gasto público y en congruencia con la realidad económica del país.
Para esto, se establecen las siguientes estrategias: coadyuvar al bienestar y desarrollo integral de los diversos sectores sociales que integran la población capitalina, apoyando especialmente a los de menores recursos económicos; continuar con el saneamiento financiero del sector, haciendo más eficientes los conductos de captación tributaria, buscando fortalecerlos bajo un enfoque de equidad social; establecer una más estrecha colaboración con la sociedad capitalina para la prevención y el combate de la contaminación ambiental; fortalecer las acciones de regularización territorial, buscando mejorar el control del uso del suelo y por ende, el ordenamiento del crecimiento urbano; mejorar la prestación del servicio de transporte público, a través de una mayor coordinación de los diferentes medios y una modernización del parque vehicular; redoblar esfuerzos para dar continuidad a la nueva política de uso eficiente y ahorro de agua potable.
Garantizar los derechos y seguridad de los ciudadanos, mediante la modernización y simplificación de los sistemas y procedimientos de las instituciones de procuración e impartición de justicia y seguridad pública.
Ante la amplia gama de necesidades por atender y la escasez de los recursos disponibles, el gobierno de la ciudad definió aspectos prioritarios; así, en materia de justicia y seguridad pública, para 1991 se tiene previsto continuar con los procesos de modernización y fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia y sus instituciones, con el objeto de reforzar el respeto de los derechos y garantías que en lo individual y en conjunto, tiene la sociedad capitalina.
En este sentido, es destacable el hecho de que en los dos años que tiene la presente administración, han disminuido sustantivamente los índices delictivos de la ciudad en un 25% y se ha mejorado la eficiencia en la resolución de las averiguaciones de actos ilícitos.
Esta comisión, en el cuerpo del dictamen recomienda que en forma paralela a la continuación de los programas y acciones llevadas a cabo, se busque una estrategia para recuperar la confianza de la población en los cuerpos policiacos y recomienda robustecer las acciones de prevención de robos callejeros y en especial en delitos sexuales.
Por otra parte, el gobierno capitalino considera entre sus más altas prioridades la protección y restauración del medio ambiente, por lo que para 1991, en este ámbito se proponen acciones para mejorar el habitat a través de objetivos específicos en materia de aire, agua y suelo.
Así, durante el ejercicio, las metas sustantivas para disminuir los niveles de contaminación del aire, quedan comprendidas en la continuación del programa de verificación de vehículos, la conclusión del programa de modernización de Ruta - 100, el fortalecimiento del transporte Metro. Asimismo, se establece un amplio programa de reforestación de la Sierra de Guadalupe y de Santa Catarina y en general la reforestación rural del Valle de México. Este programa se ha incrementado en un 74% y con el financiamiento externo alcanzará la suma de 7.3 billones de pesos.
Coincidimos en la necesidad de aplicar medidas más severas con aquellas industrias que no hayan realizado la instalación de equipos anticontaminantes. Por eso, esta comisión ha sugerido la creación de un organismo metropolitano de protección ecológica, con facultades ejecutivas, que coordine las diferentes instancias de gobierno que son responsables.
En relación a los convertidores catalíticos, la propia comisión hizo suya esta sugerencia y es preocupación de todos los que participamos en esta comisión y por lo mismo está inmerso en el cuerpo del dictamen.
Para evitar la contaminación del agua se llevaron a cabo las actividades de captación, conducción y evacuación de las aguas negras y pluviales en forma segura y eficaz, además de ampliar y mejorar la infraestructura primaria que permita optimizar la operación del sistema de drenaje, tratamiento y reuso de aguas residuales.
En cuanto a la proposición de escuelas, también es válida la expresión hecha hace unos momentos aquí, y tan lo es que se inserta en el cuerpo del dictamen la posibilidad de que en cuanto el
Departamento tuviera ingresos adicionales, éstos se destinen a este programa prioritario de escuelas.
Mediante el tratamiento adecuado de los desechos sólidos, se prevendrá y controlará la contaminación del suelo, para lo cual durante 1991 se continuará con las actividades de recolección y limpieza de la ciudad en forma eficaz.
Se expuso una preocupación hace un momento, en cuanto a la reducción del presupuesto del programa de agua, pero se olvida que hace dos años el Departamento entró con una deuda fuerte en este sentido, que ha saneado y actualmente sólo pagará el agua que será utilizada para 1991. Por eso la reducción en este mismo programa.
En el marco del programa integral de transporte para 1991, se procurará mejorar la coordinación de las diferentes modalidades del servicio, para dar cada vez más y en forma ordenada una atención creciente a la población, sobre todo a la que habita en las zonas marginadas. Esto obliga a avanzar en la organización y consolidación de los organismos, así como en la ejecución de sus tareas.
No se puede desconocer el gran esfuerzo que ha realizado en su modernización el Departamento del Distrito Federal, pues es de todos conocido el avance significativo que se ha dado en este rubro, y aun cuando consideramos que el problema tiene muchos ángulos desde los cuales pudiera ser examinado, es evidente que hay resultados positivos y se ha abatido parte del rezago existente.
Debemos subrayar que en el caso del Metro, las nuevas obras que se concluirán en 1991, permitirán movilizar mayor número de pasajeros, fundamentalmente por la terminación de la línea Pantitlán- Los Reyes- La Paz, que de hecho constituye una operación de un transporte urbano e interurbano, ya que el 75% de esta línea se ubica dentro del Distrito Federal y el 25% en el estado de México, con cerca de 17 kilómetros de vías dobles, constituyéndose en una vía de suma importancia.
El principal propósito del Sistema de Transporte Colectivo Metro, como se podrá observar, es ampliar la cobertura del servicio bajo las premisas de optimización y racionalidad en el uso de sus recursos. Para 1991 el organismo encamina su esfuerzo a proporcionar un transporte rápido, seguro y eficiente, no contaminante, atendiendo a los corredores de gran demanda en las zonas populares y extendiendo su cobertura hacia las zonas conurbadas, lo que permitirá a la población desplazamientos menos difíciles para realizar sus actividades cotidianas.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro estima transportar para 1991, 1 mil 495 millones de pasajeros.
Debemos destacar también la iniciación de la línea ocho que irá de Salto del Agua a Iztapalapa, cubriendo otra de las partes importantes del Programa Integral del Transporte. En caso de la ampliación de la línea Los Reyes- La Paz, existe un beneficio adicional al liberar de carga vehicular la avenida Zaragoza, mejorando como consecuencia su vitalidad y haciéndola vía rápida.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro estudia asimismo la posibilidad de determinar los estudios correspondientes de otras líneas, que en tiempo futuro se iniciarán con el consecuente beneficio para la población.
La línea Pantitlán- Los Reyes- La Paz absorberá un promedio anual en el momento en que este funcionando a su máxima capacidad de 500 millones de pasajeros.
Es menester subrayar que tanto la operación del Metro como los demás medios de transporte deben estar coordinados por un programa tal y como se señala en el cuerpo del dictamen, pero conviene hacer del conocimiento de esta honorable asamblea que:
En virtud del intercambio de viajes de vehículos de carga y de pasaje existentes entre el Distrito Federal y el estado de México, así como los estados circunvecinos, se ha planteado, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Asamblea de Representantes, la necesidad de crear un organismo coordinador del transporte.
En cuanto a la Ruta - 100 se ha prorrogado el Programa de Autobuses, así como el de adquisición de nuevas unidades al mes de febrero de 1991. Lo anterior en virtud de que se ha querido cumplir cabalmente con el programa anticontaminante, siendo riguroso el organismo en la recepción de vehículos que se han integrado a Ruta - 100.
Se continúa con un programa de modernización a través del equipamiento de módulos, paraderos, paradas intermedias y desplegando un programa integral que ha contemplado nueve grandes estrategias: la homologación y modernización del parque vehicular; la reconstrucción de autobuses con la introducción de motores no contaminantes, como son 6V- 92 Detroit Diesel de la General Motors y el Mercedes Benz en sus dos modalidades, el OM- 366A y el OM- 366LA, ha permitido que Ruta - 100, realizando un verdadero
esfuerzo, haya reconstruido 2 mil 200 autobuses y recibido 500 más nuevos.
La homologación y modernización del parque vehicular permitirá, entre otras cosas, las siguientes ventajas: optimizar recursos destinados a mantenimiento; abatir costos e inventarios en refacciones, herramientas, llantas y equipos; incrementar la vida útil de las partes y componentes mecánicos; utilizar mejor los espacios de las áreas de recepción, guarda y custodia de las unidades de refacciones y mejorar el registro y control de almacenes.
El cambio de motores a las unidades de Ruta - 100 ha significado un gran despliegue de organización interna y externa, ya que éste fue radical, implicó una transformación en todos los sentidos, desde la utilización de nuevos conocimientos para su adecuada operatividad, hasta la intensificación de cursos de capacitación del personal de la empresa y de la industria automotriz que trabaja aleatoriamente con Ruta - 100.
Con el nuevo presupuesto se equiparán mejor sus talleres, se compactará su estructura y se optimizará su plantilla de personal, con el objeto de incrementar su productividad.
Es conveniente destacar también el apoyo coordinado que se lleva con el Instituto Mexicano del Petróleo y con Petróleos Mexicanos, para mejorar aún más la calidad del diesel que se utiliza en los motores de Ruta - 100.
El organismo transportará en 1991, alrededor de 1 mil 430 millones de pasajeros.
El desarrollo y la expansión de los transportes eléctricos es una prioridad de mediano plazo en el programa integral de transporte, ya que además de ofrecer seguridad y comodidad, generan una menor carga de contaminantes, por lo que se considera el modo idóneo para atender la demanda que se genera en las zonas comprendidas dentro del Circuito Interior, y aquellas con problemas ambientales. La realización de este proyecto requiere de cuantiosas inversiones y para lograr el mayor beneficio de las mismas, ha sido necesario que el organismo se someta a una profunda reorganización interna que fundamente su necesaria expansión.
Por último conviene recordar, en lo que tarifas se refiere, que en 1989 ésta era de cien pesos, y representaba apenas el 23% del costo de operación. A finales del año pasado y con el objeto de allegarse una mayor cantidad de recursos para apoyar la ampliación de las líneas y rutas de transportes hacia las zonas más densamente pobladas de la ciudad, se incrementó a 300 pesos, permitiendo cubrir esta vía, el 58% de los gastos incurridos en la prestación del servicio.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a esta honorable asamblea el voto aprobatorio para este dictamen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Patricia Olamendi Torres.
La diputada Patricia Olamendi Torres: - Compañeros, mi intervención va a ser muy breve, pero no quisiera que muchas de nuestras opiniones quedaran sin ser escuchadas, o por lo menos sin ser inscritas en el Diario de los Debates.
Yo creo que efectivamente, en la Comisión del Distrito Federal ha habido, y creo que hay enormes consensos sobre los problemas, las carencias, pero sobre todo por los errores que la presente administración está cometiendo. Sin embargo, no se asume una actitud de legisladores.
Al momento de las discusiones, automáticamente el grupo mayoritario asume la actitud de defensa, de autoridades que compañeros, respetándolos, no los escuchan ni siquiera ustedes, ni siquiera el grupo mayoritario...
(Desde una curul): - ¡Tema, tema!
¡Estoy en el tema compañeros! ¡si usted no está en la Comisión, es su problema esto está en el tema! (Aplausos.)
Y digo que no la asumen porque esta Cámara tiene la posibilidad de votar a favor o en contra del presupuesto, y tiene la posibilidad de modificar este presupuesto, y, ¿qué es lo que hemos venido haciendo en la Comisión?
Recomendaciones no han faltado compañeros; el propio dictamen lleva inserto una serie de recomendaciones, de errores sobre todo que la administración ha cometido, y a lo largo de todo el trabajo de la comisión, hemos venido escuchando las actitudes de los funcionarios a los cuales les importa, compañeros, nada lo que pasa y lo que acordamos en el Distrito Federal, y solamente quiero poner un ejemplo: cuando se dieron los problemas suscitados por los "errores", por los cobros de agua, la Comisión se reunió, discutió seriamente y a pesar de haber discutido seriamente acordó que si era necesario modificaríamos la Ley de Hacienda, y fuimos con el regente y resulta que con el regente se dijo que no se modificaría la Ley de Hacienda, y no se modificó.
Esto es grave, porque a pesar de que el discurso del licenciado Camacho Solís es un discurso que
trata de buscar consensos, lo cierto es que en la realidad se le olvida que el consenso no es una consigna sino es efectivamente una búsqueda de alternativas de todos los grupos que participan.
Y decimos que es grave porque ahorita en el Distrito Federal estamos viviendo un problema muy serio de contaminación, y a lo mejor aquí algunos diputados dicen: "bueno, qué importa. No, estamos en estado de emergencia en el Distrito Federal".
Ya el compañero Pérez Fonetcha se refería a ello, y sin embargo, las autoridades del Distrito Federal no han tenido siquiera la voluntad de dignarse y de presentarse a esta Cámara y de decir en esta Cámara lo que están haciendo.
El licenciado Camacho Solís anda queriendo concertar no sé que cosa con los empresarios, cuando el problema de la contaminación sobre todo provocado por las empresas, no se resuelve con concertación, sino con el cumplimiento estricto de la ley. Cosa que las autoridades del Distrito Federal no se han preocupado por hacer.
Y nos preocupa esto, porque efectivamente en la Comisión del Distrito Federal todos estamos de acuerdo, pero no hay absolutamente nadie que se oponga; pero no somos capaces de decirle: "autoridades, qué estás haciendo; queremos que nos digas qué estás haciendo; queremos saber cómo estás utilizando".
Miren compañeros, hay cosas verdaderamente graves que han sucedido. Durante dos años consecutivos, en la comisión decidimos que el programa "mi escuela" debería de haber sido apoyado, y destinamos una pequeña cantidad de recursos, y yo no puedo decir que con eso íbamos a resolver los problemas, y se destinó una pequeña cantidad de recursos para lecherías y cosas de ésas. Viene el licenciado Sales y nos dice: "fíjense que no lo pudimos hacer". Y ésa es una cosa, verdaderamente era ridículo, porque si mal no recuerdo creo que eran 60 lecherías, cosas que no se pudieron instalar en el Distrito Federal, y vienen y nos dicen: "no se ejerció el presupuesto; sencillamente no se ejerció". Y nosotros decimos, venimos y decimos: "bueno, es que sí se quiso ejercer, pero no se pudo, y entonces es importante y nos vamos con un rollo tremendo que no resuelve nada.
No entiendo esa actitud de los diputados de la mayoría, porque los problemas del Distrito Federal , no son problemas que los pueda resolver Camacho Solís, ni es un problema que lo pueda resolver solo el Partido Revolucionario Institucional; los problemas del Distrito Federal van más allá de lo que nosotros o de lo que un partido puede proponer, y entonces sí se requiere efectivamente la llamada participación ciudadana, y crear mecanismos de participación ciudadano, y tratar de buscar entre todos consensos que nos permitan la resolución de esos problemas. Y eso, en el discurso se dice, pero en la realidad no se hace.
Y aquí venimos a justificar los errores y más errores de los funcionarios; en no cumplimientos de las metas; el no cumplimiento de los programas. Creo que es muy importante, compañeros, que ojalá en las futuras legislaturas, pueda haber efectivamente una actitud crítica frente a este tipo de cosas, porque los funcionarios en el Departamento del Distrito Federal hacen lo que se les da su gana, y hacen con este proyecto de presupuesto y con este presupuesto, lo que se les da su gana, y después vienen y nos informan que se quitó, se cambió y punto, o que no se cumplió. Y aquí venimos, y viene una parte de los diputados que en comisión están de acuerdo con nosotros, pero que vienen aquí y dicen: "fíjense que nos es así. Nosotros creemos que no lo cumplieron por esto y por esto y esto otro".
Estamos todo el tiempo justificando actitudes que, sinceramente, compañeros, merecerían en muchos de los casos hasta que este pleno llamara, sinceramente, votar en contra de muchas de las cosas que aquí se proponen.
Yo no me quiero referir a otra cosa más, y con esto terminaría. Dice el licenciado Fructuoso, y viene aquí a defender que ya se bajó la delincuencia, y parece que vamos bien en el asunto de procuración de justicia. Creo que es bastante grave esto, porque uno de los principales problemas que le preocupan al ciudadano del Distrito Federal, junto con el de la democratización del Distrito Federal, es el problema de seguridad. Y en lugar de que el procurador efectivamente informe, vamos a un desayuno con el procurador a que nos diga lo que se la su regalada gana al señor procurador, salimos todos felices y contentos. Pero el procurador dice que todos los días tiene que estar consignando a agentes judiciales. Entonces avanzamos o no avanzamos en el problema de procuración de justicia; resolvemos, exigimos o no exigimos. Esa es la actitud: vamos, escuchamos y nos quedamos callados.
¿Qué sucedió en el Distrito Federal?, hay cosas muy graves que han sucedido que involucran a agentes, del Distrito Federal y a agentes de la Policía Judicial del Distrito Federal y Policía Judicial Federal, y nosotros simplemente vamos a un desayuno social, a que el procurador nos diga lo que guste.
Esto creo que es grave, que debería de ponernos a todos a reflexionar que no es posible actuar frente a los problemas del Distrito Federal por consigna; que asumir una posición responsable, debería de ser la actitud de todos los diputados. Y yo no quiero aquí que mis compañeros del Partido Revolucionario Institucional piensen que yo estoy asumiendo, yo sé que ellos coinciden con nosotros y hemos estado coincidiendo, Luz Lajous, hemos estado coincidiendo en muchas de las cuestiones sobre transporte, sobre seguridad, sobre una cantidad de cosas. Pero aquí asumimos la actitud de defensa de un gobierno al que le importa un bledo las recomendaciones que le hagamos. Muchas gracias.
El Presidente: - Dígame, diputada Lajous.
La diputada Luz Lajous Vargas (desde su curul): - ¿Me permite para alusiones personales, pero sin necesidad de subir a la tribuna, porque es muy breve?
El Presidente: - Yo le agradecería subir a la tribuna, diputada.
La diputada Luz Lajous Vargas: - Con su permiso, señor Presidente: Simple y sencillamente para aclarar que tiene razón la diputada Olamendi, cuando dice que tenemos consenso en muchos de los diagnósticos y de las soluciones de los problemas. Absolutamente. Pero niego totalmente que tengamos consenso en el enfoque y la actitud que toma respecto a esto. Eso es todo, que es diferente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Nelson Madrigal Gómez.
El diputado José Nelson Madrigal Gómez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Las dificultades de la ciudad de México alcanzan grandes magnitudes y significativos niveles de interdependencia que obligan desde cualquier perspectiva a buscar soluciones eficaces y multidireccionales.
Es indudable que dado el grado de concentración de actividades en la capital, histórico resultado de un afán centralista, los problemas que han surgido y siguen presentes, han sido interconectándose hasta crear una compleja red de refuerzos mutuos y resistencias diversas, que son de difícil solución si se toman aisladamente.
Si a lo anterior agregamos las inercias burocráticas en la administración de recursos para la ciudad, tenemos un panorama bastante abrumador respecto de las soluciones para los grandes retos de la capital del país. En ese sentido, la estructura de gasto que se plantee debería tomar en cuenta los distintos niveles de resolución que requiere la erradicación de añejos y nuevos problemas de la capital del país.
Consideramos que los programas integrales que se han creado para solucionar algunas de las contingencias que enfrenta la ciudad son positivos. Sin embargo, las deficiencias que muestra la asignación presupuestal no corresponden a las metas señaladas para 1991.
En materia de egresos nuestra fracción parlamentaria considera que las expectativas de inversión presupuestadas para 1991, no varían ostensiblemente de las metas trazadas para 1991, toda vez que el incremento al presupuesto alcanza un porcentaje real aproximado de 13.2%. Además, si bien el gasto total proyectado superior en 2 billones 300 mil millones de pesos al de 1990, la distribución que se hace del mismo, no refleja las expectativas de un crecimiento económico equilibrado con la solución de las demandas sociales.
Insistimos en que la búsqueda de eficiencia y racionalidad en el manejo del gasto público, no implica el descuido de las áreas asistenciales. por ello, nos preocupa que en el proyecto de egresos para 1991, se reduzca el gasto en materia de servicios comunitarios, educación para adultos y vivienda. Si nos atenemos a la cifras proyectadas, resulta más relevante el sector de recreación esparcimiento y deporte, que la atención a indigentes y menores de edad en alto riesgo, entre otros.
¿Cómo proponer un gasto de 175 mil millones de pesos en recreación, deporte y esparcimiento, cuando una ciudad como la nuestra concentra un alto índice de indigencia y subempleo informal, en donde los más afectados son los ancianos y los menores.
Consideramos que la comisión debería revisar esta situación a fin de equilibrar los gastos sociales del Distrito Federal, pues además, y previo a recrear y darle actividades deportivas a los capitalinos, deben de garantizarse sus condiciones mínimas de existencia; mínimo vital que se constituye por atención preventiva, asistencia social y servicios comunitarios y vivienda.
Debemos convenir lo lejos que estamos de un combate eficaz a la contaminación en el Valle de México, tanto en términos de su participación en el gasto del Departamento del Distrito Federal, como en acciones encaminadas a reducir sus índices. Se ha mostrado en el mejor de los casos,
una indiferencia y un desconocimiento total de la gravedad del problema.
Como dato ilustrativo, hemos de señalar que de noviembre del presente año se han registrado 16 días con más de 200 puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire, situación que rebasa los marcos permitidos por la Organización Mundial de la Salud y que ha generado un crecimiento significativo de las enfermedades respiratorias y de la piel en la población capitalina.
Como puede observarse, los programas parciales de control de contaminantes como el "Hoy no Circula" o el de "Cada Familia un Árbol", tienen límites específicos en la lucha contra la contaminación.
En el dictamen a discusión se reconoce esta circunstancia. Sin embargo, no se señalan estrategias encaminadas a diversificar las acciones de control y clausura de fuentes contaminantes.
Se plantea la existencia de un programa integral de combate a la contaminación en donde se procura dar cobertura a las fuentes principales de emisión contaminante, pero las modalidades de instrumentación del programa están poco explicadas.
Consideramos que en materia ecológica para el abatimiento de los índices de contaminación, no basta la acción ciudadano y mucho menos el control que se pueda ejercer sobre la generada por fuentes móviles: transportes particulares y de servicio público.
Estamos plenamente convencidos que gran parte de los contaminantes de suelo, aire, y agua, provienen de fuentes fijas y particularmente de las industrias ubicadas en el Valle de México.
Reconocemos los esfuerzos de la ciudadanía para el combate a la contaminación así como la insuficiente participación presupuestaria que este problema tiene en el ámbito del gasto del Distrito Federal.
Es un avance la búsqueda de reactivar el entorno ecológico a través de la creación de reservas ecológicas y la recuperación y manutención de los recursos naturales de la ciudad.
La fuentes de financiamiento externo para cubrir esta expectativa, no sólo son necesarias, sino urgentes. Sin embargo, es necesario que esta soberanía incremente los mecanismos de control adecuados para que los recursos derivados del financiamiento externo, sean racionalmente usado y al mismo tiempo, no representen una sangría en el presupuesto del Departamento del Distrito Federal.
En materia de transporte, pese a que reconocemos el importante incremento del gasto destinado en este rubro, reiteramos nuestra preocupación por el hecho de la insuficiencia presupuestaria para desarrollar un plan integral de transporte metropolitano.
Consideramos que dada la magnitud del problema del transporte y las metas trazadas para 1991, el presupuesto es bajo para abrir la expectativa de reestructurar el sistema de transporte en la capital y el área conurbada.
Cómo pretender eficiencia cuando el parque vehicular de la Ruta - 100 del Servicio de Transporte Eléctricos, (trolebuses), funciona a menos del 50% de su capacidad en condiciones deplorables.
Consideramos que para garantizar un servicio de transporte rápido, seguro y económico, se requiere de una inversión muy superior a la propuesta en el proyecto de egresos.
El Servicio de Tren Ligero constata nuestro escepticismo en materia de transporte. Desde sus inicios este servicio se ha caracterizado por fallas considerables que han obligado a una afinación extra para mantenerlo en funcionamiento medio.
Las metas proyectadas son loables, sin duda pero el problema está lejos de ser solucionado tanto en términos de infraestructura como de coordinación de servicios y tarifas de los medios que trasladan a los individuos entre la ciudad de México y el área conurbada perteneciente al estado de México.
La cuestión de la vivienda es otro de los problemas más ingentes que aquejan a la ciudad de México. Con el presupuesto asignado a vivienda, 187 millones 346 mil 200 pesos, dudamos que se logre atenuar si quiera el régimen existente, sobre todo si consideramos que las metas programadas para el año pasado no fueron cubiertas, lo que incide junto con el crecimiento de la población, en el crecimiento del déficit en esta materia.
La pretensión del Departamento del Distrito Federal de adquirir viviendas terminadas en el marco de la estrategia de ataque a la escasez habitacional, nos parece excesiva, tomando en cuenta las limitaciones del gasto en este rubro y la inexistencia de fuentes de financiamiento paralelas para solventarlo.
Mención especial merece la cuestión de la seguridad pública, a nuestro juicio los principales
índices delictivos si bien se han reducido ostensiblemente, no han sido lo suficiente como para dejar de tipificar a la capital como una ciudad altamente insegura.
Respecto a la reducción de delitos tales como asaltos domiciliarios, bancarios y robo de automóviles, han habido otros que incluso han dado lugar a la creación de fiscalías especiales y agencias del ministerio público especializadas.
En tiempo de crisis económica, la disminución de expectativas de desarrollo individual y colectivo crean situaciones de alta vulnerabilidad en el equilibrio emotivo de las personas; de ahí que por ejemplo, se hayan incrementado delitos que implican agresiones físicas a los individuos, a veces sin otro motivo que el simple hecho de dar salida a la tensión y a la frustración.
Así los índices de violaciones, maltrato a menores, accidentes por indigestión de licor o enervantes han aumentado. Nosotros consideramos que la atención de este tipo de actos delictivos van más allá del mero seguimiento penal del acto ilegal. Recaen, a nuestro juicio, en el ámbito de la procuración de niveles cada vez más alto de bienestar para la población, situación que difícilmente puede alcanzarse con programas de gasto e inversión restrictivos del desarrollo asistencial, social y comunitario.
Consideramos que la cuestión de la seguridad pública involucra igualmente el establecimiento de controles efectivos sobre los miembros de seguridad pública del Departamento del Distrito Federal. El aumento real aproximado del 4.2% en este renglón no crea serias dudas respecto de los alcances y las metas programadas para 1991.
Finalmente, queremos señalar la escasa atención que se brinda al comercio ambulante, consideramos que no hay definitividad en las acciones para contrarrestar el crecimiento incontrolado de este fenómeno. La construcción de nuevos espacios no conlleva a un ordenamiento del comercio ambulante dado su constante incremento, aparte de los problemas de invasión de espacios destinados para otros fines, como calles e instalaciones del Metro, la incorporación de un mayor número de personas a esta actividad informal, provoca también una retracción en los ingresos que puede tener el Departamento del Distrito Federal.
Debemos señalar que no es a través de acciones de desalojo como se soluciona el problema del comercio ambulante, como programa resolutivo nos parece injusto, , ya que consideramos, no deben atropellarse los derechos de las familias que durante más de 30 años han venido constituyendo una tradición y ahora han sido desplazados de sus fuentes de trabajo. Este problema debe se enfrentado con un alto contenido social, mejorando su imagen y cambiando los mecanismos de comercialización.
La profundización de acciones relativas a la procuración de mayores niveles de bienestar en la población es una de las rutas para la solución del problema.
Una última consideración. Pensamos que la orientación social del gasto del Departamento del Distrito Federal, debe ser una actitud permanente en la planeación y proyección del mismo y no una actitud asistencialista, puramente conyuntral.
Con esto criterios aquí expresados sobre el proyecto de dictamen, sobre el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991, votaremos a favor. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado, Rubén Venadero.
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Gracias, señor Presidente, Fernando Córdoba Lobo (Desorden.)
Diputadas y diputados: A nombre de mis compañeros vengo a esta tribuna para analizar el proyecto de dictamen de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1991.
Una primer cuestión que es importante resaltar es el trabajo colectivo, respetuosamente plural, que llevaron a cabo los diputados que componen la Comisión del Distrito Federal de esta honorable Cámara.
En el examen del dictamen puesto hoy a consideración de esta soberanía, existen aproximaciones de puntos de vista de los diputados pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, sobre asuntos de la mayor importancia de vida de los habitantes de la capital del país. Estas aproximaciones encontraron eco, como recomendaciones, en el proyecto de dictamen de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara y se refieren a problemas como la contaminación industrial, el transporte colectivo, el mejoramiento del medio ambiente, la vivienda. la seguridad pública, el aprovechamiento racional de elementos vitales como el agua, etcétera.
En el dictamen que hoy examinamos, se reconoce la insuficiencia de los recursos presupuestales
para atender suficientemente, ya no digamos ampliamente, estas problemáticas centrales para una vida urbana digna.
En el caso de la contaminación del medio ambiente, compañeros diputados, los recursos que se asignan en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal resultan francamente insuficientes. De modo tal que la preocupación por el equilibrio ecológico en la ciudad de México pareciera ser más una moda, una campaña publicitaria, una forma política y no un problema esencial para mejorar las condiciones de vida de los citadinos, e incluso las sobrevivencia de los más débiles, como son los niños y los ancianos.
Reconocemos los esfuerzos para atender esta problemática, pero reclamamos la voluntad política necesaria del gobierno citadino y los recursos económicos suficientes para ir a la raíz del saneamiento de un problema prioritario en la vida citadina.
Analizar el Dictamen de Egresos del Departamento del Distrito Federal, implica asumir una posición con respecto a la política de éste para atender los grandes retos que hoy vivimos en nuestra capital.
Uno de estos grandes retos, a los que no podemos posponer una solución para mañana, que requieren de una atención inmediata, es el de la contaminación del medio ambiente, producto de la actividad industrial. Y en este renglón específico no encontramos una política enérgica y eficaz para afrontarlo con éxito.
Hasta ahora se ha dejado a la buena voluntad de los industriales la solución del problema. El resultado ha sido nulo. La contaminación industrial no ha disminuido y lo más cuestionable: ¡no podemos entender cómo una empresa pública, que tanto tiene que ver con nuestra historia y particularmente con la lucha del pueblo mexicano, como es Petróleos Mexicanos, (nos referimos a la refinería en particular), no se hayan tomado las medidas necesarias por parte de la administración de Petróleos Mexicanos para bajar los índices de contaminación!
¡En este punto exigimos, tanto a la autoridades del Departamento del Distrito Federal, como de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, una coordinación conjunta para resolver de inmediato este gravísimo problema!
Por supuesto, no sólo Petróleos Mexicanos es responsable de la contaminación. Existen otras industrias que son altamente contaminantes. ¡También para esto exigimos la voluntad política de la regencia capitalina, para una intervención inmediata en beneficio de la salud pública de la ciudadanía de nuestra capital!
Nos extraña que si existe conciencia en la administración capitalina en luchar contra la contaminación, no se destine el presupuesto necesario a un sistema de transporte que sin duda colabora en esta actividad, como es el sistema de transporte eléctrico. Debe ser prioritario modernizar este sistema. Dicha modernización debe ser el resultado de un compromiso o un pacto de las autoridades del Departamento del Distrito Federal y el Sindicato de Tranviarios, compromiso a todas luces necesario y favorable para quienes requieren de este tipo de transporte y que son, en su mayoría, los sectores de más bajos ingresos.
El transporte es uno de los problemas más graves que afectan la vida y la economía de los sectores más pobres de nuestra ciudad, o de aquéllos que viven y laboran en ella, pero que no tienen derecho a vivir y a disfrutar de la ciudad que con su sudor y su trabajo contribuyen a construirla diariamente.
El transporte absorbe una parte muy importante del salario, ingreso familiar de los sectores sociales mayoritarios, y además se caracteriza por su insuficiencia, sobre todo en las horas pico. Muchos de los habitantes de las colonias populares periféricas de nuestra ciudad, ni siquiera pueden asegurar su transportación a su trabajo o a sus diferentes actividades, pues en no pocas ocasiones parte del recorrido lo verifican a pie o en condiciones inhumanas. Las "peseras" se han convertido en muchas zonas populares en el único medio de transporte ante la ausencia de uno colectivo y eficaz.
Así como hay una sana preocupación por crear rutas de camiones cómodos para los sectores sociales medios y altos, por cierto cuestión que hasta ahora se ha quedado en proyecto, no vemos reflejado, de ningún modo, una preocupación semejante para incrementar el transporte colectivo en las zonas populares. No atender esta problemática en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, contribuye al empobrecimiento de las mayorías y la ausencia de regulación gubernamental en esta asunto ha traído como resultado al crecimiento de la voracidad de los dueños de estos transportes, que en muchos casos funcionan en condiciones de ninguna seguridad para los usuarios, y que además con su mal estado contribuyen en buena parte a la contaminación de nuestro medio ambiente.
Otro de los problemas, desde nuestro punto de vista, prioritarios, en el sentido constitucional
de mejorar la calidad de vida de los mexicanos y específicamente de los citadinos es el de la vivienda. En julio 10 de 1990 el secretario de la Secretaría de desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos, reconoció en el Programa Nacional de Vivienda 1990 - 1994 un déficit de vivienda de más de seis millones en el país. Frente a este déficit el propio secretario reconocía la incapacidad gubernamental para atender esta situación, obviamente una parte muy importante de este déficit se localiza en la concentración urbana más grande del país: la ciudad de México.
Esta incapacidad gubernamental en el terreno federal encuentra cruda expresión en el ámbito de la capital del país, pues en el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para el ejercicio fiscal de 1991, los recursos que se contemplan son francamente magros.
Por ello, exigimos que se conjuguen esfuerzos tanto de la Federación como del Departamento del Distrito Federal, para integrar una propuesta que dé una solución mínimamente satisfactoria a este déficit habitacional.
Para atender el problema de la salud encontramos también recursos en exceso limitados en el dictamen del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal.
Al comienzo de nuestra intervención reconocimos la voluntad y los esfuerzos del regente para intervenir en temas "tabúes" y desatar así procesos que han permitido mejorar los aspectos sustantivos para la vida económica de la ciudad de México, como es una política financiera más sana, menos deficitaria, cuyos egresos económicos dependen cada vez menos de las aportaciones federales y ahora proviene, entre otros elementos, de una política fiscal más eficaz. Sin dejar de reconocer el éxito de la política fiscal del Departamento del Distrito Federal planteamos la necesidad de una política social también más justa, más aun cuando la economía que permite la organización de la vida citadina proviene cada vez más de sus propios ingresos.
Exigimos que cualquier ingreso extraordinario no programado, independientemente de la variables de las cuales provenga, debe ser aplicado prioritariamente a mejorar la ecología, el transporte colectivo, la educación, y la salud y la vivienda de los habitantes del Distrito Federal.
La posibilidad objetiva de tener un presupuesto transparente y justo, socialmente para la ciudad de México es difícil, en la medida en que la estructura jurídica y política de nuestra ciudad no permite una intervención ciudadana determinante para que esto ocurriera. Quienes deciden sobre el monto y la aplicación de las finanzas públicas de nuestra ciudad son la regencia y las secretarías que dependen o forman parte del Poder Ejecutivo Federal, no así los ciudadanos que la viven.
La Asamblea de Representantes del Distrito Federal es apenas un intento tímido de darle voz a la ciudadanía capitalina sobre sus grandes problemas. La Cámara de Diputados, por otra parte, aun cuando es uno de los Poderes de la Unión, está muy lejos de tener la participación decisiva que las Secretarías del Poder Ejecutivo tienen en la definición del perfil de nuestra ciudad.
Por lo anterior, consideramos indispensable fortalecer la vida democrática de la ciudad de México, para hacer factible tanto una administración más racional y más justa para los ciudadanos que la habitan; en esta perspectiva resulta estratégico darle mayor peso político y capacidad de decisión a la Asamblea de Representantes, y al mismo tiempo, compañeros diputados, promover una vinculación más rica entre la administración del Distrito Federal y esta Cámara de Diputados.
La posibilidad de un gobierno más democrático de la ciudad de México gana poco con el hecho de que el gobierno citadino tenga una relación más intensa con uno de los Poderes de la Unión, como es el Poder Ejecutivo Federal, y no así con otro de sus poderes, como es este Honorable Congreso.
Por ello, demandamos la necesidad de revisar las relaciones entre Congreso de la Unión y el gobierno capitalino, que permita una vida más democrática en la capital del país. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Dígame, diputado.
El diputado Alvaro Garcés Rojas (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos.
El diputado Alvaro Garcés Rojas: - Señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: He querido pedir la palabra para solicitar a usted, señor Presidente, inserte esta sugerencia en el Diario de los Debates, de un problema que en la comisión se ha sugerido, repito en la Comisión del Distrito Federal. Este problema no podía ser aislado, puesto que consideramos que todos nacemos para servir y dejar al mundo mejor de lo que lo encontramos; este problema es vital, cuando se habla de la contaminación que afecta a la población, y no puede únicamente estar dirigido, la contaminación que producen las refinerías,
que producen las termoeléctricas, que producen las industrias, que produce el transporte público y privado, por el exceso de basura, por las descargas de aguas residuales a cielo abierto, sino que todo programa de ecología, debe de estar íntimamente ligado precisamente al suelo, al suelo agrícola, que yo he recomendado a la Comisión del Distrito Federal, que debe estar precisamente dirigidos los créditos que se destinarán a la preservación ecológica y que se deben de orientar prioritariamente también a la conservación buen uso y aprovechamiento de la zona rural del Distrito Federal. Muchas gracias por esta oportunidad a todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias. (Aplausos.)
El Presidente: - Insértese el documento presentado por el diputado Alvaro Garcés, en el Diario de los Debates.
"MAS APOYO PARA EL MEJORAMIENTO
DE LA ECOLOGÍA CON ATENCIÓN
AL ARREA RURAL EN EL DISTRITO
FEDERAL
Honorable asamblea: Se hace necesario seguir ampliando los auxilios destinados al área rural dentro de los programas prioritarios para el ejercicio fiscal de 1991, asignados al Departamento del Distrito Federal, para contribuir al mejoramiento del medio ambiente en esta pequeña entidad federativa, capital de todos los mexicanos, la más pequeña de nuestro país, ya que de sus escasos 1 mil 500.2 kilómetros cuadrados representa apenas el 1% del territorio nacional y junto a la conurbación urbana del estados de México, forma el asentamiento más grande y complejo de nuestro país, manifestándose, en este lugar un alto grado de contaminación que afecta a la población por su grado de toxicidad provocados por refinerías (Azcapotzalco); por las termoeléctricas (más de tres mil en el Valle de México); por el transporte público y privado; por el exceso de basura; por la descarga de aguas residuales a cielo abierto, pero también por la erosión del suelo con vocación agrícola y forestal. Todo esto ha ocasionado la realización de distinto foros donde se han expuesto propuestas concretas para mejorar las condiciones del medio ambiente de esta poblada zona de nuestro país; surgiendo la preocupación del señor Presidente en su discurso de toma de posesión, donde giró instrucciones precisas, urgentes y enérgicas al jefe del Departamento del Distrito Federal y a otros funcionarios, para que actuaran de inmediato con acciones eficaces, recomendando siempre la participación de la comunidad.
La respuesta a esta instrucción, fue la formulación de un Programa Integral contra la contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana de la ciudad de México.
En base a este programa expreso que de los casi 1 mil 500.2 kilómetros cuadrados de superficie existentes en nuestra entidad, más del 53% de esta área lo representa la superficie rural, con distintas formas de tenencia de la tierra; propiedad privada con 10 mil 387 predios que abarcan una superficie de 17 mil 367 hectáreas; propiedad social ejidal con 45 ejidos y una área de 15 mil 944 hectáreas.
Ocho comunidades y una superficie aproximada de 48 mil 848 hectáreas localizadas en el sur, sureste y suroeste de nuestra entidad, donde coexisten culturas diferentes, atraso de tecnología, desigualdades sociales, económicas, políticas, inseguridad jurídica, poco trabajo de conservación, restauración y fomento forestal. En otras zonas las tierras se encuentran en mal estado, salitrosas, erosionadas con fracturas y hundimientos del suelo, por la sobre explotación del acuífero ya que en esta zona existen 190 pozos, de los que se extrae más de 14 metros cúbicos de agua por segundo de la cual la cuarta parte la consume la ciudad; en este lugar descargan los drenajes a los terrenos de cultivo, o están presentes las amenazas de ocupar las zonas de protección ecológica, falta organización para mejorar los cultivos y atención al bosque. No obstante esta realidad, debemos reconocer la preocupación que ha empezado a surgir para mejorar el suelo, la producción y el bosque a través de auxilios de parte del COCODER, delegaciones del Departamento del Distrito Federal y la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con apoyos de mecanización, programas de reforestación, mejoramiento de los caminos de penetración a las zonas de cultivo, establecimiento de pequeñas zonas con el riego por aspersión, pequeños auxilios de bancos, dotación de fertilizantes y otros apoyos más.
Reconociendo que de todo lo realizado falta mucho por hacer, para poder establecer un nueva práctica de cultivo agrícola forestal, pecuaria y avícola, donde exista conciencia de que resulta urgentes conservar a través de estas actividades son más apoyos, la calidad fundamentalmente del suelo en toda esta zona rural de nuestra entidad.
Por lo antes expuesto, me permito comentar y recomendar que para mejorar la ecología, que es urgente preocupación y compromiso común de la sociedad, de grupos de ecologistas, de investigadores de las autoridades y de todos los partidos, para cuidar los elementos indispensables, que hacen posible un medio ambiente aceptable y un desarrollo adecuado de nuestra sociedad.
Sugiriendo la realización de acciones más concretas para cuidar el suelo, el aire, el agua y la luz, en esta zona se dispone como ya se dijo, de más del 53% de la superficie total de nuestra entidad, con el establecimiento de un Plan de Desarrollo Rural, donde intervengan fundamentalmente los productores o agricultores y todas las instancias y dependencias responsables, de manera ágil, eficiente y coordinada; que cumplan con su función, económica, pero también sus términos sociales y políticos, solicitando revisar los impedimentos jurídicos que existen, para poder hacer frente a los graves problemas de carácter ecológico en nuestra entidad y el Valle de México. Ojalá que los créditos que se destinarán a la preservación ecológica, se orienten prioritariamente a la conservación y buen aprovechamiento de la zona rural del Distrito Federal.
Diputado Alvaro Garcés Rojas, del Partido Revolucionario Institucional."
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Luis Luege Tamargo.
EL diputado José Luis Luege Tamargo: - Gracias señor Presidente; compañeros diputados: Sin lugar a dudas los programas de acción más importantes a corto y mediano plazo, en el Distrito Federal, tanto por los montos de inversión, como por la importancia directa sobre la salud y el impacto ambiental, son el Plan Integral de Transporte y el Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica.
El Plan Integral del Transporte se presenta a principios de 1990 con casi un año de retraso respecto al anuncio hecho por el regente capitalino. Se hizo ante el Presidente de la República en Los Pinos como el resultado de años de experiencia y millones de pesos gastados en estudios de todo tipo y con la seguridad de un conocimiento objetivo de las necesidades de transporte y su administración, así como del reordenamiento territorial de los distintos modos de transporte en función de los movimientos origen destino.
Así también se evaluaron las características de los distinto medios de transporte en cuanto a capacidad, velocidad, vida útil, costo de operación, impacto ambiental, etcétera, en función de esto, se estableció el programa operativo con las metas de incrementar en un 43.8% la capacidad del Sistema de Transporte Colectivo y con una inversión de 3.4 billones para los próximos cinco años a partir de su presentación.
Nosotros consideramos que los programas relacionados con el transporte en el presupuesto de egresos de 1991, deberán estar 100% aparejados con el Plan Integral de Transporte: sin embargo esto no es así. En el caso del Metro y de Ruta - 100, las metas planteadas en el Plan Integral a cinco años se van a concluir el próximo año de 1991; sin embargo, en lo referente a trolebuses y concesionados, 1991 será el segundo año de rezago y por lo mismo es fácil prever que no se alcanzarán las metas al final del programa.
Desde 1987 las metas propuestas año con año en el programa relacionado con el transporte eléctrico no se han cumplido; por ejemplo, en 1988 se planeó un crecimiento de la línea elevada de trolebuses de 42 kilómetros y no se hizo ni un centímetro.
Según el Plan Integral de Transporte para trolebuses se platean tres prioridades, no es un programa a mediano plazo, es un programa a corto y mediano plazo, y la primera que se puede ver éste es el Plan Integral de Transporte, éstas son las tres prioridades y la primera es la adecuación de la red actual de trolebús y la adquisición de 200 unidades nuevas con una inversión de 106 mil 200 millones de pesos; pues bien, en 1990 no hubo inversiones y se autorizó un presupuesto de 165 mil millones; para 1991 se propone tan solo un incremento del 15.4% con 190 mil 500 millones. Esto quiere decir, que si no se dan ingresos propios mayores por incremento de tarifas, lo cual es muy difícil, la empresa no podrá solventar siquiera su gasto de operación y mucho menos podrá haber inversión de ningún tipo.
Las autoridades nos dijeron que la empresa tiene un problema de tipo estructural y en esto coincidió la opinión del regente capitalino, básicamente por dos razones, la primera por un "sindicato difícil", así nos lo dijeron, el viejo y combativo Sindicato de Tranviarios con 4 mil 200 trabajadores donde seguramente hoy sobra más de la mitad y por el otro lado, una empresa con 90 años de vida y la consecuente obsolescencia en sus instalaciones y sus equipos. Pero nosotros nos preguntamos, si cuando se estableció el plan operativo del Plan Integral de Transporte, después de tan seguros estudios, esto no se conocía, ¿no se previó un plan de acción concreto para esta empresa? ¿Cómo es posible que nada más iniciado un plan tan importante como el Plan Integral de Transporte, resulta que ahora no puede invertirse en trolebuses, esto nos parece un vicio grave; no podemos creer que sólo hayan pensado en adquisiciones de unidades y adecuación de la red elevada y nada más. Dentro del plan de estrategia del mismo plan integral, el trolebús deberá sustituir a los autobuses y combies en la zona centro de la ciudad comprendida
dentro del circuito interior, y en función de esto se determinó el número de autobuses de Ruta - 100 y de concesionados que van a circular en la ciudad; es evidente que si no se cumple con la meta de los trolebuses, los tres mil 500 autobuses de Ruta - 100 serán pocos y requeriremos cuatro mil o cinto mil, no se puede saber.
En cuanto a concesionados, como bien dijo nuestro compañero Pérez Fontecha, los capitalinos seguimos sufriendo la anarquía total. Las rutas se conocen por costumbre popular, ni pensar en señalización y paradas fijas adecuadas, decorosas; hacen alto en todos lados antes o después de los cruceros, a la mitad de la calle, a media calle si así le conviene al operador; pero eso sí, todo a un costo normalmente superior a las tarifas autorizadas por las autoridades; además, no se respeta la normatividad de las unidades.
No hace mucho, unos compañeros de Oaxaca, compañeros nuestros, me decían que no caben en los microbuses, pegan en el techo, pegan en los asientos, imagínense ustedes los compañeros de Chihuahua o de Nuevo León.
Sobre este asunto de los concesionados, el Plan Integral de Transporte, contempla la concesión de tres mil autobuses a particulares, sin establecer, en el plan operativo, ni las metas ni los tiempo.
En cuanto a trenes radiales sucede exactamente lo mismo. No vemos en este presupuesto de egresos ninguna meta de inversión en el programa de 1991, relacionado con los trenes radiales; y aunque en el plan integral esto se planteó a cinco años, no se contempló en el programas operativo, esto quiere decir que quizá sí haya trenes radiales o quizá no.
En cuanto al PICA, así le hemos llamado al Programa Integral Contra la Contaminación Atmosférica, se convierte en el programa más comentado por los capitalinos, no porque las medidas metereológicas revelan para este fin de año y los primeros meses de 1991, un invierno crudo con inversiones térmicas que pueden permanecer durante días enteros. Y aquí vendrá la pregunta de los 64 millones: si en verdad existen planes contingenciales, un flamante programa integral, existe la verificación vehicular de emisiones y existe el control a las empresas; además, tenemos el programa de "Hoy no Circula" y, además, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, ahora somos menos aquí en la capital, entonces, ¿qué está pasando?, porque hoy tenemos el doble de la contaminación del año pasado.
En ambos programas, nosotros hemos insistido en la falta de una coordinación metropolitana con carácter ejecutivo, que si bien la mencionó hace un momento nuestro compañero Fructuoso López Cárdenas, no existe; y así las medidas que son de carácter administrativo debieran reglamentarse, porque lo que sucede en realidad es que a lo que le llama integral, simple y sencillamente es el hecho de sumar los objetivos y acciones de distintos sectores y a esto no puede llamarse ni coordinación ni mucho menos planes integrales:
Por ejemplo, las acciones del Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica, del programa integral, así como las anunciadas por el físico Sergio Reyes Luján hace dos días, no existe el organismo que pueda auditar y verificar dichas acciones.
Nosotros simplemente tenemos que creer, por eso nosotros hemos formado el Catálogo de la Ecología Ficción y que ahora se ha convertido en el credo de los capitalinos. Creemos que la Comisión Federal de Electricidad ha sustituido el empleo de combustóleo por gas en las termoeléctricas. Creemos que Petróleos Mexicanos le pone todas las gasolinas oxigenadas la cantidad de MTB necesaria. Creemos que Petróleos Mexicanos distribuye toda la gasolina sin plomo que dice que distribuye; creemos que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología refuerza la vigilancia y que exige a Petróleos Mexicanos la operación controlada y segura de la Refinería 18 de Marzo; creemos que la policía retira de la circulación a los vehículos ostensiblemente contaminantes; creemos en los índices marcados por la red automática de monitoreo y creemos en el "Hoy no Circula".
Esto, compañeros, que es mera ironía, es lo propuesto a la realidad. La verdad es que la ciudadanía ha perdido la fe, no cree en los datos que da la autoridad, y ha dejado de creer por las mentiras que a diario nos dicen las mismas autoridades; las ocho columnas de algunos diarios en esta capital, y en estos días nos dan la razón, y la verdad es que hoy dudamos de que estas medidas se estén aplicando como se dice. No creemos que se estén aplicando. pero independientemente de todo, no se ha frenado el problema de la infección, que hoy sabemos ha aumentado en forma alarmante.
Por lo tanto, los planes y las acciones deben revisarse y ajustarse constantemente y no repetir las cantaletas de siempre. El primer requisito es que se hable con la verdad.
Ustedes recordarán que en los meses pasados de veranos, cuando las vacaciones de los niños, todas las fracciones de la Asamblea de Representantes coincidieron en proponer a la regencia capitalina
la suspensión temporal del programa "Hoy no Circula". Esto era totalmente lógico porque el plan "Hoy no Circula" era un programa contingencial, que debiera de alguna manera emplearse en mayor o menor grado o dejarse de emplear, según las necesidades y según la contingencia del ambiente. Sin embargo, Manuel Camacho Solís dijo en ese momento que debido a la opinión de la mayoría de los capitalinos, revelada en una serie de encuestamientos, él asumía con su autoridad la responsabilidad de no dejar de usarse el "Hoy no Circula" y de que continuara. Sin embargo, no pasó mucho tiempo y el día 15 de agosto, según la Prensa nacional, el ingeniero Javier Jiménez Spriu, subdirector de Comercialización de Petróleos Mexicanos, afirmaba que Petróleos Mexicanos le solicitó esto al licenciado Camacho Solís, porque en ese momento no podrían suministrar una demanda mayor de gasolina.
Esta es la forma como se engaña a la ciudadanía. El "Hoy no Circula" se desgastó totalmente, no funciona, basta ver los volúmenes de venta de autos económicos y sobre todo de autos usados, así como el incremento de la demanda de gasolinas, que si en su inicio tuvo una reducción tan sólo del 12%, hoy es superior a las cantidades que se vendían en 1989. Este es otro de los ejemplos.
¿Por qué el gobierno no aprovecha la oportunidad del ejercicio de la participación ciudadana, por qué le teme al poder ciudadano? La única forma de que el Distrito Federal resuelva sus graves problemas, y repito las palabras de la diputada Patricia Olamendi, es con la participación ciudadana y con la democracia participativa. Lo hemos dicho y los seguiremos diciendo. ¿Cómo vamos a participar si la autoridad no muestra la realidad, no dice la verdad y no da la información necesaria?
Yo quisiera brevemente ponerles un ejemplo: si en este momento, sabemos que la contaminación es grave, la medición nos diera un índice superior a los 400 puntos del Índice Metropolitano de la Calidad del Aire, teóricamente entraría en función la tercera fase del plan de emergencia del Programa de Contingencias de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. ¿Que haríamos en ese momento, que harían ustedes? ¿Qué haríamos si ocurrieran desvanecimientos en la calle, en el Metro, en el trolebús, en los autobuses, qué hacemos en la oficina? ¿Cómo se van a detener las mil fábricas contaminantes? ¿Cómo se transmite la información, cómo se dan los mensajes? ¿Qué entendemos por detener a la ciudad? Eso es lo que nos han dicho, no sabemos realmente, no conocemos la forma, no conocemos la información. Nunca jamás se ha pensado en un simulacro. En fin, no pretendemos ser alarmistas, esto es simplemente un ejemplo de la falta de información, de la falta de publicidad de un programa de suma importancia. Nos reímos en este momento porque no lo hemos vivido, pero estamos muy cerca de vivirlo y nos sabemos qué vamos a hacer, no sabemos cómo actuar, y no dice la autoridad cómo vamos a actuar.
Siguiendo con el mismo tema de la ecología, quisiéramos comentar en el Programa sobre la Regulación y Preservación Ecológica la meta más importante en cuanto a inversión es la de realizar otras acciones de preservación y restauración del ecosistema, otras acciones. Y a esa meta es la número 23 en el programático, se le asignan 122 mil 830 millones de pesos, la cantidad más alta de todo el programa. Pero en esa meta concreta, ni se definen ni se desglosan las partes de dichas metas.
En otras mucho más reducidas, de cantidades sumamente pequeñas, sí existe la definición, el desglose de las actividades, pero en cambio en ésta simplemente dice: "otras acciones de restauración de ecosistemas". ¿Cuáles sistemas y cuáles ecosistemas?
Ciertamente esta medida está relacionada con el Programa Integral contra la Contaminación y está relacionada con el financiamiento externo de cooperación económica del Japón, pero entonces con mucha mayor razón el Departamento debiera tenerlas perfectamente definidas. Esto es verdaderamente una incongruencia.
En el mismo programa podemos ver y queremos insistir en este aspecto, el control de los residuos sólidos. Para este proyecto se programaron 40 mil 600 millones de pesos para la operación de cinco rellenos sanitarios. Esta cantidad probablemente fuera la suficiente para operar técnica y adecuadamente los cinco rellenos sanitarios. Pero, compañeros, sabemos que esos rellenos sanitarios no se operan técnicamente, lo hemos discutido en la comisión y lo hemos sabido por la asistencia de compañeros nuestros a los propios rellenos, y lo que allí sucede simplemente es que los camiones voltean la basura y se va compactando con los propios camiones, es decir, no hay gasto, no hay gasto de inversión, no hay maquinaria, no hay equipamiento. Y lo peor de todo no hay el uso adecuado de un relleno sanitario, todos sabemos que los rellenos deben de compactarse técnicamente por capas, debe de mezclarse, debe de moverse, etcétera. Hay una serie de acciones que no sabemos que no se hacen y, sin embargo, se les asignan esas cantidades, 40 mil 600 millones de pesos.
Por eso la contaminación es tan grave, porque en esos lugares donde se supone que nadie va o no vamos, pues allí no hay control, no se controlan las metas propuestas en los propios programas y lógicamente son focos de contaminación, focos de infección, y lo peor, focos de contaminación de los mantos de agua, de los mantos acuíferos.
Por último, compañeros, lo que para nosotros resulta el colmo, hay un programa que se llama Drenaje y Tratamiento Nacional de Solidaridad de Aguas Negras. Una de las metas, una de las más importantes dice textualmente: Programa Nacional de Solidaridad, 67 mil 150 millones de pesos. Meta 01 construir, es la única meta, construir 38.5 kilómetros de red primaria de drenaje. Ahora si ya no entendimos.
Ustedes nos dijeron que el Programa Nacional de Solidaridad no puede estar en los programáticos porque no conocemos las acciones, porque según hemos entendido el Programa Nacional de Solidaridad es un programa diseñado para acciones de concertación con la sociedad para determinadas metas que no estén contempladas en los proyectos y que van encaminadas a resolver problemas reales sociales en las comunidades, como puede ser el alcantarillado, como puede ser el agua, la luz, la pavimentación o programas mayores, pero no contemplados en el programático.
Ahora resulta que en el programático del Distrito Federal, donde se supone que no hay transferencias del Programa Nacional de Solidaridad, a éste, al Distrito Federal, existe una partida que nos parece una aberración desde el punto de vista de la estructura programática, es una meta concreta de un programa bien definido, la ampliación de la red primaria del drenaje estaba contemplada y sigue estando en los planes de drenaje y tratamiento de aguas negras. ¿Por qué la etiquetamos con el Programa de Solidaridad?
De lo anterior compañeros, se desprende que la estructura programática, así como el uso y destino de los recursos, no promueven un verdadero desarrollo armónico de los recursos, de la ciudad, perdón, y sí se incrementan las distorsiones en la disciplina presupuestal con el consecuente agravamiento de los graves problemas de esta metrópoli. Es por esta razón que nosotros votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Claudia Esqueda Llanes.
La diputada María Claudia Esqueda Llanes: - Con su permiso señor Presidente; compañeros diputados: Yo creo que a lo largo de este debate algo ha quedado muy claro, y esto nos enorgullece a los miembros de la Comisión del Distrito Federal; esto es sin duda el hecho de que ha habido consenso en propuestas, propuestas que se han insertado en el propio texto del dictamen que presentamos hoy a votación.
Dentro de las grandes preocupaciones de todos, se ha concretado a lo largo del propio debate, fundamentalmente algunas cuestiones que me voy a permitir tratar en forma breve.
En el servicio de transporte , yo podría decir que ahí hay nuevas posibilidades con las nuevas ampliaciones que se están llevando a cabo y que están programadas para este próximo año en materia del Metro. Con esto se trasladará a cientos de miles de pasajeros diariamente, con mayor eficiencia y costos bajos, a diferencia de otra clase de transporte, de la que aquí también se ha hablado. Esto es un avance sin duda, aun cuando el transporte eléctrico, todos los integrantes de la Comisión del Distrito Federal participamos de la inquietud de que hay insuficiencia de recursos, destinados particularmente a este rubro.
Es claro que el objetivo es de acuerdo a la realidad y reestructurando paulatinamente, con acciones de mantenimiento, rehabilitación del parque vehicular, adquisición de equipo, y sin desistir de enfatizar en esta clase de transporte, como lo recomienda el propio dictamen aquí presentado.
Otra cuestión que ha sido insoslayable y que nos preocupa mucho también a nosotros, sin lugar a dudas, es lo que se refiere a la cuestión ecológica.
Nosotros sí creemos que la ciudadanía participa, que la ciudadanía cree, y que la ciudadanía tiene la plena conciencia que se ha logrado a base de información de una serie de esfuerzos, en los que han participado en forma absolutamente activa, fundamentalmente con el programa de "Hoy no Circula".
Que se ha complicado hoy día, en esta temporada especialmente y con diferencias más incidentes en problemas de contaminación este invierno que los demás, es algo innegable que todos hemos vivido, y esto también provocó el sugerir y recomendar todos los partidos que integramos esta comisión, adiciones y algunas cuestiones que se pusieron en el dictamen, que insisto, se presentan.
Por lo tanto, también hay consenso en esta situación; sin embargo cabría destacar que respecto de lo asignado el año pasado, se obtiene un incremento en materia ecológica del 77%. Sin duda significativo y acorde al momento en que vivimos. Este 77% incluye el subprograma de Preservación y Restauración, una previsión para reforestación, de la que también se hablaba hace algún momento. Y yo quisiera hacer un apunte en este sentido.
El incremento de este programa se debe fundamentalmente a que se incluye en el subprograma de Preservación y Restauración, como lo decía, de ecosistemas, una previsión presupuestal por 122 mil 830 millones de pesos, para acciones, diversas acciones; y estas acciones son acciones de reforestación concretamente, sujetas a la concertación de créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo de Cooperación Económica de Japón.
Pero hay que señalar, como lo contiene el documento mismo, que el Programa Integral contra la Contaminación, en el Distrito Federal, se encuentra también apoyado en presupuestos de organismos y dependencias federales, con lo que se pretende incrementar la lucha en contra de uno de los problemas más preocupantes que aquejan a la ciudad de México.
Así por tanto, insisto, hay consenso al interior de nuestra comisión respecto de este tema. Hemos hecho un sinfín de recomendaciones en el que, repito, estamos todos de acuerdo, como puede ser revisar el calendario escolar, crear un organismo metropolitano de protección ecológica con facultades ejecutivas para poder poner una solución real a un problema que a todos nos aqueja.
Quisiera agregar a la cuestión de contaminación ambiental, que las acciones a realizar para la regulación y preservación ecológica son de tal magnitud que el llevarlas a cabo sólo con recursos propios, no permitirían ser de impacto, al tener que dejarse de realizar muchas de ellas por no contar con los recursos suficientes.
La presente administración ha buscado que los objetivos planteados en esta materia sean a largo plazo; sin embargo, sólo pueden preverse durante los seis años que dura la gestión, acciones concretas de lucha contra la contaminación ambiental. Ojalá pudiéramos hacer previsiones para 20 ó 30 años más, que podrían solucionar el problema.
En cuestión de vivienda, que sin duda también es una preocupación grave para los capitalinos, la solución, sin lugar a dudad, tampoco se encuentra en los recursos fiscales, sino a través de mecanismos de financiamiento, toda vez que hay organismos tales como Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como la propia área de vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social para Trabajadores del Estado, que es Fondo para la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social para Trabajadores del Estado, que dan respuesta clara y dan respuesta cierta a las grandes necesidades de vivienda que tiene nuestra población en el Distrito Federal. Y no debemos confundir que no es una obligación del gobierno, ni del gobierno de la capital, el proporcionar vivienda a los habitantes de la misma.
Sin embargo, el Departamento del Distrito Federal en esta materia coadyuva a través del Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano y las Cajas de Previsión de los Trabajadores a Lista de Raya y de la Policía Preventiva del Distrito Federal. Por último, volviendo un tanto a la cuestión que se trataba aquí de relleno sanitario, sería interesante comentar algunas situaciones.
A finales del tercer trimestre de 1990, se ha logrado un avance del 87% en la construcción de la tercera etapa del relleno sanitario de Prados de la Montaña, en Santa Fe, que ha involucrado recursos por 9 mil 358 millones de pesos. Muy importante también lo concerniente a la operación de los rellenos sanitarios de Prados de la Montaña, bordo poniente, sección uno y dos, Socavón de Iztapalapa y Barranca Becerra, para los que se asignó un presupuesto del cual se ha ejercido el 86%.
Este resultado ha sido motivado por la creciente generación de desechos sólidos, lo cual ha generado la intensificación de actividades, principalmente en los sitios destinados a la recepción de desechos orgánicas material producto de excavaciones, lodos y desazolves provenientes principalmente de zona sur - oriente y poniente de la ciudad.
Para seguir previniendo toda clase de contaminación y evitar en gran medida la dispersión de desechos sólidos en lugares inadecuados durante 1991, el Departamento del Distrito Federal llevará a cabo el saneamiento y clausura del área del tiradero de Santa Catarina y Prados de la Montaña y al mismo tiempo seguirán operando los rellenos sanitarios de Prados de la Montaña, bordo poniente uno y dos, San Antonio y Santa Catarina.
A la referencia específica de drenaje, efectivamente viene identificado con el programa de solidaridad, pues cumple con los requisitos de participación comunitaria en la obra. Esto se está dando en los pedregales, en Coyoacán, y aquí hay ayuda no solamente a la población que está participando en ello, sino también en contra de la contaminación, al evitar que los mantos freáticos puedan sufrir mayores daños.
Ahora sí por último, todos desearíamos un mayor presupuesto de egresos para dar respuesta absoluta a todas las necesidades. Pero nos preguntamos: ¿por qué más impuestos a los capitalinos?, vía para la obtención de ingresos y mantener así a la ciudad que de una u otra manera responde a todo el país.
Por todo lo vertido compañeros, es que solicitamos el voto aprobatorio de esta asamblea y así con ello dar fin a este debate. Gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
No habiéndolo, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos correspondientes a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 247 votos en pro y 114 en contra. EL Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular por 247 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1991.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
LEY DEL SEGURO SOCIAL
El Presidente: - El siguiente punto de la orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adicional y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
Le voy a agradecer a la secretaría se sirva dar lectura a un texto integrado por el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y el presidente de la Comisión de Seguridad Social, diputados Juan Osorio Palacios y Juan Díaz Aguirre, respectivamente, para que se considere como parte del dictamen.
El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Secretarios de la honorable Cámara de Diputados; honorable asamblea: Las comisiones unidas de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social desean por este conducto presentar a la consideración del pleno de la Cámara, modificaciones al texto propuesto en el dictamen a discusión sobre reformas de la Ley del Seguro Social; todas ellas con el propósito de clarificar su redacción y atender así distintas inquietudes manifestadas por compañeros diputados.
De manera concreta nos referimos a la supresión del término"... y de mejora por edad avanzada" que se contiene en el artículo 169 del dictamen de incremento.
Al mismo artículo 169 se añade un párrafo segundo que a la letra expresará: "Las anteriores limitaciones no regirán para las pensiones con el monto mínimo establecido en el artículo 168."
Atentamente, diputado Juan José Osorio Palacios, Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social; diputado Juan Francisco Díaz Aguirre, Presidente de la Comisión de Seguridad Social.
El Presidente: - En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente. Es de segunda lectura.
«Comisiones unidas del Seguro Social y Trabajo y Previsión Social
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, los artículo 87 y 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estado Unidos Mexicanos, las comisiones de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social de esta LIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, tiene a bien presentar a esta honorable asamblea el presente dictamen para modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social.
CONSIDERACIONES
A las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, le fueron turnadas para su estudio, dictamen y aprobación en su caso, iniciativas para reformar y adicionar diversos artículo de la Ley del Seguro Social, tendientes a mejorar las Pensiones a que por diferentes motivos los trabajadores de han hecho acreedores. Tales propuestas han tenido la motivación de reivindicar los derechos de quienes con su trabajo diario han engrandecido a la nación y a los que se debe continuar respondiendo en el avance de satisfactores de bienestar.
Honorable asamblea: El presente dictamen, resultado de múltiples consultas y de reuniones de trabajo en el seno de las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, así como con funcionarios de diferentes dependencias, busca continuar dando respuesta a las demandas reiteradas de los pensionados en lo particular y de toda la sociedad en general, conforme a las posibilidades reales del Instituto Mexicano del Seguro Social y el desarrollo económico del país.
Así, la evolución del fenómeno demográfico, la continua transformación de la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de trabajo, hacen que el derecho a la seguridad social sea esencialmente dinámico, pues debe transformarse de acuerdo con las circunstancias, mejorando las prestaciones y ampliando constantemente la posibilidad de incorporar a sus beneficios a un número cada vez mayor de mexicanos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social como conquista de los trabajadores, producto de la Revolución Mexicana, es el instrumento idóneo para proteger la vida y la dignidad del trabajador, tanto cuando está en activo, como cuando llega a pensionarse y por tanto, se debe realizar un esfuerzo cada vez más grande de solidaridad nacional, a fin de que sus beneficios puedan irse extendiendo a los sectores más débiles, entre ellos fundamentalmente al de los pensionados.
En todo momento se tuvo en cuenta, garantizar los derechos de los asegurados y de los pensionados, para que al convertirse en ley, prescriban lo factible, sin pretender aquellos que las condiciones sociales y económicas imperantes en el país hacen inaccesibles por el momento.
El mejoramiento de los ingresos de los pensionados ha constituido una demanda social caracterizada en forma especial por su justicia y por ello, se ha venido atendiendo dentro de las posibilidades y circunstancias actuales imperantes; así, se han realizado importantes esfuerzos, dentro de la LIV Legislatura, tendientes a satisfacer esta necesidad. Ha sido y es un propósito de esta representación el mejorar permanentemente la situación económica de las personas que han dejado parte de su vida en los talleres, fábricas y oficinas. de manera que sus ingresos les permita subsistir cada vez más decorosamente.
En 1988, el aprobar esta honorable Cámara de Diputados las reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, fue precisado un aspecto que ahora es conveniente retornar. En la parte introductora al dictamen se expresó:
"Hacemos notar que a través de este documento, pedimos al Instituto Mexicano del Seguro Social, que de acuerdo con esta misma ley, incremente las reservas actuariales en tal forma que permita que en un lapso que no exceda de cuatro años a la fecha de publicación del presente decreto, esta soberanía pueda modificar la ley para incrementar las pensiones a que se refiere la misma, y sea equivalente al 100% del salario mínimo que rija en el Distrito Federal y el correspondiente aumento cada vez que se modifique el mismo."
Una circunstancia que se desprendió del decreto en comento, fue la de que a partir de 1989 las pensiones adquirieron un sistema dinámico, lo que permitió que al ajustarse en cualquier momento los salarios mínimos, el monto de las pensiones se ajustaría en la misma proporción, la cual se ratifica en el cuerpo de este dictamen.
Por ello, se propone elevar la pensión mínima, actualmente prevista en el 70% del salario mínimo general del Distrito Federal, para garantizar a los pensionados un ingreso mínimo del 80% de dicho salario. Cabe destacar que tomando en consideración la forma en que se integra la pensión y el hecho de que la base es el salario mínimo general del Distrito Federal, resulta con esta propuesta que en las zonas de más bajo salario, en las que se encuentra el 45% de los pensionados, el incremento acerca a las pensiones al 100% del valor del salario mínimo de la región.
pues anualizada ésta, significa el 99.86% de dicho salario; en tanto que el 17% de los pensionados, que se encuentran en la zona salarial B, tendrían un ingreso equivalente al 90.6% del salario mínimo de su región y para el 38% restante, de la zona salarial A, representa el 83.25% del salario respectivo.
En el mismo dispositivo se propone elevar a rango de la ley el aguinaldo anual, en un 100%, para quedar en un mes completo del monto de la pensión, en lugar de ser una quincena, como actualmente está previsto y llegar a así a los porcentajes antes mencionados.
Simultáneamente se propone establecer un sistema que al propio tiempo que proteja especialmente a los asegurados de más bajos ingresos, estimule y considere en forma diferencial a quienes por su permanencia en el Seguro Social reflejen una vida productiva de constante trabajo y para ello, se hace necesario modificar la tabla que regula el otorgamiento de las pensiones contenida en el artículo 167 de la ley, en la inteligencia de que se propone también incluir un artículo transitorio que evite la aplicación de la tabla a quienes habiendo adquirido derechos conforme al sistema actualmente vigente, éste les sea más favorable, independientemente de la fecha en que se inicie el otorgamiento de las prestaciones respectivas.
Se propone también modificar el artículo 169 actual, de manera que las sumas de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo el importe de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, puedan alcanzar con suficientes semanas de cotización reconocidas el 100% del salario promedio base.
Para sufragar las erogaciones derivadas de los incrementos que antes se mencionan y garantizar su continuidad, es menester se aumenten las cuotas respectivas, en forma proporcional atendiendo el espíritu de la ley, de soportar mediante contribución tripartita los diversos seguros. El aumento contemplado en un total del 2% se aplicará en un 1% del inmediato y la diferencia mediante incrementos graduales de 0.2% anual hasta que se alcance dicho porcentaje, según se prevé en el artículo transitorio correspondiente, con la finalidad de que no impacte la planta productiva del país y en este lapso se puedan realizar oportunamente los ajustes del caso.
Igualmente, resulta fundamental un cambio en el esquema financiero de este seguro, para que sus reservas garanticen el cumplimiento de sus compromisos actuales y previsibles, al invertirse de tal manera que su rendimiento medio por los menos corresponda a la tasa de interés que sirva de base para los cálculos actuariales y asimismo, que los productos de la inversión queden específica y exclusivamente destinados a cubrir prestaciones en este ramo.
Asimismo, se establece la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de aumentar gradualmente la inversión financiera de sus reservas actuariales para el pago de las pensiones de invalidez, vejez, cesantía de edad avanzada y muerte.
También para fortalecer, facilitar el control, mejorar la distribución de los recursos y dar mayor transparencia al manejo de cada uno de los ramos del seguro, además de llevarse su registro contable de ingresos y egresos en forma separada, se plasma expresamente que sus respectivos recursos deben utilizarse para cubrir las prestaciones derivadas exclusivamente del seguro de que se trate, según se propone en el artículo 263 contenido en este dictamen.
En consecuencia con lo anterior y por ser ya innecesarios, se propone la derogación de los artículos 87 y 265, pues el primero contempla el manejo independiente de la contabilidad del seguro de riesgo de trabajo y el segundo, regula las inversiones en préstamos hipotecarios.
Finalmente, la modificación del artículo 177 hace indispensable que las primas correspondientes al seguro de riesgo de trabajo se adecúen, pues al estar actualmente referidas al importe de las cuotas obrero - patronales del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, el incremento de ésta les afectará, lo que constituye un inconveniente innecesario que es factible solucionar y a la vez facilitar el cumplimiento en pago de esta cuota, a través de fijar porcentajes aplicables directamente al salario base de cotización lo que ser propone como reforma en el artículo 79, sin alterar los importes de la cuota, con lo que además se logrará un importante ahorro en gastos y trámites administrativos tanto para el Instituto Mexicano del Seguro Social como para los sujetos obligados.
Señores diputados: el presente dictamen, como al principio de la exposición de motivos lo manifestamos, es producto del estudio de viabilidad financiera del instituto, así como el impacto que ocasionaría a los otros factores de la producción que la Carta Magna nos obliga para el caso de las contribuciones.
Esto es producto de la participación de todas las fracciones parlamentarias que configuran el panorama social y político del país, es pues resultado de la voluntad política y de justicia social del conjunto de la representación popular.
Es cierto que a nadie satisface a plenitud, pero es de reconocer que se ha hecho el mayor esfuerzo de actuar con responsabilidad política y social para proteger a la sociedad en su conjunto y en lo particular a los pensionados del Seguro Social.
La Cámara de Diputados, correspondiente a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, recomienda que se inmediato, el gobierno federal, junto con las representaciones obrera y patronal, inicie estudios para la conformación de sistemas complementarios, tales como esquemas de ahorro individual, para asegurar, más allá del ámbito del Seguro Social, la suficiencia de las pensiones de las generaciones futuras.
Por tal motivo, se somete a esta honorable representación nacional el presente.
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL
SEGURO SOCIAL
Artículo primero. Se reforma, adiciona y derogan los artículos 78, 79, 87, 167, 168, 169, 177, 262, 263, 264, 265 y 266 para quedar como sigue:
Artículo 78. Las cuotas que por el seguro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones, se determinarán en relación con la cuantía del salario base de cotización y con los riesgos inherentes a la actividad de la negociación de que se trate, en los términos que establezca el reglamento relativo.
Articulo 79. Para los efectos de la fijación de las primas a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, las empresas serán clasificadas y agrupadas de acuerdo con su actividad, en clases, cuyos grados de riesgo se señala para cada una de las clases que a continuación también se relacionan:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de clase por modificación en sus actividades, las empresas invariablemente serán colocadas en grado medio de la clase que les corresponda y con apego a dicho grado pagarán la prima del seguro de riesgo de trabajo.
Articulo 87. Derogado.
Artículo 167. Las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas al asegurado con posterioridad a las primeras quinientas semanas de cotización.
La cuantía básica y los incrementos serán calculados conforme a la siguiente tabla:
Dar doble click con el ratón para ver imagen
Para los efectos de determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considera como salario el promedio correspondiente a las últimas doscientas cincuenta semanas de cotización. Si el asegurado no tuviere reconocidas las doscientas cincuenta semanas señaladas se tomarán las que tuviere acreditadas, siempre que sean suficientes para el otorgamiento de una pensión por invalidez o por muerte.
El salario diario que resulte se expresará en veces al salario mínimo general para el Distrito Federal vigente en la fecha en que el asegurado se presione, a fin de determinar el grupo de la tabla que antecede en que el propio asegurado se encuentre. Los porcentajes para calcular la cuantía básica, así como los incrementos anuales se aplicarán al salario promedio diario mencionado.
El derecho al incremento anual se adquiere por cada cincuenta y dos semanas más de cotización.
Los incrementos a la cuantía básica, tratándose de fracciones del año, se calcularán en la siguiente forma:
A) Con trece a veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al 50% del incremento anual, y
B) Con más de veintiséis semanas reconocidas se tiene derecho al 100% del incremento anual.
El instituto otorgará a los pensionados comprendidos en este capítulo, un aguinaldo anual equivalente a una mensualidad del importe de la pensión que perciban.
Artículo 168. La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso correspondan no podrá ser inferior al 80% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
El monto determinado conforme al párrafo anterior, servirá de base para calcular las pensiones que se deriven de la muerte tanto del pensionado, como del asegurado, al igual que para fijar la cuantía del aguinaldo anual.
La cuantía mínima de las pensiones derivadas de incorporaciones generadas por decreto del Ejecutivo Federal o convenios celebrados por el instituto en los términos de esta ley, que contengan modalidades de aseguramiento en el ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, se sujetará a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 172.
Artículo 169. La pensión que se otorgue por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo el importe de las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que se concedan, no excederán del 100% del salario promedio que sirvió de base para fijar la cuantía de la pensión. Este límite se elevará únicamente por derechos derivados de semanas de cotización reconocida y de mejora por edad avanzada, cuando el monto que se obtenga por concepto de la pensión sea superior al mismo.
Artículo 177. A los patrones y a los trabajadores les corresponde cubrir, para los seguros a que se refiere este capítulo, las cuotas del 5.6% y 2% sobre el salario base de cotización, respectivamente.
Artículo 262. El instituto depositará en instituciones de crédito del país las cantidades necesarias para hacer frente a sus obligaciones inmediatas.
Artículo 263. Los ingresos y egresos de cada uno de los ramos a que se refiere al artículo 2o. de esta ley, registrarán contablemente por separado de los correspondientes a los demás ramos, en las cifras consolidadas.
Los recursos citados sólo podrán utilizarse para cubrir las prestaciones y reservas que correspondan a cada uno de los respectivos ramos.
En todos los casos, la diferencia del importante de las cuotas del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte y demás ingresos de dicho ramo, por un lado, y el pago de las prestaciones y demás egresos del mismo, por el otro, se aplicará a incrementar la reserva respectiva en términos de este capítulo.
Artículo 264. Las reservas, del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, deberán invertirse en activos financieros y el producto que se obtenga de su inversión se destinará exclusivamente para cubrir las prestaciones del mencionado ramo del seguro.
Artículo 265. Se deroga.
Artículo 266. Las inversiones en acciones y valores emitidas por sociedades mexicanas deberán ser de las autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para inversiones de instituciones de crédito, de seguros y de fianzas y en ningún caso excederán del 5% del total de las reservas.
Por excepción podrá invertirse en acciones de sociedades cuyo objeto tenga íntima relación con los fines del instituto, sin sujetarse a los requisitos señalados en el párrafo anterior, caso en el cual se requerirá aprobación unánime del consejo técnico y que los consejeros del sector estatal tengan autorización por escrito del Presidente de la República para votar afirmativamente en el caso concreto.
TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 1991, salvo lo señalado en los artículos siguientes:
Segundo: Las reformas al artículo 177 de la ley entrarán en vigor en 1o. de enero de 1996.
Durante los años de 1991 a 1995, a los patrones y a los trabajadores les corresponderá cubrir, para los seguros a que se refiere el Capítulo V del Título II de la ley, las cuotas sobre el salario base de cotización que a continuación se indica:
Porcentaje sobre el salario base de cotización
Año Patrones Trabajadores
1991 4.90 1.75
1992 5.04 1.80
1993 5.18 1.85
1994 5.32 1.90
1995 5.46 1.95
La cuantía de la contribución del Estado para los referidos seguros será igual al resultado de aplicar el porcentaje indicado en el artículo 178 de la ley, al total de las cuotas patronales determinadas conforme al presente artículo.
Tercero. La asamblea general del instituto podrá determinar que parte de la reserva correspondiente al ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, que se constituya a partir de la entrada en vigor del presente decreto, pueda invertirse en activos distintos a los señalados en el artículo 264, conforme a las bases siguientes:
I. Las inversiones en activos distintos a los señalados en el artículo 264, en ningún caso podrán ser superiores al 50% del total de la propia reserva.
II. La asamblea general del instituto determinará anualmente la reducción en el porcentaje que pueda estar invertido en activos no financieros.
III. En todo caso, a más tardar dentro de los diez años contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, la reserva deberá estar totalmente invertida en términos del artículo 264.
Cuarto. El instituto deberá adecuar en un plazo que no exceda de diez años a apartir de la entrada en vigor del presente decreto, la inversión de su reserva acumulada al 31 de diciembre de 1990, correspondiente al seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, al régimen previsto en el artículo 264.
Al efecto, la asamblea general del instituto, a propuesta del director general, determinará cada año el programa de ajuste relativo para dar cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo inmediato anterior.
Quinto. A los asegurados que a la fecha en que entre en vigor el presente decreto, ya hubiesen computado los tiempos de espera requeridos por la ley para el otorgamiento de las prestaciones en ella prevista, sólo se les aplicará la nueva tabla contenida en el artículo 167 reformado en caso de que ésta resulte más favorable para ellos.
Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados a los dieciocho días del mes de diciembre de mil novecientos noventa.»
El presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
Se ha inscrito los siguientes diputados: Mario Rojas Alba, Leopoldo Salinas Gaytán, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Mario Vázquez Martínez, Víctor Manuel Ávalos Limón, Manuel de Jesús A. Ponce González, Vicente Luis Coca Alvarez, José Miguel Pelayo Lepe, Marcos Carlos Cruz Martínez y Juan Francisco Díaz Aguirre.
De conformidad con el artículo 108 del Reglamento, tiene la palabra para fundamentar el dictamen, el diputado Víctor Manuel Carreto. El diputado Víctor Manuel Carreto: - Señor Presidente; honorable asamblea: Acudo ante esta soberanía en nombre de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, para plantear algunos de los fundamentos que dieron origen al dictamen que ha sido conocido por esta asamblea.
Por esa razón, y con base en el dictamen, que es el resultado de múltiples consultas y de reuniones de trabajo en el seno de las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social, así como con funcionarios de diferentes dependencias, pretende dar respuesta a las demandas reiteradas de los pensionados en lo particular, y de toda la sociedad en lo general, conforme a las posibilidades reales del Instituto Mexicano del Seguro Social y del desarrollo económico del país.
La evolución del fenómeno demográfico, la continua transformación de la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de trabajo, hacen que el derecho a la seguridad social sea esencialmente dinámico, busca mejorar las prestaciones y ampliar e incorporar a sus beneficios a un número cada vez mayor de mexicanos.
El Instituto Mexicano del Seguro Social, conquista de los trabajadores, producto de la Revolución Mexicana, es el instrumento para proteger la vida y la dignidad del trabajador tanto como cuando está activo, como cuando llega a pensionarse. En todo momento, responsablemente se tomó en cuenta y se actuó de esta manera para garantizar los derechos de los asegurados y de los pensionados.
El mejoramiento de los ingresos de los pensionados ha constituido una demanda social, caracterizada en forma especial por su justicia y por ello se ha venido atendiendo dentro de las posibilidades y a esta LIV Legislatura se ha correspondido reconocer que han contribuido al desarrollo de la nación y que han dejado parte de su vida en los talleres, fábricas y oficinas y es deseable que sus ingresos les permitan subsistir cada vez más decorosamente; en 1988 se logró avanzar en este sentido y de acuerdo con esta misma ley ordenó que se incrementaran las reservas actuariales, de tal forma que permitiera que en un lapso que no excediera de cuatro años, esta soberanía pudiera modificar la ley nuevamente para incrementar las pensiones y éstas sean equivalentes al 100% del salario mínimo que rigiera en el Distrito Federal.
Ha sido dentro de este proceso que a partir de 1989 las pensiones adquirieron un sistema dinámico, lo que permitió que al aumentarse en cualquier momento los salarios mínimos, el monto
de las pensiones se ajustaría en la misma proporción, lo cual se ratifica en el cuerpo de este dictamen. Para ello también es conveniente reformar diversos artículos, entre otros el 168, cuya modificación sustancial consiste en aumentar de 70% a 80% del salario mínimo general para el Distrito Federal, las pensiones mínimas por invalidez, vejez y cesantía en edad avanzada.
Cabe señalar que la pensión del 80% del salario mínimo del Distrito Federal anualizada, significa el 99.86% del salario mínimo de la región C, donde se encuentra el 45% de los pensionados, el 90.06% del salario mínimo de la zona salarial B, con el 17% de los pensionado y el 83.25% de la zona salarial A para el 38% restante de los pensionados.
En el mismo dispositivo se propone elevar a rango de ley el aguinaldo anual en un 100% para quedar en un mes completo del monto de esta pensión, en lugar de ser una quincena como actualmente está previsto.
Se hace necesario modificar la tabla que regula el otorgamiento de las pensiones contenidas en el artículo 167, para el cálculo del monto de las pensiones por invalidez y vejez, estableciendo un sistema que proteja especialmente a los asegurados de más bajos ingresos y además premie y considere en forma diferencial a aquellos que logran un número de semanas cotizadas.
La cuantía básica para trabajadores con salario promedio de hasta una vez el salario mínimo, nunca será inferior al 80% de éste, cuya base se verá incrementada en su caso, con aquellas cotizaciones reconocidas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización. Para tal efecto se incluye un artículo 5o., transitorio que evita la aplicación de la tabla que se propone, a quienes habiendo adquirido derechos conforme al sistema vigente, éste les fuera más favorable, con independencia de la fecha en que se inicie el otorgamiento de las pensiones respectivas.
De igual forma procede la reforma del artículo 169, que consiste en establecer el que se pueda alcanzar con suficientes semanas de cotización, reconocidas, el 100% del salario promedio base, considerando la suma de las pensiones por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, más el importe de las asignaciones familiares, que ayudas asistenciales.
Para sufragar las erogaciones de los incrementos que antes se mencionan y garantizar su continuidad, es menester se aumenten las cuotas respectivas. El aumento contemplado, en un total de 2% se aplicará en un por ciento de inmediato y la diferencia mediante incrementos graduales del 0.2% hasta que se alcance dicho porcentaje, según se prevé en el artículo transitorio correspondiente.
Resulta fundamental un cambio en el esquema financiero de este seguro, para que sus reservas garanticen el cumplimiento de sus compromisos actuales y predecibles al invertirse de tal manera que su rendimiento medio, por lo menos corresponda a la tasa de interés que sirva de base para los cálculos actuariales y asimismo que los productos de la inversión queden específica y exclusivamente destinados a cubrir prestaciones de este ramo.
Se establece la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de aumentar gradualmente la inversión financiera de sus reservas actuariales para el pago de las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.
También se reforman los artículos 263 y 264, y se pretende precisar la necesidad existente de que, conforme a la técnica actuarial de prima media escalonada, las reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social garanticen efectivamente por un largo período de tiempo el cumplimiento de estos compromisos con los pensionados, así como aquellas previsibles en lo futuro.
En su primer párrafo se establece, el que los ingresos y egresos de cada una de las ramas del Seguro, se registren contablemente, por separado, lo que permitirá fortalecer y facilitar el control.
Estos recursos sólo podrán utilizarse, precisamente, para cubrir las prestaciones y reservas que correspondan a cada una de las ramas del aseguramiento. Se norma el que el superávit que se obtenga en el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte deberá aplicarse exclusivamente a incrementar la reserva respectiva.
Asimismo, los artículos 79 y 177 se reforman y en el 79 se reitera la idea de que en modo alguno se alteren los importes de las cuotas que actualmente cubren los patrones por el seguro de riesgo de trabajo, evitan que el incremento de las cuotas obrero - patronales del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte les afecte en otra rama de aseguramiento.
Por lo que hace el artículo 177, propone aumentar las cuotas a cubrir por el Seguro mencionado y de esta manera el incremento a seis años para los patrones será del orden del 1.40% y del 0.50% para los trabajadores.
De esta manera el incremento para los patrones en primer año de aplicación 1991, será del 0.70%,
en tanto que para los trabajadores será del 0.25% y cuyos porcentajes se irán incrementando gradualmente hasta llegar a los seis años a un porcentaje del 1.40% en total para los patrones y un 0.50% para los trabajadores.
La cuota patronal, hay que señalar, es deducible para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y que el incremento de la cuota obrera no repercutirá ni en los trabajadores registrados con salarios mínimo, que son el 35%, ni en aquellos que por contrato colectivo los patrones cubren la cuota obrera, 25% es el número de estos trabajadores.
Asimismo y a manera ejemplificativa, un salario mensual de 500 pesos deberá aportar adicionalmente el Seguro Social la suma de un millón 250 mil pesos mensuales. Un trabajador que recibe un salario mensual de 750 mil pesos deberá aportar adicionalmente al Seguro Social una suma de un millón 875 mil pesos; y un trabajador con ingresos de un millón de pesos mensual la suma adicional será de 2 millones 500 mil pesos.
Compañeros diputados, el presente dictamen es la conclusión del estudio de la viabilidad y factibilidad financiera del instituto, así como el impacto que ocasionaría a otros factores de la producción. El presente es producto de la participación de todas las fracciones parlamentarias que participan en esta Cámara de Diputados, y es pues el resultado de la voluntad política y de justicia Social del conjunto de la representación popular.
Debemos de reconocer el interés, entusiasmo y las aportaciones de todas las fracciones parlamentarias que sin duda enriquecieron el presente documento, cuya finalidad es mejorar las condiciones económicas y sociales de jubilados y pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Es verdad que la mayoría no satisface a plenitud, pero es de reconocer que se ha hecho el mayor esfuerzo de actuar con responsabilidad política y social para proteger a la sociedad en su conjunto y en lo particular a los pensionados del Seguro Social.
Además, la Cámara de Diputados correspondiente a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión hace la recomendación que de inmediato el gobierno federal, junto con las representaciones obreras y patronales inicie estudios para la conformación de sistemas complementarios, tales como esquemas de ahorro individual para asegurar más allá del ámbito del Seguro Social la suficiencia de las pensiones de las generaciones futuras.
Por lo anteriormente planteado, en nombre de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, solicito su voto favorable para el presente decreto.
Por su atención, estimados compañeros, muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mario Rojas Alba.
El diputado Mario Rojas Alba: - Compañeras, compañeros diputados: El hecho de que estemos tratando un asunto de tal importancia, como los jubilados y pensionados a estas horas, yo creo que forma parte de una actitud de indolencia de parte de la mayoría de este Congreso. Yo pienso que este asunto debió de tratarse como uno de los asuntos prioritarios y en las primeras horas del día que nos acaba de anteceder.
Creo que no fue una cuestión espontánea, fue algo premeditado y bien pensado tratar este asunto en el momento en que no hubiera medios, en el momento en que no hubiera alguna forma de que las cosas que aquí digamos puedan repercutir al exterior.
Vamos a hacer algunos análisis y algunas opiniones en relación al dictamen que hoy se nos presenta. Se dice, como parte de las consideraciones, que este dictamen es el producto de la revisión de una serie de proyectos y de propuestas y de iniciativas que presentaron las diferentes fracciones, que es también parte del trabajo que se vino realizando en la reuniones de las subcomisión de las comisiones unidas.
En mi opinión esto es mentiroso, es falso, porque en realidad lo que hoy se nos presenta es una nueva iniciativa, una iniciativa que plantea una serie de cuestionamientos y de puntos que no estaban planteados por ninguna de las fracciones o de las propuestas anteriores; es pues una iniciativa tramposa, porque debió de haber surgido el procedimiento que el Reglamento nos señala y no meternos un dictamen que en realidad es una iniciativa que presenta la mayoría priísta.
Decimos que es una iniciativa nueva y tramposa, porque dentro de los argumentos que se nos presentan, se señala que se habían considerado cuatro años para lograr la pensión mínima, y en efecto, como parte de las argumentaciones que se nos dan en la propuesta de iniciativa que se presentan en 1988, de modificación a la Ley del Seguro Social, ahí se señala que habrá cuatro años para poder lograr la pensión mínima para los jubilados y pensionados.
Sin embargo, en esa misma ocasión salió aquí, en la tribuna, el
acuerdo que tuvimos de palabra todos, de que en 1988, en el siguiente período ordinario se aprobaría la pensión mínima, y para eso existe en el Diario de los Debates opiniones de los diferentes representantes de las fracciones que dan crédito a lo que yo estoy diciendo; hubo un compromiso de todos, de que en el siguiente período ordinario se aprobaría ya la pensión mínima; si se trata de eludir, es otra cuestión, pero hubo un compromiso de todos.
Y finalmente, tratando de cumplir este compromiso, la diputación obrera presentó una iniciativa el 4 de diciembre, y leída por la diputada Gómez Maganda; en esta iniciativa que presentó aquí la diputación priísta, decía con mucha claridad en el artículo 168, que el monto de la pensión de invalidez, de vejez o cesantía en edad avanzada, no será inferior al salario mínimo general que rija para el Distrito Federal. El monto de la pensión señalada en el párrafo anterior, será independiente a las percepciones por concepto de asignaciones familiares y ayudas asistenciales; esta iniciativa está debidamente presentada aquí en el Congreso, en el Diario de los Debates y nadie que sea un poco serio podrá negar que algunos de los diputados más honestos, más interesados en resolver el problema tanto del Partido Revolucionario Institucional como de las demás fracciones tuvieron el interés y la voluntad de resolver la situación de los jubilados y pensionados.
La iniciativa que hoy se presenta con forma de dictamen, está eludiendo la solución de los problemas fundamentales que nos plantearon los jubilados y pensionados. Se nos trata de engañar con una iniciativa que no recoge la voluntad que aquí se señaló por varias fracciones. Yo quisiera recordarles cuáles fueron los principales planteamientos que los jubilados nos hicieron, ellos estuvieron y siguen demandando la pensión mínima; es decir, que no haya ninguna pensión por abajo del salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
La segunda demanda que con claridad ellos nos pidieron, era que las asignaciones familiares que desde hace muchos años era un logro de las luchas de los jubilados y que tenían como parte de los beneficios económicos mensuales que son las asignaciones familiares, ellos solicitaron que las asignaciones familiares estuvieran fuera de esta suma tramposa de dizque el 70% y 90% que se autorizó en 1988 del salario mínimo, que no lo es tanto porque al sumar las asignaciones familiares realmente el salario mínimo le quedó en un 40% aproximadamente. Eso es si quieren manejarlo con seriedad. Entonces esos dos grandes planteamientos que nos solicitaron los jubilados, no están siendo cumplidos ni tampoco cumplieron ustedes su palabra de hacer posible la solución de este problema.
El otro gran planteamiento que nos hicieron los jubilados y pensionados era en el sentido de que se les regresara o se les manejara con mayor cuidado el Fondo de Pensionados y Jubilados del Seguro de Pensiones, porque ellos señalaban que los recursos del fondo de pensiones y jubilaciones estaban utilizándose en otros seguros que estaban a través de desviar fondos de este seguro hacia otras áreas del Seguro Social, estaban descapitalizando totalmente el fondo de pensiones y jubilaciones y que hubiera un manejo más preciso, más idóneo para poder permitir un fondo acumulativo y capitalizable que le permitiera a jubilados y pensionados la pensión mínima en el mediano plazo y en el futuro también.
Para eso, pienso que hay varios compañeros diputados que no están debidamente enterados de qué se trata o cuál es el fondo de las cosas en la demanda de los jubilados y pensionados. El director del Seguro Social, en las reuniones que aquí tuvimos, dijo algunas mentiras que en su momento nosotros le señalamos que eran falsedades lo que él manejaba, García Sáinz decía que la cantidad de recursos que recibía de los jubilados y pensionados no eran suficientes como para ahora darles la pensión mínima debido a que, para poder hacerlo así, tenía que estar recabando hoy recursos de los trabajadores en activo y de ahí poder lograr una cierta cantidad de recursos que le permitía la pensión mínima. Esto lo señalamos en su momento, es del todo falso. Les voy a dar las cifras, que no es como lo dijo por aquí el compañero Schiaffino, no son fotocopias de los informes de los presidentes, es un análisis de las cifras que nos reportan varios presidentes en sus informes desde 1968 a la fecha, en un análisis y cálculos específicos que se hicieron de los informes de los presidentes. Y vamos a hacer el cálculo de la cantidad de superávit que cada año fue acumulándose del fondo de pensiones y jubilaciones en dólares.
En 1968, se quedó en el fondo de pensiones y jubilaciones 112 millones de dólares, y así podríamos ir encontrando en cada año; en 1976 quedaron 378 millones de dólares; en 1982, nada más por darles algunas cifras y no cansarlos, 683 millones de dólares quedaron en el fondo de pensiones y jubilados de superávit y en 1989 quedaron 797 millones de dólares.
Si nosotros sumamos esta cantidad de dinero calculada en dólares, sin pensar en el capital que pudo haber generado de rendimientos si se hubiera invertido, con cuidado y con interés de proteger
a los jubilados, vemos que en este lapso de tiempo, hubo una acumulación de 10 mil millones de dólares. Es esta cifra que nosotros presentamos en las discusiones internas de la subcomisión de Trabajo y Seguridad Social, nadie lo pudo refutar, y lo reconoció el mismo García Sáinz de que en efecto la cantidad de dinero que recibieron de los jubilados y pensionados, fue tan grande, tan enorme, que le permitió durante más de 40 años al Seguro Social poder financiar los déficits de otros seguros, entre ellos el seguro de enfermedad, maternidad e invertir en infraestructura del Seguro Social.
¿Qué es lo que quiere ahora, qué es lo que quiere la mayoría con esta iniciativa a manera de dictamen que se nos presenta? Lo que se quiere es un borrón y cuenta nueva, es decir, lo perdido se perdió, todos esos millones y millones, son billones lo que calculamos nosotros, eran 30 billones que trasladados según el tipo de cambio, en este lapso de tiempo, eran 10 mil millones de dólares acumulados. Son cifras muy serias que nosotros le presentamos a García Sáinz, les digo, y no tuvo ninguna negativa a los cálculos que se le presentaron.
Entonces, ¿qué es lo que se quiere?, que todos estos recursos se perdieron, descobijaron el presente y el futuro de los jubilados mexicanos y ahora quieren un borrón y cuenta nueva, empezar a solicitar recursos suficientes a través del incremento de la cuota obrero - patronal, sobre todo la cuota patronal y el gobierno federal eludir cualquier posibilidad de restituir todo lo sustraído de ese fondo de pensiones y jubilados.
Por eso no podemos estar de acuerdo nosotros, aunque tampoco nos negamos a que se le dé el mínimo de beneficio, así sea muy pequeño, no podemos negar nosotros el beneficio que puedan recibir los jubilados y pensionados. Pero de eso a que se nos quiera hacer un chantaje a nosotros para que se apruebe una iniciativa que no recoge para nada las aspiraciones, pues están muy lejos de que nosotros pudiéramos prestarnos a ese juego.
Ahora, hay otros detalles que también no se aclararon en todo este proceso de discusión. Salinas de Gortari modifica sus cifras y las modifica enormemente. Si alguien tiene un poco de curiosidad de revisar las estadísticas que nos presentan los anexos del primer informe de Salinas de Gortari y compararlas con el segundo informe, y para no cansarlos con más datos que ya en alguna ocasión se les ha señalado, en el primer informe de Salinas, del año de 1989, hay un cambio en los egresos, se modifican los egresos en el doble, es decir, que en el informe, en el primer informe dicen que en 1988 se gastó 1 billón 385 mil millones de pesos, y en el informe actual, en el informe que apenas se acaba de presentar, se dice que se gastó en cuanto al pago de pensiones y jubilaciones 4 billones.
¿Cuál es la razón de este cambio de cifras? Por ahí el compañero Pablo Gómez se quejaba de que estos recursos que tenía Salinas y que podía manejar a su capricho, a su antojo, sin dar informe para nada ni nadie, era algo así como 400 mil millones de pesos. Esa cifra se queda pequeña en relación a la forma en que se modifican las cifras y con un simple cambio de cifras están perdiendo, desapareciendo 2 billones de pesos, que para nadie le queda claro cómo y de qué forma se gastaron. Sigue habiendo, pues, un manejo erróneo del fondo de pensiones y jubilaciones.
Vamos a terminar estas opiniones señalando que en efecto la iniciativa tiene aspectos positivos, tiene aspectos positivos que son para este momento secundario a las demandas centrales que los jubilados y pensionados nos pidieron. Nos referiríamos nosotros a que esta propuesta que nos presentan hoy, recoge sí, en alguna medida, parte de la lucha y de las argumentaciones que aquí se ha hecho, se reconoce la necesidad de que el fondo de pensiones y jubilaciones no tenga por qué ser usado para otros seguros en el Seguro Social, que se maneje en forma autónoma, en forma separada de los demás seguros. Eso se establece en el artículo 263, es un artículo que nosotros apoyaríamos con toda honestidad y con todo nuestro esfuerzo.
El artículo 264 también tiene una mejora porque recoge algunos de los planteamientos que nosotros hicimos, que en éste se propone que el fondo de pensiones y jubilaciones tenga también un aspecto capitalizable, que pueda generar rendimientos, que en le mediano y largo plazo pudiera incrementarse con esto el fondo de pensiones y jubilaciones y a la vez asegurar en algún tiempo, lo más pronto posible, la pensión mínima.
Estos serían, pues, los principales argumentos que nosotros plantearíamos aquí.
No nos oponemos, les decía, a una iniciativa que no está resolviendo el problema de los jubilados y pensionados, pero reconocemos algunos de los aspectos positivos y avanzados.
Por tal razón, la posición de nuestro partido será en el sentido única y exclusivamente de abstenernos, nos vamos a abstener, no le vamos a dar propiamente el apoyo a una iniciativa que no
cumplió, que defraudó, que fue insuficiente ante las esperanzas y las necesidades que tienen los jubilados y pensionados de nuestro país. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán.
El Diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán:
Señor Presidente; compañeros diputados: En representación de los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, manifiesto lo siguiente: se razona nuestro voto a favor con reserva, sobre dictamen que reforma varios artículos de la Ley del Seguro Social, relativo principalmente, al seguro de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, como sigue:
Nunca se negará el voto a favor, cuando se trate de los intereses de los trabajadores, más aún, tratándose de los pensionados, quienes por diferentes circunstancias viven dicha calidad, después de haber proporcionado su vitalidad y energía, así como sus cotizaciones correspondientes y ahora sufren, indebidamente, las consecuencias de irrisorias pensiones, por culpa de la irresponsabilidad incurrida por la institución, que les ha hecho nugatorio el derecho de llevar una vida de pensionado, decorosa y digna.
Conviene apuntar como antecedente anómalo, que en diciembre de 1988 al reformar la ley indicada, logrando el aumento al 70% de los mínimos, ante el conocimiento que el Seguro Social había vaciado las reservas técnicas y para el seguro en referencia, después de 45 años, se sabía de las disposiciones que originó no tener capacidad financiera para el aumento al 100% que se pretendía, por tal razón incluyó un transitorio que obligada al instituto a invertir lo recaudado con el aumento del 3% y otros diferencias, en valores de fácil realización para la constitución de reservas técnicas, para el pago de pensiones, pero volvió a cometer el mismo error el Instituto Mexicano del Seguro Social, al disponer de los mismos y por ello se presume se incurrió en responsabilidad, tan es así, que ahora si se clasifica la forma de la operabilidad de las reservas técnicas, según las reformas a que hace referencias el dictamen.
Sobre el Dictamen.
1. El artículo 78, que indica la base de pago o contribución, deja de ser la cuantía la cuota obrero - patronal, por el salario base de cotización, que en principio puede simplificar el sistema de cálculo;
2. El artículo 79, las primas en por ciento son sobre el salario base de cotización, siendo necesario posteriormente la reforma al reglamento para la clasificación de empresas y determinación del grado de riesgo del seguro de riesgos de trabajo;
3. El artículo 167, reforma el pago del aguinaldo a un mes siendo antes de 15 días, advirtiendo que aquella cifra se estuvo otorgando al parecer, desde 1986 por acuerdo del consejo técnico, lo que no en ninguna novedad o logro.
Además, la nueva tabla para la cuantía básica y los incrementos de las pensiones, la hacen más compleja para el manejo del asegurado, quien al llegar a la necesidad del manejo de dicha tabla, como los contribuyentes ex menores para el manejo de las disposiciones fiscales, que tienen invariablemente que recurrir a un contador o especialista fiscal, así, los pensionados tendrán que recurrir al auxilio de un actuario o matemático;
4. El artículo 177, relacionado a las cuotas del seguro de referencia, se incrementan en 33.3% tanto la del trabajador como la patronal.
En este rubro es prudente hacer la reflexión de que, no obstante que requiere de los cálculos actuariales, parece caprichosa el incremento del 33.3% las cuotas obrero - patronales para 1996, porque en principio pretenden soportar financieramente un incremento del 10% a los pensionados y coincidentemente las reformas pasadas, al artículo 144 en diciembre de 1988, referentes a las cuotas obrero - patronales del seguro de enfermedades y maternidad, pasó de 2.25 % a 3.00% la del trabajador y de 6.30% a 8.40% la patronal, que representó un incremento de 33.3%, exactamente al aumento propuesto.
Sobre eso cuestionó, ¿no obedecen las reformas, más a la necesidad de un desahogo financiero del instituto, con una magnifica bandera de incremento a las pensiones y como estrategia conseguir mayores cuotas obrero - patronales, sin ninguna resistencia o controversia social de los aportantes y sin que exista una relación directa con el mínimo incremento a los pensionados?;
5. El artículo 264, referente a las inversiones de las reservas, menciona que sólo el producto que se obtenga de la inversión, se destinará al ramo de este seguro y no es sino el artículo tercero transitorio, que indica lo que deberá o podrá hacerse con las inversiones de la reserva y previene un término de 10 años para que se apliquen sólo al rubro de este seguro.
¿Es esto un incremento de adoptar parcialmente el modelo chileno, porque en aquel sistema los distintos ramos de seguro no son revolventes y
tienen un propósito eminentemente recaudatorio, que ayude al saneamiento de la deuda interna del país?, y
6. Lo más lamentable del dictamen, consiste en el gravamen a la cuota del trabajador, pero sin tocar la del Estado, a pesar de que el Ejecutivo Federal siempre ha pregonado la protección al más desprotegido, que en este caso lo es el trabajador, de los tres sectores que gobiernan a la institución, señalando que es el sector Estado, el obligado en forma exclusiva, para otorgar bienestar a las clases sociales marginadas y a la población en general fundado en lo que señala el tercer párrafo del artículo 4o., y la fracción XVI del artículo 73 de nuestra Carta Magna y dichos beneficios deberán otorgarse a través del Instituto Mexicano del Seguro Social, derivado de las relaciones laborales. Las necesidades que tiene la población carente de un trabajo, es decir las clases marginadas tanto de la ciudad como del campo, deben ser proveídas en forma exclusiva por el gobierno federal, a través de los impuestos que pagamos todos ciudadanos y proporcionarse el bienestar a través del Seguro Social.
En estricta justicia, las cuotas que debiera aportar el gobierno al Instituto Mexicano del Seguro Social, deben ser como éstas se establecieron en 1942, es decir, al 50% de lo que los patrones aporten, porque al no ser así, es injusta e inequitativa la distribución entre los otros dos sectores y muy lesivo, haber tocado al sector trabajador en esta ocasión.
Otras Consideraciones
A. Sobre el plan chileno, a donde se presume enfilan la metodología actuarial que se está adoptando, es prudente señalar al respecto: Chile implementó reformas en 1979 a su sistema de seguridad social y de pensiones, para tratar de cambiar el viejo sistema por uno basado principalmente en un plan de ahorros del sector privado, en el cual, el papel del Estado se reduce al de regulador. Bajo este esquema, la contribución de las empresas se eliminó y a los individuos se les requirió depositar el 10% de su salario en un grupo elegible de instituciones financieras; mismas que restringirán sus inversiones a un rango de inversiones seguras, mientras que proporcionan su servicio en forma eficiente.
Este sistema ha tenido gran éxito debido a que los participantes pierden el incentivo de evadir sus contribuciones por su expectativa de obtener beneficios reales en el futuro; es decir, el sistema genera ahorro. Este esquema ha contribuido al saneamiento de las finanzas públicas y ha apoyado la inversión del sector privado. Las bases que sustentan este sistema es un bien desarrollado sistema de intermediación financiera, aunando a un clima financiero estable.
La adopción del modelo chileno pudiera se muy positiva a futuro, porque así se estaría garantizando el pago de las pensiones, con base en sus mismas aportaciones, asimismo, se evitaría la posibilidad de desviar los fondos hacia otros fines diferentes, la parte difícil de esto es la transición y la duda es, si el Instituto Mexicano del Seguro Social va a ser capaz de traspasar a los fondos individuales, los saldos reales de cada uno de los trabajadores.
B. Sobre las experiencias de las empresas privadas en relación a financiamiento de jubilados, se constituyen durante la vida activa del trabajador los fondos necesarios para el pago de sus pensiones futuras, de esta manera, cuando el trabajador se jubila ya existe físicamente depositado en un fideicomiso el dinero que cubrirá sus pensiones de por vida.
De acuerdo a estimaciones actuariales de empresas asesoras especializadas, si el Instituto Mexicano del Seguro Social constituyera sus fondos de la misma manera, debería contar actualmente con una reserva del orden de 50 billones de pesos. Los activos totales del instituto (incluyendo hospitales, edificios, etcétera) no cubren ni la tercer parte de esa suma.
Lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social ha estado haciendo es utilizar las cuotas que aportan los trabajadores activos para pagar las pensiones de los ya jubilados, esto tiene las siguientes desventajas: se está trasladando la carga del pago de las pensiones a las nuevas generaciones.
El costo del plan se va haciendo cada vez más caro, ya que México ha reducido la tasa de natalidad de su población a la vez que la esperanza de vida del mexicano ha aumentado, es decir, existimos más viejos en proporción al número de jóvenes. (Actualmente en el país hay un pensionado por cada 10 trabajadores, aproximadamente, en otros países es aun mayor, Estados Unidos 2.7, Japón 2.2, Alemania 3.9).
En el futuro, el plan seguirá encareciéndose, de acuerdo a lo que muestren las proyecciones democráticas: Número total de pensionados en México, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado y Otros.
Actual: 2 millones, 3% de la población; en 10 años: 7 millones, 8% de la población; en 15 años: 11 millones, 10% de la población.
En 1980 el Seguro Social de los Estados Unidos estuvo a punto de quebrar, debido a que seguía el mismo esquema de financiamiento que aplica el Instituto Mexicano del Seguro Social, desde entonces cambiaron a un manejo de fondos, de mayor fluidez y productividad.
CONCLUSIONES
Primero. Sin que el aumento propuesto a las pensiones sea lo ideal, respecto a las pretensiones reclamadas, se otorga por el grupo parlamentario de Acción Nacional el voto favorable con reserva.
Segundo. Se impugna con energía el aumento de la cuota al trabajador, cuando la del Estado ha bajado considerablemente, quedando prácticamente soportado el Instituto Mexicano del Seguro Social en sólo dos sectores, pero administrado por que al menos cotiza.
Tercero. Que las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social, se avoquen a estudiar el sistema chileno y otros, en relación con este seguro, para proponer al Instituto Mexicano del Seguro Social todas las ideas y sugerencias convenientes, tendientes a lograr una mejoría sobre el sistema o plan actual de pensionados.
Cuarto. Igual para dichas comisiones unidas, se estudie y analice proponer al Instituto Mexicano del Seguro Social o al Ejecutivo Federal, la creación e implementación de planes o sistemas de jubilaciones que existen en otros niveles, mediante el estudio de factibilidad de las mismas; igual se analice proponer la creación de un fondo nacional para pensionados, dentro de un fideicomiso, lo que se puede considerar como un saludable experiencia.
Quinto. Se acepta la propuesta formulada en el último pleno de comisiones unidas, por el presidente de Trabajo y Previsión Social, sobre el compromiso de trabajar, agotando todas las instancias, hasta lograr para el próximo período ordinario, el aumento al 100% de los salarios mínimos, las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Por lo que refieren las últimas conclusiones, pido se acuerde por la Presidencia, se envíe este escrito a las comisiones unidas referidas.
Respetuosamente.
Sala de sesiones, diciembre 19 de 1990. - Por el grupo parlamentario de Acción Nacional. - Diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán.
Presidencia del diputado
Alberto Bernal González
El Presidente: - Que se turne a las comisiones que señala el orador.
Tiene el uso de la palabra el diputado Mauro Ramírez Ayala.
El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente, Alberto Bernal González; compañeras y compañeros diputados: Hemos señalado que desde 1987, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y todas las fracciones representadas en esta soberanía nacional, pugnamos, aprobamos y decidimos que a los trabajadores mexicanos y fundamentalmente a los jubilados y pensionados, se les otorgara el salario mínimo. Este ya fue un acuerdo unánime de todas las fracciones parlamentarias.
Hemos elaborado un documento a través del cual razonamos, señalamos y comparamos constituciones políticas, derechos de distintas entidades del mundo y se comprueba que en México estamos retrasados totalmente en materia de asistencia social para los pensionados y para los hombres de la tercera edad.
Sabemos que el tema es de suma importancia para todos los mexicanos, por ello, nuestro partido quiere seguir siendo congruente con su posición de 1987 y seguir demandando que a este sector de la población que actualmente fluctúa en más de 6 millones de ciudadanos, se les otorgue lo que legítimamente les corresponde: el salario mínimo, ya de que ellos con sus aportaciones a eso tienen derecho.
La intervención de nuestro partido es aproximadamente de 25 minutos y por respeto a aquellos hombres que en estos momentos están soñando que algún día recibirán el salario mínimo, y de muchos que están aquí, solicitamos de la Presidencia que esta intervención se incluya en el Diario de los Debates para poder continuar el debate y hacerlo más acelerado. Muchas gracias. (Aplausos.)
Ciudadano Presidente; compañeros legisladores: La vida no termina con la muerte, termina cuando el hombre es despojado de sus más legítimos derechos por ello, los pensionados y jubilados de este país, han estado en pie de lucha por vivir decorosamente conforme al fruto de su trabajo, que durante tres décadas les permitieron acumular los recursos necesarios para subsistir dignamente el resto de sus días.
El 1o. de octubre de 1987 se señaló por parte del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, que en
1940, etapa de la consolidación de la revolución, la esperanza de vida era de 41 años, en la actualidad es de 67 y se espera que para fines de este siglo, sea de un poco más de 70 años de edad.
En el contexto mundial, nuestro país ocupa el lugar número 44 de mayor promedio de vida. Si consideramos que la tasa de natalidad ha tenido también una importante disminución en los últimos años, podemos concluir que muy pronto se habrá de incrementar gigantescamente la población mayor de 60 años
Conforme a las estadísticas otorgadas al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por el Instituto Nacional de la Senectud, la población de más de 55 años en 1985, era de 5 millones 746 mil 550, para este año es de 6 millones 893 mil 485 ciudadanos y para el año 2000, andaremos cerca de los 10 millones de ciudadanos que se encuentran en la denominada "tercera edad".
Las estadísticas nos indican, que aproximadamente el 50% de los ancianos del México actual, son económicamente inactivos, por lo que en este sector de la población, es en donde más se encuentra el problema de la desocupación, acarreando una muy precaria situación económica, tanto por el desempleo como por la marginación de que son objeto dentro del sistema de producción.
La situación se agrava también debido a que los ancianos que se encuentran bajo el régimen del Seguro Social, tanto como del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, perciben pensiones que son insuficientes para vivir con ellas decorosamente, pues no tienen actualmente ni paridad con el incremento del costo de la vida.
Dentro del derecho constitucional comparado, la Constitución de la República Francesa del 27 de octubre de 1946, establece: "La nación garantizará a todos y particularmente al niño, a la madre y al trabajador anciano, la protección sanitaria, la seguridad material, el descanso y el esparcimiento. Todo individuo que por su edad o estado físico o mental o situación económica, se encuentre imposibilitado de trabajar, tendrá derecho a obtener de la comunidad los medios para existencia decorosa".
La Constitución de la República Popular China del 4 de diciembre de 1982, establece en su artículo 45, lo siguiente: "Los ciudadanos de la República Popular China, tienen derecho a la asistencia material del Estado y de la sociedad, en la vejez y en caso de enfermedad o pérdida de su capacidad laboral, para garantizar el goce de este derecho, el Estado promueve los servicios del Seguro Social, Asistencia Social, Asistencia Médica y Asistencia y Salud Pública".
La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 47, señala: "El Estado protege mediante la asistencia social a los ancianos sin recursos y amparo, y cualquier persona no apta para trabajar que carezca de familiares en condiciones de prestarle ayuda".
La Constitución guatemalteca, en su artículo 51, menciona: "Protección a menores y ancianos. El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de edad y los ancianos, les garantizará su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad y previsión social."
La Constitución de Costa Rica, en su artículo 51, indica: "La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado; igualmente, tendrá derecho a esta protección la madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido."
La Constitución de España, en su artículo 50, indica: "Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".
La Constitución política de Nicaragua del 9 de enero de 1987, señala en su artículo 77: "Los ancianos tienen derecho a medidas de protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado".
En cambio, compañeros diputados, en los gobiernos emanados de la revolución, los jefes del Ejecutivo han señalado las siguientes frases: "arriba y adelante", "la solución somos todos"; "la renovación moral"; y actualmente, en la etapa de la modernización comprobamos que en el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresa lo siguiente: "El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.
Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme lo dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.
Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo.
Es deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los menores, a cargo de las instituciones públicas".
Señor Presidente de la República, compañeros diputados, en México existen 7 millones de ancianos, en este país 7 millones de mexicanos que dejaron su juventud, su salud y su mejor esfuerzo, en las fábricas e industrias de este país, así como en los campos agrícolas carecen de la protección de nuestra Constitución, no es posible que en los albores del año 2000, este país le siga negando derechos constitucionales a los hombres de la "tercera edad".
La nueva era del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que en sus orígenes surgiera a la vida política gracias a la unidad y espíritu de lucha de los Veteranos de la Revolución, los cuales murieron sin gozar de una pensión legítima, no obstante, que gracias a su esfuerzo, nos heredaron patria e instituciones, que solo han servido para un grupo de latrofacciosos y miembros de la industria del muerto, sigan cobrando al pueblo de México por heridas no recibidas y sangre no derramada, tenemos el compromiso de luchar porque a los miembros de la "tercera edad", se les garantice derechos constitucionales y la pensión que legítimamente les asiste.
Hace tres años, cuando nuestro partido propuso la iniciativa, mediante la cual se demandaba la reforma al artículo 123 en su apartado B, en la fracción XI, la seguridad social se organizara conforme a las siguientes bases mínimas:
a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales y las no profesionales, la maternidad y muerte, la jubilación, invalidez y la vejez, en este último caso, se cubrirá con prestaciones económicas que no podrán ser inferiores al salario mínimo vigente, el que deberá ser actualizado permanentemente de conformidad con los aumentos que se otorguen a los trabajadores en activo.
Al respecto, el diputado del Partido Socialista Unificado de México, ahora Partido de la Revolución Democrática, expresó: "nosotros con todos estos antecedentes y con la decisión de unir nuestros esfuerzos a los diputados que obtengan la misma opinión, que tengan el mismo criterio que hemos sostenido, precisamente sobre la base de esa decisión de unir fuerzas para salir adelante en esta demanda, nosotros apoyamos íntegramente las proposiciones del diputado Cantú Rosas.
Queremos pedirles a todos los diputados, de todos los partidos políticos que se encuentran en esta LIV Legislatura que apoyen esta iniciativa".
El diputado Efraín Calvo Zarco, del Partido Revolucionario de los Trabajadores expresó: "hay muchos casos dolorosos de los jubilados. Les voy a poner un ejemplo nada más ligado a mi experiencia personal. Yo soy hijo de un trabajador de esta Cámara de Diputados, mi padre fue secretario general de los trabajadores de esta Cámara de Diputados, cuando se jubiló, se jubiló con un salario de 3 mil pesos, pero ese salario se mantuvo igual hasta que no representó absolutamente nada. Por eso apoyamos decididamente la iniciativa del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y le decimos al Revolucionario Institucional, que hable claro sobre ese problema".
José Ángel Aguirre Romero, del Partido Socialista de los Trabajadores, hoy del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, expresó: "vengo a esta tribuna solamente a expresar de manera rotunda que nos unimos a la iniciativa presentada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana". "Nosotros la apoyamos 100 por ciento".
El diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, expreso: "yo creo que todos los señores diputados de esta Cámara tenemos conciencia por cuanto a la bondad de la iniciativa presentada en favor de compatriotas nuestros."
El diputado Darío Maldonado Casiano, representante del Partido Revolucionario Institucional, señalo: "los que representamos a la fracción mayoritaria, estamos representando a la mayoría del pueblo de México, por voluntad del mismo pueblo".
Lo que acabo de expresar, lo fundamento en el origen de la Revolución Mexicana Esta fue hecha para alcanzar los anhelos que el pueblo de México viene arrastrando, no precisamente a partir de 1910, sino con los anhelos sentidos y pensados a través de los tres siglos de coloniaje en el siglo pasado y por ello, esta propuesta de iniciativa de ley que ha presentado el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, nos sumamos, porque manifiesta el anhelo de las grandes mayorías de dar al pueblo lo que el pueblo está demandando."
Sí compañeros diputados, hace tres años todas las fracciones parlamentarias, representadas en la
Cámara de Diputados, expresaron su deseo y compromiso de que se otorgue a los jubilados el salario mínimo, pero esta legislatura no ha cumplido cabalmente con aquél compromiso político, que establecieron las minorías y la mayoría, y en 1989, se otorga un incremento de las pensiones, equivalentes al 70 por ciento del salario mínimo, negando a los pensionados y jubilados el legítimo derecho de recibir la pensión que les correspondía después de 30 años de trabajo, les negamos un 30% de sus ingresos sin pensar en las angustias que diariamente viven para subsistir en un México mercantilista y deshumanizado.
Ahora, se presenta a la consideración de esta asamblea una modificación a los artículos 78, 79, 87, 167, 168, 169, 262, 263, 264, 265 y 266 de la Ley del Seguro Social, para otorgar a los pensionados y jubilados del sector obrero de este país, un incremento del 10% a la pensión, no tenemos derecho algunos para estar negociando los derechos de los trabajadores, como lo acostumbran algunos líderes sindicales, a los jubilados les asiste la razón de contar con la pensión equivalente al 100% del salario mínimo, porque trabajaron y ahorraron para tenerla, y nosotros, no obstante que seamos muy representantes de la nación, no podemos ni debemos negar lo que a cada quien corresponde por derecho, mucho menos podemos aceptar que la pensión equivalente al 100% del salario mínimo, se sujete a un plazo de cuatro años, a partir de la publicación del presente decreto, como representantes de la nación, resulta inmoral que condenemos a los pensionados y jubilados del Seguro Social a recibir un miserable incremento del 10%, ni mucho menos la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, puede aceptar la falsedad con la que está procediendo, ya que, a esta legislación le podíamos denominar "las reformas y adiciones de la ilusión de los pensionados y jubilados del país", ya que en la exposición de motivos, se propone que se eleve al rango de ley el aguinaldo anual, en un 100%, para quedar en un mes completo del monto de la pensión, en lugar de ser una quincena, como actualmente está previsto.
Esto es, señores diputados, los pensionados y jubilados del Seguro Social, vivirán con la ilusión de recibir solo un mes al año, el salario que legítimamente les corresponde.
En consecuencia, señores diputados, nuestro partido y fracción parlamentaria, no acepta que se siga engañando a los integrantes de la "tercera edad", ni mucho menos, este Poder Legislativo se puede convertir en un poder proponedor y no legislador, en representantes de la nación, que solo recomienda al Ejecutivo lo que a éste por ley le corresponde cumplir. Nos oponemos a que se sigan negociando los derechos que les asisten a los obreros de este país, que se siga fomentando la posibilidad de que el México bronco despierte para reclamar por una vía distinta a la del derecho lo que aquí la mayoría le está negando, más que por razón, con consigna.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de diciembre de mil novecientos noventa. - Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Oscar Mauro Ramírez Ayala. Alberto Pérez Fontecha, Juan Jaime Hernández, Ernesto Jiménez Mendoza Lorenzo Treviño Santos, Alfredo Monsreal Walkinshaw, Alberto Bernal González, Francisco Melo Torres, Vicente Luis Coca Alvarez y Humberto Esqueda Negrete.
El Presidente: - En el uso de la palabra el diputado Mario Vázquez Martínez.
El diputado Mario Vázquez Martínez: - Compañeros: Aunque ya es muy tarde, no podemos declinar a un asunto tan importante que se está, que está concluyendo en la orden del día de la sesión de esta Cámara.
Ciudadano Presidente: con su venia; Honorable asamblea: El Partido Popular Socialista ha planteado por diferentes medios y en esta alta tribuna del pueblo de México, que la política económica aplicada por el actual gobierno, ha producido un constante empobrecimiento de las masas populares de nuestro país.
Esta política de puertas abiertas a la iniciativa privada, doméstica y extranjera, cuyo sentido es lucrativo, ha hecho que se encarezcan los servicios públicos y los bienes de consumo básicos desatendiendo también el abasto nacional.
Esto queda evidenciado con las constantes alzas en el costo de la vida.
Por otro lado, este mismo gobierno ha impuesto una política de salarios que sólo beneficia al capital, Derivados de esta situación, es la pobreza extrema en que viven más de 40 millones de mexicanos.
En 1983, con un salario mínimo diario, los trabajadores podían adquirir dos kilogramos y medio de carne de res; un kilogramo y tres cuartos de pollo. Del mismo modo con un salario mínimo en 1983, podían adquirirse hasta doce litros de leche.
En este mismo año, había posibilidades de adquirir vivienda en renta baja, sin embargo, para
1989, con un salario mínimo, sólo podía comprarse 800 gramos de carne.
El salario mínimo de 1990 apenas capaz de adquirir tres kilogramos de frijol o cuatro kilogramos de arroz. Sólo para poner dos precios como ejemplo, porque hay un sinnúmero de artículos básicos que han incrementado sus precios sin control alguno.
Por esta razón, es falso que los patrones, que los grandes comerciantes, que los grandes industriales no trasladen como siempre, los costos o elevaciones del proceso productivo, al producto final.
El gobierno y la iniciativa privada siguen sosteniendo la tesis reaccionaria de que los aumentos salariales son inflacionarios.
Las mercancías que producen inflación son aquéllas que se venden por encima del costo de producción promedio o del valor real promedio de circulación. Y la fuerza de trabajo, que es una mercancía, jamás se ha pagado por encima de su costo real.
Pero si los trabajadores que están en la actividad económica viven en condiciones difíciles, los que han dejado de estarlo, como los jubilados y pensionados, viven en situaciones dramáticas, paralelamente a la insensibilidad de los patrones y del gobierno actual.
Fueron necesarias diferentes movilizaciones de este sector para tratar de sensibilizar y se aumentaran las pensiones, pero que estas pensiones fueran suficientes para poder vivir decorosamente como deberían de vivir quienes participan en los tres sectores de la producción y también para quienes participan produciendo la riqueza de nuestro país.
El Partido Popular Socialista fue promotor en Tlaxcala de la primera asociación de pensionados y desde hace veinte años de su fundación, planteó en su programa la demanda que ahora sigue siendo su bandera, como lo es de todas las fuerzas democráticas, que es de esta Cámara, que es la de elevar constantemente el nivel de vida de nuestro pueblo.
De ninguna manera estamos reclamando la protesta de este movimiento, pero el partido de Vicente Lombardo Toledano ha planteado que es necesaria la aplicación de la escala móvil de salarios, es decir, un salario que permita a todos los trabajadores vivir decorosamente, como lo establece la Constitución Política, producto de la Revolución Mexicana; tener el derecho de una buena alimentación, vestido, educación y habitación y que de ese beneficio disfruten también los pensionados, cuestión que actualmente este gobierno no está dispuesto a cumplir.
En el curso del dictamen se establece la petición que de acuerdo a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, se incrementen los recursos de éste, de tal suerte que en un lapso no mayor de cuatro años a la fecha, la publicación de este decreto, en caso de su corroboración por esta soberanía, para incrementar las pensiones al equivalente de un 100% al salario mínimo que rige en el Distrito Federal y en el aumento correspondiente a cada modificación del mismo.
Con esta posición sólo se trata de proporcionar paliativos, pero de ninguna manera se va al fondo del problema, porque el problema del fondo es, como lo hemos dicho, el salario miserable.
Lo que se debe aumentar es el salario, para que tanto los trabajadores en activo, como los pensionados, eleven su nivel de vida; pero de aumentarse el salario para que se pueda vivir decorosamente ahora mismo, porque si se deja este lapso dentro de cuatro años, muchos de nuestros compañeros pensionados morirán y sus familiares que dependan económicamente de ellos seguirán quedando en la miseria.
Actualmente el salario mínimo en el Distrito Federal es de 11 mil 900 pesos, y sólo se aumenta del 70% al 80% pero de la pensión anterior, se les pagará ahora la "fabulosa" cantidad de 9 mil 520 pesos diarios a cada pensionado.
¿Cómo con esta cantidad puedan vivir o sobrevivir nuestros viejos?, ¡qué falta de sensibilidad! ¡qué falta de voluntad política para resolver este problema!
La tecnocracia expresa frecuentemente que no hay dinero y por otro lado demuestra su voluntad política para seguir pagando al imperio los intereses de una deuda impagable y malbaratar las empresas del Estado.
Señoras y señores diputados, este dictamen, que se discuta y aumenten las pensiones a los jubilados, de ninguna manera puede festinarse, porque es un aumento irrisorio y aunque constituye un paso hacia adelante no es el esperado por los directamente afectados, porque no cumple este aumento la atención de las necesidades elementales que les permita vivir decorosamente.
Exigimos desde esta alta tribuna que se aumenten los salarios mínimos y que se aplique una política de escala móvil de salarios y que éstos nunca estén por debajo de la inflación y que los
mismos, cuando menos, vuelvan a tener el poder adquisitivo que tenían en 1982.
Por estas razones, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará en contra del dictamen y seguirá luchando porque se eleve el nivel de vida de todos los trabajadores activos y de los jubilados y pensionados que han dejado gran parte de su vida como trabajadores y que en estos momentos vive de manera dramática.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de diciembre de 1990. Muchas gracias.
El Presidente: - En el uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Ávalos Limón, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Víctor Manuel Ávalos Limón: - Muchas gracias, señor Presidente: Voy a ser breve, compañeros. Fundamentalmente la intervención mía consiste en venir a protestar de manera enérgica, de venir a denunciar el escarnio, la humillación que se hace de los diputados en esta Legislatura. Escarnio y humillación que no sólo se hace a los diputados de los partidos de oposición sino también, lo reconozco y muchos lo reconocemos, a varios diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Y esta humillación, este escarnio, que se hace de los diputados, no solamente es para referirnos al dictamen prácticamente impuesto por la mayoría autómata. El problema de los jubilados y pensionados, la mayor parte de mis compañeros diputados sabe desde cuando lo arrastramos.
En 1988, efectivamente, después de muchas tormentas, de muchas dificultades, el salario de los jubilados y pensionados se elevó al 70% del salario mínimo; que el Partido Revolucionario Institucional se encargó de elogiarlo de manera extrema, porque dijeron que era un aumento como del 40% o del 35% a los jubilados y pensionados.
Esto no fue cierto y hay que insistirlo. Se les sumaron, como acaban de decir los diputados, compañeros, las famosas asignaciones familiares y las ayudas asistenciales. Que ya las tenían logradas y ganadas desde hacía mucho tiempo. Pero también ahí, recuerdo que el director del Instituto Mexicano del Seguro Social asistió a esta última reunión y hubo una palabra de caballeros, de diputados federales mexicanos, que acordarnos de que el año siguiente íbamos a legislar para que fuera posible que los jubilados y pensionados, en el próximo año, se elevara al 100% del salario mínimo.
Fue una promesa que pronto, pronto, en esos mismos días, quedó pisoteada. Hubo un agregado en ese dictamen que las pensiones serían elevadas al 100% sólo en un espacio de cuatro años.
Pues bien, ¿cuál fue el resultado de todo eso? Todos fuimos testigos de las protestas de los "viejitos", de las grandes movilizaciones, de los mítines, de los plantones y esto sucedió en todo 1989 y 1990. Cargando a cuestas esa mezquindad de los 214 mil pesos mensuales.
En 1989 nada hicimos, en 1990 trabajamos la mayor parte del año. Hubo varias propuestas, de todos los partidos, que en el período ordinario nos llevó, y eso no debe olvidarse, a un punto de acuerdo, que todas las fracciones parlamentarias signamos y esto lo encabezaron algunos compañeros del Partido Revolucionario Institucional: que el 100% del salario mínimo se otorgara a los jubilados y pensionados, independientemente de las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales.
Este punto de acuerdo jamás, ningún miembro de las comisiones lo volvimos a ver. Pasaron y pasaron los meses y ante interrogantes y presiones de los diputados, de los jubilados y pensionados, las respuestas siempre fueron en el sentido de que se estaba esperando la oportunidad de ver de dónde salía el dinero. Eso contestaban nuestros presidentes de las comisiones.
Existieran pues idas y vueltas a varios funcionarios, así se supo al parecer que se consultaba a la Secretaría del Trabajo, a Hacienda, al propio Instituto Mexicano del Seguro Social, y se llegó incluso a decir a quien esto habla, que esperaban el regreso del Presidente, cuando viajó por Europa y Asia.
Pasaron los meses y nada, ya que para ese entonces empezaba a aparecer la mano negra, el abogado del diablo que decía: que pretendía dar marcha a atrás a aquel punto de acuerdo y decía que debíamos legislar con responsabilidad porque a lo mejor lo que dictamináramos nos lo rechazaba el Senado. Empezaron a darle vueltas al revés a la historia.
Es hasta este último período ordinario que aprovechando la enésima visita de los jubilados y pensionados se forma una nueva comisión, una subcomisión que reemplazó definitivamente la que ya había elaborado aquel dictamen que jamás volvimos a ver. Al parecer esta subcomisión sí era buena.
Luego de minuciosos estudios, consultas, etcétera, las comisiones unidas trajeron al propio
director del Seguro Social, la respuesta fue: No hay dinero.
El techo presupuestario no permitía ningún aumento a los jubilados y pensionados. En la reunión, todos los que estuvimos ahí fue tormentosa y tuvo que salir a relucir algunas, quizá muchas fallas que tiene nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social.
Enseguida se dieron los hechos que todos los diputados conocemos: Jackson, encabezando manifestaciones a nombre del Partido Revolucionario Institucional, tratando de apoyar a los jubilados y pensionados, es decir, ahora el Partido Revolucionario Institucional quería encabezar una demanda y como una vez le escuché a un diputado compañero nuestro: "quería saludar con sombrero ajeno"
Luego, señores, compañeros diputados, este 17 de diciembre, de manera sorpresiva, aparece un dictamen que ningún partido, ninguna fracción parlamentaria conocía, solamente el Partido Revolucionario Institucional; la expectación creció con su lectura, en la cual poco a poco nos dimos cuenta de la aparición de modificación a varios artículos de la Ley del Seguro Social que nunca nadie en las comisiones había hecho.
Se darán cuenta, se dieron cuenta pues cómo el aumento de ese dictamen lleva del 70% al 80% del salario mínimo del Distrito Federal, más 15 días de aguinaldo para contemplar el 80.3% del salario mínimo.
Ya vimos al diputado Víctor Carrero cómo señala que la zona "C" alcanzan el 99% y fracción; por ciento el salario mínimo de esa zona, la "B", alcanza el 90.6% del salario mínimo de esa zona y la zona "A" el 83% del salario mínimo.
Pero, compañeras y compañeros, dirán ustedes que esto es extraordinario. No sigue siendo extraordinario, no se les olvide que aquí no entra la demanda tan sentida de los jubilados y pensionados, porque se siguen incluyendo las asignaciones familiares y las ayudas asistenciales.
Esto, acuérdense ustedes que el punto de acuerdo signado por todas las fracciones parlamentarias hablaba del 100%, independientemente de las asignaciones que acabo de mencionar.
¿De dónde saldrá el dinero?, ya lo escuchamos bien: de obreros y de patrones; efectivamente, el Estado sigue aportando el 5%, aquí yo solamente quiero decir una cosa: ¡cuidado, diputados de la representación obrera!, ¡cuidado diputados de la representación campesina!, ¡cuidado campesinos de las representaciones de los trabajadores! Si se sigue admitiendo el retiro, el retiro constante del Estado en la seguridad social, más temprano que tarde los trabajadores a quienes ustedes representan habrán de lamentar esta situación tan grave.
Pero esta iniciativa, este dictamen elaborado, también tiene otro engaño y también ha pisoteado lo que habíamos acordado desde 1988. Ahora ya los jubilados y pensionados no podrán tener al 100% su pensión del salario mínimo para 1992, como debía haberse sostenido, porque está asignado ese acuerdo, ahora va a ser, dicen, hasta 1996. Todavía hay más: dicen que ya, efectivamente, ya hay mecanismos que van a respetar las reservas técnicas y se invertirán para que éstas capitalicen, como si esto no lo hubiéramos acordado en 1988; incluso lo existente actualmente en las reservas de 1 billón 300 mil, a pesar de aquello que ya habíamos signado, de que ya se iba a respetar las reservas técnicas para los jubilados y pensionados, ya tenían cierto destino en esta ocasión; así nos lo dijo el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Compañeros, pienso que esto pudo haber tomado otro rumbo, pienso que es una triste, una pobre decisión del gobierno de mi país, el gobierno pudo haber solucionado esto y estos "viejitos" se lo van a demandar y creo que muchos diputados del Partido Revolucionario Institucional así lo están pensando.
Finalmente, para terminar, ¿cuál fue el aumento de estos "viejitos"? Compañeras y compañeros diputados, el aumento que se les dio fue de 1 mil pesos con .90 centavos al día. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: Tiene la palabra el diputado Manuel Ponce González.
El diputado Manuel de Jesús A. Ponce González (desde su curul): - Señor Presidente, en atención a la fatiga que se advierte en los rostros de las respetables damas y en los compañeros diputados, me permito declinar.
El presidente: Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): Me reservo para hablar en lo particular.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Miguel Pelayo Lepe... ¿No se encuentra?
Tiene la palabra el diputado Marcos Cruz Martínez... ¿No se encuentra? Tiene la palabra el diputado Juan Díaz Aguirre.
El diputado Juan Francisco Díaz Aguirre (desde su curul): Declino, señor Presidente.
El Presidente: Consulte la secretaría a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica, se pregunta a la asamblea...
El Presidente: Permítame un momento.
El diputado José Miguel Pelayo Lepe: Disculpen, compañeras y compañeros diputados; disculpe, señor Presidente: De todos modos, en atención a todos ustedes que están muy preocupados precisamente por lo que estamos discutiendo, voy a entregar a la secretaría el documento para que conste en el Diario de los Debates, pero quedando muy claro que la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista votará en contra de este dictamen que no lleva dignidad y decoro a los jubilados y que muchos de ustedes, que lo aprobarán de seguro, lo llevarán también para que lo recuerden sus padres. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Insértese en el Diario de los Debates.
Posición de la de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional sobre el dictamen de reforma a la Ley del Seguro Social.
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la iniciativa de decreto que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley del Seguro Social, no satisface los justos reclamos de los miles de pensionados.
Mientras las intenciones de la administración pública, a decir del titular del Ejecutivo, se inclinan hacia el "compromiso irrenunciable e irreversible de ser parte del primer mundo", los salarios y pensiones continúan en un estado deprimente, en un nivel de tercer mundo. Paradójicamente, en el discurso oficial, las principales variables macroeconómicas se buscan adecuar a las observadas con nuestros principales socios, sobre todo con miras a la realización del Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Así por ejemplo, en el Programa Nacional de Financiamiento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se señala: "La carga tributaria existente en el país se igualará a niveles internacionales y los precios y tarifas internos también se vincularán con los existentes en el mercado libre exterior para los productos comerciable fuera del país. Adicionalmente las empresas públicas tendrán la obligación de participar en el comercio mundial y deberán emprender los cambios necesarios para lograrlo, sin descuidar el mercado nacional". Todos los precios clave se intentan ajustar menos el de los salarios.
Por ello, nos parece contradictorio que en el dictamen se argumenten supuestos impedimentos derivados tanto de la situación del Instituto Mexicano del Seguro Social como del desarrollo económico del país y se consideren como obstáculos para encarar las demandas reiteradas de los pensionados. Nuestra fracción parlamentaria ha reiterado que el desafío para salir de la crisis no reside exclusivamente en el ajuste estabilizador, sino en el relanzamiento que estimule la productividad, es decir, en la aplicación de una nueva política económica que concerte metas de crecimiento de productividad, con la elevación de beneficios, salarios y de estímulo a la inversión productiva. En este horizonte es como debería enmarcarse el problema de la recuperación salarial y, en este caso, de las pensiones; el reto se presenta en términos competencia productiva internacional.
Por elemental justicia social y en apego a nuestra carta fundamental, ninguna remuneración legal al trabajo debe estar por abajo del salario mínimo. Por ello nos oponemos a la contradictoria disposición de colocar el valor de las pensiones en niveles inferiores a los del salario mínimo. Rangos que por cierto han sido seriamente devaluados en la crisis y en la política de ajuste y que no corresponde a lo dispuesto en la fracción VI del artículo 123, que dice:
"Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".
Nos parecen avances del dictamen el incremento del aguinaldo anual en un 100% la obligación del Instituto Mexicano del Seguro Social de aumentar gradualmente la inversión financiera de sus reservas actuariales para el pago de las pensiones de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte. Asimismo, también nos parece positiva la recomendación del dictamen de que inmediatamente "la Cámara de Diputados, el gobierno federal, junto con las representaciones obrera y patronal, inicien estudios para la conformación de sistemas complementarios para asegurar, más allá del ámbito del Seguro Social, la suficiencia de pensiones de las generaciones futuras".
A nuestro parecer, tales recomendaciones de la Cámara de Diputados deberían extenderse a la organización de una amplia consulta popular para los próximos meses que se dedique a estudiar los problemas de:
1) Deterioro salarial;
2) Productividad;
3) Inversión productiva;
4) Mercado interno;
5) Negociaciones Sobre el Acuerdo de Libre Comercio;
6) Pensiones, y
7) Bienestar social.
Consideramos insuficiente el aumento del 10% a las pensiones de los jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que a nuestro parecer por lo menos deben equivaler al 100% de los salarios mínimos. Creemos que el argumento del Instituto Mexicano del Seguro Social que dice no contar con los recursos suficientes para cubrir los pagos a las pensiones, es mero pretexto y no tiene validez, debido a que este aumento del 10% será compensado con una elevación a las cuotas de los trabajadores del 2%, que si bien es cierto no será en una sola exhibición, no afecta las finanzas del Seguro Social, como se pretende mostrar.
Es injusto el trato que se le da a trabajadores que dedicaron toda una vida en diversas empresas y establecimientos contribuyendo de alguna manera al desarrollo de nuestro país y que por sus condiciones no pueden continuar prestando sus servicios.
Hay que recordar que en esta misma legislatura, al aprobar en 1988 las reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social se establecía que en un período que no excediera cuatro años se modificara la Ley del Seguro Social a fin de igualar las pensiones con el salario mínimo. Consideramos que aunque no ha transcurrido este tiempo es necesario que a los jubilados se les otorgue no solo el equivalente al salario mínimo, sino una pensión que les permita vivir dignamente.
En la medida que el sentido de las reformas a la Ley del Seguro Social no satisface las justas demandas de los pensionados, el voto de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional será en contra del dictamen.
Palacio legislativo, recinto alterno, 19 de diciembre de 1990.»
El Presidente: - Prosiga con el trámite la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
¿Dígame, diputado Coca?
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Ciudadano Presidente, me reservo los artículos 168 y 177.
El Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un sólo acto.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a recoger la votación en lo nominal, en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento.
(Votación.)
Señor Presidente: Aprobado en lo general y en lo particular los cinco artículos transitorios por 292 votos; 34 en contra y 36 abstenciones.
El Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 292 votos.
ARTICULO 1o.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, para impugnar el artículo primero del decreto.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Señor Presidente: compañeras y compañeros diputados: En términos del artículo 117 del Reglamento Interior para el Congreso General, he pedido la reserva de los artículos 168 y 177 del
decreto de reformas y adiciones a la Ley del Seguro Social, para proponer, en su caso, modificaciones sustanciales a dichas disposiciones normativas y, en todo caso, aumentar un artículo transitorio que regule las reformas y adiciones que estamos proponiendo.
Se nos ha dicho en el dictamen emitido por las comisiones unidas de Seguridad Social y Trabajo y Previsión Social, en el que, dicho sea de paso sólo un grupo de sabios y expertos en la materia trabajaron y al resto de los integrantes de estas comisiones sólo nos fue dable conocer el summum de seguramente largas peroratas, encontradas discusiones, pero no menos difíciles acotaciones que vinieron a hacer más enredada, más complicada una ley que, hoy por hoy, tiene que reconocerse, resulta sólo accesible para eruditos de materia actuarial o de plano aleccionarse de quien maneja la "ouija", para que nos descifre lo que los sesudos comentarios de los diputados...
El Presidente: - Un momento, señor diputado Coca, permítame un momento. Solicito a la asamblea guardar silencio y poner atención al orador.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Muchas gracias, señor Presidente. Decíamos, para que nos descifre lo que los sesudos comentarios de los diputados de este tan elaborado dictamen, ahora decreto, tiene en su más íntima esencia.
Imagínese, señores diputados, ¿cuál habrá de ser la respuesta de nuestros compatriotas de la "tercera edad" frente a una afirmación que sólo está cargada de ironía y de sarcasmo?, o seguramente escrita por una mente muy perversa que quiere, desde este Poder Legislativo, humillar a los pensionados y jubilados.
En efecto, tal consideración expresa textualmente: "tales propuestas han tenido las motivaciones de reivindicar los derechos de quienes con su trabajo diario han engrandecido a la nación y a los que se debe continuar respondiendo en el avance de satisfactores de bienestar". Hasta aquí la cita. Y tras de esto, sólo se propone un raquítico 10% a sus pensiones.
¿Cómo no venir a protestar enérgicamente a nombre de 1 millón 200 mil ciudadanos que sólo han visto en los últimos años cómo se ha deteriorado de manera impactante y criminal su nivel de vida?, ¿cómo no venir aquí a preguntarle?, como ya lo hicimos en la sesión de comisiones unidas, el señor director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ricardo García Sáinz, la razón de que hace tan solo 20 días hubiese formulado una negativa tan rotunda para incrementar las pensiones y jubilaciones de estos hombres y ahora, a tan corta distancia, venga a decir que su papá le dijo que siempre sí.
¿Cuál es la autoridad moral de estos lindísimos servidores públicos que custodian el dinero del pueblo y que para unos lo dilapidan, como ya vimos en el caso de...
El Presidente: - Señor diputado, un momento por favor.
Señores diputados, en condiciones de desorden no puede continuar el debate. El debate se va a dar, señores diputados, por eso solicito de ustedes su silencio y atención al orador. Continúe, señor diputado.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Muchas gracias, señor Presidente. Decíamos, como ya vimos en el caso del Programa Nacional de Solidaridad a lo largo de 1990, y para otros mexicanos de menor suerte se reduce de manera mezquina la posibilidad de incrementar su nivel de vida. Esto, licenciado García Sáinz, nos hace recordar las coplas de Jorge Manríquez a la muerte de su padre: "para unos la parte del embudo más ancha y para otros la más angosta."
Hemos de recordar que desde el pasado...
El Presidente: - Señor diputado Coca; señores diputados: Reitero a ustedes mi observación en el sentido de que si la asamblea no guarda silencio y respeto al orador, no puede continuar el debate que se va a dar. Solicito amablemente respeto y atención al orador, señores diputados.
(Desde su curul): - ¡Vámonos!
El Presidente: - Aguarde usted, señor diputado. Si no se dan las condiciones para el debate de respeto y atención al orador, señores diputados no podremos continuar. Solicito su atención, su silencio y respeto al orador. Continúe, señor diputado.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Gracias, señor Presidente. Hemos de recordar que desde el pasado 27 de octubre de 1988 el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propuso a esta asamblea la adición de un último párrafo al artículo 4o., constitucional para que el Estado garantizara el bienestar de los ciudadanos de la "tercera edad"...
El Presidente: - Señores diputados: Creo haber expresado de la manera más clara las condiciones
en que se debe desarrollar esta intervención, de otro modo no podremos continuar. Repito a ustedes mi atenta solicitud de guardar silencio y atender al orador. Adelante, señor diputado.
El diputado Vicente Luis coca Alvarez: - Decíamos que propusimos a esta asamblea la adición de un último párrafo del artículo 4o., constitucional, para que el Estado garantizara el bienestar de los ciudadanos de la "tercera edad" y una reforma al artículo 123, fracción XXIX, apartado A, y fracción XI del apartado B, de nuestra Carta Magna, que fundamenta en el caso de vejez la aportación económica no podrá ser menor al salario mínimo vigente y que deberá ser actualizado permanentemente, de conformidad con los aumentos salariales que se otorguen a los trabajadores en activo y que además la seguridad social incluirá el monto de accidentes y enfermedades profesionales y no profesionales, la maternidad, la muerte, la jubilación, la invalidez y la vejez.
Sin embargo, a dos años de distancia, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y las comisiones unidas de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social han dictaminado, bajo el pretexto de que dichas medidas desestabilizarían...
Yo les suplico un poco de su comprensión, así como ustedes yo también estoy cansado, pero cansado de la imposición del Partido Revolucionario Institucional, si ustedes quieren, aquí nos amanecemos.
El Presidente: - Silencio, señores diputados. Continúe usted, diputado Coca.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Y bajo este contexto, cabría hacer algunos cuestionamientos: ¿qué destino han tenido los excedentes surgidos de la venta de 100 mil barriles diarios de petróleo vendidos al vecino país del norte?, ¿a dónde ha ido a parar el monto de la venta y de las utilidades de las paraestatales?
El propio García Sáinz explicaba que en todo caso se requeriría de 1 billón de pesos para cubrir la nivelación de las pensiones al salario mínimo para el próximo año. Aquí está la respuesta, se las acabamos de dar.
A 80 años de nuestra triunfante revolución, creo que ya es tiempo de preocuparse del futuro de esta sociedad, a un pueblo al que se ha llevado a la peor de sus crisis; sin embargo, para el gobierno es más viable querer llegar al primer mundo, mientras más de la mitad de su población se está muriendo de hambre y ni siquiera alcanza el cuarto mundo.
Por todo lo anterior expuesto, consideramos que el país ya no puede resolver problemas a saltos y tumbos, porque después del niño ahogado se tapa el pozo, o después de 1968 venga la etapa de reconciliación nacional o que después de 1988 venga la etapa de concertación política o que después de Tejupilco, ¿qué?
Necesitamos retomar el hilo conductor del pensamiento de Morelos, de Juárez, de Ocampo; su pensamiento sigue vigente, sigue actual, pero además debemos imprimirle audacia, inteligencia, pero fundamentalmente algo que falta aquí mucho, compañeros diputados: dignidad, dignidad a nuestro quehacer legislativo y no tratar de hacer leyes tan matemáticas como ésta o como las adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que pueden explotar como verdaderas granadas de mano en manos de sus propios impulsores.
¿A dónde queremos mandar a éstos nuestros viejos? A mendigar al arroyo, a incrementar la economía subterránea o tal vez a que por la vía de la se hagan justicia de propia mano.
Por ello, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por mi conducto, propone a esta asamblea las siguientes enmiendas y adiciones a los artículos 168 y 177 y un artículo más, número sexto; a los transitorios, para quedar como sigue:
«Artículo 168. La pensión de invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales que en su caso corresponda, no podrán ser inferiores al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Los dos párrafos siguientes quedarían igual:
Artículo 177. Al gobierno, a los patrones y a los trabajadores les corresponderá cubrir la cuota matemática relativa a lo que nos remitiese el estudio actuarial, para que en todo caso diere como resultado el cubrírseles las asignaciones relativas al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal.
Artículos transitorios.
Sexto. Para los efectos de las modificaciones que se proponen a los artículos 168 y 177, el Instituto Mexicano del Seguro Social dispondrá lo conducente para el estudio actuarial relativo, a efecto que a partir de las tablas respectivas se
hagan efectivos los pagos de los incrementos a los que se refieren a estas mismas modificaciones.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de diciembre de 1990. - Firmado por Vicente Luis Coca Alvarez."
Es cuanto, señor Presidente.
El Presidente: - No habiendo orador en pro, consulte la secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Se consulta a la asamblea si considera suficientemente discutido el asunto... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Como el diputado Luis Coca Alvarez la presentado, aquí propuestas de enmienda y de acuerdo con los artículos 124 y 125, sólo proceden cuando ha sido aprobado el articulado, proceda la secretaría a tomar la votación nominal del artículo primero del decreto. Informo a la asamblea que una vez concluida la votación nominal, se tomará por votación económica la decisión por la asamblea en torno a las adiciones propuestas.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En cumplimiento de las instrucciones del Presidente, se va a tomar la votación relativa nominal del artículo primero.
(Votación)
Señor Presidente, se emitieron 267 votos en pro, 20 en contra y dos abstenciones.
El Presidente: - Habiéndose aprobado el artículo primero del decreto por 267 votos, consulte la secretaría a la asamblea si acepta o desecha las modificaciones propuestas por el diputado Coca Alvarez.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si son de aceptarse las modificaciones propuestas por el diputado Luis Vicente Coca.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Los que estén por la negativa...Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera, se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer año de la LIV Legislatura.
Orden del día.
20 de diciembre de 1990.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXV aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 22 de diciembre.
Comunicación de la honorable Suprema corte de Justicia de la Nación.
Dictamen de primera lectura
De la Comisión de salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que forma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 15, 127 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la Industria y el Comercio de la Seda y la Artisela y sus Derivados.
De la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con proyecto de decreto de reformas a la Ley del Desarrollo Urbano del
Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
De la comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud.
Y los demás asuntos con los que la secretaría de cuenta.»
El Presidente (a las 4.15 horas del día 20 de diciembre): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el día de hoy a las 13.00 horas.