Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19910521 - Número de Diario 8
(L54A3P1oN008F19910521.xml)Núm. Diario:8ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputada María Claudia Esqueda Llanes
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano Lora
Año III México, D.F. martes 21 de mayo de 1991 No. 8
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaria informa que hay quórum
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
SOLICITUDES DE LICENCIA
Del diputado Guillermo Jiménez Morales, para separarse de su cargo. Se formula punto de acuerdo. Se aprueba.
De los diputados Oscar Mauro Ramírez Ayala; Celia Torres Chavarría; Juana García Palomares; Rubén Figueroa Alcocer; Mauricio Valdéz Rodríguez; Jesús Anlen López y Humberto Roque Villanueva. Se aprueban los puntos de acuerdo.
COMUNICACIONES
Del congreso del Estado de Hidalgo, para informar sobre la clausura del segundo período extraordinario de sesiones. instalación de su Comisión Permanente e integración de su mesa directiva. De enterado.
Del congreso del estado de Jalisco, para informar sobre la clausura del primer período ordinario de sesiones y la integración de su mesa directiva. De enterado.
Del congreso del Estado de Morelos, para informar sobre la integración de su mesa directiva. De enterado.
Del congreso del Estado de Puebla, para informar sobre el inicio de su primer período extraordinario de sesiones y la integración de su mesa directiva. De enterado.
Del congreso del Estado de Tamaulipas, para informar sobre la integración de su mesa directiva. De enterado.
Del congreso del Estado de Quintana Roo, para informar sobre diversos hechos legislativos. De enterado.
INFORMES
BANCO DE MÉXICO
Del funcionamiento interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la Cámara de Senadores.
De la Secretaría de Hacienda y Crédito y la Secretaría de Programación y Presupuesto, sobre la situación económica y las Finanzas públicas correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio Fiscal de 1991. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la Cámara de Senadores.
De la secretaría de Hacienda y Crédito Público por el que se remite el informe de la Deuda Pública, correspondiente al Primer Trimestre de 1991. Se turna a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la Cámara de Senadores.
Del Departamento del distrito federal, por el que se remite el informe Trimestral de Avance del Programa Presupuestal del Departamento del Distrito Federal correspondiente al Primer Trimestre de 1991.
TOMA DE PROTESTA
De los ciudadanos Julián Ángulo Góngora, Guillermo López de Lara Vázquez, César Javier Flores Garza, Juan Muñoz Caballero y Mario Cuervo Hermosillo.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Por el que se remite el expediente que contiene el proyecto de dicha ley.
CONDECORACIONES
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Eduardo López de Rivera Martínez, para aceptar usar la que le confiere el gobierno de la República de Guatemala. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales,
Con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Arturo Cardona Marino, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Bolivia. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROPOSICIONES
Con motivo del primer aniversario del asesinato de la ciudadana Norma Corona Zapién, toman la palabra los diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa 16
Leonor Sarre de Guerrero
Pedro Rigoberto López Alarid
Martín Gavica Garduño, presenta punto de acuerdo. Se aprueba.
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Sobre hechos suscitados en el penal de Matamoros, intervienen los diputados: Leopoldo Homero Salinas Gaytán, presenta punto de acuerdo. Se turna a la Comisión de Gestoría y Quejas.
María Leonor Sarre de Guerrero
SOLICITUDES DE EXCITATIVA
Presentada por el diputado Luis Gambino Heredia dirigida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria.
Presentada por el diputado Gilberto López y Rivas, dirigida a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas.
Presentada por el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, dirigida a la Gran Comisión y, se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social así como a la Seguridad Social.
SOBRE EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA
Sobre el juicio político contra dicho servidor público, intervienen los diputados: Juan Nicasio Guerra Ochoa
Graciela Gómez de Ibarra
Juan Nicasio Guerra Ochoa, para contestar alusiones personales.
Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, para rectificar hechos.
Carlos Vega Memije, para rectificar hechos.
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, para contestar alusiones personales.
Fernando López Valenzuela
Leonel Godoy Rangel
Oscar Villalobos Chávez, para rectificar hechos.
Gilberto López y Rivas, para rectificar hechos.
SOLICITUD DE LICENCIA
Del ciudadano Miguel Montes García para separarse de su cargo. Se aprueba el punto de acuerdo formulado.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARÍA CLAUDIA ESQUEDA LLANES
(Asistencia de trescientos setenta diputados)
ASISTENCIA
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Señora presidenta hay una asistencia de 370 diputados. Hay quórum.
La Presidenta a las 12.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:
"Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Tercer Año. - LIV Legislatura.
Orden del día.
21 de mayo de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia
Comunicaciones de diputados.
"Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo, Jalisco, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Quintana Roo.
Oficio del ciudadano director general del Banco de México.
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, se remite el informe correspondiente al movimiento diario que durante el primer trimestre de 1991 tuvieron el Financiamiento Interno del Banco de México y la Cuenta General de la Tesorería de la Federación.
Oficio de los ciudadanos secretarios de Programación y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.
Con el que se remite el informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1991.
Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público .
Con el que se remite el Informe de la Deuda Pública, correspondiente al primer trimestre de 1991.
Oficio del Departamento del Distrito Federal.
Con el que se remite el Informe Trimestral de Avance del Programa Presupuestal del Departamento del Distrito Federal, al 31 de marzo de 1991.
Minutas
Con proyecto de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano capitán de navío de infantería de marina, Eduardo López de Rivera Martínez, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano general de división Diplomado de Estado Mayor, Arturo Cardona Marino, para que pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Militar Coronel Eduardo Avaroa, en grado de Gran Oficial de la Orden, que le confiere el gobierno de Bolivia.
Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el Magisterio.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre salarios.
Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la expulsión de Gerónimo Prigione.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el primer aniversario del asesinato de Norma Corona.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre los hechos suscitados en el penal de Matamoros, Tamaulipas.
Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones
Petición de excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Petición de excitativa a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Gobernación y Puntos Constitucionales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Petición de excitativa de la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Petición de excitativa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, opinión sobre el juicio político contra el Procurador General de la República.
Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre el gobierno del estado de Tamaulipas.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre agresiones a comerciantes en Tlalnepantla, estado de México.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día quince de mayo de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia de la diputada
Claudia Esqueda Llanes
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día quince de mayo de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia se doscientos sesenta y siete diputados, la Presidenta declara abierta la sesión.
La secretaria da lectura al orden del día y la Presidenta informa que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se procederá al desarrollo de la sesión secreta del mes de mayo.
Sesión secreta
A las once horas con cincuenta y dos minutos, con la misma asistencia de la sesión secreta, se inicia la sesión pública ordinaria y la secretaría da lectura al acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal a los Actos cívicos conmemorativos del nonagésimo sexto aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. Se designan comisiones para representar a la Cámara de Diputados en dichos actos.
Se da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores por el que se comunica la elección de la mesa directiva para el segundo mes del Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. De enterado.
La secretaría da lectura a una proposición de la Gran Comisión, por la que se designan nuevos diputados miembros de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia. En votación económica se aprueba.
Dos minutas con proyectos de decreto por lo que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Luis Carlos Ruano Angulo y Enrique González Casanova, pueden aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Perú y Yugoslavia, respectivamente. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Una minuta, con proyecto de decreto, por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Juan Manuel Pérez Frías, pueda presentar sus servicios en la Embajada de Pakistán, en México. Se turna a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otra minuta, con proyecto de decreto, por el que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Leticia Reyes Escalera, Cristina Villanueva Espinosa, Hilda Irene Adame Gutiérrez, Rosa Victoria Alfaro García, María Cristina García Sánchez y Joaquín Entzana Sánchez, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos
de América en México y en su Consulado General en Matamoros, Tamaulipas. Se turnan a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado José González Morfín, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hace uso de la palabra el diputado Zeferino Esquerra Corpus, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la fracción novena del artículo cuarenta y seis de la Ley Aduanera. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
La secretaría da lectura a las solicitudes de licencia de los diputados Juan José Osorio Palacios, Hilda Anderson Nevárez de Rojas, Jorge Schiaffino Isunza, Ramón Choreño Sánchez, Sara Villalpando Nuñez, Demetrio Sodi de la Tijera, Alberto Bernal González, Belisario Aguilar Olvera, Alberto Ling Altamirano, Carmen Segura Rangel, Hiram Escudero Alvarez, Gerardo Medina Valdez, Arturo Ocampo Villalobos, Amalia García Medina, Pablo Gómez Alvarez, Gaudencio Vera Vera, Felipe Zambrano Páez, Jaime Aviña Cepeda, Patricia Garduño Morales y Osiris Cantú Ramírez, misma que la Presidencia considera de urgente resolución, y la asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos en votaciones económicas. Llámese a los suplentes.
Se concede el uso de la palabra al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien propone la comparecencia del presidente del consejo de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad. Se turna a las comisiones de Energéticos y de Información, Gestoría y Quejas.
Para expresar sus opiniones respecto del mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados José Antonio Ríos Rojo, del Partido de la Revolución Democrática,; Fernando Lozano García, Pedro López Alarid y Manuel Ponce González, del Partido Acción Nacional y Alfredo Pliego Aldana, del Partido de la Revolución Democrática.
La Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Armando Ibarra Garza, del Partido Popular Socialista, quien propone la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes a fin de que explique las características del convenio de modernización del sistema ferroviario nacional. Se turna a las comisiones de Comunicaciones y Transportes de Patrimonio y Fomento Industrial .
Para referirse al mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Erasmo López Villarreal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Para referirse a lo que llamó violación a los derechos constitucionales en Nezahualcóyotl, México, se concede uso de la palabra al diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Para solicitar la comparecencia del Secretario del Trabajo y Previsión Social, hace uso de la palabra el diputado Héctor Colio Galindo, del Partido Popular Socialista. Se turna a la comisión respectiva.
La Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Reynaldo Rosas Domínguez, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición respecto a la instalación de compañías gaseras en el estado de México. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Comercio.
La Presidenta informa que las puertas del salón de sesiones se encuentran los ciudadanos: Alfredo Femat Flores, María Elena Corona Marín, Julio Paz Zarza, Ulises Jara López, Mario Cantón Rejón, Arón Eli Herrera Martínez y Guillermo López Rivas, diputado suplentes electos en los distritos electorales federales trigésimo cuarto, del Distrito Federal; quinto, del Distrito Federal; primera circunscripción plurinominal; primera circunscripción plurinominal; tercera circunscripción plurinominal; décimo tercero del Distrito Federal y primera circunscripción plurinominal, respectivamente. Se designa una comisión para introducirlos en el recinto y acompañarlos en el acto de rendir su protesta de ley.
Terminado el acto protocolario, los diputados entran en funciones de inmediato.
Para referirse a lo que llamó espionaje telefónico en la Comisión Nacional de loa Derechos Humanos, hace uso de la palabra el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que sea la Oficialía Mayor la encargada de recabar la información respectiva, a lo que la Presidencia accede.
Se concede el uso de la palabra al diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se haga una excitativa a las comisiones de Justicia, de Información, Gestoría y Quejas y de la Reforma Agraria, para que dictamine sobre diversas denuncias de hechos en municipios del estado de México. La Presidenta hace la excitativa.
Sube a la tribuna el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, para solicitar excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de la Defensa Nacional y de Marina, para que dictamine sobre diversas proposiciones presentadas por su partido en relación con los ascensos de grados militares. Se hace la excitativa.
Para referirse a la celebración del "Día del Maestro", hacen uso de la palabra los diputados Onofre Hernández Rivera, del Partido Revolucionario Institucional;
Presidencia del diputado
Rubén García Farías
Abigaíl Cruz Lázaro, del Partido Popular Socialista; Rosalía Ramírez de Ortega, del Partido Acción Nacional; Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Rosalía Ramírez de Ortega, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana;
Presidencia de la diputada
Claudia Esqueda Llanes
y
Julio Paz Zarza,
del Partido Acción Nacional.
Para referirse a la contaminación en el estado de Colima, hace uso de la palabra el diputado Natividad Jiménez Moreno.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gerardo Ávalos Lemus, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que llamó su propio secuestro en la garita de San Clemente, California Estados Unidos de América y, para expresar sus opiniones respecto de los mismos hechos, se concede el uso de la palabra a los diputados Alfredo Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional, Sergio Quiroz Miranda, del Partido Popular Socialistas; Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Jorge Cejudo Díaz, del Partido Revolucionario Institucional.
La Presidenta turna la denuncia de la Gran Comisión y a la Comisión de Relaciones Exteriores, para lo que proceda en derecho.
Para referirse nuevamente a la celebración del Día del Maestro" hace uso de la palabra el diputado Pablo Ávalos Castro, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las diecisiete horas con dos minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y uno, a las diez horas.
Está a discusión el acta...
El diputado Fernando Antonio Lozano García (desde su curul): - Señorita Presidenta: En la parte relativa donde se menciona mi intervención, se omite decir el punto de acuerdo que pedí a la asamblea se votara, lo cual pido por favor se aclare el acta.
La Presidenta: - Con muchísimo gusto. Ruego a la secretaría tomar nota de ello para que quede debidamente insertado.
Señor diputado.
El diputado Pedro Rigoberto López Alarid (desde su curul):Quiero también hacer una aclaración respecto a mi nombre. Se consigna en el acta que mi nombre es Pedro López y es Pedro Rigoberto López Alarid.
La Presidenta - Con todo gusto, diputado López Alarid, se hace la corrección en el acta.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Con las aclaraciones que hacen los diputados Pedro Rigoberto López Alarid y Fernando Antonio Lozano Gracia, se pregunta a la asamblea si en votación económica se aprueba el acta de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... Aprobada, señora Presidenta.
(Desorden.)
La Presidenta: - Permítame un momento, señor diputado Rogamos a todos guardar orden y atención a la asamblea. Continúe por favor, señor secretario.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
"Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con motivo de haber sido designado Secretario de Pesca, por el ciudadano Presidente de la República y a fin de estar en condiciones legales para el desempeño de dicho cargo, de conformidad con el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito solicitar licencia para separarme de mis funciones como diputado federal.
Por lo anterior, pido a ustedes que esta solicitud se someta a la consideración del pleno de la Cámara y, de ser aprobada, surta sus efectos a partir del 22 del actual.
Aprovecho la oportunidad para reiterarles las seguridades de mi distinguida consideración.
Atentamente.
México. D.F. a 20 de mayo de 1991. - Diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales."
La presidenta: - Esta Presidencia considera el asunto con el que se acaba de dar cuenta como de urgente resolución. Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El secretario Diputado Juan Ugarte Cortés: Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Dispensados todos los trámites.
La Presidenta: - En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Está a discusión el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Único. Se concede licencia al ciudadano diputado Guillermo Jiménez Morales, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXIV distrito del Distrito Federal, a partir del 22 de mayo, para desempeñar el cargo de Secretario de Pesca."
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo ...Aprobado. Comuníquese.
La Presidenta: - Llámese al suplente.
(Aplausos.)
SOLICITUDES DE LICENCIA
La secretaría diputada Sofía Valencia Abundis:
"Ciudadana Presidenta; ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de diputados. - Presentes.
Por medio de la presente me permito felicitar a todos los compañeros diputadas y diputados integrantes de esta histórica LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, misma que se permitió demostrar a propios extraños que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana vive una nueva era política; lamento que los diputados integrantes de la oposición no hayamos cerrado filas por la defensa de la democracia, ocasionando con la anterior actitud que el pueblo de México se le obligue a transitar por una reforma política que burocratiza los procesos electorales y despoja a los partidos políticos de la corresponsabilidad legítima que tenían en la preparación y el desarrollo de las elecciones. La historia juzgará a quienes con su actitud y voto dieron vigencia a reformas constitucionales y un Código Federal de Procedimientos Electorales que a todas luces es inconstitucional, porque obliga a los diputados federales y senadores de la República a separarse definitivamente de su cargo, cuando éste, por voluntad del pueblo, es irrenunciable.
La ley es dura, pero es la ley y todos los mexicanos debemos acatarla y pugnar por erradicar los preceptos inconstitucionales en vigor; nuestro tránsito en la política y nuestra disciplina para con nuestro partido nos obliga a cumplir un requisito inconstitucional, como es el de retirarnos definitivamente del cargo de diputado federal que el pueblo nos confirió, lo aceptamos
por que fue la fuerza de la consigna y de la concertación entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, pero continuaremos nuestra lucha en todas las trincheras políticas para erradicar vicios y errores que va en contra del Pacto Federal de 1917.
En consecuencia y con fundamento en lo ordenado por el artículo 347, apartado 1, inciso f, del Código, Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me permito solicitar licencia indefinida que entrará en vigor a partir del próximo 17 del mes en curso, para separarme del honroso cargo de diputado federal que el pueblo me confirió con sus votos por la primer circunscripción plurinominal. Lo anterior con el propósito de estar en posibilidad de aceptar que mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, me postule como candidato a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Señores diputados: por este conducto le expreso mi agradecimiento por la amistad y el apoyo brindado en mi gestión legislativa y los convoco a actuar por el camino de la Constitución y la Revolución, antes que someterse a consignar partidistas o de grupo que tanto han dañado a la credibilidad del quehacer político y a la democracia de este país.
Atentamente
México, D.F., a 16 de mayo de 1991. - Diputado federal Oscar Mauro Ramírez Ayala."
La misma Secretaría diputada:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Por este conducto me permito solicitar ante esta soberanía, licencia para separarme del cargo de diputada federal que desempeño en esta honorable LIV Legislatura del Congreso de la Unión, para estar en el supuesto del inciso f, del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Sin otro asunto, expreso a usted mi reconocimiento.
Atentamente.
México, D.F. a 17 de mayo de 1991. - Diputada Celia Torres Chavarría."
La misma Secretaría diputada:
"Ciudadano Presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presente.
De conformidad con el inciso f, del párrafo uno del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, con la presidente me estoy permitiendo solicitar mi separación formal del cargo de diputada federal que actualmente ostento en esta LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
Por lo que ruego a usted, en los términos del Reglamento Interior, proceda a darle curso a la presente solicitud.
Atentamente.
México D.F., a 17 de Mayo de 1991. - Diputada federal Juana García Palomares."
La misma Secretaria diputada:
"Ciudadana diputada María Claudia Esqueda Llanes, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
En virtud de que mi partido, el Revolucionario Institucional, me ha distinguido como su candidato a senador por mi estado, Guerrero, en los próximos comicios electorales del 18 de agosto.
Esta nominación que mucho me honra y a fin de estar en aptitud de realizar una intensa y moderna campaña que destaque y enaltezca mi formación, calidad profesional y responsabilidad, por su apreciado conducto, me permito solicitar a esa honorable Cámara se me otorgue una licencia indefinida para separarme del cargo de diputado federal de Guerrero por el X distrito.
Fundamentan y apoyan esta solicitud del artículo 62 constitucional, así como los artículos 34 de la Ley Orgánica y 47, 48, 49 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Al reconocer la atención que se sirva dar a esta solicitud, me complazco en retirarles las seguridades de mi elevada y distinguida consideración.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 15 de mayo de 1991. - Diputado Federal Rubén Figueroa Alcocer."
La misma Secretaría diputada
"Diputada María Claudia Esqueda Llanes, Presidenta de la honorable Cámara de Diputados. - México D.F.
En atención a lo establecido en el artículo 47, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, agradeceré a usted poner a consideración del pleno de esta Cámara, mi solicitud para separarme de mis funciones como diputado federal, a partir de esta fecha y por tiempo indefinido.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 20 de mayo de 1991. - Diputado licenciado Mauricio Valdés Rodríguez."
La misma Secretaría diputada:
"Ciudadana diputada María Claudia Esqueda Llanes, Presidenta de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Me permito informar ante esa honorable Presidencia, que se me ha ofrecido la posibilidad de incorporarme a desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, por lo que con fundamento en lo que dispone el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicito licencia para césar en las funciones inherentes al cargo de diputado Federal, mientras dure la nueva ocupación del día 22 de mayo.
Respetuosamente.
México, Distrito Federal, a 20 de mayo de 1991. - Diputado Jesús Anlen López.
La misma Secretaría diputada:
"Ciudadana Presidenta de la Cámara de Diputados. - Presente.
Con fundamento en lo que previene el artículo 62, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en virtud de que es posible que desempeñe un empleo al servicio de la Federación, solicito licencia previa para césar en mis funciones representativas como diputado federal del VI distrito electoral del estado de Coahuila, a partir del 22 del mes en curso.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1991. - Diputado Humberto Roque Villanueva.»
La Presidenta: - Esta Presidencia considera los asuntos con los que se acaba de dar cuenta, como de urgente resolución.
Se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se les dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se dispensan todos los trámites y se ponen a discusión y votación de inmediato
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites.
La Presidenta: En consecuencia se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
La secretaría diputada Sofía Valencia Abundis:
Primero. Se concede licencia al diputado Oscar Mauro Ramírez Ayala, para separarse de sus funciones como diputado federal por la primera circunscripción plurinominal, a partir del 17 de mayo de 1991 para estar dentro del supuesto establecido en el apartado 1, inciso f, del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Segundo se concede licencia a la diputada Cecilia Torres Chavarría, para separarse de sus funciones como diputada federal por la primera circunscripción plurinominal, a partir del 17 de mayo de 1991, para estar dentro de su supuesto establecido en el apartado 1, inciso f, del artículo 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Tercero. Se concede licencia a la diputada Juana García Palomares, para separarse de sus funciones como diputada federal por la tercera circunscripción plurinominal, a partir del 17 de mayo de 1991, para estar dentro del supuesto establecido en el apartado 1, inciso f, del artículo 347 d el Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales.
Cuarto. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Rubén Figueroa Alcocer,
para separarse de sus funciones como diputado federal por el X distrito del estado de Guerrero, a partir del 21 de mayo de 1991.
Quinto. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Mauricio Valdés Rodríguez, para separarse de sus funciones como diputado federal por el XXVII distrito del estado de México, a partir del 21 de mayo de 1991.
Sexto. Se concede licencia al diputado Jesús Anlen López, para separarse de sus funciones como diputado federal por el IV distrito del Distrito Federal, para que esté en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir del 22 de mayo de 1991, durante el tiempo que dure el cargo.
Séptimo. Se concede licencia al diputado Humberto Roque Villanueva, para separarse de sus funciones como diputado federal por el VI distrito del estado de Coahuila, para que esté en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la Administración Pública Federal, a partir del 22 de mayo de 1991. durante el tiempo que dure el cargo.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...Aprobados. Comuníquese.
La Presidenta: - Llámese a los suplentes.
Continúe la secretaría.
COMUNICACIONES
El secretario diputado Gregorio Urías Germán:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo . - México, Distrito Federal.
En debido cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 19 y 24 de la Ley Orgánica del Poder legislativo y para su conocimiento y efectos consiguientes, me permito el honor de comunicar a usted (s) que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, clausuró el día de hoy, el Segundo Período Extraordinario de Sesiones, correspondientes al Segundo Receso el Primer año de Ejercicio Constitucional, al haberse diligenciado en su totalidad, los asuntos contenidos en la convocatoria respectiva.
Al rogar a usted(es) tenga(n) a bien acusar el correspondiente recibo, aprovecho la oportunidad para reiterarle (s) las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, a 25 de marzo de 1991. - El Oficial Mayor de honorable Congreso constitucional del estado de Hidalgo. - licenciado Rodolfo Miranda Enríquez."
El mismo Secretario diputado:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo . - México, Distrito Federal.
Con toda atención nos permitimos el honor de comunicarle a usted (s) que la Comisión Permanente de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso constitucional del estado de Hidalgo, en sesión celebrada el día de hoy, clausuró los trabajos de dicha comisión; lo anterior se le (s) comunica para los efectos procedentes.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle (s) las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, a 27 de marzo de 1991. - El Oficial Mayor del honorable Congreso constitucional del estado de Hidalgo licenciado Rodolfo Miranda Enríquez."
El mismo Secretario diputado:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, Distrito Federal.
Con toda atención nos permitimos el honor de comunicar a usted (s) que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso Constitucional del estado de Hidalgo, en sesión de la Comisión Permanente, celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del honorable Poder Legislativo, para la designación de la mesa directiva que habrá de presidir los trabajos
durante el mes de abril, correspondiente al primer ordinario de sesiones del segundo año de ejercicios constitucional, resultando electos los diputados:
Presidente: diputado Fernando Rodríguez Guerrero; vicepresidente: diputado Hernán Mercado Pérez; secretarios diputados: Omar Pacheco Cortés, José Guadalupe Salinas Pérez, María Cristina García Barrón y Alfonso Martín Lozano.
Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato retirarles las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Pachuca, Hidalgo, a 27 de marzo de 1991. - El Oficial Mayor del honorable Congreso constitucional del estado de Hidalgo licenciado Rodolfo Miranda Enríquez,."
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco. - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D. F.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la entidad, comunicamos a usted (s) que, en sesión de esta fecha se clausuraron las actividades legislativas de este honorable Congreso del estado, correspondiente al primer período ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio constitucional de la Quincuagésima Segunda Legislatura de Jalisco.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Guadalajara Jalisco, 31 de marzo de 1991. - Diputados Secretarios Agapito Isaac López y Alberto Petersen Biester."
El mismo Secretario diputado:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco. - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo . - México, D.F.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 187 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de la Entidad, comunicamos a usted (s) que en esta fecha quedó legalmente instalada la honorable diputación Permanente del Congreso del estado. Así mismo la forma de como quedó integrada su mesa directiva que fungirá del 1o. de abril al 31 de agosto de 1991.
Presidente diputado Eduardo Aviña Bátiz; secretario diputados: Néstor Francisco Arana García, César Humberto González Magallón; prosecretarios diputados: Arturo Gil Elizondo, Alberto Petersen Biester; primer vocal: diputado Jaime Alberto Ramírez Gil y segundo vocal: diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus.
Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Guadalajara, Jalisco, 1o. de abril de 1991. - Diputados secretarios Néstor Francisco Arana García y Alberto Petersen Biester.»
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D.F.
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley Orgánica del honorable Congreso del estado de Morelos, tenemos el honor de informar a usted que en sesión de esta fecha, el honorable Congreso del estado eligió a la mesa directiva que estará en funciones durante el mes de mayo del año en curso, misma que quedó integrada en la siguiente forma:
Presidente: diputado Manuel Jacinto Montalvo Medellín; vicepresidente: diputado Alfredo Acevedo Muñoz; secretario diputados: Ángel Rivera Bello y María Elena Espín Ocampo.
Reiteramos a usted las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Cuernavaca, Morelos. abril 30 de abril de 1991. - Los secretarios del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Morelos. Diputado Ángel Rivera Bello y diputada María Elena Espín Ocampo."
Trámite De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Honorable Congreso del estado de Puebla.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D.F.
En atención a lo dispuesto por los artículos 52 y 55 de la Ley Orgánica y Reglamentaria del Poder Legislativo, le informamos que le día 11 del presente mes, el Quincuagésimo Primer Congreso constitucional del estado de Puebla, inició su primer período extraordinario de sesiones, correspondientes a su segundo año de ejercicio legal.
Así mismo le comunicamos que la mesa directiva que actuará en dicho período, quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: diputado Eduardo Cué Morán; vicepresidente: diputado Rafael Cañedo Benítez; secretarios diputados: Jorge Jiménez Alonso, Federico López Huerta; prosecretario diputados: Noé González Cabrera y Rafael Ruíz Márquez.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Honorable Puebla de Zaragoza, a 11 de abril de 1991. - Diputados secretarios Jorge Jiménez Alonso y Federico López Huerta."
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Tamaulipas. - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México D.F.
Por este conducto nos permitimos comunicarle (s) que en cumplimiento a lo que establecen los artículos 23 de la Ley Orgánica de este poder, 23 y 25 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta representación popular, en sesión ordinaria celebrada este día, la Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, procedió a la elección de Presidente y suplente para integrar la mesa directiva que presidirá los trabajos durante el mes de abril del presente año, habiendo sido electos los diputados siguientes:
Presidente diputado Javier González Alonso; suplente: diputado Arnulfo Tejada Lara.
Continuando en funciones los secretarios electos por decreto número 83 del 1o. de enero del año en curso. expedido por este honorable Congreso del estado.
Al participar lo anterior, nos es grato retirarle (s) las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Cuidad Victoria, Tamaulipas, a 25 de marzo de 1991. - Diputados secretarios Guadalupe Govea Espinoza y Oscar Rangel Morales."
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. - Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D. F.
La VI Legislatura constitucional de el estado libre y soberano de Quintana Roo, por este medio se permite comunicar que en sesión extraordinaria celebrada el día 1o. de marzo de 1991, clausuró su primer período extraordinario de sesiones, correspondientes al primer año de ejercicio constitucional y eligió, la mesa directiva para un segundo período extraordinario de
sesiones, que se abrirá el 6 de marzo de 1991. a las 19:00 horas, la cual quedó integrada por los ciudadanos diputados:
Presidente, Cornelio Mena Ku; vicepresidente, Mario Eduardo Chuc Aguilar; secretarios, Jorge E. Bates Domínguez y suplente, Armando Robertos Virniez.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para retirarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 4 de marzo de 1991. - El diputado secretario Armando Robertos Virniez."
Trámite De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. - Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D.F.
La VI Legislatura del estado libre y soberano de Quintana Roo, se permite comunicar que en sesión solemne celebrada el día 26 de marzo de 1991, se abrió el primer período ordinario de sesiones, correspondientes al segundo año de ejercicio constitucional, así mismo en junta previa se eligió la mesa directiva que fungirá durante el primer mes, quedando integrada por los diputados:
Presidente Ramón Severo Novelo Cárdenas; vicepresidente: Alfredo Tah Salas; secretarios; Concepción Armenta de Paulino y Luis Gómez Sosa.
Sin otro particular por el momento,, aprovecho la ocasión para retirarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 27 de marzo de 1991. - La diputada secretaria Concepción Armenta de Paulino."
Trámite De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. - Ciudad Chetumal, Quintana Roo México.
Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D.F.
La VI Legislatura constitucional del estado libre y soberano de Quintana Roo, por este medio se permite comunicar que en sesión extraordinaria celebrada el día 12 de marzo de 1991, clausuró su segundo período extraordinario de sesiones correspondientes al primer año de ejercicio constitucional.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para retirarle mi consideración distinguida.
Atentamente.
Sufragio Efectivo No Reelección.
Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 13 de marzo de 1991. El diputado secretario, Armando Robertos Virniez."
Trámite: - De enterado.
INFORMES
BANCO DE MÉXICO
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Ciudadano secretario de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Banco de México, esta institución presenta a ustedes el informe referente al movimiento diario del financiamiento interno del propio Banco de México y de la cuenta General de la Tesorería de la Federación, correspondiente al primer año trimestre de 1991.
Con fecha 15 de febrero de 1991, esta institución informó a ustedes el acuerdo adoptado por su junta de gobierno respecto al saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del propio Banco de México en ejercicio de 1991.
Las cifras relevantes de esa determinación son las siguientes:
Billones de pesos
a)Saldo de financiamiento interno del Banco de México - al 31 de diciembre de 1990 48.977
b) Flujo total en 1991. 5.666
c) Saldo máximo que podrá alcanzar el financiamiento interno del Banco de México durante 1991. 54.643 (*)
(*) Según el referido acuerdo de la junta de gobierno, el saldo que se reporte durante el año podrá exceder estas cifra, sin que en ello aplique violar el límite establecido, por el efecto de la valuación en pesos de la deuda en moneda extranjera a favor del Banco de México y a cargo del gobierno federal, del crédito al gobierno federal, compensado con depósito en el fondo especial constituido por la enajenación de empresas públicas, y por el monto de los créditos para cobertura cambiara a los fondos de fomento y bancos de desarrollo.
En la consideración de las cifras de este informe, es necesario distinguir los saldos del financiamiento interno otorgado por el Banco de México, de los incrementos que experimentan dichos saldos en periodos determinados. Los saldos expresan el importe total de los financiamientos otorgados por el Banco de México desde su constitución, menos las amortizaciones efectuadas por los deudores y menos las sesiones de activos representativos de dichos financiamientos, en tanto que los incrementos de esos saldos, reflejan el financiamiento adicional otorgado por el banco durante, el período al cual están referidos.
A continuación les damos a conocer los movimientos diarios del financiamiento interno del Banco de México, correspondientes al primer trimestre de 1991, en los cuales se distingue el saldo o incrementos nominales de éste, del saldo sin el efecto del tipo de cambio y el flujo efectivo, entendiéndose por estos dos últimos, aquéllos que no toman en cuenta el aumento del valor en peso de la deuda denominada en moneda extranjera, consecuencia de la variación del tipo de cambio. Ello en virtud de que tal aumento del valor en pesos de la deuda en moneda extranjera no constituye financiamiento efectivo adicional y, por tanto, tampoco debe tomarse en cuenta para considerar si el financiamiento interno del Banco de México se encuentra o no dentro de los límites establecidos por su junta de gobierno, según se explica en lo conducente en la nota de la página anterior de ese informe.
MOVIMIENTO DIARIO DE LOS SALDOS DEL FINANCIAMIENTO INTERNO DEL
BANCO DE MÉXICO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 1991
Billones de pesos
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El 15 de febrero de 1991 informamos a ustedes que, de conformidad con lo previsto al efecto en el artículo 9o. de la Ley Orgánica del Banco de México, saldo máximo a cargo del gobierno federal en la Cuenta General de la Tesorería de la Federación para 1991 se estableció en 2 mil 251 billones, cifra que, de acuerdo con lo previsto en el mismo artículo, no debe excederse, salvo que se presenten circunstancias extraordinarias que aumenten considerablemente las diferencias temporales entre los ingresos y los gastos públicos. Por otra parte, en cumplimiento del artículo 10 de la ley citada, a continuación les damos a conocer los movimientos diarios de la cuenta referida, correspondientes al primer trimestre de 1991.
Dar doble click con el ratón para ver imagen
México, D. F., a 15 de mayo de 1991. - Director general Miguel Mancera."
Trámite: - Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores, para la atención que proceda.
El secretario diputado Gerardo Arellano Aguilar:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Programación y Presupuesto. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Ciudadano presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - Presente.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento con lo señalado en el decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para 1991, nos es grato anexar al presente el Informe Sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal de 1991.
En caso de requerir información adicional, nos ponemos a sus órdenes para satisfacer su petición de manera oportuna.
Le reiteramos nuestra especial consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, 15 de mayo de 1991. - El secretario de Hacienda y Crédito Público, Pedro Aspe A. y el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León."
Trámite: - Recibo y túrnese a las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores, para la atención que proceda.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
«Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de la Deuda Pública, me permito remitir a ustedes el informe de la Deuda Pública correspondiente al primer trimestre de 1991.
En ese sentido ruego a ustedes se sirvan dar cuenta del documento anexo a la honorable Cámara de Diputados y en su oportunidad remitirlo a la honorable Cámara de Senadores para los efectos legales correspondientes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo, No Reelección.
Palacio Nacional, 15 de mayo de 1991. - El secretario, Pedro Aspe A."
Trámite: - Recibo y túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores, para la tensión que proceda.
El mismo Secretario diputado:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - Presente.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 34 del decreto aprobatorio del Presupuesto de Egresos del Departamento del Distrito Federal para 1991 me permito remitir a usted el informe trimestral de Avance del Programa Presupuesto del Departamento de Distrito Federal, al 31 de marzo de 1991.
El informe contempla los apartados sobre ingresos, egresos deuda pública y sus respectivos cuadros analíticos.
Asimismo, con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Ley General de Deuda Pública, se incluye un capítulo que contiene el estado de la deuda, así como los movimientos de la misma.
Reitero a usted mi disposición de aclarar o ampliar cualquier aspecto que sobre el particular tenga a bien solicitarnos y hago propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 15 de mayo de 1991. - El jefe del Departamento, licenciado Manuel Camacho Solís."
Trámite: - Túrnese a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y del Distrito Federal y córrase traslado a la honorable Cámara de Senadores, para la atención que proceda.
TOMA DE PROTESTA
La Presidenta: - Se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Julián Angulo Góngora, Guillermo López de Lara Vázquez César Javier Flores Garza, Juan Muñoz Caballero y Mario Cuervo Hermosillo, diputados suplentes electos en los siguientes distritos: Por la primera circunscripción plurinominal, III distrito del estado de Nuevo León, X distrito del estado de Guerrero y, primera circunscripción plurinominal respectivamente.
Se designa para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes ciudadanos diputados: diputado Blas Vergara, Ignacio Dávila Sánchez, Fernando Antonio Lozano Gracia y Gerardo de Jesús Arellano. Se pide a la comisión cumplir con este encargo.
(La comisión cumple su cometido.)
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
La Presidenta: - Ciudadanos Julián Angulo Góngora, Guillermo López de Lara Vázquez, César Javier Flores Garza, Juan Muñoz Caballero y Mario Cuervo Hermosillo: - ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella amanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
Los diputados Julián Angulo Góngora, Guillermo López de Lara Vázquez, César Javier Flores Garza, Juan Muñoz Caballero y Mario Cuervo Hermosillo: - Sí, protesto.
La Presidenta: - Si así no lo hiciérais, que la nación os lo demande. (Aplausos.)
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera .
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para efectos correspondientes, nos permitimos remitir a usted el expediente que contiene la minuta proyecto de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 16 de mayo de 1991. - Secretarios senadores Eliseo Rangel Gaspar y Gustavo Almaraz Montaño."
Trámite: - Recibo y Túrnese a la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano capitán de navío de infantería de marina Eduardo López de Rivera Martínez para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 14 de mayo de 1991. - Secretarios senadores Jorge Adolfo Vega Camacho y Gustavo Almaraz Montaño.
MINUTA
«PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano capitán de navío de infantería de marina Eduardo López de Rivera Martínez para que pueda aceptar y usar la condecoración Cruz de Mérito Militar de Segunda Clase, que le confiere el gobierno de la República de Guatemala.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F., a 14 de mayo de 1991. - El Presidente senador Ernesto Luque Feregrino; secretarios senadores Jorge Adolfo Vega Camacho y Gustavo Almaraz Montaño.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México D.F., a 14 de mayo de 1991. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para sus efectos correspondientes, no permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Arturo Cardona Marino para que pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Militar "Coronel Eduardo Avaroa", en grado de Gran Oficial de la Orden, que le confiere el gobierno de Bolivia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, D.F., a 14 de mayo de 1991. - Secretarios senadores Jorge Adolfo Vega Camacho y Gustavo Almaraz Montaño."
MINUTA
"PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Arturo Cardona Marino para que pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Militar "Coronel Eduardo Avaroa", en grado de Gran Oficial de la Orden, que le confiere el gobierno de Bolivia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, D.F., a 14 de mayo de 1991. - El Presidente senador Ernesto Luque Feregrino; secretarios senadores Jorge Adolfo Vega Camacho y Gustavo Almaraz Montaño.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. - México, D.F., a 14 de mayo de 1991. - El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez."
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROPOSICIONES
SOBRE LA CIUDADANA
NORMA CORONA
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Victor Ávalos Limón, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social...
¿No se encuentra? Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre el primer aniversario del asesinato de Norma Corona.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señora Presidenta; compañeros diputados: Me parece que la importancia del punto es tal que me siento con la autoridad para rogarles su amable atención, a efecto que podamos desahogar el punto del orden del día. Y le pediría además a la Presidencia que si es tan amable y nos ayuda a solicitar orden, porque veo aquí dificultades para iniciar mi intervención.
La Presidenta: - Con todo gusto. Esta Presidencia ruega a la asamblea guardar orden y atender al orador.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Señores diputados: Hace ya un año que como conocemos, fue asesinada de una manera brutal, cobarde e infame, la doctora Norma Corona Zapién, quien hizo historia no sólo en Sinaloa sino en todo el país, en la lucha infatigable por los derechos humanos.
Creo que los diputados de esta legislatura que hemos demostrado atención y preocupación por la preservancia de nuestras garantías constitucionales y los derechos humanos en nuestro país, no podemos menos que recordar ese hecho y establecer un acuerdo que me parece es a lo menos que estamos comprometidos como legislatura en este caso.
Me voy permitir darle lectura a dicha propuesta de punto de acuerdo, suscrita por todos los grupos parlamentarios y firmada por los diputados federales del estado de Sinaloa.
Señora Presidenta, insistiría en que los compañeros que no están atendiendo la reunión, desalojen la sala, atiendan sus asuntos particulares fuera de la sala, porque si bien, ellos tiene derecho a atender sus asuntos
particulares, yo tengo derecho a que exista atención en esta sala con las personas, además que también están interesadas. se lo solicito amablemente, señora Presidenta de esta Cámara.
La Presidenta: - Se solicita a los señores diputados pasen a ocupar sus curules, guarden respeto y atención al orador.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa:
"Honorable Cámara de Diputados.
PUNTO DE ACUERDO
A un año del cobarde asesinato de la doctora Norma Corona Zapién, queremos evocar su memoria. Infatigable, luchadora por el respeto a los derechos humanos; universitaria destacada en la docencia y en la investigación. Abogada distinguida, dejó huella no sólo en su tierra natal, sino en muchos otros lugares. Por ello, a un año de su muerte, expresamos nuestra más profunda preocupación porque los asesinos intelectuales aún no han sido identificados.
Esta soberanía se muestra interesada porque la justicia en este caso actúe con la efectividad y rapidez que demanda el pueblo de México.
En consecuencia, esta Cámara de Diputados solicita a las autoridades correspondientes se agilicen las investigaciones a efecto de que se proceda legalmente en contra de quienes resulten responsables.
Diputados: Martín Gavica Garduño, Eduwiges Vega Padilla, Pablo Moreno Cota, Ramón Alejo Valdez, Benito Juárez Camacho, David Miranda Valdez, Juan Rodolfo López Monroy, Gregorio Urías Germán, José Antonio Ríos Rojo, Enrique Rojas Bernal, Rigoberto López Alarid, Rafael Núñez Pellegrín y Juan Nicasio Guerra Ochoa."
Solicito a la Presidencia ponga a consideración del pleno, esta propuesta de punto de acuerdo que han presentado por mi conducto los diputados federales de Sinaloa. Gracias.
La Presidenta: - De conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ¿algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro y en contra?
En pro de la proposición ha solicitado el uso de la palabra la diputada Leonor Sarre de Guerrero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Para hablar sobre este tema tiene la palabra la diputada Sarre de Guerrero.
La diputada María Leonor Sarre de Guerrero: - Señora Presidenta, compañeras; compañeros: Vengo a esta tribuna a hacer un reconocimiento a la vida de una mujer de su tiempo y de su hora: la doctora Norma Corona Zapién, a un año de su muerte.
Norma Corona, doctora en derecho penal en la Universidad de Turín, Italia, fundadora y presidenta de Comité de Derechos Humanos en Sinaloa; con 17 años como catedrática de la Universidad de Sinaloa, asesora de la rectoría, directora de intercambio académico, además presidenta del Colegio de Abogados "Clemente Vizcarra" en Culiacán, demostró con sus obras ser una auténtica líder social que dedicó más de 22 años de su vida a la lucha por los derechos humanos y garantías individuales.
Fue la de ella una voz de denuncia, de protesta y de propuesta. Con gran sentido humanista participó en la lucha contra los abusos de autoridad y la tortura y en la defensa de los derechos humanos, hasta el grado de ser la principal promotora del consejo estatal de lucha contra la violencia, y como ironía cayó víctima de esa misma violencia que combatió, a manos de cuatro individuos que aún permanecen impunes, gracias también a la impunidad del Procurador General de Justicia, Enrique Alvarez del Castillo.
El asesinato de Norma Corona no fue el primero que se dio en Sinaloa, esto fue el punto que derramó el vaso para que a 15 días de su muerte se fundara la Comisión Nacional de los Derechos humanos a nivel República.
Norma Corona había sucedido en el cargo a Jesús Michel Jacobo, que también había sido asesinado en 1987. Norma Corona había estado luchando por la defensa de personas que habían sido detenidas arbitrariamente por personas que habían sido torturadas igualmente de una manera arbitraria; por personas que habían desaparecido y nadie daba cuenta de ellas.
El asesinado de Norma Corona siguió a los asesinatos, como decía, de Jesús Michel Jacobo, del licenciado Jesús Guemez Castro, cuatro venezolanos, tres de ellos estudiantes de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, un catedrático de la misma, del periodista Manuel Burgueño Orduño y seis estudiantes de la misma Universidad Autónoma de Sinaloa, que también murieron acribillados.
Todos ellos tenían algo en común, que era la lucha por la defensa de los derechos humanos.
Los hechos que se denunciaron en su tiempo, desmienten las intenciones de encauzar las instituciones por las vías de la "modernidad" y del funcionamiento de un auténtico estado de derecho.
La doctora Norma Corona recibió cuatro balazos a manos de cuatro individuos, además de golpes en la cabeza. Yo me pregunto si a una persona, mujer, menudita se necesitaban cuatro individuos para callarle su voz. Al mismo tiempo , lanzo esta pregunta a la asamblea: Si nosotros no levantamos la voz para exigir que se aclare el asesinato de Norma Corona, ¿quién la va a levantar por nosotros cuando a nosotros nos llegue la hora?
Premonitoriamente Norma Corona dijo ante el cadáver de Jesús Gómez Castro: "Compañero, ahora vinieron por ti, mañana vendrán por mí".
Fue cierto solamente la conclusión de esto es la pregunta que lanza el rector ante el féretro ahora de Norma Corona: "Nos han matado los gatilleros a suelo, sin embargo, resultaremos muertos o castrados si nosotros no levantamos la voz para reclamar con dignidad por esta muerte".
De hecho, como decía Norma Corona, no tenía más antecedentes que su lucha por los derechos humanos, su lucha en contra de la violencia; irónicamente ocho días antes de su muerte, se aprobó en el congreso estatal la ley que penalizaba la tortura y que ella había metido seis meses antes. Fue como una especie de homenaje casi póstumo y pudo llevarse ella esa satisfacción.
Sin embargo, una cosa es la letra y otra cosa es la realidad. ¿Hasta dónde, compañeros, en México existe un verdadero estado de derecho? ¿Hasta dónde existe un verdadero estado de justicia?
El derecho a la vida es un derecho natural, un derecho individual, pero la seguridad de nuestra vida es un derecho social que compete al Estado asegurarla, compete al Estado el dar confianza al ciudadano de transitar libremente.
Norma Corona fue asesinada cuando salía de impartir cátedra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, donde fue maestra durante 17 años y ciertamente solamente su vida es la que nos puede dejar a nosotros un ejemplo para seguir adelante con su labor.
La formación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como les decía, fue la gota que derramó el vaso, la fundación de esta comisión, el asesinato de Norma Corona.
Pero todo esto viene siendo una especie de botón de muestra de la inseguridad que vive la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque existe una impunidad por parte de la Policía Judicial Federal, que ni siquiera se somete al Ministerio Público. Existe una impunidad de parte de los procuradores de justicia estatales, y principalmente del nacional.
Que no nos vengan ahora con el cuento de que va a haber un enroque como lo hicieron con Coello Trejo. ¿Por qué? Porque a Coello Trejo se le impugnó, se le acusó, se le pidió juicio político y desafuero, por el hecho de los asesinatos y violaciones de varias mujeres aquí en México. Y, sin embargo, al señor lo único que hace con él es cambiarlo a la Procuraduría Federal del Consumidor; creen que ahí hace menos daño, creen que con eso se acaba la culpabilidad, creen que con eso se acaba la responsabilidad, y no es así. Tampoco se acabará la de Enrique Alvarez del Castillo si se va a Banobras, lo sustituye Morales Lechuga o a quien venga.
La petición que hace el Partido de la Revolución Democrática de juicio político y desafuero para este señor, es totalmente cierta. Su responsabilidad no termina porque el señor lo vayan a enrocar a otro puesto.
El Partido Acción Nacional secundará esta moción, presentando también nosotros una petición de desafuero de Enrique Alvarez del Castillo y un juicio político para el citado "Procurador", a quien es triste decir que lo protege el licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente de los priístas, con una reunión de procuración de justicia, en Los Pinos, en donde dice textualmente: "El legado de Alvarez del Castillo, es el legado del servidor comprometido con el derecho", es una ironía una burla, una bofetada al pueblo, leal, honesto, firme y decidido; sí, decidido a seguir una línea determinada hacia sus intereses personales.
Por eso mismo reiteramos nuestra petición de desafuero del licenciado Alvarez del Castillo y juicio político contra él. (Aplausos.)
Presidencia del diputado
Benigno Gil de los Santos
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado López Alarid.
El diputado Pedro Rigoberto López Alarid: - Señor Presidente; honorable asamblea: A una distancia de un año del asesinato de la doctora Norma Alicia Corona Zapién, ocurrido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el caso no ha sido resuelto y existen serias dudas respecto a las investigaciones realizadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Lo cierto es que las autoridades judiciales que atienden este caso, se encuentran confundidas y han guardado un silencio sospechoso que nos hace pensar que no hay voluntad de llevarlo a una conclusión que satisfaga a la opinión pública, dentro de los principios de la legalidad que dicho caso requiere.
A la fecha, las autoridades judiciales del estado no han podido encontrar a todos los responsables de este alevoso crimen que ha conmocionado a la sociedad sinaloense y a la nación entera.
La Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, ha dado a conocer dos versiones sobre ese caso, en las que no hay coincidencias en los hechos ni en los nombres de los verdaderos autores materiales y presuntos intelectuales del homicidio de la estimada jurista sinaloense.
Quien dedicó una gran parte de su actividad profesional a la defensa de los derechos humanos, especialmente a los desprotegidos por su miserable situación económica. Conviene recordar en esta ocasión, que la doctora Corona Zapién, cuando fue arteramente asesinada, desempeñaba el cargo de presidenta de la Comisión Estatal para la Defensa de los Derechos Humanos, en Sinaloa, presidenta del Colegio de Abogados "Clemente Vizcarra", de Culiacán y catedrática de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en cuya institución ocupó el puesto de directora del Plan de Intercambios Académicos. Ahí se ha distinguido siempre por su brillante labor desarrollada en todos los cargos que desempeño.
La doctora Corona Zapién luchó incansablemente en contra de la tortura y como consecuencia de su empeño, ella elaboró una iniciativa de ley para que se certificara en el Código Penal del estado de Sinaloa la figura jurídica delictiva de la tortura. Esta iniciativa fue enviada a nombre del Colegio de Abogados Clemente Vizcarra, presidido por ella, el honorable Congreso del Estado. de Sinaloa para su debida discusión y aprobación, habiéndose aprobado la modificación propuesta por unanimidad y publicado el decreto correspondiente en el periódico oficial del estado de Sinaloa días antes de su muerte.
Es necesario destacar que el asesinato de la doctora Corona Zapién fue factor determinante para que se constituyera la Comisión Nacional de Derechos Humanos,que preside actualmente el señor doctor Jorge Carpizo, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entre los primeros casos que tuvo necesidad de atender, con urgencia, fue el relativo al asesinato de la distinguida jurista sinaloense antes citada, considerada como una valiente luchadora social que se siempre dedicó a la defensa de los derechos humanos.
Son tantos los méritos de la doctora Corona Zapién, que sería imposible sintetizarlos dentro de unas cuantas líneas y sólo me concreto a decir que esta mujer es digna de que se le reserve un lugar destacado en la historia de Sinaloa, por su lucha en pro de los derechos humanos.
A nombre del pueblo de Sinaloa pido a este pleno que exija a las autoridades competentes del estado, que aceleren las investigaciones en torno al probable homicidio de la doctora Corona, a efecto de que se proceda en contra de los verdaderos responsables y se les dé el castigo que se merecen.
Al exigir justicia y demandar castigo para sus asesinos, no sería suficiente si las autoridades no fueran capaces de esclarecer este crimen.
Hoy que conmemoramos la desaparición de Norma Alicia Corona Zapién, vienen a mi mente recuerdos imperecederos acerca de su relevante personalidad, cuya obra trascendió los linderos de su estado, ya que su labor fue conocida y apreciada en toda la República y aún en el extranjero.
Mujer extraordinaria de una gran categoría moral; presagiada profesionista en el campo del derecho y generosa defensora de los olvidados de la justicia, Norma Corona pasa a la historia como una heroína civil, que murió por defender los derechos humanos.
Por la sensible pérdida de Norma Corona Zapién y por tantos luchadores sociales que han
caído víctimas de la violencia en todo el país, por nosotros mismos, por la dignidad de un pueblo que ansía vivir en paz, exigimos justicia, sólo justicia, que es lo que en este momento está pidiendo también todo el pueblo de Sinaloa. Muchas gracias.
El Presidente: - Sobre el mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra el diputado Martín Gavica Garduño. Tiene la palabra, señor diputado.
El diputado Martín Gavica Garduño: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: La fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, representantes del estado de Sinaloa, apoyamos y firmamos el punto de acuerdo sobre las aclaraciones de la investigación que se hace sobre el asesinato de Norma Corona.
Estamos a favor y yo solicito al señor Presidente gire instrucciones al señor secretario para que vuelva a leerlo aquí ante ustedes.
El Presidente: - Proceda la secretaría a leer el punto de acuerdo, propuesto por el diputado Juan Guerra.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Señor Presidente: El señor diputado fue a recoger firmas del punto de acuerdo que está presentando.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - "En consecuencia, esta Cámara de Diputados solicita a la autoridades correspondientes se agilicen las investigaciones a efecto de que se proceda legalmente en contra de quienes resulten responsables".
Firmas del diputado Martín Gavica Garduño, diputada Eduwiges Vega Padilla, diputado Pablo Moreno Cota, diputado Benito Juárez Camacho, diputado Rigoberto López Alarid, diputado Ramón Alejo Valdez, diputado David Miranda Valdez, diputado Juan Rodolfo López Monroy, diputado Gregorio Urías Germán, diputado José Antonio Ríos Rojo, diputado Enrique Rojas Bernal, diputado Rafael Núñez Pellegrín y diputado Juan Guerra Ochoa.
El diputado Martín Gavica Garduño: - Muchas gracias, señor Presidente, por lo que solicito se someta a votación el punto de acuerdo que hemos firmado los diputados.
Presidencia de la diputada
María Claudia Esqueda Llanes
La Presidenta: - Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea en votación económica si se aprueba el punto de acuerdo propuesto.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pone a votación el siguiente punto de acuerdo, que consiste en lo siguiente: "Esta Cámara de Diputados solicita a las autoridades correspondientes se agilicen las investigaciones a efecto de que se proceda legalmente en contra de quienes resulten responsables".
Los que estén a favor del punto de acuerdo, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...Aprobado, señorita Presidenta.
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición sobre los hechos suscitados en el penal de Matamoros, Tamaulipas.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Con permiso de la presidencia. La paz social y la estabilidad del país volvió de nuevo a tener requiebros ante los acontecimientos sangrientos que se presentaron en el estado de Tamaulipas.
Un centro de rehabilitación social, un penal, vuelve a ser cuna de acontecimientos tan graves, no es novedad, porque en otras ocasiones, en otros penales y en otros estados, ha sucedido lo mismo, Nuevo León, y mi estado natal, no ha escapado a esa grave problemática de los penales y hace algunos años, precisamente ante la existencia de bandas que llegaron a tomar casi hasta la administración del centro penitenciario hubo muertes, hubo venganzas y llegó inclusive a verse acontecimientos tan sangrientos como el que en esta ocasión salieron a los medios de difusión, que llegó inclusive a originar a que se llevaran y constituyeran redadas de personal, o de personas que estaban recluidas y se llevaran a las Islas Marías.
En relación con estos hechos sucedidos en el Cerezo, todo mundo tuvo conocimiento en virtud de la difusión que se dio y bajo esta situación esperamos ya no vuelva a presentarse; nuestro grupo parlamentario con invitación de otros grupos, presenta a este pleno un punto de acuerdo en la forma siguiente:
"Ante los graves acontecimientos sucedidos en la masacre del viernes pasado en el Centro de
Readaptación Social en Matamoros, Tamaulipas, El Cerezo, que presume el inicio de una feroz guerra entre dos bandas internacionales de narcotraficantes, por lo que se teme desate una ola más de asesinatos y de cuyos sucesos resultaron 18 personas fallecidas y más de 30 heridas por los sanguinarios métodos utilizados. Todo esto con motivo de la corrupción de la autoridades de dichos centros de readaptación y de otras coludidas, que propiciaron el tráfico de estupefacientes, prostitución y armas, sin atentar contra el respeto que nos debe la soberanía estatal, pero al estar involucrados reos y haberse producido ilícitos de competencia federal y al estimar se ha roto y puesto en entredicho el orden constitucional, se propone el siguiente.
"PUNTO DE ACUERDO
Formación de una Comisión Pluripartidista de la Cámara de Diputados que se traslade ante las autoridades de Tamaulipas y obtenga toda la información necesaria sobre los sangrientos hechos ocurridos en el Centro de Readaptación Social en Matamoros; así como conocer de la presunta responsabilidad en la que incurrieron las autoridades y todos los demás que se requiera, sugiriéndoles, entre otros puntos para conocer, los siguientes:
Primero. ¿Qué autoridades auspiciaron la formación y crecimiento de dos bandas de delincuentes que llegaron a manejar a su antojo dicho centro de reclusión?
Segundo. ¿Por qué razón no llegó a detectarse por las autoridades responsables lo que se estaba preparando para que se hubieran prevenido los fallecimientos tan sanguinarios que se sucedieron?
Tercero. ¿Por qué era desconocido por las autoridades del penal la declarada existencia del tráfico de estupefacientes, prostitución y armas de alto poder entre los internos? y,
Cuarto. ¿Hasta qué niveles existe la contaminación de corrupción en Tamaulipas, entre autoridades de todo género que llegó a propiciar esa batalla gansteril como en el viejo Chicago, donde aparecieron los métodos más refinados de destrucción y armas de alto poder?
Por lo anterior expuesto, solicitamos se turne dicho Punto de Acuerdo a la Comisión de Justicia para que proceda de inmediato a la formación de la Comisión Plural indicada, que se avoque a la encomienda señalada y una vez realizada dicha investigación se presente la misma ante el Pleno de esta Cámara para que resuelva en definitiva ésta.
Respetuosamente.
Sala de sesiones, a 21 de mayo de 1991. - Por los grupos parlamentarios de los partidos políticos en la Cámara de Diputados, por el Partido de la Revolución Democrática, Ignacio Castillo Mena; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana Alberto Pérez Fontecha, y por el Partido Acción Nacional, Abel Carlos Vicencio Tovar y un servidor, Leopoldo Homero Salinas."
Por lo tanto pido por favor a la presidencia se le dé el trámite correspondiente de acuerdo con el reglamento en los artículos 58 y 59. (Aplausos.)
La Presidenta: - Como lo citó el señor orador en su propio Punto de Acuerdo, se turna a la Comisión de Justicia, así como a la Comisión de Gestoría y Quejas.
Diputada Sarre, tiene la palabra para hechos por cinco minutos.
La diputada María Leonor Sarre de Guerrero: - Señora Presidenta; señores diputados: Este hecho mencionado por el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, compete al estado de Tamaulipas, no solamente al penal de Matamoros.
En el estado de Tamaulipas existe un estado también de impunidad, de autogobierno por parte de los presos en los centros de readaptación social en el estado, prueba de ello son los motines habidos en el penal de Ciudad Victoria, en el de Tampico, en el de Reynosa, en el de Matamoros y un conato de motín nuevamente en el penal de Ciudad Victoria, éste está ahorita en manos de los presos, en manos de los internos, y su servidora, en su calidad de diputada federal y desde antes de serlo, visitaba los penales precisamente en la lucha por la defensa de las personas marginadas en México. Creo que en este país no hay más marginados que los presos políticos, las etnias y las clases económicamente más desfavorecidas.
En este caso de la matanza del penal de Matamoros, se debe a la falta de autoridad del director de los centros de readaptación social en el estado, Tito Reséndiz Treviño, del cual Acción Nacional, por conducto de la de la voz, ha pedido, ha solicitado al gobernador Américo Villarreal Guerra su destitución por no cumplir
con los requisitos que marca la Ley estatal de Prevención y Readaptación Social en su artículo 10, el cual le voy a pedir a la señora Presidenta que solicite a la secretaría su lectura, ya que no reúne los requisitos para ser director de los centros de readaptación social de estado.
La Presidenta: - Adelante la secretaría.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:
"Articulo 10. Los servidores públicos a que se refieren las fracciones I a la IV del artículo anterior, deberán ser mexicanos, mayores de 27 años de edad, preferentemente casados, licenciados en derecho con título debidamente inscrito ante las autoridades competentes, contar con estudios y experiencia sobre derecho penitenciario y régimen tutelar para menores; en los respectivos casos, tener buena conducta y no haber sido condenados con sentencia firme por delito intencional.
El personal a que se refiere la fracción VI del artículo anterior, deberá reunir los requisitos que preceden, con excepción de la edad, que podrán ser mayores de 24 años".
La diputada María Leonor Sarre de Guerrero: - Como se ve, Tito Reséndiz Treviño no reúne el principal requisito, que es el de ser licenciado en derecho, de hecho, no creo que sea licenciado en nada, pero en un momento dado, esta solicitud de acatamiento a la ley estatal de Tamaulipas por parte del gobernador ha sido desechada y solamente se reitera, por parte de la voz esta misma petición, esta misma exigencia de la destitución del licenciado Tito Reséndiz, por demostrar, además, su falta de autoridad sobre los penales en el estado de Tamaulipas. La muestra de ellos es donde están la sede de los poderes, esta matanza de 16 muertos y seis heridos graves, precisamente por el autogobierno que existe, carece de cero experiencia penitenciaria y por lo mismo se reitera la solicitud de retiro de esta persona. (Aplausos.)
SOLICITUD DE EXCITATIVA
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Luis Gambino Heredia, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer una petición de excitativa a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, de Relaciones Exteriores, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria.
El diputado Luis Gambino Heredia: - Con su permiso, señorita Presidenta: Vengo por segunda ocasión a presentar esta excitativa, insistiendo en que sean estudiadas las iniciativas que ha presentado la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mismas que son como sigue:
1o. El 3 de octubre de 1988 se presentó iniciativa proponiendo reformas al artículo 27 constitucional, misma que fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
2o. Iniciativa entregada a la Comisión de Asentamientos Humanos el día 3 de febrero de 1989, que existe en la Comisión del mismo nombre.
3o. Iniciativa presentada el 5 de octubre de 1988, relacionada con las siglas del Archipiélago del Norte, ubicadas en la alta California, turnada a la Comisión de Relaciones Exteriores.
4o. Iniciativa presentada directamente a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, relacionada a los desiertos de Sonora y Baja California, del día 22 de septiembre de 1988.
5o. El 20 de septiembre de 1989 presentamos iniciativa de ley directamente a la Comisión de Reforma Agraria proponiendo modificaciones a 25 artículos de la Ley Federal de Reforma Agraria.
6o. El día 6 de diciembre de 1989 presentamos iniciativa de Ley proponiendo la modificación a cinco artículos de la Constitución General de la República, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
7o. El día 11 de diciembre de 1989 presentamos iniciativa con relación a la deuda externa, turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hasta el momento, estas iniciativas siguen archivadas en su respectivas comisiones sin dárseles tramitación ni estudio alguno.
Estamos sumamente de acuerdo en que se debe de dar prioridad a las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, pero en forma secundaria deben estudiarse las presentadas por ambas fracciones parlamentarias para que el pueblo sepa que venimos a legislar y no únicamente a levantar el dedo apoyando las iniciativas que presenta el jefe del Ejecutivo Federal. (Aplausos.)
Pido al Presidente de esta Cámara de Diputados que en atención a lo que establece el artículo
21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, haga una excitativa a las comisiones que ya mencioné para que presenten los estudios de las mismas en este período de sesiones.
Atentamente.
Diputado Luis Gambino Heredia.
La Presidenta: - Como lo solicita y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a la comisiones correspondientes.
Tiene la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre el mismo tema.
¿No se encuentra?...
Tiene la palabra el diputado Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática, para hacer una petición de excitativa a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Gobernación y Puntos Constitucionales.
EL diputado Gilberto López y Rivas: - Honorable Cámara de Diputados, con la venia de la señora Presidenta: Con fundamento en los artículos 56,83,87,91,93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar la siguiente petición de excitativa a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la de Asuntos Indígenas.
El 7 de diciembre de 1990 el señor Salinas de Gortari presentó ante esta soberanía, una iniciativa de decreto que adiciona al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con la cual se procuraría reconocer derechos culturales de los pueblos indígenas. Tres días después, el diputado federal Margarito Ruíz Hernández, presentó a su vez una iniciativa de reformas a los artículos 53, 73 y 115 constitucionales, encaminada a la creación de las regiones pluriétnicas y a la integración de una circunscripción plurinominal con dichas regiones.
A esta fecha, de acuerdo con la información de que dispone el Partido de la Revolución Democrática, no se ha convocado a las comisiones competentes para la discusión de iniciativa citadas y a la elaboración de los dictámenes correspondientes.
Es necesario ponderar ante esta tribuna, la enorme trascendencia que revisten ambas iniciativas, en tanto se refieren a una problemática, la de los 56 grupos étnicos que forman parte importante de nuestra conformación nacional, que encierra agudas cuestiones relativas a justicia, igualdad, pluralidad y reconocimiento de derecho histórico de esos grupos largamente olvidados.
Precisamente por ello, nos parece oportuno adelantar aquí algunas reflexiones, en relación con la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, ya que en ella se reiteran las limitaciones de la perspectiva indigenista, que durante décadas ha complicado, en lugar de resolver los problemas seculares de nuestros hermanos indios.
La iniciativa del señor Salinas, a decir de los indigenistas que la promovieron, pasó por un proceso de consulta de la sociedad civil, a través de 136 reuniones con diferentes grupos indígenas y no indígenas, en las que aseguran los voceros oficiales, se reunieron 6 mil cuartillas con opiniones diversas pero en las que, hay que señalarlo, había amplia coincidencia acerca de las necesidad de una reforma constitucional, para sentar las bases de una solución duradera a la problemática indígena, y además, a pesar de los esfuerzos por embellecer apológeticamente la propuesta , el criterio reiterado del que el texto oficial resultaba demasiado limitado para las expectativas y demandas de las organizaciones indígenas, también se hizo sentir.
Cabe advertir que tanto en la elaboración de la propuesta como en la propia consulta, los grandes ausentes fueron, paradójicamente, las organizaciones independientes de los pueblos indios. Incluso la famosa Comisión de Justicia para los Pueblos Indios, no incluye a ningún indígena de organizaciones independientes o incluso las del partido oficial.
Lo que resulta asombroso e inexplicable, es que después de esta consulta monumental, según la propaganda oficial, el resultado de la misma se haya materializado en una versión que no sólo arrastra los vicios de la propuesta inicial, sino que a éstos, el texto de Ejecutivo presentado el 7 de diciembre, incorpora otros de su propia cosecha.
En efecto, la versión que presentó a este Congreso el Poder Ejecutivo, por ejemplo, se limita
a tomar en cuenta las prácticas y costumbres jurídicas de los indígenas, solamente en los juicios y procedimientos agrarios, cuando es de todos conocido que estas prácticas y costumbres permanecen toda la sociedad india. Además, los asesores indigenistas suponen que por definición ser indio es ser campesino. Habrá que preguntarles a los "hueva" y "seris" de las costas, a los indios de las ciudades o a los indígenas jornaleros agrícolas, en dónde quedarían a salvo sus derechos en cuanto a procedimientos y juicios penales o de otra índole, en los que eventualmente sean parte.
Cabe señalar, asimismo, que la propuesta del señor Salinas se caracteriza por lo estrecho de su visión en torno a la problemática étnica nacional de nuestro país. El alcance de la perspectiva oficial no va más allá que la de conocer vagamente los llamados derechos culturales, dejando a un lado los fundamentos, derechos económicos, sociales y políticos de los pueblos indios, que son precisamente los que en reiteradas ocasiones las organizaciones y comunidades étnicas han venido reivindicando.
Los autores de la iniciativa comentada parecen partir del supuesto de que esos derechos socioeconómicos y políticos ya están sobradamente contemplados en nuestra Carta Magna en tanto ciudadanos mexicanos. Esta es la interpretación típica del liberalismo estrecho y egocéntrico, que confunde el reconocimiento de la igualdad formal e individual con los fundamentos de una igualdad real y al mismo tiempo contemple los vitales derechos colectivos de las etnias, tal y como dicho sea de paso se comienza a hacer en los instrumentos e impactos internacionales.
El discurso y la propuesta salinista sobre los derechos de los pueblos indios están restringidos, además, por la propia connotación de cultura, noción en torno a la cual han corrido mares de tinta entre los antropólogos, sin que todavía haya acuerdos que satisfagan a las partes.
Pero aún así nos preguntamos: ¿es posible separar el concepto de cultura de la tierra de la ficción territorial, el autogobierno, el control y uso de los recursos naturales, el derecho a decidir sobre la vida y el futuro? Es esta restricción la que explica el por qué el indigenismo oficial nos remite únicamente y exclusivamente al artículo 4o., constitucional y se resiste a tocar otros artículos constitucionales que atañen a la vida y a la sobreviviencia misma de las comunidades indias.
En todo caso nos preguntamos: ¿cómo es posible que aún a estas alturas de la vida de esta legislatura no se hayan reunido a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Asuntos Indígenas para elaborar los dictámenes sobre las propuestas presentadas en diciembre pasado?
Este retraso, aparentemente involuntario, implica la existencia de obvios problemas de fondo. Nos preocupa principalmente la indiferencia de la mayoría de los miembros de esta honorable Cámara, no solamente por este asunto sino por otros muchos más de importancia trascendental para el país, frente a 15 millones de mexicanos que han estado históricamente sujetos a una feroz explotación económica y manipulación política por parte de los gobiernos priístas, así como la permanente opresión étnica que cumplirá próximamente el medio milenio y que eufemísticamente le llaman el encuentro de los dos mundos.
Hay que llamar a las cosas por su nombre, Esta omisión exhibe una práctica discriminatoria que muestra el lugar secundario que para los poderes de este país ocupan los pueblos indios. Ciertamente que han sido importantes algunos de los debates que se han dado en este recinto sobre otros temas. Con todo, cabe interrogarse una vez más: ¿cómo es posible que durante la LIV Legislatura la Comisión de Asuntos Indígenas se haya reunido tan sólo tres veces y de manera informal?
Señora Presidenta, con fundamento en los artículos señalados, demandamos que con urgencia se dé el trámite correspondiente a las iniciativas mencionadas para que lo antes posible sean presentadas al pleno para su discusión y exhortamos, desde ya, a los diputados, a realizar un profundo debate y un análisis serio, como lo demandan los pueblos indios de nuestro país.
Esa excitativa la presentamos el compañero diputado federal Margarito Ruíz y un servidor Gilberto López y Rivas.
La Presidenta: - Como lo solicita el orador y de conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se excita a las comisiones correspondientes.
Tiene el uso de la palabra el diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán, del grupo parlamentario
del Partido Acción Nacional, para hacer una petición de excitativa.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados: En agosto 29 de 1990, siendo miembro de la Comisión Permanente en unión de otros diputados del grupo parlamentario, se propuso ante el pleno solicitud de información de la Presidencia de la Gran Comisión sobre el asunto de casas habitación al personal de la Cámara, apuntando en aquella ocasión, entre otros conceptos los siguientes: "El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue destinado para enmarcar todo lo relativo a la materia laboral, y en él están consideradas prestaciones mínimas, señalamientos básicos, para el cumplimiento de la relación derechos y obligaciones, tanto para los trabajadores como patrones, regulaciones en materia de higiene y seguridad social, capacitación, adiestramiento y otras de vital importancia para una perfecta coordinación de los factores de la producción.
Derivado de dicho artículo, hasta 1931 se expide la Ley Federal del Trabajo como reglamentaria de aquél, para regir a todos los trabajadores, menos la burocracia y en relación con éstos, son regulados por un estatuto jurídico, y es hasta diciembre de 1960 cuando se hace la configuración del apartado B, con sus fracciones e incisos que la regulan.
Dentro de los señalamientos que enmarcó desde 1917 el artículo 123 constitucional, está el relativo a proporcionar por lo patrones casas habitación para sus trabajadores, lo cuál está actualmente plasmado en la fracción XII del apartado A, y apesar de que muchas empresas se adelantaron en el otorgamiento de esta prestación, fue hasta 1972 cuando se emite la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los trabajadores, de lo cual será prudente dejar para otra ocasión si se ha cumplido con sus objetivos por dicho instituto, y en lo relativo a esta prestación para los servidores públicos, en la reforma de diciembre de 1960, al instituirse el apartado B, se incluye en la fracción XI, inciso f, la obligación para el Estado de proporcionar a los trabajadores habitaciones baratas en arrendamiento o en venta, conforme a los programas fríamente aprobados.
Conforme a este punto tan relevante como es el de casas habitación, de acuerdo con el programa desarrollado por el fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares, ésta propone a la Cámara de Diputados como la institución prevista por dicho fondo, para que cumpliendo con su objeto social se iniciaran en el plan para los preparativos de que la Cámara de Diputados proporcione esta prestación a sus trabajadores, máxime que esto nunca se ha otorgado y sería la primera legislatura que lo hiciere."
Por tal motivo, la Presidencia de la Gran Comisión, el diputado licenciado Guillermo Jiménez Morales, ahora removido, dio las instrucciones necesarias en agosto de 1989, para que la Oficialía Mayor procediera con el programa Fondo Nacional de Habitaciones Populares a formular los pasos iniciales. Para tal efecto, se formuló convocatoria que dio un número de candidatos iniciales que posteriormente hacen un número considerable de 450 del personal de esta Cámara. Por tal razón, el 18 de octubre de 1989 se tuvo una asamblea constituida por representantes de funcionarios de la Cámara de Diputados, de Fondo Nacional de Habitaciones Populares y, con un grupo de trabajadores y empleados, para formalizar la entrega de documentación sobre los planes de crédito habitacional, a través del fideicomiso FIDEICASA; asimismo formalizar la integración de un comité técnico propuesto por ocho propietarios y ocho suplentes, como representantes de los trabajadores.
Se dieron las explicaciones por los representantes del Fondo Nacional de Habitaciones Populares y quedó abierto el trámite para dicho plan. Posteriormente, se formalizó ante la Notaría Pública número uno de esta capital, la constitución de la Asociación Conjunto Habitacional "Solidaridad" LIV Legislatura, A. C.
Hasta ahí la transcripción del escrito al que me refiero.
De agosto de 1989 a la fecha, han transcurrido 22 largos meses, y el problema de casas habitación al personal de esta Cámara, ni siquiera ha formalizado adquisición de inmueble alguno, a pesar de las innumerables propuestas ofrecidas por los integrantes del Comité Técnico y del Consejo Ejecutivo de la Asociación Civil formada.
Muchas de las actividades han sido entorpecidas por quien fue designado por la Oficialía Mayor como responsable de este programa habitacional, el licenciado Humberto Gutiérrez Manzano, quien ha llegado a jactarse de que por sus fueros este plan parará en el fracaso, y tal parece que está cerca de su objetivo al
faltar cinco meses y 10 días para que termine esta legislatura.
Sería muy lamentable que los hacedores de las leyes no cumplamos con lo que norma la Constitución, en beneficio de los servidores públicos y sus familias, el que disfruten de una vivienda digna y propia, sólo por la abulia, obstrucción, abandono, desatención, irresponsabilidad y poca seriedad de funcionarios menores.
Deseo advertir que solicité información a la Oficialía Mayor del estado del avance que guarda el programa habitacional citado, y en marzo 14 de año actual, se me indicó por escrito:
"Se procede por ahora a la actualización de los expedientes de cada uno de los asociados, debiendo firmarse el contrato de promesa de compra - venta, una vez que se integre el expediente que habrá de enviarse a la dirección general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para su valoración en reunión del consejo técnico."
Esto, por indagatoria realizada con personal de esta Cámara, la realidad es que el programa no ha avanzado absolutamente nada; el plan está congelado y no hay nada en concreto, siendo muy grave se surta información falsa a los diputados, a los servidores públicos, y se controle que los medios de difusión no publiquen noticia alguna al respecto.
Ojalá que la remoción de la Presidencia de la Gran Comisión no sea fatal para que esta prestación, que constitucionalmente les corresponda a los servidores públicos de esta Cámara, acordada desde agosto de 1989, no se cancele por esta histórica legislatura plural.
Sobre el asunto planteado en la Comisión Permanente, se acordó su envió a la Presidencia de la Gran Comisión de esta Cámara, y en cuyo petitorio se reclamó "que esta Comisión Permanente pida información al diputado Guillermo Jiménez Morales, Presidente de la Gran Comisión de la Cámara de Diputados, sobre el estado que guarda la encomienda formulada, mediante su acuerdo de agosto de 1989, para el cumplimiento de otorgar casas a los trabajadores de la Cámara de Diputados, en relación con las anomalías expuestas, y que una vez recibida la información se participe al pleno de esta comisión, con la excitativa que deberá continuarse con el plan de dotarse de casas habitación a los servidores públicos de la Cámara de Diputados".
Por lo anterior expuesto, de la manera más atenta, concluyo solicitando: Primero. Con fundamento en el artículo 21, fracción 16 del Reglamento Interior, y 31, inciso I, de la Ley Orgánica, pido se excite la Gran Comisión de esta Cámara, por conducto de su actual presidente, para que informe al pleno, del estado que guarda el programa habitacional para los servidores públicos de esta legislatura.
Segundo. Además se indique cuál ha sido el motivo de la tardanza o negligencia para cumplir con dicho programa, según el acuerdo adoptado desde agosto de 1989, si dentro de los presupuestos anuales de la Cámara para 1989, 1990 y 1991, se consignó un renglón reactivo sobre el programa de casas habitación para los servidores públicos de esta Cámara, según el artículo 47, fracción V, de la Ley Orgánica, y
Tercero. Se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de este asunto, con el objeto de que se invite a las mismas al director del fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para que explique cuáles han sido las gestiones que a la fecha hubieren realizado sobre el Programa de Vivienda referido, en relación con los trabajadores de esta Cámara.
Respetuosamente, sala de sesiones, mayo 21 de 1991, un servidor diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán. Gracias.
La Presidenta: -Como lo solicita el orador, se excita a la Gran Comisión para que informe y se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, así como a la Comisión de Seguridad Social.
SOBRE EL PROCURADOR GENERAL
DE LA REPÚBLICA
La Presidenta: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra Ochoa, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al juicio político contra el procurador general de la República.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias; señora Presidenta; señores diputados: Recientemente las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, dictaminaron que el juicio, la demanda de juicio político contra el procurador general de la República, Alvarez del Castillo, era improcedente.
Que diga el Partido Revolucionario Institucional que hace mayoría en esas comisiones, que una demanda de juicio político es improcedente, no constituye ninguna novedad, ninguna sorpresa; por que ha sido exactamente el mismo reiterado argumento para todas las demandas de juicio político que se han presentado ante esta Legislatura.
No hay entonces en la argumentación general, en la resolución, nada que sorprenda, nada que sea novedoso; en el fondo se corrobora la decisión de la mayoría de esta Cámara, a efecto de negar el derecho a los ciudadanos de, no sólo demandar juicio político, si no éste verdaderamente se inicie en la Cámara de Diputados.
Los pretextos que caen en esta definición general que no procede, han sido varios y sería largo enumerarlos. Desde que los elementos de prueba no son suficientes hasta que la demanda no se presentó con todas las de la ley.
En el fondo insisto, se trata de buscar pretextos para no entrarle a una discusión que debería constitucionalmente entrársele aquí en la Cámara de Diputados y sobre todo en las comisiones unidas, cuando se reúnen los elementos de procedencia necesarios para iniciar el juicio político.
Hoy, ante la demanda presentada por el ciudadano Samuel Ignacio del Villar, se aceptaron que muchos requisitos de procedibilidad se cumplan; ni modo de negar que la demanda había sido por escrito y había sido ratificada; ni modo de negar que la demanda era contra un servidor público; ni modo de negar incluso, aunque al principio lo intentaron, la conducta atribuida en este caso en la demanda de Samuel del Villar, estaba señalada dentro del artículo 7o., de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y en la que se refiere a violaciones reiteradas a las garantías individuales. Ni modo de negar todo esto. Pero encontraron una excusa aparentemente formidable: Resultó que en esta argumentación y en este dictamen, los hechos que aporta Samuel del Villar, para iniciar juicio político, y que no son otros que los reiterados avisos y demandas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los brillantes diputados del Partido Revolucionario Institucional, encontraron que esos hechos no se referían a la persona del procurador, porque esos hechos de violaciones a las garantías constitucionales, habían sido cometidos, según con los informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues, por ciudadanos agentes de la Judicial Federal o agentes del Ministerio Público, pero no por la persona de Enrique Alvarez del Castillo.
De esa manera le quitaron responsabilidad de acuerdo a la Ley Orgánica que las tiene la Ley Orgánica de la Procuraduría General, al procurador general de la República. Se le vio entonces no como un servidor público, no como un procurador con responsabilidades a cuyo cargo actúa la Policía Judicial Federal y también los agentes del Ministerio Público, sino como una persona que estaba distante de esos hechos en otras oficinas acá en la ciudad de México mientras que esos hechos ocurrían en el interior de la República o simple y sencillamente en un lugar distante a donde operaba el procurador.
Por lo tanto, aquí la genialidad: el procurador nada tuvo que ver en esos actos, no son imputables esos actos que señala la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la persona del procurador. Y así en esta versión Enrique Alvarez del Castillo dejó de ser procurador y dejó de tener responsabilidades, porque la demanda de juicio político no la hemos entablado contra una persona al margen de sus responsabilidades concretas, que ocupa el cargo de Procurador General de la República, sino en función de esas mismas responsabilidades, que no es otra cosa que lo que establece el artículo 109 de la Constitución, en la demanda de juicio político y en el caso de entablar el mismo
Permítanme, señores diputados, pues, darle lectura a este artículo a efecto de que entremos en materia.
Dice el artículo 109 de la Constitución.
"El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servicios públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidades de conformidad con las siguientes prevenciones.
1o. Se impondrá mediante juicio político las sanciones indicadas en el artículo 110 de la Constitución, a los servidores públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en "perjuicio de los intereses
públicos y fundamentales de su buen despacho..."
Es claro en este párrafo que la demanda de juicio político procede contra los funcionarios cuando en el ejercicio de sus responsabilidades, incurran en actos u omisiones que afecten el buen despacho de sus funciones.
La demanda, entonces, sustentada como elemento de prueba en todas las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha girado al procurador, se basa en las responsabilidades que éste tiene al frente a la Policía Judicial Federal y de frente también a las agencias del Ministerio Público. Se le enjuicia como procurador, pero, insisto, los diputados del Partido Revolucionario Institucional le quitaron toda responsabilidad. Entonces no hay que enjuiciarlo como procurador, ni por hecho de que está a su cargo directo la Policía Judicial Federal. Ellos creen que se está enjuiciando como en un delito del orden común a Enrique Alvarez del Castillo, que estaba en lugar distante, que estaba en otra cosa y no donde ocurrían estos hechos o estas omisiones.
No, señores del Partido Revolucionario Institucional, insistimos que el juicio político es contra el procurador y las responsabilidades que como tal tiene; que tiene como responsabilidad la procuración de la justicia pronta y expedita; que a su cargo actúa (él es el jefe máximo en este caso) la Policía Judicial Federal.
Y nosotros desconocemos incluso si aun no estando en los hechos, en el momento de los hechos concretos, el procurador, él dio las órdenes en muchos casos de hechos de violaciones a los derechos humanos, documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo desconocemos. Y lo procedente era, con estos elementos, entrar a investigar, evidentemente. Pero aquí el Partido Revolucionario Institucional se negó a investigar. El Partido Revolucionario Institucional le leyó el pensamiento al procurador y dijo: "Nunca mandó esas cosas; nunca dio órdenes para esas cosas; nunca le permitió actuar así a la Policía Judicial Federal y le hicieron de todo, evidentemente para exculpar al procurador.
Y el hecho concreto hoy lo vemos, al parecer es un rumor, se confirmará hoy o no; el procurador probablemente salga de sus funciones. Habría, como alguien ha comentado, pues que exculparlo, lavarle la imagen; si lo mueven sin duda es porque es ineficiente y no está cumpliendo, pero hay que dejar una imagen que no aproveche la oposición; es ineficiente, habrá qué moverlo, pero no hay qué darles triunfos a la oposición y particularmente al Partido de la Revolución Democrática, quien más ha insistido en este caso y ha demandado, incluso, su destitución, como ha demandado ahora esto de juicio político.
Habría entonces que moverlo, buscarle otra colocación y cuidarle también las espaldas por lo que pueda ocurrir. Realmente estos actos que no tienen ninguna explicación de orden lógico, político, más que dentro de un exacerbado presidencialismo y una actitud sumisa de los diputados, no se entenderían verdaderamente de otra manera.
Finalmente, al parecer, se les castiga, se le mueve, pero finalmente hay que cerrarle el paso a la oposición de que no procede eso de juicio político y hay que colocarlo en otra dependencia para cuidarle las espaldas; como si el sentido común y, no requerimos más, no indicara que si se le mueve es justamente por sus ineficiencias.
Nosotros hemos considerado que se aportaron los elementos de prueba suficientes en este caso, no para determinar si el procurador era culpable o inocente, porque eso no nos correspondía a las comisiones unidas; las comisiones unidas lo único que iban a dictaminar era si procedía iniciar esto del juicio político, el propio desahogo del juicio político, deslindar responsabilidades, aportar pruebas, iba a dar lugar, a decir, en efecto, por si fuera un caso, a lo que se adelantaba el Partido Revolucionario Institucional, él no es responsable, han sido los agentes de la Judicial Federal y del Ministerio Público, él no ha tenido qué ver, ha actuado correctamente, o bien en su caso decir, él está involucrado y por lo tanto se procede. No quisieron llegar a eso, se adelantaron a eso, no es un hecho, hay que aclararlo en esta asamblea, de que iniciar un juicio político es ya declarar si el procurador es culpable o inocente, es sólo saber que hay los requisitos de procedencia, de procedibilidad necesarios, según la Ley de Servidores Públicos, para que se inicie justamente este juicio político y sea su desarrollo el que ponga en claro las cosas, pero aquí nunca le han querido entrar por decisión, evidentemente, de régimen de partido o de Estado, o que detrás está esta situación, no le han querido entrar.
Permítame ahora, como el ciudadano Samuel Ignacio del Villar no tiene voz aquí, leer las opiniones que él vierte en torno a las comisiones unidas; dice así, les rogaría su atención:
"Los motivos que expuso el señor Carlos Salinas de Gortari, para establecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos el 5 de junio de 1990 pasado, y establecido en el decreto de su creación, fueron que el gobierno en México no garantiza la seguridad de los ciudadanos y aquellos extranjeros que se encuentren en su territorio, no respeta ni hace respetar la ley, no ha cumplido con su obligación de preservar el orden, la paz y estabilidad social del país, salvaguardando el pleno ejercicio de las garantías individuales y la vigencia del principio de legalidad, en la ejecución de sus atribuciones de los órganos de gobierno.
No ha dado la atención al más alto nivel...
(Gritos): ¡Tiempo! ¡Bájenlo!
La Presidenta: - Ruego a los diputados orden y atención y, al señor orador, le recuerdo que su tiempo ha terminado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: -Yo rogaría, señora Presidenta, me concediera todo el tiempo necesario, ya que es un documento importante.
(Gritos): ¡No! ¡Bájenlo!
La Presidenta: - Yo le suplicaría, señor diputado, que trate de terminar lo más brevemente posible y que continúe con su exposición.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Voy a solicitar que esto se inscriba, lo del ciudadano Samuel Alvarez del Villar, en el Diario de los Debates.
Y yo creo que si no hay argumentos, pues por lo menos no debería ser esa actitud de sordera y de rechazo a los argumentos para debatir este asunto. Nosotros partimos de una idea y la idea es que en este caso se viola la Constitución. Está claramente tipificado en el artículo 109 en qué casos procede. Está perfectamente, vamos a decirlo, establecido en la Ley de Servidores Públicos y la demanda en un aspecto de juicio político procede contra los funcionarios en ejercicio de su responsabilidad o en la omisión de la misma.
¡Y éste es el carácter de la demanda que hemos entablado! ¡Y quisiéramos argumentos, más que la actitud cerrada y prepotente de un partido que actúa por consigna! Muchas gracias.
"Partido de la Revolución Democrática.- Comité Ejecutivo Nacional. Referencia: Declaración del doctor Samuel Ignacio del Villar Kretchmar, integrante del Comité Ejecutivo Nacional, en relación al dictamen mayoritario de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, de 17 de mayo de 1991, sobre la impunidad del Procurador General de la República, y la ineficacia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los motivos que expuso el señor Carlos Salinas de Gortari para establecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 5 de junio de 1990 pasado, establecidos en el decreto de su creación, fueron que el gobierno en México no "garantiza la seguridad de sus ciudadanos y aquellos extranjeros que se encuentran en su territorio"; no "respeta y hace respetar la ley"; no ha cumplido con su obligación de "preservar el orden, la paz y estabilidad social del país, salvaguardando el pleno ejercicio de las garantías individuales y la vigencia del principio de legalidad en la ejecución de las atribuciones de los órganos de gobierno"; no ha dado "la atención y respuesta al más alto nivel" que "requiere", "la observancia de políticas encaminadas al cumplimiento de los derechos humanos". La Comisión Nacional de Derechos Humanos se creó según la propuesta del señor Salinas a efecto de corregir todo esto.
El 17 de mayo de 1991, para la celebración de su primer aniversario, el partido oficial finalmente acabó de un plumazo con la pretendida contribución del señor Salinas al establecimiento de un estado de derecho. "Por más que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos merece todo el respeto", su documentación "no tiene validez para este asunto" de probar las violaciones de derechos humanos, sostuvo en declaración pública el señor Napoleón Cantú Serna, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, al justificar la violación de los procedimientos de juicio político y desafuero establecidos por la Constitución General de la República y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, frente a la denuncia que presentamos el 2 de mayo.
En efecto, con este fundamento anticonstitucional e ilegal, el 17 de mayo, el control del partido oficial sobre las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, determinó arbitrariamente que el Procurador General de la República tiene impunidad por las violaciones graves y sistemáticas a los
derechos humanos que resultaron en el homicidio de ocho personas, en la privación ilegal de la libertad de más de 124, en la incomunicación, tortura y lesiones de 70, en la prefabricación de delitos y falsas acusaciones en contra de 22, en el allanamiento de morada de siete, en la incautación ilegal de bienes de tres, en el abuso generalizado de autoridad, y otros delitos cometidos bajo su autoridad en 11 entidades federativas, y que se encuentran acreditadas en 18 recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La determinación del partido oficial, además, vuelve a confirmar que la arbitrariedad en el gobierno de México está por encima de la Constitución General de la República y de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al cancelar con absoluta arbitrariedad el procedimiento constitucional y legal para la investigación de las violaciones denunciadas, el enjuiciamiento de acuerdo con la Constitución de las responsabilidades consecuentes, y la aplicación de los remedios constitucionales debidos frente a la violación grave, sistemática y delincuencial de los derechos humanos en México.
El control oficial atropelló el artículo 23 de la Constitución que prohibe a las comisiones de referencia "absolver de instancia" al Procurador General de la República. Al hacerlo violó artículos 13 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos atropellando la competencia de la sección instructora para "practicar todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de, la denuncia; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado", y para "recibir las pruebas que ofrezcan el denunciante y el servidor público así como las que la propia sección estime necesarias".
También atropelló los artículos 110 y 111 de la Constitución, y los capítulos II y III de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que los reglamentan, al usurpar la competencia que establecen del pleno de la Cámara de Diputados como jurado de acusación en el procedimiento del juicio político para concluir en definitiva sobre la procedencia o improcedencia de la acusación y para determinar sobre la procedencia o improcedencia de remover el fuero constitucional del procurador, después de la investigación debida y de la formulación de conclusiones de la sección instructora; así como al usurpar la competencia del Senado de la República eregido en "jurado de sentencia", para resolver en definitiva sobre sus responsabilidades políticas.
Cabe reconocer la defensa de la Constitución y de la ley que hicieron los señores diputados Juan Guerra y Bernardo Bátiz, y sus esfuerzos para impedir este atropello más del partido oficial al orden institucional y a los derechos humanos en México.
En virtud de el dictamen de referencia también viola los tratados internacionales suscritos por el gobierno de México en materia de protección de derechos humanos, seguiremos utilizando los recursos legales que éstos ofrecen.
México, Distrito Federal, a 22 de mayo de 1991."
La Presidente: -Tiene la palabra la diputada Graciela Gómez de Ibarra, sobre el mismo tema.
La diputada Graciela Patricia Gómez de Ibarra: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeros diputados: En relación con lo que mencionaba nuestro compañero Juan Guerra, de la falta de argumentos en el caso de la improcedencia del juicio político, pues yo creo que se los hemos dado y se los hemos dado ampliamente las discusiones que las comisiones unidas tuvimos y en las que él estuvo presente, en las que en un amplio debate cada uno de los miembros de la subcomisión, así como la reunión de comisiones unidas, pues cada partido fincó sus puntos de vista en relación a la procedencia o improcedencia del juicio político que demandó, en este caso el Partido de la Revolución Democrática, en contra del procurador.
No es que no tengamos argumentos. Los hemos dado a conocer en el texto del dictamen que fue aprobado el viernes de la semana pasada, donde se exponen claramente las razones legales, no razones de orden político ni de otro tipo, sino razonamiento de tipo jurídico acerca de la improcedencia.
Como lo afirmaba el compañero Guerra, el documento, el dictamen que fue sometido a la aprobación de las comisiones unidas, expresa claramente que la demanda que en este caso el doctor Samuel Villar solicita en contra del procurador, se declaró improcedente. Porque si bien se reunieron los requisitos que él acertadamente señala de que la demanda fue presentada en tiempo y en forma y de que fue ratificada, también lo es de que al hacer un análisis en la subcomisión nombrada por las
propias comisiones unidas, se hizo una amplia interpretación de las argumentaciones de cada uno de los partidos.
Yo creo que fue un punto muy claro el que nosotros hemos dejado asentado en el caso de los juicios políticos, cuando se ha mencionado que las comisiones unidas no están facultadas para entrar al análisis de las documentaciones o pruebas que acompañan a cualquier escrito de demanda.
Y en ese aspecto, yo le quiero recordar al compañero Guerra que el punto de vista de mi partido en relación ala interpretación del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades, es muy claro. Es decir, si bien se señalan los requisitos de presentación, de ratificación, también se establece que las comisiones tienen la facultad de analizar la documentación para ver la procedencia. Porque de otra manera las comisiones unidas no tendrían razón de ser dentro del texto de Ley de Responsabilidades. Bastaría exclusivamente que una demanda se presentara, por ejemplo, ante Oficialía Mayor, que fuera ratificada, para que ésta siguiera el paso siguiente del juicio de responsabilidades que sería la instrucción.
La función de las comisiones unidas es muy clara y por eso entró el análisis de las pruebas que aportó, en este caso, el doctor Samuel del Villar. Y efectivamente se llegó a la conclusión de que los elementos de prueba no eran suficientes ni eran los adecuados para acreditar los tres tipos de responsabilidad que señala el artículo 109 de la Ley de Responsabilidades.
El artículo de la Ley de Responsabilidades señala, efectivamente, el juicio político, la responsabilidad administrativa y el juicio de procedencia en el caso de la comisión de algunos delitos; los tres casos están perfectamente analizados en el dictamen, tanto en lo que se refiere al juicio político como al juicio de procedencia en materia penal y se llegó a la conclusión del análisis de la prueba aun cuando el compañero Guerra, no lo considere así, que la responsabilidad de un funcionario por el simple hecho de dependencia administrativa, no implica asumir responsabilidad penal que este funcionario pueda cometer.
Por eso es que los argumentos están perfectamente definidos en el dictamen, repito, que la comisión sometió a la aprobación de las comisiones unidas y en él se expresa legal y jurídicamente las causas y fundamentos de la improcedencia; no nos hacen falta, no es que rehuyamos, como dice el compañero Guerra o que tengamos la argumentación legal, la tenemos y la hemos dejado perfectamente señalada en el dictamen que fue sometido a la aprobación de las comisiones unidas.
Por otra parte, yo creo que en relación a la aseveración que él ha hecho de la actitud o de la labor del Procurador General de la República, también nosotros al igual que el Presidente, hemos reconocido el esfuerzo que la procuraduría ha emprendido en una serie de actividades delictivas en nuestro país.
Normalmente aquí se habla de los hechos negativos de una institución, pero no se valoran, en un momento dado, los logros positivos de una institución en la lucha contra el narcotráfico, en una serie de acciones en las que también han perdido la vida más de 70 funcionarios, más de 70 agentes de la procuraduría general.
Yo creo que debemos, en un momento dado, analizar la actividad de una institución y la procuraduría ha reconocido, incluso, si el compañero Guerra estuvo en la reunión, el informe que fue públicamente dado a conocer del seguimiento que se le dio a cada una de las recomendaciones de la comisión.
Yo creo que voluntad política e interés por parte de la institución ha habido para dar respuesta a cada una de las peticiones que la comisión, que en este momento también queremos dejar a salvo, nosotros hemos reconocido y hemos avalado su calidad como institución, como una institución de buena fue y como una institución que está pendiente del respeto a los derechos humanos en nuestro país.
Por lo tanto, negamos la argumentación que el compañero Guerra ha hecho en relación al juicio político; repito, la fundamentación está perfectamente señalada tanto de orden jurídico como de orden constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: - Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Juan Guerra, por cinco minutos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Gracias, señora Presidenta; señores diputados: Bueno, hemos escuchado perfectamente todo aquí de la diputada Graciela Gómez, vamos a decirlo, una confesión y es que en este caso la mayoría de las comisiones de Gobernación y de Justicia, consideró que tenían que entrarle al análisis de las pruebas y está grabado esto,
toda vez que como la diputada lo establece no se considera que las comisiones unidas sean una especie de ventanilla donde sólo tienen que revisar los elementos de procedencia, sino que y así dice: Toda demanda de juicio político pasaría y que tienen que entrar al análisis de las pruebas.
El asunto es que... y solicitaría a la Presidencia, a la secretaría, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a efecto de que viéramos el artículo 13 de dicha ley, donde perfectamente se establece que el análisis de las pruebas ya es competencia de la sección instructora; de ninguna manera de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, unidas a la Justicia, sino que ésta ya es materia del análisis de las pruebas, materia directa de la sesión instructora. Lo único que deben hacer, de acuerdo a la Ley de Comisiones Unidas, es revisar que se cumplan los requisitos de procedibilidad y no más. Y en el caso de las pruebas lo único que dice es "establecer que existen elementos de prueba", y éstos sobradamente existían y con eso no tienen derecho estas comisiones a entrar al análisis mismo de las pruebas. Y si no yo voy a insistir, en otra participación, que se revise la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Este es el asunto. El Partido Revolucionario Institucional en este caso se abroga todas las facultades de un solo golpe y se erige en juez, y quiere decir no procede y, por lo tanto, queda descalificada la demanda, pero con ello es con lo que insistimos: al abrogarse esas facultades se viola la ley y se viola la Constitución.
Dice además la diputada que no puede el procurador responder porque él no es responsable. Insisto en que sólo el desahogo de los elementos de prueba, de las pruebas, es el que puede establecer la responsabilidad cabal y el deslinde de las responsabilidades, en su caso, respecto a la responsabilidad del procurador. Pero lo que es obvio, es consistente, es innegable, es que de acuerdo a la Ley Orgánica, la Procuraduría General de la República es responsable de la actuación política, por supuesto, de la actuación de la Policía Judicial Federal. Este es el asunto y el asunto, insisto, que nos encontramos ante muchos compañeros del Partido Revolucionario Institucional con amplia experiencia en delitos del fuero común y que ese mismo criterio fue el que quisieron utilizar en este caso, pero que no procede en lo absoluto en la demanda de juicio político porque el 109 nos marca, sin duda alguna, otros criterios y es en el ejercicio de su responsabilidad, lo reitero, las acciones u omisiones que cometan y redunden en el buen despacho de, evidentemente, estos funcionarios.
Finalmente quiero decir una cosa: me parece que quien sale perdiendo con este rechazo y a pesar de los cambios que se hacen en la procuraduría, no es el ciudadano Samuel Alvarez del Villar. Quien sale perdiendo por decisión de la mayoría es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque con esto se le desautoriza moralmente, con esto se le golpea, con esto simplemente se rechaza como elemento de prueba, y, podrán decir que es muy respetable, y es muy todo, pero en los hechos, evidentemente, no se considera que sus informes de violaciones reiteradas a las garantías constitucionales son elementos suficientes de prueba para iniciar el juicio político.
Esto es el asunto concreto, y no los salva aquí ninguna disculpa, como no salvan al procurador algunas acciones buenas, no lo salvan de esto los errores en que ha incurrido, porque cuando cumple es su obligación porque es su responsabilidad, para eso está; pero cuando incumple es cuando es motivo de sanción y es cuando se puede iniciar el juicio político. Aquí no estamos en una balanza, señores priístas, ni tratemos de lavar honras así; pero es que el procurador, por otra parte, tiene estas cosas buenas, y por éstas si tiene estas malas no hay problema, pesan más las buenas que las malas, ¡por favor! Cuando se cumple sólo ejerce sus obligaciones, sólo cumple sus obligaciones ; cuando incumple, que es el tema a debate, es cuando se debería haber iniciado el juicio político. Gracias.
La Presidenta: -Tiene la palabra el diputado Gerardo Arellano, para hechos, tiene cinco minutos.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Gracias señora Presidenta: Tengo que empezar mi argumentación, respecto a este asunto, reconociendo algo que muchos de los diputados que estamos aquí presentes no hemos tomado en cuenta: que es la primera vez que un asunto que una comisión rechaza viene aquí al pleno.
Creo que esto es un ejemplo saludable de lo que tenemos que hacer como nuestro trabajo legislativo, como diputados, y no cerrar las puertas a veces a un dictamen que en el sentido negativo duerme el sueño de los justos en una comisión, sino tenemos que venir a esta tribuna a argumentar, sea el sentido que sea, el dictamen que se trate. Este precedente, esperemos que
lo sigan respetando, sobre todo los miembros del Partido Revolucionario Institucional, porque creo que en este país, fundamentalmente, hace falta el diálogo y un diálogo serio y responsable sobre cualquier punto de vista y no a veces, no a veces, en momentos o cuando se quiera, sino en todo momento.
Yo quisiera hacer algunos comentarios sobre lo que decía la diputada Graciela Gómez. Efectivamente en el seno de la subcomisión argumentamos muy profundamente sobre el tema en cuestión, que era el juicio político intentado en contra del señor procurador; evidentemente, coincido con ella, que fue muy amplio el debate, desgraciadamente siempre tienen un fin y a veces la oposición argumenta con sentido básico de lo que marca la Ley de Responsabilidades y a veces el Partido Revolucionario Institucional se cierra a cualquier tipo de diálogo. En esta ocasión hubo un diálogo fructífero, yo lo tengo que reconocer, pero también tengo que reconocer que no pudimos cambiar nuestros puntos de vista; no pudimos cambiar nuestros puntos de vista, porque a lo mejor cada uno creíamos que teníamos la razón.
En el caso concreto del Partido Acción Nacional, nosotros argumentábamos en contra de lo que decía la diputada en esta tribuna hace rato, de que no somos una mera oficina de trámites la subcomisión o que no nada más debe de pasar adelante. Y yo les decía el jueves de la semana pasada, es falso esto; el artículo 12 y el artículo 13, juntos, viéndolos en conjunto, señalan que la denuncia se tiene que presentar con los elementos que ya señaló aquí el diputado Guerra, pero el artículo 13 dice, no lo traigo ahorita, en este momento, pero se los voy a decir casi textualmente, el artículo 13 dice... ¡Ah!, si me permiten lo voy a leer, con permiso de la Presidencia.
El artículo 12 habla sobre los requisitos que ya señaló el diputado Guerra, de cómo la debe de presentar un ciudadano en el uso de sus derechos, cómo la debe de ratificar. Pero el artículo 13 a muchos se nos ha olvidado interpretarlo y aplicarlo. Dice el artículo 13, en su segundo párrafo: "Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la sección informará al denunciado sobre la materia de la denuncia"; esto es sobre la sección instructora. Esto nos lleva a que las comisiones unidas lo único que tienen que hacer es lo que señala el artículo 12, y ya lo señaló el diputado Guerra; primero si el denunciante es ciudadano mexicano, en este caso lo es; si lo ratificó dentro de los tres días siguientes, también lo hizo; si aportó elementos de prueba, y aquí entramos en la opinión de la diputada, dice que no podremos entrar al fondo del asunto, pero dice textualmente y lo apunté para no equivocarme, "determinamos que los elementos de prueba no eran suficientes"; ¿cómo determina alguien que los elementos de prueba no son suficientes?, pues solamente analizándolos, ¡aquí y en China!
Entonces, esto evidentemente rompe el orden del artículo 12, el denunciante en ningún momento tenía que aportar más que elementos de prueba, que pueden ser ciertos o falsos, pero son elementos, en este momento se llaman elementos y, la comisión instructora, en su momento, como lo marca la Ley de Responsabilidades, se podrá allegar cualquier tipo de documentación. Por lo tanto, las comisiones unidas no tendríamos por qué analizar elementos de prueba, y llegaron a un absurdo que yo todavía no entiendo hasta ahorita, pretendían que el denunciante, que aportaba todas las gacetas de las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pretendían que probara que el procurador no ha hecho caso de las recomendaciones; entonces, a nosotros, al diputado Bátiz y a un servidor, se nos hacía algo infantil, ¡pues un principio general del derecho, es que los hechos negativos no se prueban!, ¿cómo tenía la obligación el denunciante de decir: aquí están las gacetas, se anexó, muchísimas gacetas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?, ¿cómo podía decir, el procurador no ha cumplido y que le firmara un escrito o un ocurso del procurador diciéndole, no las he cumplido. A quien le tocaba demostrarlo era al señor procurador. Entonces, eso era absurdo. Había otra argumentación... señora Presidenta, le pido por favor si me regala unos minutos más, con todo gusto voy a terminar.
La Presidenta: -Adelante, esta Presidencia le ruega atentamente que trate de terminar a la brevedad.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Llegaban a un absurdo, evidentemente yo tenía que reconocer que la denuncia de Samuel del Villar con todo y su doctorado en derecho y, lo digo con todo respeto, era muy mala, muy mala, sí, alguien decía, el diputado Villalobos para ser exacto, decía: que no había la suplencia de la deficiencia de la queja, pero tampoco era la suplencia de la deficiencia de inteligencia, nosotros podemos analizar y ver qué quiere el denunciante, qué buscaba, y yo con tantito sentido común encontraba que el denunciante lo que quería era acusar al señor procurador
de que había muchas recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que el señor procurador no había dado respuesta.
Sin embargo yo, el mismo jueves decía algún argumento que para mí es fundamental, se trataba en el punto medular de ver si el señor procurador había cumplido con su obligación como servidor público de dar cumplimiento a una serie de recomendaciones precisas y exactas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se trataba y yo iba más al fondo de esto, no de una votación en la comisión, no se trataba de que de pronto iban a cambiar su sentido los diputados del Partido Revolucionario Institucional, el sentido de su voto para exculpar al señor procurador; se trataba de la voluntad política que tenemos que tener todos en este país; se trataba de que el señor procurador cambiara su forma de actuar, que dejara de ser prepotente, que hiciera caso a esta soberanía, que nos tomara en cuenta a los señores diputados que hemos denunciado. Ustedes lo ven, sesión tras sesión denunciamos algún atropello de la policía judicial y no es cierto, como lo argumentaban los diputados del Partido Revolucionario Institucional de que el señor procurador no intervino personalmente en los actos. No intervino, nadie le está diciendo que el señor procurador va a estar violando derechos humanos en Culiacán y en el Distrito Federal o en Netzahualcóyotl al mismo tiempo, como pasa, sino que el señor procurador es el responsable y es el abogado de la nación y tiene a su cargo la acción de la justicia del Ministerio Público en este país y entonces ése era el problema que nosotros planteábamos.
El jueves en la noche, a las 7 de la noche, el señor procurador entregó por medio de su consultoría legal un oficio a esta Cámara de Diputados dando contestación punto por punto a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el viernes, como ustedes lo habrán observado, a la mejor en todos los periódicos sale esa contestación que da el señor procurador y entonces ya les decía, el viernes, ha habido un cambio de actitud del señor procurador, ya se dio cuenta de que los diputados no nos chupamos el dedo, de que es necesario que informe a la ciudadanía si efectivamente lo informó. Había que analizar si el informe es completo o incompleto, si es cierto o si no es cierto, pero no era materia de este juicio político.
Nosotros, para terminar, nosotros en la diputación de Acción Nacional, sostenemos que el juicio político intentado quedaba sin materia; lo principal era que no había hecho caso a las recomendaciones, comprobó por medio de desplegados y por un oficio, que si había dado contestación a esas recomendaciones, pero nos abstuvimos de votar por dos razones; la primera, porque la mayoría priísta, yo todavía hasta este momento no lo entiendo, se negó a poner en el dictamen, una frase que dijera: el señor procurador por medio de su consultoría legal mandó un oficio donde nos informa que da contestación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, eso no lo quisieron ustedes, no sé por qué.
Y la segunda es porque de ninguna manera vamos a avalar los atropellos, las miles de denuncias que tienen los agentes de la Policía Judicial y de las que es responsable del señor procurador Enrique Alvarez del Castillo. Gracias. (Aplausos.)
La Presidenta: -Para hechos, tiene la palabra el diputado Carlos Vega Memije, por cinco minutos.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Señora Presidenta; compañeros diputados: Hemos escuchado algunos señalamientos que se hacen al dictamen que se presentó la semana pasada al pleno de las comisiones unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia. Simplemente para recordar a esta asamblea lo que la ley señala como competencia de esta comisiones unidas, ante algunas aseveraciones que se han externado aquí y que no tienen fundamento jurídico.
Concretamente se presenta una denuncia. Esta denuncia de juicio político, nuestra carta fundamental señala, artículos 108, 109, 110, como la base a la cuál habrá que atender, y a su ley reglamentaria, la Ley Federal de Responsabilidad de los Servicios Públicos, estrictamente el artículo 12, pero también correlacionado con el 7o.
La denuncia refiere como responsable al titular de la Procuraduría General de la República y, se le hace una serie de imputaciones y se presentan algunos documentos como pruebas. ¿Cuál es la obligación de las comisiones? Con base en el artículo 12 de esa ley, que se lo impone, no es optativo sino existe la obligación de atenderlo, se dan los primeros supuestos, que no repetiré aquí para no abundar porque ya se han tocado con suficiencia, es efectivamente un servidor público, cae dentro de los funcionarios del 108 y 109, pero se señala aquí que porque este 109 dice que alguien o un servidor
público es responsable cuando se atenta a los intereses fundamentales, sí, pero no porque lo diga nada más este precepto constitucional, ya va a ser responsable cualquier servidor, sino que por eso habrá que ir al artículo 12 de la ley reglamentaria.
¿Y qué señala este artículo en su última parte ? Pues precisamente nos impone como obligación, en este caso a las comisiones unidas, para que, dice la ley, dictamine, con los elementos probatorios, si amerita o no iniciar este juicio, este procedimiento.
Y lo comentamos mucho en ese debate que se dio el jueves; no es, no son, no pueden ser 70 y tantos diputados, una mesa de trámite que simplemente como quieren los que lo impugnan, reciban una documentación y de inmediato la turnen a una sección instructora. La ley por algo lo señaló y ahí está, lo comentamos en los debates, la exposición de motivos y, ahí se señala, entre otras cosas, la separación de funciones, se señala la atribución que se le da a la Cámara para cuando se pretende afectar a un órgano de gobierno que no puede dejarse a un criterio partidista a ideológico, sino que debe expresarse un fundamento, una serie de requisitos mayores para afectar una función de gobierno y no cuando se le ocurra a cualquier persona estar limitando esas funciones, esas altas funciones.
Por ello aquí la ley exige y le impone la obligación a esas comisiones de analizar, de valorar esos documentos. ¿Y qué es lo que hicimos? Se presentan efectivamente 20 ó 21 documentos, nada más que en ninguno de ellos hay una imputación directa a quien están denunciando como responsable. Que se entienda bien que no estamos hablando que el contenido pueda ser falso o no, o que estamos atacando las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como aquí se ha dicho; no, señores, esto en derecho se expresa como no materia de la "litis", no es materia de la discusión; lo que tenemos que ver es si esa denuncia está corroborada con elementos de prueba y puede ser atribuida al sujeto que es está imputando, y en ninguno de esos documentos aparece una relación de causa - efecto que se diga. En esos mismos 21 ó 20 documentos el responsable de todas esas actuaciones es el señor fulano de tal, en ninguna existe esa relación. Y la ley nos exige que nosotros determinemos, valoremos eso para poder definir si se inicia o no.
Por ello, jurídicamente, recordemos que vivimos en un estado de derecho, que debemos dar una certidumbre jurídica a toda la población. Desde ese punto de vista debemos resolver con base a la ley. . .
La Presidenta: -Señor diputado Vega Memije, discúlpeme que lo interrumpa. Dígame, diputado Arellano... Señor diputado Vega Memije, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Con mucho gusto, nada más me lo conmutan en el tiempo, por favor.
La Presidente: - Claro que sí. Adelante, diputado Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Señor diputado Vega, le agradezco mucho que me dé respuesta. Dice usted que en ninguna parte de los elementos de prueba que se presentaron hay una imputación directa al señor procurador, ¿me quiere decir a qué personas van dirigidas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos?
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Mire, compañero, usted es abogado y me va a entender perfectamente y para el resto de la asamblea les diré: el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señala expresamente que en las recomendaciones de este órgano va a señalar quienes y cuál es la responsabilidad de esa persona en estas recomendaciones. Y en estas recomendaciones que señala el compañero en la inmensa mayoría habla del comandante de la Policía Judicial fulano de tal, de los gobernadores fulano y zutano, pero no hace alguna mención que el procurador, en este caso, Enrique Alvarez del Castillo sea responsable de ésta o de aquella omisión o actuación.
Independientemente a él ya se lo comentamos, el artículo 13 del Código Penal señala: "Las responsabilidades de carácter penal no trascienden, son personales..." y la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala también en su artículo 13 cómo está organizada una entidad pública, en este caso, la procuraduría, y señala cuáles son las funciones del procurador, cuáles puede delegar funcionalmente y territorialmente hablando para delimitar esas responsabilidades.
Por eso, sin conceder, que pudiera haber alguna serie de ilícitos, lo de la "litis", lo que la ley nos impone como obligación es determinar si la documentación prueba alguna
responsabilidad de Enrique Alvarez del Castillo. Eso no lo tiene en nada ninguna de la documentación señalada, porque no va a pretender, insisto, una responsabilidad penal que acota el artículo 13 del Código Penal ni tampoco la que señala la Ley Orgánica de cualquier dependencia.
Por eso es que en las comisiones, después de toda esa discusión, determinamos que no podía proceder un juicio político, y no es porque el partido mayoritario diga que no procede en general, sino porque simplemente atendiendo a los elementos que no es optativo, sino es un imperativo de la ley que nos señala a las comisiones unidas determinar si hay o no responsabilidad.
Por eso expresamente señalamos, aquí no hubo relación de causa efecto. Aquí, en los dos supuestos, el penal con base en el artículo 111 y el juicio político con base en el 109, no estuvieron probadas esas causales. No hay correlación, no hay casualidad entre este documento y la actuación que se le imputa al titular de la Procuraduría General de la República.
Por esas razones, jurídicas, con esos argumentos, la comisión dictaminó que no había ninguna posibilidad de iniciar un juicio de procedimiento, esto lo señala el artículo 12 de la Ley de Responsabilidades.
Aquí se citó un artículo 13, nada más que el propio compañero, y allí está la versión grabada, señala que tres días después la sección, y está hablando ya de la sección instructora, que es una instancia posterior cuando en la primera parte se determinó por las comisiones unidas que precede iniciar un procedimiento y entonces viene la segunda parte que no es el caso, que no es la disposición aplicable.
Por esas razones, compañero, como una información para ustedes, determinamos, presentamos ese dictamen y así lo aprobó el pleno de las comisiones unidas de desechar, de no iniciar esos procedimientos. Esta es la información que damos a ustedes. Muchas gracias.
La Presidenta: - Para rectificación de hechos, el diputado Juan Guerra tiene igualmente cinco minutos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: -Gracias señora Presidenta: Bueno, compañeros diputados, yo verdaderamente me satisface que precisamente en esta Cámara no existan puros abogados, porque Dios nos libre del sentido común, y si es responsabilidad de la Cámara analizar esta situación por algo, lo podrían, ahí los que legislaron en esta materia, el constituyente, justamente por lo que se requiere en estos casos de sentido común y que la Cámara entre en materia y pueda orientar las cosas y, es de lo que se adolece muchas veces.
Dice por ejemplo el diputado que me antecede, Vega Memije, dice: es que el demandante no prueba la responsabilidad, en este caso de Enrique Alvarez del Castillo. ¡Por Dios!, ¿en este sistema alguien que presenta una demanda tiene que probar todo? Nada más falta que le pidan que también lo desafuere y a ver si lo puede meter a la cárcel, porque una mayoría es incapaz y se niega a hacer eso.
El demandante no está obligado a eso; el demandante aporta elementos de prueba, ésa es su obligación. Si le piden que compruebe la responsabilidad, simple y sencillamente carece de sentido la sección instructora simple y sencillamente se le pide un imposible. Si aquí a cada persona que lo atraca la policía, incluso dentro de las recomendaciones de derechos humanos han denunciado algunos que los ha secuestrado la Judicial Federal, que les han quitado 20 millones de pesos, y se le hubiera pedido que comprobaran eso, pues imagínense cómo lo hubieran comprobado. Por fortuna ha habido más sensibilidad en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que en los diputados que aquí defienden al procurador.
Y no defienden al procurador, están defendiendo al responsable de la institución número uno violadora de los derechos humanos en este país, a juicio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y, si no, vean a quien van dirigidas principalmente las recomendaciones sobre violación a derechos humanos.
Esta es, por vía de estadística de datos, la institución número uno violadora de los derechos humanos es este país, y Enrique Alvarez del Castillo, si es que ahorita no lo sacaron ya, es el responsable justamente, es el procurador, pero aquí quieren que el demandante pruebe. Yo no sé cómo podría probar; verdaderamente se pide un imposible. El demandante está obligado a aportar elementos, por eso dice el artículo 13 de la Ley de Responsabilidades, permítanme que se los lea, dice: "La sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias.
del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado". Es decir, está contemplado hasta para la sección instructora, no para las comisiones unidas, justamente precisar, deslindar las responsabilidades, y aquí los diputados de esa comisión quieren que el demandante presente todas las pruebas. Francamente es absurdo.
Dice el diputado que no nos remitimos al artículo 12. Cómo no, con mucho gusto, si la ley es clara, los que no la entienden son ustedes Dice: "Se presentará la denuncia y ratificada dentro de los tres días - son los requisitos - naturales, se turnará de inmediato con la documentación que la acompaña, a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, para que dictaminen si la conducta atribuida corresponde a las que enumera por aquellos preceptos y, si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos que se requiere en el artículo segundo, así como si la denuncia es procedente, y por lo tanto amerita la iniciación del procedimiento ". En esto si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por aquellos preceptos, les recuerdo que la reglamentación más expresa del artículo 109 de la Constitución, donde se establecen actos u omisiones que redunden en el buen despacho, en las responsabilidades de los funcionarios públicos, está en el artículo 7o. Y dice el artículo 7o. "redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y del buen despacho, se refiere obviamente a los servidores públicos; sólo les leo el 3, que es al que nos remitimos, las violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales". Entonces la conducta atribuida, en este caso a Alvarez del Castillo, está comprendida dentro de estos preceptos, dentro del artículo 7o., se cumple todo.
¿Qué es lo que habría que dictaminar entonces? ¡Lo que dicen los diputados! Habría que entrar ya al desahogo de las pruebas, al análisis de las pruebas. No, no habría que dictaminar eso, porque si dictaminan eso, usurpan las funciones de la sección instructora, se brincan los procedimientos. Lo único que habría que dictaminar es si se reúnen los requisitos de procedibilidad, sólo, simple y sencillamente, y en este caso basta con los elementos de prueba para darle curso. Pero insisto y el argumento más de fondo es político, aquí, más que argumento de tipo legal, se ha buscado encubrir a la institución número uno violadora de los derechos humanos en este país, en contra de la comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue creada por decreto presidencial. E insisto, y aun en este caso, ahora se le castiga a Enrique Alvarez del Castillo, Si no fuera tan serio este caso, se prestaría hasta para broma, señores diputados. Muchas gracias.
La Presidenta: - Para alusiones personales, tiene el uso de la palabra el diputado Gerardo Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Gracias, señora Presidenta: Dos breves comentarios a los expresado aquí por el diputado Carlos Vega Memije, Hace rato explicaba, y lo dije también el jueves, que si bien es cierto no está contemplado dentro de la Ley de Responsabilidades la suplencia, la deficiencia y la queja, también dije hace rato que tampoco está contemplada la suplencia, la deficiencia y la inteligencia.
Dice el diputado Vega que no hay una relación de denuncia presentada con servidor público o imputado. Y le hacia una pregunta hace rato: ¿A quiénes van dirigidas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bien, hábilmente, como buen abogado que es, se escabulló por otro lado, ya le da por otra calle de aquí de la ciudad de México, pero no aquí en este recinto.
Yo simplemente le pedía que manifestara la verdad, la verdad es que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están dirigidas al señor licenciado Enrique Alvarez del Castillo, Procurador General de la República, y si tenemos algo de sentido común, como decía el diputado Guerra, evidentemente quien tenia que haberlas cumplido, esas recomendaciones, era el señor procurador, no sus subalternos, no el artículo 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría, sino era el señor procurador, y nos habría hecho públicas hasta el viernes pasado.
Dice el señor diputado Vega Memije, que el artículo 13 no tiene que ver nada respecto a esto, respecto al trámite que siguen las comisiones unidas y al trámite de un juicio político. Alguien comentaba con sorna el jueves, que después del 9, el 10, el 11, el 12 y el 13; pues si, fíjese que después del 12 sigue el 13, y tienen que tener alguna relación a fuerza uno con otro. Y textualmente, el artículo 13 dice: "...después de los tres días siguientes a ratificada la denuncia...", y dígame usted señor diputado Carlos Vega Memije, ¿en dónde se ratifica la denuncia? ¿En el artículo 13 o en el artículo 12? Evidentemente, usted tiene que concluir en el artículo 12. El artículo 12 dice, palabras menos, palabras
más, dice que cualquier ciudadano puede presentar denuncia de juicio político en contra del servidor público, y ratificarla dentro de los tres días siguientes, y lo que nos dice el artículo 13, es que después estos tres días de hecha la ratificación, la sección instructora de la Cámara, la de diputados y la de senadores, el caso sea, tendrá que allegarse cualquier tipo de elementos para juzgar. Por lo tanto, es inválido el argumento que usted maneja.
El artículo 13 es aplicado al trabajo de la subcomisión y sí somos, aunque no lo quieran creer ustedes, una mesa de trámite, a lo mejor si ustedes lo quieren ver ahí. simplemente tenemos que ver si se dan las conductas del artículo 12 y no hay más. Gracias.
La Presente: - Para los mismos hechos, el diputado Fernando López Valenzuela, tiene la palabra.
El diputado Fernando López Valenzuela: - Con la venia de usted, señora Presidenta; compañeras, compañeros diputados; Todas las causas de juicio político son de responsabilidad política, que no es estrictamente responsabilidad jurídica; es principalmente moral. Por lo tanto, tiene que comprobarse con elementos de prueba.
Es cierto que el denunciante, doctor Samuel Ignacio del Villar, integrante del comité Ejecutivo del Partido de la Revolución Democrática, presentó al amparo de los artículos 114, párrafo primero de la Constitución General de la República, en concordancia con el artículo 9o., de la ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, una oscura e imprecisa denuncia en contra del señor licenciado Enrique Alvarez del Castillo, Procurador General de la República. La fundamenta en los artículos 109, fracción I y III de nuestra Constitución. En ellas plasmó el legislador mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, así como la aplicación de las sanciones administrativas.
También pretende relacionar su legitima denuncia en los artículos 7o., fracción III y VI, 12 y 25 de la citada ley Federal de Responsabilidades.
Observamos que son dos acciones distintas: pretende el juicio político y cumplir con los requisitos procedimentales respectivos para el ejercicio de la acción penal, sin tomar en consideración lo que ordena el artículo 13 del Código Penal Federal
Ninguna de las dos acciones procede, con esta infundada denuncia, la cual fue elaborada sin cumplir los requisitos elementales de una formal renuncia; lo que si demuestra es un total desconocimiento de los elementos de procebilidad que son necesarios en todo el ejercicio de la acción penal. Si investigamos cuál es la condición sine qua non, para la tipicidad de la fracción I del citado artículo 109, encontramos que la palabra clave más importantes es: "incurran", la que gramaticalmente significa: "culpa, error o castigo, cometer la acción o merecer la pena". Situación jurídica que no pudo demostrar el denunciante, ya que no ofrece ningún elemento que se pueda valorar como prueba, de causa - efecto. Y anexa 20 documentos: uno relacionado con una denuncia con una denuncia presentada por integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el de la Revolución Democrática. Según su dicho el 4 de julio del año en curso, lo cual debe ser un error de dedo, pues su denuncia es del 2 de mayo pasado. Diecinueve son recomendaciones de la honorable y respetada Comisión Nacional de Derechos Humanos, organismo que tiene a su cargo la responsabilidad de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional, en materia de respeto y defensa de los derechos humanos.
Puede intervenir en las etapas de averiguación previa y en juicio del orden penal. Su valiosa intervención es para estudiar aquellos procesos en los que se presuman violaciones de carácter procedimental. En ningún caso sus trámites interrumpen los procesos o se constituyen en medidas dilatorias, sin perjuicio de presentar la denuncia penal correspondiente, en los casos en que a su juicio, exista un delito, situación que no ocurrió con las recomendaciones, ya que es del conocimiento de los aquí presentes y del pueblo de México, el comunicado que a través de todos los periódicos rindió el Procurador General de la República, tomando en consideración que esos documentos si se notan precisamente en la parte final, establece las fechas en las que fueron contestadas las recomendaciones a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Por lo tanto, vamos a concluir que todo esto resulta notoriamente improcedente. La denuncia, la cual no ameritó la incoación del procedimiento del juicio político, como tampoco se cumplió con los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal.
Señores diputados: ¡Esto ha sido sumamente debatido! (Aplausos.)
La Presidenta: - Tiene la palabra para hechos, por cinco minutos, diputado Godoy
El diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Asistimos hoy a una sesión en donde se está debatiendo algo que nosotros en todo el transcurso de este período hemos llamado un juicio, una figura jurídica en desuso, ya que tienen la honrosa, tiene la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional tiene el "honroso prestigio" de haber hecho de esta figura jurídica, lectura muerta. La solicitud de juicio político que hizo el doctor Samuel del Villar en contra del procurador General de la República, el licenciado Alvarez del Castillo, definitivamente demuestra que para que un juicio político prospere en este país, se requiere voluntad política y no decisión jurídica.
Y las palabras del anterior compañero diputado, que no tengo el gusto de conocer, y que ha dicho aquí una serie de conceptos que demuestran precisamente lo que estamos diciendo. Ha sido tan errónea su participación en este sentido, que ha hecho afirmaciones que sólo confirman lo que decimos.
Señalar aquí que para que un juicio político, y no es el caso que proceda, compañero, no estamos en esa etapa, de que un juicio político es la valoración moral, tiene que ver con el ámbito de la moralidad y no con el ámbito del derecho, demuestra plenamente lo que constantemente ha hecho la fracción priísta en esta Cámara darle una concepción política a un juicio que sí es jurídico en que está en un cuerpo normativo, plasmado en una Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, lo ilícito, lo antijurídico no es nada más las conductas típicas penales, sino todo aquello, toda aquella conducta que contraviene alguna norma de nuestro sistema jurídico vigente y, evidentemente el artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos está vigente, y precisamente ha sido eludido constantemente por las comisiones unidas, primero y, después por la mayoría priísta de esta Cámara de Diputados; porque insisten y ése es el punto que quiero yo señalar el día de hoy, no quiero dejarlo pasar, porque lo hemos dicho constantemente en las reuniones de las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia, insisten en valorar una demanda de juicio político que no es el momento procedimental para valorar. Señalar como lo dijo aquí el compañero que me antecedió la palabra, que para que proceda un juicio político debe haber causa - efecto entre su acción y la responsabilidad tipificada, es precisamente el fondo que debe de existir una vez incoado el juicio político.
El problema de la responsabilidad personal de cualquier funcionario público o que ya no lo sea, pero esté dentro del término o del año que señala la ley, así como la valoración de las pruebas, de los documentos que aporta el solicitante: el juicio político, es parte del fondo de la "litis" en los asuntos del juicio político y no corresponden, de ninguna manera, a un trámite de procedibilidad. Esto es, el problema lo hemos dicho constantemente en esta legislatura, la incoación, el proceder de una demanda de juicio político, tienen que contemplarse nada más los elementos materiales que acompañan a esta demanda y evidentemente que en este caso sí se cumplieron; si es o no responsable penalmente, incluso, primero políticamente y después penalmente un funcionario público, como es el caso del Procurador Gral. de la Rep., es parte de otra frase del procedimiento de juicio político y no del momento en que se convierten, lo hemos insistido muchas veces, las comisiones unidas, en una oficina de trámite y de señalar si se cumplieron o no los requisitos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7, que se señala el artículo 12 de la ley.
En este caso como en muchos otros, contra Ruíz Massieu, contra el ex secretario de Hacienda en su momento, contra tantos otros que presentamos aquí demandas de juicio político, se reunían los requisitos de procedibilidad, había un mexicano que se hacía responsable al denunciar el asunto, había un funcionario al que se le señalaba y se acompañaba de los documentos que en su momento deberían de ser valorados, y éste es el caso, como todos, los que el partido de la Revolución Democrática presentó ante esta Cámara de Diputados.
Sin embargo, excediéndose en atribución, las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, han ido al fondo del asunto, valorando y señalando que las pruebas presentadas no son suficientes para fincar la responsabilidad penal a alguien, y con esto se viola flagrantemente el principio de seguridad jurídica y las garantías procesales que consagra nuestra Constitución, porque deja en estado de indefensión al demandante del juicio político.
Igualmente ocurriría si en este momento procedimental la Cámara o las comisiones unidas declararan que tal persona o tal funcionario público es responsable.
Ese es el mismo caso. Declarar a alguien inocente o declararlo responsable en esta fase de inicio de procedimiento, es totalmente contrario al espíritu de la constitución y de la ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos. Y éste es el caso que ocurrió nuevamente en esta Cámara y que volvió a reincidir las comisiones unidas con su grupo mayoritario de priístas.
¡Eso fue lo que ocurrió, señores. Y esto demuestra, y lo quiero volver a decir como lo hemos dicho en todas las sesiones de trabajo de las comisiones unidas, el juicio político es efectivamente voluntad política de una persona y no está constreñido a nuestro sistema jurídico! ¡Han estado violando nuevamente el estado de derecho en México con esas decisiones que van al fondo y no simplemente se concretan a ver si se reúnen o no los requisitos de procedibilidad, como era el caso en que evidentemente sí procedía! Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Oscar Villalobos Chávez (desde su curul): - Pido la palabra, para hechos.
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra para hechos, el diputado Villalobos por cinco minutos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Con su permiso señora Presidenta; compañeros diputados: Hemos venido escuchando, de parte de los compañeros diputados que sobre este tema han hecho uso de la palabra, los compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y de Acción Nacional, una serie de argumentaciones ya muy reiteradas por ellos en esta tribuna, sin que busquen sustentar un poco más jurídicamente sus participaciones.
Yo quiero reiterarme al dictamen emanado de las comisiones unidad de Gobernación y de Justicia, que en mi juicio fue un dictamen totalmente apegado a la ley a diferencia de como han sostenido quienes hicieron uso de la palabra, porque si algo hicimos en la subcomisión y en las comisiones unidas fue precisamente proceder conforme al artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Que quiero volverlo a analizar una vez más, porque pareciera que por mucho que lo mencionamos, poco lo entendemos. Pareciera que por mucho que le damos lectura, poco queremos aceptar su contenido.
Lo mismo sucede con quien fue el denunciante en este caso a pesar de haber participado según dicen, en la elaboración del proyecto de ley en su momento e interpuesto varias denuncias de juicio político, ya vuelve indudablemente a caer en el mismo error jurídico que lo hizo en esta ocasión.
El artículo 12 de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos exige una serie de requisitos de procedibilidad, que si no se cumplimentan, si no se cumplen, las comisiones unidas tienen la obligación de dictaminar con base en el propio artículo 12, indudablemente en sentido negativo a la solicitud, a la denuncia.
En esto creo coincidimos, porque así lo planteaban quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Efectivamente, como se ha dicho, el Procurador General de Justicia, conforme al artículo 110 de la Constitución y 12 de la ley referida, es sujeto de juicio político. Efectivamente, se pone una denuncia que es ratificada en tiempo y en forma. Estos requisitos están satisfechos en este caso.
Efectivamente se refieren a conductas que quedan encuadradas dentro de la fracción VII que pudieran implicar la procedencia del juicio político, desafortunadamente para el denunciante y para los señores, ya que han defendido la denuncia en esta tribuna, dichas fracciones y omisiones en su caso, las refieren a terceras personas distintas del denunciado.
Es requisito establecido por el artículo 12, para la procedencia del juicio político, la aportación de elementos de prueba y obviamente sin entrar en el análisis, sin entrar a valorar los documentos de prueba, que aquí pretendiera imputársenos a los miembros de la subcomisión y comisiones unidas, simple y sencillamente los documentos de prueba aportados no se refieren a la persona del denunciado.
Se pretende también manipular desde esta tribuna, el caso y la forma en que lo resolvió las comisiones unidas, como una forma de golpear la figura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, obviamente que esa sería la intención que ustedes pretenderían al llevar esta denuncia a la Cámara de Diputados, seguramente así fue, porque si algo se reiteró en las comisiones fue el respeto a la Comisión de Derechos Humanos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde se curul): -(No se escuchó.)
La Presidenta: - Señor diputado Villalobos, perdóneme que lo interrumpa Dígame, diputado Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - se dice, diputado, que los hechos que se señalan corresponden a terceras personas, no al procurador.
Hace rato el diputado de Acción Nacional hace una pregunta y yo la reitero: ¿Los oficios de la comisión Nacional de Derechos Humanos a quién han estado dirigidos?, número uno y número dos, ¿ha respondido a estos oficios, asumiendo por lo tanto la responsabilidad de la Procuraduría General de la República, sí o no?
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Señor, le quiero recordar lo que discutíamos para responder a su pregunta en las comisiones unidas, en muy fácil manipular al sentido de la pregunta que usted me está haciendo.
La responsabilidad penal es personalísima, señor, y el artículo 12 del Código Penal Federal establece las hipótesis de responsabilidad personal, 13, seguramente me equivoque en el número, tendrá usted razón, pero quiero decirles también que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece claramente que el procurador será apoyado en sus funciones por funcionarios sustitutos, por un lado, por el otro establece también que en forma territorial y en forma funcional se delega la responsabilidad en la Procuraduría y esto no lo decimos nosotros, lo dice la ley. ¿Si? Y por lo mismo no es posible pretender imputar al señor procurador por actos de terceros una responsabilidad penal que no le incumbe a todas luces.
Efectivamente es aportaron elementos de prueba, señores, pero elementos de prueba, que se refieren a personas distintas del Procurador General de Justicia, por lo tanto si no se cumplimenta, si no se satisface este requisito del artículo 12 a todas luces es improcedente, como lo fue la demanda de juicio político. Gracias.
La Presidenta: - Tiene, para hechos, la palabra por cinco minutos, Gilberto López.
El diputado Gilberto López y Rivas: - La negativa priísta a realizar juicios políticos, en este caso al Procurador General de la República, Alvarez del Castillo, ratifica una vez más la falta de voluntad política del gobierno y de su partido para transitar a un régimen realmente democrático.
Desgraciadamente es lamentable que en este caso los abogados juegan el papel de encubridores de esa ausencia de voluntad política. Ellos son los que manipulan los reglamentos que están al servicio del poder público.
Los violadores de los derechos humanos son, de acuerdo incluso a la Academia de Derechos Humanos y a los que han estado estudiando los gobiernos, ellos son los que violan los derechos humanos. Y en este caso, el organismo responsable de la impartición de justicia, en este país, en la Procuraduría General de Justicia, cuyo titular es el señor Alvarez del Castillo.
En el Capítulo I del Título Tercero de las Responsabilidades Administrativas, con toda claridad establece que es "una de las obligaciones de los servidores públicos cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".
Independientemente de este papel lamentable que los abogados han estado jugando en esta comisión, en esa defensa acérrima de un servidor público, es de elemental claridad que en este caso hay un responsable de las constantes y permanentes violaciones a los derechos humanos que en el país han estado sucediendo.
Existe una responsabilidad directa que gracias a esta negativa de realizar el juicio político va a quedar nuevamente impune. Por eso nuestro partido ha declarado en esa subcomisión, que para nosotros no se trata de interpretación correcta o incorrecta de las leyes; se trata, en suma, de que al partido en el gobierno y al gobierno mismo no le interesa que nosotros los mexicanos realmente pasemos a un régimen democrático. Eso es el fondo del asunto, ésa es la cuestión que no se debate y que a los priístas los molesta tanto que nosotros reiteremos una y otra vez. (Aplausos.)
SOLICITUD DE LICENCIA
La presidenta: - Ruego a la secretaría dar lectura a un oficio que ha llegado.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
"Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes. Con fecha 6 de noviembre próximo pasado esta honorable Cámara de Diputados me concedió licencia por tiempo indefinido.
El ciudadano Presidente de la República me ha nombrado Procurador General de Justicia
del Distrito Federal, por tal motivo con fundamento en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a solicitar licencia a partir de esta fecha, para desempeñar este cargo y hasta en tanto dure la nueva ocupación.
Atentamente:
México, Distrito Federal, a 21 de mayo de 1991.- Licenciado Miguel Montes García."
La presidenta: - En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión el punto de acuerdo.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
"PUNTO DE ACUERDO
Único, Se concede licencia al ciudadano Miguel Montes García, para los efectos del artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo solicita."
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, por favor manifestarlo... Aprobado, comuníquese.
La Presidenta: - Tiene el uso de la palabra la diputada Ruth Olvera Nieto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia sobre agresiones a comerciantes en Tlalnepantla, estado de México...¿No se encuentra?
No estando presente, continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señora Presidenta, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario se Sesiones.- Tercer Año. IV Legislatura.
Orden del día.
22 de mayo de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
A. Correspondencia
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Zacatecas.
Minutas
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano general brigadier Diplomado de Estado Mayor Domiro Roberto García Reyes, para que pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Militar "Coronel Eduardo Avaroa", en grado de Comendador de la Orden, que le confiere el gobierno de Bolivia.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Federico Antonio Reynaldos del Pozo, para que pueda aceptar y usar la condecoración al Mérito Militar "Coronel Eduardo Avaroa", en grado de Oficial de la Orden, que le confiere el gobierno de Bolivia.
B. Iniciativas
C. Informes de comisiones
D. Dictámenes de primera lectura
E. Dictámenes a discusión
F. Proposiciones
G. Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones
H. Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre hechos atribuibles al Ejecutivo del estado de Colima.
Los rubros B, C, D, E, F y G se integrarán con los puntos que en las reuniones de la mesa directiva inscriban los grupos parlamentarios, además, con los asuntos con los que la secretaría dé cuenta.
La Presidenta (a las 15.35 horas.): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá lugar mañana miércoles 22 de mayo a las 10.00 horas.