Legislatura LIV - Año III - Período Ordinario - Fecha 19910709 - Número de Diario 22
(L54A3P1oN022F19910709.xml)Núm. Diario:22ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS Diputado Sami David David
RECINTO LEGISLATIVO CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES Héctor de Antuñano y Lora
Año III México, D. F., martes 9 de julio de 1991 No. 22
SEGUNDO PERÍODO ORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
SOLICITUDES DE LICENCIA
Del diputado Benigno Gil de los Santos
Del diputado Fernando Córdoba Lobo
Se formulan punto de acuerdo, sin discusión se aprueban.
OFICIOS DE LA COLEGISLADORA
Para informar sobre la integración de la Comisión Medalla Belisario Domínguez.
Para informar sobre la integración de la Comisión Permanente.
INICIATIVAS
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
Presentada por la diputada María Guadalupe Rodríguez Carrera. Se turna a la Comisión de Educación Pública
LEY DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA
Presentada por el diputado Ramiro Pedroza Torres. Se turna a la Comisión de Comercio.
ARTÍCULO 69 CONSTITUCIONAL
Presentada por el diputado Mario Cuervo Hermosillo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL DISTRITO FEDERAL
Presentada por el diputado Julián Angulo Góngora. Se turna a la Comisión de Justicia.
ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL
Presentada por el diputado Jaime Fernández Sánchez. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CÓDIGO DE COMERCIO
Presentado por el diputado Sergio Alfonso Rueda Montoya, Se turna a la Comisión de Comercio
LEY FEDERAL DE PESCA
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Se turna a la Comisión de Pesca.
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA JUVENTUD
Presentada por el diputado Vicente Luis Coca Alvarez. Se turna a la Comisión de Seguridad Social.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DEL DERECHO DE AUTOR
De la Comisión de Educación Pública con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de dicha ley. En su discusión en lo general intervienen los diputados:
Onofre Hernández Rivera
José de Jesús Sánchez Ochoa
En lo particular sobre el artículo 4o. intervienen los diputados:
Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza en contra.
Alberto Julián Assad Ávila en pro.
Se aprueba en lo general y lo particular, pasa al Ejecutivo.
ELECCIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Votación, escrutinio y resultados.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
Para integrar la comisión instaladora del Colegio Electoral de la LV legislatura. Se aprueba.
CUMBRE IBEROAMERICANA
Punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
Sobre la integración de Comisiones y Comités. Se aprueba.
PROPOSICIONES
SOBRE EL CARGO 1148
Del diputado Sóstenes Melgarejo Fraga. Intervienen los diputados:
Noé Aguilar Tinajero en pro.
Alberto Amador Leal en contra.
Astolfo Vicencio Tovar
José Jaime Enríquez Félix
Sóstenes Melgarejo Fraga
Alberto Amador Leal
Manuel de Jesús Ponce González
Se desecha la proposición.
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA OBSERVAR EL ECLIPSE
Del diputado Ismael Yáñez Centeno. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES
Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constituciones.
Presenta voto particular el diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa.
Se dispensan los trámites y se pone a discusión de inmediato interviniendo los diputados:
Ciro Mayén Mayén
Javier López Moreno
Jesús Ortega Martínez
Javier López Moreno, para contestar alusiones personales.
Rodolfo Duarte Rivas
Leonel Godoy Rangel
Ricardo Monreal Ávila
Israel Félix Galán Baños
Carlos Navarrete Ruíz
Aquiles López Sosa
Jesús Ortega Martínez
David Ramírez Márquez
José Francisco Melo Torres
Gerardo Ávalos Lemus
Ignacio Castillo Mena
Federico Ruíz López
Manuel Marcué Pardiñas
Ulises Lara López
Carlos Javier Vega Memije
Bernardo Bátiz Vázquez
Ciro Mayén Mayén
Miguel Ángel Pérez Quiroz
Miguel Aroche Parra
Se aprueba el dictamen.
SOBRE CRÉDITOS PESQUEROS
Del diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El diputado Napoleón Cantú Cerna toma la palabra a nombre de la Comisión.
Se turna a las comisiones de Justicia y de Vigilancia de la contaduría.
SOBRE LA VEDA DEL BORREGO CIMARRÓN
Del diputado Prisciliano Meléndez Barrios. Se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Sobre el mismo tema, el diputado Blas Vergara Aguilar.
SOBRE VIOLENCIA EN LA FRONTERA NORTE
Del diputado Elías Alberto Freig Delgado a nombre de varias fracciones parlamentarias.
SOLICITUDES DE EXCITATIVA (I)
De la diputada Rosalía Ramírez de Ortega dirigida a las comisiones de Cultura y Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Asentamientos Humanos.
Intervienen los diputados:
Fernando Córdoba Lobo
Gilberto López y Rivas
Rosalía Ramírez de Ortega
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
Sobre Propaganda electoral en Matamoros toma la palabra el diputado David Ramírez Márquez
Jaime Rodríguez Inurrigarro
Horacio Treviño Valdez
Jaime Rodríguez Inurrigarro
Lorenzo Treviño Santos
Se turna a la Comisión de Información Gestoría y Quejas.
SOLICITUDES DE EXCITATIVA (II)
En atención a la solicitud presentada por la diputada Rosalía Ramírez de Ortega se excita a las comisiones requeridas.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Sobre elecciones en dicho estado toman la palabra los diputados:
Alejandro Díaz Pérez Duarte
Leopoldo Homero Salinas Gaytán
Miguel Aroche Parra
Yolanda García de Vargas
Alejandro Díaz Pérez Duarte
José Luis Luege Tamargo
Jorge del Rincón Bernal
María Leonor Sarre de Guerrero
INVITACIÓN
De la Cámara de Senadores para asistir a la Sesión Solemne en la que se impondrá la Medalla Belisario Domínguez. Se designa Comisión.
SOBRE DERECHOS HUMANOS
Gerardo Ávalos Lemus
Espiridión Sánchez López
LEY CALLES
Del diputado Alfredo Oropeza García
SOBRE CASAS DE BOLSA
Diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA GÓMEZ JUÁREZ
(Asistencia de doscientos setenta y cuatro diputados)
ASISTENCIA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente. Hay una asistencia de 274 diputados. Hay quórum.
La Presidenta (a las 12.02 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Segundo Período Ordinario de Sesiones.- Tercer Año.- LIV Legislatura. Orden del día
9 de julio de 1991.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Correspondencia
Comunicaciones de ciudadanos diputados.
Proposiciones de la Gran Comisión.
Oficios de la honorable Cámara de Senadores
La honorable Cámara de Senadores, invita a la sesión solemne, en la que se impondrá la "Medalla Belisario Domínguez."
Por el que se comunica los nombres de los senadores que fueron electos para integrar la Comisión Permanente del Segundo Receso del Tercer Año de la LIV Legislatura.
Iniciativas
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas y adiciones a la Ley Federal de Educación.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 5o., de la ley de las cámaras de Comercio e Industria.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de reformas a la Ley Federal de Pesca.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, de Ley de Fomento y Protección a la Juventud.
Dictamen a discusión
De la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.
Elección de miembros de la Comisión Permanente.
Designación de la comisión instaladora.
Proposiciones
De los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura, sobre medidas de seguridad para la observación del eclipse.
De los grupos parlamentarios de los partidos: Acción Nacional y de la Revolución Democrática, sobre declaraciones de Prensa, en relación al 1148.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Tratado de Libre Comercio.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre las actuaciones de la Procuraduría General de la República.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para extender el área de veda del borrego cimarrón.
De los grupos parlamentarios que integran la LIV Legislatura, sobre problemas de violencia en la frontera norte.
Declaraciones, fijación
de posiciones y opiniones
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la modificación de la fecha de elecciones.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre propaganda electoral, en el estado de Jalisco.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre acontecimientos electorales, en Chiapas.
Del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, sobre acontecimientos agrarios, en Zacatecas.
De los grupos parlamentarios de los partidos: de la Revolución Democrática y Acción Nacional, sobre elecciones en Nuevo León.
Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, sobre las cuotas en los colegios particulares.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre la situación política en Tamaulipas.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre Derechos Humanos en México.
Petición de excitativa a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la gira del Presidente de la República.
Petición de excitativa a las comisiones de Justicia y de Gobernación y Puntos Constitucionales, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el Llano de Solidaridad.
Del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre las casas de bolsa. Del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la evaluación de la LIV Legislatura.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Juan Manuel Rosas Verdugo:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Segundo Período de Sesiones Ordinarias del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Presidencia de la diputada
Margarita Gómez Juárez
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura al acta de la sesión del día dos de julio de mil novecientos noventa y uno, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con seis minutos del día ocho de julio de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de doscientos sesenta y tres diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.
Presidencia del diputado
Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara
Se da cuenta con una comunicación de la diputada María Elena Chapa Hernández, quien informa de su reincorporación a las labores legislativas. De enterado.
La secretaría da lectura a una comunicación de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, relativa a su sesión pública del día cuatro de julio próximo pasado. De enterado. Insértese en el Diario de los Debates.
Hace uso de la palabra la diputada Rebeca Anchondo Fernández, quien presenta iniciativa de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en materia de discapacidad. Se turna a la Comisión de Justicia.
Sube a la tribuna la diputada Manuela Sánchez López, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa de Ley Federal del Cultivo de la Caña de Azúcar y su Industrialización. Se turna a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Sánchez Ochoa, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Se turna a la comisión correspondiente.
Presidencia del diputado
Sami David David
Para presentar iniciativa de reformas a diversas disposiciones del Código de Comercio, hace uso de la palabra el diputado Sergio Rueda Montoya, del Partido Acción Nacional. Se turna a la Comisión de Comercio.
Se da cuenta con un dictamen de la Comisión de Educación Pública, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor. Es de primera lectura.
Tres dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto en los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, Javier Gaspar Wimer y Zambrano, Leopoldo Díaz Pérez y José Jorge Lozano Cedeño, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Bélgica, Yugoslavia y los Estados Unidos de América, respectivamente.
Para presentar una moción suspensiva en el caso del dictamen correspondiente al ciudadano Alfredo Hilario Isidro del Mazo González, hace uso de la palabra el diputado Gerardo Arellano Aguilar, del Partido Acción Nacional, quien solicita que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fundamente el dictamen.
Hace uso de la palabra el diputado José Murat, a nombre de la comisión dictaminadora y después de diversas aclaraciones que, desde sus respectivas curules hacen los diputados Juan José Medrano Castillo, Gerardo Arellano Aguilar, Javier Gaeta Vázquez y José Murat, se concede el uso de la palabra para aclarar hechos al diputado Gerardo Arellano Aguilar, del Partido Acción Nacional.
Suficientemente discutido, la secretaría da lectura a cuatro dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Walter Kurt Stump, Francisco Beckmann Vidal, José Martínez Güitrón y Carlos Patricio Canseco González, puedan aceptar y desempeñar los cargos de cónsules honorarios de Suiza, Perú, Dinamarca y Filipinas, en Guadalajara, Jalisco los tres primeros y en Monterrey Nuevo León, el último. No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría recoge la votación nominal de estos dictámenes y los anteriormente reservados, misma que resulta aprobatoria por doscientos sesenta y un votos. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Para referirse a lo que calificaron de deterioro de los salarios y la política salarial, hacen uso de la palabra los diputados Ignacio Castillo Mena, del Partido de la Revolución Democrática y Jesús Ponce González, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Presidencia del diputado Víctor Manuel
Carreto Fernández de Lara
Para referirse a diversos problemas que afrontan campesinos del estado de Puebla, en relación con sus ejidos, hace uso de la palabra el diputado Miguel Aroche Parra, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a las comisiones de Reforma Agraria y de Información, Gestoría y Quejas.
Para referirse a problemas de cólera morbus en el estado de Hidalgo, hacen uso de la palabra los diputados Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Víctor Manuel Sarabia Luna, del Partido Revolucionario Institucional, a nombre de la Comisión de Salud y, para rectificar hechos, los diputados Alberto Assad Ávila, del Partido Revolucionario Institucional; Ernesto Jiménez Mendoza, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática. Se turna a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
Se concede el uso de la palabra al diputado Noé Aguilar Tinajero, del Partido Acción Nacional, quien propone un punto de acuerdo sobre la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.
Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Alberto Amador Leal, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de Energéticos.
Sobre el desarrollo de Bahía de Banderas, en Baja California Sur, hace uso de la palabra el diputado Espiridión Sánchez López, del Partido Acción Nacional. Se turna su propuesta a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
Para referirse a la perforación de pozos profundos de agua potable en el estado de Jalisco, hacen uso de la palabra los diputados Octavio Espinoza Martínez, del Partido Acción Nacional; Francisco Espinoza Urzúa, del Partido Revolucionario Institucional; Gilberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática y Octavio Espinoza Martínez, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos. Se turna a la Comisión de Ecología y a la de Información, Gestoría y Quejas.
Presidencia del diputado
Sami David David
Para expresar palabras de homenaje a don Hermenegildo Galeana, hace uso de la palabra el diputado Blas Vergara Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se le concede el uso de la palabra el diputado Alfredo Arenas Rodríguez, del Partido Acción Nacional, quien denuncia violación a las aguas territoriales mexicanas en los mares del sureste. Se turna a las comisiones de Marina y de Relaciones Exteriores.
Para referirse al aniversario luctuoso de don Valentín Gómez Farías, hace uso de la palabra la diputada Margarita Gómez Juárez, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidencia, hace uso de la palabra el diputado César Flores Maldonado, quien informa sobre la salud del diputado Alexander Santos Alvarez, quien sufrió un grave accidente en el estado de Chiapas. De enterado.
Presidencia del diputado
Horacio González de las Casas
Para referirse a la trágica muerte del periodista Víctor Manuel Oropeza, hacen uso de la palabra los diputados José Bueno Carrera, del Partido Acción Nacional; Israel Galán Baños, del Partido del Trabajo; Lorenzo Treviño Santos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Reynaldo Rosas Domínguez, del Partido de la Revolución Democrática; David Esquipulas Gómez Reyes, del Partido Revolucionario Institucional; Pedro Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional y Oscar Villalobos Chávez, del Partido Revolucionario Institucional.
Presidencia del diputado
Sami David David
Continúan expresando sus opiniones sobre el mismo asunto, los diputados Pedro Acosta Palomino, del Partido Acción Nacional, para contestar alusiones personales; Félix Bueno Carrera, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y Manuel Marcué Pardiñas, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar una interpelación del diputado Villalobos Chávez. Se turna a las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría da lectura a una iniciativa de los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la Quincuagésima Cuarta Legislatura, con proyecto de decreto que fija el período de instalación del Colegio Electoral, para calificar la elección de los presuntos diputados y senadores de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión.
La Presidencia solicita la anuencia de la asamblea para que se dispensen todos los trámites y se ponga a discusión y votación de inmediato y después de diversas aclaraciones que desde sus curules hacen los diputados Leonel Godoy Rangel, Federico Ruíz López y Manuel Marcué Pardiñas, se concede el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel, quien se pronuncia en contra del procedimiento y el diputado Federico Ruíz López, quien apoya la moción del diputado Godoy.
Desde su curul, el diputado José Murat solicita que se reponga el procedimiento y, también desde su curul, el diputado Manuel Marcué Pardiñas, declara que el Partido de la Revolución Democrática no aprueba la iniciativa firmada por el diputado Ignacio Castillo Mena.
El diputado Juan Jaime Hernández, desde su curul, apoya la moción en contra del procedimiento y se concede el uso de la palabra al diputado Leonel Godoy Rangel, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
La asamblea con más de dos terceras partes de los individuos presentes, vota por la dispensa de todos los trámites.
Para expresar sus opiniones en contra de la iniciativa, hacen uso de la palabra los diputados Leonel Godoy Rangel y Pedro René Etienne Llano, ambos del Partido de la Revolución Democrática y no habiendo nadie más que haga
uso de la palabra, la secretaría recoge la votación en lo general y en lo particular, misma que resulta aprobatoria por doscientos cincuenta y un votos. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al diputado Octavio Moreno Toscano, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a lo que llamó despojo de tierras en Ocoyoacac, México.
Para expresar su opinión al respecto, hace uso de la palabra el diputado Arturo Osornio Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional y, nuevamente el diputado Moreno Toscano, para rectificar hechos.
Se concede el uso de la palabra al diputado José Herrera Reyes, del Partido Acción Nacional, quien se refiere a problemas agrarios en el estado de Oaxaca, y, para expresar sus opiniones sobre el mismo asunto, suben a la tribuna los diputados Francisco Melo Torres, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Diódoro Carrasco Palacios, del Partido Revolucionario Institucional, Francisco Castañeda Ortíz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Carlos Aguilar Camargo, del Partido Acción Nacional; José Herrera Reyes, del Partido Ación Nacional; Alfredo Monsreal Walkinshaw, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y José Murat, del Partido Revolucionario Institucional. Se turna a la Comisión de la Reforma Agraria.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiún horas con dieciséis minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, martes nueve de julio de mil novecientos noventa y uno, a las diez horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba... Aprobada, señor Presidente.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar:
«Ciudadano diputado Sami David David, Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Para estar en posibilidad de desempeñar un cargo en la administración pública del estado de Coahuila, en los términos del artículo 62 de la Constitución Política de la República, me permito solicitar licencia para separarme de mis funciones como diputado federal a partir del día 11 del presente mes y año.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1991.
- Diputado Benigno Gil de los Santos.»
El mismo Secretario diputado:
«Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados.- Presentes.
Por su estimable conducto me permito presentar respetuosa solicitud a la honorable Cámara de Diputados, para el efecto de que se me otorgue licencia a partir del próximo 15 de julio, a fin de separarme del cargo de diputado.
Requiero esta licencia para la atención de asuntos estrictamente personales de carácter impostergable.
La presente solicitud la fundamento en los artículos 47, 48, 49 y demás relativos del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Agradezco la atención que sirvan dar a esta solicitud y me complazco en reiterarles las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1991.- Diputado Fernando Córdoba Lobo, coordinador de la diputación federal del estado de Veracruz.»
Presidencia del diputado
Sami David David
El Presidente: - Esta Presidencia considera los asuntos con los que se acaba de dar cuenta como de urgente resolución. Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensan todos los trámites y se someten a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea
en votación económica, si se les dispensan todos los trámites y se ponen a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Dispensados todos los trámites.
El Presidente: - En consecuencia, se ruega a la secretaría poner a discusión los puntos de acuerdo.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Están a discusión los siguientes puntos de acuerdo.
Primero. Se concede licencia al diputado Benigno Gil de los Santos, para separarse de sus funciones como diputado federal por el III distrito del estado de Coahuila, para que esté en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública del estado de Coahuila, a partir del día 11 de junio de 1991.
Segundo. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Fernando Córdoba Lobo, para separarse de sus funciones como diputado federal por el VIII distrito del estado de Veracruz, a partir del día 15 de julio de 1991.
No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban los puntos de acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquese.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
El secretario diputado José Francisco Melo Torres:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
La honorable Cámara de Senadores, en sesión celebrada hoy, tuvo a bien aprobar a propuesta de los ciudadanos senadores integrantes de la Comisión "Medalla Belisario Domínguez", entre otros el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Invítese a la Cámara de Diputados para que designe una delegación que concurra a la sesión solemne que en su oportunidad llevará a cabo este año el Senado de la República para conmemorar el sacrificio del senador Belisario Domínguez, solicitándole se sirva designar un orador para participar en dicha sesión.
Nos permitimos comunicar a ustedes lo anterior a efecto de que tenga a bien dar cuenta a ese cuerpo legislativo de la cordial invitación que por este medio formulamos, para que una comisión de ciudadanos diputados asista en su momento al desarrollo de dicha sesión solemne. Asimismo, rogamos a ustedes designar a un orador para que en esa ocasión haga uso de la palabra y se refiera al ilustre senador chiapaneco desaparecido.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1991.- Senadores secretarios: Eliseo Rangel Gaspar y Jorge Adolfo Vega Camacho.»
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos.- Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Tenemos el honor de comunicar a ustedes, para conocimiento de esa honorable colegisladora, que en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, esta Cámara de Senadores eligió a sus integrantes para la Comisión Permanente que habrá de funcionar en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, cuyos integrantes son:
Senadores titulares: Emilio M. González, Nicolás Reynés Berezaluce, Alfonso Martínez Domínguez, Humberto A. Lugo Gil, Saúl González Herrera, Netzahualcóyotl de la Vega García, Alonso Aguirre Ramos, Fernando Silva Nieto, Mario Alfonso Niebla Alvarez, Jesús Rodríguez y Rodríguez, Idolina Moguel Contreras, Héctor Mayagoitia Domínguez, Hugo
Domenzáin Guzmán, Raúl Enrique Carrillo Silva, Bulmaro Pacheco Moreno, Julio Patiño Rodríguez, Alfredo Toxqui Fernández de Lara e Ifigenia Martínez Hernández.
Senadores sustitutos: Oscar Ramírez Mijares, Roberto Anzar Martínez, Leonardo Rodríguez Alcaine, Antonio Melgar Aranda, José Joaquín González Castro, Salvador Esquerra Apodaca, Alger León Moreno, César Moreno Martínez de Escobar, Jesús Alcántara Miranda, Antonio Jaimes Aguilar, María Cristina Sangri Aguilar, Julián Gascón Mercado, José de Jesús Padilla Padilla, Eliseo Rangel Gaspar, Jorge Adolfo Vega Camacho, José Nerio Torres Ortíz, Gaspar Valdés Valdés y Roberto Robles Garnica.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 8 de julio de 1991.- Senadores secretarios: Eliseo Rangel Gaspar y Jorge Adolfo Vega Camacho.»
Trámite: - De enterado.
INICIATIVAS
LEY FEDERAL DE EDUCACIÓN
El Presidente: - Pasamos al capítulo de iniciativas. Tiene la palabra la diputada Guadalupe Rodríguez Carrera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Educación.
La diputada Guadalupe Rodríguez Carrera:
«Señor Presidente, señoras y señores diputados: Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General sometemos a la asamblea de esta honorable Cámara la presente iniciativa para reformar y adicionar varios artículos de la Ley Federal de Educación, con fundamento en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Acción Nacional concibe a la persona humana como centro de su doctrina. Pues sus principios sostienen que "el ser humano es una persona, con cuerpo material y alma espiritual, con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones, y con derechos universales e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social".
Mi partido sostiene que todos los hombres tenemos frente al Estado, los reconozcan o no las leyes vigentes, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad; al trabajo, a la remuneración justa, a la seguridad social y a la propiedad individual, o colectiva; a la protección de las leyes, a tribunales imparciales, a la privacía de su vida familiar, su domicilio, su correspondencia y sus comunicaciones postales y telefónicas; a la información veraz y oportuna, a tener y practicar una religión o no tener ninguna; a la libertad de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación, en sindicatos, organizaciones profesionales, estudiantiles, de colonos, de vecinos; a la educación elemental y a oportunidades de educación media o superior, de acuerdo con su capacidad; formar a sus hijos conforme a sus convicciones y a los ciudadanos mexicanos; a participar en las decisiones del gobierno, por sí o a través de partidos y representantes libremente escogidos.
Para lograr verdaderamente los derechos anteriormente enunciados que tiene la persona humana y que puedan estar reconocidos o no en las leyes vigentes, debe precisarse que los padres de familia, los maestros y el personal administrativo que labora en materia educativa, deben estar al margen de cualquier interés político de partido; pero conservando la obligación que tienen por derecho propio y en conjunto de trabajar en favor de la libertad de asociación y de la libertad de enseñanza. Por esto, los padres de familia tienen la obligación de imprimir en sus hijos, el sentimiento y el respeto a la autoridad, de rectores, directores y maestros; con el objeto de que el niño y el joven contribuyan convenientemente a respetar a sus maestros y con ello colaborar en la dignificación de la educación en general.
Por otra parte, es necesario precisar que para resolver el problema de la educación en México, es necesario establecer en las leyes vigentes, los principios estructurales un verdadero sistema educativo, que consagre claramente la tesis democrática sobre la educación y la libertad de enseñanza, como garantía del derecho de los padres o jefes de familia a determinar el tipo de educación que se imparta a sus hijos, ya que los padres son los titulares de ese derecho que
les corresponde como progenitores y que se funda en la naturaleza humana y en la Declaración de los Derechos Humanos suscrita por nuestro país, la cual garantiza la libertad de enseñanza y el derecho inalienable que corresponde a los padres, respecto a la educación que deben recibir sus hijos.
Por otra parte, es necesario e indispensable reconocer en los maestros en general, incluyendo a todos aquellos que se dedican a la educación, la eminente dignidad que les confiere su naturaleza humana y el rango espiritual y social de la actividad docente. El maestro no debe ser un mero difusor de ideologías o propagandas de carácter político, ni encargarse de preparar las conciencias de los educandos para su futura sumisión política y social. Se atenta contra la dignidad del magisterio por quienes no respetan la libertad de conciencia de los maestros al imponerles tesis obligatorias que contradicen a sus principios morales y políticos. En esta virtud, se debe preservar la dignidad y los derechos de los mentores, respetando su integridad y su dignidad humanas. En este mismo orden de ideas debe añadirse que los maestros requieren en todo tiempo un mejor trato económico que les permita vivir con dignidad, con suficiencia y decoro, para que puedan dedicarse con serenidad y tranquilidad a las tareas educativas de investigación y perfeccionamiento impuestos por la vocación magisterial a que están dedicados.
Igualmente, debemos tener en cuenta que la educación no es sólo capacitación para producir, obtener ingreso, consumir y ahorrar. La educación es promoción de convicciones morales y jurídicas necesarias para que las actividades económicas, políticas y sociales no olviden sus finalidades humanas.
Base de cualquier estructuración justa y verdadera de la sociedad es el esfuerzo educativo que equilibre las especializaciones con la cultura general, las humanidades y las ciencias técnicas, los valores humanos y jurídicos y la búsqueda de un razonable ingreso económico y el servicio a los demás. Es por lo tanto, la cultura humanista y en general una exigencia en la cual tienen gran responsabilidad los educadores y la sociedad en general, para que la elevación de esta naturaleza sea accesible a los mexicanos, que cursan grados medios y superiores de la educación que los beneficie en este sentido cultural y humanístico como una tendencia natural para desarrollar y mejorar la cultura de todos los mexicanos.
También es necesario pensar en las clases mayormente necesitadas de México que teniendo capacidad para el estudio, no tienen los medios económicos indispensables para cursar una carrera profesional que les permita superarse y desarrollar sus facultades personales, por lo que en esta virtud, se propone el establecimiento de becas para esta clase de estudiantes. Estímulos que deberán ser proporcionados oportunamente a los solicitantes para lograr su inscripción en las instituciones de educación superior.
Por lo anteriormente expuesto tenemos a su consideración el proyecto con reformas y adiciones a los artículos 5o., fracciones IX, XIII y XVI, 6o., 19 fracción I; 24 fracciones I y VI; 25 fracción V; 26 segundo párrafo, 27, 35 fracción VI; 36, 50, fracción I; 51 y 52, fracción V.
Por lo tanto se presenta el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Se reforma el artículo 5o., para quedar como sigue:
Artículo 5o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la fracción I a VIII quedan igual.
Fracción IX. Hacer conciencia sobre la necesidad de una planeación familiar con respeto a la vida, a la dignidad humana y sin menoscabo a la libertad;
De la fracción X a la XII quedan igual.
Fracción XIII. Fomentar y orientar la actividad humanística, científica, cultural y tecnológica de manera que responda a las necesidades del desarrollo nacional independiente; y a las cambiantes necesidades que nos impone la relación con otros países.
Fracciones XIV y XV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción XVI. Enaltecer y llevar a la práctica los derechos individuales y sociales y postular la paz universal basada en el reconocimiento de los derechos económicos, políticos y sociales de las naciones.
Artículo 6o. El sistema educativo tendrá una estructura que permita al educando, en cualquier tiempo, incorporarse a la vida económica y social y que el trabajador pueda estudiar;
armonizando los planes de estudio a los reclamos del desarrollo nacional.
Artículo 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción I. La comunidad educativa constituida por los educandos, los educadores y los padres de familia o tutores.
De la fracción II a la VI queda igual
Artículo 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción I. Promover, establecer, organizar, dirigir y sostener los quehaceres humanísticos, científicos, técnicos y artísticos de acuerdo con las necesidades regionales y nacionales.
De la fracción II a la V quedan igual.
Fracción VI. Incrementar los medios y procedimientos de la investigación humanística, científica y técnica.
Las fracciones VII a la X quedan igual.
Fracción XI y XII.
Artículo 25.
De la fracción I a la IV quedan igual.
Fracción V. Elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos para la educación primaria con la colaboración de los maestros y los padres de familia.
De la fracción VI a la X quedan igual.
Artículo 26.
El consejo se integrará con representantes de las instituciones públicas que participen en la educación nacional: El Estado, la Federación y los gobiernos de los estados y municipios, los maestros y los padres de familia. Podrán constituirse organizaciones intermedias que puedan coadyuvar a la educación.
Artículo 27. La formulación de planes y programas de estudios y el establecimiento de instituciones educativas que realice el Poder Ejecutivo Federal por conducto de otra secretaría o departamento de Estado, se hará en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y con el Consejo Nacional Técnico de la Educación. Estas otras dependencias del Ejecutivo Federal expedirán certificados, diplomas y títulos que tendrán la validez correspondiente a los estudios realizados.
Artículo 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De la Fracción I a la V quedan igual.
Fracción VI. Proporcionar becas en los términos de las disposiciones relativas y que serán proporcionales a las posibilidades de los becados.
Fracción VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artículo 36. El Estado podrá revocar con audiencia del afectado las autorizaciones otorgadas a particulares para impartir educación primaria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos, cuando contravengan lo dispuesto en el artículo 3o., constitucional, o falten al cumplimiento de alguna de las obligaciones que establece el artículo 35 de esta ley.
Artículo 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fracción I. Remuneración profesional justa y viáticos para las áreas rurales, a fin de que los educadores dispongan de los recursos y del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para su perfeccionamiento profesional.
Fracción II.
Artículo 51. El Estado deberá estimular a las asociaciones civiles y las cooperativas de maestros que se dediquen a la enseñanza en cualquiera de sus tipos y grados.
Artículo 52.
De la fracción I a la IV queda igual.
Fracción V. Participar en la elaboración de planes de estudio y libros de texto.
Artículo 56. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia se sujetarán a lo que disponga el reglamento respecto a sus relaciones con las autoridades de los establecimientos educativos y serán autónomos en su funcionamiento interno.
TRANSITORIO
Unico. El presente decreto entrará en vigor a los treinta días posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a 9 de julio de 1991.- Diputados: Rosalía Ramírez Ortega, Leonor Sarre de Guerrero, Luisa María Calderón Hinojosa, José Antonio Gándara Terrazas, María Teresa Cortés Cervantes, Zeferino Esquerra Corpus, Elías Villegas Torres, Abel Carlos Vicencio Tovar, Carlos Castillo Peraza, Jesús Bravo Cid de León, José de Jesús Sánchez Ochoa, José Ángel Luna Mijares, Noé Aguilar Tinajero, Julio Paz Zarza y María Guadalupe Rodríguez Carrera.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Educación Pública.
LEY DE LAS CÁMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ramiro Pedroza Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 5o. de la Ley de las cámaras de Comercio e Industria. Permítame, señor diputado. Dígame, diputado Marcué.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): - Yo le pido al Presidente de la asamblea meta orden en la sala y le diga a los de mi fracción que no estén haciendo bola y que oigan al orador.
El Presidente: - Atentamente le suplicamos a la asamblea guarde silencio, preste atención al orador y, como lo solicita el diputado Marcué a sus compañeros de fracción parlamentaria, ocupen sus lugares y textualmente, como él lo afirma, se dispersen y ocupen sus lugares. Prosiga el orador, si es tan amable.
El diputado Ramiro Pedroza Torres: - Señor Presidente, honorable asamblea: Los que suscribimos la presente iniciativa de reformas a la Ley de las cámaras de Comercio y de las Industrias.
Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, presentamos la siguiente iniciativa de reformas al artículo 5o. de la Ley de las cámaras de Comercio y de las Industrias.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ley que actualmente rige a las cámaras de Comercio y de las de Industria fue promulgada en 1941 y reformada en el artículo 5o., al que hoy proponemos reformas. En 1974, quizá esta ley fue aceptable para aquellos momentos, pero en la actualidad es obsoleta y se presta para abusos en las obligaciones que los pequeños comerciantes e industriales tienen privados de la ley antes mencionada. Ya que en el artículo 5o., señala que todo comerciante industrial cuyo capital manifestado ante la Secretaría de Hacienda sea de dos mil quinientos pesos en adelante, está obligado a inscribirse en la cámara correspondiente o en las delegaciones, es indudable que la intención del legislador fue la de no obligar a los microcomerciantes e industriales a afiliarse a las cámaras mencionadas, porque los dos mil quinientos pesos de 1941 en la actualidad equivalen cuando menos a 30 millones de pesos, además de que esta ley es violatoria de la libertad de asociación.
En las condiciones reglamentarias que funcionan las cámaras de Comercio e Industria únicamente son para proyección política de sus dirigentes nacionales y estatales, que por lo general, son de los llamados capitanes del sector privado, por lo tanto, sin ningún interés de prestarles servicios a los pequeños y medianos comerciantes e industriales porque en algunos casos los dirigentes de las cámaras ven a los pequeños industriales y comerciantes como competidores.
Por otra parte es de advertirse que se percibe molestia e irritación de los micro empresarios por la obligación de inscribirse en la cámara que corresponda a su actividad, ya que en términos generales tienen la experiencia que esos organismos empresariales, salvo casos excepcionales, no les proporcionan servicios que les sean útiles para el desarrollo de sus actividades: si les cobran cuotas de socios y utilizan la membresía para negociar con diversas dependencias oficiales prevendas para los dirigentes, sin beneficio alguno para los micro empresarios, esto hace urgente que la ley de cámaras sea revisada a fondo para adaptarla a los tiempos actuales, pero mientras esto sucede, ya que esta tarea es más compleja, únicamente proponemos modificaciones al artículo 5o. de la ley en comento, para terminar con los abusos que se dan en las cuotas que les imponen a los pequeños y medianos comerciantes e industriales, que significan una gravosa carga para negocios modestos sin recibir ningún beneficio, ya que a un modesto taller de reparación de bicicletas con capital de trabajo de un millón de pesos, la
Cámara de la Industria de Transformación le fija una cuota de doscientos setenta mil pesos a un negocio de venta de jugos y tortas con capital de trabajo de menos de quinientos mil pesos la cuota de la industria alimenticia Canirrac le cobra, cuota de doscientos treinta mil pesos, como ustedes pueden apreciar, señores diputados, mientras que la Secretaría de Hacienda tiene consideraciones para con estos sectores las multicitadas cámaras los gravan considerablemente.
En atención a los expuesto, nos permitimos presentar a esta soberanía, el siguiente
«PROYECTO DE DECRETO
UNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 5o. de la Ley de las cámaras de comercio y las de Industria par quedar como sigue:
Artículo 5o. Todo comerciante o industrial está obligado a inscribirse durante el mes de enero de cada año, o dentro del mes siguiente a la fecha de la iniciación de sus actividades, en el registro especial que se llevará en la cámara correspondiente o en las delegaciones de dicha cámara a excepción de los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público considere dentro del régimen simplificado, que podrán inscribirse cuando lo soliciten voluntariamente y por escrito.
Las sucursales tendrán también la obligación de inscribirse en la cámara de su domicilio, en las casas y con las modalidades que establezca el reglamento.
El resto del artículo 5o. queda igual.
Por el Partido Acción Nacional, diputados: Ramiro Pedroza Torres, Alfredo Arenas Rodríguez, Saúl Elhier Flores Prieto, Ambrosio Montellano Bustos, Prisciliano Meléndez Barrios y Espiridión Sánchez López.»
Trámite: - Túrnese a la Comisión de Comercio.
ARTICULO 69 CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Mario Cuervo Hermosillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Mario Cuervo Hermosillo: - Honorable Cámara de Diputados: Facultados por lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos, diputados a la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta asamblea, iniciativa de ley que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para fundamentarla, señalamos la siguiente
"EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
"La soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en sus representantes dividiendo los poderes de ella en Legislativo, Ejecutivo y Judicial..."
Lo anterior, es la transcripción literal de la primera parte del punto quinto de los Sentimientos de la Nación dados por Morelos para la Constitución sancionada en Apatzingán en 1814.
De esta manera, se inicia la tradición constitucional mexicana que invariablemente respeta dos principios fundamentales a saber: el que reconoce al pueblo como único detentador originario de la instancia decisoria suprema y aquel que determina el establecimiento de los poderes divididos para el ejercicio de tal soberanía.
Los principios aludidos de reconocimiento de la nación como titular de la soberanía y el de que ésta es depositada por el pueblo en sus representantes que integran los tres poderes divididos, son recogidos por nuestras constituciones de 1824, de 1857 y por último en la actualmente vigente promulgada en 1917.
La realidad de nuestra nación se impuso desde el inicio como formación social compleja, pero en la cual si existían comunidad de raza, comunidad de creencias filosóficas y lo que es más importante: comunidad en tradiciones, necesidades y aspiraciones.
La división de poderes, se entiende, por tanto, como una fórmula mediante la cual la soberanía del pueblo se ejerce sin disgregarse en sus escencia, por tres órganos con ámbito de competencia bien definidos, que garantice la independencia de los mismos entre sí.
De tales poderes, dos deben ser por el origen de su integración, de elección popular directa:
El Congreso de la Unión y el Presidente de la República; lo cual acentúa sus caracteres de representantes inmediatos de la nación.
Es a consecuencia de lo anterior, que el precepto constitucional cuya reforma y adición se propone, establece que el procedimiento por el cual, el Presidente de la República informará al pueblo el estado de la administración pública del país, será mediante un informe que se presentará anualmente al Congreso de la Unión.
Históricamente y a consecuencia de una excesiva autoridad que nuestro sistema político ha permitido a la figura del Presidente de la República, se ha provocado el que éste ejerza casi un total control sobre el Congreso de la Unión.
De ahí que tradicionalmente, el informe al pueblo previsto en el precepto constitucional que nos ocupa, hasta tiempos recientes, ha venido a constituir la oportunidad para que los senadores y diputados al Congreso de la Unión, verbalmente y mediante aplausos y manifestaciones de todo tipo, le brinden un apoyo no sólo carente de todo sentido crítico, sino contrario a las expectativas populares.
Esta situación no puede persistir después de esta Legislatura, en la cual la pluralidad partidista se ha manifestado tratando de rescatar la dignidad del Congreso, con la interpelación reprimida o con el grito producto de la impotencia para lograr ser escuchado.
La época exige, que se recupere la dignidad que el pueblo requiere como presupuesto en la conducta de sus representantes. El respeto que los poderes de la Unión deben guardarse en su interacción, implica el eliminar tanto la ovación, como la injuria, dando paso por ende al diálogo abierto y respetuoso.
Proponemos por estos motivos la reforma y adición del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sometemos a la consideración de la asamblea, la siguiente
INICIATIVA
Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Período del Congreso asistirá el Presidente de la República, a efecto de aclarar las dudas y recibir los comentarios de los diputados y senadores, en relación con un informe escrito que presentará al Congreso con un mínimo de diez días hábiles de anticipación y en el que manifestará el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente, informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.
Tanto en la comparecencia del Presidente de la República a que refiere el párrafo anterior, como en cualquier caso en que los representantes de los diversos poderes de la Unión se reúnan de manera oficial en un mismo recinto, para tratar cualquier asunto, lo harán sin lesionar la dignidad de la representación popular que les fue conferida, absteniéndose de toda manifestación que no sea el diálogo abierto y respetuoso.
TRANSITORIOS
Primero. Se derogan todas la disposiciones constitucionales y de leyes secundarias que se opongan al presente decreto.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 9 de julio de 1991.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Fernando Antonio Lozano Gracia, Julián Angulo Góngora, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar y Mario R. Cuervo Hermosillo.»
Tramite: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CÓDIGO CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL D. F.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Julián Angulo Góngora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al Código Civil para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia Federal y al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
El diputado Julián Angulo Góngora: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: En base a lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, los suscritos diputados a esta
Quincuagésima Cuarta Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta soberanía, iniciativa de ley que adiciona los artículos 54 del Código Civil y 927 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, el primero de aplicación supletoria a nivel federal.
Para fundamentarla, señalamos la siguiente
«EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El nacimiento de toda persona marca un acontecimiento no sólo para ese ser, sino para el seno de la sociedad que lo acoge, por ello, la ley impone la obligación de registrar ese evento natural, que directamente tiene una repercusión jurídica, económica, política y social.
El Código Civil del Distrito Federal, de observancia supletoria a nivel federal, establece la forma y obligación tanto de los ascendientes, como de la personas que son sabedoras de un nacimiento, y de los términos en que éste ha de registrarse.
Estas disposiciones que contempla el derecho positivo, no sólo se circunscribe a datos estadísticos de población que también son importantes, sino a proteger y velar por ese ciudadano nacido en territorio nacional, dando los derechos e imponiéndole las obligaciones que nos son comunes a todo mexicano.
De lo anterior, se desprende que a su vez ese nuevo ciudadano tiene constitucionalmente el derecho a ser registrado y gozar de la nacionalidad y ciudadanía del país que lo vio nacer, asentándose mediante un acta de nacimiento las circunstancias principales que se dieron en su nacimiento. Asimismo, se establecen en los preceptos legales correspondientes las formalidades que se deben de observar en las actas de nacimiento, como es la presentación del niño ante el registro civil, la obligación de denunciar el nacimiento por parte de los padres o demás ascendientes dentro de los seis meses siguientes al evento o de los médicos o matronas, así como los caso que no se determine quiénes fueron sus padres y de los supuestos del reconocimiento de hijo. Todo lo cual necesariamente se hará constar en el acta correspondiente, que además contendrá el día, hora y lugar del nacimiento, el sexo, nombre y apellidos, la impresión digital, si lo han presentado vivo o muerto, etcétera.
En el caso de los registros de adultos, en la actualidad son registrados, sin contravenir las disposiciones legales mediante la presentación que del adulto hagan sus progenitores o por algún ascendiente que aún exista.
La presente iniciativa, pretende reclamar el derecho de toda persona nacida en territorio mexicano, a ser incluido en el Registro Civil, otorgándoselo su acta de nacimiento, cuando no sea posible que le presenten sus padres o demás ascendientes ante la oficialía del Registro Civil, encontrándose así, con una respuesta a aquellas personas que no pueden obtener su mencionada acta por la ausencia o ignorancia de quienes fueron sus progenitores, o bien porque éstos han fallecido.
Esta laguna jurídica no es reglamentada en nuestro Código Civil, de ahí que los casos específicos nos llevan al campo procesal, que nos conduce a las informaciones ad perpetuam, en lo relativo a acreditar un derecho, consistiendo en que el interesado ocurre ante un juez de lo familiar en donde expone una relación suscita de hechos relativos a su nacimiento, que es sustanciada con la comparecencia de dos testigos, para expedir, por parte del tribunal una copia certificada de las actuaciones.
Por lo que surge la necesidad, que la jurisdicción voluntaria mencionada, conlleve a una orden del juez de lo familiar al Registro Civil, de la expedición del acta de nacimiento relativa a dicha información testimonial, la cual para evitar suplantación, no hará prueba para efectos de filiación, con lo que se salvaguarda el derecho que tiene toda persona de tener el registro de su nacimiento en la que conste las circunstancias relativas al mismo.
Por tales motivos, los suscritos diputados federales de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 54 del Código Civil para el Distrito Federal y de aplicación supletoria a nivel federal, para quedar como sigue:
Artículo 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La persona no presentada conforme a lo establecido en el párrafo anterior, podrá obtener en cualquier tiempo, un registro formal de las circunstancias relativas a su nacimiento, sujetándose al procedimiento previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.
Artículo segundo. Se adiciona un último párrafo al artículo 927 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, para quedar como sigue:
Artículo 927...
I a III...
La justificación de las circunstancias del nacimiento de una persona, no tendrá efectos para demostrar la filiación, pero cuando la información que se reciba sea conteste, el juez ordenará al Registro Civil el levantamiento del acta de nacimiento.
TRANSITORIO
El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 8 días del mes de julio de 1991.- Diputados: Fernando Antonio Lozano Gracia, Mario Cuervo Hermosillo, Guillermo López de Lara, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Sergio Rueda Montoya, Francisco Cabrera González, Alfonso Méndez Ramírez, Jesús Sánchez Ochoa, Federico Ruíz López, Gregorio Curiel Díaz y Julián Angulo Góngora.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Justicia.
ARTICULO 4o. CONSTITUCIONAL
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jaime Fernández Sánchez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El diputado Jaime Fernández Sánchez: - Ciudadano Presidente; compañeros diputados: Antes de iniciar mi exposición quiero aclarar que ya hay una iniciativa en este sentido, presentada hace algunas legislaturas por mi compañero el diputado Carlos Castilla Peraza, sino lo que pretende esta iniciativa es apoyar la fundamentación que se dio en aquélla.
«Los que suscriben, diputados a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la asamblea de esta honorable Cámara la presente iniciativa para adicionar el artículo 4o. constitucional con fundamento en la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Para que un ser humano se desarrolle, es necesaria la presencia de dos células con vida propia que contengan cromosomas con la información genética característica de la especie, siendo estas células el medio para continuar la perpetuación de la misma.
Gracias a la existencia de estas células se ha garantizado la vida del hombre sobre la Tierra. Esto es así, porque tanto el óvulo como el espermatozoide al igual que todas las células son capaces de realizar las funciones primordiales de los seres vivos, es decir, respirar, nutrirse, excretar, sintetizar las moléculas químicas necesarias para su metabolismo, poseer una membrana celular que las aísla del medio que las rodea y que se han formado de la división de células progenitoras adquiriendo un grado de diferenciación tan alto que sólo pueden sobrevivir si fecundan o son fecundadas, lo que demuestra que poseen cada una y por separado lo que ha dado en llamarse el salario mínimo de la vida. Nótese que esto acontece antes de que se fusionen e inicien el desarrollo del nuevo ser.
Hace más de cien años se observó que el desarrollo de los animales se debía a la fusión de un óvulo y un espermatozoide, sin embargo, pasaron muchos años para que mediante la fecundación invitro (fecundación fuera del cuerpo humano) se comprobara que en los humanos se producen algunos cambios, y es a partir de los años cincuenta del presente siglo cuando se comienza a explorar los fenómenos que habían sido observados en diferentes especies tales como "que en el espermatozoide tiene que prepararse para unirse al óvulo y penetrarlo", "que el óvulo tiene la capacidad para reconocer a los espermatozoides de su especie", "que el óvulo tiene sustancias químicas en su cubierta externa que facilitan la entrada de los espermatozoides", "que una vez que es penetrado por un espermatozoide, dichas cubiertas cambian su estructura química, para evitar ser penetradas por otros", un avance más fue el demostrar que "en el interior del óvulo se producen cambios bioquímicos como la liberación de iones de calcio, y el aumento en el consumo de oxígeno".
Entre otros fenómenos también se probó que una vez que entra el espermatozoide en el óvulo libera o expulsa el segundo glóbulo polar mediante el cual elimina una parte del material genético que no necesita, formándose al mismo tiempo el pronúcleo femenino que contiene la mitad de la información genética para la formación de un nuevo ser humano. También se comprobó que "el espermatozoide en el interior del óvulo, experimenta cambios en su estructura y que su cabeza se transforma en el pronúcleo masculino que constituye la parte complementaria del femenino necesario para el desarrollo de un nuevo hombre".
Las investigaciones han avanzado vertiginosamente tanto que a la fecha se pueden identificar cambios bioquímicos en los óvulos fecundados tales como la transformación que experimentan las proteínas de los cromosomas del espermatozoide, para activarse y poder funcionar junto con los cromosomas del nuevo individuo (como la sustitución de las protaminas por las historias).
Una vez constituidos los pronúcleos masculino y femenino se lleva a cabo la síntesis de ADN (ácido desoxirribonucléico) por separado en cada uno de ellos, como preparación para interactuar y restablecer el número diploide de cromosomas del nuevo ser humano, lo cual se realiza en la metafase de la primera división del cigoto que como resultado origina las dos primeras células de dicho ser que constituyen su cuerpo durante esta etapa de su desarrollo y esto acontece a más tardar entre las 18 y 24 horas después de que un óvulo ha sido fecundado por un espermatozoide.
Desde estos momentos se inician una serie de transformaciones morfológicas en el cuerpo del hombre que continuarán durante toda su vida e incluso después de su muerte.
Así las fases del desarrollo de un ser humano, se inician con la preparación que experimenta el espermatozoide al llevar a cabo la reacción acrosómica durante el período en el que asciende por el útero y las tubas uterinas (trompa de falopio) hasta encontrarse en su interior con el óvulo, esta primera fase es sólo del espermatozoide y dura aproximadamente 20 minutos.
Una vez que se ponen en contacto las dos células (masculina y femenina) se inicia la penetración del espermatozoide y cuando ha concluido se desencadenan en cuestión de segundos los cambios en la superficie de la zona pelucida del óvulo, con el objeto de evitar que otros espermatozoides puedan entrar, al mismo tiempo el óvulo libera los gránulos corticales y agua que se ubican entre la membrana del óvulo y su zona pelucida para constituir el espacio perivitelino que a su vez refuerza el que no entren otros espermatozoides hasta la membrana ovular.
Como ya se dijo, concluida la penetración, el óvulo expulsa el segundo glóbulo polar, formando el pronúcleo femenino, mientras la cabeza del espermatozoide se transforma en el masculino y se inicia en cada uno de ellos la interfase que precede a la primera división celular, formándose el cuerpo de un embrión unicelular o cigoto, que al completar la primera división de la segmentación se transforma en un embrión bicelular, todo esto sucede entre las 18 y 24 horas después de iniciada la fecundación.
La división del huevo en células cada vez más pequeñas recibe el nombre de segmentación y comprende desde la formación de los dos primeros blastomeros hasta la de un blastocisto o blástula de los mamíferos, el número de células va aumentando de una en una y se ha calculado que a las 48 horas hay cuatro blastomeros, a las 72 hay ocho células y a las 96 son 16 células, esta etapa es conocida como morula y se lleva a cabo mientras el embrión es transportado por la tuba uterina hasta el útero, al cual llegan entre las 48 y 72 horas posteriores a la fecundación.
Al llegar al útero el embrión se transforma en una blástula que es una esfera hueca que tiene en uno de sus polos un conjunto de blastomeros que constituyen el botón embrionario o embioblasto que modificará su estructura hasta formar todos los órganos definitivos del ser humano, a su vez la pared externa llamada trofoblasto al terminar la primera semana del desarrollo humano se pondrá en contacto con el endometrio para iniciar la nutrición del embrión a partir de las células y las secreciones que se han preparado especialmente con este fin, más adelante el trofoblasto formará parte de la placenta que sirve para intercambiar por ejemplo, nutrientes, gases, agua y productos nitrogenados de desecho, el intercambio se inicia desde el final de la tercera semana o principio de la cuarta y se mantiene hasta el nacimiento.
Durante la segunda semana del desarrollo las células del botón embrionario experimentan la gastrulación en su primera etapa, formando el ectodermo y el endodermo, así como el amnios y el saco vitelino de manera que dicho embrión es bilaminar.
Durante la tercera semana, se forma el mesodermo completándose la gastrulación, es decir, la formación de las tres hojas blastodérmicas que evolucionarán hasta formar todos los órganos del ser humano; durante esta semana empieza el desarrollo del sistema nervioso, los vasos sanguíneos, la sangre, las células sexuales primordiales, el intestino, la piel y el corazón, el cual al final de esta semana o al principio de la cuarta comienza a latir.
De la cuarta a la octava continúa el desarrollo de los órganos y aparecen los primordios de los mismos y de sus miembros o extremidades, hasta esta fecha, el tamaño del embrión es de apenas 3.1 centímetros de la coronilla a la región glutea, al fin de este período termina la etapa del desarrollo embrionario en la que predomina la diferenciación sobre el crecimiento.
De la novena semana en adelante comienza la etapa fetal, en la que predomina el crecimiento sobre la diferenciación, durante este período el feto se mueve, se succiona el dedo, orina, produce bilis, digiere, secreta hormonas, es decir realiza la casi totalidad de las funciones del nuevo ser y está preparado para nacer.
Después del nacimiento el cuerpo del niño continúa modificando su forma hasta adquirir la adulta, que no es estable, sino que se transforma constantemente, hasta la vejez e incluso después de la muerte del ser humano, el pelo y las uñas continúan creciendo ya que las células que los originan siguen con vida.
Este maravilloso prodigio de la reproducción humana, es estudiado e investigado por la ciencia médica, la cual como quedó señalado demuestra que el ser humano tiene su origen en la fusión del óvulo con el espermatozoide, etapa a la que técnicamente se le denomina fecundación, fertilización o concepción, situación que es recogida por nuestras legislaciones civil y penal y que al efecto establecen:
Legislación civil
Artículo 22. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente código.
Artículo 337. Para los efectos legales, sólo se reputa nacido el feto que desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil, faltando alguna de estas circunstancias, nunca nadie podrá entablar demanda sobre la paternidad.
Artículo 1314. Son incapaces de adquirir por testamento o por intestado a causa de falta de personalidad, los que no son concebidos cuando no sean viables , conforme a los dispuesto en el artículo 337.
Artículo 1638. Cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado en cinta lo pondrá en conocimiento del juez que conozca de la sucesión, dentro del término de cuarenta días, para que lo notifique a los que tengan a la herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del póstumo.
Artículo 1639. Los interesados a que se refiere el precedente artículo pueden pedir al juez que dicte las providencias convenientes para evitar la suposición del parto, la substitución del infante o que se haga pasar por viable la criatura que no lo es.
Cuidará el juez de que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la libertad de la viuda.
Resulta claro que el interés de la legislación es proteger la vida humana desde el momento de la fecundación, como un imperativo lógico jurídico de tutelar los bienes jurídicos fundamentales del no nacido.
Legislación penal
Artículo 329. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
Artículo 330. Al que hiciere abortar a una mujer se le aplicarán de uno a tres años de prisión, sea cual fuere el medio que empleare, siempre que lo haga con el consentimiento de ella. Cuando falte el consentimiento, la prisión será de tres a seis años y si mediare violencia física o moral, se impondrán al delincuente de seis a ocho años de prisión.
Artículo 331. Si el aborto lo causare un médico cirujano, comadrón o partera, además de las sanciones que le correspondan conforme al anterior artículo, se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión.
Artículo 332. Se impondrá de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la
haga abortar, si concurren estas tres circunstancias:
I. Que no tenga mala fama;
II. Que haya logrado ocultar su embarazo, y
III. Que éste sea fruto de unión ilegítima.
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicarán de uno a cinco años de prisión.
También resulta sumamente claro como nuestra legislación penal protege al no nacido como un imperativo lógico jurídico de tutela del derecho más importante de la humanidad, del derecho sobre el cual se construirá la estructura de derechos que el hombre adquiere en su devenir histórico; del derecho sobre el cual descansa la dignidad que reviste al hombre en su doble dimensión, temporal y trascendente.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, es necesario que nuestra Carta Magna precise desde qué momento la vida humana entra bajo la protección de la ley, por lo que proponemos el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se adiciona un párrafo primero al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 4o. La vida humana comienza a partir del momento de su concepción y termina con su muerte.
Se recorre el resto de los párrafos.
TRANSITORIO
El presente decreto entrará en vigor dentro de los 15 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones del recinto alterno de la Cámara de Diputados, a los 9 días del mes de julio de 1991.- Diputados: Jaime Fernández Sánchez, María Teresa Cortés Cervantes, María Guadalupe Rodríguez Carrera, Prisciliano Meléndez Barrios, Régulo Pastor Fernández Rivera, Leonor Sarre de Guerrero, José Manuel Mendoza Márquez y Mario Leal Campos.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
CÓDIGO DE COMERCIO
El Presidente: - Esta Presidencia informa que por alguna circunstancia ajena a la voluntad de la directiva, quedó sin anotarse un acuerdo que se tuvo en los trabajos previos para la elaboración del orden del día, relativo a la modificación de dos artículos del Código de Comercio que presenta el grupo parlamentario de Acción Nacional, por medio del diputado Sergio Rueda.
Le ruego al diputado Sergio Rueda proceda a presentar su trabajo.
El diputado Sergio Rueda Montoya:
«Honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Con la facultad que otorga el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, los que suscribimos diputados a la LIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión presentamos a la consideración de esta asamblea iniciativa de ley que modifica los artículo 1184 y 1191 del Código de Comercio y al efecto exponemos los siguientes
MOTIVOS
El actual Código de Comercio, vigente aún en muchos aspectos, pero inoperante e inadecuado en otros, sobre todo por lo que han avanzado diversas legislaciones en materia de trato comercial tanto internacional como nacional, por lo que ha sido ya en muchos casos reformado; algunos de sus libros y capítulos han sido derogados para formar parte de otros ordenamientos legales por lo que resulta ya un código sin continuidad, bastante mutilado y anticuado pues data de 1889.
Evidentemente que la necesidad actual es de elaborar un nuevo Código de Comercio sin huecos y que corrija además todas las lagunas jurídicas que aún tiene. Además urge corregir el vicio de inconstitucionalidad de origen que lleva al ser una ley expedida por el Ejecutivo y que no fue sancionada ni aprobada por el Congreso de la Unión que es titular de la función legislativa.
El Código de Comercio en el Capítulo XI del Título Primero se refiere a los juicios mercantiles y en concreto a las providencias precautorias.
El artículo 1168 establece las condiciones de procedencia de las providencias precautorias señalando entre otras las siguientes:
a) Cuando hay temor de que se oculte o se ausente el demandado;
b) Cuando se tema que se oculten o dilapiden los bienes en que debe ejercitarse una acción real, y
c) Cuando la acción es personal y se teme el ocultamiento de bienes que sean únicos.
Esas providencias precautorias pueden ser como acto perjudicial o durante el juicio y el que la solicita debe acreditar su derecho y la necesidad de la medida, lo que pueda ser mediante documentos o testigos, según lo marcan los artículos 1170 y 1172.
Cuando la demanda no se justifica en título ejecutivo el que pide la precaución deberá otorgar fianza para responder de los daños y perjuicios que se ocasionen con la medida precautoria, tanto si se revoca la medida como si se absuelve al demandado, conforme al artículo 1179.
En cuanto al aseguramiento de bienes decretado por una providencia precautoria se remite el Código de Comercio al procedimiento de ejecución ordinario y depósito bajo responsabilidad del acreedor previsto en los artículos 1392, 1394 y 1395.
El artículo 1187 da derecho al demandado o afectado con una providencia precautoria a reclamarla hasta antes de sentencia ejecutoria dando lugar a una junta que debe realizarse en los tres días siguientes, recibiéndose pruebas si las hay en otros 10 y fijándose un término para fallar el reclamo planteado en tres días más, conforme a los artículos 1189 y 1190.
Si el juez confirma la medida preventiva declarándola procedente, nada pasa porque subsiste la providencia precautoria y cabe la apelación en efecto devolutivo, pero si se revoca la providencia precautoria por el juez que la dictó, sea por improcedente o porque no se reunieron las condiciones fijadas en el artículo 1168, o bien porque el acto carece de derecho, el actual código establece que no podrá ejecutarse esa resolución que anula la medida precautoria sino mediante fianza y la apelación sólo será en efecto devolutivo conforme al artículo 1191.
De todos esos preceptos que regulan las providencias precautorias saltan de inmediato dos incongruencias que cuanto antes deben corregirse por injustas y antijurídicas.
La primera es que tratándose de providencias precautorias si el título no es ejecutivo y cuando es ejecutivo pero aún no es vigente el derecho a ejecutar, estamos precisamente ante una medida precautoria que busca sólo el que no se oculten bienes que enajenen y queden así adeudos, razón para cual se autoriza el embargo precautorio.
Pero la medida debe ir sólo al embargo y establecimiento de gravamen como garantía, pero de ninguna forma debe ir a la privación del bien que tiene el afectado con la medida, por lo que debe establecerse que en providencias precautorias sólo debe embargarse como garantía del crédito reclamado en la demanda pero jamás privar al demandado del uso o posesión del bien que ha quedado sujeto a la providencia precautoria, sea este mueble o inmueble. Y por otra parte cuando el propio juez que dictó la providencia precautoria la revoca por improcedente, es lógico que ese fallo debe surtir efectos inmediatos y aunque se apele por quien la solicitó, debe levantarse el embargo por quedar ya nula la medida preventiva y de ninguna forma procede que para que se levante el embargo tenga el que fue afectado con aquel, que otorgar fianza, lo cual resulta una verdadera injusticia y aberración jurídica.
Por ello cabe modificar los artículos 1184, 1191 del Código de Comercio , conforme al siguiente
DECRETO
Unico. Se reforman los artículos 1184 y 1191 del Código de Comercio, para quedar como sigue:
Artículo 1184. El aseguramiento de bienes decretado en providencia precautoria y la consignación a que se refiere el artículo 1180, se rige por lo dispuesto en los artículos 1392, 1394 y 1395, quedando siempre la custodia de los bienes embargados con el demandado al que no se privará del uso y posesión de ellos.
Artículo 1191. Si por el interés del negocio procede la apelación, ésta se admitirá sólo en el efecto devolutivo, si la sentencia levanta la providencia precautoria, se cumplirá de inmediato sin otorgar fianza. La sentencia de segunda instancia causará ejecutoria y no admitirá recurso.
TRANSITORIO
Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados.- México, Distrito Federal.- Diputados: Sergio Alfonso Rueda Montoya, Silviano Urzúa Ochoa, Gregorio Curiel Díaz, Gildardo Gómez Verónica, Alfonso Méndez Ramírez, Jesús Sánchez Ochoa, Fernando Antonio Lozano García, Federico Ruíz López, Bernardo Bátiz Vázquez, Julián Angulo Góngora, Mario Cuervo Hermosillo, Guillermo López de Lara, José Herrera Reyes, Gerardo de Jesús Arellano Aguilar, Pedro César Acosta Palomino, Alfredo Manuel Arenas Rodríguez, José Ángel Luna Mijares, José Zeferino Esquerra Corpus, Roger Cícero Mac- Kinney, Juan José Medrano Castillo, Manuel de Jesús A. Ponce González, Espiridión Sánchez López, Miguel Ángel Díaz Herrera, Julio Paz Zarza, Leopoldo Homero Salinas Gaytán, Salvador Fernández Gavaldón, Eduardo Arias Aparicio, Pedro Rigoberto López Alarid, Luis Alberto Delgado Esteva, Ramiro Pedroza Torres, Jesús Bravo Cid de León y Rosalía Ramírez de Ortega.»
El Presidente: - Túrnese a la Comisión de Comercio.
LEY FEDERAL DE PESCA
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Vicente Luis Coca Alvarez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para presentar dos iniciativas: una relativa a la Ley de Pesca y otra a la Ley de Fomento y Protección a la Juventud.
El diputado Vicente Luis Coca Alvarez:
La cuestión de la pesca en México viene a ser uno de los tópicos que no pueden permanecer ajenos a los debates de esta Legislatura y reviste tal importancia en estos momentos que incluso el Presidente de la República ha llegado a encargar la deplorable situación en la que se encuentran miles de pescadores así como la situación de atraso y abandono en la que se encuentran nuestros puertos, por lo que se deben tomar acciones inmediatas para rescatar nuestra industria pesquera y lograr que nuestro país ocupe de nuevo un lugar preponderante en esta materia.
Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados: Vicente Luis Coca Alvarez, diputado Federal de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión y en base en los artículos 27 y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de esta asamblea, iniciativa de reformas a la Ley Federal de Pesca, en base a la siguiente
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La pesca en México ha sido uno de los baluartes por excelencia de nuestro país; hemos ocupado uno de los primeros lugares a nivel mundial de explotación pesquera, sin embargo, en la actualidad nos encontramos en el decimoséptimo lugar por la captura y esta situación tiende a sumergirse cada vez más si no revaluamos y actuamos eficiente y eficazmente de inmediato.
Aunado a esto, la infraestructura con la que contamos para satisfacer la demanda interna y externa de la producción pesquera, vislumbra las condiciones de una etapa decadente en el momento histórico en el que nos encontramos y que representa el antagonismo trasnochado. Cada vez más el aspecto es el del atraso y lo inservible, en detrimento de una sociedad cada vez más ansiada de lograr un mayor bienestar y adecuarse a las normas internacionales de explotación productiva y remunerable.
En efecto, la infraestructura en cuanto a puertos, tenemos que de 59 existentes, 54 son puertos pesqueros, la desorganización y mala administración han propiciado que se encuentren subutilizados y otros saturados, es importante señalar que nuestro país cuenta con 11 mil 500 kilómetros de litoral, 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva; 358 mil kilómetros cuadrados de plataforma continental y más de 2.9 millones de hectáreas de cuerpos de aguas interiores que incluyen 1.6 millones de lagunas. Con esta riqueza es inconcebible que nuestros puertos y embarcaciones pesqueras se encuentren en el olvido total y que se continúe favoreciendo a un sector que no es propiamente el nacional, no podemos permitir que sea nuestra nación la última que obtenga el beneficio, por todo ello es necesario una restructuración administrativa y tecnológica que propicie cambios reales en la explotación pesquera nacional, así como ampliar la infraestructura de apoyo y de servicios, la reparación y mantenimiento adecuado de la flota pesquera, la implementación de nuevas tecnologías capaces de satisfacer los requerimientos esenciales que nuestro país necesita y que sea este ad hoc al modelo que queremos forjar como nación, ante una inminente firma que nos conllevará a satisfacer la demanda del mercado más grande del mundo y, obviamente, el más vulnerable.
Es revelante señalar que fue el propio Presidente de la República quien mencionó ante el pueblo mexicano reunido en Ciudad del Carmen, Campeche, que con un profundo nacionalismo y con un compromiso con el bienestar y la mejoría de los pescadores podemos revertir esta desafortunada situación del sector pesquero, efectivamente el nacionalismo se forja a través del sentimiento a la patria y quienes conforman esa patria es el pueblo mismo, el pueblo de México por lo que es precisamente a los mexicanos a los quienes deben apoyárseles financieramente para poder rescatar a la pesca nacional y no para que firmas del exterior se apoderen de nuestros ejidos pesqueros o se les permita explotar en zonas estratégicas para la nación.
El bienestar y la mejoría de los pescadores se logra de igual forma con el apoyo financiero en donde ambas partes se comprometan a respetar los acuerdos signados para promover la productividad pesquera y poder consolidarnos como una nación con un potencial pesquero suficientemente fuerte para poder incrementar nuestras exportaciones a todos los mercados mundiales que lo estén demandando y ayudar a sanear nuestra balanza comercial.
En términos generales, no podemos seguir siendo dependientes de naciones poderosas, tampoco nos podemos cerrar a un bloque hermético ante el panorama globalizador de la economía que acontece en estos momentos, sino que debemos buscar los mecanismos necesarios en el marco del respeto mutuo, la reciprocidad económica y financiera y poner fin al proteccionismo, el cual el sector pesquero es uno de los más dañados a nivel nacional e internacional.
Por otro lado, nuestro país se encuentra en el atraso absoluto en materia de acuacultura, a pesar que la Ley Federal de Pesca contiene un capítulo específico para el empleo de métodos y técnicas para su desarrollo controlado de las especies de flora y fauna acuática y las disposiciones que la Secretaría de Pesca debe adoptar ante este hecho que lo eleva a uno de los más altos estándares del desarrollo pesquero.
Esta iniciativa pretende darle la importancia que reviste la acuacultura en nuestro país, con fines de incrementar la productividad pesquera, así como impulsar el desarrollo de la industria pesquera y la infraestructura necesaria mediante el mantenimiento adecuado utilizando la tecnología apropiada requerida, promover programas de control de calidad del agua en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología tomando en cuenta los acuerdos y tratados internacionales que nuestro país haya signado o signe en el futuro en región a las aguas que delimitan nuestra soberanía nacional. Por otro lado, conferimos que se le debe dar la importancia que reviste el Instituto Nacional de la Pesca cuyas funciones dependerán, estarán enfocadas a la investigación científica y tecnológicas vinculadas al fortalecimiento de la producción, la asesoría científica de la pesquería, así como garantizar el con los productos pesqueros para el consumo con los máximos estándares de calidad y sanidad.
Ciudadano Presidente, compañeros diputados, es justamente ahora el tiempo de otorgarle la importancia que reviste nuestra industria pesquera y el desarrollo que necesita mediante el impulso y apoyos financieros para que nuestra pesca no llegue al borde de un colapso que pueda afectar las pretensiones de convertirnos en un país líder en el ramo.
No podemos soslayar acciones que deploren y hagan inefectiva nuestra ley en materia de pesca, hagamos un esfuerzo mutuo para fortalecer al sector y en la materia que nos confiere a nosotros los legisladores debemos optar por garantizar el desarrollo económico de la nación y fortalecer nuestra soberanía que cada vez se encuentra amenazada ante potencias económicas del exterior que impiden el libre desarrollo de nuestra nación.
Por lo anterior expuesto y en términos de los artículos 27 y 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento ante el pleno de esta asamblea, iniciativa de ley que reforma los artículos 16 fracción VI, X, XII, XV, XVII y XXVI, el título del Capítulo X y los artículos 67, 68 fracción IV de la Ley Federal de Pesca para quedar como sigue:
Artículo 16 ...
Fracción I. Realizar proyectos y promover el establecimiento de distritos o zonas de acuacultura, en coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con fines de incrementar la productividad pesquera, cuya jurisdicción, promoción, explotación y extracción será de uso exclusivo del Estado.
Fracción X. Impulsar el desarrollo de la industria naval para la construcción, reparación y mantenimiento periódico de embarcaciones pesqueras, utilizando una tecnología apropiada.
Fracción XII. promover y regular la realización de obras marítimas, portuarias y de acuacultura destinada al apoyo de la actividad pesquera que garantice los requerimientos necesarios para contar con una infraestructura acorde a la magnitud de la embarcaciones y de las actividades que en dichos puertos se realicen así como el desarrollo productivo de la nación en materia de acuacultura.
Fracción XVI. Promover, establecer, organizar, dirigir y sostener los servicios de capacitación y fomento de empleo para incrementar la productividad en el trabajo pesquero.
Fracción XVII. Promover en relación con la pesca, programas de control de calidad de agua y las acciones necesarias, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, de conformidad con las políticas y normas que se determinen, tomando en cuenta los convenios y tratados internacionales que nuestro país haya signado en relación a las aguas que delimitan nuestra soberanía territorial.
Fracción XXVI. Opinar y gestionar sobre la importación de embarcaciones, máquinas, equipos pesqueros y sus refacciones, priorizando, aquéllas que contribuyan al desarrollo efectivo y aumento de la productividad.
CAPITULO X
Del Instituto Nacional de la Pesca Artículo 67. El Instituto Nacional de la Pesca, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Pesca, de quien depende, cuyas funciones estarán enfocadas a la investigación científica y tecnológica vinculada al fortalecimiento de la producción, la asesoría científica de la pesquería, en las disposiciones del artículo 3o. fracciones de la I a la VII de la presente ley; así como atender las necesidades de alimentación para el consumo humano con los máximos estándares de calidad y sanidad. El objeto del Instituto Nacional de la Pesca, también estará vinculado al incremento de la capacidad nacional para identificar y cuantificar, aprovechar, administrar, transformar, conservar e incrementar la flora y fauna acuática de las aguas de jurisdicción nacional.
(El segundo párrafo queda igual y pasa a ser tercer párrafo.)
Artículo 68. El Instituto Nacional de la Pesca tendrá las siguientes facultades:
I a III...
IV. Participar técnicamente en la exploración para establecer nuevas áreas de pesca, así como evaluar los recursos pesqueros de las aguas continentales, interiores, el mar territorial, la zona económica exclusiva, y la plataforma continental e insular; y fomentar las actividades de acuacultura en las mismas áreas.
TRANSITORIOS
Unico. Las presentes reformas entrarán en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sala de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.- Diputado Vicente Luis Coca Alvarez.»
El Presidente:- Túrnese a la Comisión de Pesca.
LEY DE FOMENTO Y PROTECCIÓN A LA JUVENTUD
El Presidente:- Continúa en uso de la palabra el diputado Vicente Luis Coca, para presentar la iniciativa a la Ley de Fomento y Protección a la Juventud. El diputado Vicente Luis Coca Alvarez:
Los jóvenes forman una parte importante para el desarrollo que requiere nuestro país, sin embargo, éstos aun no cuentan con una ley que los proteja y que fomenten sus valores ante la sociedad. Es tiempo de realizar los cambios necesarios para formar un México más moderno y más realista ante la situación en que se encuentran los forjadores del futuro inmediato de nuestro país.
«Ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados: Vicente Luis Coca Alvarez, diputado federal de la LIV Legislatura al Congreso de la Unión y en base a los artículos 1o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 9o, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 71 fracción
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta soberanía iniciativa de Ley Federal para el Fomento y Protección a la Juventud y,
CONSIDERANDO
Que los jóvenes gozan de todas las garantías individuales que establece nuestra Constitución Política y los derechos fundamentales que a todo mexicano le confiere.
Que es necesario la creación de un Instituto Federal de Fomento y Protección a la Juventud que atiende las demandas de los jóvenes de acuerdo a fomentar las actividades culturales y recreativas, la educación, apoyar a las organizaciones juveniles, la autogestión y la asistencia a los jóvenes en alto riesgo, en adicciones o en otras conductas antisociales; en el ramo tutelar, en el trabajo a los incapacitados física y moralmente, a la protección jurídica, a la asistencia social de igual trato sin discriminación de sexo alguno y el fomento de foros y congresos de debates, políticos, social, económico, cultural y ambiental.
Que los jóvenes deben contar con una protección a su salud y a su readaptación social cuando el caso lo amerite.
Que se deben otorgar los apoyos económicos necesarios para la formación profesional, para las actividades culturales y recreativas, al intercambio académico y social en el extranjero.
Que los jóvenes tienen derecho a expresar sus ideas políticas sin restricción alguna en el marco de la democracia.
Que se deberán sancionar todas aquellas acciones que se opongan a la protección y el fomento de la juventud.
Que es necesario promover la investigación técnica y científica de los jóvenes.
Que es necesario estimular económica y simbólicamente a los jóvenes más destacados en la actividad que se desarrollen.
Que es obligación del Estado fomentar y proteger a la juventud mediante una ley que establezca la injerencia que tienen los jóvenes en el desarrollo, en todos los ámbitos, del país.
Por todo lo anteriormente presento ante el seno de esta asamblea la siguiente
INICIATIVA DE LEY FEDERAL
PARA EL FOMENTO Y PROTECCIÓN
A LA JUVENTUD
CAPITULO I
Disposiciones generales
Artículo 1o. Las disposiciones de esta ley son de orden público el interés social y tienen por objeto el fomento de los valores de la juventud en el marco de una sociedad libre y democrática y procurar por su protección mediante la orientación, la incorporación al progreso de la nación, el fomento al empleo, establecimiento de programas contra las adicciones y otras conductas antisociales, la promoción social y la protección jurídica de los jóvenes.
Artículo 2o. El Estado en sus tres niveles, garantizará el respeto a la presente ley y otorgará las facilidades que le confieren para fomentar y proteger a la juventud.
Artículo 3o. Se reconocen los derechos que tienen los jóvenes, conforme a lo que marca la Constitución General de la República y las leyes que de ella se deriven en cuanto a las garantías individuales y derechos fundamentales a que todo mexicano le confiere.
Ninguno de estos derechos y garantías podrán ser violados. Los jóvenes tienen el derecho de denunciar ante las autoridades competentes las acciones que atenta en contra sus garantías y derechos bajo el marco estricto de las leyes.
Artículo 4o. El Instituto Federal para el Fomento y Protección a la Juventud será el órgano regulador del Estado encargado de atender las demandas de organizaciones juveniles, voluntariado nacional juvenil o de jóvenes en lo individual para el fomento y protección a la juventud.
CAPITULO II
Del Instituto Federal para el Fomento y Protección a la Juventud Artículo 5o. Son obligaciones del Instituto Federal para el Fomento y Protección a la Juventud:
I. Fomentar las actividades culturales y recreativas;
II. Apoyar a la educación de los jóvenes;
III. Apoyar a las organizaciones juveniles;
IV. Promover foros y congresos de debates político, social, económico, cultural y ambiental;
V. Dar asistencia a los jóvenes en alto riesgo, en adicciones o en otras conductas antisociales;
VI. Dar asistencia en el ramo tutelar;
VII. Vigilar el trabajo de los jóvenes;
VIII. Dar asistencia a los jóvenes huérfanos e incapacitados física y moralmente;
IX. Dar asistencia a la juventud ante la administración policiaca en caso de arresto preventivo;
X. Proteger jurídicamente a los jóvenes;
XI. Promover programas de integración familiar;
XII. Dar asistencia y apoyo en materia de salud a los jóvenes;
XIII. Apoyar la autogestión y las nuevas formas de organización juvenil;
XIV. Dar asistencia en el uso creativo del tiempo libre, y
XV. Promover la asistencia social de igual trato a los jóvenes, sin discriminación de sexo alguno.
Artículo 6o. Deberes adicionales del Instituto Federal para el Fomento y Protección a los jóvenes:
I. Crear centros para la prevención social de los jóvenes;
II. Crear centros educativos y de asistencia a los hijos de madres jóvenes que trabajen o estudien;
III. Crear servicios públicos para la juventud;
IV. Crear colonias de tiempo libre para el fomento de la cultura de los jóvenes;
V. Apoyar económicamente las actividades del tiempo libre, educación política y el intercambio internacional de los jóvenes;
VI. Ayudar en la educación durante la preparación y formación técnica o profesional, incluyendo el alojamiento fuera de la casa familiar;
VII. Apoyar en los programas de lucha contra la pobreza en la que los jóvenes participen;
VIII. Apoyar a las instalaciones y reuniones de distintas organizaciones juveniles de salvaguarda, y
IX. Instalación de hogares juveniles con los requerimientos necesarios para los jóvenes de alto riesgo de pérdida de su integridad física y mental.
Artículo 7o. El Instituto para el Fomento y la Protección de la Juventud coordinará las acciones que sean prudentes y el financiamiento, con grupos de voluntariado nacional y regional así como del sector privado para dar una mejor asistencia a la juventud.
Artículo 8o. Las organizaciones del voluntariado nacional y el sector privado podrán recomendar las distintas acciones pero no podrán ejecutar proyecto alguno o determinar decisiones sin antes ser consultadas ante el Instituto para el Fomento y Protección de la Juventud.
Artículo 9o. Cualquier propuesta llevada ante el Instituto de Fomento y Protección a la Juventud, deberán ser estudiadas minuciosamente y ser votadas por lo miembros encargados de sus estudios de acuerdo a las siguientes consideraciones:
I. Si se trata de algunos propuestas a nivel regional, los miembros de la entidad federativa del Instituto para el Fomento y Protección de la Juventud votarán de acuerdo al asunto propuesto, aún si se tratase de una propuesta a nivel municipal, y
II. Si se trata de una propuesta a nivel nacional, los miembros del Instituto para el Fomento y la Protección de los Jóvenes tomarán las decisiones mediante el voto de los miembros.
Artículo 10. Las propuestas de las organizaciones del voluntariado o del sector privado no podrán tener en su contenido ningún planteamiento que atente en contra de los valores democráticos de los jóvenes ni contra alguna o algunas de las garantías individuales que establece nuestra Constitución Política.
CAPITULO III
Organización y procedimiento
Artículo 11. El Instituto para el Fomento y Protección para la Juventud estará compuesto por:
I. Miembros administrativos y competentes de la asistencia a la juventud;
II. Miembros de organizaciones juveniles;
III. El presidente del instituto;
IV. Un médico de higiene;
V. Un trabajador social;
VI. Un juez en materia tutelar, un juez de integración familiar, un juez para la protección jurídica de los jóvenes, y
VIII. Tres promotores de la educación y de actividades culturales y recreativas.
Los miembros que integran los inicios I y II formarán parte del consejo de la juventud.
Artículo 12. El Estado determinará quienes serán las personas encargadas de los incisos III, IV, V y VII del artículo 9o. de la presente ley.
Los demás integrantes serán elegidos bajo el voto de los miembros de las organizaciones juveniles.
Artículo 13. Cada tres años se convocarán elecciones para nombrar a los miembros del consejo de la juventud; así como para nombrar al presidente.
Artículo 14. El consejo se ocupará del estímulo y el apoyo a la juventud y formará el reglamento interior en coordinación con los demás miembros del Instituto Federal para el Fomento y Protección a la Juventud de acuerdo con las disposiciones de la presente ley.
El consejo se reunirá por lo menos seis veces al año y puede ser convocado a reunión extraordinaria cuando el caso lo amerite.
Artículo 15. El consejo tiene la facultad de determinar el número de empleados y sus funciones y fijará los requisitos de su aprobación. Los requisitos no podrán ser discriminatorios y serán determinados indistintamente del sexo, ideología, posición económica o de cualquier otra índole contraria a las garantías individuales.
Artículo 16. El presidente, solamente podrá ser una persona con buen carácter, conocimiento y experiencia y en general una formación profesional de trabajo de asistencia a la juventud.
Artículo 17. Será obligación del Instituto Federal para el Fomento y Protección a la Juventud fundar una oficina en cada estado de la República Mexicana, que atienda las demandas y propuestas de los jóvenes, a nivel regional y éste estará conformado en los mismos términos del artículo 11. fracciones de la I a la VII.
Si es necesario podrán existir varias oficinas en un estado, coordinadas por la oficina estatal.
Artículo 18. Las obligaciones de la oficina estatal serán las mismas enlistadas en los artículos 5o. y 6o de la presente ley.
CAPITULO IV
Protección a la salud y readaptación social de los jóvenes
Artículo 19. El Estado garantizará la protección de la salud de los jóvenes y determinará las aciones ante cualquier situación que ponga en peligro la salud de los jóvenes.
Artículo 20. Queda prohibido la venta de cigarrillos, tabaco o bebidas a los jóvenes menores de 18 años.
Artículo 21. Queda prohibido ingerir sustancias psicotrópicas o cualquier tipo de estupefacientes, o tener en su posesión, de acuerdo a aquellos enlistados en los artículos 234 y 248 de la Ley General de Salud y aquellas disposiciones de los capítulos V y VI de la misma ley.
Artículo 22. Los medios de comunicación social deberán proyectar periódicamente anuncios relativos al combate al uso de cualquier tipo de droga.
Se reducirán en la medida de lo posible, la transmisión y publicación de anuncios comerciales de bebidas alcohólicas, de cigarrillos y tabaco, y deberán ajustarse a un horario, en caso de proyección visual.
Artículo 23. La atención médica será gratuita en las instituciones médicas públicas, para aquellos jóvenes que estén en su formación profesional y aquellos jóvenes con recursos económicos restringidos.
El suministro de medicamentos también será gratuito mismo que también le serán expedido por las mismas entidades médicas públicas.
La mujeres jóvenes en estado de embarazo gozarán de las atenciones necesarias con un alto grado de sanidad.
Artículo 24. Las acciones para atender a los jóvenes en alto riesgo, marginados y disminuidos física y moralmente, deberán otorgárseles la orientación, asesoría, servicio social y trabajo comunitario necesario para lograr su integración a la sociedad.
Artículo 25. Se deberán realizar programas para la atención de jóvenes que son inmiscuidos a los actos de prostitución. Por ningún motivo se obligará a ningún joven a realizar actos de promiscuidad y las sanciones relativas deberán aplicarse conforme a la ley.
Artículo 26. Se promoverán programas específicos de reintegración familiar a aquellos jóvenes que se encuentran en alto riesgo o marginado.
CAPITULO V
Apoyo a la educación y al trabajo de los jóvenes
Artículo 27. El Estado garantizará el derecho a la educación de los jóvenes, los cuales elegirán su propia formación económica de acuerdo a sus propios intereses e ideologías.
Artículo 28. El Estado brindará apoyo económico para aquellos jóvenes de escasos recursos económicos para continuar sus estudios mediante becas anuales otorgadas por las instituciones educativas a las que deseen acudir o por la Secretaría de Educación Pública.
Se coordinarán con distintas instituciones financieras un sistema de préstamos para la educación profesional para aquellos jóvenes que deseen ingresar a una institución de enseñanza superior privada. Estos préstamos serán otorgados de acuerdo a la necesidad del estudiante y serán pagados cuando concluyan sus estudios, o en caso de abandonar la institución, a un año después en un plazo promedio no menor de tres años.
Artículo 29. Ninguna escuela o institución, pública o privada, podrá seleccionar a los estudiantes para ingresar a ellas. Cualquier acción discriminatoria será objeto de sanción.
Artículo 30. Se otorgará apoyos económicos para la investigación técnica y científica en las instituciones que reúnan los requisitos necesarios para su realización. Estas investigaciones deberán ir orientadas a fomentar el desarrollo productivo del país y serán premiados anualmente aquellos jóvenes que hayan realizado una labor destacada en este ámbito.
Artículo 31. El Estado promoverá, en coordinación con los gobiernos de otros países, el intercambio académico a nivel licenciatura y posgrado; así como las actividades en materia cultural con el fin de crear una cultura mexicana universal y humanística de los jóvenes.
Artículo 32. Se promoverán programas de apoyo a la docencia que realicen los jóvenes capaces de instruir académicamente, principalmente en programas de alfabetización, estimulándolos económicamente.
Artículo 33. Se normará y coordinará la operación de un programa permanente de servicio social nacional en apoyo a la juventud.
Artículo 34. Se normarán, concertarán y coordinarán programas para la capacitación laboral de los jóvenes, aplicados a través del trabajo comunitario, el trabajo especializado y el trabajo productivo.
Artículo 35. Se fomentará el interés de la juventud sobre el medio ambiente mediante la realización de foros y congresos nacionales de la juventud para el medio ambiente y se procurará una reunión anual sobre la misma materia a nivel internacional.
Artículo 36. Se estimularán y desarrollarán proyectos de bibliotecas y centros juveniles de información editorial.
Articulo 37. Los jóvenes contarán con reducciones a los servicios de transporte público y se reducirá el Impuesto al Valor Agregado para el consumo de alimentos.
Artículo 38. Los jóvenes tienen el derecho de expresar sus ideas políticas sin restricción alguna, en el marco de la democracia. Se dará apoyo para las organizaciones juveniles de promoción política. Se coordinarán programas de gestoría y congresos de temática política para abrir el espacio de los jóvenes en este sector.
Se apoyarán intercambios de jóvenes a diálogos políticos a los países que acepten esta disposición, sin que éstos tengan injerencia alguna sobre el tipo de ideología política del país al que concurra.
Artículo 39. Se apoyarán los intercambios internacionales a los jóvenes que deseen convivir con una familia extranjera en un lapso no mayor de seis meses, con el fin de adquirir conocimientos y experiencias de otras ideologías distintas a la nuestra.
CAPITULO VI
Participación cultural y recreativa de los jóvenes
Artículo 40. Se normarán y coordinarán proyectos de instituciones culturales para el desarrollo creativo de los jóvenes.
Artículo 41. Los jóvenes dedicados a la creación artística y cultural recibirán los apoyos necesarios, en materia económica, para su formación. Ningún jóven será obligado a realizar ninguna actividad cultural ajena a sus intereses y proyecciones como individuo de la sociedad.
Artículo 42. Se darán apoyos económicos, mediante becas para el aprendizaje de algún otro idioma distinto al nuestro. El Financiamiento se logrará en coordinación con el gobierno y las instituciones dedicadas a la enseñanza de algún idioma.
Artículo 43. Los jóvenes dedicados a las actividades culturales recibirán estímulos económicos y se otorgará anualmente la medalla "Frida Kahlo" al trabajo más destacado a nivel cultural.
Artículo 44. Se fomentarán y apoyarán financieramente a aquellos jóvenes que deseen realizar su formación artística en el extranjero.
Artículo 45. Se fomentará la creación de centros vacacionales en todo el territorio nacional, exclusivamente para jóvenes y se otorgará descuentos en todos los medios de transportes, reducidos a un 50% de su costo original. Se crearán agencias de viajes especializadas en la promoción recreativa para los jóvenes y se promoverá la convivencia y el intercambio juvenil intermexicano e internacional.
Se promoverán la capacitación laboral y la investigación de los jóvenes en las áreas de restauración arqueológica en México y en el extranjero.
CAPITULO VII
Sobre la protección jurídica
Artículo 46. El gobierno garantizará la protección jurídica de los jóvenes y el goce de las garantías individuales y los derechos humanos.
Artículo 47. Se creará en cada uno de los estados y en el Distrito Federal, el Departamento de la Protección Jurídica, cuyas funciones serán las de dar asesoría, orientación e información jurídica para los jóvenes. Este departamento contará con abogados y traductores, en caso de que un joven no hable el castellano, para proteger a los jóvenes ante cualquier situación que implique detención preventiva o encarcelación.
Artículo 48. Se crearán institutos especiales para aquellos jóvenes que cuya falta no sea objeto de libertad condicional. Estas instituciones apoyarán socialmente al joven, orientarán y asesorarán la prevención de la delincuencia; contarán con profesores determinados para continuar sus estudios y también fomentarán el empleo dentro de la institución. Los jóvenes tendrán acceso a los derechos sociales, a la promoción técnica y profesional, el acceso al empleo, la atención médica y la sanidad.
Artículo 49. El instituto especial procurará que cuando el joven pueda reintegrarse a la sociedad, éste cuente con los elementos necesarios para renovar su vida y se le buscará una escuela, o en el caso, un trabajo de acuerdo a las actividades realizadas dentro de la institución especial.
Artículo 50. Se fomentará la instalación de centros de información para la protección jurídica en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para atender todo tipo de cuestionamiento de la juventud que concurran a estos centros.
CAPÍTULO VIII
Sanciones
Artículo 51. Las sanciones estarán establecidas en el reglamento que expida el Instituto Federal para el Fomento y la Protección a la Juventud, de acuerdo al grado de violación al que se haya incurrido.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente ley. Segundo. La presente ley será redactada en castellano y en todas las lenguas indígenas que se hablen en el territorio nacional.
Tercero. La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la sala de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.- Diputado Vicente Luis Coca Alvarez.»
El Presidente:- Túrnese a la Comisión de Seguridad Social.
DICTÁMENES DISCUSIÓN
LEY FEDERAL DE DERECHOS DE AUTOR
El Presidente:- El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derecho de Autor.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, solicito a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:- En cumplimiento de las instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, por favor sírvanse manifestarlo levantando la mano... Se dispensa la lectura al dictamen.
(*) Trámite:- Segunda lectura.
El Presidente:- Tiene la palabra el diputado Onofre Hernández Rivera, por la comisión, para fundamentar el dictamen.
El diputado Onofre Hernández Rivera:- Señor Presidente; compañeros diputados; señoras y señores: He solicitado el uso de la palabra para hacer en forma breve y concreta, algunas precisiones sobre esta importantísima iniciativa de reformas y adiciones a la Ley Federal de Derecho de Autor.
Para atender la urgente necesidad de lograr el desarrollo del país en todos sus ámbitos, resulta condición indispensable fomentar el desarrollo intelectual, la creatividad, la búsqueda de alternativas de solución a la amplia gama de problemas de la nación.
Los cambiantes retos actuales implican también el planteamiento de soluciones dinámicas, no sólo para hoy, sino de un gran prospectiva con gran anticipación.
El desarrollo científico y tecnológico tiene un avance vertiginoso y a la par debe de darse su protección. La Ley del Derecho de Autor debe cumplir exactamente con este cometido; en virtud de que el actual ordenamiento legal adolece de una serie de deficiencias que deja desprotegida la creación intelectual, se ha generado una gran preocupación por revisarle y mejorarle.
Como parte de esa preocupación atendemos la iniciativa de reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos de Autor, que con importantes aportaciones de sectores interesados y analizada y enriquecida por las cámaras de Senadores y Diputados, nos permitimos poner a su amable consideración.
Es necesario destacar en esta apreciación, que fue muy útil el trabajo de conferencia, celebrado por la Comisión de Educación Pública y tres comisiones unidas en el Senado de la República.
Cabe destacar que en estas reuniones, compañeros prestigiados de todos los partidos, fundamentalmente del Partido Acción Nacional, participaron en enmiendas y correcciones que hoy se pondrán a su amable consideración.
El proyecto de decreto que modifica los artículos 4o., 6o., 7o., inciso primero y j, párrafo tercero, párrafo primero; 72, 89, 88, último párrafo; 89, párrafo primero; 40, párrafo primero; 130, 132, fracción II; 135, párrafo primero y fracciones II y III; 136, párrafo primero; 137, 138, párrafo primero; 139 al 157 y se adicionan los artículos 7o., con un inciso k; 18, con un inciso f; se agrega el 87- bis, 88, con una fracción III, el 142- bis; 157- A y 157- B.
Con esta serie de propuestas contenidas en la iniciativa, en la que tuvimos la oportunidad de escuchar el día de ayer y que hoy está a discusión, se plantean en conclusión los siguientes aspectos fundamentales:
1o. Mediante la adecuación de las penas corporales y pecuniarias a la realidad actual, inhibir la comisión de delitos tipificados en la ley autoral.
(*) Esta en el Diario No. 21, de julio 8
2o. Evitar el daño que el uso ilícito de obras y creaciones de pensamiento causa a los legítimos intereses de los autores y demás titulares de derechos tutelados por esta legislación.
3o. Impedir el perjuicio al erario federal y el daño social que se ocasiona con la violación a la disposición de esta ley.
4o. Concretar el compromiso del Estado mexicano por la protección de los derechos del autor a los beneficios de toda obra intelectual o artística que produzca, así como a la protección de los derechos conexos o derivados por los derechos de autor, como son de los intérpretes o ejecutantes y productores.
Señores legisladores: estas propuestas que se ponen a su consideración, tienen por objetivo principal, establecer el derecho prioritario que debe gozar el autor.
En el seno de la Comisión de Educación Pública, conjuntamente con las instancias correspondientes en la Secretaría de Educación Pública, como son la Dirección General de Derechos de Autor, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, existe un acuerdo para abrir, con fecha 15 de julio al 30 del mismo mes y atender las inquietudes y planteamientos de los sectores involucrados en favor de esta Ley Federal de Derecho de Autor, para que nuestros compañeros puedan emitir opiniones y por fin se tengan el reglamento que corresponda en el instrumento legal de esta iniciativa de ley.
Será muy útil la presencia de todos los sectores involucrados, a quienes abrimos una amplia invitación para que en este tiempo e incluido uno de los transitorios importantes que se señalan en dicha iniciativa, cuando se dice en el artículo 2o., como propuesta, que el Reglamento del Registro Público del Derecho de Autor, deberán ser expedidos dentro de los 180 días siguientes al de entrar en vigor el presente decreto, en tanto, permanecerá en vigor lo dispuesto por el artículo 130 vigente de esta ley.
En tal forma, creemos conveniente especificar: en el reglamento habremos de incluir en propuesta las inquietudes que esta iniciativa de ley no contempla por ser de procedimiento y el reglamento pudiera pelear aspectos fundamentales en derecho de autor.
Luego, compañeros, en consecuencia, que ésta será una gran participación, ésta será el modo de instrumentar la protección que se debe tener a los derechos de autor para seguir conservando el deseo de producir creatividad y resguardar todos sus derechos. Muchas gracias.
El Presidente:- Está a discusión en lo general el dictamen. Se abre el registro de oradores...
Para razonar su voto, pase, diputado José de Jesús Sánchez Ochoa.
El diputado José de Jesús Sánchez Ochoa: - Señor Presidente; señorita presidenta; señoras y señores diputados: El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de este dictamen, porque considera que contiene la iniciativa dictaminada un avance, un pequeño avance en el campo de los derechos de autor, un avance que se manifiesta fundamentalmente en actualizar las penas impuestas a quienes de alguna manera puedan fastidiar los derechos de la propiedad intelectual, los derechos de autor y en precisar, equiparar, mejor dicho, los derechos de los productores de fonogramas, a los derechos de los intérpretes y ejecutantes, aunque no consideramos que sea exactamente lo mismo, sin embargo, es un avance.
También en el dictamen y en la misma minuta aprobada por el Senado, fueron incluidas cuatro proposiciones de mejoría al proyecto de dictamen que partieron del diputado Eugenio Ortíz Walls, de nuestro partido, de nuestro grupo parlamentario.
Hubo una discusión abierta, hubo conversaciones en torno a este dictamen que de alguna manera son signos, son augurios de lo que deben ser en un futuro las discusiones en torno a los dictámenes.
Por estos breves avances, aunque con la conciencia clara de que este campo todavía tiene que verse con mayor profundidad para legislarse con mayor amplitud, con una visión más amplia a fin de garantizar y estimular la propiedad intelectual, el Partido Acción Nacional votará a favor. (Aplausos.)
El Presidente:- Gracias, muchas gracias, diputado Sánchez Ochoa. Consulte la secretaria si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:- Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la
asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general. Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Gracias. Suficientemente, señor Presidente.
El Presidente:- Para los efectos del artículo 134 del Reglamento Interior del Congreso General, se pregunta a la asamblea si se va a reservar algún artículo para discutirlo en lo particular.
Para su discusión en lo particular, el artículo 4o. En contra, el diputado Ernesto Jiménez Mendoza y a favor de este mismo artículo, el diputado Alberto Assad.
Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:- Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, de los artículos no impugnados, en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 316 votos en pro, ocho en contra y una abstención.
El Presidente:- Aprobados en lo general y en lo particular los artículos no impugnados, por 316 votos.
Esta presidencia informa que ha sido reservado para su discusión el artículo 4o. Se abre el registro de oradores.
Esta Presidencia informa que se han inscrito para hablar en contra del artículo 4o., el diputado Ernesto Jiménez Mendoza y para hablar en pro del mismo artículo, el diputado Alberto Assad.
Tiene la palabra el diputado Ernesto Jiménez Mendoza, en contra.
El diputado Ernesto Aureliano Jiménez Mendoza:- Gracias, señor Presidente; señoras diputadas; señores diputados: Me he inscrito en relación con un artículo de la ley que en lo general se acaba de aprobar, porque, a juicio del suscrito, contiene el artículo 4o. una grave irregularidad, es decir, contiene realmente una aberración de técnica jurídica.
El artículo 4o., le voy a dar lectura y voy a precisar dónde está la situación indebida, dice el artículo 4.: "Los derechos que el artículo 2o. concede en su fracción III al autor de una obra, comprenden la publicación, ejecución, representación, exhibición y cualquiera utilización pública de la misma, las que podrán efectuarse por..." y luego aquí dice; en lo que está mal dice: "cualquier medio, según la naturaleza de la obra y de manera particular por los medios señalados en los tratados y convenios internacionales vigentes en que México sea parte".
Es decir, el artículo para señalar a los medios nos remite a los señalados en los tratados y convenios internacionales y, además, de esos convenios internacionales, los vigentes en que México sea parte.
Para que pudiéramos entrar en un razonamiento de este tipo de aberración jurídica, quiero ejemplificarles las cosas; resulta que un carnicero, que la suerte le ha llevado a darle rienda suelta a su inspiración, compuso alguna obra musical o alguna canción o algún otro tipo de obra y requiere hacer valer los derechos derivados del artículo 4o.
Cuando él pueda leer esto se va a ir de espaldas, porque no sabe, en principio, ni qué son los tratados y los convenios internacionales y mucho menos cuáles están vigentes, pero más todavía, pues va a tener que ir a ver a alguien que le dé luz al respecto; a la mejor un diputado, a la mejor un abogado, alguien.
Y resulta que le van a indicar que tiene que consultar todos los convenios y todos los tratados en que México sea parte y pues, como somos realistas en estas cosas, vemos que ni el propio Secretario, estoy seguro de ello, ni el propio Secretario de Relaciones Exteriores sabe ese tipo de datos.
¿Por qué? Porque la historia es muy amplia, porque todos los gobiernos han hecho tratados internacionales y convenios y con todos los gobiernos hay datos al respecto y no tenemos ni siquiera una biblioteca o una fuente de información exacta para que se pueda comprender todo esto.
Si recurrimos a la Ley de Derecho de Autor, habla de algunos tratados que creen importantes y que se relacionan con la legislación, por ejemplo el Tratado de Roma, pero si nosotros
atendemos a la literalidad del artículo, resulta que no se va a saber ni cuáles tratados son, ni cuáles están vigentes, que es lo más grave, porque la vigencia significa una operancia de la ley, significa que cause efectos actuales una ley.
Entonces, pues imagínense cómo se la van a poner a ese autor que puede ejercitar estos derechos, pero como es un autor nacional, yo no me explico por qué tiene que recurrir a los tratados internacionales, si es ley de México y para México, pero a los señores de la comisión les pareció ad hoc o chic ponerle y dejarle esto y nosotros tuvimos oportunidad, desde la comisión, de hacerles ver que esto está mal; que, por favor, que se van, que esto realmente van a exhibir, no sólo se exhiben a ellos, sino exhiben a todos los demás que estamos aquí formando parte y que tanto peca uno como otro. Y, entonces, pues tenemos que caer en la conclusión de que tenemos que rogarles a todos ustedes, señores diputados, que meditemos, meditemos completamente estas cosas, que no podemos dejar una norma así, abierta, para que se vaya a los tratados internacionales, los cuales no sabemos o que siquiera la comisión respectiva que dictaminó esto, venga a decir a qué se refiere para el carnicero, aquel que les comentaba, pueda ir a ver siquiera al de la comisión o venir al Diario de los Debates y ver a qué se refieren estas personas.
Cuando tuve oportunidad de platicar con ellos, pues me daban argumentos extraños, unos decían no, pues, es que esto estaba así y si ya estaba así, pues yo creo que hay que dejarlo así, o bien dicen no, es que hay muchos convenios internacionales, cerca de mil, pues imagínense cómo se la ponen a a la pobre gente, tiene que consultar esos mil tratados internacionales o bien algún otro que realmente es intrascendente todavía.
Y en alguna ocasión los compañeros del Partido Acción Nacional que estuvieron, se acordarán que tuvimos algún punto de acuerdo para agregarle a la ley siquiera, bueno, los medios a que se refiere este artículo estarán explicados en el reglamento, siquiera con eso que le pusieran, para salvar su honor, porque los del Partido Revolucionario Institucional no dan su brazo a torcer tan fácilmente, dicen, es que ya viene del Senado así y no hay que quitarle ni una coma; entonces, yo, ¿para qué está la Cámara que es revisora, en este caso, si no le puede quitar nada? ¿Pues para qué hacemos este teatro de la cámara de origen y de la cámara revisora? y ¿para qué todas estas cosas si va a ser lo que ustedes quieran? ¿Para qué teatro, señores?
Es importante entonces concluir, que si quieren ustedes siquiera salvar la redacción de este artículo, habrá que remitirlo siquiera al reglamento. Yo traigo aquí la propuesta, pues es en síntesis la que les acabo de dar; ustedes saben si entran en razón o si siguen en su cerrazón y sacan las cosas a su modo. Muchas gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Alberto Assad, en pro del artículo 4o.
El diputado Alberto Julián Assad Avila: -Con su permiso, señor Presidente; respetables diputadas y diputados: Quiero aclarar, más que nada precisar, por razones que suceden a veces en que no nos queda muy claro el texto, yo siento que no se presta a esa interpretación que ha dicho mi paisano y amigo, el doctor Jiménez.
En tal virtud, voy a señalar algunos antecedentes y posteriormente la conclusión que su servidor hace y es cierto que estuvo el compañero Jiménez en la comisión, no obstante que no es miembro de la comisión, pero fue invitado, dio sus argumentos, estuvo presente y tiene razón el texto que él señala, pues ha venido desde 1936, que es el origen de la Ley del Derecho de Autor.
Esta reforma del artículo 4o. no se encuentra dentro de las propuestas que en su oportunidad hizo el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, lo que aquí quiere decir que ya hubo una revisión, no como se está señalando que solamente es para probar, sino que fue revisada y está la Cámara de Diputados haciendo una propuesta a ese proyecto original enviado por el Senado de la República.
Este artículo refiere en la actualidad los derechos de uso o de explotación temporal de una obra que la ley concede al autor y que podrán ser transmisibles por cualquier medio legal. Como parte de los intercambios sostenidos con servidores públicos de la administración pública federal y en consideración desde luego de las manifestaciones que formularon diversas organizaciones, que fueron ya aquí apuntadas cuando se hizo el comentario general, relacionadas con el ejercicio de los derechos que esta ley concede a los autores, se estimó conveniente introducir en este artículo una precisión en el sentido no sólo de que los derechos que la ley otorga a los autores podrán
ser transmisibles por cualquier medio legal, sino señalar expresamente algunos de esos medios, como son: la enajenación, el arrendamiento o la concesión de uso o explotación temporal.
De conformidad con los principios que regulan el privilegio concedido a los autores por el artículo 28 constitucional, así como al tenor de lo dispuesto por el artículo 1o. del ordenamiento que nos ocupa, en el sentido de asumir una postula tutelar en favor de los autores, se estima conveniente proponer la modificación al referido artículo 4o., de suerte que se reconozca expresamente en la ley que los derechos otorgados a los autores, también pueden ser objeto de arrendamiento.
Si bien este negocio jurídico se encuentra comprendido dentro del término genérico que se sugiere de concesión de uso o explotación temporales, su señalamiento expreso en la ley persigue facilitar a los autores el ejercicio de sus derechos. De la misma forma, la adición que se propone al artículo 4o. redunda en el señalamiento que ya se hace en la fracción III del artículo 2o. en vigor, sobre la posibilidad de que el autor convenga con terceros el uso o explotación temporal de su obra. Sin embargo, la reiteración que se persigue tiene el propósito de que los autores cuenten con una reafirmación de que la cesión de sus derechos autorales no constituye necesariamente el único medio por el cual los terceros pueden usar y explotar temporalmente su obra.
Queda finalmente con este texto:
"Artículo 4o., lo señalo porque es lo que hay que aclarar: que el artículo 2o. concede en su fracción III al autor de una obra, comprende en la publicación, reproducción, ejecución, representación...
El Presidente: -Permítame, señor diputado. Dígame, señor diputado.
El diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez (desde su curul): -Señor Presidente, ¿quiere preguntarle al orador si puedo hacerle una interpelación?
El Presidente: -¿Permite el orador una pregunta?
El diputado Alberto Julián Assad Avila: -No señor, quiero que me permita terminar.
El Presidente: -Continúe el orador.
El diputado Alberto Julián Assad Avila: Discúlpeme, compañero; discúlpeme y quiero que no pierda la seriedad que merece este tema.
"Los derechos que el artículo 2o. concede en su fracción III al autor de una obra, comprende en la publicación, reproducción, ejecución, representación, exhibición, adaptación y cualquier utilización pública de la misma, las que podrán efectuarse por cualquier medio, según la naturaleza de la obra". Creo que es muy claro: "según la naturaleza de la obra y de manera particular, por los medios señalados en los tratados y convenios internacionales vigentes en que México sea parte".
Es cierto que puede traer dificultades para los autores, pero también es cierto que cada vez es más necesaria la especialización en el derecho; sería incongruente hacer un catálogo, hacer un listado de convenios, de tratados, de acuerdos internacionales que rijan en esta materia, toda vez que el artículo 133 de la Constitución les da pleno valor y vigencia en lo que compete en esta materia.
Ahora, simplemente aquí en una pequeña relación, que son cientos de tratados que hay en varias materias en las de los derechos de autor, disculpando que prolongue esta respuesta, simplemente diría las siguientes: Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas; decreto que promulga la Convención Universal sobre Derechos de Autor; decreto por el que se promulga la Convención sobre Propiedad Literaria , etcétera.
Yo aquí sugeriría, si en realidad se quiere tener un catálogo, un listado de convenios, de tratados, bueno, la propuesta que se haga para la próxima legislatura donde se abarque todas las materias del derecho que tenemos, puede ser de comercio, puede ser de derecho penal, puede ser de derecho civil; creo que la propuesta es buena, pero es innecesaria en este contenido de la Ley de Derechos de Autor.
Finalmente, pues esta ley está considerando, está reglamentando las garantías constitucionales de libertad de escribir y libertad de publicar. Al terminar, el compañero diputado señalaba que esto sería posible en un reglamento, pues yo creo que eso puede ser el complemento en esta discusión, que haga una propuesta a futuro en donde en un reglamento se señale un catálogo con el listado de todos los convenios, de todos
los tratados internacionales, de los acuerdos que puedan regir en esta materia. Les ruego una disculpa por dilatar este asunto. Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El Presidente: -Consulte la secretaría a la asamblea si el artículo 4o. se encuentra suficientemente discutido.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Por instrucciones de la Presidencia y en votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el artículo 4o.
Los diputados que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: -Proceda la secretaría a recoger la votación nominal en lo particular, de este artículo.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo particular de este artículo, en un solo acto. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del reglamento.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron en pro 284 votos, 14 en contra y ocho abstenciones.
El Presidente: -Aprobado el artículo 4o. por 284 votos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos de Autor.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. (Aplausos.)
ELECCIÓN DE MIEMBROS
DE LA COMISIÓN
PERMANENTE
El Presidente: -De conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Constitución General de la República, se va a proceder a la elección de los diputados que formarán parte, en su calidad de titulares y sustitutos, de la Comisión Permanente, en la inteligencia de que los sustitutos entrarán en funciones en los casos de falta absoluta del titular, o bien cuando éste solicite licencia para estar separado del cargo de diputado.
Se suplica a los diputados pasen a depositar su cédula al escuchar su nombre.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Se va a pasar lista.
(Votación.)
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: -Señor Presidente, hecho el escrutinio y el cómputo de la votación, ésta da el siguiente resultado:
Se emitieron 10 votos diversos para diferentes miembros que integran la Comisión Permanente; 18 votos para la plantilla integrada por los diputados: Augusto Gómez Villanueva, José Murat, Pedro Alberto Salazar Muciño, Rosario Guerra Díaz, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Víctor Hugo Celaya Celaya, Carlos Javier Vega Memije, Napoleón Cantú Cerna, Américo Javier Flores Nava, Bernardo Bátiz, José Elías Ramírez de Ortega, Gerardo Arellano, Luis Delgado Esteva, Ignacio Castillo Mena, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jesús Luján Gutiérrez, Juan Jaime Hernández, Roberto Jaramillo y Rubén Venadero Valenzuela, y 309 votos para la plantilla integrada como propietarios, los diputados: Augusto Gómez Villanueva, José Murat, Pedro Alberto Salazar Muciño, Rosario Guerra Díaz, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Víctor Hugo Celaya Celaya, Carlos Javier Vega Memije, Napoleón Cantú Cerna, Américo Javier Flores Nava, Abel Vicencio Tovar, Miguel Hernández Labastida, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Ignacio Castillo Mena, Juan Nicasio Guerra Ochoa, Jesús Luján Gutiérrez, Juan Jaime Hernández, Roberto Jaramillo Flores, Rubén Venadero Valenzuela y, como sustitutos los diputados: Raúl Bolaños Cacho guzmán, Enrique Riva Palacio Galicia, Onofre Hernández Rivera, Melchor de los Santos Ordóñez, Alberto Amador Leal, Rebeca Anchondo Fernández, Enrique Ibarra Pedroza, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Aquiles López Sosa, Luisa María Calderón Hinojosa, José Luis Luege Tamargo, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Zeferino Esquerra Corpus, Enrique Rojas Bernal, Isidro Aguilera Ortíz, Alfredo Reyes Contreras, José Octavio Colombres Carbajal y José Nelson Madrigal Gómez.
El Presidente: -En consecuencia, por un total de 309 votos, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el segundo receso
del tercer año de ejercicio de la LIV Legislatura, los siguientes diputados titulares: Augusto Gómez Villanueva, José Murat, Pedro Alberto Salazar Muciño, Rosario Guerra Díaz, Cuauhtémoc Anda Gutiérrez, Víctor Hugo Celaya Celaya, Carlos Javier Vega Memije, Napoleón Cantú Cerna, Américo Javier Flores Nava, Abel Vicencio Tovar, Miguel Hernández Labastida, Fernando Antonio Lozano Gracia, Juan Antonio García Villa, Ignacio Castillo Mena, Juan Guerra Ochoa, Jesús Luján Gutiérrez, Juan Jaime Hernández, Roberto Jaramillo Flores, Rubén Venadero Valenzuela, y como sustitutos: Raúl Bolaños Cacho Guzmán, Enrique Riva Palacio Galicia, Onofre Hernández Rivera, Melchor de los Santos Ordóñez, Alberto Amador Leal, Rebeca Anchondo Fernández, Enrique Ibarra Pedroza, Carlos Rubén Calderón Cecilio, Aquiles López Sosa, Luisa María Calderón Hinojosa, José Luis Luege Tamargo, Jaime Guillermo Aviña Zepeda, Zeferino Esquerra Corpus, Enrique Rojas Bernal, Isidro Aguilera Ortíz, Alfredo Reyes Contreras, José Octavio Colombres Carbajal, José Nelson Madrigal Gómez e Israel Galán Baños.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
El Presidente: -Continúe la secretaría con la proposición de la Gran Comisión para integrar la comisión instaladora del Colegio Electoral de la LV Legislatura.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Honorable asamblea: De conformidad con lo dispuesto por los artículos 14 y 47, fracción IV de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 2o. del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Gran Comisión se permite proponer para integrar la comisión instaladora del Colegio Electoral de la LV Legislatura, a los siguientes ciudadanos diputados: Presidente, Jesús Armando Hernández Montaño; secretarios: Juan Francisco Díaz Aguirre, Rubén García Farías; primer suplente, Bernardo Bátiz Vázquez, segundo suplente, Ismael Yáñez Centeno.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los nueve días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.- Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidenta; secretarios: Augusto Gómez Villanueva y José Murat.»
En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
Los diputados que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse manifestarlo.. . Gracias.
Los diputados que estén por la negativa, por favor sírvanse manifestarlo... Gracias. Aprobada, señor Presidente.
SOBRE LA CUMBRE
IBEROAMERICANA
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Raúl García Leal, para dar lectura a un punto de acuerdo de la Comisión de Relaciones Exteriores. El diputado Raúl García Leal: -Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Los grupos parlamentarios integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, proponen a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
«Por iniciativa del gobierno mexicano, se llevará a cabo la cumbre de presidentes iberoamericanos en la ciudad de Guadalajara, los días 18 y 19 de julio del año en curso. La Cumbre de Guadalajara, la más alta por su representatividad, tiene como objetivo fundamental estrechar las relaciones económicas, políticas y sociales con los países latinoamericanos y de la península ibérica. Esta reunión se realiza en un momento histórico excepcional que permitirá analizar la perspectiva de nuestros países con origen, cultura y aspiraciones comunes, frente a la dinámica de cambio del mundo entero.
El fin del Siglo XX será recordado como un período de acelerada transformación de las relaciones internacionales, que implica Interdependencias de sus naciones, con respeto absoluto de su soberanía. Tenemos el privilegio de vivir en una época vibrante y de cambios vertiginosos , cambios que marcan nuevos cauces llenos de riesgos, pero también de oportunidades para encontrar nuevas formas de convivencia y colaboración entre los países.
Este importante evento al cual acudirán altos dignatarios, abre perspectivas promisiones para que nuestros pueblos enfrenten juntos el nuevo entorno mundial. Considerando lo anterior, los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados suscriben el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Primero. La Cámara de Diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, saluda a la cumbre iberoamericana que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, México, durante los días 18 y 19 del mes en curso. Segundo. Hace votos porque los trabajos se realicen dentro de un clima de entendimiento y respeto mutuos y porque las decisiones que se adopten contribuyan a consolidar y acelerar la colaboración e integración, con plenos e irrestrictos derechos de todos los países de Iberoamérica, en los campos de actividades políticas, económicas y sociales.
Tercero. Que dentro de la pluralidad política y democrática de cada una de las naciones participantes, se consoliden los principios de igualdad jurídica entre los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y el intercambio cultural, científico y tecnológico, así como la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión , a los ocho días del mes de julio de 1991.- Firman, diputados: por el Partido Revolucionario Institucional, Guadalupe Gómez Maganda; por el Partido Acción Nacional, Alfredo Arenas; por el Partido de la Revolución Democrática, Ignacio Castillo Mena; por el Partido Popular Socialista, Marcela Lombardo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Juan Jaime Hernández; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Roberto Jaramillo; por el Partido del Trabajo, Rubén Venadero; por el Partido Amplio de la Izquierda Socialista, Osiris Cantú, Esther Kolteniuk de Césarman y Raúl García Leal.» Muchas gracias.
PROPOSICIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
La Presidenta: -Continúe la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Honorable asamblea: La Gran Comisión, en uso de las facultades que le otorgan los artículo 47, fracción VI; 50, 54, 55, 56 y demás aplicables a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta asamblea, la siguiente propuesta en relación a la integración de comisiones y comités:
El diputado Juan Santiago Arana Díaz, se integra a las comisiones de Comercio, Deporte, Distrito Federal y Turismo.
El diputado José Octavio Colombres Carvajal, se integra a las comisiones de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, Energéticos, Relaciones Exteriores, Turismo y Comité de Bibliotecas.
El diputado Miguel Ángel Almaguer Zárate, se integra a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, en sustitución del diputado Jesús Ramón Rojo Gutiérrez.
Atentamente.
Salón de sesiones de la Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de julio de 1991. Diputados: Socorro Díaz Palacios, Presidenta; secretarios: Augusto Gómez Villanueva y José Murat.»
Los diputados que estén por la afirmativa, por favor sírvanse manifestarlo... Los diputados que estén por la negativa, por favor sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.
PROPOSICIONES
SOBRE EL CARGO 1148
La Presidenta: -Tiene la palabra el diputado Sóstenes Melgarejo Fraga, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición en relación al 1148.
El diputado Sóstenes Melgarejo Fraga: -Con permiso, señora Presidenta; amigos diputados: Antes de entrar al tema, quiero hacer una aclaración, porque muchos de mis compañeros diputados cuando llegan a esta tribuna la califican con la más alta del país.
Quiero decirles que los informes que rinde el Ejecutivo los diputados hablan a esta altura, pero hay alguien que habla a otra altura. Y en el último informe, si ustedes se recuerdan, no permitieron que los diputados hablaran de la otra altura. Ustedes juzguen.
Entrando al tema nuevamente del 1148, que ahora quieren llamarle cargo por mantenimiento, y en algunos recibos así viene, lo hemos comentado en todos los foros en los que hemos estado, y por la gran mayoría de los partidos políticos representados en esta Cámara, de la inconstitucionalidad y de lo ilegítimo de este cargo.
Se han propuesto varios puntos de acuerdo y supuestamente se está avanzando en las auditorías, sobre todo en la auditoría de legalidad. Estamos de acuerdo en que se vaya al fondo del asunto, sin embargo los consumidores y los no consumidores de energía eléctrica siguen pagando el cargo 1148. De ninguna manera creemos que esto sea justo.
Por múltiples circunstancias y sobre todo por la inconformidad creciente de los consumidores, algunos de los grupos y de partidos traemos a esta Cámara el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. Que la Cámara de Diputados se pronuncie en contra del recargo 1148, para que gastos de mantenimiento vienen cobrando desde el mes de septiembre de 1990 la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S. A. y sus asociadas a los usuarios del servicio eléctrico de este país y de manera unilateral y sin base legal alguna.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 9 días del mes de julio de 1991.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Juan Guerra, Jorge Martínez Almaraz y Carmelo Enríquez; por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Noé Aguilar Tinajero, José Antonio Gándara, Pedro Rigoberto López Alarid, Alfonso Méndez y el de la voz.» Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -De conformidad con el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ¿algún diputado desea hacer uso de la palabra en pro o en contra?
El diputado Aguilar en pro. ¿Algún diputado en contra? El diputado Amador.
Tiene la palabra el diputado Noé Aguilar Tinajero.
El diputado Noé Aguilar Tinajero: -Gracias señor Presidente: La razón por la cual insistimos en que esta Cámara de Diputados se manifieste en contra del recargo 1148, y a favor de que la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad retiren de los recibos de luz, de los más de 12 millones de usuarios del servicio eléctrico, y que no sólo eso, aunque en la proposición estamos solicitando nada más eso, sí sería conveniente que se analizara y que se restituyera a los usuarios la cantidad que hasta la fecha se les ha venido cobrando.
La razón, repito, de que insistamos en esta posición es porque no hemos tenido ninguna respuesta satisfactoria, y no satisfactoria nada más para Acción Nacional o para el Partido de la Revolución Democrática, que somos los que estamos presentado esta proposición, sino una solución, una respuesta satisfactoria a los planteamientos que ha hecho la ciudadanía a través de sus representantes.
El día de ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Energía y Minas, con funcionarios de esa Secretaría, que, aunque muy amables nos atendieron, no dieron ninguna respuesta razonable; se dedicaron a evadir todas las preguntas de los presidentes de las dos asociaciones civiles que participaron en esta entrevista, y no dieron jamás un razonamiento jurídico del por qué están cobrando el 1148.
Hemos estado ya en esta tribuna varias ocasiones, en relación al mismo tema, y no encontramos la solución; algunos diputados en lo particular han manifestado también su inconformidad a este cargo 1148, pero lo manifiestan allá afuera, en la plaza pública, los mismos diputados o candidatos del partido oficial, han estado diciendo que están en contra del cargo 1148. Pero aquí dentro, en esta Cámara de Diputados, se manifiesta en contra de las proposiciones que hacemos para solicitarle a la Secretaría de Hacienda que retire ese cargo 1148. De tal manera que mientras eso no suceda, la ciudadanía va a insistir en que esto se dé.
Este cargo se empezó a cobrar en los recibos de la luz a partir de septiembre de 1990, y durante todo ese tiempo se ha estado cobrando. No tiene una base legal; no tiene equidad; no hay proporcionalidad; no tiene nada. Se nos dice: no es un derecho, no es una contribución, no es un impuesto. ¿Entonces qué cosa es? ¿Es una cooperación que los usuarios estamos dando obligatoriamente a la Comisión Federal de
Electricidad? Que se diga sí que es una cooperación y que tenemos que darla forzosamente.
Se nos dicen que hay otras instancias; se nos dice que está el Poder Judicial, y que ante él recurramos para que él resuelva. ¿Y cómo va a resolver el Poder Judicial ante una autoridad que no es precisamente autoridad fiscal, porque la Comisión Federal de Electricidad no lo es? Entonces, ¿ante quién? Dejan al usuario en total indefensión, totalmente así, y lo van a obligar a recurrir a las cortes internacionales. A la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, en donde hay una asociación, una agrupación, que protege a los usuarios de todos los países, y que esa resolución está apoyada por el gobierno mexicano. Entonces ese va a ser el camino que le van a dejar a los usuarios que están pagando este cargo 1148. Gracias.
El Presidente: -Tiene la palabra, en contra de esta proposición, el diputado Alberto Amador Leal.
El diputado Alberto Amador Leal: -Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados: Hemos ciertamente abordado de manera reiterada el tema del sector eléctrico nacional y particularmente la cuestión tarifaria involucrada en el tema que aquí se ha propuesto. Y plantea aquí alguno de los compañeros diputados, justamente una cuestión central de este debate, que lo dimos en la Comisión de Energéticos, que lo explicamos aquí en la tribuna, y que nos parece fundamental.
En efecto, hay diversos puntos de vista, apreciaciones de los compañeros diputados de las diversas fracciones parlamentarias e independientemente de si estemos o no de acuerdo o tengamos más o menos argumentos de tipo jurídico, hemos reiterado que esta soberanía no puede calificar la constitucionalidad o no, de una medida administrativa del Poder Ejecutivo Federal.
De otra forma, estaríamos en riesgo de romper el orden jurídico o de conducir los trabajos de esta soberanía de manera ineficaz y sólo animada por cuestiones de tipo estrictamente coyuntural.
Nosotros propusimos desde un principio, un análisis integral del sector eléctrico nacional...
El Presidente: -Permítame, diputado Amador. Dígame, diputado.
El diputado Manuel de Jesús A. Ponce González (desde su curul): -¿Sería tan amable de decirle al orador que si me permite una pregunta?
El Presidente: -¿Acepta usted, diputado Amador, una pregunta del diputado Ponce?
El diputado Alberto Amador Leal: -Al final de mi intervención, con mucho gusto.
El Presidente: -Cuando termine, diputado Ponce.
El diputado Alberto Amador Leal: -Decía, que nosotros propusimos desde un principio, que no puede analizarse este sector de manera aislada ni parcial. Hicimos un análisis de la evolución del sector, de los esfuerzos por aumentar la producción, la productividad. Y en atención a diversas demandas e inquietudes de compañeros diputados, propusimos al pleno de esta soberanía, la realización de una auditoría ordenada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. Este es un trabajo que está en proceso, que se está realizando y que está siendo evaluado de manera permanente. Acogimos también de manera razonada, la propuesta del Partido Popular Socialista, de pronunciarnos en tres aspectos fundamentales: el fortalecimiento integral del sector, la reestructuración tarifaria y la preservación del régimen de propiedad del Estado en términos del mandato constitucional de esta industria estratégica para la nación.
Más aún, el día de ayer a una propuesta de un compañero diputado del Partido Acción Nacional, estuvimos también totalmente de acuerdo, como lo habíamos ya debatido en la Comisión de Energéticos, de la conveniencia de agilizar y de pronunciarnos ante el Poder Ejecutivo en ese sentido, de agilizar la liquidación de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y proceder a la creación del nuevo organismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo cuarto transitorio, aprobado por esta soberanía en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Y lo hicimos porque es precisamente uno de los puntos de confusión, dado el proceso retardado en que se ha dado la liquidación y el saneamiento financiero de esa industria, particularmente de esa empresa de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y sus asociadas. En la Comisión de Energéticos, adicionalmente hemos estado directamente acudiendo a las instalaciones, al esfuerzo que está realizando este sector para recuperar, utilizar recursos naturales y aumentar la capacidad instalada.
Por lo tanto, yo creo, compañeros diputados, que hay un trabajo encaminado de esta Cámara, de sus comisiones, y que como lo hemos propuesto, para encontrar eficacia dentro de las normas de la competencia que tenemos asignada en términos constitucionales y en las leyes correspondientes, nos pronunciamos por continuar en el diálogo, en el análisis mesurado, ponderado de este sector, repito, de manera integral, y que una vez concluidos los trabajos respectivos de las comisiones correspondientes, podamos profundizar en un planteamiento serio y propositivo por parte de esta soberanía. En consecuencia, solicito a esta asamblea se niegue la propuesta que aquí se ha presentado. Muchas gracias.
El Presidente: -Dígame, diputado Vicencio.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar (desde su curul): -Señor diputado: Usted como todos los que estamos presentes, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; ¿cree usted que ese cobro está fundamentado en la Constitución o en la ley derivada de la misma? El diputado Alberto Amador Leal: -Señor diputado: Hemos dedicado varias horas al análisis de estas controversias, de los argumentos en pro y en contra de la fortaleza jurídica de esta decisión. Yo puedo decirle que en lo personal, creo que hay suficiente base legal, ya lo hemos debatido, para que se haya realizado este cobro y se haya implantado el cobro de esta contraprestación. Sí tiene usted razón, toda la razón; declaramos cumplir fielmente a los intereses de nuestros representados, y por esa razón, insistimos en que no se puede analizar parcialmente o en forma aislada a este sector.
Yo creo que el esfuerzo que hay que realizar en los siguientes años para satisfacer la demanda, para reordenar las finanzas de este sector, repito, merecen un análisis a profundidad, un análisis mesurado, serio, de todos los elementos que contribuyen a esta decisión que estamos debatiendo.
Nosotros dijimos también con mucha claridad, que creemos que haya encontrado un equilibrio entre esa necesidad de fortalecer financieramente a la industrial, y al mismo tiempo, proteger a los más bajos consumos. Y en eso hemos coincidido y así lo hemos planteado y así nos sumamos a la propuesta de una reestructuración tarifaria.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): -Señor Presidente: Deseo formularle una pregunta al orador, pregúntele si la acepta.
El Presidente: -Diputado Amador: ¿acepta una pregunta del diputado Avalos? El diputado Alberto Amador Leal: -¡Sí!, con mucho gusto.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): -Muchas gracias. Señor diputado: Hace un momento usted planteó que fuera negada la solicitud de Acción Nacional sobre su propuesta concreta que hace. Mi pregunta es: ¿por qué entonces el Partido Revolucionario Institucional en las principales plazas de esta ciudad maneja como campaña la derogación del 1148.
El diputado Alberto Amador Leal: -Bueno, no estoy cerca de las campañas políticas de mi partido en este momento, pero sí puedo decirle que hay diversas opiniones, muy respetables, de compañeros, incluso diputados, pero finalmente, compañero diputado, lo que priva al interior de esta asamblea, y lo ha privado al interior de nuestra fracción parlamentaria, es una decisión mayoritaria, repito, que busca fortalecer a este sector y al mismo tiempo proteger a los consumos más bajos, específicamente a los consumidores de 25 y 50 Kilowatts- hora. Esa es mi respuesta.
El Presidente: -Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Siempre que se viene aquí a cuestionar la legitimidad del cobro del recargo ilegal 1148 y se pide una explicación a los diputados de la mayoría, invariablemente se salen por la tangente. Empiezan a hablar de las auditorías al sector eléctrico, que también hay mucho que hablar sobre eso, pero realmente nunca han contestado ¿en qué se basan para el famosos recargo 1148?
Nosotros hemos insistido una y otra vez, precisamente porque nunca se nos ha contestado debidamente.
En la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda hemos tenido ya tres reuniones, precisamente para vigilar las auditorías
que se están haciendo al sector eléctrico. Como cuando se nos planteó el programa de estas auditorías nunca se nos explicó tampoco de donde provenía el recargo 1148, por eso junto con lo compañeros del Partido de la Revolución Democrática logramos que, aparte de las 36 auditorías que se están llevando a cabo, se llevará a cabo una más: la auditoría de legalidad, que ya se ha mencionado aquí, pero que definitivamente todavía no tenemos ninguna contestación ni ningún resultado.
¿En qué se basa la Compañía de Luz? ¿Cuáles son las normas jurídicas que hicieron que inventaran o que se sacaran de la manga este recargo ilegal del 1148? Nunca nos han informado, por más que diga el diputado Amador que ya se ha hablado muchísimo de esto. ¡Pues sí se ha hablado, pero nunca nos han explicado qué es!
Ahora ya para curarse en salud la Compañía de Luz en lugar de poner concepto 1148, ahora ya pone "para mantenimiento de líneas ".
Yo creo que ese recargo no lo autorizó esta Cámara cuando se discutió la Ley de Ingresos. Entonces, definitivamente es un recargo ilegal, puesto que esta Cámara no autorizó. Y el organismo facultado, el único organismo facultado para fijar las tarifas en este aspecto es la Cámara de Diputados, mediante la Ley de Ingresos o la Miscelánea Fiscal.
Esto no se ha hecho y por eso es nuestra insistencia. Y mientras no se nos explique claramente cuáles son las normas jurídicas en que se basa la Compañía de Luz o la Comisión Federal de Electricidad para insistir en el cobro de este recargo ilegal, seguiremos insistiendo, diputado Amador, y quizá a ustedes ya les parezca un disco rayado esto, pero seguirá siendo mientras ustedes sigan con su disco rayado de no explicar a qué se debe este recargo. (Aplausos.)
El Presidente: -Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Enríquez. El diputado José Jaime Enríquez Félix: -Gracias, señor Presidente: Efectivamente, hay un proceso de auditorías al sector eléctrico. Decisión que tomó la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor, que superó todas las expectativas del acuerdo que esta propia Cámara adoptó en su momento: el de realizar una auditoría a la Comisión Federal de Electricidad.
Y como bien precisaba el diputado Vicencio, se añadió la necesidad de hacer una nueva auditoría, de incluir una nueva auditoría más, que era la que al final de cuentas originó el acuerdo de la Cámara, el de la legalidad del cobro 1148, de tal manera que en ese momento la Cámara de Diputados está haciendo una averiguación minuciosa de la estructura financiera del sector eléctrico, de la forma en como está cumpliendo sus objetivos institucionales, de la manera en como esta llevando adelante sus controles internos y obviamente los resultados de esas auditorías van a dar elementos importantes para decidir , en su momento y seguramente el Ejecutivo lo hará con la opinión que la Cámara formule, en su momento, también sea esta legislatura o seguramente y es quizá lo más claro, que lo haga la próxima legislatura, acerca de la necesidad de la creación de una nueva empresa que se ocupe de la generación de la energía eléctrica, de su distribución y su cobro.
Es entonces una decisión de gran alcance el que la Cámara está tomando, sin embargo ello no quiere decir que como bien lo han afirmado algunos compañeros, el cobro al 1148 sea injusto y que hasta este momento no haya tomado la iniciativa del Ejecutivo como es su obligación ante esta Cámara y sobre todo ante la opinión pública y ante los ciudadanos de tener el valor de explicar con detalle, ¿por qué se está cobrando esa cuota? Porque se dice que esa cuota sirve para lograr el mantenimiento del sector, ¿por qué no se explica con claridad, qué contiene el costo de la generación de la energía eléctrica hasta su consumo por parte de los usuarios? ¿Por qué no se toma esa decisión? Independientemente de los resultados que las auditorías arrojan y como decíamos va a tener dimensiones superiores e incluso aquella que justifique que efectivamente ese cobro, dada la situación del sector, pues, pueda efectivamente, disculpen la redundancia, ser justificado, aunque quizá sea ilegal, pero de lo que se trata es de saber ¿cuál es la situación? Y mientras esto no se aclare nos parece pertinente que esta Cámara tome la decisión de derogar el cobro, ese cobro injusto, el cobro 1148 se está cargando a los usuarios, a los pequeños consumidores. Gracias. (Aplausos.) El Presidente: -Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Sóstenes Melgarejo.
El diputado Sóstenes Melgarejo Fraga: -Con su permiso, señor Presidente: Para iniciar quisiera pedirle que la votación fuera nominal y les voy a decir por qué, creo que dentro de la fracción priísta hay diputados del sector obrero y sobre todo diputados de la Confederación de Trabajadores de México, quiero
recordales que el domingo en su mitin, la Confederación de Trabajadores de México exhortó a candidatos priístas a pronunciarse en contra del pago 1148. Que la ciudadanía se dé cuenta como va a votar, si van a votar a favor de la propuesta o van a votar en contra de la propuesta. (Aplausos.)
Quiero decirles también que el diputado Pedro Alberto Salazar Muciño, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, fue muy claro en sus declaraciones, habló en nombre de la Confederación de Trabajadores de México para exigir que se suspenda la aplicación generalizada del recargo 1148 en el cobro del servicio de luz. ¡Qué claro es!, contundente, no fue el único desde luego, tal vez ustedes conozcan o no quién es Manuel Aguilera Gómez.
Concluyó su exposición en la reunión de la Confederación de Trabajadores de México, diciendo que: "En cuanto a la tarifa 1148 es un cobro injusto que debe ser derogado y además es impopular".
Queremos saber cómo votan. ¡Qué diferencia sería que estas sesiones fueran televisadas...
(Desorden.)
Y los mexicanos se dieran cuenta de esos grititos infantiles que decían: ¡Ahhh! Que se dieran cuenta de qué manera votan y de qué manera trabajan en esta Cámara, a ver si pueden de esa manera decir y actuar como actúan aquí y repetirlo afuera; pero allá con su gente y con sus electores probablemente digan algo y digan una cosa y aquí vienen y actúan en forma diferente, porque creen que sus electores no se están dando cuenta. ¡Qué equivocados están! Señor Presidente, reitero mi solicitud de que la votación sea nominal.
Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Amador, por cinco minutos. El diputado Alberto Amador Leal: - Me voy a permitir, compañeros diputados, enviar copia a alguno de los compañeros diputados que decía que no hemos debatido las cuestiones legales en torno a este asunto, y copia también de las versiones estenográficas, que sería prolijo reiterar en este momento.
Y quiero, por otra parte, reafirmar nuestra posición, compañeros diputados. Lo más sencillo, lo más accesible para nosotros, incluso en ánimo de aprovechar una coyuntura política, sería justamente no entrar al saneamiento financiero de las empresas públicas, no entrar a su fortalecimiento, ni a profundizar en los problemas de fondo de este país.
Por eso es porque hay un error enorme de apreciación en las aseveraciones que aquí se han hecho. Nos interesa el futuro de este país, el futuro que tenemos que construir ya para abatir rezagos y construir las bases materiales del desarrollo. Esa es nuestra propuesta y por eso reitero nuestra posición: lograr el equilibrio entre el fortalecimiento del sector, de saneamiento de sus finanzas, el aumento a la capacidad instalada y la protección a los consumidores de menores ingresos que, por cierto mantienen todavía un subsidio importante. Muchas gracias.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar (desde su curul) : -Señor Presidente, ¿quiere preguntarle al diputado si acepta una pregunta? El Presidente: -Diputado Amador, ¿acepta una pregunta del diputado? El diputado Alberto Amador Leal: -Con mucho gusto.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar (desde su curul): -Yo quisiera saber si cuando dice usted o se refiere al saneamiento de las empresas públicas si este concepto 1148 no fue impuesto porque la Compañía de Luz tiene un pasivo de 14 billones y porque la Comisión Federal de Electricidad no se le perdonaron 7 billones. O sea, que serían 21 billones de pesos los del pasivo. No puede ser que una administración sea buena si deja acumular estos pasivos.
Definitivamente son pasivos que no se pueden concebir, 21 billones de pesos. Supongo yo que, definitivamente, el 1148 fue para más o menos mediar en estos pasivos, ¿quisiera que usted me dijera si es correcto esto?
El diputado Alberto Amador Leal: -Yo decía hace un momento, compañero diputado, que precisamente era muy importante un análisis a profundidad y mesurado, de un sector que no es sencillo analizar y estudiar.
En efecto, lo dijimos ayer, lo propuso con mucha claridad un compañero de su partido, el diputado Noé Aguilar Tinajero, tenemos un problema porque ha habido retraso en el proceso de liquidación de la Compañía de Luz. Y ¿qué ha pasado en este rubro que usted menciona?, simplemente es un movimiento virtual en el cual
la Compañía de Luz compra en bloque la energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad, a un costo de explotación real y vende a los usuarios a un precio subsidiado.
Entonces, ese es el problema, creo que lo hemos ya analizado más o menos en detalle y por eso estamos haciendo una propuesta, que se procede a agilizar la liquidación de la Compañía de Luz y sobre bases sanas crear el nuevo organismo. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: -Tiene la palabra El diputado Manuel Ponce, por cinco minutos, para hechos.
El diputado Manuel de Jesús A. Ponce González: -Señor Presidente; distinguidas damas diputadas; señores diputados: Creo que estamos presenciando un hecho inusitado cuando se está examinando este problema del recargo en los recibos de energía eléctrica.
Hay dos maneras de hacer la democracia, la democracia voluntaria y la democracia involuntaria. La democracia voluntaria es aquella que se realiza cuando las leyes son encaminadas en ese sentido y la voluntad de todas las personas que intervienen en los procesos, también está dirigida en esa orientación. Y la democracia involuntaria es aquella que se está auspiciando contra la voluntad o por lo menos sin la voluntad de los ejecutores, de los actores.
Aquí hemos presenciado que vienen a defender un cargo inconstitucional, un cargo ilegal, un cargo injusto y eso, aunque ustedes no lo crean, está contribuyendo a la democracia y la democratización de México, porque lógicamente la gran mayoría de los mexicanos que están en la pobreza extrema , se están dando cuenta de quiénes son los que verdaderamente los defienden y quiénes vienen a defender en su contra a una compañía que no ha sabido administrarse adecuadamente en perjuicio del pueblo mexicano. (Aplausos.)
Están contribuyendo a la democracia, porque de esta manera van a perder votos en las elecciones del 18 de agosto próximo; están contribuyendo a la democracia, aunque no lo quieran, porque van a votar los electores por los candidatos de las oposiciones y no por ustedes, que no están defendiendo al pueblo mexicano como lo dijeron que lo harían cuando tomaron posesión de sus puestos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Pido a la secretaría lea el artículo 148 del reglamento.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
Artículo 148. Las votaciones serán precisamente nominales:
I. Cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general;
II. Cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formen el artículo, y
III. Cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyado por otros cinco, también serán nominales en el caso del artículo 152.
El Presidente: -En términos del punto tercero del 148, pregunto al diputado Melgarejo, los cinco diputados de Acción Nacional que apoyan esa propuesta. Registra la Presidencia.
La proposición que ha sido puesta a consideración de la asamblea por el diputado Sóstenes Melgarejo, en votación nominal le pido a la secretaria que recoja su voluntad.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Por instrucciones de la Presidencia se va recoger la votación nominal.
El Presidente: -Permítame la secretaría.
Para que se pueda escuchar el sentido de los votos de los compañeros que están sufragando, por favor guarden silencio para escucharlos.
Permítame la secretaría.
Estamos por terminar esta votación nominal, a petición del grupo parlamentario Acción Nacional.
Ruego a los miembros de la asamblea poner atención en el sentido del voto para la precisión y satisfacción de todos los presentes.
La diputada Mariana Blanco Casco (desde su curul): -¡Yo siempre he sido respetuosa de tí! ¡Quiero que de favor me sostengas!
(Desorden.)
El Presidente: -Compañeros diputados...
(Desorden.)
Dígame, diputado Marcué.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): -¡Bueno! ¿Bueno?
El Presidente: -Diputados Marcué, diríjase a la Presidencia por favor.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): -Permítame.
El Presidente: -¿Dígame usted?
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): -La señora diputada me pide que le sostenga ¡que ustedes están contra el pueblo! ¿Se ha demostrado que el 1148 no fue aprobado por esta Cámara!
¡Se ha demostrado también que los sectores agrícola, obrero y popular del Partido Revolucionario Institucional han votado en contra de los intereses de ese pueblo!
(Desorden)
¡No les da pena, no nos da pena señores... que allá afuera, que allá afuera el pueblo tenga indiferencia, tenga indiferencia por las elecciones...! El Presidente: -Diputado Marcué.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas (desde su curul): -¡Culpa a eso, señores! (Desorden)
El Presidente: -Compañeros diputados... Compañeros diputados...
Ruego a las compañeras y compañeros diputados en el sentido de la votación que estamos llevando a cabo, la importancia que merece guardar compostura y mantener el orden en la sala.
Continúe la secretaría.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: -Señor Presidente, esta secretaría le informa el resultado de la votación. Una abstención, hubo 98 votos a favor de la proposición y 170 votos en contra.
En consecuencia se desecha la proposición.
SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD
PARA OBSERVACIÓN DEL ECLIPSE
El Presidente: -Tiene la palabra el diputado Ismael Yáñez Centeno, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, para hacer una proposición. Compañeras, compañeros diputados: entrando a este asunto que va a tocar el diputado Yáñez, ruego a las compañeras y compañeros diputados que se encuentran en los pasillos y a los que no lo sean, tomar sus lugares y poner atención al orador.
El diputado Ismael Yáñez Centeno: - Compañeros diputados: Al margen de las opiniones contradictorias y alarmistas que se han difundido en los diferentes medios, en relación al fenómeno astronómico que se observará en parte de nuestro territorio el próximo 11 de julio, es de pensarse que la autorización de filtros solares para su observación, presupone necesariamente la posibilidad de ser utilizados para verlos en sus diferentes fases, tal como pudo hacerse por miles de personas con el eclipse anular del 20 de mayo de 1980 , sin que hayan padecido secuelas en su órganos visuales.
Pero además, algunos científicos han declarado ser inocua la observación directa del eclipse en la fase de ocultamiento total del sol, siempre y cuando se tengan cuidados de precisión cronométrica, recomendando que las demás fases se observen con filtros de características específicas para ese objeto, so pena de causarse graves daños a los ojos, que pueden incluso ocasionar la pérdida del sentido de la visión.
Así pues, en el entendido de que muchos miles de mexicanos tratarán de observar el fenómeno con los citados filtros, resulta altamente preocupante la evidente falta de información detallada respecto a estos instrumentos de visión, y más todavía la posibilidad de que su producción y venta salgan del control riguroso de las autoridades a quienes ello compete.
Nos encontramos así con una variada gama de productos que pululan en el mercado, con precios que por su diferente calidad y presentación, oscilan entre los 1 mil 500 y 5 mil pesos. Esta diferencia ya plantea graves dudas respecto de su idoneidad y por consiguiente, del control de su calidad, que para el caso debería ser uniforme.
Se ha podido detectar productos que garantizan la protección de la mica emulsionada, hasta
la simple prestación rústica, desguardada totalmente de quebraduras y rayones, que con uno solo, por insignificante que fuera, los haría totalmente inútiles para la seguridad de los ojos.
Más la preocupación que nos produce lo anterior, aumenta al comprobarse la intención de algunos criminales de aprovechar la enorme expectativa que el fenómeno ha creado y enriquecerse a costa de la salud de los mexicanos. Señores diputados: el día de ayer un medio televisivo dio cuenta de haber sido intervenida una fábrica de filtros solares, que no reunía los requisitos necesarios para observar a través de ellos un eclipse solar, así como de haberse decomisado 4 mil de éstos, pero sin determinar el monto de los que hubieran sido distribuidos en el mercado.
Esta desagradable noticia nos obliga a considerar las consecuencias lógicas de esos hechos criminales y del enorme riesgo que significa el que sus autores hayan o continúen comercializando entre la sociedad, productos que pueden ocasionar hasta la pérdida de la vista a cientos o a miles de mexicanos.
Por tal razón, los diputados que suscriben tenemos a bien proponer a todos los integrantes de este cuerpo legislativo, para su aprobación, y de conformidad al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Unico. Esta Cámara de Diputados pide a las entidades que integran la comisión intersecretarial para el eclipse, se aboquen inmediata y exhaustivamente a través de todos los medios masivos de comunicación, a advertir a la población de la existencia en el mercado de filtros que no cumplen con las especificaciones sanitarias para la observación del eclipse; así como también publiquen, con la mayor frecuencia posible, en dichos medios los nombres y marcas de los dispositivos autorizados para ese efecto, independientemente de que, dado el alto índice de peligrosidad de quienes han elaborado y comercializado esos productos, las entidades citadas así como las judiciales, intervengan de manera pronta y rigurosa en contra de los responsables.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, Distrito Federal, a 9 de julio de 1991.- Por la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, Ismael Yáñez Centeno; por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, diputado Alfredo Arenas Rodríguez; por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, diputado Augusto Gómez Villanueva; por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Jesús Luján; por la fracción parlamentaria del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Humberto Esqueda; por la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Mariano Leyva; por la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, diputado Rubén Venadero.» Muchas gracias.
El Presidente: - Túrnese este asunto a la Comisión de Salubridad y Asistencia.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
El Presidente: - Esta Presidencia en términos del artículo 21, fracción IV, pide a la secretaría dar lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, relativo a la iniciativa suscrita por los diputados del Partido de la Revolución Democrática, mediante la cual se plantea la adición a los artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés:
«Comisión de gobernación y Puntos Constitucionales.
A esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales fue turnada la iniciativa suscrita por diputados del Partido de la Revolución Democrática mediante la cual se plantea la adición de dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; el primero, con el fin de establecer que las elecciones ordinarias de 1991 para elegir diputados federales, la mitad de los integrantes de la Cámara de Senadores y los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, tenga lugar el día 22 de septiembre del mismo año y, el segundo, para que durante el proceso federal electoral de 1991 los recursos de inconformidad deban ser resueltos en su totalidad antes de la instalación de los colegios electorales respectivos.
En la exposición de motivos de la iniciativa se expresa que toda vez que el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales exige como requisito la exhibición de la credencial respectiva para que los ciudadanos puedan votar, la no entrega de la misma impediría, consecuentemente, el ejercicio de este derecho. Al efecto, se afirma, que de acuerdo con la información oficial al día 1o. de julio, un total de 15.8 millones de ciudadanos aún no contaban con este documento, lo que significa que de realizarse las elecciones el próximo 18 de agosto millones de mexicanos no podrían ejercer su derecho al sufragio.
Expresa la iniciativa que si bien es cierto que en vista de la situación referida fue ampliado el plazo de entrega de credenciales, ello a todas luces resulta insuficiente para asegurar que todos los ciudadanos estén posibilitados para ejercer derecho a elegir representantes. En ese mismo sentido manifiesta que el representante del Partido de la Revolución Democrática ante la Comisión Nacional de Vigilancia propuso que dicha ampliación fuese de 30 días par asegurar la entrega total de las credenciales pero sin que dicha propuesta significa la anulación del derecho a los partidos a vigilar la entrega oportuna y adecuada de las credenciales.
Reconoce la exposición de motivos que aunque el legislador al aprobar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales previó la posibilidad de que surgieran problemas técnicos derivados de la elaboración del nuevo padrón y facultó de manera extraordinaria a los órganos electorales para ajustar diversos plazos dentro de la etapa preparatoria de la elección, pero no pudo, de igual manera, anticiparse a los problemas técnicos derivados de la entrega a todos los empadronados de los nuevos documentos de identificación electoral, razón por la cual no quedó contemplada la posibilidad de que millones de ciudadanos quedaran imposibilitados para ejercer su derecho de voto, o de que a partir de la prórroga del plazo para la entrega de las credenciales, se violara el derecho de los partidos políticos a verificar adecuadamente las listas nominales de electores.
Bajo tales premisas, la iniciativa señala que resulta indispensable que las elecciones previstas pro el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para el próximo 18 de agosto, en sus artículos 19 y 350, se aplacen, por esta ocasión, para el 22 de septiembre del año en curso, mediante la inclusión de un artículo transitorio. La nueva fecha permite, según expresa, un margen suficiente para garantizar la entrega total de las credenciales para votar, así como para que se realice la entrega en tiempo a los partidos políticos de las listas nominales de electores, con el fin de que estas entidades las verifiquen adecuadamente, además permite a los ciudadanos, indebidamente excluidos de las mismas, hacer uso del procedimiento administrativo y del recurso legal al que tienen derecho para subsanar la omisión.
Con el objeto de que los plazos y términos establecidos para la etapa posterior a la elección se cumplan estrictamente sin afectar la instalación de los colegios electorales y la instalación de las cámaras del Congreso de la Unión, la iniciativa propone, como único ajuste, otro artículo transitorio para modificar el plazo máximo de seis días antes de la instalación de los colegios electorales que fija el artículo 331, párrafo tercero del código de la materia de manera que para este proceso electoral de 1991 el plazo se recorra y sea un día antes de la instalación de los citados colegios y pueda así el Tribunal Federal Electoral resolver todos los recursos de inconformidad, sin afectar la instalación de los órganos calificadores de la elección.
Una vez turnada la iniciativa de referencia a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se formó una subcomisión pluripartidista con el fin de realizar un examen sobre la misma, deliberar en relación con las propuestas que contiene, así como formular un anteproyecto de dictamen. La subcomisión se reunió el jueves 4 de los corrientes a partir de las 18.00 horas y el lunes 8 a partir de las 9.00 horas, habiendo tenido oportunidad los diputados miembros de los diversos partidos de debatir en torno a la vialidad de los fundamentos de la iniciativa. Del análisis practicado y del diálogo llevado a cabo se llegó a las siguientes
CONCLUSIONES
a) La fecha del tercer domingo del mes de agosto para la celebración de la elección se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales considerando los términos y los plazos necesarios para la preparación y organización del proceso electoral y la verificación de los actos y operaciones posteriores a la jornada electoral, así como para hacer posible la vigencia de un nuevo sistema de control de la legalidad. En tales condiciones, es imperativo hacer una análisis sobre el impacto que en todos los órdenes generaría la postergación de la elección de accederse a la pretensión que se contiene en la iniciativa.
b) En primer término, los ciudadanos deben estar perfectamente enterados y conscientes de la fecha en que deben acudir a ejercer su sufragio. Al respecto debe tenerse en cuenta la movilidad que ha sufrido la fecha en la que cada tres años habrán de celebrarse elecciones federales ordinarias: fijada tradicionalmente en legislaciones anteriores para el primer domingo de julio, en el código expedido en 1986 se estableció que la jornada electoral se llevaría a cabo el primer miércoles de septiembre, aunque en la elección federal de 1988 se sufragó el primer miércoles de julio de acuerdo con sus disposiciones transitorias. Ahora, al determinarse en la vigente legislación que la elección se celebre el tercer domingo de agosto, las autoridades electorales como los partidos políticos mismos; se han visto obligados a realizar un gran despliegue de difusión para que quede arraigada entre los ciudadanos la nueva fecha y éstos realicen las previsiones personales necesarias para estar en condiciones se sufragar el día establecido. Esta comisión considera que se introduciría confusión e incertidumbre de grandes alcances en la ciudadanía si se aceptara un cambio transitorio en el día de la elección y que no sería posible revertir este desconcierto mediante otra campaña de introducción por más vigorosa que resultara y aunque se le dedicaran abundantes recursos económicos. Es lógico suponer que de accederse a la propuesta que se contiene en la iniciativa se estaría desalentando realmente la participación de los ciudadanos en las urnas y fomentando el abstencionismo.
c) Debe valorarse la forma como repercutiría sobre los partidos políticos y los candidatos la modificación que se propone en la iniciativa que se examina. Es de suponer que las campañas electorales para elegir diputados, la mitad de los senadores y los miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, iniciadas hace varias semanas, se están desarrollando en forma planeada y organizada, lo mismo que las estrategias partidistas tendientes a ganar prosélitos, tomando en cuenta el número de días con que se cuenta para la realización de las diversas actividades que dichas campañas implican. Por ello es viable advertir el efecto negativo que tendría la posposición de la elección tanto sobre los partidos como los candidatos, obligándoles a prolongar en forma imprevista sus tareas destinadas a lograr la adhesión popular, alterando el ritmo de sus esfuerzos y a invertir un monto mayor de recursos económicos.
d) La fecha del tercer domingo del mes de agosto ha sido referencia fundamental para todo el procedimiento relativo a la instalación de los órganos que deben operar durante el proceso electoral, específicamente por lo que hace a las mesas directivas de casillas, cuya integración ha sido producto de un esfuerzo sin precedente como lo obliga la nueva legislación electoral para garantizar imparcialidad, certidumbre y transparencia. El código plasmó un procedimiento para la selección de sus integrantes mediante insaculación, así como los métodos para su capacitación tendiente a asegurar eficacia en las funciones de recepción de la votación y de escrutinio y cómputo.
Para la elección de 1991, es sabido que el Instituto Federal Electoral ha realizado un complejo de operaciones tendientes a determinar el número de casillas que se instalarán, en la totalidad de las secciones que comprende la geografía electoral de la República, su ubicación, la integración de las mesas directivas que funcionarán en cada una de ellas, la designación y capacitación de los integrantes de ésta. La capacitación ha significado un esfuerzo sin precedentes, tanto la dirigida en forma general a quienes resultaron insaculados, como la capacitación espacial a la que serán sometidos quienes sean seleccionados para ocupar los cargos de presidente, secretarios y escrutadores.
Existe, por ello, confianza en la organización que operará el día de las elecciones y de que los ciudadanos designados acudirán a desempeñar con su obligación constitucional el día de la jornada electoral. todo este proceso podría frustrarse si estando dispuesta la estructura de las casillas para funcionar el próximo 18 de agosto, súbitamente se decidiera llevar a cabo la elección con otra fecha. Cundiría la incertidumbre a tal grado que podría quedar en entredicho la posibilidad de que los ciudadanos nombrados se presentaran puntualmente a desempeñar sus atribuciones en una fecha distinta y distante de la fijada originalmente. Además, puede advertirse claramente el desfase que significaría respecto de la capacitación de que han sido objeto los integrantes de las mesas directivas de casillas, pues prevista para ser realizada durante un período acorde con la fecha del 18 de agosto, sería materialmente imposible poner en marcha un nuevo procedimiento para que, movido por más de un mes el día de la elección, existiera continuidad y confiabilidad en lo que se refiere al conocimiento y al dominio de los ciudadanos seleccionados sobre las actividades y operaciones que deben ejecutar satisfactoriamente.
e) En el presente dictamen resulta obligado tener en consideración la circunstancia de que
en varios estados del país se llevarán a cabo elecciones locales simultáneamente a las federales. Los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Campeche, Colima, Sonora, Querétaro, Chiapas y Coahuila, celebrarán el día 18 de agosto, en virtud de lo ordenado en su propia legislación electoral, comicios para elegir autoridades locales. Dichos estados suscribieron convenios con el Instituto Federal Electoral para utilizar el mismo sistema de identificación de los votantes y los mismos listados ciudadanos. Es fácil entender los serios problemas que se generarían para esas entidades federativas en el caso de que la legislación federal resolviera desplazar la celebración de los comicios y, consecuentemente, mover los plazos para la entrega de las credenciales, elaboración de las listas nominales y revisión de las mismas. No se salva la situación con insinuar de que se trata de problemas ajenos a la competencia federal materia del código que nos ocupa, sino que la posibilidad de que peligrase la celebración de elecciones en esas esferas locales, debe evidentemente ser motivo de preocupación general, tanto de las autoridades como de los partidos políticos y, particularmente, por el compromiso adquirido por las autoridades electorales federales que suscribieron los convenios antes referidos.
f) La iniciativa se sustenta en el supuesto de que el retraso en la entrega de credenciales induce a que las mismas no le serán entregadas a un amplio número de ciudadanos una vez que concluya el plazo para ello, y que cualquier prórroga en este sentido genera, por su parte, el problema de que no estarán en tiempo a disposición de los partidos políticos las listas nominales de electores para su verificación y formulación de observaciones.
Sin embargo, esta comisión considera que la iniciativa se sustenta en una premisa incomprobable. Sin pretender que esta comisión justifique o avale las aciones que competen a las autoridades electorales, cabe expresar una serie de consideraciones para probar la impertinencia de la modificación legislativa que se propone.
En efecto, tomando como base la información rendida por el propio Instituto Federal Electoral en el seno de sus diversos órganos en los que participan los partidos políticos, como son el Consejo General, la Comisión Nacional de Vigilancia y el llamado grupo de asesores técnicos de los partidos políticos, así como la información que las autoridades electorales han dado a conocer a la opinión pública, existe otorgada una prórroga para la entrega de las credenciales a los ciudadanos que formularon solicitud para ser inscritos en el padrón electoral la cual se vence el próximo 14 de julio. El Instituto Federal Electoral ha divulgado que a través del reforzamientos del mecanismo puesto en marcha para la distribución de las mismas se ha podido incrementar considerablemente el número de credenciales que diariamente son puestas a disposición material de los ciudadanos y celebrar normal y regularmente los comicios en la fecha dispuesta por el código.
Esta comisión considera que no es válida la aseveración de que las prórrogas otorgadas para la entrega de las credenciales afecte el derecho de los partidos a verificar la validez de los datos que se consignan en el padrón electoral y en las listas nominales de electores. Cabe decir que el ejercicio de dicho derecho depende de un hecho aleatorio, ajeno a las razones objetivas que deben fundar el dictamen de las presente iniciativa, y tiene que ver con el método y la técnica que cada partido haya implementado bajo su propia responsabilidad para efectuar dicha verificación y formular las observaciones de los ciudadanos incluidos o excluidos indebidamente de las listas nominales adicionalmente al derecho que el código confiere a los propios partidos de contar en la Comisión Nacional de Vigilancia con terminales de computación para tener acceso permanente a la información contenida en el padrón y en las mencionadas listas.
De acuerdo con el programa establecido se exhibirá fecha inmediata a los partidos políticos el padrón electoral impreso y contarán con las listas nominales previas del día 22 al 29 de julio para su verificación.
Por lo demás, el legislador nunca pretendió que al ponerse el padrón y los listados a disposición de los partidos, éstos pudieran realizar una verificación integral de los potenciales empadronados que para la elección de 1991 se ha calculado ascienden a 39.5 millones. Tomando en cuenta la imposibilidad material de esta tarea para cualquier partido político el legislador les otorgó, en cambio, ampliamente el derecho de participar en forma directa en todas las tareas que atañen al levantamiento del catálogo, formación del padrón y entrega de credenciales, a través de la presencia de sus representantes en las comisiones distritales, locales y nacional de vigilancia, así como, de igual manera, en los órganos de dirección distrital, local y general del Instituto Federal Electoral, incluyendo al citado grupo de asesores técnicos de los partidos políticos, el cual estableció, además, subgrupos para analizar la amplia gama de actividades
vinculadas a la elaboración del padrón en la elección de 1991.
Por otra parte, no puede desconocer esta comisión, ya que participó en la elaboración y discusión del dictamen del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que el nuevo régimen electoral tendría que ser aplicado en forma matizada para el proceso de la elección de 1991, considerando fundamentalmente las consecuencias derivadas de la configuración de un nuevo padrón electoral, que desechando todo antecedente partía desde la formación de un catálogo completo de los ciudadanos mexicanos con derecho al ejercicio del sufragio, para el cual, conforme a las disposiciones del referido código, a fin de garantizar su cabal fidedignidad, tendría que elaborarse mediante la técnica censal realizada a través de visitas casa por casa y entrevistas personales. Que, por tales razones, en los artículos transitorios del mencionado código se fijó un procedimientos especial que ha permitido ajustar plazos y criterios.
Como se ha dado a conocer a la opinión pública, a los partidos políticos que intervienen en las diversas instancias electorales y como de manera particular es del conocimiento de los diputados que forman parte de tales órganos, la planeación original para el levantamiento del catálogo, la configuración del padrón y la entrega de credenciales abarcan el período del 15 enero al 15 de mayo del año de la elección; determinándose que el catálogo quedaría formado al 15 de febrero, el padrón de esa fecha al 31 de marzo, para entregar las credenciales entre el 1o. de abril y el 15 de mayo. La realidad del levantamiento hizo que se reprogramaran dichas actividades habiéndose tomado el acuerdo de configurar el catálogo y el padrón simultáneamente pero manteniendo, sin variación alguna, el calendario para la entrega de credenciales. Como respuesta a las cifras obtenidas inicialmente del levantamiento simultáneo a petición de los partidos políticos, se acordó una prórroga en el seno del consejo general para el levantamiento del catálogo y padrón hasta el 15 de abril, lo que obligó, así mismo, a prorrogar el plazo para la entrega de credenciales el día último del mes de mayo. Nuevamente, los partidos políticos solicitaron una segunda prórroga para que el mayor número de ciudadanos quedaran incluidos en el catálogo y el padrón, por lo que se acordó una segunda para esos efectos hasta el 30 de abril, forzando, consecuentemente a que la fecha para la entrega de credenciales se pospusiera. Cabe hacer mención que los representantes de los partidos políticos, con excepción de uno de ellos, votaron en sentido favorable esta segunda prórroga sin establecer reserva alguna. Se tiene la información que durante el transcurso de las dos prórrogas, entre el 1o. y el 30 de abril se pudo empadronar a un total de 5.19 millones de ciudadanos.
Todo este proceso de ajustes sucesivos llevaron a que la Comisión Nacional de Vigilancia acordara por unanimidad una nueva prórroga hasta el 14 de julio próximo para la entrega de credenciales, haciéndose referencia que el representante del Partido de la Revolución Democrática llegó a solicitar que la prórroga fuera hasta el día último del mes de julio.
No puede escapar a la lógica que las diversas prórrogas acordadas para el levantamiento del catálogo y elaboración del padrón con el acuerdo de los representantes de los partidos, incidieran sobre los programas operativos y que actividades programadas adicionalmente, como la insaculación de los centros regionales de cómputo de millones de ciudadano que integrarían las mesas directivas de casillas, se tuviera que realizar simultáneamente, generando una carga de trabajo muy concentrada que obligó a la realización de una serie de acciones originalmente no contempladas, han influido en los programas para la distribución y entrega de credenciales.
Tomando en cuenta dichas circunstancias las autoridades federales con el apoyo de las autoridades estatales y municipales, que legalmente deben considerarse como auxiliares, se reforzó el operativo de campo para la distribución de credenciales mediante la canalización de mayores recursos que han elevado sustancialmente el rendimiento en las visitas domiciliarias y en los módulos instalados para tal efecto.
Por estos motivos no resulta evidente ni clara la hipótesis en que se sustenta la iniciativa en el sentido de que no existirá entrega oportuna de credenciales o que los partidos estarán imposibilitados de verificar el listado de electores.
g) Finalmente, la iniciativa pretende minimizar el impacto que tendría la reforma que propone respecto del nuevo sistema de medios de impugnación y de recursos así como para la delicada misión que se le ha encomendado al Tribunal Federal Electoral en materia de control de la legalidad en los procesos electorales. Al efecto, debe considerarse que una de las principales razones por las que se estableció la fecha
de la elección en el tercer domingo de agosto, fue la de conferir un mayor plazo para la sustanciación y resolución de los recursos que los partidos políticos interpongan para impugnar los resultados electorales. En el supuesto de alterarse dicha fecha y posponerse la celebración de la jornada electoral, como lo sugiere la iniciativa, se estaría reduciendo en más de cuatro semanas el plazo concedido por el código para resolver con la mayor profundidad y certeza jurídica dichos recursos, teniendo en cuenta que, constitucional y legalmente, el tribunal al conocer de los asuntos de su competencia puede declarar la nulidad de votación en casillas y, consecuentemente, recomponer los cómputos, revocar constancias y, en su caso, anular elecciones.
De aprobarse la iniciativa, el tribunal contaría, en el mejor de los casos, con 16 días para resolver todas las impugnaciones que se presenten. No sólo por lo que respecta al potencial de recursos de inconformidad que eventualmente puedan interponerse, sino tan sólo considerando en forma conservadora el número real de dichos recursos para el proceso electoral de 1991, materialmente sería imposible para el órgano jurisdiccional electoral resolver adecuadamente y hacer viable el principio de legalidad que establece la Constitución en el artículo 41.
En relación con el segundo artículo transitorio que plantea la iniciativa, referente a que el tribunal resuelva hasta un día antes de que se instalen los colegios electorales, cabe señalar que ello privaría al Consejo General del Instituto Federal del plazo necesario para realizar la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, puesto que la ley lo obliga a tomar en cuenta las eventuales resoluciones que dicte el tribunal sobre los recursos que impugnen los cómputos respectivo. Pero, a mayor abundamiento es de señalarse que aún adicionando esos cinco días no se compensa el plazo que se suprime al prorrogar hasta el 22 de septiembre la elección.
Todas las conclusiones expresadas llevan a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales a resolver que resultando improcedentes las razones en que se sustenta la iniciativa, no existen motivos para dictaminarla favorablemente y proponer un punto de acuerdo en este sentido al pleno de esta Cámara, debiendo ser archivada.
Recinto oficial de la Cámara de Diputados, a los ocho días del mes de julio de mil novecientos noventa y uno.»
Trámite: - Primera lectura.
El Presidente: - ¿Dígame, diputado Guerra?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Como se ha dado primera lectura al dictamen de la Comisión de Gobernación, solicito presentar un voto particular a nombre del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Juan Guerra, para presentar un voto particular en función del dictamen que ha sido puesto a consideración.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa: - Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanos integrantes de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Con fecha 3 de julio del año en curso la diputación del Partido de la Revolución Democrática presentó al pleno de esta Cámara una iniciativa para adicionar con dos artículos transitorios al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que señalan como objeto el aplazamiento de la fecha de celebración de las elecciones federales ordinarias del año en curso.
La iniciativa señala en su exposición de motivos que siendo la garantía del voto el derecho político fundamental de que disponen los ciudadanos para expresar su voluntad y determinar la integración de la representación nacional, es un deber de todas las instancias corresponsables del proceso electoral velar por el respeto irrestricto a ese derecho, eliminando todos aquellos obstáculos que impidan el pleno ejercicio del mismo.
Al establecerse en el código de la materia que la presentación de la credencial para votar es un requisito indispensable para ejercer el derecho al voto, el hecho de que millones de ciudadanos no cuenten aún con dicho documento electoral los imposibilita para hacer uso de esta prerrogativa constitucional.
Si bien es cierto que se extendió por 15 días el plazo para la entrega de las credenciales, a todas luces éste resulta insuficiente para que las autoridades electorales competentes cumplan con esta obligación. Pero, además, la prórroga para la entrega de credenciales violenta los derechos de los partidos políticos y de los ciudadanos para ejercer la vigilancia y fiscalización de las listas nominales de electores, lo que implica una violación a la legalidad del proceso electoral.
En virtud de lo anterior, esta soberanía popular está obligada, de acuerdo al marco
constitucional que nos rige, y de acuerdo a la corresponsabilidad que le asigna la legislación en la materia electoral, a velar por el respeto irrestricto del derecho al voto y por la legalidad del proceso electoral.
El aplazamiento de la fecha de las elecciones del año en curso se presenta como la única fórmula, en estos momentos, que puede permitir que este proceso electoral se encause dentro del marco constitucional y legal, para que de esta manera tenga la credibilidad y legitimidad que requiere de la ciudadanía. No obstante que la propuesta de aplazar las elecciones para el día 22 de septiembre del año en curso está debidamente fundada, tanto en sus aspectos jurídicos y políticos, la mayoría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, presenta un dictamen que sin ningún argumento sólido y sin fundamento jurídico, desecha dicha iniciativa.
Es evidente que el dictamen que presenta la mayoría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales elude entrar al análisis de los fundamentos constitucionales y legales de la iniciativa y se concreta a hacer una serie de manifestaciones vagas y subjetivas que no obedecen al interés de la ciudadanía y al respeto del marco jurídico vigente, sino sólo a los intereses del partido oficial.
El dictamen presentado hace referencia a que el aplazamiento de las elecciones "introduciría confusión e incertidumbre de grandes alcances en la ciudadanía". Señala que esto "desalentaría la participación de los ciudadanos y fomentaría el abstencionismo". Sin embargo ¿qué mayor incertidumbre y confusión en los ciudadanos y qué mayor desaliento y fomento al abstencionismo que millones de ciudadanos no puedan ejercer el derecho al voto? Ese es el tipo de seudoargumentos con los que se pretende desechar, de manera arbitraria la iniciativa presentada.
Señala el dictamen que la posposición de las elecciones tendría un efecto negativo tanto en los partidos como en los candidatos "ya que los obligaría a prolongar en forma imprevista sus tareas destinadas a lograr la adhesión popular, alterando el ritmo de sus esfuerzos y a invertir un monto mayor de recursos económicos"; se cierra la cita.
Con la anterior argumentación queda en evidencia que sin importar la ciudadanía y el respecto de sus derechos se pretende anteponer los intereses de un partido político por encima de los intereses de la sociedad, y por encima del régimen de derecho que nos debe regir.
El colmo del absurdo de la argumentación presentada en el dictamen, es el reconocimiento expreso que se hace de la violación a la legalidad del proceso electoral, al señalarse que "los partidos políticos contarán con las listas nominales previas del día 22 al 29 de julio para su verificación", se cierra la cita textual, cuando el código de la materia señala en sus artículos 155, 156, 157, 158, 159, 160 y 161 los términos y procedimientos que se deben de seguir para la entrega de las listas nominales de electores, para su publicación y para la verificación que deben realizar los ciudadanos y los partidos políticos, estableciéndose que debe haber un plazo de cuando menos 20 días para que los partidos políticos ejerzan su derecho a verificar dichas listas nominales.
Es inconcebible que el Poder Legislativo reconozca la violación de las normas que él mismo creó, y que además avale el rompimiento de la legalidad del proceso electoral. A mayor abundamiento, se omite intencionalmente señalar en el dictamen que con lo anterior se viola también el derecho de los ciudadanos para inconformarse, en el caso de que no aparezcan en las listas nominales, presentando para ello la solicitud de rectificación y, en su caso, el recursos de revisión ante el Tribunal Federal Electoral, para lo cual, de acuerdo al artículo 151 del código de la materia, requeriría de 20 días cuando menos de exhibición de las listas nominales, de 10 días más para que la oficina del Instituto Federal Electoral resuelva sobre dicha solicitud, sin contar con los plazos que la ley establece para la presentación de recursos de revisión y para que el Tribunal Federal Electoral resuelva.
Además de los pobres argumentos antes mencionados, y del reconocimiento expreso de las violaciones legales que se dan en el proceso electoral de no aplazarse el día de la elección, el dictamen señala como centro de su argumentación, que la iniciativa, cito, se sustenta en una premisa incomprobable, termina la cita. Dicha premisa sería la de que no serán entregadas las credenciales para votar, aun con la prórroga otorgada, a un amplio número de ciudadanos y de que dicha prórroga implicaría que no estarán en tiempo a disposición de los partidos políticos las listas nominales para su verificación y formulación de observaciones. Sin embargo, la mayoría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, omite señalar que incluso las autoridades electorales correspondientes han reconocido que un
número indeterminado de ciudadanos no recibirán su credencial electoral, el número de ciudadanos que estarán en este caso, incluso en los cálculos más optimistas, serán de millones.
Pero independientemente de los diversos cálculos y proyecciones que se realicen, esta soberanía popular, más que dar un aval irrestricto a las declaraciones tan poco comprobables de funcionarios electorales, ante la sola posibilidad fundada de que se vulneren derechos fundamentales de la ciudadanía, en ejercicio de las atribuciones y responsabilidades que le competen, debería ser garante del orden constitucional y legal, estableciendo las condiciones que permitan sin duda alguna el respeto de dicho marco legal.
Señala el dictamen que el aplazamiento de la elección implicaría incumplir con compromisos adquiridos por las autoridades de las entidades donde tendrían lugar elecciones locales; sin embargo, es evidente que dichos compromisos ya están incumplidos, en este momento. La falta de entrega de credenciales para votar a un número importante de ciudadanos de dichas entidades, implica ya un incumplimiento de compromiso por parte de las autoridades federales electorales.
En uso de su soberanía, cada entidad deberá determinar las medidas a adoptar, derivadas del incumplimiento de los compromisos adquiridos por las autoridades federales electorales, en caso de que adoptaran el criterio de mantener el día de la elección para el 18 de agosto, las autoridades federales electorales estarían en posibilidad de poner en práctica medidas extraordinarias que permitieran, priorizando estos estados, y para efecto de las elecciones locales, cumplir en la medida de lo posible con dichos compromisos.
En relación con los pseudoargumentos señalados en el dictamen, referidos a los efectos negativos de la posposición de la elección tendría para el control de la legalidad del proceso durante la etapa posterior a la elección, cabe señalar que de establecerse como fecha de la elección el día 22 de septiembre se garantizaría que todos los plazos y términos señalados en el código de la materia, se respetarían; incluyendo el tiempo durante el cual el Tribunal Electoral podría resolver, de acuerdo a la nueva estructura que le asigna la ley. Sin embargo, si así lo considera dicho tribunal, tiene plena facultad para incorporar personal de apoyo suficiente para resolver debidamente y en tiempo, los recursos presentados.
Por todo lo anterior se puede desprender que los argumentos que sustenta el dictamen presentado por la mayoría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, carece de validez y de fundamento legal. Dicho dictamen no entra al análisis serio y sistemático de los graves problemas políticos, constitucionales y legales a los que trata de dar respuesta de manera fundada y con apego a derecho, la iniciativa presentada.
De aprobarse el dictamen presentado, esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, estaría faltando a los deberes que la Constitución le otorga, toda vez que estaría permitiendo y avalando la violación de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos, y la violación flagrante de la legalidad en que está sustentado el proceso electoral.
Afirmamos que la única medida fundada en derecho para restablecer el orden jurídico electoral, es modificar la fecha de la elección, lo cual, además de darle un sustento legal a dicho proceso comicial, permitiría que éste gozara de la credibilidad y legitimidad otorgada por los ciudadanos.
Por todo lo anterior, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra del dictamen presentado por la mayoría de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, convocando a los integrantes de esta Cámara de Diputados, a que, asumiendo nuestra responsabilidad como garantes de la legalidad del proceso electoral, no permitamos que esta Cámara de Diputados se haga cómplice del rompimiento del orden legal. Proponemos por lo mismo, que el dictamen, y así vote esta Cámara, se regrese a comisión para que se elabore un nuevo dictamen favorable a la iniciativa presentada. Muchas gracias.
Firman los diputados: Leonel Godoy, Ismael Yáñez Centeno e Ignacio Castillo Mena, integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que tienen derecho para presentar este voto particular. Y solidariamente el diputado Juan Guerra.
El Presidente: - Esta presidencia considera el asunto que se le dio primera lectura, de urgente resolución.
Se ruega a la secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
El secretario diputado Juan Manuel verdugo Rosas: - Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se consulta a la asamblea en votación económica, si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. . .
Los diputados que estén por la negativa. . . Se dispensa la segunda lectura.
El Presidente: - Falta la expresión de: Está a discusión en lo general. Se abre. . . ¿Dígame, diputado?
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - El siguiente paso, que se abra el registro de oradores.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén Mayén, para hablar en contra del dictamen. Y esta Presidencia informa que con el auxilio de la secretaría, tomará de parte de los grupos parlamentarios, la participación. Y en términos del 98 del reglamento, hablará uno en contra y otro a favor.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - Gracias señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El dictamen que hoy se presenta por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, es un dictamen con el cual estamos en contra, y nos parece que los argumentos que se esgrimen en el mismo para rechazar una iniciativa que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática, y a la cual se han adherido también otros grupos parlamentarios, como es el caso de los compañeros del Partido del Trabajo, se sustenta en la necesidad de atender uno de lo reclamos de la ciudadanía, más importantes. Se trata de crear certidumbre en el proceso electoral que está en puerta y que habrá de realizarse el 18 de agosto.
Nosotros hemos planteado que una de las cuestiones más importantes que puede garantizar darle credibilidad, otorgarle transparencia al resultado de las elecciones, es partir de una buena base para el desarrollo de las mismas, y esto tiene que ver con la confección de un padrón electoral y de una lista nominal que sea confiable y que sea aceptada por todos los partidos políticos que contienden en este proceso del 18 de agosto.
Nosotros hemos señalado que la negativa del partido mayoritario a aceptar la proposición de aplazamiento de estas elecciones, genera una violación de los derechos electorales de la mayoría de los ciudadanos, ¿Por qué? porque nosotros pensamos que tal como lo ha establecido la ley, los partidos políticos son corresponsables, incluso el Poder Legislativo es corresponsable de la organización de los procesos electorales.
Y una de las formas a través de las cuales participan en la organización del proceso electoral, es vía la verificación de las listas nominales para crear esa certidumbre respecto a la limpieza y a la transparencia de los procesos electorales.
Por eso a nosotros nos parece que a más de la mitad, de haber transcurrido más de la mitad del plazo establecido como prórroga por el Instituto Federal Electoral para la entrega de las credenciales a los ciudadanos y confeccionar la lista nominal para llevar a cabo la elección, la vocalía del Registro Federal Electoral, es hora que no da cuenta de un informe oficial, ¿verdad?, que nos permita asumir una posición más objetiva para determinar si es procedente o no el aplazamiento de las elecciones, tal como lo está proponiendo nuestro partido.
Creo que en forma apresurada la mayoría priísta se ha atrevido a descalificar una iniciativa que se sustenta incluso en la confusión que crean los informes extraoficiales proporcionados por la vocalía del Registro Federal Electoral.
¿A qué me refiero con esto? Nosotros contamos con un informe, o mejor dicho con dos informes: uno con fecha 3 y otro con fecha del día 4 del mes en curso, que dan cuenta de los resultados hasta el 29 del mes pasado, y estos informes presentan un resultado en el cual los datos totales respecto a los ciudadanos que han recibido sus credenciales y los datos totales de los ciudadanos que no han recibido sus credenciales, coinciden. Pero cuando se pasa a examinar los datos parciales que se refieren a cada uno de los distritos, estos datos no corresponden, no checan, de tal manera que crea una confusión respecto a la veracidad de este informe extraoficial y preliminar que ha entregado a los partidos la vocalía del Registro Federal Electoral.
Este dato por sí mismo, nos parece que es uno de los elementos que da pie para sustentar la propuesta que nuestro partido ha sostenido
respecto a la necesidad de aplazar las elecciones para que los partidos puedan disponer, tal como lo establece la ley, con los 20 días para poder llevar a cabo la verificación respecto de la lista nominal.
Por otro lado, nosotros creemos que las razones que se han esgrimido en contra de esta iniciativa nos parece que son superficiales. La más importante que yo escuché en el transcurso de la discusión de la Comisión de Gobernación, fue aquella que decía que "el aceptar modificar la fecha generaría una gran confusión dentro de la ciudadanía".
A mí me parece que lo que puede crear realmente la confusión en la ciudadanía y más aún alentar el abstencionismo en la ciudadanía, no es cambiar la fecha del día de la elección, compañeros legisladores; es la falta de certidumbre entre los ciudadanos acerca de que no se atienden las peticiones de los partidos para darle credibilidad a la lista nominal, sobre la base de la cual se van a desarrollar esos procesos electorales.
El hecho de que no se atiendan las impugnaciones, y no estamos hablando de cualquier tipo de impugnación, sino como lo aceptaron algunos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional en la comisión, se está hablando de un porcentaje considerable para señalar en algunos casos de distritos particulares se decía, en el caso del distrito XXV, que estaba todavía por entregarse 35% de las credenciales. ¿A seis días de que concluya el plazo?
Y el que total en muchos lugares el porcentaje de la "no entrega de credenciales" llega aproximadamente al 40%, nos está hablando de que existe un sector muy importante de los ciudadanos que en potencia pueden votar o sufragar el 18 de agosto.
Nosotros vemos un problema aquí. Primero es un porcentaje elevado. Si consideramos que por regla se presenta la tendencia en la elecciones intermedias a que se desarrolle un abstencionismo. Nosotros creemos que la manipulación que se puede dar y presumimos que puede haber manipulación en la entrega de credenciales, si este porcentaje llega a ser en proporciones tan elevadas como las que se han aceptado por algunos diputados en el transcurso de la discusión, son sin duda alguna porcentajes que pueden influir decididamente en el resultado de las elecciones del 18 de agosto.
Nosotros seguimos insistiendo en esta propuesta y hemos rechazado propuestas de otros partidos, no porque estemos en contra de que la sociedad intervenga en la vigilancia de los procesos electorales. Por el contrario, nos parece que uno de los elementos que puede estimular la participación de la sociedad de la mejor manera para intervenir en la vigilancia de unos buenos procesos electorales, es que los partidos políticos, representados en este Congreso de la Unión, que son los responsables respecto de la Ley Electoral, le den la confianza a la ciudadanía de que contamos con un buen instrumento para llevar a cabo las elecciones.
Yo creo que no se contrapone en esta medida nuestra idea de proponer el aplazamiento de las elecciones, con hacer un llamamiento, los partidos políticos, a que se fortalezcan y redoblen los esfuerzos por parte de la sociedad para intervenir en que se desarrollen unos buenos procesos electorales.
A mí me parece que la mejor manera en que los partidos políticos pueden hacer su contribución para darle certidumbre y credibilidad en la elección del 18 de agosto reside, precisamente, en eso compañeras y compañeros. De esta manera los ciudadanos que están atentos a esta discusión que tiene varios días pendientes, ¿verdad? Se sentirían alentados por las determinaciones de esta Cámara de Diputados.
Yo concluyo señalando lo siguiente: llamo a los compañeros legisladores a que este dictamen se rechace, se vuelva a la Comisión de gobernación para que se reelabore un nuevo dictamen tomando en cuenta las consideraciones políticas que aquí se han vertido, tanto en el voto particular que ha leído nuestro compañero Juan Guerra como las que hasta el momento hemos expuesto los miembros del Partido de la Revolución Democrática y emplazo a los compañeros de otros partidos políticos, especialmente a las fuerzas más representativas de este país, me refiero a los compañeros del Partido Acción Nacional, a que tomen una posición clara respecto a este asunto del aplazamiento de las elecciones. Gracias.
El Presidente: - Para el mismo tema, tiene la palabra el diputado Javier López Moreno.
El diputado Javier López Moreno: - Señor Presidente, Carreto; señoras diputadas, señores diputados: Sino y destino de esta legislatura, la dirección política de la Cámara, decía hoy por la mañana que la discusión, el debate nos iba acompañar como está ocurriendo hasta el
final, celebro que podamos llevar a cabo en éste que seguramente será el último debate sobre un tema trascendente en el último período ordinario de sesiones de la Cámara y que al hacerlo haya atención, participación, respeto de todos. No se trata de un tema banal o de cualquier cosa, es un asunto muy importante el que se propone y para mí en lo personal, poco cuenta el que se quiera discutir si los señores del Partido de la Revolución Democrática proceden así por una fundada convicción, por capricho, por veleidad, por lo que cada quien quiera pensar, lo serio no es descalificar al adversario, lo serio es contrarrestar y anular sus razones, si es que creemos que no lo asisten esas razones o que son deficientes o insuficientes.
Yo también creo que no hay un rechazo a esta pretensión por venir de quien viene sino por de como viene la naturaleza, la índole de las cosas que propone y adelanto la primera conclusión en nombre de mi partido.
Posponer las elecciones con la razón expuesta públicamente de resolver problemas existentes en cuanto al reparto de credenciales, generaría problemas infinitamente mayores que aquellos que se pretende resolver.
Número dos. En México, cuando menos a lo largo de este siglo, corríjame maestro Martínez Báez si incurro en falacia o despropósito, no ha habido jamás una posposición de elección federal. Ni en tiempos aciagos que antecedieron o sucedieron a los comicios. No vivimos un estado de emergencia tal, una circunstancia tan crítica o un momento que por alguna razón se quiera caracterizar de emergencia como para que procediéramos a tomar decisión tan grave.
Por otro lado, y éste es el argumento toral que voy a defender aquí, el relativo al inciso g, del dictamen de lo que los señores del Partido de la Revolución Democrática llaman la mayoría de la Comisión de Gobernación, pero que es el dictamen de la comisión en los términos que norman la vida interior de esta asamblea colectiva.
En inciso g, en pocas palabras, dice lo siguiente: "Pondríamos contra la pared al Tribunal de lo Contencioso Electoral". Pero yo llevo más allá mi argumentación. Mi argumentación es que una de las conquistas no menores que hemos alcanzado, es lo que algunos llaman la "jurisdiccionalización" o "judicialización" de la contienda electoral. En pocas palabras, lo que queremos es que después de concluida la contienda electoral no le suceda lo que es primero un altercado de voces encendidas y después un interminable conflicto social. Que las leyes y los jueces resuelvan las querellas de los quejosos. Más todavía, que un día termine en México toda forma o suerte de arreglo que se haga en el campo de una ancha discrecionalidad que por mucho tiempo ha campeado en nuestros ordenamientos electorales.
Que nos gobiernen las leyes, que resuelvan los íntegros, que la política electoral se resuelva como se debe resolver. Y solamente cito dos breves antecedentes para que advierta lo que ya la asamblea sabe, pero que no está por demás recordar. ¿Cuánto nos costó llegar, cuando menos a un principio satisfactorio para todas las partes, aunque no alcance a ser suficiente para algunos o algunas de esas partes de las más exigentes?
Primero con la reforma política de 1977, logramos, a través del recursos de reclamación, que la Corte interviniera pero a medias. No había una facultad inapelable en la Corte. Creímos que bastaba con su aval moral para que el Colegio Electoral se sometiera inexorablemente a sus resoluciones. Pero lo cierto es que esa reforma, en la vida real, casi no funcionó.
Pocos partidos, pocos recursos, poco trabajo, escasa huella, un recuento pobre. Después, hace tres años, estrenamos el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Ya más perfeccionados algunos mecanismos, ya lo dije, casi de cero porque no había experiencia; pero hubo graves problemas porque muchos partidos recelaron del trabajo del Tribunal de lo Contencioso Electoral. A mí en lo personal me pareció injusto que se emitiera este tipo de opiniones. Pero de todas maneras, lo cierto es que no hubo pocas quejas.
Ahora bien, ¿de cuánto tiempo y con quienes, en qué escenario trabajó el Tribunal de lo Contencioso Electoral?
Ustedes recordarán, elecciones el 6 de julio, el 15 de agosto, es decir seis semanas después los trabajos del Colegio Electoral; no dispuso de todo ese tiempo, pero es ése el tiempo el margen que va entre la celebración de la elección y la instalación del Colegio Electoral.
Antes eran ocho partidos, cuatro de ellos en el Frente Democrático Nacional y los otros cada quien por su lado. Ahora son 10 y no hay coalición semejante o parecida. Antes fueron 52 mil casillas, ahora 88 mil. En 1988 ciertamente
se estrenaba una legislación electoral, pero ahora también.
Y por otro lado, además lo que es muy importante de subrayar, es que ese Tribunal de lo Contencioso Electoral sólo conocía un tipo de pruebas, las documentales públicas. Y después aquí, con varios de estos rostros conocidos, disputamos largamente y finalmente venció la convicción de que se deberían aceptar las documentales privadas. Esto que parece tan sencillo de enunciar, introduce una enorme complejidad y un alto grado de dificultad para un tribunal electoral, pero me parece que es una conquista democrática.
No perdamos de vista, además, que ahora con un Tribunal Federal Electoral que va a trabajar, espero, en mucho mejores condiciones, habrá otros elementos que van a presionar sobre ese tribunal, citaré sólo dos: la constancia de mayoría se va a extender por los consejos distritales, ya no van a haber Comisión Federal Electoral u organismo semejante que las otorgue; eso quiere decir que el candidato al que se le entregue su constancia de mayoría, tendrá en su favor un principio de definitividad, y eso lo debe tomar en cuenta el Tribunal Electoral. Pero más importante todavía que eso, las resoluciones, porque así lo acordamos, del Tribunal Electoral, sólo podrán ser echadas abajo por una mayoría calificada del Colegio Electoral, y qué arduo, qué difícil y hasta qué ímprobo pensar que se puedan dar esas mayorías calificadas que echen abajo las resoluciones del Tribunal Electoral.
En consecuencia, lo que debemos hacer es respetar cabalmente los tiempos de que dispone este Tribunal, allí nos va parte de la vida institucional de este país. Todos necesitamos que le vaya bien al tribunal, para que nuestra urgencia de credibilidad se satisfaga a grandes trancos. Si le fuera mal al Tribunal Federal Electoral, a pesar de que establecimos mecanismos muy importantes para integrarlo, de que exigimos requisitos para sus miembros, que son similares a los de los ministros de la Corte, a pesar de tantos pesares, si le fuera mal al tribunal, quién sabe cómo lograríamos caminar en todos los demás procesos electorales muy relevantes. . .
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Si me permite, Presidente. . .
El Presidente: - ¿Dígame, diputada Calderón?
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Deseo hacerle una pregunta al orador.
El Presidente: - ¿Permite el orador que se le formule una pregunta?
El diputado Javier López Moreno: - Dos, si quiere usted compañera.
El Presidente: - Adelante, compañera diputada.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Usted está diciendo que el tribunal necesita bastante tiempo para calificar. Quiere decir que entonces las elecciones no van a ser limpias el día de la elección, de tal manera que los partidos políticos vamos a tener que impugnar.
El diputado Javier López moreno: - ¡Qué pasó diputada!, el eclipse hace hasta después de mañana.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Eso pasó en Nuevo León señor.
El diputado Javier López Moreno: - Mire usted, el tribunal. . ., le voy a poner un ejemplo para que se entienda diputada, me permite a usted y a la asamblea ponerle un ejemplo de por qué el tribunal necesita el tiempo que está previsto.
Ahora está previsto en la ley un lapso de cinco semanas y antes ya decíamos que el Tribunal de lo Contencioso Electoral trabajó con otros lapsos de más apremio. Voy a poner un caso si me permiten. El día, vamos a poner la hipótesis del Partido de la Revolución Democrática, la elección se celebra el 22 de septiembre, y vamos a acompañarnos por lo que dice la legislación electoral. El cómputo tres días después, el 25, tres días se dejan por si hay interposición del recursos de inconformidad. Llegamos al día 28, estamos entonces en el día 28 para esperar que se terminen de presentar los recursos de inconformidad.
Al día siguiente en ese distrito electoral, la autoridad electoral fija en los estrados quienes se inconformaron, lo da a conocer a toda la opinión pública, es el día 29 ya de septiembre en al hipótesis perredista.
La ley dice que tiene dos días todos los terceros interesados para presentar lo que a sus intereses convenga. Como en le escuela nos dijeron que 30 días trae noviembre, con abril, julio y septiembre, de 28 sólo hay uno y los demás de 31, llegamos al día 1o. de octubre, ese día 1o.
de octubre la autoridad electoral tiene que remitir todos los recursos de inconformidad a la sala que le corresponda; supongamos que lo pude hacer con una relativa facilidad y que al otro día remite todo, el día 2 de octubre, ¿qué es lo que pasa el 2 de octubre en la sala a través de la oficialía de partes? Recibe un cúmulo, fíjense bien, una sala regional no nada más comprende un estado, comprende varios estados, esos varios distritos y estos cientos de casillas, estamos hablando de miles de casillas, el día 2 de octubre la Oficialía Mayor turna los expedientes respectivos a los jueces instructores, el día 3 lo reciben los jueces instructores y éstos pueden hacer cualquiera de estas tres cosas: primera, que sería lo más atractivo, dictar el auto que se llama de admisión, es decir, ve que el expediente está en orden, que satisfacen todos los requisitos y entra ese recurso para ser examinado por el pleno de la sala; o bien, puede encontrar que al señor promovente le faltan algunos requisitos, no señaló domicilio para notificaciones, la presentación de sus pruebas deja algo que desear, lo que la ley llama requisitos salvables, tiene 24 horas para conminar a ese promovente y decirle: presente usted bien sus pruebas o de lo que se trate; y número tres, el juez instructor puede también ver que un expediente es notoriamente improcedente y entonces así comunicarlo al presidente del tribunal para; perdón de la sala, para que la sala se reúna y resuelva en consecuencia.
Pero estamos entonces en el día 2, ése es el cúmulo de trabajo que reciben los jueces instructores; digámoslo más sencillamente, tienen que clasificar sus chambas para ver cuál se aligera por el hecho de que no trae todos los requisitos y de una vez se despacha diciendo que no, cuál va ser materia para entrar al fondo de la cuestión y cuál se puede arreglar todavía por tratarse de requisitos dispensables.
Bien, en el momento en que este señores instructor recibe, ya es el día 3 de octubre y además para despachar muchos expedientes supongamos que no le lleve más de tres días, que estamos haciendo suposiciones más o menos lógicas, llega el 6 de octubre, de acuerdo con el planteamiento de esa hipótesis; una vez que se dicta el auto de admisión viene lo más importante; dice la ley que el juez instructor debe realizar, aquí cito casi literalmente, todos los actos y diligencias que lo lleven a poner los asuntos en estado de resolución.
No hay límite, todos los actos y diligencias, no hay límite.
¿Cuánto le puede llevar a un juez instructor llevar a cabo todo esto con todos los expedientes? Supongamos que dos días porque en dos días tiene comunicación inmediata, le resuelven todas las autoridades que son requeridas, etcétera, llegamos al día 8, y entonces sí viene lo más interesante: el juez instructor pasa este expediente al presidente de la sala y el presidente de la sala, a su vez, lo distribuye entre los tres magistrados, de acuerdo con los criterios que se hayan fijado.
El paso que va entre el día 8 y el día 10, llegamos al 10, es el que se tarda para llevar a cabo esa tarea más o menos mecánica de entregar los expedientes al presidente y el presidente a los magistrados, éstos dictar los asuntos respectivos, etcétera...
Sí, nada más estoy respondiendo una pregunta.
Entonces el día 10, señores diputados, nada más los convido a que hagan esta reflexión: cada magistrado va a resolver cuántos expedientes. Alguien pudiera pensar de, no hablemos de 88 mil sino de 80 mil casillas en el país. ¿Cuál sería un número no repelente a la razón, no repugnante, asequible, aceptable de que efectivamente fue un porcentaje de casillas objetadas: el 1% de las casillas? ¿Les parece bien una cifra más o menos sensata? No es muy baja, no es muy alta, serían 800 casillas. ¡Ah!, pero no va a haber nada más un solo partido que va a objetar la elección, probablemente son 10 partidos, digamos que sea a la mitad, efectivamente, que sea un promedio de cinco partidos por 800, serían 4 mil, entre las cinco salas, serían 800, pero si nos parece que son muchos 800 expedientes por sala, dejémoslo en 400, y si hay exigencias por creer que hay exageración, dejémoslo en 300; 300 expedientes por sala, salas que tienen una jurisdicción sobre miles, decenas de miles de casillas.
¿Cuántos días se pueden llevar los señores magistrados? Son tres, de a 100 cada uno. ¿Cuántos días para despachar los 100? 10 días despachando 10 diariamente, pero como no los despachan por sí y ante sí, sino que tienen que llevar su proyecto de resolución a un pleno de la sala, en consecuencia hay que decir que del día 10 se van al día 20 y necesitarían otros 10 días si despachan 30 expedientes diariamente entre todos y entonces llegaríamos al día 30. Eso es lo que no queremos.
No queremos pues, en consecuencia, exponernos a que el tribunal electoral, que es una alta
conquista de la democracia, impida el trabajo del Colegio Electoral; se ponga en grave riesgo la instalación de la propia Cámara de Diputados.
Nosotros lo que creemos, para concluir, sinceramente hablando, al menos yo en lo personal, es que hay razones atendibles en ese reclamo, hay inquietudes compartidas. Yo no comparto de ningún modo sesgos que ellos miran; tampoco comparto desde luego, su conclusión que me parece equívoca y desproporcionada, porque aplazar las elecciones en este año, sería una derrota anticipada e innecesaria de la democracia.
Por todo eso, diferimos del diferimiento. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Dígame, diputado Castillo Mena...
Está ahí en la lista de oradores, diputado Castillo Mena, yo le rogaría atenderlo.
Tiene la palabra el diputado Jesús Ortega...
Permítame, diputado Ortega, un momento...
Permítame, diputado Ortega, un momento nada más. Para información de la asamblea, esta Presidencia ha ordenado el debate, posteriormente al diputado Ortega, está el diputado Leonel Godoy, el diputado Israel Galán, el diputado Marcué Pardiñas, el diputado Gerardo Ávalos y el diputado Ignacio Castillo Mena, en contra del dictamen.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Señor Presidente: De manera muy rápida quisiera plantear una sola coincidencia con lo que plantea el diputado López Moreno y está al principio de su intervención, la de que es de principio equivocado descalificar las iniciativas de ley que propone cualquier grupo parlamentario, cualquier diputado.
En nuestro caso no sólo se pretendió descalificarla diciéndonos que era equivocada sino se llegó al caso de acusarnos de terroristas por plantear una iniciativa que a juicio del Partido de la Revolución Democrática y de muchos diputados es justa y merece discusión.
En segundo lugar, yo quisiera empezar exactamente al principio de lo que el diputado López Moreno califica como el final de nuestra argumentación, me voy a explicar.
El diputado López Moreno con su argumentación ubica y él es muy reiterativo en que éste es el argumento nodal de la diputación priísta, indica que el protagonista principal de las próximas elecciones será el Tribunal Federal Electoral, y el 90% de su argumentación estuvo sustentada en las dificultades que tendría el Tribunal Federal Electoral para...
El Presidente: - Permítame, diputado Ortega. Dígame, López Moreno.
Quiere hacerle una pregunta, diputado Ortega, ¿la acepta?
El diputado Javier López Moreno (desde su curul): - Es una aclaración nada más, diputado.
El Presidente: - Haber, permítame: ¿acepta la pregunta, diputado Ortega?
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Sí, por supuesto.
El Presidente: - Qué bueno, porque no le voy a formular pregunta, pero está bueno que la acepte. Es una precisión, señor diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - ¿Entonces no va a preguntar?
El diputado Javier López Moreno (desde su curul): - No, no, no, si me permite, estoy diciendo que si puedo hacer una precisión.
El Presidente: - Formule su pregunta, diputado López Moreno.
El diputado Javier López Moreno (desde su curul): - No tengo preguntas, tengo respuestas.
El Presidente: - No, no va en el debate. Continúe diputado.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - No es necesaria la precisión, diputado López Moreno, porque todo mundo oímos que el 90% de su argumentación fue referida a las dificultades del Tribunal Federal Electoral si se lograba la posposición de las elecciones.
¿Qué está en la mente del diputado López Moreno cuando del subconsciente le brota esto? Está en la mente que las próximas elecciones del 18 de agosto van a ser muy conflictivas y muy complicadas y por lo tanto, el protagonista principal de las próximas elecciones va a ser el tribunal.
Mi argumentación y lo que sostiene nuestra iniciativa, por ello digo está exactamente en el
sentido contrario del diputado López Moreno. Para que el protagonista principal de las próximas elecciones no sea el tribunal, diputado López Moreno, requerimos de principio que se respeten los derechos políticos, aquí sí del protagonista principal de las elecciones: los ciudadanos.
¿Qué es lo que pasa?, diputado López Moreno, compañeras y compañeros diputados: Que estamos planteando que se pospongan las elecciones, porque si ello no se hace se violentará el derecho humano, reconocido universalmente, de los ciudadanos a elegir a sus representantes, de millones de ellos.
Voy a dar rápidamente algunos elementos para convencerlos de que nuestra aseveración es justa: el Registro Federal de Electores informó que para el día 30 de junio, habrían entregado el 60% de las credenciales; esto es 23.7 millones. Ahí terminaba el plazo fijado por la Comisión Nacional de Vigilancia y restarían por entregar el 40% de las credenciales que significan 15.8 millones de credenciales.
La entrega de credenciales comenzó el día 2 de mayo, y lo que no pudieron hacer en dos meses, que solamente entregaron el 60% de las credenciales, lo quieren hacer ahora en 14 días, entregar 15.8 millones de credenciales en 14 días. Eso es prácticamente imposible, y les hemos dicho a la gente del Registro Federal de Electores, les hemos dado argumentaciones suficientes para que aceptaran, insisto, esta posición nuestra.
Dice el Registro Federal de Electores: sí es posible entregar un millón de credenciales diarias porque cada visitador está entregando 25 credenciales por día. Ese es el dicho del Registro Federal de Electores, pero ¿eso es verdad compañeras y compañeros? Nosotros decimos rotundamente que no es verdad, y tenemos elementos para decirlo, porque hemos tomado la precaución de en el Distrito Federal, la zona más comunicada, la de mejor urbanización, de preguntarle a la gente que está atendiendo los módulos de cuántas credenciales entregan por día, y ¿saben cuál es la respuesta de ellos? De seis a siete credenciales por día.
Hagan simplemente una relación aritmética y van a concluir que con 50 mil, o yo diría con 60 mil visitadores como dice el registro, que no es cierto tampoco, cuando menos a mí me informó Wong que tenían 50 mil visitadores, pero supongamos 60 mil, hagan la relación aritmética y van a ver cuántas credenciales van a entregar. Se van a quedar aproximadamente sin credencial alrededor de 7 millones 300 mil ciudadanos en el país, que significan el 18% de los 39.5 millones de ciudadanos que se inscribieron al padrón electoral.
Si eso no implica que 7 millones 300 mil ciudadanos se queden sin su credencial de elector, motivarlos a que tomemos una decisión política como la de posponer las elecciones, porque además el Poder Legislativo es corresponsable de la organización de las elecciones, no sé que podría hacerlo.
Pero bien, supongamos que tiene razón el Registro Federal de Electores y que el día 14 de julio nos dice: entregamos el 100% de las credenciales, o que nos diga no el 100%, entregamos el 90% de las credenciales, diría alguien: bueno, el 90% es una cifra razonable, como alguien me dijo: en otros países esto es una cifra razonable.
Supongamos sin conceder que dijéramos que es razonable, ¿cuál es la otra implicación y más grave aún, y sobre la que les rogaría que pusieran atención?
La ley establece con toda precisión, ley que hicimos aquí, que las listas nominales definitivas, y ustedes saben cuáles son las listas nominales definitivas, es la que va a tener el presidente de la casilla para permitir votar al ciudadano, si un ciudadano no aparece en la lista nominal no puede votar según la ley, aún teniendo credencial de elector.
Las listas nominales definitivas deben de estar distribuidas a los consejos distritales durante el mes de julio, y ¿qué nos dice el Registro Federal de Electores y qué nos dice el dictamen elaborado por la mayoría priísta en la Comisión de Gobernación? Que si el día 14 se termina de entregar las credenciales, tendrán el registro los funcionarios del registro hasta el día 22 de julio, para entregarle a los ciudadanos y a los partidos políticos las listas nominales provisionales.
Y aquí los partidos políticos, casi todos, aprobamos esto en la ley porque lo considerábamos de primer orden para la vigilancia del proceso; listas nominales provisionales que fuesen vigiladas por los ciudadanos y por los partidos políticos. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que un ciudadano común y corriente, Juan Pérez, que solicitó su inscripción al registro, vigile si está inscrito en las listas nominales, y si no está inscrito tener el derecho
de reclamar que se le inscriba para poder votar. Y además el derecho de los partidos políticos a reclamar irregularidades o errores o deficiencias en la elaboración de las listas nominales y en la entrega de las credenciales.
Regreso a las fechas: 22 de julio le entregarían a los partidos políticos y a los ciudadanos las listas nominales provisionales, y la ley también dice, en el artículo 151, de que los ciudadanos y los partidos políticos tendrán 20 días naturales para localizar irregularidades o para reclamar derechos. Hagan cuentas, si nos entregan el día 22 las listas provisionales, más 20 días, ya estamos en el mes de agosto, y el artículo décimo transitorio, establece que las listas nominales deben de estar durante el mes de julio.
¿A qué se nos quiere llevar? Es evidente, a que los ciudadanos no verifiquen si el padrón fue hecho de manera correcta; a que los partidos políticos no tengamos posibilidad de ejercer nuestro derecho y nuestra prerrogativa a vigilar la elaboración del padrón electoral, y a vigilar que las credenciales se hayan entregado correcta y adecuadamente. Con esos plazos no se nos va a permitir eso, compañeros.
Y el director del registro puede decir: Entregamos el 92% de las credenciales. ¿Y qué? ¿Con qué vamos a comprobar si es cierto lo dicho por el director del Registro Federal de Electores?, ¿con qué herramientas? Y entonces pueden distribuir, y lo digo solamente como suposición, pueden distribuir credenciales, muchas, en distritos controlados por el Partido Revolucionario Institucional, y no entregar credenciales en distritos en donde la oposición es poderosa y fuerte.
¿Y con qué vamos a comprobar si esto es cierto o no? ¿Bajo qué circunstancias lo podremos hacer?
Miren, el director del Registro Federal de Electores nos prometió desde el 30 de abril el padrón electoral. Dice que nos lo puso a disposición el día de ayer, y al compañero representante del Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Local de Vigilancia, le entregó provisionalmente el padrón del distrito XXXIII, un distrito de manera provisional de 40 en el Distrito Federal, y eso que nos lo está prometiendo desde el día 30 de abril el padrón electoral para que pudiéramos ejercer nuestro derecho de vigilancia.
De tal manera, compañeras y compañeros, que nuestra propuesta no es ninguna actitud terrorista como lo dijo de manera lamentable un diputado del Partido Revolucionario Institucional. Tiene razones y fundamentos, y no afectaría, como dice el diputado López Moreno, porque si las elecciones se hacen bien, el elemento de todo el proceso electoral que menos va a figurar, va a ser precisamente el Tribunal Electoral; si las elecciones se hacen bien, si se permite que los electores ejerzan su derecho; si se logra precisamente que con una decisión de esta Cámara de Diputados no abramos la puerta a una violación sistemática de derechos políticos de los ciudadanos mexicanos.
Yo les ruego que reflexionen sobre esta propuesta. No afectaría porque se instalarían a tiempo los colegios electorales y se instalaría a tiempo la Cámara de Diputados en su próxima legislatura.
Por último, dicen por ahí: "Es que no confía el Partido de la Revolución Democrática en que las cosas se están haciendo bien". Y yo digo: No piden que confiemos después de tantos años de tropelías. No podemos confiar, Pero aquí ni siquiera el hecho es que el Partido de la Revolución Democrática sea desconfiado; aquí el hecho es que simplemente estamos buscando que se aplique la ley; que se cumpla con la ley. Y si ustedes aprueban el dictamen de la comisión, están abriendo la puerta a que se violente la ley. Lo dice con toda precisión: El Registro Federal de Electores, entregaría a los partidos las listas el día 22 y nos dan seis días para que revisemos. La ley establece 20 días naturales. No hay posibilidad de hacer otra cosa, sino se modifica la ley, si se quiere respetar la legalidad. Gracias por su atención.
El Presidente: - Dígame, diputado López Moreno.
El diputado Javier López Moreno (desde su curul): - Pido la palabra para alusiones.
El Presidente: - Tiene la palabra para alusiones por cinco minutos.
El diputado Javier López Moreno: - Sólo tres breves precisiones: En primer lugar, no es cierto que, como lo sostiene el diputado Ortega, yo haya hecho de la argumentación de mi partido, como centro o como eje, única y exclusivamente lo relativo al tribunal. Y que ahí se agote toda la argumentación del Partido Revolucionario Institucional. Seguramente él no me escuchó. Pero otros sí. Yo dije: me voy a referir al inciso g. Así lo dije. Así es. Pero hay otros incisos en el dictamen. Yo nada más traté de desarrollar
el inciso g. Va usted, espero que a aplaudir; a escuchar también desarrollos de otros incisos del dictamen. No es pues, todo el alegato.
Número dos: No es porque yo crea que el protagonista de la elección va a ser el tribunal, que estoy abogando por él. Estoy abogando por él, por lo que establecí desde un principio: creo profundamente en ese proceso de judicialización de la contienda electoral y me parece que es muy importante que salga bien el tribunal. Pero además y por último, le quiero decir lo siguiente: ¿cuántos recursos cree usted que desechó el Tribunal Electoral en 1988? ¿Se le puede preguntar, señor Presidente, al diputado Ortega, algo?..
El Presidente: - Dígame, diputado Ortega..., ¿acepta la pregunta?
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Me puede formular la pregunta.
El diputado Javier López Moreno: - ¿Cuántos recursos estima usted que el Tribunal de lo Contencioso Electoral rechazó por improcedentes en 1988?
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Muy bien.
Porque fue una elección fraudulenta, fueron muchísimos, señor diputado. Muchísimos. Pero yo espero si no se violan desde un principio los derechos políticos de los ciudadanos, que en esta ocasión el tribunal casi no aparezca; casi no aparezca, diputado López Moreno.
El Presidente: - Mire, diputado, esta Presidencia ruega evitar los diálogos. ¿Le quiere hacer la pregunta, diputado Ortega, o devolvérsela?
El diputado Javier López Moreno: - Bueno, es que ya respondió a mi pregunta..
El Presidente: - Dígame, diputado Godoy.
El diputado Javier López Moreno: - ¿Me permitirían concluir con las alusiones personales y luego dar paso a la respuesta del diputado? ¿No sería más sensato eso?
El Presidente: - ¿Acepta usted la pregunta del diputado Godoy?
El diputado Javier López Moreno: - Sí la acepto, pero en cuanto concluya, pues.
El Presidente: - Cuando concluya, acepta la pregunta.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Dígame, diputado Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul:): - Señor Presidente: ¿le puede preguntar al orador si acepta una pregunta?
(Desorden.)
El Presidente: - Diputado López Moreno, ¿acepta usted la pregunta?
El diputado Javier López Moreno: - ¡No! Ninguna...
Miren ustedes, la tercera apreciación es de carácter genérico y obviamente más importante. Yo creo que hay dos etapas muy claras en un proceso electoral que en ocasiones no las queremos ver suficientemente. La jornada electoral es el punto de llegada de todo el esfuerzo político de candidatos, de partidos, etcétera.
Pero a su vez, es el punto de partida de una nueva etapa. Entonces no tiene nada de raro que hasta el día de la jornada electoral el protagonista sea el pueblo y que después de la jornada electoral, el protagonista sea el tribunal y el Colegio Electoral; para eso está previsto, está en la naturaleza de las cosas que así sea. Primero el vértigo de la pasión, la lucha, el esfuerzo desplegado, sin freno y sin brida y después la frialdad de la ley, la actuación de los juzgadores; así tiene que ser, diputado Ortega.
Y si vimos problemas actualmente, es por la determinación...
El diputado Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - Señor Presidente...
El Presidente: - Permítame, diputado Javier López Moreno. Diputado Ávalos, dígame, usted.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - Señor Presidente: Quisiera que le preguntara al orador si me permite una pregunta.
El Presidente: - ¿Acepta el diputado López Moreno?
El diputado Javier López Moreno: - Acepto en 20 segundos; nada más que concluya.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - ¿Me permite?
El Presidente: - ¡En cuanto concluya!
El diputado Javier López Moreno: - Entonces les decía, si vivimos problemas, son los problemas de la resolución de mejorar los procesos electorales; para eso es el nuevo instrumento del padrón. Si no nos hubiéramos decidido a hacer un nuevo padrón, simplemente no habrían los problemas de los cuales estamos hablando, porque sería absolutamente obvio que con el viejo padrón no habría esos problemas.
Lo que yo estoy alegando es que me parece muy desproporcionado, parte de razón y de justificación que tienen algunos partidos políticos, con la conclusión; me parecería sumamente peligroso.
Y ahora sí, a sus órdenes.
El Presidente: - Diputado Ávalos, formule su pregunta, por favor.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus (desde su curul): - Muchas gracias. Señor diputado: usted acaba de mencionar que el protagonista el día de la votación, es el pueblo. Le pregunto: ¿siete millones o más de mexicanos que estarán sin credencial y sin poder votar, no son parte del pueblo?
El diputado Javier López Moreno: - Yo no descreo de la palabra empeñada por las autoridades. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado López Moreno, el diputado Ruíz López quiere hacer una pregunta, ¿acepta usted la pregunta del diputado Ruíz López, del grupo parlamentario de Acción Nacional.
El diputado Javier López Moreno: - Por qué no anotamos o sabemos de una vez cuántos van a preguntar y yo le digo.
El Presidente: - Aparte del señor diputado Guerra, ¿hay alguien más? Adelante, diputado Guerra.
Perdón, Guerra, primero en tiempo es primero en derecho; diputado Ruíz López.
El diputado Federico Ruíz López (desde su curul): - Se ha dicho que hay errores en el empadronamiento y que ha habido insuficiencia en el reparto. El señor diputado López Moreno afirma que son distintas etapas. ¿Es válido o no el axioma que lo que mal empieza mal acaba? (Aplausos.)
El diputado Javier López Moreno: - Si es una axioma, no hay que calificar su validez, porque se trata de algo inexorable. Y todo aquello que está en el campo de los axiomas, no es materia de la reflexión ni de la respuesta de los políticos. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Guerra, ¿quiere usted hacer alguna pregunta al orador?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Sí, pero le quiero hacer dos preguntas, si me lo permite el diputado López Moreno.
El diputado Javier López Moreno: - Adelante, diputado Guerra.
El Presidente: - Adelante, diputado.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - La primera es la siguiente: usted acaba de decir que si no hubiéramos accedido a hacer un nuevo padrón o no hubiéramos accedido a hacer este nuevo padrón, no tendríamos estos problemas.
Usted es diputado. Como diputado no hace ni padrón ni nada, lo que hace son leyes nada más y lo que se pide aquí es modificar un plazo de elección para que se respete la ley. ¿Habla como diputado, como gobierno o como qué, en este caso? Esa es la primera.
¡Cómo que si no accedemos no hubiéramos tenido problemas! ¿Quién?
La segunda pregunta: En la mayoría de los países que hay elecciones hay tribunales evidentemente por todos los recursos de queja, de protesta o de apelaciones que se puedan presentar. ¿Pero conoce, aparte de México, algún país donde se requieran esos tribunales de lo contencioso electoral y no se conozcan los resultados el mismo día?
El diputado Javier López Moreno: - La respuesta a su pregunta, diputado, es la siguiente:
Hablo como miembro del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, pero no tengo ni complejos de culpa ni remordimientos de formar parte de la misma causa ideológica del régimen. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado López Moreno: El diputado Navarrete estaba... (Desorden.)
Tiene la palabra el diputado Rodolfo Duarte Rivas.
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Con la venia de la Presidencia; diputadas y diputados: Yo en primer término sí voy a aclarar cual es la índole de mi intervención. Mi intervención es a título de diputado, miembro de una comisión que ha dictaminado una iniciativa.
Jamás nos presentamos como defensores de ninguna autoridad electoral, sino sólo para tratar de tener un juicio y una idea sobre los fundamentos que inspiraba una iniciativa en la que se propone desplazar la fecha de las elecciones. Tratamos de encontrar el soporte de esa propuesta.
Confieso que por más profundo que ha sido nuestro esfuerzo, por más delicado y serio que ha sido nuestro análisis, no hemos encontrado un fundamento que obliguen a la Comisión de Gobernación y esta Cámara a dictar un dictamen en favor de la iniciativa presentada.
Lo dije en la comisión: la iniciativa se fundamenta sobre una profecía y ahora lo digo en esta tribuna: también se fundamenta en una apuesta; la apuesta que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho en favor de que acontecerá una catástrofe, que llevará inevitablemente por la no entrega de credenciales de elector, a que la elección federal prevista para este año no se lleve a cabo en términos de regularidad y normalidad.
Pero también dije: que cuando la actividad política se sustenta en la profecía, se entra al campo de lo religioso y de lo mágico. Que esto podría ser compatible con organizaciones políticas cuyos dirigentes viven de las milagrerías y esperan y creen en el milagro; en lugar de la lucha organizada para poder alcanzar el poder o influir sobre él.
Hemos estado preguntando desde la ocasión, el pasado jueves que llevamos a cabo la reunión de la comisión, sobre el argumento que los autores de la iniciativa han destacado con mayor vigor, en el sentido de que de no aprobarse la iniciativa, de no saber sido dictaminada favorablemente y votada favorablemente por la asamblea, se estaría incurriendo en una violación de amplias repercusiones a la legalidad electoral.
No encontramos respuestas. Es hasta hora, con motivo de la intervención del diputado Guerra, en que se nos citan los artículos presuntamente violados, los que van del artículo 155 al artículo 160 del código de la materia, que establecen cuál es el procedimiento para la revisión de las listas nominales de electores.
Pues bien y esto lo deberíamos tener bien comprendido, porque somos la misma Cámara, la misma Legislatura, que deliberó y aprobó la legislación electoral que actualmente rige. Aprobamos una serie de artículos transitorios, considerando fundamentalmente que para la elección de 1991 íbamos a vivir circunstancias específicas, particulares y quizá de excepción a las que regirán en los procesos, en los que tendría cabal aplicación todo el articulado del código que aprobamos.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - (No se entiende.)
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Ya voy a terminar, diputado Ortega, gracias.
El artículo décimo transitorio dice: "Para la elección federal de 1991 se elaborará un nuevo padrón electoral, en la observancia y la aplicación de las normas relativas al Registro Federal de Electores. Los órganos competentes tomarán en consideración que las listas nominales de electores definitivas deben ser distribuidas durante el mes de julio de 1991, así como las circunstancias derivadas de los plazos que requieren los procedimientos técnicos necesarios para la elaboración de un nuevo padrón.
En los términos de este artículo décimo transitorio se ha estado procediendo y esto sabemos quienes representamos al Poder Legislativo y a los partidos políticos ante las diversas instancias del Instituto Federal Electoral, con base en esto se han combinado una serie de factores para hacer posible el que simultáneamente a la elaboración de un nuevo padrón electoral se realicen los actos preparatorios de la elección, una carga de trabajo sin precedente, una carga de trabajo desmesurada, que obligó ante la aprobación de una programación inicial hacerle ajustes sucesivos con la participación de los representantes de los partidos políticos, no sólo con su participación, sino también a veces a petición de los partidos políticos se ajustaron las fechas para hacer posible el que el primero el catálogo general de electores que se elaboraría a partir de la visita casa por casa y con base en entrevistas personales y el padrón electoral que resultaría de las solicitudes de todos aquellos ciudadanos que formaran parte del catálogo, estuviera concluido y elaborado.
Se otorgaron sucesivas prórrogas a la calendarización que inicialmente aprobaron las instancias en la que los propios partidos políticos y algunos diputados formamos parte. En vista de esto, después de dos prórrogas sucesivas, fue posible el que se inscribieran 5.5 millones de electores más al padrón electoral.
No se ajustó originalmente la fecha para la distribución de las credenciales, así que cuando como resultado de las prórrogas otorgadas, un monto mayor de ciudadanos se incorporaron al padrón electoral, resultaba necesario e indefectible otorgar un nuevo plazo para que se cumplieran las diversas actividades por las que tenía que desarrollarse la entrega de cada uno de los ciudadanos contenidos en el padrón electoral, de la credencial respectiva.
Con base en esto se otorgó una nueva prórroga que se vence el día 14 de este mes; nosotros no apostamos ni vaticinamos ni hacemos profecías, en el sentido de que las credenciales no van a llegar a manos de los electores mexicanos; al contrario, recibimos con satisfacción la información que el llamado dispositivo de campo para la entrega de las credenciales, ha sido reforzado en las últimas semanas y que se esperan resultados satisfactorios.
Esta información la recibimos y nos hacemos conscientes del compromiso que las autoridades electorales tienen para sí contraído con la tarea que les corresponde llevar a cabo.
Ahora bien, se planteaba aquí la circunstancia de que la prórroga en la entrega de la credencial, llevaría inevitablemente a violar el derecho de los partidos y el de los ciudadanos, para verificar el padrón y hacerle las observaciones pertinentes.
Como bien lo saben, diputados aquí presentes que forman parte de las instancias del Instituto Federal Electoral y bajo la vigencia de este régimen transitorio para la elección de 1991, se estableció un calendario conforme al cual los partidos tendrían a su disposición, primero, mediante las terminales de computadoras en la Comisión Nacional de Vigilancia, el padrón electoral y, segundo, en un plazo que va del 22 al 29 de este mes, las listas previas de electores.
No es cierto que se esté violando la legalidad ante la circunstancia de que el código en sus disposiciones sustantivas señale que: los partidos políticos deberán contar con 20 días.
Y no es cierto y ellos lo saben bien, porque en virtud del régimen transitorio aplicado que nos permite hacer estos ajustes y actuar con...
El diputado Jesús Martínez (desde su curul): - Señor Presidente, quiero hacerle una pregunta al orador, dígale si la acepta.
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - No me interrumpa diputado, por favor.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Señor Presidente, pregunte usted.
El Presidente: - Permítame, diputado Duarte. Dígame, diputado Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Quiero pedirle a usted me haga favor de preguntarle al diputado si acepta una pregunta.
El Presidente: - Diputado Duarte, ¿acepta una pregunta del diputado Ortega?
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - No, señor Presidente.
El Presidente: - No lo acepta.
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - En vista de tales razones, en el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, a través de una serie de incisos, se establecieron una serie de consideraciones que no han sido todavía cabalmente refutadas por los autores de la iniciativa. Que en vez de un voto particular, presentaron aquí una especie de contradictamen que no refuta los diversos puntos y las razones y consideraciones que se están expresando en el dictamen para hacer viable y acequible el que la iniciativa presentada es rotundamente improcedente.
Dijimos en el dictamen, los que lo suscribimos favorablemente, que la variación en la fecha de la elección introduciría un elemento de confusión entre los ciudadanos, que efectivamente coincidimos, son los actores más importantes, los protagonistas más importantes del proceso electoral y lo dijimos sobre la base de la gran movilidad que ha tenido en nuestra historia reciente la fecha de la elección, tradicionalmente fijada para el primer domingo de julio. Después por la legislación electoral de 1986, se fijó el primer miércoles de septiembre; pero, sin embargo, en 1988 se sufragó el primer miércoles de julio, en razón de las disposiciones transitorias del código de entonces.
Ahora que hemos adoptado en la nueva legislación electoral, que será el tercer domingo de agosto la fecha de la elección, ha habido necesidad de emprender, por parte de las autoridades electorales y de los partidos políticos mismos, una campaña de inducción para que quede fijo en la mente del ciudadano la fecha en la que deben cumplir con su obligación constitucional, que al mismo tiempo es un derecho.
Señalamos también los trastornos que generaría el cambio de la fecha de la elección, en relación con partidos y candidatos que desde hace varias semanas llevan a cabo campañas electorales. Lo señalamos también considerando que toda la organización electoral, particularmente en lo que se refiere a las mesas directivas de casilla, está concebida para funcionar en un día determinado, el 18 de agosto.
El diputado López Moreno expresó con amplitud las razones, no refutadas también, sobre el impacto que tendrá sobre la etapa posterior de la elección y sobre el nuevo control de legalidad que queremos hacer viable por las disposiciones del Código Electoral.
Por todas estas razones, creemos que es una iniciativa totalmente improcedente y que debe esta asamblea avalar y ratificar el dictamen de la Comisión de Gobernación, en el sentido de que es totalmente improcedente.
El Presidente: - Se le ruega terminar al diputado Duarte...
¿Dígame, diputada Calderón?
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - Deseo hacer una pregunta al orador.
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - No diputada, voy a terminar, mi tiempo se agota.
El Presidente: - Diputada Calderón, no la acepta. Termine, diputado Duarte.
El diputado Rodolfo Duarte Rivas: - Pedimos a la asamblea que por los motivos expuestos, por los que claramente han quedado fijados en el dictamen y por los que resulten de las razones que se expresan en este debate, que se vote en favor del rechazo a la iniciativa y que se ordene se archive, pero que se archive en lo más recóndito de los cajones, bajo los más complicados cerrojos, para que en este país, cuando domine a futuro la responsabilidad y la racionalidad sea la regla, no quede constancia, ni memoria, de que alguien algún día fue autor de algo tan disparatado y absurdo.
(Desorden.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Leonel Godoy.
El diputado Leonel Godoy Rangel: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Considero necesario dar una respuesta, en principio concreta, a lo que manifestó el diputado que me precedió en el uso de la palabra, sobre un supuesto sustento mágico, profético, que anima a la iniciativa de modificación al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que presentó la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática.
Creo que es cierto que la oposición deberíamos de creer en milagros, si efectivamente en este país no contendiéramos, como acaba de ocurrir en Nuevo León, ante un sistema electoral antidemocrático, ya crónico, que existe en este país y también que sería un verdadero milagro creer que no estamos enfrentando a un real partido de Estado, que por cierto no se puede equiparar con el de Japón o con el de Italia, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano o el de Suecia, que tiene 30 ó 40 años ganando elecciones limpias, manteniéndose en el poder a través de contiendas electorales reales, con un sistema electoral democrático no enfrentando a un sistema de partido de Estado. Esa es la verdadera cuestión mágica que existe en este país actualmente. Que muchos se preguntan a qué se debe que todavía la verdadera oposición participa ante ese sistema electoral viciado, antidemocrático y contra un partido de Estado, único en América Latina, ésa sí es verdadera magia, ése sí es un verdadero milagro.
Nosotros al presentar la iniciativa para modificar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tuvimos en cuenta tres aspectos, los cuales de alguna manera han sido el espíritu que ha campeado en las participaciones de los diputados del Partido de la Revolución Democrática desde su subcomisión de Trabajo.
Para nosotros el problema actual del reparto de credencial de electores, que por cierto incluyendo al Partido Revolucionario Institucional lo consideró hasta hace unos días, también como un problema. Entonces es un problema que todos los partidos políticos, que todas las fuerzas
políticas aceptan que existe, es el reparto deficiente de las credenciales para votar, como lo llama la ley; para nosotros, insisto, tiene tres aspectos y que deben de ser tomados en cuenta: el primero es el aspecto técnico, efectivamente; se le olvidó, no al diputado López Moreno, que me parece respetuosa su participación en esta tribuna, sino de algunos, como el que me antecedió, que utilizaron un lenguaje totalmente provocador en vez de buscar argumentos, que por cierto a ésos que se les olvidó buscar argumentos en contra de nuestra iniciativa, se les olvidó que el primer aspecto que el Partido de la Revolución Democrática planteó fue el técnico, y no lo planteó en esta tribuna, lo planteó ante los organismos competentes para resolver problemas técnicos.
Evidentemente que al problema técnico también para nosotros sí tenía y sí se podía dar una respuesta, desde los momentos en que desde la Comisión Nacional de Vigilancia nuestros representantes y nuestros asesores técnicos manifestaron los problemas a que se iba a enfrentar, todo esto de la elaboración de un catálogo general y de un padrón electoral nuevo. Todos los problemas, desde la técnica censal hasta los momentos que estamos viviendo, fueron planteados con claridad por el Partido de la Revolución Democrática; el problema técnico fue tratado por el Partido de la Revolución Democrática de manera técnica ante los órganos técnicos creados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, eso no lo han dicho, sólo manifestaron que basamos nuestra iniciativa en profecías; no, señores, la base técnica del problema del reparto de la credencial de electores...
El Presidente: - E diputado Melo hace una pregunta al orador, ¿la acepta?
El diputado Leonel Godoy Rangel: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Acepta.
El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): - Señor orador, ¿usted encuentra alguna diferencia y alguna mejoría entre la credencial de elector anterior y la que estamos recibiendo ahorita los que ya la recibieron?
El diputado Leonel Godoy Rangel: - Absolutamente que no, señor diputado; creo que si tuviera la fotografía sí sería distinto. Pues aquí están... Entonces nosotros... Ahorita tratamos el asunto de Chihuahua, compañero diputado.
El asunto es que la iniciativa nuestra no se basó en profecías para presentarla, hubo un análisis técnico que, insisto, desde el mes de enero, si mal no recuerdo, fue planteado por nuestros representantes, primero ante el Registro Federal de Electores.
Nosotros estamos convencidos que hay avances científicos actualmente, que a este problema técnico, no en aquellos días, sino ahora, como les dijimos en la subcomisión de Trabajo para elaborar el dictamen, el Instituto Federal Electoral podía habernos dado una información técnica sobre el reparto de las credenciales, esto es, un número exacto de cuántas credenciales había entregadas hasta el viernes, por ejemplo, próximo pasado y también científicamente y por lo tanto como un aspecto técnico, podría habernos informado el Instituto Federal Electoral una proyección para calcular aproximadamente cuántas credenciales de electores se entregarían al 14 de julio.
Entonces nosotros basamos nuestra iniciativa, diputado Duarte, no en una profecía, como ha insistido en tres sesiones seguidas, no en una profecía, sino en cuestiones técnicas que hay científicamente probadas de que se puede proyectar, cómo y qué cantidad serían entregadas de credenciales de elector.
Nosotros, lo dijo el diputado Ortega, según esas proyecciones científicamente elaboradas por nosotros y por otros, hemos dicho que faltarán por entregarse 7 millones 300 mil credenciales al 14 de julio. Claro, es una proyección científica que pudiera tener alguna equivocación, ¿pero el Partido Revolucionario Institucional presentó alguna otra?; ¿se le pidió al Instituto Federal Electoral alguna proyección que tuviera alguna base técnica? Esto fue, ¿había un sustento científico para plantear la necesidad de prorrogar, de aplazar las elecciones al 22 de septiembre, en el problema técnico del reparto de las credenciales de elector? Y no hubo una respuesta en todo caso, ni de los diputados priístas, ya no sé si por arrogancia o por qué, sobre la base de que tienen el número suficiente de votos para derrotar nuestra iniciativa, no hubo una respuesta técnica a ese planteamiento técnico hecho y que fue hecho también en su tiempo por los perredistas.
Entonces no tiene nada que ver con una cuestión profética ni mucho menos una profecía malévola, de que va a haber en nuestra opinión 7 millones 300 mil ciudadanos que se quedarán sin credencial para votar el 18 de agosto.
Creo entonces que a este aspecto podía habérsele dado una respuesta categórica sobre bases científicas, sobre bases técnicas; que nada tenía que ver con intenciones malévolas, políticas ni jurídicas, no la hubo y sí podía haberla habido.
La segunda cuestión que para nosotros y en mi opinión personal es el problema toral, lo dije hace un momento: todas las fuerzas políticas en este país han aceptado que se están entregando deficientemente las credenciales para votar, que no se alcanzará a cubrir un porcentaje suficiente para garantizar que las elecciones en este país tendrán transparencia cuando menos en la participación o en la posibilidad de que participen ciudadanos en edad de votar.
Ningún partido dijo que el reparto de credenciales para votar esta siendo satisfactorio. Entonces, partiendo de esa afirmación de todos los partidos, yo sostengo que es un problema, es un problema real que no inventó el Partido de la Revolución Democrática y que sí es el sustento de la iniciativa para que se aplacen las elecciones del 18 de agosto.
Entonces nosotros tampoco inventamos ni tuvimos malévolas intenciones de crear un problema falso, irreal y mágico. El problema de una deficiente distribución de credenciales de elector existe, es reconocido por todos los partidos.
Y nosotros, nuestra visión sobre bases técnicas, es de que va a haber 7 millones 300 mil ciudadanos que no las tendrán y que, por lo tanto, se viciará de origen el proceso electoral.
Por ese motivo nuestra iniciativa afirma que hay una violación generalizada al sistema legal electoral mexicano en este momento. Primero, porque se conculcan derechos de mexicanos, de ciudadanos mexicanos, para poder ejercer la prerrogativa de votar, la obligación de votar. Incluso es una obligación de los mexicanos en términos de la Constitución votar.
No podrán ejercer esa prerrogativa, en nuestra opinión, 7 millones 300 mil electores, que son un número suficiente para cambiar el resultado de las elecciones. Esa es nuestra opinión y la dijimos y en el dictamen que la mayoría priísta aprobó no viene ningún argumento técnico en contra, simplemente que nuestra base era la profecía, por cierto una mala profecía.
Bien, entonces el sistema legal electoral mexicano, partiendo primero de que están conculcando prerrogativas constitucionales políticas, de ciudadanos y partidos políticos de México, está siendo roto, en su primer aspecto, que es el constitucional.
Después podemos nosotros decir, que no nada más derechos constitucionales y obligaciones constitucionales de mexicanos y de partidos políticos están siendo conculcados con este dictamen elaborado por la mayoría priísta.
También en nuestra opinión en este momento el día de hoy se están violando las disposiciones vigentes en la ley electoral reglamentaria que es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¿Porqué digo esto? Hay plazos señalados en la ley, por ejemplo, para la insaculación; por ejemplo, para la capacitación de los funcionarios de las casillas; por ejemplo para la entrega de las listas nominales de electores previas y definitivas. Hay plazos establecidos en la ley, fatales, que los transitorios, por cierto, no facultan a ningún organismo electoral a que sean aplazados. Por cierto, esto hay que tomarlo en cuenta.
Entonces esos plazos fueron aprobados ilegalmente por órganos electores de ser prorrogados sus vencimientos, no sobre las bases de facultades que otorga el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o sus transitorios, sino sobre la base de decisiones administrativas de esos órganos de dirección electoral.
Por ello, nosotros también afirmamos que la legislación electoral reglamentaria está siendo violada en este momento. Pero, además, también afirmamos, que los órganos de dirección y los órganos administrativos, como el Registro Federal de Electores, están violando flagrantemente el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque el artículo décimo transitorio de ninguna manera faculta a los órganos de dirección o administrativos electorales para que puedan prorrogar plazos.
El artículo décimo transitorio establece con claridad que la fecha límite para entregar la lista nominal de electores definitiva es en el mes de julio. Estos son plazos definidos con claridad en la ley y que por la propia divulgación que está haciendo el Instituto Federal Electoral no van a hacer ni serán aceptados, muchos menos respetados.
Nosotros, sin embargo, a pesar de que creemos de que el problema legal es un ruptura generalizada del orden electoral en este país, sin
embargo, también podemos afirmar que el problema es eminentemente político y que políticamente se podría haber buscado soluciones a este problema de unas elecciones que se piensa se realicen el 18 de agosto, faltando 7 millones 300 mil electores de acuerdo a nuestras proyecciones técnicas.
Por eso y porque ya hay que concluir, respetando la petición de los diputados que además es cierto, les puedo decir que en nuestra opinión la única solución a un problema real de un deficiente reparto de credencial de elector que conculca derechos establecidos en la Constitución y en la ley electoral vigente federal, la única solución dentro de nuestro orden jurídico es una modificación legislativa. Así ya lo reconocieron los magistrados del tribunal al dar su opinión, sólo podrá ser aplazada la elección sobre la base de la decisión del Congreso de la Unión. Efectivamente la modificación legislativa era la única solución, y entonces el Partido de la Revolución Democrática la planteó porque el Partido de la Revolución Democrática cree que las soluciones deben de ser legales y por eso presentó su iniciativa y será en nuestra opinión, responsabilidad de los que voten a favor de este dictamen, de que no se resuelva por la vía constitucional un problema real que existe en relación al proceso electoral.
Por ello señores diputados, yo los invito a que voten en contra del dictamen aprobado por la mayoría priísta en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, se acepte lo que estamos manifestando en nuestro voto particular y se regrese a comisiones. Eso es todo.
El Presidente: - Tiene la palabra en pro el diputado Ricardo Monreal.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Solicité que me inscribieran en el uso de la palabra en favor del dictamen y en contra de la propuesta que hiciera el diputado Juan Guerra, consistente en regresar a comisiones el dictamen que se discute y que en sí este mismo es cuestionable.
Deseo expresar sólo algunos puntos de vista o argumentos que me obligaron a intervenir y aclaro pretenden ser argumentos jurídicos.
Recordemos que en la iniciativa cuyo dictamen ahora se discute, los diputados autores de la misma manifiestan que de acuerdo con la información oficial se estima que del 1o. de julio existen 15.8 millones de ciudadanos que no cuentan con el documento de la credencial, lo que significa, dicen ellos, que de realizarse las elecciones el próximo 18 de agosto, millones de mexicanos no podrían votar.
Siguen diciendo: si bien es cierto que ante tal situación se extendió por 15 días el plazo de entrega de las credenciales, a todas luces esto resulta insuficiente para asegurar que todos los ciudadanos estén posibilitados para ejercer su derecho a elegir a sus representantes.
Son comprensibles las preocupaciones expuestas por los promoventes de la iniciativa, que además han explicitado ampliamente a través de los medios de comunicación en estos últimos días. Sin embargo, considero correcto el dictamen formulado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales por las siguientes razones, amen de las expresadas ya con antelación por el diputado López Moreno y por el diputado Duarte: No era posible aprobarse la iniciativa tal y como está planteada, dado que al hacerlo se recorrerían automáticamente las fechas en que empezaron a correr los plazos señalados en la Constitución y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos y Electorales. Es decir, tendría un efecto retroactivo, con violación del artículo 14 de la Constitución, que prescribe que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Pero además se vulnerarían garantías individuales de personas concretas, en el caso de haberse aprobado esta iniciativa.
¿Por qué esta afirmación? Es un hecho notorio que numerosos candidatos a puestos de elección popular hubieran de separarse de cargos que desempeñaban anteriormente para estar en posibilidad legal de aspirar a dichos puestos de elección popular.
Al aplazarse las elecciones, resultaría que se les obligó a separarse de sus cargos en un plazo mayor al fijado en la Constitución y en la ley, con violación a sus garantías individuales. Pero más aún se violentaría la garantía social de la seguridad jurídica.
Uno de los supuestos básicos del estado de derecho, consiste en la seguridad que tiene la sociedad de la observancia y cumplimiento de los términos legales, y el cambiar estos términos y plazos a solicitud de un grupo de ciudadanos respetables, introducen confusión y desconcierto en la sociedad y si esta confusión y desconcierto social es en materia electoral, se afectaría gravemente el desarrollo democrático o en la inseguridad en las fechas electorales,
aumentaría sin duda el abstencionismo, que es el mal mayor por todos reconocido y que todos debemos combatir.
Además existen las inconveniencias relativas a lo contencioso electoral, que ya expresara el diputado López Moreno, lo relativo a las elecciones locales o estatales. No existe, pues, razón para que el dictamen sea rechazado. Tampoco estoy de acuerdo con las apreciaciones del diputado Leonel Godoy en que, al habérseles negado esta iniciativa en un dictamen negativo que, repito, en sí y por sí discutible, haya violado de alguna forma alguna disposición del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o de la propia Constitución. Respeto su opinión, pero me parece demasiado aventurada.
El dictamen a discusión contempla un punto resolutivo que considera que no existen motivos para dictaminar favorablemente y no existen motivos tampoco para proponer punto de acuerdo alguno al pleno de esta Cámara y, sin embargo, estamos discutiéndolo.
En consecuencia, el dictamen, como dice la propia comisión, debe de ser archivado. Esta fue la resolución de dictamen de la Comisión de Gobierno y Puntos Constitucionales.
Por esta razón, independientemente de la consideración, repito, de la discusión de este dictamen, estamos en desacuerdo con la propuesta que hiciera el diputado Juan Guerra y avalamos en todos sus términos el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
No me introduzco ni me remito a consideraciones de tipo particular, esto degrada el debate, éstos son eminentemente argumentos jurídicos. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hablar en contra, tiene la palabra el diputado Israel Galán Baños.
El diputado Israel Félix Galán Baños: - En realidad vengo a esta tribuna porque tengo un sentimiento contradictorio puesto que soy diputado y candidato simultáneamente.
Desde la lógica de los argumentos de quienes están en favor del dictamen, me parece que las elecciones como candidato deben celebrarse en la fecha señalada. La lógica de una campaña o una campaña tiene una lógica cuya tensión va creciendo y que encuentra su punto culminante en la realización de los comicios. Los comicios deben realizarse tal cual se planificaron en un principio. A eso está obligado un candidato cuando contiende en busca del apoyo de los sufragantes. Desde un punto de vista estricto y pragmático, esto debiera realizarse así.
Mi punto de vista como candidato por las razones que daba el diputado Ricardo Monreal aquí, por los derechos que deben respetarse de los candidatos que solicitaron licencia de sus cargos, donde los tuvieran, debieran realizarse así.
Por otro lado, en el sentimiento contradictorio que tengo es, si como diputado no me corresponde velar por la legalidad y por los planteamientos constitucionales como fueron establecidos por los miembros de esta misma legislatura en las reformas constitucionales y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hay una violación clara aquí, de los derechos ciudadanos al no entregarse en el número que sea, las credenciales para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a sufragar por los candidatos que prefieran.
Me parece inobjetable e irrefutable; no tiene base ninguna argumentación para negar ese derecho, el ejercicio de ese derecho, a los ciudadanos. Más aún, porque se afectan otros pasos del proceso electoral también, como es la entrega de las listas nominales para que la revisen los partidos y todos éstos son pasos concatenados para una cuestión: para darle transparencia y credibilidad y por lo tanto legitimidad al proceso electoral que como marca la Constitución, es la única vía y la vía efectiva de integrar la autoridad pública.
Hay afectación de derechos. Esto no merece discusión y aquí viene una cuestión a la discusión: esto tuvo presente desde la discusión a que convocó la Secretaría de Gobernación desde 1989, el problema de la credibilidad del organismo electoral, que es lo que hoy está en cuestión. Se ha hecho aquí alarde de sofisticación tecnológica; se ha dicho en una nueva forma de hacer política en este país, en donde una empresa transnacional como es la Internacional Business Machine, se arroga facultades para conceder o no credibilidad al proceso electoral; en el desplegado que publicó a toda plana y en varios diarios de esta capital el domingo.
No depende de una cuestión de sofisticación tecnológica ni de una cuestión de la inversión de recursos millonarios, como se ha hecho, sino de una cuestión más simple, que era lo que ya se discutió en 1989. El problema de la autonomía
de los órganos electorales y el problema, por lo tanto, de la credibilidad de los mismos.
Aquí no ha sido el partido que presentó la iniciativa para posponer la celebración de las elecciones quien empezó este juego, sino el incumplimiento de un plazo claramente establecido por la ley.
El diputado López Moreno dijo que estamos obligados a cumplir con la ley. En efecto, así es y los primeros que deben cumplir con la ley en los plazos, como está establecido en la misma, sin regateos, sin artimañas, sin pretextos, son las autoridades en materia electoral.
En efecto, la cuenta del razonamiento al absurdo que hace el diputado López Moreno, casi nos lleva, como en 1988, en el Colegio Electoral, a un vacío de poder y a una crisis constitucional, porque es lo que él vino a exponer aquí, aparte de darle la beligerancia al tribunal electoral, como lo expuso.
Las cuentas que nos hace nos deja fuera, también, para la instalación de la LV Legislatura.
Pero yo me pregunto: ¿en dónde ha empezado este debate y este juego y estas maniobras?, sino en el incumplimiento y en la negativa para que millones de ciudadanos y no estamos hablando de cualquier cosa, de millones de ciudadanos que puedan ejercer su derecho o puedan no ejercerlo; es su facultad también no ejercer el derecho a sufragar el 18 de agosto o el día que sean las elecciones. Pero lo que sí es obligación de la autoridad, es crear las bases de la confianza en el proceso electoral y para eso estrictamente tiene que apegarse a los plazos que la ley le marca; no hay excusa. Es irrebatible en este sentido el argumento; deben ajustarse a los tiempos.
De lo contrario, en la cuenta que nos hace el diputado López Moreno, aparte de argumentar razones de carácter de calendario, nos lleva a una cuestión: a los hechos consumados y a las razones de Estado.
Aquí valen más las razones de Estado, para no exhibir una crisis política que significaría estrictamente hablando, la posposición de las elecciones y por eso valen más las razones de Estado que los derechos de los ciudadanos.
En ese sentido y estrictamente en eso, deben cumplirse los plazos, pero no en nosotros, no en lo que se refiere a la transparencia, al manejo eficiente, a la credibilidad del organismo electoral. En eso no se argumenta; pueden quedar, incluso, quienes han apoyado al partido gobernante en esto, argumenta que en 1991, el 92% en la entrega de credenciales, es un rango confiable para efectuarlas. Están en un error. El ejercicio de los derechos de los ciudadanos no es limitativo por razones de Estado, como se ha argumentado aquí.
En consecuencia de esto en el ánimo contradictorio que me trajo a esta tribuna, o con el que vine a esta tribuna, prevalece el ánimo de hacer prevalecer la legalidad; de hacer prevalecer los plazos que se marcaron en la ley electoral para que el proceso tuviera credibilidad y se desarrollara sobre bases de transparencia.
He dicho que como candidato, se altera la lógica, en efecto; pero es más importante estrictamente hablando que se cumpla la ley en lo que se refiere a los procesos electorales. No hay ninguna razón, ni de seguridad interior, ni de seguridad nacional, ni en el juego de maniobras y guerra de posiciones que sirva para alterar estos plazos y dejar al margen a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho. Es por eso que nosotros hemos apoyado la iniciativa que ha presentando el Partido de la Revolución Democrática para posponer las elecciones, en estricto sentido.
Creemos que la entrega de las credenciales, como señalaba yo hace un momento, con independencia de que los ciudadanos ejerzan su legítimo derecho de sufragar en la fecha de celebración de los comicios, debe ser irrestricta, debe ser cumplido.
Se ha argumentado aquí y las compañías que han tenido a su cargo este proceso han dicho, de una manera implícita y tal vez más explícita, que ellos han entregado toda la documentación. Tanto las compañías que se han encargado de la captura de datos, como de su procesamiento, así como la compañía que se ha encargado de la elaboración de las credenciales.
Entonces, ¿en dónde está la razón? ¿A quién les asiste la razón? Este es un problema que está en el orden estricto de lo que veníamos señalando...
El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Permítame, diputado Galán.
Dígame, diputado Pliego Aldana.
El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - Quiero que me conteste.
El Presidente: - ¿Puede hacerle una pregunta el diputado Aldana?
El diputado Israel Félix Galán Baños: - Sí, como no.
El diputado Alfredo Pliego Aldana (desde su curul): - Concretamente: ¿está usted a favor o en contra de que se modifique el plazo?
El diputado Israel Félix Galán Baños - Yo he dicho diputado Aldana, Pliego Aldana, que en mi ánimo contradictorio como candidato y como diputado estoy porque se respete la legalidad y los plazos que la propia ley establece y que por eso hemos apoyado la iniciativa que ha presentado el Partido de la Revolución Democrática.
Estamos razonando sobre esta cuestión. Estoy razonando sobre... de donde derivan los problemas que se están sucediendo y yo he dado un argumento central en el sentido de que esto deviene de la falta de confiabilidad en el organismo electoral ya lo veníamos discutiendo desde hace tres años aproximadamente.
No estoy evadiendo la respuesta. Está clara nuestra posición. Yo pediría al compañero diputado que siguiera con atención los argumentos que se están dando desde esta tribuna.
Yo estoy argumentando también que como candidato yo veo que hay una lógica que hay que seguir. Que si se altera la lógica de la campaña, bueno, pues entonces no me conviene. Pero desde un punto de vista pragmático yo diría: "bueno, pues que se celebren las elecciones" y ahí empecé mi razonamiento.
Los plazos se deben cumplir conforme a la ley y si éstos no se han cumplido como está establecido, entonces se deben de correr. Esto es lo que he explicado desde aquí y creo que a la mayoría ha estado claro en el entendimiento de estas razones.
He dicho que el razonamiento del diputado López Moreno nos lleva casi a confrontar una crisis constitucional, según las cuentas que él hace y he argumentado que en los argumentos de él, valga la redundancia, nos llevan a aceptar como razón de Estado, por encima de los derechos ciudadanos, el que las elecciones se tengan que celebrar el 18 de agosto.
Eso es lo que yo he dicho en concreto y he razonado el apoyo a la iniciativa y las razones por las cuales no comparto el dictamen que ha presentado aquí la mayoría de esta Cámara.
Eso es lo que yo he dicho en conclusión y en concreto. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Carlos Navarrete.
El diputado Carlos Navarrete Ruiz: - Gracias señor Presidente.
Aunque debo confesarle, señor Presidente, que me encuentro un poco sorprendido porque el grupo dirigente de la bancada del Partido Revolucionario Institucional no se encuentra presente.
Tengo entendido, no sé si estoy en lo cierto, que una cita en Los Pinos los llevó a abandonar el salón de sesiones. Pero el argumento toral de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, lo ha dado el diputado López Moreno y también el diputado Duarte y uno de ellos no se encuentra aquí.
Es difícil debatir con quien no está presente, pero bueno, en aras del debate, que espero del diputado Duarte y otros diputados del Partido Revolucionario Institucional, me permitiré intervenir en el tiempo que me corresponde.
Empezaré diciendo que el asunto que está a discusión, que es el dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, no está tocando un asunto menor ni se trata de un asunto secundario que tenga poca importancia y menos aún se trata de alguna frivolidad de un grupo parlamentario que ha despertado una lamentable reacción del diputado Duarte, quizá la frase más afortunada del diputado Duarte, cuando hizo uso de la tribuna, hubiera sido su decisión y su interés de que esta iniciativa del Partido de la Revolución Democrática se archive en los más recóndito, dijo él, en los cajones de algún escritorio, quizá debió decir: en lo más recóndito de los sótanos de San Lázaro, para que jamás pueda darse a conocer posteriormente.
Pero compañeros diputadas y diputados: el planteamiento del Partido de la Revolución Democrática no es un asunto menor, porque estamos hablando ni más ni menos que del ejercicio de una garantía constitucional para un número determinado de mexicanos, que desde el punto de vista nuestro, están ante el eminente
peligro de verse privados de sus derechos constitucionales para elegir a la Cámara de Diputados y a la mitad de la Cámara de Senadores, sin hablar ya de varios gobernadores, seis y de diputados locales y presidentes municipales.
La primera pregunta que a mí se me ocurriría decir, hacerles, a los diputados del Partido Revolucionario Institucional y ojalá alguien la pueda contestar, es: ¿frente a los plazos fatales que tenemos, que el propio Instituto Federal Electoral ha reconocido, que Chuayffet ha reconocido públicamente, frente a los plazos fatales que tenemos en la entrega de credenciales, 14 de julio, ¿cómo garantiza el gobierno mexicano? ¿Cómo garantiza el Instituto Federal Electoral? ¿Cómo garantiza el Registro Federal de Electores el derecho constitucional de determinado número de miles de mexicanos a votar en las elecciones del 18 de agosto si no cuentan con su credencial de elector? Ese es el punto.
Pero además es el punto, porque trae una consecuencia más allá, compañeros diputados, de que tal número de mexicanos voten o no voten, ya en sí en una garantía constitucional consagrada en el artículo 35, fracción I, prerrogativas, del ciudadano fracción I, votar en las elecciones populares.
Si hay un número determinado de mexicanos que por alguna razón no cuenten con su credencial de elector el 18 de agosto, estamos frente a una posibilidad sumamente grave, que es la violación al artículo 41 constitucional; también, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, por medio de los poderes de la Unión, que serán electos el 18 de agosto y si hay una parte de mexicanos que por falta de credencial no pueden ejercer su derecho, estamos ante una situación de imposibilidad del ejercicio de la soberanía popular ni más ni menos, no es un problema de porcentajes, de si del 80% obtuvo el 20% no, o el 90% sí, el 10% no, no es un problema de porcentajes, es un problema de ejercicio de la soberanía popular ni más ni menos.
Por lo tanto, frente a un problema de carácter constitucional, al que estamos enfrentados, no hay otra posibilidad más que el ejercicio del derecho que tiene y el deber que tiene esta legislatura de realizar los cambios correspondientes, pero además yo voy al tema planteado por el ausente diputado Javier López Moreno. Javier hizo aquí un ejercicio matemático, tratando de convencernos de que el Tribunal Federal Electoral está en peligro de verse arrinconado, imposibilitado a resolver los recursos que se les presenten, en el supuesto de que esta soberanía acepte la propuesta del Partido Revolucionario Democrática y traslademos las elecciones del 18 de agosto al 22 de septiembre, e hizo un ejercicio que todos escuchamos aquí: "En el supuesto de que de 80 mil casillas fueran impugnadas el 1%", dijo. "En el supuesto de que cinco partidos impugnaran, por lo menos, el 1% de las casillas". "En el supuesto de que cinco salas trabajaran del 23 de septiembre cosa imposible, pero al 23, hasta el 14 de octubre" y terminó diciendo: "no empantanemos al tribunal y no lo coloquemos en una situación de imposibilidad de resolver los recursos y, por lo tanto, marchar esa instancia electoral por acortar los plazos". Esa fue su argumentación fundamental y terminó diciendo: "Es preferible que demos más tiempo, que las elecciones sean el 18 de agosto".
Yo quiero decir a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que basta con que pongamos otro supuesto, basta con que modifiquemos la cifra de las casillas impugnadas, para que el argumento central de López Moreno caiga estrepitosamente.
Y lo hago rápidamente: 80 mil casillas. Supongamos, y es un supuesto totalmente posible, que no sea el 1% de las casillas impugnadas, sino el 10%. Dado los antecedentes que hemos tenido en el Tribunal de lo Contencioso Electoral y dado las experiencias de las elecciones recientes locales, es totalmente posible que por lo menos tres partidos, yo no hablo de 10, hablo de tres, por lo menos tres partidos impugnen el 10% de las casillas.
Esto nos llevaría a tener 24 mil casillas impugnadas por tres partidos por lo menos y si dividiéramos aritméticamente las 24 mil casillas entre las cinco salas, estaríamos ante el hecho de que cada sala tendría que resolver aproximadamente 4 mil 800 casos, 4 mil 800 expedientes.
En el supuesto de que las elecciones se realicen el 18 de agosto, si la dirección del Partido Revolucionario Institucional así lo determina hoy, y en el supuesto, prácticamente imposible, de que el tribunal empezara a resolver expedientes el 19 de agosto, que no es así y terminara hasta el 14 de octubre, un día antes de que se instalara el Colegio Electoral, estaría ante la necesidad de despachar cada magistrado 90 expedientes diarios, materialmente imposible de acuerdo con el planteamiento del diputado del Partido Revolucionario Institucional.
¿De qué estamos hablando entonces en el tiempo del Tribunal Electoral? Desde mi punto de vista, estamos hablando de previsiones, de recursos administrativos, de personal y de presupuesto que tiene que tener el tribunal Electoral previsto desde antes. Es decir, el tribunal debe prever que le va a llegar una carga de trabajo excesiva y que no será cada magistrado el que resuelva todo el procedimiento de la impugnación, ni el análisis de cada expediente, sino que tendrá que rodearse de personal calificado para ello. Eso es absolutamente lógico y muy sencillo. Si cada magistrado tiene cinco auxiliares, quizá deban ir pensando en tener 15 ó 20 para poder desahogar en tiempo todas las impugnaciones.
Entonces, no es argumento, no puede serlo, el que al reducir el número de días entre la elección y la instalación del colegio, prácticamente imposibilitemos al tribunal para resolver las impugnaciones en las casillas por parte de los partidos políticos. No es argumento; es totalmente posible, es absolutamente posible que si las elecciones son el 22 de septiembre haya tiempo suficiente para todo el proceso hasta el tribunal y haya tiempo suficiente para instalar en tiempo y forma el Colegio Electoral que califique la elección federal.
Por lo tanto, yo creo que las razones habría que buscarlas en otra parte y no en lo que Javier Moreno o el diputado Duarte han venido a explicar aquí.
Se trata de la responsabilidad del partido mayoritario y del gobierno federal, ahora que tanto se juntan en esta simbiosis propagandística y política de la responsabilidad del gobierno federal y lo haremos responsable hoy en las elecciones y posteriormente después de las elecciones, de que varios millones de mexicanos no ejerzan su derecho constitucional que está plasmado en la Carta Magna. De eso se trata ni más ni menos.
Las consecuencias de la omisión de estos mexicanos en el padrón, son atribuibles, en caso de que este dictamen sea rechazado, directamente al gobierno de la República y al Partido Revolucionario Institucional. No busquemos otro responsable. No son ni los ciudadanos, no son ni los partidos políticos, ni las instancias federales, son quienes en esta Cámara se están negando a la posibilidad de una reforma que permita que la mayor parte de los mexicanos, que todos los mexicanos, tengan posibilidad de ejercer su derecho constitucional. Esa es la disputa, o la defensa de la Constitución o la violación consciente de la propia Constitución que han jurado defender y preservar. Ese es el debate y ésa es la posición nuestra. Gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Aquiles López Sosa.
El diputado Aquiles López Sosa: - Con su permiso, señor Presidente: En relación a este amplio debate que se ha venido dando, no solamente aquí en pleno, sino inclusive desde las reuniones que sostuvimos en la subcomisión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, me voy a permitir hacer algunos planteamientos respecto a lo que aquí han venido a decir algunos compañeros diputados, especialmente del Partido de la Revolución Democrática.
Mi partido, el Revolucionario Institucional, al igual que todos los que participan en esta contienda electoral, hace aproximadamente unas tres semanas nos pronunciamos por la preocupación que teníamos de los avances tan limitados que se estaban teniendo en la distribución de las credenciales de elector, que como consecuencia propia, sería el sustento para la elaboración de las listas nominales.
En tal virtud, como usted recordarán, el 16 de junio pasado, en el seno de la Comisión Nacional de Vigilancia del Padrón Electoral, se tomó la resolución de que se hiciera un análisis muy puntual respecto a la prórroga que podría darse para que se ampliara el plazo de entrega de credenciales.
Se analizó en el grupo de asesores técnicos de los partidos políticos y llevaron la propuesta de que se ampliara por 14 días más. Ahorita, el Partido Revolucionario Institucional tiene relativa tranquilidad respecto a la posibilidad de que el organismo electoral cumpla con los plazos y con las metas previstas y les voy a decir por qué.
El plazo de empadronamiento, de acuerdo a lo establecido en la ley y a lo que acordaron los partidos políticos, se llevó a cabo a partir del 15 de febrero. Al 31 de marzo, que era la fecha prevista inicialmente para que se venciera el plazo, se empadronaron 34 millones de mexicanos y así como se criticó en su oportunidad de que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en relación al censo general de población y vivienda no eran los aceptables, asimismo en esa oportunidad se dijo que el catálogo
de ciudadanos no reunía las condiciones previstas como para que ahí se registraran el número de mexicanos mayores de 18 años.
Asimismo también, cuando se registran en el padrón 34 millones de mexicanos, los partidos políticos, con objeto de que millones de mexicanos y es un argumento que estamos escuchando en esta tribuna, tuvieran el derecho legítimo de emitir su voto contando con su credencial y estar inscritos en el padrón, por supuesto en las listas nominales, era necesaria una ampliación del plazo. El órgano electoral por consenso tomó la determinación y se amplió el plazo del 1o. al 30 de abril; como lo dice el dictamen: "Se inscribieron 5.19 millones de mexicanos más".
Quiero que hagan una operación aritmética muy sencilla. Del 15 de febrero al 31 de marzo, aproximadamente 43, 45 días, se registraron 34 millones de mexicanos, un promedio de registro de 750 mil al día. En el caso de la ampliación de la prórroga correspondiente del 1o. al 30 de abril, se registró un promedio de 150 mil mexicanos en el padrón electoral. ¿Qué es lo que está pasando con la credencialización que tanto les preocupa a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, justificada en un principio?
Del 2 de mayo que se inició el reparto de credenciales, al 22 de junio, se entregaron 18 millones de credenciales aproximadamente, con un promedio de casi 350 mil credenciales entregadas a los ciudadanos por día. Del 23 al 30 de junio se entregan a 25 millones de mexicanos, se llega a esa cifra; es decir, que un lapso de una semana aproximadamente con una serie de medidas que pone en práctica la institución de la decisión que tomó la Comisión Nacional de Vigilancia del Padrón Electoral con la participación del grupo de asesores técnicos de los partidos políticos, se entrega un millón de credenciales aproximadamente al día y esto que está en las cifras oficiales que tienen los representantes de los partidos políticos acreditados puntualmente, pero esto se debió no solamente por casualidad, sino se pusieron en práctica una serie de medidas que al interior de la Comisión Nacional de Vigilancia se les llamó de emergencia y entre otras está el incremento en el número de visitadores, ampliación en el horario de los módulos, horarios abiertos según las costumbres regionales de los estados, creación de brigadas especiales para áreas de difícil acceso y zonas de alto riesgo. Hubo también incentivos económicos para los visitadores en proporción al número de credenciales entregadas; asimismo también hubo apoyos por parte de los gobiernos de los estados que se reflejaron en el incremento de la productividad y ahí incluimos a todos los gobiernos de los estados y por supuesto el de Baja California, con todo y la afiliación de otro partido diferente al nuestro que está en el poder en esa entidad federativa.
No hay que dejar de reconocer el extraordinario esfuerzo que han hecho los partidos políticos, las autoridades electorales, el gobierno de la República y especialmente los ciudadanos por cumplir con las metas fijadas. No solamente es para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en quien queda la responsabilidad ni tampoco exclusivamente en el gobierno de la República para cumplir con las metas trazadas; es una corresponsabilidad de todos y yo les quiero decir que el Partido Revolucionario Institucional desde que se inició la elaboración del nuevo padrón, desde que se entregaron las credenciales, desde el inicio, convocamos a nuestra militancia, a nuestros simpatizantes y a la ciudadanía en general para que primero se inscribieran en el padrón y después para que obtuvieran su credencial de elector; ojalá y todos los partidos políticos hubieran actuado de la misma manera, aunque también lo hicieron con un gran esfuerzo y entonces en este momento ya estaríamos en otras condiciones del avance de la entrega de credenciales a los ciudadanos.
Que si se están violentando los derechos de millones de mexicanos, según dice el diputado Carlos Navarrete y pretenderé contestar a su interrogante; yo siento que se han dado varias oportunidades a la ciudadanía en general para que estén al pendiente, primero, de recibir su credencial de elector; se les están dejando los avisos correspondientes para que acudan al módulo que corresponde a su sección electoral, a recibir su credencial de elector.
Yo siento que es responsabilidad compartida el que millones o cientos de miles o miles solamente de ciudadanos queden sin su credencial de elector y ahí también debemos de enfocar aquellos que habitan en las grandes urbes en donde por supuesto se da y ustedes lo saben, una gran movilidad ciudadana, en donde definitivamente y eso es más que comprobable, que miles de ciudadanos que se registraron cuando se le tomaron lo datos para levantamiento del padrón, ya no viven actualmente; por lo tanto, por mínimo que sea el porcentaje, difícilmente se podrán cumplir con las metas del 100% para entregar las credenciales a todos los ciudadanos y la verdad sea dicha, muchos
lo hemos visto, se ha hecho un gran esfuerzo para que la ciudadanía cuente con su credencial de elector. Sin embargo también, hay un número importante, cerca de nueve, 10 millones de mexicanos que quedarían en una situación muy especial, y como bien lo dice el dictamen, son aquellos ciudadanos que habitan en las entidades federativas que tendrán procesos electorales el próximo 18 de agosto.
Así tenemos que habrá elecciones, en la misma fecha que la federal: en Campeche, con 240 mil ciudadanos empadronados; en Coahuila, con 950 mil; Colima, 214; Chiapas 1 millón y medio; Guanajuato, el estado del diputado Navarrete, 1 millón 800 mil ciudadanos y yo le quiero preguntar al diputado Navarrete y ojalá cuando me baje tenga oportunidad de platicar con él, qué pasaría con ése... Ya no vamos a incluir a los ocho estados que van a tener elecciones locales el próximo 18 de agosto.
Coahuila y Colima también tienen elecciones locales, aunque no necesariamente de gobernador.
En Guanajuato, 1 millón 800 mil ciudadanos. En total, de los ocho estados son aproximadamente 10 millones; por supuesto Sonora, San Luis Potosí y Querétaro; pero en el caso de Guanajuato, ese millón 800 mil ciudadanos, ¿qué va a pasar en la Comisión Estatal Electoral? En la Comisión Estatal Electoral se aprobará, o ya se aprobó, la integración de los organismos distritales y municipales electorales.
Si el 14 de julio se vence el plazo, como según tenemos entendido se vencerá, de la credencialización, 1 millón 800 mil o un poco menos quizá, de ciudadanos, serán inscritos en el padrón electoral, de hecho ya lo están. Posteriormente, ese millón 750 mil, ese millón 800 mil ciudadanos, estarán inscritos en las listas nominales de electores...
El Presidente: - Permítame, diputado Aquiles López. Dígame, diputado Enríquez. ¿Acepta una pregunta del diputado Enríquez?
El diputado Aquiles López Sosa: - Por supuesto, paisano.
El Presidente: - Sí la acepta.
El diputado José del Carmen Enríquez Rosado (desde su curul): - Según las previsiones de nuestro partido, el 18% de ciudadanos van a quedar sin credencial de elector. Esto hace una suma aproximada de 7 millones de ciudadanos. Pensemos que nuestro partido está exagerando y como dicen, está haciendo terrorismo con estas cifras. Vayamos con las cifras que maneja oficialmente el Instituto Federal Electoral, el Registro Federal de Electores, en el sentido de que un 5% quedará sin recibir su credencial de elector. Hablemos conservadoramente de un millón y medio de ciudadanos que, teniendo derecho constitucional de votar, no van a acudir el 18 de agosto.
Aquí la mayoría de las intervenciones está pensando que somos ciudadanos pasivos, es decir, que se van a quedar conformes en sus casas y que ese día no van a acudir a la urna a ejercer su derecho ciudadano.
¿Cuál es la respuesta que el partido oficial tiene y que le va a dar a los ciudadanos que se presenten el 18 de agosto a exigir su credencial de elector, toda vez que no estamos pensando que son ciudadanos negligentes, como usted trata de afirmar? Personalmente acudí como tres veces a recoger mi credencial de elector y sólo fue hasta entonces cuando la obtuve.
¿Piensa usted, diputado López, que ese millón y medio de ciudadanos van a estar pasivos el día de las elecciones y piensa usted que se van a quedar en sus casas? ¿Cuál es la respuesta que el partido oficial va a dar a esos ciudadanos?
El diputado Aquiles López Sosa: - La respuesta que le da Aquiles López, miembro del Partido Revolucionario Institucional, es la siguiente: dentro de ese millón y medio de ciudadanos que podrían quedarse sin contar con su credencial de elector, ahí no se le debe de olvidar aquellos que ya cambiaron de domicilio, que es una realidad; el número de fallecidos, por mínimo que éste sea. Usted sabe que en la base de datos contemplada en los 39.5 millones, también hubo otro punto porcentual de ciudadanos que proporcionaron sus datos equivocados, y tenga usted la plena certeza de que los ciudadanos que no han recogido su credencial, que no se les ha entregado, es porque no tuvieron, porque no acudieron a hacerlo y casi podría asegurarlo que el 18 de agosto no acudirán a ninguna mesa directiva de casilla a pretender votar.
Pero regresando con lo establecido, que esto pretendo, responderle al diputado Navarrete, en relación a ese 1.8 millones de mexicanos y no hablemos de lo 10 de los estados que tendrán proceso electoral, tendrán su elección y después de su elección, ellos no presentarán
objeciones por no haber apreciado o por haber aparecido en el padrón electoral y quiero decirle de que si se pregunta usted qué pasaría con el 1.8 millones de guanajuatenses, qué pasaría con los mexicanos que habitan en esos ocho estados y que representan el 26% del total de empadronados.
Por otra parte, no hay que olvidar de que hay convenios, como lo dice el dictamen, entre el Instituto Federal Electoral y los gobiernos de los estados, para que, primero, entre otros factores, la estructura electoral, es decir, la integración de las mesas directivas de casillas sea la misma, de que se utilicen las mismas listas nominales de electores.
Entonces, yo me pregunto y pregunto en voz alta: ¿El padrón electoral de esos ocho estados que estuvo bien elaborado, la integración de las mesas directivas de casillas estuvo a tiempo y los restantes? Probablemente puedan contestar, quizá, ése sea problema de ellos porque tienen sus propias legislaciones. Pero no hay que olvidar que esos estados antes de que se determinara que la elección federal fuera el 18 de agosto, tenían su propia fecha de elección, la gran mayoría era en julio y aceptaron de buena manera esos estados, esos órganos electorales, los congresos locales principalmente, a modificar su fecha de elección.
Pero no solamente es modificar la fecha de elección, sino también modificar los plazos fatales, como aquí se ha venido a decir. Por ejemplo, después de la elección en Campeche, que es la elección el 18 de agosto, la toma de posesión del gobernador será el 16 de septiembre. En Guanajuato, su tierra, si la elección la cambian de fecha solamente por cambiar la fecha, el 22 de septiembre, usted bien sabe que el gobernador tomará posesión el 26 de septiembre.
Y así tenemos sucesivamente, en Querétaro el 1o. de octubre, en San Luis Potosí el 26, en Sonora el 13 de octubre.
¿Qué quedaría entonces de la voluntad soberana de los pueblos de esos estados en relación a que por una decisión de este Congreso les cambiáramos la fecha de elección? Seguramente sus representantes, sus comisionados ante los órganos electorales, aprobarán la integración de las mesas directivas de casillas, revisarán puntualmente el padrón electoral que utilicen para su elección local, a menos y espero que no se dé, de que se giren instrucciones para que se rechace desde este momento todo el procedimiento, paso a paso, del desarrollo del proceso electoral.
El diputado Ortega hizo referencia, permítame, diputado Aquiles López. Dígame, diputada Calderón.
La diputada Luisa María Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Si acepta una interpelación el señor diputado?
El Presidente: - ¿Acepta una pregunta, diputado Aquiles?
El diputado Aquiles López Sosa: - No, señorita, muchas gracias.
El Presidente: - No la acepta.
El diputado Aquiles López Sosa: - Hablaba de que posiblemente los órganos electorales y, ¡cuidado con la observación!, de que se entregarían selectivamente, quizá, las credenciales en los distritos a favor del Partido Revolucionario Institucional, que el Partido Revolucionario Institucional ganó en 1988.
Yo le quiero decir que de los avances tenidos al 30 de junio en porcentajes, quiero decirle que en el Distrito Federal... Señor Presidente, yo quisiera que consultara usted a la asamblea, el tiempo se me ha agotado, si me permiten unos breves minutos para continuar la intervención.
El Presidente: - Termine, diputado.
El diputado Aquiles López Sosa: - Voy a procurar ser lo más breve posible. Les decía que en el Distrito Federal, el distrito XXXVII que en 1988 lo ganó la alianza Partido Popular Socialista- Frente Cardenista se lleva al 30 de junio un avance del 73%. En el distrito XXIX, que corresponde a la delegación de Azcapotzalco, hablo del Distrito Federal, ganado por Acción Nacional, se lleva un 86%. En Gustavo A. Madero, en el distrito XXV, que ganó el Partido Revolucionario Institucional en 1988, se lleva un 75%.
Podríamos decir de Jalisco, en donde en el XIII, en Guadalajara, hay un atraso, hay que reconocerlo, en un distrito ganado por el Partido Acción Nacional, que se lleva el 27% al 30 de junio, pero también hay otro distrito en Guadalajara, el XVI, ganado por el Partido Revolucionario Institucional, donde se lleva el 29% de avance. En Michoacán, en el distrito número IV de la Piedad, se lleva un avance del 82%
y está de más decir quién ganó ese distrito, así como el II donde se lleva el 83%.
Por otra parte también para el cambio de la fecha de la elección, definitivamente se podría dar una complicación en la elaboración del material electoral; millones de boletas, 83 millones ya se imprimieron donde viene establecido puntualmente la fecha de la elección; todo el material, todas las actas también lleva un tiempo respetable para su elaboración, aproximadamente dos meses es lo que se ha llevado la elaboración que apenas este lunes comenzó su distribución.
Compañeras y compañeros diputados, sin lugar a dudas la elaboración del nuevo padrón es un extraordinario esfuerzo que no tiene comparación en América Latina. Yo les pido que no lesionemos el proceso electoral del próximo 18 de agosto con juicios "a priori" sobre resultados que aún se desconocen.
El Presidente: - Permítame, diputado Aquiles López Sosa. Dígame, diputado Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres (desde su curul): - Ruego a usted pedirle al señor orador si me permite una pregunta.
El Presidente: - Pregunta el diputado Melo si acepta usted una pregunta.
El diputado Aquiles López Sosa: - Que me disculpe, no se la acepto. Reitero que no echemos por la borda el enorme esfuerzo de millones de mexicanos, de la sociedad en su conjunto, de los partidos políticos, de las autoridades electorales que han puesto lo mejor de sí para que las próximas elecciones sean las mejores en toda la historia democrática de nuestro país. Muchas gracias y disculpen por el tiempo. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ortega, para alusiones personales; posteriormente para hechos el diputado David Ramírez.
El diputado Jesús Ortega Martínez: - Gracias, señor Presidente: El diputado Aquiles me aludió e hizo referencia a cifras que yo he dado y debo decirle que estas cifras y pueden consultar la prensa, las dio el director del Registro Federal de Electores, o pueden consultar al propio Registro Federal de Electores. Pero bien, él tiene cifras, yo tengo otras y me permití subir a la tribuna y distraerlos porque son ejemplo de lo que está pasando en la elaboración del padrón electoral.
Miren ustedes, a nuestro comisionado en el Distrito Federal le entregaron en la Comisión Local de Vigilancia este informe sobre el avance de entregas de credenciales por distrito. La fecha es del 3 de julio y el corte es del 29 de junio y miren ustedes, en el distrito II, según el informe, hay 63 mil 415 empadronados. ¿Saben cuántas credenciales han entregado hasta el día 29 de junio? Han entregado 67 mil 543 credenciales es decir mucho más credenciales han entregado de los ciudadanos empadronados en el distrito II.
Informe, insisto, del vocal ejecutivo del Registro Federal de Electores.
Distrito XII, hay 64 mil empadronados. ¿Saben cuántas credenciales fueron recibidas en el local distrital para entregar? 66 mil 629 credenciales. Más de los ciudadanos empadronados.
Distrito XXII, 196 mil 64 empadronados. ¿Saben cuántas credenciales ha recibido el local distrital para repartir? 216 mil 211 credenciales. Evidentemente que este informe nuestro comisionado rechazó por evidentes irregularidades, o para que no sean mal pensados, por evidentes errores y nos entregan otro informe el día 4 de julio, un día después, pero se supone, así debe de ser, que este informe es al corte del 29 de junio y entonces el nuevo informe nos da cifras de credenciales entregadas totalmente diferentes al informe del día anterior. Pongo un ejemplo: Distrito I, en el informe del 3 de julio hay 40 mil 156 empadronados, perdón, con credencial de elector y en el siguiente informe hay 44 mil 835, es decir, aproximadamente 3 mil credenciales más entregadas.
Si revisamos los 40 distritos, veremos que el nuevo informe entrega más credenciales, informa de más credenciales entregadas que al anterior, pero les falló un solo dato, que los totales son exactamente los mismos en los dos informes: 3 millones 51 mil 240 credenciales, 3 millones 51 mil 240 credenciales.
Subí, compañeros, para hacerles evidente la necesidad de que los ciudadanos revisen el padrón electoral, de que los partidos políticos revisemos el padrón electoral y este dictamen nos está impidiendo que ejerzamos este derecho, para que sean pasadas irregularmente o para que sean pasados estos errores, ni siquiera pienso mal, simplemente errores.
Más adelante, a mí me mandaron un fax hoy de Tamaulipas, no voy a ampliar mi información, pero un compañero del Partido Auténtico de
la Revolución Mexicana ya me informó, van a ver otra irregularidad del tamaño del mundo, que confirma la necesidad de que los partidos políticos revisemos el padrón electoral. Gracias por su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, para hechos, el diputado David Ramírez.
El diputado Aquiles López Sosa (desde su curul): - Pido la palabra para alusiones.
El Presidente: - Disculpe, diputado Ramírez, para alusiones tiene la palabra el diputado Aquiles López.
El diputado Aquiles López Sosa (desde su curul): - Una moción para ilustrar a la asamblea en base al 113 del reglamento.
El Presidente: - Es una moción. La puede hacer desde ahí, compañero Aquiles.
El diputado Aquiles López Sosa (desde su curul): - Que la lea la secretaría.
El Presidente: - Como solicita el diputado Aquiles, proceda la secretaría a dar lectura a ese documento.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Dice, una copia fotostática del oficio número 405/91. Dicen en la parte superior: "Instituto Federal Electoral, Registro Federal de Electores, Coordinación Técnica Estatal en el Distrito Federal. México, Distrito Federal, 8 de julio de 1991. Ciudadano licenciado Jaime Guerrero, representante del Partido Revolucionario Institucional ante la Comisión Local de Vigilancia, presente. Anexo me permito remitirle la información definitiva de avance de entrega de credenciales en el Distrito Federal, al 30 de junio del año en curso. Debo hacerle notar que esta información sustituye a la entrega de manera preliminar en la sesión del día 4 del mes en curso, en la cual existían incongruencias en la información presentada. Por último, le recuerdo que los representantes de los partidos políticos asistentes, Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Popular Socialista, Partido del Trabajo, Partido Mexicano, así como usted, manifestaron su acuerdo para considerar como preliminar el informe entregado. Reitero a ustedes mi consideración más distinguida. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. El Coordinador Técnico Estatal en el Distrito Federal, licenciado Víctor Manuel Yorgana Jiménez. Firmado por esta persona, y luego dice abajo, con copia para el licenciado José Manuel Gil Padilla, Presidente de la Comisión Local de Vigilancia del Distrito Federal, presente".
El Presidente: - Para rectificación de hechos, tiene la palabra en este orden, el diputado David Ramírez, Francisco Melo y en seguida el diputado Ortega.
El diputado David Ramírez Márquez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nuevamente Matamoros, Tamaulipas, se significa a través de los medios de difusión nacionales e internacionales, por la presencia del hampa. Pero en esta ocasión no es otro tipo de hampa más que el hampa electoral.
En hechos ocurridos el domingo pasado en donde recibimos en las oficinas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, la denuncia de que en un lugar de ahí de Matamoros se encontraban los candidatos del Partido Revolucionario Institucional acompañados de la gente del comité distrital electoral, es decir, de la junta distrital ejecutiva. Ante la denuncia que varios ciudadanos hicieron en este sentido, acudimos varios ciudadanos parmistas para constatar este hecho y efectivamente pudimos enterarnos de que en ese lugar que no es el recinto oficial...
El Presidente: - Permítame, diputado Ramírez.
El diputado Eloy Argos García Aguilar (desde su curul): - Con toda atención y respeto, quisiéramos decirle al señor orador, que se ubique en el tema de la discusión, por favor.
El Presidente: - Procede la moción. Le rogamos referirse al asunto que estamos tratando.
El diputado David Ramírez Márquez: - Voy a continuar. Es referente a lo mismo, estoy haciendo un preámbulo para que se den cuenta de los antecedentes.
En ese lugar pudimos constatar que efectivamente se encontraban funcionando la junta distrital ejecutiva fuera del recinto oficial. El recinto oficial se encuentra ubicado en Matamoros en la calle Ocampo y Durango, en un local contiguo al bolerama "Los Pinos". Como a seis kilómetros de ahí, por la entrada a Reynosa, en un lugar totalmente opuesto, se estaba manejando documentación electoral y se estaban elaborando precisamente los nombramientos de quienes habrían de integrarse
como funcionarios de casillas, para las próximas elecciones.
Detectamos que se estaban llenando las hojas de evaluación de acuerdo con la lista que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional les habían proporcionado. Es decir, en ese distrito no se cumplió con lo que el artículo 193 establece. Se llevó a cabo la insaculación, pero no se llevó a cabo la capacitación ni se llevo a cabo la selección de la gente que podía ser idónea para participar en la jornada electoral como funcionarios de casilla.
El Presidente: - Señor diputado, con toda atención y respeto, le ruega esta Presidencia referirse al tema que nos ocupa. Usted está inscrito, su partido, para abordar este tema dentro del orden del día; le ruego entonces, si no se va a referir a este tema, en su momento se refiera al mismo.
El diputado David Ramírez Márquez: - Bien, entonces voy a reservar mi intervención para este asunto. Pero voy a tomar el tema de lo que estábamos hablando acerca de las credenciales de elector.
Parece increíble la forma es cierto, en que después de que se dan un dato de tantas, credenciales de elector entregadas y que lo justifican los delegados del Registro Federal de Electores, los vocales del Registro Federal Electoral, es sencillo en esa intervención que hicimos, en esa incautación que se hizo por parte de la Procuraduría General de la República, de ese lugar diferente al recinto oficial en donde estaban trabajando, tenían equipos sofisticados para reproducir documentación electoral que se supone debería de proporcionarla el Instituto Federal de Electores. Ahí, se estaban elaborando formas de registro de electores; se estaban elaborando formas de recepción de las credenciales de elector, cuando al Registro de Electores le solicitamos que nos diera datos concretos de la cantidad de credenciales de elector que se habían entregado, nos dijeron que lo podían justificar con las formas de constancia de entrega de la credencial. Pero estas formas las reproducen inmediatamente ahí en ese recinto, en Matamoros, Tamaulipas, y quizá en todos los 300 distritos se estén reproduciendo también.
Estas formas con toda facilidad las llenan y justifican con eso, o pretenden justificar la entrega de las credenciales de elector. Esto, es una falacia, es una mentira que obviamente se está quedando al descubierto.
Hay coincidencia en lo que ocurre en los diferentes distritos y hay coincidencia en lo que denuncian los compañeros de los diferentes partidos.
En Matamoros, están todavía asegurados esos lugares por la Procuraduría General de la República y a tiempo habremos de demostrar a través de la fe ministerial que habremos de entregar a esta soberanía, de las irregularidades que durante este proceso se han estado cometiendo. Tenemos mucho material de denuncia y habremos de hacerlo saber ante esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente: - Por cinco minutos y para rectificar hechos sobre este tema, tiene la palabra el diputado Francisco Melo.
El diputado José Francisco Melo Torres: - Gracias, señor Presidente. Contando mi tiempo, simplemente vengo a esta tribuna para expresar mi inconformidad de lo que siempre he estado inconforme.
Cómo me duele que a esta tribuna vengan a defender lo que no se puede defender quienes así lo hacen, de manera oficial u oficiosa; cómo me duele no poder responder a las expresiones de mis amigos, cuando nos dijeron un día: "No se vale que entre oaxaqueños nos estemos despedazando".
Pero quiero dejar claro que mi fracción no dio el voto a favor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y que en esta tribuna su servicio estuvo en contra de muchos de los artículos que hoy pretenden defender.
Cómo me duele que un oaxaqueño tan intelectual, tan joven, venga a decir que el padrón electoral es el mejor de Latinoamérica. Yo le quiero preguntar: ¿en cuántos ha participado su hamponía electoral?
Y quiero también reiterar lo siguiente, señores y estoy preparado para la defensa de todo lo que se venga. Quiero reiterar en lo siguiente, nada más les quiero preguntar, señores diputados aquí presentes, una encuesta: ¿cuántos de ustedes ya tienen la credencial electoral?
Los felicito a los que dijeron que sí, porque no cabe duda que cooperan para la misma causa: ¡El hampa electoral!
Y para concluir, señores y para concluir, simple y sencillamente les vengo a decir lo siguiente...
(Desorden.)
El Presidente: - Se ruega atentamente a la asamblea, guarde silencio y preste atención al orador.
Continúe diputado Melo, si es tan amable.
El diputado José Francisco Melo Torres: - ¡Cómo es posible que vengan a hablar aquí de la efectividad de un padrón electoral, cuya credencial no es más que un remedo y una vergüenza al pueblo de México! ¡En qué nos beneficia la nueva credencial de elector, señores!
El Presidente: - Para rectificar hechos, continuamos con los oradores, habiendo cedido el diputado Jesús Ortega.
En uso de la palabra, en contra, el diputado Gerardo Ávalos.
El diputado Gerardo Ávalos Lemus: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados. Indiscutiblemente el caso que estamos discutiendo hoy, va a tener mucha trascendencia sobre la vida de la LIV Legislatura, porque lograr este debate ha sido producto de una serie de presiones, no se puede llamar de otra forma, que algunos miembros de nuestro partido hemos ejercido para obligar a que se respete el procedimiento reglamentario.
Y quiero señalar en principio que el dictamen no está como muchos al recibir el orden del día, no estaba agendado para que fuera discutido, y lo que fue más evidente para todos es que al discutir este dictamen, a ninguno de los diputados se nos entregó, como todos los dictámenes que en los días pasados estuvimos debatiendo, en el pleno de esta Cámara y esto no deja más que en claro la actitud política de quienes como mayoría se presumen en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales el querer ocultar la posición de fondo, en cuanto a respetar la soberanía popular, ejercida a través del voto el próximo 18 de agosto o el próximo 22 de septiembre, según cual fuera su interés.
Quiero referirme a algunos de los trabajos que se estuvieron realizando en la subcomisión, porque ha sido materia que se ha venido a "estirar" en los números, las cifras y el manejo matemático del reparto o no de las credenciales.
Un litigio importante que se dio en la subcomisión, era de, ¿con qué elementos la subcomisión iba a discutir y a elaborar el dictamen que aquí hoy se nos presenta?
La propuesta concreta que hizo el Partido de la Revolución Democrática y que la mayoría, salvo uno de los miembros de la subcomisión, había aceptado, era pedir, como el reglamento lo autoriza, una copia certificada o un informe certificado del avance del reparto de las credenciales. De igual manera del registro de los electores, para saber qué universo de registrados teníamos en el país y por tanto de qué universo del reparto de credenciales estábamos hablando.
Porque ha quedado claro en esta tribuna que es el dicho del Partido Revolucionario Institucional y las proyecciones que ellos hacen, contra el dicho que el Partido de la Revolución Democrática y sus proyecciones ha planteado aquí. Y que más claro hemos nosotros, como Partido de la Revolución Democrática, manejado las cifras que oficialmente entregaron a los partidos.
Pero a mí me parece bastante grave que una comisión legislativa, facultada para elaborar un dictamen y facultada por reglamento para pedir un informe, para dar un debate de calidad y de altura, se haya cerrado y se haya negado a obtener un informe certificado, con el cual con toda autoridad estuviéramos aquí debatiendo sobre cifras completamente oficiales.
Esto deja ver la falta de seriedad con la que se ha trabajado en esta subcomisión. La falta de respeto a aquellos ciudadanos contra los que se atenta dejarlos sin sufragar el día que se establezcan las votaciones.
Por otra parte, yo creo que ha sido clara la intervención de algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional, en cuanto a que la preocupación de ellos ha sido si la carga del tribunal es muy grande. Pero en el fondo ha quedado muy preciso que la preocupación real del Partido Revolucionario Institucional no es la participación del pueblo en las próximas elecciones. Porque en este país la Constitución consagra sólo un tipo de mexicanos, con un tipo de derechos y un tipo de responsabilidades. Aquí no hay ciudadanos de primera ni ciudadanos de segunda.
Por tanto, a quienes representamos el Congreso de la Unión en la Cámara de Diputados sí nos debe de preocupar que aunque sea un sólo mexicano, deba de ejercer plenamente los derechos que la Constitución le consagra, por lo cual efectivamente hemos venido aquí a dar un ofrecimiento de cumplir al pie de la letra y hacer cumplir dicha Constitución.
La soberanía popular es la que está en juego y sea un millón, sean dos, sean tres; pero aquí a confesión de parte, el propio Partido Revolucionario Institucional ha reconocido que no le importa, así un millón, fueran cinco o fueran 10.
Y yo le digo al diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en el turno de oradores, cuando hablaba de, ¿qué haríamos si cambiamos la fecha de las elecciones respecto a los pueblos más alejados? No tendrían la información y respecto a los estados que tendrían elecciones locales. No olvidemos que los estados tienen su propia ley electoral local y sus propios órganos y es su obligación ceñirse a sus circunstancias y respetar el propio proceso y la dinámica federal, por lo tanto no tiene por qué se una preocupación de las elecciones federales el si existe un proceso local al cambiar nosotros la fecha de las elecciones federales.
Por otra parte, yo finalmente quiero establecer que dentro de las prerrogativas que se violan para los ciudadanos son el artículo 35 constitucional, porque una de sus prerrogativas es el derecho de votar y a confesión de parte relevo de pruebas, el Partido Revolucionario Institucional ha aceptado no importarle cuántos mexicanos se queden el 18 de agosto, dado que ésa es su posición, a que se celebren las elecciones, que se queden sin emitir su voto.
Por otra parte, ¿qué respuesta tendrá el Partido Revolucionario Institucional- gobierno y el aparato de Estado frente a aquellos mexicanos que como en el pasado ya lo hicieron, recurran a los tribunales internacionales a exigir que se responda a la violación a sus derechos y garantías políticas y de ciudadanos o garantías y derechos humanos?
¿Cómo ellos cumplieron con el artículo 36 constitucional para presentarse a ser acreditados e inscritos en el padrón?
Por último, la responsabilidad para el próximo 18 de agosto, si es ésta la decisión de una mayoría que mecánicamente quiere ver tras de esta posición del Partido de la Revolución Democráticas, una actitud cerrada y no una actitud de darle la confianza al electorado, porque vamos aplicar por primera vez esta nueva ley electoral y la palabra del Ejecutivo Federal estará en juego al proponer nosotros este cambio, ¿cuál respuesta será la que el partido Revolucionario Institucional dé ante los organismos internacionales, cuando el artículo 36 constitucional establece que la única responsabilidad de entregar el documento que acredita a los mexicanos para ejercer este derecho es al propio Estado, tal como lo consagra el 36 constitucional?
Y dejamos asentado aquí a la responsabilidad histórica del Partido Revolucionario Institucional la violación que se cometa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución General de la República si se empecinan en que el día 18 de agosto se celebren las elecciones por tanto nuestro partido reitera que sea turnado nuevamente a comisiones este dictamen. (Aplausos.)
El Presidente: - En contra tiene la palabra el diputado Ignacio Castillo Mena. En turno los diputados Federico Ruíz, Manuel Marcué Pardiñas, Bernardo Bátiz, Carlos Javier Vega Memije, Miguel Quiroz a favor.
El diputado Ignacio Castillo Mena: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Quiero hacer primero el reconocimiento al grupo mayoritario, concretamente a la Gran Comisión, porque es el primer caso que yo conozco en la historia del Congreso en que a una iniciativa de la oposición se le ha dado el trámite que marca el reglamento y se ha dictaminado en el plazo de cinco días.
Y segundo, porque se ha puesto el dictamen a discusión de la asamblea, que es la instancia suprema para resolver acerca del procedencia de la iniciativa que está en cuestión.
Reconocemos que la Gran Comisión y el grupo mayoritario atendieron la solicitud de la oposición para aplazar la fecha de los comicios electorales. Yo quiero comenzar con un argumento que acaba de dar en su favor el señor diputado Aquiles López, pero que resulta favorable a quienes solicitamos el aplazamiento de las elecciones.
El señor diputado Aquiles López en esta tribuna ha manifestado que, por ejemplo en Campeche el día 18 de agosto van a llevarse a cabo las elecciones para gobernador del estado.
Quiere decir que en veintitantos días la Comisión Estatal Electoral podrá reunirse para hacer una calificación previa de las elecciones. Se presentarán las inconformidades, las protestas, las quejas, las demandas y dentro de esa veintena el Congreso del Estado tendrá que reunirse para declarar gobernador electo.
En una entidad es posible; en el ámbito federal no lo es; yo encuentro una incongruencia en
lo que se ha tratado aquí. Creo que si es posible en una entidad, es posible hacerlo en toda la república, y por lo tanto, insistimos en la petición de que los comicios del 18 de agosto sean aplazados para el 22 de septiembre.
Yo quisiera hacer un resumen breve de lo que se ha dicho aquí. Creo que ya se ha abundado con muchos elementos de discusión; creo que se ha abundado ya en los pros y en los contras para llevar a cabo el dictamen, aplazarlos, devolverlo a comisiones. Yo creo que necesitaríamos comenzar por hacer una exhortación a los partidos políticos todos, para que solicitaran del Instituto Federal Electoral una ampliación del plazo para la entrega de credenciales.
Concedido esto, recurro a la honestidad política, a la prudencia y a la rectitud de los miembros del Congreso: devolvamos a comisiones el expediente, en la inteligencia de que el tiempo no está agotado. Mañana estará instalada la Comisión Permanente del congreso de la Unión y ella podrá convocar a un período extraordinario de sesiones para que dictamine sobre el caso que estamos tratando aquí. La Comisión Permanente tiene facultades constitucionales para convocar a un período extraordinario de sesiones, para conocer concretamente del caso que demandamos: El aplazamiento de las elecciones federales.
Si hay la intención, como lo ha manifestado ayer el Secretario de Gobernación en Durango, si hay la intención, como lo ha manifestado el Ejecutivo en su gira internacional de democratizar este país y de hacer las cosas bien, ¿por qué no las ensayamos, compañeros? Está en nuestras manos y en lugar de empañar las elecciones ayuden ustedes al Ejecutivo a que cumpla con lo que ofrezca y no se hagan cómplices de una falla más que va a empañar la vida democrática de México. Estamos en tiempo de hacer las cosas bien y de corregir los errores. Vayamos, compañeros, a los caminos rectos de la democracia, para llevar a este pueblo a mejores lugares para tratar de conseguir que en México la expresión ciudadana sea una realidad y la representación popular provenga realmente del pueblo.
Yo los exhorto, compañeros, concretamente a los tres puntos que he citado , para no violar más los derechos constitucionales, que así afectarían, como se ha dicho aquí acertadamente, a muchos millones de mexicanos: primero, exhorto a los partidos políticos a que soliciten del Instituto Federal Electoral una ampliación del plazo para entrega de credenciales; segundo, que devolvamos el dictamen a comisiones y tercero que esperemos mañana a la clausura, e instalada la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pidamos a éste que convoque a un período extraordinario para conocer de la iniciativa que fue presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Así estaremos sirviendo a los electores; así estaremos cumpliendo con México y así estarán ustedes, compañeros diputados del grupo mayoritario priísta, así estarán ayudando y respaldando al Ejecutivo que ofrece elecciones limpias en todos los foros mundiales. ¡Que sea cierto esto y que no sea una falsedad más! Muchas gracias compañeros.
El Presidente: - En contra tiene la palabra el diputado Federico Ruíz.
El diputado Leonel Godoy Rangel (desde su curul): - Entiendo que usted dio lectura a una lista de oradores, que todavía estaban en turno. En términos del reglamento van uno en contra y otro a favor. Yo desearía saber si los oradores que están a favor del dictamen ya declinaron o por qué no se están siguiendo las disposiciones reglamentarias en esta caso de uno y uno, por favor.
El Presidente: - Señor, se viene otorgando el turno de la palabra en términos del reglamento a favor y en contra. En este momento tenemos listado al diputado Federico Ruíz, en contra y ha declinado el siguiente orador que teníamos listado; es decir, el turno del diputado Aquiles López fue cubierto en tiempo y forma y ahora corresponde al diputado Federico Ruíz.
El diputado Federico Ruíz López: - Señor Presidente; señores diputados; amigos todos: Entiendo que en lo avanzado de la hora el cansancio es grande. Yo agradezco por ello la atención de ustedes y no puedo y no puedo dejar de hablar, porque considero que el tema de las elecciones es un tema de capital importancia para el futuro de nuestra patria.
Estamos en el cuestionamiento de la legalidad electoral frente a un despeñadero si las cosas no se hacen con toda la claridad con que deban hacerse y yo acepto que hay la dificultad de la inercia de toda una historia para modificar tantas cosas que urgen modificar en México.
Sin embargo, en el tema que nos ocupa, encontramos la argumentación encontrada, opuesta, antitética, pero con una contradicción y una
antítesis en apariencia. Digo que parece antitéticas y que en realidad no lo es, porque si el régimen no satisface los plazos que se le han fijado y que se ha fijado a sí mismo, es obvio que el régimen pide alargamiento de plazos y esto es lo que ha venido a ocurrir en la entrega de las credenciales de elector.
Por otro lado, nos interesa que haya el reparto de las credenciales y la entrega, porque esa entrega de credenciales no únicamente está dando la herramienta indispensable para que pueda el ciudadano acudir a votar. La entrega de las credenciales va a hacer posible la elaboración de las listas del padrón definitivo. A nosotros, como partido, nos interesa mucho tener con tiempo esas listas definitivas y esas listas definitivas irán alargándose indefinidamente si el plazo para la entrega se alarga también indefinidamente.
Si se ha pedido prórroga porque no se han satisfecho los plazos, si ha habido fallas en el registro y ha habido selección, no podemos honestamente decir que esta irregularidades sean exactamente iguales en toda la República, en todas las entidades, en todos los distritos y en todas las secciones de todos los distritos electorales. Honestamente sabemos que hay irregularidades brincadas, completamente distintas de una entidad a otra y que hay por supuesto retraso en la entrega de las credenciales.
Nos hemos dado cuenta cómo las pugnas interiores de poder dan ocasión a que se limiten en un momento dado las trapacerías de quienes quieren impedir el derecho del pueblo a votar; eso lo aceptamos. Estamos frente a una situación de riesgo real, porque si las siguientes elecciones van a ser cuestionadas desde su base, lo que se requiere es recuperar credibilidad y confianza, que en la obscuridad es imposible de obtener; necesitamos no solamente ser claros y ser honrados, a la mujer del César no le basta con que sea honesta, tiene que parecerlo también. (Aplausos.)
Nosotros no estamos por alargar los plazos, en todo caso si el responsable deudor moroso frente a la sociedad pide plazos, habrá que considerarlos y así se han considerado a la hora que se han solicitado plazos respecto a la entrega de las credenciales, pero me parece absurdo que nosotros, representantes de la nación, tengamos que estar dándole plazos a aquél que no los ha pedido. En este sentido nosotros no apoyamos el alargamiento de los plazos, pero también poco vamos a votar a favor de un dictamen en donde con toda impudicia se pretende decir que aquí las cosas son claras y precisas cuando ni dentro de las filas del régimen se acaba admitiendo que las cosas sean claras y precisas, porque todo mundo está en la exigencia de limpieza y congruencia que es la exigencia del pueblo de México.
Nosotros vamos a la abstención porque no avalamos los justificantes del dictamen, pero no vamos tampoco a favor de darle plazos a un deudor moroso que está con las arcas repletas para sacar de la miseria a aquél al que tiene que pagarle, el acreedor aquí es el pueblo de México y nosotros estamos para la defensa del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - ¿Para rectificar hechos?
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Gracias diputado Federico, solamente para hacerle dos preguntas.
El diputados Federico Ruíz López: - Con todo gusto.
El Presidente: - Formule su pregunta, diputado Guerra.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Gracias, diputado Federico; solamente para hacerle dos preguntas muy breves; en el dictamen al cual usted nos ha expresado su posición de abstención, se establece que las listas nominales previas estarán del 22 al 29 de julio y el artículo 151 de la Ley Electoral establece que los partidos como los ciudadanos dispondrán de 20 días para hacer las correcciones que fuesen necesarias a estas listas nominales previas y poder integrar las listas nominales definitivas.
¿Qué consideración tienen ustedes respecto a que este deudor moroso nos está colocando ya en la situación de que concretamente se viole el artículo 151 de la ley?, primera pregunta. Segunda, el artículo décimo transitorio de la ley, establece que las listas nominales definitivas estarán en este mes; de antemano en el dictamen se establece simple y sencillamente la imposibilidad porque las previas a juicio del dictamen sólo estarán del 22 al 29 de este mes.
¿Qué consideración le merece el hecho de que prácticamente estamos ante un dictamen que ya avala o promueve la violación de la Ley Electoral?
El diputado Federico Ruíz López: - Yo pienso que en primer ligar, en cuanto a la pregunta,
con todo respeto se requiere precisión, concisión y claridad para no caer en la confusión profusa y difusa, con todo respeto. Es indiscutible que hay una serie de irregularidades que ya las he estado señalando.
Precisamente hoy nos han entregado el avance del padrón, en seis de los 40 distritos del Distrito Federal. Aquí llevan un atraso por lo pronto de ocho días, estaban preguntando que quién no había recibido su credencial, en el distrito por el que soy diputado, ha habido por supuesto empadronamiento selectivo y yo soy uno de los seleccionados y no tengo todavía credencial.
Sabemos los que hemos estado en esto la serie de irregularidades que hay, pero sí consideramos que alargar el plazo es darle la justificación al que no va a cumplir. Por eso consideramos que lo que hay que hacer es exigir que cumpla dentro de los términos y no darle plazos para que se justifique después diciendo que no cumplió, a pesar de habérsele dado los plazo.
Si hubiera buena voluntad esto se puede resolver dentro de los plazos que estén señalados, sin violentar la ley. Yo estoy convencido que no hay impedimento de tipo humano; lo que hay es necesidad de superar trapacerías también e inercia de toda una historia de truculencias en México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Manuel Marcué Pardiñas.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Señores diputados: En esta sala, según dicen algunos compañeros, hay gritoncillos y hay pelones. Los gritoncillos provocan al orador y los pelones cierran los micrófonos para que allá atrás o en la sala nos se oiga. No los conozco, tal vez ustedes sepan quienes son.
Señores.
El Presidente: - Compañeros, diputados de todos los grupos parlamentarios; ruego por favor, para poder mantener este debate, guardar compostura, el orden y poner atención al orador.
El diputado Manuel Marcué Pardiñas: - Suplico a los señores del Partido Revolucionario Institucional respeten mi intervención, con objeto de que yo sea respetuoso con ustedes.
Cuando por primera vez crucé, viniendo de la calle, la puerta de la Cámara, o del salón de la Cámara de Diputados en San Lázaro, me encontré con que toda la oposición venía a algo, venía a pelear. ¿Por qué peleaba la oposición toda, señores? ¿No les parece a ustedes significativo que hayamos entrado al salón de sesiones a pelear el respeto al voto del pueblo y que ahora terminamos esta asamblea peleando también por el respeto al voto del pueblo? ¿Qué no tiene una significación eso, señores? ¿Qué hemos hechos en tres años señores, para que el voto y la decisión de cada uno de los ciudadanos mexicanos sea respetado?
Tenemos tres años de estar discutiendo los problemas del país. Entramos a pelear para que se respete el voto del pueblo, así iniciamos la primer sesión y terminamos peleando, la oposición, a favor de que se respete el voto del pueblo.
Señores del Partido Revolucionario Institucional, tengan conciencia. ¿No es significativo eso?
Señores, ¿no es significativo que el gobierno de la República, gobierno que es propietario de ese establecimiento que se llama Partido Revolucionario Institucional gaste los recursos del pueblo en la televisión y en la radio, invitando al pueblo a que ejerza sus derechos? ¿Qué creen los señores del Partido Revolucionario Institucional que el pueblo es idiota, para pensar bien de esa tremenda propaganda de radio, televisión y Prensa, cuando a ese pueblo no se le han entregado las credenciales con que pueda ir a ejercer su voto?
Señores, reflexionemos por este país. Reflexionemos por este país. ¿qué quieren ustedes, señores del Partido Revolucionario Institucional? ¿Quieren seguir asesinando mexicanos a lo largo y a lo ancho del país como hasta ahora lo han hecho?
Reflexiones, señores, toda la argumentación del Partido Revolucionario Institucional es para hacer fraude. He oído con cuidado la argumentación de los señores del Partido Revolucionario Institucional y he oído, con cuidado también, la argumentación de los señores de la oposición y estoy plenamente convencido, me de pena, me da tristeza, particularmente y lo repito, por la gente joven del Partido Revolucionario institucional, que siga esa conducta antidemocrática.
Señores, yo saldría a las calles y voy a salir, claro que no con los recursos del pueblo, de millones y millones de pesos, propiedad del pueblo, que usa para burlarse de él, diciéndole que vaya a votar y no entregando las
credenciales con que la pueblo se le puede animar para que vaya a ejercer un derecho.
Señores, yo en la propaganda que haría, le diría más o menos esto al pueblo: "Antes de antier el gobierno y su agencia electoral violaron la Constitución y las leyes. Antier saquearon las arcas del país, de la nación y robaron al pueblo. Ayer los del Partido Revolucionario Institucional y los propietarios del Partido Revolucionario Institucional violaron su voto y asesinaron al pueblo. Ahora usan los recursos de la nación para engañar al pueblo pagando televisión, radio y prensa para desprestigiar a todos y cada uno de los partidos de oposición que quieren y defienden el derecho del pueblo a votar y ser respetado su voto".
¿Qué ha sucedido con los señores del Partido Revolucionario Institucional y el gobierno? Han gastado muchos, muchos millones de pesos, propiedad del pueblo, para engañarlo. Señores, eso es en contra de la patria, eso es en contra de México. Que lo oigan bien todos los del Partido Revolucionario Institucional, palafreneros de gobiernos corruptos desde hace muchos años.
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Ulises Lara.
El diputado Ulises Lara López: - Gracias. Durante todo este momento he escuchado una de las argumentaciones más interesantes sobre un punto que creo que es el fundamental en todo este problema. El único acto de gobierno del pueblo de México, es el voto. El único acto general y genuino además en el cual la voluntad popular se expresa y en efecto a través de los partidos políticos puede darle su voto para decidir quiénes son los que gobiernan, quiénes son los que legislan, quiénes son los que están al frente de su municipio.
Si ese acto en el cual no todos estamos convencidos y por muchos de ellos estamos nosotros aquí, y estamos además conscientes de que hay dificultades y éste es un hecho real, todo el mundo lo ha reconocido aquí, es un hecho real que no se están entregando oportunamente las credenciales.
¿Qué es lo que vamos a explicar ante el pueblo de México y ante la comunidad internacional? ¿Lo que nos explicaba hace un momento el diputado Aquiles en el sentido de que hay uno, 10 o quién sabe cuánto por ciento de gente que se ha cambiado de casa o que irresponsablemente no fue a recoger sus credenciales? ¿Vamos a decir que hay más de un millón de mexicanos irresponsables que no quieren votar? ¿Le vamos a dar explicación a la gente que hubo dificultades para la entrega y que por lo tanto no se puedo pensar en entregarle todos los materiales a la gente para que pudiera sufragar? ¿Qué tipo de explicaciones son éstas? ¿Es que acaso, después de que estamos hablando de entrar a la modernidad podemos decir que seguimos teniendo severas dificultades para que la gente sufrague? Nos preocupamos una y otra vez y todo mundo lo dice, porque se abata el abstencionismo, porque la gente no deje de votar y se manifieste en pro o en contra, que tenga sus preferencias y se manifieste claramente.
¿Cómo lo va a hacer si no tiene la credencial de elector? ¿Cómo vamos a decirle a la comunidad internacional, al pueblo de México, que finalmente los que salieron fueron los que pudieran recoger su credencial y los demás quién sabe en qué circunstancias se encuentran?
Creo que no podemos dar esa explicación, sobre todo desde esta Cámara, como tiene la posibilidad y la responsabilidad de responder y yo creo y estoy convencido de ello, que nuestra intención como Partido de la Revolución Democrática finalmente es que tengamos todos la oportunidad de poder decidir en este país quién es la nueva legislatura o quiénes forman la nueva legislatura, sin que haya pretexto de que ninguna de las personas tuvo su credencial.
Qué mejor respuesta, finalmente que decir que hemos entregando y que se ha concluido el proceso de la manera más clara y más expedita para todo mundo, que no quepa ni una sola duda al respecto de que todo mundo se quedó con sus credenciales y si hay posibilidades de que la gente no vote y si no votó, bueno, nos preocuparemos entonces por ese problema, pero ante todo tenemos que cubrir toda la forma legal, tenemos que decirle a toda la gente que ahí está, si lo hace o no lo hace es su decisión y ahí está su capacidad y su respeto a su voluntad popular, pero no de antemano restrinjamos la posibilidad de que un conjunto de mexicanos, un gran número de mexicanos esté sin esa capacidad y si para ello es necesario ampliar los plazos, si para ello tenemos la madurez de decir: ampliemos los plazos señores para poder terminar con ese procedimiento, hagámoslo, señores diputados. ¿Qué nos los impide?
Todo es perfectible, todo es corregible; hagamos un esfuerzo porque esto se pueda dar dentro de los plazos aun ampliándolos, para que la
gente tenga todas sus credenciales de elector y pueda votar.
¿Qué pasaría, me pregunto yo, si después de que aquí se votara en contra de la propuesta de modificar los plazos y que se quedaran las fechas como están hasta ahora y se demostrara la ineficiencia del Instituto Federal Electoral? Me pregunto si alguien confiaría en los resultados que van a presentar ante la comunidad internacional y ante el pueblo de México.
¿Puede acaso confiarse después de que no se entregaron en los plazos, después de que no cumplieron con sus propias obligaciones? ¿Qué respuesta vamos a dar frente a esto?
Creo que está en juego en esta decisión no solamente la confiabilidad y la legitimidad de los comicios, sino también la posibilidad de que podamos seguir jugando un papel en el sistema de partidos. Reflexionemos sobre las implicaciones políticas a largo plazo, reflexionemos sobre las implicaciones que tiene la decisión de la gente de poder tener la capacidad de voto o no; reflexionemos sobre el hecho de que si la gente no tiene su credencial queda en total indefensión frente a la decisión de sus gobernantes.
Señores diputados, creo que estamos en la posibilidad realmente de demostrarnos y de demostrar a todo el mundo de que sí hemos sido maduros y que podemos ir corrigiendo nuestros procesos. La democracia exige permanentemente de ir modificando los mecanismos para hacerla aún más perfectible y hacer que toda la gente participe y decida. En este momento estamos en la capacidad de decidir si entramos a ese nuevo espacio o si definitivamente nos quedamos nada más con una serie de letras que no hemos podido cumplir a carta cabal. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, en pro el diputado Carlos Javier Vega Memije.
El Diputado Carlos Javier Vega Memije: - Honorable asamblea: Hemos escuchado una catarata de opiniones, sobre todo de un partido de oposición, señalado como de izquierda y aquí quiero referirme a todos los representante populares, como se ha expresado aquí al estar por concluir el último de los periodos ordinarios de nuestra actividad legislativa y quiero referirme, decía a todos los representante populares, porque desde este punto de vista están en su papel y cada quien a su modo, a su nivel, con sus características, las oposiciones. A nosotros nos toca, como integrantes del partido mayoritario, del partido gobernante en este país y por eso, compañeros, comenté que cada oposición se ubica en el nivel que cree que le corresponde y nosotros, como integrantes del partido gobernante, tenemos la obligación respetuosa pero firma de hacer conducir todas las actividades por el sendero de la legalidad por un estado de derecho.
Todos ustedes conocieron que en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales se analizó un dictamen, que ahí se formó una subcomisión, que ésta analizó, examinó y determinó lo que acordó después de argumentar, de examinar lo que la mayoría, en el seno de la misma, acordó; es decir, rechazar la iniciativa, el dictamen que presentó el Partido de la Revolución Democrática.
Acá, en esta tribuna, ya se ha venido a "reconocer" que se felicitaba a los integrantes de la mayoría porque, por primera vez, se había venido a discutir aquí un dictamen, que por primera vez se había cumplido con la legalidad. Pero quiero recordar a todos ustedes y por eso lo hago del conocimiento de toda la asamblea, que como responsables del manejo no sólo en esta Cámara, sino también en el país, debemos estar atentos de cuáles son los asuntos que interesan a la nación y éste de las elecciones es uno de ellos, interesa a toda la comunidad nacional.
Por ello, aceptamos que ese dictamen, que ese asunto, que legalmente fue resuelto en las instancias correspondientes, viniera a ser conocido de todo el pleno. Pero eso no quiere decir que existan aquí fundamentos para todas esas expresiones que hemos venido a escuchar en estas horas. Se ha referido con reiteración que va a haber no sé cuanto millones de mexicanos que no podrán votar, que se está violando de fondo la Carta Magna del país. ¿Cómo puede alguien señalar con autoridad, con respeto, que va a haber esas violaciones, cuando no puede darse, cuando no se ha dado este procedimiento?, ¿como puede hacer alguien referencia de violaciones a la carta de 1917, cuando de todos es conocido que de acuerdo con la ley reglamentaria que aquí se aprobó, existe una serie de plazos que debieron cumplirse pero que los representantes de los diversos partidos han acordado que en lugar de haberse cumplido en sus épocas correspondientes se fueran trasladando y que este traslado es obvio que venga en un momento a afectar a los pasos subsecuentes? ¿Cómo es posible que ahora pueda alguien con fuerza, no legal.
El Presidente: - Diputado Vega Memije, permítame un segundo.
Dígame, diputada Jesús Ortega.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - ¿Acepta el orador una pregunta?
El Presidente: - Diputado Vega, ¿acepta usted una pregunta?
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - La acepto.
El Presidente: - Sí la acepta.
El diputado Jesús Ortega Martínez (desde su curul): - Mire, diputado Vega Memije, usted esta planteando el de que por acuerdo de los partidos políticos, se propusieron plazos. Seguramente que está pensando en el acuerdo que tomaron algunos partidos en la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores.
La pregunta es la siguiente, porque hemos evidenciado que se viola la ley al aplazar determinados plazos. La pregunta es la siguiente: ¿usted cree que un acuerdo de partidos políticos, está obre la ley, puede violentar la ley? Gracias por su respuesta.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - El compañero Jesús Ortega, es otra de la mentes lúcidas del Partido de la Revolución Mexicana. Pero no creo que llegue a tanto, para saber lo que yo estoy pensando, porque él dice: "Presupongo que usted está pensando". Reconozco que es de las más claras. Pero compañero, yo quisiera ir simplemente. La respuesta sería muy contundente. Pero quiero ser respetuoso como usted lo ha sido.
Los diversos artículos transitorios le están señalando a usted, fundamentalmente el noveno y el décimo, que atendiendo alas circunstancias que se den en este proceso, recuerden todos ustedes, la base de todo esto que estamos viviendo nivel constitucional, es el artículo 41 que aquí se modificó y la ley reglamentaria es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que aquí se aprobó y en esos artículos transitorios se está señalando que de acuerdo a las circunstancias que se den, porque se acordó elaborar un nuevo padrón electoral... siquiera permita que acabe de contestar a esa pregunta, compañero Guerra; seamos respetuosos. Pido, exijo, ese respeto, como creo que lo he sido con ustedes.
Entonces, ahí está señalado y atendiendo a esa circunstancias, van a poder, la comisión general, el consejo general, la Comisión Nacional de Vigilancia y las demás instancias electorales, hacer una serie de movimientos en los plazos, para que pueda en esta constitución primera de este nuevo padrón electoral dar un cumplimiento a esta leyes, a este procedimiento.
Estas son las razones. Por eso yo decía, es entendible que una oposición que está en su papel, quiera en un momento pulverizar las instancias gubernamentales. Pero por eso expresé: a las mayorías nos toca hacerlo seguir por el sendero del camino derecho. No vamos a ceder. Vamos a seguir con el orden que todos los ciudadanos esperan: la certeza jurídica. La seguridad.
El Presidente: - Permítame un segundo, diputados Vega Memije.
Dígame, diputado Juan Guerra.
El diputado Juan Nicasio Ochoa (desde su curul): - Señor Presidente, a solicitud que se adelantó el orador, me esperé. Pero yo no lo quiero hacer preguntas. Quiero hacer una moción de orden simple y sencillamente.
Le pido a la Presidencia en el carácter de las mociones de orden, que instruya a la secretaría para que lea los artículos noveno y décimo transitorios de la ley, porque están diciendo que ahí es donde les dan pauta para hacer lo que quieran. ¡Por favor que se lea! y recuérdese que el noveno se refiere a lo de las casillas, los artículos que se citan son de las casillas. Pero ¡por favor!, ¡por favor que se lea la ley! Que se lean estos artículos que según esto dan base para violar otros artículos de la ley.
Señor Presidente, una moción de orden.
El Presidente: - Ahorita que termine de contestar la pregunta el diputado.
El diputado Juan Nicasio Ochoa (desde su curul): - La moción de orden procede en el acto para ilustrar justamente al orador, porque está basando su argumentación en artículo de la ley; lo que procede evidentemente, es que se dé lectura a estos artículos, para ilustrar a la asamblea y al orador. (Aplausos.)
El Presidente: - El diputado Guerra, que traiga el libro, para que tengamos materia de la lectura de los que pide... Proceda la secretaría.
El secretario diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Artículo noveno transitorio: Para la observancia y aplicación de los artículo 119, 192 y 193 y demás relativos de este código, los consejos y juntas distritales, para decidir respectivamente sobre el número, la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas, tomarán en cuenta las circunstancias generadas por la elaboración simultánea del nuevo padrón electoral, para la elección de 1991, así como las derivadas del proceso de puesta en marcha del Instituto Federal Electoral, conforme a los criterios que establezca el Consejo General, los que atenderán al sentido y esencia de las disposiciones establecidas en el presente código.
Lo señalado en el párrafo anterior, regirá también para la aplicación de los artículos 82, inciso E, 102, 103, 105, inciso C, 113, 114 y demás relativos de este código, para la designación de los consejeros ciudadanos; así como en la aplicación de los artículos 177, 178 y 179 y demás relativos de este código para acreditar los requisitos de elegibilidad de senadores y diputados por ambos principios.
Décimo. Para la elección federal de 1991, se elaborará un nuevo padrón electoral, en la observancia y aplicación de las normas relativas al Registro Federal de Electores. Los órganos competentes tomarán en consideración que las listas nominales de electores definitivas deben ser distribuidas durante el mes de julio de 1991, así como las circunstancias derivadas de los plazos que requieren los procedimientos técnicos necesarios para la elaboración del nuevo padrón.
Para los documentos del padrón electoral que incluyen fotografía, el Registro Federal de Electores con base en la evaluación técnica que realice, determinará el uso o no de la misma para la elección de 1991.
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Como escucharon ustedes; es muy claro lo que señalan nuestras disposiciones; es como lo comentamos al principio, por aceptar un asunto de tanta importancia, que por primera vez un dictamen negativo venga a ser objeto de conocimiento en el pleno de la asamblea, no puede darse, no debe darse en materia de legalidad.
Pero por esa importancia, está en el pleno dándose a conocer a todos ustedes. Lo mismo sucedió en este asunto; había, le están solicitando una serie de aplazamientos, se pidió el levantamiento del catálogo, se pide el empadronamiento, se pide que se lleven iguales, es lógico que va a haber, que se van a trastocar otros puntos.
Estos es lo que ahora a nosotros nos toca, a la gente consciente, a la gente que está esperando que efectivamente.
(Desorden.)
Se derrote al abstencionismo que después de todo el engranaje que se ha puesto en movimiento, no es posible de un día para otro, detener éste; no es posible, como se ha venido aquí a señalar también olímpicamente, que no nos debe interesar lo que pase en las entidades federativas, que cada una de ellas tiene sus ordenamientos internos y que debe regirse por ellos y no importar lo que sucede a nivel federal.
Entiendo que en un momento se desconozca que existen convenios firmados entre el Instituto Federal Electoral y estas entidades federativas en donde se van a utilizar los mismos documentos. Por eso, repito e insisto, compañeros diputados, aquí no hay violación a la Constitución; aquí hay una serie de aseveraciones en donde se refiere: "Y qué tal si el Instituto Federal Electoral no cumple". Señores, creo que debemos ser más respetuosos, creo que debemos ser más conscientes de nuestros derechos y obligaciones, que tienen las autoridades. Hay una responsabilidad que ninguno de nosotros somos esas instituciones y vamos a responder.
En su momento, como se ha dicho aquí, todos los partidos estaban protestando. Si ahora hay un nuevo mecanismo, si se están reforzando todas estas entregas a domicilio y en los módulos, ¿por qué no creer, como se ha comentado aquí, que se va a cumplir?
Entonces no adelantemos vísperas. No podemos, no debemos señalar que va a haber tantos o cuantos millones, porque no hay ningún sustento. Esto es lo que analizamos en las comisiones. No hay ninguna base jurídica para poder determinar y esto lo debemos determinar con base, objetivamente.
El Presidente: - Diputado Vega, ¿me permite un momento?
El diputado Federico Ruíz López (desde su curul): - Si me permite una pregunta el orador.
El Presidente: - ¿Le acepta usted una pregunta?
El diputado Carlos Javier Vega Memije: - Con mucho gusto.
El Presidente: - Adelante.
El diputado Federico Ruíz López (desde su curul): - Usted ha dicho que se ha cumplido. ¿Si se ha cumplido, para qué se pidió diferimiento de plazo?
El Diputado Carlos Javier Vega Memije: - Vuelvo a repetir, con todo respeto, señor diputado. Ya cumplimos en la subcomisión y en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Pero es un asunto de interés nacional y por eso está aquí. De ahí se nos podría decir que estamos incumpliendo por traer un dictamen negativo.
Los diversos grupos o los diversos partidos pidieron aplazamientos para poder hacer un pleno levantamiento del catálogo, un pleno padrón, una mejor entrega de credenciales. Por este interés se han ido dando esas pautas.
Por eso, pues, compañeros, yo los invito a todos ustedes a que sigamos por esa ruta. Debemos encauzar por el camino del derecho, la legalidad. Por un estado de derecho.
Por ello es que yo los exhorto a todos ustedes a que nos demos por conocedores y por haber analizado este dictamen, negativo, que ya fue legalmente discutido y terminado en la Comisión de Gobernación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Godoy o Mayén. ¿Quién primero?...
¿Godoy? Bueno.
El diputado Bernardo Bátiz Vázquez (desde su curul): - ¡Señor Presidente...!
El Presidente: - Tiene razón el diputado Bátiz, diputado Godoy. No es alusiones personales. El turno le corresponde al diputado Bátiz. Le suplico que espere su turno.
El diputado Bernardo Bátiz Vázquez: - Quiero reiterar lo que el diputado de Acción Nacional, Federico Ruíz López, sostuvo en esta tribuna.
En Acción Nacional de ninguna manera podemos votar por un dictamen, a favor de un dictamen, como el que se ha presentado aquí.
El dictamen efectivamente, como lo dice el diputado Vega Memije, es un dictamen negativo, que rechaza una propuesta de un grupo de diputados, de una fracción, de un grupo político determinado.
Lo que no es cierto, es que esos dictámenes no deban venir al pleno. Sería absurdo sentar aquí un precedente como el que se quería sentar, de que quede a criterio de una comisión el que se discutan o no en el pleno los proyectos de ley, vengan de quien vengan: de un diputado, de un grupo de diputados o del Ejecutivo. (Aplausos.)
Todos los dictámenes en sentido afirmativo aceptando el proyecto o en sentido negativo rechazándolo, deben venir al pleno. De lo contrario, no sería esta Cámara de Diputados, sino un pequeño grupo de diputados el que tuviera en sus manos la decisión de frenar y detener los proyectos de ley. (Aplausos.)
Por otro lado, quiero recordarles que el artículo 87 del Reglamento Interior del Congreso establece que los dictámenes deben determinar con una proposición clara y sencilla, que pueda precisamente ponerse a discusión y a votación.
En este caso la proposición, el dictamen termina con la proposición de que el asunto se mande al archivo y aquí el diputado Duarte decía, que al cajón más recóndito y más escondido del archivo, yo creo que el más obscuro de los cajones.
Yo creo que no podemos aceptar que se traten de es manera cuestiones tan importantes como las que estamos tratando en este momento. ¿De qué se trata aquí? Por una parte aquí el artículo 35 constitucional, como ya se dijo aquí en esta tribuna, establece como una prerrogativa, debiera ser como un derecho del ciudadano votar en las elecciones populares; ¿cómo puede votar un ciudadano en las elecciones populares? Necesita forzosamente tener su credencial de elector, no podemos poner aquí en tela de juicio del derecho constitucional, no digamos de los siete millones de mexicanos que pudieran, según la idea, de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, quedarse fuera, pero aunque fueran dos millones o un millón o medio millón o 10 ciudadanos o un ciudadano, no podemos nosotros decidir sobre el derecho constitucional de ningún ciudadano mexicano; todos y cada uno debe tener su credencial de elector. (Aplausos.)
Pero también por la historia reciente de este país se ha visto que no basta que haya un
organismo que elabore la lista de electores y que entregue las credenciales, se ha visto y así está reconocido en este código vigente, Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que además de la elaboración de la lista de electores y de la entrega de credenciales, se requiere, porque no tenemos confianza y porque así lo reconocieron todos los que votaron a favor del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electores, se reconoce que es necesario que los partidos tengan acceso a la revisión de las listas y a verificar si estuvieron bien hechas o mal hechas y es que "el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla". (Aplausos.)
No podemos, entonces dada la situación a que nos ha orillado el procedimiento que hemos estado viviendo en estos últimos meses, sino optar entre dos grandes posibilidades: por un lado, si se prorrogan los plazos para que todos y cada uno de los mexicanos tengan su credencial de elector, para que no se quede ni uno solo sin ella; ya vimos que tienen que comprimirse los plazos hacia el 18 de agosto.
Si logramos eso, se reduce simultáneamente el plazo de la revisión del padrón y va a quedar la duda razonable, porque es la que nos ha mostrado la experiencia de que ese padrón esté correctamente elaborado y debidamente revisado.
Ya la Prensa de hoy denuncia que por ahí, hay una maniobra "manitas", número dos en la que se estuvieron manipulando un paquete de 107 credenciales. Sé que en Tepic encontraron también fuera de control algunas credenciales de elector en número considerable.
Entonces, no se están poniendo en la disyuntiva, si queremos más plazo para la entrega de credenciales, hay menos plazo para la revisión de la lista de electores; si queremos un plazo amplio para revisar la lista de electores, tendríamos que aceptar que muchos mexicanos se quedarán sin su documento para poder ejercer su derecho ciudadano.
Ante esa disyuntiva, los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, encuentran una solución que a primera vista aparece interesante, si todo se ha prorrogado para que no se comprima hacia el día 18, vamos también a ampliar ese plazo del día de las elecciones. Pero a nosotros nos entra una segunda desconfianza. ¿Qué nos garantiza que si ampliamos el plazo, el tortuguismo con el que ha venido funcionando la entrega de credenciales se va detener? Vamos a terminar esta exigencia, esta solicitud de plazos, no de los partidos, sino de los organismos técnicos que no han podido cumplir con sus obligaciones. Vamos a culminar también aceptando que el gobierno no pudo hacer las elecciones el día 18. Vamos a permitirle que su exigencia de plazos para todo también culmine con un plazo para las elecciones.
Yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo extraordinario, la exigencia de que las credenciales se entreguen, que se logre lo que parece que no se posible, pero que ellos sí tienen en su mano hacerlo.
Me decían ahora que estuve en las elecciones de Nuevo León, que en uno cuantos días se entregaron mucha más credenciales que en varias semanas, porque hubo una presión popular y una exigencia en el debate público.
A nosotros no nos parece que prorrogar las elecciones, lo cual acarrearía diversas consecuencias, algunas que no hemos podido analizar con cuidado, no nos garantiza, de ninguna manera, que simplemente ampliando el plazo de las elecciones, posponiendo las elecciones, simplemente con eso logremos que se entreguen todas las credenciales.
Ante esta disyuntiva, ante la necesidad de que los que ya se empadronaron, tengan la certeza de que van a poder ir a votar el día que está fijado, ante la duda de que la propuesta no sea los suficientemente eficiente para lograr que el gobierno responda, de ninguna manera vamos a votar a favor del dictamen.
Vamos a pedir lo que ya se pidió aquí: que ese dictamen se regrese a comisiones, que los señores de la mayoría que tanto se enorgullecen de gobernar a este país busque una solución. Ellos, la ineficacia de sus organismos, las instrucciones indebidas a sus funcionarios, nos han metido en este callejón sin salida, ¡que se regrese el dictamen a comisiones! y que propongan una salida que permita a todos los ciudadanos tener su credencial y que permita a los partidos oportunamente revisar las listas electorales. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ciro Mayén, por cinco minutos, en nombre del grupo parlamentario de la Revolución Democrática.
El diputado Ciro Mayén Mayén: - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Solicité la palabra para hacer
rectificación de tres cosas dichas por el diputado Vega Memije.
Dice el diputado Vega Memije, que el Partido Revolucionario Institucional aceptó que el dictamen votado en la Comisión de Gobernación viniera a ser conocido por el pleno de esta Cámara.
Creo que ampliamente ha detallado el diputado que me antecedió en la palabra, respecto a que eso no significa de ninguna manera una concesión graciosa del partido mayoritario en la Cámara de Diputado. Es un derecho reglamentario, establecido en la Ley Orgánica y nos es verdad tampoco lo que vino a decir aquí respecto a que no existen precedentes, en el sentido de que el pleno de la Cámara discuta dictámenes respecto a iniciativas en un sentido negativo; sí hay antecedentes en esta Cámara.
Pero yo creo que los más importantes es que el pleno de la Cámara de Diputados es el que tiene que sancionar cualquier discusión, sobre todo aquellas que tienen una trascendencia fundamental para la vida política del país. Este pleno encomienda a sus comisiones que tienen el carácter de organizar el trabajo del pleno para procesar resoluciones que luego tienen que volver aquí para que nosotros seamos los que sancionemos en definitiva, tienen un carácter transitorio esos dictámenes.
Por otro lado, el diputado Vega Memije comete el error de venir y situarse aquí como un defensor oficioso del Partido Revolucionario Institucional, al señalar que nosotros hemos estado imputando la responsabilidad de la no entrega de credenciales al Partido Revolucionario Institucional; no hemos dicho nada de esto. Le hemos imputado a los organismos técnicos, ¿verdad?, que desde luego hemos señalado que es el partido mayoritario el que los controla también, que es distinto y hemos planteado que este Poder Legislativo tiene la posibilidad de hacer los correctivos a tiempo, para darle certidumbre al proceso electoral y evitar violaciones a la legalidad electoral; es ésa la propuesta que hemos estado sosteniendo y en eso se funda nuestra iniciativa, que fue dictaminada en sentido negativo en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Por otro lado, quisiera decir lo siguiente: nosotros no creemos que el posponer las elecciones para el día 22, luego, nos dé garantía en ningún sentido, de asegurar al 100% la entrega de las credenciales. Es más como aquí lo han reconocido los diputado del Partido Revolucionario Institucional, suponiendo sin conceder, que las proyecciones que tienen los organismos técnicos fueran certeras, se cubrirán aproximadamente en 36 millones la entrega..., 36 millones de ciudadanos contarían con sus credenciales, estamos hablando que aproximadamente cuatro millones de ciudadanos no dispondrán de la misma; este simple hecho ya debería de ser preocupación para los legisladores, con objeto de dejar lo más limpio posible la confección del instrumento que va a ser base para llevar a cabo el proceso electoral y nos referimos a la lista nominal.
Por eso nosotros, el aplazamiento lo concebimos como una forma de presentar los obstáculos menores para hacer posible ante la ciudadanía la convicción de que este proceso electoral se va a desarrollar sobre un base transparente y clara, ésa es la propuesta; desde luego ninguno de los partidos está aquí en posibilidades de ofrecer garantías; esto depende ya de la voluntad política que cada una de las fuerzas pongan para poder cumplir con los acuerdos y con la legalidad electoral que nos hemos dado. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Miguel Quiroz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Miguel Ángel Quiroz Pérez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Durante más de cinco horas hemos escuchado en un intenso debate, los distintos cuestionamientos a la presentación de un dictamen que produjo la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con motivo de la iniciativa que presentaran los miembros del Partido de la Revolución Democrática, que se constreñía básicamente a adicionar la legislación electoral en vigor con dos artículos transitorios que fundamentalmente proponían el aplazamiento de las elecciones, tanto las federales, como las del Distrito Federal, argumentando en juicios, que para la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, son respetables. Reconocemos por tanto la enjundia con la que sus sostenedores han venido a esta tribuna, lo mismo los argumentos que los representantes de las demás fracciones parlamentarias han expuesto; se ha delimitado perfectamente, como lo tienen percibido ustedes, compañeros diputados, cuáles son las dos posiciones que prácticamente son irreducibles. Inútil sería pues alargar un debate en donde tales posiciones no conducen sino a alargar en forma por demás lastimosa en cuanto a la pérdida de tiempo, un debate en donde ya con suficiencia de
argumentos se ha discutido cada uno de los puntos del dictamen que hoy se trajo a la consideración de esta asamblea
En mérito de estos breves comentarios de argumentos, yo rogaría a la Presidencia consulte a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido dicho dictamen y en cada de que así sea darle el trámite reglamentario correspondiente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra por cinco minutos para hechos, el diputado Miguel Aroche Parra.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Gracias, señor Presidente: Diré en unas cuantas frases, mi opinión, que así es como las siento; las expresaré de ese modo, si no coinciden, no sé si lamentablemente, con los juicios esperanzados expresados aquí respecto de que todavía el proceso en marcha para las elecciones de agosto puede ser enmendado y que serán entregadas las credenciales, que serán revisadas las listas de modo oportuno un tanto a la carrera, pero al fin y al cabo con tiempo suficiente, no se cómo lo van a tomar y que la fin y al cabo conseguiremos, así se ha planteado, unas elecciones transparentes, unas elecciones limpias, unas elecciones sobre las cuales no haya ninguna duda. Esto es poco menos que imposible de lograr, peor todavía si nos vemos en el espejo de Nuevo León; lo que ocurre, según yo, es esto: el gobierno no ha tenido interés ni tiene interés, ni lo va a mostrar, porque esto culmine en unas elecciones, en una consulta electoral real; al gobierno lo que le ha importado y a sus aparatos, lo que les ha importado es montar una gran farsa electoral para poderse distribuir las posiciones a elección: en la Cámara de Diputado, en la Cámara de Senadores, en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y para poder imponer desde ahí su política mucho más profundamente dañina, agresiva, contraria a los intereses de la nación, eso es lo que están buscando el gobierno y su partido, que no hace sino obedecer, no va a ser cambiada la opinión de la mayoría respecto del dictamen, lamentablemente, pero ésta es la realidad ante la cual nos enfrentamos: no habrá elecciones, sino una inmensa pantomima. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la secretaría si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.
El secretario diputado Juan Ugarte Cortés: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Esta Presidencia ruega a la secretaría tome la votación general y nominal en mente, del proyecto del dictamen... Permítame la secretaría. Esta Presidencia pide al diputado Ávalos que también se sume al control de votos a manera de observador.
(Votación.)
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, esta secretaría informa que se emitieron 17 abstenciones, 67 votos en contra y 214 votos a favor del dictamen. (Aplausos.)
El Presidente: - Déjeme terminar el trámite, diputado Yáñez, por favor. Ha sido un largo debate el día de hoy.
Esta Presidencia informa a la asamblea que es aprobado el sentido del dictamen por 214 votos. (Aplausos.)
Asimismo, esta Presidencia informa que hay una serie de puntos de los distintos grupos parlamentarios anotados y quiere hacer un recuento esta Presidencia para seguir la secuencia. Ya fue tratado el asunto del diputado Yáñez sobre el eclipse; hay un punto del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sobre una proposición de libre comercio; Astolfo Vicencio Tovar, sobre la Procuraduría General de la República, para presentar una proposición sobre actuaciones.
SOBRE CRÉDITOS PESQUEROS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Astolfo Vicencio Tovar.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Señor Presidente; honorable asamblea: Vengo a recordar a esta Cámara de Diputados, un asunto que el gobierno quisiera que se terminara la Legislatura y se olvidara.
Como se recordará, la diputación del Partido Acción Nacional en diciembre de 1989, presentó una solicitud para la integración de una comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 constitucional, por la situación económica y financiera del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, que presentó una quiebra técnica de 2.75 billones de pesos; comisión que quedó integrada con la participación de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados.
La comisión sesionó en varias ocasiones, hasta que se nos negó la información solicitada respecto al manejo de este banco y de sus estados financieros, aduciendo que esta Cámara no tenía facultades para conocer de esos datos, por lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, que establece el secreto bancario.
Ante esta situación, el 27 de abril de 1990, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, representado por...
El Presidente: - Permítame, diputado Vicencio Tovar. Ruego a esta asamblea poner orden y atención al orador.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Ante esta situación, el 27 de abril de 1990 el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, representado por su coordinador y varios diputados, hicieron ante la Procuraduría General de la República, la primera denuncia formal para el esclarecimiento de posibles fraudes en contra del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, por más de 12 mil millones de pesos.
Con fecha 23 de mayo se presentó una segunda denuncia, en la que se daba a conocer, por medio de Relaciones del propio banco, situaciones anómalas de créditos otorgados y no cobrados por Banco Nacional Pesquero y Portuario por más de 12 millones de pesos.
El 18 de junio presentamos una tercera denuncia, también por créditos no recuperados, por más de 40 millones de dólares y por más de 10 mil millones de pesos.
La cuarta denuncia la presentamos a la Pagaduría General de la República el 16 de agosto de 1990, en la que con documentación de esa institución bancaria, un resumen de cartera, denunciamos adeudos de 30 acreditados, cuyos montos ascendían a más de un billón de pesos. Esta última denuncia dejamos claro que nuestra petición a la Procuraduría General de la República para que investigara posibles ilícitos, no estaba basada en simples sospechas, ya que en recorridos por los litorales del país, por voz de grupos de pescadores y en muchos de los casos de exfuncionarios de la Secretaría de Pesca, nos afirmaron que se otorgaron muchos millones de pesos en créditos a personas influyentes que ni siquiera se dedicaban a la pesca.
De todo se dio conocimiento a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en mayo de 1990 y ésta, la Permanente, aprobó hacer una excitativa a la Procuraduría General de la República a fin de que le informara sobre el asunto. Suponemos que la procuraduría habrá informado al Congreso, pero nunca tuvimos conocimiento de ello.
Desde nuestra primera presentación el 17 de abril de 1990 hasta la última el 16 de agosto del mismo año, tanto el Procurador de Justicia como las personas que tomaron conocimiento de estas denuncias, se mostraron anuentes en las investigaciones solicitadas y en varias ocasiones nos informaron que se estaba realizando y que en breve nos darían los primeros resultados.
Días después de la presentación de la cuarta denuncia y olvidándose de sus promesas de investigación, la Procuraduría General de la República, por medio de declaraciones públicas, se declaró incompetente para conocer de estas denuncias, invocando lo establecido en el artículo 92 de la Ley Reglamentaria del Servicio de Banca y Crédito, en lo que se señalaba que las querellas por delitos a los bancos sólo las puede realizar la Secretaría de Hacienda.
Y a raíz de esta negativa de la procuraduría para investigar el asunto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado indicando que se habían descubierto ilícitos en el Banco Nacional Pesquero y Portuario por un monto de sólo 400 millones de pesos y que se habían expedido 13 órdenes de aprehensión contra otros tantos defraudadores y que además se habían iniciado medidas de apremio a más de 380 deudores y funcionarios del Banco Nacional Pesquero y Portuario para recuperar créditos de dudosa recuperación.
En virtud de que ha pasado un año de la presentación de las denuncias y de que hasta la fecha la procuraduría no ha informado de los resultados respecto a la órdenes de aprehensión giradas a la solicitud de la Secretaría de Hacienda, es indispensable que tanto la Procuraduría General de la República como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informen del estado que guarden las investigaciones de los supuestos ilícitos, así como el cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas y de las medidas de apremio iniciadas por la Secretaría de Hacienda para la recuperación de créditos otorgados no recuperados.
Por lo anterior y para que de una vez queden aclarados los supuestos ilícitos cometidos
en contra del Patrimonio del Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, así como para que se apliquen las sanciones penales correspondientes a todas aquellas personas que hayan incurrido en delito, proponemos a esta soberanía, las siguientes
«PROPOSICIONES
Primera. Esta Cámara de Diputados solicitará de inmediato a la Procuraduría General de la República un informe sobre el estado que guardan las averiguaciones relacionadas con los supuestos ilícitos denunciados por las Secretaría de Hacienda y respecto al cumplimiento de las órdenes de aprehensión giradas por ese motivo.
Segunda. Esta Cámara de Diputados solicitará de inmediato a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre las gestiones y medidas de apremio iniciadas por dicha dependencia para la recuperación de créditos otorgados y no cobrados por el Banco Nacional Pesquero y Portuario, Sociedad Nacional de Crédito, así como cualquier otro tipo de acción o investigación que conduzca a la recuperación de esos créditos y al deslinde responsabilidades de presuntos responsables.
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de julio de 1991.- Por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados: Eduardo Arias Aparicio, Noé Aguilar Tinajero, Jesús Ramón Rojo Gutiérrez, Espiridión Sánchez López, Benito Rosell Isaac y el de la voz, Astolfo Vicencio Tovar."
Señor Presidente, por ser ésta la penúltima sesión de Cámara de la LIV Legislatura y por considerar que estas proposiciones son mucho muy importantes para la recuperación de parte del patrimonio de la nación, solicitamos a usted se le dé trámite establecido por los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos.
El Presidente: - El diputado Napoleón Cantú hace uso de la palabra para informar sobre este asunto a nombre de la comisión.
El diputado Napoleón Cantú Cerna: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea: El pasado día 11 de junio los diputados integrantes de las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos tuvimos una reunión de trabajo con el Procurador General de la República, licenciado Ignacio Morales Lechuga, y en ella el señor procurador ofreció dictar un acuerdo para instruir a los servidores públicos de la institución para brindar toda la información solicitada por los legisladores federales. Ello permite que los legisladores puedan así cumplir con su labor de gestoría, y en una loable actitud de apertura por parte del procurador, las facilidades a los legisladores propician que puedan hacer llegar también sus observaciones sobre el funcionamiento de la procuraduría.
En tal virtud, el día de hoy se recibió un ejemplar del Acuerdo A/018/91 del Procurador General de la República por el que se instruye a los servidores públicos de la institución en relación a la información de deben proporcionar a las comisiones legislativas de acuerdo a sus diferentes materias especializadas del Congreso de la Unión.
Yo quiero suplicar a la Oficialía Mayor que por favor distribuya ejemplares de este acuerdo entre todos los diputados aquí presentes. El texto de este acuerdo dice lo siguiente:
"Con fundamento en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., 18 y 19 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, 1o. y 4o. fracción 12 del reglamento de la propia ley, y considerando que es voluntad política del gobierno de la República mejorar los servicios de procuración de justicia, garantizando en todo momento los derechos individuales de los ciudadanos a través de sistemas y mecanismos que mejoren sustancialmente los servicios que como atribución constitucional ejerce la Procuraduría General de la República, comprometiéndose con verdadero sentido social para que esa procuración sea ágil, pronta y eficaz.
Que la institución, en respuesta a las directrices señaladas debe instrumentar estrategias y lineamientos adecuados para que la participación ciudadana resulte efectiva, y que además se realice una forma ordenada por sí o a través de la representación popular ante el Congreso Federal, para alcanzar con ello la confianza ciudadana mediante la absoluta y total transparencia en las actuaciones que practique el Ministerio Público Federal y demás servidores públicos que la integran, por lo que he tenido a bien el siguiente
«ACUERDO
Primero. Se instruye a los servidores públicos de la institución para que la proporcionen la información y copias de los documentos que las comisiones legislativas del Congreso de la
Unión, por medio se sus presidente, le soliciten en los términos del artículo 89 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo. Los servidores públicos de la institución deberá proporcionar a los integrantes del Congreso la información necesaria cuando así lo soliciten respecto de alguna averiguación previa, proceso o juicio de garantías, vigilando en todo momento que no se interrumpa o entorpezca la investigación correspondiente, para evitar con ello el retraso en la administración y procuración de justicia.
Tercero. Si de los informes que soliciten los representantes de las comisiones, fuere detectada alguna irregularidad en el desempeño de las atribuciones conferidas a la institución, el servidor público tomará nota de inmediato y la pondrá en conocimiento del superior jerárquico del Procurador General de la República, así como de los órganos de control interno para la intervención en los términos de ley.
Cuarto. Siempre que para el mejor cumplimiento de este acuerdo resulte necesario expedir normas o reglas que precisen o detallen su aplicación, los subprocuradores de Averiguaciones Previas, Control de Procesos y Regionales, coordinador general Jurídico y director general de Servicios de la Comunidad y Participación Social, someterán al procurador general lo conducente.
Quinto. Los servidores públicos de institución deberá promover en la esfera de su competencia lo necesario para la estricta observancia y debida difusión del presente acuerdo.
TRANSITORIO
Unico. Este acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 4 de junio de 1991.- El procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga." Muchas gracias.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Astolfo Vicencio.
El diputado Astolfo Vicencio Tovar: - Desde luego que esta comunicación que nos ha leído el diputado Cantú, salió ya a la luz pública por medio de varios periódicos, ya lo conocíamos, pero definitivamente no podemos dejar que un asunto de tal importancia, nosotros calculamos de más de 3 billones de pesos, en contra del patrimonio de la nación, quede nada más volando en el aire porque se va a acabar esta LIV Legislatura, Y yo estaba pidiendo no únicamente la intervención o el informe de la procuraduría, sino también la Secretaría de Hacienda que nos informe qué pasó con las más de 380 gestiones de apremio, acciones de apremio que estaba realizando en contra de otros tantos deudores.
Entonces, por eso es que hicimos dos proposiciones. Una para que la procuraduría informe, y otro para que la Secretaría de Hacienda también informe de lo que están haciendo ambas dependencias.
Entonces, señor Presidente, pido que le dé el trámite, que se turne a la Comisión de Justicia y a la de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
El Presidente: - A petición del diputado Astolfo Vicencio Tovar, se turna esta materia presentada a las comisiones de Justicia y a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría.
SOBRE LA VEDA DEL BORREGO CIMARRÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Prisciliano Meléndez Barrios, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición para extender el área de veda del borrego cimarrón.
El diputado Prisciliano Melendres Barrios: - Señor Presidente; honorable asamblea: En sesión de la honorable Comisión Permanente del Congreso, el 10 de octubre de 1990, el diputado Leopoldo Salinas, a nombre del diputado Alfredo Arenas Rodríguez, y del grupo parlamentario de Acción Nacional, presentó el sentir de ecologistas, de grupos cinegéticos del Congreso del estado de Baja California, del gobierno del estado, por voz del gobernador Ernesto Ruffo Appel, como de la ciudadanía en general, la preocupación de que si el borrego cimarrón, vis canadiensis en todas sus subespecies, continuaban siendo cazados, se correría el riesgo de su desaparición.
Durante la sesión plenaria del 4 de diciembre de 1990, el diputado Arenas Rodríguez presentó el exhorto al Ejecutivo Federal para que declarase la veda total del borrego cimarrón
en todas sus subespecies, para los estados de Península de Baja California y en el estado de Sonora.
El martes 11 de diciembre de 1990, en la vista que el Ejecutivo Federal, Carlos Salinas de Gortari, realizó al estado de Baja California, decretó la veda total y permanente de este borrego cimarrón, hasta en cuanto la Universidad Autónoma de Baja California realizará los estudios completos de población y salud de esta especie de ovino.
Posteriormente, en el Diario Oficial de la Federación del lunes 24 de diciembre de 1990, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, publicó el siguiente acuerdo: "Que establece la veda del aprovechamiento de la especie borrego cimarrón, ovis canadiensis, en su subespecie ovis cadensis cremnovates, en el estado de Baja California, para la temporada 1990- 1991, prohibiendo estrictamente la caza, captura, transporte, posesión y comercio de dichas subespecies."
Honorable asamblea: La fauna silvestre y muy en especial la que se encuentra impactada y/o en peligro de extinción, es un recurso natural que con el cuidado debido, puede ser renovable. Y su aprovechamiento se sustentaría en el conocimiento de sus ciclos biológicos, salud, distribución y cuantificación.
La petición que se hizo al Presidente de la República, fue en el sentido de que la veda se estableciese en la totalidad de la Península de Baja California, así como en el estado de Sonora, a efecto de actualizar los estudios de población y de salud del borrego cimarrón, en todas sus subespecies.
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología interpretó equivocadamente la petición hecha tanto a ellos como al Ejecutivo Federal, ya que el decreto de veda publicado, no incluyó al estado de Baja California sur, así como tampoco al estado de Sonora, poniendo con esto en grave riesgo la sobrevivencia de este ovino, símbolo de la Península de Baja California.
Es muy importante hacer notar que en los estados de Sonora y de Baja California Sur, es donde menos ejemplares sobreviven y donde el riesgo es mayor de la desaparición de estos magníficos ejemplares. Esto motivó que el diputado José Antonio Gándara, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, en sesión permanente del Congreso, hiciera la petición de corregir el acuerdo de veda propuesta por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que se ampliara a los estados de Sonora y Baja California Sur, haciendo notar que la cacería, la matanza irresponsable, las enfermedades y la falta de criterio de las autoridades correspondientes, son las que tienen al borrego cimarrón, peligro de extinción.
Por todo lo antes expuesto, solicitamos a esta honorable asamblea, que interceda ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, para que el acuerdo de veda publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 24 de diciembre de 1990, sea ampliado a todas las subespecies de borrego cimarrón, en los tres estados ya mencionados, ampliando además el tiempo de veda, de un año a cuando menos cinco años, dándole el tiempo mínimo a la Universidad Autónoma de Baja California, para que realice los estudios ya mencionados aquí.
Salón de sesiones del recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, a 9 de julio de 1991, firman los siguientes diputados: Espiridión Sánchez López, Ambrosio Montellano, José González Morfín, Ramiro Pedroza Torres, Gerardo Ávalos Lemus, Carmelo Enríquez, Luisa María Calderón, Carlos Aguilar Camargo, Alfredo Arenas Rodríguez, Salvador Fernández, Luis Delgado Esteva, Julio Paz Zarza, Eliher Flores Prieto, Ismael Yañez Centeno, Darvin González, José Luis Luege y el de la voz, Prisciliano Meléndez. Gracias por su atención.
El Presidente: - Por unos breves momentos, para el mismo tema el diputado Blas Vergara.
Esta Presidencia asimismo informa que la materia presentada por el diputado Prisciliano Melendres, se turna a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
El diputado Blas Vergara Aguilar: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas y diputados: He venido a solidarizarme con las proposiciones que han hecho los compañeros de Acción Nacional, para ampliar algunos puntos de vista en relación con los recursos naturales del país, desde luego, lo interesante es el hombre y no las cosas que vamos a plantear aquí.
Efectivamente, el ovis canadiensis, la historia registra, del borrego cimarrón, que en el tiempo del virrey de Mendoza... Yo les ruego a los compañeros, sobre todo al compañero Peniche, respeto, como se lo he dado a él.
(Desorden.)
En el tiempo del virrey de Mendoza, comenta la historia que salían a cazar borrego cimarrón a la altura de Querétaro; después, en Coahuila y Chihuahua. Esta especie, efectivamente a punto de extinguirse, ahora se encuentra en la Sierra del Pinacate de Sonora, en la Península de la Baja California, porque esta especie se brinca del desierto de Arizona, y no sabemos cuánta es la proporción que existe.
Nos solidarizamos con ese criterio, pero además quisiera expresar lo siguiente: en esa zona existe el venado bura, también a punto de extinguirse; existe el berrendo; existe el, una especie, el cóndor, en la Sierra de Juárez, el cóndor mexicano que muchos de nosotros no conocemos esa especie, pero también está a punto de extinguirse el tigrillo, que tenía prestigio por su pelaje y su finura, cuando se iba a cazar a las marismas de Nayarit, o allá en Yucatán. Es una especie también a punto de extinguirse; está a punto de extinguirse el conejo de los volcanes, llamado "teporingo", está a punto de extinguirse el dalta y alteburro, que han cazado en la zona de Veracruz; está a punto de extinguirse el pájaro reloj que se da allá en Yucatán; está a punto de extinguirse otra especie importante, que se nos vende allá en la península, el tepezcuincle o tuza, compañeros.
Yo pido, como un acuerdo de este honorable Congreso, que a través de la Secretaría de Ecología y de los grupos interesados en conservar los recursos naturales: el suelo, el agua y los bosques, porque esta es una asociación que si se llega a romper el equilibrio, naturalmente que tendremos cada día graves problemas.
Por eso, compañeros, pido la solidaridad de este Congreso, de considerar, si nos tenemos respeto, si nos queremos, a la especie humana, hay que darle impulso al desarrollo de la naturaleza, si queremos salvar al hombre.
Me solidarizo con esa proposición, y pido un acuerdo de este honorable Congreso. Muchas gracias. (Aplausos.)
SOBRE VIOLENCIA EN LA FRONTERA NORTE
El Presidente: - Para presentar un acuerdo de los diversos grupos parlamentarios, sobre la violencia en la frontera norte, tiene la palabra el diputado Elías Freig.
El diputado Elías Alberto Freig Delgado: - Compañero Presidente; honorable asamblea:
Por respeto a la misma, seremos breves, aunque no es diminuta la denuncia que los miembros de los diferentes partidos políticos que integran esta Legislatura hacen en este documento.
El actual período ordinario de sesiones de esta LIV Legislatura de la Cámara de Diputados, no debe concluir sin levantar una enérgica voz de denuncia contra la violencia que no termina en contra de los indocumentados mexicanos en nuestra franja fronteriza con los Estados Unidos de América.
Por ello, los distintos grupos parlamentarios representantes en esta Cámara nos permitimos expresar:
Que nuestra nación comparte con los Estados Unidos una situación de vecindad geográfica, unidos por más de 3 mil Kilómetros de frontera. Lo cual inevitablemente nos mantiene íntimamente ligados a fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales.
Que por lo anterior y como resultado de la complementariedad de la fuerza de trabajo, en donde la oferta y demanda de mano de obra en ambos países se ajusta a las necesidades de las mismas, generando un importante flujo migratorio.
Que en retiradas ocasiones se han presentado incidentes de violación de derechos humanos en la frontera norte de nuestro país, mediante el maltrato y la vejación de los trabajadores migratorios, intesificándose este maltrato en los últimos meses y concentrándose en algunos puntos específicos de la frontera, como lo es el área de San Diego, en California, y esto es tanto por autoridades migratorias norteamericanas, como por las diversas fuerzas policiacas y grupos de la sociedad civil de ese país, que en forma por demás indignante percibimos con gran preocupación la proliferación de actitudes racistas fomentadas por grupos como el Ku- Kux- Klan e iluminación de la frontera, que han tenido como consecuencia el derramamiento de sangre de nuestros connacionales, llegando inclusive hasta la reprobable pérdida de vidas humanas.
Que no obstante la buena voluntad manifestada por ambos países y las reiteradas denuncias concretas sobre violaciones a los derechos humanos de los trabajadores migratorios mexicanos, la violencia en le zona persiste y, más aún, se incrementa.
Que esta misma Comisión de Asuntos Fronterizos en esta tribuna y en los diferentes foros
de coparticipación con representantes del gobierno norteamericano y del Congreso, ha dejado constancia de su repudio a estos actos, que lamentan el pueblo y el gobierno de México.
Que no obstante que este tema se ha incluido en la agenda de las reuniones interparlamentarias y binacionales de México y Estados Unidos, los resultados aún no son los deseables.
Por todo lo anterior, las comisiones de Asuntos Fronterizos y de Relaciones Exteriores de esta LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, presentan el siguiente
«PROYECTO DE DECLARACIÓN
Elevamos nuestra más enérgica protesta por la reiterada violación a los derechos humanos de que son objeto los trabajadores migratorios mexicanos, así como en contra de los hechos de violencia que en forma sistemática se llevan a cabo en nuestra frontera norte, tanto por las autoridades como por grupos civiles de los Estados Unidos, que demeritan las buenas relaciones de los pueblos, que originalmente, unidos por la geografía, se han sumado a la voluntad de vivir en armonía y de estrechar los lazos de amistad, de cooperación y de buena vecindad.
Sugerimos que la Secretaría de Relaciones Exteriores sea el conducto para demandar del gobierno de los Estados Unidos, se hagan valer los derechos humanos de nuestro connacionales en su territorio.
Demandamos que se castigue con energía la violación a estos derechos universales, conforme a la ley y no se atenúen estas reprochables faltas por el carácter de inmigrantes de las víctimas.
Por nuestra parte exhortamos al pueblo vecino a dar un trato justo a nuestros paisanos, para que no demeriten las legítimas aspiraciones de éstos, por haber decidido simplemente ir en busca de mejores condiciones de vida en ese país.
Exigimos, asimismo, no se subestime ni menosprecie el potencial productivo y cultural de una comunidad mexicano norteamericana que se incrementa incesantemente para bien de las relaciones binacionales; que se entienda, no por ser diferentes nuestros compatriotas, son nocivos; por ello que se induzca a la sociedad norteamericana a respetar y a tratarles como semejantes en su país; sólo así las leyes se cumplirán, el derecho los protegerá y la discriminación se evitará, pues tanto el abuso como la explotación y más aún la violación a los derechos humanos de los mexicanos en cualquier territorio, es intolerable."
Firman, todos los diversos partidos políticos, el diputado Celaya por el Partido Revolucionario Institucional; la diputada Gómez Maganda, por el Partido Revolucionario Institucional; la Comisión de Relaciones Exteriores, el diputado Gerardo Ávalos, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Enrique Martínez y Martínez, del Partido Revolucionario Institucional el diputado Alberto López y Rivas, del Partido de la Revolución Democrática, el diputado José Murat, del Partido Revolucionario Institucional; el diputado Alfredo Reyes Contreras, del Partido Popular Socialista; el diputado Roberto Jaramillo Flores, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; el diputado Patricio Estévez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; el diputado Israel Galán Baños, del Partido del Trabajo; Santiago Rodríguez, del Partido Acción Nacional; Santiago Quiroz, del Partido Popular Socialista y un servidor, por el Partido Revolucionario Institucional.» Muchas gracias.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez de Ortega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hacer una petición de excitativa a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Señor Presidente; compañeros diputados: Antes de iniciar mi intervención, quiero hacer una aclaración: es una proposición a la Comisión de Cultura y Asentamiento Humanos, Obras Públicas y Asentamientos Humanos.
El Presidente: - Tiene la razón la diputada Rosalía, había solicitado con oportunidad que se inscribiera en el renglón de proposiciones. Adelante, diputada.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Vengo a esta tribuna para hacer una reflexión sobre actos que vulneran la autonomía y afectan la capacidad de decisión de esta Cámara. ¿Quién o quiénes tienen el peso político para suspender el proceso legislativo de una iniciativa cuando ésta se encontraba a punto de discutirse y votarse por el pleno?
Señores diputados, me refiero a la iniciativa que reformaba los artículos 7o. y 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas; quiero hacer la referencia de que esta iniciativa fue presentada por 17 diputaciones de diferentes estados, entre ellos Veracruz, Puebla, Tabasco, Chiapas y otras más.
Esta iniciativa se discutió varias veces dentro de la propia Comisión de Cultura y posteriormente el 26 de junio en las comisiones unidas, ahí se externaron diversos puntos de vista en las que logramos coincidir los diputados en que se hacía necesario dar elementos para que se siguiese conservando nuestro patrimonio cultural en las zonas arqueológicas y monumentos históricos y artísticos.
Fue la discusión de tal interés que por dos veces se reformó el dictamen y en una tercera lectura coincidimos en un texto que aunque no era del todo favorable, sí por lo menos garantizaba en un mínimo que en esta iniciativa, en este dictamen se diese responsabilidad a los estados y los municipios para que coadyuvaran al restablecimiento, al mantenimiento y de esa manera poder preservar nuestro acervo cultural.
Posteriormente extrañamente el día 2 de julio, cuando se encontraba el listado para segunda lectura y a este efecto su discusión y votación en el pleno de esta Cámara, supimos que había sido retirado y coincidimos algunos miembros de Acción Nacional y de otras fracciones que nunca se habían tomado en consideración a los miembros de estas comisiones.
Creemos que esta iniciativa favorecía, en gran parte, la conservación de nuestro patrimonio cultural, histórico y artístico. De esta manera, se restringía en gran parte del monopolio que se ha creado del poder burocrático, como ha sido hasta ahora por experiencias que hemos tenido a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Desconocemos las razones por las cuales no fue presentada a este pleno conforme al reglamento. Ciertamente nosotros creemos que la ley adolece de muchos problemas para poderlos realizar, como se había pensado y discutido en las propias comisiones. Pero sí sentimos y fue externado por varios diputados que era la única manera de poder hacer responsables a los municipios y a los estados, para que de una manera directa contribuyesen a tener cuidadas, protegidas y en un momento restablecidas algunas casonas, como monumentos históricos que se encuentran olvidadas, que no tiene la atención adecuada a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que muchas veces están creando, en lugar de ser elementos de atractivo turístico, ruinas.
Es por eso que hoy quiero presentar lo siguiente
«PROPUESTA
Con fundamento en lo que dispone el artículo 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y toda vez que la iniciativa que reforma los artículo 7o. y 12 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, fue turnada a las comisiones de Cultura y Obras Públicas y Asentamientos Humanos y que éstas, previo análisis y deliberación, formularon su dictamen ante el pleno de esta Cámara, que aun más el dictamen fue listado para primera lectura y el 2 de julio del presente año, se retiró sin previo aviso.
Por lo tanto, pido que los trámites por haber sido indebidamente retirados del orden del día, se proceda a dar la segunda lectura y, en su caso, a su votación.» Gracias.
El Presidente: - En términos del 58, le ruego a la Secretaría pregunte a la asamblea si se acepta la proposición de la diputadas Rosalía, en votación económica.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Señor Presidente con todo respeto quiero impugnar el trámite que usted le está dando, pues le está dando el del 58, que no es el procedente.
Si usted le da el trámite del 58, en el caso de resultar aceptada la propuesta, la consecuencia sería turnarla a comisiones y esto es improcedente. Lo que la diputada está solicitando, es que toda vez que es un proyecto de decreto que reforma una ley y que ya fue dada la primera lectura y que estaba listado para segunda lectura, lo que procede es que usted instruya para que se dé segunda lectura, se abra la deliberación para que se discuta y, en su momento, se vote.
Porque el trámite del 58, en lo más favorable, viéndolo lo más optimista posible es que regrese a comisiones y precisamente lo que estamos impugnando es una explicación de los presidentes de esta comisiones de por qué lo retiraron. ¿Quién tiene ese peso político suficiente para que haya presionado al diputado Córdoba Lobo o al presidente de la otra comisión para que
hayan retirado indebidamente, cuando ya estaba listado y a punto de segunda lectura, discusión y votación?
Yo le ruego rectifique en el trámite que le está dando.
El Presidente: - Diputado Medrano, tiene usted razón en el planteamiento de la diputada Rosalía Ramírez, que pide al término del 60.
Esta Presidencia consultó a la diputada Ramírez si el trámite podría cuadrarse en el capítulo de proposiciones, como está en el orden del día. Con este propósito en atención a esa consulta que la Presidencia hizo, era en razón de que originalmente estaba orientado su planteamiento como excitativa, era lo más prudente y conducente en función de que las comisiones tenían que responder de la petición de rescatarse ese dictamen.
La consulta de esta Presidencia obedece a que no hay en el orden del día la materia a petición de la diputada Rosalía Ramírez y por eso respetuosamente consulté su trámite.
¿Dígame, diputada Ramírez?
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Sí, para aclaración, señor Presidente. Creo que no interpreté bien su pregunta, mi propuesta va en el sentido del artículo 60 y en todo caso pediría al presidente de la Comisión de Cultura, al diputado Córdoba Lobo, que nos diese una explicación, porque creo que sí vulnera la autonomía y la decisión de esta asamblea y si consideran los presidentes de las comisiones, no sé, un tiempo para poderse poner de acuerdo, pero yo creo que sí es conducente lo que pido, porque se puede poner a votación, toda vez de que ya estaba en segunda lectura, para su discusión y su votación.
El Presidente: - Dígame, diputado López y Rivas.
El diputado Gilberto López y Rivas (desde su curul): - Solamente para una aclaración. Nunca hubo una primera lectura; es decir, el dictamen tal cual nunca apareció, es decir, nunca llegamos a conocer cuál era el contenido exacto de ese dictamen. Entonces aquí se está falseando la cuestión para meter en este orden del día una cuestión que evidentemente tuvo una respuesta, evidentemente hubo toda una serie de consultas y nunca supimos como iba a quedar el texto específico de ese dictamen. Por tanto, estamos hablando de algo que en realidad nunca conocimos los miembros de la Comisión de Cultura, en cuanto a cómo iba a quedar ese dictamen.
El Presidente: - Dígame, diputado Medrano.
El diputado Juan José Medrano Castillo (desde su curul): - Quiero hacer una aclaración respecto a la afirmación del diputado López y Rivas, que dice que se están falseando los hechos.
Seguramente él no estuvo presente cuando se dio, se tuvo por leída o por dada la primera lectura, tan es así que se tuvo por rendida la primera lectura, que el 2 de julio se listó para segunda lectura y esto basta para comprobarlo con que la secretaría acuda al orden del 2 de julio, para que vean que había segunda lectura. El hecho de que hubiese sido listado en segunda lectura implica necesariamente, obliga que se haya dado por leída la primera lectura, porque sí se presentó el dictamen y ya no es iniciativa, al haber sido presentada el dictamen ya es un proyecto de decreto, que debe ser sometido a discusión y debe ser votado consecuentemente.
El Presidente: - Diputado Medrano, esta Presidencia..., permítame, diputado Murat, un momento.
Yo pido a la Oficialía Mayor... sí, no lo había visto, diputado Córdoba Lobo, ¿Me permite hacer una aclaración, diputado Córdoba?
Quiere esta Presidencia hacer una expresión para ilustración de la asamblea. Pide para satisfacción del grupo parlamentario de Acción Nacional, a la Oficialía Mayor, recoja la versión taquigráfica del orden del día y del día en cuestión, en donde esta Presidencia retiró, para su reposición, todos los trámites. En tanto, tiene la palabra por la comisión, el diputado Córdoba Lobo, quién así lo desea.
El diputado Fernando Córdoba Lobo: - Gracias, señor Presidente.
Yo acudo gustoso al llamamiento de la diputada de Acción Nacional, porque hay coincidencia de propósitos...
El Presidente: - Permítame, diputado Fernando Córdoba.
Pido a los compañeros del grupo parlamentario, para satisfacer la petición de la diputada Ramírez, poner atención al diputado Córdoba Lobo.
El diputado Fernando Córdoba Lobo: - Decía que hay coincidencia de propósitos en lo que la diputada de Acción Nacional expuso aquí hace un momento y lo que movió a la diputación de Veracruz y con ella a las diputaciones de 18 estados o más, a proponer esta iniciativa de reformas.
Yo en lo personal y creo que conmigo diputados de otros estados, lamentan que no haya prosperado. Pero yo quiero darle una caballerosa y muy comedida explicación.
Cuando estábamos en sesión de comisiones unidas, los miembros de la Cultura y la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para afinar algunos aspectos del dictamen, el dictamen se distribuyó como originalmente se había entregado a la Oficialía Mayor y se le excusó de una primera lectura. Habiendo llegado a un consenso importante en el que recogimos las opiniones de miembros de Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y de nuestro propio partido, pedimos a la Presidencia la reposición del procedimiento para que el secretario de la Comisión de Cultura, el diputado Antonio Pariente Algarín, pudiera dar a conocer el dictamen tal cual, quedara con esas reformas que ya habíamos aceptado y que estábamos de común acuerdo en que fuesen parte del dictamen de estas comisiones unidas.
No prosperó en el pleno, debido a la intervención de dos diputadas de Acción Nacional precisamente, porque adujeron que el dictamen no se había repartido. No era posible que el dictamen se tuviera, por cuanto que acabábamos de salir de la reunión de las comisiones unidas y estaban haciendo estas correcciones y tenía que fotocopiarse el dictamen del que estamos hablando. Por esta razón no fue factible que se repusiera el procedimiento y se le diera primera lectura.
Si ahora, en una irregularidad del procedimiento de la asamblea, hubiera necesidad o fuera preciso darle curso a este dictamen, sería sí de primera lectura.
Quiero hacer hincapié en que los diputados de Veracruz y a quienes con nosotros firmaron la iniciativa original, a 18 diputaciones más, nos interesa sobremanera esta reforma. Lamentamos y lamentamos mucho que no haya podido prosperar, pero respetuosos del procedimiento de gobierno interior de esta Cámara, estimamos que no sería posible ahora pedir la dispensa de una segunda lectura, por cuanto a que la primera no la tuvo y pasar a su discusión .
Quiero abusar un poco de su gentileza y discúlpenme, serán dos minutos, para hacer una precisión que a nosotros nos interesa mucho. En el lapso que me dio entre aquella primera y fallida lectura de este dictamen, en el que, repito, estábamos de acuerdo ya los miembros de diversas fracciones parlamentarias, en el país, en el medio cultural, en lo medios de comunicación, se manejó una idea totalmente absurda y contraria al propósito que nosotros perseguimos y que me interesa aclarar, que es, como lo acaba de decir aquí la diputada de Acción Nacional, el darles participación de corresponsabilidad a los estados y a los municipios; pero lamentablemente, en éste que constituye un feudo burocrático del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se empezó a generar la idea de que la propuesta de unos diputados del Partido Revolucionario Institucional, así decían, era la de privatizar, que es un terminajo ya de uso común y corriente como de una moneda gastada, en el tránsito de estos meses, que se intentaba privatizar la cultura y consecuentemente con esto las zonas arqueológicas y los tesoros históricos. Nada más alejado de la verdad.
Precisamente una de la reformas, de las adiciones más bien, que se incorporaban a la reforma de estos artículos, provenía de un miembro del Partido de la Revolución Democrática, para precisar que las zonas arqueológicas y los monumentos históricos, no podrían dedicarse a ningún propósito distinto del que señala la ley; esto es, el de conservar la riqueza cultural e histórica del país y que sirviera para que se conociera esta misma riqueza y para engrandecer la cultura nacional.
Yo finalmente coincido con la diputada Rosalía Ramírez en la bondad de esta reforma. Que lamentablemente que no haya prosperado. Creo haber dado una explicación de cuál fue el procedimiento. Vamos a preparar en la Comisión de Cultura un expediente amplio y suficiente, con una comunicación personal, para quien en su momento se haga cargo de la presidencia de esta comisión, así como de la de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, pidiéndoles continúen, no sólo con esta reforma, que se vaya más allá todavía, porque si analizamos la legislación vigente en la materia, encontramos que es preciso que una ley que tiene 50 años, sea adecuada al momento presente.
Esto es, haremos la respetuosa sugerencia a los miembros de estas comisiones en la siguiente legislatura, para que metan la mano en la legislación que tiene que ver con esta materia.
Quiero decir, la Ley sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos, la Ley Orgánica y el Reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Ley de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, la Ley de Patrimonio Federal, las leyes que tienen que ver con la preservación del medio ambiente y todas aquellas que de manera concurrente tengan que ver con la materia, será sin duda un marco más propicio para sacar adelante esta reforma, que así dejo el firme testimonio de haber reunido la voluntad y la decisión de los miembros de las diversas fracciones parlamentarias, para llegar a un común acuerdo y darles a los estados de la federación y a los municipios, en afán de acabar con este centralismo estéril y negativo, darles la participación de corresponsabilidad que les obligue a una participación más efectiva en la preservación del patrimonio cultural del pueblo de México. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez, por cinco minutos.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Señor Presidente; compañeros diputados; diputado Córdoba: Agradezco las aclaraciones hechas y creo que mi intervención es precisamente con la inquietud de que este dictamen saliese en esta Legislatura. Todavía comentaba la buena intención de que a través de un reglamento al cual ya estaba abocando la propia comisión y los trabajos, pudiesen realmente plasmar toda la inquietud de varios diputados, no nada más de su partido, sino de los que coincidimos todos los partidos para poder preservar nuestro acervo cultural.
Es ésa primordialmente mi inquietud y creo que es válida mi posición en esta tribuna.
Cuando las discusiones de diferentes temas discrepan grandemente, hemos visto que nuestra posición en las votaciones son totalmente en ocasiones contradictorias, pero cuando hemos logrado en unas comisiones unidas que el criterio se unifique y que logramos sacar el consenso, aunque advierto, no de lo mejor pero sí de lo posible, yo creo que no es válido que por decir de un procedimiento falseado, se pierda la oportunidad de darle al pueblo de México, encaminado a través de sus gobiernos de los estados y los municipios, las facilidades para poder preservar todos nuestros acervos culturales.
Yo me manifiesto públicamente en contra de aquellos grupos que sí siento que vinieron a esta Cámara a hacer actos de presión, porque creo que no se vale que por intereses personales, que por intereses de grupo se ejerza presiones a las autoridades y que éstas, de una o de otra manera, hayan echado para atrás un dictamen.
Y yo lo digo con seriedad, hubo gente involucrada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, gente que se ha enquistado en este órgano y que están creando cotos de poder y burocracia. Creo que no se vale, porque todos estamos siendo partícipes del deterioro que existe en todos los estados. Ahí coincidimos de todas las fracciones parlamentarias, que hay casonas, que hay ruinas, que hay saqueos, inclusive que hay contrabandos de los propios trabajadores.
Y esto, me atrevo a decirle, porque cuando yo externé aquí el caso concreto de Puebla, tuve la visita de más de 70 personas vecinas, el diputado Rivas no me podrá desmentir, donde todo el día acosada y me trajeron al Jurídico y al de Organización y al de no sé qué tantas cosas, porque me dijo uno de ellos: es que ya avanzamos y detuvimos la iniciativa y creo que su usted interviene y habla en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia esto nos va a perjudicar.
Y en esa ocasión y quiero que se remitan al Diario de los Debates, yo argumenté por el coleccionista de Cholula, hoy difunto, el señor Omar Jiménez y ellos se sentían aquí presionados creyendo que era sobre precisamente esta ley y yo creo que estas actitudes no se valen. Creo que vale la pena de tomar mi excitativa a través de las dos comisiones, dicen que cada quien habla conforme le va en la feria y quizá quien hable después de mí hable conforme a lo que ha vivido, lo estoy suponiendo.
Pero sí quiero que esté muy clara mi posición, de que es válida mi petición, de que sí se repartió de primera lectura y coincidimos en las comisiones, que la excitativa que no se va a poder hacer otra cosa en este pleno, se pueda dar la segunda lectura, la discusión o la votación, y yo creo que aunque haya muy buena voluntad por parte del presidente de la Comisión de Cultura, nadie podría garantizar que en la próxima Legislatura esto saliese de inmediato. Es por eso mi excitativa. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado López y Rivas.
El diputado Gilberto López y Rivas: - Yo respeto la preocupación de la diputada por
defender una causa que le parece justa, pero también me parece temerario el que se acuse aquí a personas representantes de sindicatos de trabajadores, de técnicos administrativos y manuales, de los académicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de los colegios de Antropólogos, de tener en la defensa de sus posiciones elementos no válidos o estigmatizar la respuesta enérgica con ellos consideraron que era necesario dar ante una situación que no veían del todo clara y en la que de manera propositiva intervinieron para poder modificar una iniciativa de ley que afectaba directamente, sí, es cierto, sus medios, sus condiciones de trabajo.
Quiero decir que durante muchos años se han cometido toda una serie de errores o injusticias de todos los organismos del Estado mexicano, que han estado defendiendo, protegiendo, estimulando la cultura; nunca hemos sido amigos de solapar este tipo de errores.
Pero también quiero decir aquí que ese instituto que aquí ha sido juzgado reiteradamente por los diputados, ha jugado un papel importante, sobre todos sus trabajadores, sus investigadores, los cuales es de lamentar que estén en la línea de la pobreza en cuanto a salarios en comparación con investigadores de universidades y de otros puntos... Estoy en el tema, no presionen, vengan acá. La turba otra vez.
El Presidente: - Los diálogos son improcedentes, señores diputados.
El diputado Gilberto López y Rivas: - Desde ese punto de vista a estas horas, en un intento de sorprendernos a los que estuvimos junto con el compañero Córdoba Lobo tratando de llegar a un tipo de redacción a la que finalmente pensamos que pudimos llegar, es decir incluso se presentó una redacción para la reforma del 7o. y del 12, en la cual había un cierto consenso inicial y eso hay que decirlo, si en ningún momento nosotros nos opusimos a que la reforma se llevara a cabo en los términos en que comenzábamos a llegar a cierto consenso.
Lo que sucede en este caso y eso es lo sorprendente de lo que aquí se discute, es que esta gente participó, esta gente se preocupó; realmente ese es el pueblo que nosotros queremos tener, gente que considera que es un deber, que es una obligación presentar a este recinto, a éstos que dicen que están ejerciendo presiones ilícitas; ésa es la gente que se levanta, que se presenta aquí y que ejerce las presiones legítimas que tienen; están defendiendo su derecho, están defendiendo su derecho como ciudadanos, su derecho como investigadores, su derecho como trabajadores; ésas son las personas a la que habría que felicitar y qué bueno sería que cada vez que se discutiera una iniciativa de ley, personas así activas, con propuestas se presentaran a las puertas de este recinto y no recibiera estas propuestas despreciativas de los diputados de esta Cámara.
Ese es el tipo de gente, ese es el tipo de sociedad civil a la que nosotros quisiéramos tener como el elemento básico del trabajo legislativo, que participaron en las reformas, que no fuera gente encerrada en un recinto las que hicieran las leyes, sino que recibiera la consulta, que recibieran las observaciones, que se recogieran. Este es un trabajo legislativo y hay que reconocer aquí la honestidad del señor presidente que vino aquí y que repitió algo que yo había dicho, que no se había dado una primera lectura y eso fue absolutamente cierto, se pretendió dar una primera lectura y esta lectura fue detenida, por la que ya explicó el compañero Córdoba Lobo.
Entonces, en este caso yo estoy reiterando el derecho y la obligación de los ciudadanos a presionar por cualquiera de los medios lícitos y legales, para poder defender su derecho. Ese es un derecho del pueblo de México. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Rosalía Ramírez.
La diputada Rosalía Ramírez de Ortega: - Creo que es válido venir a aclarar aquí dos posiciones: yo no puedo aceptar el argumento del diputado porque está manipulando lo que yo dije, yo en ningún momento he enterando estar en contra de los bajos salarios de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia y además yo hablé de algunos elementos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y eso usted no me lo podrá desmentir.
Creo que el desviar el verdadero sentido de mi intervención no se vale, señor diputado. Usted lo encauzó por el lado de los beneficios de los trabajadores, y en esta iniciativa, permítame decirle que no se afecta en ningún momento a los trabajadores y me voy a permitir leer el dictamen que yo tengo para que se esclarezca a los miembros de la asamblea que considero que estén muy cansados, pero que nosotros no tenemos la culpa de que nos remitamos hasta estos horarios.
Dice el artículo 7o.: Las autoridades de los estados y municipios, cuando decidan restaurar
y conservar los monumentos arqueológicos e históricos de propiedad federal lo harán siempre previo permiso y bajo la dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Creo que aquí es muy claro, tampoco estamos pidiendo que intervengan los estados y los municipios sin la intervención de la gente especializada en la materia. Creo que esto es muy claro y creo que no se vale el hecho de que usted quiera defender a los trabajadores, muy respetable de su parte, pero sí fue muy clara la posición de la manifestación de un pequeño grupo de gente, tanto afuera de la Cámara, tanto del Palacio Legislativo en San Lázaro, donde se manifestaron, desviando el verdadero sentido de la iniciativa, cuando decía que se dejaban a particulares y creo que ésta fue la manipulación de la información.
Creo que yo en ningún memento he dicho que todos los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, conozco las carencias de algunos, no me estoy manifestando en contra de ellos, pero se desvirtúa la posición de esta iniciativa, que era precisamente que los estados y los municipios coadyuvaran a la restauración y la conservación del patrimonio nacional.
El Presidente: - Dígame, diputado Yañez.
El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul): - Señor Presidente, y en relación con lo que acaba de decir la compañera diputada, la cuestión de fondo, lo más importante que se debatió con respecto a ese dictamen, fue precisamente lo subsiguiente del mismo, que la señorita diputada omitió de leer, y es en el caso lo que yo querría y hubiese querido que ella leyera, es decir, la parte subsiguiente del dictamen. O sea, ya se bajó la señorita diputada.
El Presidente: - Honorable asamblea, solicité un documento de importancia para ilustrar el trámite en esa oportunidad y poder continuar con la petición del grupo parlamentario de Acción Nacional, en tanto viene la información y en común acuerdo con el grupo parlamentario y los diputados que ha planteado esto, vamos a seguir con el orden del día.
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado David Ramírez Márquez, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para hablar sobre propaganda electoral y otras cuestiones, en Matamoros.
El diputado David Ramírez Márquez: - Gracias. Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: No es sobre la propaganda electoral; es sobre hechos delictuosos cometidos por los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva en Matamoros, Tamaulipas.
Es con relación a las acciones emprendidas por parte de los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva en el III Distrito Electoral de Tamaulipas, con cabecera en Matamoros, Tamaulipas.
Señalaba hace un rato que no se le ha dado cumplimiento a lo que establece la Ley Electoral; señalaba que no se le ha dado cumplimiento al artículo 193, en cuanto a la capacitación de los ciudadanos que fueron seleccionados mediante el proceso de insaculación y que ahora los pretenden incluir en unas listas sin haberlos sometido a lo que establece el artículo 193, párrafo primero, en los incisos del b al e, y en el 110, inciso b, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esto fue detectado el domingo por la noche, cuando recibimos información en el sentido de que fuera del recinto oficial se estaba manejando documentación electoral y por tal motivo acudimos los representantes del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hasta ese lugar y pudimos constatar que efectivamente, sin ser éste el recinto oficial de la Junta Distrital Ejecutiva, se estaba manejando ese tipo de documentación.
Cuando entramos a ese local, nos encontramos con que los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva estaba haciendo el llenado de las hojas de evaluación, en las que estaban asentando nombres que estaban extrayendo de otra lista que les habían proporcionado gente que era capacitadores electorales. Es decir, que la gente que se estaba encargando de este proceso, era gente de la Junta Distrital Ejecutiva pero no eran precisamente los capacitadores.
Nos dimos cuenta de que no cumplieron con la capacitación porque les estuvieron llenando los nombres a las formas; que previamente les habían llenado lo que corresponde al examen que debieron de haberle hecho a la gente que presuntamente pasaron por la capacitación.
Ante esta situación, solicitamos la presencia del agente del Ministerio Público Federal, quien al día siguiente asistió a ese lugar que se cerró por acuerdo con los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva y al hacer acto de presencia el agente, solicitó una orden de cateo
ante el juez de distrito. Se otorgó esta orden de cateo y se encontraron una serie de irregularidades y entre otras, formatos de hojas de evaluación, aproximadamente 4 mil, que estaban preparadas sin haber hecho la capacitación del personal. Se encontraron más de 7 mil sobres, a través de los cuales se les notificaba a los ciudadanos insaculados de la capacitación a la que deberían de asistir. Es decir, ni siquiera se les citó para que se sometieran a la capacitación que la ley establece.
Además de eso, detectamos también, que se encontraba toda la maquinaria electoral, que se encontraban equipos muy sofisticados para la reproducción de cédulas de registro de los ciudadanos en el padrón electoral.
Detectamos también y dio fe el agente del Ministerio Público Federal, que se estaban también reproduciendo ahí formas a través de las cuales se pretendía demostrar que los ciudadanos en Matamoros habían recibido a tiempo sus credenciales de elector.
Cuando recurrimos nosotros ante el Registro Federal de Electores, se nos informó que la mayoría de las credenciales de elector se habían entregado. Sin embargo, la ciudadanía matamorense seguía exigiendo que se les entregara la credencial. La mayoría de los ciudadanos afirman que no han recibido su credencial de elector. Sin embargo, los datos que proporciona el Registro Federal de Electores, no coinciden con la realidad y las únicas pruebas que tienen, corresponden a las que están fabricando en esos laboratorios clandestinos que probablemente haya más en otros distritos del país.
Queremos, es importante señalar también que quienes forman parte de este comité distrital han estado usurpando desde el inicio, desde la instalación de esta Junta Distrital Ejecutiva, han estado usurpando funciones, en virtud de que quien aparece como presidente, quien funge mejor dicho como presidente, de acuerdo con el período oficial emitido en el mes de febrero, aparece como secretario y en la práctica, hicieron el cambio para que fungiera como presidente. En varias elecciones ha fungido como tal y los resultados han sido desastrosos para la ciudadanía de Matamoros. La inconformidad la manifestamos desde un principio y sin embargo han seguido sosteniendo a esta gente que es nociva para el proceso electoral en Matamoros.
Tenemos elementos de prueba para demostrar que lo que estamos diciendo es cierto. La presencia de los elementos de la Procuraduría General de la República en este local que no es el recinto oficial de la Junta Distrital Ejecutiva, hicieron el aseguramiento del local, así como de dos vehículos que se encuentran dentro y que tienen materia electoral.
Toda la maquinaria que han estado manejando quedó asegurada y las investigaciones continúan todavía. Se puso muy en evidencia la forma en que los miembros de la Junta Distrital Ejecutiva, han estado trabajando en perjuicio de los intereses del electorado matamorense.
No se ha concluido todavía con los procedimientos que la ley señala; quizá estén confiando todavía en que van a tener nuevas prórrogas y quizá pretendan finalmente ahorcarnos en tiempo cuando tengamos enfrente una elección que debe de prorrogarse para poder darle cumplimiento al interés del pueblo de México.
Dentro de las cosas que tenemos como elementos de prueba y que quedaron asentadas en un acta ministerial levantada por los elementos de la Procuraduría General de la República, se encuentran sténciles para utilizarlos en mimeógrafos en donde se están elaborando formas del Registro Federal de Electores; es decir, en ese laboratorio clandestino se elaboran documentos falsos, tanto del Registro Federal de Electores como de la propia Junta Distrital Ejecutiva.
Tenemos en nuestras manos, en nuestro poder, un video de las anomalías que se palparon en esa ocasión y que se levantó en presencia del agente del Ministerio Público Federal y del delegado estatal en el estado de Tamaulipas, que estuvieron actuando bajo la instrucción del subprocurador Federico Ponce Rojas.
Quisiera solicitar al señor Presidente de esta Cámara, un receso para proyectar este video...
(Desorden.)
Y que la gente se dé cuenta y que vean en la práctica los elementos con que contamos y que vean cómo está, cuán es la realidad, qué es lo que está pasando en los distritos electorales y qué es lo que puede estar ocurriendo en muchos lugares que a la mejor no se han detectado en algunos distritos del país.
(Desorden)
El Presidente: - Compañero diputado: Lo que usted solicita está fuera de lo que establece el reglamento, es totalmente improcedente; por lo tanto esta Presidencia determina la improcedencia de su petición. Continúe con su intervención, señor diputado.
(Desorden.)
El diputado David Ramírez Márquez: - Dice el señor Presidente que es improcedente la petición, que...
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Señor Presidente: ¡Moción de orden!
El Presidente: - Tiene la palabra, diputado, para una moción de orden.
El diputado Juan Nicasio Guerra Ochoa (desde su curul): - Señor Presidente: El diputado está haciendo declaraciones graves respecto a elementos de fraude y quiere presentar las pruebas que lo acompañan. Usted dice que es improcedente de acuerdo al reglamento; dígame de acuerdo a qué artículo del reglamento es improcedente eso, simple y sencillamente. Yo no creo que el reglamento le dé a usted facultades para declarar improcedentes y menos para invocar el reglamento. ¿De acuerdo a que?
¡No!, el que no lo contempla es otra cosa, pero que de acuerdo al reglamento...
(Desorden.)
Bueno, de acuerdo al reglamento se pueda rechazar. Evidentemente aquí son acusaciones graves, o ¿cuán es el temor que se presenten, que se haya descubierto toda esa casa clandestina para elaborar el fraude?
Entonces nosotros sí pedimos que cuando menos la asamblea se pronuncie en este sentido y la Presidencia porque no tiene ninguna facultad, no se la arrogue, para simple y sencillamente declarar que es improcedente la propuesta del diputado. Cuando menos debe consultarse a la asamblea.
El Presidente: - Le ruego a la secretaría dé lectura a la fracción III del artículo 21 de reglamento.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - "Artículo 21. Son obligaciones del Presidente:
III. Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara;"
El Presidente: - Le rogamos a la secretaría dar lectura al artículo 212 del reglamento y a la galería guardar orden en la sala, si son tan amables.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Artículo 212. Sólo con permiso del Presidente, en virtud de acuerdo de la Cámara, podrán entrar al salón de sesiones personas que no sean diputados o senadores.
Por ningún motivo se permitirá la entrada a los pasillos a personas que no tengan la anterior representación. Los ujieres cumplirán bajo su responsabilidad esta última disposición."
El Presidente: - Continúe el orador con su exposición.
El diputado David Ramírez Márquez: - Gracias.
El Presidente: - Continúe el orador con su exposición, si es tan amable.
El diputado David Ramírez Márquez: - Hice una petición a la Presidencia.
El Presidente: - Permítame, señor diputado.
Al término de la exposición del diputado, esta Presidencia le dará curso y el trámite que corresponda.
Continúe el diputado con su exposición.
El diputado David Ramírez Márquez: - Bien. En vista de la negativa por parte de la Presidencia de someter a consideración de la asamblea la exposición de este video, voy entonces a concluir solicitando que se reciban estas pruebas documentales que en principio presentamos.
Y quiero decirles que es verdaderamente lamentable para nosotros que se dé este tipo de situaciones, en las que estamos nosotros conduciéndonos dentro de los términos y procedimientos que la ley electoral establece.
Es lamentable que cuando el señor Presidente de la República se encuentra en foros internacionales haciendo creer, haciendo sentir, que en México hay democracia, aquí, aquí con el respaldo de la gente que es mayoritaria mecánica en esta Cámara, nos impiden que se le dé cumplimiento a la voluntad política del señor Presidente de la República. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado. Túrnese...
El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Pero con buen humor, Ismael. No te enojes.
El diputado Ismael Yáñez Centeno (desde su curul): - Señor Presidente, nada impide de que esta Presidencia, a través de la secretaría, pueda recibir como prueba documental el video a que acaba de hacer referencia el compañero..
(Desorden.)
Porque es un documento visual, señor. Tiene todas las características de documento y además es una prueba.
Yo en todo caso pediría es a prueba y con la posibilidad de que pueda exhibirse también, aquí en cualquiera de los instrumentos visuales que se tienen aquí en la Cámara, para que quien quiera pueda pasar a verla. ¡Pero que conste como prueba, ante esta Presidencia!
El Presidente: - Esta Presidencia...permítame, diputado, vamos a terminar de dar trámite y después, determinar que la documentación a que hizo referencia el diputado Ramírez conste en la secretaría y que a juicio del propio diputado Ramírez y a invitación expresa para una función de media noche, ya pueda verlo el diputado Yáñez en la parte de afuera.
Bien, tiene la palabra el diputado Jaime Rodríguez.
El diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro: - Señor Presidente: Estamos plenamente conscientes que después de 12 horas, casi 13 horas, de estar en esta asamblea, estamos un poco cansados, sin embargo consideramos importante y necesario por la trascendencia política de las próximas elecciones del día 18 de agosto, hacer algunas reflexiones en relación con lo planteado por nuestro compañero David Ramírez.
Es importante señalar, que como él lo ha manifestado y lo ha expresado aquí en esta tribuna, han hecho la denuncia correspondiente ante las autoridades respectivas, sin embargo mi partido considera y es necesario dejar muy claro que en Tamaulipas ha habido absoluto respeto en el desarrollo de las campañas políticas, absoluto respeto... Si me permiten un momento, compañeros, absoluto respeto a los adversarios políticos que representan a las respectivas candidaturas a los distintos cargos de elección popular.
Sin embargo, queremos exhortar a los compañeros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a que se conduzcan con altura de miras, a que haya un absoluto respeto, como lo ha habido por parte del Partido Revolucionario Institucional, así como a los demás partidos políticos...
Mi presencia en esta tribuna, compañeros diputados, quiero dejar perfectamente claro...
El Presidente: - Permítame, diputado Rodríguez. Permítame, diputado Rodríguez. Un segundo, diputado. ¡Quiere hacer una pregunta, diputada Sarre?
La diputada María Leonor Sarre de Guerrero (desde su curul): - Sí, pregúntele por favor al señor orador si admite una interpelación.
El Presidente: - Pregunta la diputada Sarre si le acepta una interpelación.
El diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro: - Con mucho gusto, diputada, al concluir; solamente dije al inicio que sería muy breve, quiero concluir.
El Presidente: - No la acepta.
El diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro: - Compañeros, para concluir, nosotros queremos dejar asentado, muy claro, que ya el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, como lo dejo Establecido, presentó su queja y su denuncia, sin embargo, no es la forma, con actitudes de violencia, de violencia, que se ejercieron, la forma de resolver los problemas; por esa misma razón yo hago un llamado atento y respetuoso a nuestros compañeros diputados para el efecto de que las campañas políticas y el proceso electoral se desarrolle en tranquilidad, en paz y con absoluta libertad para los electores de todo el pueblo. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Quiere contestar la pregunta de la diputada Sarre?
El diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro: - Con mucho gusto. Dígame diputada.
La diputada María Leonor Sarre de Guerrero (desde su curul): - Señor diputado: ¿Es o no es cierto que la senadora Laura Alicia Garza Galindo, hizo declaraciones ofensivas a la oposición, que cuestionó al gobierno de Américo Villarreal Guerra, llamándonos narcomafia, incluyendo candidatos?
El diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro: - No, no es cierto, compañera; si usted entendió la forma y las declaraciones de la compañera diputada, no, no las hizo así.
La diputada María Leonor Sarre de Guerrero (desde su curul): - También acaba de hacer una defensa del institucional.
El Presidente: - No se permiten los diálogos.
Tiene la palabra por cinco minutos el diputado del grupo parlamentario del Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Horacio Treviño Valdez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Aun cuando salió algo chistoso de nuestro Presidente con sus comentarios que hacía, sin respetar al orador, al diputado David Ramírez Márquez, que presentó una denuncia de lo que ha venido sucediendo, no solamente en Matamoros, Tamaulipas, no solamente en el III distrito de Tamaulipas. En el II, con cabecera en Reynosa, en el VII, con cabecera en Río Bravo, y en el I, con cabecera en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se han venido presentado serias irregularidades que aquí estamos denunciando.
Es lamentable que después de un debate tan bonito donde nos preocupábamos mucho porque mucha gente se iba a quedar sin votar por no tener su credencial de elector y cuando se presenta una denuncia que en una casa clandestina tienen maquinaria y están fabricando las credenciales, no las credenciales, sino la aceptación a donde ya recibieron la credencial de elector.
En ese clandestinaje que están utilizando las juntas distritales ejecutivas, en esos distritos, parece ser que no les preocupa a los señores diputados; parece ser que el Presidente desea irse a acostar muy temprano cuando un diputado tiene las pruebas suficientes para comprobar que efectivamente en ese lugar se están cometiendo serias irregularidades que pueden manchar este proceso electoral.
Cuando hace unos días el Secretario de Gobernación manifiesta que serían unas elecciones que se van a caracterizar por su limpieza y su legalidad, ¿y cómo podemos hablar de legalidad y de limpieza, cuando estamos presentando las pruebas y los señores se molestan porque ni eso quieren ver? Ni siquiera las pruebas donde están cometiendo serias irregularidades en contra de los que supuestamente van a ir el día de las elecciones a depositar su voto.
Esa preocupación de los diputados que nos llevamos toda la tarde, que discutieron, debatieron toda la tarde sobre ese problema, ahora todos con mucha prisa quisiéramos irnos y dejar esto como si fuera una situación solamente intranscendente.
Nosotros quisiéramos dejar bien claro, al compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional que hizo uso de la palabra, en ningún momento hemos manifestado que sus candidatos o en contra de sus candidatos. Ni nos hemos referido siquiera a ellos. Siempre hemos actuado con respeto en todas las campañas electorales, pero nunca nos hemos dejado y cuando mencionan que hay violencia es porque siempre nos hemos defendido. Por eso se ha ganado en tres ocasiones Matamoros; por eso se ha ganado en tres ocasiones Reynosa, porque no vamos a permitir que esos hampones electorales, como lo están haciendo en Matamoros, en Reynosa y en Nuevo Laredo, no les vamos a permitir que lo hagan.
Nosotros sí podemos quedarnos toda la noche aquí discutiendo esta situación que consideramos que es muy lamentable que los diputados la acepten, que es muy lamentable que venga un diputado del Partido Revolucionario Institucional a acusar a los del Partido Auténtico como adversarios políticos, que les faltamos al respeto.
Falta al respeto, ir a ese lugar, llevar al agente, del Ministerio Público y solicitar ante el juez el cateo de ese lugar y certificar que efectivamente estaba la maquinaria, certificar y darnos copia de todos esos documentos. ¿Eso es actuar con violencia?
Señores diputados: debemos hacer hasta lo imposible todos porque estas elecciones sean limpias, porque haya legalidad, porque se respete la voluntad del pueblo que va a expresarse el 18 de agosto. Es muy lamentable que estemos en esa situación ahorita; es muy lamentable que tengamos prisa, y también es lamentable que nos estén pidiendo que el tiempo se ha terminado.
Es muy lamentable, es muy lamentable que estemos de acuerdo en que los hampones electorales se sigan burlando de la gente, que seguramente el 18 de agosto en Matamoros y en todas esas ciudades de Tamaulipas, vamos a ver un porcentaje mucho más elevado de abstencionismo. ¿Por qué?, porque todas esas situaciones que se vienen presentando, toda esa protección para esos hampones electorales, toda esa protección que se ha venido dando, es lo que ha venido ocasionando en muchas ocasiones que el pueblo no se presente a las urnas electorales.
Pero manifestamos públicamente esta denuncia y también a nuestro compañero Jaime, el diputado que hizo uso de la palabra por la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, que nosotros siempre hemos respetado, que en las campañas
electorales, en varias que hemos tenido, siempre ha sido de respeto para todos los adversarios políticos, siempre hemos respetado, pero también volvemos a repetir, que vamos a defender esa situación del voto el 18 de agosto. Esta denuncia tenemos que presentarla y tenemos que exigir que esa gente salga de ahí, que esos representantes, que esos presidentes de los comités distritales salgan de esa representación, porque son una burla para el pueblo, es una burla para el pueblo de México y todavía una burla que los diputados acepten que se estén burlando de la voluntad popular. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputado Lorenzo Treviño? ¿Para hechos, diputado Rodríguez?
Para alusiones personales, tiene la palabra el diputado Jaime Rodríguez.
El diputado Jaime Rodríguez Inurrigarro: - Muy breve, compañeros diputados. Vuelvo a insistir, que mi partido se basa en la legalidad y lo señalé, que ustedes habían presentado la denuncia, a la cual nosotros estamos de acuerdo que se le dé curso, para que los procesos electorales se lleven a cabo con la mayor limpieza. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Diputado Treviño, tiene cinco minutos para hechos.
El diputado Lorenzo Treviño Santos: - Señor Presidente: honorable asamblea: El diputado priísta que hace un momento hizo uso de la palabra en esta tribuna, habla de respeto. Pero yo pregunto si no es falta al respeto que en mi VI distrito de Chihuahua...
(Desorden.)
¡Griten!, ¡venga!, ¡hablen! Ahí están poniendo de candidato a quien fuera presidente municipal y ese señor dio su firma, autorizó la venta de un edificio de un sindicato, de unas personas ya grandes; los despojó, a los trabajadores; pregunto yo si, ¿eso es respetar? Trató de vender los terrenos que durante 50 años nadie lo había hecho, su servidor, siendo presidente municipal ahí y que ahí le gané al Partido Revolucionario Institucional, ahí se hizo esa feria, esas instalaciones y ese señor, Jaime Ríos Velasco, trató de vender esos terrenos y esas instalaciones.
El señor diputado Horacio González de las Casas...
(Desorden.)
Saliendo de la Presidencia deja como siete camionetas nuevas y este señor las vende. ¿Eso es ser honrado? No señores, eso no es ser honrado y desgraciadamente tiene uno que venir a esta tribuna a decir las verdades, ¿por qué?, porque quien dice que no faltan al respeto, lo están haciendo. También vendió una calle...
(Desorden.)
A una casa comercial, a la "La Soriana", casa de españoles, de extranjeros; ¿eso es honradez? No señores, yo refuto las palabras que dice el señor diputado del Partido Revolucionario Institucional que hay honradez; no señor, no hay honradez porque también podemos hablar de 1989 en Tapachula, Chiapas, donde en los terrenos de la feria ahí también se descubrió un laboratorio del fraude. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Reitera esta Presidencia que el turno de la materia presentada por el diputado Ramírez pase a la Comisión de Gestoría y Quejas.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Antes de iniciar el debate sobre las elecciones en Nuevo León, antes de iniciar el debate sobre las elecciones de Nuevo León, en función del planteamiento de la diputada Rosalía Ramírez, esta Presidencia determina que en función de las facultades de la Presidencia, el artículo 21 fracción XVI, excita a las comisiones de Cultura y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para que conozcan de este planteamiento y den respuesta sobre la materia y asimismo, determina, como lo había planteado el diputado Fernando Córdoba Lobo, que en el último párrafo del artículo 94 que dice así: "Los dictámenes que las comisiones produzcan sobre los asuntos que no llegue a conocer la Legislatura que los recibió, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura con el carácter de Proyecto". Queda satisfecho el planteamiento de la diputada Rosalía Ramírez.
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas, del grupo parlamentario... perdón, diputado Salinas, hay un orden que había planteado el presidente González de las Casas y Pérez Duarte viene a hacer uso de la palabra en relación a las elecciones de Nuevo León.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados: Vengo un tanto a
desilusionar a la candidata a senadora por Nuevo León, que trajo no sé cuantas actas y a dos de mis compañeros quienes quisieron cuestionarme por anticipado. ¿Qué iba yo a tratar aquí?, pero aquí viene. No es cuestión de números, señores, no es lo que estamos cuestionando, no venimos a analizar quién ganó, sino analizar la voluntad política de este gobierno. No nos preocupan nada más las elecciones del estado de Nuevo León del pasado 7 de julio; nos interesan las elecciones federales también del 18 de agosto, porque como antecedente de lo que pasó en Nuevo León, va a ser para todo México.
Ciertamente el estado de Nuevo León es diferente, por voluntad de una sola persona se ha vuelto una especie de segundo Distrito Federal al recibir un gasto público por persona muy superior al promedio nacional y tiene además una muy mala ley electoral, tuvo un proceso muy sucio con todos los posibles enunciados de un catálogo de trampas electorales con la sola excepción de las que implican violencia física; sin embargo tuvieron la habilidad de hacer todas ellas de escala limitada y el que no haya violencia física no implica que haya modernidad, como tanto la han programado. Modernidad debe ser voluntad política de respeto y limpieza electoral, limpieza electoral que ofrezca imparcialidad a todos los contendientes y eso no se ha dado.
El gasto público superior al promedio nacional que el partido del gobierno ha manejado con criterio político para su provecho, también lo ha hecho como ha manejado lo del Programa Nacional de Solidaridad, y la propia propaganda del Programa Nacional de Solidaridad está diseñada para apoyar más al partido del gobierno que al programa gubernamental, y si no, que nos expliquen por qué la trasmiten tan cercana a los anuncios publicitarios de dicho partido.
La modernidad también requiere limpieza electoral, que ciertamente implica legalidad, pero también moralidad y transparencia. Ciertamente en Nuevo León se cuidó la legalidad, pero sólo en apariencia; se permitió que caciques de colonia o de sección alteraran, pretendieran alterar o interpretaran la voluntad de sus vecinos. No hubo empacho en emplear métodos inmorales para convencer; hubo amenazas, advertencias y motivaciones para lograrlo; se ofrecieron ayudas especiales a cambio del voto, desde blocs de construcción hasta pintura.
La elección mostró cosas positivas; a pesar de todo hubo cosas positivas en Nuevo León. Este nuevo padrón que se estrenó en Nuevo León y que invitó a todo mundo a estrenar su credencial, realmente ayudó a reducir el abstencionismo. Se logró una gran participación ciudadana, mucho mayor que en elecciones anteriores; pero si como indica la tendencia habrá participado un millón de ciudadanos en las elecciones, quiere decir que un 50% de personas votaron más que en las elecciones de 1988.
El entusiasmo en las campañas electorales volvió a la población. Ellos se encontraban reticentes a participar después de haber sido reprimidos, gaseados y golpeados en 1985, cuando a los panistas se nos reprimió en la Macroplaza.
También logramos un acuerdo en la comisión estatal electoral, que si bien no fue cumplido por los presidentes de casilla, sí marca el camino para una nueva ley electoral local.
Además, el Partido Acción Nacional logró votaciones significativas donde antes no obteníamos votación alguna, incluyendo zonas aisladas como Agualeguas. Sin embargo nos sentimos obligados que para mejorar los próximos comicios, tanto de Nuevo León como en el resto de la República, tenemos que apoyar a los compañeros de Nuevo León y por eso exigimos que haya una nueva Ley Electoral local, que garantice verdaderamente la voluntad popular y que incluya al menos una organización electoral autónoma, que haya tribunales independientes, que contenga prohibición de actos de presión indebidos y que ordene la designación de funcionarios de casilla con métodos similares a los del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y no como ahora, por designación exclusiva de la Comisión Electoral.
Que la propaganda de "solidaridad" promueva efectivamente la solidaridad del individuo para con la sociedad y con sus miembros más desprotegidos, que no sea sólo propaganda política a favor de un solo partido.
Que el proceso federal del 18 de agosto sea en todo el país de una limpieza incuestionable y no como está cuestionada la elección de Nuevo León.
Que se acelere la entrega de credenciales y, por tanto, de las listas nominales de electores.
Y, finalmente, que se sancione a los delincuentes electorales en términos del Código Penal.
Estos cuatro últimos puntos no son sólo para futuras elecciones en Nuevo León; son condiciones necesarias para que podamos tener confianza en el próximo proceso electoral.
Ciertamente ya tenemos una Ley Electoral Federal, que consideramos el mínimo
indispensable para participar con confianza, pero de no cumplirse con las cuatro últimos puntos mencionados, la aportación a la democracia del pasado proceso electoral de Nuevo León, será inexistente.
Sólo aprendiendo de las fallas se puede enmendar el camino. Si el gobierno quiere verdaderamente democracia, que lo demuestre con hechos, como dice su propaganda política, pero yo lo precisaría en palabras sabias, más sabias de Mahatma Gandhi: "No dejen que las palabras hablen por ustedes, es mejor que lo digan sus actos". Muchas gracias.
El Presidente: - Para los mismos hechos, tiene la palabra el diputado Leopoldo Salinas y posteriormente el diputado Miguel Aroche Parra.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Con la venia del señor Presidente; compañeros diputados: Pido perdón por anticipado por no traer noticias positivas y quizá lo que exprese no pueda ser agradable para muchos de los presentes y quizá para otros a cientos de kilómetros de distancia.
Los trabajos que inició esta Legislatura tuvieron culminación en eventos importantes como fueron las modificaciones constitucionales electorales y la emisión del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Largas sesiones de trabajo tuvimos. Mucho se dijo y los Diarios de los Debates se abultaron en gran forma; desgraciadamente en esta tribuna y aunque se diga que son casos que corresponden al área de lo local, a los gobiernos de los estados, se han presentado reclamos, continua y constantemente, en relación con los eventos electorales y en todas se ha manifestado irregularidades que en los mismos eventos se han estado cometiendo.
Y precisamente llegó el turno a Nuevo León, a escasos 40 días de que se venga la elección federal, que será el bautizo de esa culminación, de ese Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la que por mayoría y no por unanimidad salí adelante, va a ponerse a prueba la misma. Pero resultó lo que tenía que resultar, desgraciadamente promesas existieron por parte del ejecutivo estatal y ratificadas por el Ejecutivo Federal, pero desgraciadamente estas promesas, como todas las buenas intenciones cayeron en el olvido, tenemos que saber que de promesas y de buenas intenciones están adosados los caminos que conducen al infierno.
Nuestro candidato a gobernador del estado de Nuevo León en un acto varonil, hizo un reconocimiento el día de ayer, en relación con el número de votación que existía en dicho acto eleccionario.
Y en un boletín de Prensa y en una entrevista que tuvo con los medios de difusión, reconoció que de acuerdo con los datos que tiene Acción Nacional de los resultados de las elecciones, éstas no le favorecen y que por lo tanto no ha obtenido el triunfo. Pero manifestó más adelante, enumeró en forma sucinta las muchas y muy graves irregularidades que se presentaron en este proceso, mismo que calificó como muy sucio y señalo multitud de irregularidades haciendo una enumeración de las mismas en forma general, en relación a violaciones a la ley y a los reglamentos y a los acuerdos en los que participó y que de antemano estuvo en muchas sesiones con los otros candidatos en la Comisión Electoral, con el presidente de la Comisión Estatal Electoral, mismos que fueron violados dentro del transcurso del evento, violaciones que representan una gravedad absoluta dentro de este proceso electoral y vamos a enumerarlas.
De antemano y quiero manifestarlo y así lo expresé a los compañeros de otro partido que se acercaron a preguntarme en relación con mi intervención, mi área es San Nicolás de los Garza, que es donde vivo desde hace muchos años. Conozco la población y de antemano estuve atento a todo el proceso del evento electoral.
Pero antes quiero manifestar lo que se preparó de antemano en relación, yo quisiera pedir a la Presidencia si me permite y pide la atención del auditorio, el poder hacer una exposición más completa en relación con el tiempo que se me tiene limitado, para que queden completamente informados de lo que sucedió.
El Presidente: - Prosiga, señor diputado.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Quiero manifestar que con anticipación hubo dentro del acto preparatorio las fallas a que ya se ha hecho mención en esta tribuna en relación con algo principal y vital como fue la credencial de elector, credencial de elector que en realidad si para el evento electoral del próximo 18 de agosto no están entregadas en su totalidad las credenciales, de acuerdo con lo que se está manifestando en las exposiciones, ¿cómo creen que estaría la entrega que se hizo en Nuevo León? Independientemente de que oficialmente se hayan manejado cifras, muchas credenciales se dejaron de entregar y miren el
sistema que se utilizó: al momento que se daba de alta un elector, se nos entregó una constancia para en su oportunidad recogerla. En el municipio de San Nicolás de los Garza, en diferentes áreas de colonias residenciales y colonias populares, se presentaron elementos que se dijeron miembros de la Comisión del Registro Federal de Electores y manifestaban que había habido un error dentro del registro y por tal razón solicitaban de la persona la entrega de la constancia para revisarla y al momento de que obrando de buena fe se les entregaban, les manifestaban: ¿me la permite señor, o señora, tenemos que hacer una modificación dentro de la computadora y se la traemos a la tarde?, y nunca regresaron con esas credenciales.
Además, el Secretario General de Gobierno y el delegado del Registro Federal de Electores, el primero José Natividad González Parraz y el segundo Roberto Villarreal Roel, siempre minimizaron que eran simples fallas el hecho de que las credenciales no pudieran entregarse con oportunidad, y además, cuando se manifestó y se expresó por parte del Partido de la Revolución Democrática que habían encontrado cerca del 15% del abultamiento dentro del padrón dentro del área del sur del estado, manifestaron que había sido errores de dedo.
Pero los problemas no estuvieron ahí, surgieron al momento de la elección y de ahí se comenzaron a generar una serie de situaciones tan graves como las siguientes: un problema principal que se inicia al momento de la elección, es de que los funcionarios que habían sido designados por la comisión municipal electoral no se presentaron a abrir las casillas y no fue un funcionario presidente, secretario, escrutador, no, fueron hasta los ocho funcionarios; hubo áreas en donde en ocho casillas de un distrito no se presentaron todos y eso alarmó el porqué o qué estaba sucediendo y nos encontramos con lo siguiente: hubo una casilla en la que se hizo la investigación, en la casilla 195 del fraccionamiento Estancia Minera, en donde estaba como presidenta designada por la comisión Marilín Alanís Campos y como suplente Rosa Irene del Bosque Rodríguez y ahí se presentó a las ocho de la mañana Melitón Martínez, quien a todos los representantes les dijo que traía el nombramiento de Presidente, y sin justificarlo instaló la casilla y así comenzó a operar.
¿Qué sucedió con esa estrategia en relación con que los funcionarios no se presentaran? La estrategia fue precisamente de que ningún funcionario se iba a presentar y automáticamente se presentaba o el representante o la persona que había sido designada previamente, pero sin que tuvieran conocimiento ni los partidos ni los representantes y hacía la integración o se presentaba el comisionado o el auxiliar y hacía una integración con personas inclusive ajenas a los representantes. Situaciones de esa índole le privaron en todas las casillas y en las votaciones.
Tenemos un listado publicado por un medio de difusión. El Norte, en donde se operó la misma operación que hubo en la elección presidencia, votaciones arriba del 100%, en donde se vacío totalmente el padrón.
Pero hay otra cosa muy importante, tenemos un distrito, el distrito XXI, que comprende el municipio de Escobedo, Nuevo León; Escobedo, Nuevo León, es un municipio compuesto casi en su mayoría por trabajadores y este municipio, que se agregó hace varios años al distrito XXI, comprende 64 casillas. Escobedo es un municipio que está teóricamente en poder de la Confederación de Trabajadores de México, así como estaba Santa Catarina, en Nuevo León, hace tres años.
Esta central obrera es la que tiene la característica de poner los ayuntamientos en el mismo y fue la que manejó los eventos o el evento electoral en esta ocasión.
Y para ser objetivo en relación con una de las votaciones que hubo en las casillas, le voy a manifestar lo que sucedió en la casilla 18 del Infonavit - Monterreal. De acuerdo con esta casilla, era presidente del mismo el señor Malaquías Ovalle Gutiérrez y como secretario Nicolás Ávalos Otelo.
Dentro de las votaciones que se hicieron, dio un resultado de 1 mil 151 votos, y al terminar publicaron el volante, a la salida de la casilla, dando un total esto de 544; el volante fue rechazado...
El Presidente: - Con toda atención, diputado Salinas, le rogamos concluya con su intervención.
El diputado Leopoldo Homero Salinas Gaytán: - Voy a terminar, compañero diputado, y, los hechos que traigo aquí quizá no termine en un par de horas. Pero voy a adelantarlos y de antemano, uno de las cosas que más se presentaron fue el que se jugó con la voluntad de los electores y se llegó a hacer lo siguiente: propaganda descarada en todas las casillas; un candidato a diputado local, el señor Roberto Campos, quien por cierto es un pillo y llegó inclusive a vender
una plaza para que se construyera el edificio del Partido Revolucionario Institucional en San Nicolás de los Garza, en su período de gobierno, se presentaba a hacer propaganda, juntamente con otras personas en las diferentes casillas y presentaba estas boletas, que eran para una rifa de un refrigerador, una máquina de coser y una televisión de color, exhortando a la gente para que votara por él.
Además, dentro de los movimientos de casilla que se hicieron en los diferentes sectores, aparte de los cambios de funcionarios, en los cambios de casilla, hubo la casilla 166 del distrito XX, que se cambio del domicilio de Tizoc 404, a Mixteca y Cacama de la colonia Azteca, y correspondía a la sección 164. Hubo una lamentable equivocación.
Otra, teníamos en las casillas, aquí tenemos la 130, donde el presidente de la misma, Saúl Rodríguez Rangel, era también el representante del Partido Revolucionario Institucional y así firmó las actas.
Tenemos esta otra, en Escobedo, en la cual la votación que arrojó las elecciones de gobernador, dio 886 votos en una y 886 votos en otra y sin embargo el padrón correspondía a 546 electores.
Es muy lamentable que esos hechos sucedan dentro de un pregonamiento de limpieza y que no hubo irregularidades; de antemano se han hecho las denuncias correspondientes, de acuerdo con las modificaciones al Código Penal que establece sanciones de los delitos electorales y además las impugnaciones correspondientes por parte de la autoridad electoral.
Esto, señores, se ha manifestado para que quede como constancia de que las elecciones en Nuevo León no fueron elecciones limpias como se pregonó y que esto ojalá no suceda en las próximas elecciones federales. Muchas gracias.
El Presidente: - Por cinco minutos, para hablar sobre este mismo tema, tiene la palabra el diputado Miguel Aroche Parra.
El diputado Miguel Aroche Parra: - ¡Miren! ¡Miren cómo me tratan!, ya me pusieron aquí que ya es tiempo.
El Presidente: - ¿Dígame, diputado Napoleón Cantú?
El diputado Napoleón Cantú Cerna (desde su curul): - Una moción de orden, señor Presidente.
Estaban registradas para intervenir en este debate, las diputadas Yolanda García de Vargas y María Elena Chapa. Yo le suplico que antes de darle turno al diputado Aroche Parra, le dé el que le corresponde a la diputada Yolanda García de Vargas.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Y, ¿por qué?, ¿en razón de qué?
En todo caso dígame a mí si yo cedo; que el Presidente sancione. Pero yo ya estoy aquí y no me voy a mover. ¡Este es el turno que me toca a mí!
El Presidente: - Diputado Miguel Aroche Parra, hay una solicitud expresa del diputado Napoleón Cantú...
El diputado Miguel Aroche Parra: - ¡La deniego!
El Presidente: - Que acaba usted de denegar, obviamente; continúe en el uso de la palabra el diputado Miguel Aroche.
El diputado Miguel Aroche Parra: - Como se sabe...
(Desorden.)
Peor para ustedes. Yo no vengo dispuesto ahora a reventar aquí. No vengo dispuesto. Como se sabe, Nuevo León, y en particular Monterrey, es un caso peculiar del éxito de la gran burguesía. No solamente ahí, sino en el país, un caso que demuestra sin apelaciones aparentes, al mismo tiempo la permanencia, el avance casi incontenible del viejo grupo conocido como "nostro grupo". Algo que suena bastante aproximadamente al "cosa nostra", regido por el viejo principio aquél de que "el fin justifica los medios".
Estas reflexiones volanderas se nos han ocurrido a la vista de cuanto pudimos observar este domingo en la gran ciudad que protege aún, ojalá que no llegue el momento en que los destruyan aprovechándolo como materiales de construcción, la protege todavía el Cerro de la Silla. Y en todo el estado, y que han sido la culminación lógica, de ninguna forma limpia, transparente y sin violencia, de las elecciones de este 6 de julio, tercer aniversario de la espectacular derrota de la contrarrevolución neoliberal gobiernista representada por el binomio tecnoburocrático formado por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas, ahora empeñado en decirse neoleonés, como en su tiempo un adelantado del neoliberalismo y del contubernio con
el gran capital, llegó a plantearlo diciendo en una reunión de los de "nostro grupo", en presencia del viejo Eugenio Garza Sada, que él había nacido en Guerrero, concretamente en Olinalá. Pero que por su idiosincrasia, se sentía regiomontano. Se trataba del general Juan Andrew Almazán, quien como se sabe, afrontó la aventura de querer ganar la presidencia de la República en las elecciones de 1940, claramente apoyado por las empresas petrolera expropiadas por el presidente Lázaro Cárdenas.
Como se sabe, en Nuevo León, contendieron en realidad tres fuerzas por la gubernatura y por el congreso local. Hasta esta vez, solamente habían dado la apariencia de disputarse el poder dos fuerzas: el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Es decir, que en Nuevo León se hacía aparecer como funcional del bipartidismo. Esta vez pese a todos los contratiempos, contra todas las incitaciones y propuestas buscando desmantelar la candidatura del licenciado Lucas de la Garza, postulado por el Partido de la Revolución Democrática, que llegó para quedarse...
(Desorden.)
Que quiéranlo o no, es una alternativa independientemente de los resultados finales del escrutinio total, una alternativa para hoy y en el futuro. Quiéranlo o no.
Le ruego yo al señor Presidente, que a los silbadores, a ver si se les da la tarea de que arreen vacas o chivos.
Quiéranlo o no, los grupos y fuerzas que tienen capturada a la sociedad neoleonesa, entre el bipartidismo que ha sido quebrantado fundamentalmente, no obstante los alegres porcentajes que han logrado anotarse el Partido Revolucionario Institucional, que no es sino el gobierno mismo: 62.2% y el Partido Acción Nacional: 33.8% Al fin y al cabo tal reconocimiento no compromete a nada, y los empresarios seguirán pululando, yendo de uno al otro de los partidos, contrarrevolucionario uno, reaccionario el otro; los dos proimperialistas, los dos comprometidos en el proyecto neoliberal y su política despiadada y brutal de salarios, precios, inversiones, deuda y Tratado de Libre Comercio.
(Desorden.)
Lo ocurrido en Nuevo León es la realidad misma a la que nos enfrentamos el 18 de agosto, si como parece no se variará la fecha de las elecciones nacionales; la misma que se evitará en otros estados para la elección de gobernador, con algunas variantes: ¿qué explicaría la presencia del Partido de la Revolución Democrática?
¡Salud!... que admitamos en Nuevo León no ha hecho sino empezar su organización fundamental.
A nosotros nos parece claro que todas las apelaciones y protestas que se presenten, más de 218 irregularidades fueron enlistadas en un registro parcial, todavía para la hora en que tuve que retirarme de las oficinas del Partido de la Revolución Democrática, entre las que aparecen casos como el de la casilla 16 en el Distrito I de Monterrey, en que los electores, en el pequeño recinto, una habitación particular, no podían, ya no digamos caber, sino que estaban verdaderamente apretujados; el personal de casilla no se integró nunca. En la casilla 74 del I distrito de Monterrey en que fue golpeado el representante general del Partido de la Revolución Democrática; el caso del I distrito en Monterrey también, casilla 114, cambiada de ubicación a la última hora en que no había funcionarios de la casilla, desde las 13.00 horas a las 17.00 horas, en las casillas 117, 160, 164, 121...
El diputado Arturo Osornio Sánchez (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - Permítame, diputado Aroche. ¿Dígame, diputado?
El diputado Arturo Osornio Sánchez (desde su curul): - Señor Presidente; ¿es tan amable en consultar al orador para saber si me acepta una pregunta?
El diputado Miguel Aroche Parra: - ¿Cómo? ¡No oigo!
El Presidente: - Diputado Aroche: ¿Acepta que se le formule una pregunta?
El diputado Miguel Aroche Parra: - ¡No acepto preguntas!
El Presidente: - No la acepta, diputado.
El diputado Arturo Osornio Sánchez (desde su curul): - Muchas gracias...
El diputado Miguel Aroche Parra: - Las casillas 117, 160, 164, 121, 101 y 94 no permitieron actuar a ninguno de los representantes de los partidos de la oposición, ni su presencia siquiera en el mismo I distrito de Monterrey.
En la casilla 130, del I distrito también, se repartió propaganda de los candidatos oficiales y no se permitió la presencia de representantes de otros partidos y de la Prensa. Eso mismo ocurrió en la casilla 132 del I distrito.
La casilla 145 fue cambiada y a las urnas les taparon la parte "dizque transparente".
El padrón de las casillas 79, aparece con muchas hojas y no consta en él el domicilio de los empadronados.
En las casillas 154, 155 y 140, 143 y 142 del II distrito de Monterrey, en las actas de instalación se anotó no el II distrito como era de esperar, sino como casillas del I distrito. ¡Seguramente que no para fines de caridad!
En la casilla 138 del II distrito de Monterrey no se usó tinta indeleble y tampoco se perforaron las credenciales de quienes ya habían votado.
En muchas casillas fue notable falta de boletas para votar. En muchas otras, como en el caso de la casilla 134, del II distrito de Monterrey, abierta y francamente se estuvo induciendo al voto de parte del mismo presidente de casilla, por otros funcionarios de la misma y por agentes del Partido Revolucionario Institucional. Celosos de su deber.
Casi en ninguna parte se garantizó la privacía de los electores.
Casilla 78 del IV distrito de Monterrey. Aquí se acabaron las boletas, corrieron a los representantes del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Y aceptaron, como en otras muchas casillas, que la gente votara acreditándose con talones de recibos del pago de luz u otros. Elementos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos rodearon la casilla y no permitieron que nadie entrara al recinto.
En muchas casillas estuvieron presentes "se trataba de priístas" personas ajenas al personal e intervinieron suplantando a los funcionarios de las casillas y fue notable la actitud arbitraria y provocadora de los cetemistas en todas partes.
No acabaría, sin intentase relatar todos los casos. Pero lo notable, ésta es la "sábana" en que se registran parte de las irregularidades! ¿Podemos medirla por metro? Lo verdaderamente importante ocurrió antes en la confección del padrón, en el reparto no de credenciales de electores, en la entrega tardía de las listas electoral, en la integración del personal de casillas y en la cínica y generalizada intimidación, uso de amenazas de todo tipo y medidas de castigo aplicadas por el gobierno y el Partido Revolucionario Institucional en contra de los disidentes. Para impedir que nadie, entre otras cosas, aceptara representar a ningún partido que no fuese el Partido Revolucionario Institucional, y particularmente al Partido de la Revolución Democrática.
Pero claro que ese tipo de procedimientos no sólo no son punibles para los priístas y para el gobierno, sino que merecen premio, como han merecido premio cuantas acciones manipuladoras se emplearon hasta ahora por los llamados ingenieros cibernéticos electoral.
En realidad el gobierno alienta, emplea y premia a toda clase de delincuentes electorales o no, incluso asesinos como puede verse de que no sepamos a estas horas quiénes asesinaron a Ovando y a Gil Heralde, el 2 de junio de 1988.
¡Sí, hace mucho tiempo que ocurrió esto. Y es una antiguaya referirse a ello, según el que se queja por ahí o aúlla como coyote!
Que anden sueltos todos los asesinos de más de 100 perredistas, de seguidores de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano..
(Desorden)
Incluidos los casos más recientes en Hidalgo, en Guerrero, en Sinaloa, en Morelos y uno de los más escandalosos como es el de Chihuahua, en la persona del doctor, periodista y combatiente por la democracia y por la dignidad de todos los hombres: ¡Víctor Manuel Oropeza!
La conclusión sería que el gobierno, este gobierno de Carlos Salinas de Gortari, como luego se dice no tiene voluntad democratizadora, pero ya, yo diría, que sin cambio tal actitud ha sido ratificada a cada instante, habiéndole elevado a la categoría de filosofía de la usurpación, no importa el cambio democrático, lo que interesa es el cambio, esto ha dicho Carlos Salinas en diferentes momentos y partes y acaba de repetirlo en su visita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, frente a Gorbachov, que parece envidiarle a Salinas su capacidad para depredar a nuestra patria, para subastarla, lo que queda en pie es su dicho, "Tenemos el poder y quítennoslo si pueden".
Y una última anotación, casi marginal, como corresponde a todos los otros partidos, cuya votación los muestra tal como son o como han vuelto a ser, después de sus enjuagues con el gobierno de Salinas, por este camino nada les
valdrá que el gobierno quiera mostrarse agradecido con ellos, ni así podrán conservar su registro y su vaquita para ordeñar, que lástima, cuando la ruta está a la izquierda y es el camino de la gran unidad antiimperialista, patriótica, popular y verdaderamente democrática. La lección de 1988 es muy reciente, como para poderla olvidar. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Yolanda García de Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Yolanda García de Vargas: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Yo considero que las recientes elecciones celebradas el 7 de julio, en mi estado, Nuevo León, superan en mucho a otros procesos electorales celebrados dentro del mismo estado y en otros estados de mi país.
¿Por qué la superan? Las mejoran, indudablemente porque nos hemos venido modernizando y avanzando en nuestra democracia, al hacerlo lógicamente que siempre se pretendió adecuar las leyes a los avances del propio partido, de ahí que en Nuevo León se pretendió hacer un nuevo Código Electoral y que nosotros fuimos los primeros en lamentar que éste no llegara a su fin.
Realmente hubo mucha disposición para adecuarlo a las nuevas circunstancias, ojalá que la próxima Legislatura, que está por llegar, lo logre, porque realmente sí coincido con quien manifestó que se hace necesario ese nuevo código, el propio candidato a gobernador pretendió posteriormente reformar, por lo menos, dos artículos para dar una mayor apertura al proceso, éstos fueron el 89 y el 91, él pretendía que los funcionarios no tuvieran la necesidad de vivir en la sección, los representantes de candidatos y de partido no fueran necesariamente de la sección donde iban a ser representantes, y no prosperó.
También propuso que los funcionarios fueran por insaculación. Y también, desafortunadamente, se recibió un rechazo.
Pero como los candidatos al gobierno de Nuevo León son gente que yo les considero mucha madurez política, son gente que demostró solvencia moral, ellos, entre sí, lograron un consenso y llegaron a acuerdos que realmente enaltecen al proceso.
Se lograron 21 puntos de acuerdo que definitivamente yo considero enriquecieron mucho el proceso electoral. Esto benefició, lógicamente, a todos los contendientes.
Efectivamente, yo considero y estoy de acuerdo con quien manifestara que no se viene a discutir quién ganó las elecciones en Nuevo León, sino cómo se desarrollaron los hechos.
Creo y aquí avalo la conducta de los medios de difusión de mi estado y nacionales y en una manera acertada han estado expresando sus criterios y la corriente nos ha favorecido dentro de la objetividad y profesionalismo con los que ellos se han manejado. Fueron tan acertadas, inclusive hasta las propias encuestas que estuvieron haciendo, que resultaron apegadas a la realidad. Entonces nosotros nos sentimos tranquilos.
No quiero con esto decir que no haya habido alguna que otra irregularidad, pero también tenemos que ser muy honestos y darnos cuenta que las irregularidades no vienen nada más del partido triunfador. Las irregularidades nos llegan, en muchas ocasiones, de todos los que nos involucramos en un proceso electoral. Lógico, son gente que actúa, no porque estén avaladas por el partido que representan, sino que actúan porque en algún momento les gana la pasión. Entonces qué bueno que haya organismos electorales competentes en el estado para que se diriman dentro de esos organismos y se resuelvan las diversas denuncias que indudablemente ya deben haber sido presentadas. Y qué bueno que los propios organismos, la propia Constitución y la ley nos dan la oportunidad de agotar no una instancia, sino una, dos o tres, y llegar a soluciones que definitivamente favorezcan a todos.
A mí me parece como quisiera que es importante que dentro de esas irregularidades que se han estado mencionando, éstas, una vez que se resuelvan, no vendrán de ninguna manera, como ya lo expresó el candidato del Partido Acción Nacional, a cambiar en sí el resultado de las elecciones. ¿Por qué? Porque no son del todo trascendentes.
Deseamos, igual que todos ustedes, que la situación mejore cada día, que la cultura política de nuestro pueblo neoleonés, sea cada día superior. Lógicamente, ¿verdad?, que entre 2 mil 111 casillas que funcionarios pues algunas irregularidades tenían que ser, pero fueron mínimas.
Tenemos que entender que dentro de los puntos de acuerdo hubo cosas muy importantes, como el hecho de que las boletas fueran firmadas o bien llevaran una seña, y nadie sabía en la mesa quién las iba a firmar, porque hasta la hora de
la instalación de la mesa, por insaculación uno de los integrantes de la misma, sería que tuviera el trabajo de estarlas firmando. Entonces eso le dio mayor credibilidad. No podemos llegar a sentirnos mal por un proceso que realmente para mi gusto y para los de mi partido sí representa un verdadero avance democrático.
Desde los inicios del padrón electoral en Nuevo León, se le puso a éste mucho esfuerzo, mucha atención, mucho respeto y respondió con mucha responsabilidad de parte de los ciudadanos porque de 1 millón 700 ciudadanos de Nuevo León que están en edad de adultos para ser empadronados, pues empadronados 1 millón 564, y de este millón 564 solamente 150 no recogieron su credencial. Cosa que lamentamos mucho, pero al mismo tiempo, desde este momento, nosotros exhortamos al que no las recogió a que lo hagan, ¿verdad?
Creo que el pluralismo en Nuevo León se ha fortalecido, los apoyos económicos...
El Presidente: - Diputada Yolanda García, permítame un segundo. ¿Dígame, diputado Díaz Pérez Duarte?
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - Disculpe, una precisión. Pero yo creo que no se puede recargar la responsabilidad del gobierno en los ciudadanos. Usted no puede decir que...
El Presidente: - Permítame, diputado Díaz Pérez Duarte.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - Disculpe, perdón, señor Presidente, es una precisión a la oradora.
El Presidente: - No, o no es una moción de orden o es una pregunta que usted le quiera formular. Dígame el término.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte (desde su curul): - Entonces, me apunto para rectificación de hechos.
El Presidente: - Continúe, diputada.
La diputada Yolanda García de Vargas: - Pues solamente... yo le voy a suplicar a la diputada Sarre que sea más respetuosa con el orador, que considero que nadie la tiene aquí a fuerza puede abandonar el salón cuando lo considere conveniente.
(Desorden.)
Se entregó el 90% de la credenciales, como les decía yo a ustedes, y sobre los casos concretos, solamente quiero repetir con todo respeto, que vamos a dejar a que los organismos electorales correspondientes dicten su resolución en el momento oportuno y ya tengamos todos la tranquilidad de Nuevo León definitivamente bien puede ser un ejemplo, un ejemplo de avanzada democrática para todo el país. Ojalá que allí lo lleguen a considerar y que esta cultura política de la que yo hablo, nos llegue a todos los mexicanos, porque yo siento realmente que fue un reto que se fijó nuestro Presidente, el licenciado Carlos Salinas de Gortari y también considero que el papel desempeñado en Nuevo León ha sido muy positivo, porque en un estado donde inclusive se reformó o se adicionó el Código Electoral, para determinar lo que son delitos electorales en materia penal.
Entonces, yo creo que debemos de ver mucho los avances y congratularnos de ello y pues realmente felicitamos a quien en buena lid participamos de alguna manera en este proceso electoral, que debe dejarnos un buen sabor de boca a todos los mexicanos y ser ejemplo para muchos que están próximos a llegar. Muchas gracias. (Aplausos.)
Presidencia del diputado Víctor Manuel Carreto Fernández de Lara.
El Presidente: - Para rectificación de hechos, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte.
El diputado Alejandro Díaz Pérez Duarte: - Con su permiso señor Presidente: Pedí la palabra para rectificación de hechos por dos razones, la primera ya no pensaba yo tratarla, pero la segunda me obliga a hacerlo.
La persona que me antecedió en el uso de la palabra, dijo que los ciudadanos no habían recogido su credencial. Yo creo que no se puede recargar la responsabilidad del gobierno en los ciudadanos. El gobierno tiene la obligación de entregarla, no los ciudadanos de recogerla, debe ser complementaria, pero la responsabilidad es del gobierno, no a la edad.
La segunda cosa es que hablan de la pureza. Lo que pasa es que no se han analizado los datos; yo revisé 25 actas únicamente, de esas 25 casillas, las 20 actas de la elección de diputados locales coincidían con el número de electores, pero de esas 20 no coincidían las boletas de la elección de gobernador. En todos los casos, en 20 de las 25 casillas que analicé del II
distrito, había mis boletas para elección de gobernador que votantes en la casilla. Eso va a salir seguramente en la Junta Calificadora y seguramente van a aparecer muchos de los trucos que aún no le henos puesto en claro, pero no digamos que fueron claras las elecciones, porque no lo fueron. (Aplausos.)
El Presidente: - Para los mismos hechos tiene la palabra el diputado José Luis Luege, por cinco minutos y en turno el diputado Jorge del rincón.
El diputado José Luis Luege Tamargo: - Gracias, señor Presidente: Para referirme a algunos hechos sobre las elecciones pasadas en el estado de Nuevo León. Ante todo debemos y reconocemos nosotros que la contienda electoral fue estructuralmente desigual, ¿por qué decimos estructuralmente desigual? En primer lugar por el derroche de miles de millones de pesos del pueblo neolonés, del pueblo mexicano. En campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional.
En segundo lugar por el uso indiscriminado de los medios masivos de comunicación a favor de un solo partido.
En tercer lugar por la reconstrucción del corporativismo sindical en un sistema que debiendo alejarse hacia formas más modernas y dignas de organización respecto de la propia dignidad de los trabajadores, siguen forzando y cuestionando hacia posiciones políticas mediante el engaño y el abuso de la fuerza sindical.
En cuarto lugar por la violación flagrante de los derechos humanos por parte de líderes, de caciques que condicionan las ayudas y los apoyos del gobierno a los votos precisamente del Partido Revolucionario Institucional.
Y, en último lugar, porque evidentemente se dieron hechos innegables que demuestran que si bien la postura de las autoridades electorales fue abierta y de franco acercamiento a la oposición para lograr acuerdos que superaran a la ley vigente electoral en el estado de Nuevo León, en la práctica no lo fue.
Como todos sabemos y los que estuvimos presenciando las elecciones, se firmó un acuerdo con anterioridad ante la Comisión Estatal Electoral misma que se publicó en los principales diarios de Nuevo León, que todos los que asistimos la conocimos y la leímos.
Sin embargo, el mismo día de la elección comprobamos con indignación, desde el inicio mismo del proceso, que muchos funcionarios de casilla no conocían ese acuerdo. En el material que llevó a las casillas no existía una copia de dicho acuerdo y entre otras cosas, para mí la más importante de este mismo acuerdo, era que se prohibía o no se permitiría, para ser más claro, el votar sin la credencial de elector y tampoco se permitiría votar si no estuviese en la lista del padrón de dicha sesión.
Como pudimos constatar, en varias casillas se permitió votar sin credencial de elector y en muchas otras se permitió votar a personas que no estaban listadas en el padrón electoral. Simplemente como un ejemplo que constaté personalmente, la sesión 34 del I distrito de Monterrey donde más de 200 personas votaron sin estar en listas adicionales, lo cual está plenamente documentado y está impugnada dicha casilla.
En otras casillas se demostró la tremenda resistencia y la inercia de la subcultura del fraude electoral y lo vimos y lo constatamos por parte de las que se llaman jueces auxiliares que en alguna de las casillas se presentaron con nombramientos apócrifos de presidente expulsando a los legítimamente nombrados y haciéndose dueñas y señoras de dichas casillas.
Pero a nuestro juicio, el mayor problema en estas elecciones es el exacerbamiento del presidencialismo. En Nuevo León da la impresión que la figura del presidente llena Plenamente la figura del Partido Revolucionario Institucional, es indudablemente el estado predilecto, ahí los fondos llegan a carretadas y qué triste y qué alejado de la modernidad y de la pluralidad y de la imagen que queremos dar al exterior, el ejemplo de Agualeguas donde nadie fue el valiente que se atreviera a estar como representante de partidos de oposición en las casillas.
No se atreven compañero, no se atreven, la presión en las casillas tienen que dar de este lado para sentir la presión en las casillas.
Pero la realidad, la realidad y el reconocimiento en las cifras de que efectivamente hay una victoria a favor del candidato a gobernador, no quita el gran triunfo de la oposición, que implica ante esta evidente desigualdad estructural en la contienda electoral, un alto número de votos, aún en lugares donde tradicionalmente no se pensaría que hubiera votos a favor de la oposición y particularmente de mi partido, el Partido Acción Nacional.
Esos votos conscientes, esos votos que no se venden por los fondos del Programa Nacional
de Solidaridad o que no se venden por unos cuantos ladrillos o que no se venden por la obtención de créditos o que no se venden por las grandes concesiones del gobierno en materia de comunicación o de industria o de la banca, esos votos cambiarán a México.
¿Por qué decimos y por qué aseguramos que esto representa un triunfo para la oposición? Porque la presencia de la oposición logrará un Poder Legislativo auténtico que promoverá, en primer lugar una nueva ley electoral en el estado, como aquí lo reconoció la compañera que me antecedió también en el uso de la palabra, por que ese Poder Legislativo auténtico es un motor equilibrador del presidencialismo. Nada más alejado de la modernidad que un desequilibrio en el que todos los poderes se concentran en una sola persona, la omnipresencia, la omnipotencia de una sola persona es definitivamente nocivo y es definitivamente un efecto dañino para México, que es el efecto del partido - gobierno otro aspecto importante y con esto concluyo...
El Presidente: - Le ruego, señor diputado, concluya con su intervención, ha terminado su tiempo.
El diputado José Luis Tamargo: - Sí, voy a terminar, Un hecho que no se ha tocado y que quiero mencionarlo, es que el fraude electoral que siempre ha sido una entelequia nunca pensada en el terreno judicial, hoy por primera vez vimos a delincuentes electorales en la cárcel. Es increíble y esto nos demuestra la increíble resistencia que existe en nuestro sistema político, que ningún agente del ministerio público conoce siquiera que existen los delitos electorales, es verdaderamente difícil, casi imposible ir a denunciar un delito electoral, y en Nuevo León, hay delincuentes electorales que por lo menos ya estuvieron un rato en la cárcel.
Por eso decimos que existe un verdadero triunfo de la oposición, que acaba con la absurda y demagógica política de carro completo. Vivimos un sistema plural que todos debemos de reconocer, y si aspiramos a una convivencia pacífica, donde haya respeto a los derechos humanos, hemos de reconocer que requerimos esas formas más democráticas y más dignas de nuestro México. Gracias.
El Presidente: - Para los mismos hechos, por cinco minutos tiene la palabra el diputado Jorge del Rincón.
El diputado Jorge del Rincón Bernal: - Señor Presidente; honorable asamblea: No pensaba referirme a ningún hecho, a ninguna irregularidad, porque durante el Colegio Electoral oímos hablar millones de esas irregularidades y ahorita se han tratado muchas de ellas. Sin embargo, la compañera diputada del Partido Revolucionario Institucional asegura avance democrático y por eso quiero referirme a un hecho que relata el periódico de mayor circulación de Monterrey. Quisiera pedirle al señor Presidente que instruyera al secretario que leyera este párrafo pequeño.
El Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura al párrafo solicitado por el señor diputado Del rincón.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: Sí, como no.
"Un inusitado grado de fervor ciudadano parece ser el rasgo más distintivo de la presente jornada electoral. Millones de votación hasta 14 veces superior al padrón oficial se registraron en las elecciones de ayer en Nuevo León. De acuerdo con los cálculos realizados por El Norte con base en las votaciones de ayer en los datos del padrón proporcionados por el Instituto Federal Electoral, 20 casillas de entidad tuvieron niveles de votación superiores al 100% del padrón.
El caso más notorio es el de la casilla 72 del distrito local V de Monterrey, ubicado en Pino Suárez y Matamoros, donde sólo había 39 personas empadronadas contra una votación de 547."
El diputado Jorge del rincón Bernal: - Otro hecho que también pues me parece que es reprobable, es que entramos en la casilla número 12 del distrito XVIII, varias boletas, como éstas cruzadas por el Partido Revolucionario Institucional, que son completamente apócrifas, porque los colores ni siquiera corresponden.
Pero voy a ser honrado como ella nos pedía que fuésemos. Porque no es posible tampoco asegurar que estos hechos hayan sido definitorios para los resultados de las elecciones. Lo único que demuestran, es lo que decía Alejandro Pérez Duarte, que no hay la menor voluntad política para mejorar esta afirmación, no hay la transparencia. Podíamos hablar de Salinas - Troika pero no de Glasnot.
Quiero suponer que todas las irregularidades hayan sido irrelevantes, es decir, no determinantes en los resultados, pero lo que no es irrelevantes y por lo tanto, es definitivo, es la brutal
diferencia de medios y circunstancias en las que se contiende.
Un partido político normal, democrático, que juega limpio, apegado a la ley, frente a un instrumento electoral de un régimen autoritario que utiliza, sin medida y sin rubor, todos los recursos del estado, a nivel municipal. estatal y federal, entendiendo por recursos, no sólo los económicos sino los humanos, logísticos, materiales, sicológicos, de comunicación, entre los más descarados y directos hasta los subliminales y aún más deleznables, como el envilecimiento de la gente humilde, que se le ofrecieron tamales a cambio de votos. Y la oferta brutal, corruptora de dinero a representantes de los partidos de oposición para comprarles su complicidad.
Así las cosas, los resultados electorales no son sino la consecuencia ineludible de una maquinaria monstruosa, perversamente implementada, para aplastar al oponente, sin reparar en los medios, sean lícitos o ilícitos.
Los votos priístas, son pues prefabricados. Son productos de todo: el miedo, el chantaje, la intimidación, la opresión y el fraude, pero no de la convicción profunda que desea la democratización y el bien común.
En estas condiciones el detentar el poder, el compartirlo o alternarlo, no resulta un mérito sino un oprobio, y hay que tomar conciencia que se está obstaculizando el proceso evolutivo para lograr la democracia. Se están violando los preceptos fundamentales que establece nuestra Constitución para que México sea como lo establece el artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República Representativa, Democrática y Federal.
O el 39 que habla que la soberanía reside original y esencialmente en el pueblo, o el 49 que habla de la división de poderes.
Con esta actitud tan cerrada tan sectaria y tan golosa de poder, nos estamos quedando como país, políticamente hablando, fuera de la comunidad internacional, y por eso los títeres como Endara, nos tratan y nos pintan de defraudadores, y también los intelectuales como Vargas Llosa nos pinta de dictadura perfecta y democracia represiva.
Termino, pero para nosotros, esto no nos debe desalentar. Quiero terminar diciendo las palabras de uno de nuestros fundadores a este respecto que decía que: nunca es estéril el esfuerzo de los pueblos por su liberación.
Ese esfuerzo tiene un valor y una justificación en sí mismo. Que el fraude, la rapiña, la violencia, la opresión, la intimidación y el chantaje, son en la historia presencia constante, son insurrecciones amenazantes, peor no prevalecerán contra el espíritu, no lograrán suplantarlo como el motor decisivo del destino humano. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hablar sobre los mismos hechos la diputada Sarre, de Acción Nacional tiene la palabra.
La diputada Leonor Sarre de Guerrero: - Señor Presidente; compañeras, compañeros: Estaba esperando que ascendiera a la tribuna la candidata a senadora María Elena Chapa, pero como vi las señas de que no iba a subir, entonces me adelanto, a ver si con la alusión personal sube.
Lo que sí puedo decir es que estoy orgullosa del estado de Nuevo León en el que me forme y crecí, y ahí, a ese estado, por recuerdo de mi adolescencia, de mi niñez regresé ahora en las pasadas elecciones.
Quiero decirles que ahí me dio pena ver un estado que se llama el primer estado industrial de la República, en Escobedo, Nuevo León, existe raquitismo que no se da en Tamaulipas, y de esa hambre y de esa miseria provocada por el feudo cetemista de un señor que de caballero no tiene más que el apellido, de ese señor abusaron ustedes a través del pueblo. ¿Cómo?, había personas ahí a las cuales se les notaban las manchas en la piel de hambre, de falta de empleo, personas que no tenían con qué cubrirse; lógicamente hacía mucho calor, no importaba, pero esas personas pregúntense ustedes que se ponen en invierno.
Independientemente de la ropa o la no ropa, yo considero inmoral lucrar primero con la falta de empleos, con el hambre, con la enfermedad, con al miseria, y luego comprarlos por una bicoca; un individuo vale mucho más que eso.
La lidereza de la colonia Las Malvinas, entre ellas una tal Blanca Martínez, esa persona estuvo entre las casillas 22 y 23 controlando a la gente, y yo me preguntaba ¿cómo es posible que tenga todavía grupo aquí, en la colonia ésta tan maltratada, para poder respaldar el fraude que está haciendo?
Salía, era secretaria de la casilla, y sin embargo salía de la casilla padrón en mano a tocar a la puerta; tú no has ido a votar, sal o ya sabes lo que te va a pasar.
Sin embargo muchas personas en ese día de todas maneras no votaron, y sin embargo hubo votación por partidos políticos, ahí en donde no hubo ningún representante de casilla porque tenían miedo, porque dijeron: yo voto por ti, pero no puedo estarme todo el día allí por las represalias posteriores.
Esa Blanca Martínez, como les decía, padrón en mano salió de casa en casa y fue a sacar a la gente, en la noche por supuesto todavía a la una y media de la mañana estuvo repartiendo gente en las peseras. Un tal Pancho "el Güero", con una pesera de tal nombre, se quejó de que a él solamente lo habían contratado por servicio de un día para cargar gente y era otro, y al final la amenaza fue: si no te quedas ya sabes lo que te pasa, vas a perder la pesera.
Yo quisiera que María Elena Chapa, que Yolanda Vargas checaran esta boleta electoral, esta fotocopia de una boleta electoral de las que hubo muchas, repartidas en todo el estado de Nuevo León, en donde está borrado el logotipo del Partido Acción Nacional, y que me pueda decir Sócrates Rizzo si es tan inmaculado como cuando lidió en la línea Liga Espartaco. Gracias.
INVITACIÓN
El Presidente: - Proceda la secretaría a dar lectura a una invitación de la honorable Cámara de Senadores.
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
«Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - Presentes.
La honorable Cámara de Senadores, en sesión celebrada hoy tuvo a bien aprobar a propuesta de los ciudadanos senadores integrantes de la comisión "Medalla Belisario Domínguez", entre otros el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Invítese a la Cámara de Diputados para que designe una delegación que concurra a la sesión solemne que en su oportunidad llevará a cabo este año el Senado de la República para conmemorar el sacrificio del senador Belisario Domínguez, solicitándole se sirva designar un orador para participar en dicha sesión.
Nos permitimos comunicar a ustedes lo anterior a efecto de que tenga a bien dar cuenta a ese Cuerpo Legislativo de al cordial invitación que por este medio formulamos, para que una comisión de ciudadanos diputados asista en su momento al desarrollo de dicha sesión solemne. Asimismo, rogamos a ustedes designar a un orador para que en esa ocasión haga uso de la palabra y se refiera al ilustre senador chiapaneco desaparecido.
Reiteramos a ustedes la seguridades de nuestra consideración atenta y distinguida.
México, Distrito Federal, a 8 de 1991. - Senadores secretarios: Eliseo Rangel Gaspar y Jorge Adolfo Vega Camacho.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta honorable Cámara, se designa a los siguientes diputados: Socorro Díaz Palacios, Sami David David, Augusto Gómez Villanueva, Pedro Alberto Salazar Muciño, Luis Alberto Delgado Esteva, Ignacio Castillo Mena, Roberto Jaramillo Flores, Rubén Venadero Valenzuela, Juan Jaime Hernández, Javier Culebro Siles, Javier López Moreno, Arely Madrid Tovillas, Leyber Martínez González, César Ricardo Neumann Escobar, Antonio Pariente Algarín Humberto Pulido García, Nepthalí Rojas Hidalgo, Romeo Ruíz Armento, Margarito Ruíz Hernández, Alexander Santos Alvarez, Abigaíl Cruz Lázaro y Heray Lescieur Molina.
SOBRE DERECHOS HUMANOS
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Ávalos Lemus, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar sobre los derechos humanos en México.
El diputado Gerardo Avallos Lemus: - Gracias, señor Presidente: Lo primero que quiero es agradecer a los señores diputados que ya se van a retirar, que se retiren. La segunda es que en obvio de lo largo que ha sido esta sesión y lo cansado que estamos todos, en este punto el partido deseaba precisar un balance sobre lo que ha sido la defensa y los derechos humanos en los tres años del ejercicio de la LIV
Legislatura, presentar un documento que fija la posición de nuestro partido. Si escuchó, es muy preciso respecto de los derechos humanos, no respecto de lo que ha sido el funcionamiento de la LIV Legislatura, sino estoy hablando de lo que para el Partido de la Revolución Democrática ha sido la situación de los derechos humanos en México en estos tres años, que también ha tenido ese ejercicio esta Legislatura.
Quiero dejar aquí, para que se asiente en el Diario de los Debates este documento, en el que se refiere a una serie de detenciones, desaparecidos, secuestrados, torturas, petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al propio Presidente de la República, intervenciones para indulto, y que en su oportunidad en la Comisión de Gestoría y Quejas y de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, habremos de presentar, en los cuales damos una estadística de lo que representa el estado cancelario, los procesos penales, las detenciones ilegales y otros aspectos.
Agradecemos su atención, y por obvio de la fatiga, aquí lo dejamos.
«México, D. F., 26 de abril de 1991.
Señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. - Presente.
Por este conducto me permito felicitarlo por su brillante gestión en su digno cargo, así como desearle los mejores parabienes en el desempeño de sus funciones como la máxima autoridad en México.
En consideración a la preocupación por el...(ilegible)... de los mexicanos, por usted manifiesta indistintamente en...(ilegible)... más atenta, tenga a bien intervenir en los diferentes asuntos...(ilegible)... humanos, girando las órdenes que considere prudentes a las autoridades correspondientes, para el esclarecimiento de los hechos y aplicación exacta del derecho.
En atención a lo anterior, me permito denunciar atropellos y vejaciones llevados a cabo por la Policía Judicial de los estados de Hidalgo y Tlaxcala, Academia de Policía de Tlaxcala, la policía municipal de Hidalgo, policía y tránsito municipal de Tlaxcala e Hidalgo, bomberos y azules de seguridad pública, a bordo de patrullas y camionetas, en contra de un grupo de campesinos de la comunidad de Veloz, municipio de Apan, estado de Hidalgo; quienes fueron desalojados de terrenos...(ilegible)... propias de nuestra policía judicial, en la cárcel pública del municipio de Apan.
Tengo especial interés de hacer de su...(ilegible)..., los cuales permanecen detenidos hasta el día de hoy, mismos que han sido sometidos a torturas físicas y morales, de manera especial...(ilegible)...ellos menores de edad, Higinio Manzano Sánchez, Rosalía Hernández Sánchez, Miguel Tapia Lozada, Julián Corrales Silguero, Enrique Ramírez Flores y Teodoro Tapia Olvera.
De la misma manera solicito su intervención en el juicio incoado en contra de Isidoro García Campos, quien se encuentra recluido en la prisión de Sayula, Jalisco, desde el cinco de junio de 1990, acusado de un delito que no cometió.
Anexo al presente una lista de los juicios en los cuales exigen flagrantes violaciones a las garantías constitucionales.
Expedientes, procesados y delitos: 15/09 - c Ramiro Placencia Hernández, homicidio calificado y daño en las cosas; 6/90, David Yáñez robo, despojo y daño de las cosas; 29/89, Miguel Yáñez Gómez, despojo; 27/90, Isidoro García Campos, homicidio, lesiones, robo, injurias, extorsión; 259/89, Miguel Yáñez Gómez, Enrique Yáñez Jiménez, contra la salud; 30/90; Justino Barajas Toscano; Inocencio Barajas Hernández, Francisco Hernández Almaraz, J. Jesús Hernández Almaraz, L. Guadalupe Ramos Garibay, Pedro Gutiérrez Guerrero, José Gutiérrez Cortez, despojo y daño en las cosas.
Sin otro particular de momento, aprovecho la ocasión para ponerme a sus órdenes en el 4o. piso del edificio "B", Cámara de Diputados, San Lázaro, Colonia del Parque, México, Distrito Federal, con número de teléfono 542 - 27 - 96 y 795 - 40 - 50.
Atentamente
P. A. Ovancy (?) Bautista Hernández. *
*Se anexa también, copia de un ocurso dirigido al doctor Jorge Carpizo Mc Gregor, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con la lista de los expedientes que se mencionan en el primer documento.
El Presidente: - Inscríbase en el Diario de los Debates, para hechos tiene la palabra el diputado Sánchez López.
El diputado Espiridión Sánchez López: - Para los mismos hechos, señor Presidente, y en la misma forma en obvio de tiempo y del cansancio que se refleja en los compañeros diputados, pido que mi intervención y análisis estadístico sobre la impartición de la justicia en los penales de Baja California Sur, sea incluido en el Diario de los Debates. Muchas gracias.
«Con su venia señor Presidente Tal parece que la capacidad de asombro de esta asamblea se ha perdido por completo y muchas denuncias como la presentada aquí por el compañero Gerardo Ávalos ni siquiera nos mueve a un poco de atención mucho menos a un poco de reflexión. A pesar de esto, responsabilidad es de todos nosotros seguir insistiendo, seguir utilizando todos los foros a nuestro alcance para hacer este tipo de denuncias.
Decía José Vasconcelos que denunciar un injusticia era el primer paso para empezar a combatir y en muchas ocasiones independientemente de los resultados obtenidos debemos seguir insistiendo.
Señor Presidente, traigo aquí un análisis estadístico de un estudio realizado en el centro de readaptación social de Ciudad Constitución durante los últimos 10 años.
Este estudio revela una cantidad exagerada de encarcelamientos injustificados que en los últimos 4 años llega al 48 por ciento del total de las detenciones, es decir; casi la mitad de las detenciones se han hecho sin meditar orden de aprehensión y en la mayoría de los casos a estos detenidos no se les determina su situación jurídica como marca la ley, sino que culpables o inocentes y en su mayoría inocentes se les deja en un compás de espera tiempo en el cual se les presiona, se les atemoriza, se les tortura física y psicológicamente hasta lograr por fin la extorsión, a través de la cual quedan libres.
En el desarrollo de este trabajo se detectó un comportamiento irregular, anómalo, de los ingresos y de las sentencias dictadas por los tribunales locales, los porcentajes de sentencias dictadas en relación a los ingresos del penal decreció de un 42 por ciento en 1982 a un 6.2 por ciento en 1989 comportamiento que revela la magnitud de los regazos en la impartición de la justicia, a pesar de que las autoridades responsables han tratado en la Prensa de minimizar estas injusticias solapando, tal vez ineptitud, negligencia y corrupción.
Por otra parte, se sospecha que las mismas irregularidades que aparecen en ciudad Constitución se extienden por todo el estado de Baja California Sur, debido a que tanto judiciales como agentes del Ministerio Público y los jueces han sido rotados o intercambiados constantemente de plaza o jurisdicción, y el mismo patrón de conducta puede presentarse en otras regiones.
Todo esto compañeros diputados sucede en ciudad Constitución, mientras el presidente Salinas en un afán por despresorizar los penales de la República ofrece e invita a las autoridades estatales a indultar reclusos con delitos menores pero en fin delitos, en ciudad Constitución algunas autoridades han fincado su modus vivendi en la detención ilegal y la extorsión.
De todo esto han de tener conocimiento y seguramente responsabilidad el que fuera presidente del Tribunal Superior de Justicia y ahora "candidato de lujo" del Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Mercado, el que fuera procurador de Justicia del estado y hoy presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Jorge Alvarez Games.
Señor Presidente por obvio de tiempo pido se inserte este estudio estadístico junto con mi intervención en el diario de los Debates y sea turnado a la comisión de Justicia y a la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara independientemente de presentarla ante el licenciado Jorge Carpizo, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de diputados, a 9 de julio de 1991. - Diputados: Espiridión Sánchez López, Ambrosio Montellano Bustos, Alfredo Arenas Rodríguez, Ramiro Pedroza, Elhier Flores Prieto, Luis Delgado Esteva, Sergio Rueda Montoya, Prisciliano Melendres Barrios.»
El Presidente: - Proceda la secretaría en los términos solicitados por el diputado. Se procede en los términos solicitados por el diputado, se inscribe en el Diario de los Debates.
ESTADÍSTICA.
INGRESOS Y SENTENCIAS.
CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL
CD. CONSTITUCIÓN. B. C. S.
1992 - 1989
"...La razón es la siguiente: que en donde la materia está tan corrompida que las leyes no bastan para frenarla, allí es necesario constituir, junto con éstas, una mayor fuerza, la cual lo es en una mano regia, que con la potencia absoluta y excesiva, ponga freno a la excesiva ambición y corruptela de los poderosos."
Nícolo Machiavelli. Discorsi sopra la prima deca de Tito Livia. Año de 1513.
Verano de 1991. La paz, Baja California Sur.
I. - INTRODUCCIÓN. -
Los ingresos o internamientos carcelarios son, hoy en día, un problema que nos atañe a todos. Continuamente, por los diversos medio de comunicación nos hemos enterado de que en los centros penitenciarios se presentan graves deficiencias y anomalías, productos de la sobrepoblación de los reclusorios, por un lado, y de la corrupción de autoridades al interior de los mismos, por el otro.
Se tiene la creencia de que existe un incremento de la delincuencia y por ende una sobrepoblación penitenciaria. Se cree que ésta relación delincuencia - sobrepoblación carcelaria es lineal. Al menos, ésta información es la que nos ha hecho creer, la que se nos presenta como cierta.
Lamentablemente y para vergüenza de todos nosotros, no siempre ocurre esa relación: Que a crimen o delito verdadero le corresponda un castigo. No siempre son castigados los verdaderos delincuentes y pero aún, olvidando aquella máxima de que "Más vale un culpable afuera que un inocente adentro", decenas de personas inocentes son encarceladas diariamente.
Pocos son los estudios que profundiza acerca de las verdaderas causas de ingreso penitenciario. O no conocemos las investigaciones en este respecto, debido a un pésimo desinterés nuestro a una nula actividad informativa oficial, o bien estas investigaciones no existen.
Creemos que ya es tiempo de informarnos al respecto, de interesarnos y obligarnos a conocer la realidad que viven miles de compatriotas nuestros. No podemos seguir soslayando el drama que viven a diario miles y miles de supuestos infractores de la ley. No admitamos que por el hecho de que se haya violado una norma social, habremos de castigar, además de la reclusión, con la pérdida de la dignidad y el sobajamiento de los individuos; hombres y mujeres, incluso menores de edad, son sometidos a condiciones de vida infrahumanas antes, inclusive, de que un juez los haya encontrado culpables.
Esto, sin mencionar los actos precios al encarcelamiento, las torturas físicas y psicológicas que aplican los supuestos guardianes del orden social, actos deplorables de barbarie y salvajismo que no corresponden a una civilización como la nuestra."
Lo sabemos, la mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez un relato de ésta naturaleza: inocentes encarcelados durante años, vejaciones y humillaciones por miles, prepotencia y abuso de autoridad a cualquier nivel, corrupción enraizada en todas las esferas de las instituciones de impartición de justicia, rezagos de juicios, expedientes olvidados, sentencias que nunca llegan, en fin, sería interminable enumerar todas y cada una de las anomalías y fallas del poder judicial.
¿Cuántas acciones encaminadas a remediar esas situaciones hemos emprendido? Y nos referimos a acciones reales y no de demagogia y publicidad que sólo pretenden engañar nuestra conciencia y revestirnos con ropajes de "cruzados" de alguna guerra santa.
Seamos honestos y admitamos que existen severas fallas en todos los niveles de la administración de la justicia. No podemos seguir siendo complacientes y conciliatorios con aquellos que perjudican a nuestros compatriotas, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros amigos.
I. - INGRESOS REGISTRADOS DESDE 1982 A 1990
El presente trabajo muestra, en éste capítulo, los incrementos de encarcelamiento que se han registrado en el Ce. Re. So. de Cd. Constitución, B. C. S. Registros que demuestran el rápido crecimiento de los internamientos en los últimos años. Situación que, independientemente, de los verdaderos motivos de ingreso, nos alertan acerca de la sobrepoblación que ya está presentado en ese reclusorio.
ADVERTENCIA:
Queremos hacer una advertencia hacia aquellas autoridades o personas que se encargan, de algún modo, de llevar las cuentas o las estadísticas de los Centros Penitenciarios: no podemos soslayar los, aparentemente, reducidos o pequeños ingresos de los reclusorios de provincia. Tal vez, en las grandes ciudades como Guadalajara, Jal., Monterrey, N. L., o el Distrito Federal, se registren en un sólo mes los ingresos que aquí se reportan en todo un año. En este sentido es de llamar la atención para que no se confundan con los pequeños incrementos de encarcelamiento,
comparativamente hablando, y pedir que se guarden las debidas proporciones a los números que se registran en este estudio.
En México, D. F., por ejemplo, pude considerarse como "normal" un incremento de 50 o más encarcelamientos, incluso en un sólo día, para provincia esa "normatividad" de 50 o más ingresos en un mes o incluso en un año, puede resultar alarmante. Más aún cuando estos éstos ingresos son injustificados, como se demostrará a través de éste análisis estadístico.
Dicho lo anterior, pasemos a revisar el conteo estadístico de el Centro de Readaptación Social de Cd. Constitución, B. C. S.
TABLA No. 1. - INGRESOS ANUALES DE 1982 A 1990.
En esta tabla podemos observar los ingresos registrados en el CE. RE. SO. de Cd. Constitución, Municipio de Comondú, B. C. S., desde el inicio de sus operaciones en Enero de 1982 hasta los primeros cinco meses de 1990.
AÑOS INGRESOS
1982 230
1983 180
1984 197
1985 216
1986 265
1987 319
1988 320
1989 485
1990 **** 251
TOTAL 2,463
**** Enero - Mayo de 1990.
Podemos observar el incremento poblacional que se ha registrado en el reclusorio en los primeros ocho años de su existencia: de 230 ingresos en 1982 a 485 ingresos en 1989. Incremento que en términos porcentuales representa un 110.86% de crecimiento con respecto a la cifra original.
Este incremento nos indica que se ha rebasado la capacidad inicial de alojamiento reclusorio.
Así, las cifras totales, registradas desde enero de 1982 hasta diciembre de 1989, en 96 meses de operación del reclusorio, ascienden a 2,212 ingresos.
Tomando en cuenta los cinco primeros meses del año de 1990, de enero a mayo, el total registrado asciende a 2,463 ingresos, en 101 meses de operación.
De acuerdo con la tabla no. 1., se observa en el año de 1983, una disminución en el número de ingresos, para después continuar, aparentemente, en forma gradual el aumento de los internamientos en el centro penitenciario.
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Observando los ingresos registrados en los cinco primeros meses de 1990, alarma contemplar comparativamente, que éste número es ligeramente inferior al obtenido en 1986. Es decir, que tan sólo cinco meses de 1990 representan el 94.71% de los ingresos registrados en 1986. De inmediato surge la pregunta de que ¿Se ha incrementado de tal modo la delincuencia en tan sólo cuatro años en ésta localidad?
No podemos en este momento afirmar, que para 1989, la delincuencia en Cd. Constitución, B. C. S., se ha incrementado en un 110.86% respecto del año de 1982; o en un 94.71% respecto a los años 1990 y 1986, por el sólo hecho de ver incrementado el número de encarcelamientos. Necesitamos antes de emitir una opinión así, otros elementos de análisis.
Precisamente, para efectos de análisis estadístico se ha dividido en dos secciones, exactamente iguales en número de meses, los ocho meses de registro reclusorio.
Se ha dejado forzosamente fuera de los dos períodos el año de 1990, ya que sólo incluye los cinco meses iniciales de 1990, y no termina un ciclo completo. Sin embargo, también éstos cinco meses son analizados.
En la página anterior encontramos una gráfica de pastel que muestra el agrupamiento de los ingresos en porcentajes para cada año. Nótese que los primeros años son de porcentajes más reducidos que los últimos ciclos anuales.
Obsérvese el decremento que ocurre en el segundo año de operaciones del reclusorio, para después recuperarse en los años de 1984 y 1985. Aún después de éste incremento consecutivo de 2 años, la cifra permanece por abajo de los ingresos registrados en 1982.
En éste primer período de 1982 a 1985, los ingresos fluctúan entre los 180 encarcelamientos, como mínimo, y los 230 encarcelamientos como máximo.
En la siguiente página encontraremos una gráfica de polígono que describe el comportamiento de los ingresos anuales en los ocho años y cinco meses de registro.
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Para este mismo período de 1982 a 1985, se tiene un promedio anual de 206 ingresos con una desviación estándar de 21.85.
Comparativamente, el período de 1986 a 1989, tiene un promedio anual de ingresos de 347 ingresos con una desviación estándar de 95.36.
En éste período de 1986 a 1989, los ingresos fluctúan entre los 265 ingresos, como mínimo, y los 485 encarcelamientos como máximo.
Es importante señalar que a partir de 1986 los ingresos de encarcelamiento se incrementan aceleradamente y con otro ritmo de crecimiento, diferente al presentado por el primer período de 1982 a 1985.
Los años de 1987 y 1988 se sostienen con ingresos casi exactamente iguales, de 319 ingresos el primero y 320 el segundo. Tal parece que la delincuencia y/o el trabajo realizado por las instituciones de justicia trabajaron al mismo ritmo de eficiencia para esos dos ciclos anuales.
Sin embargo, el año de 1989 se presenta con un incremento de más del 50 % con respecto a sus dos años inmediatos anteriores. ¿De verdad se incrementan de tal grado la delincuencia? ¿Acaso la partida judicial incrementó su eficiencia y éste es el número real de la delincuencia que debió haber sido capturada en años anteriores? ¿La delincuencia perdió habilidad y las instituciones de justicia la ganaron? ¿La crisis económica afectó los valores morales de la población y ésta optó por el camino errado?
En la página anterior se encuentra una gráfica de barras que describe el comportamiento de los ingresos para cada año, incluso para los primeros cinco meses de 1990. Es notorio que, particularmente en el año de 1989, se incrementan los encarcelamientos en los últimos años de operación del reclusorio.
II. - TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL.
TABLA No. 2.- TASAS ANUALES DE CRECIMIENTO POBLACIONAL.
Esta tabla muestra los ingresos que se registraron en cada uno de los años, y se acompañan además, de la diferencia en número de ingresos con respecto al año inmediato anterior y el porcentaje respectivo de incremento o decremento.
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Como se observa en la tabla No. 2., el número de ingresos se inicia con 230 encarcelamientos en 1982 y disminuye para 1983. en un 21.73 %. Retomando para cada uno de los dos años subsecuentes, 1984 y 1985, un incremento del orden de los 9.5 % aproximadamente.
De 1985 a 1986 se observa un incremento del orden del 22.68 %, incremento que se sostiene, aproximadamente igual, en 1987. En cada uno de estos dos años, 1986 y 1987, se incrementan los ingresos del penal con una cifra alrededor de los 50 individuos más por año.
Esta cifra de cincuenta personas más por año, tal vez no sea casual, si dividimos los 50 encarcelamientos de más entre el número de meses, 12 meses, encontraremos que a cada mes le corresponden 4 personas, es decir una persona, aproximadamente, por semana. ¿Quién estaría tratando de resolver su situación económica? ¿El delincuente o su captor?
En 1988 se presenta una situación un tanto especial, numéricamente hablando, puesto que tan sólo se incrementó en referencia al año inmediato anterior, un único encarcelamiento.
El año de 1989 irrumpe con una tasa de incremento, con respecto a su inmediato anterior, de más del 50%. En números de ingreso éste porcentaje representa 165 encarcelamientos de incremento con respecto de los dos años anteriores, Incremento significativo que conviene analizar más cuidadosamente.
En este aspecto, cabría analizar si los aspectos socioeconómicos y culturales de la entidad se vieron afectados por algún tipo de desastre natural ó si los efectos de la crisis económica que vive el país alteraron los patrones de conducta de la sociedad. O bien investigar si la eficiencia de las corporaciones judiciales se mejoró.
En el año de 1989, como se observará en la siguiente tabla, presenta los meses de mayor ingreso carcelero en todos los ocho años anteriores, excepción hecha del año de 1990, que presenta aún mayores internamientos que el propio 1989.
Es por muchas razones, 1989, un año muy especial en cuanto a los registros existentes. Por ello, continuamente se comparará éste ciclo anual con los anteriores.
III.- INGRESOS MENSUALES.-
TABLA NO. 3.- INGRESOS MENSUALES.
Esta tabla muestra los ingresos mensuales para cada uno de los años. Se registran 101 meses de operación.
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Es de interés observar la baja frecuencia de los ingresos en los cuatro primeros años, de 1982 a 1985, en comparación con el segundo período de cuatros años correspondiente de 1986 a 1989.
En 1982, por ejemplo, se tiene como ingresos mínimos los meses correspondientes a: abril con 12 encarcelamientos, marzo, mayo y junio con 15 ingresos respectivos.
Para ese mismo año, se tienen como ingresos máximos los correspondientes a los meses de: agosto con 28 encarcelamientos, febrero con 27 y julio con 24.
Estos números de 1982, comparados por ejemplo, con 1989, revelan que los ingresos máximos de 1982 son equiparables con los ingresos mínimos de 1989.
Para éste año de 1989, se tienen como encarcelamientos mínimos los correspondientes a los meses de: junio con 23 ingresos, de julio con 26 y de febrero con 27.
Correspondiendo los meses de máximo ingreso de 1989 a los siguientes: septiembre con 65 encarcelamientos, diciembre con 62 y octubre con 51.
Es de destacar, los incrementos tan notorios que se registran en los primeros meses de 1990. Representan un fuerte llamado de atención para que analicemos con severidad sus causas reales.
En las dos páginas siguientes encontraremos las gráficas correspondientes al comportamiento de todos los eneros, febreros, marzos, abriles, mayos y junios desde 1982 hasta 1990. Y de la misma manera se describen los 6 meses finales de cada año.
Resulta conveniente hacer una separación de los ingresos mensuales en los períodos ya mencionados, además de efectuar los ordenamientos de mayor a menor ingreso mensual, para poder llevar a cabo los análisis correspondientes y observar la conducta de los encarcelamientos en contra del tiempo.
También, es importante señalar que con los ordenamientos de mayor a menor ingreso mensual, podremos detectar aquellos meses de mayor índice delictivo.
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Dato éste ultimo que definitivamente servirá a las corporaciones policíacas, para prestar una mejor y más eficiente labor de prevención y de vigilancia social. Advirtiendo que éste dato deberá tomarse con las debidas precauciones y de acuerdo con las conclusiones de éste estudio.
Las siguientes tablas muestran los ordenamientos de mayor a menor de los ingresos por mes y año.
IV.- ORDENAMIENTOS MENSUALES DE LOS INGRESOS.-
TABLA. NO. 4.- ORDENAMIENTO DE LOS INGRESOS MENSUALES, DE MAYOR A MENOR, DE 1982 A 1985.
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El promedio general de éste período de 1982 a 1985, es de 205.75 ingresos anuales con una desviación estándar de 18.92.
El comportamiento de los ingresos en éste primer período es, según podemos observarlo en la tabla anterior, de naturaleza muy semejante en cuanto a sus ordenamientos de mayor a menor ingreso:
El incremento de los encarcelamientos registrados es muy parecido en éstos cuatro años, existe una gran coincidencia en los meses de mayor internamiento, similitud que se repite conforme decrecen hacia los meses de menor ingreso. Comportamiento que se repite en todos los años de éste período.
El promedio de los ingresos máximos de éste período de 1982 a 1985, es de 27 encarcelamientos mensuales, con una desviación estándar de 0.95.
Este último dato, confirma la gran semejanza que existe en los meses de máximo ingreso, es decir, ,la desviación estándar de la media aritmética no es superior a la unidad.
El promedio de los ingresos mínimos, de 1982 a 1985, es de 7.5 encarcelamientos con una desviación estándar de 4.2.
Ahora podremos comparar los ingresos registrados en éste período de 1982 a 1985 con los registrados en el siguiente período de 1986 a 1989.
Cabe hacer la aclaración de que se pretende demostrar que existe una diferencia entre los dos períodos a que se ha hecho mención. Por ello se insiste en el tratamiento estadístico por períodos separados.
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El promedio general de éste período de 1986 a 1989, es de 347.25 ingresos anuales con una desviación estándar de 95.36.
Muy superior este promedio general de ingreso anual con el observado en el período anterior.
El promedio de los ingresos máximos mensuales de éste período de 1986 a 1989 es de 50 encarcelamientos con una desviación estándar de 15.25.
Es en éste período donde se duplica el ingreso máximo, de 30 ingresos máximos que se tuvieron en 1986, se pasa a 65 ingresos máximos en 1989.
El promedio de los ingresos mínimos de éste mismo período, es de 15.5 con una desviación estándar 5.97.
En el primer período, de 1982 a 1985, se tiene como promedio de ingresos máximos mensuales la cifra de 27 encarcelamientos contra los 50 que se registran en éste segundo período.
Por otra parte, observamos que no existe similitud en los datos registrados como de mayor ingreso en éste período, como lo veíamos en el período de 1982 a 1985.
Son muy palpables los incrementos que se registran en cada uno de los meses en éste segundo período de 1986 a 1989. Incrementos que se manifiestan tanto en los máximos como en los mínimos ingresos.
En el primer período, de 1982 a 1985, el promedio de ingresos mínimos corresponde a 7.5 encarcelamientos contra los 15.5 que se registran en el segundo período, de 1986 a 1989.
Es claro que es éste segundo período de 1986 a 1989, representa un incremento muy significativo de los ingresos carcelarios registrados en el reclusorio de Cd. Constitución, B. C. S.
Observemos el comportamiento gráfico de estos períodos:
En las siguientes gráficas observaremos, primero el comportamiento correspondiente al período de 1982 a 1985, posteriormente el correspondiente al período de 1986 a 1989 y finalmente, compararemos éstos períodos entre sí.
En las tres siguientes páginas se encuentra, precisamente, la separación gráfica de los períodos. Encontrando en la primera, los ingresos correspondientes a los cuatro primeros años, suplicamos tener atención a los ingresos que se manifiestan en ésta gráfica y compararlos con los ingresos manifestados para el segundo período de los últimos cuatro años.
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Observemos es ésta tabla, el incremento substancial que ocurre en el promedio mensual de ingreso conforme transcurren los años, así como los registros de los ingresos máximos y mínimos de cada año.
De extrapolar estos ingresos a los años futuros ó venideros, con las mismas tasas de crecimiento mensual y anual, comprenderemos que no habrá reclusorio que pueda albergar a tal población de supuestos delincuentes.
Sencillamente estos incrementos son alarmantes para cualquier ciudad del planeta.
Tomando los 3 primeros meses de ingresos máximos de cada año del período de 1982 a 1989, encontraremos que el promedio de ingreso máximo es de :
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De ésta tabla se desprende que el promedio mensual de ingresos máximos se fue incrementando notablemente: de 26.33 ingresos por mes que se registraban en 1982, seis ingresos por semana, un ingreso diario, a 59.33 ingresos mensuales en 1989, a catorce ingresos por semana, dos encarcelamientos diarios.
También es de hacerse notar que a pesar de los incrementos carcelarios, el promedio de máximo ingreso mensual se mantuvo aproximadamente igual desde 1982 hasta 1986, esto es que de 26.33 internamientos registrados en 1982, con una desv. std. de 2.08. se elevó a 29.66 internamientos máximos mensuales en promedio, con una desv. std. de 0.57 en 1986.
Es a partir de 1987, que se registra un mayor promedio de ingreso máximo, se acentúa marcadamente en el último año de registro, 1989 y continúa incrementándose en los primeros meses de 1990.
VI. MESES DE MAYOR INGRESO.-
En cuanto a los meses, se observa que éstos son diversos y no ofrecen un "patrón típico de conducta" que pudiéramos seguir, apenas se presenta un esbozo de repetición conductual delictiva. Sin embargo, dentro de los meses de mayor ingreso, observamos que en esos ocho años se repiten los meses de:
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Abril, mayo, junio y agosto son los meses en que ocurrieron los mayores ingresos o internamientos carcelarios en Cd. Constitución, B. C. S. Sin embargo, el dato es relativo, dado que otros meses con menor frecuencia de aparición tuvieron mayores ingresos que los que reportan los arriba mencionados.
MOTIVOS DE INGRESO 1982-1990 CE. RE. SO. CD. CONSTITUCIÓN, B. C. S.
VII. MOTIVOS DE INGRESO.
Pasemos a conocer los motivos de ingreso registrados en el reclusorio de Cd. Constitución, B. C. S. desde 1982 hasta los primeros meses de 1990.
Los datos que a continuación se presentan son tomados de los archivos existentes en el reclusorio. Cuando se encontraron las anomalías que a continuación se presentan, éste trabajo fue suspendido por órdenes del C. Director del Penal, Alfonso Ledezma Alcántar.
En éste trabajo se han agrupado bajo un sólo nombre genérico varios delitos derivados de uno principal considerado como matriz o raíz. v. gr. :
Los delitos con un común denominador, tales como "Robo en lugar cerrado", "Robo con violencia", "Robo con arma blanca, "Robo con allanamiento de morada", etc., se han agrupado bajo el nombre genérico de "Robo".
Utilizando el mismo criterio y cuidando de dar prioridad, en el caso simultáneo de dos o más delitos, a aquellos que representen un mayor peligro a la vida humana, se generaron un total de 19 motivos de ingreso diferentes.
Este criterio fue sugerido y supervisado por el Subdirector del Penal, Lic. Psi. Alvaro Aguiñiga.
Así, se registraron un total de 19 motivos de ingreso, mismos que van desde los tipificados como delitos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los códigos penales, hasta aquellos ingresos, que sin ser delitos, se encuentran plenamente registrados en el Ce. Re. So. de Cd. Constitución, B. C. S.
Por ejemplo, se encuentra el registro de "petición familiar", en el que basta que los padres soliciten recluir a su hijo o dependiente familiar, para que éste sea admitido en el reclusorio. Es en éste caso también, donde los enfermos mentales; considerados como peligrosos por sus padres o familiares, encuentran fácil acomodo de internamiento. Datos que se encuentran registrados en los archivos del penal.
Otro caso, como el de "Abandono de hogar" que no se encuentra tipificado como delito por los códigos penales, encontró también fácil hospedaje en ese centro penitenciario.
En la lista de motivos de ingreso en el reclusorio, se encontró el referente al concepto de "INVESTIGACIÓN", motivo éste último que ocupa los primeros lugares de mayor registro en el centro penitenciario.
Es muy sabida la práctica de la investigación en torno a un delito. Incluso es completamente normal, siempre y cuando se practique con apego a la ley.
La normalidad de este concepto se rechaza cuando se lleva a cabo sin que medie orden de aprehensión y cuando se utiliza arbitrariamente por los agentes judiciales. Y como se observará la excepción se convirtió en regla general.
No existen órdenes de aprehensión, prácticamente son secuestros legalizados y el reclusorio se presta para esos fines. Este fue el motivo de discusión con las autoridades del Centro penitenciario. Se pedía que se suspendiera el internamiento ilegal y que el penal dejará de funcionar como cárcel particular de los judiciales. Incluso el Subdirector del Penal fue obligado a renunciar por el C. Alfonso Ledezma Alcántar.
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En la tabla No. 9, de Motivos de Ingreso correspondiente al primer período de 1982 a 1985. encontramos en orden alfabético las diferentes causas de encarcelamiento.
Se listan 19 motivos diferentes registrados, dentro de éstos, inmediatamente llama la atención los correspondientes a los de mayor ingreso, tales como ROBO y el concepto de INVESTIGACIONES.
En la lista se registró como "DELITOS VS. LA SALUD" a aquellos que se refieren exclusivamente a narcotráfico y estupefacientes. Y se muestra, que en los primeros 3 años, apenas si se registran casos en ese respecto. No lo hace así, el año de 1985, dónde se registra el inicio del combate a éste delito.
Además, según informes de las autoridades del Penal, es a partir de 1985 que se establece un grupo de la Policía Judicial Federal, en el Municipio de Comondú, B. C. S., con el propósito específico de combatir al narcotráfico.
Los motivos de ingreso, tales como lesiones, daño en las cosas, delitos sexuales y homicidios se revelan como los más activos en cuanto a ingresos, en éste primer período.
El motivo referente a "traslados" se refiere a personas que cometieron alguna infracción en otra jurisdicción y que posteriormente fueron trasladados a ese reclusorio.
El concepto de "Juegos prohibidos" concierne a los juegos de azar. Y en éste período de 1982 a 1985 no se registra alguno.
El concepto de "Fraude y abuso de confianza", si bien son dos delitos completamente diferentes y así tipificados por la ley, se reunieron bajo un mismo término por órdenes de las autoridades del penal.
"Delitos sexuales" comprende aquellos que van desde incesto, violación tumultuaria, violación simple, estupro, hasta atentados al pudor y demás comprendidos en los delitos que atentan contra la libertad sexual.
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En éste segundo período, queda claro como se incrementa notablemente los ingresos por concepto de investigaciones. De 55 investigaciones practicadas en 1982 a 256 practicadas en 1989.
Aproximadamente 21 investigaciones por mes fueron realizadas durante 1989.
Si comparamos éste número de investigaciones contra, por ejemplo, su más cercano competidor en cuanto a ingresos, como lo es el robo, observamos que éste motivo de ingreso presenta 75 casos contra las 256 investigaciones practicadas.
Robo, por ejemplo, tuvo 75 casos en el año de 1989, esto representa aproximadamente 6 ingresos por robo por mes
El concepto de lesiones, el tercero en importancia len el año de 1989, presenta 32 ingresos en los 12 meses, casi 3 por mes. Sin embargo, tanto lesiones como robo se encuentran bastante alejados, en cuanto a ingresos se refiere, del concepto de investigaciones.
También es importante mencionar que mientras el concepto de robo se mantiene más o menos igual en cuanto ingresos tanto en el primer período como en el segundo, investigaciones se dispara
anormalmente. En cifras, esto representa que robo creció respecto de su período anterior en un porcentaje de 12.87 investigaciones creció un 218.66 porciento.
Delitos sexuales en éste período se ve activado significativamente en el año de 1989. con 25 ingresos en el año, un poco más de 2 ingresos por mes. Homicidio es un concepto que ve disminuido su ingreso para éste segundo período.
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Robo e investigaciones compiten por el primer lugar en cuanto a ingresos, apenas se diferencian por un ingreso. El tercer lugar lo disputa el concepto de lesiones con el 17% de ingresos para este año.
Homicidio ocupa un sexto lugar en cuanto ingresos, correspondiéndole un 5% de los ingresos en el año, equivalente a 11 ingresos en los 12 meses de 1982.
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Nuevamente investigaciones y robo ocupan los dos primeros lugares en cuanto a ingresos en éste año de 1983. El primero con el 28.0% de los encarcelamientos, equivalentes a 50 ingresos en el año. Y el segundo con 22% o 40 ingresos en el año.
Investigaciones, Robo, lesiones y daño en las cosas permanecen en las primeras cuatro posiciones similares a las de un año anterior.
Homicidio y delitos sexuales pasan a ocupar una posición de mayor ingreso a la que tenían en 1982.
Delitos vs. la salud no aparece registrado en éste 1983.
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Investigación, robo y lesiones siguen ocupando los tres primeros lugares en cuanto a ingresos mayores en el año.
Investigación y robo, se mantienen aproximadamente igual en cuanto a ingresos se refiere.
Curiosamente, delitos sexuales que ocupaba un octavo lugar en 1982 y que pasó a ocupar un séptimo en 1983, ahora para 1984, ya ocupa un cuarto lugar con el 9.0% de los ingresos.
Homicidio y fraude con abuso de confianza permanecen en un quinto y sexto sitio respectivamente, igual que en 1983.
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Las primeras cuatro posiciones las mantienen los motivos de ingreso de investigaciones, robo, lesiones y delitos sexuales, con diferentes porcentajes que años anteriores pero muy similares entre sí.
Delitos vs. la salud, asciende a un sexto sitio, mientras que el motivo de ingreso por homicidio se desplazó hasta un noveno lugar.
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El concepto de ingreso por investigación se desprende notablemente de sus más cercanos competidores en cuanto a ingresos. Si bien en los cuatro años anteriores se asemejaba, en cuanto a número de ingresos, con el concepto de robo, ahora en 1986 se dispara de manera muy significativa.
Robo, lesiones y nuevamente delitos sexuales ocupan los cuatro primeros sitios.
Mientras que el resto de los motivos de ingreso observa un comportamiento muy similar al que presentaban en años anteriores. Las variaciones en sus ingresos o porcentajes son apenas perceptibles.
Se puede decir, que el cambio más importante ocurre principalmente en el renglón de las investigaciones.
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Nuevamente, para 1987 ocurre un principal cambio en cuanto a los ingresos. Este es debido al concepto de investigaciones. Ahora ocupa un 53% del total de los ingresos registrados en el año. Incremento sorprendente ya que ahora ocupa más de la mitad de los casos ingresados al reclusorio.
Curiosamente también, el resto de los motivos de ingreso permanece sin mayores cambios, robo por ejemplo, mantiene un número de ingresos muy parecido al de años anteriores: 56 en 1982, 40 en 1983, 52 en 1984, 54 en 1985, 38 en 1986 (ver fig.).
Lo mismo ocurre con el resto de los conceptos de ingreso. No ocurren cambios significativos o de gran incremento, permanecen muy similares.
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Se presenta una baja en el número de ingresos por el concepto de investigaciones, sin embargo continúa ocupando el primer lugar en cuanto a ingresos en el año.
Robo se mantiene mucho muy parecido a todos los años anteriores: presenta 57 ingresos en estos 12 meses de 1988.
Los cambios que se aprecian corresponden al motivo de ingreso de delitos vs. la salud: aumenta considerablemente su ingreso con respecto a los años anteriores.
El resto de los motivos de ingreso continúa con un comportamiento similar a través de todos los años.
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Un nuevo incremento en el concepto de investigaciones, ahora ascienden a 256 los ingresos por este motivo. Ocupa un 53% del total de los ingresos en el año.
Todos los demás motivos de ingreso permanecen sin mayores variaciones, excepción de robo que ve incrementado su número de ingresos.
Delitos sexuales ha venido ocupando un lugar dentro de los primeros 5 sitios a través de los últimos años, en éste año alcanza los 25 ingresos, casi dos por mes. Problema grave para el municipio éste tipo de delitos.
Los traslados también vieron incrementada su actividad: éstos ascendieron a 13 ingresos. Los registros que se tienen al respecto de los traslados, indican que la totalidad de ellos corresponden a delitos vs. la salud y que por las políticas de vigilancia se les trasladaron a éste reclusorio, provenientes también en su totalidad de la Cd. de La Paz, B. C. S.
La siguiente tabla ofrece una síntesis de lo ocurrido en cuanto a motivos de ingreso en el primer período de 1982 a 1985.
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Como podemos observar, los motivos de ingreso de investigaciones y de robo, comparten con un 25% los dos primeros sitios en cuanto al total de ingresos registrados en éste período 82 - 85.
Lesiones, daño en las cosas y delitos sexuales se encuentran entre los motivos de ingresos que ocupan los cinco primeros sitios de mayor ingreso.
Homicidio se coloca al final de éstos cuatro años en el sexto lugar de ingreso.
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Significativa diferencia que arroja el comportamiento de investigaciones para éste segundo período: el 48% del total de los ingresos registrados en éstos cuatro años.
Su más cercano competidor en cuanto ingresos se queda en 16% del total de los ingresos. Cabe aclarar que robo se mantiene aproximadamente igual que en el período anterior en cuanto a sus ingresos. Lo mismo que el resto de los motivos, excepciones hechas.
Los delitos sexuales ocupan el 5% del total de ingresos y se mantiene en un cuarto lugar.
Existen movimientos para éste período de 1986 - 1989 en cuanto a que se presentan nuevos delitos y que aquellos que apenas eran significativos en los años anteriores, ven incrementado su número de ingresos. Por ejemplo, los delitos de portación de armas prohibidas, los juegos prohibidos, abigeato, entre otros.
Es muy obvio, que los cambios más pronunciados se detectan en el concepto de ingreso por INVESTIGACIONES. Anormal situación cuando el resto de los motivos de ingreso permanece aproximadamente igual.
La tabla siguiente ofrece una comparación entre los dos períodos de estudio
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Como se mencionaba, los cambios fundamentales ocurrieron en el motivo de INVESTIGACIONES, otro tanto, aunque en menor escala ocurre en los DELITOS VS. LA SALUD. Aunque aquí, se tiene que hacer notar que la persecución de éste último delito es conducido por autoridades federales, completamente ajenas a los delitos del orden del fuero común, mismos delitos que son perseguidos por autoridades estatales.
Esta es principalmente la variación que ocurre en el segundo período. Es decir, lo anómalo de los ingresos registrados en el Ce. Re. So. de Cd. Constitución, obedece principalmente a las
de la judicial estatal y a quién estuvo a cargo de las partidas judiciales en dicha ciudad, precisamente en los años de 1986 a 1989 y principios de 1990.
Lo anterior no tiene más explicaciones, basta con acudir a los archivos del reclusorio y buscar las órdenes de internamiento, que deben estar acompañadas de una copia del expediente del interno, ahí podrá observarse que no existieron órdenes de aprehensión en la mayoría de éstos encarcelamientos. Aún podrán buscarse dichas órdenes en la misma Comandancia de la judicial Estatal para esos mismos años.
Sabiendo que los comandantes de la judicial estatal constantemente rotan de plaza o de jurisdicción, es muy posible que éstas serian anomalías, actos criminales puros, se estén repitiendo en todo el Estado.
¿Quién está al frente de ésta corrupción? Sería muy remoto pensar que si los particulares, los simples ciudadanos, están al corriente de estos actos criminales, no lo pueden estar también las más altas autoridades del Estado.
Y los números aquí están: existe una diferencia de 457 ingresos en el concepto de investigaciones de un período a otro. El más cercano competidor en ingresos es el concepto de Delitos vs. la salud con 53 ingresos más, después lo es el concepto de robo, que de un período a otro incrementó tan sólo en 26 ingresos. no existe razón técnica, según lo podemos apreciar en la tabla comparativa entre períodos, para realizar tal número de investigaciones. El comportamiento del resto de los delitos es estable, dentro de sus márgenes normales, en los 8 años registrados.
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INGRESOS Y SENTENCIAS 1982 - 1990 CE. RE. SO. CD. CONSTITUCIÓN, B. C. S.
VIII. - INGRESOS Y SENTENCIAS.
A continuación se ofrecen las tablas correspondientes a las sentencias dictadas por los juzgados locales de Cd. Constitución, B. C. S., en materia penal y siempre referidas a los procesos seguidos a los internos del Ce. Re. So., de dicha población sudcaliforniana, durante los años de 1982 a 1989 y principios de 1990.
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Los datos anteriores han sido tomados de los expedientes y archivos del centro penitenciario. Estos mismos datos se encuentran registrados en un estudio similar en el Ce. Re. So. de Cd. Constitución, B. C. S.
Los ingresos registrados en archivos fueron cotejados con el "Libro Negro" que se encuentra a la entrada del centro penitenciario, y en donde se registra sin excepción a todo aquel que ingresa por cualquier concepto. De archivos a "libro Negro" se encontró una diferencia menor al 5% del total apuntado. Diferencia que se explicó como "errores administrativos". Las sentencias se obtuvieron de los expedientes personales de los internos. De éstos expedientes finalizados y de otros en calidad de "espera" se extrajo lo siguiente:
98 sentencias en 1982. 44 sentencias en 1986.
31 sentencias en 1983. 28 sentencias en 1987.
42 sentencias en 1984. 26 sentencias en 1988.
40 sentencias en 1985. 35 sentencias en 1989.
Es muy notorio que las sentencias dictadas por los jueces locales y referidas a los internamientos en dicho reclusorio declinaron rápidamente en referencia a el año de 1982.
El año de 1982 ofrece un mayor número de sentencias que los años subsecuentes. El número de sentencias por sí solo y sin hacer referencia al número de ingresos para cada uno de los años, permanece en un rango muy estable. ¿Esa era la capacidad de los juzgados en aquellos años? ¿40 sentencias en 1985, cuando los ingresos penitenciarios fueron 216 en ese año?
Para el siguiente período, de 1986 a 1989, ocurre exactamente lo mismo, con la gravedad de que las sentencias disminuyen aún más y los ingresos se incrementan en la forma ya vista.
Antes de cualquier comentario, observemos cuál es el comportamiento de los ingresos y las sentencias para el siguiente período de 1986 a 1989.
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El decrecimiento de las sentencias en referencia a los ingresos observados es muy notoria. Ciertamente se quejaron de rezagos en la impartición de la justicia en éstos últimos años.
Estos números de sentencias son, en verdad deprimentes, ¿Quién será más culpable, el delincuente común y corriente o las autoridades que por negligencia, incompetencia o por premeditación actuaron de la manera que se refleja?
El permitir que éstos rezagos sucedieran también representa un verdadero crimen. El mantener a la gente encerrada esperando a que se le dictara sentencia por mayor tiempo de lo estipulado por la ley es un verdadero crimen.
Todavía es necesario realizar algunas correcciones en las sentencias, ya que no todas las que se listan fueron dictadas por jueces locales. Algunas sentencias, tales como las correspondientes a los Delitos vs. la salud y las de los Traslados, fueron dictadas por jueces de otros distritos. En lo concerniente a las de orden federal, como el narcotráfico, fueron dictadas por jueces de la cabecera estatal.
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Estas son las sentencias totales dictadas en relación a los ingresos penitenciarios. ¿A qué obedece tal decremento? ¿Porqué se reduce la cantidad de sentencias dictadas si los datos de ingreso y de motivo de ingreso revelan similitud para esos años?
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De un 42% registrado en 1982 en sentencias a un 6.3% en 1989. Decrementos que son verdaderamente alarmantes. ¿Que ocurrió en los juzgados de Cd. Constitución, B. C. S.? ¿Cuáles son las causas que produjeron esos rezagos con perjuicio de la ciudadanía?
Pero, aquí hay que recordar que la mayoría de la gente no se encuentra recluida, y si no están recluidos, entonces salieron en libertad bajo algún concepto.
Si la gente no se encuentra en el reclusorio, tampoco fue sentenciada pero salió libre, entonces, ¿Qué ocurrió? ¿Salió libre pagando fianza o multa.? ¿A quién se le pagó? ¿A los judiciales? ¿Como extorsión? ¿Este era el verdadero motivo de encerrar a tanta gente? ¿El que llegaran a pagar una fianza o una multa? ¿Una parte para los judiciales, otra para el agente del ministerio público y otra para los juzgados?
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Los ingresos con sentencia o, sencillamente, sentenciados, representan un 14.05% del total de ingresos registrados en los 8 años de operación del reclusorio.
Los ingresos sin sentencia representan del gran total de encarcelamientos desde 1982 hasta 1989, un 86.00%
Esas personas que no fueron sentenciadas ¿Se encuentran en el reclusorio esperando dictamen de juez alguno? ¿Salieron en libertad bajo otro concepto?
Lamentablemente no poseemos, esta otra información, pero, especulando claro, esas 1901 personas debieron haber pagado algún tipo de "cuota" o ¿También los despacharon con el consabido "Ud. dispense"?
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En la tabla anterior podemos observar cuáles motivos de ingreso fueron motivos de sentencia.
Este período de 1982-1985 fue más activo en sentencias dictadas que el siguiente período de 1986-1989.
Se recuerda que las sentencias de delitos vs. la salud y traslados fueron dictadas por jueces de otros distritos, según consta en archivos y por lo tanto deben de ser restadas de la tabla anterior para apreciar únicamente las sentencias locales.
En las siguientes páginas podremos observar el comportamiento gráfico de los motivos de ingreso más importantes que se registraron en cuanto a número de ingreso y su comparación con las sentencias registradas.
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Las actividades más fuertes en cuanto a las sentencias se detectan en los delitos de robo, lesiones, homicidio, y delitos sexuales.
¿Podremos saber que ocurrió en los juzgados de Cd. Constitución, B. C. S.?.
Para el año de 1990, durante los cinco primeros meses, de enero a mayo, y según consta en archivos, no había sido dictada sentencia alguna.
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Las autoridades del penal, de alguna u otra manera, hicieron saber a sus superiores jerárquicos parte de ésta información, dado que el trabajo no había sido terminado.
No fue hasta octubre de ese año de 1990, que el Lic. Guillermo Mercado Romero, entonces Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, realizó una visita a ese centro penitenciario. Sin embargo, y a pesar de que varios de los internos del Ce. Re. So., le informaron su irregular estancia en ese lugar y acusaron al Comandante de la judicial de ese lugar y al agente del Ministerio Público del Fuero Común, Lic. Marco Antonio Félix Contreras, de inventar delitos y de venderse al mejor postor, el Lic. Mercado Romero, lo único que hizo fue cambiar de plaza al nefasto agente del Ministerio Público, Lic. Marco Antonio Félix Contreras de Cd. Constitución a Santa Rosalía, B. C. S. Mismo que ahora se encuentra en la Agencia del Ministerio Público No. 4 de la Cd. de la Paz, B. C. S.
Sin embargo, en poco o nada se mejoró la impartición de justicia en ese lugar y en cambio si se pregonó a los cuatro vientos que no existían rezagos de impartición de justicia y que ésta era pronta y expedita.
No fue sino hasta que se originó una huelga de hambre de la totalidad de los reclusos en ese Ce. Re. So., dado que la alimentación era raquítica y a base de frijoles, que en poco o nada nutrían a la población penitenciaria, que las autoridades se preocuparon por no magnificar más éste problema
El propio Director del penal, C. Alfonso Ledezma Alcántar, admitió, a manera de disculpa ante los internos, que el poco dinero que recibía no alcanzaba para los encarcelamientos que se estaban registrando y que tenía que darle poco a muchos. Aunque el mismo sabía que la mayoría de los internamientos eran ilegales y también a manera de excusa y frente al Subdirector del penal, Lic. Alvaro Aguiñiga, admitió que tenía que cooperar con las autoridades.
Fue hasta entonces que se prestó la atención a la sobrepoblación carcelaria y se empezó a despresurizar un poco. Cabe mencionar que el C. Juez Víctor Arcadio Viveros Villa, fue tal vez el único que tuvo consciencia real del problema y agilizó en jornadas extras las resoluciones legales que correspondían.
Sin embargo, el problema de fondo no se solucionó y es posible que en éste momento se esté recrudeciendo la sobrepoblación por causa directa de los secuestros ilegales practicados por los judiciales y avalados por la agencia del Ministerio Público.
CONCLUSIONES.
Primero, es claro que los incrementos a los ingresos registrados no obedecen a causas reales. Resulta desproporcionada la relación del concepto INVESTIGACIONES contra el resto de los demás motivos de ingreso.
El resto de los motivos de ingreso, permanece muy similar en el transcurso de los años, por supuesto con las variaciones normales que pueden suscitarse, pero de ningún modo sufren alteraciones mayores que obliguen a tomar decisiones para que se incrementen las investigaciones por parte de las autoridades judiciales.
Esta última afirmación es basada en el comportamiento de los demás motivos de ingreso en el transcurso de ocho años. Afirmación irrebatible si las detenciones para investigación son para averiguar un posible delito. Aquí no existió tal averiguación, el resto de los supuestos delitos permanece estable. Excepción hecha de los delitos contra la salud.
Además debe quedar completamente establecido que los motivos de ingreso por investigaciones, son completamente independientes del resto de los ingresos. Cada motivo de ingreso tiene su propio período de investigación. INVESTIGACIONES es independiente y se reporta como un motivo de ingreso propio.
Segundo. Las detenciones para investigación carecen de órdenes de aprehensión dictadas por autoridad competente. No existen en archivos. Los resultados indican una posible extorsión por parte de los judiciales y con ramificaciones a la agencia del Ministerio Público del Fuero Común y al propio Ce. Re. So.
Tercero, el Centro de Readaptación Social de Cd. Constitución, B. C. S., ha sido utilizado como cárcel particular de la Policía Judicial Estatal y sus autoridades han consentido en ello.
Cuarto, el directamente responsable de ello, además de los comandantes de la judicial estatal en aquella población, es la autoridad máxima en el Estado: Lic. Jorge Alvarez Gámez, Procurador de Justicia en el Estado de Baja California Sur.
Y posiblemente para éstos días, el Lic. Alvarez Gámez ocupe la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional, sin embargo, antes tendrá que responder por lo anterior.
Quinto, es mucho muy probable que el comportamiento criminal que ocurrió en todos estos últimos años y meses en Cd. Constitución, B. C. S., se esté repitiendo en todo el Estado de Baja California Sur.
Sexto. La declinación de las sentencias en materia penal y siempre referidas a los internos del Ce. Re. So. de Constitución, B. C. S., es materia de negligencia, incompetencia y tal vez de premeditación para aquellas personas que no fueron "solidarios" o se prestaron a la extorsión de los judiciales. En éste aspecto se involucra directamente al agente del M. P. Marco Antonio Félix Contreras, acusado repetidamente de inventar delitos en un completo y manifiesto abuso de autoridad.
Séptimo, también es muy probable que la actuación de éstos jueces y agentes del Ministerio público, para los años de 1982 a 1990, se haya repetido en otras regiones del Estado de Baja California, debido a la "rotación" de plazas a las que son sometidos.
Octavo, el directamente responsable de éstos atropellos criminales de lesa humanidad, es el actual candidato a diputado por el Partido Revolucionario Institucional y ex Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur, Lic. Guillermo Mercado Romero, dado que él fue informado con anticipación de lo que estaba ocurriendo en tal Municipio. Misteriosamente calló y no informó nada a la opinión pública y posiblemente ni a sus superiores jerárquicos, en cambio, se dedicó a propagar que no existían rezagos en la impartición de la justicia y a ocultar la perversa actuación de sus subalternos.
Noveno, cada año de registros tiene un nombre y un responsable. Para cada año se puede obtener el nombre del comandante de la Partida Judicial en Cd. Constitución, B. C. S. Para cada año, se puede obtener el nombre del Agente del Ministerio Público de esa localidad, Para cada año se puede obtener el nombre de los Jueces que prestaron sus servicios en tal Municipio. Para cada año se puede obtener el nombre del Director del Centro Penitenciario. Por el bien de México y de Baja California Sur, no es posible continuar ocultando la perversidad y voracidad de los responsables, deben de investigarse y consignarse a todos y cada uno de los responsables, directos e indirectos, los primeros por ser los autores materiales de tan inhumano atropello y los segundos por complicidad, tolerancia y encubrimiento de sus subalternos. Y tal vez por autoría intelectual de estos delitos de lesa humanidad.
Además de que aquellos agentes del Ministerio Público y aquellos Jueces, son ahora, en otra escala jerárquica, parte del sistema
de gobierno y otros pretenden obtener cargos de elección popular.
Décimo, también es posible rastrear las huellas de ésta moderna inquisición sofisticada y mucho más cruel que aquella de dónde toma el nombre, si se realiza una auditoría estadística a todos los Ce. Re. Sos., a todas las agencias del Ministerio Público a todos los juzgados del Estado De B. C. S. Auditoría que deberá ser realizada por personas ajenas a quienes en éstos momentos son juez y parte. Se insiste en que por el sistema de rotación que practican Agentes del Ministerio público, judiciales estatales y Jueces, las anomalías y conductas criminales se repiten por todo el Estado de Baja California Sur.
Onceavo, este trabajo puede comprobarse en cualquier momento que se desee, basta con revisar archivos y expedientes del Centro de Readaptación Social de Cd. Constitución, B. C. S.
CONSTANCIA DE ADVERTENCIA:
Se hace directamente responsables de la muerte o cualquier perjuicio físico o moral, de los familiares o bienes materiales de los autores de éste trabajo a:
Lic. Guillermo Mercado Romero, ex - presidente del Tribunal Superior de Justicia del Edo. de B. C. S. y actual candidato a Diputado Federal por el Partido Revolucionario Institucional.
Lic. Jorge Alvarez Gámez, ex - procurador de Justicia del Edo. de B. C. S. y actual Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en éste mismo Estado.
Lic. Marco Antonio Félix Contreras, ex - agente del M. P de Cd. Constitución, B. C. S. y actual agente del Ministerio Público No. 4 de la Cd. de La Paz, B. C. S.
c. Heriberto Pérez, comandante de la Judicial de Cd. Constitución, B. C. S.
c. Alfonso Ledezma Alcántar, Director del Ce. Re. So. de Constitución, B. C. S.
Verano de 1991.
La Paz, Baja California Sur.
LEY CALLES.
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Alfredo Oropeza García, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Alfredo Oropeza García: - Gracias, señor Presidente; compañeros diputados: Creo que las circunstancias que se están presentando en este momento, y dada la variedad de temas que necesariamente nos llevarían a considerar un período extraordinario de sesiones, creo que tratar el tema que iba en este momento, bastaría para un solo tema: mereciera un período extraordinario de sesiones. Es la reforma al artículo 130 constitucional y la abrogación de la abrogación de la Ley Calles.
Dadas las circunstancias pues de tiempo ahora, con la excitativa y la petición en un momento dado, de ser atendida una petición en el sentido de un período extraordinario de sesiones, mi intervención la dejo para que se transcriba en
el Diario de los Debates y de esta manera dar por terminados los trabajos de este día.
«En días pasados el licenciado Agustín Tellez Cruces, representante personal del licenciado Salinas de Gortari ante el papa, y con motivo de su visita al Vaticano, declaró a la Prensa entre otras cosas que el órgano adecuado para definir si el pueblo mexicano ha madurado en relación al tema del vínculo de iglesia estado, es el Congreso de la Unión. El suscrito como parte de ese Congreso viene a expresar lo siguiente: Es hora de modificar el artículo 130 de nuestra Constitución y abrogar la Ley de Calles.
Debe existir antes que otra cosa congruencia entre la ley y la realidad. Salvo para uno que otro dinosaurio digno de museo, para todos los demás es evidente la existencia y actuación de la iglesia católica, así como de otras iglesias Tomando en cuenta que la mayoría del pueblo mexicano en ejercicio de su libertad de conciencia profesa alguna religión, es necesario que nuestra Constitución reconozca las diferentes iglesias que hay en el país, de tal manera que la modificación al 130 de la Constitución es indispensable.
Recordemos que para que una ley sea benéfica, políticamente valiosa y por lo tanto obedecida por los ciudadanos, debe sustentarse en una adecuada relación de los derechos fundamentales del hombre, respetando las convicciones del pueblo en materia religiosa.
La verdadera fuerza del estado no radica en dudosas tolerancias ni en simulaciones por no poder aplicar el derecho que va en contra de la realidad y la práctica, pues esto solo logra que disminuya su autoridad; sino que la fuerza de un estado radica en el cumplimiento y aplicación del derecho.
Igualmente, solo para algunos pequeños grupos que se quedaron en el pasado, para todos los demás, hay la evidencia de que existe una entidad que es la santa sede, con la que deben tratarse igual con todas las entidades del mundo numerosos asuntos que tienen que ver con la existencia de los mexicanos; más aun cuando la mayoría de éstos profesamos la religión católica.
Tener desde hace muchos años en nuestro país a un delegado apostólico nombrado por el papa, es de hecho tener un embajador del Vaticano. Por otro lado, el nombramiento de un representante personal ante el papa, es un primer paso en la modernización que se viene pregonando por el gobierno mexicano de este sexenio. México forma parte de la comunidad internacional, tiene un lugar en la misma y eso obliga a tratar con todos los jefes de estado cualquiera que sea su afiliación o ideología.
Los siguientes son algunos ejemplos evidentes de la incongruencia del artículo 130 de nuestra Constitución con la realidad. El párrafo VII otorga facultad a las legislaturas locales para determinar el número de sacerdotes para cada estado. Esto, además de ser letra muerta, es intromisión del estado en los asuntos de la iglesia.
El párrafo XI del citado artículo señala una obligación para todos los presidentes municipales del país de llevar dos libros, uno de los templos y otro de los encargados de los templos y señala esta disposición constitucional que esta obligación bajo pena de destitución de su cargo si no los lleva. Si se aplicara este párrafo no quedaría ningún presidente municipal, pues ninguno lleva estos dos libros.
En cuanto a la abrogación de la Ley de Calles, diremos dos cosas:
1o. Debe abrogarse porque esta ley no fue aprobada por ningún legislador, sino como está pasando ahora con el Tratado de Libre Comercio la Cámara de Diputados abdicando a sus facultades y obligaciones, con dispensa de trámite dio facultades extraordinarias al presidente en turno, Plutarco Elías Calles para reformar, entre otros el Código Penal; es esta forma, el señor Plutarco ante sí y sin opinión en contra, elaboró, promulgó y ejecutó con su propia ley, desatando la persecución de católicos con base en su dictatorial ley.
2o. Es tan contraria esta ley al sentir del pueblo mexicano, que su persistencia como amenaza incumplible ofende a la razón, pues la aplicación de algunas de sus disposiciones en estos tiempos, haría el escarnio del mundo, como por ejemplo el artículo 1o. de dicha ley que dice que para ejercer el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento, señalando al infractor que se le aplicará arresto hasta por 15 días. Además le dan facultad al Presidente de la República para expulsar al infractor del país. Otro ejemplo es el del artículo 13 que señala que hasta las simples hojitas parroquiales de cada ocho días, si llegan a hablar del presidente o del algún funcionario, se les aplicará a quien las elabore o distribuya arresto de uno a dos años y una multa; o la ridícula sanción que establece en el artículo 18, para
quien participe en un peregrinación, use crucifijos, escapularios, medallitas u otros a quienes se les aplicará arresto hasta por 15 días y si llegaran a reincidir, cárcel de uno a dos años.
Así pues, es necesario reparar esta lamentable abdicación del Poder Legislativo que hoy ante el mundo nos pone en tal atraso respecto a los defensores de los Derechos Humanos, que nos asemejan a regímenes como fueron Sudáfrica o Rumania.
Para quienes no nos empecinamos en vivir en el pasado, la transformación social a nivel mundial no sólo es indiscutible sino inevitable; así lo han entendido los sistemas basados en el materialismo marxista, quienes decepcionados han dado marcha atrás, por lo que México no puede quedarse fuera del cambio que se está dando en el mundo.
Si el Muro de Berlín cayo, ¿por qué no el 130 constitucional y la Ley Calles?
Es hora de que los creyentes de este país, especialmente los católicos sin miedos, por lo que hago un llamado a los presentes a que nos demos a la tarea de modernizar los vínculos entre iglesia y estado sobre la base de separación de estas dos entidades dejando al estado sus atribuciones y a la iglesia su labor pastoral, reconociéndola jurídicamente y reglamentando sus campos de actuación, pues ambas entidades son coadyuvantes en la ordenación social. Dejemos atrás miedos del jacobinismo que dados los cambios en el bloque antes socialista, hoy no son más que una simple caricatura, razón por la que hasta los masones han superado su radical y antigua actitud.
Es necesario que den fruto los acercamientos entre la iglesia y el Estado mexicano, pues los simples acercamientos no sirven de nada si en la práctica no se reforman nuestras leyes.
Por lo anterior, es exigencia de los creyentes de México que se reforma el 130 Constitucional de dudosa validez y vigencia pues no fue resultado de ningún consenso entre los constituyentes ni siquiera de una mayoría de éstos, así como que se abrogue la Ley de Calles, ejemplo vergonzoso de una dictadura. En suma, lo que los católicos queremos es una iglesia libre en un país libre.
Diputado Alfredo Oropeza García»
El Presidente: - Queda inscrito en el Diario de los Debates y se hace la excitativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
SOBRE CASAS DE BOLSA.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Gerardo Arellano Aguilar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar sobre las Casas de Bolsa.
El Diputado Gerardo de Jesús Arellano Aguilar: - Señor Presidente: tengo que reconocer que la jornada fue muy larga. El tema que pretendía tratar era muy importante y sostengo que es muy importante. Pero en obvio de tiempo y con la súplica de recibir una atención especial de la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, en este asunto de las casas de bolsa, de defraudadores de casas de bolsa, solicito que el texto completo de la denuncia que iba a presentar, sea turnada a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas, y ahí canalizaré toda la información adicional que tengo en el asunto. Muchas gracias.
« Honorable Asamblea: No podemos olvidar ni permitir que caiga en el olvido el vacío de poder y la negligente conducta de la autoridad, que vivimos y que contemplamos a partir del año de 1987 en el ámbito bursátil, hemos oído por millares las lamentaciones de los defraudados por las casa de bolsa que embarcaron a mayor parte de las clase media y la gente que de una o de otra forma habían logrado capitalizar sus ahorros y en la que finalmente perdieron su patrimonio, y después de cuatro años a través de los cuales muchos defraudados, enterraron sus esperanzas ante la indiferencia gubernamental, quedando actualmente un reducido grupo de estoicos que pelean todavía porque se les haga justicia y porque se rescate el honor perdido por las sistemáticas y protegidas violaciones al orden jurídico que prevaleciendo sobre todos los valores nos garantiza la seguridad y la estabilidad.
Es necesario encender la alarma, porque independientemente de los peligros que acechan en la selva bursátil se avecina en peligro mayor; las mismas personas, con las mismas leyes y supervisados por las mismas autoridades, están a punto de manejar los ahorros, ya no de los especuladores o de los "codiciosos", sino de todo el pueblo. El servicio público de banca y crédito va a quedar en manos de quienes las tienen manchadas por el fraude, por el engaño, por la corrupción, por las ilícitas alianzas y bendecidas por la impunidad, es necesario tomar medidas preventivas, ahora que aun estamos a tiempo, el próximo crac podría ser el bancario arrastrando hacia la ruina a todos los mexicanos con excepción de los trescientos magníficos,
quienes curiosamente son los principales postores de las acciones que el gobierno esta vendiendo representativas del capital social de los bancos. Las mismas personas denunciadas por la comisión de delitos, o demandadas por abusos e incumplimientos de contrato, se atreven a aspirar a comprar instituciones condicionadas a personas de honestidad a toda prueba. Los tres bancos que han sido reprivatizados, han sido adquiridos en la porción accionaria que se puso en venta por tres casas de bolsa y por cada banco que se siga vendiendo habrá dos o tres casas de bolsa que pretendan comprarlos, de tal manera que finalmente cuando hayan sido vendidos todos los bancos sus propietarios serán los mismos que se han enriquecido multiplicando sus ganancias en forma geométrica mediante los recursos legales o ilegales que tienen a su servicio como intermediarios financieros, que les permitieron durante un buen tiempo entrenarse como banqueros paralelos para sumir ahora la calidad de banqueros legítimos, pero con una terrible amenaza, si cuando manejaron las cuevas llamadas casas de bolsa embolsadamente actuaban como si fueran banqueros a pesar de que era esta una actividad prohibida para ellos, ahora que podrán actuar abiertamente manejaran la banca no con la mística aconsejable que impone la función social de la propiedad, sino con la impunidad abominable a la que se han ya acostumbrado de saqueadores de cuello blanco.
Los ahora aspirantes a la banca han tratado siempre al mercado de valores mexicano como un mercado subdesarrollado, porque a pesar de las leyes y de las circulares dictadas por la propia Secretaria de Hacienda, por el Banco de México o por la Comisión Nacional de Valores, los intermediarios financieros optaron por el autolibertinaje llevado este a tal extremo, que no hubo operación prohibida que no realizaran y no hubo disposiciones gubernamentales de observancia general, que no acataran, llegando al extremo de sostener ante la propia Comisión Nacional de Valores en los procedimientos conciliatorios o de arbitraje o ante los tribunales de justicia del Fuero Común que las circulares emitidas por el Poder Ejecutivo, carecían de obligatoriedad y no tenían fuerza de ley y que por lo tanto podrían acatarlas o no, sin. Que pudiera sancionárseles. De lo anterior hay múltiples pruebas en procedimientos judiciales, llegando al extremo de sostener que el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S. A. de C. V. que norma y regula las operaciones y la forma de realizarlas, no era aplicable a las relaciones entre las casas de bolsa y sus clientes es decir los inversionistas y que no obstante haber sido aprobado y sancionado por la Comisión Nacional de Valores tal y como lo ordena la ley de la materia era nada más aplicable a las relaciones entre casas de bolsa, por lo tanto a pesar de que era el único instrumento legal que podían utilizar los inversionistas para exigir el cumplimiento de las obligaciones de las casas de bolsa estos rechazaron que dicho apoyo legal pudieran utilizarlo sus clientes ya que era privativo de ellas el ajustar sus actividad o no a dicho reglamento.
Como consecuencia de lo anterior, en 1987 la gran mayoría de los entonces inversionistas perdieron el noventa y tres por ciento de sus inversiones y en algunos casos perdieron el cien por ciento y además sus casas por la voracidad de los intermediarios financieros: es importante resaltar que después de que pasaron de las manos de los inversionistas a los bolsillos de los funcionarios accionistas de las casas de bolsa o amigos de estos, cinco mil millones de dólares, mediante la simulación de operaciones las ventas inexistentes, los abusos de información privilegiada y otras artimañas más sofisticadas de las casas de bolsa.
Como simple ilustración quiero señalar que en septiembre y octubre de 1987 se realizaron operaciones aparentemente por tres veces más de las acciones que se encontraban registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, es decir se compraron y vendieron acciones inexistentes, se realizaron más operaciones extrabursátiles de acciones inscritas en la bolsa, que las que pasaron por el piso de remates de dicha bolsa, se abuso de la información privilegiada tanto de las emisoras como de los accionistas y funcionarios de las casas de bolsa, se registraban casas de bolsa como clientes de otras casas de bolsa para operar grandes paquetes en el piso de remates y luego reasignar las acciones entre los clientes de las casas de bolsa involucradas, es decir además de la Bolsa Mexicana de Valores cada casas de bolsa tenía su propia bolsa de valores interna y no era el mercado el que fijaba las cotizaciones sino los recursos de los clientes de los cuales disponían sin freno, los que determinaban el precio o sea mientras más pronto les quitaran los recursos los precios serían más altos, engañaron a la Bolsa Mexicana de Valores o esta se dejaba engañar haciendo aparecer en los boletines bursátiles elaborados por la propia Bolsa Mexicana de Valores, operaciones que realizaba una casa de bolsa como si las realizara otra, retiraban acciones de las carteras de los clientes sin que existieran contratos de prenda que les autorizaran hacerlo, engañaban a los clientes cautelosos haciéndoles creer que eran
rentisas o financieros de otros clientes tomando sus recursos y realizando operaciones que a pesar de que eran seguras cien por ciento representaba finalmente pérdida para el cliente cauteloso y una utilidad para la casa de bolsa o para algún cliente privilegiado el cual sin arriesgar un solo peso llegaba a tener utilidades superiores al capital invertido por el rentista, inventaban operaciones de plazo sin existir las acciones con la finalidad de que el comprador tuviera que vender su propia cartera para pagar la diferencia de precio en operaciones que solo existieron en sus estados de cuenta, manejaban las casas de bolsa varias contabilidades, una para la Comisión Nacional de Valores que más o menos coincidía con la que manejaban para efectos fiscales, otra que vaciaban en los estados de cuenta de los clientes que no tenía nada que ver en los registros contables de la casa de bolsa y otra más en la que manejaban la realidad de los ingresos que percibían, creaban pasivos a cargo de los clientes para congelar sus cuentas e impedirles la libre disposición de sus acciones obligándolos a conservarlas hasta que llegaban a sus precios mínimos momento en el cual las vendían quedando todavía saldos deudores a cargo de los clientes.
Lo anterior nos debe llenar de preocupación, si analizamos lo que esta sucediendo en estos momentos la voracidad de los intermediarios financieros, enriquecida con la experiencia acumulada de miles de operaciones ilícitas simuladas y exitosas en detrimento de la economía de sus clientes, inversionistas de buena fe, y sancionadas con la impunidad de sus fechorías, se ha volcado para adquirir los bancos que el gobierno esta reprivatizando y en poco tiempo tendrán en sus manos los recursos financieros y los ahorros del pueblo mexicano, ¿quién podrá detenerlos si están acostumbrados a violar la ley y a pasar siempre por sobre los derechos de las personas que contratan con ellos? Debemos impedir a como de lugar que se nos presente adornado en la forma que fuere un crac bancario cuyas consecuencias serán impredecibles no es posible que el dinero de los mexicanos quede en manos de quienes han demostrado ser hábiles para robar y que están acostumbrados a que se les premie por ello.
Pedimos ante este foro, que estas personas cumplan con su obligación de enfrentar todas las denuncias y demandas que existen en su contra y restituyan justa y legalmente lo que delictivamente le quitaron a sus clientes, pero repito, que con juicios totalmente imparciales, ya que ningún ciudadano común y corriente podría ser considerado candidato a adquirir las instituciones donde se manejan los ahorros del pueblo, si este despojo de sus ahorros en sus otras empresas a sus clientes.
La honorabilidad y solvencia moral y económica de estos super ciudadanos, esta en entredicho y por lo tanto no pueden ser los nuevos dueños de los bancos, pues se pone en riesgo la seguridad de los ahorradores de estas instituciones que son un factor por demás importante para el desarrollo del país.
Por lo anterior, solicitamos que el presente asunto sea turnado a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas para que solicite la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informe por escrito su negativa para la tramitación de las denuncias presentadas por particulares en contra de las casas de bolsa.
El Presidente: - Inscríbase en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Manuel Verdugo Rosas: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera y se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Segundo Período Ordinario de Sesiones. - Tercer año. - LVI Legislatura.
Orden del Día.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Comisiones de Cortesía.
Intervención de los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados.
Declaratoria de clausura de labores de la honorable Cámara de Diputados del Segundo Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio».
El presidente (a las 2.05 horas): - Se levanta la sesión y se cita para hoy miércoles 10 de julio a las 9.00 horas a sesión de Cámara de Diputados y a las 13.30 horas a sesión de Congreso General.