Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19910702 - Número de Diario 19
(L54A3P1oN019F19910702.xml)Núm. Diario:19ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
RECINTO LEGISLATIVO
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Diputado Sami David David
CENTRO MEDICO NACIONAL
Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D.F., martes 2 y miércoles 3 de julio de 1991 No. 19
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión se aprueba.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal para asistir al acto cívico con motivo del CXXXIII aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
De la Comisión de Información Gestoría y Quejas, para informar de su Audiencia Pública y remitir la minuta de la misma.
MINUTAS (I)
NOMBRAMIENTOS
Con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Walter Kurt Sump, Francisco Beckmann Vidal y José Martínez Güitrón, para desempeñar los cargos de cónsules honorarios de Suiza, Perú y Dinamarca en Guadalajara, Jalisco respectivamente.
Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CONDECORACIONES.
Con proyectos de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Leopoldo Díaz Pérez y José Jorge Lozano Cedeño, para aceptar y usar las que les confieren el Gobierno de Estados Unidos de América. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROPOSICIÓN
De la Gran Comisión en relación a la integración de comisiones y comités. En votación económica se aprueba.
INICIATIVAS
SOBRE DEPOSITO EDITORIAL
EN LAS BIBLIOTECAS NACIONALES Y DEL CONGRESO
Presentada por el diputado Eugenio Ortíz Walls. Son dispensados todos los trámites. Se aprueba, en lo general y en lo particular y pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
Presentada por el diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez. Se turna a la Comisión de Educación Pública.
ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL
Presentada por el diputado Alexandro Martínez Camberos; se anexa proyecto de decreto complementario. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
Presentada por el diputado Alexandro Martínez Camberos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULOS 6o. Y 7o. CONSTITUCIONALES
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (I)
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO
DE LA MICROINDUSTRIA
De las comisiones unidas de Comercio y Artesanías. Se dispensan todos los trámites. Se somete a discusión el dictamen. Intervienen los diputados:
Juan Jaime Hernández
Manuela Sánchez López
María Teresa Cortés Cervantes
José Herrera Reyes
María Albertina Barbosa de Meraz
Lucio Bermúdez Aristeo
Se aprueba en lo general y en lo particular, pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
MINUTAS (II)
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
Con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de dicha ley. Se turna a la Comisión de Educación Pública.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA (II)
LEY SOBRE ELABORACIÓN Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO
De la Comisión de Comercio de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Se le dispensa todos los trámites. Sin discusión se aprueba.
LEY DE LA REFORMA AGRARIA
Y LEY DE CRÉDITO RURAL
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 103 y 54 de dichas leyes respectivamente.
CONDECORACIÓN
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con Proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alfredo
Hilario Isidro del Mazo González, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Bélgica.
NOMBRAMIENTO
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Carlos Patricio Canseco González, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas
PROPOSICIONES
DEL ESTADO DE CHIAPAS
Sobre el atentado sufrido por la candidata Irma Serrano.
Intervienen los diputados:
Francisco Navarro Montenegro, presenta solicitud.
Manuel Marcué Pardiñas
Osiris Samuel Cantú Ramírez
José Murat
Federico Ruíz López
José Francisco Melo Torres
Rubén Venadero Valenzuela
Vicente Luis Coca Alvarez
Armando Pascual Herrera Guzmán
Lorenzo Martínez Gómez
Se turna la solicitud a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Derechos Humanos.
SOBRE EL INSTITUTO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
De la diputada Rosalía Martínez de Ortega
Intervienen los diputados:
Gilberto López y Rivas
Rosalía Martínez de Ortega
Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Cultura.
SOBRE PETROQUÍMICA BÁSICA
Del diputado Armando Ibarra Garza
Intervienen los diputados:
Alfredo Pliego Aldana
Alfredo Monsreal Walkinshaw
José Antonio Ríos Rojo
Alberto Amador Leal, por la Comisión de Energéticos.
Francisco Ortíz Mendoza
Se turna a la Comisión de Energéticos.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Del diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán. Se turna a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
DECLARACIONES
SOLICITUD DE EXCITATIVA
Del diputado Félix Mercado Téllez, dirigida a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria.
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Toman la palabra los diputados:
César Coll Carabias
José Miguel Pelayo Lepe
Antonio Alvarez Esparza
Pedro César Acosta Palomino
Alfredo Femat Flores
Jorge del Rincón Bernal
Ciro Mayén Mayén
Yolanda García de Vargas
Sóstenes Melgarejo Fraga
Juan Nicasio Guerra Ochoa
Pedro César Acosta Palomino
Rodolfo Elizondo Torres
RECESO
ASISTENCIA
La Secretaría notifica que hay quórum.
SE REANUDA LA SESIÓN
ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL
Iniciativa de reformas presentada por la diputada Cirila Sánchez Mendoza. Es de primera lectura.
TELÉFONOS DE MÉXICO
Sobre los servicios que presta, intervienen los diputados:
Gerardo Ávalos Lemus, presenta punto de acuerdo.
José Francisco Melo Torres, en pro.
Federico Ruíz López
Héctor Colio Galindo
Manuel González Díaz de León
José Francisco Melo Torres
Gerardo Ávalos Lemus
Se desecha la proposición
SOBRE TALA INMODERADA
Del diputado Francisco Martín Valdez. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, para los mismos hechos intervienen los diputados:
Lorenzo Martínez Gómez
José Herrera Reyes
Isidro Aguilera Ortíz
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Presentada por el diputado Lorenzo Treviño Santos. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Sobre propaganda política en dicho Estado toma la palabra el diputado Jesús González Bastién. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Educación Pública.
SE LEVANTA LA SESIÓN
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO VICTOR MANUEL CARRETO FERNÁNDEZ DE LARA.
(Asistencia de doscientos sesenta y siete diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, hay una asistencia de 267 diputados, Hay quórum.
ORDEN DEL DÍA
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día.
2 de julio de 1991.
SESIÓN SECRETA
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CXXXIII aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías, tendrá lugar el 5 de julio.
Comunicación de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Minutas.
Con proyecto de decreto, que conceden permiso a los ciudadanos Walter Kurt Stump, Francisco Beckmann Vidal y José Martínez Güitrón, para que puedan desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza, Perú y Dinamarca en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
Con proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Embajador Javier Gaspar Wimer Y Zambrano para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
Con proyecto de decreto, que conceden permiso a los ciudadanos teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Leopoldo Díaz Pérez y teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor José Jorge Lozano Cedeño, pueden aceptar y usar la Medalla de Servicio Meritorio, que les confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Proposición de la Gran Comisión
Iniciativas.
De diputados miembros del Comité de Bibliotecas, con proyecto de decreto que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley Federal de Educación.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas al artículo 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de reformas al artículo 123 fracciones XVIII, XIX, XX y XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a la Ley Federal de Pesca.
Dictámenes de primera lectura.
De las comisiones unidas de Cultura y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, con proyecto de decreto que reforma los artículos 7o. y 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona el artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De las comisiones unidas de Comercio y Artesanías, con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria.
De la Comisión de Comercio, con proyecto de Ley sobre el Control en la Elaboración Venta y Fomento al Consumo de Café Tostado.
De la Comisión de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 103 de la Ley de Reforma Agraria y 54 de Ley de Crédito Rural.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Leopold II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León.
Proposiciones.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre las funciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana y de la Revolución Democrática, sobre petroquímica básica.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre Auditoría a la Universidad Autónoma de Nuevo León, Del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre el atentado sufrido por la candidata Irma Serrano, en el estado de Chiapas.
Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones.
De varios grupos parlamentarios, sobre el Tratado de Libre Comercio y su marco jurídico constitucional.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el servicio que presta actualmente Teléfonos de México.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre investigación de tala inmoderada en la República Mexicana.
Petición de excitativa a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
Petición de excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Petición de excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre propaganda político - electoral, en Jalisco.
Denuncias.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, contra el gobierno del estado de Puebla, por el despojo a ejidatarios.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, contra el Fifonafe, por negligencia en el manejo de fondos, en perjuicio de 12 ejidatarios.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre daños ecológicos en el Parque Nacional Pico de Tancítaro, Michoacán.»
El Presidente (a las 12.10 horas): - Con su misma asistencia de la sesión secreta, se abre la sesión Pública.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiséis de junio de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta minutos del día veintiséis de junio de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de doscientos sesenta y tres diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, La misma secretaría toma nota de un comentario del diputado Vicente Luis Coca Alvarez y el acta se aprueba en votación económica.
Dos minutas del Senado de la República, con proyectos de decreto, por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, Carlos Patricio Canseco González, puedan aceptar y usar la condecoración que le concede el gobierno de Bélgica, el primero y aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas en Monterrey, Nuevo León, el segundo. Se turnan a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Ángel Luna Mijares, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reforma al artículo ciento cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Presidencia del diputado Sami David David.
Sube a la tribuna el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley General de Salud y al mismo tiempo solicita a la Presidencia excitativa a diversas comisiones y cambio de comisión de iniciativas, lo que la Presidencia accede y turna la iniciativa a la Comisión de Salubridad y Asistencia Pública.
Para presentar incitativa de Ley de Protección y Fomento a las Artesanías, hacen uso de la palabra los diputados Albertina Barbosa de Meraz, del Partido Revolucionario Institucional; Alberto Pérez Fontecha, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Teresa Cortés Cervantes, del Partido Acción Nacional; Teresa Chagoya Méndez, del Partido Revolucionario Institucional; Raúl Espinoza Martínez, del Partido Acción Nacional y Rodolfo Paniagua Alvarez, del Partido Revolucionario Institucional, Se turna a las comisiones de Comercio y de Artesanías.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Sergio Rueda Montoya, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al artículo ochenta de la Ley de Amparo. Se turna a la Comisión de Justicia.
En virtud de que el dictamen de las comisiones de Cultura y de Asentamientos Humanos, con proyecto de decreto que reforma los artículos séptimo y décimo segundo de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, fue impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea le dispensa la primera lectura. Es de primera lectura.
De la misma manera y por las mismas razones se dispensa la segunda lectura y se somete a discusión, el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Cerna, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
Para razonar el voto de sus grupos parlamentario, hacen uso de la palabra los diputados Mario Cuervo Hermosillo, del Partido Acción Nacional; Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Alexandro Martínez Camberos, del Partido de la Revolución Democrática.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos treinta y ocho votos.
Presidencia del Diputado Sami David David.
Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
La asamblea dispensa la segunda lectura al dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia del Fuero Común del Distrito Federal.
Para fundamentar el dictamen, hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, e inmediatamente después el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fundamentar el voto de su partido.
Suficientemente discutido, se recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos veintiún votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto, que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del Quinto Centenario del Encuentro de Dos Mundos, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional.
A discusión el dictamen, hacen uso de la palabra los diputados Antonio Gutiérrez Martínez, del Partido Popular Socialista, en contra; Zeferino Esquerra Corpus, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos; Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Margarito Ruíz Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y también para rectificar hechos, los diputados Jesús Antonio Carlos Hernández, del Partido Popular Socialista y Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática.
Se concede el uso de la palabra a la diputada Elina Elfi Coral Castilla, del Partido Revolucionario Institucional, quien es interrumpida por una moción de orden del diputado Manuel Ponce González y una aclaración del diputado Francisco Ortíz Mendoza, desde su curul.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por doscientos noventa y seis votos. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente ofrece información respecto del dictamen que reforma la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas y después de diversas aclaraciones, por instrucciones del mismo Presidente, se retira el dictamen que había sido considerado de primera lectura.
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
Para expresar sus opiniones respecto del Trabajo de Libre Comercio y la Agricultura, hacen uso de la palabra los diputados Rubén Venadero Valenzuela, del Partido del Trabajo; Armando Herrera Guzmán, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática; quien hace diversas proposiciones; Horacio González de las Casas, para respaldar las proposiciones a nombre del Partido Acción Nacional; Alfredo Monsreal Walkinshaw, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos y Noé Peniche Patrón del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado Sami David David.
Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Por instrucciones de la Presidencia se da cuenta con una proposición de la Gran Comisión, por la que se designa, Presidente de la Comisión de Administración, En votación económica se aprueba en sus términos.
Hace uso de la palabra el diputado José Marín Rebollo, del Partido Popular Socialista, para hacer una proposición en relación con el sistema de riego en Pujal - Coi, San Luis Potosí, Se turna a las comisiones de Agricultura Y Recursos Hidráulicos y a la de Reforma Agraria.
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
Sube a la tribuna el diputado Jaime Enríquez Félix, del Partido de la Revolución Democrática, quien hace una proposición acerca de los centros de readaptación social del país.
Para expresar su opinión sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al diputado Ricardo Monreal Ávila, del Partido Revolucionario Institucional.
Para presentar documentos que dijo prueban ilícitos en la Comisión Federal de Electricidad, hace uso de la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar, del Partido Acción Nacional, quien acepta interpelaciones de los diputados Colio Hernández y Cejudo Díaz. Se turna la
documentación a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Hace uso de la palabra el diputado Francisco Castañeda Ortíz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a las vías de comunicación en San Luis Potosí.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Cerna, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Hace uso de la palabra el diputado Julián Ángulo Góngora, del Partido Acción Nacional quien hace una proposición respecto de la contaminación en el Lago de Guadalupe, México. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Presidencia del diputado Sami David David.
Para referirse a problemas laborales de trabajadores de Petróleos Mexicanos en Poza Rica, Veracruz y Reynosa, Tamaulipas, hacen uso de la palabra los diputados Alfredo Monsreal Walkinshaw, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Alfredo Pliego Aldana, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Vicente Torres Ruíz, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos y Alfredo Monsreal Walkinshaw, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Se concede el uso de la palabra al diputado Erasmo López Villareal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien se refiere a una auditoría en el municipio de Ramos Arizpe, Coahuila. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los diputados Benigno Gil de los Santos, del Partido Revolucionario Institucional y Erasmo López Villareal, para contestar alusiones personales.
Para hacer una declaración respecto a la vigencia constitucional, hacen uso de la palabra los diputados Marcela Lombardo Otero, del Partido Popular Socialista y José Luis Luege Tamargo, del Partido Acción Nacional.
Para referirse a problemas del proceso electoral en el estado de Jalisco y denunciar hechos, hacen uso de la palabra los diputados José Luis Martínez Aguirre, del Partido Acción Nacional; Julián Orozco Loreto, del Partido Revolucionario Institucional, y César Coll Carabias, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Para expresar sus puntos de vista respecto de los procesos electorales en los estados de Tamaulipas y Oaxaca, hacen uso de la palabra los diputados Leonor Sarre de Guerrero, del Partido Acción Nacional y José Herrera Reyes.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veinte horas con cuarenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes dos de julio de mil novecientos noventa y uno a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado licenciado Sami David David. Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del CXXXIII aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías, que tendrá lugar el próximo viernes 5 de julio, a las 11.00 horas, en la Rotonda de los Hombres Ilustres del Panteón Civil de Dolores, delegación política Miguel Hidalgo.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga bien girar sus respetables indicaciones, a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección
México, Distrito Federal, a 21 de junio de 1991.- Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente:- Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Luis Méndez Castillo, Fernando Sologuren, Ulises Lara, Saúl Medina, Marcela Lombardo y María Elena Corona.
COMUNICACIÓN
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Honorable asamblea: A fin de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 11 de junio de mil novecientos noventa y uno, firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta soberanía, me permito informar a ustedes que el día 27 de junio del presente año, en el salón de la Comisión Permanente de este recinto, la Comisión de Información Gestoría y Quejas celebró su quinta audiencia pública correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Anexo a la presente me permito enviar minuta de dicha sesión.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 2 de julio de 1991.- Diputada licenciada María Ynés Solís González, presidenta.»
Minuta de la quinta audiencia pública de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, celebrada el día veintisiete de junio de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio.
Siendo las once horas con cincuenta minutos, la Presidenta declara abierta la sesión con una asistencia de trece ciudadanos diputados.
La secretaría da lectura al orden del día, mismo que es aprobado e informa sobre las gestiones y diligencias que la comisión realizó ante las autoridades competentes e instancias correspondientes, sobre las denuncias y asuntos presentados en la audiencia pública anterior. Asimismo, da a conocer que de un total de 142 demandas presentadas ante el pleno, están en trámite 41 y se desahogaron 101, de un total de 57 casos presentados durante la Comisión Permanente, 22 están en trámite y han sido resueltos 35, de un total de 50 casos expuestos en las audiencias públicas, se han resuelto 30, quedando en trámite 20 de los mismos; y, de un total de 1295 casos ordinarios presentados por la ciudadanía, han sido desahogados 920 y se tienen 375 de ellos en trámite.
A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Arana, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien presenta denuncia por irregularidades en perjuicio de los recolectores de desechos solidos. Da lectura a un documento en el que se solicita la intervención de la comisión para realizar las gestiones correspondientes, a fin de que se lleve a cabo una investigación sobre la manera en que operan y son manejados los tiraderos de basura, por parte de la lidereza del gremio Guillermina de la Torre.
Hace uso de la palabra el diputado Luis Alberto Delgado Esteva, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para denunciar la violación a los códigos Federal Electoral y estatal electoral del estado de Chiapas. Manifestó que se utilizan vehículos oficiales en favor de las campañas electorales de candidatos del Partido Revolucionario Institucional. Solicita la intervención de la comisión ante los organismos electorales, para que el día de las elecciones no se permita la circulación de transporte urbano a fin de evitar el acarreo de volantes.
Se concede el uso de la palabra al diputado Santiago Arana, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien da lectura al mensaje de agradecimiento que hacen a la comisión, los jubilados del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, presentes en la sesión anterior, por las gestiones realizadas en su favor.
Hace uso de la palabra el diputado Elías Alberto Freig Delgado, del grupo del parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para denunciar irregularidades en la operación y asentamiento de las plantas de gas "Combustibles, S. A. de C. V." y "Gas Continental" en la ciudad de Nogales, Sonora. Solicita la intervención de la comisión ante las autoridades correspondientes, así como la investigación a las autoridades locales involucradas en la solución a este problema que afecta a más de tres mil habitantes del lugar.
La Presidencia solicita a los ciudadanos diputados integrantes de la comisión la autorización correspondiente para que se les conceda el uso de la palabra a los ciudadanos presentes quienes desean expresar ante la comisión sus demandas
y problemas, en virtud de que se trata de una sesión pública. Se aprueba por unanimidad.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Miguel Camino, del municipio de Cocotitlán, estado de México, quien declara que en esa localidad la empresa que explota un cerro del lugar provoca continuamente a los pobladores de la zona, con propiciar asentamientos humanos. Agregó que se han dado enfrentamientos y riñas, y solicita la intervención de la comisión para obtener una audiencia con el gobernador del estado de México y exponerle sus problemas y demandas.
Se concede el uso de la palabra al ciudadano Antonio Guzmán, quien denuncia la constante violación de los derechos humanos en el municipio de Cocotitlán estado de México, por parte de las autoridades locales. Solicita la intervención de la comisión para hacerle llegar al Presidente de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una carta en la que se expone esta situación.
Se le concede el uso de la palabra a la ciudadana Georgina Pérez Tapia, quien expone ante los presentes, problemas laborales y de despido injustificado que afectan a un grupo de trabajadores de la Distribuidora Conasupo Metropolitana, S.A., Solicita la intervención de la comisión ante la empresa señalada, para la solución de su problema.
Trámite: - Insértese en el Diario de los Debates.
MINUTAS
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Gregorio Urías Germán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Walter Kurt Stump para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara, Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores secretarios: Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Walter Kurt Stump para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores Presidente; Fernando Silva Nieto, secretarios; Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Beckmann Vidal para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Perú en Guadalajara, Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores secretarios Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Beckmann Vidal para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Perú en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores Presidente; Fernando Silva Nieto, secretarios; Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.-
El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional,- Estados Unidos Mexicanos,- Cámara de Senadores.- México, D. F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Martínez Güitrón para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Dinamarca en Guadalajara Jalisco.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores secretarios Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Martínez Güitrón para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Dinamarca en Guadalajara, Jalisco.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores Presidente; Fernando Silva Nieto, secretarios; Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Gregorio Urias Germán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Embajador Javier Gaspar Wimer y Zambrano para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Bandera Yugoslavia con Banda, que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores secretarios Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Embajador Javier Gaspar Wimer y Zambrano para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Bandera de Yugoslavia.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores: Fernando Silva Nieto, Presidente; Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno, secretarios.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Tramite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Leopoldo Díaz Pérez para que pueda aceptar y usar la medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Leopoldo Díaz Pérez para que pueda aceptar y usar la medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores: Fernando Silva Nieto, Presidente; secretarios Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes, el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, José Jorge Lozano Cedeño para que pueda aceptar y usar la medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores secretarios Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
MINUTA
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor, José Jorge Lozano Cedeño para que pueda aceptar y usar la medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- Senadores: Fernando Silva Nieto, Presidente; secretarios Elíseo Rangel Gaspar y Bulmaro Pacheco Moreno.
Se remite a la honorable Cámara de Diputados para los efectos constitucionales.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991.- El Oficial Mayor, licenciado Morelos Canseco Gómez.»
Trámite:- Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
PROPOSICIÓN
El Secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Honorable asamblea: La Gran Comisión, en uso de sus facultades, que le otorgan los artículos 47, fracción VI, 50, 54, 55, 56 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente propuesta en relación a la integración de comisiones y comités:
Se designan, respectivamente, como Presidente y secretario de la Comisión de Reforma Agraria, a los ciudadanos diputados Eloy Argos García Aguilar y Arely Madrid Tovilla, en sustitución de los ciudadanos diputados Ramiro Hernández García e Isaac Bueno Soria.
Se designa como secretario de la Comisión de Pesca, al ciudadano diputado Eraclio Soberanis Sosa, en sustitución del ciudadano diputado Jorge Enrique Minet Ortíz.
Se designa como secretario de la Comisión de Patrimonio y Fomento Industrial, al ciudadano diputado Jesús Armando Hernández Montaño, en sustitución del ciudadano diputado Juan José Moreno Sada.
Se designa como secretario del Comité de Administración, al ciudadano diputado Alfonso Neri Ávila, en sustitución del ciudadano diputado Jesús Armando Hernández Montaño, quien pasa a otra comisión. Se integra a este comité la ciudadana diputada Esther Kolteniuk de Césarman, en sustitución del ciudadano diputado Jesús Armando Hernández Montaño.
Se designa como Secretario de la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos, al ciudadano diputado Reynaldo Rosas Domínguez.
La ciudadana diputada Rosario Guerra Díaz, se integra a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en sustitución del ciudadano diputado Javier Bonilla Chávez.
El ciudadano diputado Manuel González Díaz de León, se integra a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en sustitución del ciudadano diputado Javier Bonilla Chávez.
El ciudadano diputado Carlos Javier Vega Memije, se integra a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en sustitución del ciudadano diputado Javier Bonilla Chávez.
El ciudadano diputado Jorge Armando Verdín López, se integra a la Comisión de Comercio, en sustitución del ciudadano diputado Juan José Moreno Sada.
El ciudadano diputado Elías Alberto Freig Delgado, se integra a las comisiones de Comercio; Información, Gestoría y Quejas: y, Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.
El ciudadano diputado Prisciliano Martínez Hernández, se integra a las comisiones de Cultura; Energéticos; Información, Gestoría y Quejas; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, y Seguridad Social.
El ciudadano diputado Francisco Hernández Terán, se integra a las comisiones de Hacienda y Crédito Público; Programación, Presupuesto y Cuenta Pública; Asentamientos Humanos y Obras Públicas, y Asuntos Indígenas.
El ciudadano diputado Máximo Martínez Aguirre, se integra a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Información, Gestoría y Quejas; Reforma Agraria, y Asuntos Indígenas.
El ciudadano diputado Juan Sosa Benítez, se integra a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos; Comercio; Información, Gestoría y Quejas, y Reforma Agraria.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los dos días del mes de julio de 1991.
Atentamente.
Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidenta; secretarios Augusto Gómez Villanueva y José Murat.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición a que se acaba de dar lectura y de que proviene de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada la propuesta, señor Presidente.
INICIATIVAS
SOBRE DONACIÓN DE LIBROS
El Presidente: - Pedimos al diputado Eugenio Ortíz Walls, venga a presentar la lectura de la iniciativa de diputados, miembros de la Comisión de Bibliotecas, con proyecto de decreto que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Con el permiso del diputado Presidente; honorable asamblea: El Comité de Biblioteca de la LIV Legislatura, de la Cámara de Diputados, después de consultar a través de la información obtenida...
El Presidente: - Permítame, diputado Eugenio Ortíz Walls. Ruego atentamente a los señores diputados poner atención al orador en la materia que estamos tratando.
El diputado Eugenio Ortíz Walls: - Decía yo que el Comité de Biblioteca de la LIV Legislatura, después de tener reuniones de consulta con expertos y académicos del área bibliotecológica
de la Cámara de la Industria Editorial, en un trabajo cerca de un año, presenta a la consideración de la honorable asamblea, lo siguiente:
«Honorable asamblea: los que suscriben, diputados miembros del Comité de Bibliotecas de la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 73 fracción XXV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ante esta soberanía venimos a presentar el siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Que dispone la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, con el fin de integrarlos, preservarlos y ponerlos a disposición del público para su consulta, como parte del patrimonio cultural de la nación.
Las razones y fundamentos se contienen en la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es incuestionable que la voluntad planteada desde el 30 de noviembre de 1946, fecha en que el Presidente José Mariano Salas expidió el primer decreto para establecer la obligación a cargo de los impresores de la ciudad de México de entregar un ejemplar de todas las obras periódicos que se publicaran en el Distrito Federal y los territorios, tuvo como fin instituir un mecanismo legal de integración del acervo bibliográfico de la Biblioteca Nacional.
Con este mismo propósito, el 14 de septiembre de 1857, el Presidente Ignacio Comonfort, ratifica la intención del decreto y aumentar a dos, el número de ejemplares que los impresores deberían entregar a la Biblioteca Nacional.
En 1867 el Presidente Juárez, al establecer la nueva Biblioteca Nacional determina también el cumplimiento de dicha obligación.
El 24 de diciembre de 1936, el Presidente Lázaro Cárdenas, firma el decreto que le fue dirigido por el honorable Congreso de la Unión, en el que se establece la obligación de los autores, editores e impresores en el distrito y territorios federales, de enviar dos ejemplares de los libros de toda clase, periódicos y revistas que publiquen a la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión, creada en ese mismo año a iniciativa de la Cámara de Diputados. El decreto correspondiente se publicó en el Diario Oficial de fecha 30 de enero de 1937.
Posteriormente, por decreto publicado el 3 de febrero de 1958 se derogan los decretos anteriores y se establece la obligación de todos los autores, editores e impresores del país, de enviar dos ejemplares de sus publicaciones a las bibliotecas Nacional y del honorable Congreso de la Unión.
Por último, el 9 de febrero de 1965 se expide el decreto vigente, en el cual con modificaciones se deja subsistente la obligación a cargo de los editores y autores y, a las bibliotecas mencionadas como beneficiarias.
Ahora bien, no obstante la existencia de la norma jurídica, la experiencia ha dejado prueba clara de las dificultades que entraña el cumplimiento de esta importante función reguladora, que no precisa el valor de utilidad social y la finalidad cultural de la misma, ni la responsabilidad de las bibliotecas mencionadas.
Así, en el proyecto de decreto, que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, se apreciarán los fundamentos de hecho y de derecho que informan a las nuevas disposiciones.
En este sentido, el artículo primero declara que los materiales bibliográficos y documentales que son editados y producidos en el país, forman parte del patrimonio cultural de la nación, pues es innegable que en ellos se contiene el pensamiento de nuestra sociedad en todos sus órdenes de investigación explotación, ensayo y creatividad, las que sumadas, constituyen una relevante producción cultural.
El creciente desarrollo y la proliferación de las nuevas formas de información y comunicación, crea una nueva necesidad a la colectividad nacional y un imperativo de preservar los bienes que se producen en todos los ámbitos del quehacer cultural, como es el caso de los materiales audiovisuales y electrónicos de contenido científico, artístico y técnico.
Al declarar lo anterior, este artículo se corresponde con lo que previene la fracción XI del artículo 2o., de la Ley General de Bienes Nacionales, que determina los bienes de dominio público.
En el artículo segundo se establece la obligación a cargo de todos los editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de contribuir a la integración de tan importante riqueza cultural de la colectividad. Esta obligación se cumple con la dotación y entrega a las bibliotecas de ejemplares de todos aquellos materiales que se editen o produzcan en el país.
El artículo tercero, precisa la entrega de las muy variadas formas que adoptan los materiales bibliográficos y documentales que se producen en esta época, así como los tipos previsibles al corto y mediano plazo.
En el artículo cuarto, se precisa el plazo no mayor de 30 días, siguientes a la fecha de edición o producción de los materiales bibliográficos y documentales, para que los obligados cumplan con la entrega de los mismos a las instituciones bibliotecarias responsables, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas tan pronto sean puestas en circulación, hemos considerado que este tiempo es suficiente para cumplir voluntariamente la responsabilidad que se impone a los editores y productores.
En el artículo quinto, se establecen las obligaciones tanto para la Biblioteca Nacional, como para la del Congreso de la Unión, bajo el principio de corresponsabilidad frente a la norma, la cual, en el caso de fraude en la certeza y la seguridad jurídica de quienes dotan a las bibliotecas de los materiales bibliográficos y documentales, de que han cumplido en tiempo la obligación respectiva; en tanto que las bibliotecas asumen la obligación de recibir los materiales y expedir la constancia correspondiente; custodiar, preservar y organizar el acervo; proceder a la producción de servicios bibliotecarios y de consulta pública, así como publicar anualmente la información estadística de los materiales recibidos.
Hemos creído conveniente atribuir en los artículos sexto y séptimo, la facultad a las bibliotecas titulares, de celebrar con instituciones afines, convenios que coadyuven a la realización de los objetivos del decreto y de convenir con los editores y productores los procedimientos administrativos y técnicos para hacer efectivo el cumplimiento del presente decreto, respecto a las publicaciones periódicas y a las de distribución gratuita.
La constancia que expidan las bibliotecas certifica el cumplimiento de la obligación por parte de los editores y productores, por tal razón se consideró indispensable que dicho documento contenga los datos básicos que permitan la identificación de los obligados y la de los materiales recibidos, como se establece en el artículo octavo.
El artículo noveno del presente proyecto de decreto, corresponde al artículo tercero del decreto vigente, en el que se responsabiliza a la Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública de enviar mensualmente una relación de las obras registradas en esa dependencia a las dos bibliotecas ya citadas. Consideramos que tal responsabilidad debe quedar vigente, para verificación del cumplimiento o incumplimiento de la obligación consignada en el artículo segundo del proyecto de decreto.
En el artículo décimo, se establecen las sanciones por el incumplimiento de la obligación de entregar los materiales a que alude el artículo tercero de este proyecto, fijándose por concepto de multa la cantidad equivalente a cinco veces el precio de venta al público del material no entregado, Para las obras de distribución gratuita, se fija una multa por cantidad no menor de 10 ni mayor de 20 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, señalándose para los dos casos, que la satisfacción de la multa no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales.
Se considero que la autorización del sistema coactivo de imponer multas por incumplimiento, requerirlas fundamentalmente para el caso de renuencia y exigirlas por la vía fiscal, solamente debe ser observado como un recurso extremo.
Por esta razón, en los casos que no sean entregados los materiales en los términos del artículo cuarto del proyecto, se propone en el artículo décimo primero como procedimiento, que la biblioteca afectada lo comunique a la autoridad de la cual dependa, para que ésta solicite a los responsables el cumplimiento de su obligación, dentro de un plazo de 30 días naturales siguientes a la recepción de la petición. Si en dicho término no se cumple con la referida obligación, la propia autoridad lo informara a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que esta dependencia haga efectivas las sanciones que correspondan, conforme a las disposiciones legales aplicables.
Se determina en el artículo decimosegundo, que el monto de las multas que se hayan hecho efectivas se transfieran, junto con sus accesorios legales, a la biblioteca afectada por la omisión.
de entrega de materiales, con el exclusivo fin de que tal cantidad se destine a la adquisición de materiales bibliográficos y documentales que enriquezcan su acervo.
Finalmente, en el artículo primero transitorio, se precisa que este decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, en el artículo segundo transitorio se determinara la derogación del decreto de fecha 11 de enero de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero del mismo año y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
La iniciativa de decreto que presentamos al conocimiento y aprobación de esta honorable asamblea, se funda en los preceptos legales siguientes:
a) El artículo 6o. constitucional que prescribe que el derecho de información será garantizado por el Estado;
b) La fracción XXV del artículo 73 constitucional que faculta el Congreso para legislar en todo lo que se refiere a las bibliotecas y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y
c) La fracción II del artículo 71 constitucional que establece la facultad de iniciar leyes o decretos para los diputados federales que suscribimos esta iniciativa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a la aprobación con dispensa de trámite en los términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, del siguiente.
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Los materiales bibliográficos y documentales editados y producidos en el país, forman parte del patrimonio cultural de la nación. Su integración, custodia, preservación y disposición para su consulta, en los términos del presente decreto, son de orden público e interés general.
Artículo segundo. Para los efectos del artículo anterior todos los editores y productores de material bibliográficos y documentales, están obligados a contribuir a la integración del patrimonio cultural de la nación.
Esta obligación se cumple con la entrega de ejemplares de cada una de las ediciones y producciones de sus obras, a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, en los términos señalados en el artículo 3o., del presente decreto.
Artículo tercero. Los editores y productores del país entregarán a cada una las bibliotecas mencionadas los materiales siguientes:
A) Dos ejemplares de libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y de otros materiales impresos de contenido cultural, científico y técnico, y
B) Un ejemplar de micropelículas, diapositivas, discos, diskettes, audio y video cassettes y, de otros materiales audiovisuales y electrónicos que contengan información de las características señaladas en el inciso anterior.
Artículo cuarto. Los materiales citados se entregarán a las bibliotecas mencionadas dentro de los 30 días siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.
Artículo quinto. La Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Unión, deberán:
A) Recibir los materiales a que hace referencia el artículo tercero del presente decreto.
B) Expedir constancia que acredite la recepción del material de que se trate y conservar asiento de aquélla.
C) Custodiar, preservar y mantener en buen estado los materiales que constituyan el acervo.
D) Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales, la prestación de los servicios bibliotecarios y de consulta pública, y
E) Publicar anualmente la información estadística de los materiales recibidos.
Artículo sexto. La Biblioteca Nacional y la Biblioteca del Congreso de la Unión, podrán celebrar con instituciones afines los convenios que coadyuven a realizar los objetivos, materia del presente decreto.
Artículo séptimo. Las bibliotecas podrán convenir con los editores y productores los procedimientos técnicos y administrativos para
hacer efectivo el cumplimiento del presente decreto, respecto de las publicaciones periódicas y de las de distribución gratuita.
Articulo octavo. La constancia que expidan las bibliotecas deberá contener los datos básicos que permitirán la identificación del editor o productor y de los materiales recibidos.
Artículo noveno. La Dirección General del Derecho de Autor de la Secretaría de Educación Pública, enviará mensualmente una relación de las obras registradas en esa dependencia, a la Biblioteca Nacional y a la Biblioteca del Congreso de la Unión, para la verificación del cumplimiento de la obligación consignada en el artículo segundo de este decreto.
Artículo décimo. Los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada en el artículo tercero de este decreto, se harán acreedores a una multa equivalente a cinco veces el precio de venta al público de los materiales no entregados.
Para las obras de distribución gratuita la multa será por cantidad no menor de 10 ni mayor de 20 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.
La aplicación de las sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de materiales.
Artículo decimoprimero. En los casos en que los editores y productores no entreguen los materiales, en los términos del artículo cuarto del presente decreto, la biblioteca afectada lo comunicará a la autoridad superior de la cual dependa, para el efecto de que la misma solicite a los responsables el cumplimiento de su obligación dentro del plazo de los 30 días naturales siguientes a la recepción de la petición.
En caso de que en dicho término no se cumpla con la referida obligación, las propias autoridades lo comunicarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que esta dependencia haga efectiva las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones legales aplicables.
Artículo decimosegundo. El monto de las multas hechas efectivas conforme el presente decreto, será transferido con sus accesorios legales, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, directamente a la biblioteca afectada por la omisión, con el fin de que ésta los destine a la adquisición de materiales bibliográficos y documentales que enriquezcan su acervo.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Se deroga el decreto de fecha 11 de enero de 1965, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero del mismo año y todas las disposiciones que se opongan al presente decreto.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a 26 de julio de 1991.
Diputados: Carlos R. Calderón Cecilio, Fernando Córdoba Lobo, Guerrero Chávez Herrera, Cecilio de la Cruz Pineda, Régulo Fernández Rivera, Vicente Fuentes Díaz, Horacio González de las Casas, Onofre Hernández Rivera, Horacio Labastida Muñoz, Pedro López Díaz, Juan Mesina Alatorre, Alfredo Monreal Walkinshaw, Gustavo Moreno Ramos, Eugenio Ortíz Walls, Saturnino Solano Pérez y Eduwiges Vega Padilla.
El Presidente: - Como se solicita en el cuerpo del dictamen, con el que se acaba de dar cuenta, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y si se somete a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites, señor Presidente.
En consecuencia está a discusión en lo general.
El Presidente: - En los términos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, en función de que no haya registro de oradores en lo general se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo general y en lo particular del proyecto de decreto en un solo acto.
El diputado secretario Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Se va a recoger la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados en un solo acto.
El Presidente: - Se ruega un momento la atención de la asamblea, para informar una cuestión de procedimiento y quedar totalmente esclarecida para todos ustedes.
En la dispensa de los trámites esta Presidencia sustentó esta dispensa en los artículos 59 y 60 y estamos discutiendo un proyecto de decreto, para ilustración de la asamblea. Continué la votación.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Esta votación es de las dos terceras partes, es el proyecto de dictamen y no es un dictamen; es un proyecto que se dispensa de todos los trámites.
Yo le ruego que lea textualmente el artículo 60, para que quede clarísimo a esta votación, porque usted cometió el error de hablar de un dictamen que no existe.
El Presidente: - Esta Presidencia había ilustrado a la asamblea que había dispensado los trámites, sustentándose en los artículos 60 y 59 del reglamento. Le pido a la secretaría que lo lea textualmete, el artículo 60 del reglamento.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - "Artículo 60. Ninguna proposición o proyecto podrá discutirse sin que primero pase a la comisión o comisiones correspondientes y éstas hayan dictaminado. Sólo podrá dispensarse este requisito en los asuntos que por acuerdo expreso de la Cámara se calificaren de urgente o de obvia resolución, cuando la Cámara conozca de los permisos a que se refieren las fracciones II...
El Presidente: - Gracias, secretaría. Para satisfacción del diputado Ortíz Mendoza, esta Presidencia reconoce que cuando le dio la palabra al diputado Eugenio Ortíz Walls, habló de un proyecto de decreto, pero el siguiente trámite, sí, esta Presidencia habló de dictamen, en lugar de haber hablado de proyecto de decreto. Gracias, diputado Ortíz Mendoza.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 297 votos a favor y ninguno en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 297 votos.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Julio Paz Zarza, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Educación.
El diputado Julio Paz Zarza: - Señor Presidente; diputadas y diputados: Por cuestión de salud no voy a poder leer esta iniciativa y ruego al diputado Alfredo Arenas haga el favor de subir a leerla a mi nombre, con la venia de la Presidencia.
El Presidente: - Proceda de la forma solicitada por el señor diputado.
El diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Ante todo deseo agradecer a nuestro compañero diputado Julio Paz Zarza, el honor que me confiere entre todos sus amigos que tiene, dentro de la diputación de nuestro grupo parlamentario, el que sea yo el que le dé lectura a este gran esfuerzo realizado por él.
INICIATIVA QUE REFORMA LA LEY
FEDERAL DE EDUCACIÓN
REFERENTE A LA EDUCACIÓN DEL
DEFICIENTE MENTAL
Desde la fundación del Partido Acción Nacional, consideramos en los principios de doctrina, que la educación y la cultura son los cimientos del desarrollo integral de la persona humana en toda su extensión, y esto producirá como consecuencia el bien común de la nación.
Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la presente iniciativa de reformas y adiciones de la Ley Federal de Educación bajo la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Hablaremos de concientización y solidarismo, esta última palabra muy sonada últimamente, creemos que los que estamos en este honorable recinto, luchamos por la grandeza de este país llamado México y en la forma en que todos y cada uno de sus habitantes, trabajemos, nos concienticemos, nos solidaricemos y luchemos por la justicia e igualdad en los derechos de cada uno de los mexicanos, en esta forma avanzaremos en educación.
El contenido de este documento es la iniciativa al rescate de seres humanos, que al nacer, vienen señalados por el destino con una deficiencia mental, leve, severa o profunda.
La mayoría de estos seres son rechazados por sus padres, familiares y una sociedad indiferente, los deficientes mentales tienen por lo regular padres inconscientes y vergonzantes, que a pesar de haberles dado la vida, reniegan, maldicen y frecuentemente los tratan con crueldad consciente o inconscientemente, hay infinidad de deficientes cuyos padres los aíslan en cuartos redondos, entre la inmundicia y sin más compañía que su soledad, amargura e impotencia, ya que no pueden expresar sus sentimientos.
Que equivocados estamos; una criatura con problema de deficiencia, no es precisamente una persona que no razona, al contrario la mayoría de estos seres por su estado ven más claramente.
Nos asombraría a todos nosotros, "seres normales", de la capacidad de entendimiento y análisis de que están dotados estos seres, con una perspicacia y percepción de todo lo que les rodea, hagan o digan de ellos.
Hagamos unas reflexiones:
¿Creen ustedes que un ser con deficiencia mental es un problema?
¿Acaso un ser "normal" no lo es?
Las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes:
1. Con un hijo "normal", seguramente a lo largo de su vida darán más de un dolor de cabeza y seremos responsables de sus actos por no haber sabido guiarlos por la vida y habrá muchos que harán actos que pueden ser vergonzosos para ellos y el ego de la familia.
2. Con un hijo con deficiencia, jamás habrá problemas si es debidamente atendido a tiempo, dándole la oportunidad de una educación adecuada, éste podrá ser productivo y no una carga para la familia y la sociedad, pero si no se le da una educación especial, son y serán una carga muy pesada para la familia y la sociedad. El gran problema es que se habla mucho, pero la realidad es que existen pocas escuelas dedicadas a la educación de estos niños, surge pues la necesidad de construir, equipar y apoyar instituciones que resuelvan a fondo el problema.
En la actualidad, podemos considerar que el 5% de niños que nacen en nuestro país, tienen algún problema de deficiencia mental que va desde leve hasta profunda, pero eso no es todo, también hay un promedio del 15% de niños de lento aprendizaje, que, de alguna manera tienen también problema mental, por lo que muy cerca de nosotros o entre nuestros familiares y amigos encontraremos alguno.
Por tal motivo, afirmamos que somos muchos lo que tenemos un gran interés por estos seres que no tienen los medios para defenderse en esta vida tan agitada y llena de problemas, los más frecuentes son:
La distorsión cerebral; el síndrome de Down; la parálisis cerebral; problemas de percepción; coordinación motriz; convulsiones; convulsiones recidivantes; fulgurante; crisis recurrentes; crisis psicomotoras y equivalentes epilépticos; tumores cerebrales; meningitis; encefalitis, distrofia muscular; seudohipertróficas; malformación congénita; anormalidades del sistema esquelético y minusválidos.
Por lo antes expuesto ponemos a su consideración por la justicia, igualdad en derechos y solidaridad, con aquellos seres especiales, que requieren nuestra atención, para efecto de protegerlos legalmente las siguientes reformas y adiciones a la Ley de Educación, por lo que promovemos la siguiente:
INICIATIVA
Primero. Se adiciona y/o reforma los artículos 5, 7, 16, 24, 25, 26, 28, 35, 45, 48, 50, 51, 119 de la Ley Federal de Educación, para quedar como sigue:
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 5o. La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, se sujetará los principios establecidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tendrá las siguientes finalidades.
Las fracciones de la I. a XIV. ..
La fracción XV se modifica para quedar como sigue:
XV. Promover las actitudes solidarias para el logro de una vida social justa; en especial para aquellos seres especiales en su formación conocidos como deficientes en el desarrollo así como promover la educación especial para ellos y para los educadores especializados en atenderlos.
Artículo 7o. Las autoridades educativas deberán, periódicamente evaluar, adecuar, ampliar y mejorar los servicios educativos.
Se adiciona una fracción:
I. Evaluar a nivel nacional el porcentaje de servicios educativos para deficientes en el desarrollo, crear escuelas de este tipo al alcance de personas de escasos recursos y ayudar a las asociaciones civiles "no lucrativas"; además de promover maestrías y doctorados en la Educación Especial para la Deficiencia en el Desarrollo.
CAPITULO II
Sistema educativo nacional
Artículo 16o. El tipo elemental está compuesto por la educación preescolar y la primaria.
Párrafo primero. ..
Se modifica el párrafo segundo para quedar como sigue:
Párrafo segundo. La educación primaria es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluyendo la educación elemental a todas las personas con deficiencias.
CAPITULO III
Distribución de la función educativa
Artículo 24o. La función educativa comprende:
Fracción I y II quedan iguales. ..
Fracción III. se modifica para quedar como sigue:
Editar libros y producir otros materiales didácticos: "Establecer y promover servicios educativos para los deficientes en el desarrollo, producir materiales didácticos con manuales elaborados por personal y maestros especializados en esta materia".
Artículo 25. Compete al Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública:
Fracción I. y II. Quedan igual. ..
Fracción III. Se modifica y queda como sigue: Formular para toda la República los planes y programas para la educación primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos, así como planes y programas para educación especial.
Fracción IV. a la X. Quedan igual. ..
Adición inciso XI. En caso de educación especial los planes y programas serán establecidos por personas y maestros especialistas en la materia.
Artículo 26. Habrá un consejo nacional técnico de la educación que será órgano de consulta de la Secretaría de Educación Pública y de las entidades federativas cuando éstas lo soliciten y que se encargará de proponer planes de estudio y políticas educativas.
Párrafo primero. Queda igual. ..
Adición párrafo segundo. "En la integración del Consejo Nacional Técnico, se incluirá personal capacitado y con calidad moral para satisfacer todas las necesidades en su totalidad en educación especial".
Artículo 28. Los servicios educativos de cualquier tipo y modalidad, que en los términos de esta ley establezcan los estados y municipios, dentro de sus respectivas jurisdicciones, quedarán bajo su dirección técnica y administrativa.
Adición fracción I. Los servicios educativos comprenderán también la educación especial.
Artículo 35. La autorización a particulares para impartir educación primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos, así como el reconocimiento de validez oficial de estudios distintos de los anteriores, podrán ser otorgados por la Secretaría de Educación Pública, o el gobierno del estado correspondiente, cuando los solicitantes satisfagan los siguientes requisitos.
Fracciones I., II., III, IV. y V. Quedan Igual...
Fracción VI. Se modifica y queda como sigue: "Proporcionar becas en los términos de las disposiciones relativas e incluyendo especiales para deficientes en el desarrollo".
CAPITULO IV.
Planes y Programas de Estudios.
Artículo 45. El contenido de la educación se definirá en los planes y programas los cuales se formularán con miras a que el educando:
Del I. al VI. Fracciones. Quedan igual...
Adición Fracción VII. "Planear y crear escuelas tecnológicas para capacitar al deficiente en el desarrollo o especial y hacer a estos seres productivos e integrarlos a la sociedad".
CAPITULO V
Derechos y Obligaciones en Materia Educativa.
Artículo 48. Se modifica para quedar como sigue: "Los habitantes del país tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional sin más limitación que satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones relativas. Incluyendo a todos los seres especiales".
Artículo 50. el estado Otorgará:
Fracción I. y II. Quedan igual....
III. Se adiciona para quedar como sigue:...
Habilitará y actualizará a personas que ya trabajen con deficientes, como educadoras en la educación de los seres especiales.
Artículo 51. Se modifica para quedar como sigue:
El Estado establecerá los estímulos a las asociaciones civiles y a las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza en cualesquiera de sus tipos y grados. "Incluyendo a las asociaciones que se dediquen al cuidado de deficientes mentales".
CAPITULO XVII
De la unificación nacional de la educación.
Artículo 119. Para favorecer la unificación técnica de la educación en la República, se crea un cuerpo consultivo de la Secretaría de Educación Pública y de las entidades federativas, adscrito a aquélla, que se denominará Consejo Nacional de la Educación con las siguientes atribuciones:
Fracción I. Queda igual. ..
Fracción II. Se modifica para quedar como sigue:
Estudiar o proyectar planos, programas de estudios y métodos de enseñanza para los otros tipos de educación, incluyendo la educación especial, señalando como un mínimun de exigencia en toda la República: "sobre programas y estudios sobre el deficiente en el desarrollo que hay un mínimun del 5% a la fecha, con problemas especiales".
Por otro lado se recomienda al Ejecutivo conforme a sus facultades, hacer las modificaciones a los artículos 2o. y 12 del Reglamento del Consejo Nacional Técnico de la Educación para quedar como sigue:
Artículo 2o. Para el cumplimiento de su objeto, el consejo nacional técnico de la educación deberá:
I. Realizar estudios acerca de:
Inciso A: Se modifica como sigue:
A) Los contenidos, planos y programas de estudio métodos educativos, libros de texto y materiales y auxiliares didácticos del sistema educativo nacional. ..
"Incluyendo la educación especial".
Artículo 12. El pleno del consejo, a propuesto del comité directivo acordará el establecimiento
de comisiones de trabajo, las cuales se integrarán por los funcionarios o especialistas que designe el comité directivo, para realizar estudios sobre:
Fracción I. ..
Fracción II. Se modifica y queda como sigue:
Planes de estudios, programas y métodos de enseñanza - aprendizaje, "incluyendo los destinados a los deficientes en el desarrollo".
III a V. ..
Fracción VI se modifica y queda como sigue:
VI. Materiales didácticos y útiles escolares "y en lo que se refiere a material didáctico para deficientes mentales, que sea bajo la supervisión de especialista en la materia".
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados a 2 de julio de 1991.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.- Diputados: Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, Espiridión Sánchez López, Rosalía Ramírez de Ortega, Bernardo Bátiz Vázquez, Noé Aguilar Tinajero, Juan José Hernández Trejo, Fernando Antonio Lozano Gracia, Guillermo López de Lara, Luisa María Calderón Hinojosa, Julio Paz Zarza, José Natividad Jiménez, Ambrosio Montellano Bustos, Guadalupe Rodríguez Carrera, Sergio Rueda Montoya, Ruth Olvera Nieto, Luis Delgado Esteva, Francisco Cabrera González, Abel Carlos Vicencio Tovar, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Ceferino Ramos Nuño y Mario Armando Riojas Almanza.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Educación Pública.
ARTICULO 107 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado y maestro Alexandro Martínez Camberos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alexandro Martínez Camberos:- Señor Presidente; honorable asamblea: Por razones diversas, estos proyectos debieron presentarse con el propósito de que en esta propia Legislatura fueran revisados por la Comisión de Justicia, dictaminada favorablemente y que se aprobara por la Cámara. La premura del tiempo tal vez no nos permita lograr esos propósitos, pero consideramos que es importante que quede una huella de la actividad legislativa del Partido de la Revolución Democrática y por ello me permito dar lectura al primero de estos proyectos.
PROYECTO DE REFORMA A LA
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 107
CONSTITUCIONAL, EN CUANTO AL
DICTADO DE SENTENCIA EN EL AMPARO
BIINSTANCIAL
«Ciudadanos secretarios de la LIV Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presentes.
Los suscritos, diputados en ejercicio de dicha Legislatura, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 71 fracción II constitucional y los artículos 55 y 56, fracción I, así como el 62 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos esta iniciativa de reformas al artículo 123, fracción V de la Constitución Federal, conforme a las siguientes.
CONSIDERACIONES
1. Dicho ordenamiento expresa: El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afectan a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecuta o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.
2. Según se observa, la patente simplicidad y prontitud que el legislador constitucional, justificadamente, decidió imprimir a tales juicios, los más abundantes y comunes que se dan en nuestra realidad social, se llevó al extremo ya injustificable de obligar a todo juez de distrito que conoce esos amparos, a resolverlos en definitiva, automáticamente o "sobre las rodillas", dicho conforme al vulgo, cualquiera que sea la dificultad jurídico - fáctica que contenga el expediente relativo.
3. Tal vez (sólo tal vez), cuando el número de asuntos que se tramitaban en un juzgado de
distrito eran tan pocos que permitían fijar las audiencias de fondo escalonadamente, como máximo una por día (como acontecía, V. Gr, en Chetumal, hasta hace unos 20 años, o sea antes del auge económico turístico de Quintana Roo, o en la Paz, Baja California Sur, hasta hace tres sexenios, según es conocido por los jueces respectivos, en su momento), podría haberse cumplido tal disposición constitucional, agravada, por cierto, en la Ley de Amparo (según se examinará en diversa iniciativa).¿Pero en la actualidad?
4. Tal dispositivo, radical e imperativo, resulta, válganos el símil, a modo del apéndice vermiforme en el organismo humano: residuo ancestral de una función desaparecida. Las consecuencias, conocidas por letrados y el común de la gente, son, por un lado, salvo mínimos casos, que todos los jueces de distrito violan la Constitución y la Ley de Amparo; y, por otra parte, se usa constantemente una ficción sobre la fecha de sentencia. En efecto, ésta aparece con la obligada fecha de audiencia, pero con un agregado final concebido en los siguientes términos u otros semejantes: "Así lo resolvió el ciudadano juez hasta hoy, en que las labores del juzgado permitieron pasar en limpio el presente fallo". Y ya a nadie causa extrañeza tan peregrina "explicación".
5. Por último, no es ocioso decir que tal dualidad de fechas crea no sólo confusiones sino conflictos, algunos de importancia, sin que los propios tribunales del Fuero Federal hayan sentado un criterio uniforme y firme para resolverlos, aunque hace algunos años la Suprema Corte resolvió, sin que haya sentado jurisprudencia, que en aras de la realidad, no de la ficción formalista, la fecha de la sentencia debe tenerse el día que se firmó y pudo ser conocida por las partes. Más entonces, ¿porqué no se ha promovido la reforma sino mantener vigente, obligatoria, tal disposición obsoleta? No es necesario extenderse en cuestión tan obvia.
En consecuencia, la iniciativa es muy simple, pero resume la experiencia de funcionarios judiciales, litigantes y afectados por la situación sintéticamente expresada, para el efecto de suprimir el imperativo de resolver en la misma audiencia y sólo establecer que al terminar ésta las partes quedan citadas para sentencia y ésta se pronunciará en términos de la Ley de Amparo (según diversa iniciativa que también se promueve).
Por lo expuesto se propone el siguiente
DECRETO
Se modifica el artículo 107 constitucional para sustituir su parte final: "pronunciándose en la misma audiencia la sentencia", quedando en su lugar los que sigue:
Terminada la audiencia, las partes quedarán citadas para sentencia, la cual se dictará en los términos que marca la ley reglamentaria.
TRANSITORIO
Esta reforma entrará en vigor el mismo día señalado para la vigencia de la reforma del artículo 155 de la Ley de Amparo, decretada por esta Legislatura.
Salón de sesiones del recinto alterno del Palacio Legislativo, 25 de mayo de 1991.- Diputados: Alexandro Martínez Camberos, Isidro Aguilera Ortíz, Miguel Aroche Parra, Ignacio Castillo Mena, Francisco Curi Pérez Fernández, Jorge Martínez Almaraz, Ismael Yáñez Centeno, Huber González Jarillo, Ciro Mayén Mayén, Reynaldo Rosas Domínguez, José del Carmen Enríquez Rosado, Gilberto López y Rivas, Mario Rojas Alba, Leonel Godoy Rangel, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Pablo García Farías, Rafael Melgoza Radillo y Margarito Ruíz Hernández.»
Como complemento de esta proposición de reformas, se presenta el siguiente, también proyecto de decreto.
«PROYECTO DE REFORMA
AL PRIMER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 155
DE LA LEY DE AMPARO, REGLAMENTARIA DE LOS
ARTÍCULOS 103 Y 107
CONSTITUCIONALES
Ciudadanos secretarios de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión.- Presentes.
Los suscritos, diputados en ejercicio de dicha Legislatura, en uso de las facultades que nos otorga el artículo 71 fracción II constitucional, en relación a los artículos 58 fracción I y 62 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente propuesta para reformar el párrafo primero del artículo 155 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República.
CONSIDERANDO
Este precepto constituye un verdadero fósil viviente en la legislación mexicana que no sólo resulta absurdo a primera vista, sino inverosímil que haya podido subsistir hasta la fecha, a pesar de tantas reformas como, para bien o para mal, se han venido introduciendo a partir de 1917, desde la Constitución General de la República hasta leyes secundarias, con menos de un sexenio de vigencia e, inclusive, como acaba de ocurrir en material electoral, apenas en el mes de agosto de 1990 se aprobó el Código Federal de Institución y Procedimientos Electorales y se le reformó en diciembre del mismo año.
Dicho artículo establece, a la letra:
"Abierta la audiencia, se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continúo se dictará el fallo que corresponda."
Como se ve, hasta un iletrado en derecho, por lógica simple, encontrará absurdo que se exija a todo juez de distrito que pronuncie una sentencia a continuación de recibir las pruebas, sin siquiera leerlas, no ya estudiarlas, igual que los alegatos por escrito de las partes.
Además, el segundo párrafo del mismo artículo prevé:
"El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, de portación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extractos de sus alegaciones, si lo solicitare."
El tercer párrafo agrega:
"En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y contrarréplicas."
Se impone recalcar: tan pronto el secretario termine de anotar en el acta que le fueron presentados tales o cuales documentos o asentar la recepción de los informes de las autoridades señaladas como responsables, o escrito la parte final de tal o cual testimonio, o el extracto de las alegaciones verbales, en los casos especiales previstos en la propia ley, el juez está obligado a dictar su resolución definitiva.
A cualquiera sorprenderá que este precepto haya podido sostenerse vigente, aun cuando, conforme a la semántica jurídica y la sociología del derecho, su positividad o relevancia sea nula, sin que, por otra parte, su existencia en el papel tenga alguna utilidad, así sea ficta. Podemos creer, con cierto esfuerzo, que en los remotos tiempos de idealidad legislativa, cuando el loable propósito de enfatizar la celeridad de los juicios de amparo impulsó este disparatado ordenamiento, en los casos de algunos juzgados que no tenían más que una audiencia al día y los problemas jurídicos fuesen de gran sencillez, o de simple trámite material, hubiese sido aplicado, si no estrictamente a la letra, por lo menos en términos hábiles, fallándose en la misma fecha de la audiencia constitucional, ¿Pero en el México actual?
¿Cuál es la realidad, conocida por abogados, funcionarios y el común de la gente? En resumen: terminada la audiencia, salen las partes sin saber cuándo se pronunciará el fallo; pasan lo mismo días, que semanas o meses y, no es exageración, más de un año en algunos casos difíciles, hasta que es notificada una sentencia de la fecha en que se celebró la audiencia, con un agregado final concebido en términos semejantes al siguiente: "así lo resolvió el ciudadano juez, hasta hoy (aquí la fecha del día real), en que lo permitieron las labores del juzgado" (o "en que las labores del juzgado permitieron pasar en limpio el presente fallo"). Y ya a nadie le causa novedad ni extrañeza tan peregrina "explicación".
Pero en muchas ocasiones, esta dualidad de fechas crea no sólo confusiones sino conflictos, algunos muy serios, que no estimamos necesario pormenorizar aquí, por ser fácilmente previsibles para los profesionales del derecho. Al respecto, podemos decir que hace muchos años la Suprema Corte resolvió, sin haber sentado jurisprudencia y por tanto no siendo norma obligatoria, que, en aras de la realidad y no de la ficción formalista, debe entenderse que la fecha de la sentencia es aquella en que se firmó y puso ser conocida por las partes (decisión que nos parece apropiada o menos rebatible). Más, entonces, ¿por qué mantener vigente y, por ende, obligatorio el precepto en cuestión? No consideramos necesario adentrarnos en mayores razonamientos sobre esta cuestión tan obvia.
En consecuencia, la reforma es muy simple, pero resume la experiencia de muchos años, lo mismo de litigantes, que de funcionarios y empleados judiciales, estableciendo tres términos escalonados,
según los juicios presenten menor o mayor posibilidad fáctica o necesidad objetivamente apreciable de resolver conforme a derecho.
Por tanto, con apoyo en los artículos 71 constitucional, en relación a los artículos 58 fracción I y 62 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, promovemos la siguiente reforma:
ÚNICO
Se modifica el primer párrafo del artículo 155 de la Ley de Amparo en vigor, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para quedar en los términos siguientes:
Abierta la audiencia, se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público. Al término de la audiencia, las partes quedaran citadas para sentencia, la que se pronunciará en los siguientes 20 días hábiles si hubiese suspensión del acto o actos reclamados, en 10 días en caso contrario y en cinco días si existiera prueba clara y fehaciente de que procede el sobreseimiento.
Atentamente.
Salón de sesiones del recinto alterno del Palacio Legislativo, 30 de abril 1991.- Diputados: Margarito Ruíz Hernández, Hiram Rivera Teja, Fernando Palacios Vela, Ismael Yáñez Centeno, Gregorio Urías Germán, Humberto Urquiza Marín, Alfredo Torres Robledo, Isidro Aguilera Ortíz, Alfredo Pliego Aldana, Sergio Rueda Montoya, Patricia Olamendi Torres, Rafael Melgoza Radillo, Rosalío Wences Reza, Carlos Navarrete Ruíz, Rodolfo Armando Armenta Scott, Ignacio Castillo Mena, Alexandro Martínez Camberos, Ciro Mayén Mayén, Victor Manuel Ávalos Limón, Octavio Ortíz Melgarejo, Reynaldo Rosas Domínguez, Francisco Curi Pérez Fernández, Miguel Aroche Parra, Manuela Sánchez López, Pablo García Figueroa y Gerardo Ávalos Lemus.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alexandro Martínez Camberos, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 123 fracciones XVIII, XIX, XX y XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Alexandro Martínez Camberos: - Señor Presidente:
«Anteproyecto de reformas al artículo 123 constitucional, en sus fracciones XVIII, XIX, XX y XXI, en relación a las juntas de Conciliación y Arbitraje.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Los suscritos, diputados en ejercicio de esta LIV Legislatura, en uso de las facultades que nos otorgan los artículos 71 fracción II de la Constitución General de la República, así como los artículos 58 fracción I y 62 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos las siguientes propuestas para reformar el artículo 123 constitucional en sus fracciones XVIII, XIX, XX y XXI, conforme al siguiente
CONSIDERANDO
1o. Nuestros constituyentes de 1916- 1917, de acuerdo a su mayoritaria ideología avanzada, "obrerista", pero aún difusa e idealista, o sea idealizando el desarrollo de las organizaciones de trabajadores, recién reconocidas y amparadas por la propia Carta Magna, en su justificado propósito de alejar al poder público de los conflictos obrero - patronales que tan nefasta memoria habían dejado, recordándose sobre todo las huelgas de Río Blanco y Cananea, al par que orientándose por ciertos antecedentes del norte de Europa, establecieron las juntas de Conciliación y Arbitraje, integradas de forma tripartita (con representantes de los obreros, el gobierno y los patrones); y así subsisten hasta la fecha.
2o. Ahora bien, desde el principio, surgieron problemas de interpretación sobre el carácter jurídico, operativo, de imperio y efectividad de estas nuevas figuras constitucionales típicas. ¿Eran sólo "buenos componedores" o árbitros administrativos? ¿Sus resoluciones eran o no obligatorias? ¿Lo eran sólo para las partes más no para terceros? ¿Se trataba de tribunales propiamente dichos? ¿Rompían el principio de división de poderes?, etcétera, etcétera... Y para cada criterio podía encontrarse fundamento en alguna sentencia, lo mismo de jueces comunes o de amparo, hasta llegar a la Suprema Corte, que a veces, con breves diferencias de tiempo,
fallaba contradictoriamente (véase el "Semanario Judicial", por lo menos de 1920 a 1924, o sea el Tomo XXII). Larga, muy larga sería la exposición de una prolongada, difusa y contradictoria evolución del concepto de juntas de Conciliación y Arbitraje, que penosamente llegó al actual. A ello contribuyeron connotados juristas, entre los cuales destacan Narciso Bassols, Trinidad García, Esteva Ruíz, Maximiliano Camiro, Francisco de P. Morales, Paulino Machorro Narváez, Alberto Trueba Urbina, Mario de la Cueva y, más recientemente, Jorge Carpizo.
3o. Las tesis al parecer definitivas de la Suprema Corte de Justicia, seguidas en lo esencial por los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, son en el sentido de que se trata de una figura constitucional específica, con jurisdicción e imperio, aunque no sustentan un veredicto ininpugnable, como es el caso de los jurados populares, el cual deben fundar y motivar en términos de las garantías de los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, por lo que dichos laudos - sentencias son impugnables a través del juicio de amparo. Sin embargo, según afirma el doctor Fix Zamudio: "No obstante el tiempo transcurrido, todavía se discute en la doctrina y la jurisprudencia la naturaleza jurídica de las juntas de Conciliación y Arbitraje". Con mayor frecuencia, razón y énfasis se pone en duda, lo mismo entre letrados laboristas, que en los medios sindicales y patronales, la justificación social de tales juntas, pues la experiencia de setenta años arroja un resultado no sólo ambiguo o dudoso, sino cada vez más acendradamente negativo.
4o. Al respecto, en primer lugar en las juntas de Conciliación y Arbitraje, se refleja el desarrollo distorsionado y corrupto de las organizaciones obreras oficialistas; en segundo término, el crecimiento de la clase patronal, incipiente en 1917, implica su mayor poder de influencia y hasta imposición de sus intereses sobre los órganos de mediación estatal sobre los llamados "factores de la producción", el capital y el trabajo; y, en tercer lugar, no de menor importancia que los anteriores, encontramos la burocratización de las juntas, integradas con funcionarios y empleados que, con las excepciones que confirman la regla, mal pagados y sin perspectivas de superación económico - social, quedan limitados y constreñidos por el "coyotaje", los arreglos subrepticios y aún cínicos, entre los representantes del "trabajo" y los abogados del capital. La ejemplificación de estas afirmaciones resulta obvia para quienes han tenido alguna intervención en los juicios laborales ventilados en las ya famosas, negativamente, juntas de Conciliación y Arbitraje, en toda la República; inclusive, en provincias es peor la situación. Por lo tanto, no es necesario extenderse al respecto, habiendo sido muy parcos, e inclusive, superficiales, en aras de la brevedad.
5o. A lo anterior debe agregarse que, salvo cuando los juicios se tranzan (y el término tranzar cada vez más significa contubernio, componenda, confabulación, entre los abogados de las partes), llegan al conocimiento y resolución de los tribunales federales, en amparos biinstanciales o directos (ante juzgados de Distrito o Colegiados de Circuito). De tal manera que el propósito inicial de que las juntas de Conciliación y Arbitraje resolvieron de forma pronta y expedita, se ha vuelto nugatorio, conociéndose conflicto obrero patronales que llevan años sin resolución definitiva, ello, obviamente, en perjuicio de la parte obrera, a la cual, pretendidamente, se trataba de proteger o ayudar en su situación económica.
6o. La idea central de esta iniciativa es la desaparición de las juntas de Conciliación y Arbitraje, así como, por supuesto, la no intervención de autoridades administrativas, locales y federales, dependientes de los gobernadores y del Presidente de la República, salvo en ciertas fases preliminares o de avenimiento. ¿En qué órganos o instituciones del Estado se estima que deben recaer las funciones de tales juntas? Si bien la judicatura federal se ha venido demeritando ante la opinión pública, por razones que no son de expresarse aquí, consideramos es el poder Judicial Federal en quien debe encomendarse la importación de la justicia laboral; o sea: que dentro de la ley orgánica respectiva se debe establecer el sistema para resolver toda controversia entre el capital y el trabajo.
7o. De esta manera, se crearían jueces de distrito específicos en materia de trabajo (no de amparo, ya existentes), que conocerían, tramitarían y resolverían todos los conflictos laborales, pudiéndose establecer la suplencia de las deficiencias de la parte trabajadora, reconociendo el principio constitucional de que las leyes sobre el trabajo son de orden público y protectoras de la parte más débil, que es la obrera frente al capital. Todo juicio terminaría con una sentencia, de primera instancia y por tanto, recurrible en apelación, conforme un Código Federal de Procedimientos Laborales. Contra los fallos de segunda instancia, sólo procedería el amparo directo ante tribunales colegiados de circuito, cuyas sentencias serían irrevocables. Por supuesto, autos y resoluciones incidentales, serían combatibles
en vía de amparo (ante otro juez de distrito según la ley respectiva). Así, se lograría un sistema congruente de justicia federal, en fin de cuentas más jurídico, pronto y expedito que con la intrusión de autoridades administrativas en lo que genéricamente llamamos la justicia laboral.
8o. Naturalmente, esta reforma es apenas la base fundamental, indispensable e imperativa, para los cambios legales en los varios niveles de su aplicación: Ley Federal del Trabajo; Ley Orgánica del Poder Judicial; Ley de Amparo; pero cuya reforma será fundamentalmente técnica, siguiendo los lineamientos del cambio constitucional y con las modalidades que ha aportado la jurisprudencia. Por supuesto, los intereses creados en relación a las juntas serán una rémora para esta reforma, desde las centrales obreras y sindicatos con representación formal en las juntas, los gobernadores de los estados y el jefe del Departamento del Distrito Federal, en cuanto pierden influencia y poder para nombrar al personal de las juntas, así como el que actualmente labora en ellas. Pero esos obstáculos deberán ser salvados con la necesaria reforma que se propone, en el superior interés de la justicia laboral (con la circunstancia, no es ocioso agregar, que la gran mayoría de los trabajadores, técnicos del derecho y administrativos, podrían formar el personal de los juzgados laborales propuestos). Al desaparecer constitucional y legalmente las juntas de Conciliación y Arbitraje, federales y locales, obviamente quedarán abrogados todos los reglamentos internos referentes a ellas, incluyendo los de las procuradurías del trabajo relativas, sin necesidad de reforma alguna.
9o. Sin embargo, en este sistema federal de justicia laboral, se estima que deben subsistir las juntas locales de conciliación, permanentes y transitorias, para que realicen su función de avenimiento entre las partes, en las zonas donde no exista juzgado de distrito pero sí centros de trabajo de importancia, facilitando su inmediata (geográfica y temporal), intervención en los conflictos laborales, inspecciones y actividades preparatorias a un juicio propiamente dicho (zonas con uno o más centros industriales, de materia no federal); como está previsto en la actual Ley Federal del Trabajo, la determinación del lugar o zona económica en que se instalarán estas juntas, nombramiento de su personal y sostenimiento, corresponderán a los gobernadores de los estados.
10. Las juntas federales de conciliación no rompen el principio rector de esta reforma, puesto tienen un claro carácter administrativo de avenimiento, no jurisdiccional, que pueden subsistir en cuanto representan una preinstancia, que termina por consenso de las partes conciliadas, o bien, en caso contrario, para dar paso al litigio, al proceso laboral propiamente dicho, ya en manos de un órgano judicial verdadero: el juez de distrito en materia de trabajo, cuyo número y distribución determinará la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia se propone:
I. En las fracciones XVIII y XIX, basta sustituir las palabras "Junta de Conciliación y Arbitraje", por juez de distrito en materia laboral que corresponda.
II. La fracción XX será reformada, a fondo, para que las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, así como los conflictos intergremiales, se sujeten a la intervención de las juntas de Conciliación, formadas partidariamente por representantes de los obreros y los patronos, con los del gobierno, local y federal, según la materia, exclusivamente para el avenimiento de las partes, mediante convenio que ponga fin al caso. Al no lograr tal finalidad, o alcanzarse sólo parcialmente, la junta cesará en sus funciones, enviará el expediente al juez de distrito en materia de trabajo más cercano, autoridad que seguirá el procedimiento y sentenciará, y, en su caso, designará un inspector del trabajo competente, para vigilar el cumplimiento de la parte consensada del conflicto. Estas juntas llevarán el registro de las asociaciones obreras, y, si se negare, procederá el amparo indirecto.
III. En cuanto a la actual fracción XXI, no es posible admitir que en un régimen de derecho que tanto se proclama, siga abierta una salida a los patrones, para negarse a someter sus problemas con sus trabajadores al procedimiento y fallo de un tribunal laboral, con solo que indemnice a la parte obrera que lo venció legalmente "con tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto" (tan precaria y vagamente expresado que deviene intranscendente), con la circunstancia de que la otra "sanción" a su rebeldía, o sea dar "por terminado el contrato de trabajo", es en realidad contraria a los intereses del trabajador. Se requiere, pues, que la fracción XXI determine un procedimiento obligatorio, rápido y sencillo, ante los jueces de distrito en materia de trabajo, establecido técnicamente en un Código Federal de Procedimientos Laborales, tomando en cuenta la jurisprudencia de la Suprema Corte
y los tribunales colegiados de circuito sobre la vigente Ley Federal del Trabajo en su aspecto procesal. Asimismo, es necesario puntualizar constitucionalmente que la resistencia de la parte patronal a comparecer al juicio, no lo invalidará ni superará, el cual terminará con una sentencia fundada y motivada, incluyendo el caso del convenio entre las partes, pues se elevará a la categoría de fallo definitivo, en cuyo caso la sentencia no será recurrible ni materia de amparo. Por último, se requiere establecer que ninguna sentencia condenatoria, de primera o segunda instancia, dejará de ejecutarse. Subsistirá la disposición final de tal fracción para determinar que si la negativa a acatar una sentencia proviniere de los trabajadores, se tendrá por terminado el contrato de trabajo, pero agregándose que se liquidarán todas sus prestaciones vigentes conforme a la Ley Federal del Trabajo y el contrato terminado, pues su anulación no puede ser retroactiva.
Por lo expuesto y fundado, con apoyo en el artículo 71 constitucional, en relación a los artículos 58, fracción I y 62 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, promovemos la siguiente reforma:
Único. Se reforma el artículo 123 constitucional, en sus fracciones XVIII, XIX, XX y XXI, para quedar en los siguientes términos:
XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, al juzgado de distrito competente, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejercieren actos violentos contra las personas o las propiedades, o en caso de guerra cuando aquellos pertenezcan a los establecimientos y servicios que dependan del gobierno.
XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga necesario suspender el trabajo para sostener los precios en un límite costeable, previa aprobación del juzgado de Distrito que corresponda.
XX. Las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo, así como los problemas intergremiales se sujetarán a la intervención de las juntas de conciliación, integradas por un representante de los obreros, otro de los patrones y uno del gobierno, local o federal, según la materia, exclusivamente para el avenimiento de la parte actora y de la demanda, mediante convenio que ponga fin al problema. De no lograrse tal finalidad, o alcanzarse solo parcialmente, la junta cesará en sus funciones, enviará el expediente al juez de distrito en materia de trabajo más cercano, autoridad que seguirá el procedimiento y resolverá el problema; en su caso, la junta designará un inspector del trabajo competente, para vigilar el cumplimiento de lo consensado. Estas juntas registrarán las asociaciones obreras y su negativa será impugnable en amparo.
XXI. El trámite en los juzgados de distrito será expeditivo y obligatorio, conforme al Código Federal de Procedimientos Laborales, reglamentario de esta fracción. La resistencia de la parte demandada a comparecer al juicio no lo evitará ni lo suspenderá, resolviéndose fundada y motivadamente; en caso de lograrse convenio, se elevará a la categoría de sentencia definitiva, inapelable y no impugnable en amparo. Ninguna sentencia condenatoria y ejecutoriada dejará de cumplimentarse. La negativa de los trabajadores de acatar un fallo adverso sólo operará para se declare terminado el contrato del trabajo, liquidándose todas las prestaciones vigentes antes del juicio, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
TRANSITORIOS
Único. Conforme al principio de vacatio legis, estas reformas, además de cumplirse con lo dispuesto en el artículo 135 constitucional, entrarán en vigor hasta quince días después de la publicación del Código Federal de Procedimientos Laborales y las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, junio 7 de 1991.- Diputados: Alexandro Martínez Camberos, Ignacio Castillo Mena, Francisco Curi Pérez Fernández, Jorge Martínez Alvarez, Ciro Mayén, Gilberto López y Rivas, Reynaldo Rosas Domínguez y Carmelo Enríquez Rosado."
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
ARTÍCULOS 6o. Y 7o.
CONSTITUCIONALES
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar
una iniciativa de reformas a los artículos 6o. y 7o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: Evidentemente la manifestación de ideas deben ser tales que no perjudiquen los derechos de terceros; que sea ésta indiscriminada e indistinta encausada a las ideas básicas que representa la democracia en todos los ámbitos, que propicie la formación ideológica de la ciudadanía y por ende el respeto a la libertad de expresión. La oportunidad igualitaria para todas las fuerzas políticas de manifestar sus trabajos proselitistas para romper con todos los vicios antidemocráticos y promover la información nacional.
Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados: " Vicente Luis Coca Alvarez, diputado Federal a la LIV Legislatura, en base a los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a los artículos II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa de decreto, que contiene reformas a los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia a la siguiente.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Los medios de comunicación juegan un rol primordial en todas las esferas de la vida nacional, representan el cuarto poder por las tendencias que marcan el rumbo de buscar lo interactuante, la realidad a la que pertenecemos todos en conjunto y ante la necesidad de alcanzar los grados más altos de civilización que confeccionan el entendimiento de las distintas maneras de pensar de los mexicanos.
En el ámbito político, a partir de aquella jornada histórica electoral de julio de 1988, las fuerzas de este hecho abrieron grandes espacios que habían permanecido intocables pese a la importancia que revestían, en suma, la democracia apareció en la escena política a través de los medio de comunicación.
El trabajo legislativo realizado por la LIV Legislatura al Congreso de la Unión ha ido en defensa de los intereses fundamentales que requerimos los mexicanos desde los términos del poder adquisitivo hasta la lucha por la soberanía nacional. Los medios de comunicación han tratado de dar a conocer a la población las distintas cuestiones que acontecen día tras día en el Poder Legislativo; sin embargo, existen monopolios de estos medios que sólo dan cabida a aquellos grupúsculos auspiciados por el partido en el gobierno. Si bien los medios informativos han evolucionado de una manera increíble en las últimas décadas del presente siglo, es inconcebible que los verdaderos intereses nacionales permanezcan ajenos a la realidad que vivimos y más cuando uno de estos medios de mayor alcance nacional es la televisión.
Una vez más se abre el panorama electoral que decidirá el futuro de nuestra nación en los próximos tres años, cuando quede conformada la LV Legislatura, por lo que deben surgir hombres y mujeres verdaderamente capaces de sacar adelante a nuestro país de los mínimos requerimientos necesarios que establece nuestra ley fundamental y que ha pasado por desapercibida por querer sólo beneficiar a un sector de la población que quiere apoderarse de toda la riqueza de la nación y dejar a la mayoría en la pobreza.
En efecto, no es noticia señalar que son los medios de comunicación los que permitirán ese marco democrático que hoy más que nunca requiere nuestro país. Es necesario abrir espacios que ilustren a la población las distintas ideas políticas y sus perspectivas para nuestra nación y sea a ésta la que finalmente decida cuál de ellas podrán resolver los problemas que atañen al país.
Los medios informativos tienen la herramienta fundamental en defensa de la sociedad, de cuidar la libertad y la dignidad de los mexicanos y fomentar selectivamente la superación que como sociedad requerimos. Es reprobable que al mismo tiempo que se piensa en un Tratado de Libre Comercio que insertará a México en el comercio mundial de bienes y servicios, por otro lado se obstaculice la vida democrática del país queriéndola sumir de nuevo en la antidemocracia.
Para muestra un botón; en el estado de Michoacán se están utilizando a los medios informativos como factor promotor y publicitario en beneficio de un solo partido político que invierte cantidades exorbitantes; por más de 3 mil millones de pesos, para su campaña política y lo más lamentable es que aparte de los que le corresponde legalmente para fines electorales, recurre a los fondos del erario público y más aún a aquellos fondos destinados a un programa para erradicar la pobreza.
Si una cosa es cierta es que quieren lograr por todos los medios los espacios perdidos en la última contienda federal electoral, cueste lo que cueste; paso a paso se va apoderando de los medios informativos, prensa escrita, radio, televisión, incluso el cine.
Mientras tanto los demás partidos políticos han sido cobardemente desplazados en estos medios para participar indirectamente es una de las corrupciones más cínicos que nuestro país haya tenido. Es como querer envolver a la sociedad en un modo que no le pertenece históricamente y que al ver a una población que se rinde ante circunstancias que pueden propiciar una desestabilización aparatosa, en lugar de encausarlos benéficamente, ello propicia que nuestra propia sociedad pierda su integridad y que incluso nos pueda hacer pensar que para recuperarse será necesario la confrontación armada.
Con esto no queremos decir que puede ser el recurso más obvio sino que históricamente hemos visto como muestra sociedad ha recurrido a este tipo de fuerza cuando sus intereses realmente se encuentran secuestrados por quienes no atienden las demandas sociales. Democracia está pidiendo el pueblo; a la democracia que se le niega su aparición. Como el feto del seno de la madre se le niega el derecho a la vida utilizando el crimen más atroz: el aborto. Los mexicanos no queremos violencia, empero la violencia la está proporcionando el propio Estado a través de su partido.
Ciertamente estamos obligados a responder a la sociedad democráticamente en estas elecciones federales; el espacio está abierto y el cambio mundial así lo exige; no podemos denegar un hecho que la historia está marcando y si los grandes sistemas planificadores han optado por la democracia, por que se vislumbra difícil ese giro de 360 grados, en nuestro país; es el momento de derribar las barreras de un partido cuasi monárquico.
Los medios de comunicación deberán entonces, abrir sus espacios informativos a la población en el marco de la democracia. Informar de las distintas opciones políticas en el nuevo mosaico de la democracia mexicana; abrir espacios principalmente en aquellos medios que abarquen la difusión visual y auditiva mediante los debates públicos, los encuentros con las sociedad y las gestiones que realicen los partidos políticos. Es primordial que la prensa escrita inserte las distintas actividades que realicen los candidatos regionales para que sea la ciudadanía la que reciba finalmente la realidad proselitista dentro y fuera de cualquier jornada electoral, que conozcan la continuidad realizada a través del Poder Legislativo; en suma, informar sobre los principios e ideas básicas que representa la democracia en todos los ámbitos , la formación ideológica de la ciudadanía y por ende el respeto a la libre expresión de ésta; la oportunidad igualitaria para todos los partidos políticos de corresponder a la sociedad no bajo falacias tergiversando la información que sólo provoca denigrar la imagen no sólo de un candidato o de un partido político sino el propio sistema político mexicano ante nuestra sociedad y ante el mundo; romper con todos los vicios antidemocráticos y unipartidistas sobre los medios de comunicación reivindicando el derecho a la libre expresión y la libre recepción de información; la información no debe ser estatizada por que rompe con el contexto histórico de la libre expresión.
No toleramos que los fondos de programas nacionales y fondos públicos sean utilizados para compañías políticas del partido en el poder, no podemos endeudarnos más ni interna ni externamente sólo para beneficiar a un partido que desde hace mucho tiempo dejo de ser de la simpatía del pueblo. Desde esta tribuna y a través de esta iniciativa hago un llamado a los medios de comunicación para que sean los que abran la filosofía democrática que hoy más que nunca requerimos como nación.
Por todo lo anterior expuesto, y en base en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presentó ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados iniciativa de decreto que contiene reformas a los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos.
Artículo 6o. La manifestación de ideas no será objeto de discriminación alguna; ni de inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información contribuirá a demostrar la base firme de la vocación democrática de la nación y será garantizada por el Estado.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier material. Ninguna ley, autoridad u organismo puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los medios de comunicación social estarán obligados de manera indistinta e indiscriminada a brindar apoyo a los distintos partidos políticos que integran el mosaico democrático del país para difundir sus ideas en todos los ámbitos ilustrado a la ciudadanía las distintas opciones políticas informando adecuada y suficientemente a la sociedad. En ningún caso podrá perseguir a informador social alguno respecto de las ideas políticas que propale. El Estado velará por el irrestricto cumplimiento de este dispositivo En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.
El Estado estará obligado a defender a la sociedad de su libertad y dignidad sobre los valores fundamentales de la cultura nacional. Deberá buscar la divulgación de la cultura mexicana, de visión universal y humanística encaminada al aprovechamiento de los conocimientos. La información que emitan los medios de comunicación social impedirán la recepción de valores antinacionales e inmorales contrarios a la cultura nacional.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de Prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operaciones y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciando, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos.
El gobierno garantizará la información democrática de la labor que realice el Poder Legislativo, mediante la transmisión en los medios visuales de información, durante las sesiones que éste realiza de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de este propio ordenamiento constitucional.
TRANSITORIOS
Único. El presente decreto previo los trámites constitucionales a que se refiere el artículo 135 de la Constitución General de la República, entrará en vigor al día siguiente de su publicación.
Dado en la sala de sesiones del recinto alterno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los dos días del mes de julio de mil novecientos y uno.- Diputado Vicente Luis Coca Alvarez.»
Trámite:- Túrnese a la Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales.
DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA (I)
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO
DE LA MICROINDUSTRIA
El Presidente: - Dentro del capítulo de iniciativas, en donde nos encontramos en el orden del día, se dará a la iniciativa que reforma y adiciona la Ley Federal para Fomento de la Microindustria y para eso tiene la palabra la diputada María del Carmen Moreno de Almanza.
La diputada María del Carmen Moreno de Almanza:
"Honorable asamblea: A las comisiones unidas de Comercio y Artesanías fue turnado para su estudio, discusión y dictamen a iniciativa de Ley Federal de Protección y Fomento a la Producción de Artesanías, presentada por la Comisión de Artesanías de esta LIV Legislatura.
CONSIDERANDOS
1) En su exposición de motivos los proponentes aluden que la producción de artesanías hoy en día propicia la creación de empleos y fuentes permanentes de ingresos económicos, favoreciéndose con esto el desarrollo regional y la reducción de la emigración.
2) La artesanía constituye mediante la manufactura de diversos artículos, objetos o bienes singulares o de reproducción plural, una forma de conservar elementos que constituyen parte del patrimonio cultural en nuestro país; ya que las expresiones más originales de la artesanía, se producen en el medio rural o en las pequeñas poblaciones de los estados, limitado esto a los artesanos para acceder a programas de estímulos financieros y a la comercialización de sus productos.
3) Se considera indispensable reconocer al artesano como persona física, agente productor de manufacturas calificadas de artesanías, con la finalidad de dotarlo de personalidad jurídica; para los efectos de que su actividad cuente con los apoyos crediticios y vías de comercialización. Para ello se propone el reconocimiento legal mediante un procedimiento administrativo simplificado.
4) A partir del reconocimiento legal del artesano como agente económicamente activo, habrán de planearse nuevas perspectivas y el acceso a otros derechos que hoy en día se encuentran cerrados al artesano y su familia
5) En consideración a que, por disposición del artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, corresponde a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, con excepción de los precios de bienes y servicios de la administración pública federal; regular, promover y vigilar la comercialización, distribución y consumo de los bienes y servicios; fomentar, estimular y organizar la producción económica del artesanado, de las artes populares y de las industrias familiares. Con base a lo anterior, se le atribuye a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial en forma directa, la responsabilidad de incorporar al marco legal la actividad artesanal, sin perjuicio de las que pudieran corresponder a otra dependencia.
6) Que la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria comprende dentro de su normatividad todos los aspectos que requiere la artesanía para su reconocimiento legal y que los procedimientos administrativos para aplicar esta ley cuentan con la simplificación requerida en la iniciativa de la presentada por la Comisión de Artesanías, estas comisiones unidas de Comercio y Artesanías proponen someter a la aprobación de esta honorable asamblea las adiciones necesarias a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria que especifique la incorporación de la artesanía al marco legal.
7) Las comisiones unidas que suscriben, estimaron conveniente proponer la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, con fundamento en lo que dispone el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General para quedar como sigue
PROYECTO DE DECRETO
QUE REFORMA Y ADICIONA
LA LEY FEDERAL PARA
EL FOMENTO DE LA
MICROINDUSTRIA Y LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
Artículo único. Se reforma el título; los artículos 1o., 3o., 4o., 9o., 11 y 13 y se adicionan los artículos 7o., con la fracción IV; 20, con un segundo párrafo; 22, con un tercer párrafo y 37, con la fracción IX de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, para quedar como sigue:
LEY FEDERAL PARA EL FOMENTO
DE LA MICROÍNDUSTRIA Y LA
ACTIVIDAD ARTESANAL
Artículo 1o. La presente ley es de orden público y de interés social, sus disposiciones se aplican en toda la República y tienen por objeto fomentar el desarrollo de la microindustria y de la actividad artesanal, mediante el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como a través de facilitar la constitución y funcionamiento de las personas morales correspondientes, simplificar trámites administrativos ante autoridades federales y promover la coordinación con autoridades locales o municipales para este último objeto.
Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entenderá por:
I. Empresas microindustriales, a las unidades económicas que, a través de la organización del trabajo y bienes materiales o incorpóreos de que se sirvan, se dediquen a la transformación de bienes, ocupen directamente hasta 15 trabajadores y cuyas ventas anuales estimadas o reales no excedan de los montos que determine la Secretaría, los cuales se publicarán en e Diario Oficial de la Federación;
II. Artesanía, a la actividad realizada manualmente en forma individual, familiar o comunitaria, que tiene por objeto transformar productos o sustancias orgánicas e inorgánicas en artículos nuevos, donde la creatividad personal y la mano de obra constituyen factores predominantes que les imprimen características culturales folklóricas o utilitarias, originarias de una región determinada mediante la aplicación de técnicas, herramientas o procedimientos transmitidos generacionalmente, y
III. Artesanos, a aquellas personas cuyas habilidades naturales o dominio técnico de un oficio, con capacidad innatas o conocimientos prácticos o teóricos, elaboran bienes u objetos de artesanías.
Artículo 4o. Los empresarios de las microindustrias y los que se dediquen a la actividad artesanal, pueden ser personas físicas o morales que se constituyan con apego a las disposiciones de esta ley, así como de otras leyes en cuanto les sean aplicables sin contravenir a la primera.
Artículo 7o....
I a III...
IV. Impulsar las tareas de investigación y de aplicaciones de técnicas de mejoramiento para el fomento y desarrollo de la producción artesanal.
Artículo 9o. Los empresarios deberán indicar su nombre o, en su caso, la denominación comercial de la empresa, seguidos de las palabras "empresa microindustrial" o las siglas "MI" y "ART" tratándose de personas físicas que se dediquen a la producción de artesanías, para su fácil identificación y distinguirlos en el otorgamiento de los beneficios a que se refiere esta ley
Artículo 11. Al cancelarse la inscripción y la cédula, el empresario no podrá seguir utilizando el término "empresa microindustrial" o su sigla "MI", y "ART", en su caso, ni solicitar y obtener los beneficios que se conceden a las empresas microindustriales, quedando obligado a devolver la cédula a la Secretaría dentro de un plazo de 15 días hábiles.
Artículo 13. Las sociedades de que trata el artículo anterior existirá bajo una denominación o una razón social que se formará con el nombre de uno o más socios. La denominación o la razón social irán inmediatamente seguidas de las palabras "Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial" o de su abreviatura "S de R. L. MI.", y de las siglas "ART" tratándose de personas morales que se dediquen a la producción de artesanías. La omisión de este requisito sujetará a los socios a la responsabilidad que establece el artículo 25 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Artículo 20 ...
El padrón contará con una sección para las personas físicas y morales que se dediquen a la producción de artesanías.
Artículo 22 ...
El número de la cédula de microindustria, así como las siglas "ART", podrán ir impresas en los productos artesanales.
Artículo 37 ...
I a VIII ...
IX. Fomentar la producción de artesanías, para lo cual podrá:
a) Formular las recomendaciones pertinentes a las dependencias y entidades de la administración pública federal involucradas, con el propósito de consolidar y ampliar los niveles de productividad de la actividad artesanal; facilitar el abastecimiento de los insumos necesarios para el desarrollo de ésta; gestionar los financiamientos que correspondan y promover la comercialización directa de los productos artesanales;
b)Proponer los criterios para otorgar los certificados de origen, así como las normas mínimas de calidad que deben cumplir las artesanías para su exportación;
c) Promover la celebración de acuerdos de coordinación con las entidades federativas, para fomentar la producción de artesanías, involucrando la participación de organismos especializados en la materia, y
d) Propiciar la concentración regional de la producción artesanal con el fin de facilitar su promoción, a través de la celebración de ferias y exposiciones artesanales, a nivel nacional e internacional, conforme a las disposiciones aplicables.
TRANSITORIO
Único. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 1o. de julio de 1991. Rúbricas.»
Me permito llamar la atención de esta soberanía y del señor Presidente de la mesa directiva, para solicitar que a esta iniciativa de proyecto de decreto de reformas que adiciona la Ley de Microindustrias y dado el tiempo que las artesanías han estado solicitando y los artesanos contar con un marco jurídico, se le aplique el trámite dispuesto en el artículo 70 del reglamento de esta Cámara, por tratarse de un asunto de urgente y obvia resolución. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Como se solicita en el cuerpo de la iniciativa con el que se acaba de dar cuenta, le ruego a la secretaría consulte a la asamblea si se dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El Secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en
votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse por favor manifestarlo... Gracias. Dispensados todos los trámites, señor Presidente.
En consecuencia está discusión en lo general el proyecto de decreto.
El Presidente: - Esta Presidencia en la discusión en lo general ha recibido las proposiciones de tres diputados para razonar su voto.
En consecuencia, tiene la palabra el diputado Juan Jaime Hernández, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, con este mismo objeto.
El diputado Juan Jaime Hernández: - Señor Presidente; diputadas, diputados: "Lo que no vale el modo en que se hace, vale sin embargo del modo que se puede".
«Nos hemos inscrito para razonar nuestro voto en relación a las reformas a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, porque si bien es cierto que el anteproyecto de iniciativa de la Ley para el Fomento y Protección de Artesanías, coincide en parte muy importante con el contenido de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, sin embargo las esencia del proyecto que presentó la Comisión de Artesanías, es más amplio, más completo y por sobretodo apegado a la realidad, puesto que este proyecto se derivó de la consulta directa habida por la Comisión de Artesanías a los artesanos del país en los diferentes foros en los que personalmente los diputados integrantes de la comisión y pertenecientes a las diferentes fracciones políticas tomaron las angustias, las necesidades de los artesanos para traducirlas en ley.
Por esta razón, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quiere recalcar ante esta soberanía, el hecho tan pueril de los asesores de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, al rechazar en forma tajante y abierta la aprobación del proyecto de ley presentada por la comisión, bajo pretextos infantiles y basados en una burocracia destinada a entorpecer la buena marcha del país y soslayar olímpicamente los reclamos del pueblo de México.
Recalcamos que es totalmente incongruente que por el capricho de funcionarios genuflexos al sistema y queriendo quedar bien con don Carlos Salinas y con el Secretario Serra Puche, rechazan una petición popular pretextando que en ella se incorporan algunos preceptos de la Ley de Microindustrias, pero en el fondo, el pretexto de los asesores de la secretaría y de su titular, es que la iniciativa no provenía del Ejecutivo y en consecuencia hay que desechar todo reclamo popular, puesto que esto al gobierno no le importa ni le preocupa porque ello no le genera al sistema, en forma aparente beneficios económicos y tienen flojera reestructurar los apartados burocráticos que los obliga para la atención del pueblo de México.
La fracción parlamentaria del Partido Autentico de la Revolución Mexicana, atenta a las necesidades de quienes viven de y por las artesanías de nuestra patria y siendo indispensable la promulgación de preceptos que los proteja ante los embates voraces de una Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se ha convertido en una verdadera inquisición; la ambición de muchos gobiernos de los estados y municipios, convertidos en explotadores de las artesanías, de grupos políticos y sobretodo del partido en el poder, que utilizan para fines del voto y luego los desechan como material inservible a los artesanos más desprotegidos por su situación económica, político y cultural, y a fin de erradicar la manipulación de líderes que so pretexto de impulsar la producción y venta artesanal, convierten a estos artífices en esclavos y sometidos a la tienda de raya, por estas razones hemos aceptado la incorporación de los capítulos más importantes a la Ley de Microindustrias, señalando que para mayor seguridad y efecto se reforme el título de la referida ley para que quede como Ley Federal para Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Las reformas que se proponen, desde luego definen a satisfacción de Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, tanto al artesano como a la actividad artesanal, las formas de constituirse en lo individual, lo familiar y lo comunal, así como la posibilidad de incorporarse en personas morales adoptando todas las formas que las leyes en la materia señalen, sin que por esto dejen de percibir los beneficios que al efecto en la ley en forma señala. La incorporación a un padrón y la cédula que los distinga como artesanos, constituye una parte medular de esta reforma, así como el certificado tanto de calidad como de origen, que les abrirá las puestas tanto al mercado interno como al internacional, suprime el intermediarismo y la paternidad estatal, de tal forma que quedan excluidos los liderazgos y cacicazgos electorales, en donde el artesano en lo individual, familiar o comunal,
o constituido en personas morales podrán ejercer la producción y el libre comercio.
De esta manera y ante la responsabilidad que por primera vez en la historia, se le encomienda al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana de presidir una comisión legislativa, quiere dejar plena constancia del esfuerzo parmista, para conjuntar opiniones del pueblo de México de los diputados del Partido Acción Nacional, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, del Partido del Trabajo y de los diputados independientes, que de alguna forma constituyeron a la elaboración del proyecto de Ley para el Fomento y Protección de las Artesanías, puesto que sin ello no hubiere sido posible que la comisión encomendada a la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, no hubiere rendido los frutos que hoy se recogen. Es incuestionable que la buena voluntad por una parte, el esfuerzo personal de los señores legislador/es y la buena armonía que campeo para escuchar en todo el país a los artesanos de todas las clases sociales, ideológicas y económicas, así como agrupaciones artesanales afiliadas a diversos partidos políticos, dejando a un lado intereses personales o de grupo o de partido político, se pudo concretar en un ordenamiento jurídico lo esencial para la protección de los derechos de quienes estaban al margen de cualquier ordenamiento jurídico y a expensas de explotadores.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reconoce y hace patente su reconocimiento a los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Artesanías y los invita a seguir unidos colaborando, a efecto de que se pueda tener a la mayor brevedad el instrumento de ejecución de estas reformas plasmadas en un reglamento que les dé vida y factibilidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria del Partido Autentico de la Revolución Mexicana emite su voto en favor de las reformas y adiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Sala de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, a 2 de julio de 1991.- Por la fracción Parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputados: Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza, Jesús González Bastién, Francisco Castañeda Ortíz, Juan Santiago Arana Díaz, J. Octavio Colombres Carbajal, Vicente Luis Coca Alvarez, José Francisco Melo Torres, Teodoro Altamirano Robles, Marcos Antonio Castellanos López, Humberto Esqueda Negrete y Lorenzo Treviño Santos.»
El Presidente: para razonar su voto, tiene la palabra la diputada Manuela Sánchez, del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Manuela Sánchez López: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: El Partido de la Revolución Democrática tiene entre sus filas a miles de artesanos, lo cual nos motivó a participar en las diferentes giras de trabajo y foros que organizó la Comisión de Artesanías de la Cámara de Diputados, en los cuales a través de las ponencias de los verdaderos artesanos nos convencimos de la necesidad de legislar una ley para el fomento de la microindustria y la actividad artesanal que contemplara, entre sus articulados, la oportunidad a los pequeños artesanos de poder fomentar a través de créditos su actividad artesanal, a la vez poner un freno a los empresarios voraces que explotando la fuerza de trabajo de los verdaderos artesanos se enriquecen a costa de ellos.
Nos dimos cuenta en las giras de trabajo cómo grandes empresas, como la de El Palomar, de Tonalá, Jalisco, tiene a cientos de artesanos que trabajan sumidos en el anonimato, cuando que el o los empresarios no saben ni tomar un pincel y las empresas de vidrio soplado, en donde niños hasta de 11 años ya están trabajando, ya que son los hijos de los verdaderos artesanos que han retomado esa profesión a través de sus padres y que estos niños cuando llegan a ser hombres de 20 años, ya se quedaron ciegos por el calor del horno.
Por eso y porque contemplamos que esta ley tiene como fin proteger a las clases de artesanos rurales y a los más marginados y porque es una iniciativa que emana de una necesidad de carácter social y porque la hemos elaborado diputados de todas las fracciones parlamentarias, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática se declara a favor de las reformas de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal.
Gracias.
El Presidente: - Para razonar su voto, tiene la palabra la diputada Teresa Cortés, del Partido Acción Nacional.
La diputada María Teresa Cortés Cervantes: - Gracias, señor Presidente; compañeras y
compañeros diputados: Yo creo que el problema del artesano es un problema complejo que pues no se puede resolver únicamente con una ley. Nosotros pensamos que hay una necesidad de un desarrollo integral para el artesano y las modificaciones a la ley de la Microindustria únicamente afrontan una parte del problema, que es el desarrollo económico de la situación artesanal.
Esta ley, este dictamen que se está proponiendo a esta asamblea, es el resultado del trabajo de cuatro foros que tuvimos a lo ancho y largo del territorio nacional, como ya lo expusieron aquí mis compañeros que hicieron uso de la palabra.
Esta iniciativa, este trabajo de la Comisión de Artesanías y este dictamen que se está sometiendo a discusión en este momento, no es una iniciativa del Ejecutivo, este trabajo es una iniciativa presentada por un grupo de diputados miembros de la Comisión de Artesanías.
Yo quisiera dar a conocer a ustedes los problemas, enumerarlos, que los artesanos expusieron en estos foros que nosotros tuvimos en la República Mexicana.
Uno de los problemas más importantes que los artesanos expusieron en los foros de consulta que hicimos, el principal fue el problema fiscal, que creemos que quedó solucionado cuando el pasado mes de diciembre se discutió la Miscelánea Fiscal y que se hicieron reformas al artículo 119 - C y 119 - I de la Ley del Impuesto Sobre la renta.
Otro problema que los artesanos presentaron a esta comisión, fue el de la obtención de la materia prima, la comercialización, la educación técnica, la seguridad social y el problema ecológico, que muy poco se ha tocado.
Nosotros hubiéramos deseado tener una ley exclusivamente para las artesanías, pero esto no fue posible. Desafortunadamente en nuestra ley, la ley que estaba proponiendo la Comisión de Artesanías, se detuvo en la Secretaría de Comercio.
Nosotros hicimos todo cuanto estuvo en nuestras manos para que esta ley de artesanías se diera como nosotros la deseábamos.
Lo que pudimos lograr fue incluir en la ley de Microindustrias un capítulo especial dedicado a las artesanías, en donde se define el concepto de artesano y de artesanía. Se específica también, aquí en esta Ley de Microindustrias, la elaboración de un padrón del artesano, así como el otorgamiento de apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, mediante un programa especial para el artesano, en el cual participaremos miembros de la Comisión de Artesanías.
En cuanto al problema educativo, creemos que esto va a se competencia de la Secretaría de Educación Pública.
El Problema de esta ley, nosotros lo consideramos así como del de muchas otras leyes, no es su promulgación únicamente, sino también su difusión. Es menester que los involucrados en la actividad artesanal conozcan que ya tienen una protección jurídica y legal. El problema del artesano, como el de muchos otros, es un problema de dignidad, es un problema de elevación humana.
Independientemente de que exista una ley, nosotros consideramos que debemos de darle a la artesanía y al artesano la dignidad que se merecen y no considerarlos como ciudadanos de segunda o de tercera clase y únicamente como carne de cañón de mitin.
El objetivo de legislar a favor del artesano es elevar su situación a rango constitucional y que ya sea sujeto de créditos, que también sea tomado en cuenta en acuerdos y tratados, como el Tratado de Libre Comercio.
Como lo manifestamos con anterioridad, la semana pasada, hubiéramos deseado una ley exclusiva para os artesanos y la artesanía; ya que esta situación no fue posible, consideramos que la Ley de Microindustria recoge en parte los principales planteamientos que consideramos de vital importancia, además de que las leyes son también para perfeccionarse.
Por lo anteriormente expuesto, el voto de la fracción parlamentaria d Partido Acción Nacional será a favor de este dictamen.
Por el grupo parlamentario de Acción Nacional, los diputados José González Mortín, José Herrera Reyes, Espiridión Sánchez, Ceferino Ramos Nuño, Salvador Fernández Gavaldón, Sergio Herrera Montoya, Jaime García y la de la voz, María Teresa Cortés., Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado José Herrera Reyes.
El diputado José Herrera Reyes: - Señor Presidente; señores diputados: No voy a ser repetitivo,
puesto que ya mi compañera fue clara en su exposición de que toda la fracción parlamentaria de Acción Nacional va a aprobar esta ley.
Pero si quiero resaltar algo importante que pasa en varios estados de la República y especialmente en el estado de Oaxaca, en donde, como todos ustedes saben, es un estado eminentemente de artesanos.
En casi las siete regiones del estado de Oaxaca tenemos artistas, tenemos artesanos que se quejan en todas las oficinas públicas para encontrar apoyo y de ellas emigran porque ni la actual administración pública, ni el Programa Nacional de Solidaridad no otras dependencias federales, han podido llegar a todos los rincones del estado.
En especial me quiero referir, señores diputados, a la cerámica, que desde hace muchos años ha operado en Oaxaca en sus diferentes formas, en sus diferentes tamaños, como es la loza verde, la loza roja de la que emanan diferentes figuras. así como el barro negro.
La alfarería en el Valle de Oaxaca está por desaparecer y de ello ha dado cuenta la prensa y han intervenido para resolver ese problema, tanto las universidades como el Tecnológico de Oaxaca, para evitar que esa industria pequeña desaparezca del estado de Oaxaca.
Se le objeta de que los elementos que se utilizan hacen daño a los pequeños artesanos. Pero de ello, señores diputados, no ha existido hasta el momento ninguna fórmula, ningún dictamen u opinión que en verdad los elementos que utilizan para hacer mejor sus obras, sean motivo para que esta industria desaparezca.
Y es por eso, señores diputados, que aunque la ley que ahora está en estudio, no es amplia que digamos, pero sí encontramos en ella alguna base, es por eso también que la apoyamos para que no sólo esta industria se conserve, sino que todas las demás, como es la alfarería, la herrería, también en el estado de Oaxaca, la talabartería, la tejeduría de Teotitlán del Valle, Oaxaca, que también se quejan por falta de créditos.
Por eso, señores diputados, apoyaremos esta ley y la seguiremos reformando o pidiendo sus reformas, para que alcance al artesano en toda su magnitud. Muchas gracias.
El Presidente: - Para fijar la posición de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, tiene la palabra la diputada Albertina Barbosa de Meraz.
La diputada María Albertina Barbosa de Meraz: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: He pedido el uso de la palabra, más que para razonar el voto del Partido Revolucionario Institucional y su organización, la Confederación Nacional Campesina, la cual desde hace muchos años ha aglutinado en sus filas a los artesanos campesinos que se encuentran localizados en casi todo el territorio nacional y cuya actividad es decisiva para el desarrollo e integración regional, para esbozar algo que es muy importante respecto a lo que estamos presentando en este momento las comisiones unidas de Artesanías y Comercio.
Nunca fue el objetivo al pugnar por la instalación de la Comisión de Artesanías, comisión que no es de las que se instalan regularmente, legislar una ley que se tornara en ley muerta, por lo que al encontrarnos con la gran dificultad de concertar una ley participar en la que tendría que ver casi todas las secretarías de Estado, decidimos elevar a rango constitucional esta actividad, hasta la fecha absolutamente desprotegida, a través de 10 adiciones a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria, la cual en lo sucesivo será ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, en virtud de que originalmente se planteó una iniciativa que era paralela a una ya existente, se acordó comentar con el Ejecutivo y se recibió el total apoyo del secretario de Comercio, doctor Jaime Serra Puche.
Los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, nos abocamos a buscar un instrumento para resolver el problema de desprotección jurídica del artesano, para facilitarle su acceso a la resolución de sus problemas y en todo momento se contó con la buena disposición del subsecretario del ramo, del jurídico de la Secretaría y de la que va a ser operativa en la práctica; estas reformas con las cuales hemos concertado un compromiso para elaborar un programa que será la respuesta que los diputados asumimos de dar al compromiso en coordinación con el Ejecutivo, a este grupo productivo por excelencia, que se llama "los artesanos mexicanos".
Es oportuno comentar a ustedes en este momento, que el programa de acciones contendrá las respuestas a la necesidad del crédito, la capacitación, la comercialización, con diversas alternativas tanto a nivel nacional como internacional
y los beneficios sociales que nunca han disfrutado los artesanos, de salud y vivienda.
En síntesis, podría yo decirles que el programa contará con el censo artesanal, clasificación de la producción artesanal, coordinación entre los tres niveles de gobierno, regionalización de la producción artesanal, centros de acopio y distribución de materias primas, organización de los productores, comercialización, capacitación, diseño, simplificación administrativa y créditos.
Por lo anteriormente expuesto pido a ustedes compañeras y compañeros diputados, su voto a favor de este dictamen que plantea la base del desarrollo económico y social de los artesanos mexicanos. Muchas gracias.
El Presidente: - Para razonar su voto, por el Partido Popular Socialista, tiene la palabra el diputado Lucio Bermúdez Aristeo.
El diputado Lucio Bermúdez Aristeo: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados; Solicité utilizar la tribuna para razonar el voto del Partido Popular Socialista, respecto a la iniciativa de Ley Federal de Protección y Fomento a la Producción de Artesanías, en los términos siguientes:
En recientes declaraciones del Congreso de Trabajo, hay en nuestro país más de ocho millones de desempleados, quienes víctimas de la política neoliberal y modernizadora, caracterizada por la venta indiscriminada de empresas del Estado propiedad del pueblo, se debate en las más cruel insalubridad, hambre y miseria.
Es menester aclarar que nadie con sentido común, menos la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, está en contra de modernizar la producción nacional y menos lo que se refiere a los renglones que comprenden la elevación de vida de las masas populares. Pero esta cuestión es distinta a la acción privatizadora del Estado Mexicano, que de la política modernizante, pasa a la sujeción, a la entrega de los intereses nacionales a los del gobierno de los Estados Unidos de América, que históricamente, está demostrando, nunca ha intervenido en nuestro país para resolver a atenuar siquiera los problemas de nuestro país; sino todo lo contrario.
Ahora bien, las reformas propuestas a varias disposiciones de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, tienen como objetivo el fomento y desarrollo de la microindustria y la actividad artesanal, a través de importantes apoyos fiscales, financieros, de mercado y de asistencia técnica, así como simplificar trámites.
Consideramos que esta iniciativa constituye el primer paso para mejorar a miles de mexicanos, generalmente grupos étnicos que por muchas décadas han estado abandonados a su suerte. Estamos seguros que si el Estado mexicano, atiende la producción artesanal, si se combate el intermediarismo que existe en este renglón tan importante, si se estimula en todos los aspectos lo que producen nuestros compatriotas, no obstante el difícil momento económico, si se diversifica, además, el mercado, si se rompe la atadura con el mercado de los Estados Unidos de América, es evidente que se mejorarán las condiciones de existencia de millones de familias que por siglos han vivido en esta importante actividad: la producción artesanal.
Por esta razón y por considerar de importancia las reformas propuestas a la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista votará a favor de la iniciativa.
Muchas gracias.
El Presidente: - Consulte la secretaría si el proyecto de decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular...
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior
(Votación.)
Señor Presidente, se han emitido 304 votos a favor y ninguno en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 304 votos, que reforma y adiciona la Ley Federal para el Fomento a la Microindustria.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
(Aplausos.)
MINUTAS (II)
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
El Presidente: - En el transcurso de la sesión, esta Presidencia recibió un oficio de la honorable Cámara de Senadores. Se ruega a la secretaría dar cuenta con él.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores.- México, D.F.
Ciudadanos Secretarios de la honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Para sus efectos correspondientes, nos permitimos remitir a ustedes el expediente que contiene la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 2 de julio de 1991.- Senadores secretarios: Eliseo Rangel Gaspar y Gustavo Almaraz Montaño.
MINUTA PROYECTO DE DECRETO
POR EL QUE SE REFORMAN
Y ADICIONAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY
FEDERAL DE DERECHOS
DE AUTOR
Artículo único. Se reforman los artículos 4o., 6o., 7o., inciso i, y j, 17, párrafo, tercero, 25 párrafo primero, 72, 80, 88 último párrafo, 89 párrafo primero, 90 párrafo primero, 130, 132 fracción II, 135 párrafo primero y fracciones II y III, 136 párrafo primero, 137, 138 párrafo primero, 139, 140, 141, 142, 143 y 157; y se adicionan los artículos 7o., con un inciso k, 18 con un inciso f, 87- bis, 88 con una fracción III, 142- bis, 157- A y 157- B de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue.
Artículo 4o. Los derechos que el artículo 2o. concede en su fracción III al autor de una obra, comprenden la publicación, reproducción, ejecución, representación, exhibición, adaptación y cualquiera utilización pública de la misma, las que podrán efectuarse por cualquier medio según la naturaleza de la obra y de manera particular por los medios señalados en los tratados y convenios internacionales vigentes en que México sea parte.
Tales derechos pueden ser transmisibles por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la concesión de uso o explotación temporal, como el arrendamiento.
Artículo 6o. Los derechos de autor son preferentes a los de los intérpretes y de los ejecutantes de una obra, así como a los de los productores de fonográmas; en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.
Artículo 7o. ..
a) a h) ..
i) De fotografía, cinematografía, audiovisuales, de radio y televisión;
j) De programas de computación, y
k) Todas las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas.
...................................
Artículo 17 ..
Es libre el uso de la palabra de autor anónimo mientras el mismo no se dé a conocer, para lo cual dispondrá del plazo de cincuenta años contados a partir de la primera publicación de la obra.
Artículo 18. ..
a) a e) .. y
f) La copia que para su uso exclusivo como archivo o respaldo realice quien adquiera la reproducción autorizada de un programa de cómputo.
Artículo 25. Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periódicamente.
Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos.
..
Artículo 72. El derecho de publicar una obra por cualquier medio no comprende, por sí mismo, el de su explotación en representaciones o ejecuciones públicas. Se considerará que una obra es objeto de representación o ejecución pública cuando sea presentada por cualquier medio a auditores o espectadores sin restringirla a determinadas personas pertenecientes a un grupo privado y que supere los límites de las representaciones domésticas usuales.
Artículo 80. ..
I a III ..
Para los efectos legales, se considerará fonográma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.
Artículo 87- bis. Los productores de fonográmas gozarán del derecho de autorizar u oponerse a la reproducción directa o indirecta de sus fonográmas, así como, a su arrendamiento o cualquier otra forma de explotación, siempre y cuando no se lo hubiera reservado los autores o sus causahabientes. Asimismo, gozarán del derecho de oponerse a la distribución o venta de la reproducción no autorizada de sus fonográmas.
La protección a que se refiere este artículo será de 50 años , contados a partir del final del año en que se fijaron por primera vez los sonidos incorporados al fonográma.
Para los efectos legales, se considerará productor de fonográmas la persona física o moral que fija por primera vez la ejecución de una obra o de otros sonidos.
Artículo 88. El derecho de oposición se ejercerá ante la autoridad judicial:
I y II..y
III. Por los productores de fonográmas, en los supuestos del artículo 87- bis.
La oposición a la utilización secundaria de una ejecución dará a reclamar la indemnización correspondiente al abuso del derecho, en los términos del artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.
Artículo 89. Los intérpretes, ejecutantes o productores de fonográmas, podrán solicitar de la autoridad judicial competente, las providencias previstas en los artículos 384 y 385 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para impedir la fijación, reproducción, distribución, venta o arrendamiento a que se refieren los artículos 87 y 87- bis de esta ley.
..
Artículo 90. La duración de la protección concedida a intérpretes o ejecutantes, será de cincuenta años contados a partir:
a) a c) ..
Artículo 130. La solicitud, trámite y registro de las obras se realizará conforme lo disponga el Reglamento de Registro Público del Derecho de Autor.
Artículo 132. ..
I ..
II. Permitir que las personas que lo soliciten se enteren de las inscripciones y, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, de los documentos que obran en el registro.
Tratándose de programas de computación el acceso a los documentos sólo se permitirá mediante autorización del titular del derecho de autor, su causahabiente o por mandamiento judicial y sin menoscabo de los derechos del autor, en aquellos casos que determine el Reglamento, del Registro Público del Derecho de Autor.
III y IV. ..
Artículo 135. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de 50 a 500 días de salario mínimo, en los casos siguientes:
I ..
II. Al editor, productor o grabador que edite, produzca o grave para ser publicada una obra protegida, y al que la explote o utilice con fines de lucro, sin consentimiento del autor o del titular del derecho patrimonial.
III. Al editor, productor o grabador que produzca mayor número de ejemplares que los autorizados
por el autor o sus causahabientes o a cualquier persona sin que, autorización de éste o éstos, reproduzca con fines de lucro un programa de computación;
IV a VIII ..
Artículo 136. Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa por el equivalente de 50 a 300 días de salario mínimo, en los casos siguientes:
I a V..
Artículo 137. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa por el equivalente de 50 a 300 días de salario mínimo, o ambas sanciones a juicio del juez, al que sin consentimiento del intérprete, ejecutante o del titular de sus derechos explote con fines de lucro una interpretación.
Artículo 138. Se impondrá prisión de 30 días a un año o multa por el equivalente de 50 a 300 días de salario mínimo, o ambas sanciones a juicio del juez, a quienes estando autorizados para publicar una obra, dolosamente lo hicieren en la siguiente forma:
I a III ..
Artículo 139. Se impondrá prisión de dos meses a una año o multa por el equivalente de 50 a 300 días de salario mínimo, a quien dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no publicada que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento de dicho titular.
Artículo 140. Se impondrá prisión de seis meses a tres años o multa por el equivalente de 50 a 500 días de salario mínimo, a los editores o impresores responsables que dolosamente inserten en las obras una o varias menciones falsas de aquellas a las que se refieren los artículos 27, 53, 55 y 57 de esta ley. En los casos de reincidencia dichas penas no serán alternativas, sino acumulativas.
Artículo 141. Se impondrá a los funcionarios de las sociedades de autores que dispongan para gastos de administración de cantidades superiores a las previstas en el artículo 104 de esta ley, siempre que no concurra el caso a que se refiere el párrafo tercero del mismo precepto, las sanciones siguientes:
I. Prisión de seis meses a tres años y multa por el equivalente de 50 a 300 días de salario mínimo, cuando la suma erogada no exceda de 500 veces dicho salario en la fecha de la comisión del delito, y
II. Prisión de tres a seis años y multa por el equivalente de 100 a 500 días de salario mínimo, cuando la suma erogada exceda de 500 veces dicho salario en la fecha de la comisión del delito.
Artículo 142. Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa por el equivalente de 50 a 500 días de salario mínimo, a quien sin la debida autorización explote o utilice con fines de lucro discos o fonográmas destinados a ejecución privada.
Artículo 142- bis. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de 50 a 500 días de salario mínimo, a quien en fracción a lo previsto en el artículo 87- bis reproduzca, distribuya, venda o arriende, fonográmas con fines de lucro.
Artículo 143. Para la aplicación de las sanciones económicas a que se refiere este capítulo, se tomará como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de la comisión del delito o de la infracción.
Las sanciones económicas, en caso de delito, se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño.
Las infracciones a esta ley y a sus reglamentos, que no constituyan delito, serán sancionadas por la Dirección General del Derecho de Autor, previa audiencia del infractor, con multa por el equivalente de 10 a 500 días de salario mínimo.
Al tenerse conocimiento de la infracción, se notificará debidamente al presunto responsable, emplazándolo para que dentro de un término de 15 días, que puede ampliarse a juicio de la autoridad, ofrezca las pruebas para su defensa y alegue lo que a su derecho convenga. El monto de la multa será fijado teniendo en cuenta la naturaleza de los derechos y las condiciones económicas del infractor.
En caso de reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de seis meses, la autoridad podrá imponer el doble de las multas.
Artículo 157. Contra las resoluciones emitidas por la Dirección General del Derecho de Autor, se podrá interponer recurso administrativo de reconsideración ante la unidad administrativa
correspondiente de la Secretaría de Educación Pública dentro de los 15 días hábiles siguientes a aquél en que se notifique la resolución. La notificación se hará por correo certificado o por cualquier otra forma fehaciente.
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo precedente, sin que el afectado interponga el recurso, la resolución de que se trate quedará firme.
Artículo 157- A. El recurso administrativo de reconsideración deberá formularse por escrito y contener los siguientes requisitos:
I. Nombre, denominación o razón social;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para ello;
III. Acto que se impugna y puntos concretos de hecho y de derecho en que se funde el recurso;
IV. Los agravios que le cause el acto impugnado;
V. Las pruebas que considere pertinentes;
VI. Documentos que acrediten su personalidad, en su caso;
VII. Documentos en que conste el acto impugnado, y
VIII. Constancia de notificación del acto impugnado.
En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la unidad administrativa competente requerirá al promovente para que en el plazo de cinco días los subsane; de no ser satisfechos, se tendrá por no presentado el recurso.
Artículo 157- B. La Secretaría de Educación Pública, a través de la unidad administrativa competente para sustanciar y resolver el recurso administrativo de reconsideración, podrá allegarse cuantos elementos de prueba estime necesarios y estará obligada a comunicar oportunamente mediante correo certificado o en otra forma fehaciente si modifica, anula o confirma la resolución o resoluciones impugnadas.
Tratándose de impugnación de multas, el interesado deberá comprobar ante dicha unidad administrativa, haber garantizado su importe más los accesorios legales ante las autoridades hacendarías correspondientes, conforme a los ordenamientos aplicables.
No procede el recurso administrativo de reconsideración tratándose de laudos arbitrales a que se refiere el artículo 133 de esta ley.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El reglamento del Registro Público del Derecho de Autor deberá ser expedido dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. En tanto, permanecerá en vigor lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Salón de sesiones del Honorable Cámara de Senadores.- México, Distrito Federal, a 2 de julio de 1991.- Senadores: Fernando Silva Nieto, Presidente; secretarios: Elíseo Rangel Gaspar y Gustavo Almaraz Montaño.»
Trámite: Túrnese a la Comisión de Educación Pública.
ºº DICTÁMENES DE PRIMERA
LECTURA (II)
LEY SOBRE ELABORACIÓN
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leyber Martínez González, para presentar una iniciativa.
El diputado Leyber Martínez González:
«Comisiones Unidas de Comercio y Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Honorable asamblea: A las comisiones de Comercio y Agricultura y Recursos Hidráulicos fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa que presentó al pleno de esta honorable Cámara de Diputados la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional para la expedición de la "Ley sobre Control en la Elaboración, Venta y Fomento al Consumo de Café Tostado", mediante la cual se abroga la "Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado".
De la parte considerativa de tal petición, los diputados plantearon, que siendo la actividad cafetalera de gran importancia en la economía del país, tanto por la extensión territorial en que se desenvuelve, como por el número de comunidades, municipios y entidades en las que se realiza, la significativa fuente de ocupación
y empleo que origina, así como las divisas que se obtienen por su comercialización en el mercado exterior, consideran prioritario actualizar el marco legal en que actualmente se desenvuelve la venta de café con distintos grados de valor agregado; ya sea semiindustrializado o industrializado.
Se refieren también los proponentes a la necesidad de estimular el mercado interno del café para favorecer a todos los participantes que conformaron el sector, en particular al pequeño cafeticultor siempre expuesto a contingencias que por lo regular presionan a la baja los precios de su cosecha.
Contiene también la iniciativa, la propuesta para regular la venta de café tostado puro, exento de sustancias extrañas que modifiquen o reduzcan sus propiedades lo que permitiría aumentar el volumen del consumo interno beneficiando a los pequeños productores que constituyen el segmento más débil en la cadena productiva y son los más vulnerables en el mercado cafetalero.
Al recibir el turno de la iniciativa, estas comisiones unidas hicieron una amplia consulta que abarcó a las entidades del sector público involucradas como son las secretarías de Comercio y Fomento Industrial, la de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el Instituto Mexicano del Café, la Procuraduría Federal del Consumidor; del sector social a quienes ostentan la representación de la Unión Nacional de Productores de Café de la Confederación Nacional Campesina a las organizaciones que conforman el Consejo Agrario Permanente, a las organizaciones de la pequeña propiedad; y de la iniciativa privada fueron consultadas la Asociación Nacional de la Industria del Café, A. C., y la Asociación Mexicana de Exportadores de Café, A.C.
Esta consulta aportó valiosos elementos de juicio para conocer la compleja problemática de esta actividad y elaborar el análisis de la propia iniciativa en los términos siguientes:
Coincidimos con los diputados proponentes sobre la importancia de la actividad cafetalera y con la conveniencia de propiciar todas las medidas que tiendan hacia su expansión y fortalecimiento; actividad a la que deben concurrir los sectores involucrados con mayor grado de responsabilidad y eficiencia y participar de los excedentes económicos en la proporción que las condiciones de competitividad les permitan:
Estas comisiones estiman también que las motivaciones de la iniciativa se satisfacen en su mayor parte con la legislación actual, es decir, con la "Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado" en vigor la que requiere actualizarse mediante las adiciones y reformas en que hayan coincidido los objetivos de la incitativa con los intereses de todos los sectores a los que vaya a regir y que fueron consultados.
Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto y ordenado en los artículos 87, 88 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso 64 de la Ley Orgánica del propio Congreso, las comisiones Unidas de Comercio y de Agricultura y Recursos Hidráulicos se permiten someter y solicitar a esta honorable asamblea, la aprobación del siguiente
PROYECTO DE INICIATIVA
DE DECRETO QUE REFORMA
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA
LEY SOBRE ELABORACIÓN
Y VENTA DE CAFÉ TOSTADO
Artículo único. Se reforman los artículos 3o., 5o., 7o., y 9o., de la "Ley sobre Elaboración y Venta de Café Tostado", debiendo quedar como sigue:
Artículo 3o. Para los efectos de esta Ley, se considera café puro a aquel que no lleve ninguna mezcla.
El café tostado sólo podrá ser mezclado si se observa rigurosamente las normas de información comercial sobre calidad de cumplimiento obligatorio que se elaboren y expidan conforme a la Ley Federal sobre Metereología y Normalización.
Artículo 5o. El café tostado, exceptuando el café en grano y el molido a la vista del consumidor sólo podrá venderse en envases cerrados, sellados o precintados que ostenten clara y verazmente los siguientes datos:
I a II. ..
IV. En el caso de mezclas, la información que requieran la o las normas de cumplimiento obligatorio a que se refiere el artículo 3o., de esta ley, las cuales, por lo menos exigirán que se releve claramente el contenido de sustancias o materia extraña que contenga y su porcentaje respecto del contenido de café tostado; de su caso, la mención de los aditivos necesarios para
conservar el producto que se le han incorporado y si se le han extraído parcial o totalmente las sustancias naturales.
V. Las demás que exijan las leyes y reglamentos aplicables.
Artículo 7o. Se prohibe:
I. Adulterar el café puro y venderlo como si se tratara de café puro;
II. Elaborar o vender café tostado sin cumplir estrictamente con la o las normas a que se refiere el artículo 3o. de esta ley;
III. ..
IV. (Derogada.)
V. (Derogada.)
Artículo 9o. La venta o intención de venta de café puro que haya sido adulterado con sustancias o materias extrañas, exceptuando los aditivos para su conservación, y que se ofrezca como café puro será sancionada en los términos del artículo 253 del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia de Fuero Federal, además de las sanciones administrativas correspondientes.
Las demás infracciones serán sancionadas conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor.
TRANSITORIO
Primero. Estas reformas entrarán en vigor precisamente a los 60 días hábiles de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial procederá a determinar las organizaciones y organismos o entidades de productores, industriales, comercializadores y consumidores de café que, en los términos de La Ley Federal sobre Metrología y Normalización procederá a constituir un Comité Consultivo de Normalización que se aboque a elaborar el o los proyectos de las normas a que se refiere esta ley antes o coincidentemente con la entrada en vigor de esta ley. Hasta aquí el dictamen.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 2 de julio de 1991. Rúbricas.»
Para todos nosotros es sabido que la actividad cafetalera en nuestro país, se desarrolla en dos estados de la República, con una población de productores en el orden de 270 a 77 mil; de esta actividad depende una población de 3 millones de mexicanos, sin embargo, no obstante la riqueza que genera esta actividad, la gran mayoría de productores viven en condiciones de marginación, debido fundamentalmente a su escasa participación en esta actividad.
En este marco ha sido una vieja demanda de los productores de café el lograr que el mercado interno de este sector tuviera una regulación más adecuada, que buscara una seguridad en este mercado del café, así como también el poder oferta al consumidor un producto de calidad.
Por ello habría que reconocer por parte de las comisiones de Agricultura y Comercio la solidaridad y la comprensión de todos los diputados que conforman estas dos comisiones, de manera específica de la fracción de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Popular Socialista, del Frente Cardenista, del Partido Auténtico de la Revolución, con quienes tuvimos la oportunidad de lograr que esta añeja inquietud de que los productores obtuvieran una reforma de la actual legislación y que por censos hoy estemos proponiendo legislar en torno a esta actividad del mercado interno del café mexicano.
Con esto creemos, en primer término, lograr con este nuevo jurídico tener una mayor seguridad por parte del productor de colocar en mejores precios su producto. Por lo que toca al consumidor, el que pueda tener la posibilidad de optar por consumir café 100% puro o como en su momento se argumentó, que tienen el hábito de consumirlo de manera mezclado, también tenga esa opción.
Sin embargo, creemos que la demanda que los productores de café, de la organización y del partido al que independientemente pertenezcan, está siendo satisfecha en este intento de legislación que hoy los diputados de una manera plural estamos sometidos a consideración de esta asamblea.
Por ello, creo que es de reconocerse este esfuerzo que todos con un sólo propósito de servir a los productores de café y a los consumidores estemos llegando a esta conclusión. Nosotros como diputados del partido se los reconocemos, pero quien se los va a valorar en el futuro serán los productores de café.
Por ello, señor Presidente, honorable asamblea, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pido que se dispense el turno a comisión y el correspondiente dictamen, para el efecto se solicite a la asamblea su acuerdo expreso para calificarlo de urgente y de obvia resolución, procediéndose después a la votación que así lo resuelva a la discusión correspondiente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Como se solicita en el cuerpo de la iniciativa con que se acaba de dar cuenta y por conducto del diputado Leyber Martínez, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y votación de inmediato.
El diputado Leyber Martínez González: Gracias, señor Presidente.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y con fundamento, precisamente, en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Gracias. Dispensados todos los trámites.
En consecuencia, está a a discusión en lo general el proyecto de decreto...
El Presidente: - No habiendo ningún orador en lo general, consulte la secretaría si el proyecto está suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 273 votos en pro y cero en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 273 votos el proyecto de decreto de reformas a la Ley sobre el Control en la Elaboración, Ventas y Fomento al Consumo de Café Tostado.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa el Senado para sus efectos constitucionales.
LEY DE LA REFORMA AGRARIA
Y LEY DE CRÉDITO RURAL
El Presidente: - En el capítulo de dictámenes de primera lectura, tiene la palabra la diputada Arely Madrid, para presentar el dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 103 de la Ley de la Reforma Agraria y 54 de la Ley de Crédito Rural.
La diputada Arely Madrid Tovilla:
«Comisión de Reforma Agraria
Honorable asamblea: A esta Comisión de Reforma Agraria, fue turnada, para su estudio y dictamen, el proyecto de reformas y adiciones a los artículos 54 de la Ley General de Crédito Rural y 103 de la Ley Federal de Reforma Agraria, iniciativa, presentada por la diputación campesina.
Esta comisión estudió acuciosamente la iniciativa mencionada y estableció las siguientes:
CONSIDERACIONES
1o. La reforma es procedente porque se apoya en un hecho real, que ha sido un obstáculo en el desarrollo de las mujeres que integran la unidad agrícola industrial de la mujer, lo que implica un ajuste de tipo técnico a las disposiciones legales en referencia.
Es notoria la preocupación de los promoventes, de procurar el fortalecimiento de la actividad que en el medio rural desempeñan las mujeres campesinas y el deseo de ellas de integrarse plenamente al desarrollo, sin los obstáculos que para ello encuentra en la aplicación de los textos legales vigentes.
En efecto, expresan:
"La urgente y necesaria generación de empleos en el medio rural, la baja productividad, el hecho de que las mujeres campesinas constituyen la mitad de la población rural y que sean ellas
las que más resientan cotidianamente la problemática de sus comunidades, debe obligarnos solidariamente a todos los sectores del país a reconocer la prioridad que merece la integración plena de la mujer al desarrollo, y a procurar los elementos indispensables para que dicha integración se consolide en favor de una producción agrícola cuyo crecimiento y ritmo sea mayor al crecimiento población y sus demandas alimentarias.
La activa participación de la mujer en las tareas de acopio y abasto, de recolección y de otras muchas labores incluyendo en ocasiones, simultáneamente a otros trabajos las domésticas, aunando al cuidado del ingreso familiar y su elevada sensibilidad para lograr la unidad familiar, confirma que es digna de ser apoyada y ya sin obstáculos jurídicos y materiales contribuirían enormemente a la economía de nuestro país".
2o. Los promoventes señalan como obstáculos para su desarrollo, el texto del artículo 54 de la Ley General de Crédito Rural, que para considerar, a la mujer campesina como sujeto de crédito, la limita a los términos del artículo 103 la Ley Federal de Reforma Agraria que a su vez limita la explotación de las granjas agropecuarias e industrias rurales a las mujeres del núcleo agrario, mayores de 16 años que no sean ejidatarias.
3o. La propuesta responde a una constante petición de las integrantes de las unidades agrícolas en todo el país y lo cierto es que existe un problema real que se advierte muchas veces en la falta de apoyo por parte de algunas autoridades ejidales para tramitarles sus créditos a mujeres campesinas ante las instituciones bancarias, ya que en muchos casos proceden con falta de interés en los trámites correspondientes, pero en otros, con franca oposición a las gestiones de créditos en favor de las mujeres integradas para aprovechar la unidad agrícola la industria para la mujer. Actuando en muchos casos con franca violación de las obligaciones legales que le impone el artículo 157 de la Ley Federal de Reforma Agraria, al establecer que "el comisariado hará el registro de solicitudes (de crédito) y estará obligado a tramitarlas en forma oportuna". Estas condiciones determinan la necesidad y utilidad de la reforma que se propone a los citados artículos.
4o. Sin embargo, encontramos que la iniciativa es susceptible de ser mejorada y ampliada en su contenido:
a) En primer lugar, el artículo 103 de la Ley Federal de Reforma Agraria ordena que se destine una parcela para el establecimiento de la unidad agrícola industrial para la mujer, y no es posible dotar de personalidad jurídica a lo que sólo es una superficie de tierra.
b) Idéntico razonamiento procede considerar en relación a la reforma propuesta al artículo 54 de la Ley General de Crédito Rural.
c) La iniciativa se limita a solicitar capacidad para contratar créditos, cuando lo procedente es que se les reconozca plena capacidad jurídica para realizar toda clase de actos jurídicos, inclusive la contratación de créditos.
d) De igual manera señalamos que, siguiendo la misma tesis y la misma preocupación, la reforma debe ampliarse a los jóvenes para su desarrollo integral en actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitación para el trabajo.
Es evidente que el proceso del reparto de la tierra de acuerdo con la legislación vigente prácticamente ha concluido su aspecto masivo como lo ha señalado el Presidente de la República. Desde la expedición del primer Código Agrario en 1934 han transcurrido más de medio siglo; se han integrado 28 mil ejidos que benefician a más de 3 millones de familias con una superficie de más de 104 millones de hectáreas. A pesar de ello el incremento de la población en el campo ha iniciado en un proceso de fragmentación de la tierra que nos ha llevado al minifundio. Sin duda alguna, el régimen de la revolución con la creación de obras de infraestructura en el campo ha propiciado la creación de empleos que resultan insuficientes por el número de solicitantes de tierra que alcanza en la actualidad la cifra de más de 4 millones.
Sin embargo, el proceso de industrialización ha dependido en gran parte de la suma de esfuerzos y recursos de carácter económico, técnico y científico de todos los mexicanos, para impulsar la industrialización en el campo y ofrecer a los jóvenes otras alternativas que les permitan incorporarse a las actividades productivas en sus lugares de origen.
Por ello, se considera como fundamental incorporar también a la ley la Unidad Productiva para el Desarrollo Integral de la Juventud, propiciando a los jóvenes campesinos el medio que pueda mantenerlos vinculados al núcleo agrario, familiar social y culturalmente; y a la
vez se puedan integrarse a las actividades económicas y productivas. Por todas las razones y consideraciones expuestas, proponemos la aprobación del siguiente
DECRETO
Artículo primero. Se reforma la fracción VII del artículo 54 de la Ley General de Crédito Rural para quedar como sigue:
Artículo 54. Para los efectos de esta ley se consideran sujetos del crédito:
I a VI. ..
VII. Las formas de asociación o sociedad que se integren para explotar la unidad agrícola para la mujer, tendrán plena capacidad para realizar toda clase de actos jurídicos, así como para tratar créditos para sí, o para sus integrantes, a través de sus órganos de representación.
Artículo segundo. Se modifica el primer párrafo y se adicionan tres párrafos al artículo 103 de la Ley Federal de Reforma Agraria para quedar como sigue:
Artículo 103. En cada ejido. ..
Que no sean ejidatarias, salvo las ya integradas a la unidad que adquieran la calidad de ejidatarias por sucesión.
Todas las formas de asociación o sociedad que se constituyan para explorar la unidad agrícola e industrial para la mujer, tendrán plena capacidad para realizar toda clase de actos jurídicos, así como para contratar para sí, o para sus integrantes los créditos de avío, refaccionarios, inmobiliarios y de otro género, a través de sus órganos de representación.
Asimismo, en los ejidos y comunidades se destinará una parcela para constituir la unidad productiva para el desarrollo integral de la juventud, en donde se realizarán actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitación para el trabajo, para los hijos de ejidatarios o comuneros y avecindados mayores de 16 años, no ejidatarios. Esta unidad será administrada por un comité formado exclusivamente por los integrantes de las mismas. Dicha unidad se formará con carácter preferente en las parcelas vacantes o en los terrenos de uso común.
Los participantes de los grupos para el desarrollo integral de la juventud podrán constituirse en cualquiera de las formas asociativas permitidas por la ley, tendrán personalidad jurídica y podrán realizar todos los actos jurídicos que las leyes permitan.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de junio de 1991.- Comisión de Reforma Agraria, secretario, diputado Eloy Argos García Aguilar.»
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Es de primera lectura.
El Presidente: - ¿Dígame, diputada Valencia? La diputada Sofía Valencia Abundis (desde su curul): - Señor Presidente, en virtud de que este dictamen fue discutido suficientemente en comisiones, yo quisiera solicitarle que fuera usted tan amable de consultar a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y pasa de inmediato, considerándose como de urgente resolución, a que se someta a votación lo que la compañera Arely Madrid ha leído a todo el pleno de la Cámara.
El Presidente: - Gracias, diputada Valencia.
Queda en primera lectura y pasa a discusión el día de mañana.
Continúe la secretaría.
CONDECORACIÓN
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Leopoldo II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 28 de junio de 1991.- Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvarado Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, (*) Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núnez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez e Ismael Yéñez Centeno.»
(*) Art. 84 del Reglamento Interior del Congreso.
Trámite: - Primera lectura.
NOMBRAMIENTO
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 24 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 26 de mayo se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República de Filipinas, serán de carácter estrictamente consular;
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González, para que pueda aceptar y desempañar el cargo de Cónsul Honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León. Sala se comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de junio de 1991.- Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, (*) Víctor Hugo Celaya Celaya, José
Manuel Ríos Núnez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano García, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez e Ismael Yénez Centeno.»
(*) Art. 84 del Reglamento Interior del Congreso General.
Trámite: - Primera lectura.
PROPOSICIONES
DEL ESTADO DE CHIAPAS
El Presidente: - Honorable asamblea: Esta Presidencia se permite informar que durante el transcurso de la mañana ha habido un trabajo arduo por parte de las comisiones que han presentado trabajos legislativos durante la sesión del día de hoy. Sabiendo de que algunas comisiones están con los mismos propósitos y queriéndose avanzar en el trabajo del orden del día, acordada por los grupos parlamentarios, entramos al capítulo de proposiciones.
En este capítulo, tiene la palabra el diputado Francisco Navarro Montenegro, del grupo parlamentario del Partido de Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sobre el atentado sufrido por la candidata Irma Serrano en el estado de Chiapas.
El diputado Francisco Navarro Montenegro: - Respetable Presidente de la Cámara de Diputados, compañeras y compañeros: El día de ayer, en el estado de Chiapas los candidatos al Senado de la República por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, fueron víctimas de un atentado criminal que puso en riesgo la vida del diputado Alexander Santos cuando la camioneta en la que viajaba fue embestida por un vehículo pesado a la altura de la curva conocida como Tres Picos a 30 kilómetros del municipio de Tonalá.
Los candidatos cardenistas al Senado de la República viajaban rumbo a Tijijiapan después de celebrar una importante concentración en la carretera municipal de Arriaga. La agresión que sufrieron nuestros candidatos ya había sido advertida por el propio diputado Alexander Santos Alvarez en la sesión del 12 de junio , ese día el diputado Alexander Santos denunció un conjunto de hechos que deseo transcribir ahora para mostrar que el atentado es resultado de una larga cadena de intimidaciones.
El diputado manifestó lo siguiente: el día 30 de mayo iniciamos nuestra campaña a la candidatura del Senado de la República y hemos sufrido atentados en el transcurso de nueve días; el día miércoles 5 de junio fue ametrallada la casa donde se hospeda nuestra candidata al Senado de la República Irma Serrano; el 7 de junio sufrió otro atentado en el tramo de la carretera Huixtla a Tapachula y el día 6 de junio también fue rodeado el hotel Camico por la policía judicial federal donde se alojaba nuestra compañera candidata.
A 20 días de que el diputado Alexander Santos advirtiera la campaña terrorista de los grupos oligarcas del estado de Chiapas, hoy tenemos que comunicar a ustedes que desgraciadamente el último atentado contra nuestros candidatos ha tenido como resultado la pérdida del brazo izquierdo del compañero diputado Alexander Santos candidato a senador suplente; y hace un rato nos comunicaban que nuestra compañera candidata a propietaria Irma Serrano, se encuentra desaparecida, no se le encuentra en ninguna parte de donde se le pudiera localizar después del accidente, prácticamente la desaparecieron.
Ante este reprobable acontecimiento las autoridades del estado de Chiapas son culpables por negligencia, una y otra vez denunciamos los atentados y exigimos una investigación completa para encontrar y castigar a los culpables, el gobernador Patrocinio González Garrido hizo caso omiso y hoy tenemos que lamentar un atentado que estuvo a punto de costar la vida a uno de nuestros candidatos.
Quisiera abundar en estos con los siguientes datos; después de los hechos ocurridos que denunció nuestro compañero Alexander Santos, tanto la compañera Irma Serrano como él mismo se presentaron a la Procuraduría General de la República a presentar una denuncia relatando los hechos que el mismo diputado Alexander Santos aquí denunció. El Procurador General de la República se comprometió a garantizar lo que tiene que garantizar una autoridad de tal responsabilidad; es decir, seguridad para nuestros candidatos. Chiapas es un estado donde todos lo conocemos a nivel nacional, donde ha habido muchos asesinatos, gobiernos que se caracterizan precisamente por reprimir los movimientos democráticos, por mandar asesinar.
a los grupos disidentes, nosotros lo vivimos y lo sufrimos en carne propia hace algunos años, grupos de campesinos que fueron asesinados en aquel estado de la República, todos esos acontecimientos en su momento han sido denunciados como fueron denunciados aquí los acontecimientos, los actos criminales, los atentados terroristas en contra de nuestros candidatos pero al parecer algunas autoridades piensan que es fantasía y algunos diputados por la risita que emitieron cuando subimos a presentar este asunto, pareciera que les causa gracia el hecho de un atentado criminal en contra de algunos compañeros que están luchando por la democracia en este país.
En el caso de la compañera Irma Serrano, por todos es conocido, aun cuando ha habido un enorme bloqueo a la prensa local, aun cuando el gobernador del estado tiene acusados a 12 periodistas para evitar que los periodistas sigan publicando las manifestaciones de inconformidad del pueblo y las grandes movilizaciones a favor de nuestra candidata, aun así el pueblo mexicano nos hemos enterado de cómo Irma Serrano ha despertado una gran conciencia cívica, movilizando al pueblo de Chiapas a grandes concentraciones, donde los convoca a participar democráticamente en este proceso electoral, y es evidente que esto preocupa enormemente a las oligárquicas de aquel estado, preocupa a los grandes terratenientes, preocupa al narcotráfico, preocupa a los gobernantes espurios que han fincado su poder a base del terror, a base de la fuerza bruta, a base del encarcelamiento, a base del asesinato; a ellos les preocupa la gran insurgencia cívica que se ha desatado en el estado de Chiapas.
Por esa razón nosotros quisiéramos plantearles dos puntos de acuerdo a esta honorable Cámara de Diputados.
Por lo anterior, los diputados abajo firmantes solicitamos respetuosamente lo siguiente:
«Primero. Que a través de las comisiones de Gestoría y Quejas y de Justicia, la Cámara de Diputados exija a las autoridades competentes se inicie una investigación sobre los hechos que pusieron en riesgo la vida de nuestra fórmula al Senado por el estado de Chiapas, así como los acontecimientos desde el inicio de la campaña de los candidatos cardenistas al Senado de la República.
Segundo. Que se integre una comisión de diputados, tal y como lo establece el Reglamento Interior del Congreso General, para que conozca personalmente el estado de salud que guarda el diputado federal Alexander Santos Alvarez.
Salón de sesiones, recinto alterno, a 2 de julio de 1991.
Firman los diputados: Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, José Antonio Montes Vargas, Paula Vargas Florencio, José Nelson Madrigal, José Miguel Pelayo Lepe, Mariano Leyva, Carlos Sánchez, Juan Manuel Rodríguez, Armando Herrera, y Francisco Navarro Montenegro,» el de la voz. Muchas gracias, señores diputados.
El Presidente: - Dígame, diputado Marcué... Tiene la palabra el diputado Marcué, para los mismos hechos.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Voy a tratar de contener mi indignación, por los hechos que ya conocía desde hace tiempo que se están sucediendo en el estado de Chiapas.
Yo creo, señores diputados, y me dirijo a todos con una gran consideración y un gran respeto, a pesar de que algunos señores diputados del Partido Revolucionario Institucional no saben más que gritar para provocar al orador. Algunas veces en mi persona lo han logrado. Tengan la seguridad que de aquí en adelante no va a suceder eso.
Señores diputados: ¿No es grave que en un estado de la República un partido, con la ideología y la bandera que tenga, sea perseguido brutalmente, lo mismo en la ciudad en ese estado que en los municipios, que en las rancherías, ¿no es grave? Yo creo que el hecho de que un partido elija a la persona que cree va a examinar los problemas del estado, va a pedir el voto a los ciudadanos de ese estado en la forma que lo crea conveniente, planteando los problemas que sufre uno de los estados más abandonados de la República como es Chiapas.
¿No es grave que ese partido que ha puesto como candidato a la señora Irma Serrano sea perseguido, golpeados sus partidarios, silenciado la prensa el desarrollo de la campaña de ese partido que según informes que tengo ajenos a miembros de ese partido, en muchos poblados y en muchas rancherías, han sido de centenares? Y que el gobierno local, pagando como lo hace con frecuencia el federal, a la prensa que no
se diga lo que sucede en el estado en relación a las elecciones, ¿no es grave señores?
¿No es una burla que los señores líderes del Partido Revolucionario Institucional, tanto locales como nacionales, anden gritando por todos los caminos de la patria que quieren democracia y se exhiben permitiendo y desarrollando la represión brutal en contra de los señores del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional? Señores del Partido Revolucionario Institucional, deben reflexionar en todo esto.
Si la señora Irma Serrano a pesar de lo que creían muchos; ha arrancado la simpatía porque está planteando los problemas en su lenguaje, en su forma, en su estilo, ¿es correcto que la repriman? Señores del Partido Revolucionario Institucional piensen en esto.
Si los partidarios de mi partido hicieran una represión en cualquier lugar de la República en contra de algún miembro del Partido Revolucionario Institucional, tengan ustedes la seguridad, señores, que sería el primero en venir a esta tribuna a protestar por esos hechos.
Creo que tengo la autoridad, porque cuando con miembros del Partido Revolucionario Institucional aquí, en esta sala, se han querido cometer injusticias, mi voz, ha venido a esta tribuna a defenderlos, en contra inclusive de la decisión y del pensamiento de mi partido.
Lo que ha sucedido en Chiapas, señores, señores del Partido Revolucionario Institucional, es sumamente grave. Provocar un zafarrancho para que un legislador de la República pierda un brazo ¿no es doloroso? ¿No es grave?
No olviden que si seguimos por ese camino, mañana las gentes del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal tal vez no pierdan un brazo sino pierdan la vida. Y eso lo debemos combatir, pero lo debemos combatir con hechos no con la demagogia de líderes del Partido Revolucionario Institucional y del gobierno, en que por televisión piden que haya democracia, que el pueblo salga a votar y que en diferentes estados, como en el de Chiapas...
El Presidente: - Permítame, diputado Marcué. Permítame un segundo diputado Marcué. Dígame, diputada Olga.
La diputada Olga López Castillo (desde su curul): - De parte suya, que le pregunte al diputado si me permite hacerle una pregunta.
El Presidente: - Diputado, ¿le puede hacer una pregunta la diputada? El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Sí.
La diputada Olga López Castillo (desde su curul): - Quiero preguntarle, ¿tiene usted constancias de que los priístas hemos atacado a la señora Irma Serrano?
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - El aparato que tiene el gobierno del estado ha atacado a los miembros del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional en casi todo Chiapas. Yo no le podría decir a la señora que ella ha ido a atacarlos, pero no olvide que los aparatos electorales que ha montado el gobierno de la República y su partido, el cual es propiedad del Estado, ha desarrollado acciones de represión en Chiapas, uno de los estados en donde el mayor número de asesinatos se ha llevado a cabo, además de la inmoralidad que está ejerciendo el gobierno del estado en todos sentidos.
Señores del Partido Revolucionario Institucional y señores asambleístas, no podemos permitir que eso suceda en ningún lugar de la República; es grave, es doloroso lo que está sucediendo, que se transforma en burla cuando uno oye a los diputados y senadores que andan hacizando la campaña por toda la República, de que hablan de que quieren democracia, cuando la verdad es que están montando un fraude nacional para que se lleve a cabo el mes de agosto.
Señores, el brazo que ese señor diputado, miembro de esta asamblea perdió, no puede ocurrir nuevamente en ninguno de ustedes; ahora es un brazo, mañana va a ser la vida de cualquier miembro de esta asamblea o de cualquier miembro de cualquier partido. Acuérdense que hay antecedentes. El Partido de la Revolución Democrática tiene 120 asesinados. ¿Por qué tiene 120 asesinados el Partido de la Revolución Democrática?, y nada más de ese partido. Porque el gobierno de la República y los señores del Partido Revolucionario Institucional están empeñados en acabar con el Partido de la Revolución Democrática, en acabar con su líder; eso ya lo he dicho varias veces en esta tribuna.
Señores asambleístas, señores de la oposición, no podemos permitir que se sigan sucediendo estas cosas. Les parecería a ustedes bien que mañana nos amaneciéramos con que mi amigo el señor Aguilera, candidato del Partido
Revolucionario Institucional a senador le sucediera eso? Estoy en el tema señores, ¿o que a alguna de nuestras mujeres que salen a hacer campaña al Distrito Federal como la señora Lajous, fuera motivo de un atentado?
Debemos combatir esas acciones que se están dando en el estado de Chiapas, y si tuviéramos dignidad llamaríamos al gobernador para que nos viniera a informar de lo que sucede en el estado de Chiapas, porque ya son muchos, muchos asesinatos y persecuciones de ese pueblo sufrido desde siempre. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para los mismos hechos el diputado Osiris Cantú.
El diputado Osiris Samuel Cantú Ramírez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Me adhiero en todas y cada una de sus palabras en sus términos, a las expresiones de solidaridad hechas aquí por el compañero Manuel Marcué Pardiñas hacia el Partido del Frente Cardenista y su candidata la compañera Irma Serrano.
Creo que esta Cámara de Diputados debiera, por dos razones si es que no hubiera más, dar su expresión de repudio a este tipo de hechos, en primer término no solamente de que a través de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas se siga con atención el desarrollo de la investigación, sino como Cámara en tanto que está involucrada también la participación de un compañero diputado que fue violado en su fuero constitucional, que pudiera también la Presidencia de la Gran Comisión, que tiene a su cargo velar por la seguridad y la protección del fuero de los diputados, directamente tomar cartas en el asunto haciendo contacto con el gobernador del estado de Chiapas para que en caso de que se comprobara la acusación, la denuncia del Partido del Frente Cardenista, pudiera castigarse a los culpables.
Debo de expresar, de entrada, si la extrañeza, porque antes de que se realice cualquier investigación, el gobierno de Chiapas señala que ha sido este un accidente, sin que proceda a indicar una investigación, ya descalifica toda posibilidad de un atentado, toda posibilidad de un atentado de carácter político contra una candidata al Senado de la República. El gobierno de Chiapas, de antemano, aparenta lavarse las manos de toda responsabilidad en los hechos que aquí se han denunciado.
Por esa razón que surge más preocupación por la primera respuesta del gobierno de Chiapas, que desdeña, desecha toda posibilidad de que tuviera carácter político el atentado.
Yo creo, compañeras y compañeros diputados, que esta Cámara como tal pudiera hacer una expresión de repudio a cualquier atentado político contra candidatos en esta campaña electoral; que en segundo término esta Cámara de Diputados, como tal, la Presidencia de la Gran Comisión, se dirija al gobierno de Chiapas para que, incluso integrando una comisión especial, pudiera comenzar la investigación del caso, porque ha sido víctima también un compañero diputado de este atentado.
Al mismo tiempo expreso la solidaridad nuestra con el Partido del Frente Cardenista, del partido que yo represento en la Cámara, el Partido Izquierda Socialista. Gracias.
El diputado José Murat (desde su curul): - Pido la palabra para los mismos hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Murat, para los mismos hechos.
El diputado José Murat: - Con su venia, señor Presidente. Quisiéramos dejar aclarado desde esta tribuna, que la diputación priísta, miembros de esta asamblea, somos los primeros interesados en que se aclare en forma precisa, en forma contundente, ese hecho desgraciado que se dio en el estado de Chiapas.
No podemos aceptar algunos señalamientos que se han hecho desde esta tribuna, porque somos los miembros de la diputación priísta de esta asamblea los más interesados, insisto, en que se aclaren estos acontecimientos que se dieron en el territorio sur de la República.
Solicitamos, en los términos planteados por el diputado Montenegro, y en el señalamiento que hizo del turno de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, así como a la Comisión de Justicia, que esta asamblea esté pendiente y coadyuve a la investigación que debe realizar en el marco de la ley, la Procuraduría General de la República, que esté pendiente la diputación federal, la actual legislatura, sobre el hecho que habrá de realizar en su investigación la Procuraduría General de la República.
Por otro lado, solicito a la Presidencia de esta Cámara, nombre a una comisión para que visite al compañero diputado Alexander Santos, para darle la solidaridad de esta asamblea y en todo caso, el apoyo que exige el estado grave, porque
fue herido como lo han planteado, en el accidente desgraciado que se dio en las carreteras del estado de Chiapas.
Queremos, pues, dejar claro en esta reunión y en este tema, de que la diputación priísta quiere dejar constancia de que repudiamos este tipo de hechos, y solicitamos que la Procuraduría General de la República, en los términos de lo que planteo el diputado Montenegro, habrá de realizar una investigación en el marco del estado de derecho en el que trabaja este país, ya estaremos pendientes de que esta investigación se lleve a sus últimas consecuencias. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Dígame, diputado Federico Ruíz López.
El diputado Federico Ruíz López(desde su curul): - Pido la palabra para los mismos hechos.
El diputado Federico Ruíz López: - Con la venia de la Presidencia, señores diputados; amigos todos: La paz sólo puede ser fruto de la justicia. La paz resulta imposible de alcanzar cuando no hay el ánimo de corregir los abusos del poder.
Nosotros los de Acción Nacional en 51 años de lucha por la vía civilizada para transformar el país por la vía democrática, nos adherimos a las denuncias que vienen a hacer patente la violación del derecho en México. Nos adherimos porque creemos que por encima de las diferencias de orden ideológico o partidista el respeto a la dignidad humana de todos los mexicanos, debe ser la base para encontrar la fraternidad, la paz, la justicia y la unidad en México.
Qué bueno que ha venido una persona tan calificada del Partido Revolucionario Institucional como es José Murat, a afirmar la necesidad de que se esclarezcan los hechos y de que se llegue a las últimas consecuencias en todo lo que haya de resultado sobre esta investigación.
Si se trata de un infortunado accidente, nosotros participamos de todas maneras en nuestra condolencia por la tragedia sufrida. Si hay además, la víctima de injusticias por parte de un poder represor, nos adherimos a la denuncia con todo lo que esto implique. Por encima de las diferencias políticas está la exigencia de la paz y de la justicia, que no puede quedar fincada en el silencio, cuya complicidad a veces resulta mayor que la acción de los verdugos.
Estamos en contra de que se sufran las injusticias. Estamos a favor de la unidad y a favor de la paz. Pero no creemos en la paz producto del miedo; del escarnio y del pisoteo del derecho. Creemos en la paz producto de la justicia y a ella hemos consagrado nuestros 51 años de vida como partido de oposición. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos el diputado José Francisco Melo Torres, en turno el diputado Rubén Venadero.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Señor Presidente, gracias por permitirnos la oportunidad de expresar en nombre de nuestra fracción, nuestro repudio a estos hechos. Y a veces aunque uno no quiera subir a la tribuna para hacer estos señalamientos, se vuelven a abrir las heridas pasadas. Hace tres años, en los procesos electorales locales en Chiapas, el de la voz, como delegado en nombre de mi partido, sufrimos y vivimos en carne propia la acción represiva del gobierno de Chiapas.
Yo quiero decirle a mis compañeros diputados priístas o de todas las fracciones, que aplaudo la actitud del compañero José Murat, que con toda honestidad viene a expresarnos, que no se tiene por qué cargar con los errores; no tiene por qué cargar con las culpas ajenas una fracción parlamentaria que ya lo hemos señalado muchas veces, se tiene también honestidad. Pero nosotros aquí en esta tribuna, recordarán ustedes que dos meses antes señalamos las amenazas que recibía nuestro compañero que hoy en paz descanse, Alonso Gamboa. No se nos hizo caso. En varias ocasiones traté de buscar la comunicación con el señor gobernador para precisamente fijar la posición de respeto a la lucha. Ya había pasado todo aquéllo que aquí en esta tribuna, con fotografías y demás, demostramos.
Nuestros compañeros fueron encarcelados y finalmente Alonso Gamboa, asesinado. ¡Asesinado! Esa es la palabra.
Y hasta ahorita, no hemos recibido ninguna información sobre el esclarecimiento de los hechos lamentables, también, de la muerte de nuestro compañero.
¡No puede vivir el país, en las vísperas de un proceso electoral, gobiernos que todavía creen que están en la época de la colonia y ven a cada mexicano que quiere luchar por cambiar la situación, como un peón de hacienda!
¡Nosotros pedimos que estos actos no se queden así nada más! ¡No podemos vivir bajo la amenaza
y el señalamiento de que si uno de nuestros líderes actúa, sea encarcelado, como el caso de nuestro compañero Martín Hernández!
¡En la zona del Soconusco, en la costa, bárbaramente fueron golpeados nuestros compañeros, hombres y mujeres, y más de 80 metidos a la cárcel! ¡Y el de la voz, en aquél tiempo también denuncié lo que nos había pasado a la violación del fuero constitucional!
¡Aquél célebre "nene" o "duende" que le llaman, que representaba a una organización dizque de campesinos, no era más que un pistolero!
Sin embargo, hoy, se vuelven a repetir los hechos en Chiapas. ¡Yo no he venido aquí, simple y sencillamente a hacer estas denuncias. No, no valdría la pena, ni el tiempo que perdemos! ¡Estamos de acuerdo en que se investiguen los hechos! ¡Pero invitamos al gobierno de Patrocinio que cambie su ruta! ¡Chiapas, los chiapanecos que vivimos y compartimos unidos la frontera con Oaxaca, queremos paz y queremos iniciar un camino de nuevo hacia el encuentro con la democracia!
¡Por los caídos en la lucha democrática, en la lucha de conciencias, no merece Chiapas tener un gobierno así!
¡Por ello el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana repudia estos actos y exige que nos den respuesta de la muerte de Alonso Guzmán! ¡Que nos den respuesta sobre los hechos de estos antecedentes tan funestos, que no merece la pena que los mexicanos estemos leyendo en los diarios! ¡Da vergüenza, señores! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Dígame, diputado Coca.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Venadero. Después el diputado Coca.
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Gracias, señor Presidente; a los compañeros diputados del Partido del Frente Cardenista, en nombre mío, propio y personal, mi más amplia solidaridad, pero también, en nombre de mis compañeros de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo.
Yo creo que no es posible dejar de manifestar una preocupación profunda por parte de cada uno de los diputados que integran esta legislatura, frente a un hecho que por lo menos yo dejaría a las autoridades correspondientes calificar, porque sin lugar a dudas no es problema de mi materia.
No sabría si es accidente o si se trata de un hecho de otra naturaleza que violente las libertades públicas que todos los mexicanos, en el norte o en el sur del país, debiéramos cabalmente de gozar.
Por eso, repito, porque es una situación que en todo caso debe de estar en manos de las autoridades competentes el que se esclarezca a fondo la naturaleza este hecho, es que en primer lugar, yo creo que responsablemente no tenemos derecho ninguno de los diputados a calificar, sobre todo lo delicado del asunto, compañeros diputados.
Pero lo que sí tenemos como obligación, compañeros diputados, es exigir como legislatura en su conjunto, a las autoridades correspondientes el esclarecimiento puntual de los hechos sucedidos en esta entidad federativa de la República, y exigirle al Procurador General de la República un comportamiento vertical y transparente para el esclarecimiento de estos mismos hechos, creo...
El Presidente: - Permítame, diputado Venadero.
Dígame diputado Marcué.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - Con todo respeto le digo al señor diputado: Si usted tiene buena memoria, recordará que se han presentado más de 150 hechos de asesinatos, ¿y qué ha hecho la autoridad?
Usted está diciendo que hay que pedirle a la autoridad, ¿cuál autoridad? ¡si los dejan pasar y no vuelven a acordarse de esos hechos sangrientos! ¿Qué ha sucedido con los ciento y tantos asesinados del Partido de la Revolución Democrática?
¿Qué ha sucedido con los asesinados que acaba de mencionar el compañero diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana?
El Presidente: - Diputado Marcué: Formule su pregunta, si la va a formular.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - La pregunta es esa. Si usted recuerda,
¡no hay autoridad que honestamente haya investigado esos hechos! ¡No me venga usted a decir aquí que hay autoridad que los va a investigar, porque lo que va a hacer es "echarles tierra"!
El diputado Rubén Venadero Valenzuela: - Compañeros diputados: Si en verdad pensáramos, responsablemente, que en este país vivimos un régimen de la selva, donde sólo se aplica la ley del más fuerte, esta propia Cámara de Diputados no tendría razón de ser, ni siquiera nuestra presencia y ni siquiera esta tribuna.
(Aplausos.)
A mí, aquí sí, jamás he intentado establecer una polémica personal con nadie, pero a mí en lo personal no me van a dar lecciones de moral y de congruencia política, creo que estas son cuestiones que se prueban con los hechos y no con las palabras y no con desplantes, porque sería de una alta responsabilidad pensar que esa república, la república que hemos construido, el pueblo de México, a través de luchas significativas que han costado enormes sacrificios, no tendría perspectiva, creo que es una obligación de todos los ciudadanos y, por supuesto, de sus representantes populares, exigir, si no existe un régimen de derecho escrupuloso, que se construya y que sea vigente y que se haga ante todas las libertades para todos los mexicanos, esta es una responsabilidad sobre todo de los representantes populares de esta histórica legislatura.
Compañeros diputados: porque creo que la lucha, en la lucha se construye también un país democrático, es porque subí a esta tribuna, no se trata de una solidaridad moral, exigimos el esclarecimiento de los hechos y planteamos que de antemano no puede nadie sin antes hacer la investigación correspondiente, dictaminar cuál es el resultado, pero aquí sí comparto el escepticismo crítico del diputado Marcué Pardiñas, por supuesto que si pensáramos que basta la sola voluntad del Poder Judicial, estaríamos en un terreno de una profunda ingenuidad política; necesitamos el respaldo vigoroso de esta Cámara de Diputados, porque se trata de un compañero nuestro, de un diputado, el que también resulta en estos hechos con heridas de gravedad, con heridas que pusieron en peligro su vida.
Compañeros diputados, creo también que, además de exigir y de solidarizarme con quienes así lo han hecho, un pronunciamiento enérgico de esta Cámara, en términos de la Gran Comisión, también solicitó a la Presidencia de esta Cámara, al Presidente, Sami David David, un pronunciamiento claro en nombre de esta Cámara, exigiendo a las autoridades correspondientes, el esclarecimiento de estos hechos. Creo que es un deber de congruencia moral como diputados, de todos, pero creo que es un deber muy importante del Presidente de esta Cámara, hacer este pronunciamiento y hacerle esta exigencia, si no, no tendría sentido ser diputado, ser representantes populares. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca, por cinco minutos.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Con su permiso, señor Presidente; señor Presidente chiapaneco: He de recordar a esta asamblea, que hoy se cumplen tres años del sacrificio del compañero Francisco Javier Ovando, oriundo de Baja California, pero avecindado en Michoacán y a esta fechas todavía la autoridad, compañero diputado Venadero, no ha esclarecido este crimen que obviamente enloda al sistema político mexicano.
Por supuesto que hemos subido a esta tribuna a expresarle a nuestro compañero diputado Alexander Santos Alvarez, nuestra solidaridad y respeto, porque hemos vivido nuestra organización política en carne propia en Chiapas, lo que significa una satrapía menor tratando de manejar al gobierno de esa entidad; hemos visto cómo nuestro compañero Martín Hernández ha sido encarcelado y hemos sufrido... ¡Compañera diputada Césarman, yo le rogaría un minuto de su atención.
Hemos sufrido, y yo creo que por eso viene de luto la compañera Césarman, hemos sufrido...
El Presidente: - Permítame, diputado Coca.
Esta Presidencia ruega a la asamblea guardar compostura y poner atención al orador.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: - Ojalá que el compañero Presidente de la Comisión de Radio y Televisión...
El Presidente: - Permítame, diputado Coca.
Dígame, diputado Francisco López.
El diputado Francisco Javier López González (desde su curul): - Una moción, Señor Presidente:
El señor orador no puede exigirle a ninguno de mis compañeros que le estén viendo
a la cara, lo estan escuchando, sí, y si el señor nos quiere obligar a que le estemos viendo la cara, está muy equivocado.
El Presidente: - Gracias, diputado López González.
Diputado Coca, le ruego continuar y a la asamblea guardar compostura y poner atención, para continuar con este asunto.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez: Justamente lo que no desea ningún orador en esta tribuna, es que le vean cara; es justamente atención y respeto lo que estamos exigiendo y pidiendo desde esta tribuna los oradores.
Decía yo, señor Presidente, que hemos sufrido nosotros en caso propio el oprobio del gobierno chiapaneco en manos del sátrapa que actualmente gobierna Chiapas; mandó con sus esbirros a asesinar a nuestro compañero Alfonso Gamboa y de ello la prensa tiene pruebas irrefutables.
¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta dónde quieren ocultarse las cosas y hasta donde los castos oídos de algunos diputados, la hipersensibilidad en su piel, le hacen decir tonterías al tratar de acallar la voz de un diputado desde esta tribuna? Yo creo que el gobierno de la República tiene la urgente necesidad de aclarar los ciento y tantos asesinatos que en agravio de muchos ciudadanos, de muchos mexicanos, de muchas familias de compatriotas se han perpetrado y no sabemos quién lo ha hecho y hasta el momento, obviamente, diputado Venadero, la autoridad no ha respondido, no ha esclarecido esos hechos.
Por eso demandaríamos aquí que el señor Presidente de esta asamblea, insisto, chiapaneco de origen y mexicano, compatriota nuestro, con toda la gallardía, con toda la enjundia que le caracteriza su capacidad, su talento y su inteligencia, excitase también a la Comisión de Derechos Humanos para que investigue a fondo esto que lamentablemente en este proceso político de 1991 está ocurriendo.
Hace un momento, hace un par de horas, en esta misma tribuna hablábamos de la mordaza que le han impuesto a la prensa en algunas entidades del país, pero aquí, lo que hemos venido a demandar es más grave, es la vulneración hacia los derechos humanos; obviamente los derechos políticos que se han violado también en agravio de Irma Serrano tienen que ser esclarecidos y tienen que ser comunicados a la comunidad nacional en su conjunto.
Creemos que esto es un agravio que se le ha cometido a la nación y que tiene que llegar su esclarecimiento y su investigación hasta sus últimas consecuencias; es obvio que ahí están las disposiciones constitucionales, el 14 y el 16, el 21 y el 102 de nuestra Carta Magna, violados flagrantemente y yo quiero que si quieren, como el compañero diputado Murat Casado ha venido a expresar a esta tribuna, solidarizarse con un compañero nuestro, creo que tiene que ser en serio, en verdad, de a de veras, porque el pueblo de México así lo exige.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Armando Pascual Herrera Guzmán, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para los mismos hechos.
El diputado Armando Pascual Herrera Guzmán: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeros diputados: El licenciado Carlos Salinas de Gortari, en su campaña a la Presidencia de la República, había manifestado que por Chiapas no había pasado la revolución; el actual gobernador profundizó en su apreciación del estado y complementó diciendo que en Chiapas se vivían todavía las etapas del feudalismo y , efectivamente, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, desde que inició sus trabajos en el estado de Chiapas, nos hemos encontrado que efectivamente se viven las etapas del feudalismo, que implican campesinos acasillados, que implican salarios de miseria, que implican saqueos de los recursos naturales, la madera, las aves, el café; campesinos indígenas que son víctimas de los coyotes, de los intermediarios de los principales productos que se producen en este rico estado de Chiapas, la lucha campesina en ese estado, es profunda, como lo dijera el propio Presidente de la República, porque la revolución no ha pasado por Chiapas y ha habido una serie de asesinatos que había qué recordarlos para que no queden impunes; nosotros vamos a recordarles unos cuantos:
En mayo de 1982, más de una decena de campesinos fueron asesinados en Goloncham por los esbirros, por los guardias blancas protectores de los grandes intereses de los latifundistas alemanes, japoneses; los grandes terratenientes feudales que viven en esta época y que son originarios de Chiapas.
Qué bueno que se suman las denuncias como la que se hizo sobre el compañero Alonso Gamboa, que también fue asesinado en Tapachula, muy cerca de Tapachula; el compañero periodista militante del Auténtico de la Revolución Mexicana, este compañero también sufrió en
las mismas circunstancias, el mismo método de hacer aparecer como accidentes los asesinatos de carácter político, este ciudadano también fue embestido por un auto e igualmente en esa ocasión, como existen evidencias de las cuales no se han sacado las conclusiones, participaron la policía judicial del estado en ese tipo de atentados.
Habría que recordar también otro asesinato, el del compañero también periodista Arturo Albores, que sucediera aproximadamente hace un año y medio, de la Unión de Campesinos Zapatistas.
Son hechos que como hace unos días, ante esta tribuna nuestro compañero candidato al Senado de la República, candidato suplente, el diputado Alexander Santos Alvarez, viniera a denunciar y al cual nos sumamos también para que se esclarecieran estos atentados, esta preparación de hechos represivos que, como decíamos en esa ocasión, empiezan a enrarecer, empiezan a envilecer, empiezan a crear un clima de violencia electoral.
Yo quiero centrar mi análisis en este estado, en donde están sucediendo este tipo de problemas. Recuerdo que en esa sesión, un compañero priísta, diputado priísta por el estado de Chiapas, nos dijo que aceptaba la medida de que se investigara y se profundizara en la responsabilidad de la comisión de estos delitos; no tenemos una respuesta, la respuesta que hemos tenido es el atentado contra nuestros candidatos Irma Serrano y Alexander Santos Alvarez.
No es para risas, compañeros, el hecho de que un compañero diputado haya sido victima de este atentado y haya perdido un brazo, el brazo izquierdo, que lo va a dejar marcado de por vida, víctima de la represión que se está viviendo en ese estado, no podemos permitir estas cosas.
Por lo tanto, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional aceptamos las proposiciones que hiciera el compañero José Murat, pero también pedimos que no solamente vaya una comisión de cortesía de aquí de la Cámara a ver cómo está nuestro compañero diputado sin el brazo izquierdo al hospital donde se encuentra recluido, sino que formemos una comisión especial investigadora que vaya al estado de Chiapas; una comisión integrada por esta Cámara de Diputados y que se traigan los resultados cuanto antes, para que no queden impunes; que esta Cámara no quede burlada con sus pronunciamientos, con sus comisiones que se hacen y, ¿los gobernadores, cuando nos responden? y ¿las procuradurías de Justicia de los estados, cuando nos traen las pruebas? ¿Cuándo hemos visto acá que esta Cámara de Diputados tome un resolutivo acerca de las investigaciones de las respectivas comisiones que hayamos integrado o elegido?
Nosotros pensamos, los militantes del Partido del Frente Cardenista no vamos a permitir que se sigan cometiendo atropellos contra nuestros militantes; allá hay brigadistas nuestros que andan repartiendo volantes en los pueblos, en las comunidades, en los ranchos, en los ejidos, en las colonias, ¿vamos a seguir permitiendo que nos sigan reprimiendo? El Partido del Frente Cardenista tomará medidas por su propia cuenta, juntamente con el pueblo, porque, efectivamente, nuestros candidatos y ese es el fondo del problema, el problema de una insurgencia electoral con nuestros candidatos al Senado, se está levantando con la compañera Irma Serrano y el compañero Alexander Alvarez.
Yo quiero pues dejar asentado o asentada esta proposición, de que se tome el acuerdo por esta asamblea, de que se elija una comisión especial que vaya al estado de Chiapas, se entreviste con el gobernador, se entreviste con el procurador; veamos cuáles son los avances de esa investigación que se nos ha prometido acá. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Lorenzo Martínez, para los mismos hechos.
El diputado Lorenzo Martínez Gómez: - Diputadas y diputados: En estos casos como el que nos ocupa hoy, no importan los colores, lo importante de lo que hoy sucede a un compañero, mañana va a suceder a cualquier otro y aquí digo, contesto algo que se dice: que la diputación del partido oficial no tiene la culpa; tanto peca el que mata la vaca, como el que le jala la pata y aquí esto es lo que está pasando: son responsables.
Los señores que les cuidan las espaldas no van a decir que ustedes los mandaron. Aquí se habla de paz también; la paz y la concordia debe existir entre nosotros, pero no impuesta por la coacción de los gobiernos, como este gobierno de Chiapas del que tanto se está haciendo alarde aquí.
Y muchas veces se cree que no se puede llegar; recuerden que hay un Tratado de Libre Comercio que está afectado precisamente por ésto y no nos hagamos tontos, no hay democracia en México; el 39 es una letra y muy bonita que suena, pero no hay democracia; no hay democracia
en México, hay dedazo, hay compadrazgo, hay amenaza, hay asesinato y esto es lo que está ocurriendo en México.
Aquí, discúlpenme, compañeros, decía Marcué que ya no iba a gritar tanto, pero ustedes también aquí en la Cámara meten a un grupo de gente que se dicen empleados de esta institución, para venir a silbar cuando no están completos y esto tampoco se vale, yo creo que los que son oradores, los que son tribunos, cuando tienen que tomar parte y contravenir una cosa, deben subir aquí a la tribuna y demostrarnos que tienen la razón, creo que es lo más conveniente, porque recuerden que el pueblo se está cansando y aquí no sé hasta cuándo se vaya a seguir abusando de la paciencia de este pueblo de México.
Aquí estamos tranquilos, aquí suceden cosas y a veces, cuándo a algún diputado no le caemos porque venimos a decir verdades, arrugan las narices, pero de ahí no pasamos; pero allá afuera es otra cosa.
Recuerden que también las dificultades, las guerras las hacen los hombres y cada uno tiene su conciencia de proceder con justicia, si es que nadie la hace y ese derecho lo tienen, de proceder con esa justicia, de acuerdo con el dictamen de su conciencia.
Y es, repito, lamentable, que anteriormente había la caballerosidad; los hombres mexicanos muy reverentes como una dama y ahora lo que les importa es el poder, no les importan las damas, hay que ir sobre damas y caballeros y, en este caso, una señora: Irma Serrano, que prestó su consentimiento, que está consciente de los problemas nacionales y que quiso poner lo que le corresponde también, para poder luchar por el bien de México; ahora sufre las consecuencias.
Y eso, señores diputados, no debe repetirse en México, los que quieren a México, pienso que todos ustedes cuándo andan en sus campañas políticas ofrecen las perlas al pueblo de México y cuándo están aquí se someten a una disciplina férrea de partido y se les olvidan las personas a quienes ustedes les ofrecieron que iban a cambiar el panorama nacional y esto es injusto.
Esto es injusto, porque no creo que durante la noche duerman con tranquilidad de conciencia por estar pensando que la dieta que reciben la reciben a cambio de injusticias contra quienes votaron por ustedes y esto no se vale, no es correcto y creo que no me alargo, muchas gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia quiere expresar a la asamblea lo siguiente: En función de los hechos denunciados por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional acontecidos en Chiapas, en voz del diputado Francisco Navarro Montenegro, pide a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Justicia, se aboquen y atiendan la denuncia de estos hechos.
Asimismo, en términos del artículo 52, en función del estado de gravedad en que se encuentra el compañero diputado federal Alexander Santos, se integre una comisión, en términos del artículo 52, que esté a cargo del diputado César Flores Maldonado y el diputado Antonio Pariente Algarín, para que se trasladen al hospital en donde se encuentra gravemente enfermo el compañero Santos Alvarez, e informe de su visita a esta Presidencia y esté pendiente de ofertar los servicios y la solidaridad de los compañeros diputados federales.
Asimismo, en función de las expresiones de solidaridad expresadas por el diputado Osiris Cantú, el diputado Melo Torres, el diputado Venadero, el diputado Coca Alvarez, el diputado Lorenzo Martínez y el diputado Armando Pascual Herrera Guzmán, que se sumó con ellas el diputado José Murat, esta Presidencia ruega a la Presidencia de la Gran Comisión estar pendiente de la investigación que formule la Procuraduría General de la República sobre los mismos acontecimientos.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera que informase usted a la asamblea, por qué en su concepto, la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados debe estar ajena a la investigación de estos tan lamentables hechos.
El Presidente: - No había formulado el diputado Coca este planteamiento en esos términos. Esta Presidencia determina que el turno también sea a la Comisión de Derechos Humanos.
El diputado Armando Pascual Herrera Guzmán (desde su curul): - Señor Presidente: Hice una proposición en el sentido de que se integrara una comisión de diputados para que se traslade a investigar estos hechos también al estado de Chiapas, al menos tómese el acuerdo, señor Presidente, de lo que le solicito.
El Presidente: - Diputado Herrera Guzmán, esta Presidencia no puede alargar sus facultades
para presentar una proposición, está en los términos señalados por el reglamento, creo que hay una satisfacción expresada en ese sentido.
SOBRE EL INSTITUTO NACIONAL
DE ANTROPOLOGÍA
E HISTORIA
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez, del Partido Acción Nacional, para prestar una proposición sobre las funciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Señor Presidente; compañeros diputados: Es indiscutible que cuando se toma la voz en esta tribuna para discutir posiciones ideológicas o partidistas, éstas pueden ser muy controvertidas, pero cuando en esta tribuna se pide la voz para hablar sobre un tema que interesa a todos los diputados, que es el de la preservación, conservación de nuestros antecedentes históricos antropológicos y artísticos, creo que es importante la atención de todos los compañeros.
Ha habido la inquietud, por parte de esta Cámara, desde hace muchos años y así ha sido expresada a través de la Comisión de Cultura, tengo aquí los recortes de los diarios, con fecha 12 de abril de 1989, donde dice un titular de la prensa: "La Cámara de Diputados investigará el saqueo arqueológico" y luego la declaración del maestro Jaime Sabines a este respecto.
Otro también que habla de que hay que evitar el saqueo de zonas arqueológicas, señala la Comisión de Cultura de la diputación y también está fechado con el 1o. de junio de 1989, y cada vez que abrimos la Prensa encontramos una serie de datos donde son saqueadas continuamente zonas arqueológicas de diferentes zonas de nuestro país; últimamente, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y otras más, y hace algunos días, en la Prensa del 25 de junio de 1991, también se habló sobre el abandono total de 161 zonas arqueológicas, y señala diferentes estados.
Creo que este tema de interés nacional, sobre todo de nosotros como representantes de la nación, valdría la pena comentarlo.
Tengo algunos datos acerca, un dato concreto que voy a narrar a ustedes, y que son suscitados en el año de 1990, ocasionados por el robo y saqueo de varias obras artísticas y religiosas de diferentes templos de esta ciudad y lo que ocasionó una manifestación pública de descontento cuando fueron saqueadas varias figurillas de marfil de la catedral de la ciudad de Puebla, así como algunas páginas de libros que estaban resguardados en nuestra propia catedral.
A raíz de esto hubo un pronunciamiento para que se evitara este tipo de saqueos, y siento que éste fue el motivo de encontrar un "chivo expiatorio" para quedar bien en la propia Procuraduría General de la República, como es el caso al que hoy me remito.
El 17 de enero de 1990, a las 14.00 horas, un grupo de policías judiciales antinarcóticos, con armas de alto poder, en ocho camionetas, con 40 policías, sin orden de aprehensión, privó de su libertad al ingeniero Omar Jiménez, hoy ya difunto. Este, el 18 de enero presentó un amparo, el que fue violado, dándolo por detenido, inclusive incomunicado; fue también torturado psicológica y físicamente. Lo tuvieron siete días y seis noches en las instalaciones del Centro de Readaptación Social, toda vez que él había dado todas las facilidades para que fuese investigado un acto al cual se señalaba como traficante de piezas arqueológicas.
Creo que en este caso la delegada se extralimitó y hay aquí un oficio presentado a la Presidencia de la República, presentando una queja del señor Omar Jiménez Espinoza, en contra de la delegada de la Procuraduría General de la República en Puebla, la licenciada Laura Márquez, cosa que nunca se le ha dado seguimiento ni contestación.
Posteriormente a esto, el antes mencionado ingeniero Omar Jiménez, había sido reconocido públicamente por toda la ciudadanía poblana como un coleccionista desde la edad de los ocho años. Este hombre se había dedicado en su infancia a recoger guijarros, posteriormente, todos los poblanos por lo menos sabemos que en la zona de Cholula hay una gran riqueza de estas piezas, que se pueden encontrar en los traspatios de cualquier casa y la gente por temor a ser reprendidos o presionados por las autoridades, no se atreven a entregarlas y ni siquiera a rescatarlas.
Este hombre falleció por suicidio a raíz de este acto y durante 40 años dedicó su vida a la recolección de estas piezas. Quiero mencionar que él había destinado un terreno, había fabricado una maqueta para crear el Museo de Cholula, para tener cúmulo de colección de piezas arqueológicas.
Quizá esto pareciera un poco anecdótico y lo que en sí quiero mencionar es lo siguiente: él desde el año de 1965, había pedido a las diferentes dependencias para que se le diese el registro como autoriza la ley, acerca de tener una colección de su propiedad. Desde 1965 fue registrado con el número 61 únicamente, y él insistió durante varios años para que se le fuese reconocido el registro de estas piezas.
En 1986, él volvió a solicitar, ampliando su registro, para que le fuesen reconocidas no nada más piezas arqueológicas, sino algunas artísticas e históricas, que eran adquiridas a privados, a particulares y que él tenía la mejor intención de que fuesen puestas en exhibición.
Lo que estoy diciendo se puede ratificar, porque los últimos cuatro gobernadores de la ciudad de Puebla, entre ellos el exlíder de esta Cámara, como lo llaman los priístas, el propio Jiménez Morales, solicitaba a esta persona su colección para presentarla en la feria de Puebla.
Era por todos conocido, por los propios estudiantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, por los estudiantes de antropología de la Usla, que era una exposición pública y que él daba todas las facilidades para que esas piezas fuesen estudiadas y observadas.
Es así también, que hay un escrito por más de 300 y pico de firmas, entre esas asociaciones, Club de Leones, rotatarios, ganaderos, escuelas, instituciones públicas, privadas, donde brindaron su apoyo para que esta colección fuese reintegrada a la ciudad de Cholula.
Mi posición muy personal es la siguiente: tengo también el oficio donde se comunica a través, dice aquí, Registro Público de Zonas Arqueológicas, año de 1986, Centro Regional de Puebla, donde se dice que no se puede dar todavía la autorización del registro, y aquí están marcados los registros 231 al 235, quiero mencionar que el 235 es el registro al señor Omar Jiménez, donde por falta de papelería y fotografía, no pueden darle al señor el registro de dicha colección. Esto nos preocupa grandemente porque vemos que si bien es cierto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de sus representantes me han indicado que están investigando el hecho, que están poniendo atención en este asunto, es cierto también que hay una gran ineficacia, un gran burocratismo, que nosotros de alguna manera tenemos que empezar a erradicar.
Vale la pena mencionar que para todos es muy importante la conservación de nuestras zonas arqueológicas, artísticas e históricas, pero que tenemos que encontrar los mecanismos para que realmente esto suceda.
También creo que es inadecuado el señalamiento de que por falta de papelería, a una persona que se dedica a la conservación de nuestro acervo cultural, no le sea dado un registro y que después, de una manera populista como siento que lo hizo la propia Procuraduría, se le detiene, es encarcelado, incomunicado y posteriormente se le involucra en un tráfico de piezas arqueológicas, a sabiendas de que él de ninguna manera, nunca lucró con estas piezas, sino por el contrario las tenía para estudio y exhibición.
En este momento también tengo aquí el catálogo de registro de 181 piezas menores de arqueología, que fueron las únicas que se pudieron registrar y que éstas son vasijas pequeñas o pequeñas piezas, que no significan realmente el valor que tiene esta colección; recuerdo que salió en la Prensa del 23 de enero, 2 mil 500 piezas, todas ellas, algunas de alto valor artístico y que hasta la fecha no sabemos su destino. Tengo información de que se encontraban en una bodega de la Procuraduría General de la República, abandonadas, en total deterioro. Hace un momento me informan que no es así, que están bajo la custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una bodega, al fin y al cabo en una bodega, abandonadas. No sé si deterioradas. Lo que sí les puedo decir, que cuando se hizo el saqueo, porque para mí fue un saqueo lo que se hizo al salón donde estaban en exhibición, las aventaron, imagínense ustedes judiciales de narcóticos, las aventaron; algunas vasijas se rompieron, otras se deterioraron, y hasta la fecha en lo que corresponde a mi persona, desconozco el origen de dónde serán destinadas estas piezas. Por eso mi petición a la Comisión de Gestoría y Quejas y a la de Cultura, para que de ser posible se investigue y se pongan realmente a disposición del estado de Puebla y éstas sean nuevamente exhibidas como se había prometido desde que estas piezas fueron... pues qué se yo, entre paréntesis, "recuperadas".
Creo que en este momento es una inquietud no nada más personal, sino de todos los legisladores, el que realmente busquemos los caminos más rápidos para que nuestro patrimonio cultural y artístico, en lugar de ser abandonado y olvidado, se creen mecanismos de recuperación y protección a ellos. Gracias.
El Presidente: - Para hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Gilberto López y Rivas.
El diputado Gilberto López y Rivas: - Coincidimos con la diputada Rosalía Ramírez, de Acción Nacional, en exigir el retorno del patrimonio cultural del pueblo de Cholula, en concreto, para que esta parte del patrimonio que poseía un coleccionista de esta ciudad, pudiera ser exhibido en un museo en algún sitio público en el cual todo el pueblo de Cholula y en general el del estado de Puebla, pudiera tener acceso a esa colección.
También debiéramos de condenar y coincidir con la diputada, por los procedimientos empleados en este caso concreto, que sirven para ilustrar un hecho, de la Procuraduría General de la República, que incluso en estas investigaciones, aunque no fue mencionado, maltrató a varios empleados del instituto y procedió en la manera en que ya aquí fue registrado y en la que nosotros pudimos ver a través de excelentes reportajes que hizo el periódico La Jornada sobre este hecho en lo particular, que incluso llevó a esta persona al suicidio.
Sin embargo, creo que en lo que no podemos coincidir es en el hecho de presentar una forma específica de cuidar o de pretender cuidar el patrimonio cultural, que es el coleccionismo, como algo que en sí mismo podría resultar positivo para la finalidad, en la que creo que todos coincidimos, de preservar y guardar nuestro patrimonio cultural.
Y esta afirmación la hago, porque en general los coleccionistas, no me quisiera referir a este caso particular, en general los coleccionistas lo que buscan es acaparar piezas bellas o de interés particular de cada uno de los coleccionistas y de esa manera destruyen la posibilidad de estudiar estas piezas en lo que los arqueólogos llaman el contexto histórico, el contexto en el cual se encontraron originalmente.
Esto es, una pieza despojada del lugar, donde originalmente debiera ser descubierta por los arqueólogos, por los especialistas, en este caso, refiriéndome a las de carácter prehispánico. Una vez sacada de ese contexto, es imposible saber muchos de los datos y de las informaciones que la pieza podría revelar si se encontrara en el sitio.
De esta manera se alteran los contextos, se destruyen las inferencias históricas y concretamente se destruye la posibilidad de un estudio sistemático y permanente de nuestro patrimonio.
También en este sentido, los coleccionistas en general alimentan, estimulan, el tráfico de nuestro patrimonio; el tráfico tanto a nivel nacional como internacional.
No quisiera aquí citar la cantidad de coleccionistas que han participado en este tráfico y que siguen haciéndolo. Pero incluso nosotros mismos hemos sido testigos de cómo coleccionistas, tanto nacionales como extranjeros, llevan colecciones enteras, por ejemplo, a Canadá, a Estados Unidos y a Europa, piezas de todas las culturas mesoaméricanas y las venden al mejor postor en esos lugares.
Concretamente en una ocasión pudimos asistir a una subasta de piezas arqueológicas mexicanas. De esta manera, nosotros pensamos que el coleccionista constituye un elemento más en esta cadena de comercialización de nuestro pasado, que en algunos casos contribuye de manera directa, en algunos otros de manera indirecta; pero que en sí forma parte de elementos cuya finalidad no es realmente la preservación y el estudio de nuestro patrimonio.
Después de la Ley Federal de Monumentos, vigente desde 1972, quedó prohibido el incrementar el número de piezas y se dio oportunidad a los coleccionistas a que registraran las piezas que tenían registradas, pero que no podía extenderse el número de piezas.
En este sentido yo creo que sería...
(Desorden.)
¿Algún compañero quisiera intervenir en la tribuna? Bueno, pues que lo pida...
¡El tiempo es el que ustedes no tienen!
(Desorden.)
En este sentido quisiera yo concretar en lo siguiente. En apoyar la propuesta que aquí hizo la diputada del Partido Acción Nacional, tanto en lo que se refiere a que se regrese este patrimonio donde quiera que esté.
Todo parece indicar que tanto las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia afirman que esta colección en particular se encuentra todavía en la Procuraduría General de la República en decir, como la Procuraduría General de la República que esta colección la tiene depositada en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Entonces concretamente apoyamos esta solicitud. Que se investigue exactamente dónde se encuentra. Que también se condene la actuación de la Procuraduría General de la República en cuanto a esta investigación particular. Porque esta colección se encuentra todavía bajo custodia, porque a estas alturas la Procuraduría General de la República todavía no ha terminado la investigación sobre la responsabilidad del suicida en lo que se le imputó.
Pero por otra parte señalamos no coincidir en cuanto a las apreciaciones que se pretenden inferir sobre la cuestión de lo que nosotros consideramos que no es la mejor forma de guardar el patrimonio cultural, que es el coleccionista. El coleccionismo, generalmente, es el gozo de unas cuantas personas en cuanto que por el lado de la conservación por las instituciones que tienen sus atribuciones destinadas a ello, es el gozo de todo el pueblo de México. Gracias.
El Presidente: - Por cinco minutos, para rectificar hechos, tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Creo que es muy conveniente hacer dos aclaraciones al respecto. Yo presenté un caso muy concreto de un coleccionista, no con esto quiero decir que éste a favor de que sean sobreprotegidos todos los coleccionistas.
Sabemos también de que hay quién a través de la propia ley se ampara y sacan del país piezas muy valiosas para nuestro acervo cultural. Yo quise señalar aquí un caso de negligencia y burocratismo, que es el que se vive desgraciadamente en nuestro país y en primer lugar señalaba yo a la Procuraduría General de la República.
Y en el otro, con todo el respeto que me merecen, si las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para muchos de los diputados no es desconocido el tema, toda vez que en las últimas reuniones en la Comisión de Cultura hemos coincidido en que no hay el suficiente personal humano y algunos se escudan en el presupuesto para poder proteger todos los monumentos históricos y artísticos y es claro y además muy viable que nosotros estemos inquietos, porque yo les puedo señalar calles enteras de la ciudades de Puebla, donde casonas que por ser consideradas a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia de patrimonio cultural - histórico están totalmente derruidas y eso ya sería entrar a la polémica de otro tema pero yo creo que aquí, yo concretamente vine a señalar dos aspectos, la negligencia y el burocratismo, tanto de un organismo como el otro y creo que aunque pudiera ser válida la interpretación del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, creo que también hay que reconocer para poder evitar más, problemas, es la ineficiencia muchas veces del propio personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia y yo no puedo señalar en concreto a una o dos personas, pero sí les puedo decir que es una queja generalizada del abandono de las zonas arqueológicas.
En una declaración del maestro Martínez Báez, en la Prensa, acerca de esto, era palpable, por ejemplo, hay zonas históricas y arqueológicas totalmente abandonadas y que son saqueadas, por eso yo empecé haciendo una explicación de estas zonas, no estoy en defensa exclusivamente de los coleccionistas, sino en que se busquen los mejores mecanismos, tanto para que funcionen bien las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como en este caso, concreto, la Procuraduría. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y Cultura.
SOBRE PETROQUÍMICA BÁSICA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Armando Ibarra Garza, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para presentar una proposición sobre petroquímica básica.
El diputado Armando Ibarra Garza: - Señor Presidente; honorable asamblea: Un rasgo principal de la política neoliberal aplicada en los últimos ocho años, ha sido la transgregación a la Constitución mexicana, en muchas de las medidas que ha aplicado el gobierno en ese período para sacar adelante toda una política que abiertamente se ha contrapuesto a nuestra Ley Suprema.
Se ha estado gobernando con leyes secundarias y decretos presidenciales para sacar adelante toda una política fondomonentarista en un marco de aperturismo que nos ha colocado más a la cercanía de una anexión con los Estados Unidos, que al fortalecimiento de nuestro país como nación soberana.
Al grupo en el poder no le ha bastado con privatizar importantes empresas del Estado, sino que ahora haciéndose eco de los intereses extranjeros, fundamentalmente norteamericanos, se está atentando contra el patrimonio que nos
dio primero la base de contribuir una nación independiente y más tarde se convirtió en motor del desarrollo de nuestra planta productiva, me refiero al petróleo y sus derivados, la petroquímica.
Para lograrlo se escudan en reglamentos que nulifican el contenido avanzado de nuestra Carta Magna, como es el caso de la llamada Ley Regulatoria del artículo 27, que le da discrecionalidad al Ejecutivo para que determine qué productos de la petroquímica son susceptibles a ser usados como materias primas.
Es evidente que a pesar de todos los avances logrados por las gigantescas aportaciones de la ciencia y de la tecnología, desde la década de los setenta hasta nuestras fechas, los hidrocarburos siguen siendo la codicia de los países imperiales. El procesamiento del petróleo hoy juega un papel importante en la industria de punta, no solamente en los países altamente desarrollados, sino también de aquellos que están en vías de desarrollo; ésa es una de las razones por las que el Estado mexicano sigue manteniendo en sus manos tanto la fuente principal de energía, el petróleo, como uno de sus derivados, los productos petroquímicos básicos a los que la Constitución general considera empresas estratégicas.
Cabe destacar, compañeros legisladores, que el patrimonio nacional actualmente en petroquímica, consiste en productos básicos, como son: el amoniaco, el benceno, el etano, entre 17 productos más, de los cuales son productivos los petroquímicos secundarios. Además, el hecho que el Estado mantenga en sus manos el control de los productos petroquímicos básicos, ha contribuido a que las empresas integren mejor sus cadenas productivas, lo que reduce costos y aumenta el valor acumulado de sus productos.
De aquí se desprende la importancia estratégica que tiene para la política hegemónica de los Estados Unidos, en este marco de la discusión para lograr un Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá la petroquímica básica, para lo cual los Estados Unidos siguen presionando para que este sector entre en la mesa de las negociaciones de dicho tratado, pues de acuerdo con lo expresado por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, las compañías norteamericanas van a disminuir su producción de productos petroquímicos terminados; para lograr tal objetivo, los Estados Unidos necesitan el dominio de la petroquímica básica que poseen otros países, como es el caso nuestro, pues sólo de esa forma las grandes transnacionales norteamericanas podrán competir en el mercado mundial con materias primas más baratas.
O sea, que en el contexto de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, a los Estados Unidos les urge llevar a nuestro país, al gobierno mexicano, a que reduzca su control de 20 petroquímicos básicos, que actualmente tiene en su control, en aproximadamente el 50%, de otra manera, de no hacerlo, argumentan los grandes monopolios norteamericanos, nos amenazan con no traer sus inversiones a nuestra industria petroquímica. Pero lo más grave de todo esto es que los deslumbrados con la falsa modernización sostienen el mismo criterio de los dirigentes políticos norteamericanos, pues en abril del presente año el titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, aseguró que los productos que integran la petroquímica básica no serán motivo de negociación en el Tratado de Libre Comercio, pero admiten la posibilidad de otra reclasificación de los productos de la petroquímica básica, si los avances tecnológicos así lo permitieran.
Es evidente que la verdadera razón no es de carácter tecnológica, sino que más bien el fondo de este paso, que desde nuestro punto de vista es de carácter antinacional, su razón es de insuficiencia de recursos económicos de Petróleos Mexicanos para construir más plantas petroquímicas y obtener más productos petroquímicos básicos. Para lograrlo el gobierno actual ha escogido el camino más fácil, el de la liberalización de las inversiones en petroquímica, mediante la vía de la descalificación de productos petroquímicos básicos, pasarlos a petroquímicos secundarios para permitir así la inversión privada nacional y extranjera que nos ha conducido a la privatización de la petroquímica básica, a espaldas de la Constitución general de la República.
De acuerdo con la Memoria de Labores publicada por Petróleos Mexicanos de 1985 a 1990, la producción de petroquímicos se incrementó en 50% al pasar de 11.7 millones de toneladas a 17.5 millones, en contraposición la capacidad instalada se elevó sólo 14% durante este mismo lapso. De esta forma, mientras en 1985 se empleaba el 69% de la capacidad total, para 1990 los complejos petroquímicos trabajaron al 91.2% de su capacidad potencial total. Estas cifras nos demuestran que la inversión en esta rama de la industria se ha reducido, mientras que las instalaciones con que cuenta Petróleos Mexicanos han incrementado
la producción de petroquímicos y está claro pues, que la inversión estatal y la petroquímica básica ha bajado dramáticamente desde principios de 1980, pues de 1986 a 1989 Petróleos Mexicanos recortó en un 150% el gasto en petroquímica, esto se reflejó en las importaciones que realizó Petróleos Mexicanos en petroquímicos básicos en casi la mitad de nuestras necesidades.
Esta encubierta privatización de la petroquímica básica diseñada desde la propia Presidencia de la República , disfrazada primero con una descapitalización de Petróleos Mexicanos y luego con los mecanismos de la reclasificación mediante los cuales el Estado redujo su participación de 70 a 20 productos, se ha profundizado con los esquemas de inversión denominados llave en mano y en los contratos de pago por anticipado, los cuales se han puesto en marcha; en el primer caso, las nuevas plantas petroquímicas se construyen por consorcios privados y al finalizar el proyecto, Petróleos Mexicanos arrienda las plantas. En las conversiones de pago por adelantado la paraestatal Petróleos Mexicanos liquida el financiamiento mediante productos petroquímicos y como si fuera poco estas medidas privatizadoras, hace unos días la revista Petroleum Intelligence publicó "que tres de los 12 más ambiciosos proyectos de participación extranjera en petroquímica básica, se concretaron en el mes de mayo con la construcción de una planta de metil - terbutil- éter con una capacidad productiva de 500 mil toneladas, financiada 100% por la empresa italiana "Entel Nacional Hidrocarburi" y una empresa de origen alemana".
Pero hay algo más de estas denuncias, dicha revista afirma que la nueva estrategia modernizadora permite abrir todo el sector incluyendo la petroquímica básica al financiamiento y a la administración extranjera.
A juicio del Partido Popular Socialista, esta soberanía no puede dejar pasar desapercibidos estos hechos graves que comprometen el futuro de empresas estratégicas como es el caso de la petroquímica básica, que son de extraordinaria importancia para la sobrevivencia de nuestro país como nación soberana, precisamente ahora más que nunca, cuando el Ejecutivo Federal ha aplicado una política de concesiones al imperialismo y se discute el futuro del país, en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá.
Nosotros, el Partido Popular Socialista, consideramos que frente a la escasez de recursos, no se debe plantear la anexión de nuestra economía a la de Estados Unidos; existen, a juicio nuestro, otros caminos, como es la reestructuración de Petróleos Mexicanos, mayor inversión estatal a esta empresa, participación de la inversión extranjera, sí pero en forma, complementaria, inyectarle mayores recursos, como mencioné anteriormente, reestructurado de una forma más soberana la deuda externa.
Por las consideraciones anteriores y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre del Partido Popular Socialista propongo a esta soberanía por su aprobación, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Que las comisiones unidas de Patrimonio y Fomento Industrial y la Comisión de Energéticos de la Cámara de Diputados, inviten a comparecer al director de Petróleos Mexicanos ante el pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que informe en torno a la desclasificación de productos petroquímicos básicos y la evidente privatización de esta rama de la industria estratégica, que ha implementado el gobierno.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los dos días del mes de julio de 1991.- Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, Armando Ibarra; por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Alfredo Pliego Aldana.» Muchas gracias.
El Presidente: - Para rectificar hechos y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Alfredo Pliego Aldana.
El diputado Alfredo Pliego Aldana: - Mire, señor Presidente; compañeras y compañeros: No es para rectificar hechos, es para ampliar hechos e insistir en lo mismo.
Es indispensable que comparezca el director de Petróleos Mexicanos ante el pleno de esta Cámara, para que de una vez por todas aclare la realidad de nuestros energéticos con respecto al Tratado de Libre Comercio, así como la inversión extranjera y la privatización de diferentes áreas de Petróleos Mexicanos por la vía de la inversión. El Tratado de Libre Comercio, en el fondo, es para los Estados Unidos la garantía del pago de nuestra deuda externa y la de los
servicios de ella a través de nuestros recursos naturales.
Hace dos años hubo una clasificación en la petroquímica, quedando 17 productos en la básica, es decir el 30%, y el 70% quedó en la secundaria, más de 60 productos, lo que representa una entrega de nuestros energéticos a los Estados Unidos.
Para llevar a cabo esta reclasificación, no se tomó en cuenta la Constitución, sino simplemente se modificó a través de una Comisión Nacional Química, integrada por el propio Ejecutivo Federal, a través de la secretaría de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, Petróleos Mexicanos y otros organismos de la Federación.
Posteriormente se extiende un decreto del Ejecutivo para darle vigencia a una desclasificación, llevada a cabo en forma silenciosa y violando flagrantemente la Constitución de la República.
Un día el secretario de Comercio dijo que el petróleo no iba a estar en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y otro día decía lo contrario.
En todas las publicaciones de México hemos leído las presiones de la contraparte norteamericana, que han estado presionando y exigiendo que todo esté incluido en el Tratado de Libre Comercio.
Finalmente el Ejecutivo ha declarado que no va a entrar el petróleo en el Tratado de Libre Comercio.
Pero el hecho, al margen del tratado, es que se ha entregado nuestra soberanía energética en manos extranjeras, como es el casi sin duda de la petroquímica básica, la que se encuentra amenazada actualmente con otra reclasificación al margen de la Constitución en el área inclusive de la perforación, que otra hora era materia de trabajo de los trabajadores sindicalizados, los petroleros, hoy ha sido entregada a la inversión extranjera con la perforación en la plataforma continental en más de 14 perforaciones en esa área.
En el área de refinación el consumo de gasolina aumenta 10% anualmente y con el cierre de Azcapotzalco estamos comprando en el extranjero más de 80 mil barriles diarios de gasolina con el consecuente desempleo y el pago de divisas, dejando en la calle a los trabajadores petroleros, como el caso de Azcapotzalco, 7 mil 500; en Reynosa, 450 y en Poza Rica más o menos 400.
Por todo esto se requiere una replanteación real y una claridad a la opinión pública del programa de energéticos en México, por lo que apoyamos el punto de acuerdo del Partido Popular Socialista para que comparezca el director de Petróleos Mexicanos ante esta soberanía.
Muchas gracias.
El Presidente.- Sobre el mismo tema tiene la palabra el diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw:- Señor Presidente; honorable asamblea: Elevo votos porque goce el privilegio de su atención. Al tocar el tema de los que se escrituró por el poeta, diciendo que eran "los veneros del diablo", es realmente complejo y muy delicado. El petróleo es indudablemente la fuente de riqueza de todos los países del orbe que tengan en sus entrañas este energético.
De ahí que al estar históricamente ligados por el resto de la humanidad al país, se dice, más poderoso del orbe, tenemos por condescendencia, podríamos decir, la necesidad de comerciar quizá en mayor cantidad que con el resto del mundo. De ahí que el problema de la petroquímica indiscutiblemente que le es interesante a este enorme país.
Lo que a mí juicio y de la fracción de la cual he emergido la integración de este honorable Poder Legislativo, es que me parece inconcebible que a través de 53 años de nacionalización de la industria petrolera, hemos escuchado aquí que muchas o algunas fracciones piden, ya sea la nacionalización como fue de la industria eléctrica, de la nacionalización de los bancos, la nacionalización de la industria farmacéutica, en fin, hablan de los imperialismos que en este caso creo que si se refieren a un imperialismo como capitalismo, si México lo requiere tenemos que hacer diríamos migas con quienes lo poseen. Puede ser el país más poderoso del Pacífico en materia económica, puede ser la Comunidad Europea o en este caso el imperialismo como dice "yanqui", pero la petroquímica es necesario darle mayor inversión de donde sea el capital que llegue para ello.
Yo pienso decía, de esos 53 años, ¿cómo es posible que todavía México no pueda ser soberano en lo más elemental en esa materia
energética que es la perforación de pozos tanto verticales como direccionales?
Aquí muy cerca, a menos de 300 kilómetros existen compañías norteamericanas, como las hubo holandesas, como las hubo belgas, que en la actualidad están desplazando al trabajador nato, al que merece darle la prioridad en la mano de obra, por ello siento que no es justo, porque si bien al ampliar la petroquímica básica tendremos lo que no existe ahorita, fuentes de trabajo y ese capital tanto para la producción de esas plantas, vendrá a repercutir naturalmente en el beneficio de México.
Es bien cierto que se llevarán los productos terminados o semiterminados más baratos, pero sin en la actualidad estamos exportando más de la tercera parte de la plataforma de explotación del energético, del petróleo, lo estamos exportando, como decimos, en "greña", ¿por qué no explotarlos en petroquímicos?
Esto, repito, redundará en beneficio de la industria petrolera.
Con todo respeto a aquellos que solicitan tiempo yo creo que el señor Presidente podría ilustrar a la asamblea que estoy inscrito para hacer uso de la tribuna con el tiempo correspondiente, más no el de cinco minutos.
Por ello, decía, creo que necesariamente en el Tratado de Libre Comercio no se va a enajenar el petróleo, no se va a ir en contra del articulado constitucional, el 27 que norma y rige a esta industria. Creo que será una de las menos gravadas en cuanto a los energéticos, la petroquímica, porque repito, tendrá la oportunidad de desarrollarse en nuestro México. Sin embargo hemos observado, y ya lo hemos narrado en esta tribuna algo que me parece ilógico e incongruente: en otras administraciones se llegó hasta construir una refinería en la Península Ibérica. ¿Cómo es posible, por qué no la hemos impugnado e impugnamos ahora en el Tratado de Libre Comercio lo del petróleo; allá se va en materia bruta se va en "greña", se va a través de los barcos y no va a beneficiar a los mexicanos. Luego entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no invierta aquí el capital norteamericano, pues que vengan los japoneses, que vengan los italianos, que vengan los alemanes, es igual. Pero juzgo de que México requiere de economía extranjera para poder salir de este bache, que algunas administraciones pasadas nos han, decíamos, dejado en lo que vivimos actualmente: en la miseria.
De tal manera, para recuperar el paso en materia económica y encontrarse como se desea en el país de primer mundo, debemos apoyar este tipo de industria dentro del Tratado de Libre Comercio, hasta donde sea posible, respetando el marco constitucional, para que la inversión extranjera llegue a México más fuerte. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema, tiene la palabra el diputado Antonio Ríos Rojo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José Antonio Ríos Rojo: - Gracias, compañeras y compañeros diputados: Según la revista norteamericana Fortuna, Petróleos Mexicanos dentro de las 500 empresas más grandes del mundo, ocupa el lugar número 65. Es la cuarta empresa petrolera más grande del mundo, y es la principal empresa mexicana. Por esas razones Petróleos Mexicanos hoy es la empresa más asediada por los gobiernos extranjeros, lo hemos visto cuando leemos las notas del pasado viaje que el licenciado Carlos Salinas de Gortari realizará a Japón y lo hemos visto también y lo leemos a diario, cuando Serra Puche dice que el Petróleo no entrará dentro del Acuerdo de Libre Comercio y al día siguiente Karla Hill expresa que harán todo lo posible para que el petróleo entre al Tratado de Libre Comercio.
Hoy Petróleos Mexicanos es una empresa que, al igual que en la Comisión Federal de Electricidad, se cometió el error durante la década de los ochenta de no incrementar sustancialmente su presupuesto y hoy su presupuesto de 22.9 billones de pesos, apenas es el que el 53% del presupuesto que ejerció en 1981.
Pero en inversiones, lo que en este año ejercerá Petróleos Mexicanos en inversiones, es apenas el 23% de lo ejercido prácticamente 10 años.
Petróleos Mexicanos necesita, así lo expresaron diversos ponentes en el pasado foro, organizado por el Colegio Nacional en el Palacio de Minería, hace aproximadamente cinco meses, invertir para 1995 una cantidad aproximada de 5 mil millones de dólares, que es muy difícil que esas inversiones Petróleos Mexicanos pueda obtenerla.
Sabedores los norteamericanos de esta situación de la falta de financiamientos de Petróleos Mexicanos, el Congreso de los Estados Unidos hoy, y desde hace dos meses, ha estado discutiendo un documento, elaborado por una
empresa consultora, la General Accoutting Office, donde explica los beneficios que los extranjeros tendrán en nuestro país, con la reclasificación que ha habido en la petroquímica básica.
Leyendo con atención, al historiador Lorenzo Meyer, él nos dice; "...Que no es necesario que el petróleo entre al Tratado de Libre Comercio", y él concluye que; "...Con Tratado o sin tratado, el petróleo se está yendo" y, menciona que: "El año pasado recibimos por concepto de nuestras ventas de petróleo, 7 mil 500 millones de dólares y pagamos por concepto de nuestra deuda, 9 mil 18 millones de dólares.
"No es necesario, dice Lorenzo Meyer, que el gobierno mexicano, incluya el petróleo en el Tratado de Libre Comercio, porque con o sin tratado nuestro petróleo se va".
Antes de 1938, en 1921, el año cuando las empresas norteamericanas establecidas en nuestra país "El Águila", en la Huasteca principalmente lograron una exportación en ese año, que fue el año de mayor exportación de nuestro petróleo de una cantidad de 190 millones de barriles de petróleo al año. En este año, se piensa que tendremos una exportación de petróleo casi tres veces superior de 490 millones de barriles de petróleo al año.
Hoy nuestro país, con una producción diaria de 2.5 millones de barriles de petróleo, exporta 1.36 millones de barriles de petróleo y esa tendencia aumenta. Antes de 1938, exportábamos casi todo lo que producíamos. En 1945, después de la expropiación petrolera, el gobierno mexicano estuvo cuidando todos nuestros recursos y sólo exportábamos aproximadamente el 13% de nuestra producción. Pero después de 1982 con el "boom" petrolero, hemos estado exportando todos los días, casi o más de la mitad del petróleo que estamos sacando de nuestro subsuelo.
Hay grandes presiones de los gobiernos, principalmente de los Estados Unidos y de Japón, por seguirse llevando más y hoy lo hacen por la puerta trasera; sin la necesidad de modificar el artículo 27 constitucional, han estado haciendo las reclasificaciones de productos de petroquímica básica y es muy probable que en los próximos meses o semanas, de 20 productos de petroquímica básica, vayamos a pasar a seis, que son los que internacionalmente se conocen.
Nos enteramos por la Prensa, porque las autoridades de Petróleos Mexicanos, no nos informan, menos nos explican, de los tratados secretos que parece ser Petróleos Mexicanos tiene como una empresa norteamericana llamada Athur B. Little, sobre un programa que tratará de explicar y de justificar la probable reclasificación de los productos de petroquímica básica y mencionó lo que la prensa dice; no mencionó lo que las autoridades de Petróleos Mexicanos han informado a esta soberanía, porque simple y sencillamente, no lo han hecho.
No me atrevo a afirmar que ese contrato existe entre Petróleos Mexicanos y esa empresa norteamericana, pero yo creo que lo menos que esta soberanía debiera de hacer es pedirle información a las autoridades de Petróleos sobre este probable convenio que ha suscrito la dirección de Petróleos Mexicanos con esta empresa, cuyo asiento se encuentra en Massachusetts.
Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 48 de esta soberanía, propongo el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que en esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, solicite a Petróleos Mexicanos toda la información referente al contrato celebrado, o probablemente celebrado, entre Petróleos Mexicanos y la empresa Arthur B. Little, estudios que la empresa Arthur B. Little hará para Petróleos Mexicanos, con objeto de reclasificar productos de petroquímica básica. Muchísimas gracias.
El Presidente: - Por la Comisión de Energéticos, tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Alberto Amador Leal: - Con su permiso, señor Presidente: Quisiera abordar, de manera breve algunos de los planteamientos que aquí se han formulado. Pero desde luego quisiera partir de un planteamiento que me parece fundamental de principio, que es el que se refiere a la coincidencia con los compañeros diputados que han expresado aquí su preocupación por el fortalecimiento de esta industria estratégica y desde luego por la conveniencia de analizar, de que estamos informados de manera directa, para que nuestros juicios en torno a esta industria, desde luego tenga el sustento debido y correspondiente.
Se ha hablado aquí de la reclasificación de los productos de petroquímica básica, y quisiera
recordar que el concepto de clasificación de un producto básico tiene fundamentalmente dos componentes. Uno se refiere de tipo técnico a la forma en que se transforma y se producen tales productos, de un proceso primario a otra serie de procesos de tipo físico, químico a que son sujetos.
Y el otro elemento es precisamente el que marca el espíritu constitucional, que es su carácter estratégico.
Estos dos son los criterios que le otorgan la característica de productos básicos o secundarios a que aquí se han referido los compañeros diputados.
En segundo lugar, recordar que antes de agosto de 1989 existían precisamente 34 productos clasificados como básicos y que fue en esta administración, en agosto de 1989, que quedaron 20 productos, 18 de los 34 que ya existían y dos que se incorporaron en esta fecha. Los dos productos que se incorporaron, ya que aquí se han referido a alguno de estos productos de manera lateral, precisamente el éter metil terbutílico y el teramil éter; es decir, son precisamente los productos que se han utilizado a partir de esa fecha para mejorar la combustión, el poder de combustión de las gasolinas.
No se ha dicho aquí, pero vale la pena mencionarlo, más bien se ha dicho que la reclasificación es silenciosa. Yo creo que no, porque tales reclasificaciones son publicadas en el Diario Oficial y justamente el 7 de junio pasado ha habido una última reclasificación, que es precisamente la reclasificación del éter metil terbutílico.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Diga, diputado Ortíz.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, podría informársenos ¿qué objeto tiene la intervención del señor diputado o para qué está en la tribuna?
(Desorden.)
El Presidente: - El objeto de la presencia en la tribuna del señor diputado, lo está haciendo como presidente de la Comisión de Energéticos.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - La pregunta es: ¿está en pro o está en contra? Porque no queremos el informe del presidente de la comisión; queremos la comparecencia del señor Rojas. No tiene objeto que él nos esté informando, Si está en pro o si está en contra, que lo diga. ¿Para qué subió? El Presidente : - Continúe el orador.
El diputado Alberto Amador Leal: Con respecto, hacia el diputado Ortíz Mendoza...
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No, señor, yo quiero saber si está en pro o en contra. Porque ¿con base en qué está hablando? Estamos con una solicitud bien planteada por el Partido Popular Socialista, por lo menos y debe ser en pro y en contra, no que nos informe.
El diputado Alberto Amador Leal: - Si me permite terminar mi argumentación señor diputado y con mucho gusto diré si estoy o no en contra.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - No, pero debe ser antes. ¡Se pasa a comisión o no, señor Presidente! ¡No se va a poner a hablar y al final saber para que subió! El Presidente:- Señor, diputado Ortíz, señor diputado Ortíz, como Presidente de la Comisión de Energéticos el diputado Amador Leal, tiene el derecho de hacer uso de la tribuna y de acuerdo a la mecánica que se ha establecido para este debate...
Habremos de proceder en términos de lo que marca el artículo 58 de nuestro reglamento.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, por favor, moción, si es el 58 debe saber si el señor está en pro o en contra; si nada más nos está queriendo dar cátedra, de por qué eso se hizo o no se hizo una tarea, es no está a debate. Está a favor o no a que venga el director de Petróleos Mexicanos. Esa es toda su obligación.
El Presidente: - Señor diputado, es evidente...
El diputado José Murat (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Perdón , diputado, tiene la palabra.
El diputado José Murat (desde su curul): - Solamente para hacer una aclaración, solamente para una aclaración: el diputado Amador, según entiendo, subió para hablar en contra de la proposición que están proponiendo, así están
los registros de los oradores, es una aclaración a la mesa directiva, solamente.
El Presidente: - Continúe el diputado Alberto Amador.
El diputado Alberto Amador Leal: - Decía, compañeros diputados, que vale la pena analizar con claridad las referencias a que se han referido aquí los compañeros diputados y decía que precisamente el 7 de junio pasado, se publicó en el Diario Oficial la última reclasificación y decía también que precisamente esta reclasificación se refiere al MTBE que es utilizado, vuelvo a repetir, en el Programa ecológico de mejoramiento de la producción de gasolina.
Habría aquí otra serie de argumentos de tipo técnico que creo que podríamos analizar a profundidad en comisión para definir por qué o profundizar en el porqué este producto fue o incluido como producto básico en 1989 y por porqué ahora se propone su inclusión, su reclasificación como parte de la clasificación secundaria, sólo recordar a ustedes que dentro del paquete de inversión que llama Petróleos Mexicanos, ecológica de mil millones de dólares, precisamente se incluyen cinco plantas que producirán estos productos.
Por otra parte se ha hablado aquí de la inversión extranjera, nos parece que precisamente uno de los propósitos de clasificar los términos de la reclasificación, fue el delimitar, como se hizo en su momento, la participación de la inversión extranjera en un 40% en la producción de secundarios y hasta en un 100% en la producción del resto de los productos.
El Presidente: - Permítame, diputado Amador, un momento. ¿Dígame, diputado?
El diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Señor Presidente, nuevamente queremos solicitar una moción. No tiene caso la intervención del diputado respecto a que nos quiera ilustrar él; lo que hemos solicitado nosotros es la comparecencia del director de Petróleos Mexicanos para que explique precisamente lo que nosotros hemos aquí demandado, la reclasificación de la petroquímica básica, eso es lo que queremos, no al diputado; con todo respeto, señor diputado, ¡no nos ilustre usted!, ¡queremos aquí la presencia del director de Petróleos Mexicanos! ¡Una moción de orden, señor Presidente!
El Presidente: - Reitero su moción, diputado Ibarra.
Continúe el orador.
El diputado Alberto Amador Leal: - ...Nada más para aclarar, señor Presidente. Respetuosamente hemos escuchado durante 15 minutos la intervención de cada uno de los señores diputados; no he concluido mi intervención.
(Desorden.)
Decía yo, compañeros diputados, en efecto ha habido un rezago en la inversión y lo que se ha tratado a partir de 1989 es de recuperar el ritmo de la inversión, de acuerdo al propósito de fortalecer el desarrollo de la industria, por una parte y de satisfacer la demanda nacional.
¿Cómo hacerlo ante una escasez de recursos como la que aquí se ha planteado?
(Desorden.)
Bien, necesitamos desde luego fortalecer los ingresos propios de la industria, necesitamos aplicar una política prudente de endeudamiento y buscar formas alternativas dentro del marco constitucional.
Se ha hablado también aquí de las implicaciones del petróleo en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y a mí me parece que ha habido una exposición definitiva del Poder Ejecutivo respecto al acatamiento estricto al marco constitucional.
A mí me parece, compañeros diputados, que los planteamientos que han formulado aquí los compañeros de las diversas fracciones, son válidos, pero al mismo tiempo forman parte de una industria complejo que requiere un análisis profundo. Estamos de acuerdo en que hay que fortalecer a esta industria, estamos también de acuerdo en la conveniencia y en la obligación que tiene el Ejecutivo Federal de turnar la información que requerimos; estamos de acuerdo también y de echo hemos, en la Comisión de Energéticos, requerido la información que ha sido solicitada y de intercambiar el diálogo y los puntos de vista con las instituciones correspondientes.
Por lo tanto, señor Presidente, proponemos que las proposiciones que aquí se han formulado sean turnadas a la Comisión de Energéticos, para que en su seno se encuentre el camino más expedito, más eficaz, que nos ayude al cumplimiento de nuestro cometido. Muchas gracias.
El Presidente: - En términos del 58, le pido a la secretaría ponga a votación las proposiciones...
El diputado Ortíz Mendoza (desde su curul): - Señor Presidente, no ha hablado nadie a favor.
El Presidente: - Ya hablaron, diputado Ortíz Mendoza, diputados a favor de la propuesta y habló el diputado Pliego Aldana a favor de la proposición, diputado Ortíz Mendoza. Tiene la palabra para hechos el diputado Colio. No está para hechos el diputado Colio, el diputado Aldana habló a favor de la proposición. ¿Va a hablar, diputado Ortíz Mendoza?
El diputado Francisco Ortíz Mendoza (desde su curul): - A favor de la propuesta.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ortíz Mendoza, para hechos.
El diputado Francisco Ortíz Mendoza: - Señor Presidente; honorable asamblea; El Partido Popular Socialista ha hecho una proposición muy concreta, por tratarse de un problema sumamente serio; no puede estarse manejando con tanta irresponsabilidad desde la Presidencia este trabajo; si el señor diputado observa lo que dijo, estuvo diciendo: habla el diputado fulano para las mismas cuestiones, nunca puso a discusión este tema, nunca lo puso a discusión, hablaron todos para los mismos hechos y el propio diputado que me acaba de anteceder, le dio la palabra para los mismos hechos, jamás lo puso a votación, a discusión; se trata de una cosa sumamente seria, no queremos que se vote mecánicamente; el director tiene toda la opción de venirnos a ilustrar para saber que está pasando en Petróleos Mexicanos y no puede rechazarse esa propuesta con una explicación que nos viene a dar el presidente de la comisión, sin que nadie se lo haya perdido porque entonces pediríamos que compareciera ante las comisiones el presidente de la comisión y eso no tienen sentido. Esto tiene la misma altura que Teléfonos de México y que la Comisión Federal o quizá mayor altura, ahí están los informes ahora, Teléfonos de México duplicó sus acciones en cinco meses, ¿cómo es posible eso?, y que lo hayamos hecho en un año con tanta facilidad y lo mismo se quiere hacer con la Comisión Federal y lo mismo con Petróleos Mexicanos.
Yo pido al señor Presidente o que lo ponga a discusión o que lo votemos a favor, es en beneficio de Petróleos Mexicanos, que venga el director y nos informe a las comisiones correspondientes.
Yo pido que se medite, señores diputados y señor Presidente, que se maneje esto con mayor seriedad. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, señor diputado Ortíz Mendoza. Ponga la secretaría en los términos del 58 a votación las propuestas formuladas por los diputados Ríos y diputado Ibarra.
El diputado Armando Ibarra Garza (desde su curul): - Señor Presidente, de la Comisión de Energéticos, al finalizar su intervención, él solicitó que la propuesta nuestra fuera turnada a la Comisión de Energéticos, tal y como lo propusimos nosotros, precisamente para que ahí se diera el curso de la propuesta, eso fue al último, la propuesta del presidente de la Comisión de Energéticos.
El Presidente: - ¿Esta de acuerdo el Partido Popular Socialista del turno?
Túrnese el asunto planteado por el diputado Ibarra a la Comisión de Energéticos.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE NUEVO LEÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre Auditoría a la Universidad Autónoma de Nuevo León.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Señor Presidente; compañeros diputados: El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en está Cámara, manifiesto lo siguiente:
Uno de los temas más inquietantes en materia universitaria, ha sido el relativo a los alcances o linderos de la autonomía, lo cual no deja de ser claro y preciso que tal concepto sólo es referido a la materia educativa y nunca a la existencia de otro estado; aparte de que el fundador de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, participó en la corriente de la autonomía, la que actualmente disfrutan muchas universidades del universo de existentes en el país.
De acuerdo con los principios de Acción Nacional en materia de educación, señala:
La actividad universitaria sólo puede cumplir propiamente su misión de conservar, acrecentar y difundir la cultura, si se desarrolla en un régimen de honradez intelectual, de disciplina autonomía y de libertad de cátedra.
Por la importancia que la universidad tiene en la vida de la patria, sus actividades deben ser apoyadas moral y económicamente por toda la colectividad y asegurar la libertad de investigación, de convicción y de opinión a sus miembros.
El Estado debe proporcionar los medios económicos suficientes para que la universidad y los institutos de cultura superior, cumplan sus fines, sin que por ello tenga derecho a limitar la autonomía universitaria, la libertad de cátedra y las consecuentes facultades para la libre organización interna de las instituciones.
Hasta ahí la cita de Manuel Gómez Morín.
Sobre el aspecto de universidad, concepto central de esta proposición, el maestro Manuel Gómez Morín, principal defensor de la autonomía de la Universidad Nacional de México, de la cual fue rector, manifestó en 1933:
"La Universidad Autónoma de México es una institución corporativa del más alto interés público, que tiene como fin propio y exclusivo una función esencial para la nación. Está dotada de autonomía para realizarse, sobre las bases generales que señala la ley y para decidir por sí misma en cuanto se refiere al cumplimiento de su finalidad específica. Tiene plena capacidad jurídica, y por ende, está en aptitud de poseer, usar y disfrutar y disponer de su patrimonio, en afectación al fin de su instituto.
No es un Estado soberano y por eso está sujeto en todo lo que no queda amparado por su estatuto autónomo, a la actividad y al poder de decisión del Estado, derecho común sobre propiedad, posesión, disfrute, adquisición o disposición de bienes y sobre obligaciones y contratos, leyes, reglamentos y disposiciones generales, administrativas y de policía y de buen gobierno, decisiones judiciales en los casos en que la universidad se aparte."
El origen de la autonomía de las universidades ha sido una verdadera necesidad para el cumplimiento de sus fines sociales, pero dicha autonomía es sólo en cuanto a la actividad educativa y no por eso aislarse de todo lo demás y representar un Estado dentro de otro Estado. La autonomía no puede traducirse en libertinaje, sino que aquélla debe constreñirse a sus leyes orgánicas y reglamentaciones que cada institución elabore, que por lo general siguen la pauta de la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual data en su autonomía desde 1933.
Este concepto se ha trastocado muchas veces y llegado a provocar innumerables problemas en el desarrollo de estos centros de estudio, donde en ocasiones se han introducido corrientes diferentes que desvirtúan los fines que ilícitamente deben perseguir.
Dentro del campo de las universidades autónomas en México, está la Universidad Autónoma de Nuevo León, la cual adquirió su autonomía a partir de junio de 1971, existieron en su tránsito los más disímbolos problemas, que incluyó la renuncia del gobernador en turno.
Dicha institución es una de las más importantes del país y con reconocimiento aun en el extranjero, cuenta con una población estudiantil de 111 mil 128 estudiantes, con 73 dependencias entre preparatorias generales y técnicas y escuelas profesionales, facultades y divisiones de postgrado, con 231 carrera entre técnicas, bachilleratos técnicos, licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados, con un personal a fines de 1989 de 12 mil 960, entre docente y no docente, con un promedio de expedición de tres mil 586 títulos profesionales anuales entre septiembre de 1985 a agosto de 1989, entre otros datos importantes.
Su Ley Orgánica que rige, establece entre su articulado:
Artículo 1o. La Universidad Autónoma de Nuevo León es una institución de cultura superior al servicio de la sociedad descentralizada del estado con plena capacidad y personalidad jurídica.
Artículo 3o. Para realizar sus fines la universidad se fundará en los principios de libertad de cátedra y de investigación, acogiendo a todas las corrientes del pensamiento y las tendencias de carácter científico y social.
Artículo 35. El patrimonio de la universidad lo constituyen los bienes y recursos que a continuación se enuncian:
Fracción V. Los subsidios y subvenciones ordinarias y extraordinarias que el gobierno federal, el del estado y los de los municipios, le otorguen investigando los valores de los subsidios otorgados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como a su dependencia, hospital universitario doctor. José Eleuterio González, en los cinco años anteriores, se obtuvo la siguiente información:
Totalizando los cinco años anteriores se da un total en subvenciones o subsidios federales de
1 billón 129 mil 599.4 millones y en subsidios estatales, en el mismo término, de 346 mil 786 millones.
Conforme a la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, ésta es el órgano técnico de la Cámara de Diputados para la revisión de la cuenta pública del gobierno federal, así como sus aplicaciones y su artículo 3o, señala como sus atribuciones:
Fracción III. Fiscalizar los subsidios concedidos por el gobierno federal a los estados, al Departamento del Distrito Federal, a los organismos de la administración pública paraestatal, a los municipios, a las instituciones privadas, a los particulares, cualesquiera que sean los fines de su destino, así como verificar su aplicación al objeto autorizado.
Si bien, puede pensarse que sería violatorio de la autonomía en la administración de la fiscalización que señala la Ley Orgánica referida, sería esto una medida que por primera vez se pusiera en práctica, como un sabio precedente, que conduciría como primer paso el evitar que los subsidios estuvieren mal aplicados. Esto independientemente de que deben buscarse las formas para que las universidades autónomas fueren autosuficientes y que en su oportunidad fueren retirados los subsidios en un afán de independizarlos en una autonomía total. Porque en la velada dependencia de los subsidios pueden existir manejos para fines inconfesables.
Para ello, los principios del Partido Acción Nacional, también establecen: El Estado y la colectividad deben gestionar la constitución de patrimonio propios para las universidades e instituciones de cultura superior, con el fin de garantizar su autonomía jurídica y económica y de que desempeñen eficazmente la misión que deben cumplir.
Por lo anterior expuesto, se formula la siguiente proposición: Como una medida saludable y sin prejuzgar irregularidad alguna, sino alentado por el interés de que se justifique la clarificación del destino de los fondos públicos federales que se otorgan a las universidades autónomas del país, así como de las dependencias de las mismas, vía subsidios, con apoyo en las atribuciones que contiene el artículo 3o., de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda, que por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara, se ordena la práctica de auditorías a la Universidad Autónoma de Nuevo León y al hospital universitario doctor José Eleuterio González, dependiente éste de la Facultad de Medicina sobre los destinos de los subsidios federales otorgados durante los últimos cinco años.
Por ello, pido se acuerde por la Presidencia, se turne a la Comisión de Vigilancia referida, para que ésta determine su aprobación y programe las auditorías indicadas.
Igualmente, respetando la soberanía del estado libre de Nuevo León, que se sugiera por dicha Comisión de Vigilancia al Congreso de dicho estado, determine auditoría en relación con los subsidios estatales que a la misma institución se están otorgando.
Respetuosamente.
Sala de sesiones.
Firma el diputado su servidor, Leopoldo Homero Salinas. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
DECLARACIONES
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, hay una petición de excitativa a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria. Tiene la palabra el diputado Félix Mercado.
El diputado Félix Mercado Téllez: - Muchas gracias, señor Presidente; con su permiso Honorable asamblea: El pasado miércoles 26 de junio, mi compañero del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, el diputado José Marín Rebollo, vino a esta alta tribuna para plantear la proposición de que comparezcan ante las comisiones unidas de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria, el profesor Carlos Hank González y el licenciado Víctor Cervera Pacheco, titulares de las secretarías de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Reforma Agraria, respectivamente, para que den una explicación detallada a esta soberanía, sobre la problemática del proyecto de riego Pujal- Coy.
Este proyecto de riego, a nuestro juicio abre grandes perspectivas de desarrollo agropecuario, no sólo para la zona de la Huasteca, sino para todo el país. En este proyecto se han hecho grandes inversiones sin que hasta nuestros días hayan dado los resultados esperados. Tales cuestiones fueron los motivos para presentar
dicha proposición, la cual fuera turnada a las comisiones mencionadas.
El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 87, establece que las comisiones deberán presentar dictamen de los negocios de su competencia dentro de los cinco días siguientes al de la fecha en que los hayan recbido.
Considerando que han pasado más de cinco días y dada la gran importancia que tiene el proyecto referido y puesto que las Comisiones mencionadas no han presentado el respectivo dictamen, por mi conducto la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, pide respetuosamente a usted, señor Presidente, haga la excitativa correspondiente a las comisiones mencionadas para que se reúnan posteriormente y emitan dictamen de la proposición hecha a esta soberanía por el diputado Marín Rebollo. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se excita a las comisiones correspondientes de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Reforma Agraria.
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente: - En el capítulo de declaraciones, fijación, de posiciones y opiniones, relacionado al Tratado de Libre Comercio y su marco jurídico constitucional, tiene la palabra el diputado Luis Gambino Heredia, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana... ¿No se encuentra?... Tiene la palabra el diputado César Coll Carabias, del Partido Acción Nacional.
El diputado César Coll Carabias: - Con su venia, señor Presidente; señoras diputadas y señores diputados: Es indiscutible que en estos momentos el tema más relevante y de mayor alcance que estamos viviendo, es la inminente negociación del Tratado de Libre Comercio, por ello el Partido Acción Nacional reclama para esta soberanía su participación en todos los aspectos de dicha negociación.
El trabajo que el Congreso de la Unión debe llevar a cabo en el terreno de su competencia ante el proceso de negociación que el Ejecutivo está realizando para la posible celebración del Tratado de Libre Comercio, es una labor ardua y muy difícil.
El Congreso debe afrontar las exigencias históricas que los tiempos actuales le presentan con pleno sentido nacionalista de participar con responsabilidad y oportunidad en el cumplimiento del mandato que la nación le ha otorgado y del cual le pedirá cuentas, pues, en la negociación y posible celebración de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América y el Canadá, y posteriormente con la República de Chile, está en juego el futuro de México.
Si el Ejecutivo negocia los tratados de libre comercio, que implican modificaciones arancelarias y no cuenta con facultades expresas otorgadas por el Congreso de la Unión, esas negociaciones las llevará a cabo el Ejecutivo al margen de la Constitución y, por lo tanto, serán arbitrarias e ilegales, tanto las negociaciones mismas como los actos que de ella se deriven y no nos extrañe que en fundamento a esta transgresión constitucional, surjan de los grupos empresariales amparo en contra del proceso de la negociación.
La facultad para establecer contribuciones al comercio exterior, radica en el Congreso de la Unión, a través del artículo 73 constitucional, que originalmente en su numerario noveno de 1917 y ahora en su numeral 29, establece claramente esta facultad, más aún en el artículo constitucional 131, en su segundo párrafo, establece claramente que el Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión.
¿Qué es un Tratado de Libre Comercio en esencia? Un Tratado de Libre Comercio es el aumentar, disminuir, suprimir, las cuotas de las tarifas de exportación e importación, quitar barreras no arancelarias, suprimir las cuotas de importación o de exportación, en fin, es todo aquello que va relacionado con un efecto económico a las relaciones internacionales que nuestro país mantiene con otras naciones.
Si nosotros leemos una parte del segundo párrafo del 131, encontramos una amplia similitud con esto y a la letra dice: "Para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquier otro tipo de propósito
en beneficio del país". Como hemos, hay un enorme paralelismo entre lo que se concibe como un Tratado de Libre Comercio y lo que establece este segundo párrafo del 133.
La facultad de establecer contribuciones al comercio exterior, inherente a esta Cámara de Diputados, se ejerce y doy como ejemplo, cuando a raíz de nuestra incorporación al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, hubo la necesidad de modificar todo nuestro sistema de tarifas. En aquel entonces, esta soberanía fue la que discutió las llamadas reglas generales y complementarias para la aplicación de la tarifa de la Ley del Impuesto General de Importación, que en resumidas palabras, era hacer concordante nuestras nomenclaturas de asignación a cada una de las tarifas arancelarias, con las que estaban empleando a nivel mundial todos los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.
Ahí fue esta soberanía, con las atribuciones que le confiere el 73 constitucional, la que discutió el nuevo sistema que se iba a implementar, las nuevas nomenclaturas al respeto.
La relación causal entre el establecimiento de contribuciones al comercio exterior y sus profundos y amplios efectos en la vida económica de la nación es por lo tanto contundente en efecto constitucional.
Al recibir esta facultad en el Congreso, según lo consigna el segundo párrafo del 131 constitucional de referencia, este puede facultar al Ejecutivo para ejercerla en las condiciones y formas en que el propio artículo lo establezca. Y aquí, como miembro de la Comisión de Hacienda, en coordinación de nuestro grupo parlamentario en esa comisión, nunca hemos recibido, por parte del Ejecutivo, la solicitud ex profesa para el otorgamiento de facultades para negociar el Tratado de Libre Comercio. Hemos recibido, eso sí, en noviembre pasado y en noviembre antepasado, la lista de todas aquellas tarifas y aranceles que se movieron al alza, a la baja, los permisos previos que se quitaron, los precios oficiales que se eliminaron y esta soberanía lo aprobó y lo aprobamos en el transitorio segundo de la Ley de Ingresos, en la cual se relaciona esta lista de cambios. O sea, hemos aprobado a posteriori, el movimiento dinámico, porque así se requiere que se haga, de las tarifas arancelarias. Pero es muy diferente otorgarle al Ejecutivo la libertad de manejar las tarifas arancelarias y el comercio exterior en general, para protección de la economía mexicana, que otorgarle facultades para negociar un Tratado de Libre Comercio, que todos sabemos y estamos conscientes compromete la vida económica, política, social y cultural de nuestra nación por varios decenios.
Por lo tanto reclamamos que este derecho que tenemos establecido en ese par de artículos constitucionales, para que el Ejecutivo solicite, acogiéndose a esas disposiciones de nuestra Carta Magna y se respeten, porque de lo contrario el Ejecutivo está transgrediendo al negociar el Tratado de Libre Comercio, nuestra Constitución.
Si el Ejecutivo negocia tratados de libre comercio que impliquen modificaciones, es eminente que estas negociaciones no van a tener el apoyo jurídico suficiente parta respaldarlas. Por lo anterior, para que el Ejecutivo pueda llevar a cabo negociaciones legalmente válidas, tendientes a la celebración de tratados de comercio internacional y aquí no únicamente el tratado con Canadá y los Estados Unidos, sino con otros países, que impliquen modificaciones a los aranceles, éste deberá, primeramente solicitar al Congreso facultades expresas para negociar dichos tratados, especificando la amplitud y el alcance de las negociaciones propuestas y sus efectos sobre los aranceles de comercio exterior vigentes.
Segundo. En su solicitud el Ejecutivo deberá especificar claramente al Congreso cuál es la agenda de las negociaciones, los sectores y las regiones que se verán afectadas, positiva o negativamente, con esas negociaciones. Los objetivos que se pretenden alcanzar. Las medidas que se tomarán en defensa del empleo, en los casos de que éste se vea negativamente afectado, como resultado de la celebración de dichos tratados.
Y en tercer lugar, mantener en consulta permanente al Congreso de la Unión durante las negociaciones, para informarle sobre el progreso de las mismas en general y en particular informarle sobre el uso que ésta haciendo de las facultades recibidas. Esto lo debe llevar a cabo el Ejecutivo, sin detrimento de las obligaciones que el mismo artículo 131 constitucional, en su segundo párrafo, le impone, el de someter a aprobación de esta soberanía el uso de las facultades concedidas para modificar las tarifas arancelarias.
Para que un Tratado de Libre Comercio celebrado en nuestro país y con otras naciones surta todos sus efectos, éste deberá ser implementado. En el caso de México la implementación de un
Tratado de Comercio Internacional, partiendo de la base de que su celebración sea legal, requiere que las cláusulas del tratado no entren en conflicto ni violen disposiciones legales vigentes.
Para salvaguardar la legalidad del sistema jurídico de la nación ante la implantación de un Tratado de Libre Comercio, es necesario a priori y no a posteriori, llevar a cabo un acucioso análisis de todas las disposiciones legales, empezando por las constitucionales que se puedan ver afectadas por las cláusulas del tratado que se negocie.
Este trabajo legislativo, por su naturaleza misma le corresponde al Congreso y no lo podrá llevar a cabo si no conoce de manera clara y con oportunidad cuáles son las cláusulas del Tratado de Comercio que se pretende celebrar e implantar.
Si el Ejecutivo de hecho llegara a desconocer la competencia del Congreso en estas tareas, lo haría en clara y abierta violación al artículo 49 constitucional. La complejidad y los riesgos que implica la incorporación amplia y permanente del país al comercio internacional, hace indispensable que se cuente con una regulación adecuada de comercio exterior que determine y precise lo siguiente:
1o. Que es facultad del Congreso la negociación y celebración de tratados de comercio, pudiendo facultar al Ejecutivo para que lo lleve a efecto.
2o. Los objetivos que el país debe alcanzar en el comercio exterior, eliminando toda discrecionalidad en su fijación y seguimiento.
3o. Las formas y los tiempos en que se deben de llevar a cabo las negociaciones, la implementación y la vigilancia de los tratados de comercio internacional que el país celebre.
4o. Las medidas que el país deberá tomar para defender adecuadamente a los campesinos, trabajadores y empresas que se vean afectados por la celebración de dichos tratados.
El Partido Acción Nacional presentará una iniciativa en este tenor y asimismo exige que se acuerde un período extraordinario de sesiones del Congreso, para poder desahogar los asuntos relativos a este vital asunto y poder regularizar la situación que en este momento se está comprometiendo el Ejecutivo al transgredir la Constitución.
El Partido Acción Nacional, está de acuerdo en celebrar tratados de comercio internacional que le permitan al país integrarse adecuadamente a la economía mundial, siempre y cuando este proceso de incorporación y las negociaciones conducentes se apeguen a las leyes y, sobre todo, a los principios constitucionales.
Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente:- Sobre este mismo tema tiene la palabra el diputado José Miguel Pelayo Lepe, del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado José Miguel Pelayo Lepe:- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es de importancia fundamental que partidos y ciudadanos opinen sobre los tópicos más relevantes de la inserción de nuestra economía en el ámbito internacional.
Pertenecemos a una realidad que cambia vertiginosamente y por ello debemos situarnos en tal horizonte; la filosofía de dichas transformaciones debe, primero, tener una base sólida en los principios constitucionales de soberanía, independencia y de una sociedad verdaderamente igualitaria.
De esta manera es como concebimos el reto de la eventual firma del Tratado de Libre Comercio, es en este contexto en el que surge la iniciativa del 5 de febrero de 1991 en la que el presidente Carlos Salinas de Gortari anuncia su determinación de realizar un amplio diálogo con vistas a la negociación y eventual firma del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá.
Con tal iniciativa el gobierno mexicano reconoce que la apertura de los mercados y el comercio bilateral son el mejor medio de fortalecer la economía, en esta expectativa México ha dado pasos importantes en la búsqueda una inserción en el nuevo orden económico mundial.
Ciertamente el derrotero que ha seguido esa inserción no ha tomado en cuenta las necesidades ingentes de la mayoría de la población; el proceso de reestructuración productiva y la violenta abertura comercial tiende a crear un nuevo pacto para el desarrollo con los mexicanos que poseen grandes capitales; aplazada la realización de un pacto social efectivo donde las necesidades y potencial productivo de todos los miembros de esta sociedad plural queden comprometidos.
De manera conceptual, un tratado internacional implica un acuerdo entre miembros o partes de la comunidad internacional; generalmente el vocablo tratado se utiliza para denominar a los acuerdos internacionales, celebrados de conformidad con el procedimiento especial que cada estado arbitra en su ordenamiento interno.
Desde el punto de vista del derecho internacional, el tratado cubre una diversidad de estipulaciones internacionales como convenios, convenciones, acuerdos, actas, protocolos, actas adicionales, protocolos adicionales, acuerdos en forma simplificada, notas reversales, pactos, entre otros. Para concretar un tratado internacional se atraviesa por tres etapas: la negociación, la firma y la ratificación. En cualquiera de estas etapas el orden interno de cada país suele requerir de un procedimiento más complicado, que generalmente implica la autorización del Poder Legislativo.
En el caso de México, antes de firmar el tratado, éste debe ser aprobado por el Senado de la República, conforme el artículo 76 constitucional, fracción I.
La conceptualización jurídica, conforme al derecho internacional, abarca cada uno de los aspectos de lo que se entiende por tratado. La primera etapa de hecho está en marcha y los representantes designados por el Ejecutivo Federal ya han intercambiado puntos de vista, algunos de los cuales han sido publicados, pero otros no.
El desconocimiento de la situación actual de las negociaciones deja grandes lagunas y se reduce a enterarnos de una manera poco precisa sobre las áreas económicas involucradas, a pesar de los foros organizados por el Senado de la República en diferentes entidades federativas y en donde hemos externado nuestros puntos de vista en torno a las diversas áreas de la economía nacional.
Para nosotros son de importancia extrema las declaraciones del presidente Salinas sobre las áreas estratégicas definidas en el artículo 28 constitucional, sobre las que se dijo no serán objeto de negociación para concretar el Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, nos preocupa que se incluyan áreas y sectores económicos en los cuales no existen los niveles de productividad, competitividad y eficiencia, que evidentemente existen en los otros dos países y que dejan a nuestro país en una clara desventaja.
En esta etapa de negociaciones en la que se le dará contenido al tratado y en la cual se establecerán los derechos y obligaciones de cada uno de los países, observamos trabas fundamentales, como el hecho que cada uno de los países tiene diferente desarrollo en su legislación interna e internacional.
Creemos que la discusión debe pasar de una discusión de fantasmas a una transparente, abierta y sobre todo se debe socializar la información de todo lo que se está negociando, que se diga qué sectores, productos y las características de todas y cada una de las mercancías involucradas en las negociaciones del tratado.
Se debe pugnar porque se incluyan cláusulas que reconozcan y definan que México es un país en vías de desarrollo, esto es posible, ya que los Estados Unidos lo admitieron en las negociaciones de Acuerdo de Libre Comercio con Israel. Se debe luchar porque se reconozcan las diferencias estructurales que existen entre México, Estados Unidos y Canadá. Se debe pugnar por un equilibrio entre barreras arancelarias y no arancelarias, ya que por un lado México desmanteló prácticamente sus barreras arancelarias; y por el otro no cuenta con infraestructura ni recursos para instrumentar eficientemente barreras no arancelarias, como son el control sanitario, control de normas de calidad, control de uso de patentes, barreras no arancelarias que los Estados Unidos utilizan más que eficientemente.
Por último, que se establezca un comité de reciprocidad y gradualidad que permita hacer modificaciones o adecuaciones al entrar en operaciones el Tratado de Libre Comercio.
Por su atención, muchas gracias compañeros diputados. (Aplausos.)
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Antonio Alvarez Esparza, para hablar sobre el mismo tema.
El diputado Antonio Alvarez Esparza:- Con su permiso, señor Presidente: Hemos escuchado con bastante atención la exposición formulada tanto por el señor diputado César Coll Carabias, como por el señor diputado José Miguel Pelayo Lepe. Esta es sin duda, la primera de estas exposiciones, un esfuerzo metodológico en el cual en el fondo yo coincido profundamente con el señor César Coll, de que se trata de que los diputados queremos reivindicar para nosotros también la intervención en el Acuerdo de Libre Comercio.
En el fondo todos quisiéramos ser protagonistas de ese momento histórico tan importante, dado que a través del Tratado de Libre Comercio está de por medio no sólo un marco jurídico general que se vaya a dejar sentado después de pasar por los estadios jurídicos de que en este caso se trata, sino porque en esencia tenemos que buscar, antes que nada, que nuestra empresa, que nuestras industrias pequeña, mediana y grande, sean más competitivas, sean más productivas en cuanto a volumen y a la calidad de los productos.
En el fondo yo siento que todos quisiéramos decir algo en relación a este tema y que nuestra palabra fuera la que quedara inscrita dentro del contexto de los propios tratados. Sin embargo, para ser francos, ser sinceros, el análisis constitucional metodológico hecho por el diputado César Coll no se apega en nada a la hermenéutica jurídica; trata fundamentalmente de buscar que el Congreso rasguñe, pergeñando por ahí entre todos los artículos legales, algo que determine que el Congreso es al que le corresponde el conocimiento del tratado y su exposición es insistente en el momento de otorgarle facultades al Presidente de la República para que él a su vez haga un Tratado de Libre Comercio sin embargo la Constitución es muy clara, precisamente la mención hecha por el diputado Pelayo Lepe, de la división de poderes que tenemos y que a través de las marcas que nos deja muy bien definidas el artículo 49 de la Constitución, de que tiene que haber tres poderes y entre estos poderes a su vez hay una composición interna; un Ejecutivo al que le corresponde diseñar la política internacional, un Ejecutivo que indiscutiblemente tiene las facultades para dirigir no sólo política exterior sino la política económica con bases determinadas que le señala la propia Constitución y que quedan supeditadas a la aprobación del Senado.
Si vemos el artículo 76 cuando habla de qué facultades tiene el Senado, éstas son las de analizar la política exterior desarrollada por el Presidente o el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente, rinda al Congreso. Del análisis de 1989 en su fracción X, le corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales sometiéndolos a la aprobación del Senado.
Es muy clara la Constitución, es categórica y determinante en este sentido, de que puede el Presidente celebrar tratados, éstos deben de ser debidamente revisados por el Senado, porque el Senado en este caso representa al Congreso de la Unión, no es en Congreso y ahí yo quiero decir que estamos incidiendo en una peligrosa confusión de creer que el Congreso de la Unión es la Cámara de Diputados; el Congreso de la Unión lo componen dos cámaras, la de Diputados y la de Senadores. En este caso hay una facultad exclusiva que marca la diferencia entre lo que es el Senado y lo que es senador o lo que es ser diputado, porque el ser senador tiene un rango distinto, porque es la representación de un Estado, es la representación no del individuo sino de la entidad pública estatal y éste, el senador, tiene un rango dentro de su actuación jurídica y potencial, que es precisamente marcada con la exclusividad que tiene de poderle autorizar al Presidente de la República o no, los tratados internacionales y de determinar si la política internacional, comercial o en las relaciones mismas con los demás estados, está bien o no llevado.
En estas condiciones, yo difiero profundamente del pensamiento del señor diputado Coll, en el sentido de que al Presidente el Legislativo, entendiendo como tal al Congreso, tenga que estarle dando permisos, autorizándolo para que pueda él llevar adelante las negociaciones en un tratado.
En esas condiciones, la exposición concreta del señor diputado de que en primer lugar faculta el Congreso al Ejecutivo para llevar a efecto el tratado y en segundo lugar para que no exista discrecionalidad, que se le den los tiempos en el tercer punto que nos propone y, en el cuarto, que las medidas que debe tomar el país en la defensa de los campesinos y trabajadores afectados, son situaciones totalmente distintas a las que de origen le pertenecen conocer a esta Cámara de Diputados.
En primer lugar no tenemos que facultar al Presidente de la República porque él tiene facultades implícitas en toda la Constitución y usted lo puede ver en el propio artículo 31. Si interpreta usted que es privativo de la federación gravar mercancías y por federación se entiende únicamente como Cámara, no estamos en lo correcto; si entendemos como federación únicamente al Presidente, no estamos en lo correcto, hay que entender a la federación en este caso como la representación conjunta del Ejecutivo y de la parte que le corresponde al Legislativo, que es el Senado de la República.
En estas condiciones, se reafirma este criterio con el 133, en el que se habla que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que
emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la nación.
Al marcar que de este procedimiento previo entre Presidente de la República y Senado se da una ley suprema, esta ley suprema obliga en primer lugar a la Cámara de Diputados y automáticamente con esto nos hace a nosotros ser, pues podríamos decir una parte accesoria en el tratado, porque sí estoy de acuerdo con el señor diputado en que los aranceles, en que a la hora que se trate ya en particular de las fracciones arancelarias, es el Congreso el que debe determinar, ya en la Ley de Ingresos de la Federación y si actualmente en la Ley de Ingresos se tiene un transitorio del que se habló, que se dijo expresamente que existe, por el cual el Presidente puede aplicar criterios de discrecionalidad en materia arancelaria, pues este criterio se puede modificar, se pude ampliar para que una vez que se tengan ya los inicios del tratado, puedan revisarse por el Congreso cada una de la fracciones arancelarias y ver su impacto económico en el ingreso de la nación; en primer lugar en el ingreso de la nación y en segundo lugar, en el aspecto de política social, de defensa social de los trabajadores y campesinos pues ahí es muy cuestionable, porque son los Estados Unidos de América y en segundo término Canadá, los primeros que están diciendo que será la planta productiva estadounidense y canadiense, la primera que se va a perjudicar con el Tratado de Libre Comercio.
Entonces, si partimos desde una lógica muy simple de que va a haber un perjuicio para la planta productiva de ellos, es porque se va a generar una invasión de productos hechos en México y no los productos de las maquiladoras como pudiera pensarse o por ahí se deslizó suavemente, porque a las maquiladoras hasta este momento no han sido el detonante del progreso, ni siquiera un factor considerable en el progreso o en la producción industrial del país.
En esas condiciones yo considero que no hay motivo para alarmarnos de que se vaya a aplicar una discrecionalidad absoluta por parte del Ejecutivo, de que tengan desde ahorita medidas de defensa a los campesinos y trabajadores, por que estas medidas se tienen que ir dando, a la medida en que se vaya avanzado en la negociación que será en qué áreas, ¿vamos a tener reciprocidad?
Porque un tratado no es nada más que nos abran las puertas del comercio a los mexicanos para entrar con nuestras mercancías, sino también la apertura de nuestra puerta a la mercancía de ellos, con criterios de racionalidad, con criterios de distribución que obligadamente tienen que darse a través de la formulación de un tratado, que no va a ser cosa de un día ni de un año, probablemente, como se dijo, vaya a durar muchos años.
En esas condiciones yo considero que no hay transgresiones al orden constitucional que, por lo contrario, hasta este momento, se ha estado llevando una aplicación de los preceptos constitucionales y si no, a lo mejor nos hubiéramos visto, si viviéramos otro sistema, pues en la necesidad de haber aplicado también un fast track, como se hizo en Estados Unidos, para que el Presidente de la República pudiera también negociar y después nosotros revisar en la Cámara cuáles eran los criterios que se hubieran aplicado respecto a las fracciones que a través de los grupos de negociación están ya empezando a analizar, pero que no se han formalizado. Muchas gracias.
El Presidente: -Para rectificar hechos tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta, por cinco minutos.
El diputado Pedro César Acosta Palomino:- Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: Considero más que obligada la rectificación de algunos hechos específicamente señalados y otros implícitos en la intervención de quien me precedió en el uso de la palabra.
Un somero análisis de los artículos constitucionales que tienen que ver con las facultades del Ejecutivo y las del Legislativo, arroja sin lugar a duda la conclusión de que en materia de comercio exterior las facultades del Ejecutivo son delegadas a él por el Congreso y efectivamente el Congreso está compuesto de dos cámaras: la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores.
La impresión que se deja con una interpretación muy curiosa de esta conclusión que para muchos de nosotros es obvia, tiende a mi juicio a confundir las facultades que evidentemente tiene la Cámara de Diputados como parte del Congreso y que son facultades originarias y no delegadas como las facultades que tiene el Ejecutivo.
En estas circunstancias conviene señalar también que no es válido sostener aquí la expresión
de facultades implícitas; en materia constitucional las facultades son expresas y eso no tiene vuelta de hoja ni es válido el alegato en contra.
Ratificamos pues que oscurecer algo que por lo demás es claro, esconde a nuestro juicio el propósito de algo que no nos enorgullece precisamente; la abdicación de esta Cámara de facultades para intervenir en un asunto tan trascendental como es el Tratado de Libre Comercio.
No se trata ni siquiera de precisar las etapas que el tratado exige. Una etapa evidentemente es la negociación, otra es la ratificación, otra es la aprobación por parte del Senado, porque efectivamente la Constitución así señala eso como facultad expresa del Senado, pero resulta evidente, también estudiando el devenir de las modificaciones constitucionales, que estas facultades antes eran amplias, claras y completas respecto a lo que al Congreso se refiere, y que concretamente en 1951 una parte de esas facultades se trasladó al Poder Ejecutivo, pero si ustedes observan el segundo párrafo del artículo 131 constitucional, comprobarán que el Ejecutivo tiene en efecto facultades, pero delegadas y que además son renovables, porque está obligado cada vez que mande lo que la Constitución llama el Presupuesto Fiscal, a solicitar la ratificación de esa facultad y a informar del uso que hizo el año anterior a la facultad concedida.
Yo creo que el argumento anterior tiende a limitar nuestro ámbito de actuación y de señalamiento, cuando precisamente con la Constitución en la mano nosotros podemos establecer que esas facultades existen plenamente y nos facultan a intervenir. Muchas gracias.
El diputado Antonio Alvarez Esparza: - Señor Presidente, le puedo hacer una pregunta al orador?
El Presidente: - Señor diputado Acosta, ¿quiere contestar una pregunta del diputado Alvarez Esparza?
El diputado Pedro César Acosta Palomino: - Sí, señor.
El diputado Antonio Alvarez Esparza: - Afirma, señor diputado, que las facultades deben de ser expresas. En esas condiciones ¿cuál es la facultad expresa del Congreso, en qué artículo o en qué fracción la encuentra usted, para que esta Cámara de Diputados conozca el Tratado de Libre Comercio?
El diputado Pedro César Acosta Palomino:- La fracción XXIX del artículo 73. (Aplausos.)
El Presidente: - El diputado Alfredo Femat tiene la palabra por cinco minutos.
El diputado Alfredo Femat Flores: -Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: Rogaría a la Presidencia que facultara a la secretaría para que dé lectura al artículo 76 fracción I de nuestra Carta Magna.
El Presidente: - Cumpla la secretaría con la petición del diputado Femat.
La secretaría Sofía Valencia Abundis:
Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión.
El diputado Alfredo Femat Flores: - Muchas gracias. Los señores diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, se han referido a un tema que es motivo de análisis, de discusión y de interés de todos los grupos parlamentarios que integran este Poder Legislativo en la Cámara de Diputados y aquí se ha expresado en forma por demás inadecuada e incierta que el Jefe del Ejecutivo actúa con ilegalidad de no poner en conocimiento de esta Cámara las acciones que realiza para su aprobación. Esto no sólo es incierto sino atrevido e infundamentado.
El señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, ha sido durante todo su régimen respetuoso de un estado de derecho, entiendo como estado de derecho que gobernantes y gobernados no regimos al imperio de la ley; que los gobernantes realizan lo que les está previa y establecidamente en la ley de los gobernados podemos actuar como queremos, con excepción de lo que nos está prohibido.
El señor Presidente de la República, en uso de sus atribuciones, realiza acciones tendientes a un posible Tratado de Libre Comercio y como aquí se ha leído, son facultades exclusivas del Senado, como Cámara alta de los que integramos el Congreso y desde luego nuestra propia Constitución, como voluntad expresa del constituyente del 17, nos da atribuciones
conjuntas, nos da atribuciones sucesivas y atribuciones exclusivas. Corresponde a los senadores, como representantes del pacto federal, conocer de los asuntos internacionales que trata el Ejecutivo en pleno uso de sus facultades.
Por ello, como un Tratado de Libre Comercio, en estricto derecho, no es otra cosa más que convenios que se dan entre los jefes de Estado y que como todo convenio tiene los elementos que le dan la validez correspondiente; la personalidad jurídica que la tiene el jefe de estado que lo celebra; el objeto, que está señalado dentro de las disposiciones legales; la autorización que, en el caso de México, lo deja como facultad exclusiva a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, y desde luego las causas que animan para incorporarnos a una globalización comercial que se da en los tiempos modernos, que pretende implementar los flujos de mercancías y de servicios, para estar acorde a las condiciones y a los tiempos que están rigiendo en estas épocas.
Por ello afirmo, el presidente Carlos Salinas de Gortari no sólo actúa con legitimidad, con irrestricto respeto a las normas que nos rigen, sino que va más allá ha dicho de manera pública que establecerá diálogo con todos los grupos parlamentarios, con las diferentes fuerzas que conforman la sociedad económica de nuestro país y con el pueblo en general. Muchas gracias.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): -Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al orador.
El Presidente: - ¿Acepta el diputado Femat una pregunta?
El diputado Alfredo Femat Flores: -Con mucho gusto.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): -Muchas gracias, compañero diputado. Yo quiero preguntar si en la mesa de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio van a estar materias como las siguientes, es decir, asuntos a negociación, como las siguientes: contribuciones, inversión extranjera, abasto, todas las cosas que afectan la planeación del desarrollo nacional. Tan sólo por mencionar algunas quiero saber si el diputado considera que en un tratado que trata de constituir una zona de libre comercio, estas materias entran a discusión o no entran y si entran, yo le pido que revise varios artículos de la Constitución, si son éstas facultades o no del Congreso.
El diputado Alfredo Femat Flores: -Los encargados de hacer las negociaciones, han dado a conocer por medio de la Prensa que se han establecido seis grupos para tratar diferentes temas; apenas se están llevando a cabo las agendas para incorporar algunos asuntos. Pero desde luego comparto la preocupación del diputado Juan Guerra, en el sentido de que como representante popular estar interesado en cómo se estan dando estos asuntos en el Tratado de Libre Comercio.
Es por ello que la diputada Rosario Guerra ha buscado el diálogo con la autoridades administrativas correspondientes para que nos tengan informados y ahí escuchar las opiniones en ese sentido.
El diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): Señor Presidente voy hacer uso de mi derecho a preguntar.
El Presidente: -Diputado Femat, ¿acepta una pregunta al diputado Acosta Palomino?
El diputado Alfredo Femat Flores: - Con todo gusto.
El diputado Pedro César Acosta Palomino (desde su curul): -Me preocupa el señalamiento que hace usted y que hizo al principio de su intervención concretamente, de que se ha expresado aquí que el Presidente actúa ilegalmente; al menos en lo que corresponde a la intervención de nuestro grupo, yo no recuerdo que se haya empleado la palabra ilegalidad. En mi intervención yo señalé que en todo caso se trata de facultades que el Congreso otorga el Ejecutivo y éste debe dar cuenta de ellas conforme a la propia Constitución. Pero me gustaría que señale usted el caso específico de ilegalidad que alguien haya mencionado, para que quede claro de dónde proviene esa intervención.
El diputado Alfredo Femat Flores: -Si no me falla la memoria, aquí se expresó por el primer orador, que de no dar a conocer a esta soberanía para su aprobación, se estaría al margen de las discusiones constitucionales en este sentido.
Si no es ésta la apreciación, comparto con usted esta actitud y qué bueno que usted ratifica la postura de que el Presidente Carlos Salinas de Gortari, ajusta todos sus actos de gobierno a la legalidad.
El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Jorge Del Rincón.
El diputado Jorge Del Rincón Bernal: - Con la venia de la Presidencia; honorable asamblea: No me parece muy jurídico el que los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, invoque el 89 y el 133 para decir
que el Poder Ejecutivo es el que tiene las facultades en materia de libre comercio; materia de comercio internacional.
Indudablemente en el aspecto jurídico así lo es, con la aprobación del Senado, porque ya lo decíamos con anterioridad que estos artículos tenían en la Constitución de 1917, con la aprobación del Congreso, decían textualmente y se han modificado pero lo que no se ha modificado son las facultades claras que en materia de comercio tiene el Congreso y concretamente la Cámara de Diputados.
Desde la Constitución de Apatzingán, tradicionalmente todos los constituyentes del México independiente, le han otorgado al Congreso y no al Ejecutivo, las facultades de establecer los aranceles y arreglar el comercio con las naciones extranjeras, como claramente lo ordenó la primera Constitución federal de octubre de 1924.
Posteriormente, en la época del general Ávila Camacho, el Congreso de la Unión y la totalidad de las legislaturas, de los estados de la Federación, ampliaron las facultades del Congreso en materia arancelaria, al trasladar dicha facultad a la fracción 29 del 73, que ésta en vigor y que dice.
Para establecer contribuciones sobre el comercio exterior, que incluye no solamente aranceles, sino toda especie de contribuciones. Y lo que es más importante: no solamente sobre comercio extranjero, sino sobre comercio exterior, término feliz que comprende las exportaciones nacionales sin lugar a dudas y cualquier otro asunto relativo a comercio exterior.
Por otra parte el Congreso de la Unión tiene amplísimas facultades tributarias a través de la fracción VII del artículo 73 que expresa: "Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto". Así como en los demás incisos de la fracción XXIX citada, que son de la competencia exclusiva de la Federación, igual que la materia reservada en la fracción X del mismo artículo 73.
Finalmente, en la primera parte del artículo 131, desde siempre se reserva a la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten o que pasen en tránsito por el territorio nacional, en concordancia y plena armonía con la facultad del Congreso de la Unión, para establecer contribuciones sobre el comercio exterior.
Ahora bien, esta facultad exclusiva y original del Congreso se le dejo parcialmente al Ejecutivo Federal mediante la adición del segundo párrafo, del artículo 131, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de marzo de 1951. Que de su simple lectura se desprende lo siguiente:
El Ejecutivo podrá ser facultado por el propio Congreso de la Unión. Esto es que existe una mera posibilidad de que lo acuerde el Congreso. O sea, podrá ser facultado.
2. Para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso. Y esto supone necesariamente una ley anterior y que solamente tengan movilidad las cuotas, pero no las bases, conceptos y demás aspectos relacionados con las tarifas y el comercio exterior.
Y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior. Esto implica que no es algo permanente y si el ejercicio que haga el Ejecutivo de estas facultades no se encuentra debidamente fundado en los supuestos anteriores, la facultad concedida la estaría ejercitando ilegalmente. Tal como lo afirma el especialista en derecho constitucional. Othón Ramírez Gutiérrez, en su comentario al artículo 131.
Conclusión. El Congreso de la Unión tiene facultades para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto. Artículo 73, fracción VII.
Establecer contribuciones sobre el comercio exterior de manera exclusiva y frente a las entidades federativas. Artículo 73, fracción 29;117, fracción IV, V, VI, VII.
3o. Intervenir en la formulación de tratados internacionales cuyo contenido sea arancelario y de comercio exterior en general. El Ejecutivo en materia arancelaria y de comercio exterior tiene, pues, una facultad delegada.
Es pues indudable que está claro que la Constitución establece claramente que es el Congreso y preponderantemente la Cámara de Diputados la facultada para comerciar en esta materia y no el Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén.
El diputado Ciro Mayén Mayén: -Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es verdad, como aquí lo han señalado
los compañeros del Partido Acción Nacional, que es una facultad de la Cámara de Diputados establecer las contribuciones en materias arancelarias y también intervenir en los tratados que sobre esta materia se refieren.
Pero nosotros creemos que ésta es una parte del debate. Nosotros también al mismo tiempo pensamos que la Constitución, resultado de las modificaciones que ha tenido el transcurso de la historia, no establece facultades expresas en materia de tratados internacionales, tal como lo establece el 89, fracción X y el 133.
Pero me parece que esto es una parte del debate. ¿Por qué digo esto? Porque en el fondo nosotros seguimos insistiendo que el tipo de tratado que está llevando a cabo el gobierno de México con los Estados Unidos y con Canadá no se restringe sólo a cuestiones arancelarias.
Por eso mismo nosotros creemos que sin contravenir esta disposición, que ya está establecida en la fracción XXIX del artículo 73 de la Constitución, para hacerla congruente debemos también al mismo tiempo demandar una reforma constitucional al 89 y al 133. No son contradictorias, me parece que son complementarias y alientan, esta idea, que han defendido los legisladores demócratas de este país, de que el Congreso de la Unión intervenga en un proceso de discusión importante que va a marcar el rumbo para la nación.
Antes de salir al extranjero, el señor Salinas retó a las fuerzas políticas a un debate, la oposición ha insistido y nuestro partido ha insistido en esta Cámara y en otras instituciones de la República, en generar un debate sobre esta materia, por eso nosotros hemos dicho que no queremos cualquier debate, exigimos un debate institucional y republicano y la mejor forma de mostrar la voluntad de parte del Poder Ejecutivo, que es el único que hasta el momento ha obstaculizado el proceso de discusión en la Cámara de Diputados y si éste se ha abierto paso ha sido sobre la base de una perseverancia de los partidos opositores por llevar reiteradamente a tribuna los temas que están implicados en el Tratado de Libre Comercio.
Nosotros exigimos este tipo de debate al Poder Ejecutivo y creemos que parte de las condiciones para abrirle paso a esa posibilidad de un debate institucional y republicano sobre el Tratado de Libre Comercio consiste en reformar la Constitución para completar y dejar de lado cualquier texativa para que el Poder Legislativo intervenga en este tipo de discusiones.
No creemos que nosotros que sean opuestas estas cosas, refuerza esta idea el hecho de que el Tratado de Libre Comercio tiene implicaciones políticas y jurídicas, nosotros vemos cuando menos en tres puntos que nos parecen muy importantes para el país, el asunto de la inversión extranjera y la cuestión de los servicios, ya aquí está en proceso de discusión otra parte importante que es la propiedad intelectual, pero hay un conjunto de aspectos que tendrán que ser reformados de nuestra legislación y es evidente que hay una exigencia de estos dos países que son Canadá y los Estados Unidos por tratar de llevar a cabo una homologación legislativa para que entre en curso este Tratado de Libre Comercio.
Nuestro país no pude quedarse a la zaga en una discusión sobre la legislación sobre los términos en que hay que reformar nuestra legislación.
A mí me parece que la mejor forma, incluso, de fortalecer la posición de la comisión negociadora que representa a nuestro país en las deliberaciones con estos dos países, es precisamente respondiendo, ¿verdad?, o recogiendo, mejor dicho, las opiniones que se den en los órganos más representativos de nuestra República, que en este caso no sólo lo es el Senado; es también la Cámara de Diputados, por excelencia son los diputados, los representantes populares de la nación, es una parte importantísima de la institucionalidad republicana que no puede quedar al margen de este proceso y esto es lo que ha querido entender el Poder Ejecutivo y es eso lo que nosotros le criticamos, la soberbia del Poder Ejecutivo de no aceptar un debate en estas condiciones.
Ya está establecida la agenda, ¿qué es lo que continúa después de la agenda? Discutir un conjunto de disposiciones legislativas, ¿verdad? Que son el contenido del Tratado de Libre Comercio y que es importante de que no sea después de haberse dado las discusiones por parte de la comisión negociadora cuando intervenga nuestro Congreso solamente para sancionar si está bien o está mal, sino que anticipadamente se tomen en cuenta los puntos de vista, así como ahora se ha aceptado que los empresarios sean considerados los consejeros, se ha aceptado que los líderes de las organizaciones obreras y campesinas también sus opiniones sean consideradas.
¿Cuál es la imposibilidad, entonces, de que también la parte que corresponde al Congreso
de la Unión de representantes populares no tome parte en estas discusiones?
Yo creo que eso es lo que deja de lado el señor Salinas y por eso yo desde esta tribuna emplazo al Poder Ejecutivo para que de veras está en disposición de abrir ese debate, tal como lo señaló antes de su partida, acepte la posibilidad de que antes de que concluya esta legislatura, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales la mayoría priísta acepte debatir y darle salida a la propuesta o iniciativa de reforma constitucional que ha planteado nuestro partido. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra, por cinco minutos, la diputada Yolanda García de Vargas.
La diputada Yolanda García de Vargas: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Por principio de cuentas cabe señalar que aún no hay tratado; ya una vez que lo haya, si lo hay, esta Cámara continuará cumpliendo con las facultades que le otorga la propia Constitución; entre otras, el estudio y aprobación, en su caso, de la Ley de Ingresos, determinando los aranceles, analizando y dictaminando las iniciativas que se presenten, regulando la forma en cómo el Estado obtiene sus recursos y no puede ser de otra manera, porque es una de las funciones principales de los representantes de los ciudadanos, como somos nosotros, los diputados integrantes de esta Cámara.
Y me permito recordar que el Senado es la representación de los estados y que tiene funciones específicas, algunas facultades son competencias de las dos Cámaras, pero el tratado no. No considerábamos necesario mencionar las funciones de la Cámara de Senadores, pero para ilustrar más ampliamente a algunos miembros de esta asamblea, voy a hacer mención únicamente de la fracción I del artículo 76 que literalmente dice:
"Artículo 76. ..
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho correspondiente rinda al Congreso. Además, aprobar los tratados internacionales y convencionales diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión".
El Senado, como ya se dijo aquí, representa el pacto federal; es decir, a las entidades; lo que no deja de parecernos extraño es que mientras todos los parlamentos del mundo lo que hacen es fortalecer al Ejecutivo como negociador, aquí se pretende ponerle trabas innecesarias. Es necesario reconocer que estas negociaciones son abiertas, en ellas participan los sectores productivos, se publicitan; no me parece justa, ni equilibrada, la actitud que han tomado algunos partidos de oposición.
Cabe una reflexión y los invito a que la hagamos juntos. ¿Quién compra?, ¿quién vende?, ¿el estado o los particulares? Claro que son los particulares y cuando los particulares se encuentran en estado la indefensión ¿quién los va a proteger? ¿quién los va a cuidar?, ¿quién va a proteger sus derechos?, ¿quién les va a proteger sus acciones?, ¿acaso los comerciantes de otros países? No, señores serán protegidos por el propio estado mexicano. Por eso tenemos la obligación de fortalecerlo, es una relación de confianza de mexicanos y el esfuerzo de Carlos Salinas de Gortari merece nuestra confianza.
Aquí se ha mencionado que hay anticonstitucionalidad, inclusive sí se dijo que había ilegalidad; no hay ni una cosa ni otra, la negociación hecha por el Ejecutivo es en uso de sus plenas facultades, de las facultades que la propia Constitución le otorga.
Cuando se llegue a realizar algún acuerdo, éste deberá pasar por el Congreso, no lo desconocemos, pero será la Cámara de Diputados en lo relativo a comercio exterior y la de senadores en lo relativo al tratado internacional No es, como dijo un compañero que me antecedió en el uso de la palabra, que son actos de soberbia del Ejecutivo, ¡no señores! el Poder Ejecutivo no es soberbio, ahí en él hay apego republicano, aunque haya a quien le duela, hay vocación de servicio, hay compromiso con la nación. Los criterios de mi partido son muy claros en cuanto al Tratado de Libre Comercio; en estos criterios nosotros siempre hemos marcado gradualismo, selectividad y reciprocidad. Señores, el tratado está a disposición de todos los que quieran opinar al respecto.
Aquí también debemos defender el principio de legalidad establecido en la Constitución, sólo debe de hacerse lo que le está permitido dentro de la propia Constitución. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Permítanme, compañeros diputados; el diputado Sóstenes Melgarejo había pedido el uso de la palabra por cinco minutos.
El diputado Sóstenes Melgarejo Fraga: -Con su permiso, señor Presidente y demás compañeros diputados: Realmente me la han puesto difícil porque no sé por dónde empezar de tantos puntos que se tocaron; dice que todavía no hay tratados; entonces, ¿para qué queremos intervenir? O sea, como que no entienden que no se está jugando aquí el comprar cinco kilos de aguacate o dos kilos de naranjas, sino se está jugando el futuro de la nación, simple y sencillamente el futuro de la nación. ¿Cómo puede pensar que lo que se trata de hacer es ponerle trabas al Ejecutivo?, de ninguna manera, se trata de y como lo dijo claramente, de respetar la Constitución y hacer que la Constitución se respete y de alguna manera si el legislador hubiera pensado que el Ejecutivo era el único con capacidad para hacer negociaciones, no hubiera puesto las atribuciones que tiene también la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión.
Que quede muy claro; los senadores tienen la facultad de aprobar el tratado una vez que ese tratado quede terminado, única y exclusivamente, pero el artículo 73 le da facultades claras y expresas a la Cámara de Diputados de intervenir en el aspecto de aranceles y quiero decirles esto; les voy a leer un pequeño párrafo: ¿Qué es un Tratado de Libre Comercio? Es un acuerdo entre un grupo de dos o más países para eliminar las barreras arancelarias y no arancelarias en el comercio entre ellos". Esta es una definición del Ejecutivo, no es una definición que estemos nosotros sacando de la manga y al poner como punto principal en un Tratado de Libre Comercio la eliminación, es decir, la modificación de barreras arancelarias y ser la Cámara de Diputados la única que está facultada para hacerlo, o en un caso facultar al Ejecutivo para eso, creo que no queda lugar a dudas.
Quiero decirles que el debate si tiene facultades o no tiene facultades la Cámara, es un debate que está agotado, de que tiene facultades, primero tiene; la misma Presidenta de la Comisión de Comercio de esta Cámara, la diputada María del Rosario Guerra, así lo reconoce, así lo reconoce que la Cámara de Diputados tiene facultades; lo que debemos de buscar es ejercer esas facultades y ejercer esas facultades para lograr que los tratados sean de la mejor manera posible.
Decía por ahí alguien del grupo priísta que ¿cómo pensábamos en que podía afectarse la parte industrial? Que lo que más se iba a afectar es la planta industrial de Estados Unidos y Canadá. Señores, en un tratado lo que se busca es que todas las partes salgan beneficiadas, no que uno se perjudique y el otro se beneficie y desde luego, lo que debemos de buscar como Cámara de Diputados, es que el país saque la mejor oportunidad para tener un mejor beneficio.
En las mismas motivaciones que da el Ejecutivo para la firma del tratado, es en el beneficio que pueda traer al propio país, pero ese beneficio lo tenemos que hacer en forma conjunta y hasta ahora están en la mesa de negociaciones y dentro de todas las negociaciones del tratado, todos los sectores, menos el sector más interesado y que debe de estar más cerca de todas las negociaciones, que somos nosotros, precisamente la Cámara de Diputados.
Compañeros, yo creo que esto es perfectamente claro, los puntos de vista que han dado nuestros compañeros del Partido Revolucionario Institucional están muy fuera, no han analizado ni el artículo 73 ni han analizado el segundo párrafo del artículo 131, sino se han basado al 76 y se han basado al 133 y les voy a decir, no necesitan ni requieren de analizar mucho el 73 ni el 131, simple y sencillamente léanlo y apliquen su sentido común y verán ustedes cómo tenemos facultades y son unas facultades que debemos de estar en estos momentos ejerciendo.
Y por eso reiteramos la intención, que no creo que sea nada más del grupo panista, sino hay otros partidos que están de manera coincidente, de que se haga un período extraordinario en donde se pueda debatir ampliamente y nos podamos sentar en la mesa, junto con el Ejecutivo, para hacer una negociación del tratado como lo merecen nuestros conciudadanos. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, para rectificar hechos.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: -Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Creo que estaremos de acuerdo en que éste es el debate más importante que debemos dar los diputados respecto al Tratado de Libre Comercio. No desmerezco la importancia de ningún tema en específico de los que se involucran como materias en la discusión de las negociaciones o en las propias negociaciones, pero le doy más importancia a este tema que a ningún otro, porque lo que estamos dilucidando es: ¿tiene la Cámara de Diputados facultades o no para intervenir?, y si las tiene ¿en qué medidas?, y si éstas se están respetando o si simple y sencillamente
no se están respetando y este debate no lo puede dar nadie por nosotros, porque a nosotros nos corresponde también la interpretación de la Constitución, conjuntamente con el Senado.
De manera que yo desde ahora establezco que si fuese necesario que mañana, incluso lo propongo así, que mañana pudiéramos continuar este debate, incluso a una hora más temprano.
De esta manera, yo sólo me voy a circunscribir a precisar algunos aspectos muy concretos, a rectificar algunos hechos.
Dice la diputada Yolanda García que en otras partes del mundo se le da facilidades al Ejecutivo para que negocie y aquí se le obstaculiza. Bueno, ella dijo: "en otra parte del mundo se le dan facilidades"; aquí ni siquiera se consulta. Este es el problema.
En efecto, el Congreso norteamericano autorizó, por la vía del "fast track", al Ejecutivo para negociar. El congreso lo tuvo que autorizar. Aquí ni siquiera Serra Puche ha venido a comparecer a este pleno.
Pero además no es así. Precisamente porque el Ejecutivo en Estados Unidos estaba estableciendo una serie de convenios o de acuerdos, que luego el Congreso no aceptaba porque afectaban sus facultades, fue por lo que en 1974 se creó la Ley de Comercio Exterior, donde se estableció esta vía del "fast track", porque el Congreso antes de eso, en acuerdos que tuvo con varios países, le dijo: yo no me hago cargo, Ejecutivo estamos hablando de lo que ocurrió en Estados Unidos, yo no me hago cargo de los acuerdos que tú tomas, porque estás involucrando materias que es mi facultad; por lo tanto, tú puedes tomar tus acuerdos, pero yo no te los acepto y, fue entonces cuando sale la ley de Comercio Exterior y se autoriza eso de que el Congreso podía otorgar, incluso la vía rápida, para negociar al Ejecutivo.
Pero además hay otra razón, necesariamente en Estados Unidos el Congreso va a estar detrás de todas las negociaciones,obligadamente, porque allá hay una real división de poderes y en el momento en que el Ejecutivo se separa de los intereses del Congreso o empiece a acordar cosas que el Congreso no va a compartir, el Congreso le dice: yo te autoricé Ejecutivo a negociar, pero de igual manera te lo voy a rechazar si no me tomas en cuenta. Por desgracia aquí no se le apuesta a eso; aquí se le apuesta al régimen de partido de Estado y que va a haber una mayoría que va a aprobar lo que quiera negociar el Ejecutivo, y que todavía incluso, renegando de sus facultades constitucionales como legisladores, van a venir aquí a endiosar y a decir que el Ejecutivo está en la razón, está en lo correcto y que puede hacer lo que considere pertinente. Este es el problema.
Y en último aspecto yo preciso. Yo sí sostengo que en la negociación actual sobre el Tratado de Libre Comercio, en la medida en que se están metiendo en la mesa con Estados Unidos y Canadá facultades exclusivas de todo el Congreso, hay por lo menos elementos para suponer que se está violando nuestra Constitución.
Algunos dicen: no sabemos qué se está negociando. Pues ése es el problema. Que nosotros, como Congreso, tenemos facultades para legislar en todo esto de comercio exterior, obviamente contribuciones, en inversión extranjera, y que no sabemos ni siquiera qué se está negociando, porque ni siquiera se han dignado a informarnos.
Terminaría sólo con un comentario que se lo hicimos ya en su momento a Serra Puche: cada año a ésta, a cualquier Legislatura de esta Cámara, vienen el Secretario de Programación y Presupuesto y el Secretario de Hacienda y Crédito Público, a informar de la política económica que va a seguir el gobierno federal en un año.
Aquí estamos hablando de la política económica, como decía también y coincidimos con el compañero Coll Carabias, de décadas. Aquí no sólo debería de venir Serra Puche, el mismo Salinas debería de venir a informar a esta soberanía en que nos vamos a comprometer, porque no se va a comprometer él, en qué nos va a comprometer como país, en qué nos está comprometiendo. Este no es un asunto de política de un año para la cual están obligados a venir dos secretarios, éste es un asunto de decidir el futuro y el presente nuestro y un mínimo de responsabilidad, de dignidad, diputados del Partido Revolucionario Institucional, nos debería llevar a exigir por lo menos nuestras facultades constitucionales y ejercerlas.
E insisto, sería bueno que este debate lo diéramos, porque yo le pregunté a un diputado del Partido Revolucionario Institucional...
El Presidente: -Le ruego terminar diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Le pregunté: ¿van a estar en la mesa de las negociaciones
facultades que están consagradas como exclusivas en la Constitución, del Congreso?, y le sacó la vuelta.
Si van a estar, señor diputado. Sí van a estar y si están ahora en la mesa de las negociaciones facultades de todo el Congreso, éste es el asunto.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Pedro César Acosta, por cinco minutos.
El diputado Pedro César Acosta Palomino: - Alguien señaló con una expresión de: otra vez, mi presencia en esta tribuna. Créanme que no lo hago por ninguna otra intención sino la de aclarar, con mayor exactitud posible, el sentido de mi intervención anterior y además ratificar mi preocupación porque por desgracia estoy viendo en la bancada priísta ese intento de abdicación que señalé en la intervención pasada, con respecto a las facultades muy categóricas del Congreso, del cual formamos parte, respecto a estas cuestiones.
Señalé, y lo repito aquí, que la fracción XXIX en su apartado primero establece de manera expresa la facultad del Congreso en esta materia, pero para que se robustezca esta argumentación, quisiera solicitar a la Presidencia instruya al secretario para que dé lectura, con mucha claridad y buena voz, al segundo párrafo del artículo 131 constitucional.
El Presidente: - Proceda, señor secretario.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
Artículo 131. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación expedidas por el propio Congreso, y para crear otras, así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquier otro propósito en beneficio del país. El propio Ejecutivo, al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.
El diputado Pedro César Acosta Palomino: - Muchas gracias. Consecuentemente ratifico: El Ejecutivo usa facultades delegadas por el Congreso. Esto no es en menoscabo de su investidura, sino en cumplimiento de una disposición expresa. Si la fracción XXIX en su apartado primero establece como facultad del Congreso su intervención en esta materia, y el artículo 131 en su segundo párrafo habla explícitamente de todo lo relativo a comercio exterior y aranceles, ¿de dónde se saca entonces la conclusión que aquí se vino a expresar por voz de la diputación del Partido Revolucionario Institucional, en el sentido de que la Cámara de Diputados nada tiene que hacer en esta materia?
Yo creo que al contrario, el querer limitar la facultad del Congreso y la aprobación por parte del Senado del Tratado, y solamente dejar en ese estrecho marco todas las facultades del Congreso como tal, a mí me parece que es una clara abdicación de nuestro deber como legisladores, y por ello vengo a ratificar lo que señalé en mi primera intervención. Creo que no sólo porque la Constitución lo señala, y no sólo por la importancia de la materia, sino incluso por respeto a la división de poderes, nuestro deber es intervenir en aquello que la Constitución nos reconoce como derecho en esta materia tan importante. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Rodolfo Elizondo.
El diputado Rodolfo Elizondo Torres: - Con el fin de hacer algunas aclaraciones y ver la posibilidad de que algunas de las personas que han estado manejando esto pudiera contestar de una invitación que se formuló el pasado mes de mayo por parte del Congreso de los Estados Unidos, con el fin de que se llevará a cabo un foro entre el Congreso de los Estados Unidos y el Congreso mexicano, pero no sólo nosotros como legisladores, sino a su vez invitar a los principales líderes de los partidos de oposición, a las personas, a los grupos productivos, a los representantes de los grupos productivos que tienen injerencia en el Tratado de Libre Comercio, y del cual esta invitación la desconocemos, cuando menos la mayoría de los diputados que estamos aquí en estas sesiones.
Quiero de alguna manera reafirmar con esto el interés que ha mostrado el Congreso de Estados Unidos por tener un intercambio de ideas con el propio Congreso mexicano, y que pese a este interés no hemos tenido la información necesaria, los propios legisladores, de esta formulación, de este foro; pero no sólo eso, inclusive el foro que fue propuesto por el Congreso de los Estados Unidos o los congresistas, ha sido propuesto a petición del Congreso
mexicano. Otra vez sin enterarnos para nada los propios legisladores.
¿Cómo es posible que nuestra compañera diputada que subió hace un momento, esté pidiendo el apoyo de los legisladores al presidente Salinas para que tenga una mejor capacidad de negociación, si ni siquiera a los foros a los que somos invitados se nos da a conocer en esta asamblea?
Yo realmente quisiera una respuesta de las presidencias, de la Comisión de Comercio y de Relaciones Exteriores, al respecto de esta invitación, y una respuesta de la Gran Comisión de esta invitación formal que fue hecha por el Congreso de los Estados Unidos. Muchas gracias.
El Presidente: -Se dará lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que adiciona el 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para tal efecto, tiene la palabra la diputada Cirila Sánchez... Pido a la Oficialía Mayor que haga avisos, y tiene la palabra la diputada Cirila Sánchez.
Que haga los avisos. Hay un acuerdo parlamentario, diputada Sarre, para poder llevar a cabo la sesión, y poderla llevarla a cabo y levantarla de acuerdo con los grupos parlamentarios. Los demás diputados están a las afueras, y tenemos quórum.
Tiene la palabra la diputada Cirila Sánchez, y haga los avisos la Oficialía Mayor.
La diputada Cirila Sánchez Mendoza: -Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea...
El Presidente: - Permítame, diputada. No se puede afirmar una cosa sin que cumpla la Presidencia con el ordenamiento... Pido a la secretaría que pase lista, y le pido a los compañeros del Partido Acción Nacional, que cumplamos con el propósito del orden del día.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En cumplimiento, y por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a pasar lista de asistencia.
El Presidente: - Le ruego su comprensión a la diputada Cirila Sánchez, que estaba en turno.
RECESO.
El Presidente(a las 21.05 horas): -Esta Presidencia declara en términos del 109, que por la falta evidente de quórum, se suspende la sesión a las 21.05 horas y se cita para mañana miércoles 3 de julio a las 10.00 a.m.
Presidencia de la diputada Margarita Gómez Juárez
ASISTENCIA.
La Presidenta: - Proceda la secretaría a pasar lista de asistencia.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Con todo gusto, compañera Presidenta.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Hay una asistencia de 282 diputados. Hay quórum.
Presidencia del diputado Sami David David
El Presidente(a las 11.50 horas): -Se reanuda la sesión.
ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL.
El Presidente - Compañeras y compañeros diputados: Al reanudarse la sesión continuamos para terminar la que suspendimos el día de ayer, y para tal efecto, para presentar una iniciativa de reformas al 4o. constitucional, tiene la palabra la diputada Cirila Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Cirila Sánchez Mendoza: -Con su venia, señor Presidente.
«Honorable asamblea: A estas comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa del titular del Poder Ejecutivo Federal, con proyecto de decreto, que adiciona con un párrafo primero el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En su exposición de motivos, el Ejecutivo contempla y resume la compleja problemática de los núcleos indígenas que forman parte de nuestro país, resaltando la situación de marginación y extrema pobreza en que se encuentran.
Reconoce la importancia de las culturas indígenas que aportan las raíces más profundas de nuestra historia y nacionalidad y sin embargo se van diluyendo ante el contacto y el empuje de la cultura mestiza.
Aún somos poseedores de importantes reductos de sus culturas náhuatl, maya, zapoteca, mixteca y otomí las cinco altas culturas de mexicanos.
La manifestación más clara de una cultura es el lenguaje. La exposición alude a las 56 lenguas indígenas que se hablan en las distintas regiones del país, según el censo de 1980, y debemos tener en cuenta los importantes núcleos de indígenas monolingües, que no hablan español y que se encuentran principalmente en el centro y sur de nuestro país. En Oaxaca y Chiapas el 40% de los indígenas son monolingües y en el propio Distrito Federal, encontramos indígenas que no hablan español.
El gobierno federal y los gobiernos estatales, han venido realizando múltiples esfuerzos por difundir el idioma español; desafortunadamente, a medida que los indígenas van adquiriendo el idioma español, pierden su idioma natural, y los grupos bilingües se van debilitando.
El Ejecutivo reconoce este problema al aludir en su exposición la necesidad de conservar los idiomas naturales, como expresión primordial de las culturas autóctonas.
La iniciativa se refiere también a la precariedad y marginación en que como consecuencia de dilatados procesos históricos los indígenas mexicanos se encuentran en posición objetiva de desigualdad económica, social y para acceder a la jurisdicción efectiva del Estado. Son muchos y graves los rezagos que los afectan. Las carencias se concentran desproporcionadamente en las comunidades indígenas, conformando un círculo en el que la pobreza se reproduce y perpetua; la intermediación que medra con la desigualdad y se opone al progreso de los indígenas no ha sido erradicada, y la justicia encuentra barreras en las condiciones de aislamiento, pobreza y exclusión en que viven los indígenas mexicanos.
El 70% de los indígenas del país vive en municipios rurales, proporción que es inversa a la del conjunto de la población nacional, y fincan su subsistencia en las actividades primarias. El 96.5% de los indígenas en municipios rurales radica en localidades calificadas como de elevada marginación, con la consecuente escasez de servicios públicos, carencia de fuentes de trabajo y empleo remunerado, bajos ingresos, precariedad, aislamiento y exclusión. Los 637 municipios rurales con más del 30% de población indígena la cuarta parte de todos los municipios del país han sido clasificados con alto o muy alto grado de marginación. El 30% de los indígenas asentados en municipios considerados como urbanos, viven en condiciones de pobreza y marginalidad casi en su totalidad. Así lo ilustran, por ejemplo, las condiciones en que viven casi un millón de indígenas en la zona metropolitana de la ciudad de México.
El Ejecutivo analiza la consecuencia más grave de la marginación de los indígenas al no tener acceso a los beneficios que el Estado brinda a sus habitantes pues la ley no siempre se aplica a los indígenas con sentido de justicia y a veces persisten resabios discriminatorios. Muchos de los detenidos indígenas no hablan el español ni tuvieron acceso al conocimiento de las leyes; los beneficios de un intérprete y de una defensoría adecuada. Reclamos y demandas indígenas no son siempre atendidos oportuna y adecuadamente por las instancias de procuración y administración de justicia. En casos aislados, quedan impunes quienes ejercen violencia contra los indígenas. Por ello, hay una identidad casi absoluta entre los pueblos indígenas y la pobreza, con frecuencia extrema.
En tal virtud, el propio ciudadano Presidente de la República, propuso en el mes de diciembre pasado y el honorable Congreso de la Unión aprobó reformas a los códigos procesales penales, federal y del Distrito Federal, para que los indígenas tengan los beneficios de un intérprete y de una adecuada defensoría.
La inmensa mayoría de los mexicanos sabemos que los indígenas viven en pésimas condiciones de subsistencia, pegados a la tierra para producir un poco de maíz, frijol y chile en una agricultura de autoconsumo, pero ignoramos sus estructuras sociales; sus relaciones de parentesco lineales, bilaterales y espirituales; la importancia de sus tradiciones que tienen fuerza de normas jurídicas; las diversas formas de control de la tierra, en algunas regiones en manos de las comunidades, en otras en forma individual y en otras más en poder de grupos familiares; estas formas de tenencia y control de la tierra en los diversos núcleos indígenas, no siempre concuerdan con las formas establecidas en nuestras leyes, generando conflictos entre las normas y la realidad.
El texto propuesto como adición al precepto constitucional, empieza por reconocer nuestra
realidad pluricultural y sienta las bases para que la legislación ordinaria proteja y promueva el desarrollo de las culturas autóctonas en su más amplia expresión y provea los medios necesarios para que los indígenas tengan efectivo acceso a la protección que brinda el Estado y particularmente, que en los juicios y procedimientos agrarios, se tomen en cuenta sus tradiciones, prácticas y costumbres jurídicas, lo que facilitará sin duda, desanudar multitud de complejos conflictos que tienen paralizada la actividad campesina.
Esta iniciativa no es producto de un impulso instantáneo. El Ejecutivo realizó una amplia y meditada consulta iniciada desde abril de 1989 a través de la Comisión Nacional de Justicia para los pueblos indígenas de México, del Instituto Nacional Indigenista que culminó en una amplia consulta pública entre octubre y diciembre de 1989 en que se realizaron 228 actos en las reuniones regionales lugar en las entidades federativas con presencia indígena.
Existe un consenso unánime en la necesidad inaplazable de corregir la injusticia y promover el desarrollo de los pueblos indígenas.
La reforma constitucional propuesta sienta una base amplia para que la legislación ordinaria encuentre cauces y formas de corregir estas injusticias y promover este desarrollo.
El ciudadano diputado federal Margarito Ruíz Hernández del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, motivado también por la situación de los grupos indígenas, propone reformar varias disposiciones constitucionales. Sin embargo, su contenido implica que pudieran presentarse posibles conflictos de competencias y expresiones tan específicas que contrarían la técnica legislativa en materia constitucional. Por otra parte, se aparta de los principios esenciales que norman nuestro sistema jurídico político como son la división de poderes, el pacto federal y la autonomía municipal. Se refiere también la iniciativa a que tales preocupaciones sean atendidas a través de todos los ámbitos, con instrumentos jurídicos concretos, precisando las instituciones y las instancias según el ámbito de sus atribuciones y obligaciones. Se considera que las inquietudes y propósitos básicos del inicialista se cubren en la propuesta presidencial.
Por otra parte, el diputado federal Mariano Leyva, del Partido del Frente Cardenista de reconstrucción Nacional, propone también diversas reformas constitucionales en relación con los grupos indígenas. En este caso también son válidas y aplicables las consideraciones indicadas en el párrafo anterior. Además se puede afirmar cuando se refiere a las garantías de seguridad jurídica, que su pretensión ha sido ya satisfecha con la aprobación de las reformas a los códigos procesales penales federal y del Distrito Federal por parte del honorable Congreso de la Unión en el mes de diciembre pasado.
Por todo lo expuesto consideramos procedente la iniciativa presidencial y proponemos a esta honorable asamblea la aprobación del siguiente
DECRETO QUE ADICIONA EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo único. Se adiciona un primer párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en su orden los actuales párrafos primero a quinto, para pasar a ser segundo a sexto respectivamente, en los siguientes términos:
Artículo 4o. La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.
..
TRANSITORIO.
Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, 24 de junio de 1991."
Trámite: -Primera lectura.
El Presidente: - Esta Presidencia informa a la asamblea que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentará en su oportunidad un voto particular sobre el dictamen presentado.
TELÉFONOS DE MÉXICO
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al servicio que presta actualmente Teléfonos de México.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus: -Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Es de todos conocido que ante la comparecencia que hizo el Secretario de Comunicaciones y Transportes a esta soberanía, para fundamentar y justificar la privatización de Teléfonos de México, uno de los argumentos centrales era elevar la calidad del servicio y la eficiencia del sistema de comunicación en nuestro país.
También en su oportunidad el Partido de la Revolución Democrática manifestó su total desacuerdo por la privatización del sistema, en la medida que son partes fundamentales para garantizar la soberanía y la seguridad nacional. En aquel tiempo el Partido de la Revolución Democrática argumentó, sobre manera, los aspectos centrales de por qué Teléfonos de México debía seguir siendo una empresa bajo el control estricto y directo del Estado.
Pero hoy, a más de tres meses de esta privatización, es de todos conocido que Teléfonos de México en lugar de mejorar su servicio, ha ido en detrimento.
Se habla en la Prensa nacional de un superávit a partir de la privatización de Teléfonos de México, en contraparte al mal servicio que se presta, a la gran cantidad de problemas de la red de comunicación, así como los sobrecargos que aparecen en los recibos telefónicos.
En una encuesta realizada en las gerencias de Zapopan y Guadalajara, de compañeros de nuestro partido, de cada 10 personas que se encontraban en las sucursales o gerencias de Teléfonos de México, ocho personas se encontraban, no para el pago del servicio telefónico, sino para exigir la solución a irregularidades que se presentaban desde el servicio prestado, el servicio medido, los cobros desmedidos del servicio que presta Teléfonos de México, así como cargos de llamadas nacionales e internacionales que jamás se realizaron.
Queda con esto evidente que el servicio telefónico en lugar de mejorar ha ido hacia atrás.
Algunos de los funcionarios de Teléfonos de México han atribuido ese mal servicio a los trabajadores sindicalizados. Sin embargo, una sola prueba no la han presentado.
Sabemos de la gran cantidad de obras que presumiblemente ha dicho Teléfonos de México está realizando para cambiar el sistema antiguo, para poner la fibra óptica, y sin embargo no ha creado ninguna alternativa que provisionalmente permita evitar el mal servicio que Teléfonos de México está creando con estas supuestas nuevas obras.
Para algunos compañeros diputados es conocido que Teléfonos de México no sólo tiene un superávit en los presuntos tres meses de su privatización, sino que ahora Teléfonos de México cuenta con una Casa de Bolsa, que es parte de los propios recursos de las ganancias que Teléfonos de México maneja.
Y ante esto, consideramos que la participación del Secretario de Comunicaciones y Transportes ha sido de mano blanda, al permitir que el sistema telefónico se maneje a su libre y total albedrío de la compañía de Teléfonos de México.
Por lo tanto, los distintos partidos, que al final voy a dar conocimiento de esta soberanía, nos estamos manifestando porque en este pleno solicitemos la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes para que precise la política de control y la aplicación exacta de la normatividad que la propia Secretaría debe de exigir para que lo cumpla la compañía Teléfonos de México.
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Considerando que el servicio telefónico es un servicio público de vital importancia, con una normatividad cuya vigilancia corresponde a la administración pública a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Considerando que una de las justificaciones expresadas ante esta soberanía por el ciudadano Secretario del ramo para la reciente privatización de la empresa Teléfonos de México, S.A., fue la necesidad de modernizarla y hacer más eficiente el servicio que presta, y considerando finalmente, que la ineficiencia y el mal servicio permanecen e incluso se han agravado en lugar de la prometida modernización que sólo en el aumento de tarifas se percibe.
Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. Que se presente el ciudadano Secretario de Comunicaciones y Transportes para que explique a esta soberanía las razones del incumplimiento de los objetivos que planteó para justificar la privatización de la empresa Teléfonos de México, S.A., y el agravamiento del mal servicio que presta la mencionada empresa.
Firman el presente punto de acuerdo: Por el Partido Acción Nacional, el diputado Rodolfo Elizondo Torres; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Rafael Aguilar Talamantes; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Ignacio Castillo Mena; por el Partido de la Revolución Democrática, se suma el diputado Gilberto López y Rivas y por el Partido del Trabajo, el diputado Rubén Venadero, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Alberto Pérez Fontecha y el de la voz.»
Ruego a la Presidencia tome este punto de acuerdo y lo someta conforme al Reglamento Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias.
El Presidente: -En términos del artículo 58, ¿hay algún orador que hable en pro de la propuesta?
Tiene la palabra el diputado Melo, para hablar en pro, y en contra el diputado González Díaz de León.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Señor Presidente: Aunque el reglamento manifiesta que en estos casos primero debe usar la tribuna quien vaya en contra, pues yo esperaría que así fuera, con el objeto de poder argumentar.
Espero entonces el turno correspondiente...
El Presidente: - Lea, para satisfacción del diputado Melo, lea la secretaría el artículo 58 del reglamento.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que las suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor, o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda, y en el segundo se tendrá por desechada.
El Presidente: -Gracias, diputado secretario.
Tiene la palabra el diputado Melo Torres, para hablar en pro.
El diputado José Francisco Melo Torres: - En obvio al tiempo vamos a entrar en el tema, aunque el 98 nos mandaría también a la misma solicitud que estoy haciendo, pero en obvio al tiempo.
Sí se trata de apoyar el punto de acuerdo, en donde, justamente, fracciones de los diversos partidos estamos solicitando la presencia del señor Secretario de Comunicaciones y Transportes.
Creo que es válido que quienes venimos a representar al país, a nuestros compatriotas, lo hagamos con responsabilidad; cuando se trató aquí el problema de Teléfonos de México que tenía que pasar precisamente a compañías extranjeras, con el mayor capital para adquirir las acciones, quiero recordar que en esta sala hubo la voz de un digno compañero priísta, que si mal no recuerdo dijo: "¿En qué situación quedaría la soberanía nacional, la defensa nacional, cuando Teléfonos y la comunicación esté en manos de extranjeros?" Y ahí nos dimos cuenta que había mucha seriedad en la forma como este compañero diputado defendía esta posición.
Sin embargo, las cosas siguieron adelante y lo que acaba de narrar el compañero precisamente las anomalías que se presentan en el servicio vinieron como el cólera a llegar a hacer estragos al país. Si hacemos, si continuamos con las encuestas, Teléfonos de México hoy nada más lleva el puro logotipo de México, porque de mexicano ya no tiene nada, está siendo un grave problema para los usuarios, no habría mexicanos que no
quisieran por valor civil demostrar que quien tiene una línea telefónica tiene problemas.
Pero esto no es simple y sencillamente el caso. Comunicaciones y Transportes parece que ha entrado en un cuello de botella, del que los mexicanos estamos desesperados por salir, si hablamos de telégrafos las situaciones están peor, por ello es urgente la presencia del señor Secretario, para que no solamente responda a los cuestionamientos de lo que está pasando en Teléfonos de México o a lo mejor es socio capital, el mismo caso, que no hace caso a los problemas del país en materia de comunicación.
En esta acción la fracción parlamentaria del Auténtico de la Revolución Mexicana no se puede quedar callada y viene a apoyar la propuesta y exigimos la comparecencia del señor Secretario, para que responda a estos asuntos y a muchos más de la competencia de esta Secretaría a su cargo.(Aplausos.)
El diputado Federico Ruíz López (desde su curul): - Para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, por cinco minutos, el diputado Federico Ruíz López.
El diputado Federico Ruíz López: - Con la venia de la Presidencia; señores diputados; muy queridos amigos todos: Hay varios puntos en torno a Teléfonos de México que urge cuestionar desde esta tribuna, la más importante en cuanto a que es la tribuna de la representación de la República.
El asunto de Teléfonos de México, va más allá de la simple inoperancia del servicio. Esto diría yo que es la molestia y es el tropiezo de lo que implica una parte fundamental de los servicios que desgraciadamente no alcanza a ser satisfechos todavía.
Pero hay un problema muchísimo más de fondo. No voy a dar cifras exactas, sino cifras aproximadas. Y quiero dejar en el aire la cuestión que para muchos mexicanos suena a continuidad el problema y de trafiques, que no es la intención en la reprivatización de las empresas ni puede serlo, el simplemente transferir problemas, crear monopolios y atentar contra el bien común nacional.
Se decía que el precio de Teléfonos de México en la bolsa de Nueva York, antes de su reprivatización, era del orden de 7 mil 500 millones de dólares. En la subasta, el precio, según se anunció, no llego a los 5 mil millones de dólares. Sin embargo, la exhibición de pagos no fue superior a 2 mil millones de dólares.
Resulta que hay un aumento descomunal en las tarifas y en los servicios. Obviamente somos los usuarios los que estamos pagando lo que va a beneficiar a unos cuantos accionistas, y no solamente eso; se oferta también en la bolsa de Nueva York papel de Teléfonos de México por más de 8 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que está pasando sobre Teléfonos de México?
(Desorden.)
¡Espero que les hiera no tanto los oídos cuanto la conciencia!(Aplausos.)
Es necesario cuestionar a fondo lo que está pasando en México. Esto no es más que la punta del iceberg; estamos en contra de las reprivatizaciones que obviamente atentan contra el bien común nacional; estamos en contra del liberalismo económico; afirmamos la prioridad del hombre sobre el capital. Estas son nuestras posiciones doctrinarias.
Y en el asunto de Teléfonos de México, yo me temo mucho que de lo que se ha tratado es simplemente de transferir de empleados públicos a empleados privados dos beneficios. Es necesario cuestionar esto y es necesario llegar al fondo del problema. No es posible que en medio de la crisis que todavía sufre gravemente el país, no se atienda definitivamente el problema. La representación nacional de la que nosotros somos depositarios exige un cumplimiento a fondo de esta obligación.
Yo dejo, para la consideración de todos ustedes, señores diputados, bajo mi aprecio cordial de que como mexicanos tenemos que preocuparnos por lo que ocurre en este país, que es nuestro país, para que podamos juntos llegar a la solución de los problemas en beneficio de todos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos, el diputado Héctor Colio.
El diputado Héctor Colio Galindo: -Señor Presidente; honorable asamblea: Para la historia reciente de nuestro país, creemos que este tema que se ha presentado sobre la eficiencia, yo diría ineficiencia e inoperancia del sector privado, que muestra su verdadero interés al demandar o adquirir una empresa estratégica, que quede en claro.
Bastó poco tiempo para desenmascarar a muchas fuerzas que de una manera u otra solaparon con su actitud la privatización y solapan con actitudes aparentemente de denuncia sobre problemas que vive la empresa pública, que son reales, y los hechos dan la razón a los que nos oponemos, no de ahora, sino dentro de todo un proyecto nacionalista, a cualquier intento de debilitar al sector estatal de la economía.
En esta tribuna el Partido Popular Socialista estableció los verdaderos intereses de las empresas particulares y extranjeras que demandaban adquirir Teléfonos de México. Se decía por el Partido Popular Socialista, que el interés fundamental era la larga distancia, primer negocio, la comunicación sofisticada como la celular, la fibra óptica y el manejo de los satélites para un sistema bancario particular, para algunas empresas transnacionales que están triangulando ahora inversiones y manejos financieros por conducto de estos sistemas avanzados celulares y de fibra óptica y que el servicio público, y que el interés de la inmensa mayoría de los usuarios del servicio telefónico estaba hecho a un lado.
El Partido Popular Socialista, como última medida, propuso que se privatizara en cierto nivel sólo la telefonía, la comunicación local; se ofertó en esta Cámara de Diputados de que se abriera el capital privado la posibilidad de inversión en la comunicación nacional y servicios secundarios no estratégicos en el servicio de comunicación en lo general.
Los pocos meses en que se ha manejado esta empresa presenta que se ha duplicado el valor de la misma, dado que era una empresa altamente redituable para quien la mantenga, y en ese caso, este servicio que ahora es altamente redituable para los intereses particulares, fue despojada entonces nuestra nación de esos posibles ingresos por esa política de debilitar la empresa pública para entregarla al sector particular, que no cumple, en la práctica, con el interés que se compromete o que se firma al concedérsele una concesión.
Este problema de la ineficiencia para la nación del servicio telefónico, para la mayoría del pueblo, para el usuario, debe advertir a esta representación nacional de los verdaderos intereses que se promueven en todo este proceso de privatización y es entonces la tribuna ésta, para decir de que no vale ahora darse por sorprendidos o decir que en su tiempo se estuvo en contra de una privatización que representaba ante la opinión pública una seria afrenta, una seria amenaza al interés popular y que ahora se mantenga en este proceso de colaboración con el grupo gobernante en su política privatizadora, buscar los problemas de la empresa pública, como la Comisión Federal de Electricidad, como Petróleos Mexicanos, que en el fondo es el proceso inicial para llevarla a su privatización.
Por eso compañeras y compañeros diputados, el Partido Popular Socialista quiere advertir como muestra que los intereses transnacionales no van a sacar adelante la telefonía, tal vez pretenda crear las condiciones para que sea el Estado, el gobierno mexicano quien rescate el aparatito, lo que usamos en la casa. Ese aparatito, con la actitud que está tomando la inversión particular y la inversión transnacional en el manejo de los satélites, está demostrando entonces que quieren cargarle ahora al pueblo de México de nueva cuenta el rescate del sistema nacional secundario para dejar en manos de particulares la función estratégica de las comunicaciones.
Por eso la opinión del Partido Popular Socialista que sirva como una advertencia a todos aquellos seguidores de este proyecto privatizador y entiendan que lo que le interesa al sector privado y transnacional es la ganancia y nunca la exigencia, menos el interés popular. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra, en contra de la propuesta, el diputado Manuel González Díaz de León.
El diputado Manuel González Díaz de León: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Hago uso de esta tribuna para argumentar en contra de la comparecencia del señor Secretario de Comunicaciones y Transportes ante esta soberanía en nombre de la fracción parlamentaria de mi Partido el Revolucionario Institucional.
Primeramente he escuchado con atención las argumentaciones de los compañeros diputados de los diversos partidos que integran esta Legislativa. En algunos de ellos tienen razón en función de ciertas ineficiencias que existen aún en Teléfonos de México, pero se considera en primer término muy temprano para evaluar el desarrollo que ha tenido la actual administración al frente de la empresa Teléfonos de México. La empresa Teléfonos de México en este momento está en un proceso de desarrollo que implican cinco años, que fue muy claro cuando
se le otorgó la concesión. Quiero aclarar primeramente que no estamos defendiendo la empresa, venimos a argumentar...
El Presidente: - Permítame, diputado Díaz de León. Dígame, diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Quisiera hacerle una pregunta al señor diputado Díaz de León.
El Presidente: - Diputado González de León, ¿acepta usted una pregunta del diputado Leonel Godoy?
El diputado Manuel González Díaz de León: -No.
El Presidente: - No la acepta, diputado Leonel Godoy, Continúe el orador.
El diputado Manuel González Díaz de León: - Entonces comentaba que aún es temprano para poder evaluar la administración que en estos momentos lleva a cabo la empresa Teléfonos de México.
Segundo, la práctica parlamentaria en estos hechos es que debe turnarse a las comisiones correspondientes para su trámite.
En tercer lugar, el Secretario de Comunicaciones ha comparecido en dos ocasiones a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y Patrimonio y Fomento Industrial para explicar el proceso de desincorporación de Teléfonos de México y el por qué se vendían las acciones que detectaba el gobierno federal y se aclaró que después del quinto año el gobierno federal se reservaba el derecho de otorgar concesiones a empresas nacionalistas, a inversionistas mexicanos que quisieran competir.
El Estado mexicano no había tenido la capacidad para capitalizar Teléfonos de México y estar en el nivel de desarrollo tecnológico que el mundo actualmente necesita.
Por esas razones, solicito a esta soberanía argumento en contra de la comparecencia del señor Secretario de Comunicaciones y Transportes y pido que se deseche esa proposición. Gracias.
El Presidente: - Permítame, diputado González Díaz de León. Dígame, diputado Ávalos. ¿Acepta una pregunta, diputado González Díaz de León, del diputado Ávalos?
El diputado Manuel González Díaz de León: -No, señor Presidente.
El Presidente: - No la acepta, diputado Ávalos. Tiene la palabra el diputado Melo, por cinco minutos.
El diputado José Francisco Melo Torres: -Gracias, señor Presidente. Yo le rogaría la atención de los compañeros de todas las fracciones, por una simple y sencilla razón; ya es obviamente el ritual de esta Cámara de venir a estar en contra cuando nosotros exigimos lo que para los mexicanos es un derecho, que los funcionarios, que los secretarios de Estado, informen al pueblo de lo que se está haciendo.
El hecho de que la comparecencia del señor secretario Caso Lombardo venga nuevamente a esta soberanía, para satisfacer las inquietudes de los mexicanos que representamos, sentimos, compañeros, que es desleal el oponerse a nuestros representados. No es justo que por el simple hecho de defender al sistema cuando no se tiene la razón, nos convirtamos en los verdugos de aquellos que nos mandaron acá.
Yo quisiera preguntarles si ustedes han sufrido en las colas de las diversas oficinas de Teléfonos de México, para hacer las aclaraciones de llamadas de largas distancias, que eso sí, Teléfonos de México está incluyendo en los recibos de muchos usuarios.
Yo quisiera saber si el compañero que vino aquí a ponerse en contra de la comparecencia de Caso Lombardo, no dijera realmente si está convencido que a esas alturas, Teléfonos de México no está en condiciones de que se le haga una evaluación del servicio que está dando, cuando es el clamor nacional de que es malo el servicio, que es deficiente y que están aumentando las tarifas cuando se les hinchan las ganas.
Yo le quisiera preguntar al compañero, ¿trabaja usted en Teléfonos de México para que nos venga a decir a la tribuna que simple y sencillamente todavía no han avanzado en el trabajo?
Pienso que no se valen esas argumentaciones. Por lo mismo, la fracción parlamentaria insiste. Tenemos mucho qué preguntarle al señor Caso Lombardo; pero lo más triste es que México, los mexicanos estamos pagando los satélites y los están usando para beneficio privado, empresas privadas y aquí lo podemos decir a las comisiones, ¿qué hemos hecho, de qué manera hemos legislado para que realmente los
sistemas de satélites mexicanos sean para los mexicanos?
Sin embargo, no queremos tocar ni ponerle el renglón, el dedo en la llaga como se dice. Por ello también consideramos que nos digan a dónde ha avanzado el país en materia de telegrafía. Los pueblos siguen más abandonados y más aislados en estos momentos.
Señores: vayamos a ratificar esta solicitud. Caso Lombardo tiene que venir a esta Cámara, a esta soberanía, porque lo exigen los mexicanos.
El Presidente: -Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Gerardo Ávalos.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus: -Señor Presidente; compañeras y compañeros: Es bastante interesante escuchar la defensa que el compañero del Revolucionario Institucional ha venido a hacer de la empresa, una defensa que a todas luces deja ver cuál es la tónica que va a adoptar el actual régimen al ir privatizando todos los sectores de la vida nacional, es la desaplicación y desregulación de todas aquellas normas que constitucional y legalmente debe observar toda rama de actividad en nuestro país.
Aquí realmente no escuchamos un solo argumento que justificara por qué no. El Secretario de Comunicaciones y Transportes que en representación del Estado la única actividad que puede realizar respecto a las funciones de Teléfonos de México, es vigilar, observar, el cumplimiento exacto y estricto de las normas que la propia Secretaría impone.
No estamos llamándolo a él a cuentas, estamos pidiendo que antes de que pudiera venir aquí, le exija a la compañía Teléfonos de México, eso que él quiso explicarnos, que a muchos nos resulta verdaderamente absurdo, entendiendo que son miles, que son billones de pesos las ganancias que anuncia Teléfonos de México que ha tenido desde su privatización como para no resolver todos estos problemas e irregularidades para su operación.
Pero es importante que él en su calidad de representante de la nación, lejos de salvaguardar los intereses de la nación y de vigilar que aquellas empresas privadas que operan en el ámbito de la seguridad nacional, como es la comunicación telefónica, que en lugar de preocuparse porque observen la ley y las normas, estrictamente hablando, venga a hacer una defensa y a justificar totalmente a Teléfonos de México.
Entendemos el sentido del voto del partido mayoritario, porque definitivamente no les importa un ápice la entrega de esta nación.
El Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si admite o no a discusión la propuesta presentada por el diputado Ávalos.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica se consulta a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición presentada por el compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo...
Los que estén porque se deseche, favor de manifestarlo...Desechada la proposición, señor Presidente.
SOBRE TALA INMODERADA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Francisco Martín Valdez, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para hablar sobre investigación de tala inmoderada en la República Mexicana.
El diputado Francisco P. Martín Valdez: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados: Trataré de ser breve, pero las palabras que les dirija deben de ser muy sustanciosas.
Primeramente les diré que hace unos cuantos días me reuní en las huastecas: potosina, veracruzana y tamaulipeca, con un grupo de personas para ver el grave problema por el que estamos atravesando todos los mexicanos: la desforestación, el cambio climatológico, el cambio que ha habido en el ecosistema debido al calentamiento de la tierra por falta de la vegetación.
Desgraciadamente pues por lógica se ha de desprender que quienes obtienen los permisos van directamente de las dependencias de Agricultura, de Ganadería, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, y también por qué no decirlo, hay muchos políticos actualmente en el poder y otros ex funcionarios mezclados en esta tala inmoderada de todo tipo de maderas en la República Mexicana, en particular en estos momentos, voy a mencionar los lugares más importantes por donde recorrimos visitando los aserraderos clandestinos, el señor
Medellín y algunas otras personas de buena voluntad en Valle, pertenecientes a este grupo que se ha propuesto proteger la ecología y un servidor.
Estuvimos en Santa María San Palentino, y pudimos comprobar que efectivamente se están sacando tres camiones semanarios de maderas finas y para lo cual no se ha replantado un solo árbol. Estuvimos también en Aquismón y finalmente en Chamul. De ahí pasamos al municipio de Ocampo perteneciente al estado de Tamaulipas, en donde la desforestación la está propiciando precisamente un señor llamado Guillermo Taylor, que es quien estaba en esos momentos introduciendo su madera a la fábrica de fibracel de Ciudad Valles.
Detuve a uno de los cinco camiones que venían cargados con maderas y les pregunté el origen de dónde venía. Pregunté si traían alguna guía forestal o algún permiso que los acreditara para desforestar sin replantar. La respuesta fue que sí lo tenían, pero que no me lo podían mostrar. Pregunté el nombre de la persona del lugar donde se estaba sacando esa madera, y la información que me dio el chofer del camión marca Dodge, placas de circulación TK - 7141, dijo llevar esta madera al ingenio, a la fábrica de fibracel que está junto al ingenio Ponciano Arriaga en "El Naranjo".
Por el otro lado, y haciendo un breve paréntesis para continuar con esto, la fábrica de fibracel de Ciudad Valles sigue trabajando en operación hormiga, al mismo ritmo que trabajaba hace algunos años. Se está burlando de nosotros los ciudadanos, cuando se nos informa que está parada.
Yo quisiera que se le llamara o se le informara, como ustedes crean más prudente acomodar la palabra, se le llamara a esa persona para que nos informe lo que está sucediendo al representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Ciudad Valles, para que nos informe quién está permitiendo y está dando los permisos para desforestar.
Cada dos horas entra un camión cargado de madera, que es más o menos el lapso que se lleva fibracel en triturar el equivalente en kilogramos o pies cúbicos de madera, y para no tener rezagos en patios, y que cualquiera crea que no están trabajando, cada dos horas o cada dos horas y media más o menos, está entrando un camión cargado con madera.
Compañeros, estamos nosotros enajenando un patrimonio que no es nuestro; ya lo dije en algunas otras ocasiones en esta tribuna; es el patrimonio de nuestros hijos y es el patrimonio de nuestros nietos. Nosotros somos administradores de estos bienes que la naturaleza nos ha puesto en la mano. ¿Qué es lo que vamos a entregar nosotros en el futuro a los hijos y a los nietos? ¿Películas o fotografías? Así como también en la flora y en la fauna podríamos hablar.
¿A las futuras generaciones les vamos a enseñar las fotografía de los venados? ¿Les vamos a enseñar las fotografías de una golondrina y decirles que fue un animal que habitó este país? No, señores, vamos teniendo conciencia de la necesidad que hay de saber administrar lo que la naturaleza nos puso en las manos para poder dejarlo de herencia a las generaciones de atrás.
Es muy triste, pero es la realidad, el refrán lo dice: "El peor enemigo del hombre es el hombre", y quiere acabar con el hombre cuanto más pronto sea posible. Se necesita la concientización de todos, la participación de todos para poder salvar a México.
En mi primera intervención, decía yo, que quienes conocieron la Huasteca, ya no yéndome a más de 10, 20 ó 30 años, hoy la desconocen. A este ritmo que vamos, es alarmante, es casi seguro que de seguir a este ritmo, los cerros que ahorita vemos con una vegetación exuberante, la vamos a ver transformada como los cerros del altiplano.
El cambio climatológico, las enfermedades, tanto de la vista como respiratorias, son provocadas por el polvo que se levanta, porque ya no hay el pulmón que purifica el aire. Vamos concientizándonos.
Qué triste, compañeros diputados, estamos en las últimas sesiones que podíamos participar; todo ha quedado en muy buenas acciones, muy buenas intenciones. Pero recuerden, el mundo tiene miles de capas de papel, pero con muy buenas intenciones. Y eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta en estos momentos, aunque sean pocas, pero deben de ser acciones.
Yo estoy ahorita consciente de lo que les estoy diciendo, y puedo comprobar que he recorrido ahorita más del 50% del territorio de los estados de Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán y Jalisco, en algunas ocasiones hasta a caballo para llegar y tomar fotografías, que mostré en mi intervención anterior, de aserraderos y talas clandestinas.
Recorrer un 50% de esos territorios para verificar el grave daño que se les está haciendo a la ecología, se dice muy fácil, pero sí cuesta trabajo hacerlo.
Me pregunto, señores, nos quedan cuatro sesiones, y la pregunta es: ¿dónde está el resultado de una sola intervención para ir a solucionar este problema?
Lo mismo está sucediendo en la fábrica de papel de Atenquique, Jalisco, y que según rumores es propiedad de Miguel de la Madrid. Sería cuestión de investigar para ver qué tanto de verdad hay en eso.
Entonces si se está tumbando una cantidad, como más o menos me la tienen informada, superior a 100 pinos diarios, y no se planta ninguno. Es de llamar la atención que a este ritmo, dentro de 50 años volverá a haber, en un supuesto caso de que se replantaran la cantidad equivalente, mínimo de cinco árboles de la especie que sea, por cada árbol que se tire.
La conciencia de todos los mexicanos en este momento, debe de estar por encima de todo; hacer a un lado los colores de partido y de participar todos.
En la ciudad de Ciudad Mante, Tamaulipas, en la semana entrante, tendré yo la satisfacción de formar otro grupo de ecologistas, a través del Club de Leones y de gente de buena voluntad, que nos vamos a dedicar aun cuando nosotros hayamos salido de nuestras funciones como diputados, pero para proteger esa ecología, a buscar la forma de, por medio de la Prensa, y en las vacaciones de los niños, inculcarles el amor al árbol, ir a replantar a esas partes que necesitan la intervención de la mano del hombre para proteger la erosión; también a través de los periódicos y de los clubs, ya sea el Rotario, ya sea el Club de Leones, Sembradores de la Amistad, que nos ayuden para que todos participemos. Inclusive en el mes de septiembre presenté yo un escrito para que se donara de 500 mil árboles de la especie que sea, al estado de Guanajuato para reforestarlo en la parte correspondiente al cerro del Gigante. Posteriormente lo comenté con el diputado Villanueva y finalmente al señor Hank González, aquí está la copia certificada con día y fecha, de que recibió el oficio pidiéndole esa cantidad de árboles, inclusive para reforestar por lo menos a tres cordones a los lados de la carretera Panamericana, el tramo que corresponde del límite de Querétaro hasta el límite de Jalisco correspondiente nada más al estado de Guanajuato. Hasta hoy día, no he tenido todavía una respuesta positiva o negativa. No sé si se va a donar o no. Es el tiempo más propicio para que el tiempo de aguas nos ayude a que estos árboles se logren casi todos ellos.
Compañeros, yo creo que es muy necesario que todos participemos para que tengamos un medio mejor de vida para nuestros nietos y para nuestros hijos.
Por el otro lado, y ya para terminar, les diré a ustedes que quisiera que se tomara nota de que "Fibracel" en Ciudad Valles sigue trabajando y que quede muy claro y asentado, que se investigue a las personas que directamente les afecte: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Agricultura o la dependencia más indicada forestal, para que se llame a cuentas a estas personas y se nos informe efectivamente el resultado de por qué se les está permitiendo trabajar si se les ha dicho que si no cumple con los requisitos de reforestación y contaminación, se le iba a suspender el permiso para trabajar.
Compañeros diputados: Creo yo que, no sé si sea prudente que esto se sometiera en términos al artículo 58 o en su defecto nada más que se investigue a las personas que acabo de mencionar sobre lo antes dicho.
Por su atención compañeros, muchas gracias.
Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, a 3 de julio de 1991, por el Partido Acción Nacional, Francisco Martín Valdés.» El Presidente: -Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Había pedido la palabra para los mismos hechos, el diputado Lorenzo Martínez por cinco minutos. Y después usted, diputado.
El diputado Lorenzo Martínez Gómez: - Con permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Estamos por terminar el ejercicio legislativo que nos corresponde y hasta este momento, por lo menos en algunas de las comisiones en las que tengo la oportunidad y he tenido la suerte de participar, veo muy remoto, no entiendo realmente la razón que dio origen a muchas de estas comisiones, no quiero decir que todas, pero por ejemplo ésta de Ecología. En Michoacán más que apreciar la buena voluntad del gobierno de Michoacán porque estas cosas se corrijan, como que les estamos dando cuerda para que sigan explotando las montañas de Michoacán. Si hacen ustedes, señores
diputados, un recorrido por las carreteras de Michoacán, la que cruza de Morelia a Maravatío, la que va de Zacapu a Zamora, ya no les digo los de la meseta purépecha, es un destrozadero de montes, sin ninguna consideración, como que son los dueños absolutos y no hay una autoridad en Michoacán realmente que diga: "Esta boca es mía".
Es una vergüenza realmente que estemos dejando un país deteriorado y que cínicamente no hagamos caso de eso.
Yo hice algunas llamadas de atención con relación a algunos desmontes descarados que se estaban llevando a cabo entre la población de Zacapu y la población de Quiroga. Se barrió parejo, se tumbaron todos los encinos, y esa comisión que hay en Michoacán, de esa materia, dijo: vamos a reforestar y no ha puesto desde hace un año y meses, un solo nuevo árbol en esa zona; tumbaron parejo, y ahora no solamente los pinos, sino también los encinos, y es que el gobierno tiene compromisos con una plutocracia nacional que está metida en el gobierno. Y esa plutocracia nacional es la que está perjudicando a México...
(Desorden.)
¡Les duele! ¿Aquí están? Digo, yo no sabía que aquí estaban los ricos que están en el gobierno, pero si aquí están, discúlpenme, solamente les estoy diciendo la verdad.
Porque yo pienso que el diputado debe ser más sensato, el diputado debe ser una persona inteligente, que debe captar, que debe entender las razones para resolver los problemas y no simplemente...
(Voces.)
Aunque duela, aunque duela, pero ésta es la razón. No es éste un mercado para vender pozole, ni es aquí para vender tortillas; es para que vengan aquí personas sensatas a resolver los problemas de la nación. Para esto es el Poder Legislativo.
Y les decía, en aquella zona no resuelven problemas; el gobierno de Michoacán ha seguido protegiendo a los madereros, ha seguido permitiendo que el Lago de Pátzcuaro se siga secando, y nos habla de millonadas que se invierten. Y yo pregunto al señor Chirinos, ¿a qué se dedica?
Nos hablan de tantas situaciones, de tanto arreglo, y ahora hasta con el Tratado de Libre Comercio que va a entrar, hasta la ecología ¿en dónde está? Nada más que vengan los capitalistas extranjeros a instalar sus industrias y aun cuando contaminen a todo mundo, lo que les importa es quedar bien con los gringos. Esta es la realidad señores, repito, hay lugares como Zirahuén, hay lugares incluso como Zacapu donde industrias que están allí, con capital extranjero, contaminan ríos, contaminan toda la ciénega, por ejemplo, de Zacapu; ya se hizo en su mayoría un terreno salitroso que no sirve para nada. Y no hay quien se preocupe y ahí están.
Decía, en estas cosas de ecología, tenemos en las montañas contaminaciones de alcoholes, a esos mismos indígenas a quienes tratamos de ayudar, contaminación de alcohol de piloncillo, y no hay gobierno en Michoacán que se preocupe por eso.
El otro día me contestaron a mí una correspondencia por ahí en donde se me decía que incluso era para ayudar a algunos trabajadores. O sea que prefieren ayudar a 10 ó 15 personas que tienen ocupadas en estos menesteres, a salvar a México de esta catástrofe ecológica...
(Desde una curul): -¡Tiempo!
Cómo no, compañero, estoy a tus órdenes a la hora que tú digas.
Pero lo importante es que entendamos que necesitamos preocuparnos más por nuestra nación, necesitamos preocuparnos por la situación ecológica, pero ser realistas, no simplemente farsantes que vengamos aquí únicamente a silbar y a no escuchar razones. Gracias.
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
El Presidente: -Para los mismos hechos, tiene la palabra el diputado José Herrera Reyes.
El diputado José Herrera Reyes: - Señor Presidente; señores diputados: No entiendo, o propiamente no sabemos los ciudadanos de México ante quién vamos a tratar los problemas forestales del país, en virtud de que la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos desde hace muchos años, pasando por Cuauhtémoc Cárdenas, propiamente nada ha hecho o hicieron para resolver este grave problema de la nación.
En el estado de Oaxaca existe un sinnúmero de aserraderos, como es el caso de los
chimalapas, que está que arde, ¿mmmh?, en donde no valen convenios celebrados entre los gobiernos de Chiapas y Oaxaca. Y aquí ha habido secuestrados oaxaqueños y ni eso hace que el gobierno federal controle a los talamontes.
¿Contra esto ya protestó el partido ecologista; de que esa zona, la más grande del país, sigue siendo devastada!
San Andrés, cabecera nueva, otra región forestal del estado, es la puerta de entrada a la costa oaxaqueña, también aquí secuestraron a personal de la Secretaría de la Reforma Agraria, cuando iban a investigar la tala de los bosques. Se llegó a un consenso, pero ahora se sigue el corte de madera con más fuerza y de ahí que por las tierras de Putla y de Tlaxiaco encontremos carros y más carros con grandes trozos de madera, que invaden los patios del distrito de Putla.
Etla, distrito propiamente cito en el Valle de Oaxaca, no se queda atrás. Y tan es así que hasta las escuelas han protestado en contra de los talamontes, porque a ellos se debe de que al distrito del centro, al distrito de Etla y los demás circunvecinos, se agota el agua, que todos los hogares oaxaqueños necesitan para vivir. ¿Mmh?
Hace unos días, niños de diferentes escuelas se plantaron enfrente del palacio de gobierno de Oaxaca. Pero ni eso hizo que el gobierno interviniera, ni la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Y si ahora o hace unos días estuvo por Oaxaca, es para hacer campaña electoral.
La Sierra Juárez sufre también el mismo fenómeno. Y de esa parte a Tuxtepec circulan cientos y cientos de vehículos llevando madera a la fábrica de papel Tuxtepec.
Pero como Oaxaca existen tantos otros estados, como el de Chihuahua, y de allá nos llega un volante que dice lo siguiente:
"Setenta mil mexicanos tarahumaras y 50 mil mestizos, 120 mil seres sobreviven en condiciones miserables en la sierra de Chihuahua, defendiendo su vida del uso del suelo y de sus productos de recolección de agrícolas y forestales."
La ambición de los grandes terratenientes y ahora de los grandes capitalistas y de la corrupta burocracia que maneja el país, ha ido arrebatando tierras y productos, llevándolos a condiciones de degradación y miseria creciente, a la utilización del alcohol, de promesas falsas y en su caso de la policía, del ejército y de las guardias blancas.
Estos campesinos señalan a las siguientes personas como talamontes, José Madrigal Cuevas, de Casas Grandes; a Oscar Estrada, de Larga Madera; Roberto Terrazas y otros más. Señores diputados, estas denuncias son claras y espero que la Presidencia turne la versión estenográfica a la secretaría correspondiente para su resolución oportuna. Muchas gracias.
El Presidente: -Para los mismos hechos tiene la palabra el diputado Isidro Aguilera Ortíz.
El diputado Isidro Aguilera Ortiz: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Pareciera que esta intervención es llover sobre mojado, porque también vengo a hablar sobre la tala inmoderada de bosques en el Pico de Tancítaro.
El Parque Nacional Pico de Tancítaro fue establecido en los años 1938-1939 con el propósito de crear una reserva ecológica que permitiera salvaguardar la captación de agua para los valles agrícolas de Apatzingán y los Reyes. Sin embargo, a principios de este año la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la delegación Michoacán a través del delegado Alfredo Estamatio López y el subdelegado forestal, Manuel Enríquez Quintana, autorizaron un permiso para la extracción de 25 mil metros cúbicos de madera al señor José Luis Ayala, esto no solamente en un predio particular sino también en el Parque Nacional Pico de Tancítaro.
Cuando llevaba aproximadamente 2 mil metros cúbicos derribados, el presidente municipal de Tancítaro, el ingeniero Héctor Miguel Montero Esquivel, denunció estos hechos y solicitó al delegado estatal de la Secretaría de Agricultura la cancelación del permiso, no solamente no hubo dicha cancelación sino que este señor, el explotador de los montes, contó con el apoyo oficial para continuar derribando oyameles que es la variedad de coníferas que abunda en esta región.
Tendríamos que aclarar además de que este señor tenía un predio escriturado a su nombre de 40 hectáreas y que mediante un trámite fraudulento de diligencias de información at perpetuam, ha crecido en una cerca que camina para obtener 360 hectáreas adicionales.
El día 25 de junio, un grupo de aproximadamente 60 personas fueron a dialogar con él para solicitarle que ya no continuara con esta explotación ilegal, además de irracional, de un parque nacional, se negó terminantemente y solicitó además un amparo de la justicia federal en contra del presidente municipal, del síndico, del comisario de la policía y del encargado del orden de la comunidad del Jazmín, por donde pasa el camino que tendría que usar para desalojar la madera derribada.
A nosotros nos preocupa muchísimo que no solamente, como se ha denunciado aquí, no solamente se estén derribando bosques en aquellos lugares donde existe una posesión legal del terreno y donde podría existir un uso racional de este recurso, sino que nos preocupa fundamentalmente que se esté llegando ya a la sala de los parques nacionales. Es sumamente preocupante, es digno de denunciarse y de que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto.
Pero cabría preguntarnos también, ¿a qué autoridades vamos a recurrir, cuando es la propia Secretaría de Agricultura, es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología quienes están autorizando estos derribos? ¿Ante quiénes tendríamos qué recurrir para poder exigir que se detenga esto? ¿Habrá que esperar que sea la propia ciudadanía quien tome las cartas, o que tome al toro por los cuernos? ¿Habrá que esperar a que la ciudadanía vaya y detenga los camiones, vaya y pare las grúas para impedir que salga esta madera? Pareciera que eso es lo que buscan las autoridades. Pareciera que lo que buscan es que efectivamente exista ya una defensa de la ciudadanía por sus propias manos de estos recursos. Finalmente parece que lo lograrán.
Aquí yo quiero que las comisiones de Gestoría y Quejas, de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Ecología, tomen cartas en el asunto; se preocupen, no importa que estemos al final del ejercicio legislativo, sino que se preocupen y le exijan a la Secretaría de Agricultura y a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología que resuelvan y que detengan inmediatamente esta tala inmoderada; y además que sean castigados los responsables, porque no podemos permitir que al frente de un programa forestal en un estado tan rico en esa materia como Michoacán, esté una persona coludida con los talamontes, esté una persona coludida con los explotadores irracionales de la madera. Muchas gracias, compañeros.
DENUNCIAS
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
El Presidente: -Tiene la palabra el señor diputado Lorenzo Treviño Santos, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hacer una petición de excitativa a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
El diputado Lorenzo Treviño Santos: - Señor Presidente; honorable asamblea: Vengo ante este honorable cuerpo legislativo a presentar una denuncia del cobro de tres mil 500 pesos que considero indebido.
En el aeropuerto de Chihuahua, Chihuahua, por cada mueble que por distintas causas tiene que entrar al estacionamiento, de dicho cobro no dan recibo de ninguna clase, que según decir de los empleados, que hacen delante dicho cobro, quien está al frente de este negocio es Aidé Sánchez Monroy, quien a su vez es directora del Desarrollo Integral de la Familia estatal.
Si tiene concesión debe dar el consabido recibo y pagar impuestos y estar sujeto a una tarifa que se establezca, pues cada vez que se le ocurre sube el precio que cobra.
Por lo anterior, basándome en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pido se pase a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para su investigación.
Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a 3 de julio de 1991. Firma un servidor, diputados: José Colombres, Francisco Melo Torres, Francisco. Castañeda, Gilberto Ortíz Medina, Marco Antonio Castellanos, Alberto Pérez Fontecha, Juan Jaime Hernández, Ernesto Jiménez Mendoza, Teodoro Altamirano, Juan Santiago Arana, Pablo Ávalos Castro, Jesús González Bastién y Héctor Beltrán.
Esto, además de los cobros que se están haciendo en los puentes que en un viaje de un automóvil, ya no digamos camión, de la ciudad de México a la ciudad de Juárez, paga demasiados puentes y es demasiado dinero; esto viene a agravar más la situación económica de quienes por desgracia tenemos necesidad de usar el aeropuerto de Chihuahua, refiriéndose al estacionamiento.
Entonces, hago entrega al señor secretario, para que se le dé el curso debido. Muchas gracias.
El Presidente: -Se procede como lo solicita el señor diputado, a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jesús González Bastién, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para referirse a la propaganda política en el estado de Tamaulipas.
El diputado Jesús González Bastién: -Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En diciembre de 1986 el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, entonces diputado federal, denunció en la tribuna del desaparecido recinto legislativo de San Lázaro, al delincuente electoral, profesor Rogelio Reyes Puente, quien fue determinante en el fraude electoral para despojar del triunfo a nuestros candidatos para la integración del ayuntamiento 1987-1989 en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En diciembre de 1989 el de la voz, denunció en esa tribuna al mismo delincuente electoral, profesor Rogelio Reyes Puente, quien permitió que se violentara la voluntad ciudadana, al dejar dirigir el carrusel por homosexuales y prostitutas, así como otra serie de irregularidades en el proceso electoral en el que se nombró al actual ayuntamiento.
Una vez más hago uso de esta tribuna para denunciar nuevamente el multicitado delincuente electoral, profesor Rogelio Reyes Puente, quien una vez más y aún con los antecedentes mencionados, ocupa cargos en los organismos electorales. Hoy tiene el cargo de vocal ejecutivo de la junta del I distrito electoral federal de Tamaulipas, con cabecera en Nuevo Laredo, ocupando por consiguiente la presidencia del consejo distrital electoral de ese distrito.
En el actual proceso electoral el profesor Rogelio Reyes Puente ya ha mostrado su completa parcialidad en favor del partido del gobierno, toda vez que se ha negado a reubicar las casillas, sin tomar en cuenta nuestras reiteradas protestas, ya que aproximadamente el 50% de las mismas fueron reubicadas sin tomar en cuenta los lineamientos que señala el párrafo segundo del artículo 194 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; no tomando en cuenta que en dicho artículo se indica claramente que deberán preferirse los edificios públicos y las escuelas, que deberán proponerse lugares que garanticen el secreto del voto y que sean de fácil acceso. Pero no, este señor profesor ha preferido ubicar las casillas en domicilios de reconocidos priístas y de gentes que están plenamente identificados como delincuentes electorales y personas comprometidas con el partido del poder.
Esta denuncia ya ha sido hecha el pasado día 28 de junio del presente, ante el director general del Instituto Federal Electoral, señor licenciado Emilio Chuayffet sin que a la fecha se haya corregido esa situación.
Ante don Fernando Gutiérrez Barrios, Secretario de Gobernación, se denunció la duplicidad de funciones que tiene el señor profesor Alfredo Briseño González, quien funge como jefe de los servicios regionales de la Secretaría de Educación Pública en Nuevo Laredo y simultáneamente es el presidente del Partido Revolucionario Institucional.
El hecho es que el jefe de un organismo federal como lo es el arriba mencionado, que es una dependencia de la Secretaría de Educación Pública, y que en forma simultánea actúe como funcionario de un partido político, contradice el compromiso adquirido por el gobierno federal en relación con la imparcialidad que debe privar durante el presente proceso electoral.
A mayor abundamiento, debemos tomar en cuenta que todo esto ocurre en una ciudad fronteriza, lo que pone en evidencia ante la opinión pública extranjera a nuestro sistema político nacional.
Por todo lo anterior, si queremos que efectivamente el proceso electoral sea transparente, no deben permitirse las irregularidades que se están presentando en el I distrito electoral federal de Tamaulipas y por las que estamos protestando los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Solicitamos a esta Presidencia que turne la presente a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y al Instituto Federal Electoral para que se proceda a la destitución del funcionario cuya honestidad está en entredicho y a la Comisión de Educación, a efecto que solicite la renuncia del dirigente del partido en el poder.
Sala de sesiones, a 3 de julio de 1991. Por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana, diputados: Juan Jaime Hernández, Lorenzo Treviño Santos, Humberto Esqueda Negrete, Francisco Melo Torres, Juan Santiago Arana, Alfredo Monsreal, Francisco Castañeda, Alberto Pérez Fontecha, Ernesto Jiménez Mendoza, Octavio Colombres y el de la voz, Jesús González Bastién. Muchas gracias.
El Presidente: -Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a las Comisión de Educación Pública. Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se han terminado los asuntos relativos a la sesión de ayer. (*)
El Presidente (a las 13:30 horas): - Se levanta la sesión.
* El orden del día se leyó en la sesión inmediata que se inició a las 13:32 horas.