Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19901220 - Número de Diario 21

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO de los DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Diputado Fernando Córdoba Lobo

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

Año III México, D.F., jueves 20 de diciembre de 1990 No. 21

SUMARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

La secretaría informa que hay quórum.

APERTURA

Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Con aclaraciones hechas al acta, se aprueba.

INVITACIÓN

Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico que con motivo de CLXXV aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón. Se designa comisión.

COMUNICACIÓN

De la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la clausura del segundo período de sesiones de 1990. De enterado.

INICIATIVAS DE LEY

ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL

Con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X a dicho artículo. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Fomento Cooperativo.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Con proyecto de decreto que deroga la fracción VI del artículo 1o. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y a la de Fomento Cooperativo.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Con proyecto de decreto que deroga y adiciona diversas disposiciones. Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales

y a la de Fomento Cooperativo.

ARTÍCULOS 53, 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

Presentada por el diputado Margarito Ruíz Hernández. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

CÓDIGO CIVIL

Para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, presentada por el diputado Jaime Fernández Sánchez. Se turna a la Comisión de Justicia.

ARTÍCULO 26 CONSTITUCIONAL

Iniciativa de reformas presentadas por el diputado Ciro Mayén Mayén. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

CÓDIGO CIVIL (II)

Iniciativa que adiciona el artículo 23 y un artículo 23 - bis al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia del Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

ARTÍCULO 82 CONSTITUCIONAL

Presentada por el diputado Alfredo Arenas Rodríguez. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL

De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.

PROPOSICIONES

CULTIVO DEL MAGUEY

Toma la palabra el diputado Jesús Pelcastre Rojas. Se turna a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la de Ecología y Medio Ambiente.

TALA INMODERADA DE BOSQUES

Intervienen sobre el tema los diputados:

Francisco Martín Valdez.

José Herrera Reyes.

Isidro Aguilera Ortíz.

Francisco Melo Torres.

Lorenzo Martínez Gómez.

Rubén Hernández Higuera.

Se turna a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la de Ecología y Medio Ambiente.

SOBRE DERECHOS HUMANOS

De la legislación del aborto en el estado de Chiapas, habla el diputado Carlos Castillo Peraza.

Sobre el mismo tema intervienen:

Ernesto Jiménez Mendoza.

Amelia García Medina.

Alberto Ling Altamirano.

Antonio Pariente Algarín.

DERECHOS LABORALES DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS

Presentada por el diputado Juan Guerra Ochoa. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 15, 127 y 366. Para su discusión intervienen los diputados: Armando Herrera Guzmán.

Javier López Moreno.

Juan Jaime Hernández.

Ricardo Monreal Ávila.

Ernesto Rivera Herrera.

Oscar Villalobos Chávez.

Pablo Gómez Alvarez.

Bernardo Bátiz Vázquez en contra.

Rodolfo Duarte Rivas en pro.

Oscar Ramírez Ayala, en contra.

Pedro Alberto Salazar Muciño en pro.

Juan Guerra Ochoa en contra.

Juan Medrano Castillo en contra

José Lanz Cárdenas en pro.

Bernardo Bátiz Vázquez para contestar alusiones personales.

Juan Jaime Hernández para rectificar hechos.

Octavio Moreno Toscano para rectificar hechos.

Eugenio Ortíz Walls para contestar alusiones personales.

Se aprueba el dictamen y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA SEDA Y ARTISELA Y DERIVADOS

De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan esta industria.

LEY DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

De la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Para su discusión de las leyes intervienen los diputados: Alfredo Oropeza García en pro.

Oscar Mauro Ramírez Ayala.

Por acuerdo de la asamblea se someten a votación estos tres últimos dictámenes. Pasan al Senado para sus efectos constitucionales.

SOBRE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Intervienen los diputados:

Dionisio Pérez Jácome.

Pablo Gómez Alvarez.

Francisco Ortíz Mendoza.

Dionisio Pérez Jácome para contestar alusiones personales.

Juan Guerra Ochoa.

Jorge García Henaine para rectificar hechos.

Gildardo Gómez Verónica.

Francisco Ortíz Mendoza.

Ricardo Monreal Ávila.

Gerardo Medina Valdéz.

RECESO

Continúan en el debate los diputados:

Francisco Ortíz Mendoza.

Dionisio Pérez Jácome.

RECESO

Se reanuda la sesión el día 21 de diciembre a las 2.15 horas.

DENUNCIAS

CONTAMINACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL

Para tratar el problema de los altos índices de contaminación en la ciudad, toma la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez.

COMUNICACIÓN

De la diputada Ana Rosa Payán Cervera, para informar sobre su retiro definitivo de su cargo como diputada federal.

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

Interviene la diputada Gloria Rodríguez Aceves, para hacer una declaración de todos los grupos parlamentarios sobre este país.

Continúa sobre el mismo tema el diputado Prisciliano Meléndez Barrios.

DEL ESTADO DE CHIAPAS

Sobre supuestas acciones ilícitas del Congreso del Estado habla el diputado Luis Delgado Esteva. Se turna a las comisiones de Derechos Humanos y a la de Información, Gestoría y Quejas.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO CÓRDOBA LOBO

(Asistencia de trescientos dos diputados)

ASISTENCIA

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Hay una asistencia de 302 diputados. Hay quórum, señor Presidente.

APERTURA

El Presidente (a las 14.17 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se dará lectura al orden del día.

«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura. Orden del día.

20 de diciembre de 1990.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXV aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, tendrá lugar el 22 de diciembre.

Comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Iniciativas de ley

De diputados de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X, al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De diputados de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto que deroga la fracción VI, del artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

De diputados de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de decreto que deroga y adiciona diversas

disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a los artículos 53 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reformas al artículo 2448-J, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que adiciona el artículo 23 y un artículo 23 - bis al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y derogar el artículo 450.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, reformas al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Dictamen de primera lectura

De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal. Proposiciones

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el cultivo del maguey.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las garantías constitucionales y derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violación a los derechos humanos.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la tala inmoderada de bosques en la República mexicana.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 15, 127 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De la Comisión de Comercio, con proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la industria y el comercio de la seda y la artisela y sus derivados.

De la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con proyecto de decreto de reformas a la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.

Toma de posiciones, comentarios y declaraciones

Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la contaminación en el Distrito Federal.

Declaración de todos los grupos parlamentarios sobre Panamá.

Denuncias

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el robo a las oficinas del Partido Acción Nacional, en San Luis Potosí.

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre Teléfonos de México.

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para que insista ante la Secretaría de Hacienda sobre las evasiones fiscales de Fundiciones de Hierro, S. A.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario diputado Jorge Federico Schiaffino Isunza: - Se dará lectura al acta de la sesión anterior.

« Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Fernando Córdoba Lobo

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintisiete minutos del día diecinueve

de diciembre de mil novecientos noventa, con una asistencia de doscientos ochenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que es impugnada por el diputado Ismael Yañez Centeno, quien pide que en el párrafo donde se informa sobre los diputados que entraron en el salón de sesiones portando una caja, se aclare que por su partido, el de la Revolución Democrática, iban los diputados Jorge Martínez y Almaraz y, por el de Acción Nacional los diputados Rodolfo Elizondo y Miguel Ángel Almaguer.

El Presidente hace aclaraciones respecto, al acta y, desde su curul, el diputado Hiram Escudero hace lo propio. Posteriormente la asamblea aprueba el acta, con las modificaciones solicitadas, en votación económica.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de adiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Cuenta Pública. Se turna a la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Sube a la tribuna el diputado Patricio Estévez Nenninger, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere al problema de la insolvencia del sistema bancario estadounidense y propone dos puntos de acuerdo que se turnan a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Monsreal Ávila, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a la producción de hule y a los problemas que enfrenta. Hace una proposición que se turna a las comisiones de Ecología, de Ciencia y Tecnología, de Energéticos y de Información, Gestoría y Quejas.

En virtud de haberse impreso y distribuido el dictamen de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno, la asamblea dispensa la segunda lectura.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eric Rubio Barthell, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, da cuenta con una fe de erratas al dictamen y lo fundamenta.

Desde sus curules hacen diversas aclaraciones respecto al turno de oradores, los diputados Pablo Gómez Alvarez, Astolfo Vicencio Tovar y Teresa Orduño Gurza. El Presidente explica las normas del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y concede el uso de la palabra al diputado Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta el voto particular de su partido, en contra del dictamen.

A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Teresa Ortuño Gurza, del Partido Acción Nacional, en contra; Humberto Esqueda Negrete, en contra; Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, en contra; Tomás Pedroza Esparza, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta a una interpelación del diputado Pablo Gómez Alvarez.

La asamblea considera suficientemente discutido en lo general el dictamen y reserva, para su discusión en lo particular, los artículos dos, tres, seis, siete, doce, trece, catorce, diecisiete, treinta y uno y treinta y nueve.

La secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto, misma que resulta aprobatoria por doscientos cuarenta y ocho votos.

Presidencia del diputado César Coll Carabias

Para discutir el artículo segundo, hacen uso de la palabra los diputados Israel Galán Baños, en contra; Eduardo Arias Aparicio, del Partido Acción Nacional, en contra.

Presidencia del diputado Fernando Córdoba Lobo

Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra y propone modificaciones en materia de educación y desarrollo tecnológico; Javier Culebro Siles, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta interpelaciones de los diputados Gómez Alvarez, Arias Aparicio y Calderón Hinojosa.

Para discutir el artículo tercero, hacen uso de la palabra los diputados Astolfo Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, en contra; Federico Ruíz López, del Partido Acción Nacional, en contra y contesta a una interpelación del diputado Alvarez Esparza; Carmen Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista, quien solicita permiso a la Presidencia para referirse, en un solo turno, a

los artículos tercero y séptimo, en contra; María Elena Martínez Carranza, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Para discutir el artículo séptimo, hacen uso de la palabra los diputados Erasmo López Villarreal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra y hace proposiciones de reformas a los artículos tercero, séptimo, decimoséptimo y treinta y uno; Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Se somete a discusión el artículo decimosegundo y hacen uso de la palabra los diputados Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Alfonso Neri Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Presidencia del diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro

Se produce desorden en las galerías y el Presidente pide orden y respeto para los oradores.

Para rectificar hechos respecto al artículo a discusión, hace uso de la palabra el diputado Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

A discusión el artículo decimotercero, hacen uso de la palabra los diputados Jesús Rojo Gutiérrez, del Partido Acción Nacional., en contra; Ciro Mayén Mayén , del Partido de la Revolución Democrática, en contra y hace proposición de modificación al artículo a discusión; Alfredo Pliego Aldana, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Juan Nicasio Guerra Díaz, del mismo partido, en contra y Juan José Moreno Sada, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta interpelaciones de los diputados Pliego Aldana y Arias Aparicio.

Se somete a discusión el artículo catorce y hacen uso de la palabra los diputados Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional, en contra y presenta una modificación al respecto; Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática, quien a su vez presenta propuesta de modificación; Raúl Bolaños Cacho, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y contesta interpelación del diputado Arias Aparicio y, para rectificar hechos, los diputados Pablo Gómez Alvarez, del Partido de la Revolución Democrática y Juan Antonio García Villa, del Partido Acción Nacional.

Hacen uso de la palabra para discutir el artículo treinta y uno, los diputados Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra y Francisco Santillán Oceguera, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta una interpelación del diputado Ríos Rojo.

Hace uso de la palabra para pronunciarse en contra del artículo treinta y nueve, el diputado José Marín Rebollo, del Partido Revolucionario Institucional, en contra.

La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos reservados y el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone la adición de un artículo cuarenta y tres.

Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría recoge la votación nominal relativa a los artículos impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y cinco votos.

En sendas votaciones económicas, se desechan las proposiciones hechas por los diputados que hicieron uso de la palabra durante el debate y el Presidente declara: Aprobado en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno. Pasa al Ejecutivo para sus efectosse constitucionales.

El Presidente explica las razones para conceder el uso de la palabra a la diputada Manuela Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a las condiciones económicas de los productos de azúcar y propone tres puntos de acuerdo que se turnan a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Para rectificar hechos respecto al mismo tema, hacen uso de la palabra los diputados Rafael Núñez Pellegrín, del Partido Acción Nacional y Alfredo Pliego Aldana, del Partido de la Revolución Democrática.

En virtud de haberse impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea dispensa la lectura al dictamen de la Comisión del Distrito Federal, con proyecto de Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y uno. Es de segunda lectura.

Se produce desorden en las galerías y el Presidente recuerda que el asunto de los productos de caña ya ha sido turnado a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Ignacio Cuauhtémoc Paleta, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión dictaminadora fundamenta el dictamen.

A discusión en lo general, hacen uso de la palabra los diputados Gaudencio Vera Vera, del Partido Acción Nacional, en contra.

Presidencia del diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro

Jorge Gómez Villarreal, del Partido de la Revolución Democrática; Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Belisario Aguilar Olvera, del Partido Popular Socialista, en contra; Fructuoso López Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Presidencia del diputado Fernando Córdoba Lobo

Patricia Olamendi Torres, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y Luz Lajous, del Partido Revolucionario Institucional, para contestar alusiones personales.

Continúan en el debate sobre el mismo asunto, los diputados Nelson Madrigal Gómez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Rubén Venadero Valenzuela, en contra; Alvaro Garcés Rojas, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y solicitar que se incluya en el Diario de los Debates una proposición. Insértese.

Terminan el debate los diputados José Luis Luege Tamargo, del Partido Acción Nacional y Claudia Esqueda Llanes, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Suficientemente discutido en lo general y no habiendo reserva alguna de artículos para discutirse en lo particular, la secretaría toma la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por doscientos cuarenta y siete votos y el Presidente hace la declaratoria respectiva. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura a un texto entregado por los presidentes de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social, respecto al dictamen de las mismas comisiones unidas, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social, dictamen que por haber sido impreso y distribuido entre los señores diputados, se le dispensa la lectura. Es de segunda lectura.

Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Víctor Manuel Carreto, del Partido Revolucionario Institucional y a nombre de las comisiones.

A discusión en lo general el dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Mario Rojas Alba, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, en pro.

Presidencia del diputado Alberto Bernal González

Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra y solicita que el texto íntegro del documento que presenta se incluya en el Diario de los Debates. Insértese.

Presidencia del diputado Fernando Córdoba Lobo

Continúan en el debate sobre este dictamen, los diputados Mario Vázquez Martínez, del Partido Popular Socialista, Víctor Ávalos Limón, en contra; Miguel Pelayo Lepe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra y solicita que el texto íntegro de su documento se incluya en el Diario de los Debates. Insértese.

Suficientemente discutido en lo general, el diputado Vicente Luis Coca Alvarez reserva los artículos ciento sesenta y ocho y ciento setenta y siete del artículo primero del decreto.

La secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y dos votos.

Hace uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta modificaciones a los artículos impugnados y la adición de un artículo sexto transitorio.

La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos reservados y la secretaría recoge la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y siete votos.

En votación económica se desechan las proposiciones del diputado Coca Alvarez y el Presidente declara: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artículos de la Ley del Seguro Social. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las cuatro horas con cuatro minutos del día veinte de diciembre de

mil novecientos noventa, citando para la que tendrá lugar hoy mismo a las trece horas.»

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Está a discusión el acta . . .

El diputado José Luis Luege Tamargo (desde su curul): - En la página siete, en el último párrafo.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - ¿En la página siete, último párrafo?

El diputado José Luis Luege Tamargo (desde su curul): - Sí, donde comunica que el diputado Luege Tamargo entró a hablar . . . fue en contra.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En la página siete, el diputado Luege Tamargo en contra. Bien.

El diputado Francisco Castañeda Ortíz (desde su curul): - ¡Señor Presidente!

El Presidente: - Dígame, diputado.

El diputado Francisco Castañeda Ortíz (desde su curul): - Parece que hay un error en el segundo apellido del diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw. Que se rectifique, por favor.

El Presidente: - Que se corrija, por favor.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Sí, se corrige el segundo apellido del señor diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw.

Con las aclaraciones hechas al acta, en votación económica se pregunta sí se aprueba . . . Aprobada, señor Presidente.

INVITACIÓN

El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Se va a dar lectura a una invitación.

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.

Ciudadano diputado Fernando Córdoba Lobo, Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XLXXV aniversario luctuoso del generalísimo José María Morelos y Pavón, que tendrá lugar el próximo sábado 22 del actual, a las 11.00 horas, en el monumento erigido a su memoria, en la Plaza de la Ciudadela, delegación política Cuauhtémoc.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 12 de diciembre de 1990.- El director de Acción Cívica, licenciado Roberto A. Ochoa Morales.»

El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Joaquín Alvarez Ordóñez y José Ignacio Cuauhtémoc Paleta.

COMUNICACIÓN

El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Se dará lectura a una comunicación de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Presidencia.- México.

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.

Me permito comunicar a ustedes, rogándoles se sirvan hacerlo del conocimiento de esa honorable Cámara que el día de hoy se rindió el informe anual de labores de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y se clausuró el segundo período de sesiones correspondiente al año en curso.

Reitero a ustedes las seguridades de mi especial consideración.

México, Distrito Federal, 14 de diciembre de 1990.- El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, licenciado Carlos del Río Rodríguez.»

Trámite: - De enterado.

INICIATIVAS DE LEY

ARTÍCULO 73 CONSTITUCIONAL

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Joaquín Ruíz Becerra, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre de los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura.

El diputado Joaquín Ruíz Becerra:

«Honorable asamblea: Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar el siguiente.

PROYECTO DE DECRETO DE ADICIÓN AL ARTÍCULO 73 FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Nuestra iniciativa tiene como fundamento la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Dentro de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere al Congreso en su artículo 73, no se contempla la de legislar sobre cooperativismo, por lo que, en parte, a ello se debe la falta de actualización de la Ley de Sociedades Cooperativas que data de 1938.

El cooperativismo en estos momentos de crisis es una alternativa para que se organicen las grandes masas de desempleados en actividades productivas generadoras de ingreso, y por lo mismo se acentúa la necesidad de actualizar el marco legal en el que se desenvuelve el cooperativismo.

Es necesario introducir dentro de las facultades conferidas al Congreso, la de legislar en materia cooperativa, ya que hasta hoy el Congreso de la Unión ha estado imposibilitado de fomentar mediante la adecuación de la ley de la materia, la organización de amplias capas de población, que tan sólo por la ausencia de una personalidad jurídica a través de una figura asociativa, se constituyen en grupos de presión no satisfechos.

Anteriores esfuerzos legislativos se han frustrado al llegar a la Cámara de Senadores, al dictaminar ésta que el honorable Congreso de la Unión carece de facultades para legislar en materia de cooperativismo.

Por todo lo anterior, los suscritos miembros de la LIV Legislatura, proponemos la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Artículo primero. Se reforma la fracción X del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, cooperativismo, juego con apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el banco de emisión único en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diarios Oficial de la Federación.

PEDIMENTO

Unico. Rogamos a ustedes ciudadanos secretarios previo el turno de comisión, se sirvan dar cuenta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la presente iniciativa para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sala de sesión de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al día 20 del mes de diciembre de 1990.- Diputados: Abel Carlos Vicencio Tovar, Vicente Luis Coca Alvarez, Rodolfo Elizondo Torres, Alberto Pérez Fontecha, Bernardo Bátiz Vázquez, Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, Salvador Sánchez Vázquez, José Antonio Gándara Terrazas, Javier Culebro Siles, Joaquín Ruíz Becerra, Jorge Camacho Cabrera, Oscar Chacón Iñiguez, Ignacio Dávila Sánchez , Alfonso Garzón Santibáñez, Ignacio González Barragán, Leyber Martínez González, Isidoro Mendoza de la Cruz, Jorge Enrique Minet Ortíz, Antonio Pariente Algarín, Jesús Pelcastre Rojas, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Benjamín Edgardo Rocha Pedraza, Francisco Sánchez Rodríguez, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Pablo Torres Chávez, Sara Estela Velázquez Sánchez, Rosalío Elías Zúñiga Gutiérrez, Eleazar Ruíz Cerda, Carlos Mauricio Aguilar Camargo,

Miguel Agustín Corral Olivas, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Víctor Guerrero González, Pedro Rigoberto López Alarid, Ramón Martín Huerta, Ceferino Ramos Nuño, Belisario Aguilar Olvera, Tomás Gutiérrez Narváez, Julio Jácome López, Ernesto Rivera Herrera, Jesús Alfredo Fernández Gardea, José Antonio Montes Vargas, Francisco Navarro Montenegro, José Miguel Pelayo Lepe, Reynaldo Rosas Domínguez, Manuel de Jesús Ponce González, Prisciliano Meléndez Barrios, María Albertina Barbosa de Meraz, Manuel Patricio Estévez Nenninger y Francisco de Jesús Cabrera González.»

El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y a la Comisión de Fomento Cooperativo.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Sara Estela Velázquez Sánchez, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción VI del artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a nombre de grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura.

La diputada Sara Estela Velázquez Sánchez:

«Honorable asamblea: Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO PRIMERO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES

Nuestra iniciativa tiene como fundamento la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las sociedades cooperativas son eminentemente formas de organización social para el trabajo, en las que destacan, entre otras, las siguientes características:

1o. Generalmente se integran por personas provenientes de los sectores más desprotegidos de la población.

2o. El artículo 25 constitucional define los sectores que concurrirán al desarrollo económico nacional, y entre ellos se encuentra el sector social, del cual forma parte el sector cooperativo.

3o. Las sociedades cooperativas, en ninguna forma pueden conceptuarse como sociedad mercantiles o sociedades de capital, ya que para su creación y funcionamiento se basan fundamentalmente en la aportación que de su trabajo hacen los socios, y no en las aportaciones de capital.

Sin justificación alguna, las sociedades cooperativas quedaron incluidas en la fracción VI del artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Tan es así, que dicho ordenamiento permite constituirse en sociedades de capital variable a todas las figuras de sociedades de capital, y no le otorga esa posibilidad a las sociedades cooperativas.

Esta situación incongruente ha originado que las autoridades hacendarías a partir de 1990, pretendan gravar con el impuesto sobre la renta, en su capítulo de impuesto sobre utilidades, a los excedentes de las sociedades cooperativas, los cuales provienen fundamentalmente del trabajo.

Una de las características de las sociedades cooperativas, es precisamente la de eliminar la lucha de clases ya que existen sólo socios y no patrones y trabajadores, además de permitir que se mantenga la propiedad sobre los bienes de producción, al mismo tiempo que éstos se explotan en forma colectiva.

Nuestra propuesta es muy concreta, reconocer la naturaleza social de las cooperativas, y segregarlas del catálogo de las sociedades mercantiles.

Por lo anteriormente expuesto, proponemos la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Artículo primero. Se deroga la fracción VI del artículo 1o. de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

PEDIMENTO

Unico. Rogamos a ustedes ciudadanos secretarios, previo el turno de comisión, se sirvan dar cuenta a la Cámara de Diputados del honorable

Congreso de la Unión, de la presente iniciativa para los efectos correspondientes.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 20 días del mes de diciembre de 1990.- Diputados: Abel Carlos Vicencio Tovar, Alberto Pérez Fontecha, Rodolfo Elizondo Torres, Vicente Luis Coca Alvarez, Bernardo Bátiz Vázquez, Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, José Antonio Gándara Terrazas, Javier Culebro Siles, Joaquín Ruíz Becerra, Jorge Camacho Cabrera, Oscar Chacón Iñiguez, Ignacio Dávila Sánchez, Alfonso Garzón Santibáñez, Ignacio González Barragán, Leyber Martínez González, Isidoro Mendoza de la Cruz, Jorge Enrique Minet Ortíz, Antonio Pariente Algarín Jesús Pelcastre Rojas, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Benjamín Edgardo Rocha Pedraza, Francisco Sánchez Rodríguez, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Pablo Torres Chávez, Sara Estela Velázquez Sánchez, Rosalío Elías Zúñiga Gutiérrez, Eleazar Ruíz Cerda, Carlos Mauricio Aguilar Camargo, Miguel Agustín Corral Olivas, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Víctor Guerrero González, Pedro Rigoberto López Alarid, Ramón Martín Huerta, Ceferino Ramos Nuño, Belisario Aguilar Olvera, Tomás Gutiérrez Narváez, Julio Jácome López, Ernesto Rivera Herrera, Jesús Alfredo Fernández Gardea, José Antonio Montes Vargas, Francisco Navarro Montenegro, José Miguel Pelayo Lepe, Reynaldo Rosas Domínguez, Manuel de Jesús Ponce González, Prisciliano Meléndez Barrios, María Albertina Barbosa de Meraz, Manuel Patricio Estévez Nenninger y Francisco de Jesús Cabrera González.»

El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y a la de Fomento Cooperativo.

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ceferino Ramos Nuño, para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a nombre de los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura.

El diputado Ceferino Ramos Nuño:

«Honorable asamblea: Los suscritos, diputados federales de diversos grupos parlamentarios, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los artículos 55, 56 y 58 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Nuestra iniciativa tiene como fundamento la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A través de la historia del cooperativismo en México se puede observar que las funciones de fomento, registro y vigilancia del mismo han sido encomendadas en diferentes épocas a las secretarías de Economía Nacional, de Comercio en las funciones que le correspondieron, y actualmente a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El hecho de que estas funciones se hayan transferido de secretaría en secretaría, denota que hasta hoy, el cooperativismo mexicano no encuentra su auténtico y verdadero acomodo dentro de las estructuras del Poder Ejecutivo Federal.

Tomando en consideración las características tan peculiares que presenta la materia cooperativa, que surge por lo general en la clase económica más desprotegida, que es una forma de organización social para el trabajo en la cual no existe la figura patronal, sino que los socios de la cooperativa son los dueños de los medios de producción, que mediante la misma se fomenta el auto empleo, que promueve la democracia laboral y en los órganos de dirección, se puede concluir la incongruencia e inconveniencia de que el cooperativismo se encuentre incluido en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que por su naturaleza, entre otras actividades, está dedicada a resolver los conflictos que surgen en las relaciones obrero - patronales, es decir entre el capital y el trabajo.

Este añadido a la secretaría de referencia, consideramos que ha traído como consecuencia que el cooperativismo nacional no haya recibido el apoyo y el impulso que merece, por lo que proponemos, sí es que se desea, que en la solución de los problemas nacionales participe el cooperativismo, que las funciones de la ahora Dirección General de Fomento Cooperativo se asigne a un departamento autónomo que se dedique exclusivamente a esta materia.

Nuestra proposición no implica un incremento al gasto público, en virtud de que los mismos recursos que actualmente se asignan a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en la partida correspondiente a la dirección general mencionada, serían los que se utilizarán en la operación del

departamento de fomento cooperativo propuesto, que haría las veces de ventanilla única.

Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la LIV Legislatura, proponemos la siguiente

INICIATIVA DE DECRETO

Artículo primero. Se adiciona el artículo 26, para quedar como sigue:

Artículo 26. Para el estudio, planeación y despacho de los negocios del administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

"Departamento de Fomento Cooperativo"

Artículo segundo. Se deroga la fracción X del artículo 40.

Artículo tercero. Se propone la adición de un artículo 43 - bis, para precisar detalladamente el despacho de los asuntos que corresponderán al Departamento de Fomento Cooperativo, con el siguiente texto:

Artículo 43 - bis. Al Departamento de Fomento Cooperativo corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I. Aplicar los preceptos sobre cooperativismo del artículo 25 constitucional, así como las leyes correspondientes y sus reglamentos;

II. Intervenir en la organización, fomento, registro y vigilancia de toda clase de sociedades cooperativas;

III. Hacerse cargo del Registro Nacional Cooperativo en los términos de las leyes y sus reglamentos;

IV. Apoyar en la planeación, organización y promoción de la producción, distribución y comercialización de las sociedades cooperativas;

V. Pugnar porque las concesiones públicas sean otorgadas preferentemente a las sociedades cooperativas, en igualdad de competencia;

VI. Coordinadamente con la Secretaría de Educación Pública participar en la educación cooperativa que se considere necesaria;

VII. Realizar cursos nacionales de cooperativismo;

VIII. Asesorar técnicamente a las sociedades cooperativas;

IX. Editar la bibliografía necesaria sobre la doctrina cooperativa y difundirla con objeto de obtener una mejor preparación de los socios cooperativistas;

X. Auspiciar y promover la celebración de congresos, conferencias, mesas redondas y todo acto de índole cultural que contribuya a elevar el nivel cívico y educacional de estas sociedades;

XI. Procurar ante los estados miembros de la Federación el otorgamiento de toda clase de facilidades para el mejor cumplimiento de los fines sociales de las sociedades cooperativas, y

XII. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos correspondientes.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

PEDIMIENTO

Unico. Rogamos a ustedes ciudadanos secretarios, previo el turno de comisión, se sirva dar cuenta a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, de la presente iniciativa para los efectos correspondientes.

Atentamente.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, al día 20 del mes de diciembre de 1990.- Diputados: Abel Carlos Vicencio Tovar, Rodolfo Elizondo Torres, Vicente Luis Coca Alvarez, Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, Alberto Pérez Fontecha, Bernardo Bátiz Vázquez, José Antonio Gándara Terrazas, Javier Culebro Siles, Joaquín Ruíz Becerra, Jorge Camacho Cabrera, Oscar Chacón Iñiguez, Ignacio Dávila Sánchez, Alfonso Garzón Santibáñez, Ignacio González Barragán, Leyber Martínez González, Isidoro Mendoza de la Cruz, Jorge Enrique Minet Ortíz, Antonio Pariente Algarín, Jesús Pelcastre Rojas, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Benjamín Edgardo Rocha Pedraza, Francisco Sánchez Rodríguez, Demetrio Javier Sodi de la Tijera, Pablo Torres Chávez, Sara Estela Velázquez Sánchez, Rosalío Elías Zúñiga Gutiérrez, Eleazar Ruíz Cerda, Carlos Mauricio Aguilar Camargo, Miguel Agustín Corral olivas, Magdaleno Gutiérrez Herrera, Víctor Guerrero González, Pedro Rigoberto López Alarid, Ramón Martín Huerta, Ceferino Ramos Nuño, Belisario Aguilar Olvera, Tomás Gutiérrez Narváez, Julio Jácome López, Ernesto Rivera Herrera, Jesús Alfredo Fernández Gardea, José

Antonio Montes Vargas, Francisco Navarro Montenegro, José Miguel Pelayo Lepe, Reynaldo Rosas Domínguez, Manuel de Jesús Ponce González, Priciliano Meléndez Barrios, María Albertina Barbosa de Meráz, Manuel Patricio Estévez Nenninger y Francisco de Jesús Cabrera González."

El presidente: - Túrnese a la comisión de Gobernación y puntos Constitucionales, y a la comisión de Fomento Cooperativo.

ARTÍCULOS 53, 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

EL Presidente: - Tiene la palabra el diputado Margarito Ruíz Hernández, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 53 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Margarito Ruíz Hernández:

Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - presentes.

En nuestro país existen 56 lenguas indígenas diferentes y los pueblos indios constituyen más del 15% de la población nacional. Contrariamente a lo que el Estado mexicano ha promovido, los grupos indígenas no tienden a desaparecer, sino que por el contrario, su índice de crecimiento demográfico es superior al de la media nacional. Paralelamente el movimiento indio actual reivindica su derecho a mantenerse diferente y luchan por continuar siendo pueblos indios; pero en un marco de justicia y de igualdad social que ponga fin al racismo, la discriminación y la opresión en la que históricamente han vivido esas sociedades.

El Partido de la Revolución Democrática, atendiendo a las justas demandas de los indios, considera que es necesario que el pueblo de México comprenda y haga suyas las reivindicaciones que las organizaciones indígenas plantean. Los indios son uno de esos pilares fundamentales de nuestra identidad nacional y constituyen la simiente del futuro de nuestra nación. La lucha por recuperar nuestra soberanía nacional incluye el reconocimiento y la validación de los derechos de los pueblos indios; mismos que deben ser garantizados constitucionalmente para evitar que las acciones de gobierno para con los indios, continúen siendo manipuladas como actos voluntaristas y demagógicos o de modas sexenales.

En México la década de los ochenta se significó por una nueva presencia de la sociedad civil en el escenario nacional. Las voces de los "sin voz" se unieron para hacer oír sus reclamos: para exigir la democratización de la vida social, económica y cultural del país. este trascendental hecho político cobró visibilidad el 6 de julio de 1988, imprimiéndole, a partir de entonces, un nuevo perfil y esperanzadores horizontes a las luchas democráticas de los mexicanos.

En este marco general se inscriben las más recientes luchas de los pueblos indios de México, quienes cansados de la antidemocracia y del paternalismo como política de Estado; agobiados por la miseria y la marginación extrema y sobreviviendo en condiciones de violencia y acentuada represión; han decidido romper sus cadenas y la organización indígena independiente crece y se agiganta, exigiendo la autonomía y la autodeterminación como derechos irrenunciables.

Dichas luchas han avanzado principalmente en dos direcciones. Por un lado, en acrecentar su organización y conciencia para reivindicar sus derechos históricos; por el otro, en sumar su dignidad y formidable fuerza cultural y política a los esfuerzos de otros contingentes del pueblo mexicano que hoy lucha también por desterrar para siempre la antidemocracia y la injusticia social que privan en el país.

Las banderas que reivindican los derechos históricos de los pueblos indios deben incorporarse plenamente y desarrollarse en el programa político, económico y social de las fuerzas revolucionarias y democráticas del país, a fin de hacerlas una de sus partes fundamentales. La gran injusticia y marginación que pesan sobre los pueblos indios han provocado su infelicidad. Esta infelicidad impidió en el pasado e impide en el presente el pleno desarrollo y el ejercicio de la soberanía de la nación. Del mismo modo, la infelicidad que sufren por la antidemocracia y la pobreza otros ciudadanos y trabajadores del campo y de la ciudad, obstaculiza la plena vigencia de la soberanía nacional.

La realidad demuestra que, a pesar de que la Constitución Política Mexicana establece la igualdad de derechos para todos los ciudadanos mexicanos con independencia de su "raza", los pueblos indios viven cruelmente explotados y marginados de los beneficios de su trabajo y del aprovechamiento de sus recursos naturales, lo mismo como comunidades que como individuos. Sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales son permanentemente atropellados; las instituciones existentes en los distintos niveles de gobierno del país no dan cabida a sus intereses y

necesidades, ni a su representación directa. Por estas razones es indispensable introducir un marco legal específico que garantice, en la ley y en la práctica, el pleno ejercicio de los derechos históricos de estos pueblos.

Por consiguiente, el Partido de la Revolución Democrática considera que para dar una solución definitiva y democrática a la problemática étnico nacional de nuestro país, es urgente realizar una reforma del Estado mexicano. Esta reforma debe estar encaminada a garantizar la preservación y el desarrollo de los pueblos indios, bajo su propia iniciativa y conducción, pero con el respaldo integral de la Federación. La reforma propuesta involucra cambios en el texto constitucional a los artículos 53, 73 y 115 y la creación de una ley reglamentaria en la materia.

Con esta reforma se busca sentar las bases de una auténtica democracia en el país y además garantizar a los distintos grupos étnicos, incluyendo los indios, una participación equitativa en la conducción de los asuntos del gobierno en sus regiones. De esta forma, el futuro socioeconómico, cultural y político de las regiones pluriétnicas que proponemos no será decidido antidemocráticamente por los burócratas de las dependencias de gobierno, sino por los mismos pueblos através de sus propios consejos de representantes. Esto supone, por consiguiente, la completa cancelación del indigenismo como política de Estado y la total transformación de las instituciones indigenistas, actualmente caracterizadas por su burocratismo y paternalismo y convertirlas en instituciones que dirijan y tengan en sus manos los pueblos indios. Asimismo, con estas medidas se busca romper con el centralismo antidemocrático que hoy asfixia no sólo a los pueblos indios, sino a todo el país, incluidos los ciudadanos del Distrito Federal, quienes no tienen el derecho de elegir a sus autoridades locales. Igualmente se procura asegurar a los pueblos indios una representación en el Congreso de la Unión y en las legislaturas estatales.

Así pues la creación de las regiones pluriétnicas está orientada a ser, por una parte, el primer paso encaminado a garantizar la preservación y el desarrollo de las culturas, así como de la vida económica, social y política de los grupos étnicos (indígenas y no indígenas que compartan una misma región). Por otra parte, busca constituir los principios de un modelo de desarrollo para toda la sociedad: la descentralización efectiva del país, que conduzca al verdadero desarrollo regional. Esto es, abrir una etapa creativa que nos permita avanzar hacia la reconstrucción de una nación realmente democrática e igualitaria. Nuestra propuesta se funda en el pleno reconocimiento del legítimo derecho que tienen los pueblos indios al ejercicio de su autodeterminación y a la búsqueda de su autonomía. En la actual coyuntura histórica, ese derecho debe cobrar forma inicial por la vía de la constitución de las indicadas regiones pluriétnicas.

La reforma específica que se propone cubre varios aspectos:

1) La creación de las regiones pluriétnicas, y

2) La modificación de la composición de los integrantes del Congreso de la Unión, de manera que se garantice la participación de los representantes de las regiones pluriétnicas en la Cámara de Diputados.

Así no sólo se crean las regiones pluriétnicas, sino que además se garantiza la representación de los distintos grupos étnicos de una región, indios y no indios, en el Poder Legislativo a nivel federal.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente

INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LOS ARTÍCULOS 53, 73 Y 115 CONSTITUCIONALES

Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 53 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:

Artículo 53.

Para la elección de los doscientos diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones plurinominales. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de esta circunscripciones, pero con el fin de propiciar la representación directa de los pueblos indios en la Cámara de Diputados, una de las circunscripciones garantizará la pluralidad étnica y se integrará por diputados que representen a las regiones pluriétnicas.

Artículo segundo. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 115 constitucional en los siguientes términos:

Artículo 115 . . .

Sin menoscabo de la institución municipal, para garantizar la preservación y el desarrollo de las

culturas, así como de la vida económica, social y política de los grupos étnicos, indígenas y no indígenas que compartan una misma región, se crearán las regiones pluriétnicas conforme a las bases siguientes:

I. Las regiones pluriétnicas serán una forma de organización político - administrativa y estarán investidas de personalidad jurídica y manejarán su matrimonio propio. No serán una forma de división territorial, pero constituirán una integración político - administrativa del territorio de un número de municipios pertenecientes a una o varias entidades federativas que se significan por la composición pluriétnica de su población;

II. Los habitantes de éstas tendrán el derecho a organizar su vida social, económica y política a partir de sus propias formas de organización y de su herencia cultural;

III. Cada región pluriétnica tendrá un consejo de representantes, máximo órgano de dirección para los asuntos de su competencia, en el que están representados todos los grupos étnicos, indios y no indios, en condiciones de igualdad y con independencia del peso demográfico. Los integrantes del consejo serán electos por voto universal, directo y secreto, cada tres años, según el principio de votación mayoritaria relativa;

IV. La Federación, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias conocerán y resolverán sobre los presupuestos de ingresos y egresos de las regiones pluriétnicas, conforme al proyecto aprobado por el consejo de representantes respectivo, y

V. La ley establecerá las normas constitutivas de las regiones pluriétnicas; determinará los asuntos económicos; socio culturales y políticos de competencia de los consejos de representantes y las reglas de su organización y funcionamiento.

En todo lo no reservado a las regiones pluriétnicas y a los consejos de representantes, serán aplicables las respectivas leyes federales y locales y los ordenamientos municipales.

Artículo tercero. Se adiciona una fracción XXIX - 1 al artículo 73 constitucional para quedar como sigue:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I. . .

XXIX - 1. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, los estados y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de regiones pluriétnicas, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo segundo del artículo 115 constitucional.

Sala de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 26 de diciembre de 1990 - Diputados: Margarito Ruíz Hernández, Isidro Aguilera Ortíz, Mario Rojas Alba, Carlos Navarrete Ruíz, Rafael Melgoza Radillo, Raúl Reyes Ramírez, Darvin González Ballina, Francisco Curi Pérez Fernández, Leonel Godoy Rangel, Hiram Rivera Teja, José del Carmen Enríquez Rosado, Patricia Olamendi Torres, Ciro Mayén Mayén, Alfredo Torres Robledo, Rosalío Wences Reza y Reynaldo Rosas Domínguez."

Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

CÓDIGO CIVIL

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Fernández Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2448-J fracción II del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

El diputado Jaime Fernández Sánchez:

Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa para adicionar la fracción II del artículo 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad la construcción de casa habitación para arrendamiento es prácticamente nula, debido a la poca rentabilidad que representa para ambos contratantes; ya que para una de las partes no es costeable arrendar sino a partir de determinado precio, el cual está fuera del alcance del promedio de la población económicamente disminuida.

Esto ha derivado en la necesidad del arrendador de vender su inmueble. Dicha problemática ha

originado que cada vez sea mayor el número de arrendores que venden y arrendatarios que conforme al artículo 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal hacen uso de su derecho del tanto para poder adquirir en propiedad el inmueble que gozan en arrendamiento; al efecto dicho ordenamiento presenta una grave laguna consistente en no señalar reglas precisas para el caso de que varios arrendatarios deseen ejercitar su derecho del tanto en forma simultánea e independiente de los otros, de tal manera que el arrendador se libera de su obligación de otorgar dicha facultad a su libre arbitrio; vulnerando con esto en muchas ocasiones la prerrogativa de aquél a quien conforme a derecho le corresponde y al no haber una disposición expresa para resolver este problema, se tiene que recurrir a diversas prácticas, que van desde un convenido privado hasta la intervención del órgano jurisdiccional, haciendo este tipo de operaciones de compraventa un acto conflictivo y de lento trámite.

La presente iniciativa de adición al artículo 2448-J establece los siguientes criterios:

a) En el caso de que varios arrendatarios ejerciten simultáneamente su derecho del tanto, será preferido sobre los otros quien tenga el contrato más antiguo. Este criterio se establece con base en el principio jurídico primo in tempore, primo in jure.

b) Si persiste la igualdad, será preferido el que pague mayor renta. Esto en razón de que la obligación esencial del arrendatario es pagar el precio cierto por el uso y goce de la cosa, lo que deviene, que en igualdad de circunstancias sea preferido el que tiene la obligación más onerosa.

c) Si hubiere dos o más arrendatarios con igualdad de calidades, tendrá preferencia el que haya hecho mejoras útiles a la parte por él habitada. Esto en virtud de que no sólo empleó las diligencias necesarias para conservar la cosa, sino que además incorporó un valor adicional al bien inmueble arrendado

d) Persistiendo la igualdad en las calidades mencionadas se estará al resultado de sorteo celebrado ante fedatario público. No habiendo más criterios para decidir a cuál de los derechohabientes vender, que sea la suerte la que lo designe; para evitar que exista oscuridad en el sorteo se requiere la presencia y la fe pública de la autoridad.

En ningún caso el arrendador subastará o recibirá pagos por anticipado, ya que las ventajas económicas que puede tener un arrendatario sobre los otros no deben ser motivo de injusticia, que se daría, sí se valen de ellas para elegir al comprador. Por las anteriores razones, ponemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 2448-J EN SU FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL, EN VIGOR

Artículo único. Se adiciona la fracción II del artículo 2448-J del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2448-J. El ejercicio del derecho del tanto se sujetará a las siguientes reglas:

I.

II. El o los arrendatarios dispondrán de 15 días para notificar en forma indubitable al arrendador su voluntad de ejercitar su derecho del tanto en los términos y condiciones de la oferta.

Cuando varios arrendatarios ejerciten el derecho del tanto, en forma simultánea pero independiente, el arrendador determinará a cuál de ellos venderle de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Será preferido sobre los demás el que tenga el contrato más antiguo.

b) Si dos o más tuvieren tal calidad, será preferido el que pague mayor renta.

c) Si persiste la igualdad de calidades será preferido el que hubiere realizado mejores útiles en la parte por él arrendada.

d) Persistiendo la igualdad en las calidades mencionadas se estará el resultado de sorteo celebrado ante fedatario público, pero en ningún caso el arrendador subastará el inmueble o recibirá pagos por anticipado.

III a VI. . .

TRANSITORIO

Unico. La presente iniciativa que adiciona el artículo 2448-J en su fracción II entrará en vigor a los 15 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de diciembre de 1990. - Diputados: Jaime Fernández Sánchez, José Luis Luege Tamargo, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Patricia Garduño Morales, María Teresa Ortuño Gurza, Horacio González de

las Casas, Benito Fernando Rosell Isaac, Carlos Mauricio Aguilar Camargo, César Coll Carabias, Leobardo Gutiérrez Gutiérrez, Mario Leal Campos, Sóstenes Gustavo Melgarejo Fraga, José Manuel Martínez Aguirre, Alfredo Oropeza García, Silviano Urzúa Ochoa, Rafael Nuñez Pellegrín, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Prisciliano Melendres Barrios, Alejandro Díaz Pérez Duarte, Eduardo Arias Aparicio, Jorge Galván Moreno, Jorge del Rincón Bernal, Espiridión Sánchez López, Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, Francisco de Jesús Cabrera González, Eleazar Guadalupe Cobos Borrego, María Leonor Serre de Guerrero, Eliher Saúl Flores Prieto, José Manuel Mendoza Márquez, Francisco P. Martín V., Santiago de Jesús Rodríguez del Valle, María Teresa Cortés Cervantes, María Guadalupe Rodríguez Carrera, José Ramón Medina Padilla, Miguel Ángel Almaguer Zárate, Gaudencio Vera Vera y Mario Armando Riojas Almanza.

Trámite: Túrnese a la comisión de Justicia.

ARTÍCULO 26 CONSTITUCIONAL.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Ciro Mayén Mayén:

Iniciativa de reformas al artículo 26 constitucional a la ley de Planeación.

Con fundamento en los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone reformas al artículo 26 de la propia Constitución y de diversos artículos de la Ley de Planeación, con base en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1. La planeación ha sido reconocida como un medio necesario para orientar un proceso de desarrollo nacional que fortalezca la independencia, que impulse un crecimiento económico que al ser equitativo, conduzca al bienestar social. Mediante la planeación se logrará también que el crecimiento económico sea estable y sostenido a través del tiempo.

La planeación es una acción deliberada y racionalizadora del Estado y de sus organizaciones sociales, para superar los obstáculos estructurales que frenan o distorsionan el desarrollo nacional. La experiencia histórica reciente ha demostrado que el libre juego de las fuerzas del mercado no sólo no ha superado esos obstáculos, sino al contrario, los ha agravado en los últimos años.

Una inadecuada relación entre el ahorro y la inversión productiva; una creciente dependencia financiera y tecnológica de nuestro país; una cada vez mayor desarticulación nacional de la industria y de la agricultura; una gran concentración del ingreso y de la riqueza en un pequeño grupo social; muy desigual distribución espacial del desarrollo que ha producido una gran polarización regional; son algunos de los más significativos problemas estructurales que al libre juego de las fuerzas del mercado no resuelve ni resolverá y que sólo mediante un esfuerzo racionalizador que se plasme en un sistema nacional de planeación con verdadero carácter democrático, podrán ser superados.

2. La reforma constitucional de 1983, plasmada en el artículo 26 que establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, es por sí misma un reconocimiento de lo expuesto en el punto anterior. También en ese año se promulgó la Ley de Planeación, reglamentaria del artículo 26 de la Constitución. Fruto de esas nuevas disposiciones legales fue el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988. Precisamente la experiencia de ese plan es uno de los motivos fundamentales de esa iniciativa.

El incumplimiento de los objetivos de ese plan estuvo con mucho más allá de una variación normal o contingente. Más bien se presentó una gran incongruencia entre los objetivos señalados en el plan y la política económica y social practicada por el Ejecutivo Federal, razón por la cual los resultados estuvieron a una distancia cualitativa y cuantitativa exageradamente grande de las metas propuestas por el plan. Por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 planteó dos líneas principales de acción: la reordenación de la economía y el cambio estructural, entendiendo por este último: aquél que "da prioridad a la satisfacción de las necesidades básicas de las mayorías y al fortalecimiento del mercado interno, fundamentalmente en alimento, vivienda, educación, salud y asistencia social, transporte colectivo, recreación y calidad de la vida." Resultó que al final del sexenio, no sólo se retrocedió socialmente en la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la más sentida, la alimentación y se redujo a más de la mitad el ingreso de los trabajadores, mediante políticas

deliberadas de topes salariales y liberación de precios, contrayendo así el mercado interno.

Pero lo más incongruente fue que la final el ejecutivo cambió el concepto de cambio estructural establecido en el plan. En este nuevo concepto, le concede la mayor prioridad al fomento de las exportaciones, para captar divisas suficientes para el pago del servicio de la deuda externa; también a la apertura comercial, al auge de las maquiladoras, etcétera, la orientación fue distinta a la propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo. Esta contradicción responde a una incongruencia de fondo entre un gobierno orientado por la ideología neoliberal y la vigencia de un sistema nacional de planeación de la economía.

Consideramos que ésa y otras graves incongruencias de nuestra primera aplicación sexenal del nuevo ordenamiento legal de la planeación, se explican en gran parte por la gran concentración de atribuciones que se asignan al Poder Ejecutivo. Todo el poder de decisión en las distintas fases de planeación, la ley se le otorga al titular del Ejecutivo, limitando así el carácter democrático del proceso, a la vez que deja el campo abierto a la incongruencia y a la arbitrariedad que la experiencia reciente nos demuestran.

3. La democratización del proceso de planeación implica descentralizar las facultades que actualmente se concentran en el Ejecutivo y dar facultades de participación efectiva al Poder Legislativo y las organizaciones sociales.

4. El artículo 26 de la Constitución establece en su segundo párrafo:

"La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de desarrollo."

Consideramos que este precepto no se cumple actualmente ni en la ley de Planeación ni en la práctica. La ley otorga sólo al Ejecutivo la facultad de convocar a foros populares para la elaboración del plan, el Ejecutivo decide cuándo y a quién convoca a estos foros y también decide qué opiniones o propuestas expresadas en los foros toma en cuenta y cuales no son consideradas. No hay en la ley nada que impida que finalmente la redacción del plan sea sólo un trabajo técnico a cargo del Ejecutivo.

Además de los foros organizados por el Ejecutivo, es necesario establecer legalmente otras instancias de participación social no controladas por el Ejecutivo, que permita a las organizaciones y ciudadanos interesados en participar en el proceso de planeación, primero verificar que sus propuestas fueran tomadas en cuenta y, segundo, participar también en la verificación y evaluación de la ejecución congruente del plan. Así la Ley de Planeación estará más acorde con el contenido del párrafo citado del artículo 26 de la Constitución.

5. En la Ley de Planeación existe otra grave contradicción respecto de la Constitución. En su artículo 74, ésta establece la facultad de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal.

También es facultad de la Cámara aprobar la Ley de Ingresos de la Federación. El Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos son dos instrumentos fundamentales de la política económica y social del Estado. Expresamente se reconoce que esos instrumentos deben servir a los objetivos y metas establecidas por el Plan Nacional de Desarrollo. La política de egresos y de ingresos del Ejecutivo Federal debe ser congruente con los criterios generales, estrategias y líneas de políticas contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es incongruente que la Constitución, por un lado, otorgue al Legislativo la facultad de aprobar esos instrumentos de la política económica, Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, y por otro lado, la Ley de Planeación le niegue la facultad de aprobar la política económica y social a que ellos sirven y que se define en el Plan Nacional de Desarrollo. Se impide así que sea integral la participación del Legislativo en la definición de la política económica y social del Estado.

6.- La letra del párrafo tercero del artículo 26 constitucional otorga al Poder Ejecutivo Federal la determinación de los órganos responsables del proceso de planeación en su conjunto. Lo anterior, además de dejar de lado al Poder Legislativo, es un obstáculo para la operación democrática del sistema nacional de planeación. La supresión de ese párrafo es necesaria para fundamentar la reforma a la ley reglamentaria, que instruye una planeación verdaderamente democrática y participativa.

Por las razones antes expuestas y de conformidad con los artículos 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se suprime el párrafo tercero del artículo 26 constitucional.

Artículo segundo. Se modifica el párrafo cuarto del artículo 26 constitucional, para quedar como sigue:

"...En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo tendrán la intervención que señala la ley".

Artículo tercero. Se reforma y/o adicionan los artículos 5o., 6o., 20 y 31 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:

Artículo 5o. El Presidente de la República remitirá el proyecto de plan al Congreso de la Unión para su examen y aprobación. En el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, el Poder Legislativo realizará una evaluación de la ejecución del plan, cuando menos una vez al año y deberá aprobar la revisión y adecuación del propio plan.

El Poder Legislativo convocará a los grupos sociales que de conformidad con el artículo 4o. de la presente ley deben participar en la planeación democrática, para que participen también en foros de examen y revisión del proyecto del plan formulado por el Ejecutivo. El resultado de esos foros será referencia obligada para la revisión y en su caso, aprobación que el Poder Legislativo hará del plan.

Artículo 6o. El Presidente de la República, al informar ante el Congreso de la Unión sobre el estado general que guarda la administración pública del país, hará mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales.

En el mes de marzo de cada año, el Ejecutivo remitirá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el informe de las acciones y resultados de la ejecución del plan y los programas a que se refiere el párrafo anterior, a fin de que el Congreso cumpla con su facultad de evaluación indicada en el artículo 5o.

Artículo 20. En el ámbito del sistema nacional de planeación democrática tendrá lugar la participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución del plan y los programas a que se refiere esta ley.

Las organizaciones de los obreros, campesinos y grupos populares; de las instituciones académicas, profesionales y de investigación; de los organismos empresariales y de otras agrupaciones sociales participarán como órganos de consulta permanente en los aspectos de la planeación democrática relacionada con su actividad a través de foros de consulta popular que al efecto se convocarán. Los foros para la formulación del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo será organizado por el Ejecutivo. Al Poder Legislativo le corresponde organizar los foros para el examen del proyecto del Plan Nacional de Desarrollo enviado por el Ejecutivo al Congreso para su aprobación.

Artículo 31. El plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias. Los resultados de las revisiones y, en su caso, las adecuaciones consecuentes al plan y los programas, previa su aprobación por parte del Congreso en el caso del plan y del titular del Ejecutivo en el de los programas, se publicarán igualmente en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, 20 de diciembre de 1990. - Por el Partido de la Revolución Democrática, diputados: Ciro Mayén Mayén, Reynaldo Rosas Domínguez, Rafael Melgoza Radillo, Alexandro Martínez Camberos, José Antonio Ríos Rojo, Rosalío Wences Reza, Huber González Jarillo, Raúl Reyes Ramírez, Margarito Ruíz Hernández, Darvin González Ballina, Amalia Dolores García Medina, Leonel Godoy Rangel, Ignacio Castillo Mena, Ismael Yáñez Centeno, Pablo Gómez Alvarez y Patricia Olamendi Torres.»

Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

CÓDIGO CIVIL (II)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Fernández Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona el artículo 23 y un artículo 23 - bis del Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en materia de Fuero Federal y, deroga el artículo 450.

El diputado Jaime Fernández Sánchez:

«Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de la asamblea de esta honorable Cámara, la presente iniciativa para

derogar el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, y adicionar su artículo 23 y un artículo 23-bis, al tenor de la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

No cabe duda, que uno de los problemas más lacerantes de nuestra realidad social mexicana, es la situación que viven las personas incapaces y las que presentan un retardo en su desarrollo; debido a la gran cantidad de estos individuos, que fluctúan entre los ocho millones de mexicanos, los que sumados a los núcleos familiares a los cuales pertenecen, son por lo menos veinticuatro millones de compatriotas involucrados directamente con este fenómeno.

Dicha problemática se acentúa, por la poca o casi nula participación de estos sujetos en actividades productivas del país, así como por el olvido social en que se les mantiene.

No obstante el esfuerzo de instituciones y asociaciones tales como la Dirección General de Educación Especial, la Asociación Pro - Paralíticos Cerebrales, el Centro de Capacitación para la Vida Independiente de Personas con Deficiencia Mental, entre otras, y la relevancia que el actual gobierno de la República le ha dado en últimas fechas, en materia de educación especial aún falta mucho por hacer y trascender en apoyo de una vida más para estás personas

El artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, en vigor; emplea una clasificación por demás obsoleta y denigrante para dirigirse al núcleo social de referencia.

Más aún, ni siquiera considera a aquellos que sin ser incapaces presentan un desarrollo retardado, pero que por sus rasgos físicos, alterados por padecimientos biológicos y sus actitudes lentas se les encuadra como incapaces, siendo esto erróneo; ya que mediante educación especial pueden valerse por sí mismos, ser productivos y, por ende, celebrar cualquier acto jurídico.

La ratio legis debe proteger los intereses que atañen a la colectividad; la norma jurídica debe adecuarse a los nuevos conceptos que en materia científica se han desarrollado; empleando los términos técnicamente adecuados, considerando a esas personas que legítimamente son sujetos de derechos y obligaciones.

Ciertamente, que en esta honorable Cámara de Diputados hay una conciencia clara y una convicción propia acerca de la necesidad de fomentar y ampliar el marco jurídico, social, económico y cultural de estos compatriotas nuestros, prueba de esto, son las propuestas que en esta tribuna, hiciere, apenas hace algunos días, la compañera diputada Sofía Valencia Abundis, del Partido Revolucionario Institucional, misma que todos aplaudimos.

Es por eso, que limitándonos a tan sólo uno de los marcos referidos, el jurídico, la iniciativa propuesta pretende adecuar la norma jurídica a los nuevos conceptos que en el área técnico - científica prevalecen y plantea con fundamentos de razón humana, jurídica, social y técnica, un avance de la ley en la interacción social de este sector de la población con alteraciones y/o deficiencias mentales, científicamente llamadas atípicos.

Al efecto, el artículo 450 en vigor, de la multicitada legislación civil, establece en su fracción II: "Los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecilidad, aun cuando tengan intervalos lúcidos"; lo cual resulta técnicamente inadecuada; habrá individuos mermados en sus facultades e inteligencia, pero jamás privados de ella totalmente.

Por otra parte, alude conceptos como: locura, idiotismo o imbecilidad, que resultan anacrónicos debido a que la ciencia médica ya no los utiliza; más aún, son términos peyorativos, en razón del uso popular que se les asigna a estos conceptos para agredir y mofarse de la calidad de las personas, por ende, para referirnos a estos incapaces debemos utilizar una terminología que sea propia, digna y, sobre todo, basada en una actual clasificación científica.

En su fracción III: "Los sordomudos que no saben leer ni escribir". Cabe precisar que en la actualidad se cuenta con un buen número de técnicas de enseñanza en la educación especial, por lo que es común que el individuo sordomudo aprenda una forma de comunicación que le permita desarrollarse y consentir con las demás personas, independientemente de sí aprende o no a leer y escribir.

En su fracción IV: "Los ebrios consuetudinarios y los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes". Esta fracción es poco clara, en virtud de que se considera, que dado el avance de la medicina, la farmacología y la psicofarmacología nos permite emplear, cuestionar y determinar:

1. Términos más precisos en el contexto socio científico;

2. Se cuestionaría el término "habitualmente", ya que resulta subjetivo porque las variables empleadas para calificar lo "habitual", sería por ejemplo: la costumbre, el estado anímico de cada persona, etcétera, y no elementos objetivos y universales tales como la interferencia en las relaciones y perturbaciones mentales.

Por los anteriores motivos, proponemos la derogación del artículo 450 y la adición al artículo 23, ya que técnicamente resulta más adecuado hablar de la incapacidad natural y legal, en el Libro Primero, de las personas; Título Primero, de las personas físicas, y no en el Capítulo IX, de la tutela; Capítulo I, disposiciones generales, en lo siguiente:

Tienen incapacidad natural y legal:

I. Los menores de edad. Respetando la anterior redacción del artículo 450.

II. Los mayores de edad, mermados en su inteligencia por alteraciones fisiológicas, neuro - psicológica y sociales, aun cuando tengan intervalos lúcidos. Se sugiere el término mermado, ya que no existen sujetos privados de razón, sino únicamente disminuidos; se introducen los términos técnica y científicamente adecuados, como son: alteraciones fisiológicas, neuro - psicológicas y sociales.

Fisiológicas: En atención a los síndromes y a las anormalidades funcionales.

Neuro - psicológicas: en razón a las perturbaciones y desequilibrios de origen mental.

Alteraciones sociales: provocadas por las condiciones medio ambientales.

III. Los mayores de edad cuyos impedimentos físicos no les permitan comunicarse en forma alguna; ya sea verbal, escrita, o mediante lenguaje mímico. Se amplia la incapacidad natural y legal a todos aquellos impedidos físicamente para comunicarse no solamente los sordomudos, además se amplían los conceptos de comunicación a los derivados de la educación especial, como es el lenguaje mímico.

IV. Los mayores de edad, que a partir del uso reiterado de sustancias tales como el alcohol, inhalantes químicos y drogas; muestren perturbaciones conductuales, implicando una interferencia en sus relaciones interpersonales. En esta redacción se eliminan los términos que tradicionalmente se han prestado a interpretaciones ambiguas y poco claras, tales como consuetudinarios y habitualmente, se precisan términos técnicamente adecuados como perturbaciones conductuales y se plantea de modo general las sustancias que alteran el comportamiento del individuo.

Asimismo, adicionamos un artículo 23-bis, para considerar jurídicamente a aquellas personas mayores de edad, que no siendo incapaces, presentan un retardo en su desarrollo; pero que con las técnicas actuales de educación especial, pueden llevar una vida normal, relacionarse con los demás, valerse por sí mismos y por lo tanto ejercitar sus derechos y obligaciones por sí solos. Estableciendo, en consecuencia, la necesidad de contar con un peritaje que seguirá las reglas del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en relación a la declaración de la capacidad de las personas.

Por las anteriores razones, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY QUE DEROGA EL ARTÍCULO 450 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN, Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL Y QUE ADICIONA SU ARTÍCULO 23 Y UN ARTÍCULO 23-BIS

Artículo primero. Se deroga el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, en vigor.

Artículo segundo. Se adiciona el artículo 23 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, en vigor, para quedar como sigue:

Artículo 23. La menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley son restricciones a la personalidad jurídica; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.

Tienen incapacidad natural legal:

I. Los menores de edad;

II. Los mayores de edad, mermados en su inteligencia por alteraciones fisiológicas, neuro - psicológicas y sociales, aun cuando tengan intervalos lúcidos;

III. los mayores de edad, cuyos impedimentos físicos no les permitan comunicarse en forma alguna; ya sea verbal, escrita o mediante lenguaje mímico;

IV. Los mayores de edad, que a partir del uso reiterado de sustancias tales como el alcohol, inhalantes químicos y drogas; muestren perturbaciones conductuales, implicando una interferencia en sus relaciones interpersonales.

Artículo tercero. Se adiciona el artículo 23-bis del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal, en vigor, para quedar como sigue:

Artículo 23-bis. Serán excluidos del supuesto de la fracción II del artículo que precede; los mayores de edad, que mediante peritaje competente se determine que poseen un coeficiente intelectual hasta un rango por debajo de la media de la población mexicana. Y que además se observe que conductualmente presentan: hábitos de auto - cuidado, lenguaje funcional y que sean capaces de conducirse con autonomía.

TRANSITORIO

Unico. La presente iniciativa que deroga el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la República en Materia Federal y que adiciona su artículo 23 y un artículo 23-bis. entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Cámara de Diputados, a los 19 días del mes de diciembre de 1990. -Diputados: Jaime Fernández Sánchez, Ruth Olvera Nieto, Sóstenes Melgarejo Fraga, María Guadalupe Rodríguez Carrera, José González Morfín, Patricia Garduño Morales, María Teresa Cortés Cervantes, María Teresa Ortuño Gurza, Prisciliano Melendres Barrios, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Eliher Saúl Flores Nieto, Jorge Galván Moreno, Gaudencio Vera Vera, José Luis Luege Tamargo, Mario Armando Riojas Almanza, Noé Aguilar Tinajero, Alejandro Díaz Pérez Duarte, Santiago de Jesús Rodríguez del Valle, Norberto Corella Gil Samaniego, Ramiro Pedroza Torres, Francisco de Jesús Cabrera González, Eleazar Guadalupe Cobos Borrego, José Félix Bueno Carrera, Pedro Rigoberto López Alarid, José Ángel Luna Mijares, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime García Martínez, Enrique Martínez Hinojosa, José Herrera Reyes, Gildardo Gómez Verónica, Raúl Octavio Espinoza Martínez, Benito Fernando Rossel Isaac, Eduardo Arias Aparicio, Manuel de Jesús A. Ponce González, Astolfo Vicencio Tovar, Luis Alberto Delgado Esteva, José Manuel Martínez Aguirre, Francisco P. Martín V., Matías Salvador Fernández Gavaldón, Horacio González de las Casas, Pedro César Acosta Palomino, José Manuel Mendoza Márquez, Carlos Mauricio Aguilar Camargo, Mario Leal Campos y Jaime Guillermo Aviña Zepeda.»

Trámite: - Túrnese a la Comisión de Justicia.

ARTÍCULO 82 CONSTITUCIONAL

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Arenas Rodríguez, del partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez:

«Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Honorable asamblea: Los suscritos, con el carácter de diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión y a título personal, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de la asamblea de esta Cámara, la presente iniciativa de reforma a la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que el Presidente de la República sólo sea mexicano por nacimiento sin que la filiación de los padres lo sea.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el acta constitutiva y en la Constitución de 1824, bastaba con que el ciudadano hubiera nacido en cualquier estado o territorio de acuerdo al principio del ius soli. Este sistema fue modificado en términos reales, cuando por decreto del 14 de abril de 1828 se reconoció en su artículo 9o. del supuesto de que "los hijos de los ciudadanos mexicanos que nazcan fuera del territorio de la nación serán considerados como nacidos en él." Este es el inciso del principio ius sanguinis.

En la sesión del 12 de mayo de 1886 el entonces diputado José Ives Limantour solicitó la modificación de ese artículo, para contemplar a los hijos de extranjeros nacidos en territorio mexicano como plenamente capacitados para ocupar los cargos públicos de los que, por principio, quedaban excluidos. Su argumentación se basó en el hecho de que, a pesar del principio ius sanguinis, el nacido y educado en México guarda el mismo

patriotismo, sin importar sí sus padres son extranjeros o mexicanos de origen. Esta modificación fue aprobada en la Cámara de Diputados y en las subsecuentes etapas del procedimiento legislativo.

No obstante, la disposición constitucional de 1857, en su artículo 77, establecía que para el cargo de Presidente, se requería la nacionalidad por nacimiento y no por naturalización. Cuando el 8 de mayo de 1893 Limantour fue nombrado Secretario de Hacienda hubo gran descontento porque se trataba de un "hijo de extranjeros". Su defensa fue realizada en el Diario Oficial de la Federación del 16 de enero de 1894. Sin embargo, fue con motivo de la sucesión presidencial, que, en el año de 1902, se agudizaron los ataques hacia Limantour.

En la segunda defensa pública, contenida en el Diario Oficial de la Federación del 1o. de enero de 1903, se ejemplificaba que los prohombres de México muchos han sido hijos de padres extranjeros y como botón de muestra se señalaron: Lucas Alemán, Valentín Gómez Farías, Manuel de la Peña, Mariano Arista, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias, etcétera. Para 1890 el principal contrincante de Limantour lo era Bernardo Reyes, quien, a su vez, también era hijo de padres extranjeros (nicaragüenses.)

En el Constituyente de Querétaro, el 17 de enero de 1917, se dictaminó el artículo 30 del proyecto de Carranza, la comisión dictaminó en el sentido de asimilar a los mexicanos por nacimiento a los hijos de extranjeros nacidos en territorio nacional. Este dictamen fue atacado por José Natividad Macías, el 19 de enero, pues manifestó que no es mexicano por nacimiento más que el que nace mexicano y no el que, al llegar a la mayoría de edad decide ser mexicano, Macías puso como ejemplo precisamente el caso de Limantour y sus posibilidades de que un integrante del grupo de los "científicos" hubiere llegado a la Presidencia de la República.

El proyecto de Carranza, que fuera elaborado fundamentalmente a partir de las ideas de Macías, estableció como requisito adicional el que fuese mexicano por nacimiento y que sus padres fueran igualmente mexicanos por nacimiento.

Felipe Tena Ramírez, en su libro de derecho constitucional mexicano opina al respecto lo siguiente: "La razón de exigir la ciudadanía mexicana es manifiesta, pues según el artículo 35, fracción II, es prerrogativa del ciudadano poder ser votado para los cargos de elección popular. Justifícase así mismo la condición de que el Presidente sea mexicano por nacimiento, pues es claro que la más alta magistratura del país no debe encomendarse a un extranjero de origen, aun cuando esté nacionalizado. Hasta allí coincide la Constitución actual con la de 1857, pero agrega la condición de que el presidente sea hijo de padres mexicanos por nacimiento. Sólo un nacionalismo excesivo, que en general no admiten las constituciones de otros países, puede explicar la exigencia de que los padres del Jefe del Ejecutivo sean mexicanos por nacimiento y no por naturalización; nuestra historia no justifica la presencia de este requisito, pues nunca se ha dado el caso de que a través de un Presidente, hijo de padres extranjeros, ejerza influencia en los destinos de México, el país de origen de los padres".

Por otra parte, el doctor Jorge Carpizo en su libro "El Presidencialismo mexicano" nos dice: Lo primero que se exige es ser ciudadano mexicano, lo cual es muy natural ya que conforme a la fracción II del artículo 35 constitucional, es prerrogativa del ciudadano poder ser votado para todos los cargos de elección popular. Además se pide ser ciudadano mexicano por nacimiento, pues se supone que así se es más adicto a la patria que los que son mexicanos por simple naturalización; se trata de evitar que se sigan intereses que no sean los de México, como podría acontecer sí antes se ha tenido otra nacionalidad.

Pero además hay otro requerimiento: ser hijo de padres mexicanos por nacimiento. Esta parte de la fracción es una novedad del Constituyente de 1917 . Explica aquí el doctor Carpizo que lo que se trató era evitar que una persona "extranjerizante" pudiera llegar a la Presidencia ya que aún estaba fresco el recuerdo de Limantour, a quien se consideraba un afrancesado.

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados lo siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se reforma la fracción I del artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 82. Para ser presidente se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, 20 de diciembre de 1990.- Firmamos este documento los siguientes diputados: Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, Rodolfo Elizondo Torres, José Natividad Jiménez Moreno, Elhier Saúl Flores Prieto, Ambrosio Montellano Bustos, César Coll Carabias, Espiridión Sánchez López, Gerardo Medina Valdez, Ramiro Pedroza Torres,

Gildardo Gómez Verónica, Jorge Alberto Ling Altamirano, Luis Alberto Delgado Esteva, Vicente Fox Quezada, Jaime Guillermo Aviña Zepeda y Silvano Urzúa Ochoa.»

Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA

LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rojas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.

«Comisión de Salubridad y Asistencia.

Honorable asamblea: A la comisión de Salubridad y Asistencia, le fue turnada para los efectos de estudio y revisión del decreto que reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, fue analizada, dictaminada y aprobada con modificaciones por la honorable Cámara de Senadores que la remitió a esta Cámara de Diputados para su estudio, dictamen y aprobación en su caso.

De conformidad con lo previsto en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General y artículos 87, 88 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, habiéndose analizado y estudiado la importancia que reviste esta iniciativa, la Comisión de Salubridad y Asistencia, somete a esta honorable asamblea el siguiente

DICTAMEN

CONSIDERACIONES

Los Legisladores integrantes de la Comisión de Salubridad y Asistencia, estiman que la presente iniciativa aprobada con modificaciones por el Senado de la República como lo señalan normativamente los preceptos constitucionales invocados para los efectos de aprobar el decreto que reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, y que tanto la minuta y esta iniciativa con su respectiva exposición de motivos fueron distribuidas entre los miembros de esta comisión, que en un marco de absoluta libertad deliberaron sobre el objetivo escencial de la misma, respondiendo al sentir popular de contarse con los instrumentos legales que regulen la asistencia privada de forma, que en lo general el derecho a la salud sea garantía real para todos los mexicanos, como lo dispone el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional, que consagra la salud como un buen social, en cuya protección deben participar el Estado, la sociedad y los diversos sectores que organizadamente la componen, cuya atención es encausada a los grupos más vulnerados o marginados, y como consecuencia en el seno de las reuniones de trabajo de esta propia Comisión de Salubridad y Asistencia, somete a la resolución de esta asamblea las siguientes argumentaciones.

CONSIDERACIONES

El instrumento legal anteriormente mencionado que otorga esa nueva garantía por el que confía a los poderes públicos la responsabilidad de adoptar las medidas pertinentes para que conjuntamente se avance en forma ágil en un proceso de modernidad y adecuación jurídica para obtener un verdadero derecho de protección de la salud, norman el lineamiento que no puede ser soslayado por el Estado cuando programa su acción y asigna recursos necesarios a su fiel cumplimiento en el Plan Nacional de Desarrollo, y es imperativo señalar que la salud es una de las más importantes prioridades sociales, y es incuestionable que su disfrute contribuya al pleno desenvolvimiento de las facultades humanas de justicia social y el mejor desempeño en la sociedad de los grupos más vulnerados. Si la atención de la salud es imprescindible para todos los mexicanos, es un imperativo inaplazable para las clases más desprotegidas, ya que al preservarse ésta con los nuevos cambios, depende el futuro de hombres,

mujeres, jóvenes y niños, con pleno derecho, participen democráticamente y con absoluta libertad de los beneficios del programa de solidaridad a que aspiramos verticalmente todos los mexicanos.

Para ello la preceptuación legal que al efecto se invoca y se señala en el artículo 25 de nuestra Constitución política indica indeclinablemente que el desarrollo será integral y vigorizará la soberanía de la nación y la democracia, en el fomento del crecimiento económico, el empleo y un equitativo reparto en el ingreso y la riqueza.

Por lo que al invocarse esta fundamentación, el sano propósito que persigue el mismo no se proyectará si no se ampara la salud de los mexicanos, con medidas proteccionistas y solidarias, con programas y acciones inmediatas de asistencia social que erradiquen las carencias de los grupos más desvalidos, abatiéndose en forma permanente las carencias, padecimientos y enfermedades.

La salud debe preservarse en forma integral, su exigencia debe contemplarse tomando en consideración los factores socioeconómicos y culturales que implícitamente inciden en la misma y que es deber del Estado, la comunidad y particulares que se obligan en el marco jurídico para atenuar y suprimir cuando afecten al desarrollo de las facultades del ser humano.

El desarrollo desigual que caracteriza a los países en proceso de crecimiento como el nuestro, provoca la formulación de grupos sociales con mayor grado de vulnerabilidad y menores posibilidades de ingreso.

La asistencia privada es aquella que patrocinan los particulares y que realizan actos humanitarios sin propósito de lucro y a los cuales con apego estricto a la ley, el Estado les reconoce personalidad jurídica, sustentándose en el sentido de solidaridad y altruismo, siendo de gran tradición en nuestro país en el decurso de los años, por lo que no debemos de omitir la importancia de la misma.

La iniciativa del decreto que nos ocupa al establecer la reforma al artículo 83 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, no hace más que adecuarla en un sentido de modernidad, ya que al ser una ley de carácter estrictamente local la misma debe de estar operada a través de la Junta de Asistencia Privada, por conducto del presidente que designe el jefe del departamento del Distrito Federal, consecuentemente las reformas a los artículos 84 fracción I, 89, 92 fracción VII, 93 - bis y 86 del citado ordenamiento tienen como consecuencia la adaptabilidad del cambio que por exigencias carácter jurídico, social y económico se aplican a la misma

Destaca por su importancia la reforma al artículo 93 - bis del citado ordenamiento, toda vez que podrán aprovecharse los conocimientos y experiencias de la Junta de Asistencia Privada, para que através de las coordinaciones que establezca el Departamento del Distrito Federal con las entidades federativas se les otorgue a estas últimas la asesoría técnica que en materia asistencial requieran los gobiernos estatales.

Así también la reforma al artículo primero del decreto de ley que nos ocupa, al establecer que podrán acogerse a la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, las instituciones cuyo objeto sea el de ejecutar actos de solidaridad que tiendan al desarrollo social, lo hace más genérico y con aptitud de incorporar a un mayor número de instituciones de carácter asistencial.

En lo referente a la reforma a la fracción I del artículo 51 del decreto que nos ocupa, coincidimos con la colegisladora al considerar que es acertada la proposición de reforma, al establecer el impedimento para desempeñar el cargo de patrono en una institución de asistencia privada, a las personas que se encuentran impedidas por la ley, con los mismos fundamentos legales que establece el Senado en su minuta.

La referida iniciativa de decreto al establecer reformas a las fracciones III y IV del artículo 82 de la ley que nos ocupa, lo hace en forma adecuada y acertada ya que las citadas modificaciones tendrán como objeto y finalidad establecer una mejor vigilancia de los fondos que se recauden, para beneficio de las instituciones asistenciales de carácter privado que organicen los citados festivales. Así también resulta conveniente el aviso que se dé al delegado político de los multicitados festivales, toda vez que además de cumplirse con los procedimientos administrativos correspondientes, se establece un mejor control y supervisión de los festivales que organicen las instituciones privadas, inclusive para garantizar la seguridad e integridad de quienes concurran a dichos actos.

Coincidimos con el señalamiento que hace el Senado al referirse a la reforma que se plantea en relación a la elección del presidente de la junta, toda vez que mediante el sistema que se propone efectivamente se una mayor participación a las instituciones ya que tienen la posibilidad de presentar una terna, para que el jefe del Departamento del Distrito Federal, dentro de los mismos

designe al presidente de la Junta de Asistencia Privada.

Por último, al incrementarse el número de vocales a nueve personas en la Junta de Asistencia Privada, se hace con la finalidad de darle una mejor representación y participación a las instituciones de asistencia privada, lo que obviamente es un reconocimiento a quien en forma altruista colaboran con el Estado a la solución de los problemas de las clases más vulneradas.

En razón de los planteamientos y consideraciones formuladas en este proyecto de decreto, resumimos que el mismo no pretende terminar con la asistencia privada, si no lo que se busca es adecuarla en un concepto de modernidad y dentro del marco jurídico, dándole una mejor operatividad a las instituciones de carácter privado quienes persiguen fines altruistas complementen las funciones de asistencia social que lleva a cabo el Estado, en cuyo caso el poder público ejercerá el control sobre las citadas instituciones a través del Departamento del Distrito Federal.

Esta comisión coincide y se adhiere al agregado que hace la colegisladora al artículo segundo transitorio por considerar que el mismo resulta de beneficio en protección a los derechos de los trabajadores que prestan sus servicios en la Junta de Asistencia Privada y se incorporarán al Departamento del Distrito Federal, cuyo destino en sus actividades se determina en la minuta de la colegisladora.

Los miembros de la comisión que suscribe se permiten solicitar a esta soberanía la aprobación del decreto que reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

DECRETO QUE REFORMA LA LEY DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo único. Se reforman los artículos 1o. segundo párrafo, 51, fracción I; 82, fracciones III y IV; 83, 84, 86, 89, 91, fracción XXI; 92, fracción VII y 93 - bis, de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 1o.

Podrán acogerse a las disposiciones de esta ley las instituciones cuyo objeto sea ejecutar actos de solidaridad que tiendan al desarrollo social.

Artículo 51. No podrán desempeñar el cargo de patrono de una institución:

I. Quienes están impedidos por la ley;

II a V

Artículo 82. Cuando los patronatos de las instituciones deseen organizar algún festival o espectáculo de los que habla el artículo 79, se observarán las prevenciones siguientes:

I y II.

III. la junta designará un inspector o un auditor para que ejerza la vigilancia correspondiente, autorizará los boletos de paga o cortesía y las invitaciones que expidan los patronatos y girará oficio al delegado del Departamento del Distrito Federal correspondiente, para que se otorgue la licencia o el permiso sin exigir el pago de impuestos, derechos o tasas, y

IV. El inspector o auditor designado por la junta vigilará que no tengan acceso al espectáculo o al festival sino aquellas personas que presenten boletos o invitaciones autorizados por la junta.

Artículo 83. La Junta de Asistencia Privada es un órgano administrativo desconcentrado por función, jerárquicamente subordinado al Departamento del Distrito Federal, por medio del cual el poder público ejerce la vigilancia y asesoría que le compete sobre las instituciones de asistencia privada que se constituyan conforme a esta ley.

Artículo 84. La Junta estará a cargo de un consejo de vocales integrado por:

I. Un presidente que será designado por el jefe del Departamento del Distrito Federal, quien lo elegirá de la terna que le sea presentada por los vocales representantes de las instituciones, y

II. Por nueve vocales designados entre personas de reconocida honorabilidad, mexicanos por nacimiento, menores de 75 años, y quienes deberán desempeñar sus funciones personalmente. Dicho cargo es indeleble.

Al sector público le corresponde designar cuatro vocales, uno por cada una de las siguientes dependencias, Departamento del Distrito Federal y secretarías de Hacienda y Crédito público, Educación Pública y Salud.

Los vocales restantes serán designados por las instituciones, podrán ser o no patronos de éstas, no deberán ser servidores públicos y se designarán uno por cada uno de los rubros que a continuación se indican, según la función predominante prestada por las instituciones:

a) Atención a niños y adolescentes;

b) Atención al anciano;

c) Atención médica;

d) Asistencia en la educación, y

e) Otra clase de servicios asistenciales.

La designación de estos vocales se hará por mayoría de votos, teniendo un voto cada institución y en caso de empate, decidirá el presidente de la junta.

Artículo 86. Las instituciones cubrirán a la junta una cuota del seis al millar sobre sus ingresos brutos, destinada a cubrir los gastos de operación de la junta de conformidad con el presupuesto anual y a los gastos extraordinarios autorizados por el consejo de vocales, no se pagará la citada cuota por al parte de los ingresos que consistan en comida y ropa o cuando se trate de las asociaciones a las que se refiere el artículo 6o.

Las cuotas a que se refiere este artículo no formarán parte de los ingresos del Estado ni figurarán en su presupuesto; serán pagadas por las instituciones mensualmente dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la forma y lugar que señale la junta.

Artículo 89. Las ausencias del presidente se suplirán por el vocal designado por el Departamento del Distrito Federal y en ausencia de éste, por algunos de los vocales designados por el sector público en el orden establecido en el artículo 84, fracción II, párrafo segundo de esta ley, lo cual se hará constar en el acta de sesión.

Artículo 91. Para el cumplimiento de sus fines, la junta tendrá las siguientes funciones:

I a XX

XXI. Las demás que le confiere la ley, el Departamento del Distrito Federal y otras disposiciones aplicables.

Artículo 92. Serán facultades y obligaciones del presidente de la junta:

I a VI

VII. Acordar con el jefe del Departamento del Distrito Federal, con la regularidad que señale, a fin de informarle sobre la marcha de los asuntos que le competen a la Junta de Asistencia Privada;

VIII a XIV.

Artículo 93 - bis. El departamento del Distrito federal podrá celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos de los estados para que, por medio de la Junta de Asistencia Privada, se les proporcione asesoría y asistencia técnica en materia de asistencia privada.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. La Junta de Asistencia Privada pasará de la Secretaría de Salud al Departamento del Distrito Federal con el personal y los recursos con que actualmente cuenta, para lo cual se dará la intervención que corresponda a las secretarías de Programación y Presupuesto, Contraloría General de la Federación y Desarrollo Urbano y Ecología. En todo caso, se respetarán los derechos que hasta la fecha hubieren adquirido los trabajadores de la Junta de Asistencia Privada.

Artículo tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.

Recinto de sesiones de la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, 19 de diciembre de 1990.- Diputados: Víctor Manuel Sarabia Luna, presidente; secretarios: Sara Villalpando Núñez, Mario Rojas Alba; Juan Albarrán Castañeda, Cupertino Alejo Domínguez, Antonio Alvarez Esparza, Víctor Manuel Ávalos Limón, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luisa María Calderón Hinojosa y Rafael Campos López.»

Trámite: - Primera lectura.

PROPOSICIONES

CULTIVO DEL MAGUEY

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Pelcastre Rojas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el cultivo del maguey.

El diputado Jesús Pelcastre Rojas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Con todo respeto y atención les pido me presten atención a lo que voy a exponer sobre el tema "magueyes", ya que es la primera vez que subo a esta tribuna y que en el curso de dos años y otro ratito siempre los he escuchado a

ustedes con mucha atención y por mucho rato. (Aplausos.)

El tema son los magueyes y su exterminación.

Los magueyes son las plantas maravillosas de los cuatro estados del altiplano: Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y México. Y son la planta maravillosa, porque estos magueyes son muy resistentes. Si no llueve por cinco o más años, estos magueyes no mueren; los magueyes son muy resistentes a las heladas, aunque hiele muy fuerte los magueyes no mueren; el maguey es una planta muy sana. ésta no requiere de herbicidas ni de fungicidas; por eso es la planta más maravillosa del altiplano.

¿Qué papel desempeñan los magueyes? Los magueyes sirven para proteger la erosión de nuestro suelos tan degradados, la erosión pluvial y la erosión aérea como cortina o rompevientos. ¿Quién no tiene memoria de los que en otros años salíamos por los campos del altiplano y se veían los campos verdes de tantas plantas? ¡Hoy solamente vemos tierras desprotegidas expuestas a todas las erosiones! Eso es para lo que sirven los magueyes.

¿Qué producen los magueyes? su mayor producción es el aguamiel. El aguamiel se transforma a través de la fermentación en pulque. ¿Qué otra cosa producen los magueyes? En los magueyes se crían dos larvas, que son: el gusano blanco y el gusano chilocuil. ¿Quién de los compañeros aquí presentes que tuvieron la suerte de probar estos animales que ricos eran? ¡Hoy están terminándose!

¿Que otras cosas producen los magueyes? Cuando se salta el jiote da una flor y esa flor se llama hualumbo, ésa se cocina y es muy sabrosa. También del melollote de los magueyes se extraen los mixiotes. ¿Quién de todos ustedes ha tenido la suerte de ir a un restaurante a comerse un mixiote? verán qué sabor tan especial tiene esos mixiotes.

Los magueyes producen, aparte de eso, forraje para nuestro ganado; la penca gruesa es la que se le da de alimento al ganado en estos estados antes marcados por las zonas áridas, con eso se mantiene toda esta temporada, con los magueyes. Con la penca delgada se cubren hornos para hacer barbacoa, dándole un saber muy exquisito a la barbacoa.

En otros tiempos, antes de que nos llegara la petroquímica, de la fibra del maguey se sacaban lazos, riatas. El ayate de Juan Diego era de la fibra del maguey; eso es lo que producen los magueyes.

Dice la historia que fue un conejo el que le royó a la piña del maguey, ahí lloró el aguamiel y éste se fermentó, y para los entendidos, dicen que el primer borracho de pulque fue un conejo. Esto lo descubrió la reina Xóchitl, hizo lo mismo y del aguamiel se fermentó el pulque y se lo ofreció al rey Huitzilopochtli; el rey Huitzilopochtli lo catalogó como el rico néctar de los dioses, ése es del maguey.

Después los conocedores consideraron que al pulque sólo le faltaba el hueso para que fuera carne; vamos a ver por qué. Desde la Santa Inquisición hasta la esclavitud del porfiriato, nuestros compañeros, hermanos, campesinos o esclavos de esos tiempos, trabajaban todo el día y tenían como alimento solamente tortilla con chile o con frijoles y sus tres litros de pulque, y sin embargo eso les servía para que rindieran el trabajo de las 12 horas que les aplicaban.

La industria magueyera fue una fuente de trabajo en esos cuatro estados del altiplano. ¿por qué?, porque desde que se arrancaba el maguey se le daba trabajo a algunas personas; después quien iba a capar los magueyes, después quien raspaba los magueyes, después el mayordomo, el que lavaba las tinas, los transportes; ¿quién no recuerda los ferrocarriles llenos de jaulas con harto pulque que transportaban para acá? Ahí, los macheros, los choferes; aquí en México cuando llegaba el pulque, nuevamente los choferes y los macheteros, los jicareros en las pulquerías, todo eso era fuente de trabajo para miles de familias que en otros tiempos así fue.

Los magueyes, en el estado de Tlaxcala, en los cuatro estados antes mencionados, fueron una fuente de ingresos, porque sus ingresos que se pagaban a través de las facturas, serían para alivianar los problemas de cada entidad, ejemplo Tlaxcala, que no tiene litorales y no tiene minerales y que no tiene nada; con los impuestos que cobraban de la facturación para la venta del pulque, con eso se alivianaba mucho.

En el gobierno de don Adolfo López Mateos se creó el Patronato del Maguey, esto fue para investigar la producción del aguamiel y su fermentación, para ver qué otras cosas le podían sacar a esto, como sacarosas, mieles, envasado de pulque; éste se embazó, alguno de ustedes habrá visto, por lo menos en las ferias estatales o regionales, la venta del pulque reina, la venta del pulque del magueyín. También se trató de embotellar el aguamiel para que éste se vendiera como refresco. En ese programa se trató también de producir levaduras, papel, shampoo, aguardientes; a través de los destilados del pulque también salió el aguardiente, desgraciadamente este

aguardiente no tiene comercialización. Ustedes habrán encontrado ese aguardiente, uno se llama "acapulque" y le pusieron así por lo atractivo de Acapulco; el otro aguardiente, fue el aguardiente Apan, porque muchos de ustedes sabrán que en cualquier parte del México se encontraba una pulquería con el nombre de "Pulque de los Llanos de Apan", desgraciadamente en nuestros llanos de apan ya no hay magueyeras, están desiertos.

Se programó también que iban a producir pastillas medicinales para los diabéticos, desgraciadamente nunca se vio el resultado. ¡Ah! pero hay una cosa muy curiosa, hoy están creándose mecuatitos, o sea magueyitos en probeta. Imagínense estos magueyitos en probeta cuando salgan a las inclemencias del tiempo; considero que esos magueyitos no las van a resistir.

Al crearse el Patronato, la Promotora del Maguey, se construyeron tres tinacales, uno en Santa María Tecajete, estado de Hidalgo, otro en Calpulalpan, estado de Tlaxcala, otro en Ajapusco, estado de México y la receptora del pulque aquí en la ciudad de México por el rumbo de los Indios Verdes.

El primer presidente fue don Vicente Aguirre, exgobernador del estado de Hidalgo; en los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, estuvo al frente de este patronato el licenciado Oscar Bravo Santos y que fue el que le cambió el nombre de patronato por Promotora del Maguey y el Nopal; el cambio de nombre no benefició en nada a los magueyes, los resultados fueron los mismos.

En el actual gobierno, esta Promotora del Maguey y el Nopal se fusionó a la Comisión Nacional de Zonas Áridas, y durante todo este tiempo transcurrido no se le han visto señales de vida en favor de los magueyes.

Uno de los problemas principales del porqué los campesinos no quieren sembrar magueyes es por los siguiente: por la adulteración del pulque. Miren ustedes, se ponen mil litros de agua en un recipiente, en una tina, a eso se le pone un bulto de azúcar y a éste se le ponen 200 litros de pulque para que provoque la fermentación del azúcar, de lo contrario nada más sería un agua endulzada; a los seis días tenemos un pulque con color, con sabor y con cuerpo, ésa es la adulteración; sin embargo, la Secretaría de Salud no hace nada por esto. Aquí en México se vende este tipo de pulques que es una porquería.

También el otro motivo del porqué no se siguen plantando magueyes, es por el abuso de los mixioteros que en la noche van a las plantaciones en forma de grupo, armados y que son muy peligrosos y le extraen el mixiote a los magueyes; aunque está prohibida esta extracción de mixiote, ellos lo hacen ocultamente. También esta prohibido que estos mixiotes se vendan en los restaurantes. Es también competencia de la Secretaría de Salubridad que vigile esto, sin embargo no lo ha hecho. Por esa razón los compañeros campesinos no quieren saber nada de los magueyes.

A las comisiones unidas de Agricultura, Ecología y Medio Ambiente, les pido intervengan ante quien sea, para que rescatemos estos magueyes, porque de no ser así, será el exterminio de los mismos y ya no tendremos con qué proteger nuestras tierras de la erosión pluvial y aérea.

Yo sigo plantando magueyes, por tres razones: una, por proteger mi parcela con los magueyes; dos, porque mis hijos o mis nietos, de aquí a 10 ó 15 años, tengan la dicha de tomarse el rico néctar de los dioses, porque de ése ya no se logra...(Aplausos.)

Y tres, sigo plantando magueyes porque imagínense, ahorita en este tiempo Ferrusquilla hizo una canción que se llama "La Ley del Monte", y dijo: "En la penca de un maguey grabé tu nombre". Si de aquí a 20 años hay otro Ferrusquilla y quiere inspirarse, ya no va a tener un maguey en donde escribir una frase.

Por esas razones les pido a estas comisiones que hagan todo lo posible para que rescatemos a los magueyes de esta amenaza que es la erosión, y soy tal vez el único diputado aquí de todos mis compañeros que tengo este amor y esa voluntad de pedir que sigamos defendiendo a los magueyes. Muchas gracias. (Aplausos,)

El Presidente: - Túrnense a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

TALA INMODERADA DE BOSQUES

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre las garantías constitucionales y derechos laborales de los jornaleros agrícolas... ¿No se encuentra?... Tiene la palabra el diputado Francisco Martín Valdez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre la tala inmoderada de bosques en la República mexicana.

El diputado Francisco Martín Valdez: - Compañeros diputados; Presidente de esta

honorable asamblea, con su venia: Pedí subir a esta tribuna, con objeto de intentar concientizarlos a todos sobre la necesidad urgente que tenemos todos de tomar las medidas necesarias ante la grave situación en que se encuentra toda la nación, por lo que a continuación diré, y una vez de haberlo hecho, nosotros tenemos la necesidad de hacerlo extensivo para cada uno de nuestros conocidos, en el lugar de origen de cada uno, para que cooperemos para reponer a las futuras generaciones lo que en este momento nosotros les estamos quitando.

México tiene innumerables problemas, que son el producto de muchos años de falta de democracia, de una verdadera educación, falta de amor a la patria en muchos de nuestros gobernantes.

Uno de esos problemas, muy grave y de muy difícil reparación, en caso de que no lo detengamos ahora, es la deforestación, que es ya un fenómeno nacional. La tala de los bosques, inmoderada y criminal, ya no es algo que suceda aisladamente en uno o en otro lugar de México; ahora el problema es nacional. En todas partes se ve y se sabe de explotadores irracionales, lo mismo de las selvas tropicales del sureste, en Chiapas, en Tabasco, en Quintana Roo...

El Presidente: - Su atención, señores diputados.

El diputado Francisco Marín Valdez: - Que en los bosques de coníferas en el estado Michoacán, de Durango y de Tamaulipas.

Esta denuncia es un llamado urgente para que todos pongamos remedio cuanto antes, para que no lamentemos nuestra falta de decisión, cuando nuestro país sea un desierto y ya nada tenga remedio. Los bosques, con los que estamos acabando, son una fuente de vida que recibimos del pasado y que tenemos que conservar para el futuro. Y es obligación nuestra entregar a nuestro hijos y entregar a todos nuestros nietos, lo que hoy les pertenece, pues no sería justo que ellos sólo llegaran a recibir únicamente películas o fotografías de las selvas que hoy tenemos y que la naturaleza nos ha regalado.

Sería casi imposible ahora enumerar los lugares en que en este momento, mientras corren los minutos de mi tiempo para hablar, se están derribando árboles milenarios. Podré a usted algunos ejemplos: en el estado de San Luis Potosí, en los municipios de Xilitla, los talamontes están acabando con las maderas preciosas como son el cedro, la caoba, oyamel y otras especies.

Lo mismo está sucediendo en Aquismón y a lo largo de toda la carretera en el estado de San Luis Potosí, de Río Verde. Los que conocen la Huasteca o la conocieron hace 10 años podrán ser testigos de esa tala inmoderada que se está haciendo en esa zona.

En las cercanías de Atequinque, Jalisco, y en los bosques cercanos a Zamora, en Mazamitla, se están derribando actualmente 200 pinos de un diámetro aproximado de 60 centímetros, lo que quiere decir que esos árboles tienen no menos de 60, 70 años y para recuperarlos para nuestros nietos va a ser muy difícil si no se pone en consideración ahora una concientización de reforestación. Estos árboles se están derribando precisamente para atender las necesidades de la fábrica de papel de Atenquique.

Otra zona de desforestación muy grave son las sierras de Durango, la de Chihuahua, los bosques de la Sierra Madre Oriental en el estado de Tamaulipas y desgraciadamente en las montañas que rodean al Valle de México, en la sierra del Ajusco y en la de las Cruces, especialmente. Y creo que esto nos está llamando mucho la atención, por lo que los periódicos acaban de mostrarnos del grado de contaminación que tenemos en el Distrito Federal.

Es urgente que todos participemos, es urgente que tengamos conciencia de la necesidad que hay de proteger el ambiente.

Pero quiero referirme especialmente a un caso, que no sólo pone en riesgo nuestro futuro, sino que desde ahora está causando graves problemas, el enfrentamiento entre quienes por la voracidad y la ambición talan el monte y los ciudadanos conscientes que salen a su defensa, me refiero a la tenencia de Azapán, en el municipio de Los Reyes, en el estado de Michoacán, allí, desde hace ya bastantes años en plena meseta tarasca, un rapaz talamonte de nombre Tobías Pérez, que está cometiendo toda clase de atrocidades en complicidad con elementos de la Forestal de Los Reyes y de Zamora, quizá, aseguran los vecinos, en complicidad con otras autoridades.

En esta pequeña comunidad de Azapán, en forma ejemplar los vecinos, la sociedad civil, como ahora se dice, se organizaron en un comité prodefensa del bosque que sin ayuda de ninguna especie está dando la batalla casi a solas y que sin siquiera las autoridades de Michoacán se preocupen del asunto.

Desde 1974, dicen los vecinos, los madereros influyentes empezaron a talar los bosques comunales y miles de metros cúbicos de madera han salido desde entonces para engordar los bolsillos de unos cuantos funcionarios, sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía.

Solicito, finalmente, que esta denuncia se turne a la comisión correspondiente y que se diga que toda la Cámara de Diputados condena enérgicamente el suicidio que significa acabar con nuestros bosques.

Propongo que se reúna a la Comisión Ecológica para verificar los avances logrados sobre el Segundo Foro Internacional de Ecología, que se efectuó en Ciudad Valles, San Luis Potosí, el día 8 de noviembre de 1990, y verificar la magnitud del grave daño que se está haciendo a esos bosques de las huastecas Potosina, Tamaulipeca, Hidalguense y Veracruzana y que se asiente en el libro de actas, a fin de hacer efectiva esta petición.

Por lo tanto, pido a ustedes que, conociendo los problemas de toda la República en el grado de deforestación en general, que todos busquemos la forma de solucionar esto, ya que es una tarea de todos entregar a las futuras generaciones lo mismo que nosotros recibimos de la naturaleza y que ahora estamos disponiendo de lo que no es nuestro y le corresponde a nuestros hijos y nuestros nietos. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Diputado José Herrera, tiene la palabra por cinco minutos.

El diputado José Herrera Reyes: - Señor Presidente; señores diputados: Mi compañero diputado ha tratado un tema muy importante, pues en verdad el problema de la tala inmoderada de los bosques de México no ha sido resuelto como corresponde, hasta la fecha el gobierno tanto federal como el de los estados lo soslayan y pensamos que hasta lo toleran y lo sostienen y creemos que son hasta socios de los talamontes o que reciben buenas prestaciones y de ahí que no lo ataquen con responsabilidad y con la ley, pues sigue igual y peor y como tal el problema de la tala inmoderada de nuestros bosques a lo largo y a lo ancho del país y no hay poder humano que lo detenga.

El estado de México, aquí cerca de esta humeante capital, es un ejemplo claro de cómo se devastan sus montes o se devastaron, pues eso afirma la prensa y lo siguen afirmando los de esta capital, y como en Oaxaca son también un ejemplo de tan terrible mal.

Este bello estado de la República, montañoso, afirman los expertos, ha sufrido daños irreversibles en su ecología, que han sido resentidos por su población. La deforestación implacable es sólo muestra de ello, que se refleja claramente en los meses de lluvia, que antaño eran abundantes y la temperatura mucho más benigna que la actual, con variaciones mucho más moderadas.

De las tres ciudades mexicanas situadas a 1 mil 500 metros sobre el nivel del mar, como Guadalajara, Cuernavaca y Oaxaca, esta última resulta ser la que tiene mayor diferencia entre temperatura máxima y mínima en un solo día, de 20 a 22 grados centígrados, en lugar de seis que se registraban en el siglo XVIII, que es un deshonroso primer lugar en la diferencia de temperatura máxima y mínima en un solo día, que es característica de los desiertos, afirman los conocedores, cuando antes tenía uno de los mejores climas del país. De eso es responsable la forma como se tratan los asuntos forestales en México.

En verdad, el estado de Oaxaca, mi estado, cuenta con una superficie total forestal de 8 millones 311 mil 400 hectáreas, de las que se deducen 2 millones 230 mil de bosques y 970 mil de selvas altas y medianas. Con este potencial maderero, Oaxaca ocupa el sexto lugar en la producción maderera nacional y algunas de sus empresas son las siguientes: Tuxtepec Etla, Forestal Oaxaca, Antequera, Foresta, Totosa y Cosa, así como la fábrica de papel Tuxtepec, que es la más grande de México en la producción de papel periódico. Además , la selva de los Chimalapas, tan codiciada por muchos y tan disputada por los vecinos, como el estado de Chiapas o por sus talamontes, que han llegado hasta el crimen para conservarla.

Y como otras empresas, existen además las que siguen: Unidad de Producción para el Aprovechamiento Forestal, Empresa Comunal de Aprovechamientos Forestales, Cooperativa Forestal, Grupos de Responsabilidad Solidaria y Mancomunada, Unidad Productora de Materias Primas Forestal, Unidad Económica de Aprovechamiento Forestal y Comunal y Unidad de Producción Forestal.

Todas estas organizaciones funcionan irregularmente, pues muchos de sus dirigentes ni siquiera viven en la población, como las comunidades de Ixtlán de Juárez y Macuiltianguis; existen además otras empresas, la de Ixtlán y Tiacui, Pueblos Mancomunados, Santa Catarina Ixtepexi, San Miguel Aluapan, Santiago Tepixtlán, San Pedro el Alto, Calpulalpan de Méndez, Santa María Laquixiu, San Miguel Cajonos, Nuevo Zoquiapan, Santiago Clavellinas, Lutanino, San Pablo Macuiltianguis, San Miguel Peras, Santo Domingo Coatlán y otras comunidades más que se encargan de explotar la madera en el estado de Oaxaca.

Como se ve, señores diputados, el estado de Oaxaca está lleno de organizaciones que explotan parte de sus bosques con elementos a su alcance, que quiere decir que carecen de técnica y algunos de ellos ni siquiera la conocen, por lo que es urgente

regularizar la explotación de esos bosques de México, para bien de esa entidad federativa y del país, que tanto necesita de las selvas oaxaqueñas combatir su contaminación.

En base a estos datos, debe de intervenir la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta Cámara, pidiendo informes a la secretaría correspondiente, respecto al problema forestal del estado de Oaxaca y evitar así la tala inmoderada de sus bosques.

Atentamente.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, 20 de diciembre de 1990. - México, Distrito Federal,- Diputados José Reyes, Enrique Martínez Hinojosa y Jaime García Martínez.»

El Presidente: - tiene la palabra por cinco minutos, para hablar sobre los mismos hechos, el diputado Isidro Aguilera Ortíz.

El diputado Isidro Aguilera Ortiz: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Acabamos de escuchar hace unos minutos a un compañero diputado que venía a denunciar la tala inmoderada de bosques en la República mexicana.

Efectivamente, creo que todos hemos sido testigos de cómo los bosques del país y el caso concreto que estaba denunciando en Michoacán, han sido depredados inmisericordemente. Aquí, es cierto, el caso de Azapán ejemplifica de manera muy clara las contradicciones que existen entre diversas formas de tenencia de la tierra. Ahí hay un conflicto entre los productores de aguacate y la comunidad indígena que detenta la mayoría de los permisos de explotación forestal.

Sin embargo, es cierto, los industriales de la madera no han sido gente que se haya manejado con cordura en la explotación forestal, sino que más bien han sido voraces, han sido personas que han defendido exclusivamente su interés particular y no el interés colectivo.

Hace mención de un señor Tobías que, efectivamente, es una persona que ha violado prácticamente cualquier permiso que se le haya dado por parte de la Secretaría de Agricultura; sin embargo, nosotros extenderíamos un poquito la responsabilidad sobre la explotación inicua del bosque hacia algunas autoridades. ¿De qué otra manera podríamos explicarnos que en el caso de Azapán o en el caso de Pamatácuaro, que es una comunidad indígena pegada a Azapán, sucesivamente en estos tres últimos años, se han aprobado y autorizado explotación creciente de varios miles de metros cúbicos de madera?

Por ejemplo, en Papatácuaro en 1989 se autorizó la explotación de 15 mil metros cúbicos; para 1990 se autoriza increíblemente casi el doble: 28 mil metros cúbicos; para 1991 acaba de salir la aprobación por 30 mil metros cúbicos de madera. Supuestamente de acuerdo a los estudios dasonómicos realizados en esa región, los volúmenes de permiso deberían ir decreciendo en lugar de aumentar; dar tiempo a que el bosque tuviera posibilidades de regenerarse y no, pareciera que existe el interés de acabar apresuradamente con una riqueza que no nada más es nuestra y de nuestro tiempo, sino que es una riqueza a largo plazo, a futuro, para este país y para los ciudadanos.

Esto remite además a otra serie de cuestiones de carácter más general en el estado de Michoacán: en el Pico de Tancítaro, que es la montaña más elevada del estado, a pesar de que se considera parque nacional y así está en un decreto presidencial, la Secretaría de Agricultura, a través de unas oficinas que tiene en Uruapan, autorizó el cambio de uso de suelo donde por supuesto no existe vocación agrícola de esas tierras.

El interés por producir aguacate, el interés por darle un valor agregado a la tierra, ha cerrado los ojos a la vigilancia y defensa del bosque. ¿Qué autoridades aprobaron la matarraza del cerro de la Vaina, por ejemplo? ¿Qué autoridades han dado permiso de perforación de pozos, cuando sabemos que no hay vocación agrícola en esta región? Lo único que se está haciendo es desertificar de manera muy grave a grandes extensiones de terreno en Michoacán.

El día 27 de junio, si mal no recuerdo, en una reunión tenida con el gobernador del estado de Michoacán, en Tancítaro precisamente, se le propuso una moratoria o una veda parcial a la explotación forestal en el estado de Michoacán. Se nos argumentó que no era la decisión correcta en la medida que se impediría a gran cantidad de gente vivir de lo que estaban viviendo, sobre todo aquellos que se dedican a la explotación forestal.

Nuevamente desde esta tribuna un grupo de diputados de Michoacán encomiamos al gobierno del estado de Michoacán para que se declare una moratoria forestal en el estado en tanto exista y se den unos planes o proyectos de explotación racional del bosque donde se atienden los intereses de los pequeños propietarios, de los comuneros indígenas y de la población toda, en ese sentido.

Por último quisiera referirme también como ejemplo, a un caso típico de la conjunción de interese políticos, con sobreexplotación forestal:

En la carretera Morelia - México, en la vieja carretera de Mil Cumbres, hay un parque nacional denominado Puerto Garnica; quien pase por ahí verá un enorme patio donde están limpiando troncos, donde están apiladas enormes cantidades de madera y esto es propiedad del diputado local por Ciudad Hidalgo, el señor Roberto Molina Loza, quien goza de una triste fama como depredador de los bosques de la región de Ciudad Hidalgo. Muchas Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Melo, cinco minutos para los mismos hechos.

El diputado José Francisco Melo Torres: - Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores: No podríamos quedarnos callados ante un grave problema nacional que incumbe en su solución exclusivamente a nosotros los mexicanos, de cualquiera de las entidades de nuestro amado México.

El problema de los rapamontes, de los talabosques y tantos y tantos nombres más que se les han puesto, no es de ahorita. Pero el problema consiste realmente en que nada ni nadie ha querido hacer algo por evitar este problema tan grave que nos ha llevado a las mayores dificultades ecológicas del país.

No es justo que la riqueza que heredamos de nuestros antepasados, hoy unos vivos se la llevan exclusivamente como patrimonio personal para ellos y sus generaciones.

Yo siento que no hay ningún estado de la República en el que no se esté viviendo esté problema. Pero insisto, nada ni nadie quiere hacer algo por intervenir para regular la explotación de las maderas.

Ya lo dijo y lo refirieron algunos compañeros, Oaxaca, seguimos insistiendo, tal vez por ser yo de allá, que este problema lo debemos de atacar los propios oaxaqueños. Pero a nivel nacional lo debemos de tomar nosotros los legisladores de las diversas comisiones en que estamos participando.

Oaxaca sigue siendo botín para unos cuantos rapamontes, cuyos nombres solamente los saben quienes dan las concesiones o los permisos para la explotación de la madera.

Sin embargo, por cualquiera de los lugares o zonas de las regiones oaxaqueñas que ustedes vayan, veremos en las carreteras trailers y trailers cargados con enormes cantidades de madera. ¿Su destino? Quién sabe. ¿Los dueños? Quién sabe.

Pero eso sí, nos dejan los problemas en los diversos lugares de los distritos de Oaxaca. No hay ninguna necesidad para que mis paisanos, los triquis, se estén matando a cada rato con los mestizos de Putla, con los blancos de otra zona, por el pleito de las maderas, no hay ninguna necesidad, si nosotros vamos a ver a los Chatinos de Juquila, a los Chatinos de la Sola de Vega, a ver sus conflictos por la explotación de las maderas de unos cuantos vivos y si nosotros hablamos de los Chimalapas, esto significa un grave problema y si nosotros hablamos de la misma zona Tuxtepec, vamos a encontrar al misma situación y nos da mucho orgullo hablar de la Sierra Juaréz, donde todos los pueblos, los distritos ahí ubicados, precisamente se sienten orgullosos de esas riquezas forestales, pero que la verdad, muy poco les toca.

El engaño, el mito, la venta de la cerveza en la región de la costa y otras zonas pegadas a la Mixteca, simple y sencillamente sirve para embrutecer a los paisanos y arrancarles la concesión para la explotación de las maderas, pero lo más triste también es que la explotación y la pérdida de nuestros bosques se da por otro fenómeno en el que las autoridades, tanto federales como locales, se hacen de la vista gorda y no le quieren entrar al problema, porque hay muchos miles de millones de pesos a trasmano.

Yo ya quisiera por lo menos saber: ¿qué ha hecho la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos o qué ha hecho la Secretaría de la Reforma Agraria para capacitar, ya que hablan mucho de esas cuestiones, a los campesinos, para evitar que ellos mismos acaben con sus bosques en el momento, cuando se viene la siembra del temporal en esas regiones para evitar los incendios?

Compañeros, creo que el país y los bosques de México mañana nos vamos a lamentar, cuando hay variedades de maderas que ya no las vamos a poder recuperar.

Vamos a unificarnos y a hacer algo por este problema. Muchas Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, para los mismos hechos, el señor diputado Lorenzo Martínez Gómez.

El diputado Lorenzo Martínez Gómez: - Compañeras y compañeros diputados: Antes quería participar algo que es inquietud de algunos diputados, porque hay algunos temas que se tratan en esta honorable Cámara y no tenemos conocimiento de ellos, pues con alguna anticipación razonable o razonada para poder de alguna manera arrimarnos los conocimientos que son necesarios para intervenciones de esta naturaleza.

No obstante ya dentro del problema, quiero participar a todos ustedes que me toca en suerte representar la zona que tiene muchísimas bellezas en Michoacán , me toca Zirahuén, donde hay exuberante vegetación; me toca Pátzcuaro, también una belleza turística, igual de la zona de Santa Clara, porque a la zona de Santa Clara pertenece Zirahuén. Lagos preciosos, lugares donde el turista podía gozar de esparcimiento, de algo que está conectado íntimamente con los problemas ecológicos de que tanto se sufre allá y aquí en la capital. Hay esta situación por que la naturaleza, para mi entender, está conectada de tal manera que a veces pensamos en unos puntos determinados. Pero todo está, repito, de tal manera unido que cuando duele una parte del cuerpo, el universo en una parte, creo que duele también en la otra, repercute en la otra. Y en Michoacán tenemos este problema.

Me toca también representar a otra zona que no le han dado mucha importancia turística, pero es la Ciénaga de Zacapu. En esa zona se encuentra, para los señores diputado que tienen qué ver con el turismo, en esa zona se encuentra el Fuerte de Jaujilla. En esa zona, se encuentra una gran zona arqueológica, como de 20 kilómetros cuadrados, se encuentra un lago en el centro de la población, de aguas azules. Todo podía ser alimentado con una bonita montaña de la meseta purépecha, que ha sido completamente "rapada", por lo que aquí se ha dicho.

Señores diputados, hay que ser sensatos. ¡No le hagamos al vivo! ¡Hay gente con la que se tienen compromisos y son los que están acabando con los medios que pueden favorecer la situación ecológica! ¡Y son elementos protegidos por el Estado! ¡Son elementos protegidos y para preparar futuras campañas! ¡No le hagamos pues, al vivo!

¡Se necesita que la conciencia de cada uno de ustedes entienda que hay que acabar con los rapamontes!

Hay un famoso gusano barrenador que apareció de la noche a la mañana en esa zona. Y hay unas industrias, como es la Cepamitsa en la cabecera del estado, que dice que usa solamente madera muerta. ¡Pues hay lugares en donde han talado, de tal manera han desmontado ya no el pino sino el encino, han desmontado completamente, y esa famosa Cepamitsa, ya cuando está la madera muerta, va a recogerla! ¡Esto hay que entenderlo así, señores,diputados! Muchas gracias, no quiero...(Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, para los mismos hechos, el diputado Rúben Hernández.

El diputado Rubén Hernández Higuera: - Señor Presidente; honorable asamblea: Soy un ejidatario forestal, que nací en el bosque y que mi familia vive del bosque. Amamos el bosque, porque hemos sostenido una lucha histórica por protegerlo. En una ocasión se nos decía que los campesinos destruíamos el bosque para desmontar, para sembrar frijol y maíz.

Eso no es cierto. No es cierto, en los campesinos que del bosque aprovechan, que en el bosque encuentran los recursos suficientes para sostener a su familia y para que estudien sus hijos.

Soy del municipio de Pueblo Nuevo, el principal productor de madera en el país, en mi estado, en el estado de Durango, hay más de 200 ejidos con permiso forestal. Nosotros cultivamos y aprovechamos el bosque.

En 1965 nosotros aprovechábamos 265 mil metro cúbicos. Con el cultivo y el mejor aprovechamiento en la actualidad le extraemos 700 mil metros cúbicos; tenemos 400 mil hectáreas.

Aquí me da gusto que vengan diputados que se interesen del tema del bosque. Es muy importante. México tiene 40 millones de hectáreas de bosques y selvas. Y tenemos que reconocer que es muy poco el interés del gobierno, que es poco el interés en esta enorme riqueza.

En las delegaciones de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en los estados, hay un jefe de programa forestal y uno o dos ayudantes nada más, por ejemplo en el estado de Durango, para vigilar 4 millones de hectáreas que estaban en aprovechamiento. Yo creo que es necesario que todos nosotros le pongamos mucho interés e invitemos a nuestro gobierno federal que tenga una mayor participación, para que podamos aprovechar mejor nuestros recursos.

Durango es el primer productor de madera, pero también es el principal productor de desperdicios por falta de una infraestructura adecuada y puedo decirlo, que somos los que estamos más avanzados.

Es necesario un mayor apoyo, mayores créditos porque les voy a dar un ejemplo: Durango tiene unas 600 mil hectáreas de zonas temporaleras y recibe créditos grandes para la agricultura que sobrepasan a veces los 50 mil millones de pesos y en lo forestal que tenemos 4 millones de hectáreas de bosques, únicamente recibimos, el año pasado, 134 millones de pesos.

Sin embargo, se ha desarrollado bien a través de esa lucha que hemos sostenido nosotros, hemos

conseguido formar alrededor de 180 empresas ejidales, muchos ejidos ya exportamos. En el municipio de donde yo soy, somos 24 ejidos, hay 24 empresas ejidales forestales, todas las empresas, como las gasolineras y los hoteles son de nosotros, por eso yo estoy de acuerdo en que haya interés, pero que no se generalice, debemos de solicitar mayor apoyo para que tengamos un mayor beneficio de nuestros recursos.

En muchas ocasiones nosotros hemos solicitado que se protejan los mantos friáticos, para que se protejan nuestros bosques y se evite la erosión de la montaña, la hemos propuesto a otros estados, que se aprovechan de las aguas de nuestro estado, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Coahuila, sin embargo, nunca se ha aceptado, porque la mayoría de los ríos de Sinaloa se rieguen con las aguas de las montañas de Durango. La Laguna, la comarca lagunera, también se riega con aguas de la Sierra Madre Occidental.

Sin embargo, no hay ningún apoyo para proteger los mantos friáticos, yo quisiera invitarlos a todos ustedes a mi municipio, para que vean el adelanto, el avance, el desarrollo de aprovechamiento forestal que tenemos, es el municipio de Pueblo Nuevo, los invito a todos ustedes para que vayamos y para que nos ayuden, para que haya una mayor protección de los mantos friáticos de las cuencas hidrográficas de nuestro estado, con un mayor apoyo también del estado de Sinaloa, del estado de Nayarit, del estado de Chihuahua y del estado de Coahuila, porque a Durango lo tienen nada más como una vaca lechera, que les da el agua y no le regresan nada.

Compañeros diputados, les vuelvo a repetir, me da mucho gusto, me da mucho gusto que se toque el tema forestal, y vuelvo a reiterarles mi invitación. En el tiempo que ustedes me digan nosotros los esperamos para platicar con ustedes y para que veamos qué es lo que podemos hacer por el bosque de México. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Túrnense a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y a la de Ecología y Medio Ambiente.

SOBRE DERECHOS HUMANOS

El Presidente: - tiene la palabra el diputado Carlos Castillo Peraza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre violación a los derechos humanos.

El diputado Carlos Enrique Castillo Peraza: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Acabamos de invertir no poco tiempo en reflexionar sobre cómo hay que proteger el maguey, cómo evitar la tala inmoderada de bosques. Hemos invertido también tiempo para enfrentar la destrucción del huevo de la tortuga marina, la cacería del borrego cimarrón. Pero hace tres días el Congreso de Chiapas legalizó el asesinato de seres humanos, y eso es mucho más grave.

Es por eso que exponemos ante ustedes los siguientes puntos:

Considerando que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona sin distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa, como lo señala la declaración universal de los derechos humanos.

Considerando que el ser humano aún no nacido es sujeto de derecho por sí mismo y no porque resulte deseable a sus padres o a la sociedad, y que, en consecuencia, someter el derecho a la vida, el deseo de quien fuere, equivale a instaurar la arbitrariedad como raíz de un orden jurídico que tenderá inevitablemente al totalitarismo y a imponer la ley del más fuerte, cuyo capricho quedaría instaurado como creador de sujetos de derechos.

Considerando que los regímenes totalitarios de todo signo no han tenido inconveniente alguno para sacrificar a millones de seres humanos, con objeto de imponer sus propias doctrinas políticas hegemónicas y sistemas antidemocráticos de gobierno, así como sistemas económicos no participativos, en nombre de una pretendida superioridad racial, de un supuesto conocimiento de las leyes de la historia, de una inhumana doctrina de la seguridad nacional o de los intereses económicos del gran capital financiero.

Considerando que atentar contra la vida de los seres humanos todavía no nacidos, forma parte de la política antinatalista con que las potencias y sus agencias financieras pretenden someter a las naciones y a los pueblos subdesarrollados o en vías de desarrollo.

Considerando además que éste es un atentado de esa humanidad que implica la agresión contra la vida en el interior del seno materno, la impunidad de ésta genera una grave deformación de la conciencia que mina las bases morales y sociales sobre las que puede edificarse la democracia en el país como sistema de vida y de organización política fundada en el reconocimiento de quien es diferente y en el respeto de sus derechos.

Considerando que la vida humana es un proceso en el que no se pueden introducir divisiones de hecho a partir de distinciones de razón y que el ser humano en gestación no es parte biológica ni existencial de su madre y que en consecuencia ésta no puede disponer de aquél como si fuera una parte de su propio cuerpo.

Considerando que el ser humano en gestación es persona, en simbiosis transitoria y que no deja de serlo por depender provisionalmente del organismo materno.

Considerando que el niño no nacido ya está en relación con la sociedad y que los seres humanos que se consideran a sí mismos socializados, no pueden erigirse sin atentar contra los principios más elementales del derecho y constituirse en tribunal arbitrario, en creadores de sujetos de derecho, por lo que esto significaría de grave daño al mínimo consenso general, que es el fundamento de la libertad y la justicia en su acepción democrática, es decir el derecho a la vida de todos y de cada uno de miembros de la colectividad, en los términos de la declaración universal de los derechos humanos.

Considerando que el artículo 14 de la Constitución General de la República establece la garantía de audiencia antes de poder ser privado de la vida, la libertad o los derechos, y en esta especie se niega al afectado en su vida y en sus derechos, toda posibilidad de ser oído, porque es precisamente a su representante legal a quien, en base a argumentos endebles, se pretende atribuir la decisión de consumar esa privación y que la ley la justifique, y se trata de la vida de un ser indefenso.

Considerando que el Congreso del Estado de Chiapas aprobó el 18 del presente un proyecto de decreto que reforma el artículo 136 Código Penal, que a nuestro juicio es contrario a los considerandos precedentes y por tanto resulta violatario de los derechos humanos, pues permite atentar de manera impune contra la vida de indefensos y propicia así la desnaturalización de la democracia en sus bases mismas, los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en base al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, venimos a presentar la siguiente

PROPOSICIÓN

«Qué la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión formule un pronunciamiento a la opinión pública nacional, condenando el atentado a los derechos humanos que constituye la aprobación del artículo 136 del Código Penal del Estado de Chiapas recomiende al Congreso de dicho estado, que previa iniciativa, se proceda a la derogación del citado artículo de ese estado.

Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a 20 de diciembre de 1990.» (Aplausos.)

El Presidente: - Han solicitado la palabra para hablar sobre el mismo tema, los siguientes diputados: Ernesto Jiménez Mendoza, Amalia García, Alberto Ling Altamirano y Antonio Pariente Algarín.

Tiene la palabra, en consecuencia, el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza:- Señores diputados; estimadas compañeras: Es un tema de primordial importancia que se trate aquí, en la Cámara de Diputados, una sugerencia a nivel nacional sobre el trillado tema del aborto.

Desde el punto de vista humano, moral y legal, quiero hacer un llamado a la conciencia de todos ustedes, porque, los que son abogados, acelerar su criterio jurídico en el tema, y a los que no son, su sentido común sobre las cosas.

Nuestras leyes, con algunos defectos, algunas amparan los derechos humanos como un medio único de poder preservar los valores universales, y en ese orden de ideas, el valor universal máximo que existe en el mundo es la vida, el derecho a la vida. Y ese valor universal no puede ser roto por el mero capricho o el formulismo o la defensa de intereses personales o de apreciaciones injustas o aceleradas.

Esta cuestión merece una reflexión muy especial, y si tocamos puntos jurídicos como lo acaba de hacer el señor diputado del Partido Acción Nacional, el artículo 16 constitucional preserva como punto número uno de los derechos humanos, la vida, el derecho a la vida. Y los códigos civiles de los estados de la República contienen prescripciones en el mismo sentido, muy claras y precisas, y no pueden ser el Distrito Federal una excepción, y en el artículo 22 del Código Civil para el Distrito Federal, con una claridad meridiana hace la defensa absoluta de este derecho a la vida, diciendo su artículo así: "La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código. (Aplausos.)

Con estas disposiciones jurídicas perfectamente claras y definidas, podemos entender que la vida es una razón humana de existencia; que nuestros legisladores antepasados estaban ubicados en una realidad social que vivían. A pesar de que nuestra historia nos ha manifestado una serie de atropellos contra la humanidad, las disposiciones jurídicas han prevalecido por muchos años, esto viene desde el derecho romano, del derecho francés y demás legislaciones con una altura jurídica considerable en el mundo.

Quiero reafirmar ahora a otro artículo que no necesita mayor reflexión, que es el derecho a la herencia o a las donaciones. Dice el artículo 2357: "Los no nacidos pueden adquirir, por donación, con tal que hayan estado concebidos al tiempo en que aquélla se hizo y sean viables conforme a lo dispuesto en el artículo 357".

Con esta disposición, ¿para qué queremos más protección legal? Este es derecho civil, derecho para los hombres, para los civiles, para esas personas que no gozan de fuero ni de ningún privilegio social, como es la gente común de la Tierra.

Pero se dice en estos casos también que puede ser que haya un caso de violación o que haya un caso de deformación congénita y que entonces sí está justificado que se legalice el aborto. Pero ante esa situación, tenemos que entender una cosa, que también existen leyes penales que prescriben las causas de incriminación que no son otra cosa sino las excluyentes de responsabilidad; esas excluyentes permiten, en el caso del estado de necesidad, practicar cualquier medio de prevención o de justificación para preservar un orden, un valor como lo voy a describir a continuación.

El artículo 15 del Código Penal para el Distrito Federal, dice: "Son circunstancias excluyentes de responsabilidad penal. Fracción IV. Obrar por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real actual o inminente no ocasionado intencionalmente ni por grave imprudencia por el agente y que éste no tuviera el deber jurídico de afrontar, siempre que no exista otro medio practicable y menos perjudicial a su alcance".

Entonces de todas maneras nuestras leyes tienen protegidas todas las conductas justificadas. Yo me pregunto y pregunto a ustedes, señores diputados, ¿por qué vamos a conceder un derecho a privar de la vida? ¿De dónde viene?, ¿nada más porque se nos antojó, porque nos gusta la idea, tenemos espíritu contrario a la realidad social, porque somos muchos? ¿Por qué unos pueden vivir y otros no? Aun se trate de la causa que se trate, ¿por qué? ¿qué derecho tenemos a decidir de la vida de los más o a permitir que otros decidan la vida de los demás?

Imaginen ustedes en este orden de ideas si tenemos el deber de proteger a los ciudadanos como nosotros mayores de edad, en ese orden de ideas, con mayor protección daremos a los jóvenes, a los niños, a los recién nacidos y con mayor razón a los concebidos y que no pueden defenderse de nuestras criminales actitudes. Esos seres ahí en el vientre de la madre no tienen todavía a su alcance la manera de decirnos: señores diputados, no hagan este tipo de cosas, no autoricen a que me priven de la vida.

Por lo tanto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, incondicionalmente se pronuncia en favor de proteger la vida de todo ser humano Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Amalia García, sobre el mismo tema.

La diputada Amalia Dolores García Medina: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En relación con el debate que se inició en los últimos días y que ahora se trae a esta Cámara de Diputados, en relación con la interrupción del embarazo, es decir con el aborto, yo quiero hacer algunos comentarios y algunas reflexiones. No es por supuesto un tema nuevo, es un tema tan viejo como la humanidad misma, y en relación con este tema, hemos encontrado siempre, en las distintas sociedades, diferentes puntos de vista. No hay entonces un punto de vista único ni tampoco una práctica única en relación con la interrupción del embarazo.

Yo quiero recordar, para hablar de un período más cercano. cómo en Italia, en donde el Vaticano tiene su sede, en los años setenta se hizo un referendum en relación con la posibilidad o no de despenalizar el aborto, y en este referendum la población se pronunció mayoritariamente porque se despenalizará

Y quiero recordar algo que señalo una entrevista que yo recorté porque me pareció un punto de vista muy importante y a tomar en cuenta, siendo presidente de Francia el Presidente católico Giscard D' Estaing. ¿Qué es lo que señalaba Giscard D' Estaing cuando en Francia empezó el debate sobre la interrupción del embarazo? El señalo que siendo católico no podía ni debía como gobernante imponer su postura como católico a todos los demás, puesto que reconocía que en la sociedad francesa había no solamente distintas religiones, sino también distintos puntos de vista en relación con esto.

Yo quisiera señalar que si nosotros conceptuamos en México al derecho como un derecho democrático, y en ese sentido es como queremos avanzar, y también a nuestra sociedad como una sociedad democrática, tenemos que considerar la diversidad de puntos de vista que existen en nuestra nación y considerar que así como hay distintos puntos de vista ideológicos, como hay distintos puntos de vista políticos, también hay distintas concepciones de moral, no hay una sola moral, una sola concepción de ese tipo, y en esta misma sala nosotros hemos encontrado en distintas cuestiones esa diversidad.

Pero yo quisiera también hacer mención de cómo incluso en la Iglesia católica se han ido cambiando los puntos de vista respecto a esto. Mis compañeros del Partido Acción Nacional no me dejarán mentir si recordamos la posición de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino señalaba que era un pecado y y que era inadmisible el aborto, a partir de los tres meses de embarazo y esto se fundamentaba en una discusión dentro de la propia Iglesia, en relación con el momento en que aparecía el alma.

Por supuesto es una discusión que corresponde a una creencia, absolutamente respetable, pero yo quisiera señalar también que en las distintas iglesias cristianas, no en la católica, pero si en las distintas iglesias cristianas, hay la aceptación a la interrupción del embarazo en distintos momentos de la gestación Precisamente en septiembre que estuve en Estados Unidos, me reuní con un grupo muy diverso de mujeres pertenecientes a diversas religiones cristianas que en Estados Unidos participaron en la lucha porque éste sea un derecho para toda la nación.

Y por supuesto como todos ustedes saben también, en la religión judía se considera que no existe persona hasta el momento en que se cumplen los siete meses de embarazo, es decir, hasta que hay posibilidad de vida autónoma respecto de la mujer.

Pero ésta es una discusión entre las iglesias y por supuesto lo que yo sólo quiero reseñar aquí es la pluralidad de visiones y de posiciones en este asunto. Sin embargo, me interesa también señalar, la tradición que tenemos en México, y creo que nosotros tenemos una tradición que arranca desde el siglo pasado, la tradición liberal, que garantiza precisamente que los hombres y las mujeres podamos decidir con libertad sobre cuestiones como las llamadas de moral o de conciencia.

Y yo quiero, rescatando o reseñando esta tradición histórica, recordar a un sacerdote, doctor en teología, don José María Luis Mora, que hace aproximadamente 160 años planteó la necesidad de distinguir entre lo que es de acuerdo con su punto de vista y en esta construcción de la nueva República que acababa de liberarse del yugo español, la necesidad de distinguir, él decía, yo lo he estudiado con detalle esto, entre lo que es un delito, lo que debería ser un delito en la legislación penal y lo que debería ser concebido de acuerdo con la religión católica como un pecado. Y empezó a elaborar la concepción de lo que debería ser la moral pública.

Para el doctor Mora la moral pública debería basarse principalmente en consideraciones de orden social. En la sociedad, como yo decía antes, y ésta era ya parte del planteamiento del doctor Mora, don José María Luis Mora, hay distintos puntos de vista, hay distintas concepciones de moral, hay distintas creencias religiosas Y quiero señalar que en México vivimos en un estado laico, la tradición liberal se ha venido reflejando en distintos momentos de nuestra historia.

Quiero hacer mención a un escrito de nuestro estimado y querido amigo, Enrique Maza, que es sacerdote jesuita y periodista y que todos conocemos porque escribe en La Jornada. Hace algunos años cuando empezó este debate, el decía :vayamos por partes, ¿por qué tuvo la sociedad civil que legalizar el divorcio y el matrimonio civil? Porque la Iglesia desde su punto de vista decía que era inmoral romper los lazos matrimoniales, pero jamás implementó ninguna medida real para proteger a todas esas mujeres abandonadas por sus maridos. Por eso la sociedad civil tuvo que tomar en sus manos estos problemas, ya que la Iglesia no pudo hacerlo.

Y yo quisiera avanzar en esta reflexión colectiva que creo que no debe terminar hoy, que es muy vieja y que debe continuar en el futuro, señalando que así como en el caso del divorcio que ésta garantizado en nuestra legislación pero que no obliga a ningún ciudadano y a ninguna pareja, que de acuerdo con su conciencia considera que no debe hacer uso de ese derecho, de la misma manera reconociendo esta pluralidad de puntos de vista que hay en nuestro país en relación con la interrupción del embarazo, reconociendo la existencia de este estado laico, yo creo que se debe despenalizar, pero esto no puede significar de ninguna manera el que alguien se le obligue.

Por eso me parece que el hecho de que en la iniciativa que se ha presentado en el Congreso de Chiapas se hable de la interrupción del embarazo como un método de control natal, me parece inaceptable. Yo creo que eso es decisión de las personas y de su conciencia.

Quiero añadir una cuestión que también, revisando hoy en la mañana, en la madrugada, me pareció importante traer aquí a la tribuna: el compañero Enrique Maza, sacerdote jesuita, también decía en esa entrevista: creo que la Iglesia no ha asimilado del todo lo que Concilo Vaticano Segundo dice respecto a la libertad de conciencia. Este "derecho de la persona, es lo que dice el Concilio Vaticano Segundo, este derecho de la persona humana a la libertad se debe reconocer en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. El hombre percibe y reconoce por medio de su conciencia los dictámenes de la ley divina, por tanto no se le puede forzar a actuar contra su conciencia ni tampoco se le puede impedir que actué según su conciencia "Creo que esto fija una posición de respeto a todos los comportamientos y puntos de vista en relación con este tema y con otros de los llamados de moral.

Considero, compañeras y compañeros diputados, que hay causas sociales que debemos considerar, por las cuales una mujer se ve orillada a interrumpir un embarazo. En México, de acuerdo con datos que no son confiables, puesto que esto se realiza de manera ilegal, clandestina, se llevan a cabo alrededor de dos millones de abortos cada año, y existe y todos lo sabemos, un mercado negro por el cual algunas personas se benefician de este grave problema social, y sabemos que actualmente, hoy en día, practicarse un aborto cuesta alrededor de dos y tres millones. ¿Quién tiene ese dinero para practicarse esa interrupción del embarazo, ese aborto? Un pequeñisimo número, y sabemos también que la mayor parte de las mujeres que abortan lo hacen por razones laborales, de tipo laboral, porque son discriminadas porque se embarazan, incluso se les practica un examen de ingravidez para decidir si se les da el empleo o no, o también por razones de orden económico; es decir por miseria, y de acuerdo con investigaciones que han realizado grupos de mujeres, sabemos que la mayoría de las que abortan son mujeres casadas y con hijos, y que lo hacen por esta miseria o por problemas laborales, y también sabemos que la mayoría son católicas, por eso la solución no es sencilla, ni podemos nosotros creer que con la penalización se resuelve este agudisimo problema que viven cientos de miles de mexicanas.

Yo estoy convencida de que cuando una mujer recurre a esto, lo hace como el último recurso; ninguna mujer quiere abortar, y por eso la propuesta que yo tengo, que no es de mi partido, porque este tema atraviesa también a los partidos políticos, igual que lo hace el otro tema que tocamos aquí en la tribuna el otro día el compañero Pablo Gómez y yo, que es el de los derechos ciudadanos a los sacerdotes, yo creo que nuestra concepción y nuestro punto de vista debe basarse en la defensa de la maternidad voluntaria, es decir que si una mujer decide tener un hijo, la sociedad y el Estado y la legislación la protejan en ese derecho, lo cual no sucede en nuestro país, como todos sabemos Pero si una mujer decide, en una situación desesperada recurrir a la interrupción del embarazo, nosotros deberíamos legislar para que también esa mujer fuera protegida en esa decisión por el Estado, por la legislación y por la sociedad, y creo, como lo comentaba el otro día con una amiga del partido Acción Nacional, y como me lo dijo un obispo hace tiempo platicando sobre este tema, que la función de la Iglesia, y en este caso creo que la función de los legisladores no puede ser convertirnos en jueces y acusar a las mujeres; ése es un asunto de ellas y su conciencia con Dios, en todo caso. Me decía así; en todo caso tenemos que atender a este agudo problema social. y creo que tenemos que hacerlo atendiendo el respecto a una maternidad voluntaria.

Creo, compañeras y compañeros, que si es importante tomar medidas de prevención, que es necesaria una educación sexual, no sólo en la cual participe la Secretaría de Educación Pública, sino también los medios de comunicación, en la que participe la Secretaría de Salud y las instituciones de salud en su conjunto. Pero creo que al mismo tiempo deberíamos proteger a las mujeres.

Yo quiero compañeras y compañeros, antes de terminar, señalar, voy a terminar ya...

El Presidente: - Diputada Amalia García, ¿me permite usted un momento?

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul):-¿Señor Presidente, qué está a debate? ¿Qué está a debate , el problema del aborto o una proposición del Partido Acción Nacional para que protestemos ante la Legislatura de Chiapas? Si es en base al 58.

El Presidente:- El Partido Acción Nacional presentó una propuesta; el tema es muy claro, para hablar sobre ese tema es que solicitaron la palabra.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Pero nada más son dos oradores, uno a favor y otro en contra; ya son tres, y están hablando del aborto.

El Presidente -Permítame señor diputado No se le ha dado trámite al artículo de acuerdo con el 58, a la propuesta del diputado Castillo Peraza. Ocurre que sobre el tema, varios diputados, entre ellos la diputada Amalia García,

pidieron hacer uso de la palabra, pero no está a discusión la propuesta.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - !Entonces!

El Presidente -Pidieron hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema y esta Presidencia les ha concedido el uso de la palabra.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Perdón señor Presidente, está violándose el reglamento. El del Partido Acción Nacional hizo una propuesta concreta en base al 58, y en eso estamos, y para eso son dos oradores, uno a favor y otro en contra.

El presidente: - Estoy de acuerdo con usted en el trámite, señor diputado, pero habiendo solicitado la palabra sobre el tema y no para discutir la propuesta, la Presidencia no puede negarle la palabra a los diputados. Continúe diputada.

La diputada Amalia Dolores García Medina: - Gracias señor Presidente. Quiero antes de terminar, señalar que de alguna manera ya no está plenamente penalizada la interrupción en nuestro país. Desde principios de los años treinta, y se señala en todos los códigos penales de los estados, que cuando el embarazo es producto de una violación, las mujeres pueden acudir a interrumpir su embarazo. En todo caso, lo que no está es reglamentada esta cuestión.

Pero también desde principios de los años treinta en la legislación penal no está penalizado el aborto cuando corre peligro la vida de la madre.

Quiero terminar comentando que éste es un tema muy importante para la sociedad mexicana, que efectivamente toca muchos aspectos que aquí se han señalado, y también el de la democracia y el respeto a la diversidad y lo que se refiere al avance en un estado laico.

Creo que no podemos concluir hoy, y me parece que la propuesta que hace el compañero Carlos Castillo Peraza, no debería ser aprobada, pero que en cambio deberíamos aprobar que se abra un debate nacional, serio responsable, sobre este tema, para que los diputados puedan legislar, de acuerdo con el mejor interés de las mujeres y de la sociedad mexicana. Muchas gracias, señor Presidente

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alberto Ling Altamirano... Permítame, diputado Alberto Ling, permítame un momento. Lo escucho señor diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, por favor, que se decida qué estamos haciendo. Hay una proposición de acción Nacional para que la Cámara de Diputados condene la conducta adoptada por otra legislatura. Eso es lo que está a debate; no esta a debate el aborto. Y nosotros estamos en contra que la Cámara de Diputados intervenga en la vida interna de una legislatura local. Pero no tenemos que estar haciendo nada con la cosa del aborto.

El Presidente: - Es muy clara la observación de usted señor diputado. Mire usted, señores diputados a la honorable asamblea: habiendo presentado el señor diputado Castillo Peraza, una propuesta, esta Presidencia, dentro de la flexibilidad de las discusiones que aquí se dan, permítame usted, permítame usted, diputado, pensó que era pertinente conceder la palabra porque así lo solicitaron varios diputados que pedían hablar sobre el mismo tema y a continuación poner a la consideración de la asamblea, si la propuesta, de acuerdo con el artículo 58, se admite o no a discusión Ese es el trámite del

Bien. La Presidencia determinó conceder la palabra para hablar sobre el mismo tema. Pero esta decisión esta determinación de la asamblea, de conformidad con el artículo 58 del reglamento, y si vamos a ser estrictos, está sujeta a la autorización de la misma asamblea. Por lo tanto, yo le voy a pedir al secretario que consulte a la asamblea si esta determinación de la Presidencia de la mesa procede o sometemos de inmediato a consulta la propuesta del diputado Castillo Peraza.

El secretario Juan Manuel Verdugo Rosas:- Por instrucciones de la Presidencia..

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, una sola intervención más.

El Presidente: - Si diputado Permítame, señor secretario.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Con este paso que usted está dando está abriendo una gran brecha en la vida parlamentaria, porque a partir de este momento, si usted lo hace así, se viola flagrantemente el reglamento y se empezará siempre a debatir una propuesta. Y el artículo 58 pasa a segundo termino Se sienta un precedente absurdo, en primer lugar. Y en segundo lugar se abre un debate interminable sobre el aborto. Aquí hay una propuesta concreta: le piden a la Cámara de Diputados que condene la decisión de otra Cámara. Y

eso es lo que está a debate; no el aborto. Y si en este momento usted pide a la asamblea que se abra la discusión, está atribuyéndose una facultad que está en el 59 constitucional.

El Presidente:- No No señor diputado, creo que no.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - En el 59 del reglamento.

El Presidente - Si usted me lo permite, señor diputado, me temo que no fui suficientemente claro.

Yo no estoy pidiendo a la asamblea que decida si se abre o no ahora la discusión. El objeto de la consulta que quiero hacer a través del secretario de la mesa, es: si antes de la consulta al artículo 58, para que esta asamblea decida si se admite o no a discusión la propuesta que usted tiene muy clara hecha aquí por el diputado Castillo Peraza, esa consulta si se hace de inmediato y consecuentemente la determinación del Presidente de esta mesa de concederle la palabra para hablar sobre el tema a dos diputados más, se deja de lado para hacer la consulta del artículo 58. ¿Me explico, señor diputado?

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, no le entiendo nada.

El Presidente: - Bueno,...

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): Hay una cuestión muy simple, muy simple. El diputado Peraza dice en su sexto en base al 58; no se tiene que consultar a la asamblea para nada. Uno en pro y otro en contra y se acabó.

El Presidente: - Bien Intentaba aplicar con rigor el artículo 21 y el artículo 18 del reglamento. Bien, yo que consideré prudente pertinente, antes de consultar si la propuesta se admite o no a discusión, otorgarle la palabra a dos diputados más. Esa decisión de la Presidencia, le solicito a los señores diputados, me excusen para cumplir rigurosamente con excepción de los artículos 16, 73, 87 con el procedimiento, y el secretario proceda a consultar a la asamblea, si la propuesta del señor diputado Carlos Castillo Peraza se admite o no a discusión.

Proceda en los términos del artículo 58, señor secretario, a hacer la consulta a la asamblea.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Está en la tribuna un diputado, por qué no le da la palabra?

El presidente: - No, no, no, Perdóneme, señor diputado. En la tribuna no hay oradores, ni a favor ni en contra. Discúlpenme usted. Primero hay que preguntarle a la asamblea si la admite o no a discusión.

Haga esa consulta, señor secretario.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia...

El diputado José Luis Lamadrid Sauza (desde su curul): - Señor Presidente...

El presidente: - Dígame, diputado Lamadrid.

El diputado José Luis Lamadrid Sauza (desde su curul): - Se inicio este punto del orden del día con una intervención del diputado Castillo, haciendo una propuesta. Y en seguida como ha sido práctica en otros casos, se han apuntado oradores que pueden apuntarse sea por vía de hechos sea por cualquier otra cuestión...

(Desorden.)

El Presidente:- ¡Silencio, señores diputados!

El diputado José Luis Lamadrid Sauza (desde su curul): - Así ha sido, así ha sido y es la práctica Y el precedente es que se le concedió la palabra a la diputada Amalia García.

Yo llevaría a término, agotar con la brevedad del caso quienes quieran fijar, expresar su opinión a este respecto y luego, y luego se someterá al 58, o le dará usted el trámite más expedito, que puede ser el turno a comisión. ¡Respetamos los precedentes! Tengamos un poco de paciencia, pidamos tiempo breve de la intervención y concluyamos.

(Desorden.)

El presidente: - Es obligación... ¡Señores diputados...! La primera obligación del Presidente de la mesa directiva, es observar y aplicar el reglamento Si hay precedentes y la Cámara así lo tomó bien, proceda el señor secretario a hacer la consulta a la asamblea, como si se admite o no a discusión la propuesta del señor diputado Castillo Peraza. (Aplausos.)

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la presidencia y en votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.

Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...

Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.

El Presidente: - Está desechada la propuesta.

Tiene la palabra el señor diputado Alberto Ling, para hechos, por cinco minutos.

(Desorden.)

Señores diputados, ¡orden!

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente...

El Presidente: - A ver, diputado Gómez, lo escucho.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):-Mire usted, señor Presidente: Aunque este asunto ya fue votado...

El Presidente: - Así es...

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul):... Quisiera yo recordarle a usted, el artículo 58 en su fracción II dice que cuando se presente una proposición que no sea iniciativa de ley: "hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra..."

Eso no ocurrió exactamente así; aunque en efecto, hubo oradores, no se registraron a favor o en contra, Ese trámite debió haberse dado antes de que la asamblea votara si se admitía o no a discusión.

El trámite de aceptar que se admita a discusión, tiene la implicación de turnarla a la comisión. Ahora, esto no se cumplió ciertamente, se ha votado en forma prematura.

Segundo Yo creo dentro del reglamento y sin violar el reglamento, procedía perfectamente la organización de un debate, de un punto de importancia para la Cámara y para el país, dentro del reglamento y sin violarlo.

Yo lo que sugiero es esta cuestión: que habida cuenta de que se precipitó la votación, se permita para aclaraciones, que rectificación de hechos, porque una rectificación de hechos es una aclaración. Que tomen la palabra los diputados que deseen hacerlo, pero yo propongo que para la otra ocasión se tome en cuenta la necesidad de que haya los argumentos en pro y en contra que señala el reglamento. Gracias.

El Presidente:- Sí diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente. ésta es una Cámara de diputados y no una sala de discusiones libres. Entonces, por favor, una vez votado que siga el orden del día y se acabó.

El Presidente: - Dígame, diputado Medrano.

El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Señor Presidente, yo creo que es improcedente la solicitud del diputado Ortíz Mendoza, puesto que lo que se decidió fue que no pase a comisiones; lo que se decidió, el sentido del 58 al ser desechada la propuesta es para el efecto de que no se turne a las comisiones a las que se solicitó, pero sí es procedente rectificar los hechos aplicando uno de los artículos, no sé si es el 102 o el 104 del reglamento. Luego, entonces, si es procedente entrar a ese debate mediante la mecánica de rectificación de hechos.

El Presidente: - Dígame, diputado Bátiz.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - Mire quisiera yo hacer esta moción. Usted ya concedió la palabra a algunos diputados y en mi opinión, una vez tomada esta determinación, no sería procedente que se les retire la palabra a quienes ya se les concedió.

Hace un momento se presentó una proposición en relación con los bosques de México, se inscribieron muchos oradores simplemente para hablar de otros temas relacionados con los bosques, y al señor Ortíz Mendoza no se le ocurrió objetar lo que ahora está objetando, parece que a lo que le teme es a tratar este tema.

Yo le rogaría que en cumplimiento de lo que ya usted determinó terminen de hablar los oradores que ya tienen la palabra y se termine este trámite.

El Presidente: - Dígame diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): Yo no me explico por qué quieren levantar este debate ahorita; simplemente ese tema, compañeros diputados y no porque les tenga temor, métanlo al orden del día y nos agarramos, pero es absurdo que a capricho de Acción Nacional se rompa el orden del día y trabajemos a la hora que ellos les da la gana, eso no es posible.

El Presidente: - Señor diputados El asunto forma parte del orden del día. Yo advierto aquí un problema que no es tanto reglamentario, sino de buena voluntad, porque efectivamente, el tratarse anteriormente un tema se le dio la palabra para el

mismo sin perjuicio más que en el tiempo, para los asuntos de esta Cámara a todos cuantos quisieron tratar el asunto para hechos.

Este problema de buena voluntad, lo planteo Así, para pedir a la asamblea y si los señores diputados que son dos en este caso, el diputado Alberto Ling y el diputado Antonio Pariente Algarín, dos diputados. Si desean hacer uso de la tribuna, que la asamblea los escuche y pasamos al punto siguiente del orden del día, si ellos no declinan.

Diputado Alberto Ling, le consulto a usted en esta tesitura que acabo de definir de buena voluntad.

El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul):- Para cinco minutos para hechos, si la asamblea lo permite.

El Presidente: - Consulto a la asamblea... Dígame, diputado.

El diputado Lorenzo Martínez Gómez (desde su curul): - Bueno, me interesa hacer una anotación.

Pienso que todos los diputados que tenemos la suerte de que el pueblo nos haya elegido y estamos aquí...

(Desorden.)

¡Ni soy plurinominal ni de carambola!

Pienso, señor Presidente, que los diputados venimos aquí, autorizados por la soberanía nacional. Y pienso que en este recinto no debe haber priostes o patriarcas que sean los que tengan que estar manejando la asamblea. ¡Y que nosotros tengamos que sujetarnos al criterio retardatorio de muchas personas!

El Presidente:- Diputado Ling tiene usted la palabra por cinco minutos.

El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano: - Gracias, señor Presidente: Quiero aclarar que una vez que ya fue votada, simplemente no voy a referirme o a apoyar en favor o en contra de la proposición porque ésta, siguiendo el reglamento, ya fue desechada por todos ustedes. ¡Pero, pero, por haber estado inscrito en el turno de oradores, no se les puede quitar la palabra a una persona que está en uso de ella; a menos que se violentara el reglamento. Si la voluntad del Presidente de esta asamblea ha determinado...

(Desde una curul): - ¡Tema! ¡Tema!

El Presidente: - Su atención señores diputados Su atención, señores diputados. Continúe diputado.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - ¡Que aborde el tema ya!

El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano:- Bien. Señor Presidente, algunas consideraciones de hechos, por lo que se ha dicho aquí. Es evidente que el tema es tan viejo como la humanidad porque no puede ser más antiguo. (Aplausos.)

El reconocimiento y la discusión es evidente que empieza a partir de la historia, porque antes hay prehistoria y no sabíamos cómo resolvía sus problemas genéticos el hombre de Cro - Magnon.

El siguiente lugar, es evidente que a todos nos preocupa, si no, no estaríamos discutiendo. Se hablo aquí de Giscard D' Estaing por ser católico. ¡Nosotros no estamos participando aquí como miembros de una religión u otra, porque en mi partido existe el pluralismo religioso! (Aplausos.)

¡Pero también se olvidan del comportamiento de reyes, no solamente de presidentes de Francia, sino del rey de Bruselas que abdicó para no firmar una ley parecida a este tipo!

¡No estamos aquí a defender la reproducción de los católicos, sino la reproducción del ser humano en condiciones de garantía desde el momento de su concepción! (Aplausos.)

¡Venimos a defender el derecho a nacer de los musulmanes !¡Venimos aquí a defender el derecho de los no creyentes! ¡Venimos aquí a defender el derecho de los abortistas, para que sus hijos puedan nacer en condiciones de seguridad! (Aplausos.)

¡Creemos en la pluralidad moral, pero en una sola ética, que es mucho más fundamental que las costumbres! - No importa si en la antigüedad se dijo una cosa o se dijo otra! ¡Nosotros tenemos aquí datos, porque se nos dijo que Santo Tomás de Aquino ya sabía microbiología y genética, para determinar que a los tres meses ya se podía abortar!

¡No es cierto que sabía de microbiología, sabía de teología y el problema no solamente es de tipo teológico; es de tipo social jurídico, económico! ¡Completamente rebasa la esfera de una sola dimensión!

¡Pero si quieren datos, también en la antigüedad lean ustedes otra vez el juramento hipocrático,

que entre cosas dice: "Mantendré el máximo respeto hacia la vida humana, desde el momento de la concepción." (Aplausos.)

¡Hipócritas es anterior a todos los que estamos dictaminando!

Además tengan ustedes según conocimiento de García Icazbalceta, que en los códices se decía lo siguiente, en los náhuatls, aquí mismo: "que mataban al médico o al hechicero de tal manera que si daba bebedizos para echar fuera la criatura de mujeres embarazadas." Esto es anterior a toda la discusión y si bien es cierto que hubo abortistas en la antigüedad, también hubo pronatalistas en la antigüedad y por eso estamos aquí, porque la humanidad podría haberse acabado. (Aplausos.)

Reconocemos que hay derechos que aunque no estén inscritos en la ley son superiores y externos; reconozcamos lo que dice Sófocles, cuando a Antígona se le negaba el derecho de ir a enterrar a su padre y porque el Estado estaba en guerra y no se lo permitía. "El Estado me lo puede prohibir, pero yo enterraré a mi padre", dijo Antígona y fue y enterró a su progenitor.

Esto es importante para poder decir: "que hay leyes que podrán aprobarse con o sin razón, porque la razón nunca ha sido forma de dictaminarlo por votación. En Alemania, 32 millones de alemanes votaron por Hitler y se equivocaron, por medio de la razón se puede tener la autoridad, pero no la verdad, esto es importante decirlo, porque así es necesario recordar, que también Cicerón tenía documentos acerca de lo mismo.

Se nos habla que queremos libertad de conciencia, pues, para que haya conciencias pues, para que haya conciencias que decidan, tiene que haber conscientes antes y no se puede pues generar toda una ética social sobre el asesinato del indiferente, sobre el asesinato del débil, sobre el asesinato del distinto, porque si bien es cierto...

(Desde una curul): - Tiempo.

Que se está acabando el tiempo, queremos que se condene la Ley de Herodes, de Chiapas, que se aprobó. (Aplausos.)

El Presidente: - El señor diputado Antonio Pariente Algarín, tiene la palabra por cinco minutos.

El diputado Antonio Pariente Algarín : - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Voy a ser muy breve, como coordinador de la diputación de Chiapas, del Partido Revolucionario Institucional, mi presencia en esta tribuna era la defender la soberanía de nuestro estado, como ya lo determinó así esta Cámara, no tengo que agregar. Muchas gracias.

DERECHOS LABORALES DE LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS

El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre las garantías constitucionales y derechos laborales de los jornaleros agrícolas.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En verdad rogaría, empezando por los compañeros de mi bancada, la atención...

El Presidente: - Silencio señores diputados, su atención al orador.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - ...Hacia un punto que considero de lo más importante.

Existen en este país aproximadamente cinco millones de trabajadores que por vacíos jurídicos, por falta de legislación, pero sobre todo por indiferencia de nosotros, como legisladores, padecen una situación que me atrevo a calificar es la peor que viven los trabajadores mexicanos en nuestro país.

Nosotros hemos hablado de nuestro connacionales en el extranjero. Hemos protestado por el trato que se les da allá a nuestros emigrantes. Hemos denunciado y presionado al gobierno mexicano para que se le dé trato digno de mexicanos a los trabajadores en el extranjero. ¿Pero qué tanto hemos protestado y qué tanto hemos exigido para que a los jornaleros agrícolas que están en nuestro país se les dé el trato de mexicanos, se le dé el trato de humanos, se les respeten los derechos constitucionales, los derechos consagrados en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social?

Ha habido, por cierto denuncias en los periódicos, pero reconozcamos ahora que de nuestra parte lo que más ha habido hasta ahora es indiferencia. No existe más que un solo antecedente en el Senado que haya dado lugar a integrar una comisión para investigar la situación de los jornaleros agrícolas. Sólo una comisión, que si bien sentó un procedente, no ha tenido continuidad, ni en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores se ha atendido este problema.

Nosotros ahora de frente al acuerdo de libre comercio hemos demandado que en las negociaciones se incluya también lo del trabajo. No podíamos permanecer indiferentes al hecho de que en nuestro país la agricultura de exportación se asienta también sobre condiciones inhumanas y de un trato despiadado hacia los trabajadores.

Por eso nos interesamos en realizar una investigación, sobre todo en una zona, mi estado, en la región hortícola, para ver cuáles eran las condiciones de trabajo y queremos presentárselas ahora a ustedes con una propuesta: Se ha dicho que México es un país de grandes contrastes, pero quizá nada nos ilustra más esta realidad que comparar la situación que viven los jornaleros agrícolas del país con los discursos de modernidad, de desarrollo y de liberalización de mercados que hoy pregonan nuestros gobernantes.

Más que ningún otro sector con los trabajadores asalariados del campo nos percatamos de nuestro subdesarrollo, de la miseria y la pobreza extrema en que viven millones de mexicanos. Su situación nos remota a siglos atrás, a la época de los peones acasillados, de los campesinos a los que se les niega trasladarse de un campo agrícola a otro, de las tiendas de raya, de los sólo nacieron para trabajar extenuamente y a los que la sobrecarga de trabajo los acaba y mueren a temprana edad por desnutrición y cansancio. Adentrarse a las condiciones laborales y de vida de los jornaleros del campo, es entrar a otro mundo, que no alcanza no la categoría de tercermundista, La mayoría de estos trabajadores viven en galerones de lámina, hacinados, sin agua potable, sin drenaje, sin fosas sépticas, con pisos de tierra y expuestos a sustancias agroquímicas de alto riesgo para la salud, como los fertilizantes y plaguicidas. Se abastecen de alimento a través de tiendas y abarrotes que les venden los productos al triple de los precios del mercado. Carecen además de servicios médicos, definitivamente nunca consumen productos alimenticios tales como carne y leche. Su alimentación básicamente consiste en tortillas, frijol café tomate, chiles bolillos y refrescos.

En Sinaloa, desde noviembre hasta abril, observamos un proceso de migración. Se trasladan familias enteras para ocuparse en conjunto de las labores del campo, llegan en diversos medios de transporte desde autobuses, camiones doble rodada. Se les contrata a través de intermediarios en sus lugares de origen fundamentalmente en los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y los Altos de Sinaloa.

Ya contratados y transportados se establecen en un campo del que generalmente no salen hasta que termina la temporada; lo mismo trabajan hombres que mujeres y niños, no realizan contrato individual de trabajo, ya que para eso existe el contrato colectivo de la Confederación de Trabajadores de México, que nadie de ellos conoce. Tan sólo al Valle de Culiacán llegan más de 100 mil jornaleros del campo, se expanden alrededor de la ciudad y se ocupan del corte del tomate, chile, berenjena, pepino y otros; muchos de ellos llevan hasta 30 años viniendo a desempeñarse al mismo campo y en las mismas labores. A pesar de eso, se les sigue considerando trabajadores eventuales y no se les reconoce antigüedad, ni se les otorgan los derechos mínimos de trabajo.

Análisis jurídico Analizar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas, tomando como base las leyes laborales, se complica, porque casi ninguna de sus disposiciones se cumplen; más que relación de trabajo, la situación en que ello se presenta se asemeja a una relación medieval; la lista de los derechos incumplidos se alarga y son escasos puntos de contacto entre la realidad y la ley. Sin embargo, intentaremos hacer ahora un análisis preliminar de la disposiciones legales que rigen o deberían regir esta relación de trabajo.

Formalmente los trabajadores asalariados del campo son contemplados en el apartado "A" del artículo 123 constitucional y, por lo tanto sus relaciones de trabajo regulan conforme a la Ley Federal del Trabajo. De la fracción "A" del artículo 123 de la Constitución, se violan flagrantemente, en este sector, las siguientes fracciones: I, II, III, V, VI, IX, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XX, XXII, XXVII Y XIX; las fracciones I, II y III se refieren a la duración de la jornada máxima, a la prohibición del trabajo de los menores de 14 años y de las labores insalubres y peligrosas para los menores de 16 años.

Con los jornaleros del campo generalmente no se respetan las jornadas de ocho horas trabajando nueve, 10 o más horas, según lo exija el agricultor. Los niños, desde los cinco años, se incorporan al trabajo y se les exigen horario y producción al igual que a un adulto, se les maltrata en su relación de trabajo y son sometidos a condiciones ambientales que ponen en riesgo su salud, por el uso indiscriminado de plaguicidas; es obvia la razón que obliga a trabajar a las familias completas, un salario no alcanzaría para alimentar a toda la familia y tienen que trabajar hasta los niños.

Las mujeres durante el embarazo, se ven obligadas a realizar el mismo trabajo pesado y no hay consideración por su estado, si no trabajan no ganan; no gozan antes, ni después del parto, de ningún tipo de descanso, menos aún se les otorga

la hora diaria por lactancia; esos lujos no existen para los trabajadores del campo, violando de esta manera la fracción V del artículo en mención.

Según la fracción VI del artículo 123, los salarios mínimo generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural. Los trabajadores del campo disfrutarán de un salario mínimo, adecuado a sus necesidades. Al igual que otras, esta disposición no se cumple, el salario que se les paga no permite que cubran ni minimamente las necesidades de un padre de familia, y en el mejor de los casos, se les pague en el orden de 12 mil pesos por jornada trabajada, y no reciben el pago de prestaciones mínimas.

Seguramente los agricultores parten de la idea de que las necesidades del trabajador son inexistentes. Por eso, al referirse a ellos dicen: "están acostumbrados a no comer, están hechos para trabajar, para ser felices no necesitan ni vestido, ni mejor casa."

El reparto de utilidades, dispuesto por la fracción IX del artículo 123 para los trabajadores asalariados del campo, prácticamente no existe.

A pesar de las grandes utilidades que generalmente provienen de las exportaciones de hortalizas, los agricultores no cumplen con esta prestación mínima, que trata de compensar el esfuerzo del trabajador en la producción. A fin de eludir esta responsabilidad, el mismo día que van a regresar a sus lugares de origen, los jornaleros reciben un sobre con una liquidación en que les dan 30, 40 o 50 mil pesos, con eso se pretende cubrir el pago de aguinaldo, de vacaciones, de reparto de utilidades.

A muchos jornaleros no les aparece su sobre y se regresan con las manos vacías pues no hay tiempo para reclamar, el camión se les va y el riesgo a quedarse sin dinero y sin viaje. Nadie revisa nunca cuanto se les entrega por reparto de utilidades, son cantidades ridículas; para estos trabajadores éste es un derecho inexistente.

Según la fracción XII del artículo 123 constitucional, "toda empresa agrícola está obligada a proporcionar a sus trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas con servicios y espacios para el desarrollo comunitario Para estos trabajadores, las habitaciones cómodas son galerones de lámina, sin piso de concreto, sin fosas sépticas, sin servicios de drenaje y agua. En este último caso, el agua no es potable, de tal forma que proliferan las enfermedades gastrointestinales.

Los derechos colectivos del trabajo garantizados por las fracciones XVI, XVII, XVIII Y XIX del artículo 123 constitucional son casi inexistentes en este sector.

Las posibilidades de organización sindical son reducidas por la movilidad de sus miembros; sin embargo, esto no ha dificultado que la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina se disputen la representación de estos trabajadores recogiendo cuotas sindicales semana tras semana. La gran mayoría de los trabajadores no conoce a sus dirigentes; fuera de las cuotas, no tienen más contacto, ya que no se presentan a hacerle frente a los problemas.

Las huelgas y paros laborales son prácticamente una ilusión en este sector. Al menor intento de protesta, los agricultores responden con despidos, los trabajadores siguen siendo eventuales y la posibilidad de ganar un conflicto laboral en esas condiciones es muy escasa.

Según la fracción XXIX, "es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, comprendiendo seguros de invalidez, de vejez de vida, de cesación involuntaria de enfermedades y accidentes, y cualquier otro encaminado a la protección de los trabajadores."

La Ley del Seguro Social, por su parte, en su artículo 11 incluye dentro del régimen obligatorio, los seguros de:

1. Riesgos de trabajo;

2. Enfermedades y maternidad;

3. Invalidez, vejez cesantía en edad avanzada y muerte, y

4. Guarderías para hijos de asegurados.

Como sujetos de aseguramiento del régimen obligatorio, en el artículo 12, la Ley del Seguro Social incluye, entre otras, a las personas que se encuentran vinculadas a otros, por una relación de trabajo; cualquiera que sea el acto que le dio origen y cualquiera que sea la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, esto es lo que dice la ley; sin embargo, la misma ley, haciendo una diferenciación y situación de excepción con los asalariados del campo, establece que: "a propuesta del instituto, el Ejecutivo Federal fijará, mediante decretos, las modalidades al régimen obligatorio que adquieren en este sector, de acuerdo a sus necesidades, posibilidades y las condiciones de la región y del país."

Amparándose en esta disposición, el instituto ha marginado a los jornaleros del campo de los

seguros del régimen obligatorio. Con el pretexto de su carácter eventual se les niegan las incapacidades, indemnizaciones, pensiones y jubilaciones, a pesar de que muchos de estos obreros han cumplido más de 30 años desempeñándose en las mismas labores y en el mismo campo; no acumulan antigüedad, y frente a su muerte, que generalmente deviene por enfermedad de trabajo, no disponen de menor ayuda.

El Seguro Social sólo se compromete con la atención médica y hospitalización, pero ni eso se les presta como es debido. Las ordenes médicas son cotizadas altamente y se reparten en forma selectiva.

La Ley Federal del Trabajo contiene también una serie de prestaciones mínimas que son negadas a los jornaleros del campo; son contemplados dentro del apartado de trabajos especiales, artículo 279, a 284. A partir de tres meses de trabajo, se presume que son de planta, artículo 280, y entre otras obligaciones de los patrones , se contempla:

1. El pago de salarios en el lugar en que se preste el servicio.

2. Proporcionar en forma gratuita habitaciones adecuadas e higiénicas, mantenerlas en buen estado.

En resumen compañeros, para qué alargar más una serie de violaciones a la ley y a nuestra Constitución que padecen los jornaleros agrícolas. Queda en escencia.

(Desorden.)

Yo quisiera que los jilgueros, cuando menos en alguna cosa tuvieran sensibilidad, y les pido respeto por eso, pero yo también exijo respeto, ¿no?

Por todo esto, compañeras y compañeros, por todos estos vacíos, nosotros nos hemos dado a la tarea de hablar con los coordinadores de los distintos grupos parlamentarios, hablar sobre todo con la Comisión de Agricultura, con el diputado Gómez Villanueva, con la Comisión de Trabajo y Previsión Social, con el diputado Juan José Osorio, y debido a la comprensión, hacemos la propuesta en términos del artículo 50 de la Ley Orgánica y 78 y 79 del reglamento, que es la siguiente:

"Unico Se crea una comisión especial por las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, para el estudio y propuesta de las iniciativas de decretos necesarios, que permitan el pleno disfrute de las prestaciones legales laborales de los jornaleros agrícolas en la República Mexicana."

Pido entonces al Presidente de esta Cámara, turne a las comisiones ya señaladas esta propuesta, a efecto que a la brevedad, para que podamos por lo menos rendir algo en el próximo período, se integre esta comisión. Es todo y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.

El Presidente: - Túrnese a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 15, 127 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario Juan Manuel Verdugo Rosas:- Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo poniéndose de pie... Se dispensa la lectura al dictamen.

"Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea: a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fueron turnadas dos iniciativas de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales suscritas por diputados pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y del Partido Revolucionario Institucional, por lo que con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 56 de la Ley Orgánica del Congreso General, se somete a la consideración de esta asamblea el presente dictamen, teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

a) La iniciativa presentada el 6 de diciembre de 1990 por diputados del Partido Auténtico de la

Revolución Mexicana propone reformas y adiciones a los artículos 5o. párrafo primero; 7o. párrafo primero inciso e; 37 párrafo primero, incisos f, y g; 79 párrafo tercero; 82 párrafo primero, incisos v, w, y adición del z; 123 párrafo primero a; incisos b, y c; 124 párrafo primero, inciso a; 127 párrafo primero; 128 párrafo primero; 165 párrafo primero, inciso b; 179 párrafo sexto: 240 párrafo primero inciso z; y 241 párrafo primero.

b) La iniciativa presentada el 15 de diciembre de 1990 por diputados del Partido Revolucionario Institucional, propone reformas al artículo 13 párrafo primero; la adición de un nuevo inciso c, convirtiéndose el actual c, en d, y al artículo 15 párrafo primero, así como la adición de un inciso c, al artículo 366 párrafo primero.

c) La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la sesión celebrada el 15 del mes en curso decidió integrar una subcomisión que se encargaría del estudio, análisis y discusión de las iniciativas referidas, así como de la propuesta formulada en el seno de la comisión por diputados del Partido de la Revolución Democrática para reformar los artículos 7o., 1. inciso g, y 347 párrafo primero inciso f, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

d) Los resultados de los trabajos de la subcomisión así como el anteproyecto que la misma elaboró permiten a esta comisión formular el presente dictamen al tenor de las siguientes

CONSIDERACIONES

I. Respecto de la iniciativa presentada por los legisladores del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana para la reforma y adición de diversos preceptos de la legislación electoral vigente, las deliberaciones concluyeron en lo que a continuación se expresa.

a) En relación con la reforma al párrafo primero del artículo 5o. prevaleció la reflexión de que las garantías y los derechos que se pretenden introducir ya se encuentran salvaguardados en otras disposiciones constitucionales y del propio código.

b) No se consideró procedente la reforma al artículo 7o., párrafo primero, inciso e, que pretende reducir de seis a tres meses el tiempo para que los consejeros se separen del cargo y puedan ser postulados como candidatos, en virtud de la naturaleza del cargo de consejeros diferenciada de los integrantes o titulares de otros cargos.

c) No se estimó viable la adición de varios incisos al artículo 37, dado que las limitaciones establecidas actualmente para poder fungir como representante de un partido político ante los órganos electorales, están estrictamente acotadas respecto de aquellas personas que ocupan cargos y funciones que son totalmente incompatibles con la defensa de los intereses partidistas.

d) Se consideró prudente mantener en sus términos la fracción V del artículo 79, cuya reforma se solicitó, con el fin de que la ausencia de consejeros y representantes ante el Consejo General no afecte la regularidad con que debe dicho órgano sesionar en términos de la ley. La propuesta a fin de adicionar con un inciso z, al artículo 82, así como la modificación del artículo 179, párrafo sexto, pugnaría contra la intención del código de desconcentrar facultades a los órganos locales y distritales; en todo caso, la negativa de los registros correspondientes puede repararse mediante la interposición de los recursos procedentes.

e) Las reformas de los incisos b, y c, artículo 123 y la propuesta para el artículo 124, párrafo primero, inciso a, fueron desestimadas por considerar que darían origen a dilaciones que podrían entorpecer el desarrollo normal de la jornada electoral.

f) Se estimó viable la reforma del artículo 127, párrafo primero, con el fin de evitar la indefensión del partido político cuyo representante deje de asistir sin causa justificada a las sesiones del órgano electoral ante el que se encuentre acreditado, sugiriéndose una redacción apropiada.

g) Se consideró improcedente la reforma al artículo 165, párrafo primero, inciso b, para que la Cámara de Diputados elija un ciudadano que forme parte de la Comisión Nacional de Vigilancia, ya que dicho organismo, de acuerdo con el mandamiento constitucional, debe estar integrada preponderantemente por los partidos políticos.

h) Las reformas de los artículos 240, párrafo segundo, y 241, párrafo primero, se estimaron innecesarias ya que los preceptos actuales consigan plenamente la obligación de los funcionarios encargados de dar fe pública de hechos relacionados con el proceso electoral y garantizan su debido ejercicio.

II. La iniciativa de los diputados del Partido Revolucionario Institucional explica su fundamento en lo que establece el artículo 54 constitucional, mismo que determina las bases y reglas para la elección de los diputados según el principio de representación proporcional. En su fracción III establece la regla general para la asignación de diputados por el principio de

representación proporcional, a la que tendrá derecho todo aquel partido político que acredite haber participado con candidatos de mayoría en por lo menos doscientos distritos uninominales y haber obtenido, por lo menos, el uno y medio por ciento del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, siguiéndose en la asignación la fórmula determinada por la ley.

La fracción IV del referido artículo 54 establece diversos supuestos para la asignación de los diputados de representación proporcional considerando el porcentaje de la votación nacional que recibieran los partidos y el número de triunfos logrados en la elección por mayoría. La enumeración de las diversas hipótesis no es limitativa ni cerrada, ya que el propio texto constitucional parte de reconocer que el resultado de la votación nacional tiene consecuencias bien distintas en los distritos uninominales atendiendo a la dispersión o concentración del voto y a la mayor o menor competitividad.

Consta que en la iniciativa original de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales presentada por diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, se desarrollaron las fórmulas y los métodos para la asignación de los diputados de representación proporcional considerando los diversos supuestos que la Constitución contemplaba de manera explícita, así como diversas hipótesis, que si bien no estaban especificadas con particularidad, aparecían implícitos dentro de los enunciados de la citada fracción IV del artículo 54 y dentro de la lógica general del nuevo esquema para la integración de la Cámara de Diputados. De esta forma dicha iniciativa preveía el caso de un partido político que obtenga más de 250 constancias de mayoría relativa y cuya votación sea el 35% o más de la votación nacional emitida y menor del 60%, estableciéndose que a este partido le serán asignados de las listas regionales dos diputados adicionales por cada punto porcentual obtenido por encima del 35% de la votación nacional.

Resultan válidas las razones expresadas en la iniciativa que se dictamina dado que si bien existe un determinado criterio en el sentido de que sin regulación específica los organismos electorales competentes o los colegios electorales pueden asignar diputados al partido cuyos resultados en la votación lo colocaran dentro de los extremos aludidos, es del todo conveniente, a fin de establecer la más amplia certidumbre en las normas relativas a la integración a la Cámara de Diputados, que el legislador ordinario regule dicha posibilidad dando la solución procedente consecuente con la norma constitucional.

Es de considerarse que la fórmula que se propone en este dictamen es distinta de la que se contenía en la iniciativa original del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Al efecto, en las deliberaciones que en su momento se suscitaron en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se consideró la necesidad de elaborar una fórmula que resultara consecuente con el esquema general para la integración de la Cámara de Diputados contenido en la Constitución. Así en la fórmula que se contiene en el artículo 13, párrafo primero, inciso c, del presente dictamen, la asignación de diputados de representación proporcional de una manera más equitativa no será sobre la totalidad de las curules de mayoría que hubiese obtenido el partido político correspondiente, sino a partir de las 251 curules que constituyen la mayoría absoluta de la Cámara. De esta forma, se logra un mecanismo de asignación que es análogo al que se observa para el distinto supuesto que regula el inciso b, del propio artículo 13.

La modificación al artículo 15 es exclusivamente con la finalidad de hacerla congruente con el nuevo número de incisos que contendrá el artículo 13 del código que se propone formular.

Estas consideraciones se hacen extensivas a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal dado que en iguales términos que la Cámara de Diputados, resulta indispensable regular el supuesto implícito en la Constitución, de manera que el partido que obtenga 34 o más constancias de mayoría relativa y cuya votación sea el equivalente al 30% y hasta el 66% de la votación en el Distrito Federal, le deberá ser asignado de su lista un representante adicional por cada cuatro puntos porcentuales de votación que hubiera alcanzado por encima del 30%. De igual forma que respecto de la fórmula consignada para la Cámara de Diputados el número de representantes que se le asignarán en este caso, se adicionarán a partir de los 34 representantes de mayoría relativa que constituyen la mayoría absoluta y no adicionalmente sobre la totalidad de representantes que un partido político hubiere ganado por mayoría.

III. La persona que sin ser iniciativa formal presentaron diputados del Partido de la Revolución Democrática para reformar el artículo 7o. párrafo primero, inciso g, y el artículo 347, párrafo primero, inciso f, para el efecto de que los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal no tengan necesidad de separarse de su cargo para ser candidatos a senador o diputados, o reducir el plazo para la separación; así como para que los diputados o senadores en ejercicio no tengan que separarse de su cargo para

ser candidatos a representantes de la asamblea, fue aceptada para discusión por esta comisión y también motivo de estudio y debate.

En relación con la misma, quedó establecida que el hecho de ser representante ante la Asamblea del Distrito Federal no constituye prohibición ni causa inelegibilidad absoluta para figurar como candidato a diputado o senador; así como tampoco el ser senador o diputado federal o local para poder figurar como candidato a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. El código sólo introduce el requisito de separarse del cargo tres meses antes de la elección, buscando con ello tutelar la igualdad que deben tener los candidatos en las contiendas electorales y que resultaría afectado por la posibilidad de que aprovechado el cargo influyera en la conducta de los votantes. Por esta razón la comisión considera que debe desestimarse la propuesta referida.

Por toda las anteriores consideraciones esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, somete a la consideración de esta asamblea el siguiente:

DECRETO

Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se adiciona con un nuevo inciso c, recorriéndose el actual inciso c, que quedaría como inciso d; se reforma el artículo 15, párrafo primero; se reforma el artículo 127 párrafo primero, y se adiciona el artículo 366 con un inciso c, para quedar como sigue:

Artículo 13.

1. El otorgamiento de constancias de asignación conforme al principio de representación proporcional de conformidad con la fracción III y en los casos comprendidos en la fracción IV, ambas del artículo 54 de la Constitución, se realizará como sigue:

a) y b)....

c) Al partido político que haya obtenido 251 o más constancias de mayoría relativa y cuya votación sea equivalente o más del 35% y hasta menos del 60% de la votación nacional emitida, le serán asignados dos diputados adicionales de las listas regionales por cada punto porcentual de votación que hubiera alcanzado por encima del 35%. En este supuesto, el número total de diputados por ambos principios no podrá se superior a la cantidad que resulte de sumar a 251, el número de diputados adicionales de las listas regionales que se les asignen por los puntos porcentuales de votación obtenidas por encima del 35%.

d)....

Artículo 15. 1. Para la distribución de curules de representación proporcional al partido político que se encuentre en alguno de los supuestos previstos por los incisos b, c, ó d, del artículo 13 este código, se procederá, para ese partido político en los mismos términos del artículo anterior.

2....

Artículo 127.

1. Cuando el representante propietario de un partido, y en su caso el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces consecutivas a las sesiones del Congreso del Instituto ante el cual de encuentran acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate. A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la sesión y se dará aviso al partido político a fin de que compela a asistir a su representante.

2 y 3....

Artículo 366

a) y b)

c) Al partido que obtenga 34 o más constancias de mayoría relativa y cuya votación sea equivalente al 30% y hasta el 66% de la votación en el Distrito Federal, le sería asignado de su lista un representante adicional por cada cuatro puntos porcentuales de votación que hubiera alcanzado por encima del 30%. En este supuesto, el número total de representantes por ambos principios no podría ser superior a la cantidad que resulte de sumar a 34, el número de asambleístas adicionales de su lista que se le asignen por cada cuatro puntos porcentuales obtenidos por encima del 30%.

TRANSITORIO

Unico. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los diecisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa.»

Trámite: - Segunda lectura.

El Presidente: - En consecuencia, está a discusión el dictamen.

Sólo quiero informarle a la asamblea que de conformidad con el artículo 97, siendo éste un dictamen de artículo único, la discusión es única también, esto es, la discusión se da en lo general y en lo particular al mismo tiempo.

Quiero informar a la asamblea que se han inscrito los siguientes diputados: Armando Herrera, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hablar en contra; Javier López Moreno, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Ricardo Monreal, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Ernesto Rivera del Partido Popular Socialista, en contra; Oscar Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Pablo Gómez, del Partido de la Revolución Democrática en contra; Jesús Anlen, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Bernardo Bátiz, del Partido Acción Nacional, en contra; Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en contra; Pedro Alberto Salazar Muciño, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Artemio Iglesias, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Gerardo Arellano, del Partido Acción Nacional, en contra; José Trinidad Lanz Cárdenas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro, y Juan José Medrano, del Partido Acción Nacional.

Se tomó el acuerdo entre los diputados que participarán en el debate, utilizar durante su intervención 20 minutos, en la salvedad de que de acuerdo con el reglamento, la disponibilidad de tiempo es de media hora. Queda a su juicio cumplir con el acuerdo interno de los 20 minutos u ocupar la totalidad de su tiempo.

En consecuencia, tiene la palabra el diputado Armando Herrera Guzmán, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en contra.

El diputado Armando Pascual Herrera Guzmán: - Con permiso de la Presidencia...

El Presidente: - Su atención, señores diputados. Adelante diputado.

El diputado Armando Pascual Herrera Guzmán: - Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Daré lectura a la posición de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto del dictamen sobre reformas y adiciones a los artículos 13, 15, 127 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

En opinión de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, la iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales significa una adecuación de la ley secundaria a los nuevos mecanismos de representación proporcional establecidos en el artículo 54 fracción IV, aprobados en la reforma constitucional en materia electoral del Congreso Extraordinario de 1989. Significa reglamentar la sobrerrepresentación de la agrupación política que hubiese obtenido más de 251 constancias de mayoría, y por encima del 33% de la votación nacional efectiva. Tales adecuaciones legales estuvieron originalmente consideradas en términos generales en uno de los anteproyectos de dictamen del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero que al final de cuentas fueron retiradas del dictamen que se aprobó, seguramente como consecuencia de ciertos acuerdos parlamentarios.

El hecho de que tempranamente estemos reformando una ley reglamentaria, un ordenamiento que por cierto aún no ha sido confrontada con la práctica política, indica los límites de la propia ley...

(Desde una curul): - Señor Presidente, quisiera pedir una moción de orden.)

El Presidente: - Es procedente la moción. Ruego a los señores diputados guardar silencio y poner atención al orador. Continúe, señor diputado.

El diputado Armando Pascual Herrera Guzmán: - Tal situación refleja también las contradicciones genéricas de los sistemas de representación mixta, en la integración de la Cámara de Diputados, de fórmulas que propician la sobre o subrepresentación de las fuerzas políticas que operan en el mercado político; es decir, del caso de aquella fuerza política que requiere de diputados adicionales para garantizar su condición de primera mayoría, que mengua a otras en sus posibilidades de verse representadas de acuerdo a los resultados de votación efectiva.

Para mostrar cómo se daría la distribución de la representación proporcional en la Cámara de Diputados, aplicándose el inciso b, del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un breve ejercicio estadístico

con los resultados de las elecciones federales de 1988 arroja los siguientes resultados: El Partido Revolucionario Institucional pasaría de 27 diputados de representación proporcional a 52, conforme a la reforma; el Partido Acción Nacional, de 63 a 47; el Partido Popular Socialista de 32 a 26; el Partido Mexicano Socialista de 19 a 18; el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional de 34 a 27; el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana de 25 a 22. Con base en tal esquema el Partido Revolucionario Institucional elevaría su bancada a 285 diputados.

En la hipótesis implícita en el proyecto de adición al artículo 13 inciso c, suponiendo el Partido Revolucionario Institucional obtuviese 251 constancias de mayoría, y mantuviera el mismo porcentaje de votación nacional emitida de 1988, 51.92%, alcanzaría 34 diputados por el porcentaje adicional al 35%; es decir, en total obtendría el mismo número de curules que en la hipótesis anterior, 285.

Dicha constatación numérica, muestra claramente la existencia de un sistema de gobernalidad legislativa, que permitirá a la fuerza ligeramente mayoritaria proceder discrecionalmente sobre los diversos asuntos que competen a la Cámara un control que favorece la gobernabilidad y estrecha el margen de concertación entre las diversas agrupaciones políticas existentes en la Cámara.

En estas adecuaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no sólo estamos enfrentando el problema de la denominada cláusula de gobernabilidad; es decir, la reglamentación de una garantía de administración política estable en condiciones de reñida competencia electoral. Además, encaramos el serio problema de encontrar los mejores caminos de la representación constitucional, de la voluntad popular en la Cámara de Diputados.

En su oportunidad nuestra fracción parlamentaria ofreció una propuesta adecuada, transparente, clara y justa para enfrentar este problema. Propusimos una reforma total al mecanismo de representación popular en esta Cámara en los artículos 52 y 54 constitucionales que a la letra rezan:

"Artículo 52. La Cámara de Diputados estaría integrada por 500 diputados electos según el principio de votación por representación proporcional, mediante el sistema de lista única votada en secciones electorales.

Artículo 54. La elección de los 500 diputados, según el principio de representación proporcional, se sujetará a las bases generales siguientes y a lo que en particular dispone la ley."

En el debate de la reforma constitucional en materia electoral, referido los mecanismos de representación para la integración de la Cámara de Diputados, consideramos que bajo los criterios establecidos en el dictamen referido a tal asunto, el otorgamiento de constancias de asignación hacía crecer la sobrerrepresentación del partido ligeramente mayoritario, y favorecía el control holgado de la actividad parlamentaria de dicha corriente política.

Nuestra propuesta, en cambio, fincándose en la identificación plena de gobierno democrático con representatividad proporcional, otorgaba a cada fuerza electoral su correspondiente representación única proporcional. La seguimos entendiendo como la consecuencia fiel de la soberanía popular, y no como la graciosa concesión de nuestra supuesta fuerza mayoritaria.

Nuestra propuesta asumía las mejores tradiciones democráticas del liberalismo político nacional y universal en materia de representación política para la integración del Poder Legislativo. Por ello, propusimos que los criterios de representación proporcional absoluta se trasladasen de igual modo a la conformación del Senado de la República.

Don Mariano Otero, en 1847, señalaba lo siguiente: "Entre nosotros, la imperfección del sistema electoral ha hecho ilusorio el representativo. Por él, en vez de que los congresos hayan representado a la nación como es en sí con todas sus opiniones y todos sus intereses, sólo han presentado con frecuencia una fracción y dejando a las demás sin acción legal e influjo; las han precipitado a la revolución.

La necesidad de llamar a todos los interese representados, es hoy una verdad tan universalmente reconocida que sólo ignorando el estado actual de la ciencia puede proclamarse el duro y absoluto imperio de la mayoría, sin el equilibrio de la representación de la minorías". Esto fue lo que se dijo don Mariano Otero en 1847.

Como es evidente, hace siglo y medio ya se reconocía por uno de nuestros egregios pensadores, la ingente necesidad de conformar mecanismos de representación que garantizarán la pluralidad política del la nación, evidencia que en la reforma constitucional de 1989 y en las de la ley reglamentaria en materia electoral de este año se han soslayado. Más las propuestas de reformas que hoy nos ocupan abren aún más le brecha de tal desfase histórico y estimulan las imperfecciones del sistema electoral, promoviendo la ficción de la representatividad política en los órganos de los pobres constitucionales. Dan razón

a quienes sostenemos la fórmula de representación proporcional plena en la integración del Poder Legislativo

Por las anteriores consideraciones, nuestra fracción parlamentaria votará en contra del dictamen de reformas a esto.

Quisiera abundar en nuestra posición de modo análogo a lo planteado en el artículo 13, que daría la integración de la Asamblea de Representantes, sólo que en condiciones de una exigencia relativamente mayor, de aprobarse la propuesta del inciso c, del artículo 366.

El marco de la reforma nos indica que el límite inferior para obtener un representante adicional es de 34%, el máximo de 66%, nivel con el que se alcanzarían nueve representantes adicionales.

Paradójicamente, en la medida que se aproxima al límite superior, es decir, al 66%, los criterios de asignación de representantes tienden a la proporcionalidad plena. Por ejemplo, con 34 curules obtenidas por mayoría relativa y 66% de la votación efectiva en el Distrito Federal, el partido incluido en tal caso obtendría nueve representantes adicionales, alcanzando un total de 43 representantes.

En este sentido, con el 66% de la votación se obtendría el mismo nivel de representación en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Tal parece que los impulsores de la reforma que estamos discutiendo, buscan garantizar la existencia de una mayoría artificial y artificiosa que impide el libre juego parlamentario, situación que en el caso del Distrito Federal no sólo es indicativa de la falta de voluntad para concertar, sino además de la expectativa de crear instancias de representación popular que no reflejen los resultados de la votación.

Consideramos que bajo el argumento esgrimido de búsqueda de equidad en la asignación de curules, se esconde una lógica tendiente a garantizar una mayoría en los diversos ámbitos de la representación popular. Mayoría que a juicio del grupo parlamentario que represento, la iniciativa permitiría eficiencia en la toma de decisiones. Ello indica que antes que buscar mayor transparencia en los procesos electorales y un mayor acercamiento de las diversas fuerzas sociales a la representación nacional, lo que se busca es eficientar las modalidades del tutelaje y dependentismo político existentes en el país, circunstancia que poco favorece al avance y la reconstrucción democrática de la nación.

Contrario a lo que algunos piensan, nuestro país está desde hace mucho tiempo creando las estructuras culturales acordes a las nuevas condiciones políticas que privan en él. Una nueva cultura política está creciendo en la vida cotidiana de los ciudadanos y muestra de ello son las diversas reformas que se han promovido y que buscan garantizar los derechos de los mexicanos.

Pensar lo contrario significa no reconocer la vitalidad de la sociedad y pensar como lo hacía Porfirio Díaz: que los habitantes del país no han alcanzado la mayoría de edad y que por ello necesitan de una mano fuerte que los conduzca y los corrija. Lógica del autoritarismo que se niega a reconocer la pluralidad política y que con mayor razón se niega a fomentar la diversidad como la vía para alcanzar la unidad en el impulso nacional.

De una política que se concrete a manipular en condiciones más cómodas, las diferencias políticas para imponer un criterio común artificial en el caso del Distrito Federal, las condiciones para la sobrerrepresentación política tienden a desfigurar la soberanía popular en términos de integración del órgano constitucional de la representación ciudadana con una "mayoría", todavía más ajustada hasta el 30%, se pretende decidir cuestiones fundamentales en la vida de alrededor de 15 millones de habitantes.

El desatino de los criterios en la propuesta de integración de la Asamblea de Representantes, es mayor. Consideramos que perseverar e ignorar el justo reclamo ciudadano para constituir a esta entidad en un estado más de la federación restringe el desarrollo democrático de la nación. Tal situación no debe desvincularse a la desmesurada pretensión para que la fuerza minoritaria, artificialmente mayoritaria en la Asamblea de Representantes, continúe gobernando con mecanismos legales que contravienen la voluntad de la amplia mayoría de ciudadanos.

Por estas razones compañeros diputados, la fracción del Partido del Frente Cardenista, votará en contra del dictamen. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier López Moreno, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Javier López Moreno: - Don Fernando Córdoba Lobo, Presidente de la Cámara de Diputados; señoras diputadas; señores diputados: Es necesaria la reforma que promovemos. El camino de la transparencia electoral pasa obligadamente hoy por la absoluta claridad de las reglas del juego. La experiencia elocuente: si el

aplicador de la ley encuentra ancho camino para la discrecionalidad, aumentan las posibilidades de la arbitrariedad. Esa relación vista en ocasiones de causa - efecto, arbitrio extremo igual a peligrosos subjetivismos, debemos eliminarla.

Entonces nuestro primer alegato es en favor de la certidumbre jurídica; nada que dé a la libre interpretación para que no haya fuente de corrupción.

La ley que dice sin equívocos dónde y por dónde, cancela dudas, remontan ambigüedad y permite a los jugadores saber de antemano a qué se atienen sin que los resultados puedan influenciarse por la buena o la mala voluntad de los juzgadores.

Claro, se dirá, se ha dicho aquí incluso: ¿qué clase de certidumbre es ésa que lleva a la sobrerrepresentación de un partido? Y no es así, no se trata de una seguridad jurídica en agobio de unos y para liberar a otros, porque con ejemplos múltiples, razones varias que mis compañeros de bancada ha dicho y aquí van a reiterar, podremos demostrar palmariamente, que esta certidumbre es fundada. ¿No tenemos en definitiva, preguntamos, un sistema mixto de representación? Este carácter mixto debe ser preservado a la hora del reparto de curules.

El segundo argumento se llama: capacidad de negociación. Hemos variado nuestra postura inicial; lo que hoy proponemos no aparece así en nuestra postura original, la de hace varios meses.

En aquel entonces propusimos un reparto de curules a partir del número de constancias de mayoría que se hubieran alcanzado aun en el caso de que éstas fueran más de 251. Las oposiciones alegaron: habrá una sobrerrepresentación, será por ende injusta, debe ser rechazada, adujeron. Y la rechazaron. Esta propuesta que quedó virtualmente en el aire, y no la retomamos, la hemos modificado. Preguntémonos sinceramente: ¿conviene a la nación que los partidos entren a la contienda de 1991 con una laguna así?

Reiteramos, hemos variado lo que propusimos al principio.

Tercer argumento. Equidad. Ya aquí controvertida por el orador anterior, pero no hay fórmula matemática perfecta. Nada en política existe como mecanismo repartidor, igualador, garante de justicia absoluta.

Todos sin excepción tienen convenientes e inconvenientes; depende de las circunstancias.

El nuestro, el que nosotros proponemos, creemos que es, sin embargo, el de mayor consonancia con el sistema mixto ya aludido.

Señoras y señores diputados: al acabar el Primer Período Ordinario del Tercer Año de ejercicio de sesiones y porque en el tema cabe, el Partido Revolucionario Institucional, a propósito de esta reforma que pone a consideración de ustedes, fija su postura.

Estamos metidos de lleno en una ardua travesía que debe conducirnos a la democracia cabal; que la ruta sea menos azarosa, despejada y despojada de prejuicios y perjuicios, depende de todos los partidos, en una buena parte.

A pesar de innumerables vicisitudes, es posible decir que hasta en lo trivial, en lo insignificante, asoman en ocasiones nuestras esencias.

Esta Cámara es expresión superior del quehacer realizado por las fuerzas políticas fundamentales de la nación. Así debemos mantenerla, como el espacio número uno de la expresión de la lucha por el poder y de la capacidad de concertación de todos los contendientes.

La mayor y la mejor democracia. no lo va a resolver todo, pero sin ella, todo estaría inconcluso.

En medio de la crisis, con un proyecto claro, estamos saliendo sin acabar de salir de una dilatada etapa que le ha dado estabilidad y crecimiento económico al país, la del partido hegemónico surgido desde el poder, el partido que cohesionó por décadas sin cancelación de libertades a las agrupaciones y organizaciones de mayor peso político; pero ahora el desafío es cómo hacerle sin la quiebra de la estabilidad y con atención a una injusticia bárbara que aún priva en vastos sectores, ¿cómo hacerle, decimos, para que el pluripartidismo no se nos convierta en una fuente de dispersión ni la lucha de las ideas nos eche de bruces al conflicto social? ¿Es posible lograrlo? Tiene que serlo y en todo caso ello depende, insisto, de todos, aunque de diverso modo del Partido Revolucionario Institucional, sus antagonistas e incluso de quienes no creen en los partidos y le dan la vuelta a la política organizada.

Salimos de esta etapa, señores, en medio de desconfianzas y de recelos evidentes, a veces, reconozcámoslo, reaccionamos con extrañeza por lo que ocurre afuera de nosotros y con sobresalto por lo que germina en el interior de nosotros mismos, creencias que se hacen polvo y dejan un gran vacío colmado por lo que está más a la mano, el amparo de nuevas ilusiones que fracturan o lo efímero de las simples ocurrencias, doctrinas que al diluirse nos diluyen, azoros que no alcanzan para entender la realidad, ya no digamos para transformarla, pero no hemos llegado, nunca vamos a

llegar a fin de la historia o a la muerte, la periclitación de las ideologías se desploman, eso sí, fantasías y sueños y hasta cobran cuerpo algunas utopías.

Pero cuidado, el derrumbe de sistemas autoritarios no aseguran longevidad a las pretensiones del capitalismo salvaje; lo único que acompaña al hombre a su convivencia, su asidero sin muerte, es la dignidad y ésta sólo se satisface y se aviva en la democracia.

Todo esto que pasa y nos pasa ha de llevarnos a la revisión de cuanto hemos hecho, a reconocer que en política y en este momento, lo pero no es quedarnos sin respuestas, sino quedarnos sin preguntas. Somos nosotros, mexicanos de este fin de siglo, los obligados a construir la casa del futuro inmediato, con una concepción que vaya más allá de los plazos perentorios, ésa es la clave, actuar pronto y mirar lejos sin renunciar al aprendizaje de la negociación, pagando costos, aceptando con realismo la contabilidad de nuestras derrotas y de nuestras victorias electorales y sociales, lo que ha de ganar siempre es la concordia de la sociedad sustentada en una democracia que no oscurezca ni encandile la razón de nadie.

Negociemos, señores diputados, con eficacia, con los pies bien firmes en el piso constitucional y respecto de cosas mayores, eso, siempre eso, en vez de enardecernos por asuntos baladíes, quejas sin significación como las que a veces nos han llevado a un estira y afloja que a muchos, sinceramente, les tiene sin cuidado.

Alguna vez Humberto Roque Villanueva se preguntaba: ¿es poco lo que podemos hacer como diputados para que mejoren las cosas? ¿Es mucho lo que podemos hacer como diputados para evitar que empeoren? Hagamos entonces, sería la respuesta, mucho de lo poco y más de lo mucho porque ése es nuestro compromiso. No todo lo que le ocurre a los partidos le importa a la sociedad ¿y cuántas cosas que a la sociedad interesan no pasan por la cabeza de los partidos políticos?

La cuestión suprema, sin embargo, el punto de partida y el punto de llegada es la vigencia plena del orden constitucional; en este tiempo nadie podría tener razón contra el estado de derecho; no buscamos el consenso por blandura, sino por una razón de sobrevivencia del todo y por trascendencia del proyecto de la mayoría.

Eso es válido. No tiene por qué criticarse a un partido que haga la lucha por hacer prevalecer sus ideas, si lo hace democráticamente.

El proyecto que tenemos está sujeto a la discusión de todos, pero ha de llevarse a cabo si la mayoría coincide con él y lo respalda. A eso se le llama en todas partes: democracia.

Concluyo ya. Algunas confrontaciones nos confirman que en la violencia no hay nada para nadie, mucho menos para la democracia. Orden, orden jurídico y nos amanecemos con elecciones alumbradas por la sensatez de los partidos, la imparcialidad de las autoridades, la participación de la ciudadanía, la credibilidad, hoy dañada, de la opinión pública.

Vayamos a 1991 con una nueva concepción: la de los partidos que sean ejes de la concertación política, de los acuerdos para consolidar y avanzar, sin suprimir diferencias que han de distanciarnos, pero sin enfrentarnos irracionalmente.

Vayamos a 1991 para enaltecer la lucha política.

Mi partido se declara dispuesto, frente a los partidos de hoy de mañana, a la más amplia alianza y a la más ancha convergencia con todas aquellas fuerzas que se identifiquen con nuestras ideas y nuestras tácticas y estrategias documentadas a partir del 3 de septiembre.

Vayamos a 1991 con partidos que sean no sólo centros de debate, sino fuentes de pactos que ayuden al cumplimiento de la ley. La política tiene ya, esto es irrecusable, como nunca antes, un peso definitivo para conducir al país, si entre todas las partes hay más tolerancia, más respeto, sujeción sin reservas al orden constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)

El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Diputado Presidente, deseo formular una interpelación al orador.

El Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta, diputado?

El diputado Javier López Moreno: - Por ahora, señor diputado y en atención a un acuerdo interno de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, quisiera decirle que no puedo tener el privilegio de contestarle a su interpelación.

El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - ¡Para rectificación de hechos!

El Presidente: - Señor diputado, apelo yo a su comprensión para que podamos respetar el orden acordado entre todos los oradores que se han inscrito en contra y en pro.

Tiene la palabra, en contra, el diputado Juan Jaime Hernández.

El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; diputadas; diputados: Estén atentos a mis palabras. En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sustentamos que todo poder público que no emane del pueblo es ilegítimo, ofende a la moral cívica y lesiona severamente al país, por ello, subrayamos que la reforma más importante que México requiere es la de carácter político; logra un régimen de sufragio efectivo, sólo con nuevas leyes electorales que establezcan igualdad entre los partidos, con un veraz padrón electoral y autoridades imparciales. Con las reformas constitucionales, el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y las que en el dictamen a discusión se nos presentan, no es posible establecer democracia con un partido oficial, con sindicatos que niegan la libertad de afiliación política, no hay democracia con el monopolio de los medios de información, con prensa subordinada y con el empleo ilegal de los recursos públicos en beneficio del partido del gobierno; no hay democracia sin autonomía municipal, federalismo efectivo y auténtica separación de poderes, control y vigilancia sobre el Ejecutivo y sin la restricción de la capacidad del Congreso de la Unión.

El 6 de diciembre de este año, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana presentó a esta soberanía iniciativa para reformas y adiciones a los artículos 5o., 7o., 37, 79, 82, 123, 127, 128, 179, 240 y 241 del Neocódigo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y curiosamente en forma festinada, el Partido Revolucionario Institucional presentó iniciativa reformas y adiciones a los artículos 13, 15 y 366, para regular y afianzar el candado de gobernabilidad y que en forma por demás sospechosa, originó se convocara a todo vapor a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a fin de que se dictaminara sobre las reformas propuestas por el Revolucionario Institucional. A instancias de los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que forman parte de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se logró que la iniciativa presentada por fracción de este instituto político, fuera turnada conjuntamente a la subcomisión de estudio de la referida comisión.

La subcomisión, en el estudio de ambas iniciativas al buscar el aseguramiento y regulación del candado de gobernabilidad, demostró el estrechamiento de los espacios democráticos y el desprecio al voto, al no tomar en consideración las reformas propuestas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y anexando al anteproyecto, solamente las reformas al artículo 127, consistentes en la obligatoriedad del órgano electoral correspondiente para notificar al partido la inasistencia injustificada de su representante propietario o en su caso, el suplente.

Esta reforma a medias, no constituye ningún avance democrático, antes bien, nos señala la comisión que en este dictamen tiene exactamente la intención de el desprecio al voto a través de la violación del procedimiento legal.

Las reformas propuestas por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tienen por objeto regular con precisión la actuación de los diversos órganos electorales en la preparación, en la vigilancia y en los recursos que en conjunto contiene el proceso electoral.

Exigencias que señalamos para el día de la jornada electoral, como son: la foliación y cuenta de boletas antes del inicio de la votación y en presencia de los representantes de los partidos políticos, la comprobación ante los mismos, que el nombre del elector figure en la lista nominal correspondiente y al término la cuenta de boletas foliadas, depositadas en cada urna, así como el número de electores, que emitió su voto los que deberán estar debidamente anotados en la lista nominal de electores.

Pero la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, al desechar en este dictamen tales propuestas, se pone al margen de la legitimidad, impide que los ciudadanos recuperemos nuestros derechos conculcados y cancela las vías legales de defensa de la voluntad popular, pretendiendo encajonarnos entre la aceptación pasiva de la imposición y el enfrentamiento con violencia.

En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no hemos convocado al pueblo de México a la violencia, ni habremos de hacerlo; queremos que avance la conquista de la democracia, mediante la organización popular, la movilización social y la lucha política.

Hemos estado y seguiremos dispuestos a la discusión, al debate de las ideas y al examen serio de los problemas nacionales y de sus soluciones.

Las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al regular el candado de gobernabilidad, causa un daño irreversible a la democracia en perjuicio del pueblo de México, pues esta reglamentación obedece a la contrarreforma constitucional en materia electoral que en forma irresponsable daña al perfeccionamiento democrático de nuestro sistema electoral.

En síntesis, en nuestra propuesta, desarrollados el concepto de que la opción al cambio y auténtica

democracia, es por la vía electoral, nos atenemos a ella como un pilar de la nueva cultura política nacional, siendo una de las esferas donde los cambios deben ser mayores, donde la libertad política cobra actualidad y donde el país puede borrar los rezagos más penosos.

Por todo lo anteriormente expuesto, y aunque en el dictamen a discusión recoge una sola de nuestras propuestas, seguimos insistiendo en que para lograr una verdadera reforma con la perspectiva en la efectividad del sufragio, debe suprimirse en candado de gobernabilidad, pues con ello el sistema electoral mexicano sufre un retroceso que nos negamos a calificar, este revés, es lo que nos obliga en forma imprescindible, a asumir un conducta encaminada a crear la voluntad real y política, pues no olvidemos que el mundo nos está enseñando que las mayorías impuestas se derrumban y caen sepultadas con las lápidas que ellos mismos colocaron.

En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana asumimos nuestro compromiso fundamentalmente con la nación, buscamos y hemos buscado siempre que en los procesos electorales se rijan por una ley y un organismo público, profesional en su desempeño, autónomo en sus decisiones y regido por los principios de certeza, objetividad, legalidad e imparcialidad, y con este dictamen, se aleja cada día más de la realidad para alcanzar la democracia. Por ello, en lo general nuestro voto es en contra reservándonos el derecho para discutirlo en lo particular, impugnando los artículos correspondientes.

Diremos pues: Atendite popule, leye nostra (Para que el pueblo escuche y atienda nuestras leyes). Gracias.

Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a los veinte días del mes de diciembre de mil novecientos noventa. -Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Juan Jaime Hernández, Oscar Mauro Ramírez Ayala, Vicente Luis Coca Alvarez, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Pablo Ávalos Castro, Francisco Castañeda Ortíz, Marco Antonio Castellanos López, Teodoro Altamirano Robles, Manuel Patricio Estévez Neninnger, Héctor Beltrán Manríquez, Luis Gambino Heredia, José Francisco Melo Torres, J. Alfredo Monsreal Walkinshaw, Alberto Bernal González Erasmo López Villarreal y Humberto Esqueda Negrete.»

El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Señor Presidente; Honorable asamblea: Me he inscrito en pro del dictamen que contiene las reformas y adiciones de los artículos 13, 15, 127, y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por razones que en seguida expresaré y que tienden a otorgar congruencia al texto constitucional plasmado en el artículo 54 constitucional.

Este dictamen que ahora discutimos ha sido precedido por un cúmulo considerable de críticos, de dirigentes partidistas, analistas y politólogos, académicos, declaraciones y posturas de legisladores y de partidos políticos; todas ellas respetables, muchas de ellas han orientado el trabajo de esta Cámara.

Se ha formulado insistentemente una interrogante sobre esta reforma. Se ha dicho que por qué no se contempló en la reforma legal del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Se ha preguntado si fue un descuido o si fue un olvido. ¿Qué sucedió?, se ha preguntado también. ¿Qué se pretende?, e incluso se ha llegado a afirmar que se trata de asegurar una sobrerrepresentación del partido político que se encuentre en ese supuesto jurídico.

Y sobre de esto debe de haber respuestas claras que no dejen dudas a este pliego de interrogantes. Para ello requerimos recordar algunos antecedentes que se suscitaron tanto en la discusión de la reforma constitucional como en la discusión de la reforma legal.

Recordemos que en el artículo 54 constitucional, en el párrafo cuarto, inciso c, se prevé este supuesto jurídico en una interpelación extensiva.

El artículo 13 de la iniciativa original del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el inciso c, señalaba y regulaba esta hipótesis jurídica. Aunque la naturaleza es similar, la que ahora proponemos, sus resultados son distintos. Es decir, es una reforma que regula el supuesto jurídico que en un principio se propuso en la iniciativa en el artículo 13, que ahora equilibra y atempera esta representación proporcional.

Pero recordemos qué es lo que decía el artículo 13, en el inciso c, de la iniciativa original del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cito textualmente: "Al partido político que haya obtenido más de 250 constancias de mayoría relativa y cuya votación sea el 35% o más de la votación nacional emitida y menos del 60%, le serán asignadas de las listas regionales dos diputados adicionales por cada punto porcentual obtenido por encima del 35% de la votación".

Esto fue muy discutido tanto en la reforma constitucional como en la reforma legal. Los partidos políticos que ahí se encontraban representados casi todos ellos coincidieron en que existía una sobrerrepresentación, y ahí precisamente los argumentos para que no se legislara en esta fracción, en ese momento y por acuerdo y consenso de todos los partidos políticos o de la mayoría de las fracciones parlamentarias, se consideró que se dejaría para un mejor momento.

Por otra parte, recordemos que no fue un olvido, que no, de ninguna forma se refirió a un descuido, sino que estos elementos y argumentos condujeron a tomar esta decisión en esta Cámara, para que en un mejor momento pudiésemos legislar y pudiésemos juntos buscar una fórmula que atemperara y que equilibrara este reparto de curules de representación proporcional.

Y ahora, lo que se pretende y lo que se intenta y lo que se contiene en el dictamen a discusión, es una nueva fórmula. Recordemos que algunos le denominaron a la fórmula antigua, la fórmula dura, la fórmula rígida, y a esta fórmula le hemos denominado la fórmula constitucional. Es decir, cuando se regula este supuesto, se toma en la asignación de curules de representación proporcional, no las curules que se hayan obtenido, sino se toma el número de 251 a partir de la mayoría absoluta.

Lo que pretendemos, como aquí ha quedado ya expresado por el orador anterior de mi partido, es evitar una interpelación que pudiera antojarse arbitraria y que, incluso, se ha sostenido que los órganos electorales, el Colegio Electoral y el Tribunal Electoral, tienen la facultad para interpretar y para dilucidar esta situación. Pero el partido no ha querido, y por eso su pretensión, por eso su iniciativa, no ha querido dejar a la interpretación libre que pudiera, repito, antojarse como una interpretación arbitraria.

Hace unas horas, en este recinto se discutió sobre la interpretación de una norma contenida en el reglamento. en el artículo 58; en ella se expresaron puntos de vista distintos, en ella se expresaron, en esta discusión, puntos de vista encontrados y dispares, porque unos interpretaban la norma de una forma, otrosla interpretaban de acuerdo a lo que ellos creían que era lo adecuado y era lo conveniente. Y esto es precisamente lo que pretendemos y lo que queremos evitar regulando esta hipótesis, en razón del principio de equidad y en razón del principio de proporcionalidad justa.

Por eso, aunque me gustaría hacer algunos ejercicios, veo que no es el momento adecuado, porque veo a la asamblea un poco distraída y veo a la asamblea un poco cansada y agotada por la sesión, pero en los ejercicios prácticos, se observa cómo cambia radicalmente la fórmula propuesta original a la fórmula que ahora se intenta.

Ciertamente, en las matemáticas políticas no existe una fórmula perfecta, y esto estamos conscientes, ésa es la fórmula que más se acerca hacia la representación proporcional y hacia una equidad y una distribución más justa para los partidos políticos.

Respecto de los argumentos que refería el diputado Juan Jaime Hernández, de sus iniciativas, ciertamente se analizaron en la subcomisión dictaminadora y en ella se expresaron argumentos y razones por las que no era conveniente incluir todas ellas; en algunas existían incongruencias de tipo legislativo, en otras, los supuestos que ellos intentaban que se incorporaran al texto del Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales, se encontraban ya contenidos en otros supuestos jurídicos. De ahí que la subcomisión dictaminadora, por mayoría de sus miembros, considerara que ni era conveniente ni era adecuado, de acuerdo con técnica legislativa y de acuerdo con los supuestos que ellos pretendían y que proponían, no era conveniente incorporarlos al texto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Ciertamente, hicieron esas propuestas de reformas, pero finalmente la subcomisión opinó, estimó, que no era conveniente plantearse en este momento esas reformas, por la incongruencia, por la falta de técnica legislativa y porque los supuestos que ellos intentaban que regulara el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encuentran regulados actualmente en la Constitución y en la ley. Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el diputado Ernesto Rivera Herrera del Partido Popular Socialista.

El diputado Ernesto Rivera Herrera: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Un objetivo fundamental de las luchas históricas del pueblo mexicano ha sido y es ampliar verdaderamente el régimen democrático, en plena concordancia con la existencia de diversas corrientes de opinión de la sociedad mexicana.

Esto es, que el Partido Popular Socialista sustente el criterio de la pluralidad como la mejor manifestación de las ideas en estricto apego a la lucha de clases. En este marco, y tomando en cuenta la composición social clasista de nuestro partido, es que se sostuvieran las ideas de que los partidos políticos eran representativos de

organizaciones de clases y de intereses de clase, y que eran, además, entidades de interés público, haciendo a un lado las posiciones individualistas.

Sin embargo, en los últimos ocho años, pero principalmente en los últimos meses, se ha puesto en marcha profunda rectificación a estos hechos instrumentando una absurda y negativa reforma que no sólo desprecia a los partidos, como entidades representativas de las clases sociales que componen a nuestra sociedad, sino que ha venido pugnando por negar y desconocer la composición plural para abrir las puerta a la aventura y a la corrupción política, mediante el ejercicio del bipartidismo que prácticamente existe con el absoluto apoyo y reconocimiento del régimen tecnócrata y neoliberal que actualmente gobierna.

El Partido Popular Socialista plenamente convencido de que la tendencia hacia el bipartidismo es antidemocrática, lo cual se comprueba con la extraordinaria victoria de las fuerzas populares, progresistas y revolucionarias, al condenarla definitivamente, marginándola de la Constitución de la República y del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, formula enérgica denuncia contra la feroz campaña que el régimen actual ha desatado contra la ideología socialista, revolucionaria y democrática.

Estos juicios resultan válidos y vigentes en base a la gran apertura que se ha dado para que surjan partidos como hongos, sin responder a la originalidad ideológica o a una nueva alternativa de solución a los grandes problemas del pueblo y de la nación mexicana. Aun más, es absurdo que una ley se modifique o se reforme cuando todavía no es sometida a la prueba de la práctica.

Es totalmente inaceptable que se impulse desde el gobierno el bipartidismo, usando todos los medios masivos de la comunicación, tanto prensa como radio y televisión, llevando desorientación y confusión a las grandes masas del pueblo mexicano.

En cierta medida, el abstencionismo tiene su origen en esta diversa amalgama de tendencias, propiciadas por la confusión y la desorientación.

El maestro Vicente Lombardo Toledano, descubridor de la unidad de las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias, como instrumentos para ampliar la vida política de México, para mejorar las condiciones de vida del pueblo, viene a despertar la conciencia de los mejores mexicanos, para repudiar el bipartidismo, condenar las acciones antisocialistas y contrarrevolucionarias, para defender la auténtica voz de la clase obrera, de las masas campesinas, de los trabajadores del Estado, componentes invariables del proletariado nacional y que siguen siendo partidarios de la histórica batalla por tener espacios de poder, tal como la contemplara la ideología de la Revolución Mexicana.

Por estas acciones tendenciosas que atropellan el libre ejercicio de la democracia en México, votaremos en contra, ya que constituyen grave responsabilidad del actual régimen y son la negación más evidente de los derechos de los partidos políticos que tienen mayor jerarquía y personalidad política que los particulares.

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 20 días del mes de diciembre de 1990. Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Ernesto Rivera Herrera. Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado Oscar Villalobos.

El diputado Oscar Villalobos Chávez: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Referido no a quien me antecedió en el uso de la palabra sino a muchos compañeros y personas no miembros de esta Cámara que han venido opinando sobre la propuesta que hemos hecho de reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quisiera traer a colocación un dicho muy frecuente: dicen que no hay persona más confusa o confundida que aquella que no ha querido entender.

Indudablemente que la propuesta que nuestro partido ha realizado respecto del artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se presta a confusión, se presta a malos entendidos. Yo tengo la certeza y esto lo refiero a los diputados de todas las fracciones parlamentarias, que únicamente el que no quiso entenderlo no lo entendió, porque estoy cierto también de que diputados de todas las fracciones parlamentarias analizaron a fondo la propuesta, la entendieron y seguramente, salvo instrucción o congruencia con su fracción parlamentaria, desearían votar a favor de la misma.

Al compañero que acaba de hacer uso de la palabra...

El Presidente: - Diputado Villalobos, permítame un momento. Dígame, diputado Juan Jaime Hernández.

El diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - Si el señor orador me permite una pregunta.

El Presidente: - ¿La acepta usted, diputado?

El diputado Oscar Villalobos Chavéz: - No, señor, si me permite concluir, por favor.

El diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - Señor Presidente: Entonces le rogaríamos al orador que guarde mayor compostura.

El diputado Oscar Villalobos Chavéz: - Señor, yo he tratado, y lo seguiré haciendo, de referirme a lo que se ha expresado en esta tribuna y precisamente por lo que manifiesto el diputado Ernesto Rivera, quiero decirle que tengo un gran respeto por la forma particular que él tiene como miembro de su fracción parlamentaria, respetamos totalmente aun cuando no coincidamos con su manera de pensar, respetamos totalmente el punto de vista de su fracción.

Voy a referirme a lo que sí aludió, respecto de una forma que se hace una ley que aún no ha tenido completa aplicación practica, porque aplicación práctica la tuvo desde el momento en que, por ejemplo, se creó el órgano superior del instituto y se creó precisamente aplicando ya la ley, de manera tal que coincido con usted parcialmente en que muchas de las disposiciones de la ley aún no han podido tener vigencia.

Y precisamente el que todavía no tienen vigencia es la razón para que propongamos que la adecuación al artículo 13 se haga en forma previa a las elecciones que habrán de ocurrir el próximo año, ¿por qué razón? Porque si analizamos la propuesta, estamos pretendiendo acotar y evitar una interpretación que fuera del artículo 54 constitucional, que fuera en contra del principio de equidad y de seguridad jurídica que la propia reforma, tanto constitucional como legal en materia electoral, llevaba implícita consigo.

Es por eso precisamente que para evitar el que las elecciones del año entrante sean los organismos electorales o, en su caso, el Colegio Electoral, fueran a hacer una interpretación del artículo 54 que fuera en contra de dichos principios.

Quiero recordar, me permito leer el texto íntegro del artículo 3o., dice a la letra: "La aplicación de las normas de este Código corresponde al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Federal Electoral y a los colegios electorales, para la calificación de las elecciones de diputados y senadores en sus respectivos ámbitos de competencia. La interpretación se hará conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución". Hasta aquí la cita.

Compañeros, y creo que esto es parte de la gran confusión de quienes no han entrado a analizar en detalle la propuesta: no estamos proponiendo nada nuevo y eso hay que reiterarlo una y otra vez para dejarlo bien claro.

No estamos proponiendo nada nuevo, pretendemos sí, que lo establecido por el artículo 54 constitucional tenga, para conservar esa seguridad jurídica que buscamos, su adecuación y tenga su análisis en el artículo 13 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como el propio artículo 54 lo tiene respecto de otras hipótesis que plantea distintas del segundo párrafo del inciso c, de dicho artículo.

Si ustedes recuerdan y ahorita lo mencionó el diputado Monreal, esto lo analizamos y lo discutimos cuando analizamos la iniciativa del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y las distintas iniciativas presentadas por los distintos partidos políticos.

También optamos en su momento por dejar para momento posterior el análisis de esto que ya contenía en su momento de la Constitución y que votamos o votaron, si no todos, si la gran mayoría de las fracciones parlamentarias de esta Cámara cuando la reforma constitucional. Yo no tuve la suerte de hacerlo en aquel entonces.

Así las cosas, salvado este hecho de que no se trata de nada novedoso y mucha gente ha fijado su postura y ha hecho declaraciones confundiendo a la ciudadanía en general sobre este aspecto, como si esto fuera algo novedoso pretendido por el Partido Revolucionario Institucional, aclarado este punto, que entremos a analizar lo que dicho párrafo segundo del artículo 54 establece y me voy a permitir leerlo para ustedes, dice a la letra: "Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional le será otorgada constancia de asignación de diputados, en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara". Y a continuación establece: "Se le asignarán también dos diputados de representación proporcional, adicionalmente a la mayoría absoluta, por cada 1% de votación obtenida por encima del 35% y hasta menos del 60% en la forma que determine la ley".

La redacción de esta parte del artículo 54 constitucional permite dos tipos de interpretaciones, una restrictiva, una que permite acotar la posibilidad de ese partido, sea el que sea que obtenga la mayoría y otra permite lo que yo coincidiría con algunos, una desproporcionalidad una sobrerrepresentación, que sería el caso del partido político que obteniendo más de 251 curules adicionalmente sume a éstas las dos por cada punto porcentual que estamos hablando;

vamos a hablar de 260 curules más 20 que tuvieran, serían 280, por poner un ejemplo simple y sencillo.

Lo que estamos proponiendo es que estas dos curules por cada punto porcentual, arriba del porcentaje que fija la ley, se cuenten a partir de la mayoría absoluta, que son 251. Si ustedes se fijan, nuestra propuesta acota definitivamente las posibilidades de interpretación del artículo constitucional referido, por esto: Porque creo que si logramos entender ese mecanismo, no sé si parezca más simple o más complicado, si logramos entenderlo en su cabalidad, yo creo que deberemos de ser congruentes y, en su caso, por el principio de seguridad jurídica, buscando la equidad, debemos de poner este acotamiento y votar por supuesto a favor de nuestra propuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el diputado Pablo Gómez Alvarez.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Señores diputadas y diputados: Quisiera en primer término hacer ver una contradicción formal entre la organización de los debates, cuando el Partido Revolucionario Institucional no quiere enviar oradores a favor en lo general y hace economía de oradores, planteamientos, ideas, respuestas y cuando de alguna forma le interesa no hacer esa economía. En ocasiones, basta con un controlador de reloj, diputado, para que los demás nos comportemos de igual forma; en ocasiones recientes, inmediatas, el Partido Revolucionario Institucional no ha querido cumplir el reglamento en cuanto a que los dictámenes deben discutirse sucesivamente con un orador en contra y otro a favor y en este caso ha resuelto que sí.

Las normas parlamentarias pueden ser tan elásticas como se quiera y tan diversas como sea necesario, pero deben ser unas normas: aquello que rige para todos y que rige siempre, de otra manera se aplica una especie de ley del embudo, que pervierte la relación legislativa y parlamentaria, al grado de que puede convertir esa función en un completo desorden.

Hago esta aclaración, señor Presidente, a pesar de que el período de sesiones terminará, al parecer, dentro de unas horas.

Señoras diputadas, señores diputados: El tema que nos ocupa es la revisión de una discusión ya nada, que no ha dejado de seguirse produciendo y que con toda seguridad seguirá siendo un tema del debate político en México.

Es en esencia la discusión sobre la sobrepresentación, la discusión sobre la llamada cláusula de gobernabilidad; lo que contiene el dictamen no es más que una interpretación dada por adelantado de lo que la Constitución señala en la materia de la sobrerrepresentación.

¿Cuál es la idea fundamental de la sobrerrepresentación? Que el poder debe ser uno solo; que la mayoría debe ser siempre absoluta; que la negociación no debe de ser el medio fundamental de la lucha política y que la democracia, por lo tanto, debe distorsionarse al grado de que una minoría se ostente y ejerza como si fuese una mayoría. Este es el planteamiento central.

Ha dicho aquí un diputado del Partido Revolucionario Institucional que el sistema de la sobrerrepresentación es equitativo, es justo y es proporcional; y es interesante oírlo de sus labios, porque justamente el sistema de la sobrerrepresentación es inequitativo, injusto y desproporcional.

¿Cómo puede haber opiniones tan distintas y encontradas sobre un mismo asunto? Porque las premisas son absolutamente diferentes: el Partido Revolucionario Institucional considera que aun con una mayoría relativa debe tener en sus manos el Ejecutivo y el Legislativo y que el sistema funciona sobre la base de que el Ejecutivo sea al mismo tiempo jefe del Legislativo. Y el Partido Revolucionario Institucional supone que obliga a un partido mayoritario, piensa en él mismo, a tener que negociar las cuestiones básicas de la conducción política del país, convertiría a México en un país ingobernable. En otras palabras, que no puede ejercer el poder sino a condición de ejercerlo todo a él. Considera, además, que una mayoría de 251 diputados es insuficiente, que no se puede ejercer el carácter mismo de mayoría con tan precario, se requiere de una cobertura mucho mayor para el poder imponer sus puntos de vista sin necesidad de negociar cuando no lo desea.

La negociación o la concertación, como se le llama ahora, se supone que tiene lugar cuando el poder decide su necesidad, pero que éste, el poder, puede funcionar sin necesidad de tener que negociar con ninguna otra fuerza; cuando decide que esta negociación no es propia, no conviene o no se desea.

Es una concepción absolutista, no se trata de un medio técnico de repartición de curules, es la expresión de un absolutismo político, de una continuidad extemporánea de un sistema de decadencia, puesto que éste ha sido el sistema que ha funcionado hasta hoy en nuestro país.

Esta es la cuestión de fondo y por ello yo sostengo que este asunto se va a seguir discutiendo

en México, quizá con mayor fuerza aun cuando la llamada cláusula de gobernabilidad, si llega a aplicarse, se aplique en favor de cualquier partido. Han tenido, por cierto, cuidado de no asignar la cláusula de gobernabilidad a una coalición de partidos y la ley, que considera la coalición como un partido para una serie de efectos, no la considera como un partido para los efectos de la distribución de las curules en la materia de la sobrerrepresentación. Para la distribución de las curules si, cuando no se es mayoría relativa, pero no cuando esa coalición fuera mayoría relativa.

Véase cómo se hacen las leyes para beneficiar a un partido político; algunos políticos; piensan que esto es del todo natural, que una mayoría debe hacer las leyes para beneficiarse así misma, pero otros consideran que esto es antidemocrático y aun más, inmoral; es la utilización abusiva del poder, es la desconsideración por los demás, es una concepción absolutista.

La cuestión de la sobrerrepresentación tiene desde luego una gran importancia cuando se eleva a rango constitucional por partida doble y aun por partida triple, como en el caso de la reforma que hoy nos ocupa. Hay sobrerrepresentación cuando a un partido político con porcentaje de 35% o más y con mayor número de constancias de mayoría se le asigna la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados, la hay. Y hay una doble sobrerrepresentación, cuando a partir de esa mayoría absoluta se le asigna dos diputados por cada punto porcentual superior al 35%. Y la vuelve a haber cuando el partido con 251 constancias de mayoría tiene todavía derecho a que se le asigne un diputado por cada... dos diputados por cada punto porcentual excedente del 35% de la votación. Es en realidad un racimo de sobrerrepresentación, hechas desde el punto de vista de un partido y no como resultado de una verdadera búsqueda de consenso, de procedimiento de no objeción en las reglas de la representación política y en las reglas electorales.

No puedo dejar de mencionar el hecho grave que Acción Nacional haya admitido la sobrerrepresentación en la Constitución, porque no se trata simplemente de admitir un método técnico de asignación de curules, sino de una concesión de carácter ideológico, a la intolerancia y al absolutismo del Partido Revolucionario Institucional en este País y una concesión muy grave, tan grave que podríamos decir que sin el voto aprobatorio de ese grupo parlamentario no hubiera habido esa reforma en la Constitución, de eso dependía y de ello dependió, pero lo que entraña la aplicación del criterio de la sobrerrepresentación para el futuro de la democracia en México, es trascendente y es muy grave, si se analiza la cuestión desde el punto de vista de la democracia.

Puede haber una Cámara plural en este país, donde cada partido se represente en la exacta dimensión de los votos que obtienen en las elecciones. Puede haber acuerdo entre partidos, puede haber juego parlamentario, puede haber un órgano legislativo de la República, que la represente realmente en la plenitud de su ciudadanía; puede haber un partido que tenga el Poder Ejecutivo y otro partido u otros partidos que constituyan la mayoría en el Poder Legislativo y pueda la República funcionar, porque para que la República funcione no se requiere del absolutismo ni de la dictadura monopardista. (Aplausos.)

Pero lo que se alega de lado del partido oficial, no son razones que tengan que ver con la democracia, aunque la pegajosa palabra también esté en la lengua de quienes defienden las disposiciones antidemocráticas.

Esta es la cuestión, que ya desde el debate se carece de requerimiento democrático; que el debate no es democrático; por ello hemos insistido, señor Presidente, en llevar a cabo aquí debates sobre todos los asuntos que se ponen a consideración a que se mencionan desde la tribuna de la Cámara, verdaderos debates, porque eso también ayuda a la lucha por la democracia, porque la democracia no solamente debe entenderse como un sistema de reglas, que desde luego debe serlo, de reglas de la lucha política, sino que también debe entenderse como un medio de conocimiento de la sociedad, como una forma de relación en donde la diversidad se admite, se respeta, se asume, no como una calamidad, que es lo que hace el Partido Revolucionario Institucional, sino como una necesidad del desarrollo mismo de la sociedad y de la República y ahí es donde está también la diferencia.

Esos reconocimientos discursivos a la pluralidad, a la disidencia, etcétera, no han servido más que para imponer una y otra vez las reglas convenencieras por parte del partido oficial.

Otra posición auténticamente democrática, es aquella que busca que se exprese la diversidad realmente existente y se desarrolle, para que los ciudadanos tengan la posibilidad de conocer y decidir sobre los asuntos públicos, sobre los asuntos del Estado, sobre los asuntos de las instituciones, de sus propias organizaciones. Esta idea tenemos nosotros que defenderla en el marco de la lucha por la democracia.

Todo este sistema de sobrerrepresentación y de cláusula de gobernabilidad es una limitación a la

lucha política porque limitar la lucha política es alejar las posibilidades de un cambio político en el poder del Estado; porque utilizar métodos que alejan la posibilidad de que la sociedad intervenga a través de sus propias organizaciones en la disputa por el poder político, es tratar de perpetuar el mismo oprobioso sistema autoritario que es la base de todo lo que se discute en esta Cámara prioritariamente, que es el problema del respeto al voto y una cosa está ligada con la otra; un sistema de partido de Estado donde la Constitución se convierte en soporte de la existencia misma de tal sistema, impide también de alguna manera el respeto al voto, porque en México el fraude no es un acontecimiento aislado hecho por forajidos, sino es un sistema de Estado desde hace muchos años y es algo distinto a lo que ocurre en otros muchos países; son pocos ya los países en el mundo en donde el fraude es un sistema de Estado para perpetuar las condiciones impuestas desde el poder; es decir, para perpetuar las condiciones autocráticas.

México es uno de esos pocos países, pero sin duda el más importante dentro del racimo pequeño de países donde el voto no es todavía una realidad política indiscutible. No hay un país más importante que México, que esté en situación tan atrasada respecto a lo que representa el respeto irrestricto al voto popular. (Aplausos.)

Y está relacionada una cosa con la otra, porque por las normas no escritas, algunas de las cuales decía yo ayer, se han llevado a leyes y a la Constitución misma, pero que se derivan de ese derecho consuetudinario que funcione en el seno del partido de Estado en nuestro país, no porque tengan algo que ver con la tradición legislativa inglesa, sino porque han encontrado ese método para realizar su propia naturaleza de partido de Estado; decía yo, llevadas algunas de esas normas no escritas a la Constitución, una novísima es ésa, la cláusula de gobernabilidad. No tiene otro sentido y otro alcance, otra aspiración todo eso, más que perpetuar el mismo sistema, por eso brincó tanto el que opositores del sistema de partido de Estado dieran cobertura a esas reglas antidemocráticas en la Constitución y por eso sigue brincando y seguirá brincando frente a nosotros la necesidad de idear un mecanismo aun dentro de esas reglas antidemocráticas por todos conceptos para, superando los escollos legales, resolver el problema que no es ni del Partido Acción Nacional ni del Partido de la Revolución Democrática, ni de ningún otro partido de oposición, sino el problema del país, la cuestión de la democracia, empezando por el elemento esencial que es el sufragio libre y respetado y la representación genuina de los ciudadanos de la República en los órganos representativos y en el Poder Ejecutivo, en todos los niveles.

Pero ése es el reto que surge entonces ahora: idear el mecanismo a través del cual pudiera el país sortear como un imperativo nacional, ciudadano, republicano y democrático, para que a pesar de esas reglas podamos lograr pronto el inicio del fin del sistema de partidos de Estado, el inicio del fin de la derogación de las normas no escritas del partido oficial, el inicio de la vigencia del sistema político de la Constitución, que nos habla de poderes independientes entre sí, surgidos del sufragio popular, de estados federados y soberanos, de municipios libres y de respeto a las libertades del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Anlen López.

El diputado Jesús Anlen López (desde su curul): - Declino el uso de la palabra.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Bernardo Bátiz, en contra.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados: Estamos en el segundo mes del segundo tercio del sexenio, época en la que ya tradicionalmente los gobiernos de los últimos 20 o 30 años sienten que han consolidado su posición política, que pasaron ya los dos primeros años de comodos y ajustes y que entran ya plenamente en este segundo tercio con las riendas del poder pleno en sus manos y entonces es cuando empezamos los ciudadanos, los partidos y la sociedad civil, a resentir "el apriete de las tuercas", la presión de un autoritarismo que se mide al inicio de un gobierno, especialmente de un gobierno que entró tan titubeante como éste, a raíz de las elecciones de 1988. (Aplausos.)

Estamos viendo ya hechos que nos indican hacia dónde vamos, hacia el cerrar de los caminos de la democracia.

Acabamos de ver, por ejemplo en los medios de comunicación, cómo se removió al director de noticia, José Cárdenas, del programa Enfoque de Estéreo 100, porque abría la puerta a muchas opiniones de oposición.

Yo les aseguro que no tendremos que vivir mucho tiempo para empezar a saber que otros medios de comunicación, quizá estaciones de radio, quizá revistas, quizá periódicos, vayan también siendo objeto de este cerrar del círculo de hierro que apenas se inicia en el principio de este segundo tercio del sexenio.

Y yo considero que esta propuesta que estamos discutiendo hoy, forma parte de ese mecanismo de

afianzamiento del poder y de cerrar las puertas para que, una vez pasado este segundo tercio, en el último, en los últimos dos años, prepare el gobierno la transmisión del poder, con todos los hilos en la mano, para no perderlo el mismo grupo que ha venido gobernando desde hace muchos años, ése es el contexto en el que se nos presenta este proyecto de ley.

Por supuesto que con la propuesta que se recoge, de las que hizo el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, estamos de acuerdo, pero estamos inscribiéndonos en contra por parte del Partido Acción Nacional, en razón del mecanismo que se quiere implementar, contraviniendo expresa disposición constitucional por lo que se refiere al artículo 13 que se propone reformar.

No estamos de acuerdo por varias razones: en primer lugar, por una razón de carácter histórico; desde que se inicio este proceso que hemos ido siguiendo desde 1962, reiteradamente "nos han echado en cara" que la reforma de diputados de partido de 1962, que las posteriores reformas que se han ido implementando para dar lugar a más amplios espacios a la democracia, han sido, según dicho de los mismos diputados del partido oficial, concesiones para que las minorías podamos actuar en política.

¡Por supuesto que no lo aceptamos, pero eso han dicho ustedes! ¡No pueden ahora cambiar esa tradición de su reiterado discurso, diciendo que también ahora los diputados de representación proporcional no son solamente para las minorías, sino que también son para las mayorías, como tratan de establecerlo en esta reforma!

La verdad es que el fundamento de la representación proporcional es que todos aquellos votos que no alcanzan una mayoría en un distrito, puedan sumados otorgar lugares, asientos en la Cámara , a los partidos minoritarios.

Es un contrasentido que el partido mayoritario reciba diputados de representación proporcional, tradicionalmente nos lo han echado en cara con arrogancia, considerando que nos están haciendo un gran favor con abrir estos espacios, aunque en realidad se los ha ganado el pueblo y nos los hemos ganado los partidos de oposición con nuestra presencia y nuestra exigencia de respeto al voto. (Aplausos.)

Pero también históricamente existe otra razón, que quiero sostener aquí: hace seis meses que discutimos el código que ahora se trata de reformar sin que haya sido todavía aplicado ni una sola vez; hace seis meses venía una proposición idéntica a la que ahora estamos discutiendo y esa proposición fue retirada, fue retirada, no por una acción graciosa, no por una acción benévola; fue retirada porque ustedes mismos se dieron cuenta que había una falla, de que no podían abiertamente y en ese momento tan álgido, lograr el consenso, el voto a favor , no podrían recibir votos que esperaban si mantenían esa propuesta, desde entonces, y la retiraron; históricamente no pueden ustedes ahora, a los seis meses, cambiar de posición y volver a introducir el proyecto sin pagar las consecuencias de su error político de entonces.

Pero hay además otros argumentos, un argumento de carácter político, ya tienen bastantes candados y bastantes seguridades para que todavía pretendan una seguridad y un candado más; no seríamos congruentes si aceptamos que después de todas las ventajas que han conseguido a través del tiempo en los últimos meses, todavía afiancen y cierren el circulo de las seguridades, no lo podríamos hacer, no podríamos dar un voto a favor, porque entendemos cuál es el juego y qué es lo que se pretende.

Se pretende que las cosas no cambien en esta Cámara de Diputados, a pesar de que sí estén cambiando en la realidad afuera y a pesar de que los votos sean cada vez más para la oposición. (Aplausos.)

Pero, finalmente, quisiera yo hacer una consideración de carácter puramente técnico y constitucional: sabemos, los que hemos estudiado derecho y los que nos interesamos en la vida política y en el estudio de las normas constitucionales, que al interpretarse la Constitución no puede haber interpretaciones por mayoría de razón o interpretaciones extensivas, que tampoco puede darse una interpretación en ese sentido, en el caso en que se trate de una excepción y estamos aquí ante una situación jurídica, plenamente definida en el artículo 54, que en todo caso debe de tomarse en cuenta en el momento en que se vote esta propuesta que se nos presenta.

El artículo 54 establece en su fracción IV, cuáles son las diversas hipótesis en las cuales se pueden asignar diputados de representación proporcional a un partido político y ese artículo 54, en la fracción IV dice lo siguiente:

"Fracción IV. En todo caso para el otorgamiento de las constancias de asignación proporcional, de asignación, se observarán las siguientes reglas:" Y viene la enumeración de las reglas.

Ese modo adverbial, en todo caso significa y todos los sabemos, que en cualquier hipótesis, en cualquier situación jurídica en la que se vayan a

asignar diputados de representación proporcional se deben de cumplir las reglas que contiene esta fracción IV, en todo caso no deja lugar a interpretaciones más que la interpretación gramatical. Está muy claro que quisimos decir cuando legislamos en esta materia, en todo caso significa que no puede salirse para nada, buscarse otra hipótesis, inventarse otra situación posible para introducirse por el camino de la ley secundaria, violando la disposición de la fracción IV.

Y yo les pediría analizáramos si esa hipótesis nueva que quiere introducirse a través de este proyecto de ley se encuentra en algunas de las que establecen la fracción IV.

Lo que se quiere en este momento es presentársenos esta hipótesis. Un partido que tiene más de la mayoría absoluta, es decir, más de 251 diputados y que tiene cuando menos el 35% de los votos, tendrá derecho, dice el proyecto, a diputados de representación proporcional o a asignaciones de este tipo de diputados.

Esta hipótesis de un partido que tiene más de 251 mayorías no está contenida en ninguno de los cuatro incisos de la fracción IV del artículo 54. La primera de las reglas dice: "Ningún partido político podrá contar con más de 350 diputados", no se aplica. El inciso b, habla de la hipótesis en la cual ningún partido obtenga por lo menos el 35% de los votos. El inciso c, establece la hipótesis que más se pudiera parecer o acercarse a la que estamos discutiendo.

Y este inciso c, se refiere al siguiente caso: "Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría y el 35% de la votación nacional, le será otorgada constancia de asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Cámara." Los tres requisitos, las tres condiciones que este artículo establece son:

Primero. Un partido que tiene más constancias de mayoría.

Segundo. Que tiene el 35% de la votación nacional, y

Tercero. Que tiene menos de 251 diputados.

Esa es la hipótesis contemplada en el inciso c, y por supuesto no es la que se quiere ahora conseguir su aprobación, que se refiere al caso de un partido que tiene más de 251 constancias de mayoría.

Y finalmente, el inciso d, se refiere al partido político que obtenga entre el 60% y el 70% de la votación nacional, etcétera, se refiere totalmente a un caso diferente.

No podemos, saltándonos la disposición expresa, la interpretación literal de la fracción IV del artículo 54 por la puerta falsa de una reforma a la ley, estar en realidad reformando la Constitución. Si quieren ustedes corregir la laguna que, en efecto, existe; si quieren ustedes corregir el error que, efectivamente se cometió al legislar apresuradamente y a medianoche y en los pasillos y a la carrera y por eso salieron las cosas como salieron; si quieren ustedes corregir eso, tendrán que ser por la puerta grande y pasando la pena de volver a pedir un voto para conseguir una reforma constitucional y no simplemente una reforma de ley. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado Rodolfo Duarte.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Sabemos bien que un sistema electoral no es producto de sofisticadas técnicas de ingeniería política, sino más bien resultado de las circunstancias históricas y de las condiciones concretas sociales y económicas, pero también un sistema electoral es producto de los compromisos de las fuerzas políticas fundamentales en un momento dado.

El sistema electoral, el que aparece establecido en la Constitución General de la República, merced a la reforma que esta legislatura introdujo y aparece imprevisto en el decreto de reformas publicado en abril del año en curso, fue el resultado del concurso de las fuerzas políticas fundamentales representadas en este parlamento.

La regulación del nuevo régimen electoral y la explicitación de las nuevas instituciones, fórmulas y mecanismos que en el mismo se contenían, así como el mecanismo integrado de la Cámara de Diputados, correspondió también a esta legislatura y quedo establecido en el nuevo Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, producto también de un amplio espectro de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.

El nuevo sistema para la integración de la Cámara de Diputados tiende a ser viable y adaptar los dos principios básicos para la integración, en forma democrática, de los órganos colegiados: el principio de mayoría y el principio de representación proporcional.

Nuestras condiciones históricas nos llevaron a establecer un sistema mixto, en el que ambos

principios se recogían para la integración de la representación nacional. Son dos principios que funcionan en forma yuxtapuesta, ni se trata de dos pistas distintas, como en ocasiones se señala, sino que ambos están vinculados y estrechamente referidos uno con el otro, para lograr los objetivos que pretende un régimen electoral en la composición de una asamblea representativa: producir representación y producir, en la integración de la asamblea, la forma de tomar decisiones eficaces.

En la mayoría relativa, principio conforme al cual esta Cámara elige a 300 diputados, el partido que gana un distrito gana la elección en el número de triunfos que signifique su implantación, su arraigo en los distritos uninominales; sin embargo, la asignación de curules por representación proporcional está vinculada tanto al número de triunfos de mayoría que se obtengan, como al porcentaje de la votación nacional.

La idea de la proporcionalidad, el argumento de la sobrerrepresentación puede ser válido, puede ser aplicable sólo cuando la totalidad de la Cámara es electa por representación proporcional. En los sistemas de mayoría relativa conocidos, no interesa en qué medida la votación de los partidos políticos corresponda a su número de escaños.

En los sistemas de representación proporcional y esto lo advertimos mediante una revisión de algunos de los sistemas electorales conocidos, no es tampoco el propósito de encontrar en el parlamento una fotografía que refleje exactamente la estructura del electorado.

En los debates que precedieron a la reforma electoral que aprobamos, se sitúa el caso de diversos sistemas de representación proporcional en los que la proporcionalidad se sacrifica en aras de lograr mayorías consistentes y esto es citable respecto de países en donde rige la democracia representativa.

Nos interesaba configurar un esquema que fuera fiel a esta conceptuación mixta, que a la vez que permitía a los diputados que participaban en las contiendas en los distritos, ganar aunque fuera por un solo voto, hubiera el equilibrio indispensable a través de la asignación de diputados de representación proporcional con el fin de lograr en la representación nacional un equilibrio pluralista.

Históricamente este esquema se fue desenvolviendo como gracia o concesión del régimen o del partido en el gobierno, sino como una necesaria evolución de la democracia mexicana. El sistema de mayoría que durante décadas prevaleció para la integración total de la Cámara de Diputados, dejó de hacer sentir sus efectos restrictivos e impidió que otras fuerzas tuvieran acceso a la representación nacional.

En 1963, el sistema de diputados de partido abre esa posibilidad y permite que los partidos políticos que en ese entonces participaban en la vida pública de México tuvieran participación y peso en la integración de esta representación, sin embargo, fue decisiva la reforma que el Constituyente Permanente aprobó en 1977, que configura en sus bases primigenias el esquema conforme al cual estamos integrados actualmente.

La idea de hacer posible que a través de un régimen mixto hubiera una participación y una composición pluralista en la Cámara de Diputados, no estaba concebido para que el partido mayoritario exclusivamente accediera por la vía de la mayoría y las oposiciones por la representación proporcional, ni en su formulación en la regla constitucional y en la ley electoral estaba así determinado, ni ése era el propósito ni la lógica; se partía del supuesto de que todo partido político, como históricamente ha acontecido, podía ganar en los distritos en la contienda por mayoría relativa y que el partido mayoritario también tuviera derecho a la asignación de diputados plurinominales.

En su versión actual, el régimen conforme al cual se compone la Cámara de Diputados, el aprobado en la reciente reforma, tuvo un objetivo explícito: otorgar representatividad, pero también el lograr que el seno de la representación nacional, se pudieran configurar mayorías consistentes, capaces de tomar decisiones.

En su formulación, en el artículo 54, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, autora del dictamen respectivo, participamos diputados pertenecientes a diversos grupos parlamentarios y se desarrollaron los diversos supuestos o escenarios que podrían ser consecuencia de una elección federal. Partimos del supuesto y así lo reconocimos, de que el artículo 54 constitucional, en su fracción III, en sus diversos incisos, había resuelto todos los supuestos y todas las hipótesis que podían darse en la contienda electoral. Sin embargo, cuando los diputados de esas mismas fuerzas políticas nos sentamos a deliberar para encontrar los consensos indispensables para el nuevo código, resulto que había duda sobre el sentido que debía dársele al inciso c, de la fracción III, del artículo 54, en un supuesto que, según se decía, no estaba contemplado.

En la lógica y en el propósito del sistema para la integración de la Cámara de Diputados, estaba

explícito el propósito de lograr una mayoría que tuviera los suficientes espacios para poder tomar con eficacia las decisiones. De esa forma quedó establecido en las diversas fracciones del artículo 54, concretamente en la fracción II y en la fracción III lo siguiente: "Todo partido político que alcance por lo menos el 1.5% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de representación proporcional."

En la Fracción III: "Al partido político que cumpla con lo dispuesto en las dos bases anteriores, le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional. La ley establecerá la fórmula para la asignación."

Esto significa que bajo ninguna circunstancia el legislador constitucional omitió la posibilidad de que algún partido pudiera privársele del derecho a que le fueran asignados diputados por representación proporcional.

Bajo cualquier supuesto, bajo cualquier escenario de votación, correspondería al órgano electoral competente asignarle al partido político, cualquiera que hubiera sido su votación, cualquiera que hubiera sido el número de diputaciones de mayoría que hubiera obtenido, que se le asignaran diputados de representación proporcional.

Sobre esta base, existiendo un grado de duda respecto de la redacción del inciso c, a que se ha hecho referencia en la hipótesis del partido político que obtenga 250 o más curules de mayoría, en la iniciativa de código electoral propusimos que el legislador hiciera la interpretación correspondiente y legislara para que esa duda quedara disipada.

Sabemos bien que existen diferentes tipos de interpretación legal. En la interpretación auténtica, el legislador interpreta el texto que ha promulgado; de conformidad con lo que comúnmente se acepta, el legislador tiene competencia para realizar una interpretación auténtica...

El Presidente: - Permítame, señor diputado. Reitero mi solicitud a la asamblea de guardar silencio y de atender a quienes se encuentren en el uso de la palabra. Su atención, señores diputados. Continúe diputado.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - El legislador al ser consciente de las dudas que podrían suscitar algunos de los términos que utiliza, fija de antemano su significado. Usualmente se acepta que la interpretación auténtica es tan válida como el mismo texto interpretado.

Hay otros tipos de interpretación. La interpretación legal, la que realiza un órgano del Estado con funciones jurisdiccionales y la interpretación operativa, el órgano que implica el derecho interpreta las reglas utilizadas en el proceso de su aplicación al caso concreto.

Ponderamos en el seno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en el curso de la deliberación, la necesidad de que el legislador ordinario llevara a cabo por vía de interpretación la solución al problema planteado y se reconoció la validez de que esto se hiciera.

Se reconoció que la solución de dejar al legislador, el disipar la duda, el cubrir la posible laguna, era más acertado que dejara que con posterioridad al proceso electoral el órgano electoral competente hiciese una interpretación operativa o al órgano jurisdiccional en materia electoral, la interpretación legal.

Hubo razones de certidumbre y de certeza que nos llevaron a considerar variable el introducir en el código la regla que permitía y definía el método para la asignación de curules al partido que obtuviera 251 o más curules de mayoría.

En materia jurídica, como todos sabemos, hay toda teoría para la interpretación, para realizarla, para llevarla a cabo, y existen...

El Presidente: - Señor diputado Duarte, hasta el momento los oradores que han hecho uso de la palabra se han ajustado al acuerdo de disponer de 20 minutos en su intervención; le informo que ha agotado el tiempo que le corresponde.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Perdón, pensé que se había considerado la posibilidad de que el orador tuviera 10 minutos más.

El Presidente: - Yo le agradecería concluir su intervención, señor diputado.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Sobre este supuesto voy a terminar, señor Presidente.

Sin embargo, en el curso de la deliberación, ya que no existía un acuerdo definitivo sobre la redacción del precepto a través del cual quedaría hecha la interpretación correspondiente, decidimos dejar para un momento posterior del proceso legislativo la solución correspondiente, y ésta es la razón, la que explica el que ahora, mediante la iniciativa que se dictamina, pretendamos disipar la duda, otorgar certeza y seguridad a la integración de la Cámara de Diputados; es por esto por lo que

se pide en esta asamblea el voto aprobatorio del dictamen que ha sido sometido a su consideración. Gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala.

La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Señor Presidente, deseo hacer una pregunta al licenciado Duarte, si me lo permite.

El Presidente: - No sé si el diputado desee regresar para una pregunta. Permítame un momento, diputado Ramírez Ayala.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Ya estoy aquí, señor Presidente.

El Presidente: - Diga usted, diputada.

La diputada María del Carmen Segura Rangel: - Muchas gracias, diputado. Diputado Duarte, usted ha dado una serie de criterios y argumentaciones para fundamentar su posición. La Constitución establece una serie de hipótesis concretas para asignar las curules de representación proporcional. A su juicio, y ésa es mi pregunta, ¿la hipótesis que ustedes pretenden introducir en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es constitucional o institucional y por qué?

El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Diputada, he tratado en mi argumentación de explicar el por qué la norma que se contiene en el artículo 13, inciso c, y 366, inciso c, del dictamen se apega al régimen para la integración de la Cámara de Diputados, contenido en la Constitución.

He hecho un esfuerzo para tratar de señalar que existe una lógica a la que nos estamos apegando, que viene desde la redacción misma del artículo 54 constitucional, y que en forma clara aparece expresada en las fracciones II y III del artículo 54, la posibilidad de que a todo partido político, independientemente de las curules que obtenga por mayoría, e independientemente del porcentaje de su votación nacional, tiene derecho a que le sean asignados diputados de representación proporcional.

La hipótesis inconstitucional es la que se pretende aplicar, la que supone que un partido político con 251 o más curules de mayoría no tiene derecho a esa asignación.

El Presidente: - En uso de la palabra el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, para hablar en contra.

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Señor Presidente; compañera y compañeros diputados: Ante las afirmaciones formuladas en esta tribuna por el diputado Duarte, no nos queda más que aceptar que el Partido Revolucionario Institucional se equívoco, hizo mal su ley, interpretó mal la Constitución y le quedó grande la cuchara con la que se quería despachar todas las curules.

Esta es la realidad, porque esta laguna que ahora se está cubriendo con esta reforma al código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no es más que una muestra evidente de que ni ellos mismos entendían la forma en que se pretendía llevar a cabo el control político de la Cámara de Diputados.

Efectivamente, el artículo 54 señala cuatro formas a través de las cuales se puede lograr la representación, pero ésta, la que se está debatiendo, no había quedado debidamente reglamentada en la ley, y no había quedado debidamente reglamentada en la ley porque a quienes hicieron la iniciativa se les pasó que esto que señala la Constitución, también en la ley secundaria.

Las afirmaciones que vino a vertir aquí el diputado Duarte Rivas, nos hace ubicarnos dentro de una realidad política muy distinta a la que prevalece en estos momentos y el pasado en la Cámara de Diputados.

El ha señalado claramente que las iniciativas de ley, la reforma constitucional, son producto de las fuerzas políticas fundamentales, representadas en la Cámara de Diputados. Bajo esas circunstancias los diputados vienen a ser un segundo término, una mera forma decorativa o de número, su presencia en este Poder Legislativo, concretamente en esta Cámara de Diputados.

Por ello, creemos que la democracia a la que se pretende llevar a la nación a través de este sistema de representación proporcional, no es ni representa la realidad política de los mexicanos.

Es evidente que la representación proporcional fue producto de la imaginación y tal vez de los estudios que en un momento determinado realizó el diputado José Luis Lamadrid, porque a él se debe la introducción de la representación proporcional en la ley anterior. Ahí se empezó a manejar en el año de 1977 y ahora viene a culminar la obra con estas reformas a la Constitución, en la cual no sólo culmina su obra, sino que acaba con los derechos de los partidos políticos y con los derechos de los ciudadanos que ya en la

Constitución y en los códigos electorales anteriores, estaban debidamente reglamentados.

Con anterioridad se señalaba de manera precisa en la legislación, que los partidos políticos y los ciudadanos eran corresponsables del proceso electoral. Pero al licenciado Lamadrid y a otros prominentes priístas, les surgió la preocupación de que los órganos electorales podían quedar fuera de su control y para ello se requería implementar una nueva mecánica de control, una nueva mecánica más sofisticada, pero no adecuada a nuestra realidad, sino adecuada a la europea, como nos han ido llevando paulatinamente a una serie de acciones de gobierno. Por ello, porque en esta reforma constitucional bajo ninguna circunstancia se interpreta la voluntad del pueblo de México, en ella mucho menos se respetan los derechos políticos del ciudadano, consideramos que no debe ni debió de haber sido aprobada en su momento.

Al hacer el señalamiento de las fuerzas políticas fundamentales, indudablemente se refirió, el diputado Duarte Rivas, a una realidad que vivimos cuando se propició la reforma constitucional. Esta realidad actualmente pesa sobre la conciencia y sobre el quehacer político de muchos, muchos militantes de los partidos políticos que participaron en esta reforma constitucional.

Sabemos que en un futuro no muy lejano, a escasos 10 meses de distancia, el pueblo de México sabrá sancionar con su voto, si está de acuerdo o no, con esta reforma constitucional. También de acuerdo con ella, sabrá sancionar a qué partidos políticos les permanecerá el derecho de estar participando en los procesos electorales, porque la ley y la Constitución con anterioridad establecían y siguen estableciendo el requisito del 1.5% para tener derecho a ser partido político nacional con registro definitivo.

Actualmente con esta iniciativa de la ley que se somete a la consideración de esta soberanía, se está cubriendo una laguna; una laguna, pero no un debate político que se dio y se debe de dar en torno a lo que fue y es la reforma política que originó varias reformas constitucionales.

No se quiere llegar a una reforma constitucional, porque saben perfectamente que ningún partido político les daría la oportunidad de contar con el apoyo de dar las tres cuartas partes de los miembros de la Cámara de Diputados; saben que se enfrentarían a una realidad: a la que el pueblo, los partidos políticos y los ciudadanos han rechazado, esta ley y estas reformas constitucionales.

Por ello recurrieron a la vía práctica, a la vía fácil, a la vía de la mayoría, a la vía de la consigna; no a la vía de la libertad y del razonamiento de los legisladores.

Yo sé, yo sé que muchos legisladores o cuando menos algunos de los que militan en el Partido Revolucionario Institucional, quisieran tener la libertad de actuar y participar como participamos muchos diputados, o la mayoría de los diputados de la oposición, porque venimos aquí, a esta tribuna, a defender nuestras tesis, nuestra posiciones políticas y a responder a los electorales que nos dieron esta responsabilidad de representarlos ante esta Cámara de Diputados.

Por ello rechazamos rotundamente la afirmación del diputado Duarte Rivas, que en esta Cámara las decisiones deben tomarse como producto de las fuerzas políticas fundamentales de la misma. Aquí, en esta Cámara, se tiene que dar la concentración entre todas las fuerzas políticas, de unos y de otros, a fin de llegar a un consenso que permita en este proceso legislativo, sacar adelante los debates, porque bastaría que una fracción parlamentaria no estuviese de acuerdo con el consenso, para que los trabajos se vinieran por la borda y no se avanzara en el quehacer legislativo.

Por ello, negamos que a los diputados no les asista el derecho de acudir a defender su tesis, a defender a sus representados. Por ello negamos que los únicos que decidan aquí en esta Cámara, sean las fuerzas fundamentales.

Aquí , si hubiese conciencia y responsabilidad con el electorado nacional, todos los diputados estarían planteando las carencias y la defensa de los derechos políticos de los sectores a los cuales se está representando en esta Cámara de Diputados.

En la iniciativa de decreto que se somete a la consideración de esta soberanía, se han desestimado, porque ésa es la consigna, en las comisiones, las proposiciones de reformas y adiciones que planteaba el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque no se pretende dejar al ciudadano la libertad y el derecho de ser corresponsable del proceso electoral; al ciudadano se le corta su derecho e inclusive, en la misma ley, se le limitan sus derechos políticos.

También los partidos políticos son gravemente amenazados por esta reforma constitucional y por esta ley electoral.

En ella, se establecieron mecánicas de trabajo. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con un sentido de adecuación, de interpretación, de

ubicación, pretendió que los ciudadanos y los partidos políticos actuaran de manera directa y corresponsable en el proceso electoral, cuando menos reglamentados por la ley secundaria.

Esto no se llevó a cabo en razón de que la mayoría impuso la fuerza de la consigna. También gracias a esa fuerza de la consigna, se ha logrado mantener la ilegitimidad de los resultados electorales.

No se pretende ni se va a vigilar de manera amplia, clara y nítida, el voto de los ciudadanos en las casillas electorales.

Si bien es cierto, se argumenta que el foliar las boletas electorales puede significar que a un elector se le identifique al momento de votar, puede significar que se le viole el secreto al voto; también es cierto que esto es falso porque los electores no están en listados en forma progresiva en las listas electorales.

Los ciudadanos acuden a votar en libertad, pero el Partido Revolucionario Institucional quiere que acudan a votar por consigna, por presión, por hambre y por orientación.

También se desestimó que en los órganos nacionales, fundamentalmente en el que está elaborando lo que será el padrón electoral, en el listado de los mexicanos que tendrán derecho a votar en las próximas elecciones, no se acudiera con una representación directa del pueblo, una representación de un ciudadano que ahí en ese órgano electoral sancionara la forma en que se está llevando adelante el listado de electores, y no se hizo porque también se sigue desestimando que en México hay 20 millones de mexicanos que no militan en ningún partido político, hay más de 20 millones de mexicanos que se pronuncian en contra de los partidos políticos, del gobierno y de los procesos electorales a través del abstencionismo, y esto porque las libertades de los mexicanos siguen siendo conculcadas, porque las libertades de los mexicanos siguen siendo orientadas a un solo fin.

Por último, también para dar mayor seguridad a la ilegitimidad de los procesos electorales, se desestimó que los funcionarios que tienen fe pública estuviesen de guardia en las oficinas; en la ley simple y sencillamente se requiere que los notarios, los funcionarios de fe pública tengan abiertas sus oficinas y en la práctica hemos constado cómo cuando acudimos por un notario público, por un juez o por un secretario de algún juzgado para que dé fe, no los encontramos, las oficinas sí existen, sí están abiertas, pero no para el respeto a la democracia y a los procesos electorales.

Por ello, porque no hubo razonamiento fundado para varias de nuestras proposiciones, aunque en otras coincidimos que no procedía, aceptamos que se reformaran algunos preceptos y sólo se llegó a reformar un solo artículo de todos aquellos que proponíamos.

Sabemos que los procesos electorales de 1991 van a ser cuesta arriba para todos los partidos políticos, fundamentalmente para los de la oposición; van a ser difíciles, porque hay un órgano electoral el cual va a manipular todo el proceso electoral, que es ese famoso "Instituto Federal Electoral", ése que va a calificar quiénes pueden ser los ciudadanos que actúen como funcionarios de casillas, ese organismo que, inclusive, llega a tener facultades de entrometerse en la vida interna de los partidos políticos.

Por ello, no estamos de acuerdo ni con la reforma constitucional ni con el Código Federal Electoral, porque se conculcan, se violan y se violentan los derechos de los partidos políticos y de los ciudadanos.

En esta iniciativa de decreto que también por una maña del Partido Revolucionario Institucional, que ahora ha puesto en práctica y a la cual alerta a los compañeros, los proyectos de decreto ahora se están manejando con uno o dos artículos, ¿con qué propósito, compañeros diputados?, para que nadie pueda recurrir al voto particular, para que nadie pueda recurrir a reservar artículo, para que todo se dé en un solo debate y se saque en los términos y en las condiciones en que el Partido Revolucionario Institucional o el sistema quiere que salga adelante.

Por ello, necesitamos y exigimos mayor reflexión en los compañeros de la oposición, para no caer en este juego de intereses del partido, que se dice de las minorías, más bien, que se dice de las mayorías, pero representa a las minorías ante esta Cámara de Diputados.

Por ello, señor Presidente, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 120 y 124 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer a esta soberanía adiciones al artículo 27 del proyecto de decreto, que se propone a esta soberanía, para quedar en los términos que siguen:

"Artículo 127. Cuando el representante propietario de un partido y, en su caso, el suplente, no asistan sin causa justificada por tres veces

consecutivas a las sesiones que convoque el consejo del instituto ante el cual se encuentran acreditados, el partido político dejará de formar parte del mismo durante el proceso electoral de que se trate.

A la primera falta se requerirá al representante para que concurra a la siguiente sesión y se dará aviso al partido político a fin de que se cumpla y se compela a asistir a su representante."

Suscriben esta proposición de modificación los representantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Juan Jaime Hernández, Vicente Luis Coca Alvarez, Ernesto Jiménez Mendoza, Pablo Ávalos Castro, Francisco Castañeda, Erasmo López Villarreal, Humberto Esqueda Negrete, Alfredo Monsreal Walkinshaw y Francisco Melo Torres.

La dejo que se someta a la consideración de esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño (desde su curul): - Declino, señor Presidente.

(Desde una curul): - ¡Bravo!

El Presidente: - Tiene la palabra, en contra, el diputado Juan Guerra.

El Diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; señores diputados: ¡No podía la diputación priísta escoger más mal momento ni peores circunstancias, para venir aquí a hacer un llamado hueco a la unidad, a las alianzas, a los pactos políticos y a que los partidos, en las próximas elecciones, maduramente sean el eje!

Y digo esto porque, ¿acaso el Partido Revolucionario Institucional consultó a algún partido de la oposición para venir a plantear de manera unilateral esta modificación inconstitucional al artículo 3o.?

¿Acaso buscó el consenso, buscó la alianza, buscó que los partidos verdaderamente dialogaran y se pusieran de acuerdo, o lo hizo por sí solo, al margen incluso de la realidad de esta misma Cámara?

¿No está fresco en nuestra memoria y no acaba también de recordárnoslo el diputado Bátiz, que justamente dentro de la alianza, a efecto de modificar la Constitución y de crear el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional habían dejado en las negociaciones fuera una modificación idéntica, que venía en el proyecto original del Partido Revolucionario Institucional?

¿Con qué cara puede llamarse a la concertación, cuando después de una negociación, cuando después de un compromiso político con un partido para sacar lo sustancial del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se le hace simple y sencillamente a un lado?

En verdad que por eso dicen que: "¡mal paga el diablo!".

Llamar, en estas condiciones a la búsqueda de acuerdos, francamente es incongruente, es un propósito más allá que los propiamente publicitarios.

Hay en este debate un punto que en particular me interesa establecer, porque hasta ahora se intenta dar como la única base legal y constitucional para este perfeccionamiento de loa sobre - sobrerrepresentación. Este es aquel que se dice de que "todos los partidos por mandato constitucional tienen derecho a diputados de representación proporcional".

Le pido al diputado Duarte, que no hizo los ejercicios suficientes, que por favor tome nota, tome un lápiz y anote supuestos donde no es posible cumplir con esa disposición.

En una situación tan competida como la nuestra puede darse el caso de un partido que obtenga el 37% de la votación y obtenga con ese 37% de la votación, pongamos por ejemplo, 260 diputados de mayoría relativa. ¿Cómo podría aplicarse en tal circunstancia justamente el mandato de que a todo partido se le tienen que entregar diputados de representación proporcional? Si como dice la adición al artículo 13, esto, el de que se le asignen diputados de representación proporcional al partido que obtenga más de 251 diputados, sólo se hará considerando que la suma de diputados de representación proporcional se apegue a 251 diputados, más dos diputados por cada punto porcentual, estaríamos entonces en la circunstancia con un 37% de la votación, el derecho que tendría ese partido, con todo y los diputados de mayoría y de representación proporcional, es justamente a 251, más cuatro diputados, por los dos puntos porcentuales arriba del 35%, es decir a 255 diputados.

Pero como por mayoría ya rebasó esa cuota el tal supuesto, y por lo mismo que establece hoy la

Propuesta de modificación que presenta, el Partido Revolucionario Institucional no tendría ningún derecho a diputados de representación proporcional.

En efecto, se deshace entonces ese argumento y lo que queda como constancia es que hay aquí una disposición inconstitucional, hay aquí una actitud autoritaria y prepotente, hay aquí una disposición que rebasa, lo reiteró, la Constitución.

Y me pregunto yo y pregunto a los diputados de oposición: ¿con tan poca seriedad cuando unilateralmente y sin modificar la Constitución se establecen estas disposiciones, cuando se rompen compromisos que se tenían con un partido, cuando sin consultar a nadie se nos presenta esto y se nos llama a unidad, tenemos nosotros el derecho a convalidar, ya no digo votando en contra, sino, incluso permaneciendo en esta sala, la votación que aquí, de manera unilateral ha dispuesto el partido oficial?

Por eso y ateniéndonos a estas consideraciones, el Partido de la Revolución Democrática no va a permanecer en la votación de este punto y llama a todos los partidos de oposición asumir una actitud similar, es lo menos que podemos hacer ante la poca seriedad y ante una actitud autoritaria, prepotente e inconstitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Artemio Iglesias... ¿No se encuentra?... Tiene la palabra el diputado Juan José Medrano, en contra.

El diputado Juan José Medrano Castillo: - Honorable asamblea: Quiero iniciar mi intervención señalando, cuestionando una afirmación que hizo en esta tribuna el primero de los oradores del Partido Revolucionario Institucional, ya que este decreto se refiere en su esencia, es el meollo de él, la sobre representación, una afirmación que hacía el diputado López Moreno cuando decía: "Es necesaria la reforma que promovemos". Yo me pregunto, señores diputados, ¿para quién es necesaria? ¿para la democracia? ¿para México? ¿o para su partido, señor diputado?

Yo creo que están sintiendo ya que viven y militan en las filas de un partido en decadencia, de un partido arterioesclerótico, que ya ve venir el fracaso electoral en el futuro y que pretende obtener ventajosamente en el texto de la ley, lo que no podrá obtener en las urnas electorales.

Yo creo que las sobre representación, en el caso de la cláusula de gobernabilidad, en sí misma es cuestionable. Cuando los diputados que integramos el grupo parlamentario de Acción Nacional presentamos nuestro proyecto de Código Electoral (el CEPLEU), señalábamos, precisábamos que el número de diputados que integren un grupo parlamentario debe responder escrupulosamente a la proporción de los votos que se obtengan en las urnas, es decir, ¡cuantos votos tienes, cuántos curules vales en la Cámara de Diputados!

Pero si bien es cuestionable, decía, en sí mismo esta sobre representación que da la cláusula de gobernabilidad, encontramos que también esta fórmula ofrece una única ventaja, un único beneficio: que se parta de la hipótesis de que ninguno de los partidos políticos contendientes en una elección hayan obtenido la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. En una hipótesis distinta se estaría y se está, ante una actitud prepotente.

En el primer caso, en el de la sobre representación, cuando ninguno de los partidos haya obtenido la mayoría absoluta, 251 o más diputados, se esgrime, se ha dicho como argumento que habría una especie de vacío de poder, que existe la posibilidad de que se estanquen los trabajos legislativos y de que no pudiera haber ley que saliera en el consenso de éstos.

Sin embargo, la otra hipótesis no es cuestionable; la otra hipótesis es inadmisible, pues teniendo ya la mayoría absoluta por los votos obtenidos en las urnas, así debe quedar ese partido, porque así lo determinó el pueblo mediante el ejercicio de su voto.

El artículo 54 constitucional no quiso preverla. Cuando se habla de interpretaciones, debemos entender y debemos atender a la interpretación, en muchas ocasiones, que da el legislador. Para analizar el texto de la norma hay que atender a lo que quiso decir el legislador y en el caso que hoy nos ocupa, nosotros mismos fuimos, es decir, la LIV Legislatura fue la que determinó y aprobó esta reforma y en el 54 no se quiso prever esta hipótesis de la sobre representación, en el caso de que un partido hubiere obtenido la mayoría absoluta, es decir, más allá de la mitad de la integración de la Cámara.

Y vale la pena, en este caso de interpretación, porque es un privilegio que se pretende establecer en la ley secundaria, recordar o apelar al texto del constitucionalista Jorge Carpizo, que cuando se refiere a Linares Quintana, un distinguido tratadista argentino, dice: "que una de las normas de interpretación de la Constitución es en el sentido de que cuando trate excepciones y privilegios, éstas deben interpretarse con criterio restrictivo", y eso no se está haciendo en el caso que nos ocupa.

En el caso también de la interpretación de la Constitución no podemos ir más allá de lo que la misma Constitución prevé y no podemos ir más allá en la ley secundaria, en la ley ordinaria, porque en el caso que nos ocupa estamos hablando de una cuestión toral en la integración de los poderes del Estado mexicano, en el caso particular de la integración de Poder Legislativo. Es la integración de la Cámara de Diputados que debe estar prevista necesariamente en el texto constitucional, es decir, en las bases del sistema jurídico mexicano y la ley no puede ir más allá en esta interpretación.

Ya lo decía el diputado Bátiz, que si bien es cierto que el artículo 54, en su párrafo tercero establece que la ley establecerá la fórmula para la asignación de los diputados de representación proporcional, en la fracción IV establece una limitante clara y precisa que dice: "En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se observarán las siguientes reglas". Y no quiso tocar el legislador, el Constituyente Permanente no quiso tocar la hipótesis de cuando un partido político hubiere obtenido la mayoría absoluta.

Se ha dicho en esta tribuna por el diputado Monreal, que la reforma pretende evitar una interpretación que pudiera antojarse arbitraria. Esto porque hemos argumentado que con esta laguna, "los colegios electorales pudieran interpretar lo que los diputados o algunos diputados del Partido Revolucionario Institucional señalan como el sentido de la Constitución". Y si bien es cierto que hay una laguna, también es cierto que nosotros, los diputados de Acción Nacional, hicimos una proposición formal en esta tribuna la madrugada del 15 de julio, cuando se debatía en las últimas horas el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y establecimos lo siguiente:

Establecimos una prohibición expresa, dijimos: para que los colegios electorales no interpreten esta norma en beneficio de un partido, debe establecerse en el artículo 13, inciso c, una limitación: cuando un partido político haya obtenido la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara de Diputados, en ningún caso podrá sobre representarse. Esto es limitativo, no se le dio curso en aquella ocasión, no quiso aprobarse, pero si alguna fórmula existiese para suplir esa laguna, sería un sentido restrictivo, en sentido prohibitivo para que no haya sobre representación.

Se ha dicho también aquí y de alguna forma provocó hilaridad, que esta reforma es tan magnánima o tan buena, que todos querríamos votarla a favor; eso desde luego es una falacia.

Otro punto digno de mencionarese es el mecanismo que utilizó el sistema, el mecanismo que utilizó el Partido Revolucionario Institucional para presentar esta reforma. Ya existía este texto idéntico y las versiones estenográficas no mienten porque lo leí en la madrugada del 15 de julio; ese texto idéntico ya existía en un predictamen que había presentado la Subcomisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y decidió el Partido Revolucionario Institucional retirarlo, decidieron retirarlo y se dejó implícita esa sobre representación. Ahora nos presentan un texto idéntico con tiempos distintos.

Decía el diputado López Moreno también, que sí conviene a la nación entrar a las elecciones de 1991 con una laguna así. Yo estoy proponiendo, en forma definitiva, que esa laguna se llene con un inciso c, del 13, con una expresión prohibitiva, como ya lo he señalado.

Y me pregunto, después de analizar con mis limitaciones, el fondo y la cuestión técnico - jurídica, ¿cuál es el sentido político que pretenden darle a esta reforma? Yo creo que se pretende una Cámara fuerte para el Partido Revolucionario Institucional, porque cuando en México existe una Cámara fuerte para el Partido Revolucionario Institucional, eso es sinónimo de Cámara dócil y sumisa para el Ejecutivo, quizá eso es lo que quieran y esto pretenden hacerlo sin que les importe, sin que les interese lo que diga la ciudadanía, sin que les interesen los argumentos válidos, razonables, que presente la oposición en esta tribuna parlamentaria, sin que les interese también la opinión que otros estados del contexto del mundo que son democráticos, puedan dar o cuestionar la democracia en México.

El retirarla, el presentarla primero en un predictamen, retirarla posteriormente para presentarla ahora, me parece que va en desdoro de la imagen del prestigio que pudieran tener en su partido. Y resulta, por el contrario, un acto prepotente y, permítaseme el término: descarado, porque todavía ni camina el chamaco y ya le quieren cambiar la cabeza.

Todavía no se aplica, todavía no es derecho positivo, aunque sí vigente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ya pretenden cambiarlo, reformándolo; por eso, como lo anunciaba el señor diputado Bernardo Bátiz, el voto de la fracción parlamentaria de Acción Nacional será en contra. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, en pro, el diputado José Trinidad Lanz Cárdenas.

El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas -Con la venia de la Presidencia; señores

diputados: Sé que la fatiga invade vuestro ánimo. En realidad han sido tan pobres los argumentos que se han expresado en contra, que valdría la pena declinar.

(Desorden.)

Pero no se entusiasmen, me voy a referir a unos cuantos argumentos expresados fundamentalmente aquí en la tribuna por algunos diputados panistas, porque los otros en realidad no vale la pena mencionarlos, no son más que una verdadera concatenación de adjetivos al infinito.

El diputado Bátiz sostuvo aquí una muy particular interpretación sobre el sistema de representación proporcional. Tal vez sea porque el Partido Acción Nacional nunca ha aceptado en sí mismo el sistema de representación proporcional, de acuerdo con sus planteamientos; si cabe calificarlo, podríamos hablar de un sistema de representación residual, más que de representación proporcional.

Se ha vuelto a hablar aquí de una manera insistente de un nuevo candado, de una seguridad adicional, de la sobre representación, lo cual ya fue ampliamente debatido en la reforma constitucional y en la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es inútil insistir sobre argumentos que se ven desde enfoques diferentes. Aquí cabe cobijarse en la vieja expresión poética: "que en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según del color del cristal con que se mira".

Y si los enfoques que se dan en posiciones en contra y en posiciones a favor, son repetitivos de uno y de otro lado, a través de 12 oradores en diferentes posiciones, pues solamente nos está conduciendo a una dialéctica del ping pong, de un lado sí y del otro lado no; del otro lado no y del otro lado sí. Es inútil insistir sobre argumentos que por respetables que sean los de un ángulo o de otro, conducen a un diálogo de sordos, porque las razones de un grupo no penetran en las razones del otro.

Pero sí vale la pena debatir, desde un punto de vista de derecho constitucional, una afirmación que se ha hecho en esta tribuna, sobre la interpretación de la Constitución. Categóricamente se dijo que la Constitución debe interpretarse de manera exacta, sin que permita interpretación extensiva. Claro, si admitimos esa afirmación incurrimos en un vicio lógico de petición de principio, porque se está aceptando como premisa mayor algo que es esencialmente cuestionable.

La Constitución, la prueba más palpable nos la ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiteradísimas jurisprudencias, cómo ha interpretado los preceptos, de una manera amplia y extensiva y no a nivel de una simple estructural como la que estamos analizando en relación con el artículo 54, sino como algo más delicado, como es el contenido de las garantías individuales. Son numerosas las tesis jurisprudenciales sobre interpretación de la Constitución, en dos de los artículos que constituyen la columna vertebral del sistema de legalidad en este país, como son el artículo 14 y el artículo 16.

Desde luego, no puede aceptarse como premisa mayor sostenida en esta tribuna, que no puede hacerse un interpretación extensiva de la Constitución.

Dos. Tampoco podemos aceptar como premisa el que se trate de un privilegio y para ello invocarse la tesis de un constitucionalista mexicano de alto prestigio, porque no se trata indudablemente de situaciones de privilegio, en el supuesto de que con todo el respeto que merece ese autor de nuestra doctrina, su palabra fuera dogma.

Tres. El 54 constitucional, que es el precepto que fundamentalmente se ha enjuiciado en esta tribuna, establece un sistema, y ese sistema, como todos los sistemas jurídicos, tiene que estar animado de una idea y una concepción fundamental, que es hacer realidad la justicia.

No podemos aceptar, aunque algunos de mis compañeros haya tenido ese lapsus, que haya una laguna sobre el particular; en el derecho no hay lagunas, es una teoría verdaderamente aceptada en todo el ámbito de su aplicación, lo que se ha dado en llamar el hermetismo del orden jurídico. Todo tiene que resolverse en el campo de lo jurídico. Por eso no es aceptable, desde ningún punto de vista que se afirme aquí, aviesamente, que se está introduciendo un concepto no legal ni constitucionalmente establecido...

El Presidente: - Diputado Lanz Cárdenas, permítame un momento. Dígame, diputado Américo Ramírez.

El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): - Con el propósito de aclarar un poco la teorización que está haciendo el diputado Lanz Cárdenas, quisiera yo hacerle una interpelación.

El Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta, señor diputado?

El diputado José Trinidad Lanz Cárdenas: - Por un principio de congruencia, señor

Presidente, ni la he aceptado, ni la acepto, ni la aceptaré, y además por inútil e innecesaria.

Volviendo al tema en desarrollo, parece que la discusión fundamental a nivel jurídico en esta tribuna es el 54 constitucional. No hay laguna, pero el hermetismo jurídico nos conduce a una solución y a una respuesta, ¿cuál es ésa? La que si no está en el texto de la ley en un momento dado dentro de los supuestos de la matemática electoral, tiene que darse una situación como la que se plantea en este supuesto de la reforma.

Si no hay laguna y el hermetismo del orden jurídico exige que se resuelva, ¿bajo qué criterio va a resolverse, por el órgano electoral o por el tribunal electoral correspondiente o en su caso por el Colegio Electoral? Tiene que haber un criterio rector, y ese criterio rector tiene que fundamentarse en el principio de justicia, de inminencia de la justicia, de distribución de la justicia.

Si el aspecto que está previsto en la ley establece un supuesto bajo un porcentaje y menos de 250 diputados de mayoría relativa, resulta absurdo desde el punto de vista jurídico que no pueda contemplarse por un principio de justicia distributiva que tenga menos derecho el que obtiene mayor porcentaje y mayor situación jurídica.

Esto, compañeros, si no reformamos la ley, tarde o temprano se tiene que dar por el juego matemático de cálculos que viene como resultado de los comicios y no estamos hablando de un partido, de cualquiera que tenga la misma situación. ¿Cuál va ser la respuesta del tribunal o del órgano en una circunstancia como ésta? ¿Darle más o darle menos? ¿Y esto qué trae como consecuencia? imprecisión de la norma, no hablemos de laguna, hablemos de imprecisión de la norma, y consecuentemente entonces lo que se persigue, el objetivo fundamental de esta norma es dar seguridad jurídica para evitar interpretaciones ambivalentes, ambiguas, inciertas, inseguras para cualquier partido político que se encuentre ubicado dentro de ese supuesto matemático.

No viene al caso, compañeros, que sigamos aquí hablando sobre sobre representación o sobre sobre presentación. ¿Entonces qué cambia o en qué altera esta norma al sistema? Lo único que viene a establecer es un criterio de precisión al nivel del legislador, para evitar toda esa serie de incertidumbres y de ambigüedades que pueden darse en el campo de la interpretación por parte de los órganos electorales. Y no es exacto que sea idéntica a la que se presentó en la iniciativa, coincide con una de las fórmulas que se estuvieron discutiendo durante el debate del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en eso no me pueden desmentir. Fue uno de los caminos de solución, era una de las posibles respuestas, pero en virtud de que no había habido coincidencia de criterios, se dejó para otro momento de la historia legislativa de este país, y éste es el momento señores, antes de que comience la jornada, para no producir zozobra, inquietud o inseguridad sobre cómo se van a conducir los órganos electorales ante un supuesto matemático de esta índole.

Volver a incidir y a insistir sobre toda discusión, en relación a la sobre representación, en estos momentos resulta totalmente inoportuno, incongruente e inconducente. No se está cambiando en lo más mínimo el sistema; se está adelantando el legislador con un criterio de precisión, a lo que puede darse en el momento en que se resuelvan los resultados de los comicios electorales.

El principio que anima a esta norma, está apoyado en los valores del derecho, seguridad jurídica y equidad. Señores, seriedad, veamos las cosas con la objetividad que les corresponde; olvidemos los adjetivos y las imputaciones subjetivas y veamos las cosas con la serenidad y el beneficio que espera de nosotros esta nación. Muchas gracias.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Pido la palabra para alusiones personales.

El Presidente: - Tiene usted la palabra cinco minutos para responder a alusiones personales.

El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Inició su intervención el generalmente brillante y acertado diputado Lanz Cárdenas, aduciendo que no había casi argumentos que contestar, porque éstos eran muy pobres. Yo fui siguiendo el hilo de su argumentación, y la verdad es que no encontré argumentos en contra de los pobres argumentos míos, ni ricos ni pobres; no hubo argumentos. (Aplausos.)

Aquí el diputado Lanz Cárdenas citó versos de Campoamor, habló del ping pong, del diálogo de sordos, sin hacer alusiones personales, de una interpretación extensiva, etcétera; pero en ningún momento contestó la argumentación fundamental que el diputado Medrano y su servidor hemos manejado en esta tribuna.

Nosotros decimos que la Constitución y cualquier otra ley, en primer lugar deben interpretarse usando el criterio gramatical o directo de interpretación, si éste no deja lugar a dudas. Yo leí expresamente la fracción IV del artículo 54 y mencioné que esta fracción dice que en todo caso,

es decir en cualquier hipótesis posible, en cualquier circunstancia posterior, se deben de observar las reglas que contiene la misma fracción IV, y a esto no contestó nada el diputado Lanz Cárdenas, y a enemigo que huye, puente de plata. (Aplausos.)

El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente, pido la palabra para rectificar hechos de lo que dijo el diputado Lanz Cárdenas.

El Presidente: - Tiene usted la palabra por cinco minutos.

El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; diputadas y diputados: Creo que ahora sí puedo exclamar lo siguiente: "Ahora sí ya puedo morirme, porque he escuchado la gran profecía del maestro Lanz Cárdenas". Ha dicho que mi partido y otros partidos de los que hemos venido a esta tribuna, no hemos dicho nada sustancial, que nos hemos dedicado a decir adjetivos peyorativos.

Yo creo que el maestro Lanz Cárdenas, con todo respeto, en esta ocasión se ha equivocado. Hago mías las palabras de Bernardo Bátiz, en el sentido de que no hubo argumentación contraria ante la violación, ante la aberrante violación de esta reforma, porque si hemos sostenido que esa sobre representación daña, no a los partidos políticos solamente, sino a todos los ciudadanos del país, y por esto se viola su garantía constitucional en los derechos políticos del ejercicio del voto. Y cuando el ciudadano ha emitido su sufragio a favor de determinada persona o determinado partido político, sin embargo, con esos criterios de sobre representación de esta reforma electoral, se está violando esa garantía, puesto que sin tener la cantidad suficiente de votos, se le va a otorgar por un porcentaje señalado una serie de diputaciones para así asegurar la cerrazón, como él llamó, y asegurar el candado, el candado de gobernabilidad.

Por eso creo que hoy en esta Cámara, en este pleno, se han escuchado las palabras de Isaías profeta: El nundi mitis servo tun domine, que es la más grande profecía que ha dicho Lanz Cárdenas.

El Presidente: - Permítame, señor diputado Eugenio Ortíz Walls. El señor diputado Bernardo Bátiz y el diputado Juan Jaime Hernández, que participaron en el registro de oradores, pidieron la palabra para responder a alusiones personales y para rectificación de hechos. Habían solicitado a esta Presidencia hacer uso de la palabra dos diputados que no participaron en el registro de oradores. Ellos son el diputado Rubén Venadero y el diputado Moreno Toscano. De igual manera, en el caso de usted, señor diputado Eugenio Ortíz Walls, está en esta relación.

Consecuentemente, pregunto si se encuentra en esta sala el diputado Rubén Venadero... No estando, tiene la palabra el diputado Moreno Toscano, para rectificación de hechos, por cinco minutos.

El diputado Octavio F.S. Moreno Toscano: - Con la venia de la Presidencia: Lo que hemos oído no son argumentos. Ha habido frases cursis, letrísticas, leguleyistas, para sostener el avance de un cambio legislativo que es antidemocrático, antipolítico y antihistórico: la llamada cláusula de gobernabilidad. La nueva versión de aquello que se llamó en el siglo pasado el supremo poder conservador.

Las discusiones de derecho constitucional ante esto, pueden prolongarse por horas y se prolongarán seguramente por años en nuestra historia. Pero lo que está en juego es el derecho de los ciudadanos de expresarse, de emitir su voto, son los derechos de los ciudadanos los que debemos buscar respetar.

Es evidente que desde 1989 engañaron al país, no cumplieron su palabra. Ese es el valor que tuvieron las famosas cartas de intención; quienes les creyeron entonces, saben hoy el verdadero valor de sus palabras: menos que nada.

No puede seguirse condonando esto. Ante los sucesos de fraude recientes, ante el comportamiento generalizado gubernamental en los últimos meses, es evidente que esta reforma surge del miedo. Pero una reforma surgida del miedo, revela la posibilidad de nuevos peligros y de nuevas reformas peligrosas, si es que al Partido Revolucionario Institucional no se le detiene, si es que al Partido Revolucionario Institucional se le sigue dejando suelto, si se sigue permitiendo que la justicia se mantenga en manos de criminales y que la equidad electoral se mantenga en manos de los alquimistas del Partido Revolucionario Institucional - gobierno, ahora profesionalizados.

Bajo estos mismos criterios, podrían cambiar nuevamente la Constitución en términos muy severos y establecer que la Presidencia de la República sea hereditaria por ejemplo y que el dedazo resulte una virtud en vez de ser una de las lacras históricas más grandes que hemos padecido; podrían establecer que la propiedad de la nación se transfiera a los amigos de Salinas, a los agentes de bolsa o al tío Carlos Abedrop sin mayor trámite, a criterio del propio Presidente, volviendo legal esto que es un ultraje a la soberanía nacional; podrían seguir así; ya restauraron el

porfiriato, ya volvieron a la usurpación y podrían restablecer la esclavitud como ley constitucional, poco les falta, al cabo que los salarios actuales prácticamente la han restablecido. Y todo lo pueden justificar con los argumentos tecnócratas, tecnicistas y matemáticos más aberrantes, como aquí se ha visto. ¡Háganlo!, pero háganlo solos. Van contra el país; van contra el desarrollo político de México, van contra la historia de nuestros antepasados. Pueden ampararse en los argumentos leguleyistas que quieran. Sabemos nosotros que de todos modos las cosas van a cambiar; que cambien o no cambien la cláusula de gobernabilidad, nosotros y los ciudadanos vamos a ganarles con sus propias reglas y a pesar de todos sus fraudes, y si no, será el artículo 39 el que tendrá que aplicarse. Se han acabado exactamente cinco minutos.

El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Eugenio Ortíz Walls.

El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Señor Presidente; diputadas y diputados: Ciertamente esperábamos que los miembros del Partido Revolucionario Institucional entraran al debate. No es solamente un problema de técnica. Todos deseamos eficiencia y dignidad, del Poder Legislativo, Pero esto será muy difícil mientras haya quienes persistan en ver en la institución parlamentaria, no más que una actuación democrática, simbólica y cómoda y en la oposición, una especie de vicio tolerado.

Democracia contiene una palabra que hacemos referencia todos, y que hizo que ahora, creo, por primera vez no mencionó el señor diputado Lanz Cárdenas: "Pueblo". Palabra ambigua, desde los griegos. Y esto se refiere precisamente al verso de Campoamor, que citó. Es cuestión de perspectiva, ciertamente, señor diputado.

La imagen del pueblo puede ser distinta. Una imagen es la que se tiene del pueblo si se le ve desde el balcón del poder. Y otra distinta, si se está en la plaza en medio y a la altura del pueblo. ¡Esa es la diferencia!... (Aplausos.)

Y no es cuestión de rebatingas de un número de diputados.

Mil novecientos ochenta y ocho nos dio una gran lección. parece que olvidaron lo que pasó en el Colegio Electoral. Hasta el licenciado Lanz Cárdenas que participó tan vivamente, parece haber olvidado lo que pasó en 1988 en el Colegio Electoral.

Eso es precisamente lo que se quiere evitar; por eso no estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Revolucionario Institucional.

Si un sistema es democrático, en la medida en que se encuentra apego entre la decisión electoral y las decisiones políticas finales, este apego estará más garantizado en la medida en que haya mayor correspondencia; es decir, reflejo, entre la decisión electoral, mandato del pueblo y la composición de los órganos y de las instituciones encargadas de las decisiones políticas finales.

Señor diputado Lanz Cárdenas: usted conoce mi aprecio y respeto que le tengo; usted sabe que yo evito los adjetivos, porque precisamente es lo que necesitamos los mexicanos, ser sustantivos, ser propositivos. No se trata en su intervención solamente del problema de la gobernabilidad. Se trata, si la gobernabilidad a costa de cualquier cosa, es democrático o no. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo único del proyecto de decreto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el proyecto de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente,

El Presidente: - De conformidad con el artículo 124, reserve la secretaría la propuesta del diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala y proceda a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 268 votos en pro, 116 en contra y seis abstenciones.

El Presidente: - Habiéndose aprobado el decreto por 268 votos y en términos del artículo 125 del reglamento, consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la propuesta planteada por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, en relación con el artículo primero del decreto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al artículo 127.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse ponerse de pie...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.

El Presidente: - En consecuencia, está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 13, 15, 127 y 366 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA SEDA Y ARTISELA Y SUS DERIVADOS

El Presidente: - Proceda el secretario, a dar lectura al siguiente sujeto a debate.

El secretario Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se dará lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la industria y el comercio de la seda y artisela y sus derivados.

«Comisión de Comercio.

Honorable asamblea: Con fundamento en los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso, en la sesión pública ordinaria celebrada el día seis del presente mes, se turnó a esta Comisión de Comercio que suscribe, la minuta de proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la industria y el comercio de la seda y artisela y sus derivados, aprobado por honorable colegisladora el pasado día 6 de los corrientes, para los efectos del dictamen a que se contrae el artículo 72, incisos a, y f, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Considerando que la iniciativa correspondiente fue enviada por el ciudadano Presidente de la República a la honorable Cámara de Senadores, y que ésta, por conducto de la comisión dictaminadora correspondiente, integró un expediente con los instrumentos jurídicos respectivos: el decreto de 31 de diciembre de 1936 por el que se concedieron facultades extraordinarias al Ejecutivo Federal para legislar en el ramo de agricultura y fomento; el decreto para la regulación y racionalización de la industria y del comercio de la seda y artisela y sus derivados, de 18 de junio de 1937; el decreto de 22 de julio de 1937 que modifica al anterior; el decreto que aprueba la suspensión de las garantías individuales consignadas en varios artículos constitucionales, de 2 de junio de 1942; el decreto de 27 de junio de 1944 que establece la obligación a los productores de artisela y sus derivados, de vender sus materias primas a industriales registrados y autorizados por la Secretaría de la Economía Nacional.

Que la propia Cámara de Senadores formuló el análisis y dictamen de los documentos citados y de las consideraciones que les dieron origen; así como también a la exposición de los motivos que envió el proyecto de iniciativa, el titular del Poder Ejecutivo Federal, precisando la necesidad de la actualización sucesiva del marco de control gubernamental sobre las actividades de la industria y el comercio, conforme a las circunstancias, eliminando la regulación que en otras épocas fue conveniente, pero que con los cambios en el entorno económico ha ido perdiendo vigencia y constituye hoy un cúmulo de reglamentaciones en exceso, lo que se traduce en una tarea indispensable de la presente administración para mantener el buen funcionamiento de las empresas, sin obstaculizar sus operaciones, en un ambiente económico en el que la flexibilidad y libertad de acción tienen importancia fundamental para competir internacionalmente.

Con base en la exposición de tales motivos, el ciudadano Presidente de la República subrayó que abrogar los decretos de la industria textil de la seda y artisela y sus derivados, que han sido señalados anteriormente, debe hacerse porque los mismos fueron expedidos en circunstancias y condiciones sociales, económicas y políticas diferentes a las que imperan en la actualidad, para el desarrollo de la citada industria, destacando que hoy en día, de abrogarse los citados decretos, la importación de las mercancías de las que se ocupaban los ordenamientos que se pretenden abrogar no quedarán sin control, ya que la ley reglamentaria del artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de comercio exterior, prevé el mecanismo para establecer medidas de regulación o restricciones a la importación de mercancías.

Por tales razones, esta comisión dictaminadora considera que los decretos cuya abrogación se solicita por parte del Ejecutivo Federal, que ya ha

sido aprobada por la Cámara de Senadores, obedecieron sólo a circunstancias económicas extraordinarias que en su tiempo, el propio Ejecutivo consideró viables y necesarias, hoy ya no tiene razón de existir, por lo que, de abrogarse, se permitirá el fortalecimiento de la industria en cuestión, así como que el manejo legal de tales mercancías, no quedará exento del control gubernamental; por esos sobrados motivos, se somete a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

DICTAMEN

La regulación de la industria de hilados y tejidos de seda y artisela y sus derivados, en la actualidad obstaculiza el crecimiento y la libre concurrencia de los particulares a las actividades industriales relacionadas con la comercialización de dichas mercancías, lo que tiene efectos negativos directos en el acceso y la disponibilidad de estos productos para una gran parte de la población consumidora.

Por consiguiente, se estima necesario abrogar los diversos decretos que el Ejecutivo de la Unión ha emitido para regular y racionalizar los insumos de la industria y del comercio de la seda y artisela y sus derivados, así como las obligaciones establecidas a los productores de artisela y sus derivados restringiendo la venta de sus materias primas sólo a industriales registrados y autorizados legalmente, debido a que dichos ordenamientos legales hoy constituyen una carga de severa limitación al desarrollo de la actividad de la propia industria.

Dichos decretos, en su tiempo tuvieron una aplicación positiva y efectiva, protegiendo los intereses industriales nacionales, pero hoy en día, en concordancia con el proceso de modernización integral de la industria mexicana, resultan anacrónicos y obsoletos.

En virtud de lo expuesto, los integrantes de la comisión que suscriben, nos permitimos solicitar a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGAN ORDENAMIENTOS QUE REGULAN LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE LA SEDA Y ARTISELA Y SUS DERIVADOS

Artículo único. Se abrogan:

I. En decreto para la regulación y racionalización de la industria y el comercio de la seda y artisela y sus derivados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de junio de 1937, y el diverso por el que se reforma, publicado en el citado órgano el 12 de agosto de 1937, y

II. El decreto que establece la obligación a los productores de artisela y sus derivados, de vender sus materias primas sólo a industriales registrados y autorizados por la Secretaría de la Economía Nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 26 de julio de 1994.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Sala de comisiones, recinto oficial de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 10 de diciembre de 1990.»

Trámite: - Segunda lectura.

El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el artículo único del proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra en contra ni en pro y en términos del artículo 121, pregunto si algún miembro de la comisión desea hacer uso de la palabra... No habiéndolo, proceda la secretaría a tomar la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del artículo único del proyecto de decreto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

El diputado Jesús Bravo Cid de León (desde su curul): - Señor Presidente. Para una proposición al procedimiento...

(Desde una curul): - ¡No se oye! ¡Espérate!

Se pudiera juntar en otra votación, aunque fuese nominal, votando expresamente por cada uno de los dictámenes. Poniendo la alternativa de que alguien votara, uno a favor y el otro en contra, en una sola operación.

El Presidente: - Sí, entiendo bien su propuesta, señor diputado; usted me dirá. Propone usted que reservemos la votación de este dictamen, para votarlo junto con otro dictamen, que no alcancé a escuchar cuál es el que usted...

El diputado Jesús Bravo Cid de León (desde su curul): - Otro dictamen al cual se pueda prestar a hacer conjunta la votación. Por ejemplo, podría ser el que sigue o podría ser el que ocupa el cuarto lugar, que no presenta discusión, porque es algo estrictamente necesario en el cambio de dictamen, nada más. Y entonces se podrían votas esos dos juntos: el primero y el cuarto. Que sería indistinto, también, que se votara con cualquier otro, aun en el caso de que fuera discutido en los términos generales.

Pero siento que para que no haya conflicto de ninguna especie, con el cual se podría votar conjuntamente, votando expresamente a cada dictamen, pero en una sola operación, es al cuarto.

El Presidente: - Aquí cabe la presunción de que la minuta del Senado, relativo a... que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, no habrá oradores ni en pro ni en contra.

Esta Presidencia le pide a la secretaría consulte a la asamblea, soberana, si está de acuerdo en que se vote en un solo acto esta minuta con el dictamen que está sujeto a votación.

El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Dígame, señor diputado Gómez Villanueva.

El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde su curul): - Señor Presidente: Para sugerir a la Presidencia que sean numerados. El uno, el dos y el tres.

El Presidente: - Sí, claro.

El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde su curul): - Que se diga uno, dos y tres.

El Presidente: - Sí, está bien. Consulte la secretaría en los términos indicados por esta Presidencia.

La de la seda, artisela y sus derivados; la de la Comisión de Asentamientos Humanos sobre Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Son tres.

Bien. Consulte la secretaría a la asamblea si está de acuerdo, para que procedamos en consecuencia. En votación económica, señor secretario, estos tres dictámenes.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En votación económica se consulta a la asamblea si a la proposición del diputado Bravo Cid de León se suma al dictamen relativo que abroga ordenamientos que regulan la industria de la seda y la artisela y sus derivados, el relativo a la Comisión de Asentamientos y Obras Públicas con proyecto de decreto que reforma la Ley de Desarrollo Urbano y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.

Y un tercero, que se sumaría a este mismo proyecto de votación, de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.

Si es así, procederíamos, si entiendo la instrucción, en el sentido de votar.

En votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensan los trámites al dictamen uno, al dictamen dos y al dictamen tres.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensan los trámites, señor Presidente.

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

«Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Honorable asamblea: A la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas que suscribe, le fue turnada para su dictamen, la minuta proyecto de decreto de reformas a la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, promovido por el ciudadano Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la facultad que le concede la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que fue aprobada por el pleno de la honorable Cámara de Senadores, previo su dictamen, en igual sentido, por las comisiones unidas de Asentamientos Humanos y Ecología y del Distrito Federal de la propia colegisladora.

En la virtud y en acatamiento a lo que disponen los artículos 72 primer párrafo, incisos a, y h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 54 y 56 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 65, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se procedió al

análisis de la iniciativa en cuestión, para emitir el siguiente

DICTAMEN

En el Distrito Federal, se ha presentado en las últimas décadas un cuadro de desordenado e irregular asentamiento humano sobre la tierra, cuya posesión o propiedad originaria, presenta vicios de origen o titulación o que, debidamente acreditada, fue abandonada por sus legítimos propietarios y en tal situación, fue apropiada por personas que consideraron procedente la vía legal de la prescripción adquisitiva.

Al entrar en conflicto los intereses jurídicos del propietario o poseedor originario con los derechos derivados de la posesión, de buena o mala fe, se provocó incertidumbre, inseguridad, agudos problemas y disputas sociales por la tierra para edificar la vivienda, derivando en problemas de tensión social y política.

Los grupos de colonos precaristas o posesionarios, entraron el la dinámica del conflicto político a partir de la identificación colectiva de que sus intereses eran legítimos, como en estricto derecho se consideran procedentes, frente no sólo a los dueños primarios, sino ante la autoridad a la cual le demandan servicios públicos fundamentales, siendo que para la satisfacción de tales demandas sociales, el gobierno del Distrito Federal debe sujetarse a las resoluciones del Poder Judicial por cuanto a la certeza jurídica respecto a la propiedad o posesión de la tierra, para que de manera global pueda hacerse cada vez más factible el cumplimiento de las demandas sociales más sentidas y consagradas en la Constitución, consistente en el derecho a la vivienda digna y decorosa.

En este orden de ideas, la iniciativa del ciudadano titular del Ejecutivo Federal, tiende a crear un clima de paz y orden urbanos, al procurar que la certidumbre legal en el uso y la tenencia de la tierra y el evitar la conformación de nuevos asentamientos irregulares, para permitir instrumentar acciones correctivas y de justicia, para regularización del uso, posesión y propiedad de la tierra, aspiración legítima de toda familia que hoy no cuenta con un título legal que la ampare.

La reforma al artículo 2o. de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal que propone declarar de utilidad pública la regularización de la tenencia de la tierra, es necesaria en el actual contexto de los asentamientos irregulares que se han producido en el Distrito Federal, para que el Estado tome las medidas necesarias para ordenar dichos asentamientos humanos y establecer las provisiones adecuadas para el uso, reservas y destinos de la tierra, así como darle la escrituración legal, mediante los procedimientos adjetivos que señale la ley respectiva y, con base en ello, planear y regular la construcción de las obras públicas necesarias para la dotación de servicios de infraestructura vitales, como la organización de los servicios públicos que demanda la actividad de las comunidades urbanas del Distrito Federal.

Dentro de la estrategia de ordenación del crecimiento de la población urbana y la legitimación de la tenencia de la tierra, se impone la revisión de los trámites judiciales para la inmatriculación ante el Registro Público de la Propiedad aquellos bienes que no están restaurados por antecedentes regístrales, lo cual se traduce en un obstáculo de tramitación para la regularización de dichos inmuebles.

Por esta razón se justifica la reforma a la fracción III del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que propende, a juicio del Ejecutivo, simplificar el actual complejo procedimiento judicial para la obtención de la declaración legal necesaria para que, un título legal que ampare la propiedad de la tierra, pueda ser registrado y, con ello, funde la certeza jurídica frente a terceros.

Los mecanismos de publicación de los avisos se trasladan, ya simplificados al propio procedimiento para obtener la inmatriculación judicial, consistente en eliminar dos de las tres publicaciones por edictos que actualmente exige la ley, tanto en el "Boletín Judicial", en el del registro público y en un periódico de los de mayor circulación en el Distrito Federal para el caso de predios urbanos o rústicos; en acatar la previsión de fijar un anuncio en el inmueble que señale la existencia del procedimiento judicial; se elimina el requisito de autorización del plano del inmueble por parte de un ingeniero titulado, bastando que el plano sea autorizado por el catastro; y, por último, se prevé que las secretarías de la reforma Agraria y de Desarrollo Urbano y Ecología, a través de su delegación en el Distrito Federal, expidan constancias tanto de que el predio está o no afecto al régimen comunal o ejidal, o que sea patrimonio o no de la Federación, respectivamente.

Se considera que estos requisitos que se introducen al procedimiento de inmatriculación, redundan en la disminución de los plazos y tiempos, trámites y costos de los juicios que se promueven por los particulares, en beneficio de sus legítimos derechos y para cumplir el principio constitucional de que la justicia sea pronta y expedita.

Como la afirma la colegisladora en su dictamen, la reforma propuesta permitirá que bajo el reconocimiento de que los procedimientos de regularización de la tenencia de la tierra en el Distrito Federal serán de utilidad pública e interés social, los interesados contarán con un reconocimiento expreso en la ley, para que en modo terminante y claro, las autoridades provean en forma obligatoria, sin cortapisas, sobre los procedimientos y pormenores de las tramitaciones jurídico administrativas. Esto es, las disposiciones legales y administrativas debidamente expedidas por el gobierno del Distrito Federal, de manera conjunta, procede sean aplicadas como determinaciones fundamentales inminentes.

Con los nuevos mecanismos procedimentales propuestos, los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, llegamos al convencimiento de que sin detrimento a la certeza jurídica de las actuaciones judiciales de inmatriculación tendientes a llamar a juicio a las personas que se sientan con legítimo derecho a reclamar o reivindicar su propiedad, la innovación de fijar un anuncio de proporciones visibles en la parte externa del inmueble de que se trate para informar a las personas que puedan considerarse perjudicadas, a los vecinos y al público en general, acerca del procedimiento de inmatriculación judicial, viene a constituirse como un reconocimiento en ley, a una nueva práctica, por demás lógica y correcta de aviso que adicionalmente implica de manera indudable la buena fe del promovente o por el contrario su responsabilidad y exposición directa en caso de incurrir en una temeraria pretensión atentatoria a los legítimos derechos de propiedad de tercero.

Igualmente, la incorporación del requisito de que se obtenga un certificado del Registro Público de la Propiedad, que demuestre que el inmueble en el procedimiento de inmatriculación judicial, no está inscrito, refuerza cabalmente el sentido social de la medida, oponiendo un cerco frontal a los actos de especulación y además ofrece la seguridad jurídica al procedimiento.

También, esta comisión avala el texto de la iniciativa, en el sentido de que sustituya el requisito a cargo del promovente de presentar un plano autorizado por ingeniero titulado, para que baste con la autorización de la Tesorería del Distrito Federal, ya que esto simplifica la tramitación y hace menos onerosos los procedimientos.

Por último, esta comisión dictaminadora estima conveniente informar que cumpliendo el acuerdo tomado durante la sesión plenaria de esta honorable soberanía el día 24 de junio próximo pasado, celebró "Foro de Vivienda en Arrendamiento y de Condominios Sociales en el Distrito Federal" durante los días 14, 16, 23 y 26 de noviembre y 7 de diciembre anterior.

De esta consulta, se recogieron entre otras proposiciones, la de simplificar los trámites para la regulación de la tenencia y titulación de la tierra, así como la adquisición por parte del Estado de recursos territoriales urbanos actualmente vacantes, para el efecto de destinarlos a programas de construcción de vivienda social. Proposiciones que, en su oportunidad fueron consideradas como tareas de gestión para los diferentes partidos políticos, cuyos miembros forman parte de nuestra comisión.

Con esta iniciativa del Ejecutivo, coincidente con las demandas planteadas por la ciudadanía del Distrito Federal, en el foro mencionado, se da una positiva respuesta legislativa dentro del gobierno para el Distrito Federal, que tiende a lograr una mejor calidad de vida para muchos mexicanos.

Expuesto lo anterior, nos permitimos solicitar ante esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL Y AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Artículo primero. Se reforma el artículo 2o. de la Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 2o. Se consideran de utilidad pública e interés social:

I. Las acciones de planear y ordenar los usos, destinos y reservas de su territorio y el desarrollo urbano del Distrito Federal, y

II. La regularización de la tenencia de la tierra.

Artículo segundo. Se reforma la fracción III del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 122. Procede la notificación por edictos:

I y II...

III. Cuando se trate de inmatricular un inmueble en el Registro Público de la Propiedad, conforme al artículo 3047 del Código civil para el Distrito Federal en Materia Común, y para toda la

República en Materia Federal, para citar a las personas que puedan considerarse perjudiciales.

El edicto se publicará por una sola vez en el Diario Oficial de la federación; en el Boletín Judicial, en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal, sección boletín registral, y en un periódico de los de mayor circulación. Además se deberá fijar un anuncio de proporciones visibles en la parte externa del inmuebles de que se trate en el que se informe a las personas que puedan considerarse perjudicadas, a los vecinos y al público en general, la existencia del procedimiento de inmatriculación judicial respecto a ese inmueble. El anuncio deberá contener el nombre del promovente y permanecer en el inmueble durante todo el trámite judicial.

En la solicitud se mencionarán:

a) El origen de la posesión;

b) En su caso, el nombre de la persona de quien obtuvo la posesión el peticionario;

c) El nombre y domicilio del causahabiente de aquélla si fuere conocido;

d) La ubicación precisa del bien y sus medidas y colindancias, y

e) El nombre y domicilio de los colindantes.

Asimismo, a la solicitud se acompañarán:

a) Un plano autorizado por la Tesorería del Distrito Federal, y

b) Certificado de no inscripción del inmueble expedido por el Registro Público de la Propiedad. En el escrito en que se solicite dicho certificado, se deberán proporcionar los datos que identifiquen con precisión el predio de que se trate y manifestar que el certificado será exhibido en el procedimiento judicial de inmatriculación.

Realizadas las publicaciones se correrá traslado de la solicitud, para que contesten dentro del término de nueve días hábiles, a la persona de quien obtuviera la posesión o su causahabiente si fuere conocido; al Ministerio Público; a los colindantes; al delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Distrito Federal, para que manifieste si el inmueble a inmatricular se encuentra o no afecto al régimen ejidal o comunal, y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que exprese si el predio es o no de propiedad federal.

Producida o no la contestación y sin necesidad de acuse de rebeldía, el juez al vencerse el último término de traslado, abrirá una dilación probatoria por 15 días, pudiendo ampliarla, a solicitud del interesado, hasta por 30 días.

Además de las pruebas que tuviere, el solicitante está en la obligación de probar su posesión en concepto de dueño por los medios legales y además por la información de tres testigos, preferentemente colindantes del inmueble a inmatricular o, en su caso, que tengan bienes raíces en el lugar de ubicación del predio de que se trata.

En este juicio no se entregarán los autos originales para formular alegatos. La sentencia es apelable en ambos efectos y el recurso se substanciará como en los juicios ordinarios.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Los procedimientos de inmatriculación de inmuebles que a la fecha de entrada en vigor de este decreto, se encuentren en trámite se substanciarán conforme al mismo a petición de los promoventes.

Artículo tercero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.»

LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales que suscribe le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta de la honorable Cámara de Senadores, con proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.

La minuta de la colegisladora dictamina la iniciativa del titular del Ejecutivo Federal, cuya finalidad es actualizar la regulación jurídica del uso de los símbolos patrios, en las fechas que debe izarse la Bandera Nacional y las ceremonias en que el Presidente de la República deba portar la Bandera Presidencial.

Conforme las reformas a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas el 7 de abril de 1986 en el Diario Oficial de la Federación, las cámaras

que integran el Congreso de la Unión realizan dos periodos de sesiones ordinarias durante el año de ejercicio legislativo, el primero, cuya apertura se efectúa el 1o. de noviembre y que no puede prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año y el segundo, que comienza el 15 de abril y concluye a más tardar el 15 de julio del mismo año. En la misma reforma constitucional se estableció que el informe del estado general que guarda la administración pública del país, lo debe presentar el ciudadano Presidente de la República en la apertura del Primer Período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Unión.

La reforma constitucional descrita hace necesaria, por tanto, la adecuación de disposiciones de la normatividad que regula las características y el uso de los símbolos patrios; específicamente, en su artículo 18 que enlista las fechas solemnes en las que deberá izarse la Bandera Nacional y el artículo 35, que ennumera las ceremonias oficiales en las cuales el Presidente de la República tendrá la obligación de portar la Bandera Presidencial.

El proyecto de decreto de la minuta turnada se divide en dos artículos, en el primero se contienen las modificaciones al numeral 18 inciso a, de la citada ley, adicionando en el orden calendárico correspondiente las fechas 15 de abril y 1o. de noviembre e inmediatamente abajo de cada una, la explicación de "apertura del segundo o del primer, según el caso, período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión"; también se expresa la derogación de la fecha 1o. de septiembre y de la explicación "apertura de sesiones del Congreso de la Unión"; así mismo, se reforma la expresión final del inciso para que en lugar de singular se use el plural al ordenarse que se ize a toda asta el Lábaro Patrio: "Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión". El segundo artículo de proyecto de decreto reforma la fracción II del artículo 35 de la citada Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, para aclarar que la Banda Presidencial se portará: "Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión", sin citar fecha expresa como se usa en la redacción vigente.

Esta comisión de dictamen legislativo considera que siempre debe existir una adecuada correlación entre las disposiciones constitucionales y las leyes que de ella derivan y que, las modificaciones propuestas se justifican y explican por sí mismas, pues sólo se pretende conservar la correcta correlación jurídica, desbalanceada por las modificaciones constitucionales en el número de periodos ordinarios de sesiones y de la fecha de inicio del primero, ceremonias de la mayor solemnidad dentro del calendario cívico - político nacional, por la gran y obvia trascendencia para el Congreso de la Unión.

Por las razones antes expuestas, nos permitimos proponer a la aprobación de esta honorable asamblea el siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE MODIFICA DISPOSICIONES DE LA LEY SOBRE EL ESCUDO, LA BANDERA Y EL HIMNO NACIONALES

Artículo primero. Se modifica el inciso a, del artículo 18 de la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 18.

a).

2 de abril:

Aniversario de la Toma de Puebla en 1867.

15 de abril:

Apertura del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

1o. de mayo:

"Día del Trabajo".

21 de junio:

Aniversario de la victoria de las armas nacionales sobre el imperio en 1867.

(Se deroga.)

14 de septiembre:

Incorporación del estado de Chiapas, al Pacto Federal.

30 de octubre:

Aniversario del nacimiento de Francisco I Madero, en 1873.

1o. de noviembre:

Apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

6 de noviembre:

Conmemoración de la Promulgación del Acta de la Independencia Nacional por el Congreso de Chilpancingo en 1813.

29 de diciembre:

Aniversario del nacimiento de Venustiano Carranza en 1859

Los días de clausura de los periodos de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión.

b).

Artículo segundo. Se reforma la fracción II del artículo 35 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, para quedar como sigue:

Artículo 35.

I.

II. Al rendir anualmente su informe ante el Congreso de la Unión;

III y IV.

TRANSITORIO

Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Recinto legislativo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 17 de diciembre de 1990.»

El Presidente: - Bien. Permítanme, señores diputados. Permítanme.

Con fundamento en esta decisión de la asamblea... permítanme ustedes su atención, señores diputados... vamos a reservar, en principio, que es el primer paso, vamos a reservar la votación del dictamen correspondiente a la Comisión de Comercio. Se reserva para su votación en conjunto, pero le pido a la secretaría que consulte a la asamblea si en cuanto al dictamen de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no hay oradores en pro o en contra.

El diputado Alfredo Oropeza García (desde su curul): - ¡Señor Presidente!

El Presidente: - Lo hay. ¿En qué sentido, señor diputado?

El diputado Alfredo Oropeza García (desde su curul): - En pro.

El Presidente: - En pro del dictamen...

(Desde una curul): - ¡Nooo!

Permítanme... permítanme, señores diputados. Permítanme, señores diputados.

El trámite es muy claro, señores diputados. Está en reserva para votarlo en conjunto nominalmente el primer proyecto de decreto que es el de la Comisión de Comercio. Estamos en el segundo. Hay un orador en pro de este dictamen. Tiene la palabra el señor diputado, en pro del dictamen, Alfredo Oropeza, en pro del dictamen relativo al proyecto...

(Desorden.)

Silencio, señores diputados, por favor. Su atención, señores diputados. Les ruego su atención, señores diputados.

Hay un orador en pro del proyecto de decreto de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Adelante, señor diputado.

El diputado Alfredo Oropeza García: - Gracias, señor Presidente; integrantes de esta asamblea: A nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, vengo a exponer dos razones por las que la diputación del Partido Acción Nacional votará a favor de esta iniciativa.

Pero además para relatar una situación de hecho que esperamos se subsane para bien de los que habitan el Distrito Federal y que hasta ahora no tienen escrituras de sus predios.

Estamos de acuerdo con la reforma del artículo 2o. de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, pues la regularización de la tenencia de la tierra, así como las acciones de planear y ordenar los usos del territorio del Distrito Federal, son indispensables para el crecimiento, más o menos ordenado del Distrito Federal.

La reforma al artículo 122, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, busca simplificar trámites en los juicios de información ad perpetua o de dominio para inscribir o matricular un predio en el Registro

Público de la Propiedad. Los cambios básicos de esta reforma, consisten en lo siguiente:

Que habrá una sola publicación del edicto en lugar de tres que contempla la ley actual, que habrá que publicitar el juicio en el predio del que se trate de inscribir por el tiempo que dure el juicio, que se emplace a diversas autoridades por el término de nueve días, las que con contestación o no de los emplazados el juicio debe tener celeridad, que habrá 15 días para desahogar las pruebas o hasta 30 si el interesado lo solicita. Por esta búsqueda de simplificación, estamos de acuerdo.

Ahora, la desgraciada situación de hecho, no legal se ha venido presentando en el trámite para la obtención del certificado de no inscripción que debe entregar el Registro Público de la Propiedad, pues esta institución, sobrepasando requisitos de su propio reglamento, ha hecho prácticamente imposible obtener este documento que es base para iniciar el juicio de inmatriculación.

Veamos: el artículo 107 del Reglamento del Registro Público, señala que para la expedición de un certificado de no inscripción, el interesado presentará solicitud con los siguientes datos y documentos: nombre y domicilio del solicitante, ubicación, medidas y superficie del predio, denominación del predio, si lo tiene, plano catastral expedido por el Departamento del Distrito Federal o de ingeniero titulado, en su caso la última boleta predial.

El artículo 110 del citado reglamento, dice: "Que el registro público dentro de los 10 días hábiles deberá expedir el certificado de no inscripción". Sin embargo, los directivos del registro público, arbitrariamente han establecido los siguientes requisitos. Dice el instructivo, que reparte el registro público a quien va a solicitar un certificado de no inscripción: Requisitos a cubrir para la solicitud de certificado de no inscripción, de conformidad a los artículos 107 y 110 del reglamento.

Primero. Que sea por escrito incluyendo la descripción del inmueble, superficie, etcétera, plano autorizado por la oficina de catastro de la Tesorería del Distrito Federal, aquí es donde empiezan las dificultades, pues a su vez hay que llenar el formato DDF 01 y hacer el trámite en esta dependencia con las clásicas filas, vueltas y esperar la firma del titular.

Tercero. Copia de la boleta predial con la superficie respaldada por la Tesorería del Distrito Federal, aquí ya hay extralimitación de lo que señala el reglamento, pues éste dice que en todo caso la última boleta predial, pero no establece necesariamente esa obligación.

Cuarto. Copia del título documental en virtud del cual se adquirió el inmueble, esta exigencia está fuera del reglamento, de aquí en adelante empieza casi lo insalvable.

Quinto. Oficio de la delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria en el Distrito Federal que indique y certifique que la propiedad no es ejidal ni comunal, con la clásica celeridad con que ha venido trabajando esta Secretaría, ya se imaginan cuánto tiempo dura este trámite.

Sexto. Oficio de la Dirección General de Recursos Materiales y Recursos Generales señalando que el inmueble no forma parte del patrimonio inmobiliario del Departamento del Distrito Federal, este engorroso trámite, hay que hacerlo, según el instructivo, en la calle de Delicias número 36, colonia Centro.

Séptimo. Oficio de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Protección Ecológica que indique que el inmueble no forma parte del patrimonio inmobiliario de la Federación, y señala entre paréntesis el instructivo, que este trámite habrá que hacerlo en la calle Culiacán 123, piso doce, colonia Roma Sur.

Y, por último, lo imposible, requisito número ocho. Debe de llevar el solicitante una constancia de uso del suelo, alineamiento y número oficial, y resulta que para obtener esa constancia de alineamiento y número oficial, cuando uno se presenta ante el Departamento para solicitar este trámite, lo primero que le piden es la escritura pública, justamente el inicio de un trámite que requiere cualquier interesado que precisamente no tiene escritura pública; así es que es un contrasentido.

Y todo esto, ¿por qué es así hasta ahora? Señoras y señores diputados, juzguen ustedes: el actual director del registro público, sus ayudantes y los jefes del departamento de esa dependencia, vienen de la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Por esa costumbre que cuando nombran a un burócrata de alto nivel se lleva a todos sus parientes, compadres y aduladores, por lo que no es raro encontrar en el registro público a doctores y enfermeras, en lugar de técnicos o abogados. Tan es así que el pasado lunes 17 de diciembre, sin aviso al público ni a sus propios empleados, el director del registro, señor Sergio Sandoval, ordenó que se cerrara esa dependencia, y avisando de palabra al público que se daría servicio hasta enero de 1991, porque los jefes y el mismo director estaban recibiendo clases para aprender cómo llevar esta oficina.

Es cierto que a nosotros no nos toca reformar o adecuar los reglamentos; ojalá que la Asamblea de

Representantes del Distrito Federal lo haga para que en verdad estas reformas sean eficaces. Gracias por quienes pusieron atención.

El Presidente: - Ha solicitado la palabra el señor diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, para razonar su voto.

El diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala: - Compañeros; señor Presidente: Realmente con el propósito de razonar nuestro voto en relación con el dictamen presentado por la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

En primer lugar, queremos señalar que el dictamen recoge parte de los planteamientos formulados en el foro que sobre vivienda y condominios de interés social llevó a cabo la Comisión de Asentamientos Humanos, de donde se recogen planteamientos importantes de la comunidad.

Sabemos que el declarar de interés público la regulación de la tenencia de la tierra, va a permitir a los ciudadanos del Distrito Federal lograr adquirir en propiedad sus inmuebles sin necesidad de acudir a trámites burocráticos complejos, tomando en consideración que la misma ley está estableciendo una garantía. Una garantía que está superada por cuanto a que se declara de interés público la regularización de la tenencia de la tierra en el Distrito Federal.

Lo que nosotros queremos dejar señalado, al razonar nuestro voto en pro de este dictamen, es que no deseamos que ante este trámite y ante las gestiones que se realizan en la Comisión de Regularización de la Tenencia de la Tierra, se continúe regularizando la tenencia de la tierra en el Distrito Federal, en favor de gente que no la detenta, en favor de gente que por circunstancias especiales o más bien mercantiles, llega y se posesiona de un terreno exclusivamente con fines especulativos; que deseamos y demandamos que en base a esta ley y en base a este interés público que se le está dando a la Ley de Asentamientos Humanos, se garantice a quien tiene la posesión de la tierra, la regularización de la tierra; que no se permita que la tierra del Distrito Federal, que ya de hecho para el área urbana está agotada, siga siendo materia de especulación, materia de mercantilismo.

Por ello, porque se beneficia a la comunidad, porque deseamos que a quien tiene la posesión se le beneficie y porque nuestro partido no está en contra nada más por estar, sino porque razona su posición, en esta ocasión venimos a señalar y a pronunciarnos en favor del dictamen, también por otras características, porque se evitará la injusticia en contra de quien, en un momento determinado, se vea involucrado en los juicios a que se refiere el decreto, al fijar en los mismos predios la notificación de que ese predio se ve involucrado en un procedimiento de carácter legal en favor de determinada persona. Esto, le dará seguridad jurídica a la comunidad, esto permitirá que se abrevien también los trámites relacionados con el procedimiento civil, que se está modificando y se hará más ágil.

Tomando en consideración estos dos planteamientos, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se pronuncia en favor de este dictamen y solicita su aprobación a esta asamblea. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Habiéndose cumplido con lo señalado por el artículo 122 del reglamento y habiéndose informado también a esta Presidencia de que el proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, no hay oradores ni en pro, ni en contra, y en acatamiento a la decisión soberana de esta asamblea, le pido a la secretaría proceda a tomar la votación nominal de los tres proyectos de decreto en un solo acto, especificando cuáles son estos tres proyectos de decreto, no por número, sino por su contenido.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Dispensadas que fueron por esta soberanía los trámites al proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la industria y el comercio de la seda y artisela y sus derivados; del otro proyecto de decreto de reformas a la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, y del proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de los proyectos aquí enunciados.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el 161.

(Votación.)

Señor Presidente: Se emitieron 378 votos en pro y cero en contra.

El Presidente: - En consecuencia, está aprobado el proyecto de decreto por el que se abrogan ordenamientos que regulan la industria y el comercio de la seda y artisela y sus derivados. Está aprobado el proyecto de decreto de reformas a la Ley del Desarrollo Urbano del

Distrito Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Está aprobado el proyecto de decreto que modifica disposiciones de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno nacionales.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

SOBRE LA COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Dígame, señor diputado Pérez Jácome.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome (desde su curul): - Señor Presidente: Le pido la palabra, quiero hacer un comentario y una petición a la Presidencia de la Cámara.

El Presidente: - Tiene usted la palabra.

El diputado Pablo Gómez Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente: Yo propongo que siga el orden del día; no tiene por qué intervenir...

El Presidente: - Permítame un momento diputado Gómez Adelante, diputado Pérez Jácome.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: Como es de conocimiento de todos nosotros, a resultas de una propuesta que originalmente formuló el señor diputado Ortíz Mendoza, coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, esta Cámara acordó solicitar la comparecencia del señor Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso Lombardo.

Con posterioridad y a una proposición que me permití hacer el pasado jueves en este mismo recinto, la Presidencia acordó solicitar al señor secretario Caso Lombardo el que invitara a que le acompañaran algunos funcionarios del sector financiero a efecto de explicar, en sus términos, lo ocurrido en el proceso de desincorporación y venta de Teléfonos de México, Y asimismo solicité y la Presidencia acordó fijar fecha para la comparecencia de Caso Lombardo ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Patrimonio y Fomento Industrial, lo que se decidió fuera el día de mañana, 21 de diciembre, a las 9.00 de la mañana.

El día de hoy, el Partido Popular Socialista, a través de sus voceros, planteó en un legítimo ejercicio de sus facultades constitucionales, el que sometería al señor licenciado Caso Lombardo a un procedimiento de juicio político previsto en la Constitución, en la Ley Federal de Responsabilidades y en nuestras leyes y reglamentos de gobierno interior.

Conversé sobre este planteamiento con el propio señor ingeniero Ortíz Mendoza, me dio sus razones, muy respetables, me comentó también que consideraba, ante la información que ya tenía sobre el procedimiento seguido, las decisiones tomadas, las características de los instrumentos en que se habían incorporado dichas decisiones, solicitar, a través de la Oficialía Mayor de la Cámara, el inicio de ese procedimiento de juicio político que, como ustedes saben, es en su primera fase competencia, atribución de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales de Justicia.

Ante ese hecho y ante la necesidad de evitar confundir instancias, ante la circunstancia también de que muchos de los diputados comparten la responsabilidad de las comisiones, o bien de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial o de Gobernación y de Justicia, he querido pedir la palabra y subir a esta tribuna para pedir a la Presidencia, de la misma manera que solicité la fijación de una fecha, que en este caso y por la prioridad constitucional, legal y reglamentaria que tiene el juicio político, resuelva diferir la reunión de mañana, dejar en este caso sin la presencia del licenciado Caso Lombardo a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial y permitir que en el marco de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, sean las comisiones de Gobernación y de Justicia las que se aboquen al conocimiento, a la resolución en su caso de la primera fase y eventualmente a que se someta al señor Secretario de Comunicaciones al procedimiento, a la secuencia, prevista también en la ley, ante la comisión jurisdiccional.

En otras palabras, señor Presidente, pido a usted que difiera, que cancele la reunión de mañana, con la misma autoridad que se determinó, sin vulnerar el acuerdo de la asamblea respecto a la comparecencia, para el efecto de que las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia podamos considerar, sin prejuicio alguno, con toda la información que se nos aporte, una materia de tan grande importancia, de tan grande relevancia para la

vida de la nación y para el prestigio de un funcionario como es el juicio político.

Esa es mi resolución, la someto a su consideración, señor Presidente, y en su caso a la resolución de la asamblea.

El Presidente: - Le escucho, diputado, Adelante. Solicitó la palabra el diputado Gómez y el señor diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Pablo Gómez Alvarez: - Seré muy breve, señores diputados, porque francamente nos parece esto un atropello. La asamblea por dos tercios de la votación, ha citado a un secretario de Estado y se pretende, unos días antes de que termine el período ordinario de sesiones de esta Cámara, del Congreso de la Unión, que se difiera, se entiende que de manera indefinida, puesto que estaríamos, según la lógica del diputado Pérez Jácome, a que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, unida a la de Justicia, citara algún día para examinar la denuncia por responsabilidad política presentada por miembros del Partido Popular Socialista.

El asunto por el cual se le ha citado, puede o no tener relación con la denuncia presentada por miembros del Partido Popular Socialista, eso no lo sabemos, puesto que la denuncia no la conocemos; pero aunque tuviera toda la relación, ¿cuál sería la forma de vincular, de manera que impidiera a la Cámara llevar a cabo lo que estaba programado, es decir la presencia del señor Caso en comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio?

Nosotros no vemos que esto obligue a la Cámara a posponer aquella otra cuestión, confundir instancias. ¿Cómo podría alguien confundir comisiones unidas de Gobernación y de Justicia con de Comunicaciones y Transportes y Patrimonio? ¿Cómo podría alguien confundirse en esta Cámara, que hemos recibido decenas de denuncias por responsabilidad política, la instancia que debe resolver sobre la procedencia de las denuncias en esta materia? ¿Cómo podría confundirse una instancia con la otra?

Yo creo que lo que se está buscando aquí es tratar de encubrir, o de defender o de que el señor Caso no responda a los cuestionamientos que tienen los diputados y que me parecen que son muy razonables, puesto que los últimos acontecimientos alrededor del título de la concesión que él otorgó a la empresa Teléfonos de México y la operación que se llevó a cabo en relación con esta empresa, pues es más que suficiente como para que el señor dé explicaciones.

Yo creo que sencillamente no tiene sentido, y menos que el Presidente a petición de un diputado cancele la práctica, una cuestión decidida por la asamblea con una amplia mayoría de dos tercios. En todo caso que se vuelva a votar con la exigencia de la misma mayoría, como correspondería a un procedimiento mínimamente. Correcto, pero no debe volverse a votar, puesto que ya está resuelto y en firme. Eso es todo.

El Presidente: - Señor diputado Ortíz Mendoza. Su atención, señores diputados.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: El Partido Popular Socialista, a lo largo de más de 40 años de lucha, ha luchado siempre con las cartas sobre la mesa, nunca ha ocultado sus cartas para actuar. Desde el momento en que esta Cámara resolvió en sesión histórica del 7 de diciembre que se presentara el Secretario de Comunicaciones, el Partido Popular Socialista ha tenido entrevistas con varios secretarios de Estado y varios funcionarios, para recabar toda la información sobre la venta de Teléfonos de México, por una razón, como lo dijimos en nuestras intervenciones anteriores, el Partido Popular Socialista nunca arriará la bandera de defensa de esta empresa y de este servicio que consideramos estratégico.

Al acumular la información pudimos configurar plenamente que nos asistía la razón y que nos sigue asistiendo; esta empresa no debió haber sido vendida. Pero todavía más, encontramos cuestiones que ustedes deben conocer, la Ley de Vías Generales de Comunicación, es una ley obsoleta, o más bien ya rebasada por el tiempo, desde 1940 existe esta ley. Y si algo ha sido dinámico en el desarrollo han sido las telecomunicaciones.

Consecuentemente esta ley en su Libro Quinto que habla de las comunicaciones eléctricas prácticamente nada tiene ya que ver con las telecomunicaciones actuales. Yo mismo, en 1964 dejé sobre el escritorio del Secretario de Comunicaciones la proposición de modificar esta ley por obsoleta y nunca se hizo, de reglamentarla, porque ya nada tenía que ver con la vida actual, y nunca se hizo.

Y de pronto, señoras y señores diputados, después de que en septiembre del año pasado el Presidente de la República plantea la necesidad de vender Teléfonos de México y pone cinco condiciones, y el Secretario General del Sindicato de Teléfonos de México, en lugar de salir en defensa de la empresa y de sus trabajadores, se pone al servicio de la venta por un simple puñado de acciones.

El Partido Popular Socialista empezó una lucha tenaz por impedirlo, pero siguió avanzando, y fíjense ustedes en esta cuestión tan grave, el 15 de junio, hace apenas cinco meses, la Secretaría de Hacienda fija las normas de la venta; inmediatamente después, el 10 de agosto, dos meses después, se elabora una concesión que nada tiene que ver con la ley, ni por la terminología ni por sus alcances; es decir, se hace una concesión sin base jurídica, y era lógico, porque la ley es vieja y lo que se concesiona es lo moderno, lo nuevo, pero eso se hace el 10 de agosto.

Pasó agosto, septiembre, octubre, tres meses, y cuando se dieron cuenta seguramente que no tenía bases jurídicas, hicieron el reglamento, pero el reglamento de la ley contiene justamente lo que dice la concesión; es decir, se hizo un reglamento para justificar la concesión, y después de octubre, pasó, noviembre y el 7 de diciembre esa asamblea se yergue exigiendo información, y en dos días se anuncia la venta y al día siguiente se pública la concesión, pero nadie conocía el reglamento.

El problema concreto entonces es de que el Partido Popular Socialista, venga o no venga Andrés Caso, seguirá; el Partido Popular Socialista está en contra de la proposición del diputado Pérez Jácome, pero como sabemos o prevemos, después del desayuno realizado en Los Pinos que vamos a perder, queremos advertir que aprueben ustedes que venga o no aprueben, y quiero hacer un señalamiento más, el Partido Popular Socialista, hoy mandó un boletín de prensa con un objeto sencillo: que se preparará el Secretario de Comunicaciones para que nos diera las respuestas respecto a todo esto que estoy denunciando, para que no hubiera ningún argumento de que lo sorprendíamos y que las preguntas no tuvieran respuesta.

Por eso dijimos con toda claridad: habrá un juicio político, y las preguntas se le mandaron ya al Secretario de Comunicaciones, al Secretario de Hacienda, para que le den respuesta, y la decisión de ustedes, está en sus manos, de nadie más, ustedes saben si imponen el acuerdo del 7 de diciembre o si no lo imponen. El Partido Popular Socialista está en contra de la propuesta de Pérez Jácome, y exigimos que venga Andrés Caso.

El Presidente: - Para alusiones personales, el diputado Pérez Jácome.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Con la venia del Presidente; compañeras y compañeros diputados: Precisamente por las razones que apuntaban el señor diputado Ortíz Mendoza, yo hice la petición a la Presidencia. De ninguna manera pretendo desconocer, violar, contradecir una decisión del pleno; seria el pleno en su caso, y con las disposiciones que hubiera que tomarse, el que pudiera decir sobre esta materia.

Lo que estoy pidiendo, y por las razones que apunté y fundé, es que dada la expresión honesta del Partido Popular Socialista, la que esta mañana realizó.

El Presidente: - Atención, señores diputados.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - De instaurar juicio político le diéramos tiempo a las instancias, eso es no confundirlas, señor diputado; en otras palabras, que por el rango constitucional y legal de esta materia, confináramos al conocimiento de las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia este tema, e independientemente de ello se acatara en su momento la decisión del pleno respecto a la materia inicialmente planteada.

Lo que estoy pidiendo no es una cancelación, sino una diferición de la fecha que a propuesta mía la Presidencia y no el peno fijó. Que quede claro, compañeros, porque de ninguna forma ha sido nuestra intención desconocer un acuerdo de asamblea.

El Presidente: - Permítame, señor diputado Pérez Jácome. Señores diputados, si atendemos al orador es más fácil que puedan intervenir quienes lo están solicitando. Les pido silencio y atención al orador.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor Presidente; compañeros diputados: Quiero concluir con esto mi intervención: soy respetuoso totalmente de las disposiciones reglamentarias y de la decisión de la asamblea; estoy planteando un principio de congruencia; estoy solicitando en este caso, la aplicación de un trámite, de un procedimiento constitucional y legal para evitar que uno y otro puedan llevarnos a consideraciones diversas. Estoy pidiendo pues, que como tal, y una vez que se presente a través de la oficialía Mayor la solicitud de juicio político, se instaure y se resuelva por las comisiones unidas, a reserva de que podamos tener el resto de los diputados la información del caso.

Es todo, señor Presidente. La proposición es a usted, y en su caso a que usted la consulte con el pleno.

El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Guerra, pero permítame usted señor diputado Juan Guerra, antes de que inicie usted su intervención permítame informar a la asamblea

que esta Presidencia, habiendo determinado citar al ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en una decisión soberana de la misma asamblea, piensa que no es de variar la decisión de la asamblea, que lo que está a discusión, lo que se está planteando, lo que aquí se está planteando es que la determinación...

(Desorden.)

¡Orden, señores diputados! ¡ Orden, señores diputados!

Señores diputados, ocupen sus curules señores diputados, Señores diputados, su atención si son tan amables permítame su atención. Permítame su atención, señores diputados.

Explico a la asamblea que la determinación de citar al ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, está vigente y el planteamiento que se ha hecho a esta Presidencia es en el sentido de cambiar la fecha de esta cita...

(Desorden.)

Permítanme, no he concluido. No he concluido, señores diputados; estoy poniendo en claro los términos de este planteamiento...

(Desorden.)

Estoy poniendo en claro los términos de la solicitud que aquí se ha hecho, para que no haya duda de cuál es el planteamiento. Ese es el planteamiento, señores diputados.

Tiene la palabra el señor diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Señor Presidente, en estas condiciones de la asamblea, lo que usted debería haber dicho es que desecha la propuesta de Pérez Jácome, por notoriamente improcedente y no seguir dándole largas a este asunto.

Esta propuesta se presenta sin cumplir ningún requisito del reglamento; todo parece una ocurrencia; no lo es, lo sabemos de Pérez Jácome, que sin ser presidente de ninguna de esas comisiones viene y le solicita que simple y sencillamente que el señor no se presente mañana y uno no sabe cuál es el temor de este señor a no asistir. Argumenta cosas por demás pueriles: que hay que darle prioridad al juicio político, ¿por qué no le dieron prioridad al juicio político contra Neme Castillo, que tiene mucho rato presentado?

Yo, señor Presidente, le digo: ¿vamos a estar expuestos aquí a los caprichos de los secretarios y actitudes de fuerza de esta asamblea?, o sea, ¿va a guiar las cosas como procede? Hay un acuerdo de la asamblea...

El Presidente: - Es procedente, señores diputados; señores diputados; señores diputados; los conmino al orden, porque de otra manera no podemos continuar con la sesión. El procedimiento se discute sobre el orden de la asamblea. Los conmino al orden, señores diputado, para continuar con la intervención. Les estoy conminando a mantener el orden, señores diputados.

Solicito su atención y su respeto a quien está en uso de la palabra y a mantener el orden en esta sala, señores diputados. Su atención, señores diputados. Continúe usted, diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Señor Presidente, le insisto yo en que en verdad no sea usted responsable del caos que se está provocando en esta asamblea.

La propuesta del diputado Pérez Jácome, es a todas luces improcedente. Se presta más a un capricho, se presta más a una actitud de fuerza de esta asamblea. No está presentada, así es. No está ni siquiera presentada la denuncia de juicio político.

Señor Presidente, ¿vamos a hacer de esta Cámara un recinto donde a partir de una mayoría que dudo incluso que la tenga, se van a tomar actitudes de fuerza o se va a conducir esta Cámara como lo que es verdaderamente¿ Esta es la situación.

Señor Presidente: yo llamo a su sensatez, llamo a que en verdad no vale la pena el temor de Caso Lombardo a no venir para presentar este tipo de escenas. Yo le pido que por favor restablezca el orden y se deseche esa propuesta en el acto porque no procede, simple y sencillamente.

El Presidente: - Esta Presidencia puede conminar a los señores diputados, convocarlos a mantener el orden. Depende también del buen juicio de los señores diputados acatar la convocatoria de la Presidencia para que podamos dilucidar esto como corresponde; esto es, manteniendo el orden en la sala; de otra manera será imposible continuar adelante con la sesión.

Invito a los señores diputados a contribuir con esta Presidencia, manteniendo el orden en la sala.

El diputado Jorge García Henaine (desde su curul): - Señor Presidente...

El Presidente: - Dígame, diputado.

El diputado Jorge García Henaine (desde su curul): - Solicito la palabra para hechos.

El Presidente: - Tiene usted la palabra, señor diputado.

El diputado Jorge García Henaine: - Con su permiso, señor Presidente...

(Desorden.)

El Presidente: - Silencio, señores diputados.

El diputado Jorge García Henaine: - Hace más de dos años que he asistido a estas sesiones guardando compostura, atención y respeto para todos mis compañeros, cualesquiera que haya sido la forma o el motivo que hayan expresado en esta alta tribuna de la nación.

Ahora hago uso de la palabra para recordarles que cuando tomamos posesión de este honroso cargo con el que nos ungió el pueblo, juramos cumplir la Constitución; tomamos la decisión firme de responder a esos sagrados derechos que el pueblo nos ungió. Tenemos que respetar la dignidad de la voluntad popular.

Aquí en esta asamblea fue tomada una decisión, una decisión que no puede ser cambiada porque la Constitución... (Aplausos.)

Nos otorga, a este Poder Legislativo, que ese poder y que no unas cuantas manos que quieren manejar otros intereses nos lo van a impedir.

Por sobre los hombres, por sobre los partidos, por sobre todos los intereses egoístas está México, estará México, después México y siempre México, eso es lo que está demandando el pueblo mexicano y eso es a lo que todos los hombres que venimos a ocupar esta curul debemos responder.

No acepto, no acepto nada contra la soberanía de este Poder Legislativo, porque este Poder Legislativo es el que representa a todo el pueblo mexicano. (Aplausos.)

Lamento profundamente tener que responder así a un compañero de mi partido, pero por sobre la soberanía de este poder, no debe imperar ningún otro interés.

Yo les pido, compañeros, nosotros acordamos que acudiera aquí el señor secretario a explicarnos y ojalá y nos convenza de las razones que de verdad resulten de beneficio para nuestra patria. Pero tenemos derecho a conocerlos, tenemos derecho a sancionar como Poder Legislativo esas medidas; aquí no se ha contestado todavía si esa empresa es estratégica, es prioritaria o no es nada queremos saberlo y queremos saber las condiciones en que esa empresa, que ha sido formada con el esfuerzo y con el trabajo y con la decisión de todo el pueblo de México, ¿cuál va a ser su destino? para que podamos nosotros saber si ese destino será benéfico para la nación (Aplausos.)

El día, la fecha para comparecencia no fue tomada por ninguno de nosotros, fue fijada por los encargados a quienes les hemos dado esa responsabilidad para hacerlo, pero debemos entender ahora que si la fijaron debemos de cumplirla y debemos entender que si algunos coordinadores nuestros les hemos dado esa responsabilidad, nosotros les hemos fijado una responsabilidad, pero no los hemos hecho nuestros amos. (Aplausos.)

El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde su curul): - Señor Presidente; pido la palabra.

El Presidente: - Tiene la palabra, diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Señor Presidente, señores diputados...

El diputado Abel Carlos Vicencio Tovar (desde su curul): - ¡No te salió la maroma!

(Desorden.)

El Presidente: - Reitero a ustedes mi observación, señores diputados, de que sólo en el orden y en el respeto es posible deliberar; pido su respeto y atención a quien se encuentra en uso de la palabra, que es el diputado Ricardo Monreal.

(Desde una curul): - ¡Maromero! ¡Maromero!

(Desde una curul): - Pidió con anterioridad la palabra el compañero Gómez Verónica.

El Presidente: - Le vamos a dar también la palabra al diputado Gómez Verónica.

El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): - Hay desorden, es el colmo, ni orden del día, ni orden de oradores, ni orden en la sala.

El Presidente: - Tiene usted razón, señor diputado. Proceda, diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Se ha ventilado aquí...

(Voces): - ¡Nooo!

Un asunto de trascendencia e importancia...

(Desorden.)

El Presidente: - Ustedes me reclaman el orden, yo les pido que contribuyan...

(Desorden.)

El diputado Jorge Alberto Ling Altamirano (desde su curul): - ¡O le da usted la palabra al licenciado Gómez Verónica o estará usted infringiendo el reglamento!

El Presidente: - Ya informé a la asamblea que voy a darle la palabra al diputado Gómez Verónica. (Aplausos.)

Les pido atención para escuchar al diputado que se encuentra en la tribuna.

Les pido su atención, señores diputados...

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Señor Presidente: Por dignidad de esta Cámara, yo no tengo inconveniente en que hable primero el diputado Gómez Verónica. Finalmente, mi mensaje no ha de cambiar.

El Presidente: - Adelante, diputado Gómez Verónica. (Aplausos.)

El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Pásenle el micrófono al diputado Gómez Villanueva.

El diputado Augusto Gómez Villanueva (desde su curul): - Señor Presidente: Para rogarle imponga usted orden en la sala y en caso de que los señores diputados no hagan caso a sus recomendaciones para que se abstengan de hacer expresiones que generen el desorden en la sala, le ruego que decrete usted un receso.

El Presidente: - Mire usted, señor diputado, señores diputados: Les he conminado a contribuir con esta Presidencia para mantener el orden en la sala; he señalado que sin la condición previa del orden en este salón de sesiones no es posible llevar a cabo ningún debate y menos llegar a ningún acuerdo.

Con la misma atención que se ha escuchado aquí a quienes han subido a la tribuna, pido a todos los señores diputados atender y escuchar a quien siga en el uso de la tribuna.

Su atención, señores diputados, la atención y el respeto que estoy pidiendo para quien está en la tribuna será condición imprescindible para quien continúe en el uso de la palabra.

Adelante, señor diputado Gómez Verónica.

El diputado Gildardo Gómez Verónica: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Yo les pido unos momentos de reflexión para analizar lo que en este momento han provocado la evidente irritación de esta Cámara de diputados.

El 7 de diciembre, cuando esta Cámara acordó, por una enorme mayoría, exigir, solicitar la comparecencia del Secretario de Comunicaciones a esta Cámara, fue el inicio de una serie de actos sorprendentes.

El gobierno de la República, en una muestra espectacular de urgencia, aceleró los trámites para la venta de la empresa Teléfonos de México, antes que esta soberanía nacional tuviera ingerencia en la materia y en ese momento dio como razón de su urgencia, el impedir un proceso especulativo que distorsionara el mercado de valores en relación con las acciones de Teléfonos de México.

Curiosamente, cuando se quedó sin materia la investigación que solicitaban los diputados, antes de que la venta se efectuara; si ahora, cuando solamente tenemos el derecho de oír una explicación de un secretario de Estado que ni siquiera es de los que en primer término tomaron la decisión de la venta de la empresa en cuestión, ahora se intenta una segunda maniobra dilatoria.

Diputado Pérez Jácome: Con todo respeto, con todo lo respetable que me parece el derecho que tiene usted a plantear solicitudes, ha planteado, diputado Pérez Jácome, con todo respeto, ¡una auténtica y vulgar huizachada! (Aplausos.)

En los juzgados, los litigantes, cuando quieren alargar interminablemente hacen uso de subterfugios legales para prolongar indefinidamente la celebración de una audiencia o de cualquier acto jurídico dentro del juicio, simplemente para ganar tiempo, eso es el elemento en cuestión, ganar tiempo. ¿Qué es lo que se pretende con ganar tiempo de que comparezca Caso Lombardo a esta Cámara?

¿Por qué la insistencia, diputado Ortíz Mendoza? ¿Por qué la insistencia este día, de insistir en el juicio político planteado por ustedes, cuando eso le puede dar material al Partido Revolucionario Institucional para aplazar indefinidamente la comparecencia de Caso Lombardo?

Yo quisiera pedirle, diputado Ortíz Mendoza, que declinara su petición de ese hipotético juicio político que ningún resultado va a tener, excepto el de servir de pretexto para que se aplacen las comparecencias aquí acordadas por la Cámara. (Aplausos.)

Con todo respeto, diputado, yo le solicito que decline ese juicio, esa iniciación de juicio que presente después. Yo quisiera preguntarle, diputado Pérez Jácome, ¿desde cuándo en el momento en que hipotéticamente se presentara la denuncia el mismo día se iba a reunir la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a qué esa celeridad, diputado? Mire usted, yo le pido recapacite, éste es el foro nacional, está expectante el pueblo de México. ¿Por qué diferir una audiencia a la que tiene derecho el pueblo de saber cuáles fueron los motivos de la venta de Teléfonos de México? ¿Cuál es el propósito de ganar tiempo, si no de ocultar algo que no quieren que salga a la luz? La obscuridad, diputado Pérez Jácome, no es el mejor ingrediente de la política.

Yo le pido, señor Presidente, que por respeto a esta asamblea, por respeto y por decoro ante la opinión pública nacional, se mantenga el acuerdo y el Secretario Caso Lombardo se presente mañana como estaba originalmente acordados. Gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - ¿Dígame, diputado Ortíz Mendoza?

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Pido la palabra.

El Presidente: - Tiene usted la palabra para alusiones personales.

(Desorden.)

Silencio, señores diputados, silencio y respeto a la sala y a quien esté en el uso de la palabra.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: El Partido Acción Nacional no le va a dar lecciones al Partido Popular Socialista de cómo se defienden las empresas estatales... ¿Eh? Ahorita vas a ver. Para el Partido Popular Socialista esto constituye un hecho de trascendencia histórica y no vamos a dejar de luchar por ella, venga Caso o no venga. Yo dije desde el primer día que se vendió la empresa, que ya no tenía caso que viniera Caso y era muy simple, porque el hecho ya se consumó y los de Acción Nacional no movieron ni un dedo para evitarlo, ni un dedo movieron; yo nunca los escuché aquí en la tribuna defendiendo a Teléfonos de México.

Ahora están interesados, porque ven que hay división en el Partido Revolucionario Institucional y quieren meterle cuña para que abandone la división en el Partido Revolucionario Institucional, ¡ésa es la realidad y por eso es su interés! No es Teléfonos de México, no es Teléfonos de México, es ahondar la pugna que se está presenciando entre unos elementos del Partido Revolucionario Institucional y otros, pero ése es otro problema, nosotros no los vamos a alimentar a ustedes en esa pugna, porque ustedes nunca han metido la mano y quiero saber quién de ustedes ha escrito una palabra o ha hablado algo para que Teléfonos de México esté en el poder del Estado, ¿cuándo?

Ustedes son enemigos de las empresas estatales y ni los tenemos por aliados ahorita que están votando a nuestro favor; no nos van a engañar y lo he declarado, antes de que se declarara, antes, no ahorita para aprovechar la coyuntura de las dificultades, hablamos con todo mundo y lo dijimos aquí y aquí hay muchos dirigentes, sindicatos, secretarios de Estado, con todos hablamos para evitar que se vendiera y nunca los vimos a ustedes a nuestro lado.

Ahora están por otro interés, por otro interés; el interés nuestro es que se va a hacer juicio político, nos derroten o no nos derroten, no importa, tenemos todas las pruebas en la mano que queremos que nos respondan, la responda Caso, la responda Aspe, la responda el Presidente, quien quieran, pero que informen al pueblo lo que pasa.

Pero la maniobra de ustedes de provocar y dividir a las fuerzas democráticas eso no

se va a hacer, porque con ustedes no vamos a contar para tener empresas del Estado,

no lo vamos a contar, al contrario, son enemigos de las empresas estatales. (Aplausos.)

Si la asamblea aquí sostiene su decisión democrática, bienvenida, pero que no se dividan las fuerzas democráticas, eso es más importante para nosotros.

(Voces): - ¿Cuáles son?

¿Cuáles son? Las que votaron el 7 de diciembre, ésas son. Pero no por lo que ustedes creen... ¿Mande? Grita fuerte... Yo acepto cualquier pregunta, pero fuerte y de frente, no escondidos en el anonimato. (Aplausos.)

Yo a ustedes, me refiero a ustedes que forman parte de la asamblea, no aprovechen esa coyuntura para llevar agua a su molino, como el "cañerito" que vino ayer aquí para hablar del problema cañero para sacar provecho en las elecciones. No se trata de eso, es un problema superior de la nación y no es un problema de divisiones aquí en la Cámara.

Si no viene Caso, a nosotros no nos importa, ahí están las preguntas y las mandamos desde el Presidente de la República y las hacemos públicas aquí, en la calle o a través de la Prensa.

Queremos saber qué pasó con Teléfonos, ¿Quién presionó para que se vendiera? ¿Quién presionó para que se hiciera la concesión antes que el reglamento? ¿Quién presionó para que después se hiciera un reglamento? ¿Quién presionó y por qué? Eso es lo que nos interesa y para eso, lo digo fuerte y quedito, estuvimos allí adentro, Vicencio Tovar, seis horas con los asesores jurídicos de Comunicaciones, con todo mundo, para que nos probaran las cosas que nosotros estamos enseñando y les entregamos las preguntas. Díganle a Caso que mañana venga a darnos respuestas, no a eludir preguntas.

No queremos encajonar a ningún secretario de Estado, queremos saber la verdad en defensa de la nación y si ustedes están tan bravos, no se echen para atrás y exijan que Teléfonos de México siga en manos del Estado. (Aplausos.)

El Presidente: - Estaba pendiente de hacer uso de la palabra el señor diputado Ricardo Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Señoras diputadas; compañeros diputados: Desafortunadamente no es nuevo ni sorprende el desenfreno y la pasión que en está Cámara ha privado en diversas ocasiones; de ahí que mi primer llamado sea a la sensatez, a la cordura, a la reflexión. No hay necesidad de exaltarse, no hay necesidad de exacerbar esas conductas que deterioran, más aún, la imagen del legislador.

Precisamente por constituir esta asamblea y esta representación la esencia de la historia de un pueblo, como es nuestra nación, debemos esforzarnos...

(Desde una curul): - ¡Demagogo!

Demagogo su partido, compañera, discúlpeme, yo nunca le he faltado al respeto... A usted me refiero, señorita.

Precisamente en esta postura y en esta tesitura es necesario tratar de imprimirle un ritmo que evite más y más la degradación de esta Cámara.

Cuando acudía... todos, compañeros; no estoy particularizando a ninguna fracción parlamentaria... cuando acudía a esta tribuna, incluso compañeros míos, de mi fracción parlamentaria, me gritaron y me decían: ¡no subas, Ricardo; deja las cosas como están!, y yo les contesté: "compañeros, soy miembro de un partido, admito los errores, pero me enfrento a la adversidad en la que se encuentra mi partido. (Aplausos.)

Y sin embargo, no obstante este llamado de mis amigos y de mis compañeros de partido, insistí en subir a la tribuna; insistí porque a veces, con reacciones aparentes, con reacciones adversas, pensamos que nos colocamos en posiciones de avanzada y la avanzada, las posturas de avanzada, no son posturas que se presuman; se demuestran, se demuestran día a día en la lucha social, en la doctrina que sustente a nuestro partido o a cualquier partido que tenga esos documentos básicos.

Pero veamos qué es lo que se ha ventilado aquí. Aquí se ha ventilado una propuesta de un diputado, del diputado Dionisio Pérez Jácome, quizá a algunas de las fracciones que integran esta Cámara no les haya gustado, no les parezca, crean que se viola la Constitución, la ley y el reglamento, eso han advertido algunos y han señalado en esta tribuna; son argumentos que yo respeto, pero sin embargo no comparto, no coincido.

La decisión de la asamblea tan puede modificar una ley, como también posteriormente puede hacerle una visión u otra modificación; ésa es la soberanía de la asamblea.

Que quede claro, la posición de mi partido no es evitar que venga el Secretario, no es evitar, se planteó diferirla, pero veamos, veamos el asunto compañeros... déjenme terminar, déjenme terminar, quizá no les gusten mis argumentos, pero aquí está la tribuna para debatirlos y para discutirlos. (Aplausos.)

Cuando...compañero del Partido Acción Nacional, nuevamente le pido respeto, por segunda ocasión usted me dice demagogo, yo no tengo ni el gusto de conocerlo... a usted, me refiero a usted, sí señor, por ahí me repitió...

(Desorden.)

El Presidente: - Señor diputado, le pido respeto y atención al orador.

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Discúlpeme, discúlpeme diputado, discúlpeme asamblea. Voy a seguir con mi intervención.

¿Qué pasa en la propuesta?, la propuesta es simple: diferir la comparecencia de un secretario que la asamblea decidió que viniera a estas comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y de Patrimonio, y ahí no se ha violado la voluntad soberana; pero no sólo eso, hay otros argumentos de fondo y los ha expresado con honestidad el diputado Ortíz Mendoza. Y dice él: "Nosotros vamos a entablar demanda o denuncia de juicio político contra el Secretario de Comunicaciones y Transportes". Ese es su derecho y está facultado para hacerlo.

Sin embargo, en materia penal, todos los penalistas lo saben, cuando cambia la situación jurídica, evidentemente cambian las situaciones y las características que privan en ese momento.

¿Por qué? Qué temor hay de que se resuelva la denuncia de juicio político, por la instancia donde se ha ventilado?... Ese argumento lo expresó el diputado Ortíz Mendoza. Aún así, la posición del Partido Revolucionario Institucional sigue siendo la de respetar la asamblea, sigue siendo la de respetar la asamblea y no se modifica el fondo del punto de acuerdo; hay una propuesta, ustedes serán los que decidan, hay una propuesta que se hizo aquí y que en última instancia será la propia soberanía de la asamblea...

El Presidente: Permítame, diputado Monreal.

El diputado Sóstenes Melgarejo Fraga (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Dígame, señor diputado.

El diputado Sóstenes Melgarejo Fraga (desde su curul): - ¿Me permite una moción? Quisiera, para que se oriente la asamblea, que lean la propuesta.

El Presidente: - Si usted me permite, concluyendo su intervención señor diputado Monreal, le voy a pedir a la secretaría que lea esa propuesta.

(Desorden.)

Si la tiene la secretaría, proceda la secretaría. El señor diputado de Acción Nacional solicita que se lea la propuesta, dele usted lectura, señor secretario.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - "Por lo que solicito a la Presidencia de esta Cámara, en términos de lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, instrumente el procedimiento relativo y consulte al pleno sobre la procedencia de esta proposición, lo que de admitirse debe turnarse a las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes, y la de Patrimonio y Fomento Industrial, para que de común acuerdo fijen, en su oportunidad, una nueva fecha para la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes. - Atentamente diputado Dionisio E. Pérez Jácome. - Firmado".

El Presidente: - Está satisfecha la solicitud del señor diputado de Acción Nacional. Continúe, diputado Monreal. Está presentada por escrito y firmada por el señor diputado Pérez Jácome. Adelante, diputado Monreal.

El diputado Ricardo Monreal Avila: - Compañeros diputados: Sé que en ocasiones estas participaciones resultan adversas; pero admito y corro los riesgos como miembro convencido de un partido. Muchas gracias.

El Presidente: - Señor diputado Gerardo Medina, tiene usted la palabra.

El diputado Gerardo Medina Valdez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Antes de entrar en materia, permítaseme establecer, sin margen a dudas, que no fuimos nosotros los de Acción Nacional, diputados o no diputados, los que presionamos para que se vendiera Teléfonos de México. El ingeniero Ortíz Mendoza y toda la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista y todo el país, o las fracciones del país que han enjuiciado la política económica de este gobierno, saben que la venta de Teléfonos de México forma parte de una política cuyo promotor se llama Carlos Salinas de Gortari.

Señores diputados del Partido Revolucionario Institucional representados por el diputado Monreal: Esta Cámara, cualquier Cámara, señor diputado, se degrada cuando no es capaz de sostener sus propias decisiones. (Aplausos.)

Entro en materia: está presentada y resuelta favorablemente, desde hace dos semanas, la comparecencia de un secretario de Estado; olvidémonos de quién se trata, de un secretario de Estado. Esa resolución fue votada, en mi opinión en exceso, por dos tercios de esta Cámara.

El juicio político ni siquiera se ha planteado con la formalidad que los casos políticos que se han demandado en lo que llevamos de esta legislatura se ha hecho, y hay ejemplos recientes no olvidados a lo largo de la legislatura: los casos de los gobernadores de Querétaro, de Puebla, de Guerrero y de Tabasco.

Fue necesario insistir dentro y fuera de la Cámara presentando argumentos cuantas veces fueron requeridos, elementos de juicio para fundar esta demanda de juicios políticos, dentro y fuera de la Cámara. Hubo una opinión ilustrada que ciertamente se dividió en pro y en contra de la procedencia de estos juicios políticos. No viene al caso señalar los desenlaces, simplemente me permito remarcar el procedimiento, el proceso que se siguió para incoar cada uno de estos juicios políticos.

Y cómo es, pues, contemplados estos antecedentes, que de un planteamiento verbal de juicio

político, de buenas a primeras y sólo porque lo dice el señor diputado Pérez Jácome, ese juicio político de hecho se ha echado a andar, así de fácil, así de simple. Si hay que hablar de maniobras, compañeros diputados, vamos repartiendo la paternidad de las maniobras según a cada fracción parlamentaria le toque. Hay maniobras, podría hablarse incluso de esquirolismo para evitar que se cumpla un acuerdo, tajante, terminante, por dos tercios de esta Cámara de Diputados.

Se habla aquí de una potencial interferencia entre las dos cosas: entre la comparencia y a mi juicio, inventado juicio político. Evidentemente no hay ninguna interferencia, ni puede haberla. La comparencia es un trámite de información y a la misma, quiero recordar las palabras casi textuales del diputado Ortíz Mendoza, no solamente iban a comparecer los diputados de la fracción bajo su coordinación, sino expresamente invitó el ingeniero Ortíz Mendoza a todos los diputados que estuvieran interesados en este caso. Fue una invitación general a todos los diputados que quisieran conocer del caso de Teléfonos de México. Por eso la recuerdo, señor diputado.

El juicio político, en mi opinión, no soy abogado, es el principio de un potencial encausamiento de un funcionario público que requiere ciertas condiciones, ciertos requisitos. La comparecencia, las explicaciones de un funcionario, en nada perjudican la posibilidad del juicio político, que desde ahora podríamos asegurarlo porque sentimos que ésta es una maniobra clara, podríamos desde ahora anticipar, que las comisiones de Gobernación van a dictaminar que no procede el juicio político, pero el fin que se persigue ya estaría logrado.

Yo creo que no hay derecho a falsear las cosas de manera que se desaten por una parte las pasiones y por la otra se nuble la inteligencia, como para no entender, a pesar de la hora y la fatiga, que son cosas distintas y que no implican con la otra interferencia alguna.

Lo procedente, señores diputados, en opinión de los diputados de Acción Nacional, es que se celebre la comparecencia en la fecha y hora que estaban previamente fijadas, y si éste no es un simple pretexto para cancelarla, que los interesados en el juicio político, que podríamos serlo también todos los diputados, prosigamos efectivamente el juicio político.

Nosotros, señores diputados...

El Presidente: - Permítame, señor diputado Gerardo Medina. Diga usted, señor diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Diputado, para precisarle con claridad, yo le pido si no quiere mal informarse, del boletín de prensa que envié, dice textualmente que: "El Partido Popular Socialista usará la comparecencia de Caso para hacerle preguntas que servirán, según sus respuestas, para formular, iniciar el juicio político, a menos, así lo dice el documento y con toda honestidad, que el Secretario de Comunicaciones desvirtúe con sus respuestas nuestros planteamientos".

Si no lo logra, como sabemos que no lo logrará, se iniciará el juicio político. Si nos acompañan, acompáñenos en la elaboración del juicio político.

El Presidente: - Continúe, señor diputado Medina.

El diputado Gerardo Medina Valdez: - Gracias, señor diputado Ortíz Mendoza, por confirmar que tengo razón. No conozco el boletín, pero su cita es suficiente.

Usted en el boletín dice que utilizarán las respuestas que dé el Secretario de Comunicaciones para iniciar el juicio político. Creemos nosotros que más clara posición no puede haberla. Hay un orden de preeminencia, hay un orden de prioridades.

Me pide el ingeniero Ortíz Mendoza, la diputación del Partido Popular Socialista, que pida a la secretaría dé lectura al boletín que entregaron hoy a los medios de comunicación.

El Presidente: - Adelante, señor secretario. El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - "Boletín de prensa. El Partido Popular Socialista iniciará mañana los trabajos para un juicio político al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso. Todas las preguntas que el Partido Popular Socialista hará al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso, en su comparecencia ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial, tenderán a confirmar la responsabilidad que el funcionario tiene en la violación a las leyes de la materia al ampliar la concesión que dio lugar a la venta de Teléfonos de México.

La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista iniciará al término de la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso, ante las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y de Patrimonio y Fomento Industrial, los trabajos para que se

formule juicio político a dicho funcionario, por su responsabilidad en la violación de las leyes con motivo de la venta que se ha hecho de Teléfonos de México, a un grupo de prestanombres encabezados por Carlos Slim, para encubrir la entrega de este estratégico servicio al capital extranjero. Por tal motivo, todas las preguntas que el Partido Popular Socialista le formulará mañana viernes 21 al Secretario de Comunicaciones y Transportes, tenderán a clarificar la responsabilidad de dicho funcionario en esa venta, a efecto que de confirmarse esa responsabilidad, y de presentarse el juicio político al que el Partido Popular Socialista considera que el Secretario de Comunicaciones y Transportes se ha hecho acreedor, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a la que deberá ser turnada la demanda, no tenga más posibilidades que aceptarlo e iniciarlo de inmediato. ¡Viva México! México, Distrito Federal, a 20 de diciembre de 1990. - Diputado Francisco Ortíz Mendoza, firmada esta fotocopia, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista."

El diputado Gerardo Medina Valdez: - Si se me reconoce un mínimo de capacidad para entender las cosas, creo que no tergiverso este boletín si, repito, que tenía el ingeniero Ortíz Mendoza una clarísima conciencia de las prioridades. Primero vamos a la comparecencia, y según sus respuestas, que creo que no van a desvirtuar nuestros cargos, procederemos al juicio político. La razón, que seguramente todos los inteligentes de esta Cámara que habrán dado, queda confirmado por el boletín de prensa del Partido Popular Socialista.

Finalmente...

El Presidente: - Silencio, señores diputados. Continúe, diputado Medina.

El diputado Gerardo Medina Valdez: - Si, pues, el Partido Popular Socialista tenía clarísima conciencia del orden en que debían desarrollarse las cosas, ¿no parece sospechoso que ahora venga a acusar al Partido Acción Nacional de pretender capitalizar la división en el Partido Revolucionario Institucional? ¿No hay ahí una maniobra?

Pero, simplemente, ingeniero, y puesto que ustedes admiten que estaba establecida esa prioridad, al menos hasta el momento en que redactaron ese boletín, yo pregunto, recogiendo las palabras del diputado Monreal, pero en otro sentido: ¿Qué temor hay a que se hagan las dos cosas? ¿Qué temor hay a que se haga primero la comparecencia y después, si procede, o paralelamente se haga también, se inicie el juicio político. (Aplausos.)

RECESO

El Presidente (a las 01.00 horas): - Señores diputados: Con el propósito de propiciar el acuerdo de los coordinadores parlamentarios, esta Presidencia declara un receso de treinta minutos.

(Receso.)

El Presidente (a las 2.05 horas): - Se reanuda la sesión.

Tiene la palabra, en relación con su propuesta, el diputado Dionisio Pérez Jácome. A continuación el ingeniero Ortíz Mendoza. Permítame, diputado Pérez Jácome, permítame un momento.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor Presidente, tratándose de una persona como el ingeniero Ortíz Mendoza, no tengo ningún inconveniente.

El Presidente: - Tiene usted la palabra, ingeniero Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea: Desde hace muchos años el Partido Popular Socialista ha insistido en que debe considerarse al servicio telefónico y a las telecomunicaciones, como una empresa estratégica para el desarrollo económico de México. El proyecto de concesión la considera fundamental. Creo que eso quiere decir que es estratégica. Seguiremos luchando y pronto presentaremos la iniciativa de ley para que se incorpore entre las estratégicas a las telecomunicaciones.

Cuando levantamos la lucha por la defensa de la empresa, logramos que muchos compañeros diputados en múltiples entrevistas que tuvimos con ellos, coincidieran con nuestros puntos de vista.

En histórica sesión del 7 de diciembre, las fuerzas democráticas todas se unificaron para demandar la presencia de Caso Lombardo, para informar sobre el problema de Teléfonos de México. Nosotros así lo propusimos. Dice la propuesta: para informar del alcance y el sentido de la concesión a Teléfonos de México.

Después de hecha esta proposición y aprobada por todos por aclamación, se produjo la venta de Teléfonos y el lunes siguiente se hizo pública la concesión, fue la razón por la cual, según lo acabo de informar hace unos minutos, el Partido

Popular Socialista consideró que era necesario hacer un juicio político a Caso Lombardo por múltiples problemas que para nosotros están confusos. Pero esa propuesta del Partido Popular Socialista, y aquí se ha dicho en la tribuna, ha creado confusión.

Por respeto al voto de la mayoría democrática que aprobó la propuesta para que viniera a informar Caso Lombardo, el Partido Popular Socialista pide que esa propuesta se sostenga para que Caso Lombardo venga a informar y el Partido Popular Socialista retira su proposición de hacer juicio político. (Aplausos.)

El Presidente: - Adelante, diputado Pérez Jácome.

El diputado Dionisio E. Pérez Jácome: - Señor Presidente; compañeros diputados de todos los partidos: Creo que no necesito recordar cuál fue mi proposición ni los elementos en que la fundé. Creía y sigo creyendo, que son materias distintas y que debemos mucho cuidar de que se mezclen para evitar que se desvirtúen sus intenciones y sus propósitos.

Advertí una reacción al ser presentada por mí esta propuesta muy diversa entre los distintos grupos parlamentarios. Desde alguna reacción injuriosa que no creo merecerme, una reacción en todo caso consciente y respetuosa pero discrepante totalmente de la que yo había presentado, la reacción de ese partido y de ese hombre que no necesito decir su nombre para decir una vez, para reiterar una vez más mi admiración.

Y finalmente la reacción de mi partido, reacción que también mostraba la libertad, la diversidad, la pluralidad que en mi partido se da.

Creo que hay principios, que hay disciplina, que hay conceptos de integración partidaria que han hecho muy grande al Partido Revolucionario Institucional, que nos han permitido sostener el poder, en efecto, durante muchos años.

Pero creo que esos principios se sustentan en la legítima expresión y el legítimo derecho de cada uno, de todos y cada uno de sus miembros.

No hay, compañeros de la oposición, no hay consignas en este asunto dentro del Partido Revolucionario Institucional; ni hay tampoco algo más sencillo que ustedes pudieran entender; no hay ni siquiera, en este caso, una expresión de voluntad mayoritaria que pudiera hacernos sacar adelante esta proposición. Hay un interés en el que se sustenta, en el que fundamenta y en el que se proyecta el Partido Revolucionario Institucional, que es: la unidad.

Y aunque comparto, por supuesto que lo hago así, muchos de los conceptos, de las buenas intenciones, del buen espíritu de mis adversarios, fundamentalmente creo y sostengo la necesidad de mantener la unidad de mi partido y la seguridad a todos los que dentro de mi partido pueden tener una opinión distinta, de que su opinión distinta, de que su opinión es escuchada y es respaldada por todos, hasta por el más insignificante de sus miembros, como soy yo. (Aplausos.)

En función de ello, señor Presidente, compañeros, agradezco mucho esa expresión particular de honestidad del Partido Popular Socialista; agradezco también a todos los partidos de oposición: al Partido de la Revolución Democrática, al Partido Acción Nacional, al Frente, al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sus opiniones disidentes, pero aquellas opiniones que nos han dado, definitivamente también, una panorámica general de lo que piensan.

Pero fundamentalmente agradezco a mi partido, a quienes pensaban como yo a quienes pensaban distinto que yo, para que pueda una vez más mostrarse que el Partido Revolucionario Institucional respeta la opinión de todos sus miembros y que puede unirse también en esto, dado que no tenemos ningún temor; dado que creemos y esperamos probar, la transparencia, la capacidad, la honestidad y el patriotismo de Andrés Caso Lombardo.

En tal motivo, por tal razón, retiro mi propuesta.

Agradezco a ustedes su atención y hago votos porque la concordia, la concertación pueda guiar en la reunión de mañana, y sea fructífera para la nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - En consecuencia, señores diputados, continúa vigente la cita al Secretario de Comunicaciones y Transportes, Andrés Caso, para que comparezca en comisiones a las nueve horas del día de hoy.

RECESO (21 DE DICIEMBRE DE 1990)

El Presidente (a las 02.15 horas): - Se declara un receso para continuar la sesión a las 12.00 horas de este día.

(Receso.)

El Presidente (a las 18:57 horas): - Se reanuda la sesión. Informe el señor secretario de los asuntos pendientes en el orden del día correspondiente al 20 de diciembre.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, se informa a la asamblea que en el orden del día, 20 de diciembre de 1990, quedaron pendientes el tema relativo a toma de posiciones, comentarios y declaraciones y que está inscrito el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la contaminación en el Distrito Federal, y un segundo punto es la declaración de todos los grupos parlamentarios sobre Panamá.

En el área de denuncias, está inscrito el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el robo a las oficinas del Partido Acción Nacional, en San Luis Potosí, y en el curso de la asamblea se dio de baja un tema sobre Teléfonos de México, que estaba inscrito en el orden del día, del Partido Popular Socialista y el tercero de los temas de denuncias, es del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista y consiste en una excitativa a la Comisión de información, Gestoría y Quejas, para que insista ante la Secretaría de Hacienda sobre las evasiones fiscales de Fundiciones de Hierro, S.A.

El Presidente: - Hay una denuncia adicional del Partido Acción Nacional sobre violación a derechos humanos en los procesos electorales en el estado de Chiapas y anteriormente una denuncia de los ejidatarios productores de algodón de Ahome, en el estado de Sinaloa.

DENUNCIAS

CONTAMINACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre la contaminación en el Distrito Federal.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He venido de nueva cuenta a esta tribuna para reiterar ante ustedes, señores legisladores, ante los secretarios de Estado y ante el propio Presidente de la República, sobre la gravedad que presenta hoy por hoy la contaminación en la ciudad de México, que pone en peligro la existencia de todos los seres vivientes que residen en esta ciudad capital.

Justamente el día de ayer el índice de ozono en la zona centro sobrepasó los 320 puntos, mismos que van más allá de los límites de tolerancia de acuerdo al Índice Metropolitano de Calidad Ambiental (Imeca) y aún más, aquellos que son estandarizados internacionalmente por la ciencia.

En este contexto, el director general de Ecología del Departamento del Distrito Federal, Marco Antonio Michel Díaz, daba explicaciones en el sentido de que la contaminación no se ha reducido, pero tampoco ha aumentado.

Esto, compañeros diputados, es lo más grave del asunto, palabrería sin sentido, incongruente, hueca y sin fundamento. ¿Qué se propone Michel Díaz con dar una serie de afirmaciones?, ¿que la gente le crea, que la ciencia le crea?, al presentar la cara de humor negro del gobierno. ¿Querrá burlarse de la ciudadanía tratando de que el pueblo juzgue su incompetencia en ese sector más delicado dentro del Departamento del Distrito Federal?

También menciona que algunas personas de manera equivocada, asocian las afecciones respiratorias provocadas por el frío con las producidas por la contaminación. Y, por otro lado, la Secretaría de Salud reconoce que estas enfermedades respiratorias son provocadas, en gran parte, por los altos niveles de polución, y que el factor fundamental que incide en estos males durante el invierno es la desnutrición que presenta la población citadina.

En estos casos, deben únicamente ponerse de acuerdo tanto la Secretaría de Salud como el Director General de Ecología del Departamento del Distrito Federal en sus afirmaciones, ya que por su campo de acción se hacen complementarias. Y al final de cuentas, lo que sí es importante en este caso y en el que coinciden expertos en salud pública y ambiental, es que las enfermedades respiratorias de los habitantes de esta ciudad se han vuelto crónicas por los efectos mismos de la contaminación.

Por otro lado, es inconcebible la falta de consideración inmersa en una nube de apatía e ironía, y el subsecretario Reyes Luján al aseverar que la única solución al problema de la contaminación es el Plan de Contingencias Ambientales, que por cierto no acaba nunca de ponerse en marcha y, además señala que se ha hecho mucho en esta administración para reducir la infición.

Debió haberse querido referir seguramente a su brindis navideño en tanto éste se celebraba afuera de su recepción, los índices de ozono rebasaban los 320 puntos del Índice Metropolitano de Calidad Ambiental sin importar la gravedad de este problema que implica daños que pueden llegar a ser irreversibles a la población y más a aquellos que viven en las calles sin contar con una forma de protegerse ante una atmósfera criminalmente envenenada.

Está atmósfera tan enrarecida que presenta la ciudad de México nos envuelve en una bomba de tiempo, pues estamos a unas cuantas horas de entrar a la fase más fría que presenta este invierno, que repercute a gran parte del territorio con mayor concentración poblacional, que por lo tanto enfría nuestra ciudad y por consiguiente a todos los seres vivos de este lugar, y de no tomarse las medidas para reducir los altos índices de polución que presenta esta patología ecológica, puede ocurrir lo mismo que aconteció en 1986, con los pájaros que morían ante un ambiente asfixiante y que desgraciadamente ya empieza a ocurrir de nueva cuenta; pero esta vez lo será con los habitantes de esta metrópoli que empieza a languidecer.

Hace apenas 72 horas, mencionaba en esta misma tribuna que habíamos alcanzado los 280 puntos en el Índice Metropolitano de Calidad Ambiental y que era uno de los reportes más elevados que se han dado en lo que va del año. Sin embargo, como ya lo señalábamos, ayer alcanzamos los 320 puntos del Índice Metropolitano de Calidad Ambiental. Por eso es necesario actuar de manera urgente, para que estos índices se reduzcan y salgamos del envenenamiento del aire, que de manera ya patológica impacta en este invierno a la ciudad de México, y por ello propusimos un punto de acuerdo que recoge diversas medidas para que actúen las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología, de Salud, de Educación Pública y el Departamento del Distrito Federal, mismos que hoy vengo a reafirmar:

1o. Se decrete la suspensión de clases en los niveles de primaria y secundaria durante el mes de enero en el Distrito Federal y Valle de México.

2o. Se decrete la suspensión de actividades productivas al 50% de las gaseras ubicadas en las inmediaciones del Valle de México.

3o. Se decrete la reducción al 50% de la productividad de la refinería de Azcapotzalco "18 de Marzo" y Papelera El Fénix, hasta pasado el invierno.

4o. Se decrete que el parque vehícular, fundamentalmente a diesel, se reduzca en por lo menos el 50% y se convierta su consumo a gas.

5o. Las plantas termoeléctricas que circundan el Valle de México y que utilizan combustóleo, lo conviertan a gas hasta por lo menos en un 50%.

6o. Se haga una excitativa y se impongan las multas relativas a las industrias de vehículos automotores que no estén cumpliendo con el dispositivo normativo de integrar en los motores el convertidor catalítico, por lo menos en los modelos 1991.

Señores diputados...

El Presidente: - Permítame un momento, diputado Coca. Sí, dígame diputado.

Un diputado no identificado (desde su curul): - Al diputado Coca si acepta una pregunta.

El Presidente: - ¿Acepta usted una pregunta, diputado Coca?

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con mucho gusto, diputado.

El Presidente: - Adelante, diputado.

El diputado no identificado (desde su curul): - Muchas gracias. He estado atento a la información que nos está proporcionando; también a las proposiciones que está haciendo, pero yo le quiero preguntar: ¿conoce usted alguna acción concreta para evitar este problema? Por su respuesta, muchas gracias.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Sí, son precisamente, compañero diputado, las acciones que estamos proponiendo y que el pasado día lunes, aquí mismo en tribuna y ante el beneplácito de los distintos grupos parlamentarios, fueron aprobadas, mismas que se recogieron al interior de las comisiones.

El Presidente: - Permítame, señor diputado Coca. Señores diputados, solicito su atención, guardar silencio y atender al orador. Continúe, diputado.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Le daba yo respuesta al compañero.

Siento que éstas son las acciones concretas que el gobierno de la República, a través de las secretarías de Estado, a través del propio Departamento del Distrito Federal y de la propia paraestatal Petróleos Mexicanos, debe implementar. Es a nosotros a quienes corresponde excitar a estas autoridades, para que se cumplimenten en sus términos, y si me permite, voy a terminar de dar lectura para que en consecuencia, esta Cámara de nueva cuenta vuelva a excitar a las autoridades competentes.

El alto interés surgido de esta Cámara de Diputados en relación al punto de acuerdo, ha hecho que de manera diligente el propio presidente de la

Comisión de Ecología y Medio Ambiente, diputado Javier López Moreno, haya presentado personalmente a las distintas secretarías de Estado y al propio Departamento del Distrito Federal, un oficio en el que se les insta a dar respuesta a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, ya que se trata de un asunto urgente y de incuestionable relieve.

Por todo lo anteriormente expuesto, vengo a hacer un angustioso llamado desde esta tribuna...

El Presidente: - Suspenda momentáneamente su intervención, señor diputado Coca. Señores diputados, reitero mi atenta solicitud de que se sirvan guardar silencio y atender al orador. Continúe, diputado Coca.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Por lo anteriormente expuesto, vengo a hacer un angustioso llamado desde esta tribuna al Presidente de la República, a fin de que gire a la brevedad posible sus instrucciones a los distintos secretarios de Estado, al director de Petróleos Mexicanos y al Regente del Departamento del Distrito Federal, a los que fue enviado el punto de acuerdo a que llegamos en esta Cámara de Diputados, para que se decrete una concreta pero inmediata respuesta, a fin de que se pongan en marcha las medidas de emergencia propuestas.

Firmado por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los diputados que integramos este grupo parlamentario. Es cuanto, señor Presidente.

COMUNICACIÓN

El Presidente: - En el curso de esta sesión se recibió un comunicado de la ciudadana Ana Rosa Payán, proceda la secretaria a darle lectura.

El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.

La que suscribe Ana Rosa Payan Cervera, por medio de la presente les comunico que a partir de esta fecha me separo definitivamente del cargo de diputada federal, en virtud de haber sido electa como presidenta municipal de Mérida, Yucatán, por lo que solicito sea llamado mi suplente, licenciado Miguel Ángel Díaz Herrera, a efecto de que desempeñe la titularidad del cargo por lo que resta de la presente LIV Legislatura, como diputado federal por el I distrito electoral del estado de Yucatán.

Reiterándole las seguridades de mi más distinguida consideración.

Atentamente.

México, D. F., a 21 de diciembre de 1990. - Ana Rosa Payán Cervera.»

DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ

El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Gloria Rodríguez Aceves, para hablar de una participación conjunta, en donde harán uso de la palabra miembros de los diferentes partidos. Tiene la palabra la diputada para hablar sobre el caso de Panamá.

La diputada Gloria Rodríguez Aceves: - Señor Presidente; compañeras, compañeros: "Los grupos parlamentarios, integrantes de la LIV Legislatura, expresan su solidaridad con el pueblo panameño en su objetivo de crear las condiciones internas para restaurar y reorganizar su estado independiente y para integrar sus órganos de gobierno por los métodos democráticos y con pleno ejercicio de su soberanía.

Se solidarizan con el pueblo de Panamá en su propósito de reorganizar las instituciones que se establecen como condiciones en los Tratados Torrijos - Carter, para que en el año 2000 Panamá recupere su soberanía plena sobre la zona del canal, y subrayan la necesidad de que las tropas extranjeras en Panamá se abstengan de llevar a cabo actos que son de competencia exclusiva de la soberanía panameña.

Demandan de las autoridades panameñas el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de la Convención de Caracas, sobre el asilo diplomático de la que Panamá es signatario, respetando el derecho de calificación del estado afiliante.

El Presidente: - Un momento, diputada. Señores diputados, de nueva cuenta solicito a ustedes contribuir al mejor desarrollo de esta sesión, guardar silencio y poner atención a la oradora. Aguarde usted un momento, diputada, si es tan amable; no continúe usted hasta en tanto no se den las condiciones necesarias... Señores diputados, les agradeceré ocupar su lugar, guardar silencio y poner atención a la oradora. Continúe, diputada.

La diputada Gloria Rodríguez Aceves: - Recomiendan a la Secretaría de Relaciones

Exteriores se haga un llamado a la Organización de las Naciones Unidas, particularmente a su Consejo de Seguridad, para que contribuya a la restauración de la soberanía de Panamá y al cumplimiento estricto de los Tratados Torrijos - Carter, y hacen votos porque sea el pueblo panameño, sin intervenciones ajenas de ninguna índole que violen su soberanía, el que determine su futuro.

Firman los diputados: Sara Estela Velázquez Sánchez, María Elena Chapa Hernández, del Partido Revolucionario Institucional; Israel Félix Galán Baños, del grupo parlamentario Independiente; Héctor Alfredo Ixtáhuac Gaspar, Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista; Manuel Patricio Estévez Nenniger y Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Marcela Lombardo Otero y Modesto Cárdenas García, por el Partido Popular socialista; Abel Carlos Vicencio Tovar, por el Partido Acción Nacional; Gonzalo Martínez Corbalá y José Murat, por el Partido Revolucionario Institucional; Ignacio Castillo Mena, por el Partido de la Revolución Democrática; Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, por el Partido Revolucionario Institucional; Hilda Anderson Nevárez de Rojas, por el Partido Revolucionario institucional.» Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presiente: - Tiene la palabra el diputado Prisciliano Melendres, para los mismos hechos.

El diputado Prisciliano Melendres Barrios: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Al cumplirse ayer un año de la intervención armada norteamericana en Panamá, el grupo parlamentario de Acción Nacional desea externar lo siguiente:

La situación internacional se ha vuelto complicada y difícil para los países latinoamericanos. Un hecho reciente, de apenas dos o tres años a la fecha, nos afecta especialmente, y es el fin de la llamada Guerra Fría, época durante la cual dos grandes potencias, con poderíos económico y militar equilibrados, se vigilaban y contenían mutuamente. Hoy en cambio, agotado el período, roto el equilibrio bipolar, con la transformación y el fracaso del socialismo histórico, los Estados Unidos parece que sin rival al frente, recrudecen su vocación de policía del mundo.

Frente a actitudes como la que Estados unidos de América tomó ante un gobierno de un país soberano, se atropellan todos los tratados y todos los principios de derecho internacional. ¿Qué se puede esperar para el futuro en estas condiciones? Nos queda, como lo ha sostenido desde su fundación Acción Nacional, volver los ojos al sur, hacia esa gran familia de naciones de la que formamos parte y con la que integramos ya una unidad histórica y cultural.

Según el punto de vista norteamericano, la invasión a Panamá se justificó por la búsqueda de la justicia al capturar a un narcotraficante, por defender la vida de los ciudadanos norteamericanos, y la seguridad del Canal de Panamá, y finalmente por llevar la democracia al pueblo panameño.

En ese sentido, ¿Estamos Unidos puede decidir cuándo y cómo intervenir en los asuntos de otro país, pasando por alto los principios jurídicos que rigen las relaciones interamericanas y el propio principio de no intervención que dicha nación firmó en el año de 1936?

Al concluir la Segunda Guerra Mundial, estos principios de no intervención significaron un obstáculo para los intereses norteamericanos y han sido violados siempre.

En Guatemala, en 1954, contra el reformismo político de ese país; en 1961, patrocinó la invasión contra revolucionarios e Cuba; en 1965, con el desembarco de marines en Dominicana; la formación del ejército contra, para tratar de derrocar al régimen sandinista en Nicaragua; la constante intervención en El Salvador y, además, la constante intervención en Panamá, en una acción militar violenta e ilegal, para cambiar la naturaleza del gobierno de este país, imponiendo a la autoridad en función de los intereses de los Estados Unidos.

Hace un año la invasión norteamericana a Panamá dejó bien claro que América Latina carece de toda protección frente a los Estados Unidos, y más aún aquellos países donde los sistemas políticos y económicos se encuentran en crisis, provocadas por divisiones internas y falta de legitimidad de grupos en el poder.

Es por eso que en la medida en que los países hispanoamericanos estén representados por personajes como Noriega, lo único que se logrará es que Estados Unidos siga justificando sus intervenciones con pretextos como la protección a la vida de los ciudadanos, la defensa de la democracia, la restauración de los derechos humanos y el combate a la corrupción.

Este tipo de acciones deben hacernos reflexionar y pensar muy seriamente en que para obtener la preservación de un estado de derecho latinoamericano, se hace indispensable una muestra de patriotismo de los grupos en el poder legitimándose, pues de esta forma se le complicaría a los

Estados Unidos la búsqueda de uno o varios pretextos para irrumpir la soberanía de un país, a la vez que no obtendría el apoyo de su propio Congreso, al no contar éste último con bases sólidas para justificar una intervención.

México debe oponerse al riesgo de los abusos del poderoso con sus propias armas y sus propios recursos que por cierto no se miden en megatones ni se acumulan en arsenales, porque son armas de paz, de razón y de cultura. Pero para ello necesitamos una unidad interna, patriotismo, autorespeto y solidaridad verdadera. Pero todo esto internamente tiene una exigencia: no podemos oponernos hacia afuera a la arrogancia del poder si no resolvemos dentro de nuestros propios problemas. Sin respeto interno a nuestros procesos electorales, nuestros derechos, y sin confianza en nuestras autoridades, de seguro que seremos tan vulnerables como Panamá, y no podremos desempeñar el papel que históricamente nos corresponde entre los países de hispanoamérica. Quitémosle el pretexto al "policía del mundo".

Por lo antes expuesto apoyamos la propuesta y manifestamos:

"Primero. Nuestro rechazo a que cualquier país o potencia omita respetar y someterse a los acuerdos y organismos internacionales, creados precisamente para hacer respetar y garantizar los derechos de los pueblos.

Segundo. Además, pedimos a la Comisión de Relaciones Exteriores de esta honorable Cámara de Diputados, solicite al Ejecutivo Federal desarrolle de inmediato una política exterior de actividad diplomática a fin de que se cumplan los Tratados Torrijos - Carter, ya que la actual situación provoca incertidumbre de paz en la región.

Recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a los 21 días del mes de diciembre de 1990. - Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el de la voz, diputado Prisciliano Melendres Barrios, diputado Bernardo Bátiz Vázquez, diputado Alfredo Arenas Rodríguez, diputado José Natividad Jiménez Moreno, diputado Alberto Ling Altamirano diputado Horacio González de las Casas,» Muchas gracias.

DEL ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Luis Delgado Esteva, del Partido Acción Nacional, para hacer una denuncia sobre la violación a los derechos humanos en los procesos electorales en el estado de Chiapas.

El diputado Luis Alberto Delgado Esteva: - Con su permiso, señor Presidente; diputadas, diputados: He solicitado el uso de la tribuna para denunciar la violación a los derechos humanos en el estado de Chiapas, por parte del congreso del Estado, al aprobar dentro del Código Electoral del artículo 13 que a la letra dice:

Artículo 13. Para ser miembro de un ayuntamiento, además de satisfacer los requisitos a que se refiere el artículo 60 de la Constitución del Estado, se requiere no tener empleo, cargo o comisión de la federación del estado o del municipio y de ser así, tener presentada y aceptada su renuncia cuando menos 90 días antes de la fecha de la elección. Además, no haber sido sujeto a la jurisdicción penal y sentencia condenatoria con cinco años de antelación a la elección y no estar sujeto a causa penal alguna por delito intencional.

Como podrá verse claramente, el mencionado artículo obliga a renunciar a los empleados gubernamentales a su trabajo, o sea que les nulifica parte de su patrimonio familiar para embarcarse en una aventura política.

En efecto, el obligar a los empleados públicamente a renunciar a sus fuentes de trabajo para poder participar en política, les impone una restricción que no tienen los demás ciudadanos. Les limita la posibilidad de actuar según su libre albedrío y los trata en forma discriminatoria y desigual. Todo lo que significa en concepto un atentado a las garantías individuales y que está muy dirigida muy especialmente a los maestros chiapanecos.

Por lo anteriormente expuesto solicito que esta denuncia sea turnada a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Derechos Humanos. Atentamente. Palacio Legislativo, 19 de diciembre de 1990, diputado Luis Alberto Delgado Esteva.

El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Derechos Humanos.

Tiene la palabra el diputado Ramón Alejo Valdez, para hablar sobre una denuncia de los ejidatarios productores de algodón de Ahome... Sí, si, le escucho diputado.

Un diputado no identificado (desde su curul): - Me parece que el diputado Delgado Esteva pidió que se turnara a la de Derechos Humanos, Información, Gestoría y Quejas; el trámite que usted le está dando es exclusivamente a la de Derechos Humanos.

El Presidente: - Bueno, que se turne, de acuerdo, también a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

El Presidente: - En uso de la palabra el diputado Ramón Alejo Valdez, en torno a una denuncia presentada por ejidatarios, productores de algodón en Ahome, Sinaloa... ¿No se encuentra? Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera de la sesión iniciada el día de ayer 20 de diciembre. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Tercer Año. - LIV Legislatura.

Orden del día

21 de diciembre de 1990.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Oficio de la honorable Cámara de Senadores

Por el que se comunican los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Primer Receso del Tercer Año de la LIV Legislatura.

Iniciativas de ley

De diputados de diversos grupos parlamentarios, con proyecto de Ley General de Fomento Cooperativo.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a los artículos 91 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de reformas a la Ley Federal del Trabajo.

Dictámenes a discusión

De la Comisión de Salubridad y Asistencia, con proyecto de decreto que reforma la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal.

Proposición de la Gran Comisión.

Elección de miembros de la Comisión Permanente.

Comisiones de cortesía.

Excitativa a la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, sobre la elaboración del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, para que resuelva el asunto de los paquetes electorales.

Declaratoria de clausura de labores de la honorable Cámara de Diputados del Primer Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de ejercicio.»

El Presidente (a las 19.35 horas): - Se levanta la sesión del día 20 de diciembre y se inicia la de hoy 21 de diciembre.