Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19910625 - Número de Diario 17

(L54A3P1oN017F19910625.xml)Núm. Diario:17

ENCABEZADO

LIV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO de los DEBATES

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Diputado Sami David David

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

Año III México, D.F., martes 25 de junio de 1991 No. 17

SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO

SUMARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

La Secretaría informa que hay quórum.

SE ABRE LA SESIÓN

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Previa aclaración, se aprueba.

INVITACIÓN

Del Departamento del Distrito Federal al acto cívico del CLXXVII aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana. Se nombra comisión.

SOBRE ENCUENTRO MÉXICO- VATICANO

Interviene el diputado Alexandro Martínez Camberos, para rectificar hechos.

COMUNICACIONES

Del diputado Víctor Manuel Sarabia Luna a nombre de la Comisión de Salud. De enterado.

Del Congreso del Estado de Hidalgo, para informar de elección de mesa directiva. De enterado.

Del Congreso del Estado de Quintana Roo, para informar de la clausura del Período Ordinario y elección de mesa directiva de la diputación permanente. De enterado.

De la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, sobre la celebración de su cuarta audiencia pública del Período de Sesiones Ordinarias.

INICIATIVAS

LEY ORGÁNICA DEL DISTRITO FEDERAL

Presentada por el diputado Jorge Galván Moreno, sobre una adición al capítulo de dicha ley. Se turna a la Comisión del Distrito Federal.

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

Presentada por el diputado Ulises Lara López. Se turna a la Comisión de Educación Pública.

TOMA DE PROTESTA

De los ciudadanos Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Francisco Hernández Terán, Máximo Martínez Aguirre y Juan Sosa Benítez.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

MONEDA CONMEMORATIVA

Es de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma dicha ley.

LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL

De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha ley.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY SOBRE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS

De la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de ley. Para su discusión intervienen los diputados:

Augusto Gómez Villanueva

Lorenzo Treviño Santos

Juan Nicasio Guerra Ochoa

Alfonso Méndez Ramírez

Félix Mercado Téllez

Manuel Marcué Pardiñas

Miguel A. Quiroz Pérez

Lázaro Pasillas Rodríguez

Mariano Leyva Domínguez

Aprobado en lo general y en lo particular.

CONDECORACIONES

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Agustín García López, para aceptar y usar la que le confiere el gobierno del Reino de Suecia.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a seis ciudadanos, para

prestar servicios en diversas representaciones del gobierno de Estados Unidos en México. Se aprueba.

PROPOSICIONES

SOBRE EL CARGO 1148

Presentada por el diputado Noé Aguilar Tinajero.

Intervienen los diputados:

Ulises Lara López

Elías Humberto Ceceña Curiel

Ramiro Pedroza Torres

Francisco Ortíz Mendoza, para contestar alusiones personales.

Alfredo Pliego Aldana

José Antonio Ríos Rojo

Gerardo Ávalos Lemus

Miguel A. Quiroz Pérez

Pedro Rigoberto López Alarid

Antonio del Río Abaunza

Juan Nicasio Guerra Ochoa

Alfredo Manuel Arenas Rodríguez

Modesto Cárdenas García, presenta punto de acuerdo.

Alberto Amador Leal

Noé Aguilar Tinajero

Luisa María Calderón Hinojosa

Se desecha la propuesta del Partido Acción Nacional.

Se aprueba la propuesta del Partido Popular Socialista.

SOBRE COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DEL TRABAJO

Presentada por el diputado Gilberto López y Rivas.

Intervienen los diputados:

Pedro Alberto Salazar Muciño, en contra.

Pág.

Vicente Luis Coca Alvarez

Leonel Godoy Rangel

Pedro César Acosta Palomino

Leopoldo Homero Salinas Gaytán

Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

HOMENAJE A RUFINO TAMAYO

Declaración conjunta. Palabras de los diputados:

Andrés Henestrosa Morales

Israel Félix Galán Baños

Se guarda un minuto de silencio.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA GÓMEZ JUÁREZ

(Asistencia de trescientos diputados)

ASISTENCIA

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, hay una asistencia de 301 diputados. Hay quórum.

Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.

El presidente (a las 11.50 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -

«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura.

Orden del día.

25 de junio de 1991.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Correspondencia.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXVII aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, tendrá lugar el 27 de junio.

Comunicaciones de ciudadanos diputados.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Quintana Roo.

Comunicación de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.

Iniciativas.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la adición del Capítulo VII a la Ley Orgánica del Distrito Federal.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas a la Ley orgánica de la Universidad Autónoma de México.

Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a la Ley General de Salud.

Dictámenes de primera lectura.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos.

De la comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.

Dictámenes a discusión.

De la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de Ley Sobre Producción Certificación y Comercio de Semillas.

De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Agustín García López Santaolalla, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz, en grado de Comendador de la Orden de la Estrella Polar, que le confiere el gobierno del Reino de Suecia.

De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Leticia Reyes Escalera, Cristina Villanueva Espinosa, Hilda Irene Adame Gutiérrez, Rosa Victoria Alfaro García, María Cristina García Sánchez y Joaquín Entzana Zarza, para prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México y Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente.

Proposiciones.

De los grupos parlamentarios de los partidos:

Acción Nacional y de la Revolución Democrática, de declaración sobre el cargo 1148.

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la vigencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, sobre la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la comparecencia del subsecretario de Gobernación.

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre petroquímica básica.

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el sistema de riego, en Pujalcoy, San Luis Potosí.

Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre la Comisión Federal de Electricidad.

Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones.

Declaración conjunta de homenaje a Rufino Tamayo.

De los grupos parlamentarios de los partidos:

Auténtico de la Revolución Mexicana, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Acción Nacional y Revolucionario Institucional, sobre el Tratado de Libre Comercio relativo a la agricultura.

Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre Comunicaciones y Transportes.

Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en relación al proceso electoral en Oaxaca y Morelos.

Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en relación al proceso electoral, en Jalisco.

Denuncias.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, contra el gobierno del Estado de México, con referencia a la destrucción del patrimonio histórico y cultural en Cocotitlán.

Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre asesinatos en Veracruz e Hidalgo.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: -

«Acta de sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.

Presidencia del diputado Sami David David.

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y nueve minutos del día diecinueve de junio de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de doscientos ochenta y un diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del centésimo trigésimo aniversario luctuoso del general Leandro Valle Martínez.

Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.

Una comunicación del Congreso del Estado de Morelos, por la que informa de la elección de la mesa directiva para el mes de junio. De enterado.

Por instrucciones del Presidente, la secretaría da lectura a una iniciativa de las diputaciones del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que reforma el artículo séptimo de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Se turna a as comisiones de Cultura y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.

Hace uso de la palabra el diputado José Herrera Reyes, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a diversos artículos del Código de Comercio, se turna a la Comisión de Comercio.

En virtud de haberse impreso y distribuido el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede el permiso constitucional necesario para que el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, pueda ausentarse del territorio nacional, del veintiocho de junio al diez de julio, con el fin de hacer visitas oficiales a las repúblicas Federal de Alemania, Federativa Checa Y Eslovaca, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas e Italiana, la asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.

Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sánchez Ochoa, quien a título personal se pronuncia en contra del dictamen y después, hacen uso de la palabra los diputados Alexandro Martínez Camberos, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar una interpelación del diputado Coca Alvarez; Guadalupe Gómez Maganda, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jesús Sánchez Ochoa, para contestar alusiones personales.

Desde su curul, el diputado Sergio Quiroz Miranda, Propone una moción de orden y continúan debatiendo sobre diversos asuntos relacionados con la solicitud de permiso constitucional, los diputados: Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Jaime Fernández Sánchez, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados Carlos Hernández y Rojas Bernal.

Desde su curul, el diputado Napoleón Cantú Cerna, propone una moción de orden a fin de que el debate se centre en el dictamen a discusión.

Continúan en el uso de la palabra, para contestar alusiones personales o rectificar hechos, los diputados Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista; Jaime Fernández Sánchez, del Partido Acción Nacional; Alexandro Martínez Camberos, del Partido de la Revolución Democrática; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Enrique Rojas Bernal, del Partido de la Revolución Democrática, quien acepta interpelaciones de los diputados Fuentes Díaz, Del Rincón Bernal y Salinas Gaytán.

Desde su curul, el diputado Fernando Córdoba Lobo insiste en que se aplique una moción de orden para que la discusión sea sobre el dictamen y no sobre otros temas.

Para rectificar hechos y contestar alusiones personales, la Presidencia concede el uso de la palabra a los diputados Vicente Fuentes Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Rojas Bernal; Rodolfo Duarte Rivas, del Partido Revolucionario Institucional; Enrique Rojas Bernal, del Partido de la Revolución Democrática; Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien acepta una interpelación del diputado Quiroz Miranda y Fernando Córdoba Lobo, del Partido Revolucionario Institucional, quien acepta una interpelación del diputado Rojas Bernal.

También para rectificar hechos sobre el mismo dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados Manuel Marcué Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Venadero Valenzuela, del Partido del Trabajo; Osiris Cantú Ramírez, a título personal; Ismael Yañez Centeno, del Partido de la Revolución Democrática; Ciro Mayén, del mismo partido y Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.

La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y en votación nominal se aprueba por trescientos cuarenta votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se concede el uso de la palabra al diputado Guillermo López de Lara, del Partido Acción Nacional quien presenta iniciativa sobre los deficientes mentales. Se turna a las comisiones de Seguridad Social y de Trabajo y Previsión Social.

En virtud de que el dictamen de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, con proyecto de Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, fue impreso y distribuido entre los diputados, la asamblea le dispensa la segunda lectura.

Hace uso de la palabra el diputado Hermenegildo Anguiano Martínez, del Partido Revolucionario Institucional, quien a nombre de la comisión fundamenta el dictamen y propone dos modificaciones.

Presidencia de la diputada Margarita Gómez Juárez.

Para expresar sus opiniones acerca del dictamen a discusión, hacen uso de la palabra los diputados Rafael Melgoza Radillo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Mariano Leyva Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Humberto Esqueda Negrete, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro, y Modesto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en pro.

Presidencia del diputado Sami David David.

Para expresar sus opiniones en pro del dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados Jaime Aviña Zepeda, del Partido Acción Nacional; Alfredo Pliego Aldana, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y Juan José Moreno Sada, del Partido Revolucionario Institucional.

Suficientemente discutido en lo general y no habiendo quien reserve artículo alguno para discutirlo en lo particular, la secretaría recoge la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por trescientos votos.

Pasa al senado para sus efectos constitucionales.

Por las mismas razones que los anteriores, se dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones de Marina y de Comunicaciones y Transportes con proyecto de decreto que reforma el artículo cuarenta y cinco de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos.

Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Américo Flores Nava, del Partido Revolucionario Institucional.

Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.

A discusión en lo general y en lo particular, hacen uso de la palabra los diputados Crescencio Morales Orozco, del Partido Popular Socialista, en contra; Manuel González Díaz de León, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Héctor Colio Galindo, del Partido Popular Socialista, en contra; Enrique Riva Palacio Galicia, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Crescencio Morales Orozco, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos.

Presidencia del diputado Sami David David.

Suficientemente discutido, la secretaría recoge la votación nominal respectiva, que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y cuatro votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

La asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de las comisiones de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de decreto que modifica y adiciona los artículos treinta y cuatro, treinta y cinco y cuarenta y tres de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Hace uso de la palabra la diputada Areli Madrid Tovilla, del Partido Revolucionario Institucional y la asamblea lo considera suficientemente discutido, por lo que la secretaría recoge la votación nominal respectiva, que resulta aprobatoria por doscientos ochenta y cinco votos. Pasa al senado para sus efectos constitucionales.

Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da primera lectura al dictamen de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, con proyecto de Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas. Es de primera Lectura.

Se concede el uso de la palabra al diputado Augusto Gómez Villanueva, presidente de la comisión dictaminadora, para proponer diversas modificaciones al dictamen.

Sube a la tribuna el diputado Ignacio Castillo Mena, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que la Presidencia exhorte a la Comisión Permanente a fin de que convoque a un período extraordinario de sesiones a fin de legislar en todas aquellas materias que tengan algo que ver con el Tratado de Libre Comercio. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y se corre traslado, en su momento, a la Comisión Permanente.

Para apoyar la proposición, solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Salvador Fernández Gavaldón, del Partido Acción Nacional.

La secretaría da cuenta con las solicitudes de licencia de los diputados Jorge Minet Ortíz, Juan José Moreno Sada, Isaac Bueno Soria, Javier Bonilla Chávez y Ramiro Hernández García. Se consideran de urgente resolución y la asamblea aprueba los puntos de acuerdo respectivos. Llámese a los suplentes.

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más quien haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con treinta y siete minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes veinticinco de junio de mil novecientos noventa y uno a las diez horas.»

Está a discusión el acta...

El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Sí, diputado.

El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul): - Señor Presidente, pediría que en el acta se incluyera lo que en su momento oportuno pedí en mi intervención, en tratándose el debate originado por el permiso para que el titular del Ejecutivo viajara a varios países.

La petición que se hizo fue que al término de su viaje compareciera el Secretario de Relaciones Exteriores para informar a esta Cámara de los éxitos o de los fracasos tenidos en dicho viaje. Es todo, señor.

El Presidente: -Gracias. Tome nota la secretaría.

El secretario diputado Juan Ugarte Cortes: - Sí se hará la aclaración, señor diputado.

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba... Aprobada el acta, señor Presidente.

El diputado Alexandro Martínez Camberos (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.

El Presidente: - Sí, al terminar el orden del día diputado Martínez Camberos.

El diputado Alexandro Martínez Camberos (desde su curul): - Concédame el uso de la palabra.

El Presidente: - Vamos a continuar con el trámite y posteriormente le damos el uso de la palabra.

INVITACIÓN

El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.

Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.

El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CLXXVII aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana, que tendrá lugar el próximo jueves 27 del actual, a las 11.00 horas, en la estatua erigida a su memoria, ubicada entre Río Amazonas y Río Guadiana, la delegación política Cuauhtémoc.

Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.

Agradezco las atenciones que se sirva prestar el presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 15 de junio de 1991.- El Director de acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»

El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Luis Felipe Canudas, José Luis Alfonso Sampayo, Javier Aguirre y Sóstenes Melgarejo Fraga.

Dígame, diputado Martínez Camberos.

El diputado Alexandro Martínez Camberos (desde su curul): - Para hacer una mención sobre una publicación.

SOBRE ENCUENTRO

MÉXICO - VATICANO

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Martínez Camberos, por cinco minutos, para hechos.

El diputado Alexandro Martínez Camberos: - Señor Presidente; honorable asamblea: Solamente para leer una información aparecida el día 20 de los corrientes; dice así:

Tijuana, Baja California, 19 de junio. El delegado apostólico Gerónimo Prigione, señaló hoy que con la próxima entrevista del presidente Carlos Salinas y el Papa Juan Pablo II, en Roma, se dará un gran avance en el acercamiento entre el México, el México, dice así, y el Vaticano.

Descartó que se trate de una mera visita de cortesía, y la calificó como de gran peso e histórica, aunque advirtió que la agenda a desarrollar entre ambos jefes de Estado... Óigase bien lo que dice el señor Prigione, considera que ambos son jefes de Estado.

Con la lectura que dio la igualmente apreciada jefa o presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, en el sentido de que se había aprobado esa visita por tratarse de una mera cortesía y en reciprocidad a la visita de Karol Wojtyla a México, yo quiero preguntarle, con todo el respeto que me merece ella y los miembros de la comisión, ¿quién estará más enterado entre telones de lo que significa esa visita, el delegado apostólico o la comisión?

COMUNICACIONES

El Presidente: Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sarabia, para presentar una comunicación.

El diputado Víctor Manuel Sarabia Luna: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados: A nombre de la Comisión de Salud me permito exponer a esta honorable asamblea, que con motivo del brote de la enfermedad del cólera y a raíz de la información que se tuvo de la aparición de 17 casos de esta enfermedad en la población de San Miguel Toltomoloya, del municipio de Tultepec, estado de México, el día de ayer, lunes 24, tuve una reunión urgente con el señor doctor Jesús Kumate Rodríguez, Secretario de Salud, con la finalidad de celebrar el día de hoy, a las 19.00 horas, una reunión urgente con los integrantes de la Comisión de Salud y con los diputados que deseen participar, para que se nos informe sobre los casos detectados, así como las medidas relativas al caso que las autoridades sanitarias han tomado para controlar este mal.

La reunión se celebrará en las oficinas de la Secretaría de Salud, ubicadas en Lieja y Reforma. Esperamos contar la asistencia de ustedes. Les agradezco su participación a nombre de esta comisión, el Presidente y un servidor. Muchas gracias.

El Presidente: - De enterado.

Continúe la secretaría.

El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Se va a dar lectura a una invitación del Congreso del Estado de Hidalgo.

El Presidente: - Permítame, señor secretario.

Dígame, diputado Rojas Bernal.

El diputado José Enrique Rojas Bernal ( desde su curul): - En Relación con el comunicado que acaba de leer el diputado, quisiera preguntar si también se van a citar a otras Secretarías que tienen relación con la situación de insalubridad y de pobreza que reciente una parte muy importante de mexicanos, los 17 millones de mexicanos sumidos en la miseria que viven en zonas marginales, en colonias insalubres, son los más susceptibles de llegar a padecer el cólera.

El Presidente: - Sí, gracias diputado Rojas Bernal.

Hacemos la excitativa que el diputado Rojas Bernal asista a la reunión con el señor secretario Kumate.

El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Y que se invite a otros secretarios de Estado relacionados con esta situación.

El Presidente : - Tomamos nota, diputado Rojas Bernal.

El diputado José Enrique Rojas Bernal (desde su curul): - Gracias.

El Presidente: - Continúe la secretaría.

El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Se va a dar lectura a una comunicación.

«Escudo.- Poder Legislativo.- Hidalgo.

Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- México, D. F.

Con toda atención, nos permitimos el honor de comunicar a usted(s) que la Quincuagésima Cuarta Legislatura del H. Congreso constitucional del Estado de Hidalgo, en sesión ordinaria, celebrada el día de hoy, dio cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del honorable Poder Legislativo, eligiendo presidente y vicepresidente de la mesa directiva de este propio Honorable Congreso,

que fungirá durante el mes de junio del año en curso, habiendo resultado electos por unanimidad los ciudadanos diputados: Presidente, Jesús Priego Calva; vicepresidente, María Guadalupe Silva de Paz.

Al hacer de su conocimiento lo anterior, me es grato reiterarle(s) las seguridades de mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Pachuca, Hidalgo, a 30 de mayo de 1991.- El Oficial Mayor del honorable Congreso constitucional del Estado de Hidalgo, Rodolfo Miranda Enríquez.»

Trámite: - De enterado.

La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:

«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.- Ciudad Chetumal, Quintana Roo, México.

Cuidando Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- México, D. F.

LA VI Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por este medio se permite comunicar que en sesión ordinaria celebrada el día 22 de mayo de 1991, clausuró su primer período ordinario de sesiones correspondiente al segundo año de ejercicio constitucional, asimismo eligió la mesa directiva de la diputación permanente, quedando integrada por los ciudadanos diputados:

Presidente, Eduardo Ovando Martínez; secretarios: Roger Cristino Flota Medina y Armando Roberto Virniez.

Quienes fungirán durante el período de receso que comprende del 23 de mayo al 23 de noviembre de 1991.

Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Ciudad Chetumal, Quintana Roo, 23 de mayo de 1991.- La diputada secretaria Concepción Armenta de Paulino.»

Trámite: - De enterado.

El secretario diputado José Francisco Melo Torres:

«Comisión de información, Gestoría y Quejas.

Honorable asamblea: A fin de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 11 de junio de mil novecientos noventa y uno, firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta soberanía, me permito informar a ustedes que el día 20 de junio del presente año, en el salón de la Comisión Permanente de este recinto, la Comisión de información, Gestoría y Quejas celebró su cuarta audiencia pública correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año en ejercicio constitucional. Anexo a la presente me permito enviar minuta de dicha sesión.

Atentamente.

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los 25 días del mes de junio de 1991.- Diputada María Ynés Solís González, presidenta.

Minuta de la cuarta audiencia pública de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, celebrada el día veinte de junio de mil novecientos noventa y uno correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio.

Siendo las once horas con cincuenta minutos, la presidenta declara abierta la sesión con una asistencia de catorce ciudadanos diputados.

La secretaría da lectura al orden del día, mismo que es aprobado e informa sobre los trámites y gestiones que la comisión ha llevado a cabo ante las autoridades, sobre las denuncias y asuntos presentado en la sesión anterior.

A continuación, se concede el uso de la palabra al diputado Ulises Lara López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita la intervención de la comisión ante las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, para la que se permita la realización de una encuesta entre los agremiados a una agrupación mutualista del magisterio, con la finalidad de aumentar el monto de las cuotas y la cobertura de las pólizas.

Hace uso de la palabra el diputado Luis Alberto Delgado Esteva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para denunciar la violación del artículo 115 constitucional, 60 de la Constitución del estado de Chiapas y 21 de

la Ley Orgánica Municipal de Tuxtla Gutiérrez, al ser detenidos sin orden de aprehensión y dentro del palacio municipal, algunos funcionarios del ayuntamiento. Solicita la intervención de la comisión para esclarecer los hechos.

Se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Colombres Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana con el propósito de denunciar atropellos en contra de las campañas políticas de su partido, llevadas a cabo en las entidades de Tamaulipas y Puebla. Solicita la intervención de la comisión, a fin de que los hechos se hagan del conocimiento del Instituto Federal Electoral, para que sancione a quien resulte responsable.

Hace uso de la palabra el diputado Tomás Gutiérrez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para denunciar amenazas administrativas hechas por funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores del estado de Veracruz en contra del ciudadano Ruperto Rojano Lezama, con motivo de atraso en el pago del crédito habitacional que le concedió ese instituto, solicita la intervención de la comisión ante dicha institución para la solución de este problema.

Se le concede el uso de la palabra al diputado Santiago Arana, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita el pago de la pensión de vejez, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, a trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México. Solicita la intervención de la comisión para que representantes de los afectados obtengan audiencia con el Presidente de la República para exponerle el caso. Sobre este mismo tema hace uso de la palabra el diputado Erasmo López Villarreal, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para afirmar que en su presencia el secretario del titular de Ferrocarriles Nacionales de México informó que los representantes de los jubilados, no serían recibidos por el funcionario.

La presidenta informa que al final de la sesión, intentará concertar un acercamiento inmediato con funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que los jubilados sean atendidos.

Al respecto la secretaría de la comisión informa que de acuerdo con la comunicación telefónica que en ese momento tuvo la presidenta con el ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes, por la tarde los representantes de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales serán recibidos por el ciudadano director de Relaciones Laborales de esa Secretaría.

Hace uso de la palabra la diputada María del Carmen Moreno de Almanza, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para denunciar lluvias ácidas y daños causados por la extracción de hidrocarburos en perjuicio de los agricultores del municipio de Comacalco, Tabasco. Solicitó la intervención de la comisión ante las autoridades de la secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología para que se tomen medidas de preservación del ambiente y ante Petróleos Mexicanos para los mismos fines, además del pago por los daños y perjuicios causados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Alfredo Pliego Aldana, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia abusos cometidos por agentes de la policía judicial del estado de Tamaulipas en el retén de las Norias, municipio de San Fernando, a cargo del comandante Juan Benítez Ayala, contra campesinos y trabajadores del estado de Michoacán. Solicita la Intervención de la comisión ante las autoridades competentes para que se evite la violación de sus Derechos Humanos.

Hace uso de la palabra el diputado Reynaldo Rosas Domínguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para denunciar arbitrariedades y daños ecológicos en perjuicio de los pobladores del municipio del Cocotitlán, estado de México, relativos a la explotación de tezontle, arena y tepetate por parte de la compañía privada "Girog, S. A. de C. V.", en un cerro de la localidad. Afirma que en el lugar existen vestigios de culturas prehispánicas que se están perdiendo por la explotación de estos materiales y la empresa no cuenta con la protección adecuada en las excavaciones realizadas, motivo por el cual se presentan frecuentes accidentes. Solicita la intervención de la comisión ante las autoridades correspondientes para declarar la zona como reserva ecológica, histórica y arqueológica. Asimismo, solicitó se revoquen las órdenes de aprehensión giradas en contra de algunos miembros de la comunidad.

La presidenta informa que en virtud de que se trata de una sesión pública, entre los asistentes

se encuentran demandantes que desean plantear de viva voz sus problemas. Solicita a los ciudadanos diputados miembros de la comisión la autorización para que se lleve a cabo tal planteamiento, mismos que están de acuerdo en que se le otorgue la palabra al público presente.

En tal virtud, se le concede el uso de la palabra al ciudadano Carlos Carbajal López, representante nacional de los trabajadores jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México, quien da una amplia explicación de los problemas que enfrentan. Solicita la intervención de la comisión y de los ciudadanos diputados para resolver la situación expuesta.

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Manuel Valle Muela, representante de los trabajadores ferrocarrileros jubilados sección V del estado de Chihuahua, quien relata la situación sindical que vive la empresa.

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano José Cedillo Valdez, para hablar en relación a la denuncia que se hizo en la sesión anterior respecto a problemas de distribución de agua, drenaje, alcantarillado e inundaciones en ciudad Nezahualcóyotl. Solicita la intervención de la comisión para que el Programa Nacional de Solidaridad beneficie la zona afectada.

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Miguel Camino Castillo, habitante del municipio de Cocotitlán, para denuncia irregularidades en los asentamientos humanos, falta de vigilancia y detenciones injustas por parte de la policía, en la localidad.

Se le concede el uso de la palabra al ciudadano Silverio Castillo, quien denuncia arbitrariedades del director de gobierno del estado de México, en contra de habitantes de Cocotitlán. Solicita la intervención de la comisión ante las autoridades respectivas, para que preserve el medio ambiente y se respeten los Derechos Humanos.

No habiendo quien haga uso de la palabra, la secretaría informa a la concurrencia, que la comisión no es la autoridad responsable y competente para resolver de manera directa los problemas planteados, sino que su función es la de ser un conducto que apoya, gestiona y da seguimiento a las demandas populares para su solución.

Una vez concluidos los puntos del orden del día y siendo las catorce horas con veinte minutos, la secretaría da por finalizada la audiencia pública y cita para la próxima que se llevará a cabo el día jueves veintisiete de junio.»

Trámite: -Insértese en el Diario de los Debates.

INICIATIVA

LEY ORGÁNICA DEL DISTRITO FEDERAL

Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara

El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Jorge Galván Moreno, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa sobre la adición del Capítulo VII de la Ley Orgánica del Distrito Federal.

El diputado Jorge Galván Moreno: - Señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Los suscritos, diputados de esta LIV Legislatura del Congreso de la Unión, miembros del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 y la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 55, fracción II del Reglamento Interior del Congreso General y del artículo 5o. de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, sometemos a esta soberanía la adición del Capítulo VII a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, con base a la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Mucho se ha dicho y escrito sobre los problemas que presenta una ciudad de las dimensiones como la nuestra. En el Distrito Federal, según el censo de 1990, ya sobrepasan los 8 millones de habitantes, pero el área metropolitana se ha unido con 17 municipios conurbados y éstos suman ya más de 10 millones. Nuestra ciudad, si aún no lo es, pronto ganará el título de la más grande del mundo.

Todos sabemos las causas por las que se ha formado esta monstruosa ciudad, principalmente por las políticas erróneas de un gobierno que en su afán de perpetuarse en el poder, fomentó la centralización de todos los poderes, principalmente el político y el económico, creando una burocracia gigante que requirió todo tipo de servicios en un plazo muy corto. El presidencialismo imperante toma todas las decisiones desde el centro del país y por ello permanecen todas las secretarías del Estado en el Distrito

Federal, debiendo estar muchas de ellas en la provincia ayudando a desarrollar otras poblaciones.

Con una ceguera casi absoluta de planeación nacional, ahora tenemos que enfrentar problemas que se antojan, muchos de ellos sin solución; carencia de vivienda, hacinamiento, cinturones de miseria, inseguridad pública, deficiencias en el abasto, el deterioro alarmante del ambiente ecológico, basura, tránsito, transporte, drenajes, etcétera. En esta ciudad, tema que se toca es un verdadero caos que amenaza la supervivencia humana.

Uno de los más graves, que de no preverse con la debida atención pondrá en peligro serio la vida, es el del agua y en consecuencia también el drenaje.

La ciudadanía demanda una atención inmediata por parte del Estado, y esto debe abarcar todos los aspectos. El suministro actualmente se proporciona en poco más del 70% de pozos del propio valle de México y del Lerma, o sea, fuentes subterráneas. El restante por ciento se recibe principalmente de fuentes superficiales, del Cuatzamala y del Lerma. Los proyectos que se elaboran cada vez resultan más costosos por la lejanía y por la altura que hay que vencer para traer el líquido a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, y tampoco resulta justo condenar a la sequía a otras poblaciones que por el derecho propio les pertenece el agua para ser bombeada y satisfacer solamente parcialmente la cada vez mayor demanda de la ciudad de México.

En el manejo del sistema hidráulico intervienen actualmente muy diversas dependencias del Departamento del Distrito Federal y del propio gobierno federal. En la práctica se ha observado que con la intervención de tantas dependencias o entidades se tienen muchas indefiniciones, originando duplicidad de funciones ya que el marco jurídico que la sustenta lógicamente encuentra confrontaciones que finalmente redundan en una baja calidad de los servicios.

Así, tenemos que el en manejo del sistema hidráulico intervienen todas las delegaciones políticas del Distrito Federal, la Tesorería del Distrito Federal, la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, que lleva la mayor parte del peso, también intervienen la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la de Desarrollo Urbano y Ecología y otras, pues además de abastecer el agua en bloque se tiene que operar sistemas de pozo que se encuentran, unos ubicados en el estado de México y otros en el Distrito Federal.

Esta forma de operar diluye las responsabilidades. No es fácil determinar la eficiencia, prácticamente resulta imposible hacer evaluaciones para corregir sistemas retroalimentándose adecuadamente para eliminar fallas. Tampoco la planeación resulta fácil, pues se topa con barreras jurídicas constantemente al no tener la representación legal adecuada ni orgánica.

Se han hecho intentos para tratar de resolver los problemas del gigantesco sistema hidráulico regionalizando su manejo, tanto en el agua como en el drenaje, pero esto dificulta las acciones para que tengan continuidad. Los recursos de las delegaciones políticas tampoco son suficientes ni técnicamente ni económicamente, y los problemas de las redes que debieran atender las tiene que resolver en su gran mayoría la propia Dirección de Construcción y Operación Hidráulica.

Para ejemplificar la burocratización del sistema y apoyar nuestra proposición, basta señalar el siguiente procedimiento: cuando el usuario solicita el servicio de agua tiene que acudir a la delegación correspondiente, de ahí envía los datos del registro a la Tesorería del Distrito Federal y a la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica, y la propia delegación lleva a cabo la conexión, posteriormente la Dirección General de Construcción y Operación Hidráulica instala el medidor correspondiente y se lo notifica a la Tesorería, para que ésta le proporcione a la dirección el número del padrón de usuarios. Esto sucede cuando es de 13 milímetros la toma, porque si es mayor pasa a otra Dirección de Servicios a Usuarios, que lleva el control de los denominados grandes consumidores.

Todo esto origina lentitud en los trámites, pérdida de control, ineficiencia en la colocación de medidores y carencia de éstos en el 60% de las tomas, y que a su vez se refleja en la falta de cobro oportuno en unos casos, y en otros en el medio cobro injusto porque se basan en supuestas mediciones históricas que no son otra cosa que criterios sobre el escritorio.

Por todo lo expuesto se hace indispensable pensar en un organismo que plante y controle desde

la captación del agua hasta el desalojo de los desechos, pasando por su distribución, medición, facturación y cobro de derechos y contribuciones con su correspondiente padrón.

Proponemos crear un solo organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, para lo cual esta soberanía tendrá que otorgar su aprobación, así como se requerirá la intervención de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para su reglamentación.

Considerando que el problema del agua y del drenaje es de capital importancia y de urgente resolución, para los millones de ciudadanos que habitan en la ciudad de México, que para conocer el problema, buscar soluciones, resolverlos adecuadamente, operar los sistemas integralmente, se recomienda un solo organismo que cubra todas sus etapas, que el gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo dependencias aisladas que tratan cada una en forma parcial el problema y que el gobierno federal también tiene entidades que coadyuvan a la resolución del mismo; que dichas entidades o dependencias, destinadas a cubrir una actividad de tanta importancia, la deben cumplir de manera óptima, con los elevados propósitos que las leyes le señalan; que en consecuencia es necesario que estas entidades o dependencias operen debidamente integradas, a fin de lograr el máximo aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos con que cuentan; que el gobierno federal tiene la facultad y el deber de impulsar la creación de un organismo que en su ámbito satisfaga las necesidades y los requerimientos del pueblo de la zona metropolitana; que esas entidades, que hasta ahora operan, constituyen un amplio conjunto que debe ser ordenado y modernizado a fin de lograr su máxima eficiencia.

Por todo lo anterior, considerando que debe ser un solo organismo el que tenga competencia en esta materia, se expide el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se agrega el Capítulo VII a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal para la creación del organismo público descentralizado denominado Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, pasando los artículos transitorios actuales a formar parte de este capítulo al final mismo, para quedar como sigue:

CAPITULO VII

De la creación del organismo público descentralizado, denominado Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal.

Artículo 60. Se crea el organismo público descentralizado, denominado Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tendrá por objeto la planeación, operación, distribución y administración, y en general la prestación de los servicios públicos de agua y drenaje en el Distrito Federal.

La operación descentralizada se llevará a cabo de acuerdo con las normas programáticas y de evaluación que defina la Secretaría de Gobernación por el conducto del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 61. Este organismo quedará facultado para:

I. Atender las necesidades del agua y del drenaje en cuanto se refiere al servicio público en el Distrito Federal;

II. Elaborar los estudios y proyectos, programar y construir, operar y dar mantenimiento y administrar todo lo relativo para cumplir con su objetivo;

III. Elaborar los estudios por cuenta o valiéndose de terceros, para la dotación de agua, como para el desalojo de los desechos a corto, mediano y largo plazo;

IV. Elaborar los estudios y proyectos para recuperar las fuentes acuíferas que han abastecido el valle, al fin de hacerlas renovables;

V. Elaborar los estudios económicos y de financiamiento de los proyectos antes descritos, para verificar la factibilidad de las diversas opciones;

VI. La investigación de nuevas fuentes de abasto y realizar su captación;

VII. El transporte, la conducción, la distribución y el almacenamiento del agua;

VIII. Prestar los servicios del agua y drenaje a todos los usuarios del Distrito Federal;

IX. Construir y supervisar todas las obras que para su objeto sean necesarias, tanto de agua

potable, aguas residuales y su aprovechamiento, como el drenaje;

X. Construir y operar las plantas potabilizadoras de agua, así como las plantas de tratamiento para reuso y su aprovechamiento;

XI. Contratar los servicios de empresas especializadas, tanto en la investigación como en la construcción y mantenimiento;

XII. Fijar normas de calidad del agua potable, así como las especificaciones y normas a las que habrán de sujetarse las obras y los servicios objeto de este decreto;

XII. Construir, operar y dar mantenimiento a toda la red de agua, desde su captación hasta la entrega domiciliaria;

XIV. Construir, operar y mantener la red de alcantarillado, drenaje, canales, drenaje profundo, desde el desalojo domiciliario hasta su evacuación total en cruces o cuencas, cuidando el entorno ecológico;

XV. Construir, operar y mantener los tanques de almacenamiento y regulación;

XVI. Tomar lecturas, facturar y cobrar los derechos, ingresos y accesorios legales por la prestación de servicios públicos de agua y drenaje, así como recabar las cuotas por arreglos especiales, ampliación de redes y desazolves, de acuerdo a las tarifas que establezca la Ley de Ingreso del Departamento del Distrito Federal correspondiente;

XVII. En general, construir, operar y dar mantenimiento a todas las obras de infraestructura que se consideren necesarias;

XVIII. Cuando por causas de fuerza mayor el abasto es limitado, tiene la facultad de regular el consumo por zonas o regiones que técnicamente sea recomendado;

XIX. Se faculta para suspender los servicios por falta de pago, según lo prevea el reglamento al respecto;

XX. Controlar las corrientes normales y eventuales ejecutando las obras de defensa en coordinación con la autoridad federal del agua;

XXI. Dar prioridad a la construcción de obras que favorezcan la recarga de los mantos acuíferos;

XXII. Coordinarse con las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Salud Desarrollo Urbano y Ecología, para evitar el deterioro del sistema ecológico del valle , desde la captación de los recursos, extracción, captación, infiltración, así como el reuso y desalojo, para que satisfaciendo las condiciones mínimas de control, puedan ser descargadas a las redes, cauces, cuencas, bases y demás depósitos finales;

XXIII. Consultar a los centros de educación superior, a los centros de investigación y a las sociedades de profesionistas de reconocido nivel académico, para que aporten sugerencias que coadyuven a la solución del problema;

XXIV. Establecer los procedimientos para el cobro de ingresos del organismo, así como determinar los créditos de los diferentes servicios;

XXV. Aplicar sus recursos financieros;

XXVI. Adquirir o enajenar los bienes muebles e inmuebles de su patrimonio de acuerdo a la ley correspondiente;

XXVII. Establecer o cancelar las oficinas centrales o regionales;

XXVIII. Expedir los manuales de operación y reglamentación necesarios;

XXIX. Establecer la coordinación con las entidades y dependencias de la administración pública federal, de conformidad con la presente ley y su reglamentación y cualquier otra disposición legal aplicable;

XXX. Se regirá en el ámbito administrativo, acatando la Ley Federal de Agua de los estados Unidos Mexicanos y su reglamentación;

XXXI. Realizar toda clase de actos jurídicos para el cumplimiento de sus atribuciones;

XXXII. Imponer las sanciones que establezca el reglamento por violaciones a esta ley y las demás que fijen expresamente las leyes y los reglamentos, y

XXXIII. Los demás que este decreto y otras disposiciones le confieran para el cumplimiento de sus feñes.

Artículo 62. Su patrimonio quedará constituido por:

I. Los muebles e inmuebles destinados a la infraestructura de los sistemas hidráulicos, los que

presten al servicio público en el Distrito Federal y todo el inventario que para tal fin posean las diferentes dependencias que serán objeto de esta cuestión;

II. Los bienes y derechos que en el ejercicio de su función adquiera;

III. Las asignaciones y designaciones de aguas que le otorgue la autoridad federal del agua;

IV. Los subsidios y subvenciones que se le otorguen;

V. Las cuotas que por servicios y derechos le cobre a los usuarios, y

VI. Todos los demás bienes que adquiera por cualquier título legal, así como sus derechos.

Artículo 63. la dirección y administración del organismo descentralizado Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, estará a cargo de:

I. Consejo de administración, y

II. Director general.

Artículo 64. El consejo de administración será presidido por el Jefe del Departamento del Distrito Federal como presidente, por el secretario general de Obras del propio Departamento que fungirá como vicepresidente y los consejeros representantes de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Secretaría de Programación y Presupuesto, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la primer mayoría de la Cámara de Diputados, de la primer minoría de la Cámara de Diputados, de la Universidad Autónoma de México, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Comisión Nacional del Agua y del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.

Por cada consejero propietario se designará a un suplente. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. El consejo podrá invitar a asociaciones a los delegados políticos del Departamento del Distrito Federal, a las agrupaciones intermedias públicas o privadas que estime pertinente o que lo hayan manifestado.

El consejo de administración designará un secretario de actas y acuerdos sin voz ni voto, así como un secretario que lo suplirá en sus ausencias, ambas deberán ser ajenas al organismo.

Artículo 65. La Secretaría de la Contraloría General de la Federación designará a un comisario que actuará como órgano de vigilancia en los términos legales procedentes.

Artículo 66. Son facultades del consejo de administración, además de las que le otorga el artículo 58 de la Ley de Entidades Paraestatales, las siguientes:

I. Aprobar el programa de administración y su reglamento interno;

II. Examinar y, en su caso, aprobar el presupuesto anual de egresos y la estimación de ingresos para el año siguiente;

III. Aprobar la estructura del organismo;

IV. Examinar y aprobar el plan de adiciones y mejoras que formule la dirección general y vigilar que se ejecute;

V. Examinar, discutir y aprobar, en su caso, el balance anual y los informes financieros que presente el director general;

VI. Resolver sobre los problemas de administración y operación que le presente el director general;

VII. Aprobar las propuestas de designación de funcionarios, personal técnico y administrativo que le someta el director general, pudiendo delegar esta facultad en favor de éste cuando lo juzgue necesario;

VIII. Aprobar los créditos que se requieran para el financiamiento del organismo, de conformidad con lo que dispongan las leyes, reglamentos y disposiciones respectivas;

IX. Establecer, reorganizar o suprimir oficinas regionales;

X. Establecer las tarifas, ingresos y los accesorios legales para la conexión y prestación de los servicios, así como los procedimientos para su cobro;

XI. Nombrar y remover a subdirectores regionales y mandos superiores, y

XII. Las demás que sean propias y necesarias para el desarrollo de las funciones que se le encomienden en el presente decreto.

Artículo 67. El consejo de administración se reunirá trimestralmente y cuando lo convoque se presidente.

Sesionará válidamente con la asistencia de ocho de sus miembros y sus acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los asistentes.

Artículo 68. El secretario del consejo de administración tendrá las siguientes funciones:

I. Convocar al consejo por acuerdo de su presidente;

II. Llevar las actas de las sesiones;

III. Verificar que se cumplan los acuerdos y resoluciones adoptadas por el consejo, y

IV. Las demás que el consejo le asigne.

Artículo 69. El director general del organismo será designado y removido por el Jefe del Departamento del Distrito Federal y tendrá las siguientes funciones:

I. Representar legalmente al organismo ante toda clase de autoridades, organismos públicos y privados y personas físicas con poderes generales para actos de dominio y administración, para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio;

II. Hacer cumplir los acuerdos del consejo de administración;

III. Presentar cada seis meses los estados financieros del organismo al consejo de administración;

IV. Presentar anualmente el informe de actividades, programas de labores y los presupuestos de ingresos y egresos del organismo;

V. Asistir a las reuniones del consejo de administración con voz, únicamente;

VI. Proponer al consejo de administración la designación o destitución de los funcionarios del mando superior;

VII. Nombrar y remover a los demás funcionarios, trabajadores del organismo, y

VIII. Las demás que decida otorgarle el consejo de administración.

Artículo 70. Los servicios de agua y drenaje que el organismo ejecute en cualquier lugar público, deberá cumplir con los señalamientos, medidas de seguridad y reparando a la brevedad posible.

Artículo 71. El organismo no tendrá responsabilidad:

I. Por causas de fuerza mayor;

II. Por molestias o daños que cause cuando esté haciendo trabajos de mantenimiento, de reparación, modificación o ampliación, y

III. Por defectos de instalaciones atribuibles al propio usuario.

Artículo 72. El Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, estará exento de impuestos y demás gravámenes fiscales.

Artículo 73. El recibo o notificación que presente el organismo al usuario, tendrá efecto legal de cobro y deberá ser cubierto dentro de los 15 días siguientes a su presentación.

Artículo 74. Si el recibo no es cubierto por el usuario, el organismo suspenderá la prestación del servicio en los términos que marca el reglamento para el efecto.

Artículo 75. El cobro del organismo es de carácter fiscal y por lo mismo tiene preferencia sobre cualquier otro.

Artículo 76. Los inmuebles de los usuarios son objeto de embargo y por lo tanto sus propietarios son solidarios con los adeudos al organismo.

Artículo 77. El organismo tiene derecho a requerir los adeudos atrasados hasta cinco años atrás.

Artículo 78. Las relaciones laborales entre el organismo y sus trabajadores, se regirán por el apartado B, del artículo 123 constitucional.

Artículo 79. El usuario podrá solicitar el recurso de revisión en caso de inconformidad y para ello deberá promoverlo en las oficinas que para el caso disponga el organismo.

Artículo 80. Las controversias judiciales en que sea parte o tenga interés el Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, serán competencia de los tribunales del fuero común del Distrito Federal.

Artículo segundo. Artículos transitorios:

Artículo primero. Todas las atribuciones que las leyes y sus disposiciones legales otorguen al Departamento del Distrito Federal en cuanto a la prestación de los servicios públicos de agua y drenaje en el Distrito Federal, se confieren al organismo público Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, en los términos de esta ley.

Artículo segundo. Todas las unidades administrativas que tengan que ver directa o indirectamente con la prestación de los servicios públicos de agua y drenaje, se entienden conferidas al organismo público descentralizado Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal, en los términos de esta ley.

Artículo tercero. Todas las asignaciones, concesiones, permisos, autorización y en general todos los asuntos que se encuentren en trámite serán proseguidos y concluidos por el organismo público descentralizado Sistema de Agua y Drenaje del Distrito Federal.

Artículo cuarto. Los derechos de los trabajadores que pasen a formar parte del personal del organismo serán respetados en virtud de los contraidos con el propio Departamento, pero podrán ser reubicados, según las necesidades de la nueva organización. La Secretaría de Programación y Presupuesto dispondrá lo necesario para las partidas presupuestales que correspondan al personal que pase a prestar sus servicios al organismo traspaso o creación de nuevas plazas.

Artículo quinto. Las dependencias que tienen funciones, relaciones con el servicio de agua y drenaje, pondrán a la disposición del organismo todo el mobiliario y equipo que requiera y pasará a formar parte de su patrimonio, integrando el inventario para que la autoridad competente haga la transferencia legal.

Artículo sexto. El organismo señalará de inmediato las facultades a las unidades administrativas para el inmediato despacho de los asuntos y expedirá la reglamentación respectiva.

Artículo séptimo. Se derogan las disposiciones que se opongan a la presente ley.

Artículo octavo. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 25 de junio de 1991.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, suscriben la presente los diputados: Fernando Antonio Lozano Gracia, José Luis Luege Tamargo, Régulo Pastor Fernández, Eleazar Cervantes Medina, Juan José Hernández Trejo, Miguel Hernández Labastida y el de la voz. Muchas gracias.

El Presidente: - Túrnese a la Comisión del Distrito Federal.

LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ulises Lara López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El diputado Ulises Lara López: - Señores diputados: La Universidad Nacional Autónoma de México está regida por una ley orgánica que fue aprobada en diciembre de 1944 y entró en vigor en enero de 1945. Esta ley orgánica es resultante de un largo proceso, doloroso incluso, para poder resolver los problemas que en aquel entonces vivía nuestra máxima casa de estudios.

En esencia, este proyecto de ley orgánica intentaba integrar los órganos de autoridad que dieran orden y cohesión a las fuerzas actuantes dentro de esa institución; sin embargo, a lo largo de todos estos años, la Universidad Nacional Autónoma de México ha venido cambiando sustancialmente, ha cambiado en tanto que han emergido nuevos actores en su seno, surgieron los sindicatos, surgieron los investigadores y las dimensiones de la propia Universidad Nacional Autónoma de México cambiaron radicalmente su composición en cuanto a número y distribución de sus propias entidades educativas.

En 1980 se adiciona la fracción VIII al artículo 3o., constitucional, donde se eleva a rango constitucional la autonomía universitaria. A lo largo también de este proceso se empiezan a construir o se empiezan a diseñar estatutos como son el Estatuto de Personal Académico, el Estatuto General y lo referente al contrato colectivo en la Ley General de Trabajo y recientemente en los pasados meses de abril y junio se organizó el Congreso General Universitario.

Muchos de los asuntos que en esos 45 y ya casi 46 años han venido tratando, han venido derogando por la vía de los hechos, la ley orgánica,

por ejemplo, en el artículo 3o. de esta ley se dice que las relaciones laborales estarán sujetas a estatutos especiales, sin embargo, por la adición al Título Sexto con el Capítulo VIII sobre el trabajo de los universitarios e instituciones de educación superior, esos estatutos especiales quedaron fuera de su alcance.

En el Congreso Universitario se aprobó el ingreso de los investigadores al Consejo Universitario, figura que no esta contemplada dentro de la propia ley orgánica. Recientemente y con el conflicto interno sobre los asuntos financieros de la universidad, se acaba de separar la figura de tesorero contralor en dos secretarías independientes, asunto también que no está contemplado dentro de la ley orgánica.

La junta de gobierno, órgano que está encargado de designar las autoridades universitarias desde el rector hasta los directores, en términos reales ya no garantiza una consulta real a la comunidad, muchos han sido los conflictos que ha generado en lugar de resolverlos, muchas las comunidades de cada facultad e incluso, de la comunidad conjunto, universitaria, en la designación de estos funcionarios.

En el reciente problema de la administración de los recursos de la universidad, en donde entró en conflicto la autoridad del patronato con la rectoría, no intervino conforme a lo que establece la ley orgánica, para dilucidar ese tipo de conflictos. Cada vez más la junta de gobierno carece de legitimidad en sus procesos de discusión, incluso de integración, 15 notables ya no pueden ser elementos que conozcan a una universidad de más de 400 mil personas.

El patronato universitario recientemente cuestionado y cuestionador de la universidad, desde hace buen tiempo dejó de ejercer sus funciones, entre ellas estaba el de vigilar los presupuestos de la universidad, presentar proyectos, vigilar el patrimonio de las inversiones, muchos de esos asuntos habían venido siendo sustituidos y hoy entraron en conflicto con el secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El rector de la universidad sigue concentrando en sus manos demasiadas funciones, él designa el gabinete, él nombra a los secretarios, él es el que decide en qué momento se pueden abrir o no consultas para determinados procedimientos internos. El rector de la universidad ha venido concentrando tanto poder en una universidad tan grande como es la Nacional de México, que cada vez más son muchos de los problemas que están fuera de su alcance o son quizá muchos de los problemas de los cuales él conoce y no da cuenta a la propia comunidad universitaria.

En todo este proceso un asunto queda claro, existe una exigencia de nuevas formas de organización y de reglamentación de diversas funciones. En el pasado Consejo Universitario se aprobó se conformaran consejos académicos por área que permitieran la organización académica de la universidad en nuevas estructuras que frente a los desafíos de la modernidad y de las nuevas profesiones, tuviera opciones para modificarse internamente.

Esto no está contemplado en la organización interna de la universidad, existen de una u otra forma también exigencias reales de que se puede empezar a reglamentar la situación interna de la universidad; de hecho el rector reconoció al respecto de los asuntos que hoy están tratando de aclarar en la universidad en lo referente al manejo administrativo de los recursos financieros, que una vez terminada la investigación, de ahí saldrán medidas que eviten en el futuro que esos asuntos se presenten.

También ha venido siendo una exigencia cada vez mayor de los universitarios, e incluso de todos los que estamos estrechamente vinculados con la universidad, de que la autonomía debe de seguir siendo respetada, que no debe de ser restringida, que no debe de haber intervención del gobierno en los asuntos internos de la universidad.

En este escándalo que le han llamado en muchos casos la atención de todos nosotros sobre el asunto de los dineros de la universidad, se habla de la intromisión directa de algunos funcionarios.

Estamos también convencidos de que muchos de nosotros no quisiéramos ver envuelta a la universidad en este tipo de circunstancias, pero lo cierto es que cada vez se cuestiona más si la universidad puede seguirse manejando autónomamente. Yo no solamente creo que lo puede de seguir haciendo, ha demostrado que la Universidad Nacional Autónoma de México debe de seguir siendo autónoma, puede ser autónoma y ha tenido su capacidad de autogestión para desarrollarlo.

Siendo así las cosas y siendo claros además de que la universidad nacional ha logrado la madurez suficiente para dotarse de sus propias formas orgánicas que le sirvan para llevar a cabo

sus objetivos finales, que no puede seguir siendo la ley orgánica obsoleta un obstáculo para arribar a nuevas formas de organización y de gobierno más eficientes y más democráticas, una ley que incluso va contraria al artículo 3o., constitucional en su fracción VIII, proponemos a este honorable Congreso, la siguiente Ley sobre la Universidad Nacional Autónoma de México.

« EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Universidad Nacional Autónoma de México.

Una vez más, la Universidad Nacional Autónoma de México se ve envuelta en el escándalo, vayamos a los hechos:

1) El pasado mes de abril, dos de los tres miembros del Patronato Universitario, José Ernesto Costemalle y Juan José de Olloqui, presentaron su renuncia debido a "la pérdida de confianza hacia la administración financiera en esa institución y a las restricciones que la rectoría les impuso para vigilar la realización adecuada de contratos y adquisiciones, cuyos métodos no son transparentes". Uno Más Uno, 11/5/91.

2) El 7 de junio aparece en la revista "Filo Rojo", una entrevista (realizada por Miguel Badillo) en la cual el administrador Garza detalla la conversación que sostuvo con un funcionario de la Secretaría de Gobernación, y en la cual claramente dice: "Yo empecé a dar detalle de cómo estaba la cosa y, de acuerdo con mi interpretación, le dije que para solucionarlo era necesario que se callaran los del patronato".

3) El 15 de junio, Ernesto Fernández Hurtado renuncia al patronato, (del cual era presidente) por estar inconforme con los manejos poco transparentes que hay en la administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

4) El viernes 20 de junio, el secretario administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Tomás Garza Hernández y el tesorero - contralor (¡vaya figura!) Jorge Parra Reynoso, "dimiten" a sus cargos con el fin de facilitar las investigaciones en torno a los presuntos malos manejos administrativos en la institución.

5) El rector José Sarukhán Kermez declara al periodista José Gutiérrez Vivo, lo siguiente: "Los patronos cuando discutimos esto y yo pedí(sic) que nos sentáramos a revisarlo, tenían preocupación sobre algunos procedimientos administrativos, formas de llevar a cabo algunos procedimientos de compra y cosas de este tipo, que se habían establecido y que habían sido del conocimiento del patronato, prácticamente desde abril de 1989... Por desgracia esto no se pudo dar y yo insistí mucho en que pudiéramos hacer este análisis".

De acuerdo con los hechos y declaraciones arriba apuntadas, podemos dar cuenta de la grave crisis institucional que priva en la Universidad Nacional Autónoma de México y sobre todo, de las personas directamente involucradas en el conflicto (patronos, funcionarios designados por el rector, el rector y algunos funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente de la República). En seguida haremos algunos comentarios, para luego finalizar con una propuesta, respecto.

En primer lugar, habría que destacar dos elementos sustanciales: el primero es que existe un conflicto entre autoridades y por lo tanto, toca a la junta de gobierno resolver (artículo 6o., fracción V de la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México); el segundo, es que los patronos se quejan de ser obstaculizados por la rectoría. Si la junta de gobierno es la encargada de dar solución a los conflictos internos y esa facultad, es ampliamente conocida por los patronos, ¿cuál es su interés por darlo a conocer públicamente? ¿Cuál es el verdadero origen de este conflicto? ¿Por qué la rectoría (según los patronos) obstaculiza la vigilancia de la administración de los recursos?

Segundo punto. ¿Cómo es posible que Garza se atreva a dar línea a autoridades externas para resolver el problema, solicitando para ello acallar a los patronos? Aquí queda bastante claro que el ex secretario administrativo no sólo viola flagrantemente la autonomía universitaria sino además, invita a coartar el derecho constitucional que todo ciudadano mexicano tiene para expresar libremente sus ideas.

Tercer punto. ¿Por qué espera tanto tiempo Fernández Hurtado para renunciar, si de todos modos lo iba a hacer por los mismos motivos de los anteriores patronos? Imaginamos dos escenarios. Uno, según el cual Fernández Hurtado (como todo buen institucional) espera, para no evidenciar directamente la obsolescencia de esta instancia; otro que le obliga, no sabemos qué órdenes, a permanecer. No obstante, cualquiera que haya sido el motivo, lo que sí queda claro es que el Patronato Universitario, tal y como fue propuesto en el Congreso Universitario, no tiene ya razón de existir y que sus

funciones deben ser absorbidas por la máxima instancia que es, el Consejo Universitario.

Cuarto punto. menos mal que estos funcionarios tuvieron a bien renunciar.

Por último, el artículo 9o. de la Ley Orgánica que desde 1945 rige para la Universidad Nacional Autónoma de México, dice a la letra: "El rector será el jefe nato de la universidad, su representante legal y presidente del Consejo Universitario...". Así las cosas, sucede que el doctor Sarukhán en lugar de exigir a los patronos que informen de los hechos presuntamente ilegales, les pide sentarse a revisar los problemas. Esta actitud del rector nos parece, y estoy seguro que a la mayoría de los universitarios, poco responsable e incluso sospechosa (esto último en lo personal). Todavía más, el rector omitió los hechos en la sesión del pasado Consejo Universitario del 30 de abril y aún no se ha dignado a citar al pleno para informar y discutir sobre este espinoso asunto. La Universidad Nacional Autónoma de México requiere funcionarios que actúen con firmeza y decisión.

Por todo lo anterior, las medidas tomadas por el rector de iniciar auditorías y separar las funciones del tesorero contralor en dos nuevas secretarías y apoyarse en la comisión de vigilancia administrativa del Consejo Universitario, dejando abierta la posibilidad de crear a partir de las conclusiones, procedimientos que eviten en lo futuro situaciones similares, no van al fondo del problema.

La actual crisis nos demuestra que instancias como: El Patronato Universitario y la junta de gobierno son ya obsoletas dentro de la estructura de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estas ya no garantizan (está claro) la "estabilidad institucional" a la que apelan quienes quieren sostener la ley orgánica de 1945. las atribuciones del rector no pueden seguir concentrando tanto poder de decisión y discrecionalidad en el ejercicio del mismo.

La Universidad Nacional Autónoma de México ha demostrado en los últimos años la capacidad de resolver sus conflictos internos en ejercicio de su autonomía consagrada en la fracción VIII del artículo 3o., constitucional, así como la madurez de su comunidad para dotarse de las instancias que le permitan atender sus problemas. La Ley orgánica vigente, puesta en entredicho por casi la mitad de los delegados al Congreso Universitario y por lo aquí expuesto, debe ser derogada por ser contraria a la propia Constitución y a los intereses universitarios.

En ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción II del artículo 71, de la constitución Política, los abajo firmantes, miembros del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos la siguiente:

INICIATIVA DE LEY DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Artículo 1o. La Universidad Nacional Autónoma de México es una institución autónoma de educación superior con capacidad para autogobernarse y administrar su patrimonio como mejor convenga a sus intereses. Realizará sus fines de educar, investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios del artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respetando la libertad de cátedra, investigación y libre examen y discusión de las ideas.

Determinará sus planes y programas y podrá expedir certificados de estudio, grados y títulos, así como otorgar validez para fines académicos, a los estudios que se hagan en otras instituciones educativas nacionales o extranjeras.

Artículo 2o. La universidad fijará los términos de ingreso, promoción y permanencia de sus trabajadores académicos, sin que para ellos se establezcan limitaciones derivadas de su posición política e ideológica y sin que ésta sea causa que motive la remoción.

Artículo 3o. La universidad será libre para determinar sus propias normas reglamentarias, que serán democráticas y garantizarán la participación de los universitarios.

Artículo 4o. El patrimonio de la universidad estará constituido por los bienes y recursos de que actualmente goza y los que adquiera con posterioridad. La Federación está obligada a subsidiar anualmente a la Universidad, asegurando que cuente con los recursos necesarios para su cabal funcionamiento. Este subsidio será fijado en el Presupuesto de Egresos de cada ejercicio fiscal.

Artículo 5o. Los inmuebles que formen parte del patrimonio universitario y que estén destinados a sus servicios, serán inalienables e imprescriptibles y sobre ellos no podrá constituir la institución ningún gravamen.

Cuando alguno de los inmuebles citados deje de ser utilizable para los servicios indicados, la universidad, a través del órgano competente, podrá declararse así y su resolución, protocolizada, se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad correspondiente. A partir de este momento, los inmuebles afectados quedarán en situación jurídica de bienes de propiedad privada de la Universidad, sujetos íntegramente a las disposiciones del derecho común.

Artículo 6o. Los ingresos de la Universidad y los bienes de su propiedad, no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales y municipales. Tampoco estarán gravados los actos y contratos en que ella intervenga, siempre que los impuestos, conforme a la ley respectiva, debiesen estar a cargo de la universidad.

La universidad gozará de franquicia postal para su correspondencia oficial y de los privilegios de que disfrutan las oficinas públicas en los servicios telegráficos.

TRANSITORIOS

Primero. El actual Consejo Universitario, conforme al proceso iniciado postcongreso en torno a la modificación del Estatuto General, incluirá en su temática de discusión, todo lo relacionado con el gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Segundo. Durante el lapso que dure la discusión y aprobación del nuevo Estatuto General de la universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México se regirá por el Estatuto General vigente, en el entendido de que las actuales instancias de autoridad, quedarán sujetas al nuevo estatuto que apruebe el Consejo Universitario.

Tercero. Queda abrogada la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, promulgada el 30 de diciembre de 1944 y cualquier otra disposición legal que se oponga a la presente.

Cuarto. la presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

México, Distrito Federal, a 25 de junio de 1991.- Dado en el recinto alterno de la Cámara de Diputados.- Atentamente, diputado Ulises Lara López.»

El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Educación Pública.

TOMA DE PROTESTA

El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una iniciativa sobre reformas a la Ley General de Salud.

En virtud de que no se encuentra el diputado Coca Alvarez, esta Presidencia informa que se encuentran a las puertas de este recinto los ciudadanos Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Francisco Hernández Terán, Máximo Martínez Aguirre y Juan Sosa Benítez, diputados suplentes electos en los siguientes distritos: V del estado de Hidalgo, XIII del estado de México, XII del estado de Jalisco y IV del estado de Oaxaca, respectivamente.

Se designa en comisión para que los acompañen en el acto de rendir la protesta de ley para entrar en funciones, a los siguientes diputados: Cuauhtémoc Anda, César Jiménez, Héctor Jarquín, Sergio Reguero, Francisco Salas y Guadalupe Vega M.

El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Se ruega a la comisión cumplir con este encargo.

(La comisión cumple su cometido.)

Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente: - Ciudadanos Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Francisco Hernández Terán, Máximo Martínez Aguirre y Juan José Benítez: ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?

Los ciudadanos Prisciliano Diego Gutiérrez Hernández, Francisco Hernández Terán, Máximo Martínez Aguirre y Juan José Benítez: - Sí, protesto.

El Presidente: - Si así no lo hiciéreis, la nación os lo demande.

Continué la secretaría con los asuntos en cartera.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Hacienda y Crédito Público.

Honorable asamblea: A la Comisión de Hacienda y Crédito Público le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto, para los efectos de autorizar la emisión de monedas de plata conmemorativas del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, misma que fue remitida por la honorable Cámara de Senadores.

Con tal motivo, los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, hemos efectuado un análisis de las disposiciones contenidas en la minuta de decreto, por lo que con fundamento en los artículos 54, 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 87 y 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea, el siguiente

DICTAMEN

Como lo indica la minuta de proyecto de decreto, el objetivo de la iniciativa es el emitir monedas de plata conmemorativas del V centenario del Encuentro de Dos Mundos, moneda que presenta un diseño similar al de la antigua moneda de ocho reales, conocida popularmente como "Columnaria", la cual tuvo una gran aceptación y circulación en gran parte del mundo durante el Siglo XVIII.

La circulación de las monedas estaría básicamente dirigida al público coleccionista, debido a que su composición y cualidades no permitiría su uso como medio general de intercambio comercial. El valor nominal es simbólico, ya que su valor intrínseco es superior a aquél.

Se emitirán alrededor de setenta y cinco mil piezas, cuya circulación se iniciará durante el segundo semestre de 1991.

En virtud de lo antes expuesto y considerando plausible el propósito del Ejecutivo Federal de hacer resaltar la importancia que reviste la conmemoración que a nivel mundial tendrá el quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, esta comisión se permite solicitar de esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL V CENTENARIO DEL ENCUENTRO DE DOS MUNDOS

Artículo único. Se autoriza la emisión de monedas de plata conmemorativas del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos, de conformidad con lo dispuesto por el inciso C, del artículo 2o., de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:

a) Valor nominal: Cien pesos;

b) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros);

c) Ley: 0.925 (novecientos veinticinco milésimos) de cobre;

d) Metal de liga: 0.075 (setenta y cinco milésimos) de cobre;

e) Peso: 27.0 g (veintisiete gramos);

f) Contenido: 24.975 g.(Veinticuatro gramos novecientos setenta y cinco miligramos) de plata pura.

g) Tolerancia en Ley: 0.005 (cinco milésimos) en más.

h) Tolerancia en Peso: Por unidad 0.216 g (doscientos dieciséis miligramos); por conjunto de mil piezas: 6.831 g. (seis gramos ochocientos treinta y un miligramos), ambas en más o en menos, y

i) Canto: Estriado.

CUÑOS

Anverso: Al centro, el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", rodeando a éste y siguiendo el contorno del marco, los escudos nacionales de los países participantes en el programa de emisión de monedas conmemorativas del quinto centenario del Encuentro de Dos Mundos. El marco liso con gráfila dentada.

Reverso: Al centro, dos hemisferios, el occidental ligeramente sobrepuesto al hemisferio oriental. Por debajo de éstos, tres carabelas navegando. Enmarcando a los hemisferios, las Columnas de Hércules coronadas con las leyendas en latín plus y vltr. Al centro, en la parte superior, siguiendo el contorno del marco, la leyenda "Encuentro de Dos Mundos", debajo de ésta, el signo de pesos "$" y a continuación el número "100" y por debajo de este conjunto el año de acuñación. En el exergo, la leyenda "1492-1992". En el campo inferior derecho, el símbolo de la Casa de Moneda de México "M". El marco liso con gráfila dentada.

TRANSITORIO

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 19 de junio de 1991.- Diputados: Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Presidente; secretarios: Enrique Martínez y Martínez y Valdemar Soto Jaimes; Javier Ahumada Padilla, Antonio Alvarez Esparza, Alberto Amador Leal, José Luis Ávalos Zuppa, Heberto Barrera Velázquez, Javier Bonilla Chávez, Napoleón Cantú Cerna, Jorge Cejudo Díaz, Elina Elfi Coral Castilla, Benjamín Clariond Reyes Retana, Victorio de la Torre de la Torre, Juan francisco Díaz Aguirre, José Elías Leal, Francisco Espinoza Urzúa, Alfredo Femat Flores, César Humberto Flores Maldonado, Rafael Garay Cornejo, Willebaldo García de la Cadena, Raúl García Leal, Martha García Rivas Palmeros, Joaquín Garduño Vargas, Ismael de la Garza T. González, Martín Gavica Garduño, David E. Gómez Reyes, Manuel González Díaz de León, Fernando López Valenzuela, Artemio Maixhueiro Sigüenza, Elda Mellado Martínez, Salvador Miranda Polanco, Juan José Moreno Sada, Juan Muñoz Caballero, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, José Murat, Judith Murguía Corral, Ricardo Olivares Pineda, Julián Orozco González, Rodolfo Paniagua Alvarez, Antonio Pariente Algarín, Adalberto Porte Petit Moreno, Sergio Reguero Alarcón, Gabriel Renero Lara, Martha Patricia Rivera Pérez, Joaquín Ruíz Becerra, Pedro Alberto Salazar Muciño, José Luis Salcedo Solís, Francisco Javier Santillán Oceguera, Nicodemus Santos Luck, Víctor Manuel Sarabia Luna, María Esther Valiente Govea, Everardo Vargas Zavala, María del

Rosario Elena Guerra Díaz, Jorge Armando Verdín López, Juan Manuel Verdugo Rosas, Noé Aguilar Tinajero, Miguel Ángel Almaguer Zárate, César Luis Coll Carabias, Alejandro Díaz Pérez Duarte, José Antonio Gándara Terrazas, Juan Antonio García Villa, Miguel Hernández Labastida, Pedro Rigoberto López Alarid, Ramón Martín Huerta, José Ramón Medina Padilla, Alfonso Méndez Ramírez, Federico Ruíz López, José Jaime Enríquez Félix, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Ulises Lara López, Jorge Martínez y Almaraz, Ciro Mayén Mayén, Carlos Navarrete Ruíz, Jesús Ortega Martínez, Abigaíl Cruz Lázaro, Paloma Hernández Oliva, Carmen Mercado Téllez, Félix Mercado Téllez, Sergio Quiroz Miranda, Gustavo Ríos Morales, Manuel Patricio Estévez Nenninger, Gilberto Ortíz Medina, Alberto Pérez Fontecha, José Lorenzo Ruíz Gómez, Roberto Jaramillo Flores, Pedro Manuel López Díaz María Teresa Dorantes Jaramillo y Humberto Esqueda Negrete.»

Trámite: - Primera Lectura.

LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Justicia.

A la Comisión de Justicia que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de fecha 13 de junio de 1991, presentada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el ciudadano presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en ejercicio de la facultad que le corresponde en los términos de la fracción I del artículo 71 constitucional.

Esta Comisión de Justicia para el cumplimiento de lo prescrito en el último párrafo del artículo 71 del mismo supremo estatuto jurídico invocado, de los artículos 54 y 56 de la ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículos 56, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior de este mismo órgano soberano, entró al estudio de la precitada iniciativa presidencial, de la cual se da cuenta en los siguientes términos.

Las reformas que se proponen se refieren básicamente a la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ésta le corresponde, dentro de sus atribuciones, dos funciones fundamentales: por una parte y como máximo tribunal del país resolver en última instancia los conflictos sometidos a su consideración, en pleno ejercicio de su tarea jurisdiccional; además le compete el gobierno y manejo administrativo del Poder Judicial de la Federación. Ha sido costumbre que las reformas legales en esta materia se hayan dado más en lo que se refiere a la función jurisdiccional del más alto tribunal de la nación, que en sus aspectos administrativos. Sin embargo, esta última también es función básica y delicada responsabilidad de nuestro máximo tribunal, de tal suerte que sus deficiencias o insuficiencias pueden ir en detrimento de una mejor administración de justicia.

Es por ello que esta comisión considera saludable el propósito de la iniciativa y estima que a través de las modificaciones que se proponen se logra una adecuada clasificación de los servidores públicos superiores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con esto dejarle al pleno de dicho tribunal aquello que se relaciona con los servidores públicos superiores de carácter judicial y delegar en su comisión de gobierno y administración lo relativo a los servidores públicos superiores de carácter administrativo.

Efectivamente, en el artículo 6o. se establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá servidores públicos de carácter judicial y administrativo. A continuación, establece cuáles son unos y otros; cuáles son los funcionarios que los auxilian; estableciéndose que todos ellos deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, con título expedido por la autoridad competente en la

especialidad de que se trate y práctica profesional de tres años en los casos del secretario general de acuerdos y de cinco años en el de coordinador general administrativo. Se precisa también que todos ellos serán de confianza, así como el personal de apoyo administrativo y de asesoría a los ciudadanos ministros y a los servidores públicos superiores, así como el que labore en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Queda establecido también que el personal que no se señale como de confianza será considerado como de base.

Congruente con lo anterior se propone que el artículo 12 se modifique en su fracción XV para que le corresponda al pleno y a propuesta de su presidente, el nombramiento del secretario general de acuerdos de los subsecretarios de acuerdos y del jefe de los defensores de oficio y a propuesta en terna que haga éste último, de los defensores de oficio. También resolverá sobre las renuncias, remociones por causas justificadas, suspensiones y consignaciones al Ministerio Público cuando existiere alguna responsabilidad penal. Igualmente podrá acordar el aumento o disminución de los servidores públicos superiores de carácter judicial con el propósito de asegurar el eficaz cumplimiento de la función jurisdiccional.

En la iniciativa se propone la derogación de las fracciones XVI y XVII del artículo 12, ya que, en realidad su contenido queda incluido en la ya mencionada fracción XV de la iniciativa. Se señalan modificaciones a la fracción XVIII y se establece que sigan sin modificaciones las fracciones XIX y XXXVIII.

Por otra parte, también resulta adecuada y procedente la reforma al artículo 30, ya que las atribuciones de la Comisión de Gobierno y Administración se fortalecen al establecer en la fracción III la facultad no de proponer al pleno, como se establece en el texto vigente, sino de nombrar a los servidores públicos superiores administrativos del Poder Judicial de la Federación, a propuesta que haga el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionarios y empleados administrativos, así como de resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos, removerlos por causa justificada o suspenderlos y consignarlos al Ministerio Público cuando aparezcan inculpados en la comisión de algún delito.

Esta Comisión de Justicia considera atinada y conveniente la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal, ya que con ella, el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia y en general, del Poder Judicial de la Federación, mejorará considerablemente al definir mejor las funciones administrativas del más alto tribunal de la nación y fortaleciendo a su Comisión de Gobierno y Administración para que así, nuestro máximo tribunal pueda destinar más tiempo y abocarse mejor a su función jurisdiccional. En esta forma, se propiciará una mejor, más eficiente y expedita administración de justicia y con ello permitir que el régimen de derecho impere cada vez con mayor vigor en nuestro país para satisfacer así las demandas y anhelos de justicia de todos los mexicanos.

Por lo antes expuesto, la Comisión de Justicia que suscribe, se permite proponer a la asamblea de la honorable Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Artículo único. Se reforman los artículos 6o., 12, fracciones XV y XVIII y 30, fracciones III y VI; se derogan las fracciones XVI y XVII del artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:

Artículo 6o. la Suprema Corte de Justicia tendrá servidores públicos superiores de carácter judicial y administrativo. Los servidores públicos superiores judiciales serán el secretario general de acuerdos, los subsecretarios de acuerdos, los secretarios de acuerdos de sala, el jefe de defensores de oficio y los secretarios de estudio y cuenta. Los servidores públicos superiores administrativos serán el coordinador general administrativo, el oficial mayor, el contralor, el tesorero, el coordinador general de complicación y sistematización de tesis y los directores generales.

Para el despacho de los asuntos, los servidores públicos superiores contarán, según corresponda, con directores de área, subdirectores, subtesorero, defensores de oficio, actuarios, secretarios técnicos del Semanario Judicial de la Federación, secretarios auxiliares de acuerdos y los demás funcionarios y empleados que determine el presupuesto.

Los servidores públicos superiores y los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, con título expedido por autoridad competente en la especialidad correspondiente y práctica profesional de al

menos tres años, en los casos del secretario general de acuerdos y del coordinador general administrativo se exigirá que ésta sea de cuando menos cinco años.

Los servidores públicos superiores y funcionarios a que se refiere el párrafo primero de este artículo, y directorios de área, subdirectores, subtesorero, jefes de departamento, oficiales comunes de partes, el personal técnico adscrito a la Contraloría General y a la Dirección General de Informática, jefes de oficina adscritos a la Tesorería, cajeros, pagadores y encargados de adquisiciones e inventarios serán de confianza. También será de confianza el personal de apoyo administrativo y de asesoría a los señores ministros y a los servidores públicos superiores, así como el personal que labore en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. El personal del Poder Judicial de la Federación no especificado en este precepto, será de base.

Artículo 12. ..

I a XIV..

XV. Nombrar a propuesta que haga el presidente de la Suprema Corte, al secretario general de acuerdos, a los subsecretarios de acuerdos y al jefe de defensores de oficio, y a propuesta en terna que haga este último, a los defensores de oficio, así como resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos. Igualmente podrá removerlos por causa justificada o suspenderlos cuando lo juzgue conveniente para el buen servicio o por la vía de corrección disciplinaria, y consignarlos al Ministerio Público cuando aparezcan inculpados en la comisión de algún delito;

XVI. Derogada.

XVII. Derogada

XVIII. Aumentar y disminuir el número de servidores públicos superiores de carácter judicial, a fin de garantizar el eficaz cumplimiento de las atribuciones del Poder Judicial de la Federación;

XIX a XXXVIII. ..

Artículo 30. ..

I y II. ..

III. Nombrar, a propuesta que haga el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los servidores públicos superiores administrativos del Poder Judicial de la Federación, y a los funcionarios y empleados administrativos, personal de las oficinas de correspondencia común, administradores foráneos y pagadores de los tribunales de circuito y juzgados de distrito, así como resolver sobre las renuncias que presenten a sus cargos. Igualmente podrá removerlos por causa justificada o suspenderlos cuando lo juzgue conveniente para el buen servicio o por vía de corrección disciplinaria, y consignarlos al Ministerio Público cuando aparezcan inculpados en la comisión de algún delito;

IV y V. ..

VI. Aumentar y disminuir el número de los servidores públicos superiores administrativos, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Federación para el eficaz cumplimiento de sus atribuciones;

VII y VIII. ..

TRANSITORIOS

Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación turnará a la Comisión de Gobierno y Administración los asuntos que ésta deba resolver conforme al presente decreto, en los términos que el efecto señale el acuerdo que determine el propio pleno.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Palacio Legislativo, a 24 de junio de 1991.- Diputados: Napoleón Cantú Cerna, presidente; secretarios: Juan Enrique Ibarra Pedroza y Juan Jaime Hernández; Javier Aguirre Vizzuet, Antonio Alvarez Esparza, Julián Ángulo Góngora, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Florencio Azúa Gallegos, Bernardo Bátiz Vázquez, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Mario Cantón Rejón, Jesús Antonio Carlos Hernández, Guillermo Castellanos Martínez, Ignacio Castillo Mena, Elina Elfi Coral Castillo, Fernando Córdoba Lobo, María Elena Corona Marín, Mario Raúl Cuervo Hermosillo, María Teresa Chagoya Méndez, Francisco Chávez Alfaro, Miguel Ángel Díaz Herrera, Miguel Díaz Muñoz, José Elías Leal, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Américo Javier Flores Nava, Rubén García Farías, Yolanda M. García Treviño de V., Benigno Gil de los Santos, Leonel Godoy Rangel, Enrique R. Gómez de Orozco González, Margarita Gómez Juárez,

Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Graciela P. Gómez Rodríguez, Jesús González Bastién, Juana González Ortíz, Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar, Luis Jacobo García, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, José Natividad Jiménez Moreno, Carlos Fermín Juaristi Septién, Franciscana Krauss Velarde de Negrón, Zoila Victoria León de Ramos, Fernando López Valenzuela, Fernando Antonio Lozano Gracia, Arely Madrid Tovilla, José Nelson Madrigal Gómez, Antonio Martínez Báez, Alexandro Martínez Camberos, Miguel Martínez Castro, Enrique Martínez y Martínez, Saúl Molina Montes de Oca, Crescencio Morales Orozco, Juan Muñoz Caballero, Patricia Olamendi Torres, Gilberto Ortíz Medina, Fernando Palacio Vela, Luis Antonio Pérez Fraga, Humberto Pulido García, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, Sergio Francisco Reguero Alarcón, María Estela Rojas de Soto, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Romeo Ruíz Armento, José Luis Salcedo Solís, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Alvaro Uribe Salas, Humberto Urquiza Marín, Silvano Urzúa Ochoa, María Esther Valiente Govea, Carlos Javier Vega Memije, César Humberto Vieyra Salgado, Oscar Villalobos Chávez y Luis Felipe Canudas y Flores.»

Trámite: - Primera lectura.

LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la primera lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.

En atención a que este dictamen ha sido impreso y se está distribuyendo entre los diputados, consulte la secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse por favor manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

«Comisión de Justicia.

A la Comisión de Justicia que suscribe fue turnada para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal, de fecha 13 de junio de 1991, que fuere presentada a esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el ciudadano Presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71 constitucional en su fracción I.

Esta comisión para el cumplimiento de lo prescrito en el último párrafo del artículo 71 de la Constitución, de los artículos 54 y 56 de la Ley Orgánica y de los artículos 56, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior ambos del Congreso General de los Estados Mexicanos, se abocó al estudio de la iniciativa de referencia, de la cual se da cuenta en los siguientes términos.

La Constitución General de la República establece garantías a favor de toda persona para que le sea administrada justicia en los tribunales y que el Estado tiene la responsabilidad de cumplir de manera pronta y expedita. Para ello resulta indispensable la modernización de las instituciones e instrumentos jurídicos para actualizarlos al momento en que vivimos.

Las reformas que se proponen a la fracción VIII del artículo 28, otorgan facultades al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para que pueda incrementar el número de funcionarios judiciales que se requieran en cada sala o juzgado y para aumentar los juzgados. En esta forma se propicia una administración de justicia ágil. Se plantea que las salas o juzgados cuenten con los secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, otros servidores públicos de la administración de justicia y en los civiles, también con los conciliadores necesarios, de acuerdo a sus respectivas cargas de trabajo y dentro de los presupuestos autorizados.

En la propuesta de reforma a los artículos 61, 63, 65, 72, 79 y 136 se establece que un juzgado pueda contar con más de un secretario de acuerdos y se le dan facultades al juez para que determine cual de ellos debe tener el carácter de jefe administrativo y quien debe suplir al titular del juzgado en sus ausencias menores de tres meses. Sin embargo, con el propósito de darle al artículo 136 una redacción más adecuada,

se consideró conveniente suprimir de su texto las palabras "automáticamente" y "siempre" por resultar innecesarias.

El artículo 280 - bis se plantea que el pleno del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga facultades más amplias a fin de supervisar y vigilar que se apliquen sanciones a los servidores públicos de la administración de justicia que incurran en alguna falta o irresponsabilidad y con esto llevar un mejor control de su actuación.

El considerable aumento de la población en el Distrito Federal trae como consecuencia inevitable el consiguiente incremento de los servicios judiciales. En tal virtud, esta comisión considera que las propuestas del titular del Poder Ejecutivo Federal son procedentes y convenientes ya que redundarán en una administración de justicia más ágil al otorgar facultades al pleno del tribunal para que, sin necesidad de modificar su ley orgánica, pueda tener el personal suficiente para el eficaz desahogo de los asuntos de su competencia y cuente también con atribuciones para vigilar su actuación y la imposición de sanciones y correcciones disciplinarias cuando procedan.

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión de Justicia que suscribe, se permite proponer a la asamblea de la honorable Cámara de Diputados, la aprobación del siguiente

PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DEL FUERO COMÚN DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo único. Se reforman los artículo 28, fracción VIII, 61, fracciones II y III, 63, 65, 72, fracción II, 79, 136 y 280 - bis, mismo al que se le adiciona un párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 28. ..

I a VII. ..

VIII. Acordar el aumento de juzgados, de secretarios de acuerdos, secretarios proyectistas, conciliadores y de la planta de servidores públicos de la administración de justicia adscribiéndolos a las salas y juzgados, según las necesidades del servicio lo requieran y lo permita el presupuesto autorizado;

IX A XXIII. ..

Artículo 61. ..

I. ..

II. Un secretario de acuerdos, cuando menos;

III. Un conciliador, cuando menos;

IV a V. ..

Artículo 63. El secretario de acuerdos que determine el juez, será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo y dirigirá las labores de ella conforme a las instrucciones del propio juez.

Artículo 65. El secretario de acuerdos a que se refiere el artículo 63 además de las atribuciones que señala el artículo anterior, tendrá las siguientes:

I a VI. ..

Artículo 72. ..

I. ..

II. Un secretario de acuerdos, cuando menos;

III. ..

Artículo 79. El secretario de acuerdos que determine el juez, tendrá el carácter de jefe administrativo inmediato del juzgado; dirigirá las labores interiores de la oficina, según las instrucciones que le dé el juez al cual dará cuenta de los asuntos que se presenten y de las faltas que se cometan dentro de la misma, para que éste obre conforme a sus facultades, teniendo además las obligaciones siguientes, sin perjuicio de las señaladas en el artículo 80:

I a III. ..

Artículo 136. Los jueces serán suplidos en sus faltas, que no excedan de tres meses, por los respectivos secretarios de acuerdos que, en su caso determine el juez, de conformidad con lo establecido por los artículo 63 y 79 de esta ley.

.. Artículo 280 - bis. El pleno del Tribunal Superior de Justicia a solicitud motivada y fundada de cualquiera de sus miembros, tomando en cuenta la gravedad de la irregularidad observada en las visitas practicadas a los juzgados o de las

que tenga conocimiento por cualquier otro medio, así como las que se desprendan del ejercicio de la función de los servidores públicos de la administración de justicia, puede ordenar que el órgano encargado de imponer al responsable la sanción respectiva, lleve a cabo el oficio, el procedimiento señalado en esta ley.

El órgano sancionador deberá informar al pleno del tribunal la resolución correspondiente y el propio pleno está facultado para supervisar en todo tiempo la secuela procesal, así como vigilar que se impongan las sanciones y correcciones disciplinarias cuando sean procedentes.

TRANSITORIOS

Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.

Artículo tercero. Se derogan aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Palacio Legislativo, a 25 de junio de 1991. - Diputados: Napoleón Cantú Cerna, presidente; secretarios: Juan Enrique Ibarra Pedroza y Juan Jaime Hernández, Javier Aguirre Vizzuet, Antonio Alvarez Esparza, Julián Ángulo Góngora, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Florencio Azúa Gallegos, Bernardo Bátiz Vázquez, Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Mario Cantón Rejón, Jesús Antonio Carlos Hernández, Guillermo Castellanos Martínez, Ignacio Castillo Mena, Elina Elfi Coral Castillo, Fernando Córdoba Lobo, María Elena Corona Marín, Mario Raúl Cuervo Hermosillo, María Teresa Chagoya Méndez, Francisco Chávez Alfaro, Miguel Ángel Díaz Herrera, Miguel Díaz Muñoz, José Elías Leal, José Zeferino Esquerra Corpus, Jaime Fernández Sánchez, Américo Javier Flores Nava, Rubén García Farías, Yolanda M. García Treviño de V., Benigno Gil de los Santos, Leonel Godoy Rangel, Enrique R. Gómez de Orozco González, Margarita Gómez Juárez, Guadalupe Gómez Maganda de Anaya, Graciela P. Gómez Rodríguez, Jesús González Bastién, Juana González Ortíz, Héctor Alfredo Ixtláhuac Gaspar, Luis Jacobo García, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, José Natividad Jiménez Moreno, Carlos Fermín Juaristi Septién, Franciscana Krauss Velarde de Negrón, Zoila Victoria León de Ramos, Fernando López Valenzuela, Fernando Antonio Lozano Gracia, Arely Madrid Tovilla, José Nelson Madrigal Gómez, Antonio Martínez Báez, Alexandro Martínez Camberos, Miguel Martínez Castro, Enrique Martínez y Martínez, Saúl Molina Montes de Oca, Crescencio Morales Orozco, Juan Muñoz Caballero, Patricia Olamendi Torres, Gilberto Ortíz Medina, Fernando Palacio Vela, Luis Antonio Pérez Fraga, Humberto Pulido García, Miguel Ángel Quiroz Pérez, Emilio Reguero Alarcón, María Estela Rojas de Soto, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Romeo Ruíz Armento, José Luis Salcedo Solís, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Jorge Esteban Sandoval Ochoa, Alvaro Uribe Salas, Humberto Urquiza Marín, Silviano Urzúa Ochoa, María Esther Valiente Govea, Carlos Javier Vega Memije, César Humberto Vieyra Salgado, Oscar Villalobos Chávez y Luis Felipe Canudas y Flores.»

Trámite: - Es de primera lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

LEY SOBRE PRODUCCIÓN, CERTIFICACIÓN Y COMERCIO DE SEMILLAS

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de Ley de Producción, Certificación y Comercio de Semillas.

En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Trámite: - (*) Segunda lectura.

Está a discusión el dictamen en lo general.

El Presidente: - Se abre el registro de oradores.

Esta Presidencia informa que tiene el uso de la palabra, en primer término, para fundamentar el dictamen, el diputado Augusto Gómez Villanueva, Posteriormente el diputado Lorenzo Treviño Santos, del Partido Auténtico de la

(*) Este documento fue publicado en el diario No. 16 del día 19 de Junio de 1991

Revolución Mexicana, diputado Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alfonso Méndez del Partido Acción Nacional, el diputado Félix Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista, el diputado Miguel Quiroz, el diputado Lázaro Pasillas, del Partido Revolucionario Institucional.

Tiene la palabra el diputado Augusto Gómez Villanueva.

El diputado Augusto Gómez Villanueva: - Honorable asamblea; señoras y señores: Crear las condiciones adecuadas para realizar el cambio estructural que requiere el campo mexicano, no es tarea sólo del Ejecutivo Federal, ni compromiso unilateral del Poder Legislativo, mucho menos de una fracción parlamentaria sino que es compromiso fundamental de todos los mexicanos, principalmente de los protagonistas que intervienen desde la planeación, la producción y el consumo.

Es por ello que el dictamen de la iniciativa de Ley Sobre Producción, Certificación y Comercio de Semillas, enviado a esta honorable Cámara por el titular del Ejecutivo, ciudadano presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, que el día de hoy se presenta a su consideración, ha sido estudiada detenidamente en el seno de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el resultado no sólo de la pluralidad manifiesta en esta Legislatura, sino que es parte también de un proceso de concertación en el que han participado los propios legisladores con los representantes del Poder Ejecutivo, que hemos tenido que validar escuchando a las instituciones de investigación científica y tecnológica, así como aquellas de enseñanza superior y en nuestro afán de que sea un instrumento realmente útil a los propios productores, realizamos consultas con los consumidores y productores de semillas, tanto del sector privado como del sector social, teniendo como fin mediato que el productor pueda tener acceso a semillas más baratas, más productivas y que cumplan con la normalidad requerida para que sean consideradas como semillas registradas, certificadas o verificadas...

El Presidente: - Permítame, señor diputado. Se ruega a los diputados pasen a tomar su lugar, despejen los pasillos y nos hagan favor de prestar atención al orador.

El diputado Augusto Gómez Villanueva: - Semillas registradas, certificadas o verificadas, que otorgue garantía al productor rural y permitan su reproducción en un marco regulatorio que incremente el uso de este importante insumo para reactivar la actividad agropecuaria.

Diferenciar entre semilla y grano no es tarea fácil y requiere de una constante investigación, de creación de nuevas variedades, que surjan para satisfacer las necesidades de los propios productores. De ahí que los trabajos de investigación para el mejoramiento de las existentes, tanto en su producción como en su beneficio y certificación, corresponderá a la responsabilidad compartida para su observancia y vigilancia en su producción, reproducción y comercialización, proceso en el cual podrán participar libremente todas aquellas personas que tengan interés en la investigación, reproducción y comercialización de las semillas.

Siendo este último instrumento el más valioso de esta iniciativa, ya que en la anterior ley de 1961, circunscribía esta posibilidad única y exclusivamente al Estado, convirtiéndose, entre otras causas, en una limitante para impulsar la producción y la utilización de semillas mejoradas. Las consideraciones anteriores motivan a encontrar soluciones a estos problemas, tomando como detonante el aumento a la producción agrícola que nos permita ser autosuficientes.

Es así como el Presidente de la República, a través de esta iniciativa, da un paso más en el trascendente propósito de modernizar el campo mexicano, en el que no solamente lo ha motivado su interés y decisión por revertir el proceso de descapitalización del campo, sino el de modernizar de manera continua y sistemática las instituciones que sirven al agro nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo Agropecuario.

De ahí nuestro reconocimiento por el valor que representa en este momento, el otorgarle a los propios productores bajo la vigilancia del Estado, la posibilidad para investigar y reproducir las semillas mejorada que requiere tanto el sector privado como el sector social.

La tarea de producir los alimentos que requieren los mexicanos, no es solamente su objetivo, sino también encontrar los mejores instrumentos para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales de productos agrícolas. Es por ello que la misma iniciativa advierte la intención de establecer las bases normativas para participar en el proceso de apertura comercial cuidando especialmente que se cumpla con las especificaciones que permitan la reproducción de semillas sin que presenten riesgos genéticos. Por lo que la creación del Comité Consultivo de

Variedades de Plantas, marca la posibilidad de dirimir conflictos en materia de semillas, en lo cual de manera paralela están representantes no solamente de los productores de semillas y los propios consumidores, sino que participan instituciones educativas y técnicas que permitan resolver las controversias que se pudieran dar en la materia.

Sin duda alguna la respuesta que el presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, ha dado al campo, ha sido positiva y, a este impulso coadyuva el Poder Legislativo en la diversidad de opiniones y pluralidad aquí representada, a la que concurren las bases más representativas de los mexicanos.

Como lo hemos mencionado anteriormente, este esfuerzo de concertación ha requerido la presencia y participación activa de los funcionarios y técnicos invitados por esta comisión, todos ellos pertenecientes a la Secretaría de Industria y Comercio, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, con el interés de que los legisladores analizáramos detalladamente su contenido. No sólo de dar apoyo al campo, sino también de seguir adelante en el proyecto fundamental que tenemos como nación.

No podemos avanzar ni conquistar la modernidad, si no tenemos como esencial la norma para la producción, fertilización y comercio de semillas, en la cual participan también los propios campesinos que desean ver incrementada su productividad y rentabilidad. Y esto se verá únicamente si empezamos por utilizar la mejor semilla que nos permita obtener mejores rendimientos.

Este proceso de concertación conlleva la participación de fracciones parlamentarias que tienen interés en el proceso de modernización del campo, en el que la economía, la tecnología y la democracia, caminan juntas para que esta generación y las sucesivas, puedan enfrentar los retos del futuro para salvaguardar la soberanía alimentaria.

Hecha esta exposición, quiero finalmente referirme a la gran satisfacción que nos causa el hecho que durante muchos días hayamos trabajado en forma conjunta cada uno de los integrantes de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Ustedes seguramente escucharán la opinión del resto de los compañeros legisladores, que fundará de manera amplia y clara, el sentido de su voto positivo a favor del dictamen presentado por la comisión.

Dicho lo anterior, señor Presidente, quisiera que tomara usted nota de los siguientes: al revisar la impresión del texto del dictamen, en el artículo 19 que dice: "Las sanciones administrativas previstas en este capítulo, se aplicarán sin perjuicio de la responsabilidad civil por daños y perjuicios y de la penal en que se hubiera incurrido, así como las administrativas que se deriven de otros ordenamientos", notamos que falta un párrafo que habíamos incorporado en el texto original, por lo cual debe agregarse: "Incluyendo las que corresponden a quienes causen daños derivados de investigaciones en materia de semillas".

Con la súplica, señor Presidente, que en el momento que se ponga a votación en lo general y en lo particular, se señale la incorporación de este agregado para que así se vote por nuestros compañeros diputados, en lo general y en lo particular. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Lorenzo Treviño Santos, de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Lorenzo Treviño Santos: - Señor Presidente; respetable asamblea: Siendo uno de los miembros de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y habiendo asistido a la mayor parte de las sesiones que tuvimos, en cada una de esas sesiones se trataron los puntos y se hizo un ajuste a dicha ley, a ese proyecto de ley, pues consideramos que es benéfico para el agricultor, porque la semilla mejorada, certificada y registrada, pues viene a ser garantía de aquellos productos que pueden utilizarse en el campo para una mejor cosecha.

Por lo tanto, solicito que sea apoyado este proyecto de ley. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En nuestra experiencia de la LIV Legislatura me parece que lo habíamos tenido la oportunidad de discutir, en un nivel de unidad, los diputados, contra las propuestas del gobierno, como se ha dado ahora a propósito de esta Ley de Semillas, que para nosotros representa una experiencia singular; nos parece importante compartir con ustedes la información respecto a lo que ocurrió en la

Comisión de Agricultura, cuando se nos presentó esta iniciativa enviada por el Ejecutivo.

Quiero decirles que cuando se nos presentan iniciativas, todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias en principio nos mostramos inconformes ante el proyecto que teníamos en nuestras manos y así lo hicimos sentir a los funcionarios de Agricultura y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial; porque hay que decirlo, verdaderamente como se nos presentó el proyecto, un proyecto donde en esencia se trataba de desaparecer a la Productora Nacional de Semillas, al Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, es decir, quitarle al gobierno las facultades totalmente en la producción, importación, investigación y poner en circulación semillas mejoradas. Prácticamente era el reino, de acuerdo a la iniciativa, de esta filosofía o de esta doctrina neoliberal: que los particulares se hagan cargo de este negocio, porque el Estado lo ha hecho mal.

Ante esta doctrina de corte, pues, de darwinismo social, donde el que puede y es competitivo podrá sobrevivir y el que no, pues quién sabe qué irá a ocurrir con él, los diputados frente a los funcionarios, como he señalado, insistimos particularmente en varias cosas:

1o. Que se mantuviera la Productora Nacional de Semillas;

2o. Que se mantuviera el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias;

3o. Que por lo mismo el gobierno mantuviera sus facultades en la producción, importación y puesta en circulación de semilla mejorada y que lo hiciera con criterios de favorecer zonas marginadas, cultivos básicos y aquellos que se consideraran de interés nacional, y

4o. Que en el arbitraje pudieran intervenir; es decir, en los litigios que se originen con motivo de fraudes a propósito de la venta de semilla, que en estos litigios que podrá arbitrar el gobierno, se introdujera la participación de los centros de investigación y de enseñanza superior especializados. Porque muchas veces el campesino ha tenido la experiencia de que le venden semilla que simple y sencillamente está plagada, que ocasiona daños de miles de millones de pesos, y ha sido el propio campesino quien ha cargado con estas pérdidas que se derivan de importación de semilla simplemente ya plagada y sin que afecte a las transnacionales, a los importadores o al propio gobierno cuando ha intervenido.

En estos casos las instituciones de educación superior le han dado la razón al campesino, pero el gobierno no había aceptado ninguna otra consideración.

Insistimos entonces en que en el arbitraje intervinieran estos centros de educación. Insistimos además que se ampliara la representación, en este caso de los campesinos, que son los consumidores de la semilla mejorada, toda vez que no los veíamos suficientemente representados.

Pero además, establecimos otras consideraciones y es de que si se va a dar libertad para que los particulares produzcan, importen o investiguen en torno a semillas mejoradas, tendría que hacer responsabilidades por los daños que se pudieran ocasionar con motivo de dichas actividades.

Entonces insistimos en poner en la ley un régimen de responsabilidades; es decir, que junto a las sanciones administrativas se tipificaran ahí las sanciones de tipo civil y de tipo penal a que se podían hacer acreedores. Es decir, hacer referencia a este tipo de sanción.

Yo quiero decir que incluso lo que nos dio más problemas sacar adelante, una vez que se había avanzado en todas estas consideraciones, fue precisar algunas responsabilidades de las transnacionales, que son las que mucho se van a dedicar a esto de importar semillas. Precisamente la penalización o que se hiciera referencia por la importación fraudulenta de semillas. Un aspecto de los que finalmente entró.

El otro aspecto también final, es el que el diputado Gómez Villanueva acaba de leernos como agregado, porque se nos había quedado por error por fuera y es el que se refiere a que las transnacionales cuando hacen investigaciones, aun autorizadas, como las que hace hoy la Campbells, por ejemplo, en Guasave, con semillas de alto riesgo, es decir, trasgénicas, pueden en el curso de estas investigaciones dañar plantíos, sembradíos de otros campesinos y luego no hacerse cargo o no asumirse esta responsabilidad.

Estos últimos criterios también fueron aceptados.

En síntesis, compañeras y compañeros, me parece que una experiencia importante que hemos tenido es haber sumado esfuerzos todos

los grupos parlamentarios, porque si algo ha caracterizado a la Comisión de Agricultura, es que tenemos muchos compañeros representantes de productores agrícolas, haber sumado esfuerzos, haber luchado, batallado, por hacer las modificaciones que considerábamos pertinentes para poder aprobar esta iniciativa.

Obviamente nosotros como grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no vamos a decir que sacamos todo lo que hubiésemos querido o lo que para nosotros es más óptimo respecto a un renglón tan básico como es la producción de semilla en el campo. Pero creo que fue prudente, pertinente, necesario, sumar esfuerzos con todos los grupos parlamentarios, a efecto de hacer las modificaciones que logramos hacer y que consideramos son importantes para los hombres del campo.

Estas disposiciones están contenidas en la ley; no sabemos y no nos hacemos responsables de cómo las vaya a ejecutar el titular, es decir, el Ejecutivo y particularmente la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos; no podemos responder por la aplicación de esa ley, pero no podemos tampoco dejar de reconocer que hemos puesto en sus manos un instrumento muy diferente al que nos enviaron; un instrumento a través del cual hoy se puede sancionar a las transnacionales, se puede sancionar a los importadores y vendedores fraudulentos de semillas; un instrumento a través del cual se puede recoger la participación de los centros de educación para dirimir las controversias, un instrumento donde el Estado, si lo quiere y lo desea porque lo establece la ley, va a poder seguir apoyando a los productores de zonas marginadas, va a poder seguir apoyando la producción de semilla de cultivos básicos y de otros, incluso que juzgue de interés nacional.

Hemos puesto, nos parece, después del esfuerzo conjunto, un buen instrumento. No respondemos, pero sí hemos asumido por nuestra parte la responsabilidad de trabajar conjuntamente con todos los grupos para sacar adelante estas reformas que nos parecen sustantivas.

En función de eso, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha discutido eso, en primer lugar, los miembros de la Comisión de Agricultura, hoy mismo y hemos considerado pertinente pues que ha valido la pena sumar esfuerzos en esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfonso Méndez, del Partido Acción Nacional.

El diputado Alfonso Méndez Ramírez: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: La derogación de la Ley de Certificación, Investigación y Comercialización de Semillas que se propone, con motivo de la nueva iniciativa que ha mandado el Ejecutivo, fue para nosotros motivo de grandes debates, de profundas reflexiones y del deseo de procurar el mejoramiento de la misma.

Habiendo sido pues, conscientes del problema que entraña la escasez de las semillas mejoradas, el déficit que el campo tiene de semillas certificadas, nos abocamos a hacer una amplia y concienzuda reflexión sobre la iniciativa en cuestión.

Consideramos haber mejorado la misma de la forma en que nos llegó, fue altamente discutida y bien mejorada.

Anteriormente y en la ley de 1961, había, el Estado tenía para él la intervención y exclusividad en la investigación, certificación y comercialización de la semillas. Fue en 1961 que se promulgó la ley en cuestión y 30 años después teníamos grandes déficits de semilla certificada y de semilla mejorada.

En maíz, señores diputados, el déficit era del 89% y en frijol era del 93%. Por tanto, el rezago fue al campo, entre otras razones, por falta de semilla mejorada, por falta de semilla certificada y por constantes fraudes que cometieron los vendedores de semillas y no había forma de castigarlos, sino solamente con la aplicación de leyes civiles, que esto no se dio frecuentemente.

Coincido con el presidente de la comisión y coincido también con el diputado Juan Guerra, fue necesario que modificáramos la iniciativa de ley para presentar a esta soberanía un dictamen que sea capaz de ser aprobado por la mayoría de ustedes. Creemos, señores diputados, que el voto favorable a esta iniciativa, el voto favorable al dictamen que hoy se presenta, mejorará sustancialmente las condiciones del campesino, genéricamente de México y dará la oportunidad de que México esté a la altura de las necesidades de la producción y la productividad.

El campo de México, señoras y señores diputados, requiere de una constante y profunda investigación, de una constante y profunda realización de mejoramiento genético para la aplicación de la semilla y obtener producción y productividad. Es por eso, que en este día recomendamos a ustedes el voto favorable para que este proyecto de dictamen se constituya en

ley que vaya a beneficiar al campo de México. Por la atención y por la decisión de ustedes para dar el voto favorable, agradezco cumplidamente.

El Partido Acción Nacional participó en las discusiones, en la elaboración del proyecto de decreto y votará en favor del mismo. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Félix Mercado Téllez, del Partido Popular Socialista.

El diputado Félix Mercado Téllez: - Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; honorable asamblea: Hoy, indudablemente que discutimos un proyecto de dictamen de una iniciativa muy importante que tiene que ver con la producción agrícola en nuestro país.

En la exposición de motivos de la iniciativa sobre producción, certificación y comercio de semillas, viene un planteamiento que se refiere a que tenemos una historia muy aleccionadora en la producción de semillas mejoradas; dice experiencias trascendentales, como la recogida en la Revolución Verde.

A juicio del Partido Popular Socialista, con esta interpretación de lo que fue la Revolución Verde, queda con toda claridad la concepción que tienen los neoliberales que se encuentran en el gobierno y que dirigen la rama agropecuaria. La Revolución Verde no es más que el modelo de desarrollo de los Estados Unidos en el campo, impuesta en nuestro país por la Fundación Rockefeller. En 1940 llegó a nuestro país esta fundación, comenzando con ello una página bochornosa para la historia de nuestra investigación científica.

La Fundación Rockefeller vino a nuestro país a "prestar ayuda generosa y desinteresada para la investigación científica de nuestros cultivos"; eso era lo que decían los proyanquis de aquella época.

Ahora se repite lo mismo respecto al Tratado de Libre Comercio, en la que dicen los interesados en esta firma que el Tratado de Libre Comercio traerá nuevas y mejores perspectivas de desarrollo para nuestro país, situación que a todas luces es falsa, porque hay grandes diferencias entre el desarrollo del campo de Estados Unidos y el nuestro.

En realidad esta fundación llegó para otros fines. Los técnicos norteamericanos suponían que las esporas de los hongos que arruinaban su trigo, lo arrastraba el viento desde nuestro país y pretendían que este peligro desapareciera planteando una solución simplista, querían que la roya no atacara su trigo y para eso el único camino era que se cultivara poco trigo en nuestro país.

En el caso del maíz, los Estados Unidos comenzó la producción de híbridos en 1913, y para 1917, esta semilla desplazó totalmente a las variedades empleadas hasta entonces. Pero los mismos técnicos tenían temor de que en el futuro se presentaran enfermedades de las plantas, porque casi se habían perdido los maíces nativos, y así fue como recurrieron a México y Guatemala para recolectar estos maíces nativos, no teniendo desde luego éxito para la colección y para mantenerlos vivos en su país.

Para este fin, empezó a trabajar en México la Fundación Rockefeller y entonces se planteó a nuestro gobierno una cuestión inocente, en la que cayó el gobierno de este tiempo: la coordinación del trabajo científico entre México y la fundación referida, creándose la oficina de estudios especiales, dirigida por norteamericanos y dependiente de la Secretaría de Agricultura, pero autónomo y especial en su fisonomía. Los técnicos yanquis planeaban con libertad su trabajo y lo ejecutaban a su antojo, sin rendir ninguna información de resultados o métodos. Es más, para garantizar el trabajo de coordinación, se firmó un convenio en 1943. La Secretaría de Agricultura se obligaba a comisionar a las órdenes del personal extranjero a técnicos mexicanos, pero nunca el personal directivo de oficina estuvo a manos de mexicanos. De esta manera, la oficina de estudios especiales, bajo la dirección de los yanquis, llegó a manejar hasta ocho campos experimentales.

Cuando se estableció la oficina de estudios especiales, la Secretaría de Agricultura decretó prácticamente la desaparición del Instituto de Investigaciones, que había dado prestigio en el mundo a nuestra modesta investigación científica, realizada por sabios mexicanos, ordenando se entregara la oficina, a la oficina dirigida por extranjeros, su trabajo de 13 años y así fue como la Fundación Rockefeller se apoderó de la investigación científica en materia agropecuaria en nuestro país.

La Revolución Verde se logró también a expensas de los campesinos pobres, cada vez más escasos de fondos. La Revolución Verde sólo enriqueció a unos cuantos por el desarrollo de una agricultura capitalista. A consecuencia de

la Revolución Verde, nuestro país sufrió una verdadera innovación de insumos fabricados por empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas; es decir, la aplicación de un paquete tecnológico diferente a nuestras necesidades.

La penetración del capital y tecnología extranjeras, han tejido una gran madeja que no ha permitido la independencia tecnológica de nuestro país y de toda la América Latina.

La Revolución Verde, símbolo de los programas de modernización, ha creado más problemas económicos, políticos y sociales de los que ha resuelto.

Es verdad que se incrementó la producción pero sólo en los sectores privilegiados que se dedicaron a una agricultura altamente desarrollada.

Estas son, señoras y señores diputados, las experiencias que nos ha traído la Revolución Verde. Actualmente a consecuencia de su aplicación, se utilizan una serie de plagicidas que han contaminado nuestro suelo y aguas y se ha dejado de lado la investigación del control biológico.

Es verdad que la Productora Nacional de Semillas casi muere de inanición, porque los distintos gobiernos no han financiado de manera decisiva a este organismo para el que fue creado en el año de 1961. Sólo del total de siembras de maíz se utiliza el 13% de semillas mejoradas de ese grano y 9% en frijol.

Esto nos puede determinar cual es el grado de abandono en que se ha tenido a la Productora Nacional de Semillas. Este organismo de carácter estatal al no satisfacer el mercado nacional de semillas mejoradas, aparecieron diferentes uniones y particulares para tratar de introducir al máximo de cantidad de esta semilla a nuestro campo, situación que a la fecha no ha sido posible.

Pero también derivado de que la Rockefeller en la práctica se adueñó de nuestra investigación, ahora las empresas transnacionales tienen una gran injerencia en la introducción de semillas a nuestro país y en esto, señoras y señores diputados, radica el problema, porque las empresas transnacionales controla la biotecnología de semillas y vegetales.

Es decir, cada día se va concentrando más en pocas empresas la producción de semillas y eso se convierte en más gravedad cuando tienden a privatizarse los bancos de germoplasma.

Veamos qué es lo que acontece: la empresa William Ten Corporation de Milwaukee está considerada como la firma consultora más grande e importante en biotecnología de semillas y vegetales. Esta empresa ha promovido y colaborado en el 63% de firmas y adquisiciones de la industria semillera desde 1973.

Según los ejecutivos de esta empresa se dirigen hacia una consolidación global de compañías semilleras estrechamente poseídas por particulares o familias, llegando a ser parte las corporaciones multinacionales, de tal manera que para el año 2000 o antes habrá sólo entre 10 y 20 compañías semilleras multinacionales, ya sean de patente o híbridos de todas las especies principales en todo el mundo.

Para operar estas condiciones sólo esta compañía se presta a invertir de 500 a 1 mil 500 millones de dólares por año en investigación biotecnológica.

Otras empresas de estas características son la Aslop y la Dupont.

Entre Norteamérica y Europa actualmente existen unas 2 mil 400 compañías semilleras que se dedican a la investigación, producción y distribución, y en América Latina y Asia 979.

Esto demuestra, señoras y señores diputados, que si el Estado mexicano no controla de manera decidida los bancos de germoplasma, la investigación científica, la operación de empresas transnacionales y a los particulares, como se está planteando en este proyecto de ley, es decir, control absoluto de los productores de semilla, en lo sucesivo estaremos a expensas de las compañías transnacionales y cada día la soberanía alimentaria estará más lejos para nuestro país.

Es decir, las semillas que antes eran accesibles en el medio natural, serán ahora un recurso privado que acaparará un reducido grupo de empresas y países industrializados.

La investigación acerca de semillas se da precisamente en el momento en que en torno a ellas se toman decisiones relevantes a nivel internacional, sobre las formas de acapararlas y controlarlas por estas empresas transnacionales; es decir, las convierten en mercancía olvidándose por completo que esta semillas son cosmopolitas y son patrimonio de la humanidad.

Por esta razón fue de gran importancia la propuesta de nuestro país a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en 1981, en relación a la creación del Banco Internacional de Germoplasma y la conservación de recursos naturales ensituo, para preservar nuestros materiales y asegurar la semilla básica para emprender el fitomejoramiento en nuestro país y en los países en vías de desarrollo; de lo contrario, la producción de semillas se hará más sofisticada por el manejo y control de las empresas transnacionales, en función de que son éstas las que pretenden también adueñarse de los avances de la investigación de la biotecnología para la producción de semillas.

Por esta razón el Partido Popular Socialista ha planteado que no es adecuada la firma de un Acuerdo Trilateral de Libre Comercio y sobre todo en el aspecto agropecuario, en donde estamos totalmente en desventaja con los dos países del norte de nuestro país.

En el aspecto de la investigación, es urgente que se abandone el modelo rockefelleriano y que ésta se enfoque a considerar todos los factores de nuestro país para conquistar una tecnología propia e independizarnos del país del imperialismo norteamericano.

Por otro lado, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista propone que en el artículo 1o. del proyecto del ley en mención se adicione que esta ley es de utilidad pública, ya que en la anterior ley lo contemplaba, para que nuestra fracción la vote en favor en lo particular y en lo general. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel Marcué.

El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Señores diputados: Los únicos que han venido a esta tribuna a decir la verdad, son los compañeros del Partido Popular Socialista. (Aplausos.)

Perdónenme, pero lo otro no sirve. Vienen a mi memoria decenas y decenas de hombres agrónomos, biólogos, de todas las escuelas de agricultura de este país, que sacrificaron su vida para la organización y establecimiento de campos de experimentación. Voy a ser breve.

Sería largo hablar de lo que ha sucedido con ese problema de la investigación agrícola, sería largo hablar de los crímenes que se han cometido ahí también.

Quiero recordar aquí, en honor a ellos, al senador Ramos Millán, al señor ingeniero Aguirre, al señor ingeniero Varela y les podría yo recordar a ustedes a decenas y decenas de agrónomos que dedicaron su vida, mal pagados, viviendo en situaciones difíciles a lo largo y a lo ancho del país, para lograr, como antes dije, el establecimiento de campos experimentales.

El padre de la experimentación en México, no fue el gringo que vino a hablar de la ola verde, no sé cómo se llame eso, fue el señor ingeniero Sánchez Taboada, que entregó toda su vida para investigar y encontrar las semillas mejoradas que se utilizaron en el establecimiento de los campos experimentales que echaron a caminar.

Fue Ramos Millán, con el apoyo del gobierno de Miguel Alemán, ¿por qué no decirlo?, quien puso en orden y organizó perfectamente bien, junto con Aguirre, con Acosta y con un puñado de agrónomos, que ahora desprecia el gobierno de la República, los que establecieron esos campos experimentales y echaron a caminar la producción de semilla.

Después vinieron funcionarios de la Secretaría de Agricultura, que destruyeron a esa organización para robarse el dinero. Esa es la verdad. No me quiero ampliar, nada más quise recordar esto y decir que los únicos que han tratado el problema son los del Partido Popular. No quiero decir, inclusive los nombres, porque los tengo en la mente, de toda la "bola de rateros", miembros de diferentes gobiernos, que se enriquecieron destruyendo los campos experimentales, a lo largo y a lo ancho del país. No les quiero dar vergüenza a mis compañeros de Cámara, miembros del Partido Revolucionario Institucional.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz, por la comisión.

El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: A nombre de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y en vista de la culminación de los trabajos de esta iniciativa y del dictamen correspondiente, quisiera suplicarle a esta Presidencia, que en la etapa de votación de dicho dictamen se incluya en el artículo 1o., tal y como lo propuso el compañero representante del Partido Popular Socialista, la mención de que esta ley se declara de utilidad pública. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Lázaro Pasillas, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Lázaro Pasillas Rodríguez: - Señor Presidente; compañeros diputados: Al hablar de las semillas mejoradas es hablar en lo general pero principalmente de los productos básicos, que es lo que más nos importa en este país.

A 30 años que se hizo aquella ley en 1961, con esta iniciativa sentimos que se cambia o se da un giro de 180 grados para llegar a una investigación y quitarnos de aquel promedio tan abajo que tenemos en producción, principalmente de frijol y maíz. Esto consistía en aplicar la mejor tecnología incluyendo desde luego en este renglón en uso y el manejo del agua y mejorando los suelos. Es una gran responsabilidad para todos. Vamos a dejar claro este paso tan importante y que será histórico para todos los productores de nuestro país que esperan desde luego que los investigadores y científicos, logren los mejores adelantos de rendimiento para nuestras semillas.

México no debe de depender del extranjero. México tiene que superarse, porque los productores, los campesinos, tenemos que lograr este paso tan importante de ir cada día sumando más nuestra producción y ser autosuficientes.

El Estado guarda una gran responsabilidad en esta tarea de lograr la autosuficiencia para los mexicanos. La Productora Nacional de Semillas, como una dependencia reguladora, seguirá logrando que los productos básicos sigan principalmente amarrándose en los principales para el pueblo de México que será: frijol, maíz, trigo y arroz.

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y Pecuarias, como instituto regulador y ponderador de la investigación que será en adelante, esto nos llevará para que los investigadores o quienes se dediquen a la investigación en el orden constitucional que debe de depender dentro de las leyes, queden bien regularizados y no cometan desorden con los productores de nuestro país.

Desde luego, que esto nos lleva a pensar que el sector campesino aun cuando con su minifundio que tiene, es necesario que llegue al mercado del sector social, las mejores semillas, que quede claro que será a través de quienes deseen llevar la semilla a los campesinos y que las semillas criollas, las semillas originales, éstas no saldrán del mercado y seguirán los campesinos conservándolas para seguir haciendo desde luego también sus propias siembras adecuadas a sus climas y a sus tierras.

Yo quiero dejar claro que en la participación de los diputados de los diferentes partidos en las reuniones que celebramos, hubo el consenso y desde luego la discusión. Pero me sumo a la idea de que con las buenas participaciones de éstos y desde luego también sus experiencias que han sido tomadas muy en cuenta para regularizar y dejar bien arreglada esta ley que es tan importante para los productores de nuestro país, yo quiero dejar también claro mi punto de vista de que me sumo a esa gran voluntad de los diputados que participaron y que daré mi voto a favor.

El Presidente de la República deja clara su preocupación por lograr una autosuficiencia alimentaria en nuestro país. Yo los invito a que todos nos sumemos a esta preocupación y con razonamientos justos, busquemos que en este paso en adelante, como un reto para todos, logremos que dentro de todo lo largo y el ancho del país, vaya, llegue la investigación posible para que nuestro campo, nuestros productores, nuestros campesinos, logren los mejores rendimientos para su autosuficiencia y para tener un mejor nivel de vida.

Yo quiero dejar claro también, en cuanto a lo que dijo nuestro compañero Juan Guerra y estoy razonando en lo que han dicho los diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, en su participación, de que esta ley queda complementada con una participación ideológica fundada en razonamientos de orden y que como decía este compañero, es una de las que profundamente serán más bien aceptadas por el pueblo de México y por los campesinos.

Y señalaría algo que dijo el señor Marcué; sí es razonado decirlo, que han muerto muchos investigadores en nuestro país que merecen nuestro gran respeto y que también los recordamos con cariño, como el que creó el maíz, Pancho Villa, enano, Castro Vigil y, que desde ahí pensamos que fueron los esfuerzos sumados de todos aquellos hombres que desgraciadamente en sus momentos no hubo la suficiente forma o capacidad para que los centros de investigación de nuestro país lograran lo que hoy se piensa hacer.

Entonces hoy quedan en libertad quienes quieran venir, quienes quieran investigar y

quienes deseen vendernos las mejores semillas para lograr una autosuficiencia alimentaria para el pueblo de México. Muchas gracias.

El Presidente: - Para finalizar, tiene el uso de la palabra el diputado Mariano Leyva Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El diputado Mariano Leyva Domínguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, efectivamente este problema que atañe a los alimentos básicos del pueblo de México, es muy importante que lo veamos con sumo cuidado, que estemos pendientes y vigilantes de que esta iniciativa, en el momento en que se aplique, cuidemos de que efectivamente pueda servir para que estos alimentos básicos alcancen la productividad que realmente necesita el pueblo de México.

Se trata de los alimentos que son milenarios en el pueblo de México, como es el maíz. Un producto que salió de México y se dio a conocer al mundo y que hoy tenemos que recurrir a la técnica para mantener un producto de tal naturaleza milenario, que su problema no es tanto en el momento de la producción, sino en el momento de la distribución, en el momento de cómo se tratan estas semillas y cómo llegan a quienes son los que verdaderamente llevan a cabo esta producción.

Queremos alertar sobre los problemas de descapitalización, de falta de apoyos institucionales, de insuficiente inversión pública y privada, los bajos precios de garantía cuando el producto ya está terminado, y el uso limitado de semillas certificadas y escasez de inversiones tecnológicas, entre otros.

Estos problemas que además han desmotivado a los campesinos, fundamentalmente ejidatarios, para que sigan produciendo alimentos, también han tenido impactos negativos en los niveles de producción y productividad. Sin embargo consideramos que en los orígenes del rezago en el campo, nada tiene qué ver el estado actual que guarda la distribución y el uso de semillas de alta calidad, destinados a la siembra.

Dentro de la modernización del campo, la utilización de semillas de alta calidad se convierte en un factor importante para elevar la producción y la productividad.

Hemos insistido en esta Legislatura, que no nos oponemos a que diversos sectores de la economía nacional se modernicen; por lo contrario, es imperativo que así suceda, pero antes de hacerlo se deben superar los rezagos acumulados. En este caso del campo.

Con este argumento no queremos limitar el uso de las semillas certificadas; por el contrario, uno de nuestros reclamos es que a los campesinos, principalmente a los de bajos ingresos, se les otorguen los apoyos institucionales necesarios para incrementar su producción.

A lo que aspiramos es que para el uso de estas semillas se den las condiciones necesarias como la incorporación de superficies de temporal a los sistemas de riego, la mecanización de las áreas de temporal, el otorgamiento de créditos oportunos. Que esto es muy importante, que los créditos no se queden al capricho, a veces, de los burócratas que otorgan o no los créditos, según los partidos incluso que solicitan estos créditos y que muchas veces nos vemos discriminados, porque se hacen preferencias verdaderamente discriminatorias. A pesar de una política presidencial en el sentido de llegar a una autosuficiencia, nos encontramos en los bancos o en los desarrollos regionales con burócratas que otorgan esos créditos en forma política, discriminando a nuestros propios compañeros.

Por lo tanto, este otorgamiento de créditos es muy importante para la producción y la productividad y, desde luego, en el proceso final, la fijación de precios de garantía superiores a los costos de operación.

Si no se cumplen estas condiciones, especialmente cuando el producto sale de las manos del campesino, siempre nos vamos a encontrar con el problema de los "coyotes", que también se han modernizado en el campo.

En cuanto a la producción de semillas certificadas, además de las empresas privadas, el Estado interviene en esa actividad a través de la Productora Nacional de Semillas, organismo descentralizado que fue creado en sustitución de la Comisión Nacional de Semillas, con el fin de fomentar la producción y utilización de semillas y materiales mejorados. Según cifras de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en el período 1985 - 1989, la cobertura de la Productora Nacional de Semillas ha sido del 30% de la superficie nacional sembrada con semillas certificadas.

Sin embargo, el objetivo de la entidad, según datos de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, no ha sido cumplido integralmente debido, fundamentalmente, a que en 1982 tuvo una sobre producción de semillas certificadas, que por una política inadecuada de comercialización no fueron vendidas, lo cual provocó una acumulación significativa de inventarios originando con ello que los ingresos obtenidos por concepto de ventas fuera menor.

Aunado a lo anterior, la falta de liquidez ha conllevado a que el organismo opere con una situación financiera desfavorable. No obstante su problemática operativa y financiera, es sabido que la Productora Nacional de Semilla ha entrado de lleno a un proceso de reestructuración, en el cual planea desincorporar de su capacidad instalada 31 unidades industriales, la mayoría de éstas ociosas y, conservar únicamente 18 unidades, que según el programa, con ellas podrá cubrir la demanda de la semilla certificada.

En el proceso mencionado, también se plantea reducir su cobertura de producción de semillas certificadas de 22 especies a sólo cuatro, dándole preferencia al maíz, frijol, arroz y trigo.

Nuestro reclamo en esta desincorporación, es que estas unidades sean entregadas en operación a los campesinos de las diferentes regiones en donde se encuentran ubicadas las plantas, propiedad de la Productora Nacional de Semillas, con el propósito que continúen con la producción de la semilla certificada, y que se entreguen a los campesinos, vuelvo a insistir, sin la discriminación de ser cualquier partido.

En el primer proyecto de dictamen de la iniciativa de referencia, además de plantear la sustitución de la Productora Nacional de Semillas... Ya voy a terminar, señor Presidente.

Se proponía a un organismo que se encargara de la certificación y registro de las semillas de alta calidad, quitándole las atribuciones de producción y comercialización, lo cual consideramos que contravenía el espíritu de la modernización del campo.

En este sentido no es conveniente que cuando se pretende superar los rezagos del campo, el Estado se retire de una actividad que debe ser considerada como prioritaria, dejando en manos de las empresas privadas la producción de semillas. Ciertamente es conveniente que se procure la producción de semillas, de granos básicos, pero también es importante que el fomento para su uso se realice en las superficies de temporal, otorgándole apoyos adicionales como: crédito, asistencia técnica, seguro agrícola y otros.

Tomando en cuenta estas consideraciones, sí saludamos esta iniciativa y esta ley para que se ponga en marcha y sea en beneficio del pueblo y de los campesinos de México. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Consulte a la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, con las adiciones al artículo 19 y al 1o. del proyecto de ley, en un solo acto.

La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se emitieron 336 votos en pro y dos en contra.

El Presidente: - Aprobados en lo general y en lo particular, con las modificaciones propuestas a los artículos 1o. y 19 por 336 votos.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

(Aplausos.)

CONDECORACIONES

El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura a varios dictámenes relativos a permisos para aceptar y usar condecoraciones y para prestar servicios a gobiernos extranjero.

Consulte la secretaría a la asamblea si autoriza que se dispense la lectura del cuerpo de los dictámenes y solamente se dé lectura a los proyectos de decreto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Gracias, señor Presidente: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que se dispense la lectura al cuerpo de los dictámenes y solamente se dé lectura a los proyectos de decreto.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Gracias. Se autoriza, señor Presidente.

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe, le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano embajador Agustín García López Santaolalla, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz, en grado de Comendador de la Orden de la Estrella Polar, que el confiere el gobierno del Reino de Suecia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Agustín García López Santaolalla, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz, en grado de Comendador de la Orden de la Estrella Polar, que le confiere el gobierno del Reino de Suecia.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 12 de junio de 1991. - Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Javier Bonilla Chávez, Eloy García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, Armando López Nogales, Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez e Ismael Yáñez Centeno.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:

«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 29 de abril del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Leticia Reyes Escalera, Cristina Villanueva Espinosa, Hilda Irene Adame Gutiérrez, Rosa Victoria Alfaro García, María Cristina García Sánchez y Joaquín Entzana Zarza, puedan prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, y Consulado General de los Estados Unidos de

América en Matamoros, Tamaulipas, respectivamente. En sesión celebrada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 15 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERADO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en la Embajada de los Estados Unidos de América en México y Consulado General de los Estados Unidos de América en Matamoros, Tamaulipas, serán de carácter administrativo, y

c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Leticia Reyes Escalera, para que pueda prestar sus servicios como secretaria en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Cristina Villanueva Espinosa, para que pueda prestar sus servicios como asistente en la sección de pagos de la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana Hilda Irene Adame Gutiérrez, para que pueda prestar sus servicios como agente de compras en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América en el Consulado de Matamoros, Tamaulipas.

Artículo cuarto. Se concede permiso a la ciudadana Rosa Victoria Alfaro García, para que pueda prestar servicios como asistente de promoción turística, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Artículo quinto. Se concede permiso a la ciudadana María Cristina García Sánchez, para que pueda prestar sus servicios como programador en computación, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México. Artículo sexto. Se concede permiso al ciudadano Joaquín Entzana Zarza, para que pueda prestar sus servicios como empleado distribuidor de correspondencia, en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.

Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 29 de junio de 1991. - Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidente; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Javier Bonilla Chávez, Eloy García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, Armando López Nogales, Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Juan Antonio García Villa Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez Fernando Antonio Lozano Gracia e Ismael Yáñez Centeno.»

Trámite:- Segunda lectura.

El Presidente: - Está a discusión el dictamen en lo general... No habiendo quien haga uso de la palabra, para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...

En virtud de que no se ha reservado ningún artículo para discutirlo en lo particular, proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular de este proyecto de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular y en lo general de los proyectos de decreto y el anteriormente reservado, en un solo acto.

Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

(Votación.)

Señor Presidente, se emitieron 260 votos en pro y dos abstenciones.

El Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 260 votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PROPOSICIONES

SOBRE EL CARGO 1148

El Presidente: - Dentro del capítulo de proposiciones, tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición de declaración sobre el cargo 1148.

El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: El pasado 4 de junio me permití hacer una intervención en esta tribuna, para proponer que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la de Programación y Presupuesto, le indicaran a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz, que reiteraran el cargo 1148 de los recibos de la luz de los usuarios, porque considerábamos que era inconstitucional y sigue siendo inconstitucional.

La idea era discutir el punto aquí en la sesión; sin embargo, la Comisión de Energéticos propuso que se turnara; lo aceptamos y la Comisión de Energéticos ya emitió un acuerdo, que tenga entendido que está en poder de esta secretaría, por lo que me dijo su presidente y yo le rogaría, señor Presidente, que con fundamento en el artículo 108 del reglamento, le solicitara a la secretaría que leyera el acuerdo que emitió la Comisión de Energéticos respecto a este asunto.

El Presidente: - Pido a algún miembro de la Comisión de Energéticos entregar una copia del acuerdo de la propia comisión.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:

«Comisión de Energéticos.

Acuerdo único. No es procedente la proposición presentada por el diputado Noé Aguilar Tinajero, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para que la Cámara de Diputados solicite a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y a la de Programación y Presupuesto, que previa investigación ordene a la Comisión Federal de Electricidad y a las compañías de Luz y Fuerza, el retiro del cargo denominado 1148, de los recibos de energía eléctrica, que se cobran a los usuarios del servicio, por considerarla infundada y generadora de conflictos competenciales entre órganos diversos de los poderes de la Federación y los órganos de la administración central y la descentralizada.

Sala de comisiones, a los 13 días del mes de junio de 1991.

Atentamente.

Presidente diputado Alberto Amador Leal, secretario diputado Freddy Chable Torrano, diputado Adolfo Barrientos Parra y los miembros de la Comisión, algunos miembros de la comisión. Firmado.»

El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor secretario.

Conforme al artículo 93 del reglamento, la comisión debió haber sido citada por su presidente para tratar este asunto y efectivamente los citaron, pero en aquella ocasión no hubo el quórum necesario para que la comisión pudiera sesionar. Esta comisión está integrada por 57 miembros y solamente había en el recinto 14; sin embargo el acuerdo, el punto de acuerdo que presenta la Comisión de Energéticos, lo presenta con 30 firmas y efectivamente se requerían 29 para formar el quórum.

Aquí consideramos que hay una violación al reglamento, porque como lo dice el artículo 64 de la Ley Orgánica, las decisiones de las comisiones tendrán que ser aprobadas o tomadas por mayoría de sus miembros, no de los asistentes, sino de sus miembros, de tal manera que este punto de acuerdo, o ese acuerdo que presenta la Comisión de Energéticos no tiene validez ninguna.

Sin embargo, el dictamen, el punto de acuerdo que acabamos de escuchar, pues trae una exposición

de motivos bastante amplia, de siete hojas, antes del punto de acuerdo y en todas se dedican a rebatir cuestiones meramente superficiales. No hay ninguna objeción de fondo para que esta Cámara le pida a la Secretaría de Hacienda que ordene a la Comisión Federal de Electricidad el retiro del cargo 1148. No hay ninguna proposición de fondo.

En uno de los puntos del dictamen o del acuerdo dice: En primer lugar debe destacarse el hecho de que el establecimiento del cargo 1148, su naturaleza y su fundamento legal, ya han sido discutidos ampliamente por todos los grupos y no es cierto esto.

Hemos estado discutiendo aquí, hemos hecho planteamientos constantemente respecto de este punto y en ningún momento, que yo recuerde, el partido oficial ha dicho su punto de vista. Nunca lo ha hecho.

Tenemos entendido que el propio partido mayoritario está haciendo gestiones ante el propio Ejecutivo para el retiro de este cargo y nada menos hace una semana, hoy, precisamente martes, tuvieron una reunión los candidatos del partido oficial con el director de la Comisión Federal de Electricidad, Guerrero Villalobos, para pedirle, no que lo retirara, sino de qué manera lo iban a justificar ante el posible electorado que les está reclamando el cargo 1148. O sea, que se dedican mejor a dar argumentos para la defensa de los candidatos en la campaña y prefieren hacer eso a retirar el cargo que resulta totalmente inconstitucional.

El fundamento jurídico, el fundamento legal que se les dio en esa ocasión, es básicamente que se fundamenta, dice Guerrero Villalobos, en tres documentos: uno, que es la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica; otro, que es el contrato que firman los usuarios al solicitar el servicio y la Ley de Entidades Paraestatales, y hacen referencia, concretamente, de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en el artículo 4o. El artículo 4o., dice: "Para los efectos de esta ley la prestación del servicio público de energía eléctrica comprende:

I. La planeación del sistema eléctrico nacional;

II. La generación, conducción, transformación, distribución de ventas de energía eléctrica, y

III. La realización de todas las obras, instalaciones y trabajos que requieran la planeación, ejecución, operación y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

Precisamente la cuota que se cobra a los usuarios es para estos conceptos, nunca dice que estos conceptos o algunos de ello se vayan a solventar con otro tipo de cobros adicionales, como es el cargo del 1148.

Como podrá apreciarse, se trata de un solo servicio. Nada más es un servicio que cubre tanto la venta y el mantenimiento, como podemos ver en estas tres fracciones del artículo 4o. Es uno de los que están utilizando.

Nos gustaría escuchar la opinión de los diputados del partido mayoritario respecto a este cargo institucional.

Otro artículo en el que se fundamentan es el artículo 30 de la misma ley de Energía Eléctrica y el artículo 30 dice: "La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las tarifas, no los cargos adicionales, las condiciones de la prestación de los servicios que deben consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Secretaría de Comercio y publicados en el Diario Oficial de la Federación". Las tarifas son aprobadas también por la Secretaría de Hacienda; el formato del contrato es aprobado por la Secretaría de Comercio y después publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el Diario Oficial del 30 de octubre de 1986, que es el último formato que existe para este servicio, en ninguna de sus partes, en ninguna de sus cláusulas menciona que el usuario tenga que pagar un cargo extra. Menciona en algunos casos que debe pagar o que debe hacerse cargo de la instalación, del cableado, de la tubería, etcétera, cuando solicita el servicio, pero nunca se refiere a que el usuario tenga que pagar un cargo por mantenimiento.

El artículo 31 de la propia ley, que es otro de los que están utilizando para hacer este cargo, dice que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchando a las secretarías de Programación y de Comercio, a la de Energía y Minas y a la propia Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras. Estas tarifas tienen que ser utilizadas también para cubrir las necesidades financieras, o sea cubrir todas las necesidades que tengan la Comisión Federal de Electricidad.

Otro artículo invocado por las autoridades es el artículo 13 de la propia ley; dice: "El patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad se integra con: - y luego menciona fracción I, II, III, IV, V, VI, y en la VII que fue modificada el 15 de diciembre de 1983, dice las aportaciones de los gobiernos de las entidades federativas, ayuntamientos o beneficiarios del servicio público de energía eléctrica, para la realización de obras específicas, ampliación o modificación de las existentes solicitadas por aquéllos".

Cuando en una población, cuando en una ranchería no existe la electrificación, la gente se organiza y la solicita. Aquí sí, en este caso específico, le cuesta además del consumo una cantidad adicional por la instalación de cableados, de postes, etcétera, pero solamente a petición del usuario. En ningún caso, que yo sepa por los menos, de los doce y medio millones de usuarios del servicio eléctrico solicitamos que se nos hiciera una obra de tal o cual naturaleza. En este caso estaría justificado un cargo extra.

Ese cargo 1148 en ese caso, está cobrado sin que haya una contraprestación a cambio.

Otro artículo invocado es el 21 de la propia ley. Dice: "La Comisión Federal de Electricidad deberá mantener sus instalaciones en forma adecuada para la prestación del servicio público de energía eléctrica, en condiciones de continuidad, eficiencia y seguridad". Esta es una de las obligaciones de las empresas, obligaciones que tienen de mantener sus líneas en buen estado, pero; repito, que debe ser con la tarifa que cobran en el recibo sin el cargo extra.

Se nos dice también que fue la junta de gobierno la que autorizó este incremento. La junta de gobierno no tiene facultades para hacer y el artículo 12 de la propia ley, habla de las facultades que tiene la junta de gobierno, y dice la fracción I: ...aprobar en su caso el proyecto del Plan Anual de Arbitrios y del Presupuesto Anual de Egresos". Dentro del Presupuesto Anual de Egresos, deben estar considerados todos los gastos de mantenimiento y servicio que requiera la compañía y no en una partida extra; en el Presupuesto de Egresos no existe ningún concepto denominado 1148.

En la fracción VI del mismo artículo 12, dice: "...acordar las propuestas de ajuste de las tarifas, que deberán formularse de acuerdo con el estado patrimonial y financiero del organismo". Lo único que puede hacer, en relación a los cobros, la junta de gobierno, es acordar las partidas de presupuesto de ajuste a las tarifas y, en la fracción VII: "...aprobar en su caso la propuesta de reestructuración tarifaria". Pero en todos los casos se refiere a las tarifas, a ningún cargo adicional se refiere.

De tal manera que con esas consideraciones creemos nosotros de que ya es tiempo, de que ya es hora de que esta Cámara se pronuncie en uno o en otro sentido.

Si esta Cámara o la mayoría de ella va a avalar a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz para que sigan deteriorando el salario de la gente que más requiere de recursos, pues allá ustedes. La oposición, Acción Nacional entre ellos, no es responsable de esta situación.

De tal manera que, tomando en cuenta esto, queremos proponer una declaración conjunta a esta Cámara:

Los grupos parlamentarios que suscribimos la solicitud de la presente declaración, consideramos que el recargo 1148, que la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro vienen cobrando a los usuarios del servicio eléctrico desde el mes de septiembre de 1990, carece de fundamento legal y resulta oneroso para la economía de los mexicanos, porque contradice los conceptos expresados en la última concertación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, firmada por diversos sectores ante el Presidente de los Estado Unidos Mexicanos, el 11 de noviembre de 1990, en el cual el numeral cinco expresa lo siguiente:

"Numeral cinco: Atendiendo a criterios de equidad y con el fin de coadyuvar al mejoramiento del poder adquisitivo, especialmente de los trabajadores de menores ingresos, se incluirá como parte de la iniciativa de la Ley de Ingresos para 1991, que someterá oportunamente el Ejecutivo Federal a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la propuesta de reducir la carga fiscal del Impuesto Sobre la Renta de las personas físicas, hasta por un 40% para las personas con ingresos equivalentes o menores a cuatro salarios mínimos". La incongruencia de este concepto con el cargo 1148 se puede notar fácilmente:

Por un lado en la Ley de Impuestos Sobre la Renta el Ejecutivo pide que a los trabajadores de menores recursos de hasta cuatro salarios mínimos, se les conceda una especie de subsidio en el impuesto y, por otro lado, la Secretaría

de Hacienda, o ya no sabemos ni quién, autorizó un cargo extra a los 12.5 millones de mexicanos que consumimos el fluido eléctrico.

Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos proponer la siguiente.

«DECLARACIÓN CONJUNTA

Único. La Cámara de Diputados se manifiesta en contra del recargo 1148 que la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y sus asociadas, cobran a los usuarios del servicio eléctrico, porque se contrapone a los criterios de equidad y justicia que deben existir para el mejoramiento del poder adquisitivo de los trabajadores de menores ingresos.

Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a lo 25 días del mes de junio de 1991

Por el Partido de la Revolución Democrática, firma el diputado Juan Guerra; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, los diputados Juan Jaime Hernández y Marco Antonio Castellanos; por el Partido del Trabajo, el diputado Rubén Venadero y por el Partido Acción Nacional, Noé Aguilar Tinajero». Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra para los mismos hechos, el diputado Ulises Lara López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Ulises Lara López: - Gracias, señor Presidente: Este es un asunto que ciertamente se ha venido debatiendo desde hace algunos meses ya dentro de la Cámara. Es un asunto que parece que no va a tener solución en un mediano plazo, si el gobierno mexicano a través de la Comisión Federal de Electricidad, se sigue empeñando en mantener este cargo 1148, que como lo expuso muy acertadamente el diputado que me antecedió, no tiene fundamento legal e incluso se contrapone a los intereses de la población mexicana y, por lo tanto, siendo así, éste debe de ser un pronunciamiento inmediato de suspender en todo el país el cargo 1148 en materia de energía eléctrica.

Si tomamos en cuenta que a lo largo por lo menos de muchos, de bastantes décadas, por lo menos de unas cuatro décadas, el gobierno mexicano tuvo una política de subsidiar fundamentalmente a los mayores consumidores.

Si observamos la política del gobierno de Díaz Ordaz, de Echeverría y de otros tantos presidentes, encontramos que hubo siempre una política de subsidiar a las grandes empresas. Si el costo era de 21 centavos, por ejemplo por la energía eléctrica, a la empresa se le cobraba un tercio de ese costo; era para fomentar la inversión y, hoy se dice que donde no se puede sostener ese subsidio, es para los pequeños consumidores; que hay costos de mantenimiento; que andan mal algunas situaciones como incluso es pagarle a la gente que está haciendo el registro en todos los módulos donde se ve el conteo de la energía eléctrica. Esto, sin duda alguna para muchos nos sorprende, sobre todo porque ahora, en esta lógica general de privatización de un Estado más pequeño, se nos viene con el argumento de que quien tiene que pagar prácticamente todos los platos rotos, es la población prácticamente de salario mínimo en todo el país.

Sin duda, la política como ésta, neoliberal, de querer intentar que la población empiece a asumir parte de la responsabilidad de los gastos y los servicios, y que está expresa incluso en aquella fase de la solidaridad donde tú pones una parte y el gobierno pone la otra, no tiene más que un sesgo muy claro de autoritarismo al venir desde arriba y ni siquiera es consultada la gente si en verdad está dispuesta a pagar ese tipo de servicios y si de verdad lo que se les está cobrando, si éste fuera el caso, está siendo resuelto.

Por ejemplo, prácticamente en todo Ciudad Netzahualcóyotl, donde yo habito, se encuentra una grave deficiencia en los recursos, en las instalaciones eléctricas. ¿Se ha modificado algo? Seguramente pueden argumentar muchas cosas; las lámparas de las calles además de que están prendidas permanentemente, se le cobra ese uso y además viene el cobro 1148.

¿Dónde está la participación de la gente para decidir sobre este tipo de cargos? Además de toda la justificación que ya daba el compañero que está fundamentada en los artículos 4o., 21 y 13 de la fracción VIII, que no tiene ningún fundamento jurídico este cargo, el 1148, tampoco tiene ningún cargo el hecho de la distribución de cómo se ha venido cobrando a toda la población.

Creo que si nosotros estamos convencidos de los efectos que está teniendo entre la población esto, si estamos convencidos de que de ninguna manera puede seguirse sosteniendo un cargo tan oneroso para nuestra población, sabremos

que la medida más adecuada de esta Cámara, es hacer un pronunciamiento en ese sentido.

De lo contrario, en efecto, tendremos que hacer movilizaciones gigantescas, tendremos que empezar a presionar en todos los niveles y por lo menos creo que la posición está muy clara de que tienen que empezar a echar a andar este tipo de acuerdo y, si es necesario, llegar a la huelga general de pagos, tendremos que llegar a ella.

Pero una cosa tiene que quedar clara: si hoy el país y sobre todo la población mexicana no participa en este tipo de decisiones y si el gobierno no sigue arrogando el derecho de poner tasas impositivas como ésta, sin duda estará abriendo el paso a un progreso mucho más importante que lo que han llamado la resolución del Estado y va a ser necesaria la ampliación democrática del mismo para la participación de todos los sectores.

Propongo, señores diputados, que asumamos este compromiso, que firmemos esta carta de compromiso, de exigencia de supresión inmediata del cargo 1148 y que la Cámara salta adelante como representación popular de toda la nación, a defender los intereses, sobre todo de la gente más afectada.

A quien tenemos que quitarle los subsidios, a quien tiene que pagar los subsidios, son las que tienen que pagar más, no la gente que actualmente no tiene. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Elías Humberto Ceceña Curiel, por cinco minutos, para los mismos hechos.

El diputado Elías Humberto Ceceña Curiel:

- Gracias, señor Presidente; honorable asamblea:

El recargo 1148, daña gravemente al pueblo de México.

Cuando el ex presidente Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, lo hizo con el fin de que nuestro país contara con suficiente energía eléctrica y ésta fuera barata.

Pero los ciudadanos hemos sido testigos de la triste realidad. La Comisión Federal de Electricidad ha derrochado los dineros del pueblo en forma indiscriminada, cobrando cargos cada día más altos, los cuales no están al alcance de los bolsillos del pueblo.

Con la implementación del aumento de tarifa para uso domestico mediante la clave número 1148, en estos momentos parece ser que no representa una erogación de importancia para los ciudadanos. Pero es muy posible que dentro de dos o tres años sí lo sea.

Como ustedes deben saber, la Comisión Federal de Electricidad en el año de 1962 implementó en la tarifa número ocho para uso industrial, la demanda máxima, la cual se cobra según la demanda máxima medida, se determina mensualmente por medio de aparatos que indican la carga medida en kilowatts durante el intervalo de 15 minutos, en el cual el consumo de energía eléctrica sea mayor que en cualquier otro período de 15 minutos en el mes.

Este cobro se hace mensualmente, las cámaras industriales apoyaron este cobro, porque argumentó, la Comisión Federal de Electricidad, que no podía estar subsidiando a las empresas la energía que tenían que tener a disposición de ellas, a las cuales al hacer la contratación representaba para la Comisión Federal de Electricidad gastos de instalación de transformadores para entregar la energía contratada, por lo que la empresa debería consumir dicha energía y si no la usaban ésta debía cobrarse mediante recibo de demanda máxima.

Al aceptar las cámaras industriales este injusto cobro no se percataron de que esto dañaría en forma directa al pequeño industrial, porque la mecánica para el cobro de esta partida radica en el sentido de que para abaratar el cobro de la demanda máxima las empresas deben trabajar las 24 horas y a su máxima capacidad todos sus motores.

No es posible que una pequeña industria que haga uso de su maquinaria instalada únicamente un turno de ocho horas de trabajo, pague igual que el gran industrial que trabaja tres turnos de trabajo de ocho horas. Esto trae como consecuencia que al que trabaja menos le cuesta más el fluido eléctrico. Esta situación hasta cierto punto frena el desarrollo industrial de nuestro país, lastimando severamente a la pequeña industria.

Además cabe hacer notar que estas industrias son las que más mano de obra generan, por lo que considero que debe darse más apoyo a estas industrias.

Por otra parte, quiero hacer mención que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa, debe costarle sus inventarios de energía. En otras palabras, debe ponerse a la altura de cualquier comercio o industria. Como

ustedes saben, al comerciante le cuestan sus inventarios, o sea, que a más tiempo de realizar o vender sus mercancías, se le reduce al porcentaje de utilidad. Igual sucede con el industrial, el cual todavía tiene que hacer su stock y posteriormente venderlo. Por tal razón considero que debería ser parejo.

Como datos complementarios, para reforzar mi ponencia, me permito informar que del mes de diciembre de 1987 a marzo de 1991 se incrementó la demanda máxima a 350%, o sea, que de 6 mil pesos que se cobraban en diciembre de 1987, esta tarifa se incrementó a 24 mil pesos por cada kilowatt - hora de consumo registrado y la energía eléctrica consumida se incrementó 305%, o sea que de 366 pesos que se pagaban en diciembre de 1987, éste aumentó la cantidad de 1 mil 121 pesos el kilowatt - hora de consumo.

La junta de gobierno, que fue quien aprobó este aumento a la Comisión Federal de Electricidad, o le dio mal los datos o bien no se llevó a cabo una revisión a fondo; aprobó "a vuelo de pájaro" ese aumento.

Aunque este aumento sólo representa el 1% en relación a los salarios, para un país como México que ocupa los primeros lugares en bajo ingreso "per capita", dado los salarios autorizados, debe ser gravoso para los ciudadanos.

También quiero hacer mención que la Compañía del Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y sus afiliados, actualmente deben a la Comisión Federal de Electricidad 14 billones de pesos. Este adeudo en parte corresponde a energía que esta empresa compra a la Comisión Federal de Electricidad y no se la paga...

El Presidente: - Diputado, se ha terminado su tiempo. Le rogamos concluir su intervención.

El diputado Elías Humberto Ceceña Curiel: - Señor Presidente: Están "güiri y güiri" la gente aquí y es muy importante lo que tengo que...

(Desorden.)

El Presidente: - Su tiempo ha concluido, le ruego termine su intervención.

El diputado Elías Humberto Ceceña Curiel: - Esas personas que están hablando deberían de pasar aquí a tribuna a dar soluciones y no estar platicando. (Aplausos.) También quiero hacer mención que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, y sus afiliados, actualmente deben a la Comisión Federal de Electricidad 14 billones de pesos. Este adeudo en parte corresponde a energía que esta empresa compra a la Comisión Federal de Electricidad y no se la paga, en virtud de que actualmente la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, cuenta con 45 mil obreros, entre personal sindicalizado y de confianza y únicamente produce el 13% de energía, la cual le vende a siete estados del centro y el 87% de energía la compra a la Comisión Federal de Electricidad.

Mientras la Comisión Federal de Electricidad, con 100 mil obreros y empleados...

(Desorden.)

Ya voy a terminar, señor Presidente.

El Presidente: - Le rogamos terminar su intervención, señor diputado.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Está usted hablando del 1148, hombre. Está usted hablando de todo.

El diputado Elías Humberto Ceceña Curiel: - Es que estás platicando y no oyes lo que estoy diciendo.

El Presidente: - Se prohiben los diálogos, compañeros diputados.

Termine su intervención, diputado, por favor.

El diputado Elías Humberto Ceceña Curiel: - También quiero decirles que ha sido informado que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, cuenta con un taller, el cual da empleo a 4 mil 500 obreros y se dedican a hacer postes y herrajes, aun cuando la Compañía de Luz y Fuerza, Sociedad Anónima ha tratado de vender esos artículos a la Comisión Federal de Electricidad a un precio 100% más bajo que a como los compra la Comisión Federal de Electricidad a sus proveedores, esta última empresa no le compra ni un solo poste a sabiendas que la Comisión Federal de Electricidad es la dueña de esta empresa. Este es un error administrativo.

En mi concepto, no nada más debe comprarle los postes y herrajes que necesite, sino que debe de diversificar formando otras empresas que produzcan refacciones que la Comisión Federal

de Electricidad constantemente está necesitando y en esa forma poner a trabajar...

(Desorden.)

El Presidente: - Permítame, señor diputado.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente: El señor diputado se ha alejado totalmente del tema del 1148 y está haciendo la historia de las tarifas y ya lleva mucho tiempo cedido. Que termine su intervención.

El Presidente: - Procede la moción. Le rogamos circunscribirse al tema y terminar su intervención.

El tiempo formal ha concluido, señor diputado, en exceso. Le suplicamos terminar su intervención.

El diputado Elías Humberto Ceceña Curiel: - Ya voy a terminar, señor Presidente.

En esa forma poner a trabajar a una gran parte del personal que trabaja en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, y en esa forma las empresas que están mal financieramente, pueden lograr su integración económica y no tendrán necesidad de tener que estar subiendo tarifas que el pueblo no puede pagar.

De acuerdo con esta información que me estoy permitiendo proporcionales, ruego a todos los honorables diputados aquí presentes, se sirvan derogar este cargo que daña la economía de todos nuestros compatriotas y, al mismo tiempo, que la Compañía de Luz Y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad devuelvan las cuotas cobradas de más, implementadas en este cobro del cargo 1148.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ramiro Pedroza.

El diputado Ramiro Pedroza Torres: - Señor Presidente; honorable asamblea: En relación al cobro 1148, el ciudadano Procurador Federal del Consumidor, en días pasados estimó y declaró públicamente que los contratos y el concepto 1148 eran legales.

Deseamos aclarar que le señor Procurador Federal del Consumidor, carece de facultades legales para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de un contrato o de su validez, en virtud de que dicha facultad está expresamente reservada a los tribunales de justicia y, no olvidemos aquí que el propio Procurador Federal del Consumidor, había declarado días antes que el cargo 1148 era injusto, por lo que ya se había multado a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, poco después dio marcha atrás a sus declaraciones, al firmar lo externado al inicio de esta intervención.

Ahora bien, según algunos juristas, dentro del cuadro de atribuciones que la Ley Federal del Consumidor le confiere a dicha autoridad en su artículo 59, no alcanza estas facultades. Sin embargo, en el artículo 1807 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los estados, consigan que la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden quedar al arbitrio de uno de los contratantes y dicho sea de paso, en el caso de falta de pago del 1148, cortan el suministro eléctrico en un plazo no mayor de 15 días, por lo que estamos ante un caso típico de justicia por propia mano, o sea, de una evidente violación al artículo 17 constitucional.

Permítanme recordar aquí, compañeros diputados, que en 1989 el grupo parlamentario de Acción Nacional pedimos se realizara una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad, dados los antecedentes dudosos en el manejo de las finanzas de la empresa. En este mismo año la diputación de Acción Nacional presentó un documento que no se analizó dado a la cerrazón de la diputación oficial. Sin embargo, el pasado mes de abril, en que se iniciaba el último período ordinario de esta legislatura, la diputación de Acción Nacional, con fundamento en el último párrafo del artículo 93 constitucional y apoyado por los grupos parlamentarios de la Revolución Democrática y Auténtico de la Revolución Mexicana, solicitamos la integración de una comisión legislativa pluripartidista investigadora, que analizara la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad y la legalidad y necesidad real del cobro 1148.

A pesar de reunir los requisitos de firmas de los legisladores, la diputación priísta, apoyada por la del Partido Popular Socialista, decidieron llevarlo a la votación y saliéndose por la tangente, aprobaron que la investigación fuese realizada por la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, violando a todas luces la Constitución de la República, al haberla puesto a votación.

Gracias a la difusión dada por los medios de comunicación y los propios grupos parlamentarios a estos hechos, la reacción de la población en general no se hizo esperar. Los más afectados

por el cobro ilícito del 1148 que llevan a cabo la Comisión Federal de Electricidad, son los trabajadores eventuales, los trabajadores agrícolas, ejidatarios y pequeños propietarios, que no tienen un empleo permanente, ni prestaciones de ley y que se encuentran descapitalizados y sin más recursos para corregir este cobro arbitrario.

El 1148 ha hundido a las familias de la clase media para abajo en los estados del norte, como Baja California, Sonora y Sinaloa, por mencionar algunos. Este ilegal cobro ha impactado seriamente el presupuesto familiar. Vemos un ejemplo: mientras en el estado de Sinaloa las facturas de la Comisión Federal de Electricidad van de 1 millón 300 mil pesos a 1 millón 500 mil; mientras en Mexicali; Baja California, donde la población de igual manera ha quedado descapitalizada, se pagan recibos de luz mensuales de 1 millón 500 mil a los 2 millones de pesos. Si comparamos este cobro...

El Presidente: - Permítame, diputado. ¿Dígame, señor diputado?

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Antes de que termine el señor diputado, yo quisiera hacerle una pregunta y que me la autorice por favor, antes de que termine, antes de que se baje de la tribuna.

El Presidente: - Señor diputado, ¿autoriza una pregunta?

El diputado Ramiro Pedroza Torres: - Aquí está la tribuna para que el señor diputado pueda subir hacer sus argumentos. No es cuestión de preguntas, es cuestión de que públicamente cada grupo parlamentario se declare en un sentido o en otro con valentía y no a través de preguntas y respuestas. ¡No acepto ninguna pregunta diputado!

El Presidente: - ¿Dígame señor diputado? El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, simplemente el señor ha hecho una afirmación equivocada y le quería dar oportunidad, pero subiré a la tribuna con mucho gusto. ¡No le saque!

El Presidente: - Tomamos nota, señor diputado. Continúe, señor diputado, con su intervención.

El diputado Ramiro Pedroza Torres: - Si comparamos estos cobros con los que se facturan en el lado norteamericano...

El Presidente: - Permítame, señor diputado.

¿Autoriza el orador una pregunta?

El diputado Ramiro Pedroza Torres: - Acabo de hacer la afirmación en esta tribuna que pueden subir todos los grupos parlamentarios, porque hay la necesidad pública de pronunciarse en un sentido.

El Presidente: - No la autoriza; continúe con su intervención y le ruego concluya, ha terminado su tiempo.

El diputado Ramiro Pedroza Torres: - Si comparamos esos cobros con los que se facturan en el lado norteamericano con salarios 10 veces superiores al nuestro, pagan de 200 a 300 dólares mensuales o su equivalente en moneda nacional de 600 a 900 mil pesos mensuales.

Durante la comparecencia del director de la Comisión Federal de Electricidad, Guillermo Guerrero Villalobos, ante las comisiones de Energéticos y de Programación y Presupuesto de esta Cámara de Diputados, el pasado 26 de abril nuestro compañero el diputado Noé Aguilar Tinajero, impugnó lo expuesto por el director de la Comisión Federal de Electricidad y afirmó que el cargo 1148 violaba el Código Fiscal de la Federación en sus artículos 1o., 2o. y 3o. que establece la obligación a las personas físicas y morales de contribuir conforme a las leyes fiscales respectivas, ya que según el artículo 1o. de este ordenamiento, sólo mediante la ley podrá destinarse contribuciones a un gesto público específico.

Compañeros diputados, para terminar debemos empeñarnos en acelerar los resultados de la auditoría a la Comisión Federal de Electricidad para analizar en serio su dictamen antes de que termine este período legislativo. Juntos todos los grupos parlamentarios debemos hacer un esfuerzo solidario con la población que nos reclama, para erradicar este cobro injusto e ilegal, el 1148 y si a esto le añadimos que ya en muchos municipios se cobra un impuesto que es del 10% para alumbrado público, resulta demasiado oneroso otro impuesto con el 1148. Muchas Gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra, para los mismos hechos, el diputado Pliego Aldana.

Permítame, diputado Pliego Aldana. Dígame, diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, para alusiones personales.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ortíz Mendoza para alusiones personales y en turno el diputado Pliego Aldana.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente, honorable asamblea: Nava le ha sacado a discutir públicamente conmigo que lo haga públicamente en San Luis Potosí, le ha sacado a discutir conmigo. Señor Presidente...

El Presidente: - La Presidencia ruega que se eviten los diálogos, por favor, compañeros de la asamblea.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Yo sé muy bien que el diputado que me antecedió no va a dar respuesta a lo que le voy a plantear, van a ver, lo van a ver. Han fracasado redondamente estos agoreros de lo que pasa con la Comisión Federal en todos sus intentos de levantar electoralmente el problema del 1148; fracasaron redondamente en su huelga de pagos, todo mundo paga; fracasaron redondamente en su política de los amparos del pueblo mexicano, nadie se ha amparado; fracasaron redondamente en sus apagones semanarios crecientes, la luz sigue encendida; fracasaron redondamente en sus plantones ante la Comisión Federal de Electricidad, ni los dirigentes de Acción Nacional se paraban a los plantones y fracasaron redondamente hoy, hoy mismo fracasaron redondamente; convocaron por periódico, por radio, por todos los medios, para que viniera la multitud de los enemigos del 1148 a la Cámara de Diputados, 30 desvelados estaban allá afuera, eso es lo que les ha pasado, porque no es el problema, no es el problema el 1148, no es el problema, es la campaña de la derecha porque se venda la Comisión Federal de Electricidad, igual que Teléfonos, pero van a fracasar.

El Presidente: - Permítame, diputado Ortíz Mendoza.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Pero nada más mi intervención era para otro objetivo. Al tema. le pregunto al señor diputado y aquí lo espero para que lo haga...

El Presidente: - Permítame, diputado Ortíz Mendoza, un momento.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Sí, señor.

El Presidente: - Dígame, señor diputado.

El diputado José de Jesús Miramontes Jiménez (desde su curul): - ¿Acepta una pregunta? El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Sí, cómo no.

El Presidente: - Señor diputado Ortíz... La acepta.

El diputado José de Jesús Miramontes Jiménez (desde su curul): - Usted dice que nosotros estamos utilizando lo del 1148 para campañas electorales. ¿Ustedes por qué en sus bardas están poniendo en el 1148 en contra? ¿por qué lo están utilizando también?

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - ¿Nosotros? Nada más le hago una pregunta, ¿nosotros, en dónde, en dónde? Dígame usted un documento en donde electoralmente estemos manejando esto. Jamás.

El Presidente: - Orden en la sala, compañeros diputados y se prohiben los diálogos; diríjanse a la Presidencia cuando quieran hacer una pregunta. Dígame, diputado.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Lo que pasa es que son verdaderos...

El Presidente: - Permítame, diputado Ortíz Mendoza. Dígame, diputado.

El diputado José de Jesús Miramontes Jiménez (desde su curul): - El señor está diciendo que en dónde están esas bardas; están en la avenida Mario Colín, en Tlalnepantla, estado de México.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente, el problema está muy simple, muy simple, el 1148 es un cobro inadecuado y lo ha declarado el Partido Popular Socialista toda la vida, toda la vida; fuimos los primeros, los primeros y ahí están las pruebas en Cuernavaca, desde el 17 de marzo están los primeros mítines del Partido Popular Socialista y ahí está la prensa, entonces no estamos a la cola del Partido Acción Nacional, estamos luchando contra el Partido Acción Nacional en una cuestión muy simple, es una campaña contra la Comisión Federal, ése es el problema y no le vamos a hacer segunda.

Pero el problema era con el diputado que subió, para demostrar otra vez lo calumnioso, ¿me puede usted dar una sola prueba de su afirmación de que el Partido Popular Socialista

votó con el Partido Revolucionario Institucional en el problema de la comisión? Le pregunto, usted afirmó aquí, el voto del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Popular Socialista. ¿Puede usted, le pregunto a él, no a sus asesores, puede usted dar una sola prueba de que el Partido Popular Socialista votó a favor de esa... en contra de esa comisión? Le pregunto a ese señor diputado. diputado Pedroza, conteste usted...

(Desorden).

El Presidente: - Se ruega a la asamblea guardar compostura y dejar que termine el orador.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza; - Simplemente le pregunto y si tiene una prueba, que suba y la exhiba y si no queda otra vez como su jefe, Vicencio Tovar, como un vulgar calumniador.

(Desorden.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pliego Aldana, por cinco minutos. El diputado Alfredo Pliego Aldana: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:

En día de hoy, hace más de 12 años, el Estado aplastó el ejemplar destacamento de la clase obrera mexicana, que luchó dentro de la Comisión Federal de Electricidad y me refiero a la tendencia democrática de los electricistas, que encabezaba el ya desaparecido y hoy legendario dirigente Rafael Galván Maldonado.

Desde esta tribuna y en este momento, le rindo homenaje a ese michoacano distinguido y mexicano sobresaliente, digno hijo de la clase obrera de nuestra patria.

Las banderas de la tendencia democrática de los electricistas, sus metas, sus defensas de intereses superiores de la nación, se retoman y se actualizan nuevamente en este honorable Congreso, en favor de la democracia y en contra de la intervención del Estado en la vida sindical pero especialmente en el autoritarismo y en el cobro indebido de un impuesto como el 1148. Compañeras y Compañeros: Valoremos los sellos actuales. El director de la Comisión Federal de Electricidad, el señor ingeniero Guillermo Guerrero Villalobos, le impone el cargo de 1148 a la sociedad, de común acuerdo con las demás autoridades que intervienen en ese tipo de resolución. Pero la esencia de este cobro está a nivel del gobierno, a nivel del grupo en el poder. Es un acto unilateral, y anticonstitucional, ya que es ilegítimo y doloso, que se le hace al pueblo de México mermando aún más su raquítica economía.

Este acuerdo es el resultado de la expresa y condicionante orden de los centros financieros internacionales, al negarse al prestar más dinero a la Comisión Federal de Electricidad, por no existir un reordenamiento administrativo y financiero que garantice los intereses de los bancos y el capital internacional.

En esta empresa, columna vertebral de la economía de nuestra nación, por las actuales condiciones que presenta no es posible el reordenamiento exigido, porque es un barril sin fondo, en donde la voracidad y corrupción, orquestada por empresa y sindicato alrededor de los grandes y jugosos negocios en provecho de las mafias que en esa Comisión dominan.

Por más de 15 años han insistido las voces honestas sobre su urgente saneamiento financiero pero las mafias sindicales que encabeza el líder postizo, Leonardo Rodríguez Alcaine, no lo permite, ya que considera a esta importante empresa como su feudo personal, de tal suerte que la Confederación de Trabajadores de México impone su hegemonía.

El grupo en el poder sigue premiando a tan importante aliado del sistema y mejor se opta por endosarle la factura al pueblo de México de todas estas corruptelas. Pero analicemos cuidadosamente los hechos por lo que está en quiebra esta importante empresa:

en primer lugar, un contratismo amañado; en segundo lugar, el cierre calculado de plantas hidroeléctricas que no le significan grandes negocios y que fueron sustituidos por plantas termoeléctricas, sin importarles sus altos costos de operación y elevada contaminación que genera, pero que les ha dejado grandes dividendos a compradores y contratistas, como es la planta hidroeléctrica de La Boquilla, de Roseta y Rosetilla, pertenecientes al estado de Chihuahua.

El aumento exagerado de los costos de cualquier obra de la Comisión Federal de Electricidad.

En la producción, la distribución y venta de la energía eléctrica se pueden localizar grandes fugas, cobros incorrectos, sobre todo, rezagos de cobranza en donde se le cobra más a los que menos tienen, durante periodos largamente escandalosos que significan enormes cargas financieras y pérdidas injustificables.

El costo desorbitado de la nómina sobrecargada para ser cubierta requiere destinar grandes recursos con los desajustes financieros presupuestales que sacrifican lo sustantivo por el aparato.

El enriquecimiento ilegítimo y escandaloso por los privilegios de líderes y empleados de confianza en contubernio y la inversión de obras billonarias sin ningún resultado económico, en cambio originan grandes pérdidas y la dilapidación de recursos de la nación.

Pero eso sí, también, el derroche por el abuso en la utilización del equipo móvil, el gasto excesivo de combustibles, el atraso en la realización de diversas obras.

Pero lo esencial está aquí, que la estrategia del grupo en el poder, es dejar de financiar a las empresas vitales de México, como Petróleos Mexicanos, como Comisión Federal, con el pretexto a la larga de que es un servicio indispensable y que se requiere sacarla adelante porque es columna vertebral de nuestra industria.

De tal manera que al estar quebrada la Comisión Federal de Electricidad y va a seguir quebrada por que el 1148 no va a resolver el problema en manos de corruptos; lo que va a suceder es que van a procurar, a justificar que la Comisión Federal pase a la iniciativa privada y eso es lo que todos los partidos y todos los mexicanos nos oponemos, que la Comisión Federal de Electricidad siga siendo patrimonio del pueblo y sirva para la soberanía nacional.

Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Antonio Ríos.

Esta Presidencia aprovecha la oportunidad que en términos del 102, ruega a los señores diputados que están en la lista de hechos, que inmediatamente tenemos al diputado Gerardo Ávalos, se mantengan en los cinco minutos, para poder respetar el tiempo de los diputados inscritos con oportunidad para los mismos hechos.

El diputado José Antonio Ríos Rojo: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Cuatro grandes errores se han cometido en la Comisión Federal de Electricidad, errores que los usuarios no tenemos por qué pagar a través del injusto e ilegal cobro 1148.

El primero de ellos: no es culpa de los usuarios del servicio de energía eléctrica que el Programa Nacional de Energía 1984- 1988 y el Programa de Modernización Energética 1990- 1994, estén muy lejos de cumplirse. Ambos programas tienen rezagos acumulados del orden de 6 mil megawatts; es decir, nuestra capacidad de generación de electricidad que debiera de ser de 32 mil megawatts en tan sólo de 26 mil.

Tenemos un déficit de 6 mil megawatts por el incumplimiento de los programas elaborados por la Comisión Federal de Electricidad.

Segundo Error: siendo la Comisión Federal de Electricidad una empresa prioritaria y estratégica, el gobierno federal no le dio ese trato.

Su presupuesto fue descuidado, tan es así que hoy tenemos que su programa de inversiones reales para 1991 es apenas la mitad de la que se tuvo en 1981. Durante la década de los ochenta, el gobierno federal no consideró

importantes hace grandes inversiones a la Comisión Federal de Electricidad; fue la década donde se consideró que era más importante el pago puntual de los intereses de la deuda externa que el fortalecimiento de nuestra planta energética; las necesidades de nuestro pueblo fueron postergadas y hoy, los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad creen que para 1994, para poder satisfacer las necesidades internas, el presupuesto que hoy se tiene de 14.9 billones tendrá que multiplicarlo por 2.9 para llegar a tener 44 billones de pesos de presupuesto.

El diputado Crescencio Morales Orozco (desde su curul): - Señor Presidente, ¿quisiera decir al señor orador si me permite hacerle una pregunta? El Presidente: - Diputado Ríos, ¿acepta? El Diputado José Antonio Ríos Rojo: - Con mucho gusto, señor.

El Presidente: - Adelante, diputado Morales.

El diputado Crescencio Morales Orozco (desde su curul): - Señor diputado, ¿usted está de acuerdo en que esa empresa permanezca en manos del Estado o que se entregue a la iniciativa privada? El diputado José Antonio Ríos Rojo: - Yo, al igual que ustedes, creo que esta empresa debe de seguir en manos del Estado, pro eso el Partido de la Revolución Democrática votó para que no se privatizara la barca, y en ese punto estuvimos. (Aplausos.)

Yo creo y por eso lo hemos mencionado, que la Comisión Federal de Electricidad es una empresa que hoy está en graves riesgos. Desde nuestro punto de vista para pasar de 14.9 billones de presupuesto a un presupuesto de 44 billones, siento que durante los próximos tres años va a ser sumamente difícil, porque los ritmos de crecimiento de las inversiones en la comisión Federal de Electricidad y no sólo ahí, no sólo en la Comisión Federal de Electricidad, sino también en Petróleos Mexicanos, han sido ritmos de crecimiento sumamente bajos y hoy corremos el riesgo, como lo mencioné en la vez anterior, de que vamos a tener que comprar energía eléctrica a los Estados Unidos en los próximos cinco años y probablemente también petróleo, porque fueron descuidadas estas dos empresas estratégicas durante la década de los ochenta. Y esos errores que el gobierno federal ha cometido, hoy la Comisión Federal de Electricidad trata de subsanarlos, inventando un cobro injusto e ilegal. Yo creo que los errores que se han cometido no tenemos por qué pagarlos nosotros. El gobierno federal consideró y sigue considerando todavía, que es prioritario el pago de los intereses. El año pasado, que fue el año donde se "cacaraquearón" la negociación de la deuda, si mal no me equivoco tuvimos... El Presidente: Diputado Ríos, permítame un segundo. Dígame, Diputado Fernández.

El diputado Jaime Fernández Sánchez (desde su curul): - señor Presidente, quería solicitarle si me permite una interpelación el orador. El diputado José Antonio Ríos Rojo: - Con todo gusto. El diputado Jaime Fernández Sánchez(desde su curul): - Su exposición me parece muy interesante... Ven a decírmelo acá... Oiga lo que están diciendo, señor Presidente.

El Presidente: - Haga se pregunta, diputado Fernández, por favor. El diputado Jaime Fernández Sánchez (desde su curul): - Lo único que quería preguntarle es ¿cuál es la solución que usted planta ante este problema? El diputado José Antonio Ríos Rojo: - La Comisión Federal de Electricidad debe de ser una empresa que su presupuesto debe de ser aumentado sustancialmente y ese presupuesto, su ejercimiento, debe de ser vigilado por esta Cámara. Por eso yo creo que los diputados priístas cometieron un grave error al negar la formación de la Comisión que establece el artículo 93, fracción III, de nuestra Constitución.

Los diputados priístas creo que cometieron un error y otros más. Pero creo que si el Partido Revolucionario Institucional hubiera autorizado, simple y sencillamente que la Constitución debiera de seguirse cumpliendo, como se hizo en la LI Legislatura, cuando se formó la Comisión para investigar el espionaje telefónico y como se hizo hace unos cuantos meses para investigar al Banco Nacional Pesquero y Portuario. Yo creo que nosotros como institución, como Cámara, el partido Revolucionario Institucional como Partido político y como grupo parlamentario, hubiéramos salido más fortalecidos si hubiéramos hecho eso.

Pero yo creo que se cometió un error, que ha llevado a la población a que especule más de lo que se ha hecho en forma normal, sobre el manejo de la Comisión Federal de Electricidad.

Creo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deben de tener un presupuesto mucho mayor, si no queremos empezar a depender en materia de energéticos en los próximos cinco años en este país, porque puede llegar a pasar que nos resulte más barato comprar un barril de petróleo en el extranjero, que extraerlo, por los graves errores que se han cometido en materia de energéticos.

Pero este presupuesto, debe esta Cámara vigilar su cumplimiento y no aceptar corruptelas ni malos manejos.

Ya para concluir, nuestras críticas, este es el último párrafo del escrito que he traído, a la Comisión Federal de Electricidad no tienen la orientación que apuntan hacia la privatización.

Sabemos que hay fuerzas en el gobierno y fuera de él, que desean vender todos, hasta nuestro país. Nosotros no. pero tampoco estamos dispuestos a permitir cobros ilegales por fuera de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.

Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Ávalos Lemus.

El diputado Gerardo Ávalos Lemus: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Señor Presidente, en primer lugar quiero hacer una aclaración: De parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, habíamos inscrito para el tiempo

que el reglamento permite, a tres compañeros oradores sobre el tema. Desgraciadamente usted señala que son para cinco minutos; creo que no es éste el caso; sin embargo, voy a tratar de intervenir en el tiempo que usted ha señalado y en opinión del Partido de la Revolución Democrática, tal como lo ha precisado el compañero diputado José Antonio Ríos Rojo:

jamás a sido la intención de que se privatice ninguna de aquellas empresas que son claves para salvaguardar la soberanía nacional.

Porque es esencia, el problema que campea en el fondo del problema del 1148, es una política que se ha venido imponiendo en los últimos tres años y que es el resultado de querer sepultar una política del pasado, de quienes en los anteriores gobiernos han venido desfalcando el erario de la nación, a través de desfalcar con una política de corrupción, de saqueo, los recursos y

presupuestos de estas dependencias e instituciones.

Por otra parte, el engordamiento de las filas para crear una serie de plazas de trabajadores que nunca van a tener un empleo, pero que tienen un salario, comiendo del pueblo a través de sus impuestos. Pero junto con el atropello que día a día presenta en este último tiempo respecto del Tratado de Libre Comercio, que es una situación que antes de discutir los términos, las formas, los temas y las áreas de ese tratado. Se ha venido imponiendo una política de que en los hechos esta nación está siendo entregada y que no importa ningún marco constitucional, ningún marco legal, mediante el cual el actual régimen tiene como objetivo imponerse nuevamente a las espaldas del pueblo y que los errores históricos de los anteriores gobiernos y la política errónea del actual, lo deba de pagar nuevamente el pueblo.

Creemos que el 1148 definitivamente ante la respuesta del propio director que compareció en las comisiones unidas, dejó claro su incapacidad de entender de qué marco constitucional o qué marco legal le podría facultar a la comisión o a la junta de esta comisión, para imponer un cobro ilegal. Me parece que en el fondo lo que el Estado está haciendo, es sondear hasta dónde este pueblo de México está dispuesto a no aceptar esta imposición de la entrega de la soberanía nacional.

Y ratificamos y refrendamos: ni Teléfonos de México, ni la banca, ni la Comisión Federal de Electricidad, ni Ferrocarriles, por cuestión de soberanía y seguridad nacional, deben de ser privatizados.

Finalmente, quiero hacer una serie de consideraciones respecto al impacto económico que va a tener precisamente para las familias del ingreso del salario mínimo, y quiero hablar de aquellas regiones donde el uso de la energía eléctrica es superior en 100% de otras regiones del término medio del consumo de esta energía en nuestro país. Es el caso del Valle de Mexicali, el caso de Hermosillo, el de una buena parte de Culiacán y algunos otros estados norteños, que en este momento los olvido, que desgraciadamente existía aparentemente una tarifa especial.

Sin embargo, la aplicación del 1148, es para todos por igual. Pero yo quisiera hacer la pregunta:

¿Por qué no se aplica una tarifa única por igual a nivel nacional para todas las ramas de la industria y de la actividad y del consumo tanto particular, privado como de las empresas? Porque a muchos grandes empresarios, como lo decía nuestro compañero Ríos Rojo, dentro del gobierno y con sus empresas, no les convendría la tarifa única, porque el consumo lo tendrían que pagar tal cual hagan uso de la energía eléctrica, porque ésa es la historia de todo este tiempo: el pueblo mexicanos ha venido subsidiando en el consumo en lo individual o casero, ha venido subsidiando a las grandes empresas, a las grandes Compañías del campo y de la ciudad.

Esa es la verdad.

Por eso el Partido de la Revolución Democrática no se asusta de que algunos partidos y yo creo que hay que aceptar, hay que hacer honor a la verdad, compañeros del Partido Popular Socialista, hay parte de su campaña, como lo expresaba Acción Nacional, en contra del cobro injusto de esta tarifa. Yo creo que no nos extrañemos, porque ésta es una Cámara que se compone por hombres y mujeres que representamos a la nación, al pueblo, a través de la actividad política y claro que tenemos que hacer política con aquellas medidas injustas que hacen los funcionarios y el gobierno en turno.

Lo que habrá que ver, es si el uso que hacemos de esta campaña política es pura y exclusivamente electoreristas o es para hacer toma de conciencia y hechar abajo aquellas iniciativas o actividades del gobierno que perjudican realmente a nuestro pueblo.

Y tal es el caso del salinismo con su Programa Nacional de Solidaridad. ¿ A dónde, a dónde estamos quedando el Poder Legislativo con un Presidente que no sólo tiene facultad de imponer,

sino de decidir el erario de la nación?, ¿cuánto y cómo va a disponer de ese dinero a favor de una campaña priísta? Esto también nos habría de preocupar.

Finalmente, compañeras y compañeros legisladores:

El Partido de la Revolución Democrática convoca a todos los miembros de este recinto legislativo, a que hagamos los esfuerzos, a que se respete el marco constitucional y se regrese a la legalidad, y que hagamos el esfuerzo, no sólo en el caso de 1148, sino en todos aquellos aspectos que transgreden nuestro marco legal, a que unifiquemos esfuerzos para regresar a la constitucionalidad. Y reto al partido oficial, al Partido Revolucionario Institucional, a que fije posición política en esta tribuna, respecto a la legalidad o ilegalidad, no de lo justo o lo injusto de la tarifa 1148. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Modesto Cárdenas...¿No se encuentra?... Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz.

El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez:

- Compañeros diputados: Desde luego, sin aceptar que esta honorable Cámara de Diputados sea la instancia competente para conocer y resolver los asuntos aquí planteados a través de la intervención de los compañeros, debo rectificar los hechos expuestos por alguno de ellos y fijar la posición de mi fracción parlamentaria.

En primer lugar debe destacarse que el establecimiento del cargo 1148, su naturaleza y su fundamento legal, ya han sido discutidos ampliamente por todos los grupos parlamentarios ante el pleno de esta soberanía.

Además, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, como me dijo hace un momento, el director de la paraestatal compareció ante la Comisión de Energéticos, a exponer las razones económicas y técnicas y los argumentos legales que justifican el cobro de dicho cargo.

Se ha propuesto por uno de los compañeros diputados que la Cámara declare ilegal el cargo y solicite a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, dependencias de Poder Ejecutivo, que mediante la investigación de...

El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - Señor Presidente... El Presidente: - Permítame un momento, diputado Quiroz, Dígame, diputado Pliego Aldana.

El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - Que si acepta una pregunta el orador, señor Presidente.

El Presidente: - ¿Acepta una pregunta, diputado Quiroz, del diputado Aldana? El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez:

- Cuando termine, señor Presidente.

El Presidente: - No la acepta, por el momento; cuando termine.

El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - ...Ordene a la Comisión Federal de Electricidad, se retire el cargo 1148, aduciendo que el mismo carece de legalidad y es violatorio de diversos ordenamientos jurídicos.

Sobre el caso, estimados compañeros, es conveniente precisar que la Cámara de Diputados, esta honorable Cámara de Diputados, no tiene competencia ni autoridad para declarar la legalidad o la ilegalidad del cobro ni puede mucho menos instruir al Poder Ejecutivo o a alguna dependencia de éste, para que ordene a la Comisión Federal de Electricidad, el retiro del cargo clasificado como 1148, de los recibos que pagan los usuarios.

Independientemente de lo anterior, sin analizar si la aplicación de dicho cargo carece de legalidad o es violatorio de diversos ordenamientos jurídicos, el sólo hecho de admitir dar trámite a esta propuesta, como lo solicitan los compañeros diputados del Partido Acción Nacional, conllevaría implícito el pronunciamiento de esta soberanía sobre la validez intrínseca de la resolución de la junta de gobierno de la Comisión Federal de Electricidad, que dispuso el cobro multimencionado, con lo cual no sólo se rebasa el ámbito de atribuciones de la Cámara de Diputados, sino que se invadiría la esfera competencial de los tribunales de la Federación, provocándose, como bien lo sabe el compañero Aguilar Tinajero, la flagrante violación a lo dispuesto por los artículos 73, 74, 103 y 104 de la Constitución General de la República, los cuales, respectivamente, fijan los límites de las facultades del Congreso de la Unión, de esta soberanía a la que ustedes pertenecen y de los tribunales federales.

Compañeros diputados: un acto como el que se pretende se solicite no sólo viola el principio

de seguridad jurídica de que la autoridad sólo puede hacer o ejecutar lo que la Ley le faculta, de acuerdo con el sistema de facultades expresas que gobierna o que rige el sistema jurídico mexicano, sino que le atribuye o le concede facultades que irían abiertamente en contra del principio de autonomía de gestión que el legislador la atribuyó a las entidades paraestatales en el artículo 11 de la ley de materia.

Por último, esta asamblea, como es de todos conocido, acordó que la Comisión de Vigilancia, por conducto del órgano técnico de la Cámara, que es la Contaduría Mayor, de Hacienda, realice una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad, a fin de conocer la situación del sector eléctrico y su posible conexión con el cargo a los usuarios por concepto de mantenimiento, que hoy nos ocupa.

Sobre este asunto, solicitamos los diputados priístas, porque es lo prudente, que esta Cámara espere los resultados del trabajo que realiza la Contaduría Mayor de Hacienda y del informe que rinda la propia Comisión de Vigilancia, para estar en posibilidad...

El Presidente: - Permítame, diputado Quiroz.

Dígame, diputado.

El diputado Pedro Rigoberto López Alarid

(desde su curul): - Señor Presidente, ¿quisiera preguntarle al señor orador si acepta una pregunta? El Presidente: - Diputado Quiroz, ¿acepta usted una pregunta del diputado? El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - No la acepto, señor Presidente.

El Presidente: - No la acepta, compañero diputado.

El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - Que rinda la propia Comisión de Vigilancia, para estar en posibilidad de tomar las determinaciones pertinentes y adecuadas, sin duplicar acciones, interferir competencias de otras comisiones y conducir el trabajo de esta Cámara con procedimientos eficaces y certeros. Por lo expuesto, rechazamos la propuesta del diputado Aguilar Tinajero. Muchas gracias.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - ¡Señor Presidente! ¡Una pregunta, diputado Quiroz! El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - A sus órdenes, diputado discúlpeme.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Señor diputado, la pregunta es muy concreta, independientemente que considere usted que es competencia o no de la Cámara fijar la legalidad del cobro 1148, yo le pregunto directamente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que usted representa:

¿considera usted que el cobro 1148 es legal y es justo, o no lo considera?

El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - Señor diputado: Soy abogado, conozco o pretendo conocer la ley. Lo único que le puedo decir a usted es que esta Cámara no es la instancia competente para conocer de la legalidad o ilegalidad del cobro a que usted se refiere. (Aplausos.)

El presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado López Alarid y después el diputado Juan Guerra.

El Diputado Pedro Roberto López Alarid:

- Señor Presidente; honorable asamblea:

Vengo a esta tribuna con el único propósito de apoyar la propuesta suscrita por los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Democrática, la cual fue presentada y leída en este pleno por el diputado Noé Aguilar Tinajero.

Yo solicito, muy atentamente, al diputado Amador Leal, Presidente de la Comisión de Energéticos, que tenga la amabilidad de abordar esta tribuna y exponga los motivos que tuvo la comisión por él presidida, para rechazar la proposición del diputado Noé Aguilar, que es la proposición de mi partido. Yo quiero aclarar una cosa: estuve presente en la reunión en que se rechazó tal proposición...

El Presidente: - Diputado López Alarid, ¿me permite usted un segundo? Dígame, diputado Amador.

El diputado Alberto Amador Leal (desde su curul): - Nada más para informarle al señor orador que precisamente estoy esperando mi turno para fijar la posición de mi partido.

El diputado Pedro Rigoberto López Alarid:

- Muy bien. Yo no recuerdo que se haya tomado tal decisión en esta reunión de la Comisión de

Energéticos, pues no hubo quórum, tal como lo acaba de expresar aquí el diputado Aguilar Tinajero y, por lo tanto, no había ningún fundamento legal al desechar como improcedente la propuesta que él hizo.

En virtud de las graves irregularidades en que incurrió la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, en liquidación y sus asociados..., independientemente de los dispendios y gastos superfluos, está cometiendo una injusticia al incluir en los recibos que expide a los consumidores de energía eléctrica el ilegal y odioso recargo 1148.

Como se ve, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus asociadas, con este cobro que están efectuando, están violando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento, la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las leyes de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 1990 y 1991, los presupuestos de Egresos de la Federación, correspondientes a los años citados...

El Presidente: - Permítame un segundo, diputado López Alarid. Dígame diputado.

El diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz

(desde el curul): - Señor Presidente, quisiera que le preguntara al orador si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente: - Diputado López Alarid, ¿acepta usted una pregunta? El diputado Pedro Rigoberto López Alarid:

- Yo quisiera, señor Presidente, que me dejaran terminar y con mucho gusto, al término de mi intervención, acepto las preguntas.

El Presidente: - Al término, diputado, continúe, diputado.

El diputado Pedro Rigoberto López Alarid:

- Estaba comunicándoles a ustedes que las paraestatales antes citadas, están violando también la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Federal de Obras Públicas, así como el Código Civil en Materia Común para el Distrito Federal y para toda la República en Materia Federal. Por otra parte, las citadas paraestatales colocan a los integrantes de la junta de gobierno que aprobó el recargo 1148, así al Consejo de Administración de ambas empresas, en el riesgo de incurrir en los delitos a que se refieren los artículos 217 y 218 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal.

Concretamente, compañeros diputados, los exhorto a que sigamos luchando por la extinción del recargo ilegal denominado 1148, que tanto está lesionando a los consumidores de energía eléctrica en toda la República Mexicana. Muchas gracias.(Aplausos.)

El diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz

(desde su curul): - Señor Presidente, ¿puedo hacer una pregunta? El diputado Pedro Rigoberto López Alarid:

- Sí.

El Presidente: - Adelante, diputado.

El diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz

(desde su curul): - Diputado, una pregunta muy concreta, ¿está usted de acuerdo en que la Comisión Federal de Electricidad siga en manos del Estado o que se privatice? El diputado Pedro Rigoberto López Alarid:

- Yo estoy de acuerdo en que la Comisión Federal de Electricidad siga en manos del Estado, siempre y cuando se maneje honestamente y con menos dispendios, como en los que actualmente está incurriendo. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Antonio del Río, por cinco minutos y después el diputado Juan Guerra.

Para ilustrar a esta asamblea, han hecho uso de la palabra sobre este tema el diputado Noé Aguilar Tinajero, el diputado Ulises Lara Campos, el diputado Elías Humberto Ceceña, El diputado Ramiro Pedroza, el diputado Pliego Aldana, el diputado Francisco Castañeda, el diputado José Antonio Ríos, el diputado Gerardo Ávalos, el diputado Miguel Quiroz, el diputado Antonio del Río, que está en uso de la palabra y el diputado López Alarid.

Tiene la palabra el diputado Antonio Del Río.

El diputado Antonio Del Río Abaunza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros

diputados: Me vi precisado a solicitar el uso de la palabra para hacer algunas aclaraciones y precisiones sobre unas aseveraciones hechas aquí. Quiero, para iniciar, espero que los cinco minutos me sean suficientes, para decirles a ustedes, hacerles una pequeña historia sobre la situación de la industria eléctrica.

En el año de 1960, como de todos ustedes es conocido, a través de la lucha precisamente de mi ex sindicato, el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, que en ese tiempo dirigía, mi ex compañero Rafael Galván, logramos que la industria en manos de la iniciativa privada extranjera se nacionalizara.

Las condiciones en que se recibió la infraestructura, considero que los grupos políticos nacionalistas revolucionarios sí conocen esta historia, fue una estructura obsoleta totalmente, que exclusivamente el 7% de la población nacional se encontraba electrificada y en malas condiciones y con tarifas eléctricas caras.

¿Cuál fue el programa del gobierno de López Mateos, entonces? Precisamente viendo esas condiciones de electrificación, se vio en la necesidad de echar abajo toda esa infraestructura que no servía para nada, pero tampoco el pueblo de México tenía suficientes recursos económicos para poder crear una nueva infraestructura de acuerdo a las necesidades del mismo. Se tuvo que pedir créditos al extranjero, se tuvieron que hacer esfuerzos grandes para hacer y llevar miles de kilómetros de líneas de distribución y de transmisión, se tuvieron que construir plantas generadoras, se sostuvieron tarifas eléctricas subsidiadas en forma general, ese problema se denunció por parte de mi dirigente Rafael Galván, porque no era posible sostener una industria eléctrica nacionalizada sin recursos económicos, ya que los subsidios o las tarifas de la industria estaban muy por abajo de las tarifas residenciales y comerciales.

Por toda esta situación, compañeros, actualmente el 90% de la población está electrificada pero lógicamente compañeros que por las propias necesidades la Comisión Federal de Electricidad sigue necesitando más recursos económicos. No voy a discutir la legalidad o la ilegalidad del 1148...

El Presidente: - Permítame la palabra, diputado Antonio Del Río. Dígame, diputado.

El diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz

(Desde su curul): - Quisiera que le preguntara al señor diputado si me permite hacerle una pregunta.

El Presidente: - ¿Acepta el diputado del Río, una pregunta del compañero diputado? El diputado Antonio Del Río Abaunza: - Con todo gusto, compañero.

El Presidente: - Sí la acepta.

El diputado Magdaleno Luis Miranda Reséndiz

(desde su curul): - Señor diputado, por toda esa historia tan emotiva que lo ha hecho recordar el proceso de nacionalización de la energía eléctrica, de la compañía de energía eléctrica, quiero preguntarle si está de acuerdo en que la Comisión Federal de Electricidad se privatice o siga en manos del Estado. El diputado Antonio Del Río Abaunza: - Compañeros, precisamente provengo de una organización que luchó por rescatar la de iniciativa privada para la nación. Entonces no puedo estar en contra de la nacionalización de la industria eléctrica. (Aplausos.)

Compañeros, la Comisión Federal de Electricidad duró 15 años subsidiando las tarifas eléctricas y eso no me lo cuentan, lo viví y precisamente mi ex sindicato estaba solicitando que se reestructuraran las tarifas eléctricas porque se encontraba en crisis. Ahora que el gobierno federal ha visto esta situación, la necesidad de sostener, de crear más líneas de distribución y de transmisión, de crear nuevas plantas generadoras para poder dar la energía que demanda el pueblo de México, se requieren más recursos económicos. La industria eléctrica del país está en crisis, pero se requiere rescatarla con el apoyo de diversos...

El Presidente: - Señor diputado. Dígame, diputado Pliego Aldana.

El diputado Alfredo Pliego Aldana (Desde su curul): - Bueno, señor Presidente, ¿quiere preguntar al orador si acepta una pregunta? El Presidente: - Señor diputado Antonio Del Río, ¿acepta usted una pregunta? El diputado Antonio Del Río Abaunza: - Sí, Compañero.

El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - En repetidas ocasiones el diputado habla y con razón de que requiere más recursos de la Comisión Federal de Electricidad. Cuando

Se aprobó la Ley de Ingresos y Egresos yo le pregunto, ¿Por qué no estudió a fondo el presupuesto? Porque todos los partidos en general queríamos que se aumentara lo que se iba a invertir en la Comisión Federal y ahora resulta que casi estando quebrado, habla de que tenga más recursos, siendo que ellos, el Partido Revolucionario Institucional, fueron los que aprobaron ese presupuesto insuficiente y, ¿porqué hasta ahora se le ocurre decir que le faltan recursos?

El diputado Antonio Del Río Abaunza: - Compañero, yo no puedo hablar a nombre de mi partido, estoy hablando en forma personal. Personalmente yo estoy comentándoles a ustedes de la necesidad que tiene la industria eléctrica de fortalecer su economía; de otra manera y con el ataque permanente que se está realizando como bandera política o no, lo que se está provocando es la privatización parcialmente de la industria eléctrica.(Aplausos.)

Se está creando una situación, una psicosis nacional en el pueblo para que pueda adoptar una posición de venta de la industria eléctrica nacionalizada. El Presidente: - Diputado Antonio Del Río, otra vez diputado Pliego Aldana desea hacerle una pregunta, ¿acepta usted?...Está en libertad el diputado Antonio del Río de aceptar o no la pregunta. Continúe, diputado Antonio del Río.

El diputado Antonio Del Río Abaunza: - Lo que solicito a ustedes, compañeros, es la solidaridad de la diputación federal de todas las fracciones parlamentarias, para sacar de este bache a la industria eléctrica nacionalizada.

La situación del 1148, compañeros, puede ser que se esté considerando ilegal. Independientemente de esto, debemos considerarlo también como una necesidad de la industria eléctrica para poder responder a las demandas que requiere el pueblo de México.

Considero que las fracciones parlamentarias, los partidos políticos, en lugar de agarrarlo como bandera política, porque es un año político precisamente y que cada semana se está discutiendo y se está planteando, tratando de convencer al pueblo de México que es una injusticia y que se requiere votar en contra de un partido que aparentemente está actuando en contra de sus intereses, pero no se está actuando en contra del partido, se está actuando en contra de la industria eléctrica nacionalizada para poder privatizarse. Yo les pido esa solidaridad, compañeros y que se hagan otros planteamientos, ya sea del 1148 o de otra forma, de poder tener recursos y rescatar esta industria eléctrica. Muchas gracias, compañeros.

El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Juan Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo creo que hay puntos comunes que si no nos los repetimos como argumentos, nos dan una base común en la discusión.

Nadie desconoce, ni lo puede hacer además que la industria eléctrica atraviesa serios problemas financieros y que ha estado sujeta a un proceso de descapitalización, que ha tenido que ver con una errónea política por parte del gobierno federal.

El diputado Ríos nos ilustraba muy bien eso, el hecho es elocuente, de 1981 a la fecha, se redujo el presupuesto que ejercía la Comisión Federal de Electricidad, en aproximadamente la mitad. Esto no tiene razón mayor de abundar.

Los que nosotros sí cuestionamos y en lo que nos detenemos, es que a partir de esto que es responsabilidad exclusiva del gobierno federal y de los diputados que han aprobado esa política, se pretenda justificar un cobro ilegal en contra del pueblo de México. Esto es el problema. No hay ninguna razón válida, ni de tipo moral, ni legal, ni mucho menos justificatoria con esta política errónea del gobierno, para liquidar al pueblo en su economía, afectando aún más su precaria situación económica. Esta es el asunto que no se puede soslayar, que no se puede evadir y al cual me parece incluso que no es ni pertinente sacarle la vuelta; porque a propósito del compañero que vino aquí, en la lucha de Rafael Galván estaba presente el interés del pueblo en todo momento y sus programas contemplaron en todo tiempo el interés del pueblo. Jamás y lo digo, de lo que conocemos, jamás se hubiera atrevido a que el pueblo pagara los platos rotos o los resultados de una política del gobierno porque contra ésa luchó.

Pero tampoco es correcto que nos venga aquí el Partido Revolucionario Institucional cuando intenta fijar posición, diciéndonos simplemente que no es competente de esta Cámara y que por lo tanto hay que sacar la vuelta en una

forma que no se ve muy seria y que se nieguen a establecer y a fijar su posición en torno a la legalidad o no.

Esta Cámara ha tenido mucho pronunciamiento que han sido considerados de interés nacional y no por que sea facultad explícita de la Cámara y también hemos tenido pronunciamientos a nivel internacional demandando actitudes que consideramos positivas.

Lo que estamos proponiendo aquí, la propuesta concreta es, que la Cámara se pronuncie en un sentido o en otro; no estamos proponiendo que resuelva y dé por concluido un caso. Lo que estamos diciendo es cual es el pronunciamiento de la Cámara, cuál es la posición que tienen los grupos parlamentarios respecto a eso. Se dice que esto no es facultad de la Cámara; perdónenme, pero es enteramente facultad y se los voy a demostrar con la Constitución en la mano.

Recuerden para esto que en primer lugar y, aquí le corrijo al diputado Quiroz, aquí los grupos parlamentarios hemos discutido sobre la ilegalidad, pero no conozco a nadie que haya hablado de la legalidad, a no ser que el Partido Revolucionario Institucional nos venga a decir que es legal, pero le ha sacado la vuelta al respecto.

Aquí hemos discutido más que la legalidad, que la ilegalidad del cobro y lo que hemos encontrado es la resistencia del Partido Revolucionario Institucional a aceptar esto que todos reconocemos.

Pero el asunto es que el director de la Comisión Federal de Electricidad, Guillermo Guerrero Villalobos, dice que este cobro está amparado, justificado en la Ley Federal del Servicio Público de Energía Eléctrica. Este es el asunto.

Y yo quiero que esta afirmación, diputados del Partido Revolucionario Institucional, sírvanse por favor cotejarla con el inciso F, del artículo 72 constitucional, que a la letra muy breve dice:

"En la interpretación, - subrayo interpretación - , reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formación".

Resulta que esta Cámara aprobó la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el director de la Comisión Federal de Electricidad la interpreta y los diputados del Partido Revolucionario Institucional aquí, que están facultados constitucionalmente para interpretar la ley, se niegan pomposamente a interpretar esta ley.

Este es el asunto, no podemos sacarle la vuelta.

Nosotros decimos que no hay ninguna base en la ley. ¿Diga el Partido Revolucionario Institucional si considera que hay base en la ley para aplicar ese cobro ilegal o no lo hay? Este es el asunto al cual no le podemos sacar la vuelta, porque me parece hasta caricaturesco que mientras los candidatos a diputados del Partido Revolucionario Institucional andan en la campaña comprometiéndose con el pueblo, dizque a luchar en la Cámara por la supresión del cobro 1148, aquí, el Partido Revolucionario Institucional, vino y nos dijo otra cosa. Esta esquizofrenia del Partido Revolucionario Institucional no la aceptamos; que sean congruentes entonces también sus candidatos, que digan que están luchando porque se mantengan la ilegalidad, porque el gobierno haga lo que quiera bajo mil sobradas justificaciones, que aquí evidentemente la legalidad puede ser pisoteada; pero el problema es que siempre será en contra del pueblo.

Este es el problema y les seguimos insistiendo en que tomen posición. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra, diputado, para hechos. Cinco minutos, diputado Arenas.

El diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez:

- Voy hablar cobre la Comisión Cimarrona; señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Aunando al tema tratado por los señores diputados, me permito comentarles a ustedes una nota periodística del diario El Financiero, que desde hace unos días revela contundentemente muchos de los males que aquejan a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y lo quiero poner como un ejemplo, para que no se considere que estoy desvirtuando del tema, como el incumplimiento de diversas leyes federales, tales como obras públicas, adquisiciones, fondos y valores, presupuestos, contabilidad y gasto público, entre las más sobresalientes.

A tales conclusiones llegó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación en una auditoria integral que llevó a cabo a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el pasado mes de abril de este año.

El financiero obtuvo copia de la investigación que estuvo a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría y me permito citar algunas de las conclusiones:

en el capítulo correspondiente a la administración que estuvo a cargo de la Dirección General de Auditoría Gubernamental de la Contraloría y me permito citar algunas de las conclusiones:

En el capítulo correspondiente a la administración de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, el documento pone en evidencia que la entidad aludida enfrenta problemas serios relacionados con la baja productividad de su personal, así como la existencia de una planilla excesivamente grande que propicia elevados costos de operación que impiden su recuperación económica y financiera.

El número de trabajadores que laboran en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, es de 34 mil 243 personas, cifras que fue reportada en la auditoría. En la actualidad existen además 600 convenios, que según la Contraloría dificultan la administración eficiente de los recursos humanos. Por ejemplo, en los primeros siete meses del año pasado, la paraestatal registró un incremento promedio mensual de contrataciones de 157 trabajadores de planta y 127 provisionales, sin autorización de las autoridades competentes, pasando por alto las políticas de racionalidad y austeridad presupuestal que rigen a las entidades públicas desde hace más de ocho años.

Por otro lado, según la auditoría, la contratación de personal se realiza, a través del sindicato, originando que se propicie la transmisión de influyentismo o que las personas contratadas muchas veces no cumplan con el perfil del presupuesto requerido, o no sean lo suficientemente calificadas. Para realizar esa labor, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro entrega al sindicato 2 mil 250 millones de pesos cada 2 años. En la auditoría las autoridades de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación señalan que los permisos con goce de salario representan una fuerza sangría para la empresa, sobre todo los sindicales y ejemplifica: en el mes de junio de 1990, la empresa gastó 1 mil 035 millones de pesos por permiso para comisión legislativa, laboral, eventos deportivos, etcétera.

En el mencionado y extenso documento en manos de El Financiero, se dice que será puesto a consideración de las más altas autoridades del país.

Esperemos que esta Cámara de Diputados obtenga una copia para su análisis y posible debate.

La investigación detectó también irregularidades en la comprobación de viáticos y desviaciones en cuentas especiales, por un momento conjunto de 274 mil pesos, cantidad que no ha sido justificada por las listas de firmas de los beneficiarios, contraviniendo con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Si esto sucede, señores diputados, en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿cómo andará la Comisión Federal de Electricidad? Mientras que autoridades, diputados, asambleístas y líderes sociales debaten sobre la legalidad del cobro 1148 en los recibos de luz, el cargo sigue mermando la economía de más de 12.5 millones de usuarios a lo largo y ancho del país. A éstos, hasta hoy no les queda más alternativa que pagar, aunque en muchos casos lo hagan bajo protesta.

De nada han servido las quejas de miles de ciudadanos inconformes por este cargo; las respuestas siempre han sido las mismas hasta la fecha: está autorizado el cargo, servirá para mejorar el servicio, pague o le cortamos el suministro.

Creo, señores diputados, que no hay ni lógica ni justificación justa o legal para que este cargo continúe siendo una merma en el ingreso familiar de los ciudadanos mexicanos. Gracias por su atención. (Aplausos.)

El Presente: - Tiene la palabra el diputado Modesto Cárdenas, del Partido Popular Socialista.

El diputado Modesto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, saluda al valioso debate que se ha producido en torno a una nueva proposición sobre el cargo 1148. Valioso porque ha permitido llegar a un consenso de este pleno de la Cámara de Diputados, a menos que alguien lo aclare, llegar al consenso de que la industria nacionalizada debe de permanecer en manos del Estado, para que siga sirviendo a los intereses de la nación. Esta coincidencia fundamental reviste la mayor importancia, toda vez que en este momento, en el marco de este problema del 1148, en el marco de las negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio, todo mundo los conoce, hay fuerzas externas y hay fuerzas internas que quisieran que la Comisión Federal de Electricidad y la

Compañía de Luz y Fuerza del Centro pasaran a manos privadas.

En menos de siete días hemos escuchado demandas semejantes, tanto de la señora Karla Hill, como de empresarios de Monterrey, de la Femai o de la Confederación Patronal de la República Mexicana, en ese mismo sentido. Por eso, a nuestro juicio, esta representación popular, con este pronunciamiento, sale al paso de todas esta tendencias que quisieran quitarle al Estado mexicano el control sobre la Comisión Federal de Electricidad. Sobre esa base el problema se aclara y se hace más simple, porque de lo que se trata ahora es qué hacer para fortalecer la empresa, a fin de que siga siendo puntual del desarrollo industrial de nuestro país, en las nuevas condiciones de nuestro país y del mundo.

Ese es el problema. ¿Que debemos hacer? Y para el Partido Popular Socialista, para su fracción parlamentaria, entonces ha llegado el momento de que la Cámara de Diputados aborde el problema de fondo; es decir, ver el problema por sus causas y no por sus efectos.

En ese sentido tomamos las palabras finales del compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática, Pliego Aldana, Cuando dijo, con toda razón: "... los recursos que se captacen por el cargo 1148, no son suficientes para los retos que tiene que enfrentar la Comisión Federal de Electricidad".

Por lo tanto, la Cámara de Diputados tiene que ir al fondo del problema. ¿Por qué?, porque necesita reestructurarse, necesita modernizarse, necesita abordar nuevas tecnologías, necesita hacer investigación con más influencia, con más incisión, en el desarrollo de esta empresa industrial, para lo cual necesita recursos. Pero no lo podemos hacer, la Cámara de Diputados no puede abordar el problema de fondos sin considerar el problema político, tanto a nivel nacional como internacional, en que se está produciendo todo este debate en torno a la propiedad de las empresas del Estado.

Por esa razón, tomando el espíritu de las intervenciones de los diferentes diputados que a nombre de sus fracciones han hecho uso de la palabra para fijar sus posiciones, el partido Popular Socialista, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite plantear el siguiente

«PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia por la reestructuración de las tarifas del servicio eléctrico, protegiendo a los usuarios de más bajos ingresos y eliminando los subsidios a los grandes usuarios, a efecto de que se recapitalicen la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y empresas asociadas.

Segundo. Se pronuncia por la reorganización técnica, económica y administrativa, de las empresas del servicio eléctrico, a efecto de que puedan responder con alta eficiencia a los requerimientos del desarrollo tecnológico, industrial y agropecuario del país.

Tercero. Se pronuncia por el Estado mexicano mantenga el más riguroso control y manejo de la industria eléctrica, por ser estratégica e indispensable para el desarrollo independiente del país, respondiendo cabalmente al mando constitucional sobre esta industria.

Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de junio de 1991.

Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados Alfredo Reyes Contreras y Modesto Cárdenas García.» El Presidente: - Precise la secretaría los términos de la propuesta.

Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal.

El diputado Alberto Amador Leal: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Quisiera ocupar el tiempo que me corresponde a riesgo de distraerlos un poco más.

Pero en efecto me parece importante el que nos acerquemos a algún pronunciamiento por parte de esta Cámara, dado el tiempo que hemos dedicado al análisis, al debate, siempre considerando yo de buena fe, con sentido propositivo de las diversas fracciones parlamentarias.

A mí me parece que el legislador tiene que ponderar con equilibrio los esfuerzos por avanzar en los propósitos superiores y los efectos diversos que puede suscitarse en la economía o la sociedad.

Creo que esta asamblea popular tiene que reflexionar hasta donde es posible, al margen y en ciertos momentos al margen de intereses partidistas o de políticas de coyuntura, que obstaculicen el diálogo y la concreción de acuerdos políticos.

Por ello pensamos que el debate que nos ocupa hoy no puede ser aislado; tampoco puede ser parcial y tampoco puede sustentarse en el sofisma o en el manejo inadecuado a veces, por desconocimiento técnico de esta industria que es una industria compleja o de un análisis parcial también, de los fundamentos jurídicos a que se alude.

Pensamos que el debate debe centrarse en cómo conciliar el imperativo de fortalecer a las empresas estratégicas que prestan el servicio público de energía eléctrica o la exigencia de proteger a la vez la economía de los grupos sociales de más bajos ingresos.

Nuestra fracción parlamentaria comparte los principios y los propósitos de la estrategia de la política económica general, porque estamos ciertos que sin bases materiales solidas, los esfuerzos para lograr mayor justicia social, serían efímeros e insuficientes. Por ello, hemos pugnado para que la política económica sea congruente y consistente.

Por esa razón también, nos pronunciamos por el saneamiento de las finanzas públicas, al tiempo que reiteramos el apoyo al fortalecimiento de las empresas estratégicas que propicien su consolidación, su crecimiento y su desarrollo.

La industria eléctrica nacional, ya se ha dicho aquí, es un puntal fundamental para el desarrollo, tanto por la producción que genera, como por la capacidad instalada, como por los empleos que también proporciona.

Y también se ha reiterado y así lo consideramos, que es producto del esfuerzo de los trabajadores electricistas y decisión, desde luego, del pueblo, de mantenerla por ordenamiento constitucional como una industria reservada al Estado.

Nosotros pensamos que la industria eléctrica nacional no está quebrada. La situación, en análisis financiero de los indicadores consolidados del sector, no arrojan que esta industria esté quebrada.

El análisis de los indicadores de productividad y en la Comisión de Energéticos hemos tenido en esta semana la oportunidad de visitar físicamente las instalaciones y no nos dan la idea, ni nos dan evidencia de una industria quebrada.

Lo que existe es un proceso de liquidación de una de las empresas que es la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y que por razones del tiempo que ha tardado esa liquidación y por razones del tiempo que ha tardado la constitución de una nueva empresa, aprobada por esta soberanía, según la modificación del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, repito, lo que existe es un proceso que no se ha acelerado y que globalmente afecta los resultados financieros del sector eléctrico.

Por esta razón también la Comisión de Energéticos acordó una sesión, por cierto, qué bueno que aquí se ha aclarado que fue una sesión de trabajo, porque así lo acordamos, ante la sola asistencia de dos compañeros diputados del Partido Acción Nacional y 16 compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional.

Lo que ahí acordamos fue un debate, porque no habíamos podido hacer quórum en esa comisión, enriquecer los dictámenes y se acordó recabar las anuencias respectivas de los compañeros diputados.

Pero no rehuimos el debate; estuvimos tres horas, en ese debate, repito, con la responsable presencia de los dos compañeros del Partido Acción Nacional.

Repito, el problema entonces es cómo encontrar ese equilibrio entre una política tarifaria adecuada y la necesidad de fortalecer a este sector estratégico de la industria nacional.

En efecto, la política de ingresos, como aquí ya se ha expresado, del sector eléctrico, durante el período 1970-1983, produjo un marcado deterioro de las tarifas y los costos crecieron.

En efecto, también de 1983 a 1988, como parte de un esfuerzo nacional, no del gobierno, sino fundamentalmente del pueblo, para recordar las finanzas públicas y las bases del crecimiento económico, los recursos a la infraestructura de la industria eléctrica, fueron siendo cada vez menos, pero era necesario también y, hay que reiterarlo y recordarlo, controlar el proceso inflacionario y, repito, lograr el saneamiento financiero.

No es prudente atribuir a una supuesta irresponsabilidad, sino justamente a un programa de gobierno que intentó y parcialmente lo logró, controlar una situación de crisis económica difícil Pero repito en última instancia tampoco el mérito es del gobierno. El mérito es del pueblo, especialmente del pueblo trabajador, que supo entender que a nada nos conduciría la desesperación a las acciones aisladas sin un horizonte en el desarrollo de la economía y de la sociedad.

Se ha hablado aquí también de los efectos del cargo 1148 y alguien nos pedía una definición concreta de nuestro partido y nosotros la damos.

Lo hicimos en la comparecencia del director general de la Comisión Federal de Electricidad y lo hemos reiterado en la Comisión de Energéticos y en esta tribuna. Nosotros pensamos que solicitar la derogación o el retiro generalizado del cargo es una actitud que tiende al populismo, porque en efecto, como aquí se ha dicho, no afecta en igual proporción a los diversos niveles de ingresos.

El problema en realidad es en los dos consumos más bajos, ya lo hemos dicho aquí, de 25 y 50 kilowatts - hora. El resto de los consumos es una proporción hasta cierto punto equilibrada y más aún en esos dos consumos, que estarían en la cuota de los 3 mil pesos, como aquí lo diría un compañero diputado, estamos hablando del 1% del salario mínimo mensual.

Eso explica no la falta de conciencia, no la falta de combatividad de nuestro pueblo; eso explica por qué únicamente 500 usuarios en todo el país hayan pagado bajo protesta y eso explica, también, por qué no existe un número generalizado de juicios interpuestos o de quejas ante las instancias correspondiente.

Se ha hablado aquí de otros indicadores importantes de la industria, que no quisiera distraerlos.

Por ejemplo el de la productividad y aprovecho también para hacer una aclaración que por congruencia me parece importante.

Creo que hay un esfuerzo por mejorar la productividad, lo hemos estado constatando y así lo arrojan las cifras analizadas, pero se ha dicho aquí que por la vía de mejorar los inventarios de la energía podría aumentarse la productividad.

Y me parece, repito, por simple congruencia, recordar que la energía no puede acumularse.

Por esa razón afecta también los índices de utilización de la capacidad instalada y por esa razón no podemos hablar de inventarios de energía.

Podemos hablar de inventarios de agua en las plantas de generación de energía hidráulica y podríamos, repito, hablar también del esfuerzo para aumentar la capacidad instalada. Del programa que en este momento está en marcha. De la forma que se pretende financiar mezclando los ingresos propios por la vía del fortalecimiento de una reestructuración tarifaria que afecte a los de menores ingresos, por la vía de una utilización prudente del crédito y por una canalización también equilibrada de las transferencias que esta Cámara de Diputados aprueba en el Presupuesto de Egresos.

Pero quiero finalmente, compañeros, dejar a ustedes nuestra propuesta con mucha claridad: lo que propone nuestro partido, repetimos, es lograr un equilibrio entre el fortalecimiento de este sector, que es estratégico para la nación, por mandato constitucional y, la protección a los consumidores de más bajos ingresos.

Y es por esa razón y tratando al mismo tiempo también de entender y asimilar las partes positivas de las diversas fracciones parlamentarias, que nos pronunciamos a favor de la propuesta del compañero diputado Modesto Cárdenas, del Partido Popular Socialista, para que esta Cámara se pronuncie en los términos que aquí se ha propuesto. Muchas gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, por cinco minutos.

Posteriormente, para los mismos hechos, la diputada Calderón.

El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente: Nuevamente viene el Partido Popular Socialista a sacar de las castañas del fuego al Partido Revolucionario Institucional.

Una vez más y durante la intervención de un servidor, el diputado Modesto Cárdenas se la pasó sentado junto a la diputada Socorro Díaz, ya traían esto y esto sucede cada vez que se presenta un señor de una corbatita media chistosa aquí en en esta Cámara.

Yo le quisiera preguntar al diputado Cuauhtémoc de Anda, o Anda, que fue a asesorar ahí a la gente del Partido Popular Socialista... (Desorden.)

Solamente así el pueblo de México sabe para qué existen ustedes en México, señores. Para eso, para esto están, para apoyar al Partido

Revolucionario Institucional y una vez más lo están demostrando en esta ocasión.

El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): -¡Ardillas! El Presidente: -Permítame, diputado Aguilar.

Ruego a esta asamblea, para poder terminar con el importante tema, guardar orden y poner atención al orador.

El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Le ruego me considere el tiempo, señor Presidente.

Yo le preguntaría al Presidente de la Comisión de Hacienda, si la proposición que está haciendo el Partido Popular Socialista, o debía decir el Partido Revolucionario Institucional, tal vez, es posible, dadas las condiciones de que ya fue aprobado un presupuesto de egresos del año pasado para ser aplicado en 1991 y una Ley de Ingresos de la Federación, que como dicen: las leyes correspondientes son para un año.

Y nada más habría que leer el artículo 22 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, en donde dice que "todo aumento de presupuesto deberá agregarse el correspondiente aumento de ingreso".

Quiere decir que es la Cámara de Diputados la que tendrá que aprobar mediante una iniciativa proveniente del Partido Popular Socialista o del Partido Revolucionario Institucional, o del Ejecutivo, sí, una iniciativa en donde se diga que se van a reestructurar las tarifas del servicio eléctrico. Por reestructuración se entiende no solamente un incremento de tarifas, también puede ser una disminución en las mismas.

De tal manera que si se va a reestructurar una tarifa, habría que declarar también, porque seguramente van a votar a favor la proposición del Partido Popular Socialista, habría que declarar en ese documento también que a la vez que se reestructuran las tarifas se retire el cargo 1148. De otra manera no serían congruentes con lo que están en este momento, tratando de aprobar. Si no se toma en cuenta el retiro del cargo 1148, de nada va a servir.

Por otra parte, queremos manifestar nuestro gusto porque finalmente se llegó a una conclusión; lo que nosotros estamos objetando desde un principio es la ilegalidad del cargo 1148, pero no objetaríamos jamás una reestructuración de tarifas por la vía legal; si se hace de acuerdo a la propuesta que el Ejecutivo haga en la iniciativa de la Ley de Ingresos, el próximo 15 de noviembre, ahí se le están dando facultades al Ejecutivo para que reestructure las tarifas, lo solicita precisamente en la Ley de Ingresos. Al aprobar nosotros la Ley de Ingresos estamos aprobando una reestructuración de tarifas que pueden hacer a partir del día 1o. de enero de 1992. Entonces, antes de haber hecho esta proposición debieron haber checado perfectamente las leyes; en este momento una reestructuración de tarifas al servicio eléctrico sería también inconstitucional, así como lo es el recargo 1148. (Aplausos.)

El Presidente: -Tiene la palabra por cinco minutos la diputada María Luisa Calderón.

La diputada Luisa María Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente: Uno de los argumentos que nosotros hacemos cuando solicitamos que la ciudadanía proteste y haga plantones y reclame sus derechos, es que solamente la ciudadanía puede recuperar su poder cuando lo haga, cuando proteste, cuando no obedezca, y el poder es precisamente hacer que el adversario o que el opresor obedezca.

Hace un rato se decía que no habían funcionando nuestros llamados, los llamados de la real oposición a la ciudadanía, para protestar, para denunciar, para utilizar recursos jurídicos y no obedecer esta atributaria decisión de recobro 1148. Aquí están los resultados, no podemos contar cuántas casas se apagaron, no podemos contar cuántos recursos jurídicos se metieron en contra de la Comisión Federal de Electricidad, pero el resultado está aquí.

El Partido Popular Socialista viene a proponer a nombre del Partido Revolucionario Institucional una alternativa de salida, eso es tener poder y ese poder lo tiene la ciudadanía, por eso nos congratulamos, porque los resultados están aquí, porque ustedes señores del Partido Popular Socialista, vienen a ayudarle al Partido Revolucionario Institucional a salir de este atolladero; por lo pronto sirven para algo y nosotros vamos a empezar a anunciar a la ciudadanía que sí tiene poder, que sí puede seguir protestando, que si se une a la ciudadanía, no importa de que partido sea, lo que realmente quieran recuperar su poder como ciudadanos, lo seguirán haciendo y a partir de hoy nosotros vamos a anunciar que es un logro de la ciudadanía el hacer que en esta Cámara de Diputados se busque una alternativa real al cobro ilegal y anticonstitucional.

Solamente queremos remarcar que si se hace esta propuesta en lo legal, conseguiremos uno de los objetivos, si se modifica en la Miscelánea Fiscal, en las leyes de ingresos, las tarifas, se estará entrando otra vez a lo legal y vigilaremos en el Partido Acción Nacional que sea dentro de lo constitucional, apoyándonos en el artículo 39, que debe ser proporcional de acuerdo al uso de la energía, a la zona habitacional y al tipo de contribuyente y el gasto que haga de la energía; seguiremos insistiendo en que las tarifas de la luz sean constitucionales, apoyadas fundamentalmente en la proporcionalidad, que es una de las garantías que a los ciudadanos debe proteger.

Felicidades a los ciudadanos que desde marzo se decidieron a protestar, a no cooperar, a utilizar su tiempo, a gastar su tiempo en plantones, porque está demostrado, aquí por esta vez, que cuando la ciudadanía se decide hace que el poder le obedezca. (Aplausos.)

El Presidente: - Consulte la secretaría si este asunto está suficientemente discutido.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el tema que nos ocupa.

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Los que estén por la negativa, favor de manifestarlo...

Suficientemente discutido, señor Presidente.

El Presidente: - Sírvase la secretaría... ¿Sí dígame, diputado Noé Aguilar?

El diputado Noé Aguilar Tinajero (desde su curul): - Yo le rogaría, conforme a los artículos 146, 147 y 148, que la votación sea nominal.

El Presidente: - Yo apelaría al sentido de la proposición del diputado Aguilar, que pusiera la secretaría a votación económica las dos propuestas, empezando por la del Partido Acción Nacional, para poder desahogar los siguientes puntos en cartera que a toda la asamblea nos interesa. ¿Apelaría a esa voluntad el diputado Noé Aguilar Tinajero? (Desorden.)

Proceda la secretaría, en los términos del reglamento, a tomar la votación nominal, ilustrando a la asamblea de las dos propuestas señaladas tanto por el diputado Aguilar Tinajero y posteriormente la del diputado Modesto Cárdenas, en dos actos, una por una.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación nominal relativa a la proposición del diputado Aguilar Tinajero. Se ruega a la Oficialía...

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño (desde su curul): - Pido a la Presidencia se proceda a recoger la votación de las dos propuestas en un solo acto.

El Presidente: - Aceptando la moción del diputado Salazar, pregunte la secretaría a la asamblea si acepta poner a votación las dos propuestas en un solo acto.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se admite a votación nominal en un acto las propuestas; repito, la primera es la del Partido Acción Nacional, que se refiere a que la Cámara de Diputados se manifieste en contra del cargo del 1148 y, la segunda, es la relativa al Partido Popular Socialista, con los tres puntos que ustedes escucharon de los oradores en la tribuna. Los diputados que estén por la afirmativa...

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño (desde su curul): - Permítame la asamblea; permítame, señor secretario; permítame, diputado Vicencio Tovar: es una formalidad, en donde a la pregunta nominal de cada diputado, en las dos propuestas que se exprese su sentido del voto con el efecto de ahorrarnos dos votaciones nominales.

El Presidente: - Gracias, diputado.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa...

Aprobada la proposición de levantar, en un solo acto, las dos propuestas, la votación relativa a las dos propuestas.

Se le recomienda a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.

La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:

-Se ruega a la secretaría atender...

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Repito, la propuesta del Partido Popular Socialista que ha leído para ustedes el señor diputado Modesto Cárdenas, es la siguiente

«PUNTO DE ACUERDOS

Primero. La Cámara de Diputados se pronuncia por la reestructuración de las tarifas del servicio eléctrico, protegiendo a los usuarios de más bajos ingresos y eliminando los subsidios a los grandes usuarios, a efecto de que se recapitalice la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Segundo. Se pronuncie por la reorganización técnica, económica y administrativa, de las empresas del servicio eléctrico, a efecto de que puedan responder con alta eficiencia a los requerimientos del desarrollo tecnológico, industrial y agropecuario del país.

Tercero. Se pronuncie porque el Estado mexicano mantenga el más riguroso control y manejo de la industria eléctrica, por ser estratégica e indispensable para el desarrollo independiente del país, respondiendo cabalmente al mandato constitucional sobre esta industria.

Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 25 días del mes de junio de 1991.- Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputados Modesto Cárdenas García, Alfredo Reyes Cervantes, firmado.»

El Presidente: - Pido al diputado secretario de Acción Nacional, apoye a los compañeros secretarios para proceder de una forma ágil y atender los requerimientos de su grupo parlamentario. ¿Dígame?...

Ha sido votada económicamente la voluntad de la asamblea, yo le pido a la secretaría que proceda a tomar la votación.

Permítame, diputado Verdugo, Dígame, diputado Elizondo.

El diputado Rodolfo Elizondo Torres (desde su curul): - Noé Aguilar, en el sentido de que nos interesa que la votación sea nominal en cuanto a la propuesta del Partido Acción Nacional.

Si es con el efecto de obviar tiempo y ustedes están de acuerdo, la gente que va a votar en favor de la segunda propuesta, ¿por qué no la votan en forma económica, dado que las dos propuestas son totalmente diferentes? El Presidente: - Esta Presidencia atiende la moción de orden del diputado Elizondo. Ponga a votación económica la propuesta hecha por el diputado Modesto Cárdenas, como pronunciamiento de la Cámara. Así lo pidió el diputado Elizondo, ponga la propuesta...

En el orden de las propuestas que está señalando Aguilar Tinajero, para satisfacción del grupo parlamentario de Acción Nacional, proceda la, secretaría a tomar la votación nominal de la propuesta de Acción Nacional.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Esta secretaría, repite, se va a levantar la votación en un solo acto, a la... Hay dos propuestas, señor Presidente.

El Presidente: - Perdóneme la asamblea, perdón la asamblea, hay confusión de la secretaría para ilustrar el trámite que vamos a dar. Tiene la palabra la diputada Claudia Esqueda, para una moción.

La diputada María Claudia Esqueda Llanes (desde su curul): - Una moción de orden, señor Presidente: ya había sido considerado por toda la asamblea la posibilidad de que ambas propuestas se votaran nominalmente conforme a la petición del diputado Noé Aguilar Tinajero, en un solo acto y esto había sido aprobado, por tanto, debe procederse a tomar la votación nominal de ambas propuestas en un solo acto.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gómez Villanueva.

La diputada María Claudia Esqueda Llanes (desde su curul): - Solamente para ilustración de todos nosotros, me faltó aclarar una situación y como lo pide el Partido Acción Nacional, en el orden de las propuestas debe ser tomada primero la votación, o señalada por cada uno de los diputados, el sentido de su voto por la primera propuesta y después, obviamente, por la segunda propuesta. Esta era la única aclaración.

El Presidente: - Diga, diputado Arellano.

El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Creo que esto no se quiere entender o nos hemos explicado bien. Nosotros pedimos que la proposición de Acción Nacional fuera votada nominalmente, ellos nunca han pedido nada, entonces, ¿cómo le va a dar usted

turno a una solicitud que nunca ha sido hecha? solamente la proposición del Partido Acción Nacional es la que estamos pidiendo que se vote y que suscriben cuatro partidos más, que se vote nominalmente. Es todo.

El Presidente: - Dígame, diputado Salazar.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño (desde su curul): - Cuando sugerí a la Presidencia que sometió a la consideración de la asamblea el procedimiento, yo estaba pidiendo que la propuesta del Partido Popular Socialista fuera nominal también, por eso pido que sean conjuntas.

El Presidente: - Dígame, diputado Marcué.

El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - Es tal la flojera de todos y cada uno de los diputados, que esto raya en vergüenza.

Debemos cumplir con el reglamento y votar una por una, como debe ser. Mañana van a meter 10 votaciones en una; no tienen vergüenza.

El Presidente: - Compañeras diputadas; compañeros diputados: Es propósito de esta Presidencia atender el buen o fin desenlace de los acontecimientos de esta discusión sobre el 1148. Había sido, a sugerencia de la Presidencia, votar en un solo acto, nominalmente, las dos propuestas, con el respeto de que cada una tiene su peso específico en su votación o con su expresión.

En atención y a la confusión señalada para terminar esta votación, pido a la secretaría votar nominalmente la propuesta de Acción Nacional y posteriormente poner a consideración la propuesta del Partido Popular Socialista.

El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - Bueno, yo hice una propuesta, que votemos correctamente cada una, porque mañana, mañana vamos a querer meter 10 acuerdos en una votación y es indebido.

El Presidente: - Proceda la secretaría a votar una por una. Ponga a consideración la propuesta de Acción Nacional, nominalmente.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal de la propuesta relativa al Partido Acción Nacional.

El Presidente: - Permítame, señor secretario. Nada más para ilustrar a la asamblea en términos del 58, está muy claro para la asamblea que es propuesta de cuatro partidos, pero el que llevó la propuesta general, en términos del 58, es el diputado Aguilar Tinajero. Cumpla con ese cometido. Dígame, diputado Melo.

El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): - La moción consiste en lo siguiente: el reglamento es claro para que se ejerza el derecho de votar sin majadería.

El Presidente: - Se ruega a esta asamblea, para poder desahogar este procedimiento de votación, lo hagamos en orden y podamos terminar. (Votación.)

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, desechada la proposición por 232 votos en contra y 65 votos a favor.

El Presidente: - Ponga la secretaría a votación económica la propuesta del Partido Popular Socialista.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la proposición que ha presentado al pleno el Partido Popular Socialista, relativa a los tres puntos aquí leídos a la asamblea.

Los diputados que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie...

Los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.

El Presidente: -Pasa a comisión, como pronunciamiento de la Cámara por parte del diputado Modesto Cárdenas.

SOBRE COMPARECENCIA DEL SECRETARIO DE TRABAJO

El Presidente: - Como siguiente punto del orden del día, tiene la palabra el diputado Gilberto López Rivas, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre la comparecencia del Secretario de Trabajo y Previsión Social.

El diputado Gilberto López Rivas: - En la reunión de la Comisión de Trabajo en la que se discutió... Señor Presidente, le ruego a la turba priísta que se calle... Eso es lo que son.

El Presidente: - Permítame, señor diputado López y Rivas. Se ruega a los señores diputados guardar orden y poner atención al orador.

El diputado Gilberto López y Rivas: - En la reunión de la Comisión de Trabajo en la que se discutió la comparecencia del señor Farell Cubillas, la diputación priísta resolvió que no había argumentos ni elementos válidos para exigir su presencia. De esta manera se concretó una estrategia de los oficialistas en defensa de los intereses del Ejecutivo en lo general y en lo particular de su Secretario de Trabajo.

Fue obvio para los que asistimos a esa reunión de la comisión de Trabajo, que el señor Farell Cubillas cuenta con abogados a su servicio en la Cámara de Diputados, que harán todo lo posible para evitar que este funcionario comparezca ante esta soberanía.

Lo sorprendente es quienes ostentan la representación nacional y que se despojan de ésta para asumir posiciones gremialistas y, peor que eso, posiciones de una política caracterizada por su parcialidad en favor de la causa de los patrones de las empresas transnacionales y del corporativismo antidemocrático de la Confederación de Trabajadores de México.

Peor abyección se encuentra en quien olvidando sus responsabilidades como representante del pueblo y de la nación, se comprende con los mezquinos intereses de un individuo como Farell Cubillas, que se ha negado a acatar las leyes que como funcionario está obligado.

En esta reunión se adujo que nuestras posiciones no estaban fundadas, ¿no será acaso suficiente razón para exigir la comparecencia de Farell Cubillas ante la Cámara de Diputados, que inquirir sobre su actuación en el recuento laboral de la Ford, en un recuento que ha sido cuestionado acremente por observadores nacionales internacionales que destacaron el ambiente de intimidación y los procedimientos viciados de origen con los que se efectuó este proceso? ¿No es suficiente razón el que los diputados queramos saber sobre el papel que está jugando el Secretario de Trabajo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio? ¿No es suficiente razón el que lo cuestionamos acerca del dramático deterioro del salario, de la caída abierta del nivel de vida de los trabajadores, de la desaparición de innumerables contratos colectivos, de la represión a numerosos sindicatos independientes, del notorio desempleo y de la inseguridad laboral que priva entre millones de asalariados mexicanos? Para los diputados priístas de la Comisión de Trabajo no son suficientes las razones que hemos dado para la comparecencia de Farell Cubillas, porque el elemento esencial que priva en su trabajo parlamentario es la protección de los intereses del gobierno y de su política antiobrera y antinacional. Ese es el móvil que mueve a la turba priísta, sin embargo, las cosas no han quedado ahí, en un ambiente de revanchismo y de intolerancia...

El Presidente: - Permítame, diputado López y Rivas. Dígame, diputado Vergara.

El diputado Blas Vergara Aguilar (desde su curul): - Le solicito por su conducto al señor diputado que está haciendo uso de la palabra, respeto al reglamento, a la Ley Orgánica, y respeto a esta Cámara.

El diputado Gilberto López y Rivas: - Con todo gusto voy a acatar esa disposición si ustedes también respetan a la Cámara.

El Presidente: - Continúe el orador.

El diputado Gilberto López y Rivas: - Sin embargo, las cosas no han quedado ahí. En un ambiente de revanchismo y de intolerancia política, propia de los años más oscuros de la historia de este país, el señor Fidel Velázquez, en su arrogancia y en su prepotencia, se lanza en contra de quienes votaron en la Ford por la salida de la Confederación de Trabajadores de México. Estas amenazas constituyen una violación abierta a la Ley Federal del Trabajo y una franca violación a los derechos humanos de los trabajadores.

A esta campaña, a esta verdadera cacería de brujas que están sufriendo los compañeros de la Ford que están ahí presentes, se han unido las autoridades de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que coludidas han urdido una burda trampa legal en contra del licenciado Manuel Fuentes Muñiz y del representante Raúl Escobar Briones y también se detuvo ilegalmente a dos asesoras laborales de Siderúrgica Lázaro Cárdenas, Las Truchas, S.A., en lo que es una verdadera persecución en contra de los abogados democráticos que tratan de defender en todo momento los intereses de los trabajadores.

Estos ejemplos de primitivismo político, de intolerancia y de persecución en contra de

luchadores democráticos y en contra de obreros que no están dispuestos a seguir bajo el yugo de la desprestigiada central dirigida por Fidel Velázquez, está motivando la indignación de importantes sectores sociales de nuestro país, que en este momento no sólo exigimos la comparecencia de Farell Cubillas, sino también exigimos su destitución inmediata por incumplimiento a las leyes laborales de este país.

Farell Cubillas es el autor intelectual de esta campaña de intimidación y de persecución en contra de los luchadores de la democracia y en contra de los trabajadores de la Ford en particular y en contra de todo el que vaya contra la política antiobrera y antinacional de este gobierno, por eso el Secretario de Trabajo no debe de seguir en el puesto, porque está en contra de la Constitución y en contra del pueblo de México.

Por todo lo anterior y de acuerdo al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos de discuta y se vote el siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

Único. Que comparezca el ciudadano Farell Cubillas ante el pleno de la Cámara de Diputados, para que informe sobre los asuntos de su competencia, en lo que se refiere al Tratado de Libre Comercio y los últimos problemas laborales ocurridos en el país."

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, varios diputados del Partido de la Revolución Democrática y solicito que se haga de acuerdo al artículo 58, con una votación nominal, después de que se den las posiciones a favor y en contra, conforme compete a este artículo.

El Presidente: - El capítulo de proposiciones se norma por el artículo 58. En estos términos se ha registrado ante esta Presidencia para hablar en favor de esta proposición, el diputado Pedro César Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional y, en contra de la proposición, el diputado Pedro Alberto Salazar.

Tiene la palabra a favor, el diputado Pedro César Acosta Palomino... ¿No se encuentra? Tiene la palabra el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, en contra.

El Diputado Pedro Alberto Salazar Muciño: - Con el permiso de la Presidencia; honorable asamblea: Yo quisiera apuntar primeramente a esta soberanía, que no caemos en actitudes provocativas ni las respondemos. El venir a acusar aquí al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de turba, de actitudes gremialistas, de corporativismo, etcétera, pues es el pan nuestro de cada día y nos lo dan particularmente los partidos de oposición; no nos sorprende ni nos preocupa. Por otra parte... (Desorden.)

El Presidente: - Le ruego a la secretaría dar lectura a los artículos 207 y 209 de nuestro reglamento.

La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:

-"Artículo 207. Los concurrentes a las galerías se presentarán sin armas, guardarán respeto, silencio y compostura y no tomarán parte en los debates con ninguna clase de demostración.

Artículo 209. Los que perturben de cualquier modo el orden, serán despedidos de las galerías en el mismo acto, pero si la falta fuese grave o importante delito, el Presidente mandará detener al que la cometiere y consignarlo al juez competente".

El Presidente: -Les ruego a los compañeros diputados desalojar los pasillos, tomar sus lugares, para seguir escuchando al diputado Salazar Muciño. (Desorden.)

Les ruego a los señores diputados tomar sus lugares y poner atención al orador.

Diputado Pedro Alberto Salazar, continúe con su intervención. (Desorden.)

Se ruega a las personas o legisladores que se encuentran los pasillos, favor de desalojarlos para continuar con el tema que nos ocupa. Dígame, diputada Leonor Sarre.

La diputada María Leonor Sarre de Guerrero (desde su curul): - ¿Me permite una pregunta el orador? Si no me la permite que me conteste a través de usted, por favor.

El Presidente: - Se pregunta al diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, si acepta la

interpelación de la diputada Leonor Sarre de Guerrero.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño: - No señor, No la acepto.

La diputada María Leonor Sarre de Guerrero (desde su curul): - Ya lo sabía.

El Presidente: - Continúe el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño.

El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño: - Señalaba yo a esta honorable Cámara, que este tipo de hechos no nos sorprenden; tampoco nos preocupan; dejan ver por donde va cierto interés.

Las razones que aquí se arguyen para que el pleno pudiera determinar la comparecencia del ciudadano Secretario de Trabajo y Previsión Social, son las mismas que se argumentaron de manera reiterada en el seno de la Comisión de Trabajo.

Cabe informar a esta soberanía que la Comisión de Trabajo se reunió el miércoles pasado y la concurrencia de representantes y miembros de la misma, es muy significativa para que nos demos cuenta del interés que tienen en debatir los asuntos que llevan al terreno del pleno y de esta comisión. De seis miembros del Partido de la Revolución Democrática, en el seno de la comisión, concurrieron tres compañeros diputados; del Partido Acción Nacional, de 11 que son miembros de la comisión, concurrieron dos compañeros diputados; del Partido Popular Socialista, concurrieron dos compañeros, de siete diputados; y de 43 miembros del Partido Revolucionario Institucional, asistieron 34.

En la discusión del asunto que son las mismas razones que se traen ahora aquí, la votación fue en el sentido de 34 votos en contra de las propuestas, de citatorios al Secretario de Trabajo y, seis a favor, con una abstención.

Hubo una coincidencia, que es importante también que traigamos a esta tribuna: todos los compañeros oradores que hicieron uso de la palabra, en la sesión de la Comisión de Trabajo, coincidieron que fuera manos de los partidos políticos de los sindicatos.

Entonces ahora así se llama la atención que nuevamente un compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática traiga al pleno de la Cámara un asunto discutido, votado y concluido en el seno de la Comisión de Trabajo, para que ahora determináramos una cosa en contrario, posiblemente.

Yo me pregunto y pregunto a la asamblea: si no se respetan los acuerdos que se toman en el seno de las comisiones, ¿para qué participan en las mismas comisiones? De manera que yo quisiera invitar a mis compañeros diputados miembros de esta honorable asamblea, para que no caigamos en juegos de provocación, que por lo menos quienes hacen uso de la palabra conozcan bien el desarrollo de organizaciones que ellos llaman "desprestigiadas" y no saben cómo se llaman...

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente...

El Presidente: - Dígame, diputado.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Pregunte al orador si admitiría una pregunta.

El Presidente: - ¿Admite el orador una pregunta? El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño: - No, señor Presidente.

El Presidente: - No la admite. Continúe el orador. El diputado Pedro Alberto Salazar Muciño: - De manera que, decía yo, quisiera invitar a los compañeros diputados integrantes de esta honorable asamblea, no caigamos en este tipo de juegos, primera. Segunda, creo que es darle muy poco valor a nuestro trabajo legislativo en el seno de comisiones, para cuando no nos queda el traje a la medida, en la votación del seno de las comisiones, queremos traerlo al pleno a ver si aquí se nos compone. Yo creo que les va ir peor. Los invito a votar en contra.

El Presidente: - Tiene la palabra, diputada Sarre, para hechos y en turno el diputado Coca.

Tome la secretaría, por favor, los nombres de los diputados para la participación en rectificación de hechos.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas (desde su curul): -Señor Presidente: En el trámite del artículo 58, no ha lugar hacer uso de la palabra para rectificación de hechos. Se pide muy respetuosamente se ajuste la conducción de esta sesión al reglamento. Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra...

El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente...

El Presidente: - Diputado del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada María Leonor Sarre de Guerrero:

- Para el Partido de la Revolución Democrática no sirve el micrófono El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Bueno, yo creo, señor Presidente, que el reglamento tiene un, primero, todo un sistema general jurídico, coherente y en ello es aplicable en los artículos respectivos a las cuestiones que se refieren a las intervenciones para hechos o por alusiones personales. Que es aplicable en este caso y que siempre ha sido utilizado.

Yo no entiendo ahora por qué el diputado Duarte, cuando ha sido "praxis" inveterada en esta Cámara de utilizarlo, ahora resulta que no es y si quieren podemos debatir, en todo caso, el reglamento. Pero resulta contrario a lo que hemos practicado en todo este período legislativo.

La diputada María Leonor Sarre de Guerrero: - Señor Presidente; señores diputados: Nada más para hacer constar aquí que el señor que me precedió en el uso de la palabra se sintió insultado porque alguien dijo corporativista.

Yo nada más le quería preguntar, desde mi curul, una interpelación, ¿si el corporativismo no es la base en la que está sustentado el Partido Revolucionario Institucional? ¡Entonces por qué se sintió insultado! Gracias.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta Palomino.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - ¡Señor Presidente! El Presidente: - Dígame, diputado Coca.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Había pedido la palabra para hechos.

El Presidente: - Discúlpeme. Para hechos tiene la palabra el diputado Coca.

El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): ¡Señor Presidente!

El Presidente: - Dígame, diputado Medrano.

El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Exclusivamente para no dejar precedente en la afirmación que hace el diputado Duarte, de que en el trámite del 58 no procede la rectificación. Yo creo que en donde la ley no distingue no debemos distinguir y precisamente la rectificación de hechos, el trámite de rectificación de hechos es para no ser omisos y aceptar situaciones en las que uno no está de acuerdo y procede incluso en el trámite del 58 y ha procedido y lo hemos hecho lo hemos manifestado en el transcurso de los tres años de legislatura.

Entonces no podemos permitir que quede la aseveración del diputado Duarte como cierta.

Y yo al igual que el diputado del Partido de la Revolución Democrática que hizo uso de la palabra, pienso que debe ser aceptada esta posición y que incluso podemos entrar a un debate de cuestiones técnico - jurídicas.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Coca... Dígame, diputado Duarte.

El diputado Rodolfo Duarte Rivas (desde su curul): - Se sigue insistiendo respetuosamente a la mesa directiva, conduzca la deliberación de acuerdo con el reglamento.

Es evidente que en el caso del trámite del artículo 58 no procede ni ha lugar la rectificación de hechos ni alusiones personales. Ahora si por la forma como se ha conducido la legislatura, ésta ha transitado hacia "un carnaval de la libertad discursiva, hacia una tribuna libre" y si se quiere seguir en este orden, creo que los diputados estamos obligados a actuar con responsabilidad para evitar que el deterioro, a que a veces nos hemos asomado, continúe persistiendo.

El diputado Miguel Hernández Labastida (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Dígame, diputado Hernández Labastida.

El diputado Miguel Hernández Labastida (desde su curul): - Señor Presidente: Acabamos de votar nominal y económicamente después de una discusión de interminables oradores, en donde el procedimiento fue de acuerdo con el 58.

¡Creo que no estamos yendo en contra de ninguna técnica legislativa!

El Presidente: - Yo creo que... Dígame, diputado Guerra.

El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Con todo respeto, es una moción de orden. (Desorden.)

No existe en el reglamento absolutamente nada que establezca que las mociones de orden o las intervenciones para hechos son contrarias a lo que establece el 58, el 59.

¡Esta es una interpretación de algunos presidentes de la Cámara priísta de tipo intolerante, como el diputado que está haciendo la moción! ¡Nosotros agradecemos que cuando menos haya el derecho a debatir y haya tolerancia para escuchar las posiciones! ¡Si al diputado le molesta, pues que tome su decisión personal; pero que no nos venga a hacer aquí interpretaciones intolerantes del reglamento! Gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Coca Alvarez, por cinco minutos y, después el diputado Leonel Godoy, por el mismo tiempo.

El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Realmente es una pena, es una lástima, con todo respeto se lo digo al señor diputado Salazar Muciño, que haya venido aquí ante esta tribuna a tratar de defender lo indefendible.

Y no me refiero a su organización política. Me refiero a tratar de defender al señor Arsenio Farell Cubillas, que como nosotros sabemos y nos consta, ha sido el peor Secretario de Trabajo que haya tenido el país. (Aplausos.)

Y vamos, señor diputado Duarte, si de violaciones a violaciones se trata, vamos a señalar las violaciones constitucionales que el señor Arsenio Farell Cubillas ha realizado en uso sino en abuso de sus funciones y tan solo por eso debe fincarse el juicio político. (Aplausos.)

El artículo 123, el tan traído y llevado artículo 123 de nuestra Norma Fundamental, señala que:

"Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil;..."

La fracción II afirma: "La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 de la noche, de los menores de dieciséis años". Letra absolutamente muerta para el señor Farell Cubillas.

Dice la fracción III: "Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis horas". Yo le preguntaba al señor Farell, ¿en dónde se encuentran todos estos niños que trabajan en los grandes centros comerciales de todo el país? ¿Y dónde está la vigilancia y, sobre todo, lo que preceptúa tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo, por supuesto, del Secretario de Trabajo? Pero más aún, y éste es el quiud, la litis del asunto... (Desorden.)

Yo lamento que vuelvan a insistir en que se les trate, como otros oradores tienen que hacerlo, porque no pueden guardar el más mínimo de decoro y de respeto, ya no tan solo a esta sala, sino ni a ustedes mismos. ¡Que lástima, compañeros! Pero les decía, el artículo 123 en su fracción VI, párrafo segundo, señala que: "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos".

¿Y cuánto y cómo se cumple con esta disposición constitucional? ¿Y cuánto y cómo el señor Farell Cubillas atiende este dispositivo jurídico normativo constitucional? Yo creo, compañeros, que no se trata aquí de venir a hacer leña del árbol caído. ¡Es un árbol que debió haber caído hace ya muchos años, porque no sirve ni nunca ha servido al país! (Aplausos.)

Pero sí queremos que se le tenga respeto a esta soberanía popular y que venga el señor Farell Cubillas de frente a la nación a explicar este deterioro salarial, a explicar, deben ser muy castos y muy delicados sus oídos, compañeros, a explicar por qué el famoso Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, donde se reúne un grupúsculo en contra del pueblo de México, ha

sido el principal instrumento para socavar precisamente el artículo 123 de la Constitución.

Creemos, compañero diputado Salazar Muciño, que no tan solo es la petición de un grupo parlamentario al interior de esta LIV Legislatura; es la petición del pueblo de México, es la petición de la clase trabajadora, es la petición de los niños, de más de 15 millones de niños mexicanos que deambulan en nuestras calles, que deambulen en el territorio nacional muriéndose literalmente de hambre y a expensas del tráfico de menores, los que están reclamando aquí la presencia de Arsenio Farell Cubillas; es cuanto. (Aplausos.)

El Presidente: -Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Leonel Godoy.

El diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente: Es necesario primero, creo yo, por lo que dijo el diputado Medrano, dejar muy claro que el planteamiento que hizo el diputado priísta Rodolfo Duarte en relación a las discusiones, hay un capítulo específico que se llama: de las discusiones y el artículo 102 señala con claridad una regla que es general para todo tipo de discusiones que se den en esta asamblea. Yo lo remitiría porque fuera leído en su momento, si así lo considera, por el diputado Duarte, del artículo 95 en adelante, fundamentalmente el 102, porque eso pudiera ser, nos debe de preocupar, ya que en otro momento quisiera utilizar este argumento totalmente improcedente, en los términos del reglamento vigente, que norman las discusiones de esta Cámara de Diputados.

Ahora bien, en relación a la propuesta que presentó el diputado Gilberto López y Rivas, yo creo que el diputado Salazar Muciño definitivamente eludió el fondo del asunto. La propuesta, independientemente de cómo se haya, por cierto, discutido o aprobado en la comisión respectiva, esto no le quita el derecho a los diputados, incluso tan está previsto que hasta es posible presentar dictámenes alternativos o propuestas, votos particulares, en fin, éste es un derecho propio de los diputados de discutir cualquier tema en la plenaria, independientemente de la comisión respectiva.

En este caso, la propuesta que presenta el diputado López y Rivas y que suscribimos los diputados perredistas, se refiere a la necesidad de que comparezca el señor Arsenio Farell Cubillas y para ello el diputado López y Rivas señala violaciones que se están dando en este momento a nuestra Constitución, fundamentalmente en lo que se refiere al artículo 123, al cual esta obligado expresamente por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el señor Arsenio Farell Cubillas a cumplir, imparcialmente a favor de los trabajadores o de patrones y en este caso es evidente que hace mucho que no cumple con su obligación constitucional, como ya lo leyó en su momento el diputado Coca, el primer párrafo del artículo 123.

Pero yo le quisiera recordar otras dos fracciones al diputado Salazar Muciño y a todos los diputados presentes, que por ese simple motivo hace necesaria la presencia de Farell Cubillas, para que explique por qué su comportamiento contrario a una Constitución que está obligado a hacer cumplir. ¿A qué fracciones del artículo 123 me refiero?, a la fracción VI por ejemplo, donde señala con claridad lo siguiente: "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de los hijos". Esta fracción es tan importante como si en un momento determinado en un contrato colectivo de trabajo se les impusiera a los trabajadores que realizaran una jornada superior a las ocho horas, tiene la misma jerarquía y el Secretario de Trabajo en cuanto a procurador de los trabajadores tendría la obligación de salir inmediatamente en defensa y pedir la anulación de una cláusula donde por ejemplo se señala una jornada superior a las ocho horas. Este es el mismo trato que se le debe dar a los salarios mínimos que es evidente que en este país y fundamentalmente en el sector obrero no se dan.

La otra fracción es la expresión clara y nítida que señala la fracción XVI de la libertad del derecho a formar sindicatos los trabajadores y los patrones, independientemente de cuáles son mayoritarios y minoritarios que por cierto del diputado Salazar un día aquí lo dijo y ahí está en el Diario de los Debates que sólo los compañeros eran 112, ya se asustaron porque resultaron ser más de 1 mil en las condiciones en las que se dio la votación ese día en las instalaciones de la Ford. Aquí dice con claridad la fracción XVI dice: "tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coligarse en defensa de sus respectivos intereses formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. Es evidente pues en eso centra la propuesta la diputación perredista para que comparezca el señor Arsenio Farell Cubillas, una flagrante violación u omisión en último de los casos de que se cumplan las disposiciones

constitucionales en relación a las prerrogativas de los trabajadores.

Por este motivo, esta soberanía debería votar a favor porque comparezca este señor y explique esa política anti - obrera que es él brazo ejecutor. Muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: Tiene la palabra el diputado César Acosta Palomino.

El diputado Pedro César Acosta Palomino:- Señor Presidente honorable asamblea: Creo que resulta obligado comenzar mi argumentación a favor de la propuesta presentada, señalando algunos detalles marginales respecto a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

Aquí se nos presentaron desmenuzados los votos de los asistentes a la última reunión, pero yo no sé si por cierto atavismo la convocatoria a esa reunión tuvo que pasar por un proceso de asimilación de la operación "Ratón Loco", porque previamente esa reunión había sido citada para tener verificativo en el Palacio Legislativo cierto día a cierta hora y en esa ocasión y aquí quien dio la información omitió señalarlo; en esa ocasión quienes no asistieron fueron los diputados del Partido Revolucionario Institucional, salvo dos de ellos.

Luego se nos citó para el pasado miércoles a las 8 u 8:30 de mañana y posteriormente se nos mando un comunicado en el que se señalaba no la hora en que tendría que celebrarse la reunión, sino el término de acontecimiento que la condicionaba, al terminar la sesión del pleno de la Cámara, una hora después.

Evidentemente esta táctica de jugar al escondite para convocar a una reunión de comisión, a nosotros nos parece poco seria e incluso poco atendible. De ahí que sirva esta intervención para exhortar también con seriedad, a la comisión, para que en las próximas convocatorias se sirva atender elementos y requerimientos fundamentales de respeto a quienes formamos parte de la referida comisión.

Por lo que se refiere a la propuesta misma, yo creo que es obligado también apoyarla por una razón muy importante: independientemente de lo que la diputación del Partido Revolucionario Institucional piense, al resolver aquellos que no se requiere la presencia del Secretario de Trabajo, es decir, al andar sudando calenturas ajenas, creo yo que es muy importante que el Secretario de Trabajo comparezca, entre otras cosas porque sospechamos muy seriamente que el señor se ha vuelto mudo, ha perdido la facultad de hablar; últimamente si acaso escribe cartas, pero ya no habla y eso es fundamental aclararlo en el pleno de esta comisión. (Aplausos.)

Por otro lado, se requiere que si el diputado ha perdido la facultad de hablar perdón, el Secretario de Trabajo no ha perdido la facultad de hablar, nos conteste muchas interrogantes que flotan en el ambiente . No tengo yo inconveniente en reiterar lo que ayer públicamente señalaba: necesitamos saber y creo que lo necesita la comunidad nacional, cuál es el criterio vigente en la Secretaría de Trabajo en torno a la política de salarios mínimos.

Recordarán que hubo una escaramuza recientemente , cuando el dirigente de la Confederación de Trabajadores de México promovió el recurso para solicitar un aumento y la Secretaría de Trabajo lo rechazó. De esa escaramuza se derivaron múltiples anécdotas y al final todo quedó como antes; es decir, el problema no se atacó, el problema no se resolvió, el problema permanece insoluble. Necesitamos entre otras cosas, pues, saber si el criterio de la Secretaría de Trabajo respecto a salarios mínimos, convalida la actitud de seguir manteniendo sobre los hombros de los trabajadores el peso de ese acuerdo elitista y cupular que se conoce como pacto y que a estas alturas requiere, en mi opinión y en mi opinión de los que pertenecen al Partido Acción Nacional, una revisión sustancial.

Necesitamos, por otro lado, conocer si el Secretario de Trabajo piensa seguir al margen de esa intolerable pérdida del poder adquisitivo del salario en todos los niveles; si se va a concretar exclusivamente, en el menos malo de los casos, a autorizar aumentos nominales y luego no aplicar mecanismos obligados de defensa para que el poder adquisitivo del salario no se deteriore más.

Esto se vuelve particularmente importante en razón de otra circunstancia que estamos viviendo y siguiendo con mucho interés: la negociación del Tratado de Libre Comercio.

Resulta, incongruente, tanto para quien hace la pregunta como para quien tiene que contestarla , que los diputados tengamos que acudir, por ejemplo, al Secretario de Comercio y Fomento Industrial, para que nos conteste la interrogante relativa a la política laboral en que tendrá que enmarcarse la discusión del Tratado de Libre Comercio.

Resulta por otro lado, natural que el secretario de Comercio diga que eso no es de su resorte,

pero frecuentemente esta situación se tiene que dar porque, insisto, a últimas fechas tenemos serias sospechas de que el Secretario de Trabajo ha perdido la facultad de hablar.

Pero, además si estas cuestiones de asimetría salarial constituyen, respecto de los trabajadores mexicanos y los trabajadores norteamericanos, un riesgo o una oportunidad, un desafío o un peligro, el Secretario de Trabajo tiene la obligación de especificarnos cuál es el punto de vista de la Secretaría a su cargo sobre el tema.

Y, en fin, como estos ejemplos que acabo de señalar, habría muchos que no sólo justifican sino que vuelven exigencia categórica la presencia del Secretario de Trabajo ante los diputados.

A ellos tenemos que agregar, sin embargo, otro hecho muy lamentable, que también lo señalamos ayer y que también ya ha sido señalado en esta tribuna: el recrudecimiento de la persecución al sindicalismo independiente.

El recrudecimiento, también, de la consolidación corporativista, tanto en la mentalidad como en la práctica, tratándose de trabajadores uncidos al yugo de la Confederación de Trabajadores de México.

En esa circunstancia es vital, no sólo para la asamblea Legislativa, sino para la conciencia nacional, conocer, o por lo menos saber, a través de las palabras del titular del ramo, cuál es el criterio de fondo del Secretario de Trabajo, cuál es la sustentación doctrinaria y práctica respecto a este problema tan agudo de quien tiene la obligación de velar por los intereses de los trabajadores.

Por todas estas razones y mucha más que flotan en el ambiente y que se discuten en todos lados, menos aquí, que es donde debieran discutirse, estoy hablando a favor de que ustedes, en ejercicio de sus derecho y con apego a su conciencia , apoyen el punto de acuerdo presentado y hagan posible que licenciado Farfell Cubillas comparezca ante esta soberanía. Muchas gracias.

El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.

La secretaria Sofía Valencia Abudis: - Por instrucciones de la presidencia, en votación económica se pregunta a los diputados si se acepta o no la propuesta.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo ..

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo .. Desechada, señor Presidente.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldino Salinas Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre la comparecencia del subsecretario de Gobernación.

El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Con la venia de la Presidencia; compañeros diputados: Los suscritos, en nuestro carácter de representantes de los diversos grupos parlamentarios en la Cámara que preside, proponemos el siguiente punto de acuerdo: Ante el estado que guardan los centros penitenciarios en el país .. Le voy a suplicar, señor Presidente , si puede pedir que guarden el orden.

El Presidente: - Compañeros diputados, les ruego ocupar sus lugares y poner atención al orador.

El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Ante el estado que guardan los centros penitenciarios en el país, El Heraldo de México publicó: "la situación carcelaria en México es verdaderamente alarmante, pues las autoridades han perdido el control de muchos centros de reclusión, los cuales han quedado de hecho en manos de narcotraficantes, a través de funcionarios y empleados corruptos de todos los niveles, convirtiéndose a las cárceles en feudos de excesos de vicios, de atentados contra los derechos humanos y de explotación, además de que la sobrepoblación los ha transformado en verdaderas jaulas, donde la dignidad humana no se tiene en cuanta para nada y dentro de las cuales quienes llevan la peor parte no son los más criminales, sino los más pobres". Hasta ahí la cita de dicho diario.

Al conocerse los graves acontecimientos sucedidos en el penal de Matamoros, se propuso punto de acuerdo sobre observación de comisión pluripartidista para conocer directamente todos los pormenores de lo sucedido, desde sus orígenes hasta las acciones para remediarlo, el cual fue suscrito por la mayoría de los grupos parlamentarios. La Presidencia determinó enviarlos a la Comisión de Justicia para que resolviera la integración mencionada, concretándose ésa sólo a entrevistarse, unida con la de Derechos Humanos, con el procurador general de la nación, quien fue parco en los pormenores

de lo acontecido en el penal de Matamoros y de la comisión plural nunca se resolvió absolutamente nada.

Tal parece que se ha olvidado el propósito de los centros penitenciarios, que son para lograr la rehabilitación de los delincuentes, para reincorporarlos como seres útiles a la sociedad a la que faltaron, como seres socialmente positivos.

Después del conflicto de Matamoros, ahora continuando en Valle Hermoso y Tampico, del mismo estado, han seguido explotando reclamos y conflictos en más reclusorios en diversas entidades del país, como Querétaro, México, Zacatecas, San Luis Potosí, Chiapas, Guerrero, sumando cerca de 22 de los 31 estados donde hay problemas, lo cual no deja de preocupar que esas inquietudes negativas estén trastocando la estabilidad social a nivel penitenciario, lo cual también está preocupante para nuestro vecino americano.

Conocemos de antemano que los principales problemas de los centros de rehabilitación social son sobrepoblación, debido al rebasamiento de sus capacidades, quizá porque la delincuencia ha aumentado. Las condiciones en que viven son infrahumanas, empeorado para las mujeres, quienes tienen que convivir con su prole dentro de estos centros, mereciendo capítulo aparte los reclusorios para los menores, donde privan irregularidades más graves aún, convertidas algunos en verdaderas escuelas, pero para profesionalizar la delincuencia; corrupción a todos los niveles, existencia de celdas privilegiadas o de lujo, propiciadas por reglamentaciones obsoletas, trafico de drogas, prostitución y demás signos negativos.

Estamos centrados en el Ejecutivo Federal, como una medida para reducir el hacinamiento de la población penitenciaria mediante un programa de indulto, resolvió liberar la salida de 631 reos que purgaban condenas sobre delitos menores, aplicado en tres entidades federativas.

Además, que la procuraduría general tiene programadas visitas sorpresa en varios centros de reclusión del país, para detectar el tráfico de drogas, armas, celdas privilegiadas y otras irregularidades. Igualmente que se ha efectuado una reunión en San Francisco, California, en los Estados Unidos de América, entre funcionarios penitenciarios de los dos países, para conocer su intercambio de información de los penales y protección para los nacionales de ambos, después de lo sucedido en Matamoros, todo lo anterior con intervención de la Secretaría de Gobernación, dependencia que tiene asignada funciones a una subsecretaría, como responsable de los centros penitenciarios en el país.

Por lo expuesto, se concluye proponiendo: Con objeto de estas Cámara de Diputados esté debidamente informada de la problemática existente en todos los reclusorios mexicanos, sobre los planes y programas, así como las acciones previstas para desterrar los vicios que en los mismos existen y sus orígenes, la determinación sobre las responsabilidades de las funcionarios involucrados, las adecuaciones de los reglamentos de dichos centros y atender las respuestas de los cuestionamientos que se formulen, se invite al subsecretario de Gobernación, licenciado Dionisio Pérez Jácome, para que asista a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos, para lo cual deberá acordarse por la Presidencia el envío del presente punto de acuerdo a las comisiones mencionadas para que acuerden lo solicitado. Respetuosamente.

Sala de sesiones del recinto alterno de la Cámara de Diputados.- Por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados. Firman. Diputados: Leonel Godoy, del Partido de la Revolución Democrática; Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rubén Venadero del partido del Trabajo, y un servidor, Leopoldo Homero Salinas, por el Partido Acción Nacional.

El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

HOMENAJE A RUFINO TAMAYO

El Presidente: -Es del conocimiento de los distinguidos miembros de esta Cámara de Diputados, el lamentable suceso de la muerte de Rufino Tamayo. En tal virtud por acuerdo de los grupos parlamentarios, viene hasta esta tribuna a dar algunas explicaciones en este sentido, el diputado Andrés Henestrosa.

El diputado Andrés Henestrosa Morales: - Señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados: Quiero rogar a la Presidencia pida a la Secretaría que dé lectura a esta declaración conjunta, acerca del deceso del pintor Rufino Tamayo.

El Presidente: - Proceda la secretarías a la petición de don Andrés Henestrosa.

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - "La muerte de Rufino Tamayo constituye una pérdida para México y para el mundo. Tamayo ha sido como pintor; era de México, sin que por esto dejara de ser una voz en El Coro Universal. Era indio en el sentido más radical y auténtico de esta palabra.

La voz ancestral que no cesa, que no muere. Por eso, porque era de aquí, lo fue del mundo, porque más de su tierra es su nombre, más pronto lo es de la Tierra.

La Cámara de Diputados, como la suma de la conciencia y el alma mexicanas, proclama suyo el dolor de su tránsito; el pueblo mexicano llora su ausencia, al tiempo que espera firme que de sus cenizas nazca otro hombre y artista que prolongue las glorias y el nombre de México.

Por el Partido Acción Nacional, Abel Vicencio Tovar; por el Partido Popular Socialista, Alfredo Reyes Contreras; por el Auténtico de la Revolución Mexicana, Francisco Melo Torres; por el Revolucionario Institucional, Socorro Díaz; una letra ilegible de algún otro compañero; Ismael Centeno, de la Revolución Democrática; por el Partido del Trabajo; una firma, y por el Partido de Frente Cardenista, Roberto Jaramillo Flores".

El diputado Andrés Henestrosa Morales: -Y ahora una palabras que prometo breves, no para fundar esta declaración, sino porque quede testimonio de la Cámara de Diputados, siente, ante este suceso de estas dimensiones.

Con la misma propiedad con que se dijo: ¡Ha muerto Víctor Hugo!, se puede decir ¡Ha muerto Rufino Tamayo! porque es cierto que lo dos, hubo en su tiempo y ámbito y Tamayo en su circunstancia y era, alcanzaron aquella cumbre de perfección que todo artista aspira y, si no lo lograran del todo, se acercaron a aquel sueño de perfección que los desveló. Porque es verdad que hasta el más grande artista no hizo otra cosa que acercarse en lo posible al sueño de perfección que guió sus pasos, sus desvelos. Así Tamayo en su tiempo y Hugo en el suyo.

Era Rufino Tamayo de Oaxaca. Cuna de otro indio ejemplar: Benito Juárez. Venía como otros indios, como Altamirano, como Ramírez, como Flores Magón, que si no eran indios, proclamaron indios lo que vale más porque tomaron como suya la suerte de los pobres y echaron en su favor también, su suerte. Venía Tamayo como los indios que he mencionado, de la despeinada, de la descalza multitud de México. De estos hombres en quienes se conjuga la historia entera de México, su dolor, sus sueños, sus esperanzas y encontraron en la expresión artística, una manera de desentrañar lo que somos en nuestra más profunda intimidad.

Los poetas, los artistas, hablan por nosotros todos; son el medio que los pueblos tiene para dar y tomar conciencia de sí mismos. Por ello tiene México una moraleja. Por ellos tiene una definición. Por ellos tiene un retrato y un dibujo ante el mundo.

Tamayo era un pintor, era un escultor, era un grabador, era el tlacuilo, el cuica pique, el que pintaba al escribir y el que escribía al pintar, el que cantaba en colores, en signos, en casi jeroglíficos. Esto es una prolongación, una permanencia de los poetas, escritores, pintores, grabadores, escultores, arquitectos, de la antigüedad mexicana.

El hombre viejo no muere en el hombre nuevo; el arte mexicano es una prolongación de arte antiguo. Es una manera de expresión antiquísima, que se renueva todos los días.

El artista contemporáneo, si es poeta, hereda el pincel; si es escultor, el cincel; si es grabador, la herramienta del viejo artista, del antiquísimo artista que no murió y está vivo en cada uno de sus herederos.

La muerte de Rufino Tamayo, enluta a las musas del mundo; para empezar, a las musas de México.

Cuando un hombre muere, mueren todos los hombres. Cuando un hombre de la estirpe de Hugo murió, no sólo Francia lo perdió, lo perdió la escuela que representó, lo perdido el romanticismo, lo perdieron las letras, el ingenio, el genio y la inteligencia de la humanidad.

La muerte de Tamayo, enluta a todos, comenzando por su patria. Pero las cenizas de los héroes, lo dijo Fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, se hacen los nuevos artistas, los nuevos mártires, los nuevos apostolados. Con sangre del artista de ayer, pinta el nuevo artista de hoy.

De todo cuando el hombre ha escrito, ha pintado, ha esculpido, dijo Federico Nietzsche; "sólo estimo y amo aquello que el hombre escribió, con su sangre; escribe con sangre y aprenderás que la sangre es espíritu".

En las venas de Tamayo, si no en las de su cuerpo, en las venas de su alma, corría la vieja

sangre mexicana, corría la sangre del viejo tlacuilo, del viejo cantor, del viejo pintor.

Lo hemos perdido, pero está en la fragua otro pintor, otro artista que lo prolongue, porque los pueblos no mueren y de los muertos, nacen los que prolongan nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra fábula, nuestra leyenda y nuestra mitología.

Se fue Tamayo, pero queda su obra, para gloria y fama y renombre de México. Señores, muchas gracias. (Aplausos.)

El Presidente: - Un segundo por favor, compañeros diputados. El diputado Galán había solicitado hacer uso de la palabra sobre el mismo asunto.

Viene después la proposición del minuto de silencio. Va a hablar sobre el mismo tema el diputado Galán. Les suplico un momento de su atención.

El diputado Israel Galán Baños: - Compañeros diputados: Hemos escuchado las hermosas palabras de otro insigne poeta oaxaqueño, el diputado Henestrosa, ha dirigido en memoria del ilustre pintor oaxaqueño Rufino Tamayo. Me siento aludido. Soy oaxaqueño también.

Como Tamayo, vine pequeño a esta ciudad, decía él, la ciudad me asombró y cambió por entero mi vida.

Este hombre, que decía él, no se había creado en medio del arte y el buen gusto. Sin embargo, emergido, como lo ha dicho el diputado Henestrosa, de las profundas raíces de lo mexicano, conquistó una categoría universal.

Recogió en su pintura, en sus famosas sandías, el colorido y la riqueza cultural de un pueblo, como es el pueblo oaxaqueño. Abigarrada mezcla de civilizaciones y culturas que persisten a través de los siglos en sus lenguas, en sus artesanías y en muchas bellas expresiones del pueblo oaxaqueño. Tamayo es hoy el mexicano más universal, más conocido en el terreno de la pintura. El dijo a otro que puede ser considerado su heredero, el ilustre pintor oaxaqueño Francisco Toledo, las mismas palabras con que lo recibió Diego Rivera: "Este muchacho tiene talento".

Y además, como miembro del Partido del Trabajo, reivindico una concepción que Rufino Tamayo sostuvo también. Jamás perdió el sentido que adquirían las cosas en el en el mundo contemporáneo y reivindicó para el futuro de la humanidad el socialismo; un socialismo con rostro humano, con justicia, con libertad, con democracia y con bienestar para los pueblos.

Esa es una herencia valiosa también de Rufino Tamayo en el campo de sus concepciones políticas y no solamente del desarrollo de sus concepciones estéticas, que para eso queda para siempre su obra inmortal, su obra imperecedera entre los grandes maestros de la pintura, a la altura de los impresionistas, de los civístas y de otras grandes escuelas de la pintura universal.

¡Queda ese pensamiento y ese recuerdo de Rufino Tamayo! En el futuro de la humanidad está inscrito el socialismo. Por eso lo reivindicamos también, porque aparte de su grandeza estética, de su exquisitez, de recoger el talento y la creatividad del pueblo oaxaqueño, ha reivindicado para México y al humanidad un camino luminoso y un camino certero! ¡En eso también se exhibía la grandeza de Rufino Tamayo! Muchas gracias, compañeros.

El Presidente: - Esta Presidencia ha recibido la sugerencia, la proposición, que considera procedente, de guardar un minuto de silencio.

Se invita a todos los representantes a ponerse de pie y cumplir con este cometido.

Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.

ORDEN DEL DÍA

El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.

«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura.

Orden del Día

26 de junio de 1991.

Lectura del acta de la sesión anterior.

A. Correspondencia

Minutas

Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro

del Manzo González, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II, que le confiere el gobierno de Bélgica. Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González, para que pueda aceptar y desempeñar al cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en Monterrey, Nuevo León.

B. Iniciativas

C. Informes de comisiones

D. Dictámenes de primera lectura

E. Dictámenes a discusión

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

De la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.

De la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos.

F. Proposiciones

G. Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones H.

Denuncias

Los rubros B, C, D, G y H, se integrarán con los puntos que en las reuniones de la mesa directiva inscriban los grupos parlamentarios, además, con los asuntos con los que la secretaría dé cuenta.

El Presidente (a las 19:14 horas): -Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, miércoles 26 de junio, a las 10:00 horas.