Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19910708 - Número de Diario 21
(L54A3P1oN021F19910708.xml)Núm. Diario:21ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Sami David David
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D.F., lunes 8 de julio de 1991 No. 21
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DEL DÍA 2 DE JULIO
Sin discusión se aprueba, acta incluida en el diario no. 20 del día 3 de julio de 1991).
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
COMUNICACIONES
De la diputada María Elena Chapa Hernández, por el que informa sobre su reincorporación a sus actividades legislativas. De enterado.
De la Comisión de Información Gestoría y Quejas, sobre su sexta audiencia pública. De enterado.
INICIATIVAS (1)
CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
Presentada por la diputada Rebeca Anchondo Fernández. Se turna a la Comisión de Justicia.
LEY FEDERAL DEL CULTIVO DE LA CAÑA Y SU INDUSTRIALIZACIÓN
Presentada por la diputada Manuela Sánchez López. Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
Presentada por el diputado José de Jesús Sánchez Ochoa. Se turna a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
CÓDIGO DE COMERCIO
Presentada por el diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya. Se turna a la Comisión de Comercio.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
De la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha ley.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Alfredo Hilario del Mazo González, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Bélgica. 26
Interviene el diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Javier Gaspar Wimer y Zambrano, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Yugoslavia.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso a los ciudadanos Leopoldo Díaz Pérez y José Jorge Lozano Cedeño, para aceptar y usar las que les confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América.
NOMBRAMIENTOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Walter Kurt Stump, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Suiza en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano Francisco Beckmann Vidal para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Perú en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano José Martínez Güitrón para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Dinamarca en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Carlos Patricio Canseco González para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Filipinas en Monterrey, Nuevo León.
Toma la palabra el diputado José Murat, por la Comisión de Gobernación.
Se aprueban los proyectos de decreto. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES
SOBRE POLÍTICA SALARIAL
Del diputado Ignacio Castillo Mena.
Sobre el mismo toma la palabra el diputado Manuel de Jesús Ponce González. 38
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DEL ESTADO DE PUEBLA
Del diputado Manuel Aroche Parra. Se turna a las comisiones de Reforma Agraria y a la de Información Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE HIDALGO
Sobre casos de Cólera morbus. Habla el diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza.
Intervienen los diputados:
Víctor Manuel Sarabia Luna
Alberto Julián Assad Ávila
Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza
Gilberto López y Rivas
Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO DE SOCIEDAD ANÓNIMA
Del diputado Noé Aguilar Tinajero, sobre la liquidación de dicha compañía.
Toma la palabra el diputado Alberto Amador Leal
Se turna a la Comisión de Energéticos.
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Del diputado Espiridión Sánchez López, sobre el desarrollo de Bahía Magdalena. Se turna a las comisiones unidas de Pesca, Ecología y Medio Ambiente.
DEL ESTADO DE JALISCO
Del diputado Raúl Octavio Espinoza, sobre perforación de pozos profundos de agua potable en dicho Estado.
Intervienen los diputados:
Francisco Espinoza Urzúa
Gilberto López y Rivas
Raúl Octavio Espinoza Martínez
Se turna a la comisiones de Ecología y a la de Información Gestoría y Quejas.
DECLARACIONES
SOBRE HERMENEGILDO GALEANA
Toma la palabra el diputado Blas Vergara Aguilar.
SOBERANÍA NACIONAL
Del diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez. Se turna a la comisiones de Marina y a la de Relaciones Exteriores.
SOBRE VALENTIN GÓMEZ FARÍAS
Sobre su aniversario luctuoso, toma la palabra la diputada Margarita Gómez Juárez.
DEL DIPUTADO ALEXANDER SANTOS ALVAREZ
Sobre su estado de salud, toma la palabra el diputado Hilario César Flores Maldonado. De enterado.
SOBRE EL PERIODISTA VÍCTOR MANUEL OROPEZA
Comenta la muerte de este periodista el diputado José Félix Bueno Carrera. Se turna a la Comisión y de Gestoría y Quejas.
Toman la palabra los diputados:
Israel Félix Galán Baños
Lorenzo Treviño Santos
Reynaldo Rosas Domínguez
David Gómez Reyes
Leonel Godoy Rangel
Pedro César Acosta Palomino
Oscar Villalobos Chávez
Pedro César Acosta Palomino
José Félix Bueno Carrera
Manuel Marcué Pardiñas
Se turna a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos.
INICIATIVAS (II)
SOBRE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO ELECTORAL
Sobre la dispensa de trámites de esta iniciativa toma la palabra los diputados:
Leonel Godoy Rangel
Federico Ruíz López
José Francisco Melo Torres
Leonel Godoy Rangel
En su discusión en lo general intervienen los diputados:
Leonel Godoy Rangel
Pedro René Etienne Llano
Se aprueba en lo general y en lo particular. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
DEL ESTADO DE MÉXICO
Sobre el despojo de tierras en Ocoyoacac toman la palabra:
Octavio Moreno Toscano
Arturo Osornio Sánchez
Octavio Moreno Toscano
DEL ESTADO DE OAXACA
Para hablar de problemas agrarios en dicho Estado intervienen los diputados:
José Herrera Reyes
José Francisco Melo Torres
Diódoro Carrasco Palacios
Francisco Castañeda Ortíz, solicita lectura de los documentos que presenta.
Carlos Mauricio Aguilar Camargo
José Herrera Reyes
Alfredo Monsreal Walkinshaw
José Murat
Se turna a la Comisión de Reforma Agraria.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA GÓMEZ JUÁREZ
(Asistencia de doscientos sesenta y tres diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, hay una asistencia de 263 diputados. Hay quórum.
La Presidencia (a las 12.10 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura. Orden del día 8 de julio de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
A. Correspondencia
Comunicaciones de diputados.
Comunicación de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
B. Iniciativas
De los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura, de decreto que fija el período de instalación del Colegio Electoral. para calificar la elección de los ciudadanos presuntos diputados y senadores de la LV
Legislatura al honorable Congreso de la Unión.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de discapacidad.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de Ley Federal del Cultivo de la Caña de Azúcar y su Industrialización.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas a varios artículos del Código de Comercio.
D. Dictamen de primera lectura De la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.
E. Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, para aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Leopold
II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Javier Gaspar Wimer y Zambrano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
Dos de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Leopoldo Díaz Pérez y teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor José Jorge Lozano Cedeño, para aceptar y usar las condecoraciones que les confiere el gobierno de los Estados Unidos de América, respectivamente.
Tres de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a los ciudadanos Walter Kurt Stump, Francisco Beckmann Vidal y José Martínez Güitrón, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Suiza, Perú y Dinamarca, en Guadalajara, Jalisco, respectivamente.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León.
F. Proposiciones
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sobre protección a ejidatarios, en el estado de Puebla.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre política salarial.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre problemas del cólera, en el estado de Hidalgo.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre liquidación en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y Asociados. Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre el desarrollo de Bahía Magdalena, en Baja California Sur.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática, sobre perforación de pozos profundos, en Jalisco. Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre acontecimientos electorales, en Chiapas.
G. Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre Hermenegildo Galeana Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre el aniversario luctuoso de don Valentín Gómez Farías.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la muerte del periodista Víctor Manuel Oropeza Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre derechos humanos, en México.
De los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática y Acción Nacional, sobre elecciones, en Nuevo León.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre acontecimientos agrarios, en Zacatecas.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre propaganda electoral, en el estado de Jalisco.
H. Denuncias
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, sobre el despojo de tierras, en Ocoyoacac, estado de México.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre problemas agrarios, en Oaxaca.»
ACTA DEL DÍA 2 DE JULIO
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a dar lectura al acta de la sesión del día 2 de julio.(*)
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acta de la sesión del 2 de julio... Aprobada, señor Presidente.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Gregorio Urías Germán: - Se va a dar lectura al acta de la sesión del día 3 de julio.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día tres de julio de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia del diputado Sami David David
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las trece horas con treinta y dos minutos del día tres de julio de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de doscientos ochenta y dos diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
* Este documento fue publicado en el diario No. 20 del día 3 de julio de 1991.
A solicitud de la Presidencia, la asamblea aprueba que el acta de la sesión anterior se lea al final de la presente.
Se da cuenta con una invitación del Congreso del Estado Libre y Soberano de Durango, a la sesión solemne en la que su gobernador rendirá el quinto informe de gobierno, Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
La secretaría da lectura a una comunicación de la Cámara de Senadores en relación con la proposición de procedimiento para la ratificación de nombramientos de oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales. De enterado.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ortega Martínez, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para rectificar hechos respecto del mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados Octavio Espinoza Martínez, del Partido Acción Nacional, quien acepta una interpelación del diputado Alexandro Martínez Camberos; desde su curul, hace una aclaración el diputado Héctor Colio Galindo; continúan en el debate los diputados Juan Nicasio Guerra Ochoa, del Partido de la Revolución Democrática y Jaime Aviña Cepeda, del Partido Acción Nacional.
Desde se curul, el diputado Ricardo Monreal Ávila propone una moción de orden; también desde su curul, el diputado José Murat hace una proposición que es interrumpida por el diputado Alfredo Reyes Contreras quien propone otra moción de orden.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Manuel Marcué Pardiñas e inmediatamente después, el mismo Presidente pide respeto a la mesa directiva y otorga el uso de la palabra al diputado Leopoldo Salinas Gaytán, del Partido Acción Nacional, quien es interrumpido por el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa, quien propone una moción de orden y amenaza con tomar la tribuna de la Cámara junto con sus compañeros de partido.
A fin de dialogar con los coordinadores de todos los partidos, el Presidente, a las catorce horas con veintiséis minutos, declara un receso. Receso.
A las dieciséis horas con veintiún minutos, se reanuda la sesión y continúa en el uso de la palabra el diputado Leopoldo Salinas Gaytán, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a los artículos trescientos setenta y ocho y trescientos setenta y ocho bis, de la Ley Federal del Trabajo.
Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado José Herrera Reyes, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas al Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal. Se turna a la Comisión de Justicia.
La secretaría da primera lectura a tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Walter Kurt Stump, Francisco Beckmann Vidal y José Martínez Güitrón, puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de Suiza en Guadalajara, Jalisco; de Perú, en la misma ciudad y de Dinamarca, en la misma ciudad, respectivamente.
Tres dictámenes más, de la misma Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Javier Gaspar Wimer y Zambrano, Leopoldo Díaz Pérez y Jorge Lozano Cedeño, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren el gobierno de Yugoslavia, el primero y el de los Estados Unidos de América, los otros dos. Son de primera lectura.
En virtud de que el dictamen de la Comisión de la Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos cincuenta y cuatro de la Ley de Crédito Rural y ciento tres de la Ley de Reforma Agraria, ha sido impreso y distribuido entre los diputados, la asamblea dispensa la segunda lectura y se pone a discusión de inmediato.
Para fundamentar el dictamen se concede el uso de la palabra a la diputada María Esther Valiente Govea, del Partido Revolucionario Institucional y, en pro del dictamen, las diputadas Sofía Valencia Abundis, del Partido Revolucionario Institucional y Manuela Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría recoge la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por
trescientos catorce votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura a un dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que adiciona el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es de segunda lectura.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Medrano Castillo, del Partido Acción Nacional, quien propone una moción suspensiva a nombre de su grupo parlamentario.
Hace uso de la palabra el diputado Napoleón Cantú Cerna, del Partido Revolucionario Institucional, en contra de la proposición y contesta una interpelación del diputado Medrano Castillo.
Suficientemente discutida la proposición, en votación económica se desecha.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Leonardo Bátiz Vázquez, del Partido Acción Nacional, quien da lectura al voto particular de su partido en contra del dictamen.
Para fundamentar el dictamen a nombre de la Comisión, hace uso de la palabra el diputado Miguel Quiroz Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta a una interpelación del diputado Manuel Marcué Pardiñas e, inmediatamente después, hacen uso de la palabra los diputados Israel Galán Baños, del Partido del Trabajo, en pro; Gilberto López y Rivas, por la Comisión de Asuntos Indígenas, en pro; Gregorio Lorenzo Domínguez, del Partido Popular Socialista, en pro; Margarito Ruíz Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Federico Ruíz López, del Partido Acción Nacional, en contra; Carlos Vega Memije, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Para rectificar hechos respecto al mismo debate, hacen uso de la palabra los diputados Isidro Aguilera Ortíz, del Partido de la Revolución Democrática; Rosalía Ramírez de Ortega, del Partido Acción Nacional; Osiris Cantú Ramírez, Eugenio Ortíz Walls, del Partido Acción Nacional y Cirila Sánchez Mendoza, del partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la secretaría recoge la votación nominal respectiva que resulta aprobatoria por doscientos setenta y dos votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara Para referirse a la entrega de credenciales electorales, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lozano Gracia, del Partido Acción Nacional, quien propone la institución de un día nacional de entrega de dichos documentos.
En contra de la proposición, hace uso de la palabra el diputado Enrique Ibarra Pedroza, del Partido Revolucionario Institucional y a favor, el diputado José Luis Luege Tamargo, del Partido Acción Nacional.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a los diputados Prisciliano Meléndez Barrios, del Partido Acción Nacional; Ciro Mayén Mayén, del Partido de la Revolución Democrática; Jesús González Bastién, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Luisa María Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y Alfredo Monsreal Walkinshaw, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Suficientemente discutido el punto de acuerdo, en votación económica se desecha.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiuna horas con quince minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo lunes ocho de julio de mil novecientos noventa y uno a las diez horas.» Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
COMUNICACIONES
El secretario diputado Gerardo Urías Germán:
«Diputado Sami David David, Presidente de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
El día de hoy 5 de julio vence mi solicitud de licencia por un mes entendida ante la mesa directiva del honorable Congreso de la Unión.
Por este conducto, informo a usted para los trámites conducentes que me incorporo en ejercicio, como diputada federal propietaria en mi calidad de
representante popular del IX distrito electoral del estado de Nuevo León, a partir de la fecha.
Agradezco su atención.
Reitero a usted un amplio y cordial saludo.
Atentamente.
Monterrey, Nuevo León, a 5 de julio de 1991.- Diputada federal María Elena Chapa Hernández.»
Trámite: - De enterado.
El secretario diputado Gregorio Urías Germán:
«Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Honorable asamblea: a fin de dar cumplimiento al acuerdo de fecha 11 de junio de mil novecientos noventa y uno, firmado por los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en esta soberanía, me permito informar a ustedes que el día 4 de julio del presente año, en el salón de la Comisión Permanente de este recinto, la Comisión de Información, Gestoría y Quejas celebró su sexta audiencia pública correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer año de Ejercicio constitucional. Anexo a la presente me permito enviar minuta de dicha sesión.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de julio de 1991.- Diputada María Ynés Solís González, presidenta.» «Minuta de la sexta audiencia pública de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, celebrada el día 4 de julio de 1991, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la LIV Legislatura.
Siendo las once cincuenta y cinco la presidencia declara abierta la sesión con una asistencia de trece diputados.
La secretaría da lectura al orden del día, misma que es aprobada; informó sobre las gestiones y diligencias que la comisión realizó ante las instancias correspondientes sobre las denuncias y asuntos presentados en la audiencia pública anterior, asimismo, dio cuenta de las respuestas emitidas por las autoridades a los asuntos que se les han planteado.
A continuación se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Ruth Olvera Nieto, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, quien denunció malos tratos a los niños por parte de autoridades de la escuela primaria "Miguel Hidalgo y Costilla" en la colonia Xocoyahualco, municipio de Tlalnepantla, estado de México.
Hizo uso de la palabra el ciudadano diputado Tomás Gutiérrez Narváez, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, quien presentó tres asuntos; el primero se refiere a una denuncia contra los dirigentes del fideicomiso de maquinaria de la industria azucarera por cobro indebido de intereses en perjuicio de productores de caña del estado de Veracruz; el segundo es una queja contra la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra en el estado de Tamaulipas, por irregularidades en el avalúo de predios de la colonia Ampliación Paraíso de Matamoros, Tamaulipas; y el tercero es una queja contra el presidente municipal de Matamoros, por maltrato a candidatos y militantes del Partido Popular Socialista.
En uso de la tribuna el ciudadano diputado Elías Freig Delgado, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, solicitó la reubicación de las instalaciones de la delegación de la Procuraduría General de la República, en Nogales, Sonora, con el propósito de dar mayor eficiencia a su operatividad y al mismo tiempo garantizar tranquilidad a la ciudadanía.
Se concede la palabra al ciudadano diputado Octavio Colombres Carbajal, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien manifestó inconformidad de la población y organismos defensores de los derechos humanos, por el nombramiento del ex delegado de la Procuraduría General de la República en el estado de Chihuahua, como subdirector del Programa de Mecanización del Campo en esa entidad., que le otorgó el gobernador.
La Presidencia solicita a los ciudadanos diputados integrantes de la comisión la autorización correspondiente para que se les conceda el uso de la palabra a los ciudadanos presentes, quienes desean expresar ante la comisión sus demandas y problemas, en virtud de que se trata de una sesión pública, se aprueba por unanimidad.
Del Público asistente, se concedió el uso de la palabra a la ciudadana Victoria Ibarra, quien en representación de los poseedores de un predio ubicado en el pueblo de Atzacoalco, delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal, solicitó el apoyo de esta comisión para lograr la regularización y la adjudicación legal a su favor de dicho predio.
Una vez concluido el orden del día y habiéndose agotado las solicitudes para el uso de la palabra, la secretaría da por finalizada la audiencia pública a las trece horas con quince minutos.»
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS (I)
CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL
El Presidente: - Esta Presidencia informa que en el siguiente punto de iniciativas, la relativa a la que suscriben los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran esta Legislatura, de decreto que fija el período de instalación del Código Electoral, se permite informar esta Presidencia que en este momento se encuentran todavía deliberando los coordinadores de los grupos parlamentarios sobre este particular y que en el momento en que esté lista se procederá a presentarla a esta asamblea.
Le ruego a la secretaría que continúe con los asuntos que tenemos en el orden del día.
Entonces tiene la palabra la diputada Rebeca Anchondo Fernández del grupo parlamentario del partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de discapacidad.
La diputada Rebeca Anchondo Fernández: - Compañeras y compañeros diputados; distinguidos invitados a esta asamblea:
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados.
Dentro de las complejas relaciones de nuestra actual sociedad, durante la última década, han cobrado significativa participación, diversos grupos de ciudadanos que buscan alcanzar su reconocimiento y mayores espacios para consolidar su actividad social.
Tienen particular relevancia las organizaciones que luchan por la dignidad y los derechos de las personas que sufren alguna de las incapacidades, naturales o legales, que nuestros ordenamientos consignan como restrictivas para el ejercicio cabal de sus derechos.
En forma paralela, evoluciona la moderna tendencia, que diversos países han puesto en práctica para sustituir aquellos conceptos que tradicionalmente se habían aplicado en el ámbito internacional para referirse a los deficientes mentales. La base para este proceso se dio en el seno de la Organización de las Naciones Unidas a partir tanto de la declaración de los derechos de los deficientes mentales en 1971, como la adopción en 1975, del concepto de discapacitado mental.
Posteriormente, la propia Organización de las Naciones Unidas en 1982, formuló el Programa de Acción Mundial para las personas con discapacidad, introduciendo con este término un neologismo para referirse a todas las personas que padecen de alguna limitación física, sensorial o psicológica. El citado programa antes señalado, tomó en consideración estimaciones de la Organización Mundial de la Salud conforme a las cuales en países como el nuestro, el porcentaje de tales discapacidades oscilaba entre el 7% y el 12% de la población total. Adicionalmente recomendó que tal porcentaje fuera valorado en un sentido más amplio, habida cuenta de las personas que se relacionan con el discapacitado en el entorno familiar y social.
Son muchos, variados e importantes los motivos que impulsan tanto la preocupación de las organizaciones específicas que atienden a los discapacitados como las de la ciudadanía en su conjunto.
Existe un número muy importante pero disperso de organizaciones de discapacitados que protagonizan una legítima forma de expresión de lucha social, como portadores y representantes que son de una causa ciudadana para la que es indispensable la actualización de los legisladores.
Por tal motivo, con fecha 14 de septiembre de 1990 se constituyó en el Distrito Federal el Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, como un órgano de apoyo, consulta y consenso del Movimiento Ciudadano de UNE, Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos del Partido Revolucionario Institucional, integrado por ciudadanos profundamente vinculados y representantes del gran esfuerzo de la sociedad civil organizada para atender las demandas, contribuciones y aspiraciones de los discapacitados.
Ahora bien, por ser de justo reconocimiento, señalamos a las organizaciones pioneras y a los interlocutores con los que tenemos más de un año de diálogo intenso con jornadas que suman ya cientos de horas de trabajo conjunto y durante las cuales han participado entre otros los representantes de: la Confederación Mexicana de Asociaciones en favor de las personas con Deficiencia Mental, el Instituto para Deficientes Visuales Valentín Hauy; Unidos para el Desarrollo Humano, Asociación de Niños West, Siembra y Cosecha, la Confederación de Limitados Físicos
y representante de deficientes mentales, la Asociación Pro - paralítico Cerebral y muchas otras.
Al correr del tiempo, se han sumado a este coloquio ininterrumpido los propios discapacitados y sus familiares que desde entonces permanecen en comunicación con destacados profesionales provenientes de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México; del Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la misma institución, de la Dirección General de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, de la Coordinación de Psiquiatría y Salud Mental del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Dirección General de Fomento a la Salud de la Secretaría de Salud y del Centro de Salud Mental Comunitaria de dicha dependencia en el Departamento del Distrito Federal, de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, de la Secretaría de Atención Primaria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Escuela Normal de Especialización Apac, de la Sociedad Mexicana de Estudios Científicos sobre Deficiencia Mental, del Centro de Apoyo Profesional, S.C., del Centro de Apoyo Educativo, A.C., de Investigación y Asistencia para la Salud Mental, A. C., y de Defensa Internacional de los niños, A.C. Así pues, quienes suscribimos reconocemos que son fines primordiales del Consejo Nacional Ciudadano de Personas con Discapacidad, impulsar la concientización de la sociedad en relación a su causa, demandar los espacios políticos que le corresponden y exigir un régimen jurídico apropiado que incluya el cumplimiento de las declaraciones internacionales que México como país apoya y también tiene como propósitos generales:
luchar porque se derriben las barreras mentales, sociales y arquitectónicas que impiden a los discapacitados el acceso a una vida más humana.
La Constitución General de la República, en su artículo 1o., determina que todo individuo gozará de las garantías que ella otorga, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
Tales principios se refrendan en el Código Civil para el Distrito Federal, con el imperativo de que la capacidad jurídica es igual para el hombre y la mujer (artículo 2o.); que dicha capacidad se adquiere por el nacimiento y que la ley protege al ser humano desde que es concebido; y, que la menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, sólo son restricciones a la capacidad jurídica de ejercicio de los derechos (artículo 22).
Es decir, se precisan dos tipos de capacidades: la de goce y la de ejercicio; así como una incapacidad jurídica: la de ejercicio.
Ante ello, los suscritos diputados llegamos al convencimiento de que la regulación que actualmente se contiene en el artículo 450 del Código Civil, constituye la parte medular de la reforma que se plantea, nuestras consideraciones jurídicas son la siguientes:
En efecto, este último supuesto normativo establece y determina actualmente el modo genérico y la existencia de la incapacidad natural y legal de las personas, comprendiendo en la fracción I, la menor edad y, en la II, a los mayores de edad privados de inteligencia por locura, idiotismo o imbecibilidad; a los sordomudos que no saben leer ni escribir, y, por último a los ebrios consuetudinarios y a los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes, en las fracciones III y IV.
Evidentemente, estos supuestos fueron extraídos de la realidad social, cultural y científica de la década de los años veinte. Hoy, la sociedad ha sufrido profundos cambios, respecto de los valores de la persona y de la concesión científica de sus comportamientos individual, social y legalmente calificados.
La afirmación de que los mayores de edad disminuidos en su inteligencia por locura, aunque tengan intervalos lúcidos, y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente, de carácter físico, psicológico, o sensorial, o por la adición a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos y los estupefacientes; siempre que debido a la limitación en la inteligencia que tales situaciones les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos o manifestar su voluntad por algún medio, resulta una definición jurídica actual y comprensiva, por su generalidad, de todos los supuestos que en tal sentido el Código Civil actualmente califica con un lenguaje anacrónico.
Si la anterior definición que proponemos para quedar incluida en la fracción II del artículo 450 del Código Civil, la revisamos para precisar tanto su estructura conceptual jurídica, como sus alcances en el mundo del ser y del deber ser, encontramos las siguientes partes componentes:
a) La incapacidad es para las personas mayores de edad y por tanto, es incapacidad legal en contraposición a la incapacidad natural que la ley siempre ha establecido para proteger los derechos de los menores;
b) Que estén limitados de inteligencia, es decir, que no puedan comprender ni razones ni alcances de conducta; que estén imposibilitados para formar juicios por cuyo medio puedan distinguir y declarar la diferencia o consecuencia que existe entre varias cosas, ideas o conceptos;
c) Que esta limitación de inteligencia provenga de alguna discapacidad: entendida esta última, como la imposibilidad real del individuo para ejecutar alguna de las funciones esenciales de las que depende la expresión jurídica de la voluntad;
d) Que esta discapacidad se origine por una enfermedad o deficiencia persistente; con ello se quiere determinar tanto la causa fundamental de la discapacidad como la de su origen; pero además, se matiza con el objetivo de "persistente" para establecer y afirmar legalmente la eventual posibilidad de que una persona que hoy es considerada y declarada incapaz, por padecer alguna de las discapacidades que se presentan en el ser humano, puedan en lo futuro, después de ser tratada y sometida a un proceso de habilitación, rehabilitación o educación especializada médica o técnica, ser declarada legalmente capaz para ejercer sus derechos y obligaciones;
e) En este orden de ideas, la discapacidad puede ser de carácter físico, es decir que afecte uno o más de los órganos o miembros que comprenden la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano; psicológico, es decir que atrofie o provoque disminución de alguna de las funciones esenciales y finales de la mente; sensorial, con lo cual se refiere a la incapacidad de uno o más de los órganos de los sentidos de la persona, para realizar sus funciones con el medio ambiente y otras personas;
f) Que cualquiera de estas discapacidades impidan que el sujeto pueda gobernarse y obligarse por sí mismo. Con ello se establece el elemento fundamental que determina la manifestación de la voluntad para ejecutar actos o conductas que trasciendan al campo del deber social, es decir, que produzcan efectos de carácter jurídico frente a otras personas. Cuando se incluye el concepto gobernarse por sí mismo se está calificando la plena libertad del hombre para realizar tales actos o conductas y que, dicha libertad se acompaña, necesariamente, por una expresión de voluntad decisoria, nacida del acto que acredita el discernimiento entre lo que se quiere hacer y lo que se debe hacer, principios ambos del proceso interno de la voluntad y la razón;
g) También se considera aquellas personas a quienes, la propia enfermedad o deficiencia no les permite expresar su voluntad por algún medio.
Para diferenciarlos de aquellos que sí pueden hacerlo por medio de un intérprete o algún instrumento técnico;
h) Con intención de que el precepto propuesto sea cabalmente interpretado y para abarcar a todos los incapaces que actualmente prevé la ley, aparece en tal norma, la mención expresa a aquellas personas que son adictas al alcohol, a los psicotrópicos y estupefacientes, eliminada, por supuesto, la actual redacción del precepto, que hace referencia a los ebrios consuetudinarios y a los que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes, ya que éstos, son aquellos que dejarían de ser incapaces jurídicamente por la costumbre de embriagarse o por la cantidad de sustancias tóxicas que ingieren, para ser considerados ahora, ateniéndonos a los avances de las ciencias médicas y psicológica, como enfermos que por su adición a tales sustancias han adquirido una afectación física, sensorial, pero sobre todo psicológica de tal grado que les impida gobernarse y obligarse por sí mismos, lo cual, en síntesis abandona como debe ser en los textos jurídicos, cualquier calificación que pudiera interpretarse en forma moralizante, para ser sustituida por una terminología científica que se refiere al grado de transtorno que las enfermedades como el alcoholismo o la farmacodependencia pueden ocasionar en las personas, como para que éstas deban ser consideradas jurídicamente incapaces.
En este orden de ideas, la inclusión de los conceptos que provienen de la ciencia médica especializada en la actualidad, no representa, en la forma que se propone, inconveniente legal de ninguna especie puesto que no trastoca el bien subjetivo jurídicamente tutelado, esto es, los derechos y las obligaciones de los discapacitados, ni tampoco desvirtúa, en sentido alguno, el grado de certeza jurídica respecto de los actos jurídicos que puedan llegar a realizar, mismos que desde luego deben estar regulados para no dejar en un estado de inseguridad jurídica el cumplimiento de la contraprestación a su cargo, en agravio de terceros.
La discapacidad que se manifiesta en una persona, no es razón o motivo para prohibirle el goce de sus derechos esenciales como ser humanos; es
decir, su capacidad de goce, no se coarta, no se prohibe, ni tampoco se condiciona. En este sentido, el régimen jurídico existente permanece intacto.
Como ya se refirió anteriormente, el punto central de la reforma a todos los numerales de los códigos Civil y de Procedimientos Civiles que se involucran, está por la definición que proponemos para la fracción II del artículo 450.
Esta proposición aunque forma parte del texto integral de la fracción citada, queda separada de las disposiciones que en el propio Código Civil se contienen para el caso de aquellas personas afectadas por demencia que, bajo ciertas condiciones recobran la lucidez y pueden realizar actos jurídicos, cuya validez no puede ser cuestionada ante los tribunales por haberse acreditado que la voluntad de la persona fue expresada en forma libre de coacción, razonada ante testigos y en forma indubitable, cumpliéndose con los requisitos y las formalidades legales previstas por la ley.
Por todo lo anteriormente referido, consideramos que la proposición para reformar la fracción II del artículo 450 es la que está acorde con la realidad social, científica y técnica de nuestro tiempo y sociedad.
Consecuentemente y como corresponde a toda reforma legislativa, se ponderó la necesidad de correlacionar y condecorar los otros numerales que en el propio ordenamiento legal se relacionan con esta proposición legislativa, para dar unidad y congruencia a la aplicación de todos ellos cuando se trate o se refiera a los discapacitados.
Así, el artículo primero de la iniciativa del decreto plantea el cambio de la denominación del Capítulo IV del Título Noveno del Libro Primero del Código Civil que se refiere a las personas, de modo que la institución de la tutela legítima quede referida "a las personas con la incapacidad natural y legal", en sustitución de las expresiones vigentes que la adjudican para los dementes, idiotas, imbéciles, sordomudos, ebrios y de los que habitualmente abusan de las drogas enervantes, calificativos todos éstos que se desea eliminar del texto vigente por considerarlos, en cierta medida, ofensivos y degradatorios de la dignidad de la persona.
En el artículo segundo de la iniciativa se reforman y adicionan los siguientes artículos, con base en las siguientes consideraciones:
En el artículo 23, se adiciona su texto para consagrar que las restricciones a la personalidad jurídica, producto de la menor edad, el estado de interdicción y las demás incapacidades establecidas por la ley, no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia porque, es de opinión generalizada que cuando en el seno de una familia alguno de sus miembros se encuentra en estado de discapacidad, ya sea física, psicológica o sensorial, se producen situaciones emocionales y conflictivas que tienden a disminuir o a excluir del afecto de las personas que integran el núcleo familiar, a quien se considera un enfermo o una carga familiar o social, tal cual es el caso del discapacitado.
Consideramos que con esta inclusión de carácter declarativo, se da satisfacción a uno de los anhelos de los grupos de la sociedad civil que se han organizado en defensa y por la lucha de la dignidad de los individuos discapacitados.
Respecto de los artículos 156, fracciones VIII y IX; 331, 464, 466 y 505, la reforma consiste en sustituir del texto de los propios numerales, los calificativos anacrónicos e inadecuados, relativos a las personas que actualmente el código considera como incapaces, describiéndolas obsoletamente, por lo que en los preceptos señalados se propone para la interpretación cabal del supuesto englobado por la norma, hacer la remisión precisa a la fracción II del artículo 450 cuya reforma, como se ha dicho, forma parte de esta iniciativa, de modo que rija el principio de congruencia, certeza y claridad en los textos que se correlacionan en la materia.
En relación a los artículos 543, 544, 561, 563, 591, 597 y 600, estamos proponiendo, según el caso relativo a cada uno de tales numerales, suprimir los términos; menor y pupilo; y sustituirlos por la frase: menores o los mayores con incapacidad que se refiere el artículo 450 fracción II, o el vocablo: tutelado, según se hizo necesario, para expresar que la tutela puede recaer en personas de menor o de mayor edad, y que ambos deben ser protegidos en los términos que tales normas señalan.
En particular, en el artículo 544 se propone adicionar que los jueces de lo familiar tendrán obligación de proveer durante el juicio de interdicción, en caso de las personas indigentes, que éstas no solamente disfruten de la posibilidad de educarse en los establecimientos de beneficencia pública y privada, sino que puedan habilitarse, en su caso, con lo cual se amplia el horizonte de los incapaces para ser habilitados y favorecer que
de tal manera puedan incorporarse activamente al ejercicio cabal de sus derechos y a las actividades socialmente compatibles con su estado físico de salud.
En el artículo 584, se adiciona su última parte determinando que el tutor podrá ser removido de la tutela a petición del jurado, de los parientes del incapacitado, del Consejo Local de Tutelas, y con la reforma, del Ministerio Público. Con la intervención del Ministerio Público que se propone se busca ampliar la posibilidad de la participación de diversas instituciones y de toda aquella persona que tenga conocimiento de un mal trato inferido a un incapaz, para que a su vez se pueda concurrir por los conductos legales a la coadyuvancia de la defensa de los derechos que del mismo tienen que hacer sus representantes o las instituciones que lo protegen.
Es menester considerar que cuestión no prevista en la ley vigente, es aquella que se refiere a la regulación de los actos jurídicos que llevan a cabo los discapacitados, capaces legalmente, y que por insuficiencia o no idoneidad de medios para expresar su voluntad, ésta resulta contraria a lo verdaderamente querido por tal persona con discapacidad.
Después de considerar los dos momentos que confluyen en el consentimiento, como elemento del acto jurídico, a saber: la formación de la voluntad y su manifestación, se concluyó que la manifestación de voluntad, defectuosa por insuficiencia de medios para expresarla, debe necesariamente invalidar el acto jurídico en cuestión. En tal sentido el negocio exteriorizado en forma defectuosa debe ser privado de efectos jurídicos aun cuando pueda convalidarse.
Sin embargo, la circunstancia de que se viene hablando, no puede plantearse como vicio de la voluntad, ya que no recae sobre la formación de tal voluntad en el sujeto, si no en la declaración de dicha voluntad.
Por ello se consideró necesario adicionar el artículo 2228 vigente para que establezca una hipótesis más de nulidad relativa por insuficiencia o no idoneidad de los medios para expresar la voluntad.
Cabe puntualizar que dentro del contexto de los principios y la filosofía que informa esta iniciativa, y dado que en la fracción II del artículo 450, como ya en el cuerpo de esta exposición de motivos ha quedado perfectamente explicado, se introduce un cambio conceptual e integral que abarca todas las anteriores calificaciones que contenía el Código Civil respecto del estado físico, sensorial y psicológico de las personas, incluyendo, en forma por demás razonada y con argumentos de orden científico y técnico completamente aceptados actualmente, que en los términos propuestos caben los sordomudos que no saben leer ni escribir, así como los ebrios consuetudinarios y las personas que habitualmente hacen uso inmoderado de drogas enervantes, porque se les considera enfermos que requieren tratamientos adecuados para su rehabilitación.
Bajo estos supuesto y considerando que tanto los sordomudos, como los ebrios consuetudinarios así como las personas que consumen drogas enervantes en forma inmoderada, que actualmente se encuentran incluidos en las fracciones III y IV del propio artículo 450, y toda vez que todos ellos caben dentro de la definición globalizadora de la propuesta fracción II del mismo numeral, se consideró necesario derogar dichas III y IV fracciones.
En lo que concierne al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las reformas que se plantean a los artículos 902 y 904, obedecen a lo siguiente: En el artículo 902, en su segundo párrafo se suprime la palabra demencia y se propone el siguiente texto: la declaración de estado de minoridad o de incapacidad en términos de la fracción II del artículo 450 del Código Civil puede pedirse:...,haciendo de tal manera la necesaria correlación entre las modificaciones propuestas para el Código Civil, con las que, de manera necesaria y congruente deben hacerse en el Código de Procedimientos Civiles.
Para el artículo 904, en sus fracciones I y II se adiciona la precisión de que se debe conceder además de la intervención de los médicos alienistas la de aquellos profesionales "de la especialidad correspondiente" para que las garantías a la persona sujeta al procedimiento se amplíen según el padecimiento de que se trate, consolidándose así el principio de seguridad jurídica y fundamentación médica y técnica que debe sustentar el fallo del juzgador.
Por otra parte, el Congreso de la Unión es competente para legislar en materia civil, tanto en los contenidos normativos del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, como en el de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, atento a lo dispuesto por los artículos 1o., 3o.,
fracción I, inciso c; 4o., párrafo cuarto; 17 párrafo segundo; artículo 72 inciso f, y 73, fracciones VI y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por las razones expuestas y con fundamento en lo que previene los artículos 71, fracción II de la Constitución General de la República y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a proponer ante esta honorable soberanía, la siguiente
INICIATIVA DE PROYECTO DE DECRETO
Que modifica la denominación del Capítulo IV, del Título Noveno, del Libro Primero, del Código Civil para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en Materia Federal; que reforma los artículos números 23, 156, fracciones VIII y IX, 331, 450 fracción II, 464, 466, 505, 543, 544, 561, 563, 584, 591, 597, 600 y 2228 del propio ordenamiento; y que deroga las fracciones III y IV del artículo 450 así como el 506 del citado código; y que reforma los artículos 902 y 904, fracciones I y II del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo primero. Se reforma la denominación del Capítulo IV, del Título Noveno, del Libro Primero, que trata de las personas, para quedar como sigue:
LIBRO PRIMERO
De las personas
TITULO NOVENO
CAPITULO IV
"De la tutela legítima de las personas con incapacidad natural y legal"
Artículo segundo. Se reforman y adicionan los artículos 23, 156, fracciones VIII y IX, 331, 450 fracción II, 464, 466, 505, 543, 544, 561, 563, 584, 591, 597, 600, 2228, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, para quedar como sigue:
Artículo 23. La menor edad, el estado de interdicción y demás incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la personalidad jurídica que no deben menoscabar la dignidad de la persona ni atentar contra la integridad de la familia; pero los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por medio de sus representantes.
Artículo 156. Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: Fracción I a VII. Quedan iguales.
Fracción VIII. La locura, la impotencia incurable para la cópula; la sífilis y las demás enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias; Fracción IX. Padecer alguno de los estados de discapacidad a que se refiere la fracción II del artículo 450.
Fracción X. Queda igual.
Artículo 331. Si el marido está bajo tutela por cualquier causa de las señaladas en la fracción II artículo 450, este derecho puede ser ejecutado por su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el marido después de haber salido de la tutela, pero siempre en el plazo antes designado que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento.
Artículo 450. Tienen incapacidad natural y legal:
Fracción I. ..
Fracción II. Los mayores de edad disminuidos en su inteligencia por locura aunque tengan intervalos lúcidos; y aquellos que padezcan alguna afección originada por enfermedad o deficiencia persistente de carácter físico, psicológico o sensorial o por la adición a sustancias tóxicas como el alcohol, los psicotrópicos o los estupefacientes; siempre que debido a la limitación en la inteligencia que esto les provoque no puedan gobernarse y obligarse por sí mismos, o manifestar su voluntad por algún medio.
Artículo 464. El menor de edad que se encuentre en cualquiera de los casos a que se refiere la fracción II del artículo 450, estará sujeto a la tutela de menores, mientras no llegue a la mayoría de edad.
Segundo párrafo igual.
Artículo 466. El cargo de tutor respecto a las personas comprendidas en los casos a que se refiere la fracción II del artículo 450, durante el tiempo que subsista la interdicción cuando sea
ejercitado por los descendientes o por los ascendientes. El cónyuge tendrá obligación de desempeñar ese cargo mientras conserve su carácter de cónyuge. Los extraños que desempeñen la tutela de que se trata tiene derecho de que se les releve de ella a los 10 años de ejercerla.
Artículo 505. No pueden se tutores ni curadores de las personas comprendidas en la fracción II del artículo 450, quienes hayan sido causa o fomentado directa o indirectamente tales enfermedades o padecimientos.
Artículo 543. Si los menores o los mayores con alguna de las incapacidades a que se refiere el artículo 450 fracción II fuesen indigentes, o careciesen de suficientes medios para los gastos que demandan su alimentación y educación, el tutor exigirá judicialmente la prestación de esos gastos a los parientes que tienen obligación legal de alimentar a los incapacitados. Las expensas que esto origine, serán cubiertas por el deudor alimentario.
Cuando el mismo tutor sea obligado a dar alimentos, por razón de su parentesco con su tutelado, el curador ejercitará la acción a que este artículo se refiere.
Artículo 544. Si los menores o mayores de edad con incapacidades como las que señala el artículo 450 en su fracción II no tienen personas que estén obligadas a alimentarlos, o si teniéndolas no pudieren hacerlo, el tutor con autorización del juez de lo familiar, quien oirá el parecer del curador y del Consejo Local de Tutelas, pondrá al tutelado en un establecimiento de beneficencia pública o privada en donde pueda educarse y habilitarse. En su caso, si esto no fuera posible, el tutor procurará que los particulares suministren trabajo al incapacitado, compatible con su edad y circunstancias personales, con la obligación de alimentarlo y educarlo. No por eso el tutor queda eximido de su cargo, pues continuará vigilando a su tutelado, a fin de que no sufra daño por lo excesivo del trabajo, lo insuficiente de la alimentación o lo defectuoso de la educación que se le imparta.
Artículo 561. Los bienes inmuebles, los derechos anexos a ellos y los muebles preciosos no pueden ser enajenados ni gravados por el tutor, sino por causa de absoluta necesidad o evidente utilidad del menor o del mayor con alguna de las incapacidades a las que se refiere el artículo 450 fracción II debidamente justificada y previa la confirmación del curador y la autorización judicial.
Artículo 563. La venta de bienes raíces de los menores y mayores incapaces es nula si no se hace judicialmente en subasta pública. En la enajenación de alhajas y muebles preciosos, el juez decidirá si conviene o no la almoneda pudiendo dispensarla, acreditada la utilidad que resulte al tutelado.
Los tutores no podrán vender valores comerciales, industriales, títulos de rentas, acciones, frutos y ganados pertenecientes al incapacitado por menor valor del que se cotice en la plaza el día de la venta, ni dar fianza a nombre de su tutelado.
Artículo 584. En caso de maltratamiento, de negligencia en los cuidados debidos al incapacitado o de mala administración de sus bienes, podrá el tutor ser removido de la tutela a petición del curador, de los parientes del incapacitado, del Consejo Local de Tutelas o del Ministerio Público.
Artículo 591. También tienen obligación de rendir cuenta, cuando por causas graves que calificará el juez, la exijan el curador, el Consejo Local de Tutelas, el Ministerio Público, los propios incapaces señalados en la fracción II del artículo 450, o los menores que hayan cumplido dieciséis años de edad.
Artículo 597. Deben abonarse al tutor todos los gastos hechos debida y legalmente, aunque los haya anticipado de su propio caudal, y aunque de ello no haya resultado utilidad a los menores y a los mayores de edad incapaces, si esto ha sido sin culpa del primero.
Artículo 600. La obligación de dar cuenta no puede ser dispensada en contrato o última voluntad, ni aún por el mismo tutelado; y si esa dispensa se pusiere como condición, en cualquier acto, se tendrá por no puesta.
Artículo 2228. La falta de forma establecida por la ley si no se trata de actos solemnes así como el error, el dolo, la violencia, la lesión, la incapacidad de cualquiera de los autores del acto y tratándose de personas capaces que presenten alguna limitación física o sensorial, la insuficiencia o no idoneidad en los medios para expresar su voluntad, producen la nulidad relativa del mismo.
Artículo tercero. Se derogan las fracciones III y IV del artículo 450 y el artículo 506 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. Artículo cuarto. Se reforman los artículos 902 y 904 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 902. Ninguna tutela puede conferirse sin que previamente se declare el estado de minoridad, de incapacidad o de la persona que va a quedar sujeta a ella.
La declaración de estado de minoridad o de incapacidad por las causas a las que se refiere la fracción II del artículo 450 del Código Civil, pueden pedirse: primero, por el mismo menor si ha cumplido 16 años; segundo, por su cónyuge; tercero, por sus presuntos herederos legítimos; cuarto, por el albacea; quinto, por el Ministerio Público.
Pueden pedir la declaración de minoridad los funcionarios encargados de ello por el Código Civil.
Artículo 904. La declaración de incapacidad por causa de...
Primer párrafo. Queda igual.
Segundo párrafo. Queda igual.
Fracción I. Recibida la demanda la interdicción, el juez ordenará las medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como incapacitado; ordenará que la persona que auxilia a aquél de cuya interdicción se trata, lo ponga a disposición de los médicos alienistas o de la especialidad correspondiente, en el plazo de 72 horas, para que sea sometido a examen; ordenará que el afectado sea oído personalmente o representado durante este procedimiento; y que la persona bajo cuya guarda se encuentra el indicado como incapaz se abstenga de disponer de los bienes del incapacitado, siempre que a la demanda se acompañe certificado de un médico alienista o de la especialidad correspondiente; o bien, informe fidedigno de la persona que lo auxilie u otro medio de convicción que justifique la necesidad de estas medidas.
II. Los médicos que practiquen el examen deberán ser designados por el juez y serán de preferencia alienistas o de la especialidad correspondiente.
Dicho examen se hará en presencia del juez, previa citación de la persona que hubiere perdido la interdicción y del Ministerio Público.
III. Queda igual.
IV. Queda igual.
V. Queda igual.
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. Las declaraciones de incapacidad o de nombramiento de tutor que actualmente se encuentren en trámite ante los tribunales competentes, en sus resoluciones que se dicten respecto de los motivos que les dieron origen y causa, deberán apegarse al texto de los artículos reformados, debiendo declarar en sus puntos resolutivos el tipo de incapacidad que padezca la persona.
Salón de sesiones, Cámara de Diputados, a los cinco días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.»
Trámite: - Turnese a la Comisión de Justicia.
LEY FEDERAL DEL CULTIVO DE LA CAÑA Y SU INDUSTRIALIZACIÓN
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Manuela Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley Federal del Cultivo de la Caña de Azúcar y su industrialización.
La diputado Manuela Sánchez López:
- Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Antes de darle lectura a la presentación de esta iniciativa, quiero manifestarle que esta iniciativa nace a raíz del clamor y la necesidad de miles de productores de caña de azúcar de todo el país, que tienen de ser hombres libres y de ser respetados como ciudadanos mexicanos.
Además quiero hacer alusión dándole lectura a algunos artículos del decreto cañero que fue publicado en el Diario Oficial, el viernes 31 de mayo de 1991.
Dice en el artículo cuarto de sus transitorios:
"Que el comité de la agroindustria azucarera determinará a propuesta de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera los ingenios en los que se pondrá en marcha el sistema de muestreo por zonda mecánica en la báscula para la zafra 1991- 1992".
Y luego en el artículo tercero dice: "Que en caso de no existir un precio al mayoreo u oficial libre, gordo ingenio, para el azúcar base, estándar, el precio de la caña de azúcar se determinará conforme
al equivalente en moneda nacional del precio de referencia para importación de azúcar base estándar, más una cantidad por concepto de costo de importación, que determine el comité de la agroindustria azucarera".
En el artículo segundo del propio decreto... un momento por favor, en el artículo segundo dice:
"Con el fin de coadyuvar el estricto cumplimiento del presente decreto, se establece un comité de la agroindustria azucarera con sede en el Distrito Federal e integrado por un representante de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, uno de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, se invitará a formar parte de dicho comité a dos representantes de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera y Alcoholera y a uno de la Unión Nacional de Productores de Cañeros de la Confederación Nacional Campesina y a uno de la Unión Nacional de Cañeros de la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad".
Y luego dice en el artículo segundo que: "este comité de la agroindustria azucarera formulará los lineamientos relativos a las características de la caña como materia prima y las bases que regulen las relaciones entre los ingenios y sus abastecedores de materia prima y lo referente a las cañas contratadas".
Y el artículo sexto dice que: "Los cañeros afiliados a la Confederación Nacional Campesina y a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, podrán disfrutar de crédito directo de las instituciones crediticias".
¿Por qué me estoy refiriendo a todo esto? Porque el mismo Salinas de Gortari, ahora en su gira de trabajo que anda haciendo al exterior del país, dijo que vale más el derecho que la fuerza del poder.
Sin embargo, con las disposiciones de este decreto, se acepta y se perjudica los derechos de terceros; y esos terceros son los asociados que representa la Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana y los miles de productores libres que no desean pertenecer a ningún gremio cañero.
Estos productores que pertenecen a diferentes corrientes políticas e ideológicas, porque creo que el Partido Acción Nacional, el Partido Popular Socialista, el Partido del Frente Cardenista y todos los partidos agrupan a la clase campesina y por lo tanto tendrán entre sus filas afiliados de este partido de productores de caña de azúcar. Y este decreto únicamente protege a los cañeros que están afiliados a la Unión Nacional de la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad. Con esto deja en total desampara a los productores de caña de libres o a los productores de alguna otra organización nacional independiente.
Esto, compañeros diputados, quise hacer este relato buscando que la aprobación de las diferentes fracciones parlamentarias para la aprobación de esta iniciativa.
«Honorable Congreso de la Unión. Los ciudadanos diputados federales Fernando Palacios Vela, Manuela Sánchez López, en nuestros carácteres de presidente y secretario general de la Asociación Nacional de Productores de Caña de Azúcar de la República Mexicana, Asociación Civil y en base a las atribuciones que nos otorga el artículo 71, inciso 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, venimos ante esta tribuna de este honorable cuerpo colegiado en pleno, a proponer para su discusión y aprobación en su caso la siguiente iniciativa de Ley Federal de Cultivo de la Caña y su Industrialización, misma que basamos bajo la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1o. Movimientos sociales del presente siglo han provocado que se revise a fondo la legislación de nuestro país que sustentan la organización social; y que desde luego han generado un rompimiento con normas anticuadas y tradicionales que ataban al ciudadano a conductas totalmente fuera de la realidad social que en estos momentos impera en la vida del país.
2o. Los cambios que nuestra patria ha experimentado a partir del gobierno de Luis Echeverría en materia económica, de la gran explosión demográfica que ha tenido México, nos ha llevado al consumo de muy importantes cantidades de básicos que no producimos y que tenemos que importar, principalmente del vecino del norte, ocasionando una dependencia que ya raya en la pérdida o por lo menos y de menoscabo de nuestra soberanía nacional.
3o. Muchos de los grandes problemas que actualmente afronta el campesino es precisamente la falta de normas que encuadren en la realidad social y económica que vive la nación, pues el campo es parte muy importante de la vida dinámica y económica del país, pues más de 35 millones de mexicanos laboran en el campo, en consecuencia es necesario que exista una normatividad que regule con justicia las relaciones del trabajo del campo con los demás sectores de la producción de la sociedad, que resuelva la crisis de
organización económica y política que azota en este tiempo a los campesinos mexicanos.
4o. El cambio en la condiciones actuales de la sociedad en este momento de modernización, es imperativo que se proponga a esta honorable Cámara la presente iniciativa de una ley federal que regule las relaciones de los productores de caña con la industria azucarera, pues no es posible que una actividad económica tan importante por el número de personas que involucran como por el satisfactor que se produce en bien de todo el pueblo de México, que se regule por un decreto que en la mayoría de los casos en su aplicación ha servido para realizar el atraco, el fraude y la ruina de los productores de caña de azúcar, ocasionando el desaliento entre los productores y el abatimiento en la producción.
5o. El actual decreto cañero producto de otro momento económico y social, ya no es aplicable en esta época.
Además, el decreto de López Portillo les da facultades a un tribunal llamado de controversias azucareras.
A que laboren a unos lineamientos que éstos tienen que cumplirse obligatoriamente que cuando son violatorios de los derechos y las garantías individuales estipuladas en el artículo 9o., de la Constitución General de la República.
Al privar a los productores de caña de ser hombres libres y poder agruparse, organizarse y en cualquier organización cañera nacional o sencillamente ser cañeros libres, pues los tiene sujetos, obligándolos a pertenecer a la Confederación Nacional Campesina y Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad.
6o. El decreto de Salinas de Gortari que se publicó el 31 de mayo de 1991, en el Diario Oficial a través de sus 17 artículos, viene a limitar y violar el derecho constitucional porque estipula en los artículos segundo y sexto del decreto que entrará en vigor el 15 de julio de 1991. En total desamparo.
A los productores de caña de azúcar de otras organizaciones nacionales cañeras que no sean la Confederación Nacional Campesina y la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad.
Y a los miles de productores que no desean pertenecer a ningún gremio cañero, negándoles sus derechos y garantías individuales. No puede ser posible que un acto del Ejecutivo Federal viole un precepto constitucional.
7o. En decretos anteriores se contemplaba el pago a los cañeros además del azúcar; mieles incristalizables y alcoholes, hoy sólo se paga un precio único de garantía de 8.3 dejando en desventaja al productor, llevándolo a la miseria y ruina económica.
8o. Además de decreto cañero del 31 de mayo de 1991, estipula el pago del 8.0. Para elaborar una ley federal de los productores del cultivo de la caña y de su industrialización es importante tener muy en cuenta el interés social que implica, pues ya se apunta en el decreto de López Portillo como de interés público la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar; pues se debe proteger tanto al productor de la materia prima, al industrial que la transforma y al consumidor, pues, es de explorado derecho que los gobiernos deben procurar al bienestar del pueblo.
9o. Por estas razones consideramos que la norma que venga a regular las relaciones entre productor e industria no puede ser una norma restringida a actos meramente mercantilistas, sino que, debe contemplar a la sociedad mexicana en su conjunto puesto que, el producto azúcar es vital importancia en la dieta del pueblo de México y en múltiples bienes de las diferentes actividades del hombre.
10. La imperiosa necesidad de un mejor equilibrio en la distribución de la riqueza; la protección que merecen los débiles y en muchos casos todavía ignorantes en las relaciones económicas con los poderosos y sinnúmero de problemas que se generan en esta actividad económica del campo nos ha motivado a presentar este proyecto de la iniciativa de la Ley del Cultivo de Caña y su Industrialización.
En uso de la facultades que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de la Nación, venimos a presentar el
PROYECTO DE LA LEY FEDERAL DE PRODUCTORES DE CAÑA Y LA INDUSTRIALIZACIÓN
Artículo 1o. Es de interés público, la siembra, cultivo, cosecha e industrialización de la caña de azúcar.
Artículo 2o. Los productores de caña están obligados a sembrar caña de la mejor calidad, y entregarla a la industria en condiciones óptimas. Cuando los fenómenos de la naturaleza así se lo permitan.
Artículo 3o. La producción nacional de azúcar estará destinada a satisfacer primordialmente al consumo nacional de los ciudadanos.
Artículo 4o. Los excedentes de azúcar se destinarán a la industria nacional y en su caso a la exportación.
Artículo 5o. Será obligatorio para la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, disponer en depósito siempre de un remanente de por lo menos de 500 mil toneladas para imprevistos.
Artículo 6o. Los productores de azúcar venderán a la industria sacarosa en báscula.
Artículo 7o. Los industriales deberán pagar a los productores además de la sacarosa, el 50% del valor de mieles incristalizables, alcoholes, bagazo, así como cabezas y colas.
Artículo 8o. El precio de la tonelada de caña se fijará de acuerdo a la inflación que indique el Banco de México en el momento de liquidación.
Artículo 9o. El precio de las mieles, alcoholes, bagazo, cabeza y colas se fijará de conformidad con el informe oficial del Banco de México, en el momento de la liquidación.
Artículo 10. El productor tiene derecho a nombrar un químico para analizar la sacarosa en el momento de ser pesado en batey.
Artículo 11. El productor tiene derecho a pesar su caña en báscula propiedad de los productores.
Artículo 12. La industria debe pagar el importe de su caña al productor al terminar de entregarla a batey.
Artículo 13. El productor debe afirmar un contrato de compra - venta de su caña con la industria a la Abastecen.
Artículo 14. La industria entregará por lo menos tres sacos de azúcar al productor en cada zafra, a más tardar dos meses después de iniciada la zafra.
Artículo 15. Los intereses que se le cobren al productor serán marcados por Fira.
Artículo 16. Las contrataciones de las cañas serán realizadas con el consentimiento de los productores manifestado expresamente a los representantes de ellos.
Artículo 17. El precio de sacarosa se discutirá con los productores en sus lugares de origen y se presentará ante los industriales para su decisión, tomando en consideración a la opinión del Banco de México.
Artículo 18. En los comités de producción estarán representados todos aquellos productores que en conjunto pasen de 200 en la zona de abasto de cada ingenio.
Artículo 19. Los productores son absolutamente libres para pertenecer a la organización que más convenga a sus intereses.
Artículo 20. Queda absolutamente prohibido el descuento de cuotas a los productores que hayan renunciado a organizaciones cañeras en cualquier momento y aquellos cañeros libres.
Artículo 21. Queda prohibido poner número de afiliación a las organizaciones para un reconocimiento ante cualquier autoridad para defender los intereses de los asociados, productores de caña.
Artículo 22. Los industriales están obligados a recibir la materia prima que se encuentre contratada.
Artículo 23. El industrial podrá negarse a recibir la materia prima cuando se presenten estos casos:
a) Cuando la caña no esté en condiciones que se hayan contratado;
b)Cuando se traten de cañas libres, y
c) Cuando el productor haya quemado y cortado su caña sin orden del ingenio.
Artículo 24. Todas las relaciones de los productores y los industriales se regirán por las disposiciones de esta ley y en el caso de los contratos compra - venta de la caña por la aplicación del Código de Comercio.
Artículo 25. El contrato que celebren los productores abastecedores con los industriales azucareros serán discutidos por ambas partes; en el que se contendrá el procedimiento y formas de pago de la materia prima ya sea de caña entregada o caña quedada sin cortar.
Artículo 26. No existirá ningún otro intermediario en la producción y comercialización del azúcar más que el organismo del gobierno federal denominado. Las secretarías de estado, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y Comercio y Fomento Industrial.
Artículo 27. Todos los productores de caña son sujetos de créditos directos de la banca nacional obligatoriamente.
Artículo 28. Los productores podrán adquirir sus insumos libremente sin la intervención de la industria (Fertilizantes).
Artículo 29. El precio de la caña lo fijarán los propios productores de la empresa tomando en consideración el costo real de producción y una remuneración justa para el productor.
Artículo 30. Los productores celebran contratos de compra - venta de su materia prima con cada una de las empresas que abastecen las que no serán uniformes sino específicas para cada ingenio.
Artículo 31. Los contratos contendrán:
a) Objeto, cultivo, entrega y recepción de caña de azúcar;
b) La obligación del ingenio de recibir la materia prima que los abastecedores le entreguen, y
c) Los productores se obligan a entregar la materia prima en la calidad y variedad de caña que se contrate.
TRANSITORIO
Esta ley entrará en vigor un día después de su publicación oficial.
Dado en la honorable Cámara de Diputados en el recinto alterno, a los ocho días del mes de julio de 1991.- Diputados: Fernando Palacios Vela, Manuela Sánchez López, Ulises Lara López, Francisco Curi Pérez Fernández y Gilberto López y Rivas.» El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Sánchez Ochoa, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa:
«Iniciativa de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión Introducción Señor Presidente de la Cámara de Diputados señoras y señores diputados: Quienes por el llamado del pueblo mexicano le servimos como legisladores, hemos de mantener constante atención a los signos de los tiempos, mediante los cuales se hace manifiesta la evolución de nuestra historia.
Somos parte de un pueblo en marcha y en búsqueda constante de su liberación, necesitado de cauces amplios y pacíficos para su convivencia y desarrollo, de caminos seguros para tránsito hacia la tierra de promisión.
Las leyes creadas por nosotros deben ser esos caminos por donde transitemos en justicia y paz hacia la consecución de nuestro destino, hacia la realización de nuestra vocación histórica.
A través de nuestra historia particular hemos alcanzado muchas metas en pos de nuestra liberación.
Muchos hermanos nuestros han sacrificado sus vidas al procurar el logro de sus anhelos, y gracias a ese sacrificio inefable nosotros mexicanos que atisbamos el Siglo XXI podemos pacíficamente construir nuestro presente y prever nuestro futuro.
Una nación como la nuestra de vida compleja necesita mirar con atención y cuidado muchos campos de su existencia. Área fundamental de ese cuidado es el de la palabra hablada y escrita de nuestro pueblo. En efecto, la palabra, nuestra palabra es imagen de nuestra existencia, manifestación de nuestras esencias, expresión de nuestra historia y encarnación de nuestros anhelos y angustias. Todo el cuidado puesto por nosotros en la promoción, protección y desarrollo de esa palabra será siempre insuficiente y reclamará una nueva y generosa dedicación a su siembra, cultivo y recolección.
Nuestra palabra nace y crece todos los días en los diálogos con nuestros padres, hijos, hermanos y vecinos. Se cultiva a nivel nacional a través de los medios de comunicación tan extendidos por los ámbitos todos de nuestra patria, Ahora, aún las más lejanas aldeas de nuestro territorio nacional contemplan impávidas como las ondas hertzianas se hacen voz e imagen de nuestras angustias y dificultades; de nuestros reclamos y satisfacciones; de nuestras luchas y de nuestros logros.
La radio y la televisión llevan todos los días y a cada momento noticias sobre nuestra economía,
nuestra cultura, nuestras relaciones y sobre nuestra política. Esa información contribuye indudablemente a la conformación de la conciencia nacional, por lo que los representantes de la nación no podemos menos que observar atentamente el fenómeno de la comunicación. Cuando el legislador impone a las difusoras la obligación de: divulgar las manifestaciones de la cultura mexicana; estimular la creatividad y la comprensión de los valores nacionales; propiciar la solidaridad y el conocimiento de la comunidad internacional, no hace sino cumplir con uno de sus deberes propios: el de procurar que el pueblo mexicano reciba una información veraz. Todos sabemos que sólo un pueblo verazmente informado puede ser sujeto de su historia y capaz de descubrir su origen y destino. Y sólo cuando sabe aceptar su origen, podrá mantenerse fiel a sí mismo, defender su identidad y alcanzar su destino, mediante la generación de obras y espacios plenos de singularidad, autenticidad, belleza y humanidad en los más variados campos de la cultura. La creación de obras manifestará así vigorosamente el aleteo del espíritu autor de todo pueblo y nación, y constituirá el ambiente propicio para el desarrollo integral de los mexicanos de todos los rincones del país.
En efecto, cuando la simiente de la personalidad encuentra clima propicio y tierra feroz, no puede menos que manifestarse en voluntad libre, inteligencia iluminada y corazón solidario. ¡Y que más podemos esperar los diputados democráticos, sino conciudadanos conscientes de su origen y destino! Sólo una comunidad integrada con hombres así será capaz de conocer y responder a su vocación histórica en medio del mar embravecido de los bloques económicos que amenazan con nuevas hegemonías sometidas a la fuerza del dinero.
La radio y la televisión tiene a no dudarlo una influencia decisiva en la formación de la inteligencia, voluntad y sentimiento de nuestros niños, jóvenes y connacionales adultos. La información sobre nuestra realidad nacional difundida por las radiodifusoras y sistemas de televisión contribuye a la comprensión de nuestro presente, previsión de nuestro futuro como base de un verdadero esfuerzo nacional para superar nuestras carencias y realizar nuestras aspiraciones más caras. En efecto, los programas radiofónicos y televisivos pueden contribuir a despertar nuestras facultades creadoras o a inhibirlas. La difusión de sus análisis pueden por su veracidad sensibilizarnos sobre la gravedad de nuestros problemas, y la posibilidad de su solución o por el contrario angustiarnos y destruir nuestra capacidad de respuesta.
La evidente función social de los medios de comunicación hace necesario que, quienes en ellos participan tengan clara conciencia de la naturaleza de su tarea y que la sociedad a través de sus legítimos representantes y disposiciones jurídicas adecuadas cree los cauces normales, para la realización de sus actividades al servicio de la comunidad.
Una somera observación de las diversas programaciones de difusión es suficiente para constatar que la mayoría de las mismas fue preparada y realizada sin tener en cuenta los altos fines que les son propios, ni los mandatos de nuestra legislación. Así por ejemplo: un gran número de estaciones y programas que buscan auditorio juvenil olvidan los fines culturales y promueven una absurda comercialización y las actitudes más instintivas de nuestra juventud, olvidando los auténticos valores y el ennoblecimiento de la vida personal.
Los sujetos activos de estas programaciones son los cronistas, comentaristas, conductores y locutores cuyo lenguaje, expresión y formación cultural dejan una marca en la producción y transmisión de los mismos. Sus gestos, la modulación de su voz, el contenido de sus expresiones, crónicas y comentarios agreden con frecuencia la pureza del idioma y propician el desprecio a la dignidad humana de los integrantes de su auditorio.
Con frecuencia se pisotea la dignidad humana so pretexto de premiar a los participantes en concursos diversos. Muchas veces hemos sido testigos de la manera como locutores en función de entrevistadores imponen sus puntos de vista a los deportistas o ciudadanos a quienes supuestamente se les solicita una opinión. Por otra parte, también conocemos la benéfica influencia ejercida por los cronistas, comentaristas, locutores y conductores poseedores de una personalidad equilibrada, amplia cultura, capacidad técnica y dominio de su función. Ellos contribuyen eficazmente al desarrollo de nuestra nación.
Por eso consideramos que parte del remedio a la situación antes descrita puede estar en la preparación integral de los profesionistas de la comunicación que desempeñan estas funciones. Los estudios de secundaria y bachillerato nos parecen insuficientes para el desempeño de un trabajo de tan alta jerarquía social, sobre todo cuando todos somos sabedores de la caída generalizada en la calidad académica de esos niveles de estudio.
Exigir requisitos más rigurosos de preparación a dichos profesionistas contribuirá a la auténtica profesionalización de esa área de trabajo de tan innegables y profundas repercusiones sociales en
el lenguaje, recreación y actitudes de nuestra niñez y juventud. Hacerlo así contribuirá a la creación de condiciones más propicias para que la crónica, el comentario, la conducción y la locución contribuyan abundantemente al desarrollo auténtico del pueblo mexicano.
Una educación integral de quienes se sientan llamados a desempeñar tan trascendente profesión puede y debe contribuir a superar las graves carencias culturales y humanas de nuestra comunicación social. Un profesionista de la locución, de la conducción, de la crónica y el comentario técnicamente bien preparado y ampliamente formado en el humanismo conocerá nuestra historia, nuestra idiosincracia, nuestros valores, nuestra lengua así como al mundo que nos rodea y propiciará el alumbramiento de las profundas corrientes de nuestra historia al cumplir su trabajo.
En las manos de profesionistas así la información y recreación proveniente de los medios de comunicación serán herramientas de verdadera superación humana y no de atolondramiento y falsificación como ahora suela suceder. El uso apropiado de nuestro idioma enriquecerá y fortalecerá la palabra nacional como imagen auténtica y dinámica de nuestro ser y quehacer históricos. Podemos ser más, para convivir mejor. La corrupción del lenguaje es parte de la destrucción de nuestra identidad y a mediano y largo plazo puede llevarnos a renegar de nuestra vocación histórica.
Como nación tenemos derecho a aspirar a superiores niveles culturales; tenemos derecho a contar con mejores abogados, médicos, ingenieros, arquitectos y comunicadores sociales... y en general más preparados profesionistas. La legislación vigente en radio y televisión ha sido superada por la realidad nacional cuando en el Capítulo V del Título Cuarto de la ley respectiva sólo exige un certificado de aptitud y capacidad expedido por la Secretaría de Educación Pública para el desempeño de sus funciones. Es un hecho que nuevas generaciones de licenciados en ciencias de la comunicación pugnan por encontrar un espacio para trabajar en los medios de comunicación social. Como legisladores hemos de responder a esa juventud que busca capacitarse más, para servir a su nación creándole un espacio para su desarrollo.
Al hacer mandato de ley la exigencia de profesionalización para los comunicadores sociales antes mencionados no hacemos sino garantizar a la sociedad el veraz, eficaz, suficiente y adecuado servicio de la comunicación social. Además proseguimos el camino de superación trazado cuando por ley nuestros ancestros exigieron un título profesional para el ejercicio de la medicina, la abogacía, la arquitectura, etcétera... Es derecho fundamental de la sociedad el de asegurarse que quienes le sirven en un campo determinado de la actividad humana tienen la aptitud y debida preparación para ello.
Es oportuno exigir un título extendido por una escuela legalmente autorizada y reconocida por la autoridad competente para preparar a los profesionistas de la comunicación, porque hoy en día existen numerosas escuelas y facultades diseminadas a través del territorio nacional que ofrecen ese servicio. Existen pues los lugares y medios idóneos para que quienes sienten el llamado de la comunicación puedan prepararse adecuadamente; la superación de nuestros niveles culturales también reclama una medida así. Nosotros como legisladores podremos reformar la norma para adecuarla a los hechos y situaciones nuevas en el campo de la comunicación, pues la dinámica del derecho lo obliga a acoger las novedades con respuestas jurídicas nuevas.
Consideramos que el texto de los artículos 84, 85,86,87,88 y 89 de la Ley Federal de radio y televisión ya no comprenden adecuadamente asuntos a los que refieren, por lo que proponemos su reforma.
Fundandonos en las consideraciones antes hechas y expuestas, así como en lo dispuesto por los artículos 71 constitucional en su fracción, 73 constitucional en su XVII fracción, y en los artículos 55 fracción II y 56 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los diputados federales abajo firmantes y miembros todos del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentamos para su estudio y dictamen el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se reforman los artículos 84, 85,86,87,88,y 89 para quedar como sigue:
Artículo 84. En las transmisiones de las difusoras sólo podrán trabajar como locutores, anunciadores, cronistas, conductores, informadores y comentaristas, quienes hayan cursado la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación y cuenten con el título respectivo.
Artículo 85. Sólo mexicanos poseedores de una licenciatura en ciencias de la comunicación o pasantes de la misma podrán laborar como locutores anunciadores, cronistas, conductores, informadores
y comentaristas, en las estaciones de radio y televisión del país. En casos especiales la Secretaria de Gobernación podrá autorizar a extranjeros para que actúen transitoriamente.
Artículo 86. Quienes quieran desempeñar las labores de locutores, animadores, comentaristas, conductores cronistas e informadores, habrán de comprobar previamente que han concluido los estudios necesarios para obtener la licenciatura en ciencias de la comunicación, ya mediante la representación del título, o la carta de pasante.
Artículo 87. Todas las difusoras están obligadas a emplear como locutores, anunciadores, comentaristas, conductores, cronistas e informadores, a profesionistas poseedores del título de licenciado en ciencias de la comunicación, o carta de pasante para obtener el susodicho título.
Artículo 88. Los concesionarios o permisionarios de las difusoras podrán emplear estudiantes de dicha carrera para que practiquen por periodos no mayores de 75 días hábiles, previa solicitud de una escuela o facultad legalmente autorizada para la realización de estudios profesionales en ciencias de la comunicación.
Artículo 89. Todos los profesionistas que laboren como locutores, anunciadores, comentaristas conductores, cronistas e informadores, habrán de actualizar periódicamente su preparación en instituciones debidamente acreditadas para ello por la Secretaría de Educación Pública.
TRANSITORIO
Único. Esta Ley entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a 8 de julio de 1991.- Diputados: José de Jesús Sánchez Ochoa, Silviano Urzua Ochoa, Gregorio Curiel Díaz, Roger Cícero Mac- kinney, Juan José Medrano Castillo, Rosalia Ramírez de Ortega Fernando Antonio Lozano García, Sergio Alfonso Rueda Montoya, Manuel Ponce González, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Ramiro Pedroza Torres, Gildardo Gómez Verónica, Alfonso Méndez Ramírez, Miguel Díaz Herrera, Jorge Galván Moreno y Alfredo Oropeza García." El presidente: Túrnese a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía.
CÓDIGO DE COMERCIO
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Sergio Rueda Montoya, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a varios artículos del Código de Comercio.
El diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya:
"Honorable Cámara de Diputados.- Presentes.
Con la facultad otorgada en los artículos 71 y 93 de la Constitución Federal, los que al final suscribimos, comparecemos ante esta soberanía a presentar iniciativa de Ley a efecto de modificar diversos artículos de la ley General de Sociedades Mercantiles, para la cual formulamos la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En los tiempos y momentos que vivimos y con los grandes avances económicos y comerciales que se están dando en nuestra nación, no cabe la menor duda de que la ley general de Sociedades Mercantiles promulgada en 1934 requiere ya de cambios totales y adaptaciones a las realidades que se avecinan en cuanto al trato comercial tanto nacional como internacional, pero sobre todo urge una nueva Ley porque la actual contiene un vicio de inconstitucionalidad al haber sido aprobada sólo por el Ejecutivo en turno y sin la participación del Congreso de la Unión, quien es el facultado para legislar.
La conjunción de esfuerzos, de trabajo y de capital, da lugar a la creación de las sociedades mercantiles, que en sus diversas formas tienen personalidad jurídica patrimonio propio.
Las sociedades mercantiles actuales requieren dar respuesta a las necesidades y exigencias de una comunidad ya de siglo XXI para que se garantice en la norma la función, el capital, la administración y el proceso normativo de las personas morales que contempla la, Ley de Sociedades.
El valor de bienes y servicios, de materias primas, de salarios, de maquinaria y equipo de trabajo, no es el mismo de 1934 y la representación monetaria de un peso, ya no equivale al que tenía en aquel tiempo, por lo que el capital social de una persona moral debe hoy cuando menos contener un mínimo que sirva para dar seguridad a su existencia y también a todo aquel que contrata con esa sociedad a fin de que los actos que realiza tengan los respaldos reales y legales mínimos.
En la actualidad se constituyen con mucha facilidad sociedades mercantiles que sólo sirven para encubrir actos que dañan derechos de terceros o comunidades enteras al realizar operaciones que aparentan ser licitas pero se convierten en delitos que dejan a los afectados sin garantía al carecer la sociedad mercantil de un capital real que garantice las operaciones que se realicen. Resulta lógico que el capital social de una persona moral debe ser la base para que cumpla sus objetivos y realice operaciones mercantiles. Con esas bases que es lo que puede hacer hoy una sociedad de responsabilidad limitada cuando para constituirse la Ley vigente le fija un capital mínimo de cinco mil pesos y a la sociedad anónima un capital mínimo de veinticinco mil pesos, que en el primero de los casos no cubre ni el salario mínimo diario general y el segundo apenas rebasa dos salarios diarios. Con ese capital social para constituir las personas morales es lógico que no podrán pagar siquiera el costo de la escritura constitutiva, del permiso de Relaciones Exteriores, los gastos del Registro Público de Comercio y mucho menos tendrá para sus necesidades de trabajo ordinarias como serian salarios, equipo de oficina y de trabajo o maquinaria.
Urge por ello adecuar, cuando menos por ahora, la fijación del capital social mínimo que se requiera para la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada que tiene en la actualidad cinco mil pesos y fijarlo en cinco millones de pesos y a la sociedad anónima que tiene veinticinco mil pesos, incrementarla a veinticinco millones de pesos.
Por eso proponemos la modificación a los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles conforme al siguiente
DECRETO
Único. Se reforman los artículos 62 y 89 de la Ley General de Sociedades Mercantiles para quedar como sigue:
Artículo 62. El capital social nunca será inferior a cinco millones de pesos; se dividirá en partes sociales que pueden tener valor y categoría desigual pero deben ser de un mínimo de quinientos mil pesos o sus múltiplos.
Artículo 89. Para constituir una sociedad anónima se requiere:
I. La existencia de cinco socios como mínimo y que cada uno suscriba por lo menos una acción ;
II. Que el capital social no sea menor a veinticinco millones de pesos y esté íntegramente suscrito;
III. Que se exhiba en dinero efectivo cuando menos el 50% del valor de cada acción pagadera en numerario, y
VI. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en todo o en parte, con bienes distintos del numerario.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de diputados. México, Distrito Federal.
Diputados: Ramiro Pedroza Torres, Sergio Rueda Montoya, Gildardo Gómez Verónica, Gregorio Curiel Díaz, Alfonso Méndez Ramírez, Federico Ruíz López, Jesús Sánchez Ochoa, Silviano Urzua Ochoa, Fernando Antonio Lozano García, José Ángel Luna Mijares, Alfredo Arenas Rodríguez, José Herrera Reyes, Leopoldo Salinas Gaytán, Bernardo Bátiz Vázquez, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Zeferino Esquerra Corpus, Pedro César Acosta Palomino, Roger Cícero Mac Kinney, José José Medrano Castillo, Manuel Ponce González, Espiridión Sánchez López y Miguel Ángel Díaz Herrera."
El Presidente:- Túrnese a la Comisión de Comercio.
Continúe la decretaría.
DICTAMEN DE PRIMERA LECTURA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis:
"Honorable asamblea: A la Comisión de Educación Pública de esta Honorable Cámara de Diputados se turno para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la minuta de la honorable Cámara de Senadores con el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor, que se sirvió remitir a esta Cámara colegisladora para los efectos del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Realizado el análisis de la minuta en cuestión y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56 y 64 de la Ley Orgánica del Congreso General, y los artículos 87 y 88 del Reglamento para su Gobierno Interior, la Comisión que suscribe presenta a vuestra consideración los siguientes
ANTECEDENTES
Para su estudio y dictamen, el día 18 de octubre de 1988 fue turnada a la Comisión de Educación Pública de esta Cámara, la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo, sobre reformas y adiciones a la Ley Federal de Derechos de Autor en su capítulo de sanciones, artículos 135 al 143 inclusive, así como el artículo 157 que se refiere al recurso administrativo de reconsideración que la propia Ley establece.
Se realizaron audiencias con representantes de organizaciones interesadas en la materia ,quienes manifestaron su acuerdo con el contenido de esta iniciativa de ley, particularmente las organizaciones:
Asociación Nacional de Interpretes, S. deI.(ANDI), Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, (SOMEN), Asociación Mexicana de productores de fonogramas, A.C.(Amprofon) Editores Mexicanos de Música Cesionarios del Derecho de Autor(EMMAC), Asociación Nacional de la industria de Programas para Computadora.
Así también fue analizada y comentada esta iniciativa por los ciudadanos diputados integrantes de la Comisión de Educación Pública de la honorable Cámara de Diputados, misma que llegó al acuerdo de mantener abierta la recepción de aportaciones de los sectores interesados, para proponer una reforma de mayor profundidad a dicha ley y no solo modificar los capítulos de sanciones y del recurso de reconsideración.
Posteriormente, con fecha 29 de mayo de 1990, la honorable Cámara de Senadores recibe el título del poder Ejecutivo, otra iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor, en la cual se contemplan las inquietudes de la iniciativa anterior, agregando además los artículos 6o, 7o, 17, 18, 23, 25, 83, 130, 132, 157, 157- A, y 157- B. Con tal motivo, teniendo conocimiento de estas iniciativas, ambas cámaras, la de Senadores y la de Diputados, acordaron trabajar conjuntamente en la revisión de dichas iniciativas, procediendo a realizar reuniones de conferencia con dicho propósito a las Asistieron también funcionarios de la Secretaría de Educación Pública y de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. De gran utilidad resultaron también las aportaciones que al respecto hiciera la presidencia de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, de la honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Educación Pública de la honorable Cámara de Diputados, se reunió con sus integrantes los días 25 y 27 de junio y 2 de julio, además de celebrar reuniones de conferencia los días 24, 28 del mes de junio y 1o. de julio del año en curso con los integrantes de las comisiones de Educación, Comercio y Fomento Industrial y de Informática de la honorable Cámara de Senadores, llegando conjuntamente a las siguientes
CONSIDERACIONES
De 1963, año en que se expidió la ley Federal de Derechos de Autor vigente a la fecha, la situación económica del país a sufrido importantes cambios, que a su vez han propiciado que las penas pecuniarias previstas en el capítulo de sanciones, de esta Ley, actualmente sean inoperantes. En este momento no cumplen su objetivo de inhibir la comisión de delitos tipificados en la Ley Autoral.
Consideramos necesarios aumentar la protección de la creación intelectual, toda vez que los autores merecen un apropiado resguardo, en el que el papel que desempeña la legislación autoral nacional es de gran importancia, significándose aún más en los convenios internacionales sobre la materia, de los que México forma parte.
La preservación del derecho de autor no debe encuadrarse en fórmulas rígidas; debe concebirse como un proceso dinámico que contemple las normas necesarias para un resguardo eficaz frente a las innovaciones consecuencia del desarrollo tecnológico.
Las penas corporales, así como las pecuniarias deben adecuarse a la realidad. En el Caso de las pecuniarias, ajustarlas mediante el establecimiento de las mismas con base en el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal.
Así, las sanciones se actualizarán automáticamente.
Es de considerarse también, que el avance tecnológico ha facilitado y estimulado la utilización de obras literarias y artísticas. La tecnología con que se cuenta actualmente ha favorecido su reproducción y explotación ilícita, desarrollando una actividad paralela que va endetrimento moral y económico para los legítimos autores, la cultura en general y para el propio Estado.
Con esta iniciativa se trata de evitar el daño que el uso ilícito de obras y creaciones del pensamiento, causa a los legítimos intereses de los autores y demás titulares de derechos tutelados por esta legislacion, así como el perjuicio al erario federal y el daño social que se ocasiona con la violación de las disposiciones de esta Ley Federal de Derecho de Autor.
Esta iniciativa conserva el espíritu del artículo 144 de esta Ley, ya que pretende que las penas se apliquen tomando en cuenta la situación económica del infractor; también se consideran como elementos de juicio; el perjuicio causado, el provecho económico obtenido o que se proponga obtener el infractor, así como la reincidencia.
En este ordenamiento se concreta el compromiso del estado mexicano por la protección de los derechos del autor a los beneficios de toda obra intelectual o artística que produzca, así como a la, protección de los derechos conexos o derivados por los derechos de autor, como son los de los interpretes o ejecutantes y productores.
Por lo antes expuesto, la Comisión de Educación Pública somete a la consideración de este honorable Cuerpo Legislativo, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
Artículo Único. Se reforman los artículos 4o., 6o., 7o., incisos i y j; 17 párrafo tercero, 25 párrafo primero, 72, 80, 88 último párrafo, 89 párrafo primero, 90 párrafo primero, 130, 132 fracción II, 135 párrafo primero y fracciones II y III, 136 párrafo primero, 137, 138 párrafo primero 139, 140, 141, 142, 143, y 157; y se adicionan los artículos 7o., con un inciso k, 18 con un inciso f, 87- bis, 88 con una fracción III, 142 bis, 157- A y 157- B de la Ley Federal de Derechos de Autor, para quedar como sigue:
Artículo 4o., Los derechos que el artículo 2o. concede en su fracción III al autor de una obra, comprenden la publicación, reproducción, ejecución, representación, exhibición, adaptación y cualquier utilización pública de la misma, las que podrán efectuarse por cualquier medio según la naturaleza de la obra y de manera particular por los medios señalados en los tratos y convenios internacionales vigentes en que México sea parte.
Tales derechos pueden ser transmisibles por cualquier medio legal, incluida la enajenación y la concesión de uso o explotación temporal, como el arrendamiento.
Artículo 6o. Los derechos de autor son preferentes a los de los intérpretes y de los ejecutantes de una obra, así como a los de los productores de fonogramas; en caso de conflicto, se estará siempre a lo que más favorezca al autor.
Artículo 7o...
a) a h)..
i)De fotografía, cinematografía, audiovisuales, de radio y televisión;
j)De programas de computación, y
k)Todas las demás que por analogía pudieran considerarse comprendidas dentro de los tipos genéricos de obras artísticas e intelectuales antes mencionadas.
Artículo 18 ..
a) a e) .. y
f) La copia que para su uso exclusivo como archivo o respaldo realice quien adquiera la reproducción autorizada de un programa de cómputo.
Artículo 25. Son materia de reserva el uso y explotación exclusivos de los personajes ficticios o simbólicos en obras literarias, historietas gráficas o en cualquier publicación periódica, cuando los mismos tengan una señalada originalidad y sean utilizados habitual o periodicamente. Lo son también los personajes humanos de caracterización empleados en actuaciones artísticas, los nombres artísticos, así como las denominaciones de los grupos artísticos.
Artículo 72.. el derecho de publicar una obra por cualquier medio no comprende, por si mismo, el de su explotación en representaciones o
ejecuciones públicas. Se considerara que una obra es objeto de representación o ejecución pública cuando sea presentada por cualquier medio o auditores o espectadores sin restringirla a determinadas personas pertenecientes a un grupo privado y que supere los limites de las representaciones domésticas usuales.
Artículo 80..
I a III..
Para los efectos legales se considerará fonograma toda fijación exclusivamente sonora de la ejecución de una obra o de otros sonidos.
Artículo 87- bis. Los productores de fonogramas gozaran del derecho de autorizar u oponerse a la reproducción directa o indirecta de sus fonogramas, así como, a su arrendamiento o cualquier otra forma de explotación, siempre y cuando no se lo hubieran reservado los autores o sus causahabientes.
Asimismo, gozaran del derecho de oponerse a la distribución o venta de la reproducción no autorizada de sus fonogramas. La protección a que se refiere este artículo será de cincuenta años, contados a partir del final del año en que se fijarón por primera vez los sonidos incorporados al fonograma. Para los efectos legales, se considerará productor de fonogramas la persona física o moral que fija por primera vez la ejecución de una obra o de otros sonidos.
Artículo 88. El derecho de oposición se ejercerá ante la autoridad judicial: I y II.. y
III. Por los productores de fonogramas, en los supuestos del artículo 87. La oposición a la utilización secundaria de una ejecución dará acción a reclamar la indemnización correspondiente al abuso del derecho, en los términos del artículo 1912 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en material Federal.
Artículo 89. Los intérpretes, ejecutantes o productores de fonogramas, podrán solicitar de la autoridad judicial competente, las providencias previstas en los artículos 384 y 385 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para impedir la fijación, reproducción, distribución, venta o arrendamiento a que se refieren los artículos 87 y 87- bis de esta ley.
Artículo 90. La duración de la protección concedida a intérpretes o ejecutantes, será de cincuenta años contados a partir:
a) a c)..
Artículo 130. La solicitud, trámite y registro de las obras se realizarán conforme lo disponga el Reglamento del Registro Público del Derecho de Autor.
Artículo 132..
I..
II. Permitir que las personas que lo soliciten se enteren de las inscripciones y, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente, de los documentos que obran en el registro.
Tratándose de programas de computación, el acceso a los documentos sólo se permitirá mediando autorización del titular del derecho de autor, su causahabiente o por mandamiento judicial y sin menoscabo de los derechos del autor, en aquellos casos que determine el Reglamento del Registro Público del Derecho de Autor.
II y IV..
Artículo 135. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, en los casos siguientes:
I..
II. Al editor, productor o grabador que edite, produzca o grabe para ser publicada una obra protegida, y al que la explote o utilice con fines de lucro, sin consentimiento del autor o del titular del derecho patrimonial;
III. Al editor, productor o grabador que produzca mayor número de ejemplares que los autorizados por el autor de los causahabientes, o a cualquier persona que, sin autorización de éste o éstos, reproduzca con fines de lucro un programa de computación;
IV a VIII ..
Artículo 136. Se impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa por el equivalente
de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, en los casos siguientes:
I a V ..
Artículo 137. Se impondrá prisión de seis meses a dos años o multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, o ambas sanciones a juicio de juez, al que sin consentimiento del intérprete, ejecutante o del titular de sus derechos explore con fines de lucro una interpretación.
Artículo 138. Se impondrá prisión de treinta días a un año o multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, o ambas sanciones a juicio del juez, a quienes estando autorizados para publicar una obra, dolosamente lo hicieren en la siguiente forma:
I a III. ..
Artículo 139. Se impondrá prisión de dos meses a un año o multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, a quien dé a conocer a cualquier persona una obra inédita o no publicada que haya recibido en confianza del titular del derecho de autor o de alguien en su nombre, sin el consentimiento de dicho titular.
Artículo 140. Se impondrá prisión de seis meses a tres años o multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, a los editores o impresores responsables que dolosamente inserten en las obras una o varias menciones falsas de aquellas a las que se refieren los artículos 27, 53, 55 y 57 de esta ley, en los casos de reincidencia dichas penas no serán alternativas, sino acumulativas.
Artículo 141. Se impondrá a los funcionarios de las sociedades de autores que dispongan para gastos de administración de cantidades superiores a las previstas en el artículo 104 de esta ley, siempre que no concurra el caso a que se refiere el párrafo tercero del mismo precepto, las sanciones siguientes:
I. Prisión de seis meses a tres años y multa por el equivalente de cincuenta a trescientos días de salario mínimo, cuando la suma erogada no exceda de quinientas veces dicho salario en la fecha de la comisión del delito, y
II. Prisión de tres a seis años y multa por el equivalente de cien a quinientos días de salario mínimo, cuando la suma erogada exceda de quinientas veces dicho salario en la fecha de la comisión del delito.
Artículo 142. Se impondrá prisión de seis meses a dos años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, a quien sin la debida autorización explote o utilice con fines de lucro discos o fonogramas destinados a ejecución privada.
Artículo 142- bis. Se impondrá prisión de seis meses a seis años y multa por el equivalente de cincuenta a quinientos días de salario mínimo, a quien en infracción a lo previsto en el artículo 87- bis reproduzca, distribuya, venda o arriende, fonogramas con fines de lucro.
Artículo 143. Para la aplicación de las sanciones económicas a que se refiere este capítulo, se tomará como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha de la comisión del delito o de la infracción.
Las sanciones económicas, en caso de delito, se aplicarán sin perjuicio de la reparación del daño.
Las infracciones a esta ley y a sus reglamentos, que no constituyan delito, serán sancionadas por la Dirección General del Derecho de Autor, previa audiencia del infractor, con multa por el equivalente de diez a quinientos días de salario mínimo.
Al tenerse conocimiento de la infracción, se notificará debidamente al presunto responsable, emplazándolo para que dentro de un término de quince días, que puede ampliarse a juicio de la autoridad, ofrezca las pruebas para su defensa y alegue lo que a su derecho convenga, en monto de la multa será fijado teniendo en cuenta la naturaleza de los hechos y las condiciones económicas del infractor.
En caso de reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de seis meses, la autoridad podrá imponer el doble de las multas.
Artículo 157. Contra las resoluciones emitidas por la Dirección General del Derecho de Autor, se podrá interponer recurso administrativo de reconsideración ante la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Educación Pública, dentro de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se notifique la resolución. La notificación se hará por correo certificado o por cualquier otra forma fehaciente.
Transcurrido el término a que se refiere el párrafo precedente, sin que el afectado interponga el recurso, la resolución de que se trate quedará firme.
Artículo 157- A. El recurso administrativo de reconsideración deberá formularse por escrito y contener los siguientes requisitos:
I. Nombre, denominación o razón social;
II. Domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la persona autorizada para ello;
III. Acto que se imponga y puntos concretos de hecho y de derecho en que se funde el recurso;
IV. Los agravios que le cause el acto impugnado;
V. Las pruebas que considere pertinentes;
VI. Documentos que acrediten su personalidad, en su caso;
VII. Documentos en que conste el acto impugnado, y
VIII. Constancia de notificación del acto impugnado.
En caso de incumplimiento de los requisitos antes señalados, la unidad administrativa competente requerirá al promovente para que en el plazo de cinco días los subsane; de no ser satisfechos, se tendrá por no presentado el recurso.
Artículo 157- B. La Secretaría de Educación Pública, a través de la unidad administrativa competente para sustanciar y resolver el recurso administrativo de reconsideración, podrá allegarse cuantos elementos de prueba estime necesarios y estará obligada a comunicar oportunamente mediante correo certificado o en otra forma fehaciente si modifica, anula o confirma la resolución o resoluciones impugnadas.
Tratándose de impugnación de multas, el interesado deberá comprobar ante dicha unidad administrativa, haber garantizado su importe más los accesorios legales ante las autoridades hacendarias correspondientes, conforme a los ordenamientos aplicables.
No procede el recurso administrativo de reconsideración tratándose de laudos arbitrales a que se refiere el artículo 133 de esta ley.
TRANSITORIOS
Artículo primero. Este decreto entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. El Reglamento del Registro Público del Derecho de Autor deberá ser expedido dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, en tanto, permanecerá en vigor lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1991.» Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura a varios dictámenes relativos a permisos para aceptar y usar condecoraciones y para prestar servicios a gobiernos extranjeros.
Consulte la secretaría a la asamblea si autoriza que se dispense la lectura al cuerpo de los dictámenes y solamente se dé lectura a los proyectos de decreto.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que se dispense la lectura al cuerpo de los dictámenes y solamente se dé lectura a los proyectos de decreto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Se autoriza, señor Presidente.
El mismo Secretario diputado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz
de la Orden de Leopold II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Gran Cruz de la Orden de Leopold
II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 28 de junio de 1991.- Diputados: Socorro Días Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Días, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, Ismael Yáñez Centeno y Carlos Javier Vega Memije.» Trámite: - Segunda lectura.
El Presidente: - ¿Dígame, diputado Arellano? El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Respecto a que está a discusión un decreto, quiero hacer uso de la palabra.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados: Parece ser que cuando tratamos asuntos en esta Cámara para otorgar condecoraciones o uso de medallas o para prestar servicios a algunos ciudadanos de este país, son cuestiones intrascendentes. Yo en lo personal y en lo personal también Acción Nacional nunca ha coordinado con esto; siempre a cualquier asunto que se ha tratado en esta Cámara le hemos dado una relevancia especial, porque creo que ante todo tenemos que buscar la legalidad y tenemos que buscar una seriedad que es necesaria en este país.
En 1981, el señor, el entonces llamado Alfredo del Mazo González, fue candidato a gobernador por un instituto político; en su registro como candidato, que salió publicado en la Gaceta de Gobierno del 23 de mayo de 1981, el señor Del Mazo González solamente se llamaba Alfredo.
El 18 de julio de 1981, en el decreto número 507 de la XLVII Legislatura del estado de México, se declara gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de México, al licenciado Alfredo del Mazo González.
A 10 años de distancia de estos hechos, el señor Del Mazo González ha aumentado dos nombres: a proporción de cada cinco años aumenta un Hilario y a otros cinco años, aumenta un Isidro. Esto se nos hace irresponsable, se nos hace irresponsable porque en algún lugar debe de haber algún vicio. Probablemente el vicio sea de origen en la legislatura de aquel año, que no revisó la documentación correspondiente o se presentaron documentos falsos. Probablemente el error sea del Senado de la República, que sí revisó los documentos y puso los nombres completos que tiene el señor Del Mazo González. Pero nosotros tenemos que cumplir con nuestra responsabilidad, tenemos que cumplir con lo que nos manda la Constitución, porque también de ahí deriva esta facultad que tiene esta soberanía, de autorizar el que el señor Del Mazo o cualquier ciudadano use una condecoración de un gobierno extranjero.
Por estas razones y para ser muy breve, consideramos en el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que es necesario que en términos del artículo 108 del reglamento, la Comisión
de Gobernación y Puntos Constitucionales, que es la que nos está mandando este dictamen, nos explique las razones por las que el señor Del Mazo tiene otros nombres y nos presente o nos lea constancia del expediente que debe de obrar en poder de esa comisión y le solicito al señor Presidente le dé turno al artículo 108 del reglamento.
Posteriormente de que haga uso la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del derecho que le da el 108, me reservo el derecho de presentar nuevas argumentaciones.
El Presidente: - Para ilustrar a la asamblea, comentaba con el diputado Arellano que todavía no está el procedimiento de poner a discusión el proyecto de decreto y le consideraba que en ese tiempo ponga a consideración la moción suspensiva que acaba de proponer a la asamblea. Continúe la secretaría.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, por el que se concede permiso al ciudadano embajador Javier Gaspar Wimer y Zambrano, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano embajador Javier Gaspar Wimer y Zambrano para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Bandera Yugoslava con Banda, que le confiere el gobierno de Yugoslavia.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal a 2 de julio de 1991.- Diputados: Socorro Días Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Días Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Carlos Javier Vega Memije, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Días, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Wall, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez e Ismael Yáñez Centeno.» Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El mismo Secretario diputado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de estado Mayor Leopoldo Días Pérez, para que pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Leopoldo Días Pérez, para que pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1991.- Diputados: Socorro Días Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Días Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, Ismael Yáñez Centeno y Carlos Javier Vega Memije.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en su conjunto.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor José Jorge Lozano Cedeño, para que pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano teniente coronel de caballería diplomado de Estado Mayor José Jorge Lozano Cedeño, para que pueda aceptar y usar la Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1991.- Diputados: Socorro Díaz Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Fernando Antonio Lozano Gracia, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, Ismael Yáñez Centeno y Javier Vega Memije.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en su conjunto.
NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 1o. de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Walter Kurt Stump, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Suiza, en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia del certificado de nacionalidad mexicana número 244.
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Suiza, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Walter Kurt Stump, para que pueda desempeñar en cargo de Cónsul honorario de Suiza, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1991.- Diputados: Socorro Días Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Carlos Javier Vega Memije, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Días, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Fernando Antonio Lozano Gracia, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, Ismael Yáñez Centeno y Carlos Javier Vega Memije.» Trámite: Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en su conjunto.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 1o. de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Francisco Berckmann Vidal, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Perú en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Perú, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Francisco Beckmann Vidal, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Perú, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1991.- Diputados: Socorro Días Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Carlos Javier Vega Memije, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Días, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, Fernando Antonio Lozano Gracia e Ismael Yáñez Centeno.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 1o. de julio del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano José Martínez Güitrón, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Dinamarca en Guadalajara, Jalisco.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 2 de julio, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de Dinamarca, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano José Martínez Güitrón, para que pueda desempeñar el cargo de cónsul honorario de Dinamarca, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 3 de julio de 1991.- Diputados: Socorro Días Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza, secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar
Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez, Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Fernando Antonio Lozano Gracia, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez, Ismael Yáñez Centeno Y Carlos Javier Memije.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se reserva para su votación nominal en conjunto.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 24 de junio del año en curso, la Cámara de Senadores remite expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el 26 de mayo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el propio solicitante prestará al gobierno de la República de Filipinas, serán de carácter estrictamente consular, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Carlos Patricio Canseco González, para que pueda aceptar y desempeñar el cargo de cónsul honorario de la República de Filipinas, en Monterrey, Nuevo León. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 27 de junio de 1991.- Diputados: Socorro Díaz Palacios, presidenta; José Luis Lamadrid Sauza secretario; Augusto Gómez Villanueva, Juan Francisco Díaz Aguirre, José Murat, Mario Vargas Saldaña, Fernando Córdoba Lobo, Fructuoso López Cárdenas, Aquiles López Sosa, Eloy Argos García Aguilar, J. Oscar Navarro Gárate, Enrique Martínez y Martínez, María Claudia Esqueda Llanes, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Luz Lajous Vargas, Jaime Rodríguez Inurrigarro, Pedro Alberto Salazar Muciño, Miguel A. Quiroz Pérez Ricardo Monreal Ávila, Napoleón Cantú Cerna, Vicente Fuentes Díaz, Alvaro Uribe Salas, Rodolfo Duarte Rivas, Jesús Armando Hernández Montaño, Sami David David, Víctor Hugo Celaya Celaya, José Manuel Ríos Núñez, Abel Carlos Vicencio Tovar, Bernardo Bátiz Vázquez, Juan José Medrano Castillo, Juan Miguel Alcántara Soria, Gildardo Gómez Verónica, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, Eugenio Ortíz Walls, Juan Jaime Hernández, Alberto Pérez Fontecha, Vicente Luis Coca Alvarez, Francisco Ortíz Mendoza, Jesús Luján Gutiérrez, Alfredo Reyes Contreras, Pedro René Etienne Llano, José Enrique Rojas Bernal, José Luis Alonso Sandoval, Rafael Aguilar Talamantes, Roberto Jaramillo Flores, Ignacio Castillo Mena, Leonel Godoy Rangel, Reynaldo Rosas Domínguez e Ismael Yáñez Centeno.» Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, se va a proceder a recoger la votación nominal de éste y los anteriormente reservados. Se ruega a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Según usted me explicó, se iba a seguir el procedimiento. Estoy esperando que en términos del artículo 108, alguien de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales me explique y vea las constancias, como la marca.
Yo puedo leerlas, pero quiero que lo haga en términos reglamentarios.
El Presidente: - Discúlpeme, diputado Arellano, en el momento en que el secretario preguntó: "está a discusión el proyecto", era donde iba a hacer la precisión por parte de esta Presidencia, en lo que usted había planteado.
Le ruego a la secretaría tome los elementos que está señalando el diputado Arellano para que se hagan las aclaraciones correspondientes.
Dígame, diputado Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - Es usted muy escrupuloso, pero dice el Reglamento, en el 108 y si quiere que hagan el favor de leerlo, que tiene que ser un miembro de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es lo que yo estoy pidiendo.
El Presidente: - Sí; sabe usted que los miembros de la Comisión de Gobernación están en una reunión en el salón adjunto. Había entendido hace unos momentos que en el expediente que está en posesión de Apoyo Parlamentario, estaban los elementos de información, entonces pedí a la secretaría, que es la responsable de hacerlo, tomara noticia de ello, o si usted quiere tomar nota de ello, con precisión está...
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - ¿Qué es lo que me está explicando usted? ¿Por que no hace el favor de retirar este asunto y dejarlo para el día de mañana, hasta que la Comisión de Gobernación lo aclare? El Presidente: - Hay un trámite establecido y estamos en el procedimiento señalado, si usted quiere reiterar la moción suspensiva que había señalado, en términos del 110...
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - No, 108.
El Presidente: - Ciento diez, pero primeramente dijo 110. Bueno.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar (desde su curul): - No es cierto.
El Presidente: - Dígame, diputado Medrano.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Bueno, señor Presidente, usted alude a los términos establecidos, al orden establecido.
En términos del 108, el diputado Arellano solicitó, como yo solicité la semana pasada, que un miembro de la comisión dictaminadora del dictamen, suba a la tribuna y explique los términos del dictamen. En este sentido y no pretendo ilustrarlo, sino simplemente recordarle, que el 108 establece que usted debe invitar o exhortar o excitar a la Comisión de Gobernación, en este caso a su presidenta, a la señora diputada Socorro Díaz, para que un miembro de esa comisión suba a la tribuna y explique los términos del dictamen; si no se encuentra la señora diputada o no se encuentran los diputados miembros de la Comisión de Gobernación, es su deber, señor Presidente, diferir el planteamiento y la votación de este asunto y sólo pasar a votar los otros cuatro planteados, porque entonces estaríamos violando el reglamento.
El Presidente: - Tiene razón, el diputado Murat, miembro de la Comisión de Gobernación, le pido que lea el expediente señalado.
Diputado Verdugo; diputado secretario: nada más el relativo al expediente que hizo alusión el diputado Arellano.
El diputado José Murat:
Al margen izquierdo, en la parte superior, un sello de la Secretaría de Gobernación y abajo Dirección General de Gobierno. Con un sello de recibido el 17 de junio de 1991.- Recibo a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales. Al lado derecho, en la parte superior, Dirección General de Gobierno, sección uno, mesa uno, oficio número 468.
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Presentes.
A continuación transcribo a ustedes, para su conocimiento y fines legales procedentes, oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación con fecha 5 del actual: "El ciudadano licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, solicita se tramite ante el Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración
de la Gran Cruz de la Orden de Leopold II, que le confiere el gobierno de Bélgica.
Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta de interesado dirigida al Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que le comunican que le otorgarán la condecoración relativa.
Al comunicar a usted lo anterior, envío con el presente los anexos que en el mismo se citan.
Reitero a ustedes es esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 10 de julio de 1991.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.- Con copia al ciudadano Secretario de Relaciones Exteriores.- Presente.- Su oficio número PRO- 02636 de fecha 5 del actual.- Dirección General de Protocolo y firman.»
Consta en este expediente el acta de nacimiento...
El Presidente: - Permítame, señor diputado Murat.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Señor Presidente, quiero hacer una moción de orden. El señor diputado Murat no es secretario de la Cámara para dar constancia o fe de los documentos, o para circunscribirse a dar lectura; tiene que explicar las razones del dictamen del por qué del cuestionamiento que hacía el diputado Arellano; hace 10 años el licenciado Del Mazo González usaba un nombre y ahora usa otro, eso es lo que él tiene que explicar.
El Presidente: - Gracias, diputado Medrano. Es del conocimiento de la asamblea que ante la petición de esta Presidencia de que hiciera uso de la palabra el diputado Murat, está haciendo su mayor esfuerzo para satisfacer al diputado Arellano.
Es propósito de esta Presidencia continuar. Gracias, diputado Murat. Siga, diputado Murat.
El diputado José Murat: - A ver, permítame, señor Presidente. ¿Me permite? El Presidente: - Está usted en el uso de la palabra, diputado Murat.
El diputado José Murat: - Mire, señor diputado Medrano: A la petición que hizo un compañero del grupo parlamentario de usted, de que se explicara toda la documentación del expediente del señor Del Mazo y a petición clara y concreta, definitiva y contundente, que fuere un miembro de la Comisión de Gobernación, presupongo, me imagino, creo que el señor Presidente me divisó en el salón y como sabe que soy miembro de la Comisión de Gobernación me pidió que viniese a auxiliar a la petición que hace algún compañero miembro de la Cámara.
Su servidor, con mucho gusto subió a esta tribuna, estoy en ella, para auxiliar, para mejor comprensión del compañero diputado del grupo parlamentario al que usted pertenece, sobre todos los documentos que aportó el ciudadano Alfredo Del Mazo por la vía de la Secretaría de Gobernación, petición que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se le pueda otorgar el permiso de que use una condecoración que le está dando el gobierno de Bélgica.
Ahora bien, con mucho gusto nosotros estamos colaborando en este asunto. Yo quería comentar con usted de que los miembros de la Comisión de Gobernación, en este momento, como usted sabe, se encuentran en la discusión de la iniciativa, el proyecto de dictamen de una iniciativa que presentó el diputado Jesús Ortega, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Su servidor y algunos otros miembros de la Comisión de Gobernación, de distintos grupos parlamentarios estábamos en esta reunión, aunque entramos y salimos al Salón Verde, que es donde está sesionando la Comisión de Gobernación y estamos presentes en los trabajos del pleno.
Entonces, para concluir la petición, en función a que no está el diputado Jaime Rodríguez, que es miembro de la Comisión de Gobernación y de la subcomisión dictaminadora de este tipo de asuntos, de condecoraciones y de otras cosas, que atiende la Comisión de Gobernación, su servidor con mucho gusto subió a la tribuna.
Me parece además, bien honroso poder venir a esta tribuna, desde mi particular punto de vista, la más alta de la patria, para ayudar a aclarar algunas cuestiones en las cuales tenga alguna duda algún miembro de esta asamblea, concretamente el diputado Arellano, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Me parece que no desdora a nadie poder ayudar en este tipo de cuestiones.
Por otro lado, para aclaración del compañero diputado Arellano, aquí está
del señor Alfredo Del Mazo. Si quiere él venir a constatar que tiene el sello del juez y en fin, está conforme al acta, compañero, aquí dice, mire usted, a ver: "Presenta vivo al niño que lleva el nombre de Alfredo Hilario Isidro Del Mazo González, nacido en Toluca, bla, bla, bla".
Por otro lado, están también los documentos del curriculum del señor diputado Alfredo del Mazo, etcétera.
Lo que consta en este documento y quiere dejar asentado su servidor, es de que el dictamen, supongo, creo y así deja constancia, está elaborado en base a todo el expediente, a toda la información.
No sé si le queda claro.
En consecuencia, en base al artículo 108 del reglamento, espero, señor Presidente, que quede satisfecho el diputado. (Aplausos.)
El Presidente: Esta Presidencia, antes de darle el uso de la palabra al diputado Arellano quiere ilustrar a esta asamblea: Está en mi poder el proyecto de decreto a consideración de la asamblea.
En términos del reglamento es legítimo que cualquier diputado pueda hacer uso de la palabra en los términos que señalé, pero en el procedimiento parlamentario quiero señalar a esta asamblea que además de los diputados del grupo parlamentario de todos los partidos políticos, consta en el proyecto de decreto del licenciado Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, la firma legible del diputado Medrano, del diputado Gómez Verónica, del diputado Ignacio Castillo Mena; entonces sí creo que se ha satisfecho hasta en demasía la consideración aquí presentada, o sea, hay una firma por parte de cada uno de los diputados miembros del Partido Acción Nacional a este proyecto de decreto.
Dígame, diputado Medrano.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Señor Presidente, una simple aclaración por cuanto a la alusión que hace usted de mí.
EL trámite que se reclama en el 108 implica que un miembro de la Comisión de Gobernación suba, y es muy loable el esfuerzo y todo lo que dijo el diputado Murat es cierto, pero tiene que subir a explicar los fundamentos del dictamen.
Ese es el sentido jurídico y político del 108, y no lo hizo, por eso estamos pidiendo que como no hay un miembro de la subcomisión que presentó este dictamen, que analizó el proyecto, que se difiera.
Por cuanto a la alusión, si bien es cierto que existe constancia de mi firma, también es cierto que los argumentos del diputado Arellano, que yo no conocía en el dictamen de la comisión, son valederos, y por eso estamos solicitando para poder definir el sentido de nuestro voto, estamos solicitando una explicación de los fundamentos, y en todo caso si no hay un miembro de la Comisión de Gobernación que pueda hacer esa explicación en términos del reclamo del trámite del 108, debe deferirse esta posición y desde luego la votación en este sentido.
EL Presidente: - Está satisfecho en términos del 108 el ,que haya venido el diputado Murat, miembro de la Comisión de Gobernación a dar la explicación en torno al dictamen.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Arellano y continuamos con el procedimiento.
El diputado Javier Gaeta Vázquez: - Señor Presidente, para una moción. Yo creo que es, no sé si sea una táctica dilatora, pero se supone que una persona como el diputado que nos antecedió en el uso de la palabra, con su firma constató esta acción. Si él tiene interés de que la asamblea nos enteremos, que se suba a la tribuna y nos diga sus puntos de vista, o que simplemente en la tribuna nos diga que ya no está de acuerdo en haber dado su firma.
El Presidente: - Esta Presidencia exhorta que estando a discusión el proyecto, tiene la palabra el diputado Arellano y después continuamos con el procedimiento.
El diputado José Murat (desde su curul): - Solamente para intentar dejar satisfecho al señor diputado Medrano, lo que pidió al señor diputado que está en el uso de la palabra fue que checara que si en el acta de nacimiento estaba claramente los nombres que tiene (es lo que pidió entre otras cosas en la tribuna el nombre del señor Alfredo del Mazo).
Entonces, para efectos de los dictámenes se tiene efectivamente que comprobar por la vía de este tipo de documentos, que están en el expediente y que consta que el señor Alfredo del Mazo se llama como lo dijimos hace un momento cuando hicimos uso de la tribuna. Es la base que se usa para hacer este tipo de dictámenes.
El señor puede llamarse Alfredo, pero claro, en su acta de nacimiento tiene otros nombres y en el uso claro de este tipo de documentos se tienen que tomar en cuenta para precisamente elaborar el dictamen. No sé si está satisfecho el señor diputado Medrano.
EL Presidente: - Continúe, diputado Arellano.
El diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente...
Lo que dijo el diputado Murat fue lo correcto. Yo pedí que alguien me explicara. El leyó las constancias, y en cierto modo se explica dónde está el vicio que yo señalaba hace rato. El vicio no viene de esta Cámara de Diputados, el vicio viene de hace 10 años; hace 10 años, en el estado de México tuvimos un gobernador que no existía, que no tenía legalmente esos nombres con los que aparece en el decreto que lo nombra gobernador.
Eso simple y llanamente.
Lo que me preocupa, y creo que ya quedó satisfecho, es la responsabilidad de esta Cámara de Diputados; que hace 10 años los diputados eran unos irresponsables en el estado de México es su problema. Nosotros tenemos que ser responsables ahora de tomar todos los nombres que efectivamente tiene el señor y aquí viene el decreto, no me van a dejar mentir, aquí dice el decreto, las personas que hicieron esto pusieron los nombres completos.
Entonces, en esos términos, nosotros nos abstendremos de votar el dictamen por los vicios que ya señalé.
El Presidente: Continúe la secretaría. No habiendo quien haga uso de la palabra, continúe la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Se va a proceder a la votación nominal de éste y los anteriormente reservados.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 261 votos a favor; 28 abstenciones, por Alfredo del Mazo; para los que tienen una relación con los Estados Unidos de América, cuatro. En total de todos los dictámenes se abstuvieron siete y un voto en contra.
EL Presidente: - Aprobados los proyectos de decreto por 261 votos.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PROPOSICIONES SOBRE POLÍTICA SALARIAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Aroche Parra, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre protección a ejidatarios en el estado de Puebla... ¿No se encuentra?...
Tiene la palabra el diputado Ignacio Castillo Mena, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición sobre política salarial.
El diputado Ignacio Castillo Mena: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: El asunto de los salarios de los obreros mexicanos, de los campesinos y de todos quienes prestan sus servicios personales subordinados, en general de los trabajadores, es uno de los más importantes para la estabilidad política, para la tranquilidad pública y para el cumplimiento de los objetivos constitucionales de justicia social, consagrados como efecto consecuente de nuestro movimiento revolucionario; junto a él se enlaza el de su poder adquisitivo. Luego entonces, como sabiamente lo advierten nuestros constituyentes, la formulación es "salario justo y remunerador", condiciones de trabajo que en ningún caso podrán ser inferiores a las fijas en la propia Ley Federal del Trabajo.
El trabajo no es un artículo de comercio; exige respeto para la libertad y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y el nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.
Así lo establece la propia ley laboral, expresión de nuestro mejor logro legislativo, del constitucionalismo social que debe sustentar a todas nuestras instituciones nacionales.
Por esta razón, cuando como consecuencia de una política económica, que es la perspectiva tecnocrática, favorable para el país, pero que en la realidad propicia la marginación social, la pérdida de la dignidad, la merma de las libertades de los trabajadores y su imposibilidad para alcanzar un nivel económico de vida, en estas condiciones, los diputados que formamos el Partido de la Revolución Democrática, su grupo parlamentario, expresamos nuestra más enérgica reprobación a dicha política y reafirmamos nuestro compromiso de lucha para lograr que las acciones del gobierno retomen el camino constitucionalmente establecido y se reorienten socialmente como corresponde, como debe de ser. Ni siquiera con los manejos estadísticamente amañados que distintas oficinas de gobierno presentan al pueblo, se ha podido disimular que el salario de un obrero percibe en 1991, representa poco menos de la tercera parte de los que percibía un trabajador por el mismo trabajo, cuando hace 10 años comenzó a ponerse
en práctica la política antisalarial y antipopular del gobierno de Miguel de la Madrid.
No obstante, se habla de recuperación económica y se cantan loas a la tecnocracia gobernante, que no ha hecho otra cosa sino empobrecer aún más a nuestro pueblo, crear la desesperanza y estimular la emigración, para buscar lo que aquí no hemos podido darles como mínimos dignos de subsistencia.
En distintos momentos hemos señalado que los famosos pactos como los que actualmente se aplica y que le denominan de Estabilidad y Crecimiento Económico, no pasa de ser un medio de mayor empobrecimiento para los obreros y para los campesinos, para las clases medias populares y para los trabajadores en general y representa un freno y un muro de contención a su legítimo derecho de lucha, mientras los comerciantes y las élites económicas y financieras, acrecientan sus capitales y con ello, ahondan las diferencias frente al pueblo empobrecido.
¿Como puede justificarse una política económica que en materia de salarios produce el efecto de alejar las posibilidades de cumplimiento de deber ser, jurídico, contenido en el segundo párrafo de la fracción VI del artículo 123 constitucional? Ese mandamiento jurídico dispone que los salarios mínimos que deben disfrutar los trabajadores, deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y proveer a la educación obligatoria de sus hijos.
¿Puede entonces un trabajador, con los actuales salarios mínimos, atender sus responsabilidades de jefe de familia, siquiera en alguno de los renglones constitucionalmente establecidos? Sin pretensiones de enjuiciamiento, habrá que insistir, como ya lo hemos expresado en otras ocasiones, que el resultado de toda una tarea de gobierno, se mide por el poder adquisitivo de los salarios; por hacer accesible al pueblo al consumo de los alimentos que conforman una dieta suficiente; por proponer el constante mejoramiento de las condiciones generales de existencia de la población, moderando la opulencia, como lo apunta el gran Morelos; por orientar todas las acciones en beneficio del pueblo del que dimana todo el poder, y en cuyo beneficio se instituye.
Por eso, cuando el gobierno tolera el empobrecimiento de la mayoría de los mexicanos, conteniendo el aumento de los salarios, permite en tanto, los constantes aumentos de los productos de consumo popular y no solamente se aleja de su principal cometido, sino que atenta contra la subsistencia de los sectores populares y estimula la protesta pública; originando el reclamo político y social.
¿Cuál sería la reacción de los Constituyentes de 1917, que tanto interés mostraron por elevar a rango constitucional las disposiciones relativas al trabajo?
El salario mínimo previsto por los Constituyentes, se ha llegado a la ridícula caricatura de salario que hoy se paga a los trabajadores mexicanos. Pero ésta parece ser una constante de la historia, derivada de los incontrolados apetitos de enriquecimiento de la oligarquías y de los grupos financieros que fincan su poder sobre el empobrecimiento de las mayorías. Así sucedió en 1916; así lo reconocieron los Constituyentes; así sucede ahora que se siguen dando todas las facilidades a la acumulación de capitales y que se abandona la política económica y social y se sujeta al pueblo para que no luche, aunque para ello se cometan los más graves y reprobables atentados y ataques a los derechos que la Constitución y la ley otorgan a quienes sirven con la fuerza de su trabajo, en una relación bilateral que debe ser equitativa y justa.
Nuestras protestas en materia de salarios, se han hecho oír en distintos momentos y en distintos foros. Hasta ahora nuestras protestas en favor del establecimiento de una política salarial apegada al espíritu constitucional, no han tenido la respuesta que corresponde, sino la del aplazamiento indefinido.
Por eso, en este momento y en este recinto, en donde se impone hablar y actuar en nombre y el interés del pueblo, reiteramos, a reserva de avanzar en la adopción de una política salarial justa y remuneradora, lo que debe hacerse sin demora: proponemos enviar una excitativa al Ejecutivo Federal para que decrete un aumento de emergencia en favor de los jubilados y de los trabajadores al servicio del Estado, así como de los de los organismos y empresas descentralizadas y se haga una recomendación a las agrupaciones patronales para hacerlo general y obligatorio para todos los trabajadores. En este aumento no debe ser menor al deterioro sufrido por los salarios en los últimos 10 años y no a la burla y el ridículo incremento que se anunció para la burocracia en los últimos días de la semana anterior. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para los mismos hechos tiene la palabra el diputado Ponce.
El diputado Manuel de Jesús A. Ponce González: - Señor Presidente; distinguidas damas diputadas; señores diputados: En relación con el salario, podemos tomar fechas de gran amplitud en nuestro país, y fechas recientes. En 1932 el salario en la ciudad de Monterrey, era de un peso 50 centavos; ahora, ya ni los pesos se conocen, menos los centavos.
Pero ahora ese salario que ahora se nos antojaría ridículo, van a ver ustedes que no lo era, sino que tenía un poder adquisitivo bastante mayor que el que tiene en la actualidad el salario mínimo general en la misma zona.
El frijol en aquella época costaba 10 centavos. De tal manera que el trabajador ganaba el salario mínimo, podía comprar 15 kilos de frijol con el pago de un día de trabajo.
La carne, que ahora es artículo de lujo, costaba 40 centavos el kilo. De tal manera que el trabajador podía comprar tres kilos y tres cuartos de ese producto.
En la actualidad todos sabemos que el alimento básico del pueblo mexicano cuesta entre 2 mil 500 pesos y 300 mil pesos el kilo, con lo cual a lo sumo, el trabajador puede comprar solamente cuatro kilos de ese producto. De la carne, ni hablar, ahora no puede comprar ni un kilo porque el salario mínimo en esa zona, como he dicho, es de 11 mil pesos diarios; la carne, en especial, cuesta entre 12 y 13 mil pesos y en términos normales, 16 o 17 mil.
Y hablando de un período más reciente, del cual todos tenemos noticia e información amplia, el año pasado el Banco de México expresó en sus estadísticas, que la inflación había alcanzado más del 29%, casi el 30% y el salario mínimo se elevó solamente en un 18%.
A qué se debe esto? Trataré de explicarlo brevísimamente por el corto tiempo de que dispondremos.
En mi percepción estrictamente personal y mi responsabilidad, yo siento que el gobierno paga a muchos de sus trabajadores el salario mínimo o una cantidad apenas significativamente mayor que ese salario. De tal manera que un incremento del 15%, del 20% ó del 30%, repercutiría muy sensiblemente en sus finanzas.
Entonces ello determina que no haya un incremento importante salarial para el resto de los trabajadores del país. Esto nos hace ver que en casi 60 años el gobierno de México no sólo no ha podido conservar el poder adquisitivo de los trabajadores de más bajo salario, sino que los ha demeritado inmensamente.
Por ello, ¡estamos convencidos de que este gobierno debe ser cambiado por otro que sirva al pueblo mexicano! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - La materia presentada por el diputado Castillo Mena, túrnese a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
DEL ESTADO DE PUEBLA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Aroche Parra.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Gracias, señor Presidente: La intervención que voy a hacer, en relación con la defensa de unos ejidos en Puebla, la leeré, para no gastar más tiempo.
En la ciudad de Puebla y en su municipio, desde los días de gobierno de Alfredo Toxqui, se buscó formular lo que denominaron Plan Director Urbano, aprobado mediante un acuerdo del ejecutivo del estado, con la fecha 10 de diciembre de 1980, publicado en el periódico oficial el 16 de ese mismo mes y año, e inscrito en el Registro Público de la Propiedad el día 10 de abril de 1984.
Según esto, el honorable Congreso del estado, mediante el decreto del 29 de diciembre de 1980, publicado el 9 de enero de 1981, en el centro de población de Puebla comprende y se apoya en el Plan Director Urbano del centro de población de Cholula, zona conurbada, elaborado por el Caepec, aprobado por el honorable ayuntamiento de San Andrés y San Pedro Cholula, respectivamente y publicado en el periódico oficial el 16 de noviembre de ese mismo año. Con base en estos antecedentes el actual gobierno expidió la siguiente declaratoria:
Artículo 1o. Se declara de utilidad pública y beneficio social la constitución de las reservas territoriales para ordenar el crecimiento urbano de los municipios de Puebla, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, como está previsto técnicamente en el Plan Director Urbano de la ciudad de Puebla y en el Programa de Ordenamiento Territorial de la región Cholula- Huejotzingo- San Martín Texmelucan.
Artículo 2o. Se declaran reservas territoriales las áreas y predios señalados en los planos oficiales, clave BR9A y BR9B que se anexan a la
presente declaratoria, como parte integrante de la misma, para que surta sus efectos legales correspondientes y cuya descripción de la poligonal general se detalla a continuación, de acuerdo a los instrumentos de planeación del desarrollo urbano que las establecen técnica y legalmente.
Y continúa el documento detallando el trazo del Programa de Ordenamiento Territorial de la región Cholula- Huejotzingo- San Martín Texmelucan.
En el caso que nos ocupa y que denunciamos aquí, se trata de que con base en los antecedentes apuntados se ha puesto en marcha una operación de la que ya han resultado 195 afectados; 195 ejidatarios y 125 de ellos, 125 de San Bernardo, Tlaxcalalcingo y 70 de San Andrés, Cholula, mediante el procedimiento de ofrecerles la compra de sus parcelas, de dos hectáreas, que son el en primer caso, dos hectáreas y cuatro en el caso de San Bernardino y de siete hectáreas en el de San Andrés.
Se les ofrecen 50 millones de pesos por cada hectárea y si no quieren vender se les amenaza diciéndoles que de todas maneras las tierras ejidales en su poder les serán quitadas, que mejor les resulta vender, o en su caso recoger simplemente el dinero en el Departamento Jurídico del ayuntamiento de Puebla. Quien realiza esta labor es nada menos que el licenciado Alberto Esteban Morelos, secretario de Gobernación en el gobierno de Piña Olaya o sus personeros, el argumento central que manejan los compradores, consiste en afirmar que las tierras de los ejidos, del que hablamos, son parte ya de la reserva territorial para que el crecimiento urbano de la ciudad de Puebla.
Sólo que hay una circunstancia irregular, la de que no existe ningún decreto expropiatorio de las tierras federales pertenecientes a los ejidos y resulta que ya mediante la compra que hemos descrito los agentes del gobierno han adquirido, mal adquirido, pues, entre otras cosas, porque las tierras ejidales no pueden venderse, 400 hectáreas en las que ya se instalaron el plantel Golfo, centro de la Universidad Iberoamericana, el Instituto Cumbres y el Hospital del Niño, todas estas instituciones privadas.
Y si bien los recursos y tretas empleados por Alberto Esteban Morelos y sus personeros lograron enredar a 125 ejidatarios de San Bernardino y a 70 de San Andrés, que les vendieron sus parcelas, los restantes 15 en el primer caso y 70 en otro se han resistido a esas maniobras, están dispuestos a recurrir a cuantos medios legales puedan tener a su alcance y uno de ellos es ésta, esta propuesta y denuncia que hacemos hoy aquí desde esta tribuna, buscando que esta Cámara proceda por lo menos a advertir al gobernador Piña Olaya que no se puede ni se debe actuar en casos así, sin siquiera cubrir los requisitos legales indispensables, que el Plan Director Urbano de la ciudad de Puebla no es base suficiente para promover la compra - venta de tierras ejidales y menos aún puede sustentar la política de intimidación que se ha aplicado hasta ahora.
Hacerle notar que tampoco es base suficiente la declaratoria que su gobierno expidió y de la cual hemos transcrito aquí algunas de sus partes, como no es base legal ninguna la notificación de la 21a. delegación de la Secretaría de la Reforma Agraria, oficina de expropiaciones y reservas territoriales, en aquel estado, del 17 de noviembre de 1989, dirigida al comisariado ejidal del poblado de San Andrés, Cholula, municipio de su nombre, ni la notificación del 30 de noviembre del mismo y al mismo comisario, enviada al mismo comisario en que se da cuenta que el licenciado Mariano Piña Olaya, gobernador constitucional del estado, solicitó mediante escrito de fecha 12 de noviembre del año en curso, al Secretario de la Reforma Agraria, con fundamento en lo establecido por los artículos 112, 114, 343 de la Ley Federal de Reforma Agraria, en expropiación una superficie de 39 hectáreas 438 áreas, 72 metros cuadrados de terreno ejidal, pertenecientes al poblado que ustedes representan, para destinarlas a la construcción del Instituto Cumbres, porque tales documentos no pasan de ser notificaciones de haberse iniciado las gestiones para la expropiación, de ningún modo suplen el respectivo decreto expropiatorio que debió expedirse, escuchando antes a las partes interesadas.
En atención de lo anterior, que nos lleva a concluir que todo lo hecho en el caso que nos ocupa, adolece de un acusado carácter ilegal, nos permitimos proponer a ésta Cámara el siguiente punto de acuerdo, sin perjuicio de que los afectados recurran a otras instancias si lo creen necesario.
«PUNTO DE ACUERDO
Que esta Cámara, a través de la comisiones de Información, Gestoría y Quejas y Reforma Agraria, se dirija al gobernador del estado de Puebla, manifestándole que en virtud de no existir decreto de expropiación de las tierras ejidales de los ejidos San Bernardino, Tlaxcalalzingo y San Andrés, Cholula, carece de facultades para expropiar o promover la compra - venta de dichas tierras en las que ya se han instalado la Universidad Iberoamericana,
plantel Golfo- Centro, y el Instituto Cumbres y además el Hospital del Niño." Firman esta propuesta, este punto de acuerdo, los diputados: Ignacio Castillo Mena, su servidor Aroche Parra, Ismael Yáñez Centeno, Juan Guerra, Isidro Aguilera Ortíz, Gerardo Ávalos Lemus, Alfredo Torres Lemus, Lorenzo Martínez, Hiram Rivera Teja, Octavio Ortíz Melgarejo, José Antonio Ríos Rojo, Alfredo Pliego Aldana, Manuela Sánchez y Jesús Ortega.»
EL Presidente: - Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria y a la de Información, Gestoría y Quejas.
DEL ESTADO DE HIDALGO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar una proposición sobre problemas de cólera en el estado de Hidalgo.
El diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Señores diputados: Estamos haciendo uso de la tribuna, con objeto de hacer llegar a ustedes una alarma generalizada en la región de Tula, del distrito electoral de Tula, en el estado de Hidalgo, donde se suscitaron brotes del mal el cólera de Perú antes y ahora aquí en México.
Lo principal de esta comunicación está basado en una desinformación que ha existido en la prensa nacional y en la prensa local del estado. Se empezó diciendo que en la región de Tula se habían brotado esos casos de cólera y que realmente se estaban tomando las medidas necesarias para formar al cerco sanitario del lugar.
Pero no es así y realmente los brotes no son necesariamente en la ciudad de Tula, sino alrededores, como lo es el caso de Tepeji del Río. Posteriormente nos dimos cuenta de que no era un solo caso aislado de cólera en Tlahuelilpan y no precisamente en Tula, es a 15 kilómetros de distancia de Tula y que posteriormente se dieron otros cinco casos más, en ese lugar de Tlahuelilpan, a unas cuantas cuadras del domicilio de su servidor.
Pero posteriormente de fueron dando brotes en otros lugares, en otros municipios, como el de Mixquiaguala y lo más grave que en otros municipios distantes, unos 30 kilómetros, ya se dieron las primeras muertes por esa enfermedad, en el caso del municipio de Tetepango, Hidalgo y también en Tlaxcuapan, Hidalgo.
Lo trascendente de todo esto es que ha habido una nula información precisa, al respecto, de parte de las autoridades de salud del estado y sobre todo que no hay medidas de prevención al respecto en toda la región, que aunque si bien ellos han informado, los representantes de salud pública en el estado que todo está controlado, no es cierto y no se han tomado medidas preventivas del caso y como ha habido muertes, realmente no sé que esperan estos señores que haya más muertos o hasta qué número de muertos, para que le pongan interés al caso y puedan realmente efectuar las medidas conducentes.
Ahora, están realizando algunas reuniones, algunas juntas donde llaman a la gente y la gente no va, pues no sabe ni qué es eso del cólera. En los lugares como el Valle del Mezquital, realmente unos ni hablan el español y los llaman y no asisten a las juntas o llaman a los comisariados y quieren que éstos se encarguen de hacer los controles sanitarios, cosas por demás erróneas y realmente fuera de un sentido común de prevención de esta enfermedad.
Realmente se hace un llamado a las autoridades de salud, porque ellos realmente no ponen nada de su parte. Efectivamente, en el caso de Tlahuelilpan mandaron una unidad médica, un camión viejo ahí, con los logos de la Secretaría de Salud y en todo el fin de semana ni el chofer, ni alguien que lo atienda, ahí está abandonado el vehículo; no sé si así trabaje la Secretaría de Salud.
En el centro de salud, sí hay centros de salud ahí, efectivamente, pero en esos centros de salud hay pasantes nada más acreditando su servicio social y no hay un médico titulado por el lugar y ésa es la atención que dan; en otros lugares realmente se ha sabido de que andan casa por casa preguntando si hay más enfermos, pero eso no es el caso.
Entonces, realmente desesperados por la nula participación de la Secretaría de Salud y porque inclusive los representantes de esta Cámara, o sea la Comisión de Salud de la Cámara, que me aseguró que todo estaba atendido, ellos mismos me dijeron que no hay recursos económicos para atender estos casos de emergencia o para los casos de salud pública del estado y de la nación. Entonces, es importante que nosotros les hagamos un llamado a estas personas para que a la vez consulten con el Presidente de la República, qué es lo que van a hacer, si así van y le van a poner más interés a las cosas electorales o a donde anda repartiendo dinero como Santa Claus, para otras cosas que son menos importantes, menos prioritarias, pues que lo haga saber y para que la gente realmente no sepan que están siendo engañados una vez más y que no van a poner el interés, ni siquiera
la estadística de los muertos llevan, nadie sabe, es un caos, es una desinformación completa.
Ahora, recordemos que en esa región de Tula es un vaso de donde se recibe el drenaje de toda la ciudad de México, es una gran fosa séptica, eso aunado a la contaminación de la refinería y de la termoeléctrica de Tula, la hacen la región más contaminada de toda la República y a la vez del mundo entero.
Entonces, riegan legumbres y verduras con esas aguas negras; ahí hay canales por todos lados donde hay aguas negras, casi ya sin el golpe del tránsito del agua y llegan realmente con la misma pestilencia que hay aquí y entonces con todo eso no hay control sanitario, no hay ninguna indicación; la gente esta ahí, metiéndose en el agua y nadie hace caso al respecto.
Y luego, también los vendedores de esas verduras, en los tianguis del lugar, acuden a vender sus verduras, los de salubridad llegan y si no les dan su mordida les tiran sus verduras, se las quitan, les tiran su leche, lo que haya, pero realmente es una situación bruta, realmente de fuerza bruta, donde no pueden, es decir, no saben ni qué hacer para resolver el problema. Esto realmente es deteriorante para la imagen del gobierno, para la Secretaría de Salud; ellos realmente si no tienen indicaciones no van a hacer nada; mucho habrá la voluntad, pero si no hay recursos pues las cosas se van a quedar así y esto es una voz de alarma nacional, porque van a surgir otros brotes de ese mal en todos lados, se va a regar el problema y no le vamos a hacer caso.
Y en esta situación, pues desde la sesión pasada nosotros queríamos hacer el llamado, pero por lo prolongado del tiempo ya no se pudo hacer y es importante que todos tomemos nota de esto y que realmente ojalá y la Secretaría de Salud haga algo y que contradiga realmente sus declaraciones de que no hay problema y la gente se está muriendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Sobre este mismo asunto, tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Sarabia Luna.
El diputado Víctor Manuel Sarabia Luna:
- Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Vengo, a nombre de la Comisión de Salud de esta Cámara, para hablar sobre los hechos que mi compañero diputado Ernesto Jiménez ha hecho alusión en relación al problema de cólera que se presentó, primeramente, en el estado de México. Cuando tuvimos conocimiento de los datos oficiales de la Secretaría de Salud proporcionó a esta comisión y que fueron conocidos por todos los medios de comunicación, en esta tribuna se hizo la invitación y se llevó a cabo una reunión con las autoridades de la Secretaría de Salud, con el doctor Jesús Kumate Rodríguez y se hizo la invitación a todos los diputados que pudieran asistir. Esto es con el hecho de que nos dieran a conocer las actividades que la Secretaría venía realizando, relativos a esos casos que se presentaron primeramente en el estado de México; se dio a conocer de los casos que se presentaron y las acciones que venían tomando a través del personal médico y paramédico, así como ingenieros sanitarios; primero para controlar, para ministrar tratamientos, que es un tratamiento simple, antibióticos y suero oral, así como las medidas preventivas para abatir la bacteria del cólera.
La difusión que se dio a través de la Prensa y que obviamente estuvieron interesados no nada más las autoridades de la Secretaría, sino el gobierno federal y estatal, estuvieron también atentos los medios de comunicación en esa población; se dio conocer en el principio, que de los dos casos que aparecieron en esas localidades del estado de México, únicamente tres de ellos requirieron ser hospitalizados y al resto se les ministró el tratamiento en sus propios domicilios; finalmente quedaron fuera de peligro los que se hospitalizaron; estuvieron ocho días en el hospital hasta que finalmente quedaron fuera de peligro; después de esa acción todavía permaneció personal para vigilar que toda la población estuviera fuera de este peligro, todavía de contagio para el resto.
Ahora de los casos que se presentaron en el estado de Hidalgo, como lo comenta el señor diputado Jiménez, el viernes pasado hablé con él, hablamos al estado de Hidalgo con el doctor Corso, que es jefe de los Servicios Coordinados para que nos diera a conocer las acciones que se venían tomando que son exactamente las mismas que se llevaron a cabo en el estado de México.
Personalmente estuve platicando con el diputado Jiménez, jamás le dije yo que faltaran recursos para atender, para atacar esta enfermedad; que sí faltaban recursos y eso es del conocimiento de toda esta Cámara y de la Comisión de Salud, el mismo doctor Kumate Rodríguez lo ha expresado, de que él ha estado insistiendo para que se le eleve el presupuesto y mejorar la atención en áreas hospitalarias, de equipo y de recursos humanos, pero jamás se ha dicho que falten recursos para atacar, contrarrestar los casos de cólera que se presenten en nuestro país.
Yo quiero externar que en la Comisión de Salud se ha manifestado la inquietud de que en estos programas preventivos del área epidemiología, la capacidad que tiene el personal no nada más de la
Secretaría de Salud, sino del sector salud, por una sencilla razón:
En el estado de México, cuando apareció el caso, afortunadamente ahí hay un pequeño centro de salud que es atendido por un pasante y él tuvo la capacidad para detectar el caso del cólera. En el caso de Hidalgo, también se cuenta con los recursos y hay una gran, estrecha colaboración del resto de las instituciones.
Pero yo creo que no es el caso que nos propongamos a debatir si eso no es realmente la actividad de la propia Secretaría la que ha venido a menguar los casos del cólera, no se trata de que entremos en polémica, yo creo que los resultados son los que cuentan. Si el señor diputado dice que han fallecido algunas personas en el estado de Hidalgo, como se dijo también en el estado de México, bueno, pues es algo que él lo tiene que comprobar.
Muchas gracias.
El Presidente: - Para los mismos hechos, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alberto Assad.
El diputado Alberto Julián Assad Ávila:
- Con su permiso, señor Presidente: Solamente para ratificar algunos hechos respecto a lo que se dice de la enfermedad del cólera en el estado de Hidalgo. Se detectaron dos casos. De estos dos solamente uno se ha certificado con esta enfermedad; otro ya ha sido dado de alta. Esto desde luego demuestra el interés que hay de las autoridades por vigilar y aplicar medidas profilácticas antes de la llegada del mal.
Actualmente se habla de cuatro casos que en efecto están en estudio. Para ello, la Comisión Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica, es quien está haciendo los estudios y calificando estos casos.
El gobierno del estado, en un esfuerzo adicional a los programas de salud normales, está destinando 5 mil millones de pesos para la atención, fundamentalmente en la atención de esta enfermedad, en medidas profilácticas. Existe una coordinación de todas las instituciones del sector salud, obviamente la Secretaría de Salubridad y Asistencia, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Seguro Social, y las dependencias coordinadas entre municipios, las autoridades municipales y las autoridades estatales.
El esfuerzo que está realizando el gobierno del estado, entre otras medidas, podemos nosotros señalar la comisión de médicos en cada uno de los municipios para recorrer los diferentes hogares donde se denuncia algún posible síntoma de esta enfermedad.
Quiero destacar que han participado incluso diputados, desde luego los compañeros diputados priístas locales, pero también los representantes populares que tiene Acción Nacional y del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional. Los compañeros diputados federales aquí presentes, han hecho recorridos en sus respectivos distritos.
Hace un momento que comentábamos el caso, comparamos los informes que dimos; en donde la gente ha acudido, donde se ha sentido que hay algún síntoma o alguna denuncia, inmediatamente se ha dado a conocer a las autoridades.
Hay una comisión que el viernes se va a reunir, que encabeza el doctor Nicolás Licona, ojalá pudiera asistir el compañero Ernesto Jiménez, en donde estaremos presentes los diputados federales por el estado de Hidalgo. Se hará una información y una evaluación.
De la misma manera, hemos programado ya los compañeros aquí presentes la visita a lugares donde la lluvias han sido copiosas, fundamentalmente en la región de la Huasteca y de la Sierra.
Posteriormente y en atención al acuerdo que hemos tomado aquí los compañeros, asistiremos a los demás distritos.
En cuanto a lo que se señala de los municipios de Tepeji y Tlahualilpan, es cierto, es donde ha habido estas denuncias, pero queremos señalar que las providencias que han tomado las autoridades estatales y federales, es en todos los municipios, fundamentalmente en los municipios que son limítrofes de otras entidades para evitar, en su caso, la prolongación de este mal.
En cuanto a la información que se ha dado, nosotros la hemos visto en los diarios locales y también en los diarios de la República. Nos hicieron llegar oportunamente la relación de los médicos, de enfermeras, que irían a cada uno de estos municipios. La tenemos en nuestro poder, porque el compañero Ernesto Jiménez desea conocerla.
Y, finalmente, lo invitaríamos a que si él conoce casos concretos, en donde se esté en peligro de contraer o propagar este mal, pues mucho le
agradeceríamos nos lo hiciera llegar. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente: - Para los mismos hechos, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza.
El diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza: - Señores diputados, quiero conducirme con sentido común para que pues realmente me haga entender hacia todos ustedes. El señor diputado Víctor Manuel Sarabia, de la Comisión de Salud de Partido Revolucionario Institucional de esta Cámara, dice que se tomaron medidas en el caso del estado de México.
Vamos a razonar que ese mal viene de Sudamérica, porque no está en el estado de Chiapas, no está en el Estado de Oaxaca, vino de Sudamérica a México, y llegó por el estado de México.
La Secretaría de Salud enfoca toda su capacidad de prevención, toda su capacidad de curación y lo manifiesta espléndidamente que todo está en orden y que nada pasa y resulta que ese cerco que tendió la Secretaría de Salud nos sirvió porque brotaron en el estado de Hidalgo los casos ¿y a ese trabajo lo llama de categoría y de capacidad en salud?, pues imagínese ustedes ahora, de por un sentido común y un orden de ideas, ¿como nos irá en el estado de Hidalgo si también están aplicando las mismas técnicas?
Realmente no se necesita ni ser técnico en materia de salud para saber que estos señores no están cumpliendo con su deber y efectivamente hay aparato, como lo vino a decir el diputado Assad, hay aparato de salud, nuestros impuestos ahí van a dar, les pagan a estos señores; pero no hacen las cosas, o lo hacen a su modo, sin ninguna dirección, sin ninguna supervisión. Los señores diputados y las personas que están ahí, las autoridades, pues únicamente se contentan con los informes escritos que les traen.
El señor diputado Víctor Manuel Sarabia, él me dijo que había cinco casos en Tlahualilpan, él me lo dijo, y ahora resulta que su compañero viene a desmentirlo, que no. Pues entonces esto es una locura.
Realmente tenemos que ser más serios en estas cosas, más razonables, por favor, señores diputados y que si nosotros venimos a decir algo habrá que justificarlo. Yo me voy a tomar el atrevimiento de traerles a ustedes las actas de defunción y los certificados médicos, para que me crean que efectivamente el mal está cundiendo, que hay gente mucho más infectada de lo que ustedes creen y que a ver si ya me pueden poner un poquito más de atención. Muchas gracias, señores.
El Presidente: - Para los mismos hechos, tiene la palabra el diputado López y Rivas.
El diputado Gilberto López y Rivas: - A nosotros sí nos parecen sensatas y razonables las preocupaciones expresadas por el señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra y nos parece que debiéramos de dar mucho más atención a una problemática que ha causado un sinnúmero de muertes en otros países como Perú, como Ecuador, como Chile, como Brasil y que sin duda actualmente ataca a nuestro país.
Y por qué manifestamos nuestro apoyo a esta preocupación? Sencillamente porque las autoridades de salud de este país dijeron en su oportunidad, en primer término, que era prácticamente imposible que el cólera llegara a México; después, posteriormente, ante evidencias de que esta posibilidad era bastante remota, dieron una fecha, incluso hablaban de finales de este año para la llegada del cólera a nuestro país y ahora hay versiones contradictorias sobre el número de casos en los cuales tampoco sabemos cuáles realmente son de casos en los cuales se tiene control y cuáles están absolutamente fuera de control.
EL cólera, como ustedes saben, esta bacteria se propaga en las condiciones sanitarias y en las condiciones que ya han sido descritas aquí, el uso de aguas negras en el regadío y en condiciones insalubres y de escaso uso de agua potable, que son precisamente las condiciones de muchos lugares, no solamente del estado de México, sino del estado de Hidalgo y del propio Distrito Federal.
Creo que una actitud de los diputados debiera ser una actitud crítica y no venir aquí a justificar las acciones del Ejecutivo o de los ejecutivos de los estados y de los municipios en algo; que de cundir la epidemia, o de hacerse una epidemia, nosotros seríamos copartícipes de por lo menos silenciar la información, o al menos de tomar poca seriedad en asuntos como los que aquí se han tocado.
Actualmente se está dando los que se llama una pandemia; es decir, es una epidemia a nivel continental y sin embargo las autoridades de este país siguen considerando que se han tomado las medidas suficientes y necesarias.
Aquí el diputado incluso nos dice que puede traer las actas de defunción y no obstante eso la actitud del partido oficialista en esto es solamente pasar a
la tribuna para venir a defender lo que se está haciendo, sin siquiera poner en duda, sin siquiera participar en la inquietud, sin siquiera consternarse ante las posibilidades de un brote que sin duda tiene todas las condiciones en México para manifestarse. Entonces, realmente sorprende esta capacidad de insensibilidad política de los representantes del partido oficial para tomar la posición de legisladores críticos y no de repetidores de las informaciones oficiales que aquí vienen a dar en tribuna. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
DE LA COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO SOCIEDAD ANÓNIMA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima y Asociados.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: - Gracias, señor Presidente; honorable asamblea: El Estado mexicano decidió el 29 de diciembre de 1960, a través de una adición al sexto párrafo del artículo 27 constitucional, nacionalizar la industria eléctrica y la adición de referencia promovida por el entonces presidente, licenciado Adolfo López Mateos, dice lo siguiente: "Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares, y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines". Ahí termina la cita de la adición al artículo 27 en su párrafo sexto.
Esta acción calificada de patriótica en aquel tiempo y ahora también por algunos aduladores del sistema, no se llevó a cabo en la forma que, por ejemplo, se dio la nacionalización bancaria o la nacionalización o expropiación petrolera.
En aquel entonces, en 1960, la empresa encargada de proporcionar el servicio, la canadiense The Mexican Light and Power Company Limited, contaba con autorización del gobierno federal mexicano para cooperar en México desde 1903; la autorización vencía cinco años después de la nacionalización, o sea, en 1965.
La llamada nacionalización hasta la fecha no se ha dado, no existe la llamada nacionalización.
¿Por qué decimos esto? Por las razones que voy a exponer en seguida:
Primero. La nacionalización adoptó la forma de la compra de la mayoría de las acciones comunes y preferentes por parte del gobierno federal a la empresa canadiense Mexican Light. Pero siguió existiendo un paquete minoritario de acciones comunes y preferentes en poder del sector privado.
Actualmente la Comisión Federal de Electricidad es propietaria del 99.2% de las acciones comunes y del 94.4% de las acciones preferentes. Porque de un total de 4 millones 193 mil 589 acciones comunes emitidas, la Comisión Federal de Electricidad es dueña de 4 millones 159 mil 641 acciones y de 848 mil 30 acciones preferentes emitidas; el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, posee 8 mil 796 acciones.
Ya en junio de 1961, poco antes de la nacionalización, a través de una venta pública de la Mex- Light, el Banco de México adquirió el 91% de las acciones comunes a 20 dólares canadienses cada una y el 75% de las acciones preferentes a un precio de 13 dólares norteamericanos cada acción; el resto fue adquirido a favor de la Comisión Federal de Electricidad, hasta junio de 1989, haciendo el total que acabo de mencionar.
Segundo. En 1973, Mex- Light transfirió todos sus activos de operación, derechos y obligaciones, a una compañía subsidiaria de su completa propiedad, creada ya bajo las leyes mexicanas, con el nombre de Compañía de Fuerza del Suroeste de México, Sociedad Anónima, que después cambió su nombre por el de Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima.
Desde entonces, las operaciones de energía eléctrica de Mex- Light han sido llevadas a cabo a través de ésta y de sus subsidiarias, constituidas con capital gubernamental del 99.2% y capital privado del 0.8% en sus acciones comunes, y del 94.4% y 5.6% en sus acciones preferentes, respectivamente.
Aunque con capital mayoritario, la energía eléctrica no ha sido nacionalizada hasta este momento.
Tercero. Fue hasta el 13 de diciembre de 1974 cuando se autorizó la disolución y liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y subsidiaria a la Comisión Federal de Electricidad., adquirir la totalidad de los bienes y derechos que integran su patrimonio. Sin embargo, tal adquisición no se ha llevado a cabo, pese a que en la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, que entró en vigor el 10 de diciembre de 1975, se estableció en su artículo cuarto transitorio, que las compañías de luz seguirían dando el servicio durante el tiempo que tardara su liquidación.
Y con fecha 2 y 3 de enero de 1975, en acuerdo de asambleas extraordinarias de accionistas, se convino en la disolución de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, nombrándose liquidadores para este afecto al licenciado José Atiee Carrasco, actual abogado, jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad y al contador público Javier Pérez Avedra, personas que jamás dieron paso alguno para proceder a la liquidación de la Compañía de Luz.
Cuarto. En lugar de obedecer la disposición constitucional establecida en el párrafo sexto del artículo 27, los 31 directores que ha tenido la Compañía de Luz, de 1974 a 1989, entre los que se encuentran dos ex presidentes y 14 funcionarios del actual régimen, ha transgredido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no han buscado la forma de nacionalizar la industria eléctrica en México, como era deseo de Adolfo López Mateos.
Y fue hasta el 30 de marzo de 1989, que el cuerpo de directores del Mex- Light, integrado por funcionarios públicos mexicanos, acordó que The Mexican Light and Power Limited, hiciera una solicitud a la Suprema Corte de Ontario, para una orden de finiquitar a la corporación de acuerdo a la sección 206, del acta de corporaciones de negocios de Ontario, de 1982, designado como liquidador para estos efectos a Touch Ross y compañía, liquidador de los activos y negocios de la corporación.
El 23 de junio de 1989, el licenciado Gabino Puga Navarrete, a nombre del cuerpo de directores, hace esta solicitud a la Suprema Corte de Ontario, mediante una solicitud ante notario público canadiense. La Suprema Corte, con fecha 6 de julio, notifica a los accionistas de Mex - Light, para una audiencia que se lleva a cabo el 27 de septiembre de 1989, previamente se ordena a Touch Ross, preparar un informe, mismo que éste presenta el 30 de agosto con las siguientes conclusiones:
En base al análisis, éstas son las conclusiones de Touch Ross, en base al análisis realizado, los resultados de los cuales están contenidos en este informe preliminar, subraya, nosotros estamos de acuerdo con la conclusión de los directores, en el sentido de que los negocios o asuntos de Mex- Light, deberán ser finiquitados en base a los siguientes factores:
Primer factor. Las subsidiarias en operación de Mex- Light, están en una posición sin salvación, de un valor neto negativo y han sido autorizadas por sus accionistas a finiquitar sus asuntos.
Segundo factor. El único comprador permitido bajo la ley mexicana, para adquirir los activos de la subsidiaria de Mex- Light, es Comisión Federal de Electricidad y en la actualidad las deudas de las subsidiarias en operación, ante la Comisión Federal de Electricidad, exceden con mucho el valor de esos pasivos.
Siguiente factor. Las concesiones que formaban la base original de las operaciones de Mex- Light se han cancelado.
Siguiente factor. Mex- Light, no puede legalmente llevar a cabo el negocio del abastecimiento de energía eléctrica en México, ya que hacerlo violaría la legislación mexicana.
Estas son las conclusiones del liquidador, del supervisor o inspector, le llaman.
El 13 de diciembre de 1989, la Suprema Corte de Ontario, con base en estos antecedentes, ordenó que la corporación sea liquidada, y designa a Touch Ross como liquidador. Desde aquella fecha ha pasado ya más de un año y medio a la adquisición formal de las acciones minoritarias por parte del gobierno mexicano, no se han llevado a cabo.
Por las consideraciones anteriores, Acción Nacional estima pertinente hacer las siguientes reflexiones:
1. Uno de los argumentos expresados por funcionarios públicos para justificar el retraso en la nacionalización, ha sido el aspecto laboral de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, que al contar con mayores prestaciones de las que actualmente tienen los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y que al fusionarse ambos sindicatos, prevalecerían éstas, las más altas. O que al liquidar, el gobierno tendría que erogar grandes sumas de dinero.
Nosotros consideramos que el problema es mucho menor si al liquidar a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Sociedad Anónima, se crea el organismo público descentralizado, aprobado por esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el pasado mes de diciembre de 1989, que en su artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, habla respecto a ese conocimiento a los derechos de los trabajadores.
Este reconocimiento lo hace conforme a un convenio que firmaron los trabajadores con la empresa el día 14 de marzo de 1989.
2. En las condiciones actuales, la Compañía de Luz no tiene oportunidad de ser productiva y eficiente, porque desde 1960 no ha podido adquirir propiedades reales, puesto que estaba en liquidación; no ha podido llevar a cabo o iniciar ningún proyecto de capital diseñado para incrementar su capacidad de generación, no tiene acceso a créditos y, por otro lado, el subsidio del gobierno federal se ha aplicado para reducir la deuda que tiene con la Comisión Federal de Electricidad.
En suma, la Compañía de Luz y Fuerza es un ente sin personalidad jurídica ni patrimonio propio.
3. No es válido que al pueblo de México se le haya engañado por más de 30 años, haciéndole creer que la industria eléctrica es propiedad de la nación, cuando por los datos que tenemos, esto no es cierto. Urge que el gobierno federal deje de violar la Constitución y cumpla con la disposición del 29 de diciembre de 1970, ratificada en diciembre de 1989 por esta Cámara.
Por lo antes expuesto, señor Presidente, los diputados federales miembros de la LIV Legislatura que suscribimos el presente documento, nos permitimos poner a consideración de la asamblea, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la Cámara de Diputados se pronuncie por la urgente aplicación del artículo cuarto transitorio de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para dar cumplimiento al mandato constitucional expresado en el sexto párrafo del artículo 27 de nuestra Carta Magna.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de julio de 1991.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, firman los diputados: Astolfo Vicencio Tovar, Rodolfo Elizondo Torres, Zeferino Esquerra Corpus, Pedro Rigoberto López Alarid, José Antonio Gándara Terrazas, José Ramón Medina Padilla, Miguel Ángel Almaguer y un servidor, Noé Aguilar Tinajero.» Muchas gracias.
EL Presidente: Tiene la palabra el diputado Alberto Amador Leal, sobre el mismo asunto.
El diputado Alberto Amador Leal: - Con su permiso, señor Presidente: Hemos planteado en debates anteriores, en esta tribuna, que precisamente uno de los aspectos de fondo que hay que analizar y reflexionar en la industria eléctrica nacional, es justamente la ubicación de la Comisión Federal de Electricidad, respecto a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Lo que ha mencionado aquí el diputado Aguilar Tinajero, es ciertamente fundamentado; tenemos un proceso de liquidación que no está concluido; tenemos una empresa en liquidación, con complicaciones administrativas, técnicas y por lo tanto procede que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Comisión Federal de Electricidad, agilice el proceso de liquidación, que fue aprobado, sancionado, debatido, por esta soberanía.
En consecuencia, la fracción parlamentaria que representamos y en el seno de la propia Comisión de Energéticos, en un acuerdo pluripartidista, se pronunció en su momento por esta medida.
Por lo tanto, apoyamos esta resolución.
(Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Energéticos.
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Espiridión Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición sobre el desarrollo de Bahía Magdalena, en el estado de Baja California Sur.
El diputado Espiridión Sánchez López: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: En la parte central del estado de Baja California Sur y en la costa que es bañada por las aguas del océano Pacífico se encuentra la Bahía Magdalena. Su configuración está dada por las líneas de costa y las islas Santa Margarita y Magdalena.
Por las dimensiones de su masa y agua y la gran variedad de especies marinas que en ellas se reproducen y crían, se constituye en la bahía más importante en el estado y se considera una de las bahías más ricas del mundo, con una gran capacidad de reproducción de especies, que aparte de poblar toda su extensión, enriquece los litorales marinos aportando juveniles y diversas especies de la fauna acuática a la zona costera del estado y del país.
En Bahía Magdalena se practica la pesca de abulón, camarón, langosta, almeja, catarina, callo de hacha, jaiba, lenguado, mantarraya, almeja chocolata y diversas especies de peces de escamas. Razón por la cual tiene un importante papel en la economía del estado, aparte de constituirse en una valiosa zona de reproducción y crianza por sus condiciones ecológicas.
Durante la última temporada de captura de camarón, la Secretaría de Pesca autorizó el arrastre de redes en esta bahía y el resto del estado.
La red de arrastre que se emplea es jalada por una lancha, a una velocidad lenta y sobre puntos arenosos, mientras esto sucede la red va arrastrando sobre el fondo unas cadenas y una tabla que barren literalmente una franja de aproximadamente de siete a diez metros de ancho, por hasta tres kilómetros de longitud, durante una jornada de un día completo o una noche completa.
Al paso de la red, todo objeto, alga, pez o almeja que se encuentre sobre el fondo será atrapado y las especies que viven semienterradas también serán prácticamente barridas, así se mata y destruye toda cría o juvenil de pez, molusco o crustáceo que se encuentre en la franja que es arrastrada, además de que se remueven los fondos marinos, ocasionando graves daños al equilibrio ecológico del medio ambiente de una zona reconocida por la protección que su ecosistema natural brinda a las especies de la flora y la fauna acuática para su reproducción y crianza.
Por los daños que esta actividad ocasiona es que se encuentra estrictamente prohibida su práctica en las bahías, esteros y zonas protegidas en los términos del artículo 90 de la Ley Federal de Pesca y el 114 del reglamento de la misma.
Es difícil evaluar el daño que ocasionaron aproximadamente 300 lanchas que arrastraron en la temporada pasada, durante 24 horas al día, durante tres meses seguidos, solamente en Bahía Magdalena y con la anuencia de las autoridades estatales y centrales de la Secretaría de Pesca, y es difícil también determinar cuántas toneladas de cría, después de muertas, son arrojadas al mar, ocasionando con ello un doble daño al contaminar las aguas con desperdicios y atentados también de esta otra manera contra el equilibrio ecológico de la bahía.
Como daño extra, todo el esfuerzo y las instalaciones de los cultivos de almeja- catarina que se desarrollaban en la zona fueron destruidos y la cría que se encontraba en crecimiento fue arrastrada, arrasada y aniquilada por las redes de arrastre, todo lo anterior afecta el patrimonio futuro de la pesca, tanto de la bahía como del litoral que obtiene sus juveniles, como ya antes dije, de esta zona que es rica para la reproducción.
Por otra parte, Baja California Sur es un estado joven que aún no consolida plenamente su economía y con estas actividades se está afectando a la pesca y a la acuacultura, renglones que podrían ser el pilar fundamental para dicha consolidación, pero que por el momento son la base de sustento de los pueblos asentados a las riberas de dicha bahía y constituyen un factor en la economía del estado.
Por todo lo anterior manifestamos nuestra enérgica protesta a la par que hacemos las siguientes
«PROPUESTAS
Primero. Túrnese a las comisiones unidas de Pesca, Ecología y Medio Ambiente, para que inicien una investigación y rindan un informe de los daños al ecosistema, a la flora y fauna de Bahía Magdalena.
Segundo. Cítese, por parte de las comisiones, a las autoridades de la Secretaría de Pesca, responsables de estas medidas violatorias a la propia Ley de Pesca.
Recinto alterno del Centro Médico, a 8 de julio de 1991.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Natividad Jiménez Moreno, Alfredo Arenas Rodríguez, Julio Paz Zarza, Ramiro Pedroza Torres, Eliher Flores Prieto, Luis Delgado Esteva, Ambrosio Montellano Bustos, Sergio Rueda Montoya y el de la voz, Espiridión Sánchez López.» Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Pesca, Ecología y Medio Ambiente.
SOBRE DEL ESTADO DE JALISCO
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar sobre el tema de perforación de pozos profundos en Jalisco, el diputado Raúl Octavio Espinoza Martínez.
El Diputado Raúl Octavio Espinoza Martínez: - Honorable Cámara de Diputados; compañeros diputados: Me permito poner a su consideración el siguiente problema que afecta a los pobladores de los municipios de Tlacomulco de Zúñiga y Tala, Jalisco, por el proyecto que lleva a cabo el gobierno del estado de Jalisco, por conducto de su organismo denominado "Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado", al poner en marcha el proyecto denominado "Pozos Lomo Sur la Primavera", en el cual se pretende perforar más de 30 pozos profundos, mismo que darán dos metros cúbicos por segundo de agua, la cual será destinada para uso y consumo de la zona metropolitana de Guadalajara.
Este proyecto, visto parcialmente, pudiera pensarse en los altos beneficios que genera a los habitantes
de la zona metropolitana de Guadalajara, así como los beneficios directos que propiciaría al Lago de Chapala, al cual se dejaría de extraer, de llevarse a cabo el proyecto, dos metros cúbicos por segundo; pero hay que ver también a contrapartida de estos beneficios, del proyecto denominado "Pozos Lomo Sur la Primavera", que se presenta para esas comunidades un panorama muy desolador, ya que en primer lugar tal proyecto no fue consultado con las comunidades afectadas, por lo que al ponerse en marcha unilateralmente el proyecto desde hace más de un año, la población de Santa Cruz de las Flores, principalmente se ha visto afectada con la perforación de esos 10 pozos y otros más realizados en el área de San Isidro Mazatepec, ocasionando con ello atropellos directos a los derechos de estos ciudadanos y de estas comunidades.
Habiendo tenido como respuesta de estos atropellos la inconformidad de las mismas comunidades, las cuales se han organizado y han presentado diversas acciones de resistencia para impedir la consumación del referido proyecto.
Entre las acciones que han realizado los pobladores de estas comunidades, ha sido el recurrir directamente a las autoridades responsables a solicitar la información necesaria para comprobar que dicho proyecto no afecta el equilibrio ecológico en la zona de conflicto. Asimismo, cabe señalar que por decreto del día 7 de abril de 1976 se establece que toda esa área, donde se pretende desarrollar el proyecto, se encuentra vedada para la perforación y extracción del agua. Asimismo el decreto establece la prohibición expresa para que particulares o dependencias oficiales hagan uso de la extracción del agua y a la vez establece los casos de excepción en los cuales se pudiera, en un momento dado, dar la debida concesión para hacer la extracción y el aprovechamiento del agua del subsuelo y es el caso que a la fecha, a pesar de las múltiples gestiones, se desconoce que las autoridades responsables hayan realizado los trámites correspondientes para que se les permita la perforación y extracción de agua en dichas comunidades.
Como se ha mencionado, estas comunidades afectadas han recurrido a solicitar información a las diversas dependencias que tienen relación con el proyecto señalado y a la fecha se siguen negando. Y ha llegado al caso que con fecha 5 de marzo del presente año, tuvieron que recurrir y presentar una denuncia popular ante el gobernador del estado de Jalisco, Guillermo Cossío Vidaurri, el cual no dio contestación, por lo que fue necesaria la interposición de un amparo administrativo, el cual fue tramitado ante el juzgado segundo de distrito en materia administrativa del estado de Jalisco, bajo el número 93/91.
Un dicho amparo, se resolvió en sentencia definitiva el amparo y protección de la justicia de la unión a favor de los quejosos y se obliga al poder ejecutivo estatal a que dé contestación a los requerimientos solicitados por los quejosos. No obstante la resolución señalada, el ejecutivo evadió la ejecutoria, ya que con fecha 18 de junio de 1991, dictó el acuerdo con el que pretende dar cumplimiento a la ejecutoria y turna la denuncia popular a la Comisión Estatal de Ecología, sin proporcionar la información que se requería, ni mucho menos los estudios geohidrológicos con los que se compruebe que el proyecto "Pozos Domo Sur La Primavera", no perjudica los mantos acuíferos de las comunidades que se indican.
Así las cosas, a través de los medios de difusión se ha dado información confusa, en la que se ha establecido que los pozos que está perforando el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana, se encuentran en un manto inferior a los pozos que tiene la comunidad afectada y que dada su profundidad no representa ningún peligro para la extinción de los mantos acuíferos.
Pero es el caso que en días pasados, de los 10 pozos ya perforados, se puso a funcionar uno durante 72 horas y fue notorio el impacto causado en los demás pozos que tiene la comunidad y fue tal el caso que los espejos de agua bajaron entre tres y siete metros, por lo que el impacto es sumamente grave. Así las cosas, la comunidad de Santa Cruz de las Flores, Jalisco, se vio en la necesidad de contratar personal especializado para realizar los estudios geológico- geofísicos y determinar las características geohidrológicas en la zona de Santa Cruz de las Flores, estudio que saca por conclusiones las siguientes:
1o. La litología encontrada en el subsuelo indica claramente la ausencia de un estrato impermeable que permita establecer la presencia de dos acuíferos; en este sentido es claro que se trata de un solo acuífero.
2o. Según el estudio geoquímico hay una influencia del sistema geotérmico ubicado en las planillas del Bosque de la Primavera, esto se desprende a partir de las concentraciones anómalas de boro y arsénico.
3o. De haber una extracción considerable en el poblado de Santa Cruz de las Flores, evidentemente
aumentará la concentración de boro y arsénico; es decir, la disolución de estos elementos no será tan efectiva, por lo que eventualmente el acuífero estará severamente contaminado.
De acuerdo con el plano piezométrico, el flujo de agua subterránea es de Santa Cruz de las Flores, Jalisco, hacia San Isidro Mazatepec, de tal manera que al explotar los pozos perforados en Santa Cruz de las Flores, se afecta la zona de recarga de San Isidro, por lo cual está región también será dañada.
Con tal proyecto, como ya se mencionó, se está violando el decreto del 7 de abril de 1976, así como los artículos 35 fracciones XXV y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como los artículos 28 de la Ley Federal de Agua y los artículos 19, 20 y 21 de la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, por lo que en tal sentido se propone:
"Unico. Se turne a las comisiones unidas de Ecología e Información, Gestoría y Quejas, para que con carácter de urgente recabe del gobierno del estado de Jalisco la información correspondiente al presente asunto, ya que sospechosamente se han negado a proporcionarla a las comunidades afectadas que se indican en el presente problema.
Atentamente.
Diputados: José Manuel Martínez Aguirre, César Coll Carabias, Alfredo Oropeza, y el de la voz, Raúl Octavio Espinoza Martínez.» Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Francisco Espinoza Urzúa.
El diputado Francisco Espinosa Urzúa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Ya lo dijo el compañero diputado de Acción Nacional que me antecedió en el uso de la palabra, el diputado Espinoza Martínez, que es un problema muy grave el que existe en la segunda zona metropolitana del país, que es la de la ciudad de Guadalajara, que existe un problema muy grave en cuanto al abasto del agua potable.
Es una zona que tiene, toda la zona metropolitana, alrededor de 3 millones de habitantes y es un problema que atañe a todos y cada uno de ellos y lógicamente también las autoridades federal y del gobierno el estado, encabezados por el licenciado Guillermo Cossío Vidaurri, están muy preocupados de resolver esta situación lo más favorable posible y lo más equitativa posible para los ciudadanos de Jalisco.
Es por esto que el gobierno federal y el gobierno de Jalisco firmaron un acuerdo, con objeto de complementar los servicios públicos de la zona metropolitana de Guadalajara, referentes a los sistemas de agua potable y alcantarillado. Para esto, se inició con la ejecución del proyecto Construcción y Operación de las Obras del Sistema Regional la Zurda, Presa de Calderón y además, el SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana), se obligó a construir y realizar una serie de trabajos encaminados para resolver este álgido problema en a esta zona metropolitana.
Estos trabajos consisten en hacer realidad la Presa de Calderón, la Presa de la Zurda, la Presa El Salto, la Presa derivadora El Purgatorio y el Sistema de Bombeo El Purgatorio. La inquietud, muy válida también por cierto de los pobladores de los municipios de Tlacomulco de Zuñiga y de Tala, Jalisco, en el sentido de que la perforación de los pozos profundos en esta área, que va a ser también aprovechada para complementar únicamente el abasto de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara, afectará el nivel de agua de las norias que normalmente utilizan para sus necesidades.
A este respecto quiero decirles que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana ha asegurado, de acuerdo a los estudios técnicos realizados, que estas comunidades no sufrirán ninguna merma en el agua de norias que ellos utilizan, ya que los pozos se calcularon para explotar únicamente los acuíferos profundos cuya descarga tiene lugar en áreas localizadas fuera de la Cuenca de San Marco y por esto se cree que no se tendrán repercusiones ecológicas negativas en esas comunidades.
Debido a la persistente inquietud de los habitantes del municipio de Tlacomulco, el Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana establecerá un sistema de observación continua sobre la evolución de los niveles del agua subterránea, tanto en los pozos del proyecto como en las norias usadas por los vecinos y de las captaciones circunvecinas, a fin de poder detectar a tiempo alguna posible evolución negativa y poder actuar en su momento antes de que suceden daños que se tengan que lamentar y aunque esto último es remoto, el sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana ha reiterado públicamente, que se compromete formalmente , a reparar cualquier daño en caso de presentarse. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hablar sobre el mismo tema y por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Gilberto López y Rivas.
El diputado Gilberto López y Rivas: - Es falso aquí lo que se ha dicho, que el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana se ha comprometido con los habitantes de esta región a hacer que el diputado ha declarado antes que yo. Estos habitantes de la región de Santa Cruz de las Flores, han estado recorriendo prácticamente todos los organismos encargados en el estado para poder siquiera tener algún tipo de información y como ya el compañero diputado del Partido Acción Nacional lo ha declarado de manera fehaciente, no encontraron absolutamente ninguna respuesta.
El Problema que se ha presentado aquí, es una absoluta prepotencia por parte de los organismos del estado y del propio gobierno del estado, para que los habitantes de esta región sean recibidos e informados y consultados sobre algo que afectará prácticamente su modo de vida, sus comunidades y que los condenarían, de ser así, de realizarse este proyecto, a la completa desaparición de estos poblados e incluso de manera cínica los funcionarios con los cuales pudieron intercambiar algunas palabras, les decían a estos ciudadanos que podrían emigrar, si así lo quisieran; es decir, porque los compañeros de Santa Cruz decían: bueno nos están forzando a la emigración a Guadalajara. Ah, dicen, váyanse a donde quieran, pero váyanse pues. Esto también habría que informar, al diputado que me antecedió la palabra, a los otros diputados, que desde febrero están suspendidas la perforación y el trabajo de los pozos, porque se ha desatado un verdadero movimiento de resistencia en donde los poblados están organizados de tal manera, que a una llamada del Comité de Organización a través de cohetes, se presentan todos los ciudadanos a defender lo que es suyo e incluso se han dado casos dramáticos en los que a través de la fuerza de 300 ciudadanos, se han retirado del lugar instrumentos y camiones pesados que tenía de manera arbitraria el Sistema Intermunicipal de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana y el gobierno del estado.
Entonces debido a esto se ha organizado una reunión para el día de mañana, en donde por primera vez se podrá participar con las autoridades, para poder dar una solución que es la única que están pidiendo los pobladores, que es el que se pare este tipo de proyectos.
El subdirector de Aguas me informó a mí personalmente que se le había propuesto al gobernador del estado otros lugares para hacer las perforaciones y que era el gobierno del estado el que se había empañado en que fueran en ese lugar, precisamente donde hay cuatro pozos que están en terreno ejidal. Entonces aquí la gente se está quejando de algo totalmente válido, del autoritarismo, del verticalismo, de la no consulta, de la forma antidemocrática con la que se ha llevado a cabo este proyecto.
Esto habría que destacarlo y que los diputados no vengan nuevamente a defender las cosas del ejecutivo estatal, pues, ¿cuánto les pagan?, hombre, caray, por primera vez vayan con la gente, con los pobladores y defienden lo que el pueblo está pidiendo; no defiendan lo que el gobierno del estado les viene a decir aquí que defiendan. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese... Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado de Acción Nacional.
El diputado Raúl Octavio Espinoza Martínez: - Con su permiso, señor Presidente: Como ya lo señale hace un momento, dentro de las conclusiones que presentan estos geólogos, queda plenamente demostrado una situación que aquí el diputado Espinosa Urzúa vino a decir de nuevo lo mismo que han dicho allá en la Prensa: que son dos mantos acuíferos y que no tienen interconexión uno hacia el otro. Con este estudio queda plenamente determinado que es un solo manto, así que los pobladores que tienen sus pozos a una profundidad de 100, 120 metros de profundidad, y los pozos que está desarrollando el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Zona Metropolitana entre 250 y 400 metros de profundidad, automáticamente están interconectados, o sea que es falso que no se vayan a afectar. Y ya les decía hace un momento que tan sólo con la puesta en marcha a prueba de uno de los pozos, inmediatamente se vieron afectados.
Además, existe un pozo perforado en Cuzpala, que fue sellado directamente porque el agua que se extrajo de ahí no es potable.
Entonces todo esto se ésta viendo que sí hay una interconexión de estos mantos acuíferos con al zona de las planillas y como ya lo señalaba hace un momento, lo grave no es tanto que se hagan estas perforaciones, sino que en un momento dado se rompe el equilibrio de las mezclas y en un dado caso se encuentre todo este valle, que es
eminentemente agrícola y que el 80% de toda esta población que habita ahí, vive esencialmente del agua; lo grave es esa contaminación de estos valles y que, como ya lo decía hace un momento el compañero que me antecedió, por un centralismo, por la falta de estudios bien desarrollados, por el respeto del municipio, por la autonomía municipal, se están brincando y son decisiones del centro.
Estuve este fin de semana también en el municipio de Tala y en Tala ni siquiera se les ha dado una comunicación de estos proyectos y ya se tiene una infinidad de pozos ya perforados.
Entonces este asunto no es que no se quiera que se dé el agua que necesita Guadalajara, no es que no se quiera que se proteja el Lago de Chapala, pero no se vale estar dañando otras áreas, tratando de parchar sin dar una solución cabal y apropiada a este problema tan transcendente para muchos habitantes. Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Ecología y a la Información, Gestoría y Quejas.
DECLARACIONES
SOBRE HERMENEGILDO GALEANA
El Presidente: - En el capítulo de declaraciones, fijación de posiciones y opiniones, tiene la palabra el diputado Blas Vergara Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre Hermenegildo Galeana.
El diputado Blas Vergara Aguilar: - Con permiso, señor Presidente; señoras diputadas y diputados: Tengo el honor de expresar una ligera semblanza de uno de los luchadores de la independencia de mi estado, el CLXXVII aniversario luctuoso del general Hermenegildo Galeana.
Nació el 13 de abril de 1762 en Tecpan, hoy de Galeana, en las fecundas tierras del sur del ahora estado de Guerrero. Dicen sus biógrafos que fue un jinete hábil, domador de caballos en su juventud, sus sentimientos cargados de protesta y esperanza para ver un día a su patria independiente.
Al llegar Morelos a Tecpan el 7 de noviembre de 1810, Hermenegildo Galeana y sus hermanos, Juan y Fernando, se unieron al ejército insurgente para luchar por su independencia, al lado de quien sería el Siervo de la Nación.
A la edad de 48 años se incorpora siendo un hombre maduro y fuerte. El amor por su tierra había despertado el espíritu valeroso que había en él y que en ese momento decidió lanzarse a la lucha contra la opresión, contra la injusticia que campeaba en todo el territorio de México.
Dadas su actividades en las haciendas de San José y el Zancón, como administrador, le permitieron conocer las poblaciones de la Costa Grande y Costa Chica. Así juntos los hermanos Galeana se unen con su propio contingente de hombres y armas, entre las que destaca un pequeño cañón llamado El Niño, con el que se hacían salvas en las festividades de su tierra.
Hermenegildo Galeana fue el prototipo de ranchero, alto, gallardo, sereno, con una gran nobleza en la lucha, fue muy popular y querido por sus soldados, particularmente entre los negros que abundaban en las costas del sur y quienes cariñosamente le llamaban Tata Gildo.
Hermenegildo Galeana fue el hombre fuerte del Padre Morelos, su brazo derecho, y de él se dijo que no reconocía límites en su arrojo ni mancha alguna a su fidelidad y término a su abnegación.
El regimiento que él dirigió llamado Guadalupe, luchó en las batallas del Veladero, Llano Grande, La Sabana, Ixtla y el heroico sitio de Cuautla en donde con estrategia no permitió que a los heroicos sitiados les faltara el agua.
En el rompimiento de este sitio auxilió audazmente el general José María Morelos y Pavón, que le había matado su caballo, recibiendo de Galeana oportunos auxilios.
En Citlala derrotó a los realistas que perseguían a Morelos. Participó en forma determinante en la toma de Acapulco. Por su brillante participación durante todos los combates en la lucha por la independencia, Morelos lo nombra Mariscal de Campo.
Es así, es con ese mismo grado que Galeana participa en la toma de Oaxaca, controlando así, con esa gran valentía, la totalidad del sur del país y el 27 de junio, en la batalla con los realistas en Coyuca, hoy de Benítez, en el lugar denominado El Salitral, se pegó fuertemente en la cabeza con una rama de un árbol, cayendo el suelo y antes de sacar su espada fue aniquilado por los realistas.
José María Morelos al recibir la noticia exclamó: "Se acabaron mis brazos; ya no soy nada". Siempre consideró al general Hermenegildo Galeana su brazo derecho.
Hablar de los próceres de la Independencia es recordar a los hombre que en tiempo y en el espacio querían hacer de su patria un país libre, como lo establecieron Los Sentimientos de la Nación, en el Congreso de Chilpancingo y en la Constitución de Apatzingán, la república que se consolidó con Benito Juárez y la Constitución de 1857.
El pueblo de México plasmó sus ideales en la Constitución de 1917 que expresa las demandas de un pueblo en su revolución, apoyados para cumplirse ahora el guía de la nación, el señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, que en su programa de solidaridad está apoyando a los más débiles.
En Guerrero se siguen fortaleciendo los ideales y el coraje de la lucha de Hermenegildo Galeana con caminos, con escuelas, con obras hidráulicas y mayor beneficio con la Procuraduría Social de la Montaña y que esto ha permitido a los guerrerenses, con el anexo, con el agregado al artículo 4o. constitucional que pronto serán nuestros paisanos marginados la solución de sus problemas de carácter agrario.
Amigos y compañeros diputados: Hoy rendimos homenaje, como siempre lo hacemos los guerrerenses, allá en Guerrero, al general Hermenegildo Galeana, los guerrerenses y todos los mexicanos, rendimos homenaje porque nos puso el ejemplo de arrojo y valentía en la lucha por la libertad y la justicia que siempre está demandando el pueblo de México. Muchas gracias, señores diputados. (Aplausos.)
SOBERANÍA NACIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Arenas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presenta un punto sobre el fortalecimiento de la soberanía nacional.
El diputado Alfredo Manuel Arenas Rodríguez: - Señor Presidente; honorable asamblea: A fines del mes de mayo próximo pasado, pescadores mexicanos de la embarcación de escama decimonovena, fueron interceptados en aguas mexicanas, en la zona conocida como canal de Yucatán, por un guardacostas estadounidense que con lujo de violencia y la amenaza de las armas, tanto de los marinos como del buque guardacostas norteamericanos, abordaron, registraron y vejaron a la tripulación del barco escamero mexicano.
La denuncia fue hecha pública por la Cámara de la Industria Pesquera y el pasado 29 de junio el Congreso del estado de Tabasco rechazó que Estados Unidos América, bajo el argumento de combatir el narcotráfico, violase el derecho internacional y atentara contra la soberanía nacional.
El diputado priísta del Congreso del estado de Tabasco, Luis de la Cruz, denunció estos hechos durante la sesión permanente del Congreso local. La denuncia presentada por Luis de la Cruz fue apoyada por unanimidad por los grupos parlamentarios representantes en el Congreso de Tabasco.
Por su parte, el comandante de la quinta zona naval militar, José Manuel Monroy Gutiérrez, informó que la agresión y la violación a la soberanía nacional, no fue notificada de inmediato por los pescadores a la Secretaría de Marina.
La intercepción del escamero tabasqueño, tuvo lugar 33 millas mar adentro, a 22 grados, 45 minutos, latitud norte y 87 grados, cero minutos y 10 segundos, longitud este, justo en la zona conocida como el Canal de Yucatán.
Los organismos intermedios, así como la sociedad en general, exigen que esta honorable Cámara de Diputados solicite a las autoridades que corresponda, una satisfacción por los ilícitos cometidos a la soberanía nacional y muy especial al pueblos de Tabasco.
Por lo antes expuesto y quisiera que recordásemos algunos de los ilícitos cometidos por autoridades norteamericanas en este paréntesis, incluyendo lo que le sucedió al diputado Gerardo Ávalos, que todavía estamos esperando una respuesta, lo que le sucedió al doctor Alvarez Machain, que todavía no se logra que regrese a México y la violencia en la frontera norte, etcétera.
Por lo antes expuesto, los diputados firmantes de los diferentes grupos parlamentarios, representados, firmantes de este documento, presentamos el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Que las secretarías de Marina y Relaciones Exteriores, previa información oficial que recaben, formulen por los conductos diplomáticos correspondientes, nota de protesta al gobierno y a la armada de los Estados Unidos de América, y exijan tanto una respuesta como la satisfacción correspondiente, además túrnese a las comisiones de Marina y Relaciones Exteriores.
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a 3 de julio de 1991.- El grupo parlamentario de Acción Nacional, el de la voz, Alfredo Arenas Rodríguez, los diputados Natividad Jiménez Moreno, Ramiro
Pedroza Torres, Ambrosio Montellano, Julio Paz Zarza, Luis Delgado Esteva, Guillermo López de Lara, Espiridión Sánchez López, Eliher Flores Prieto; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Gerardo Ávalos, Ignacio Castillo Mena, Gilberto López y Rivas, Octavio Moreno Toscano; por el grupo parlamentario del Partido Amplio de la Izquierda Socialista, el diputado Osiris Cantú; por el grupo parlamentario del partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Roberto Jaramillo Flores; por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Lorenzo Treviño Santos. El doctor Marco Antonio Castellanos López y te agregas tú, el diputado Melo torres.» Gracias por su atención.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Marina y a la comisión de Relaciones Exteriores.
SOBRE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Margarita Gómez Juárez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar sobre el aniversario luctuoso de don Valentín Gómez Farías.
La diputada Margarita Gómez Juárez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: La sabiduría del pueblo busca en sus símbolos y en sus valores la certeza del presente, la fuerza vital de sus virtudes y razones que tiene para seguir existiendo.
Leales, vivimos a los valores por los que lucharon nuestros antepasados: la independencia, la reforma y la revolución, que se expresan en las constituciones de 1824, 1857 y 1917.
Permítaseme, hoy y aquí, a sólo dos días de distancia en que se recordó el CXXXIII aniversario luctuoso del doctor Valentín Gómez Farías, recordar que el vértice de una de las etapas más apasionadas y discutidas de nuestra historia, destacar con luz propia la figura señera de uno de los grandes de la reforma. Jalisciense de origen; tapatío por nacimiento; liberal por vocación; médico de profesión. Pertenece ya a la memoria histórica de los mexicanos, de cuyo testimonio nos hablan estas paredes. Permanece alimentado por la corriente de hombres y mujeres que siguen construyendo en un entreveramiento espiritual, de los que se van con los que se quedan, de manera que la conciencia social no se interrumpe, crece y se transforma.
Suma a sus conocimientos científicos, los de la filosofía liberal, que en su tiempo fuera la tendencia progresista de la clase media instruida, que propugnaba por las libertades básicas para las personas y la igualdad de todos ante la Ley.
Valentín Gómez Garías, comparte con muchas otras figuras de nuestra historia, esa doble calidad de intelectual y hombre de acción, que buscó hacer realidad los sueños y las esperanzas. hijo de Lugardo Gómez de la Vera y de su esposa Josefa Farías, estudio en el Seminario Conciliar tapatío, después en la Escuela de Medicina y ya en el ejercito de su profesión, fue a desempeñarse en las ciudades de Aguascalientes y Zacatecas.
En 1820, tuvo su primera experiencia política al ser electo regidor de la ciudad de Aguascalientes y en dicho cargo, el 6 de julio de 1821, junto con el pueblo que representaba, promulgó y proclamó en su momento, la independencia de México.
En marzo de 1822, el doctor Gómez Farías participa activamente en las sesiones. La asamblea se pronuncia contra el absolutismo y forja su convicción republicana.
El 2 de diciembre de 1823, se enfrenta al Imperio de Iturbide y aplaudió el pronunciamiento en favor de la República.
La participación parlamentaria de don Valentín Gómez Farías, fue constante e incansable, tanto al discutir y aprobar al Acta Constitutiva de la Federación, como después al elaborar la propia Carga Magna.
Sus intervenciones en las discusiones sobre la soberanía, el federalismo, la integridad territorial, el absolutismo, la forma de gobierno, la división de los poderes y las relaciones con el exterior, están testimoniadas en las crónicas parlamentarias de la época, en especial en el "Águila Mexicana".
La actuación de ese hombre, culminó de manera brillante al presentar al soberano Congreso su voto particular en que fundamenta en hechos y propuestas de las provincias y sus pueblos, la voluntad de constituirse en una federación. "Las diputaciones, señala, se han erigido en congresos provisionales, darán este paso, porque si no me equivoco, la marcha de las Américas, es inevitable. Ellas se constituirán en república frente a la Europa dividida en tronos, gobernada cada una según sus intereses, sin sentir la opresión de otra, hombres que conozcan sus necesidades y que merezcan su confianza. Reteniendo separadamente su soberanía, libertad e independencia".
Esta forma de captar claramente el federalismo en los instantes en que germinaba Hispanoamérica, no sólo aludía a las provincias mexicanas que estaban por federarse, sino a las nuevas naciones del continente que aspiraban a formar una comunidad de entidades soberanas.
Amigo y compañeros de don Francisco García Salinas, gobernador de Zacatecas, fue siempre partidario de la República Federal.
Después de los convenios de Zavaleta, resultó electo vicepresidente de la República para el cuatrienio del 1o. de abril de 1833, al 31 de marzo de 1837.
El doctor Gómez Farías, ocupó interinamente la Presidencia de la República y de 1833 a 1834, inicia de hecho la reforma liberal en México, con una serie de importantísimas leyes, siguiendo la doctrina del doctor Mora y del grupo liberal puro.
En 1845, ocupa una curul en el Senado y cuando Paredes obtuvo el poder, organizó el movimiento de 1846, que desde Guadalajara auspicia la presidencia del general José María Salas, a cuyo lado fue Secretario de Hacienda.
Más tarde, para hacer frente a la invasión norteamericana, dispuso la ocupación de los bienes del clero, medida frustrada por la rebelión de los polkos.
Así, entre triunfos y derrotas, se fueron tejiendo los años del que fue diputado constituyente, por Jalisco, a la célebre asamblea de 1856- 1857.
Todos los hombres mueren, pero hay algunos que sobreviven en la conciencia nacional; están presentes mientras sus acciones influyan sobre los demás.
Sin pretender caer en la polémica que despierta el análisis más somero de la vida y de la obra de una generación de adelantados a su tiempo, encabezados por Gómez Farías, México, desde su advenimiento como nación, siempre ha luchado en contra de relaciones inequitativas e injustas, posición que ha mantenido a lo largo de su historia.
Ayer, al defender su integridad territorial, aun a costa de la sangre de sus héroes; después, en la defensa de sus recursos naturales, principalmente el petróleo, rescatado en gesta histórica para la nación, por el gobierno del pueblo. En la defensa de su mano- obra maltratada e injustamente remunerada y en una auténtica cooperación internacional.
Al referirme al humanismo del hombre que sufriendo en carne propia supo encauzar sus ideales para definir el perfil de una nación sin marginaciones y sin trabas en todas las exigencias del espíritu, postuló una sociedad caracterizada por la libertad, identificada por la justicia y aunque obstáculos mil se le opusieron, fue más grande su capacidad de interpretar anhelos colectivos e indiscutibles que todavía hoy están en el orden del día de todos los mexicanos.
Padre de instituciones y de leyes. Ningún proyecto de vida democrática le es indiferente; el liberalismo de Gómez Farías y otros mexicanos sobresalientes, definen en el curso de los años los primeros tiempos del México independiente, al que nutren ciertamente destacados pensadores universales, pero que ven el rostro de México y promueven su inserción en el mundo del porvenir.
Su personalidad destacó en una sola línea: la línea liberal. A lo largo de esa época tan convulsionada, marcada por el signo de la desunión entre los mexicanos, llena de conflictos y cambios bruscos en el gobierno, se abocó a sentar las raíces de una reforma educativa tendiente a crear la dirección de una instrucción pública a fin de que en adelante el Estado tomara para sí, esa responsabilidad y llevara el conocimiento al pueblo.
Sirvió al país como funcionario público, talentoso y progresista. Legislador combativo tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, donde aportó ampliamente propuestas profundas y de un alto sentido patriótico para conformar el texto de la Constitución de 1824. Quedaron ahí las bases para el desarrollo de una república moderna que rompiendo ataduras medievales pugnaba por acceder a estadios superiores de desarrollo.
Tuvo la satisfacción de ver consumado su ideario; las normas de igualdad y seguridad marcaban, en general, los lineamientos jurídicos de una nueva realidad social.
Al doctor Valentín Gómez Farías tocó el merecido honor de presidir el Congreso Nacional Constituyente. Existe una crónica que desborda admiración y emotividad, que refiere que: enfermo y acompañado de sus hijos, llega el 5 de febrero de 1857 a firmar la nueva Constitución Política de la República y de rodillas el venerable anciano juró cumplir fielmente el nuevo Código de la nación mexicana y emocionado exclamó: "Este es mi testamento".
Hemos vivido la extraordinaria herencia de Jaliscienses que como Gómez Farías llevaron con
orgullo la sangre de su tierra y que nos dejan en la memoria de los que ya partieron, signos que sólo se interpretan cuando llegamos al punto donde se reúnen nuestras emociones, el lugar en que nos parecemos hasta confundirnos a nuestra identidad. Como Juárez, limpio de oro, esgrimió su honestidad como arma y su convicción como causa.
El vivir y convivir en un clima de respeto ante la responsabilidad de un gobierno con capacidad de concertación, con sensibilidad política, donde se amalgama en un clima de armonía el entendimiento a la expresión pluripartidista, que interpreta el sentir de una sociedad heterogénea, en un estado progresista como Jalisco, es el mejor homenaje al hombre a cuya simple alusión circunstancial no se agota, a 133 años de su muerte. Sigue y seguirá siendo una figura por demás controvertida, pero recordada por su revelante espíritu patriótico y elevada concepción social. Gracias (Aplausos.)
DEL DIPUTADO ALEXANDER
SANTOS ALVAREZ
El Presidente: - Compañeras y compañeros diputados: En función de una disposición dada por esta Presidencia , en el artículo 52, relativo a la salud del ciudadano diputado Alexander Santos Alvarez, ruego al diputado César Flores Maldonado venir a cumplir con esa encomienda.
El diputado Hilario César Flores Maldonado: - Gracias, señor Presidente.
Señor diputado Sami David David, presidente de esta honorable asamblea; señoras y señores diputados: Los que suscriben, diputados Antonio Pariente Algarín y César Flores Maldonado, comisionados por esta soberanía para conocer el estado de salud del ciudadano diputado Alexander Santos Alvarez, nos permitimos informar a ustedes lo que sigue:
Nos trasladamos al Hospital Los Ángeles, aquí en la ciudad de México, donde se encuentra hospitalizado nuestro compañero diputado en la habitación 111, informándole del objetivo de nuestra visita, tomando contacto con el doctor Faustino Gálvez, médico cirujano y reconstructivo, quien nos entregó en el siguiente reporte, fechado el día 3 de julio de 1991.
A quien corresponda:
Por medio de la presente me permito informar a ustedes que el señor diputado Alexander Santos Alvarez, quien se encuentra internado el Hospital Ángeles del Pedregal, en la habitación número 111, se encuentra en su segundo día posoperatorio de reconstrucción de muñón a nivel del hombro, teniendo una buena evolución clínica.
Nuestro compañero diputado nos ruega les manifestemos a los integrantes de esta honorable asamblea su agradecimiento por esta atención y el apoyo material de esta Cámara de Diputados, con motivo de este percance y que espera en breve tiempo volver a estar en activo, cumpliendo con sus tareas.
México, distrito Federal, 3 de julio de 1991.
Diputado Antonio Pariente Algarín. Diputado César Flores Maldonado. Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado.
Trámite: - De enterado.
SOBRE EL PERIODISTA
VÍCTOR MANUEL OROPEZA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Félix Bueno Carrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre la muerte del periodista Víctor Manuel Oropeza.
El diputado José Félix Bueno Carrera: - Señor Presidente; amigos, colegas, diputados todos:
¡La voz de indignación de la comunidad chihuahuense tiene que llegar hasta esta tribuna, que es la más representativa de la nación, para denunciar el caso del brutal y artero asesinato del doctor Víctor Manuel Oropeza, sucedido en Ciudad Juárez, la noche del día 3 del presente mes de julio!
¡Quizá no todos ustedes estén debidamente enterados de este trágico suceso, que ha conmocionado terriblemente a los chihuahuenses, por este bestial y nuevo crimen cometido en la persona de otro periodista distinguido, un editorialista del diario de Ciudad Juárez y diario de Chihuahua capital!
¡La muerte de este preclaro luchador social, a manos misteriosas y cobardes, ha enlutado no sólo a su familia, sino a los periódicos donde fue colaborador con sus certeros y valientes artículos de crítica política y a toda la ciudad de Chihuahua que ha visto caer sacrificado, como a otros tantos que en estas circunstancias le precedieron!
Un adalid de la verdad. Un Quijote apasionado, enamorado de la lucha por el establecimiento de la democracia en México. El occiso doctor, homeópata de profesión, Víctor Manuel Oropeza, fue victimado aproximadamente a las 21:00 horas,
en su consultorio particular, en la calle Germán Valdés #563, de aquella frontera, de 11 puñaladas con arma blanca, después de que antes de ultimarlo cruelmente intentaron asfixiarlo con la cubierta de plástico de su máquina de escribir, donde a diario hacía interesantes artículos, editorialistas que llenó toda una época en la prensa escrita, dejando una larga y fecunda labor periodística.
Chihuahua está de luto, Chihuahua sufre esta gran amargura, que nos embarga por la desaparición de este extraordinario ciudadano, que se suma a la larga lista de crímenes que en los últimos años han sucedido en nuestra entidad, donde parece que no hay justicia, no hay ley por el vacío de autoridad que ha caracterizado a las autoridades estatales que se han visto incapaces y hasta complacientes con la ola de violencia, de terror, de delincuencia, de criminalidad y de impunidad que nos ha llevado a vivir en algo así como la ley de la selva.
Pero por más que las autoridades han tratado de decir que este crimen no es un acto de móviles políticos, se tienen sobradas razones para considerarlo con implicaciones de una venganza para acallar para siempre una valiente voz, debido a sus punzantes críticas que indiscutiblemente molestaban a quienes denunciaba, así se tratara de políticos, de gobernantes, de funcionarios, de judiciales y hasta de narcotraficantes, pues, en muchas ocasiones el doctor Oropeza fue amenazado de muerte telefónicamente y él no tuvo empacho en mencionar las amenazas de que fue víctima en sus artículos y prueba de su valentía y hombría fue que el día de su sacrificio se encontraba en su consultorio médico abierto al público, para atender a los pacientes que lo necesitaban.
Es tanta la consternación que ahora irrita a los chihuahuenses ante este baño de sangre que padece el estado, que algunos partidos políticos han pedido la desaparición de poderes del estado de Chihuahua, pues desde que el actual gobierno asumió ilegítimamente el poder no se han esclarecido 157 homicidios que se han consumado y al contrario, como dije arriba, ha habido complacencia en las autoridades, pues ha llegado hasta la burla del pueblo, a las cojeras judiciales, repudiados por la sociedad y que han sido dados de baja por la Procuraduría General de la República. Y el ejecutivo estatal los incorporó a la administración estatal, como fue el caso del que fue el primer comandante de la policía judicial federal, en el estado de Chihuahua.
Ha sido tan brutal este atentado al ejercicio de la libertad de expresión, consagrado en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución mexicana, porque este crimen fue planeado y su protagonización se presume como un escarmiento a aquellos que tienen la virtud de hablar con la verdad y contradice esto la falta de libertad de expresión, las constantes promesas que ha hecho el ejecutivo estatal sobre las supuestas garantías a la libertad de expresión.
La consternación ha sido manifiesta, pues, el funeral del doctor Víctor Manuel Oropeza, fue tenso, las pasiones se desbordaron con gritos de: ¡Malditos, asesinos! Queremos justicia, alto a la impunidad, si otro gobierno tuviéramos en Chihuahua no estaría aquí y se señalo el féretro del doctor Oropeza y en medio de la indignación, del coraje, levantó una serie de protestas contra el actual gobierno del licenciado Fernando Baeza Meléndez.
El doctor Oropeza, no fue un médico sólo acusioso, como ya ha quedado asentado, de su profesión, sino que fue un eterno estudioso de la teoría política, bien informado sobre el acontecer del país y un incisivo polemista, politólogo. Actualmente no se le ubicaba en ninguna ideología partidista. Antes fue militante activo de los grupos de izquierda, fundador del Partido Popular Socialista en 1962, después en 1978 fue el primer líder municipal del Partido Mexicano de los Trabajadores y en 1986 se sumó a la lucha del Partido Acción Nacional por el respeto al voto en el escandaloso fraude electoral en Chihuahua y libró un ayuno de más de 30 días, junto con líderes panistas.
Pero desde su llegada a Chihuahua, en 1961, estuvo presente en todos los movimientos populares.
Amigos diputados: Este proditorio crimen tiene las implicaciones políticas, como lo fue el asesinato del periodista Manuel Buendía y de otros que han caído en la trinchera, bregando al igual que el doctor Oropeza por restablecer el estado de derecho y erradicar la impunidad.
Y se equivocan, como alguien dijo, quienes piensan que con la violencia y la muerte pueden seguir intimidando a los que sólo ejercen un derecho, porque deben recordarlo, amigos, la espada nunca ha podido vencer a la pluma, ni la barbarie a la razón. El amor por la verdad siempre brillará.
Por eso creo que el sacrificio del doctor Oropeza no será estéril. Su cuerpo convertido en polvo abonará la tierra para que la semilla que sembró por la democracia, por la justicia, por la equidad,
por la libertad, fructifique en bien de Chihuahua y México.
Señor Presidente, quiero que la Comisión de Información, Gestoría y Quejas que recibirá esta denuncia, exhorte a la Procuraduría General de la República para que este caso reciba la debida atención y se esclarezcan plenamente los hechos, para que se aplique la ley con todo rigor y no vaya a quedar impune como otros tantos. Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gestoría y Quejas.
Esta Presidencia ha tomado en cuenta el interés de los grupos parlamentarios por participar en esta materia.
Tiene la palabra el diputado Israel Galán, del Partido del Trabajo. Posteriormente el diputado Lorenzo Treviño.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna en nombre del Partido del Trabajo. Tuve la oportunidad durante un tiempo, por un lado, de vivir en Ciudad Juárez, de enseñar en su universidad y de conocer, por otra parte, al doctor Víctor Manuel Oropeza. Creo que ha sido glosada de manera correcta, de manera objetiva la personalidad de este eminente profesional, originario de la ciudad de Puebla, que estudió en la ciudad de México y que se avecindó e hizo propia aquella tierra del norte.
Era una de las plumas lúcidas y de los luchadores más tenaces por abrir nuevos cauces a ese reclamo popular, que es que los métodos de gobierno que imperen en México sean métodos democráticos, que la convivencia difícil entre los ciudadanos que habitan esta nación, diriman sus conflictos de manera política; es decir, acudiendo a la lucha pacífica organizada, fundada en argumentos, en principios y en razones.
La muerte o el asesinato, como está bien establecido, del doctor Víctor Manuel Oropeza, junto con otros asesinatos, como el del compañero Héctor Montes, de la Unión General de Obreros y Campesinos, en Cosamaloapan, Veracruz, junto con las persecuciones, las campañas de intimidación y las maniobras de todo tipo para desalentar la participación popular, elevadas al nivel de política de estado, es lo que nos preocupa. Si éstas no son, como suele denunciarse en esta tribuna, eso que yo estoy calificando una política de Estado, que es la otra cara exacta de un gobierno democrático que se proceda a demostrarlo con una investigación exhaustiva y veraz de los hechos.
Porque suele suceder que a la frecuencia de los asesinatos y las desapariciones en nuestro país, sigue un ominoso silencio; nadie sabe nada aquí, es el momento que no sabemos cuáles fueron las causas, las razones objetivas de la muerte de Manuel Buendía o de la periodista Linda Bejarano, para citar otro caso, en Ciudad Juárez; siempre se argumenta y si no se hace con palabras, las versiones que se dejan correr, es que hay un mar de fondo atrás de estos asesinatos y nunca se esclarece nada.
Si esto no es una política de Estado, si esto tiene que ver con otros vericuetos, con otros negocios ilegales, con otras actitudes, ¡ que se demuestre!, ¡que la opinión pública sepa concretamente qué cosa es lo que está sucediendo!, porque tengo el presentimiento de que nosotros enfrentamos una política estatal de una doble cara. Por un lado se permite, hasta donde esto es posible, la expresión de la voluntad popular y de los grupos organizados en partidos y otras agrupaciones sociales y por otro lado, nos enfrentamos a esa realidad ominosa y constante de los asesinatos. ¿No será, como gusta de decirse hoy, que junto a este estado de derecho, débil, maltrecho y siempre en peligro de ser violentado, opera este concepto que ahora está de moda y que se llama "las guerras de baja intensidad"?, que consisten esencialmente en no provocar una conflagelación, una guerra civil y sí en ir eliminando a los portavoces, a los organizadores, a todos aquellos que son la posibilidad de la expresión de los pueblos y de los sectores oprimidos y explotados.
Yo me pregunto ¿si no estamos enfrentando esta doble cara?, por un lado una tolerancia limitada que también tiene sus bemoles en la política electoral en el ejercicio de derecho de huelga, en la existencia de los sindicatos, esto que se concede de manera imperfecta como el estado de derecho y no estaremos enfrentando de la otra manera una política de esta guerra de baja intensidad, que lo mismo asesina a periodistas que dirigentes campesinos, que encarcela dirigentes obreros, que persigue abogados democráticos, que manipula y corrompe a quienes dirigen los medios de comunicación; yo quiero preguntarme aquí, si eso tiene una respuesta negativa, los hechos como el caso del asesinato del periodista, del doctor Víctor Manuel Oropeza en Ciudad Juárez, deben ser esclarecidos como todos aquellos asesinatos que han ocurrido últimamente, para desmentir y afianzar los caminos de la democracia en este país, de lo contrario, nos estamos enfrentando a un camino
peligroso en donde el día de mañana el estado de derecho será abolido y prevalecerán estos métodos violentos para dirimir las controversias entre los ciudadanos mexicanos.
Por eso yo también creo que es correcta la petición del diputado que me ha antecedido en la palabra, para que esta Cámara, a través de la Comisión de Gestoría y Quejas, también incida en las investigaciones que se están llevando a cabo a través de la procuraduría del estado de Chihuahua, con el apoyo y el concurso de la Procuraduría General de la República. De lo contrario, creo que también es precedente que la Comisión Permanente, ya que vamos a terminar el período de sesiones esta semana, haga un emplazamiento al gobernador del estado de Chihuahua, para que explique las circunstancias en que ha muerto el doctor Víctor Manuel Oropeza, en Ciudad Juárez. Lamentamos mucho, el Partido del Trabajo lamenta mucho el asesinato y la pérdida de este periodista democrático. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor Lorenzo Treviño Santos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hechos, por cinco minutos.
El diputado Lorenzo Treviño Santos: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Acaban ustedes de oír los lamentables hechos ocurridos hace unos cuatro o cinco días en Ciudad Juárez, Chihuahua asesinato que ha conmovido principalmente a los medios periodísticos y a aquellos otros que en alguna forma dan las noticias y también ha conmovido a todo un estado, que es mi estado de Chihuahua y considero que mi estado no merece esas actitudes, porque recordamos cuando Chihuahua en su forma de ser es abierto, noble, valiente y hospitalario; mi estado no conviene en que esos actos se lleven a cabo; cosa curiosa, sabemos de un comandante de la Policía Judicial Federal que estuvo destacamentado como dos años en el estado de Chihuahua y durante ese tiempo fueron atropellos, fueron violaciones a los derechos y fueron saqueos y según se dice, este señor posee demasiados ranchos, que desde luego consideremos que son de una adquisición ilícita. El se llama Elías Ramírez y el miércoles pasado, el jueves más bien, en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se presentó un editorial que escribe una persona de Chihuahua y ahí narra lo que este señor fue y el apoyo que desgraciadamente también del que es mi paisano, el que es gobernador ahora de Chihuahua, Fernando Baeza, que es mi amigo, pero yo seré amigo de él hasta que él quiera.
Todavía tenemos presente y se condena el de la periodista Bejarano, que también fue asesinada en una forma brutal y ahí se hicieron, se dijo de testigos, que eran federales los que la habían asesinado. ¿Qué pasó entonces? hubo el acallamiento que nunca se supo nada de quiénes eran. Le echaron las culpas a unos policías madrinas.
Y en Chihuahua, también hará aproximadamente un mes y medio, otro lamentable hecho de un crimen también que raya en lo imposible; fue asesinada una madre de familia de 27 años de edad y su hijita de cinco años, que fueron también brutalmente violadas y luego asesinadas.
Y también recuerdo que en mi pueblo, en mi Ciudad Delicias, también hubo otro crimen también muy brutal. Llega una persona a un mercado y lleva consigo ahí en su camioneta a una criatura, a su hijito de dos años y desaparece misteriosamente. Esta criatura es encontrada muerta en un lugar que es la Presa de las Vírgenes, completamente desnudo y violado con un instrumento de madera. Esos crímenes han quedado completamente impunes, no ha habido poder policiaco que los pueda aclarar.
No es nada difícil que el día de mañana, porque uno dice la verdad y habla las cosas como son, también pueda tener un atentado. Pero que sepan esos asesinos, en las sombras en que se ocultan, que siempre serán repudiados y aun cuando no se encuentren, la sociedad en general estará marcándolos y un día posiblemente salgan a la luz y entonces tendrán que pagar todo lo que han hecho.
Es, señores, pues, lo que esta honorable Cámara debe tomar muy en cuenta y hacerle saber al señor Procurador General de la República, que no estamos con esos hechos, que estamos en contra. Sabemos que un policía se expone mucho, sabemos que tiene que jugársela con los narcotraficantes, pero hay métodos que se pueden aplicar completamente bien...
Gracias por el silbido, compañero, pero por allá en mi tierra les silban a los chirrioneros, que son unas víboras. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Reynaldo Rosas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para los mismos hechos, por cinco minutos.
El diputado Reynaldo Rosas Domínguez: - Diputado Presidente; compañeras diputadas y diputados: Como chihuahuense de origen y como militante del Partido de la Revolución Democrática,
vengo a expresar los sentimientos personales y la condena de nuestro partido a este proditorio asesinato de un verdadero luchador democrático, a quien tuvimos ocasión de conocer y acompañar en muchos momentos de su vida, en que él puso por delante su anhelo democrático, su participación decidida al lado de las mejores causas de nuestro pueblo, sacrificando posición, sacrificando tiempo. Y que hoy, en estos días, ha sido víctima de un cobarde asesinato, todavía no diligentemente investigado.
Tuve la oportunidad de estar el sábado pasado, este sábado en Chihuahua y aún las autoridades judiciales estatales no habían emprendido la investigación de este crímen, como es desde luego su obligación.
Por eso estamos aquí solidarizándonos y llamando la atención de esta Cámara, porque pensamos que en nuestro país no debemos ser insensibles ante situaciones de este tipo. Se trata de la liquidación física, brutal, de la eliminación de un luchador democrático, de un hombre con entereza, de un ciudadano como los que necesita nuestra patria, para que efectivamente estén criticando y señalando las lacras de las cuales todavía es víctima nuestro pueblo, no podemos permanecer impasibles.
Esta Cámara de Diputados debería externar públicamente su preocupación y su protesta, porque debemos pasar a otras etapas de la vida política del país. No es posible que en nuestra patria, donde se habla de que transitamos hacia la democracia estén sucediendo este tipo de acontecimientos: la liquidación física y cobarde de un verdadero ciudadano responsable, preocupado por el camino de nuestro país, tenemos que lamentar.
La Cámara de Diputados tiene que hacer patente que efectivamente se encuentra preocupada por estos acontecimientos.
No debemos esperar, debemos exigir, porque aquí efectivamente se ha hablado del gobernador de Chihuahua como un ejemplo de gobernadores para el país. Pero, ¿qué pasa en Chihuahua? y aquí algunos diputados han estado hablando.
Efectivamente el estado de la justicia es verdaderamente lamentable. Se han cometido crímenes políticos y no dudamos en llamarlos de esta manera, porque se trata de crímenes políticos, que tratan de ahogar la protesta democrática de los ciudadanos y de sus voceros.
Se han cometido verdaderos crímenes contra indefensos ciudadanos. Que el Procurador de Justicia del estado de Chihuahua y el jefe de la Policía Judicial no han tenido ni interés ni capacidad para explicar y para dilucidar ante la opinión pública.
Yo creo que la Cámara efectivamente debe dirigirse ante las autoridades que corresponda para que efectivamente Chihuahua transite nuevamente hacia el camino de la Justicia, hacia el camino de no dejar impunes las conductas que efectivamente avergüenzan a cualquier gobierno republicano.
Y esa es la exigencia de la cual nos hacemos partícipes los militantes y diputados del Partido de la Revolución Democrática. Que se aclare el vil asesinato del doctor Víctor Manuel Oropeza. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado David Gómez Reyes, del Partido Revolucionario Institucional, para los mismos hechos y por cinco minutos.
El diputado David E. Gómez Reyes: - Con su venia, señor Presidente: Solicité intervenir en esta ocasión, para dejar en claro algunas cosas. En primer término no podemos aceptar que en el estado de Chihuahua hay vacío de autoridad, y no lo hay porque en estos momentos, y estarán todos de acuerdo, que en el caso del suceso tan lamentable del doctor Víctor Manuel Oropeza, editorialista que admiramos, y que lo admiramos por su valor y por sus agallas que en muchas ocasiones supo decir verdades que a todos nos caló, pero el asesinato, ese sí estaremos nosotros de acuerdo, como ya lo comentaron aquí los que nos antecedieron, en que habrá que tocar todas las puertas para que se aclare, para que no se quede impune, para que salga a la luz, y el señor gobernador de nuestro estado fue el primero en preocuparse de esta situación y dio instrucciones inmediatas de que se atendiera este caso.
Al día siguiente del asesinato, porque esto sucedió a las ocho, entre ocho y ocho treinta de la noche, se presentaron en Ciudad Juárez el procurador José Miller Hermosillo, con instrucciones precisas de aclarar esta situación, y ahora se le solicitó a la familia del doctor Oropeza que designara dos personas de confianza, para poder apoyar y dilucidar este caso tan grave. Esto señores, no podemos considerar que es vacío de autoridad, sino por el contrario, una autoridad que se siente firme, una autoridad que se siente fuerte y por eso da la oportunidad a que los interesados tengan o nombren dos personas a quienes se les va a legitimar para que puedan actuar en este caso, y tengo entendido que estas dos personas van a ser del gremio periodista de Ciudad Juárez, Chihuahua.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, quería ver si consultaba al orador para ver si acepta una pregunta.
El Presidente: - ¿Acepta una pregunta, señor diputado?
El diputado David E. Gómez Reyes: - Quiero suplicar a los compañeros diputados me permitan terminar, y no voy a aceptar ninguna pregunta Gracias.
Quería seguir comentando, señores, que Chihuahua es un estado donde hay paz y hay tranquilidad, pero también hay sucesos graves, y éstos los lamentamos y somos los primeros en denunciarlos y no vamos a permitir que queden impunes, y al igual que Acción Nacional y los demás partidos que aquí han venido a denunciarlo, nos sumamos, nos sumamos a ustedes con esa misma preocupación y con ese mismo interés, para poder dejar en claro este suceso tan grave y tan delicado que le sucedió al doctor Víctor Manuel Oropeza, un editorialista respetable en Chihuahua.
Ahora bien, comentaba que no hay vacío de poder ni de autoridad en Chihuahua. Chihuahua en estos momentos es uno de los estados fuertes y firmes, y alguien lo comentaba, el que me antecedió, que se dice de nuestro gobernador que es el ejemplo de muchos otros gobernadores, y en eso estamos totalmente de acuerdo, tenemos un magnífico gobernador y sabemos que se van a aclarar estas cosas, y sabemos que se va a sacar la luz y la verdad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene cinco minutos para hechos, diputado Godoy.
El Diputado Leonel Godoy Rangel: - Gracias, señor Presidente; honorables diputadas y diputados: Mi intervención será breve, y era en relación a una pregunta que el iba a hacer al diputado priísta de Chihuahua, que nos antecedió el uso de la palabra, y que al no haberla aceptado, me veo en la necesidad de comentarlo en la tribuna.
Creo que por las circunstancias en que ocurrió este condenable homicidio del doctor Oropeza, en Ciudad Juárez, Chihuahua, me parece a mí que en base a un precedente creado ya en el estado de Chiapas por el gobernador de ese estado en relación a una investigación que solicito el Partido del Frente aquí en esta tribuna, sobre unos hechos donde resultara lesionado un diputado, que es posible, insisto, dadas las circunstancias que rodearon este homicidio en Chihuahua, que se presuma que sea un delito federal. Esto es, probablemente estén involucrados, dada el tipo de denuncias que hacías el doctor Oropeza en su columna periodística, elementos de la Policía Judicial Federal. Y si así fuera, pues obviamente éste sería un homicidio que se tendría que investigar en materia federal, por la Procuraduría General de la República.
Le quería decir a la diputación priísta de Chihuahua, y dentro de los términos del diputado que inició este debate, que sería saludable la intervención de la Procuraduría General de la República, practicando una investigación paralela sobre estos condenables hechos, y fundamentalmente porque si bien es cierto que las circunstancias que rodearon el homicidio pudiera suponer un delito federal, existe otra circunstancia de tipo político que debe ser tomada en cuenta.
Esa circunstancia es de que el propio doctor Oropeza, como el editorial del día de ayer del periódico en que él realizaba su columna, señala como posible responsable, una especie de autor intelectual, al gobierno del estado de Chihuahua y por lo tanto, si efectivamente se dieran los términos que apologísticamente mencionó el diputado de Chihuahua para el gobernador del estado, que por cierto fue subprocurador general de la República y concede bien los términos jurídicos de los ámbitos de competencia, si esto fuera cierto, y para probar una buena voluntad, que ésa sí sería una muestra real de buena voluntad, se aceptara y se solicita por el gobierno del estado de Chihuahua, como lo hizo Patrocinio González Garrido en Chiapas, la intervención de la Procuraduría General de la República, para que de manera paralela a la investigación que tenga que realizar la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, realice su propia investigación y deslinde o no si hay delitos federales en relación a este condenable homicidio.
Esa era la propuesta que yo quería hacerle al diputado del Partido Revolucionario Institucional, que por desgracia no aceptó y sí nos gustaría escuchar su respuesta.
De cualquier forma, para mí me parece que en los términos del documento leído por el diputado de Acción Nacional es posible, entra dentro de ese supuesto, y diríamos aquí que sería conveniente que la Procuraduría General de la República también intervenga; esto sentaría un precedente saludable, porque una autoridad distinta, de un origen
también distinto a la del estado de Chihuahua, daría su propia versión sobre los hechos, y además posibilitaría, si hubo un delito federal, su intervención inmediata.
No sé qué opinan los diputados del Partido Revolucionario Institucional, pero esto legalmente es posible, y creo yo que esa petición se la hicieran a su propio gobernador, ya que los compañeros periodistas, y aquí nos sumamos a ellos, sospechamos fundamentalmente que personeros del gobierno del estado hayan intervenido en este homicidio que claramente tiene tintes políticos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Pedro César Acosta Palomino.
El diputado Pedro César Acosta Palomino: Gracias, señor Presidente; Honorable asamblea: Pueden estar ustedes seguros, señores diputados, que no era mi intención participar en este debate.
Creo que la contundente denuncia hecha aquí por el diputado Félix Bueno, en nombre de la diputación del Partido Acción Nacional del estado de Chihuahua, no amerita, en rigor, ningún agregado. Pero también creo que salta a la vista la duda de si por haber sido subprocurador general de la República e incluso huésped de esta Cámara, el actual encargado del poder ejecutivo en Chihuahua, necesita hoy aquí un defensor de oficio.
Nadie estaba, por otra parte, señalando cuestiones que pudieran interpretarse como lesivas a quien oficiosamente vino a ser defendido aquí. Sencillamente estábamos señalando los hechos de sangre a que se refirió el diputado Félix Bueno, lamentando que hubieran ocurrido y exigiendo a quien corresponda, el esclarecimiento de los mismos.
Sostener que eso constituye una acusación de vació de poder, trae a la discusión un nuevo enfoque. No lo habíamos señalado, pero ya que se menciona como explicación no solicitada, tenemos que decir que si en Chihuahua no existe vacío de poder, sí hay en cambio, una situación que mucho se le parece. Dígalo si no el impresionante número de casos impunes, de delitos no aclarados que según la última estadística, suman ya 171. En un año a la fecha, sólo en la región de Delicias, podríamos señalar aquí los casos de: Antonio Arsani, de Oscar Ledezma Morales, de Pedro Díaz, de Aurelio Alderete, de Pedro Valenzuela y otros más, de los que no se conoce absolutamente ningún resultado respecto a los móviles de su comisión. Y mucho menos, respecto al esclarecimiento y el deslinde de responsabilidades y el castigo a los culpables. Está impune como un escupitajo sobre la conciencia de Chihuahua, el caso de Linda Bejarano, que tampoco ha sido aclarado.
Hubo en la región de Camargo en 1987, seis personas asesinadas en un solo hecho de sangre; y tampoco se conoce absolutamente nada respecto a este ominoso caso.
La muerte del doctor Víctor Manuel Oropeza, médico y periodista, me duele profundamente. Lo traté poco, tenía con él coincidencias, pero puedo decir, quizá, que más cercano me sentía él por las divergencias que respecto a su opinión, presentada yo como alternativa.
Guardo de él un recuerdo, conmovedor para mí, porque en los tristes sucesos de 1986, a propósito de las elecciones federales, cuando quien ahora es presidente nacional de mi partido, decidió protestar...
El Presiente: - Permítame, diputado Acosta. Ruego a esta asamblea guardar el orden y poner atención al orador.
El diputado Pedro César Acosta Palomino: - Decidió protestar sin otras armas que la vida misma mediante una huelga de hambre en el Parque Lerdo de la Ciudad de Chihuahua, resultó particularmente digno de mención de hechos de que a 375 kilómetros de la capital, en la frontera, en Ciudad Juárez, dos ciudadanos eminentes decidieran sumarse a este acto de protesta: el señor Francisco Villarreal y el doctor Víctor Manuel Oropeza.
En estas circunstancias creo que no existe excusa para que la autoridad en Chihuahua de inmediato proceda a esclarecer estos hechos de sangre.
Víctor Manuel Oropeza fue asesinado en circunstancias que nos hacen sospechar, fundamentalmente, móviles políticos. Y creo, debo puntualizarlo aquí, que el señalamiento que el diputado Godoy hizo hace un momento, tiene plena validez. Para evitar, incluso, que la sospecha se acentúe, en mi opinión también la Procuraduría General de la República debe participar en una investigación paralela para esclarecer este proditorio asesinato. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Villalobos, por cinco minutos.
El diputado Oscar Villalobos Chávez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Qué bien! creo que todos lo aplaudimos, el que ante hechos como los que hoy nos ocupan, todos protestemos, exijamos con voz clara y firme y qué bien que todos sintamos la profunda indignación, que todos los chihuahuenses, todos los chihuahuenses sentimos por lo sucedido en Ciudad Juárez al doctor Víctor Manuel Oropeza.
Qué malo, qué malo que aún la muerte no sea respetada, para venir a manipular un asunto de esta naturaleza con fines, que a mi parecer personal, sólo evidencian un propósito electoral y la denigración de una persona, que si algo realiza a diario, es su mejor esfuerzo; el mejor esfuerzo de Chihuahua, por Chihuahua mismo.
Qué mal que nos valgamos de estos lamentables sucesos, para aprovechar en esta época electoral, repetimos, el pretender desacreditar a quien si algo tiene, es la confianza de los chihuahuenses. Efectivamente, coincidimos con ustedes en la exigencia de que autoridad local y autoridad federal procedan de inmediato a realizar las investigaciones que procedan, hasta las últimas consecuencias.
Yo quiero informar al señor diputado, que el señor Francisco Ponce Rojas, director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de la República, tiene ya el asunto, subprocurador, tiene ya el asunto en sus manos y se está procediendo al respecto.
Yo quiero reiterar lo sostenido por el diputado en esta tribuna, David Gómez Reyes, que el primer interesado en que esto se aclare es el gobernador de Chihuahua y que la disposición que él tuvo de que la familia...
(Desorden.)
De la persona asesinada, nombrara dos personas de su confianza para la investigación...
El Presidente: - Permítame, diputado Villalobos.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - ¡Señor Presidente, deseo formular una pregunta al orador!
(Desorden.)
El Presidente: - Quiere formularle el diputado Marcué una pregunta, diputado Villalobos, ¿la acepta?
El diputado Oscar Villalobos Chávez; - No señor, permítame terminar, a final con gusto se la voy a aceptar.
Qué mal, decía, que se aproveche en la forma en que se ha pretendido hacer desde esta tribuna, un asunto tan penoso como éste!
Yo escuché al diputado Pedro César Acosta decir aquí que la sola denuncia bastaba, que no era necesario agregar nada más. En esa parte de su intervención yo coincido: un hecho de esta naturaleza no amerita mayor cosa. ¡Qué mal por quienes quisieron aprovechar esta tribuna para lo otro!
Si alguien tiene legitimidad, que ha ratificado con los hechos a diario en Chihuahua, es Fernando Baeza. Y no vengo en forma oficiosa a defender a nadie!
(Desorden.)
Vengo, porque como chihuahuense me consta el resultado de 1986. Sé también, como se los he recordado en esta tribuna, que su partido, diputado, hoy que usted califica al gobernador de Chihuahua de ilegítimo, participó en la reversión de esas elecciones con un diputado de su partido, Acción Nacional, ¿si?, a quienes ustedes despidieron de su partido, corrieron de su partido por no haber querido aceptar hacer el juego al Partido Acción Nacional en su pretendida descalificación del gobierno de Chihuahua. Eso ya lo hemos recortado en esta tribuna y los chihuahuenses no lo olvidamos.
Señores: Si algo tiene Fernando Baeza en Chihuahua, ratificado a diario, es legitimidad; porque se la ha ganado con el respecto a ustedes y a todos en Chihuahua; porque ha buscado la participación en las decisiones de su gobierno, de ustedes, de nosotros y de todos en el ejercicio diario y porque esa actitud de gobernante se la permitió el voto de los chihuahuenses, el voto efectivo de los chihuahuenses.
Señores: ratifico nuestra postura, igual que la suya, de exigir a la autoridad federal y local que proceda en este asunto con la investigación, hasta donde corresponda de acuerdo con la ley.
No utilicemos, señores, esta tribuna, y es la atenta invitación que hoy les hago, para descalificarse a ustedes mismos, más de lo que pretendieron descalificar a los demás. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para alusiones personales, el diputado Acosta Palomino.
El diputado Pedro César Acosta Palomino: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Resulta en verdad lamentable, en efecto, que se desvirtúe el propósito central de una discusión y se pretenda arrojar sobre el adversario la responsabilidad del hecho y de la conducta que llevaron a desvirtuar el propósito original, como en este caso ocurre.
Mi intervención anterior comenzó señalando que era mi propósito no haber subido a esta tribuna, que me parecía que la denuncia hecha por el diputado Félix Bueno era de por sí ilustrativa y contundente, que me veía obligado a hacer uso de la tribuna, porque en efecto se estaba desvirtuando la finalidad de la acusación y pretendiendo erigir en una supuesta acusación de vacío de poder el propósito de esa denuncia encaminada, tanto en su elaboración como en su exposición, a que se aclaren los hechos.
Viene por otra parte el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, él sí a mezclar situaciones lamentables, superadas, que todavía tienen una huella muy clara de cuando sucedieron, pero que si no por otra cosa, por el simple transcurrir del tiempo han dado paso a otras prioridades, ratifico lo que viene a decir aquí, que el encargo del poder ejecutivo en Chihuahua necesita por lo visto no uno, sino dos defensores de oficio en esta tribuna, hoy que se está discutiendo un asunto que le compete, ciertamente, porque está obligado a atender la reclamación de justicia que contiene nuestra denuncia, pero que no era necesario mezclar con otro tipo de situaciones porque la denuncia en sí misma señalaba lo que tenía que hacerse.
No se vale tampoco venir a revivir episodios lamentables respecto al origen ilegítimo de la autoridad en Chihuahua, para nosotros eso ya quedó muy claro con la confesión pública de quienes perpetraron el fraude electoral, a confesión de parte, relevo de pruebas, no vamos a meternos a discutir la cuestión de un fraude que está en la conciencia, no sólo de los chihuahuenses, no sólo de México, sino que tuvo repercusiones de carácter internacional, dejemos en este aspecto que los muertos entierren a los muertos.
Vamos a discutir aquí el último análisis si procede o no la investigación que estamos solicitando, si la acertada propuesta del diputado Godoy, para que intervenga la Procuraduría de la República, procede o no, y a resolver si esta Cámara como cuerpo colegiado está o no interesada en que esta ola de crímenes en Chihuahua termine y se aclaren aquellos casos que han quedado impunes. Nadas más. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Félix Bueno.
El diputado José Félix Bueno Carrera: - Con su permiso, señor Presidente: En relación con las alusiones personales que hizo el compañero diputado Villalobos, de Ciudad Delicias, yo quiero, primeramente, aclararle que quizá él sea un político de nuevo cuño en Chihuahua y que desconoce muchas cosas; no obstante a su preclara inteligencia.
Quiero aclararle primeramente al señor diputado, que, efectivamente, yo era diputado local en esa legislatura del Congreso del estado, pero, señor diputado, yo gozaba de licencia, porque fui candidato a la presidencia municipal de Parral, y eso usted lo ignora. Y, por lo tanto, yo no estuve en el Colegio Electoral que calificó la elección al gobernador del estado, fue la legislatura permanente donde efectivamente había un solo panista. Así que usted aquí estaba un poco confundido.
Y también lo aclaro que en ese 1986 quedó de manifiesto mundialmente, internacionalmente, el caso electoral del fraude descarado de Chihuahua. Y las pruebas, señor diputado, las tenemos en el pronunciamiento que hizo un grupo de intelectuales de México, donde emitieron una condena al gobierno y pidieron que lo mejor que podían hacer era anular las elecciones, porque fue manifiesto el fraude electoral.
(Desorden.)
Estamos en el tema, señores.
La Iglesia se pronunció mayoritariamente en Chihuahua en contra del fraude electoral, e incluso el domingo siguiente a las elecciones amenazó con cerrar los templos al culto. Fueron hechos que se dieron en Chihuahua como corolario a las elecciones.
Presidencia del diputado
Sami David David
El Presidente: - Permítame, diputado Bueno.
Ruego a esta asamblea guardar el orden y poner atención al orador. Tenemos asuntos todavía en cartera, y yo creo que es importante que escuchemos al orador.
Continúe, diputado Bueno.
El diputado José Félix Bueno Carrera: - Algo más que fue del dominio público y que vino a confirmar y a ratificar que sí hubo fraude
electoral, fue el dictamen de la Comisión de los Derechos Humanos en la Organización de Estados Americanos, que condenó al gobierno de México por las amañadas leyes electorales y aceptó que hubo fraude en Chihuahua; y las movilizaciones de ciudadanos que se dieron por varios meses y hasta un año, ratifican lo que los chihuahuenses fueron con su voto, donde ellos eligieron libremente a Francisco Barrios y a muchos presidentes municipales y diputados locales. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Marcué, por cinco minutos, para hechos.
Compañeras y compañeros diputados Ruego guardar compostura, orden y poner atención al orador.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Hay una propuesta muy importante y es lo único que voy a pedir, porque cada vez que yo vengo a esta tribuna, por la provocación de los señores del partido Revolucionario Institucional, que les debería doler la muerte de cualquier mexicano, y más un mexicano ejemplar como el que acaba de ser asesinado en Ciudad Juárez, eso es lo que les debería doler en lugar de estar silbando una bolita de señores diputados... que mejor ya no los quiero calificar.
Lo importante aquí es que la Cámara de Diputados pida al Procurador General de la República que intervenga en la investigación. Porque se ha dicho aquí, señores diputados del Partido Revolucionario Institucional, que hay 171 asesinados en Chihuahua y gente distinguida entre ellos, como la periodista, y que se han aclarado las cosas.
Señores, pidamos al Procurador General de la República, que me parece, mejor dicho, no me parece, es gente honesta, que intervenga para que se aclaren las cosas en Chihuahua. (Aplausos.)
El Presidente: - Túrnese a las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Hágame la pregunta, yo se la acepto, hágamela, yo se la acepto!, que no lo caye su presidente!
El Presidente: - Ya diputado Marcué, ya fue turnada.
El diputado Oscar Villalobos Chávez (desde su curul): - Con su permiso, señor Presidente, y con la autorización del señor orador.
Señor, yo nada más para preguntarle, con respecto a su participación, si usted no se percató de que aclaré que el procurador, por conducto del subprocurador, por cierto su compañero diputado me lo aclaró, que es subprocurador, no director general, ya están interviniendo directamente en el asunto.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Entonces pido que sea el propio gobernador el que pida a la Procuraduría General de la República que intervenga.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Continúe la secretaría.
INICIATIVAS (II)
SOBRE LA INSTALACIÓN
DEL COLEGIO DE ELECTORES
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, se dará lectura a la iniciativa de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura, que fija el período de instalación del Colegio Electoral, para calificar la elección de los ciudadanos presuntos diputados y senadores de la LV Legislatura al honorable Congreso de la Unión.
El Presidente: - ¿Dígame, diputado Marcué? El diputado Manuel Marcué
Pardiñas (desde su curul): - Yo pedí, con todo respeto a la asamblea, que pidiera al señor Procurador de la República que intervenga en el caso que estamos discutiendo del asesinato del periodista. Yo pido a los señores del Partido Revolucionario Institucional y a toda la asamblea, que la Cámara pida al Procurador General de la República que intervenga en este caso.
El Presidente: - Para información del diputado Marcué, ha sido turnado este planeamiento respetable y para una propuesta, que es en términos del 58 y 59, tiene que presentarse por escrito.
Continúe la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.
Los coordinadores de los diversos grupos parlamentarios que suscriben, con fundamento en el
artículo 70 de la Constitución General de la República; y los artículos 38, 39 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, venimos a presentar ante el pleno de esta Cámara, una iniciativa que rige el período del Colegio Electoral y para la formal constitución de las cámaras de Diputados y de Senadores a la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión.
La iniciativa se motiva y fundamenta en las siguientes
CONSIDERACIONES
Compete a las cámaras de esta LIV Legislatura hacer los nombramientos de las comisiones instaladoras del Colegio Electoral de la LV Legislatura a partir de una normativa constitucional que implica modificaciones a las disposiciones legales que rigen las fechas en que dichas comisiones desarrollarán sus trabajos y desde luego a las fechas de instalación y término tanto de esos colegios electorales, como de la formal constitución de las cámaras del Congreso de la Unión que integren la referida LV Legislatura.
Consecuentemente:
a) Por lo que toca a la Cámara de diputados:
1. En 1987 se reformaron los artículos 65 y 66 de la Constitución General de la República, para que el Congreso Tuviera dos periodos de sesiones ordinarias. El primero a partir del 1o. de noviembre al 31 de diciembre del propio año; y, el segundo, a partir del 15 de abril y hasta el 15 de julio del mismo año.
2. Por decreto de fecha 6 de abril de 1990, el Congreso reformó los artículos 5o., 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base tercera, para dar cause a un nuevo régimen electoral aplicable a las elecciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, que entre otras instancias, modificó la integración de los colegios electorales de las cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión.
3. Las disposiciones correspondientes contenidas en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no fueron coordinadas a los tiempos y fechas planteados en las reformas aludidas, por lo que se hace necesario fijar nueva fecha para la instalación del Colegio Electoral de esta Cámara, así como adecuar el funcionamiento y los procedimientos para calificar la elección de los presuntos diputados, tanto por mayoría relativa, como por representación proporcional, que integrarán la LV Legislatura del Congreso de la Unión y que permita el tiempo suficiente para que se cumplan y desahoguen todos los trámites y recursos de los procedimientos electorales respectivos, derivados de la elección que según el artículo 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, está señalada para el tercer domingo de agosto del presente año; así como para correlacionar los dispositivos reglamentarios con lo previsto en las normas contenidas en el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
4. Que para dar consistencia a lo previsto en esta reforma de 1990, el artículo tercero transitorio del citado decreto, prorrogó el mandato constitucional de los diputados a la LIV Legislatura, hasta el 31 de octubre de 1991.
Que durante este nuevo período debe procederse a la instalación del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, desahogar sus trabajos y calificar las elecciones dentro de un plazo conveniente.
Que la experiencia de los trabajos del Colegio Electoral demuestra que 15 días son suficientes para cumplir con la función.
b) Por lo que toca a la Cámara de Senadores:
Es pertinente señalar que en los términos de las reformas a los artículos 65, 66 y 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de 7 de abril de 1986, se introdujo un artículo decimoctavo transitorio a la Ley Fundamental de la República para precisar que "los senadores que se elijan a la LIV y LV legislaturas del Congreso, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1991".
Posteriormente, conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 15 de diciembre de 1986, se reformó el artículo 56 de la Carta Magna para establecer nuevamente la renovación por mitades del Senado de la República cada tres años. Esta modificación al texto constitucional conllevó también a la reforma del ya referido artículo decimoctavo transitorio de la Constitución General de la República para señalar que "los senadores que se elijan a la LIV y LV legislaturas del Congreso de la Unión, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1994, y los que se elijan para la LIV Legislatura, que serán los nombrados en segundo lugar, durarán en funciones del 1o. de septiembre de 1988 al 31 de octubre de 1991".
Por otro lado de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de abril de 1990 sobre diversas reformas constitucionales que en materia electoral aprobó el Poder Constituyente Permanente, se modificó el artículo 60 constitucional para ordenar que cada Cámara compete calificar, a través de un Colegio Electoral, la elegibilidad y la conformidad a la ley de las constancias de mayoría a fin de celebrar la validez de la elección de sus miembros y que el Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integre tanto con los presuntos senadores que hubieren obtenido la declaración de la legislatura de cada estado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal, como con los senadores de la anterior legislatura que continúen en el ejercicio de su encargo.
A su vez, al aprobarse estas reformas constitucionales, se consideró de adecuada técnica constitucional y legislativa derogar como tal el artículo decimoctavo transitorio que se introdujo en la Constitución General de la República, mediante el antes mencionado decreto de 7 de abril de 1986 y que se modificó por conducto de decreto, también ya apuntados, de 15 de diciembre de 1986. En vez de que la disposición relativa a la duración en el cargo de los senadores electos a la LIV legislatura y de los senadores electos a las LIV y LV legislaturas fueran parte de los artículos transitorios de la Constitución, se aprobó su derogación como tales para figurar ahora como artículo cuarto transitorio del decreto de reformas constitucionales que publicó el Diario Oficial de la Federación de 6 de abril de 1990.
Al tenor de las diversas modificaciones a la Constitución General de la República que se han glosado, se modificó no sólo el inciso del período de ejercicio constitucional de cada legislatura, sino la duración misma, por esta única ocasión, de los mandatos electorales conferidos a los senadores electos para la LIV Legislatura o para las legislaturas LIV y LV del Congreso de la Unión.
Así, el primer período de sesiones ordinarias de cada año legislativo deberá dar comienzo el 1o. de noviembre del año que corresponda y los senadores electos para las legislaturas antes mencionadas concluirán el ejercicio de sus funciones el 31 de octubre del año en curso o el 31 de octubre de 1994, según sea el caso.
Con motivo de la expedición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que rige las elecciones para la integración del Poder Legislativo Federal, se determinó que las fechas de los comicios fuera el tercer domingo de agosto del año que corresponda (artículos 174 y 212) y que en el presente año será el día 18 del próximo mes de agosto.
En los términos de las modificaciones constitucionales y legales a que se han hecho mención, son incompatibles las disposiciones que en materia de términos se señalan en los artículos 69, 73 y 74 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para efectos del Colegio Electoral y de la formal constitución de la Cámara de Senadores.
En mérito de las consideraciones anteriores y con fundamento en los previsto en los artículos 60, 65, 70 y 71 fracción II de la Constitución General de la República; 14, 15, 25, 38 y 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante el pleno de la honorable Cámara de Diputados y como de urgente y obvia resolución el siguiente
DECRETO QUE RIGE EL PERÍODO
DE INSTALACIÓN DEL COLEGIO
ELECTORAL, Y PARA LA FORMAL
CONSTITUCIÓN DE LAS CÁMARAS
DE DIPUTADOS Y SENADORES A LA
LV LEGISLATURA AL HONORABLE
CONGRESO DE LA UNIÓN
Artículo primero. La comisión instaladora del Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, que conocerá y determinará de los expedientes de los integrantes de la LV Legislatura, solicitará a los partidos políticos nacionales que hayan participado en la contienda electoral, que antes del día 12 de octubre del año en curso, remitan las listas de los presuntos diputados que nombren cada partido en los términos de ley para que conformen el Colegio Electoral.
Artículo segundo. El Colegio Electoral de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados, funcionará a partir del 15 de octubre del presente año en los términos constitucionales y de acuerdo en lo previsto en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; respecto de los paquetes electorales, se procederá conforme al artículo 253 inciso B, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Los expedientes electorales serán distribuidos entre las cuatro secciones de la primera comisión dictaminadora a que se refiere el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el orden en que sean recibidos en la Cámara de Diputados.
Artículo tercero. Concluidas las funciones del Colegio Electoral, de conformidad con los artículos 63 de la Constitución General de la República, 25 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se procederá a la instalación de la Cámara de los diputados electos, en reunión que se celebrará el día 31 de octubre del año en curso.
Artículo cuarto. Para la instalación del Colegio Electoral de la LV Legislatura del Senado de la República y sin necesidad de citación alguna, los senadores de la anterior legislatura que continuarán en el ejercicio de su encargo y los senadores declarados electos por las legislaturas de los estados de la Federación o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal, se reunirán en el salón de sesiones de la Cámara el día 15 de octubre de 1991 a las 10.00 horas. En su oportunidad, la comisión instaladora evaluará la pertinencia de formular los avisos que considere adecuados en los periódicos de mayor circulación nacional.
Artículo quinto. El Colegio Electoral de la LV Legislatura del Senado de la República celebrarán sus trabajos en los términos de los artículos 69, 71 y 72 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, reuniéndose con la periodicidad necesaria para conocer y resolver sobre los dictámenes que presenten sus comisiones, a fin de que la calificación quede concluida a más tardar el día 29 de octubre de 1991. Lo anterior sin demérito de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 73 de ese ordenamiento.
Artículo sexto. En los términos de lo ordenado por el Capítulo II del Título Tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la sesión para la legítima constitución de la LV Legislatura del Senado de la República, se llevará a cabo el día 31 de octubre de 1991.
TRANSITORIOS
Único. El presente decreto entra en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los ocho días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.- Diputada Socorro Díaz Palacios., coordinadora del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; diputado Abel Carlos Vicencio Tovar, coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; diputado Ignacio Castillo Mena, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; diputado Francisco Ortíz Mendoza, coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista; diputado Juan Jaime Hernández, coordinador del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado Rafael Aguilar Talamantes, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y diputado Rubén Venadero Valenzuela, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»
El Presidente: - Como se solicita en el cuerpo de la iniciativa que se acaba de dar cuenta, se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se somete a discusión y a votación de inmediato.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
El Presidente: - Permítame.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, antes de la votación, en términos reglamentarios, quiero hacer uso de la palabra, señor Presidente, antes de la votación.
(Desorden.)
El Presidente: - Ya está votado en el trámite de la discusión del proyecto de decreto.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Es precisamente en contra del trámite, señor Presidente.
El Presidente: - Está votado, diputado Leonel Godoy.
Continúe la secretaría.
(Desorden.)
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):- ¡No, no está votado, señor Presidente!
(Desorden.)
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - ...sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - ¡No, señor Presidente, no!, ¡discúlpeme, yo pedí antes de la votación!
El Presidente: - ¿Dígame, diputado Ruíz López?
El diputado Federico Ruíz López (desde su curul):- Moción de orden, señor Presidente.
Es incorrecto que se dispense de trámites, cuando ni siquiera se han repartido copias para tener el control de esto. No tiene sentido. Además no se han dado las dos terceras partes.
El Presidente: - El micrófono para el diputado Marcué.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - ¡Señor Presidente, antes de que se pusiera a votación, le estamos pidiendo la fracción del Partido de la Revolución Democrática la palabra y usted no hace caso!; perdóneme que le diga esto: ¿por qué se opone, cuando le estamos gritando que queremos dar una opinión?
El Presidente: - Diputado ¡Marcué, atendí al diputado Godoy en su oportunidad.
¿Dígame, diputado Godoy?
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul):- Señor Presidente, precisamente antes de que usted lo sometiera a votación, le dije antes de la votación quiero hacer uso de la palabra, si no...
(Desorden.)
El Presidente: Fue votado, diputado Godoy. Continúe la secretaría.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - ¡No!, ¡señor Presidente, no está votado!
El Presidente:- Está votado, diputado Godoy.
(Desorden.)
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - ¿Señor Presidente, el resultado de la votación cuál es?, ¿cuál es el resultado de la votación?
El Presidente: Discúlpeme, diputado Godoy, es una votación económica que tomó la secretaría en su oportunidad.
(Desorden.)
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, deseo en términos del reglamento, que sea votado nominalmente porque tenemos severas dudas de que haya sido primero votado.
El Presidente: - No se puede aplicar una misma votación a algo que ya fue votado, diputado Godoy.
El diputado Federico Ruíz López (desde su curul): - Además de lo solicitado antes, en razón de que si no estamos enterados, cómo se va a discutir.
Por otro lado, sí, pero necesita tener el escrito para responsablemente saber de qué se trata.
Por otro lado, el reglamento es preciso en cuanto a que requieren las dos terceras partes, no está eso verificado.
El Presidente: - Diputado Ruíz López, se está tomando la votación de dos terceras partes para la dispensa de los trámites. Que se repartan las copias a los compañeros diputados y continúe la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de decreto...
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente, discúlpeme usted pero está violando flagrantemente el reglamento.
El Presidente:- Dígame, diputado Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - El reglamento establece que para dar la dispensa de la lectura de un dictamen se requiere de dos terceras partes estén de acuerdo y en ningún momento ni la secretaría ni la Presidencia ha verificado que esto se haya dado; nosotros, incluso afirmamos que ni siquiera la votación se ha dado, señor Presidente.
Y aquí estamos, porque vamos a debatir sobre esto, no estamos dispuestos a aceptar una discusión
en lo general de algo que no ha sido dispensado en sus trámites reglamentarios.
El Presidente: - Licenciado Godoy, es respetable su planteamiento, está usted en todo el derecho que en el trámite de este proceso discuta o aporte las consideraciones que quiera, pero esta Presidencia no va a retrasar el trámite que a juicio de la secretaría le ha dispensado los trámites.
Está el quórum establecido y la asamblea ha dispuesto. Continúe la secretaría.
El Presidente: - Diputado Godoy, tiene usted la palabra para hacer las apreciaciones para evitar un diálogo que no le permite el reglamento.
El diputado Leonel Godoy Rangel: - Señor Presidente: El planteamiento nuestro es muy simple, un dictamen, en términos del reglamento vigente, para ser dispensada su lectura, se requiere una votación calificada de dos terceras partes y es precisamente lo que nosotros estamos en este momento reclamando, que no existió en ningún momento ni siquiera la instrucción de la Presidencia que se procediera primero a la votación y, el segundo paso, en términos reglamentarios...
(Desorden.)
Quizá los que no estaban eran ustedes, diputados, yo pedí el uso de la palabra antes.
Nosotros sostenemos, señor Presidente, y ese es el primer punto, porque nuestra intervención era para antes del trámite y luego ahora nos está diciendo la Presidencia que ya se dieron dos pasos que señala el reglamento, que debieron haberse dado: primero, que la Presidencia ordene la votación y, segundo, que la secretaría verifique que efectivamente se dieron las dos terceras partes calificadas que son reglamentariamente necesarias.
Eso es lo que quiero decir en este momento, tenía también la posición de la diputación de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en los mismos términos que lo hizo el diputado Federico Ruíz López, de que si no contamos con el proyecto de dictamen, mucho menos podemos votar a favor de una dispensa de lectura; ese dictamen, ese proyecto de dictamen, la fracción parlamentaria presente del Partido de la Revolución Democrática no la conoce, señores.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Federico Ruíz López.
El diputado Federico Ruíz López: - Con la venia de la Presidencia; señores diputados; amigos todos: La oposición al trámite no está presumiendo oposición al contenido de un acuerdo interpartidos, simplemente pido que todos consideremos la necesidad de ajustarnos a un procedimiento que es preciso. Yo entiendo que en un momento dada se cometan equivocaciones, pero es cuestión de subsanarlas para no incurrir en fallas.
Yo le formularía una pregunta al señor Presidente, con todo respeto: ¿cómo es posible que afirme que se obtienen la dos terceras partes, si no está votando a favor la fracción del Partido de la Revolución Democrática ni la fracción del Partido Acción Nacional? Por otro lado, ¿cómo puede afirmar que esta proporción se está dando? Yo garantizo que no podría el señor Presidente decirme, sobre los diputados presentes, en qué sentido vino la votación para uno otro. Entonces no puede afirmarse que son las dos terceras partes las que están aprobando.
Yo suplico que con el apoyo de todos, se reponga el procedimiento y hagamos las cosas en orden. Muchas gracias.
El presidente: - Sí, diputado Melo. Tiene la palabra el diputado Melo, por cinco minutos.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Seré muy claro y muy breve: Hay cosas en las que mi presencia como legislador y como miembro de una fracción parlamentaria, no puedo compartir. El trámite que se está dando no es el correcto; como secretario yo no me di cuenta en ningún momento que se haya pedido la voluntad de las dos terceras partes, por lo tanto, no es correcto el trámite y esa es mi posición, que vengo aquí a inconformarme, simple y sencillamente.
El Presidente: - Dígame, diputado Murat.
El Diputado José Murat (desde su curul): - Señor Presidente, si usted no tiene inconveniente y si la asamblea así lo considera, quizá sería conveniente reponer el procedimiento, para que les quedara claro a los compañeros, el diputado Leonel Godoy y el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, que se hizo en los términos del, reglamento y de la práctica que hemos siempre puesto en práctica aquí en esta Cámara.
El Presidente: - Sí, dígame, diputado Marcué.
El diputado Manuel Marcué Perdiñas (desde su curul): - Queremos dejar claro los del Partido de la Revolución Democrática, que estamos
en desacuerdo con que el jefe de la coordinación haya firmado ese...que lo haya firmado, por eso es que buscábamos hablar para declararlo, porque no estamos de acuerdo con lo que ha sucedido, con lo que ha firmado Castillo Mena.
El diputado José Murat (desde su curul): - Señor Presidente, hay una petición del diputado Leonel Godoy de que se haga la votación nominal y hay un planteamiento de la mesa directiva, concretamente de la Presidencia, para que se hagan copias y se reparta la iniciativa. Solicitamos que se reponga el procedimiento en base a la petición del diputado Leonel Godoy, que está haciendo el diputado Federico Ruíz López y que si fuera usted conveniente diera instrucciones a la secretaría para que a su vez, a la Oficina Mayor, se hagan fotocopias y se reparta la iniciativa, si fuera tan amable, señor Presidente.
El Presidente: - Honorable asamblea... Dígame, diputado.
El diputado Juan Jaime, para una moción de orden.
El diputado Juan Jaime Hernández (desde su curul): - Señor Presidente, la fracción parlamentaria del Partido Auténtico está conforme en que se reponga el procedimiento.
El Presidente: - Micrófono para el diputado Godoy.
Tiene la palabra el diputado Godoy, por cinco minutos.
El diputado Leonel Godoy Rangel: - Gracias, señor Presidente: Es, pues, para darle un seguimiento correcto a este punto del orden del día. Yo había solicitado la palabra para antes de la votación y ya aceptó la Presidencia, en principio, o hay una propuesta del diputado Murat de que se reponga el procedimiento, que ya aceptó también el Partido Auténtico de la Revolución Democrática acepta.
Yo quiero señalar que en ese sentido, señor Presidente, como mi petición iba ser antes de la votación de que para poder votar requeríamos una copia de este dictamen que se leyó, con eso mi fracción parlamentaria en este momento allana el camino para, después, una vez entregada esta copia, podamos resolver el sentido de nuestro voto,. Eso es todo.
El Presidente: - Consulte la secretaría si se repone el procedimiento en los términos planteados por los diferentes grupos parlamentarios.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se repone el procedimiento. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... Se repone el procedimiento.
El Presidente: - Un momento, compañeros. Compañeros diputados, pido a la secretaría lea el artículo 151.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
"Si al dar la secretaría cuanta del resultado de la votación económica, algún miembro de la Cámara pidiere que se cuenten los votos, se contarán efectivamente. A este fin se mantendrán todos, incluso el Presidente y los secretarios, en pie o sentados, según el sentido en que hubieren dado su voto; dos miembros que hayan votado, uno en pro y otro en contra, contarán a los que aprueban y otros dos de la misma clase a los que reprueban; estos cuatro individuos que se nombrará el Presidente, darán razón al mismo en presencia de los secretarios, del resultado de su cuenta y hallándose conformes se publicará la votación."
El Presidente: - Gracias, diputado secretario. Para hacer evidentes las dos terceras partes como lo marca el reglamento, pido que se cumpla el procedimiento del 151 para la votación que se va a poner a consideración de la asamblea.
Permítame, diputado secretario, para ilustrar: en la pregunta, en términos del 59 y el 60, con el apoyo del término 151, repita la votación de las dos terceras partes, por fila, en los diputados que se manifiestan a favor o en contra de la dispensa de todos los trámites.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - En cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación por filas.
(Votación)
El Presidente: La secretaría dé la votación o el resultado de la misma.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 252 votos a favor de la dispensa de los trámites.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - dispensados todos los trámites,
señor Presidente. En consecuencia, está a discusión en lo general el proyecto de decreto.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Diputado Godoy, la secretaría preguntó que estaba abierto el procedimiento de discusión en lo general, ¿si quiere hacer uso de la palabra? El diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas compañeros diputados: La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, en virtud de que no ha tenido; estábamos precisamente leyendo este proyecto de dictamen presentado, evidentemente que no tenemos en este momento mayor abundamiento que hacer de lo que en principio nos percatamos de la lectura que hizo el secretario cuando dio cuenta.
En principio, como ustedes saben, el día de hoy hubo una reunión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que trató una iniciativa de ley presentada por diputados del Partido de la Revolución Democrática, donde se propone que las elecciones establecidas el 18 de agosto, el tercer domingo de agosto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se prorrogue el plazo hasta el 22 de septiembre. Eso es de todos conocido, que aproximadamente como a las dos o tres de la tarde terminamos, a las cuatro terminamos esta discusión.
En el seno de la comisión el debate se dio fundamentalmente entre la fracción del Partido Revolucionario Institucional y la fracción del Partido de la Revolución Democrática. La votación, como quizá muchos de ustedes ya saben, fue a favor del proyecto de dictamen elaborado por la fracción mayoritaria priísta en la subcomisión, que luego fue ratificada por el pleno de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero en uso del derecho que la legislación parlamentaria le da a los diputados del Partido de la Revolución Democrática que se encuentra en esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, nosotros anunciamos que el día de mañana vamos a dar cuenta a este pleno de nuestro voto particular, para que, evidentemente, esta soberanía, resuelva en última instancia.
Entonces, al estar leyéndose este documento por el secretario, nos encontramos con que aunque es parte de ellos considerandos de este dictamen, de cualquier forma ya se menciona como un hecho presumiblemente dado, o que se dará, de que las elecciones se celebrarán el 18 de agosto. Es muy posible que esto ocurra, es casi seguro; hay una mayoría de diputados que están a favor, o en contra más bien de la iniciativa de los diputados del Partido de la Revolución Democrática y tienen todo el derecho de hacer uso de ese ejercicio y votar en contra de la iniciativa presentada por los diputados perredistas.
Aquí hay un problema de forma de cualquiera manera. Todavía no se cumplen los requisitos, o no se concluye el procedimiento parlamentario, no se completa el ciclo en relación a la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática y que mañana leerá su voto particular.
Esto lo hacíamos del conocimiento ahorita de los diputados que forman parte de la dirección de la bancada priísta, de que aquí en los considerandos se menciona que las elecciones se celebran el 18 de agosto. Insisto, aunque éste es un asunto que mañana debatiremos y que no quiero ahondar en este momento, simplemente por mera fórmula se tiene que esperar el debate, a la discusión y a la negativa en su caso en contra del voto particular que leerá la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática el día de mañana. Eso es por una parte.
Por la otra, nuestra negativa y nuestro voto en contra es evidentemente en relación al contenido del documento que seguimos sin conocerlo; lo estábamos leyendo cuando llegó el momento de que se entre a la discusión.
Uno de los argumentos fundamentales de los diputados priístas en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que no prospere o para estar de la iniciativa de modificación a los transitorios del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es precisamente este tipo de que para ellos de iniciativas que se presentan al cuarto para las doce, que puede trastocar, y eso dicen en el fondo, el proceso electoral y conducir a un alto abstencionismo.
Nosotros creemos, insisto, que posiblemente este documento tenga mucho que decirse quizá a favor o quizá en contra, pero simplemente no lo conocemos y sí estamos en cambio ante una situación que fue presentada por la diputación priísta en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, de casos que se presentan al cuarto para las doce, y que no sabremos sus consecuencias en relación a un proceso electoral que ya estamos viviendo, y que evidentemente aquí se trata exclusivamente de la comisión instaladora del Colegio Electoral de la próxima legislatura.
Es en ese sentido por el cual nosotros nos vimos en este momento lamentablemente en la decisión rápida de tener que resolver de votar contra de este dictamen, y lo haremos en lo general y en lo particular. Muchas gracias.
El Presidente: - Dígame, diputado Etienne Llano.
El diputado Pedro René Etienne Llano
(desde su curul):- Quiero hacer uso de la palabra.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Etienne.
El diputado Pedro René Etienne Llano: - Compañeros diputados: Estas segundas reformas y modificaciones a las disposiciones que norman y rigen el proceso electoral, confirman lo que planteamos al discutirse el Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales, en el sentido de que tendría una vida efímera y que muchas de las disposiciones contenidas en este código, tenían dedicatoria especial y en otras habían contradicciones y lagunas.
Ya conocimos una primera reforma, planteada por la mayoría, para aumentar la cláusula de gobernabilidad, argumentándose en esa ocasión que podrían existir contradicciones en la interpretación de la ley, pero en el fondo se trataba simplemente de aumentar el número de diputados obtenidos en la mesa de negociación, al margen del obtenido en las urnas electorales.
Hoy conocemos un decreto que se pretende fundamentar en el artículo 70 constitucional, como sí fuera el acuerdo para normar trabajo interior de las cámaras; pero si atendemos a los seis artículos que se plantean, se contienen de hecho modificaciones a disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General.
Nos preguntamos por qué entonces, en su momento y en su tiempo, cuando se aprobó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no se concluyó con la adecuación de las fechas establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General. ¿Y cómo es posible que ahora se presente un decreto, tratando de limitarlo a un acuerdo para el funcionamiento interior del Congreso, cuando en el fondo es innegable que se plantean modificaciones al artículo 16 y 17 de la Ley Orgánica, al artículo 25, y a todos los tiempos establecidos en el Capítulo al Título Tercero?
Con una adecuada práctica parlamentaria debieron haberse planteado las modificaciones en tiempo y en forma a la Ley Orgánica del Congreso General, y no tratar ahora de presentar, prácticamente en el penúltimo día de sesiones, un decreto apoyado en la disposición del 70 constitucional, como si se tratara de decisiones que no modifican lo dispuesto en una Ley Orgánica vigente todavía porque no ha sido modificada.
Nos parece que en principio existe un problema de práctica parlamentaria que nos ha parecido necesario puntualizar ante esta tribuna, y existe también un problema político de fondo. Sabido es que la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y otros partidos, hemos planteado la necesidad de dar el tiempo necesario para que los ciudadanos mexicanos empadronados, estén en posibilidades de ejercer su derecho y de poder participar en la elección.
Y en virtud de las disposiciones legales, lo hemos tenido que plantear como una reforma al artículo correspondiente del código, que establece en forma precisa el día de las elecciones.
Hemos podido examinar los plazos que se contemplan en este decreto y consideramos que no prejuzgan sobre la fecha de la elección, sino que parten de la consideración de la fecha en la que termina el mandato constitucional de nosotros como diputados y de considerar cuál es la fecha en la que debe instalarse el nuevo Congreso electo en las elecciones federales.
Hacemos esta precisión, porque nos parece que en última instancia, la adecuación de estos plazos, no puede considerarse como argumento para la discusión que está planteada para el día de mañana.
Una vez hecha este aclaración, seguimos, sin embargo, considerando que lo que hoy se somete a este consideración, son de hecho modificaciones a la Ley Orgánica del Congreso General. Y por esa razón, consideramos que deben cubrirse los plazos y los trámites que están en las disposiciones vigentes, para la adecuación de estos tiempos tengan una base jurídica y tengan congruencia con las disposiciones de la ley y con las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por eso ha sido la posición en contra, de los diputados presentes de la fracción del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias.
El Presidente: - Proceda la secretaría a recoger la votación en lo general, perdón, la secretaría, si está suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia,
en votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el proyecto de decreto en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido.
El Presidente: - Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, del proyecto de decreto en un solo acto.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia se va a proceder a recoger la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor, haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 251 votos en pro, 15 en contra y 13 abstenciones.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular por 251 votos al proyecto de decreto que fija el período de instalación del Colegio Electoral, para calificar la elección de los presuntos diputados y senadores de la LV legislatura al honorable Congreso de la Unión.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
DEL ESTADO DE MÉXICO
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Octavio Moreno Toscano, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución democrática, para presentar una denuncia sobre el despojo de tierras en Ocoyacac, estado de México.
El diputado Octavio F. S. Moreno Toscano: - Señor Presidente; honorable asamblea: Los ciudadanos de la comunidad de San Juan Cuaponoaya, en Ocoyoacac, estado de México, se han dirigido a nosotros para darnos a conocer la agresión y el despojo de que se está intentando hacerlos, en los bienes de su comunidad.
El III distrito electoral, en el estado de México, tiene muchos municipios, 17, uno de ellos, Ocoyoacac, es limítrofe con el Distrito Federal y es la parte a donde llega el estado de México la carretera México - Toluca y la nueva autopista. Es una zona de enorme presión demográfica, puesto que el crecimiento que la ciudad de México tenía hace una década, de aproximadamente mil personas por día, se está convirtiendo en la manera de crecimiento de la población del valle de Toluca.
La presión demográfica, la presión especulativa, la presión comercial, aliadas con los intereses políticos y mercantiles disfrazados para aprovechar la plusvalía de las tierras, están lanzando una ofensiva en contra del patrimonio del pueblo de Ocoyoacac y concretamente de la comunidad de San Juan Cuapanoaya.
No sólo se está vulnerando los derechos de los miembros de la comunidad, puesto que en contra de una resolución presidencial definitiva, fechada en 1945, se ha pretendido la existencia de propiedad privada sobre 300 hectáreas de los bienes comunales de este pueblo, no obstante que ha habido varios juicios en los últimos casi cincuenta años, sobre esos terrenos, y que todos han sido ganados por el pueblo, y que una y otra vez se ha evitado la invasión por parte de fraccionadores privados de estos terrenos. En meses recientes se ha vuelto a la ofensiva, aduciendo para estos argumentos de privatización, argumentos de desarrollo y argumentos de modernización.
Y un juez, violando todo lo actuado anteriormente en derecho, ha pretendido desconocer la existencia de las resoluciones presidenciales sobre esos predios. Ha pretendido reconocerle derechos de propiedad a una sociedad inmobiliaria por acciones que de acuerdo con el artículo 27 constitucional no podría ser propietario de ningún predio rústico, y están tratando de reconocerle, como propiedad privada, 300 hectáreas; del patrimonio de ese pueblo.
Pero no solo afectan a ese pueblo al tratar de posesionarse de estas 300 hectáreas, afectan a la ciudad de México y a la metrópoli que se está formando en el valle de Toluca, ya que estos terrenos se encuentran en la zona de biosfera, en la zona esencial de equilibrio ecológico, que es la parte alta de las montañas de la sierra de Las Cruces. A más de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar, en una región densamente poblada todavía, afortunadamente, por bosques y poseedora de algunos de los escasos manantiales de donde nace el Río Lerma, que es el río más importante de la costa occidental del país.
A pesar del desarrollo en el último medio siglo, el pueblo de Ocoyoacac ha mantenido esos
terrenos, intocados para el desarrollo residencial. Con todo derecho hubieran podido los habitantes de esos pueblos extender hacia allá sus barrios y las habitaciones de sus habitantes y de sus descendientes. Pero lo han evitado, procurando defender el equilibrio de la naturaleza y conservarlos como una zona recreativa y de reserva para la vida natural.
En días recientes, actuando en favor de esta empresa inmobiliaria Reforma Marquesa, se ha desatado una persecución contra los líderes de esa comunidad, a base de acusaciones falsas, supuestamente de despojo, de falsificación de documentos tales como las resoluciones presidenciales y otros, con la pretensión de intimidarlos para que acepten el desarrollo de los fraccionamientos que se planean en esos lugares.
Uno de los líderes fue secuestrado y ha sido privado de la libertad por más de 20 días, en el llamado Centro de Justicia del municipio de Lerma, en donde se tiene testimonio, ha sido sometido a tortura para que renuncie a las pretensiones de defender los intereses de ese pueblo.
Joaquín Agüero Corona, es el nombre de este representante de los bienes de la comunidad de Cuapanoaya. Se encuentra preso sin causa justificada. Sus derechos humanos están siendo pisoteados, como lo son muchos ciudadanos en todas partes del país.
Lo que llama la atención es que con autorización, maquinaria y vehículos del gobierno del estado de México se han empezado a perforar pozos en esta zona montañosa, en busca de agua suficiente para alimentar los pretendidos fraccionamientos.
También se sabe de las reuniones que han llevado a cabo los pretendientes a fraccionadores con algunos de los dirigentes importantes de los bancos, que están a punto de venderse, para realizar ahí un negocio especulativo.
Nada de esto es congruente ni con la ley ni con el derecho, tampoco sería congruente con la conducta de un gobierno que se dice defensor de la ecología, el permitir que una zona tan importante, la reserva de la biosfera para el valle de México, Toluca, sea convertida en fraccionamiento especulativo.
Hace poco en los viajes por Europa, se dijo que el derecho tendría que imponerse sobre el uso del poder y éste es un caso en que el abuso del poder se está imponiendo sobre el derecho, pero no es un juego cualquiera de capricho, en que una autoridad cualquiera pueda despojar de terrenos a un pueblo, la historia es larga, en 1982, el gobierno de Alfredo del Mazo pretendió la expropiación de un ejido en este mismo municipio y tal decreto expropiatorio tuvo que ser anulado por la movilización popular que se desató en defensa de las tierras.
En 1969, intereses protegidos, entonces, por los más altos políticos del estado, pretendieron en esta misma zona construir un campo de golf para esparcimiento de los capitalinos y el mismo pueblo detuvo las obras, secuestró las máquinas e impidió que los bosques fueran tocados.
No en tiempos más lejanos, sino más recientes, en 1986 este pueblo que se caracteriza por su catolicismo, por su apego a las prácticas religiosas, fue capaz de cerrar la carretera e impedir que se llevara a cabo prácticamente el informe del gobernador Baranda, porque las monjas encargadas de manejar una escuela que había construido la comunidad, pretendieron aprovecharse y adueñarse de ella.
Es un pueblo pacífico y sensato, pero gracias a su celo, que por centurias ha mantenido esas montañas y esos bosques, la ciudad de México se encuentra, todavía, rodeada de zonas verdes y gracias a ese celo están iniciando la defensa de los bosques y las tierras de Cuapanoaya, con consecuencias imprevisibles si los que están protegiendo a estos especuladores insisten en falsificar los dictados judiciales y las leyes para ganarse unos cuantos miles de millones de pesos.
El camino del desarrollo y de la modernización de México no está en convertir todas las tierras en modernos fraccionamientos o en modernos condominios residenciales, está precisamente en poder lograr la capacidad de darle a la sociedad el acceso a los más altos niveles de vida y bienestar sin renunciar por ello ni a la cultura ni a la identidad ni a la nacionalidad ni al medio ambiente ni a la calidad de la vida y esto lo han entendido muy bien los habitantes de estos pequeños pueblos del estado de México , están cansados de ser un basurero de la especulación industrial y de los fraccionamientos que se construyen día tras día sin el menor criterio de defensa y de respeto urbano.
El único criterio que ha regido en los fraccionamientos que se han estado construyendo ha sido el lucro de los promotores, pero en ninguno de ellos se ven las escuelas, en ninguno de ellos se ven los parques, en ninguno de ellos se ven las obras deportivas.
Los pueblos han tenido que darse estas obras muchas veces por su propia mano de obra. Hace muchos años, siglos quizá, antes de que se inventara esta cooperación de trabajo por solidaridad, los habitantes del estado de México construían sus propias obras. Y no han recibido del fisco nada en obras públicas, y no han recibido en los últimos años de parte de los gobiernos otra cosa que no sean despojos de tierras para instalar un centro nuclear, despojos de tierra para instalar algún centro de experimentación agrícola, despojos de tierra para instalar algún centro de entrenamiento para ejecutivos.
Y ahora con toda esa conciencia, los pueblos asumen la defensa de su patrimonio. En el caso de San Juan Cuapanaya esta defensa va a continuar y va a continuar con toda la energía que el pueblo sea capaz de imprimirle a la defensa de su propia riqueza.
Como en otras ocasiones, este pueblo que ha sabido hacerse respetar, que ha sabido hacer que el poder se humille ante la voluntad del pueblo, hará que se respeten esos bienes y, que en todo caso, pasen al disfrute colectivo, como zonas recreativas en beneficio de las metrópolis de México y de Toluca, e impedirá desde luego a cualquier costo que esto caiga en manos de los fraccionadores que pretenden lucrar ilegítimamente con la propiedad de un pueblo y con el abuso de autoridad de que está siendo gala el gobierno del estado de México en ese caso. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para los mismos hechos, el diputado Arturo Osornio.
El diputado Arturo Osornio Sánchez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Solicité hacer uso de la palabra porque no estoy de acuerdo con algunas de las expresiones vertidas aquí por el compañero diputado Octavio Moreno Toscano.
No estoy de acuerdo, porque un asunto eminentemente jurídico y de competencia de la justicia federal, se trata de hacer político, afirmación que hago en base a los siguientes antecedentes:
"Por resolución presidencial de fecha 21 de febrero de 1945, se reconocieron y titularon al poblado referido 938 hectáreas de bienes comunales, de las cuales el ciudadano Ángel Sánchez, solicitó la exclusión de 350 hectáreas que integran el predio El Portezuelo, emitiendo al respecto el cuerpo consultivo agrario con fecha 6 de julio de 1962 un acuerdo donde excluye la superficie solicitada, seguidamente los representantes comunales de San Juan, San Jerónimo y Santa María, con fecha 9 de junio de 1971 solicitaron se dejara sin efecto el acuerdo anterior, por lo que con fecha 18 de julio de ese mismo año se deja precisamente sin efecto.
En aquel entonces, el supuesto propietario Ángel Sánchez, transfiere la propiedad de las tierras reclamadas a la Inmobiliaria Marquesa, S. A., cuyos representantes promovieron un amparo ante el juzgado de distrito, dictándose sentencia el 29 de junio de 1973, en el que se declara improcedente la acción constitucional invocada por los quejosos. Posteriormente interpusieron el recurso de revisión ante la segunda sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación modificando la sentencia recurrida, amparando y protegiendo a la inmobiliaria.
Simultáneamente, el 19 de marzo de 1970, los representantes del consejo del comisariado ejidal de Cuapanaya, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal ante el juzgado primero de distrito en materia administrativa del Distrito Federal. Y el 3 de diciembre de ese año, los comisariados ejidales de San Jerónimo y Santa María, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal ante el juzgado de distrito en la entidad, cuyo acto reclamado es el acuerdo del 6 de julio de 1962.
Ante ello, el juez primero de distrito del Distrito Federal, decretó la acumulación de ambos juicios y que conociera y resolviera el juzgado de distrito en la entidad, quien al emitir su resolución sobre los juicios en parte y ampara y protege a los quejosos contra actos de la Secretaría de la Reforma Agraria. Lo anterior trajo como consecuencia que el 20 de octubre de 1975 la Inmobiliaria Marquesa, S. A., promueve el amparo y revisión ante el primer tribunal colegiado del segundo distrito, revocando la sentencia recurrida y sobreseyendo el juicio de garantías promovido por los comisariados ejidales citados, por falta de personalidad para reclamar bienes comunales.
Cabe señalar que recientemente los comuneros Ángel Ortíz, Joaquín Agüero y Rodolfo Pichardo se ostentaban como autoridades de bienes comunales y ejecutaron algunas acciones en los terrenos, supuestamente de la Inmobiliaria Reforma Marquesa, S. A., la cual levantó ante el ministerio público, que finalmente se consignaron en el juzgado de primera instancia de Lerma, dando origen a las causas penales respectivas por los delitos de despojo y daño en los bienes, originando que el 6 de mayo de este mismo año, fuera detenido y puesto a disposición del juez de primer instancia de Lerma, el señor Joaquín
Agüero, con lo que damos un rotundo mentir a lo que nos decía el diputado Moreno Toscan, en el sentido de que sin causa justificada habían sido detenidos.
A varios de los comuneros se les han sumando miembros del Frente Amplio Democrático de Ocoyoacac, que es un grupo que se denomina Frente Amplio Democrático de Ocoyoacac y que es un grupo considerado como de presión, quienes han hecho amenazas públicas con tomar medidas de presión, tales como el bloqueo de la carretera o hacer marchas o mítines o cierre de calles en la ciudad capital.
Después de lo aquí expresado, respetuosamente me permito fijar nuestra posición respecto al asunto planteado, que es de respetar las decisiones que sobre el particular dicte la autoridad competente, invitando al compañero diputado Moreno Toscano a que su gestión la continúe pero dentro del marco de la ley. Yo en lo personal exhortaría a las autoridades judiciales y de reforma agraria, para que determinen con prontitud el estado jurídico, para deslindar de una vez y para siempre si estas tierras son comunales o privadas. Muchas gracias. (Aplausos.)
Presidencia del diputado Víctor Manuel
Carreto Fernández de Lara.
El Presidente: - Para los mismos hechos, tiene la palabra el diputado Moreno Toscano, por cinco minutos.
El diputado Octavio F. S. Moreno Toscano: - Estaban muy bien preparados para dar un disque "mentis" oficial a las cosas que iba yo a decir, pero nadie puede desmentir el hecho de que por más de 35 años se han estado ventilando juicios sobre esos terrenos no los ha estado ganando, como aquí trató de hacerse aparecer, la famosa Inmobiliaria Marquesa S. A.
El autor de esos litigios fue un personaje de nombre Sánchez Cambell, ya fallecido, que dejó estos derechos de alguna manera a un apoderado suyo, de nombre Checa Curi y de alguna manera de ahí surgió este Inmobiliaria Reforma Marquesa S. A.; ¿en qué momento y en qué forma transfirieron y escrituraron esta supuesta propiedad?, no se sabe, lo que sí se sabe es que varios amparos de distintas fechas, en favor de la comunidad, han sido resueltos definitivamente por los jueces.
También con toda claridad se sabe que hay problemas de deslinde en las tierras de todos los municipios de esa región. Algunos municipios se traslapan con otros y hace poco ahí cerca, el Distrito Federal y el estado de México convinieron en el Swap territorial de unas cuantas hectáreas del estado de México para el Distrito Federal y viceversa.
Estos problemas de deslinde no son nuevos y pudieran ser el origen de algún problema. Pero aquí con toda claridad se está viendo que la causa no está en los deslindes que ya se efectuaron, está en la ambición por los terrenos que son atravesados por la carretera de mayor circulación en este país; 100 mil automóviles por día atraviesan esos terrenos. La cantidad ideal de automóviles para hacer cualquier Perisur o cualquier Ciudad Satélite.
Pero no piensan que ahí no hay agua suficiente, no piensan que destruirán los bosques y parte de la generación de oxígeno para los dos valles.
En este afán de privatización, de momento cree, hay jueces que así lo creen, que hay que darle la razón a las empresas privadas sólo porque el gobierno les está dando la razón a los inversionistas privados en tantas otras cosas y en y en tantas ventas y despojos de patrimonio nacional.
Pero el pueblo de Ocoyoacac tiene otra manera de pensar, y pueden echarle la culpa de esto a los fados o a los cardenistas o a quien quieran, pero el pueblo de Ocoyoacac se defiende solo y nunca ha necesitado de líderes; a los que ha tenido los han escogido ellos y han surgido en los momentos necesarios. Y en la defensa de estas tierras han sido implacables y yo espero que lo sigan siendo, porque yo prefiero vivir en un ambiente rodeado de bosques y de naturaleza conservando las tradiciones de la región y de los pueblos, a verlo invadido como ha quedado en otros municipios de mi estado como Naucalpan y Tlalnepantla, invadido de industrias contaminantes o de centros comerciales o de hacinamientos de población que carecen de los más elementales servicios.
No hay en esto más que pedirle a las autoridades agrarias que verifiquen y revisen todo el expediente y verán que tienen razón los campesinos. Hay que pedirle a la Comisión de Justicia que revise todos los juicios que han habido y se darán cuanta que si acaso algún juicio ganó el fraccionador fue porque el que defendió los terrenos era el comisario ejidal y no tenía la personalidad estricta de comisariado de bienes comunales, en un error técnico pretenden basar la aparente propiedad
privada de éstos que intentan despojar al pueblo de Ocoyoacac.
Por otra parte, ya murieron los autores del despojo, los autores primarios, quienes están ahora detrás de esta inmobiliaria son inversionistas de fechas recientes, son una coalición de agentes de bolsa, comerciantes de automóviles, antiguos funcionarios públicos y gente infiltrada en niveles muy poderosos del régimen actual. Se han estado reuniendo con ese objeto en diversas ocasiones en lugares cercanos como son la Hacienda de Jajalpa y se conocen sus nombres. Los pueblos no van a dejar que esto se vaya así cuando está en juego el despojo de un territorio de esta dimensión y de esta calidad. Se sabrá en su momento si insiste el gobierno en este despojo en quienes son personalmente los que lo están efectuando.
No quiero abusar más de su tiempo, sólo quiero recordarles que aquí no se puede dar un "mentis" a un hecho histórico, las razones de esta movilización de Ocoyoacac son razones de derecho, de un derecho muy superior a cualquier derecho que pueda dictar cualquier juez ahora. Ellos se basan en la posesión originaria de las tierras, en las dotaciones de los reyes de España, en las dotaciones originarias primarias y, sobre todo, actúan con fundamento en el artículo 39 de la Constitución, no necesitan permiso de nadie para defender sus tierras y tampoco necesitan ayuda de nadie para hacer prevalecer el derecho sobre el abuso del poder.
DEL ESTADO DE OAXACA
El Presidente: - Sobre problemas agrarios en Oaxaca, tiene la palabra el diputado José Herrera Reyes, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado José Herrera Reyes:
«Oaxaca y sus problemas agrarios. Señor Presidente, señores diputados: El problema de la tenencia de la tierra en el estado de Oaxaca sigue siendo de primer orden, que las autoridades correspondientes han soslayado desde muchos años y que a la fecha no han podido resolver; problemas que propietariamente son 570 porque son 570 municipios que el estado de Oaxaca, más los que corresponden o tienen las comunidades pequeñas, como son sus agencias. Es tan grave el problema de la tierra en aquella entidad sureña de la República, a pesar de la serie de gestiones que las partes interesadas hacen para resolver sus conflictos, ya sea por la vía legal o de hecho, como el sin número de plantones y marchas, así como las tomas de oficinas agrarias que el los últimos años se han dado en Oaxaca, pues ante la apatía de la burocracia agraria, llámense Secretaría de la Reforma Agraria o delegaciones agrarias, las comunidades afectadas siguen igual y no les queda otro camino que la violencia física, que no la deseamos; pero que ya se está dando en Oaxaca.
Es tan serio el problema del campo oaxaqueño que nada más en marzo de 1989 se denunciaron 600 casos agrarios archivados, más 130 resoluciones presidenciales sin ejecutar, que convierte a Oaxaca en la entidad con mayor rezago en problemas de la tendencia de la tierra. Esto lo sabe también la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos pero ni éstas; ni la Secretaría de la Reforma Agraria hacen algo o hacen menos o muy poco para atacarlos y por ende resolverlos y ello ha llevado a varias comunidades a enfrentamientos que han ensangrentado aquel girón de la patria; como Santiago Amoltepec y Santa María Zaniza, del distrito de Sola de Vega, en donde, como en su tiempo lo afirmo la Prensa, más de 40 campesinos indígenas han caído asesinados en pleitos por tierras en los últimos cinco años; pues Santiago Amoltepec vivió un estado de sitio por su vecina Santa María Zaniza, a la que se introducían alimentos por vía aérea, así como por las otras comunidades de Yucutindo, Zencotepec e Yxtlayutla, que acordaron matar a los de Santiago Amoltepec que se atrevieran a cruzar por sus caminos. Lo que reconocen tanto autoridades agrarias locales, como el mismo gobierno del estado de Oaxaca; pero hasta ahí y el problema sigue latente y esto mismo reconocen las autoridades campesinas de Oaxaca, cuando se refiere al conflicto de Ixtaltepec, San Blas Atempan y Juchitán, que no se resuelven tampoco, porque hay funcionarios agrarios que se oponen y sostienen que tanto en aquellas regiones como en la Mixteca, así como en la región Mixe y el Istmo, son zonas donde más problemas agrarios existen y en donde desafortunadamente muy poca atención se les brinda por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria.
En la Zona Triqui, las agresiones de los caciques de Putla y de Juxtlahuaca están a la orden del día y todo por la tenencia de la tierra y de ahí que todos estos pueblos hayan optado por la movilización, como son las marchas a la capital del estado y los plantones frente al Palacio de gobierno; como el que llevaron a cabo los indígenas Triquis de Santo Domingo y San Isidro del Estado, del Distrito de Putla, denunciando públicamente que en su zona existan severas injusticias,
discriminación, marginación y explotación, sin que autoridad alguna se preocupe para detenerlas, remarcando que existe negligencia por parte de las autoridades de la Reforma Agraria para resolver el problema agrario que mantiene con tres comunidades del Distrito de Juxtlahuaca, que les invadieron en 1987, 1 mil 357 hectáreas de sus tierras, a pesar de que cuentan con resolución presidencial. Dichas comunidades invasoras lo son Paraje Pérez, Tierra Blanca y Concepción Carrizal, que pertenecen al municipio de San Juan Copala, Juxtlahuaca, que ha originado, además, un verdadero clima de inseguridad, traducidos en cuatro asesinatos hasta la fecha, heridos por armas de fuego, cuatro desaparecidos, así como robo de ganado y cosechas, cuyos autores no son perseguidos por la Procuraduría de Justicia. Y culpan de todo esto a la Secretaría de la Reforma Agraria porque en su tiempo no resolvió el problema y sí lo dejo crecer, así como a los caciques de Putla y Juxtlahuaca que se aprovechan de la indolencia de tal dependencia federal para seguir saqueando los recursos naturales con que cuentan, como el café, el plátano y la madera que existen en la región. No se descarta, tampoco, el manipuleo que hacen ciertos lidersillos en la zona, que se valen de la ignorancia y de la serie de problemas agrario que la comunidad Triqui viene arrastrando desde ancestrales años.
San Juan Piñas, del mismo Distrito de Juxtlahuaca, con los poblados de Tilapa y Tierra Colorada, etcétera no se queda atrás en esta clase de problemas. La primera comunidad cuanta con resolución presidencial de la fecha 26 de noviembre de 1975; por las siguientes no las respetan, invadiendo gran parte de las tierras comunales de aquella población y que las autoridades agrarias destacamentadas en la zona no han podido impedir y como pasa en la zona Triqui también aquí abundan los secuestros, los asesinatos y los incendios forestales. Este problema cada día se agrava más, porque las autoridades a quienes compete resolverlo simplemente engañan a los campesinos en sus trámites, diciéndoles "que ahora sí va haber conformidad entre los poblados contendientes".
En el mismo estado se encuentra San Juan Ihualtepec, del Distrito de Silacayoapan, en donde existe expediente agrario legalmente concluido: pero después del 29 de noviembre de 1976, fecha de la resolución presidencial, aparecieron supuestos pequeños propietarios, procedentes de San Sebastián Zoquiapan, del mismo distrito, reclamando predios que dicen incluidos en las tierras comunales de San Juan Ihualtepec; los que han perdido todas las acciones ejercitadas, como la civil y la administrativa y no obstante esto el actual director de Bienes Comunales, licenciado Eduardo de la Fuente Medina, ordena al licenciado Roberto Olivares Arellano, delegado de la Secretaría de la Reforma Agraria en Oaxaca, intervenga para que los referidos comuneros no molesten a los señores Rogelio Aguirre Reyes y familia en el usufructo de los inmuebles que dicen tener en jurisdicción de San Juan Ihualtepec. En este caso la Secretaría de la Reforma Agraria, por conducto del director de Bienes Comunales, no sabe lo que está haciendo y procede se les requiera se abstenga de molestar a los campesinos aludidos con promociones burocráticas y que declare que el expediente agrario de la comunidad aludida está legalmente concluido, como así es, que no existen propiedades dentro de las tierras confirmadas y tituladas.
Algo que también nos preocupa mucho es la ocupación de pequeñas propiedades en jurisdicción del Distrito de Huajuapan, como es el caso de la Exhacienda del Carmen y de la Exhacienda de Santa Teresa, en donde campesinos, asustados por nefastos líderes han ocupado de esas tierras que en un tiempo fueron graneros valiosos en la región y que ahora por tal problema agrario han dejado de producir y por lo mismo ha habido asesinatos como el que tuvo lugar el día 4 de este mes. Lo que es alarmante en la zona, que siendo tan pobre, tenga que sufrir más las vejaciones de la Secretaría de la Reforma Agraria que se ha desentendido de esos conflictos. En otros casos de esta misma zona, núcleo fantasma de población de Zapotitlán Palmas ocupo el Rancho Santa Bárbara recientemente y campesinos de Las Peñas asustados, se afirma, por la Promotoría Agraria en Huajuapan invadió el Rancho Dolores allá en Tezoatlán de Segura y Luna en 1989.
La región de Tuxtepec está que arde, en donde es atacada con saña la pequeña propiedad, de lo que se culpa a la Unión General Obrera Campesina Popular que, por los datos que se tienen, la solapa el gobierno del estado de Oaxaca porque, no obstante las varias quejas, dicha supuesta organización sigue operando, teniendo en jaque a los propietarios de la región norte del estado de Oaxaca, aunándose a ésta grupos políticos que se dicen de izquierda que ostentan las siglas CCC (Central Campesina Cardenista) que en 1989 invadieron 700 hectáreas del rancho "La Pila", perteneciente a Santa María Obispo del mismo distrito de Tuxtepec y que más de 60 campesinos de esa central despojaron a Martiniano Aguirre Cruz, de 100 hectáreas de terreno y secuestraron a su esposa, hija y hermana, las que se ubican en el poblado Julio de la Fuente, perteneciente al
distrito Mixe y de ahí que el dirigente de la Confederación Nacional de la pequeña propiedad haya demandado del gobernador del estado de Oaxaca su intervención para frenar la Unión General Obrero Campesino Popular en la región tuxtepecana, y así evitar que siga corriendo más sangre en esa zona cuyo dirigente lo es Margarito Montes Parra. La zona es de invasiones, además, la Unión General Obrero Campesina Popular mantiene en su poder 14 predios particulares desde 1989 a la fecha. El gobernador prometió tomar cartas en el asunto y ahí quedó y por eso entendemos que se les protege. De ahí a la beligerancia de tal grupo, que el 28 de abril sitió a Tuxtepec por más de 3 horas para exigir la libertad de unos de sus nefastos líderes (Tomás Figueroa López) que con otros malos campesinos despojó a propietarios de pequeños ranchos en la zona del vaso de la presa "Miguel Alemán". Todo lo impiden a base de sangre y fuego y tanto el procurador como el subprocurador destacado en la zona, han perdido todo poder, porque la Unión General Obrero Campesina Popular sigue en su apogeo y no hay poder que la detenga.
Y "el porvenir", perteneciente al bajo Mixe, en donde perdieron la vida cinco personas y otras más resultados heridas el 10 de enero de este año, fue culpa de la Unión General Obrero Campesina Popular que invade tierras en la zona y una consecuencia de no resolver el problema de la tendencia de la tierra en esa región.
Son tan graves, pues, los problemas agrarios en Oaxaca, que la Secretaría de la Reforma Agraria soslaya; pues los pleitos por límites están a la orden del día, como los últimos entre San Isidro Huayapan y Asunción Cacalotepec del distrito Mixe, en donde vecinos de ésta secuestraron a 12 campesinos de la primera comunidad el 10 de mayo, teniendo que intervenir la policía judicial y preventiva para poner el orden y se ignora si ya hayan sido liberados. Conflicto que data desde hace más de 50 años por la disputa de 4 mil 300 hectáreas, y ante el temor de que los privados de su libertad perdieran la vida, los de san Isidro Huayapan pensaron entrar a sangre y fuego para rescatar a sus compañeros.
Lo mismo acontece entre los pueblos de Talea de Castro y San Juan Tabaa (Villa Alta), que se disputan 400 hectáreas, terrenos boscosos y de cultivo que ésta invadió el 15 de octubre de 1988 y que dio lugar que el 23 de mayo se suscitaran los hechos cuyos resultados fueron de un muerto y 4 heridos graves y 15 secuestrados de San Juan Tabaa. Para lo que el gobierno, como el anterior caso, envió contingente para calmar los ánimos y evitar más enfrentamientos. Dentro de poco el gobierno del estado va acudir a "La leva" para reclutar gente que les sirvan de policías, porque los que tienen reclutados ya no alcanzan para cuidar a tanto pueblo en conflictos.
En Tlaxiaco, Oaxaca se registraron hechos violentos para la tenencia de la tierra. El 22 de mayo últimos campesinos de Santo Domingo Tosoñama se enfrentaron a balazos con los agentes del orden que los iban a capturar, dejando un saldo de 14 personas heridas y la causa es el conflicto de límites que tienen con San Juan Numi.
No escapa a las invasiones de tierras por grupos mal dirigidos la zona urbana, como el caso de la parte norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez y Huajuapan de León, en donde con el pretexto de que carecen de vivienda se arrojan sobre pequeñas propiedades que alarman a los dueños y en consecuencia se inhiben de renta (de cardenistas se habla en Huajuapan). Lo que engendra otro problema social que, en el anterior, el de la tierra, constituyen magnos problemas que consideramos no podrán resolver las autoridades que tienen a cargo esa área porque son también parte de ellos, al fomentarlos y sostenerlos.
El problema de los Chimalapas, Oaxaca, cuya selva es la única y más importante del país, se encuentra en peligro de extinción, por la incontenible acción depredadora de talamontes coludidos tradicionalmente con altos funcionarios federales, especialmente de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de la Secretaría de la Reforma Agraria; pues de las 8 mil hectáreas que la conformaban hasta hace 4 años la reserva selvática de los Chimalapas sólo queda la mitad, que podría desaparecer por completo en 8 años más, de no expulsarse a los talamontes. Esto es un acocidio en grande, que los oaxaqueños vemos con tristeza; pero sus gobiernos nada hacen o hacen muy poco para combatirlo.
Sobre este mismo asunto y como dato aportado por la Prensa local de 27 de junio de este año, en ella se asienta el siguiente encabezado: "Se levanta en armas Amoltepec". Y continúa la nota.
Hora a hora de cada día que transcurre, es más latente el peligro de un funesto derramamiento de sangre entre las comunidades de San Mateo Yucutindoó y Santiago Amoltepec perteneciente a Sola de Vega (Oaxaca).
Día a día que pasa, comuneros de Amoltepec se van apoderando de mayores terrenos limítrofes con Yucutindoó, llegando a incursionar hasta 15
kilómetros de esta última población; tiroteando a los pobladores y haciéndolos huir; baleando una escuela y a sus profesores; quemando ranchos y casas; dejando pieles y osamentas de ganado acribillados como advertencia de que están dispuestos a tirar a matar.
Y como un reto a la autoridad, los de Amoltepec conocidos como "los tacuates" atentaron a balazos contra el agente del Ministerio Público de Sola de Vega, Julián Bautista Martínez; el jefe del módulo agrario de Textitlán, José Marco Villanueva, y el promotor agrario de la zona, Bulmaro García Santiago, cuando éstos trataron de inspeccionar la zona del conflicto."
Lo que es muy lamentable señores diputados.
En tal virtud, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo:
Que esta Cámara de Diputados haga una excitativa a las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos para que de inmediato se avoquen al conocimiento de tales hechos a que me refiero, y exijan a las dependencias aludidas resuelvan los graves problemas señalados que existen en el estado de Oaxaca, protegiendo en especial a la pequeña propiedad, que nosotros los del Partido Acción Nacional consideramos como básica para resolver el problema alimentario mexicano.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, 8 de julio de 1991.- Diputados José Herrera Reyes, Enrique Martínez Hinojosa y Jaime García Martínez.»
El Presidente: - Para los mismos hechos tiene la palabra el diputado Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Señor Presidente: Compañeros diputados: En repetidas ocasiones a esta tribuna hemos subido para señalar el grave problema que vive el agro nacional, y en diversas ocasiones también hemos dejado nuestros puntos de vista sobre lo que sucede, quienes vivimos en el territorio oaxaqueño sobre estos problemas.
Hacía yo una reflexión al interior de mi mismo, mientras el compañero hacía sus narrativas del grave problema que los oaxaqueños viven en cuanto a la tenencia de la tierra. Se mencionaba los nombres, y los nombres quedaban en el aire porque en el salón de sesiones los diputados atendían asuntos personales, menos el problema de los campesinos.
Es cierto, tal vez porque Oaxaca tiene 570 municipios sean 570 problemas, tal vez porque Oaxaca eminentemente campesina nuestra raza, tenga este tipo de problemas. Lo que no estamos compartiendo los oaxaqueños que tenemos algo de la experiencia que la vida nos ha dado al transcurrir los años, y al vivir cotidianamente las expresiones de angustias que viven nuestro paisanos, porque no ha habido el momento de ponerle el señalamiento y darle las soluciones al problema del agro, tenemos que seguir arrastrando este tipo de problemas.
Lo hemos dicho muchas veces: el problema es duro, es difícil. Pero más difícil seguirá si no empezamos a atacarlo.
En la Comisión de la Reforma Agraria, de la que formo parte, de esta LIV legislatura, hemos tratado este tipo de problemas; hemos hecho las excitativas a la misma Secretaría de la Reforma Agraria en las diversas y múltiples oportunidades que tuvimos de compartir con los señores secretarios, y no vimos ni siquiera el interés de hacer algo.
Yo no creo que seamos tan apáticos o insensibles al problema. ¿Cómo podemos llegar a una modernidad si no sabemos en el campo qué queremos modernizar? Es posible que tengamos que seguir insistiendo en el problema del agro en Oaxaca, y no es porque el gobierno estatal no quisiera manejar el caso de la tenencia de la tierra, sino porque son graves los problemas que no hay los recursos necesarios en un momento, tanto humanos, como lo hemos referido, y el equipo material, para que quienes están al frente de estas responsabilidades cumplan. Lo hemos señalado: Oaxaca tiene en cada una de sus regiones una bomba a punto de explotar por el problema de la tenencia de la tierra: a veces hasta nos volvemos ya eminentemente apáticos a todo lo que la Prensa local dice: la muerte del campesino equis, de las familias, de los enfrentamientos.
Yo quisiera pedirle a todos los compañeros, sobre todo a la Comisión de la Reforma Agraria, que hagamos un último intento, para tratar de los cientos de cientos de casos que están en los expedientes de la Reforma Agraria, algo se haga.
Referíamos que hemos tenido a veces que separar a los campesinos para evitar los enfrentamientos. Tal vez los problemas de Oaxaca sean múltiples porque es un estado que pareciera que tiene muchos países internos por sus propias regiones y la diferencia de lenguas. Pero lo que yo no puedo
compartir, señores, es que nos quedemos impávidos ante esta situación.
Hace apenas una semana señalábamos que en la costa más de doscientos campesinos armados para ir al asalto, al enfrentamiento con otros hermanos, los tuvimos que parar. Expusimos el caso al señor Secretario de la Reforma Agraria, con carácter de urgente, señor Presidente de la comisión, todavía en aquel entonces López Nogales intervino, ¿y la Reforma Agraria? Bien, gracias. No se vale. No se vale, porque de antemano la situación es grave en Oaxaca, y no echen la culpa después a la ignorancia y a muchas cosas.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana deja muy clara su posición: nosotros también respetamos la pequeña propiedad porque es producto de la Revolución. Tuvo que ser la pequeña propiedad la que diera origen al ejido. Pero no estamos de acuerdo cuando los pequeños propietarios también invaden al tejido para sus propias ganancias.
Compañeros diputados: Este es un tema que no debe quedarse así nada más. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana los invita, el Auténtico de la Revolución para que hagamos algo. De otra manera, en Oaxaca los campesinos seguirán echando a perder lo poco que nos queda de herencia: El Parque Nacional de Chacagua, una belleza que muy pocos conocemos. También ya lo están destruyendo por la falta de tierra.
El Presidente: - Sobre el mismos tema, por cinco minutos, tiene la palabra el diputado Diódoro Carrasco Palacios.
El diputado Diódoro Carrasco Palacios: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Realmente es satisfactorio, diría yo en mi concepto, que un compañero diputado del Partido Acción Nacional se interese por los problemas agrarios de Oaxaca. Yo quisiera que muchos compañeros como él, se interesaran en la solución de los problemas agrarios que tiene el estado de Oaxaca. Sin embargo, considero que este tema tiene una profundidad tal, que no vasta con venir a leer una lista de problemas que evidentemente existen; evidentemente existen como lo dice el compañero Melo; porque Oaxaca tiene una situación de carácter agraria, muy especial.
Para nadie que se precie de ser auténtico oaxaqueño, es desconocido el hecho de que los problemas agrarios ancestrales, se originan justamente en el problema de los bienes comunales.
Las resoluciones presidenciales que se han encimado una sobre otra, y que no permiten tener una solución adecuada y expedita de los problemas agrarios. Pero esto, es fundamental que se analice con más profundidad. Por ejemplo, hace muy pocas semanas, la semana antepasada, aprobamos en esta Cámara la modificación del artículo 4o., constitucional, precisamente en el que se establece que los problemas de carácter agrario de los indígenas, se tratarán de acuerdo con los usos y costumbres jurídicas de cada uno de los núcleos. Y para nuestra preocupación, diría, los señores del Partido Acción Nacional, y entre ellos mi paisano, el señor Herrera, se abstuvieron o votaron en contra de esta modificación.
No nos explicamos cómo es esa preocupación de nuestro paisano, si cuando se presenta una situación que permite jurídicamente pensar en la solución de los problemas comunales, se vota en contra de este trascendental acuerdo que indiscutiblemente beneficiará a los indígenas oaxaqueños.
Por otro lado, no estoy de acuerdo en las exposiciones del compañero Melo, en el sentido de que la Secretaría de la Reforma Agraria: bien gracias. El compañero Víctor Cervera, señor secretario, ha estado en varias y repetidas ocasiones en Oaxaca. Se han creado juntas de avenimiento; se ha tratado humanamente, hasta donde es posible, de resolver los problemas agrarios, que no estoy dudando ni estoy negando que existen en Oaxaca. Pero existen fundamentalmente repito, por que en un estado eminentemente indígena, que tiene problemas de carácter comunal muy trascendentales, de mucho tiempo atrás.
Y el señor gobernador Heladio Ramírez López, ha creado también un tribunal para que haya juntas de avenimiento con el objeto de resolver dentro de la mayor equidad y de la mejor manera posible, los problemas agrarios que confronta Oaxaca.
Yo invito al compañero del Partido Acción Nacional y al compañero Melo, a que sin que se establezca una polémica, sí compartimos su preocupación; nos da gusto, repito como lo dije en un principio, que un compañero del Partido Acción Nacional, aunque involucre la pequeña propiedad, y los problemas agrarios, se preocupe por la solución de los problemas agrarios, fundamentalmente de los indígenas. Yo los invito pues, en forma comedida y respetuosa, para que hagamos sí, como dice el compañero Melo, un último intento para presentarnos ante la Secretaría de la Reforma Agraria y ante los tribunales de conciliación del estados de Oaxaca, y busquemos
conjuntamente la solución a estos problemas que se han mencionado. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hablar sobre los mismos hechos, tiene la palabra el diputado Francisco Castañeda Ortíz, por cinco minutos.
El diputado Francisco Castañeda Ortiz: - Buenas tardes, estimados compañeros; señoras legisladoras, señores diputados: He venido brevemente a exponer un documento que un comisariado ejidal me encomendó presentar en esta Cámara.
Yo le pido al señor Presidente que el señor secretario nos haga favor de dar lectura a estas tres páginas que traigo. por favor. ¡Es poquito!
El Presidente: - Proceda la secretaría en el sentido que lo solicita, rogándole al diputado Castañeda concrete de una manera más precisa la lectura del documento que más le interese y se refiera al mismo asunto, si es tan amable.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Sí, señor Presidente; ejidos los Fernández, municipio de Villa de Ramos...
El diputado Diódoro Carrasco Palacios (desde el curul): - Señor presidente...
El Presidente: - Dígame, diputado.
El diputado Diódoro Carrasco Palacios (desde su curul): - Que se consulte a la asamblea y se inserte en el Diario de los Debates. (Aplausos.)
El diputado Francisco Castañeda Ortiz: - No! Yo quiero que se lea.
El Presidente: Señor diputado: Es derecho del diputado solicitar que se dé lectura a ese documento. La Presidencia, si me permite, diputado Melo, sugiere amablemente al diputado Castañeda, que de las tres hojas concrete la parte que consideré él medular para la discusión de este asunto, si es tan amable, diputado Castañeda; si no estuviera de acuerdo en la propuesta del diputado que acaba de presentar, que se inserte en el Diario de los Debates.
El diputado Francisco Melo Torres (desde su curul): Señor Presidente!
El Presidente: - Dígame, señor diputado Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): La petición del compañero Ortíz, él está solicitando el derecho que tiene para que la secretaría acceda a leer. Usted mismo autorizó; es muy corto lo que se tiene que leer. Yo pienso que debemos tener los mismos derechos y las mismas igualdades todos. Nada más.
El Presidente: - La Presidencia ha procedido en ese sentido. Continúe la secretaría con la petición del diputado Castañeda.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Ejidos los Fernández, municipio de Villa de Ramos. 21 de enero de 1991.
«Licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente constitucional de los Estado Unidos Mexicanos, Palacio Nacional, México, Distrito Federal.
Los que suscriben y al calce firmamos, autoridades ejidales del ejido citado al rubro, en base al artículo 8o., de nuestra Carta Magna, comparecemos ante usted con todo respeto a manifestar lo siguiente:
Señor Presidente: Hace trece años se inició es este ejido el acaparamiento de terrenos ejidales de una manera ilícita, sin tomar en cuenta a la asamblea ni a la autoridades ejidales. Dicho grupo de campesinos, a pesar de estar excedidos en su dotación, siguen acaparando grandes extensiones de terreno con la anuencia de las autoridades de la delegación agraria y procuraduría de nuestro estado, y por más denuncias que se han hecho, jamás hemos tenido respuesta favorable de dichas instituciones.
Es por esto, señor Presidente, que recurrimos ante usted como máxima autoridad en la materia, y de todas las instituciones en nuestro país, para que su gran capacidad y buena voluntad, no sea burlada por funcionarios corruptos que lejos de solucionar los problemas, los postergan, tal vez por su escasa capacidad o porque son sobornados por los que tienen más recursos para burlar o comprar la justicia.
En espera de su valiosa intervención, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
Las autoridades ejidales, Presidente, una firma ilegible, el secretario Juan Núñez, el tesorero Bruno Meza y el Consejo de Vigilancia, firmas ilegibles.»
«Ejido "Los Fernández", municipio de Villa de Ramos, San Luis Potosí, a 22 de enero de 1991.
Ciudadano Ingeniero Víctor Cervera Pacheco, secretario general de la Secretaría de la Reforma Agraria.- México, D.F.
Los que suscriben, autoridades ejidales del ejido "Los Fernández", municipio de Villa de Ramos, estado de San Luis Potosí, y con la representación que la honorable asamblea nos ha conferido, comparecemos ante usted con todo respeto a manifestar lo siguiente:
En base al artículo 27 de nuestra Constitución Política y al artículo 220 de la Ley Federal de Reforma Agraria, hacemos formal denuncia en contra de un grupo de ejidatarios, pertenecientes a este núcleo ejidal que en su afán de expansión están acaparando grandes extensiones de tierra, ocasionando con esto la extinción de bosques y fauna silvestre.
Señor secretario cabe aclarar que dichos campesinos jamás han tomado en cuenta a la honorable asamblea, ni a las autoridades ejidales, ya que como cuentan con bastantes recursos económicos cercan grandes extensiones de terreno que van desde las 50 hectáreas hasta 200 hectáreas, y este problema es añejo ya que desde hace 13 años se viene dando este tipo de situaciones y por más denuncias que se han hecho en la delegación de nuestro estado, jamás se nos ha hecho caso.
Tal parece que dichos campesinos en un futuro no lejano serán los dueños del ejido, ya que cuentan con recursos para cercar grandes extensiones de terreno y de paso sobornar a las autoridades estatales en la materia.
Es por esto, señor secretario, que solicitamos su valiosa intervención, a fin de que se deslinden responsabilidades y se proceda a lo conveniente.
Pero lo antes expuesto, únicamente nos resta manifestarle nuestro más sincero agradecimiento por la atención que se sirva prestar al presente.
Atentamente.
Las autoridades ejidales.»
El señor diputado acepta que sólo se lean estos dos oficios que he leído.
El diputado Francisco Castañeda Ortiz: - Hago entrega al señor Presidente, para que me haga favor de sellarlo y firmarlo, y le dejo copias. Muchas gracias, señores diputados.
Presidencia del diputado Víctor Manuel
Carreto Fernández de Lara
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Carlos Aguilar. Y para terminar con este tema, también por cinco minutos, el diputado José Herrera.
El diputado Carlos Mauricio Aguilar Camargo: - Buenas noches. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Pues hablar de la Reforma Agraria en este momento tan difícil, en que ya somos pocos los que nos encontramos en esta reunión, pero yo creo que la modernidad a la Secretaría de la Reforma Agraria nunca llegó, la simplificación administrativa tampoco llegó. Y que las palabras del licenciado Salinas de Gortari para abatir el rezago agrario, creo que se va acumulando en lugar de ir desahogando tanto problema.
En la Comisión de Reforma Agraria de esta Cámara, se trataron en algunas ocasiones algunas gestorías de algunos problemas que teníamos que dar trámite y que por medio de la comisión se iba a ayudar a darle mayor agilidad. Pero desgraciadamente la Secretaría de la Reforma Agraria en puras vueltas y en puras mentiras trajo a los diputados de esta LIV Legislatura.
Creo yo que la Reforma Agraria no ha cumplido y hay asuntos en terrenos nacionales, por ejemplo del estado de Chihuahua, que ya están pagados, que ya están delimitados, que ya tienen planos, que ya tienen todo, pero no salen. Y no salen porque posiblemente quiera "una corta", como le dice por ahí.
Y así desgraciadamente yo creo que terrenos nacionales, ya es en estas fechas para que tuviera titulado todos aquellos terrenos que tienen por titular el gobierno federal.
Sin embargo permanece y permanece el problema. Por lo cual, pues es triste reconocer que la LIV Legislatura la Secretaría de la Reforma Agraria, en muchos de los casos planteados en un 60, o en un 80% no se dio avance dentro de los tres años.
Yo creo que se necesita, realmente, voluntad política del Ejecutivo para que los problemas agrarios, aquellos que se puedan resolver se le den rápida solución, aquellos más difíciles darles un tratamiento acorde a la situación que prevalece, pero yo creo que hay situaciones que se pueden
resolver de una forma fácil y que la Secretaría de Reforma Agraria en lugar de facilitar la resolución, cada día hace más difícil la solución de los problemas y creo yo que necesitamos realmente que el Poder Ejecutivo tenga la voluntad política para resolver los problemas agrarios. (Aplausos.)
La diputada Arely Madrid Tovilla (desde su curul): - Una pregunta al orador, señor Presidente.
El Presidente: - Formule su pregunta, compañera diputada.
La diputada Arely Madrid Tovilla (desde su curul): - Yo nada más quiero preguntarle, ¿Qué si de acuerdo con la Ley Federal de la Reforma Agraria los terrenos nacionales deben pagarse?
El diputado Carlos Mauricio Aguilar Camargo: - Si señorita, están pagados, los que yo he dicho que están en trámites en Chihuahua, ya se pagaron, ya se limitaron, se hicieron los planos, se hicieron los... todo el procedimiento que se debe llevar, pero no es eso, pero si se pagaron por medio al avalúo que hace un organismo de la misma Secretaría de la Reforma Agraria. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado José Herrera, por cinco minutos para rectificar hechos.
El diputado José Herrera Reyes: - Nada más quiero hacer ciertas aclaraciones, por lo que vino a decir aquí el buen amigo, diputado del partido oficial, efectivamente en mi documento inserté una lista de casos y yo lo invito al señor diputado a que en verdad se interese por la comisión de la que forma parte y esta lista de casos se aclaren, porque es la realidad y no solamente lo comentamos los de Acción Nacional, lo comentan todos los partidos políticos a excepción del partido oficial que viene hablar a favor del gobierno del estado de Oaxaca.
Por lo que se refiere a los indígenas que yo me abstuve de votar desde un principio, señor Presidente de la Comisión, yo expresé en el seno de las comisiones que no era reforma, no era con la reforma constitucional con la que iba a resolver el problema de los indígenas...
El Presidente: - Permítame, señor diputado, ¿desea formar alguna pregunta?
El diputado José Herrera Reyes: - Era problema de la ley secundaria y porque yo desde un principio sostuve que por leyes no parábamos, puesto que existen tantas leyes para la defensa de los indígenas y los que nos hace falta es la aplicación de esa ley tan así que en materia penal las reformas que se hicieron que nosotros la aprobamos en lo general y en lo particular, esas leyes no se cumplen y hasta la fecha siguen los tormentos y los malos tratos a los indígenas en las diferentes cárceles y en las diferentes administraciones públicas de los estados.
Por otra parte, en el seno de la Comisión, o de las comisiones, fui claro y preciso. A los indígenas hay que llevarles directamente lo de Programa Nacional de Solidaridad Social, hay que darles participaciones federales, hay que darles todos los servicios que necesitan. Pero esto no es problema de la ley, es problema de la falta de una honesta administración pública. Es por eso, señoras y señores diputados que nosotros nos debemos enterar, interesar porque todo los beneficios lleguen a los indígenas y a todos los ciudadanos de México. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alfredo Monsreal, y en turno el diputado José Murat.
El diputado Alfredo Monsreal Walkinshaw: - Señor Presidente; honorable asamblea; Estoy identificado, no somos oaxaqueños, pero este tema nos interesa mucho. Les ruego un poquito más de su valiosa atención.
El problema de la tenencia de la tierra no es exclusiva del estado de Oaxaca. Es un problema de naturaleza nacional. Esto incrementado por organizaciones que, aunque bajo el mando de la Constitución que ampara las diversas tenencias de la tierra, desbordan sus acciones yendo hasta el margen de la Constitución, saliéndose incluso de ella.
De ello hay partidos políticos perfectamente identificados con esas acciones que lamentablemente se llega a casos como el señalado aquí en esta tribuna por los que me atencedieron en el uso de la expresión, hasta hechos sangrientos. La pequeña propiedad, como el ejido, la primera día con día se va reduciendo porque toda invasión que es realizada, en la negociación que se lleva de ella se concluye que tiene que entregarse alguna fracción de la misma para el ejido. Cuando los ejidos están rentándose o el comisariado ejidal está apoyando las ventas a nuevos ejidatarios, entonces la pequeña propiedad se va sintiendo reducida porque estas personas que ya cedieron sus derechos vuelven como un nuevo núcleo de población
a solicitar nuevas tierras, y así continuamente.
Ya se ha dicho aquí estamos conscientes, nada tenemos contra el ejido en especial sino contra sus administradores en lo general, por la corrupción de que se dieron los mismos; hay las excepciones muy señaladas positivas.
De ello, quiero expresar que para que esto de las invasiones agrarias pudiera jurídicamente detenerse, sería necesario modificar el Código Penal Federal para que este hecho se califique, se tipifique como un delito federal. Porque nuestra país, nuestra tierra no puede ampliarse en su textura, serán los mismos kilómetros cuadrados por el resto de la humanidad, excepto que tengamos el poderío expansionista en aquel futuro, para pensar que nuestro país pudiera ampliarse.
Sin embargo, creemos que de esta manera podrían esos problemas reducirse o eliminarse, amén que se ha dicho que la etapa de reparto agrario ha concluido, viene y está la de la industrialización, que es la etapa en que estamos viviendo. Luego entonces, será necesario que esta asamblea, que esta legislatura, en lo que le reste del tiempo, que es muy limitado, pudiera llegar a la conclusión de reformar el Código Federal Penal. Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Por cinco minutos tiene la palabra el diputado José Murat, sobre este mismo asunto.
El diputado José Murat: - Lo cierto, señor Presidente con su permiso, es que Oaxaca efectivamente es un estado con un gran rezago histórico en materia agraria, su pobreza ahí está presente. Y ahora que yo escuchaba las palabras del diputado Herrera y el diputado Melo, me pareció interesante, tomando el hilo de lo planteado por el diputado Diódoro Carrasco, que todos estos asuntos que aquí se han planteado serían interesantes que se trasladarán a la Comisión de Reforma Agraria y que ahí fueran materia de la discusión y del análisis, ya que observó el interés de los diputados federales de origen oaxaqueño, de las distintas fracciones parlamentarias que estamos en la Cámara, su interés para precisamente analizar y encontrar mecanismos de solución que nos permitan, a Oaxaca, a los oaxaqueños, resolver su pobreza y su rezago histórico.
Pido en consecuencia señor Presidente, que lo vertido por el diputado Herrera y por los señores diputados Melo, Diódoro Carrasco y las opiniones aquí vertidas, pasen a la Comisión de Reforma Agraria y sean materia de los diputados federales oaxaqueños para analizar y revisar el problema y el rezago y la pobreza que tenemos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Túrnese a la Comisión de Reforma Agraria.
Dé la secretaría cuenta de los asuntos pendientes.
La secretaria diputada Sofía Valencia Abundis: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
ORDEN DEL DÍA.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura.
Orden del día
9 de julio de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
A. Correspondencia
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores
Por el que se comunica los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de la LIV Legislatura.
B. Iniciativas
C. Informes de comisiones
D. Dictámenes de primera lectura
E. Dictamen a discusión
De la Comisión de educación Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Designación de la Comisión Instaladora.
F. Proposiciones
G. Declaraciones, fijación de posiciones y opiniones
H. Denuncias
Los rubros B, C, D, F, G y H se integrarán con los puntos que en las reuniones de la mesa directiva inscriban los grupos parlamentarios, además, con los asuntos con los que la secretaría de cuenta.»
El Presidente (a las 21.14 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana martes 9 de julio a las 10.00 horas.
Fe de Erratas :
En la edición número 16 del Diario de los debates, correspondiente al 19 de junio de 1991, pagina IV :
Séptimo renglón, dice : Héctor Collío Galindo; debe decir : Héctor Colío Galindo.
Vigésimo segundo renglón, dice: sobre el período extraordinario...; debe decir: sobre Período Extraordinario...
Vigésimo noveno y trigésimo renglones, dice: David Ramírez García; debe decir: Ramiro Hernández García.
La Dirección.