Legislatura LV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19920129 - Número de Diario 6
(L55A1PcpN006F19920129.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la administración de correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Fernando Ortiz Arana
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D. F., miércoles 29 de enero de 1992 No. 6
SUMARIO
ASISTENCIA
La secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Con las observaciones del diputado Fernández de Ceballos Ramos se aprueba.
INVITACIONES
Del Departamento del Distrito Federal para asistir al acto cívico del CLXXVIII aniversario luctuoso del General Mariano Matamoros y Orive. Se designa comisión.
Del Departamento del Distrito Federal, para asistir al acto cívico conmemorativo del LXXV aniversario de la promulgación de la Constitución. Se designa comisión.
SOLICITUDES DE LICENCIA
De los diputados Manuel Gurría Ordoñez y Eduardo Villaseñor Peña. Se aprueban.
COMUNICACIONES
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la instalación de su primer período de sesiones. De enterado.
Del Estado de Aguascalientes sobre la integración de su mesa directiva para el mes de enero. De enterado.
Del Estado de Jalisco sobre la clausura de su cuarto período extraordinario. De enterado.
De las Comisiones de Comercio y Relaciones Exteriores sobre información proporcionada por la Secretaría de Comercio sobre el Tratado de Libre Comercio. De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Masatoni Watanabe, pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República del Ecuador. Se turna a la Primera Comisión. Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Jáuregui Rojas, pueda aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña. Se turna a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lucina Lara Chícharo, María de Lourdes Flores Lancaster y María Guadalupe Romero Acuña, puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California. Se turna a la Primera Comisión de Trabajo.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el Gobierno de Francia.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede el permiso al ciudadano Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Venezuela.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
De la Tercera Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Francisco Valdés Lizárraga, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. Se aprueba. Rinde protesta.
CONDECORACIÓN
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Jesús Aguilar Ferreira, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República de Francia. Se aprueba.
FRONTERA NORTE
Sobre la investigación de una posible autorización de un basurero de residuos contaminantes en la capital de Spofford, Texas, toma la palabra el senador Héctor Terán Terán. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
De la diputada Rosa Albina Garavito Elías dirigida a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
MOVIMIENTO DE HUELGA DE LA INDUSTRIA TEXTIL
Proposición presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se turna a las Comisiones de Información, Gestoría y Quejas y a la de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Sobre las cuotas de admisión en dicha institución intervienen los diputados.
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Manuel Jiménez Guzmán
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
ACUERDO NACIONAL PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD
Solicitud de excitativa presentada por la diputada Rosa Albina Garavito Elías dirigida a la Comisión de Trabajo.
Rigoberto Ochoa Zaragoza
Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.
EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ EN MÉXICO
Sobre el beneplácito otorgado por el gobierno mexicano el Embajador de Panamá toman la palabra los legisladores:
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
José Antonio González Fernández
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Denuncia contra el gobernador presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Intervienen los legisladores:
Diego Fernández de Ceballos Ramos
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
DEL ESTADO DE COAHUILA
Denuncia presentada por la diputada Rosa Albina Garavito Elías.
Sobre el mismo, toma la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano para rectificar hechos.
Rosa Albina Garavito Elías, para rectificar hechos.
SEMBLANZA
Del dirigente chileno Juan Vargas Puebla, presentada por el diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Interviene el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo para expresar su opinión sobre el particular.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los legisladores.
El secretario diputado Luis Felipe Bravo Mena - Se va a proceder a pasar lista de asistencia de los miembros de la Comisión Permanente.
Hay una lista de 31 legisladores. Hay quórum, señor Presidente. El Presidente (a las 11.30 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Luis Felipe Bravo Mena - Se va a dar lectura al orden del día.
"Comisión Permanente. - Primer Receso. - Primer Año - LV Legislatura.
Orden del día
29 de enero de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXXVIII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, tendrá lugar el 3 de febrero en el Altar y a los Defensores de la Patria, en el Hemiciclo a los Niños Héroes del viejo Bosque de Chapultepec, a las 11.00 horas.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXV aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 tendrá lugar el 5 de febrero en el Monumento de la Revolución Mexicana, en la Plaza de la República, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc, a las 11.00 horas.
Comunicaciones de ciudadanos legisladores.
Comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Comunicaciones de los Congresos de los estados de Aguascalientes y Jalisco.
Comunicación de los presidentes de las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en relación a la información proporcionada por la Secretaría de Comercio, sobre el Tratado de Libre Comercio.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Masatoni Watanabe, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
Por el que solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lucina Lara Chícharo, María de Lourdes Flores Lancaster y María Guadalupe Romero Acuña, pueden prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la condecoración Cívico Militar General en Jefe Francisco Esteban Gómez, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Dictámenes a discusión
De la Tercera Comisión, con el punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano licenciado Francisco Valdés Lizárraga, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Aguilar Ferreira, para aceptar y usar
la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Proposición a cargo del senador Héctor Terán Terán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sobre un asunto fronterizo.
Excitativa que formula la ciudadana diputada Rosa Albina Garavito, del grupo partidista del Partido de la Revolución Democrática, a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Intervención del diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto a las cuotas de inscripción de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Comentarios sobre el beneplácito concedido por el gobierno mexicano, al embajador del gobierno panameño, a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Comentarios por el ciudadano diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo partidista del Partido de la Revolución Democrática, acerca de la personalidad de Juan Vargas Puebla.
Intervención a cargo del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para denunciar la actitud asumida por el gobernador del estado de Guanajuato.
Pronunciamiento presentado por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre probable firma del Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad.
Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto a las repercusiones habidas en el estado de Coahuila por los sucesos ocurridos en Matamoros.
Comentarios a cargo del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, referente al movimiento de huelga de la industria textil.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez: - Se va a dar lectura al acta de la sesión anterior.
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintidós de enero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y un minutos del día veintidós de enero de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de treinta y tres legisladores, el Presidente declara abierta la sesión e informa que el senador Humberto Lugo Gil se encuentra cumpliendo una comisión en la República Dominicana y que, por ausencia de la diputada Dominicana y que, por ausencia de la diputada Rosa Albina Garavito Elías, estará presente su sustituto el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda.
La Secretaría da cuenta con el orden del día y posteriormente con el acta de la sesión anterior, misma que, sin discusión, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que se encuentra presente una comisión de la Segunda Asamblea de Representantes del Distrito Federal y concede el uso de la palabra a la representante Hilda Anderson Nevárez de Rojas, quien informa de la clausura del primer período de sesiones ordinarias. El Presidente agradece la presencia de los representantes y hace votos porque sus trabajos sean siempre en beneficio de los habitantes del Distrito Federal.
Se da lectura a una invitación del Congreso del estado de Yucatán, a la sesión solemne en la que la gobernadora de esa entidad, rendirá el cuarto informe de gestión administrativa. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
La Secretaría da lectura a diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Oaxaca, Yucatán y Nuevo León, por las que informa de sus actividades. De enterado.
Por instrucciones de la Presidencia, se da cuenta de una proposición de la mesa directiva, en relación con las comisiones de trabajo de la Comisión Permanente, por licencia concedida al senador Artemio Iglesias Miramontes. Se aprueba en votación económica.
Se da cuenta con un oficio de la Cámara de Senadores, con el que se remiten las aprobaciones de legislaturas de los estados respecto de las reformas al artículo ciento dos de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. El Presidente hace la declaratoria correspondiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Otro oficio de la colegisladora, con el que se remiten las aprobaciones de las legislaturas estatales, en relación con las reformas a los artículos tercero, quinto, vigesimocuarto, vigesimoséptimo y ciento treinta, así como la adición del artículo decimoséptimo transitorio de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente hace la declaratoria correspondiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se da lectura a otro oficio de la Cámara de Senadores, con el que remiten las aprobaciones de las legislaturas de los estados en relación con las reformas al artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Presidente hace la declaratoria correspondiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaría da lectura a un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que comunica que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nombró al licenciado Francisco Valdés Lizárraga, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, en sustitución del licenciado Luis Carballo Balvanera. Se turna a la Tercera Comisión.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Néstor Dich Gary y Héctor José Martínez Arizpe, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Francia y Venezuela, respectivamente. Se turna a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Marco Antonio Amoroso Cruz, para los efectos de la fracción séptima del artículo setenta y nueve de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se turna a la segunda Comisión.
Se da primera lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitución necesario para que el ciudadano Jesús Aguilar Ferreira, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Se da lectura a un acuerdo de la Primera Comisión, respecto a la proposición del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, a nombre del Partido Popular Socialista, para convocar a un período de sesiones extraordinarias, a fin de hacer un homenaje a la Constitución de mil novecientos diecisiete. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba el punto de acuerdo, con cuatro votos en contra.
Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, quien propone la comparecencia del director general de reclusorios ante las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Distrito Federal. En votación económica se admite el punto de acuerdo y se turna a las comisiones mencionadas.
Para proponer una declaratoria respecto de los acuerdos de paz en la República de El Salvador, hace uso de la palabra el senador Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien propone una declaración política respecto al alto al fuego entre la República Árabe Saharaui y el Reino de Marruecos. Se registra y la Comisión Permanente la hace suya.
Se concede el uso de la palabra al diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, del Partido Revolucionario Institucional, quien expresa la solidaridad de los legisladores para con los habitantes de las zonas siniestradas por las lluvias y nevadas en los últimos días.
Para comentar algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de América y Canadá, hacen uso de la palabra los legisladores Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Carlos Sales Gutiérrez, del Partido Revolucionario Institucional y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
La Presidencia concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jiménez Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, quien denuncia declaraciones del obispo de Cuernavaca.
Para expresar sus opiniones al respecto al mismo tema, hacen uso de la palabra los legisladores Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, en tres ocasiones Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, en tres ocasiones; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional; Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional y Pablo Emilio Madero Belden, del Partido Acción Nacional.
Para comentar el anuncio de la fusión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, hacen uso de la palabra los legisladores Jesús Martín del Campo del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución de la diputada Rosa Albina Garavito Elías; María de los Angeles Moreno Uriegas, del Partido Revolucionario Institucional; Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en sustitución del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional.
El Presidente informa que no tiene facultades para decidir respecto de la propuesta del diputado Martín del Campo.
Para denunciar la privación de la libertad en contra de campesinos del estado de Chiapas, hacen uso de la palabra los legisladores Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática y Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Hace uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, para expresar su opinión al respecto y el Presidente turna el asunto a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
Está a discusión el acta...
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos(desde su curul): - Señor Presidente, solamente para hacer una precisión.
Nosotros votaremos a favor al acta porque está bien redactada, pero nos parece de elemental honradez dejar constancia de dos errores que fueron evidentes, pero que deben constar.
Uno. El que cometió mi compañero, el diputado Gabriel Jiménez Remus, cuando al hablar refiriéndose al diputado Cuauhtémoc Amezcua, mencionó el nombre del señor Cuauhtémoc Cárdenas.
Y su servidor, cuando al tratar de hablar de Hidalgo y Morelos, hice referencia a Juárez y Morelos.
Para los efectos del caso, que se deje constancia y votaremos a favor el acta. Gracias.
El Presidente: - Le ruego a la Secretaría registre el planteamiento formulado, la aclaración formulada por el diputado Fernández de Cevallos y ponga a consideración de la asamblea acta.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez: - Se toma nota, señor Presidente.
Está a discusión el acta con las observaciones del diputado Fernández de Cevallos...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INVITACIONES
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal. - Dirección General de Acción Social, Cívica y Cultural.
Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado a ceremonia cívica conmemorativa del CXXVIII aniversario luctuoso del general Mariano Matamoros y Orive, que tendrá lugar el día lunes 3 de febrero a las 11.00 horas, en el Altar a los Defensores de la Patria, Hemiciclo a los Niños Héroes del viejo Bosque de Chapultepec.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director de Acción Cívica, Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa a los siguientes legisladores: el diputado Manuel Jiménez Guzmán y senador Mario Villanueva Madrid.
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal. - Dirección General de Acción Social, Cívica y Cultural.
Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del LXXV aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de 1917, que tendrá lugar el día miércoles 5 febrero a las 11.00 horas, en el Monumento de la Revolución Mexicana, ubicado en Plaza de la República, colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitarle tenga a bien girar sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa honorable Comisión Permanente que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección.
El director de Acción Cívica, Vicente de la Cruz Santiago.» El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, esta Presidencia designa al señor diputado Fernando Lerdo de Tejada.
SOLICITUDES DE LICENCIA
El Presidente:
«Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
El día de ayer fui designado por el Congreso de Estado de Tabasco como gobernador sustituto. A fin de estar en posibilidad de asumir esa responsabilidad, con fundamento en los artículos 62 y 79 fracción VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solicito licencia para separarme del cargo de senador de la República.
Al agradecer a ustedes su amable consideración a la presente, hago propicia la ocasión para renovarles las seguridades de mi consideración más distinguida.
Muy atentamente.
México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1992. - Senador Manuel Gurría Ordóñez.»
El Presidente: - De conformidad con lo que establece la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. Se concede licencia previa al senador Manuel Gurría Ordóñez, para separarse de sus funciones de senador de la República por el estado de Tabasco, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública en el estado de Tabasco, a partir de esta fecha y durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. En su oportunidad la Cámara de Senadores habrá de llamar al suplente."
Señores legisladores. En votación económica se consulta si están de acuerdo con este punto al que ha dado lectura la Presidencia, concediendo la licencia.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... Se concede la licencia en los términos solicitados por el señor senador
Manuel Gurría Ordóñez. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
El Presidente:
«Ciudadano diputado licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presente.
Eduardo Villaseñor Peña, en mi carácter de diputado federal del estado de Michoacán en la LV Legislatura del Congreso de la Unión.
Ante usted comparezco y expreso que el Partido Revolucionario Institucional, e ha distinguido designándome su candidato para contender por
la gubernatura del estado de Michoacán en las próximas elecciones locales en esa entidad.
Aceptar esta honrosa responsabilidad me obliga a desarrollar un intenso trabajo de campaña política, motivo que no me permite cumplir plenamente con las responsabilidades de mi encargo como diputado federal. Consecuentemente, por una obligación política y ética estimo indispensable el separarme de las funciones que me corresponden como diputado federal, a fin de dedicarme íntegramente a las actividades políticas que he protestado cumplir con lealtad y eficacia.
Por ello, con fundamento en lo previsto por el artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con todo respecto solicito que:
En los términos previstos por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se me conceda licencia para separarme de las funciones de diputado federal que he venido cumpliendo.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1992. - Diputado federal Eduardo Villaseñor Peña.»
En consecuencia y toda vez que esta Comisión Permanente tiene la facultad que le otorga la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución, ponemos a consideración de ustedes el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al diputado Eduardo Villaseñor Peña, para separarse de sus funciones como diputado federal por el IV distrito del estado de Michoacán, a partir de esta fecha.
Segundo. En su oportunidad el pleno de la Cámara habrá de llamar al suplente."
Se consulta, en votación económica, señores legisladores, si están de acuerdo con estos puntos que ha dado la Presidencia.
Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, por favor, levantando la mano...Aprobado el punto de acuerdo y, en consecuencia, concedida la licencia solicitada por el señor diputado Eduardo Villaseñor Peña. Continúe la Secretaría.
COMUNICACIONES
El secretario diputado Luis Felipe Bravo Mena:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Suprema Corte de Justicia de la Nación. - Presidencia. - México.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Me permito comunicar a ustedes, rogándoles se sirvan hacerlo del conocimiento de esa honorable Comisión Permanente que el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación inauguró su primer período de sesiones, y que el tribunal pleno tuvo a bien designarme Presidente de este alto cuerpo colegiado para el presente año.
Reitero a ustedes las seguridades de mi especial consideración.
México, Distrito Federal, a 2 de enero de 1992. - El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ulises Schmili Ordóñez.»
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, - Poder Legislativo.
Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.
Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura del estado de Aguascalientes, en sesión ordinaria de esta fecha, llevó a cabo la elección de mesa directiva que funcionará durante el mes de enero de 1992, habiéndose integrado por mayoría de votos, en la forma siguiente:
Diputados: Alfredo González González, Presidente; Alicia Ibarra Rodríguez, vicepresidente; secretarios; Gilberto Carlos Ornelas, Gastón Guzmán Díaz y prosecretario Jorge Ortiz Gallegos.
Al participar a ustedes lo anterior, nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
"Año del licenciado Jesús Terán Peredo."
Treinta y uno de diciembre de 1991. - Diputados: Sergio Reyes Velasco, Presidente;
secretarios: Antonio Reyna Santoyo e Ignacio Campos Jiménez.» Trámite - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno de Jalisco - Poder Legislativo. - Secretaría del Congreso.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.
Conforme a lo dispuesto por el artículo 84 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la entidad comunicamos a usted (es) que, en sesión de esta fecha el honorable Congreso del estado de Jalisco, clausuró su cuarto período extraordinario de sesiones correspondientes al tercer año de ejercicio constitucional de esta legislatura, a que convocó la honorable diputación permanente.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales procedentes.
Atentamente.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Diputados secretarios: Francisco Flores Ruelas y J. Arturo de J. Pozos C.»
Trámite: - De enterado.
El mismo Secretario diputado:
«Diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Los suscritos informamos a usted que en relación al acuerdo de la Comisión Permanente del día 3 de los corrientes para que las comisiones correspondientes de la Cámara de Diputados solicitaran información sobre el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, nos es muy grato informarle que el día de ayer se recibió de la Secretaría de Comercio la actualización de la información pertinente.
Por lo anterior, en las próximas sesiones de ambas comisiones daremos cuenta pormenorizada de la documentación recibida.
No obstante, si algún legislador desea la información recibida, a partir del día de hoy queda a su disposición.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 29 de enero de 1992. - Diputados: Javier Garduño Pérez, presidente de la Comisión de Comercio y José A. González Fernández, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores.»
Trámite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
CONDECORACIONES
El secretario diputado Luis Felipe Bravo Mena:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores, dirigió a esta dependencia del Ejecutivo, con fecha 9 del actual, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"El señor Enrique Masatoni Watanabe, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que se le comunican que le otorgarán la condecoración relativa."
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., A 17 de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En oficio fechado el 9 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a esta de Gobernación, lo siguiente:
"El ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, solicita se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III, apartado B, del artículo 37 de nuestra Constitución Política, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña. Para tal efecto y a fin de que se integren en su expediente, remito a usted carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo, acta de nacimiento, curriculum vitae y notificación en la que se le comunican que le otorgarán la condecoración relativa".
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 16 de enero de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, túrnese a la Primera Comisión.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El mismo Secretario diputado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicano. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Con fecha 10 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al gobierno de los Estados Unidos de América.
Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan las nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: Lucina Lara Chícharo; en el equipo de Visas de Inmigrante, Consulado General de Tijuana, Baja California; María de Lourdes Flores Lancaster, secretaria, Consulado General de Tijuana Baja California; María Guadalupe Romero Acuña, Departamento de Visas, Consulado General de Tijuana, Baja California.
Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente los anexos que en el mismo se mencionan.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 16 de enero de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El Secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Néstor Duch Gary, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que el confiere el gobierno de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales para conceder el permiso
solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary , para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1992. - Presidente, diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretario, diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; diputado Amador Rodríguez Lozano senadora Silvia Hernández Enríquez; senador Mario Villanueva Madrid; senador Jesús Murillo Karam; senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: - Primera lectura.
El mismo Secretario senador:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado, el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Héctor José Martínez Arizpe, pueda aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe Francisco Esteban Gómez que le confiere el gobierno de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe Francisco Esteban Gómez, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1992. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; diputado Amador Rodríguez Lozano; senadora Silvia Hernández Enríquez; senador Mario Villanueva Madrid; senador Jesús Murillo Karam; senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
NOMBRAMIENTO
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Tercera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Tercera Comisión que suscribe se turnó el expediente formado con motivo de la designación que a partir del 8 de enero de 1992 y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, hizo el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano licenciado Francisco Valdés Lizárraga, como magistrado de la Sala Superior del mencionado tribunal Luis Carballo Balvanera.
La comisión dictaminadora desea destacar que de la revisión del expediente respectivo se concluye que el licenciado Francisco Valdés Lizárraga cumple con los requisitos previstos en el artículo 4o. de la ley citada, pues el mismo acreditó que es mexicano por nacimiento; mayor de 35 años y menor de 65; que cuenta con el título de licenciado en derecho registrado por la dependencia facultada, mismo que fue expedido con fecha 17 de diciembre de 1975, y con experiencia de más de cinco años en materia fiscal.
Por lo anteriormente expuesto, esta comisión somete a la consideración y aprobación, en su caso, de esta honorable asamblea el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el
artículo 3o., el último párrafo, de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, aprueba el nombramiento expedido por el ciudadano Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en favor del ciudadano licenciado Francisco Valdés Lizárraga como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, a partir del 8 de enero de 1992.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1992. - Presidente, diputada María de los Angeles Moreno Uriegas; secretario, senador Rogelio Montemayor Seguy; diputada Rosa Albina Garavito Elías, senador Héctor Terán Terán, senador Manuel Aguilera Gómez, diputado Pablo Emilio Madero Belden, senador Carlos Sales Gutiérrez, senador Diódoro Carrasco Altamirano, senador Gustavo Guerrero Ramos y diputado Miguel Angel Yunes Linares.»
Está a discusión el punto de acuerdo...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor Secretario.
Se encuentra a las puertas de este recinto el licenciado Francisco Valdés Lizárraga, cuyo nombramiento como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación acaba de ser aprobado por esta Comisión Permanente.
En consecuencia, para que lo introduzcan a este salón y lo acompañen a rendir la protesta de ley, se designa en comisión a los siguientes legisladores: diputado Ramón Ferrara Pardiño y senador Héctor Terán Terán.
Se ruega a esta comisión designada cumpla con su cometido...¿No se encuentra el senador Terán?, le vamos a rogar entonces al diputado Gabriel Jiménez Remus nos haga el favor de cumplir con esta comisión.
Está aquí a las puertas del recinto el señor magistrado.
(La comisión cumple su cometido.)
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Señor licenciado Francisco Valdés Lizárraga: ¿Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
El licenciado Francisco Valdéz Lizárraga: - ¡Sí, protesto!
El Presidente: - Si no lo hiciéreis así, que la nación os lo demande.
¡Felicidades, licenciado! (Aplausos.)
Se ruega a la Comisión designada acompañar al señor magistrado cuando desee retirarse de este recinto.
Continúe, señor Secretario, con los asuntos en cartera.
CONDECORACIÓN
El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:
«Primera Comisión.
Honorable asamblea: La Primera Comisión que suscribe, efectuó el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano licenciado Jesús Aguilar Ferreira, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano licenciado Jesús Aguilar Ferreira, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de la República de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 17 de enero de 1992. -
Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Mario Villanueva Madrid, senador Jesús Murillo Karam, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén a favor, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
FRONTERA NORTE
El Presidente: - Vamos a continuar con los puntos que tenemos registrados por parte de todos los partidos en el orden del día, previsto para la reunión de la Comisión Permanente de esta fecha y concedemos la palabra al señor senador Héctor Terán Terán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para tratar un asunto fronterizo.
El senador Héctor Terán Terán: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Honorable Cámara de Senadores, LV Legislatura, Congreso de la Unión, presente: Héctor Terán Terán, senador de la República, a esta honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, respetuosamente manifiesto:
Que con las atribuciones que le confiere a esta Comisión Permanente el artículo 79, fracción III constitucional y el artículo 113 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a hacer y hago la siguiente proposición para que el señor Presidente la turne a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República y a la de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados.
Que se investigue la posible autorización de un basurero de residuos contaminantes de radioactividad en la ciudad de Spofford, Texas, ubicado a 40 kilómetros en línea recta de ciudad Acuña y de 45 kilómetros de Piedras Negras, ambas en el estado de Coahuila, a pesar del acuerdo binacional de fecha 14 de agosto de 1983, revisado y añadido en noviembre 12 de 1986 y que sirve de base para el Plan Integral Ambiental Fronterizo que está por firmarse en este año de 1992 y para que, conforme a las facultades constitucionales y legales, se actué en consecuencia.
Considero necesario advertir, a manera de antecedentes, lo siguiente:
En el acuerdo de referencia se denominó zona fronteriza a la zona comprendida dentro de los 100 kilómetros lineales hacia dentro de ambas naciones. En esta zona ambas naciones se han comprometido a cooperar para la preservación el mejoramiento del ambiente, siguiendo medidas para la prevención de contaminación y su control en el área fronteriza.
La cercanía con el suelo coahuilense de dicho basurero debe ponernos alertas, pero además, al revisar el proyecto aprobado por el Departamento de Salud de Texas a la Texcor Industries Incorporation y revisar también la historia de su aprobación, no quedan dudas de que su ubicación dentro de la subcuenca del Río Bravo no es accidental, sino que a propósito se ha ubicado ahí para que en el caso de un accidente contaminante se dañe la menor región posible del estado de Texas sin importar que Coahuila y por lo tanto México, se perjudique gravemente.
De acuerdo con los planos del contrato, el sitio del basurero está a unos metros dentro de la subcuenca del Bravo, de recorrerse un kilómetro al norte quedaría dentro de la subcuenca del Río Nuece, que corre por el sur de Texas hasta desembocar en el Golfo de México. Esto significaría que incidentes contaminantes superficiales escurrirían hacia México y hacia Río Bravo y no hacia el centro y sur de Texas.
Para fijar el sitio en la subcuenca del Bravo, se debió montar el basurero sobre una falla geológica.
Así las cosas y con estos antecedentes, la población del estado de Coahuila ha venido mostrando y muestra una total desaprobación a la construcción del basurero de residuos industriales contaminantes con radioactividad en Spofford, Texas.
Por lo expuesto y para mayor información, adjunto a la presente proposición: fotocopia simple del Convenio entre los Estados Unidos de
América y los Estados Unidos Mexicanos sobre la Cooperación para la Protección y el Mejoramiento del Medio Ambiente en el área fronteriza; de la resolución número 91RO97 de fecha 4 de noviembre de 1991, de la ciudad de Laredo, que contiene la oposición al propósito de crear dicho basurero; de la resolución de fecha 20 de noviembre de 1991 de la ciudad de Browsville, Texas, en tal sentido; de la resolución número 1991 - 35 de fecha 5 de noviembre de 1991, de la ciudad de Mc. Allen, en tal sentido y de otros documentos también en el mismo sentido.
Por lo expuesto a usted, señor Presidente, atentamente pido se sirva turnar la presente proposición a las comisiones del Senado y de la Cámara de Diputados que señalo.
Atentamente.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a 29 de enero de 1992. Senador Héctor Terán Terán.
El Presidente: - Gracias, señor senador Terán Terán.
Vista la proposición del señor senador Terán Terán, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y toda vez que la fundamenta la fracción III del artículo 79 constitucional, procede y así determina esta Presidencia, turnar su proposición a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República y a la Comisión de Ecología de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE EXCITATIVA
El Presidente: - Pasamos al siguiente punto contenido en el orden del día, que es una excitativa que formulará la diputada Rosa Albina Garavito, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene la palabra, diputada.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con motivo del cargo 1148 por acuerdo del pleno de la Cámara de Diputados de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, se encomendó a la Contaduría Mayor de Hacienda una auditoría integral al sector eléctrico.
Como resultado de dicho acuerdo, la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor entregó un informe especial del avance de las auditorías del sector eléctrico y de los resultados parciales al 30 de septiembre de 1991. La auditoría se practicaría a fin de obtener un diagnóstico de la estructura financiera del sector y de la observancia de la legalidad por parte de sus entidades.
De acuerdo al informe especial, a mediados de diciembre del año pasado, debió emitirse el diagnóstico integral y el dictamen definitivo sobre el sector eléctrico. Tal compromiso no se ha cumplido a la fecha, por lo que, con fundamento en los artículos 34, inciso b, de la Ley Orgánica del Congreso; 21, fracciones III y XVI y 85, párrafo segundo, ambos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos que se haga una excitativa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que entregue a la brevedad el diagnóstico integral del dictamen definitivo sobre el sector eléctrico.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Gilberto Rincón Gallardo y la diputada Rosa Albina Garavito.
Dejo a la Secretaría el documento.
El Presidente: - Gracias diputada, yo le informo a los señores legisladores que tengo conocimiento que la Contaduría Mayor de Hacienda concluyó ya su auditoría muy intensa que llevó a cabo en este asunto como un mandato del pleno de la LIV Legislatura, que a su vez la Comisión de Vigilancia está por enviar a la Permanente para que ésta turne ya a las comisiones correspondientes el resultado de estas auditorías, por lo que nos hacemos eco de su solicitud diputada Rosa Albina Garavito y hacemos un llamado a la Comisión de Vigilancia para que turne a esta Comisión Permanente a la brevedad, el resultado final de los dictámenes de auditoría formulados por el órgano técnico de la Cámara de Diputados.
MOVIMIENTO DE HUELGA DE LA INDUSTRIA TEXTIL
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra, ahora, al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para hacer comentarios respecto al movimiento de huelga de la industria textil. El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo:
- Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
El Tratado de Libre Comercio en proceso de negociación, ha venido presionando sobre
diversas esferas de la vida nacional, entre otras y de manera muy importante sobre el sector laboral. Esto es así, porque ya hemos comentado la ventaja comparativa esencial de México al entrar a este posible tratado, radica justamente en la baratura de su fuerza de trabajo y, por lo tanto, en el contexto de las negociaciones mismas se dan toda clase de presiones para tratar de que ésta se abarate cada vez más.
En este contexto se ha venido especulando sobre las posibles reformas o no al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal del Trabajo.
Estas reformas, de darse, según lo han venido demandando los sectores patronales mexicanos más vinculados a los capitales extranjeros, tendrían, entre otros propósitos, el de eliminar de la jornada de trabajo y sustituirla por el pago por hora, el de afectar el derecho de huelga limitándolo de manera extrema; el de afectar el derecho de organización sindical de los trabajadores y muchas otras conquistas laborales.
Independientemente de que estas reformas al artículo 123 pudieran darse en ese sentido o no, se ha venido también trabajando de manera paralela otro camino, una especie de puerta falsa para vulnerar las conquistas señaladas en la Constitución y en su ley reglamentaria en materia laboral, por la vía de lo que se ha llamado un pacto o un Acuerdo Nacional para la Productividad, en el cual y al margen de las normas jurídicas, se tratarían de vulnerar de cualquier manera ese tipo de conquistas a las que he hecho referencia inmediatamente antes.
Pero además de estos dos caminos, ha aparecido un tercero, del cual nos acabamos de enterar apenas el día 27 de este mes, anteayer, por declaraciones formuladas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, por el Ministro de Comercio Internacional del Canadá, el señor Michael Wilson, quien informa que se está llevando adelante un memorándum de entendimiento en materia laboral entre nuestros tres países y que también viene a ser otro atajo para abatir las conquistas de carácter obrero y sindical vigentes en México, probablemente sin necesidad de modificar la Ley Federal de Trabajo y el artículo 123 de la Constitución, pero sí evidentemente vulnerándolos, violándolos, en su contenido y vigencia. Este es un asunto sumamente preocupante ya de por sí en los últimos años. Los trabajadores mexicanos han visto decaer de manera muy grave su salario y a la par que su salario, sus conquistas laborales de todo género, aún antes de que se empezara a hablar incluso de la posible suscripción del Tratado de Libre Comercio.
Una de las manifestaciones en que se refleja el retroceso de los intereses de los trabajadores muy a la vista, es el de carácter salarial, dado que según los datos del Banco de México, de la Secretaría de Programación y Presupuesto y también de la Comisión Económica para América Latina, el salario en México ha retrocedido en un 63% a partir de 1967, de ese año a esta fecha, lo que significa que en la actualidad un trabajador requiere del fruto del producto de tres jornadas del trabajo para comprar en el mercado lo que compraba hace 15 años con una jornada de trabajo.
También se refleja el retroceso de los trabajadores en otro dato muy objetivo que es el del número de huelgas estalladas por año y en donde se ve la conducta de las autoridades laborales, muy vinculada en los últimos años a los intereses patronales y muy divorciada de los intereses de los trabajadores.
Así, comparando con los momentos recientes, relativamente recientes de la vida de México, vemos que en 1935 estallaron 642 movimientos de huelga; en 1936, 674 movimientos de huelga; en 1937 estallaron 576; en 1943 fueron 766 los movimientos de huelga estallados, la mayoría de ellos terminaron victoriosos en todos estos años, logrando de manera muy completa las demandas de los trabajadores; en 1944 fueron 877 y de manera contrastante en los últimos, en los de la actual política neoliberal, en 1988 sólo estallaron 132 movimientos de huelga de carácter federal; en 1989 estallaron 118 y en 1990 estallaron 150; en el año pasado, en 1991, de enero a septiembre, eran 114 los movimientos de huelga estallados; según el informe presidencial los emplazamientos fueron alrededor de cinco mil y la mayoría de ellos se resolvieron en ese proceso, pero no en favor de las demandas de los trabajadores, por lo menos, no en lo sustancial.
El Partido Popular Socialista coincide en este ámbito con las preocupaciones que han externado el movimiento obrero organizado, en torno a que cualquier modificación al artículo 123 o a la ley reglamentaria, debiera producirse solamente en caso de que se respeten de manera plena las conquistas laborales vigentes y las modificaciones signifiquen nuevos avances en este sentido. Pero lamentablemente la correlación de fuerzas no se manifiesta de tal manera que esto esté garantizado, sino que por el contrario se ven severamente amenazados estos derechos y estas conquistas.
En este marco, en estas circunstancias, hay un hecho muy preocupante. Las autoridades del trabajo calificaron como inexistente la huelga estallada en 24 de las 36 empresas de la industria textil de la lana, el pasado lunes 27 de enero, hecho que además del grave daño a los legítimos intereses laborales de los trabajadores de dicha industria que son más de dos mil, pone además en riesgo de desaparecer el contrato - ley de la industria textil de la lana, lo que sería el inicio del proceso que podría poner fin a otros contratos - ley o contratos colectivos obtenidos como de la lucha tenaz y organizada de muchos años de los trabajadores mexicanos.
El Partido Popular Socialista, consecuente con sus principios y en defensa de los intereses de la mayoría de la población, que es la que vive de su trabajo, condena enérgicamente esta decisión antiobrera de las autoridades del trabajo y alerta al movimiento obrero sobre esta acción, que pone en grave riesgo las graves conquistas laborales duramente ganadas en el terreno de la lucha obrero - patronal.
Debemos recordar y reiterar que el derecho laboral mexicano es eminentemente tutelar de los trabajadores, por lo cual, es injusto pretender fundamentar las declaratorias de inexistencia, como se hizo en este caso y se ha venido haciendo cada vez con más frecuencia, en supuestas o reales deficiencias de procedimientos imputables a los trabajadores, toda vez que nuestras leyes en materia de trabajo obligan a las autoridades a proceder de oficio y a suplir la deficiencia de la queja, en beneficio de la planta obrera; proceder en sentido contrario, como se ha venido procediendo en los últimos años, implica violentar los mandatos constitucionales y las normas legales reglamentarias y orgánicas, tienden a volver negatorios los derechos sociales contenidos en la Constitución y contribuyen a empeorar todavía más la ya en extremo crítica situación de pobreza de los trabajadores mexicanos.
En esta virtud, hemos traído a esta tribuna de la Comisión Permanente, traigo a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista esta breve propuesta de punto de acuerdo que dice así:
Las autoridades del trabajo, de manera súbita e inexplicable, declararon la inexistencia de la huelga estallada en 24 de las 36 empresas textiles de la lana, ubicadas en los estados de Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal, con grave daño para los más de dos mil trabajadores al servicio de dichas empresas.
Como consecuencia de dicha declaratoria, los trabajadores en huelga debieron presentarse a laborar desde la siete horas con 30 minutos del día 27 de enero del año en curso, so pena de quedar rescindido su contrato.
Esta acción de las autoridades del trabajo, también pone en riesgo la existencia misma del contrato - ley de la industria de la lana y podría desencadenar un proceso de desaparición de otros contratos - ley, no sólo de la industria textil, sino de otras ramas y servicios de la República Mexicana.
En función de estos hechos, nos permitimos proponer ante esta asamblea, con fundamento en el artículo 79, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
"Único. Que las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y la del Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, una vez obtenidos los informes necesarios, interpongan sus buenos oficios en favor de los trabajadores afectados por la declaratoria de inexistencia de la huelga estallada en las empresas de la industria textil de la lana, con aplicación desde el día 27 de enero del año en curso."
Dado en la sala de sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con fecha de hoy y suscribe un servidor a ustedes, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Señor Presidente, entrego a la Secretaría para los efectos reglamentarios correspondientes.
El Presidente; - Gracias, señor diputado.
En términos de que esta propuesta ha sido presentada fundamentada en el artículo 79, fracción III de la Constitución, esta Presidencia acuerda su turno a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas y a la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, para los efectos a que la propia proposición se contrae.
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la intervención del diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto a las cuotas de inscripción en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Tiene la palabra el señor diputado Rincón Gallardo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Entre los múltiples saldos que arrojó la crisis de los años ochenta, se encuentra el de la educación superior, en las condiciones de estudio, en los contenidos y en la formación universitaria, en los procesos educativos, en la investigación y la difusión, en el mantenimiento y actualización de los equipos y las instalaciones, así como en los niveles salariales de los trabajadores universitarios, en todo ello se reflejó el deterioro provocado por la crisis de la década pasada.
Al mismo tiempo terminó de hacer crisis un modelo de educación superior que estuvo restringido a las actividades docentes, dejando de lado la tarea de la investigación científica y que caminó de la mano del modelo de desarrollo económico dependiente. Este modelo educativo se reflejó en la forma en que se visualizó el papel de las universidades.
Para nosotros es claro que se le debe otorgar un papel a la universidad pública, pero éste debe ser definido por los propios universitarios. Hay ya, dentro de la cultura universitaria, una gran experiencia acumulada alrededor de la participación democrática de los estudiantes, los trabajadores y los profesores. En este proceso cultural se encuentran sintetizadas una gran variedad de aportaciones que, desde los movimientos estudiantiles, las organizaciones sindicales y desde las academias y centros de investigación, le han brindado a la educación superior.
Es por ello, que queremos llamar la atención en torno a dos cuestiones que parecieran no tener relación entre sí, pero que evidencian la desatención y el abandono gubernamental en el cumplimiento de obligaciones que son de carácter estatal.
Me refiero al financiamiento oportuno y eficiente que se debe otorgar a los centros de enseñanza superior de carácter público.
Este tema ha sido colocado una vez más, ante la opinión pública nacional, por los emplazamientos a huelga que una serie de sindicatos universitarios han presentado en demanda de aumento salarial, pero también ha sido colocado en el terreno de la discusión por el propio rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.
En el primer caso, basta señalar que se ha vivido un desplome salarial entre los trabajadores universitarios. De 1974 a 1990, el deterioro va del 49.3% al 66.6%, según el nivel o categoría de los académicos; en el caso de los trabajadores administrativas, ha sido del 60%. Visto a la luz de este desplome salarial, el aumento de 13% que ofreció el día de ayer a los profesores de la Universidad Nacional Autónoma de México y a los trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha sido calificado por los propios trabajadores de insuficiente. Pero aún, no se ve por ningún lado la aplicación de iniciativas que busquen frenar el deterioro y fortalecer los niveles de ingreso de los universitarios.
Por otra parte, el 24 de enero del año en curso, el doctor José Sarukhán, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigió un mensaje a la comunidad universitaria, en la que anunció una posible modificación al Reglamento General de Pagos en la institución.
"Quiero poner énfasis, dijo el doctor José Sarukhán en su mensaje, en que la posición de rectoría de ninguna manera considera que los recursos obtenidos por diversas fuentes, relevan al Estado en su compromiso de financiar la educación superior pública."
El tema de las cuotas se creía saldado ya por el Congreso Universitario; sin embargo, la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México convoca una vez más a discutir en torno a él y propone un mecanismo que busca procesar un eventual aumento de las cuotas.
Es cierto que el rector habló también de las diversas estrategias que existen en la Universidad Nacional Autónoma de México en torno a la diversificación de las fuentes de financiamiento; que llamó a organizar un programa de conferencias sobre este tema y que ha convocado al diálogo abierto y plural para encarar este problema. Sin embargo, desde la Secretaría de Educación Pública, desde las instancias abocadas a la educación superior, se ha impulsado y presionado a las universidades públicas para que se incremente el rubro, llamado de ingresos propios y se disminuya el que consideran excesivo presupuesto estatal. Más aún, se ha hablado que el subsidio a las universidades públicas dependen de criterios de eficiencia y calidad académica, los cuales, por supuesto, serían definidos por ellos mismos, sujetando así a los centros de educación superior a un modelo centralista y único, el que actuaría en contra de la propia creatividad, la libertad de cátedra y de la propia creatividad, la libertad de cátedra y de la propia autonomía universitaria.
La educación pública es una garantía social que obliga al Estado a proporcionar los recursos suficientes no sólo para prestar el servicio, sino para asegurar también la buena calidad de la educación, lo que se traduce en un trabajo académico bien remunerado.
Por eso, el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia por incrementar los recursos públicos a las universidades estatales y satisfacer las demandas de sus trabajadores quienes justamente piden una recuperación de sus condiciones de vida.
Igualmente exhorta a los miembros de esta Comisión Permanente, a pronunciarse en favor de las demandas de los trabajadores universitarios y confía que en el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la propia comunidad se exprese de manera democrática en favor de la universidad pública, entendidos que la autonomía universitaria exige que sean los universitarios quienes resuelvan sus problemas domésticos. Muchas gracias.
Presidencia del diputado César Augusto Santiago Ramírez
El Presidente: - Para formular comentarios el relación con este tema, se concede el uso de la palabra al diputado Manuel Jiménez Guzmán.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados federales de la Comisión Permanente:
Coincidencias y divergencias con el diputado Gilberto Rincón Gallardo, hace a la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional, señalar algunos breves comentarios en torno a la exposición que evidentemente preocupa a los diputados federales y a toda la nación.
Somos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como estudiantes de la década de los sesenta y de los setenta, participamos siempre en lo que consideramos las mejores causas de la universidad, sus mejores objetivos, sus más grandes propósitos. Fuimos profesores adjuntos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y catedráticos, hasta hace poco tiempo, de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán y de la propia facultad. Por eso como universitarios tenemos preocupaciones comunes en torno del destino y futuro de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la universidad pública.
Pensamos que la lucha histórica de las universidades públicas en México, se inscriben en el gran debate nacional por vincular a la docencia a la investigación científica y tecnológica, a la excelencia académica con el desarrollo económico, social, cultural y político integral de nuestro país.
La Universidad Nacional Autónoma de México es, a nuestro juicio, el centro de cultura por excelencia; corresponde y compete al Estado responsabilidad fundamental, el mantener vigente su proyecto de universidad pública y nacional. Es nacional, porque promueve la movilidad social; la movilidad política y económica; es universidad porque mantiene un ámbito universidad libre a todas las corrientes y pensamientos del mundo y del pensamiento; es la Universidad Nacional, vínculo fundamental con la sociedad, porque estrecha la comunicación entre los egresados de la universidad, los propios estudiantes y la sociedad mexicana. Pero mi partido, estimado compañero Gilberto Rincón Gallardo, se pronuncia por la defensa de eso que aquí se ha mencionado: la lucha por la autonomía de la universidad, de la generación de los veinte y de los treinta, que fundamentalmente abarca dos vertientes centrales: primero, el respeto al gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México en todos sentidos, a su consejo, a su destino; y en segundo término, la libertad de cátedra.
Pensamos entonces, mi partido así se pronuncia, que dejemos a los universitarios el problema por resolver, que mantengamos sí preocupación vigente en torno al destino de la universidad, pero que seamos respetuosos de su autonomía, de su destino.
En la Universidad Nacional Autónoma de México, seguramente respuesta para ésta y futuras generaciones. Corresponde a todos vigilar su proceso; pero compete sólo y exclusivamente a los universitarios, decidir su propio destino.
Por parte del Partido Revolucionario Institucional, se ratifica el respeto a su autonomía, a su dirección y a su futuro. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
El Presidente: - Se concede la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, sobre este mismo asunto.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Compete, en efecto, en términos de la normatividad vigente, a los órganos de gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México tomar las decisiones de todas las cuestiones que tiene que ver con su vida y organización interna.
Y compete, en efecto, a toda la sociedad, la preocupación en torno a cuestiones fundamentales que tienen que ver con diversos aspectos de la vida de la universidad.
El Partido Popular Socialista comparte, desde luego, la preocupación externada en esta tribuna por el compañero diputado Gilberto Rincón Gallardo, sobre el problema salarial de los trabajadores universitarios. Los porcentajes mismos del deterioro de sus ingresos, a los que hizo referencia el diputado Rincón Gallardo, coinciden en términos generales con el deterioro general de los salarios de todos los trabajadores, de todas las demás ramas.
Lo mismo se ha desplomado la capacidad de compra del trabajador manual sujeto a salario mínimo, que del investigador o catedrático universitario y éste es un problema sumamente preocupante. Se va dando una distinta distribución del ingreso nacional, una excesiva acumulación en pocas manos; un grupo extremadamente pequeño de connacionales, 300 familias se ha dicho alguna vez, acumulan porcentajes sumamente elevados del producto nacional, en tanto que quienes lo generan con su esfuerzo, cada vez alcanzan menos de estos recursos.
Esto es una preocupación que sin duda compete a todos los mexicanos, por lo menos a todos, a excepción de esas 300 familias y quienes estén defendiendo los intereses de ellas.
De igual manera, el problema del financiamiento de la universidad. El Partido Popular Socialista comparte también la demanda de mayores recursos por parte del Estado mexicano para los centros de cultura e investigación superior, todos ellos destacadamente entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México, en el aspecto de las cuotas. Sin embargo, el Partido Popular Socialista fija su posición semejante a todos los criterios de equidad en cualquier otro ámbito, no hay ninguna razón para que en el aspecto de la universidad se haga excepción; que pague más quien tiene más; que pague menos quien menos tiene; que nada pague quien carece de recursos.
La cuota de 200 pesos que se mantiene hasta hoy, de 200 pesos anuales, es una cuota simbólica, cuyo sostenimiento resulta verdaderamente inoperante e inadmisible. Preferible sería declarar la gratitud absoluta, desde el punto de vista de los costos de administración de la universidad, el cobro, la expedición de recibos, el manejo de personal, el método de contabilización de esas cuotas de 200 pesos significan una erogación mayor que la captación que se logra; es un verdadero anacronismo, debe en efecto revisarse el sistema de cuotas, debe establecerse uno que garantice que la gran mayoría de los estudiantes universitarios que carecen de recursos o que poseen éstos de manera limitada, tengan acceso gratuito a la educación con un sistema de becas y que en los demás casos el sistema de cuotas sea proporcional, que los miembros de familias pudientes, algunas extraordinariamente pudientes que estudian en la universidad, paguen cuotas tan elevadas como las que se pagan en las instituciones de carácter privado.
Esa es la opinión del Partido Popular Socialista y en el ámbito de la universidad, los miembros y militantes del partido así la sostendrán y lucharán porque ésta camine adelante. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
ACUERDO NACIONAL PARA ELEVAR LA PRODUCTIVIDAD
El Presidente: - Ahora concedemos la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para formular un pronunciamiento respecto al Acuerdo Nacional para elevar la Productividad.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Señores legisladores: Solicité el uso de la palabra para alertar a ustedes sobre los riesgos de que la soberanía de este Poder Legislativo sea vulnerada, a partir de la forma y el contenido que se está discutiendo en torno al Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad.
Como todos ustedes recordarán, este proyecto de acuerdo resultó de la renovación de una de las múltiples etapas del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, si mal no recuerdo en abril de 1989. El compromiso de una de las cláusulas de la renovación de ese pacto, también si mal no recuerdo la cláusula sexta, obligaba a los firmantes a asumir un compromiso en el término perentorio de 60 días para que este acuerdo fuese efectivamente aprobado por los
sectores de la producción que concurren a este pacto.
Desde entonces se abrió una amplia discusión dentro de los sectores involucrados por el lado de las organizaciones empresariales, para que efectivamente la firma de este acuerdo se realizara. Por el lado del sector obrero nos percatamos, a través de la Prensa, de la resistencia a la firma de este pacto; tan efectiva fue la resistencia a la firma, perdón, de este proyecto de acuerdo, que es fecha que todavía aquel compromiso de casi hace dos años, de que en 60 días se firmaría éste, todavía no se cumple. Sin embargo, lo que para nosotros es una espada de Damocles sobre los derechos laborales continúa vigente y no solamente continúa vigente, sino que esta amenaza se ha acelerado y se ha intensificado en el marco de la negociación del Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Uno de los requisitos dentro del nuevo modelo económico por el lado empresarial, es facilitar la inversión, sea ésta extranjera o sea nacional, a través de la liberalización de las relaciones laborales, a través de la flexibilización de esas relaciones.
La denuncia que el diputado Amezcua Dromundo trajo a esta tribuna hace un momento, en torno a la declaratoria de inexistencia del emplazamiento a huelga de una serie de empresas textiles, no es más que un botón de muestra de cómo a partir de 1983, los derechos laborales en este país han sido desmantelados; se han ido creando situaciones, de hecho, a través de la desaparición del derecho de huelga, por la inexistencia, por la ilegalidad o por laborales, la inexistencia del derecho a la sindicalización, la inexistencia del derecho de la contratación colectiva, la inexistencia al derecho del salario constitucional que estipula el artículo 123, a partir del deterioro que esté ha venido sufriendo, el desmantelamiento, repito, de todos estos derechos laborales, ha creado una situación en la cual se quisiera iniciar la discusión de las reformas laborales, legales conducentes. Como algún diputado ya nos ilustró en las reuniones ordinarias de la Cámara, en el reciente período que pasó, de lo que se trata en esta legislatura es de que la legalidad se adecúe a la realidad, no a otra cosa.
Siendo así, el proyecto sería entonces que ese desmantelamiento en los hechos de los derechos laborales, por último, se viniera a plasmar en la reforma a la ley reglamentaria del 123 y en su caso en el mismo artículo 123 Constitucional.
Yo sé que ustedes tienen muchos asuntos privados que tratar en este momento. ¡Se nota por el desorden que exista en la sala ! Pero es mi obligación como diputada y es mi obligación como representante de un partido que defiende los derechos sociales, así como los derechos individuales, de hacer la más enérgica denuncia y alertar sobre los riesgos que está implicando la discusión por la forma y el contenido de este acuerdo.
Quiero abundar con ustedes un poquito sobre la forma. ¿De dónde surge el proyecto del Acuerdo para la Elevación de la Productividad? Surge del seno del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. ¿Qué es ese pacto? Es la idea de institucionalizar transitoriamente una concertación entre los distintos sectores de la producción, a fin de tomar las decisiones pertinentes sobre política económica.
Y digo que es de "transición", porque justamente lo que intenta es, saltándose la legalidad existente, acordar en un ámbito cupular medidas que conciernen a toda la población y a todos los sectores económicos. Por supuesto que tendríamos que reflexionar, por el bien del país, por el bien de los trabajadores, cuál es el carácter y cuál es la representatividad de los señores que cada tres, cada seis meses, o cada cuatro renuevan el compromiso de este pacto, eso por un lado. Y después, ¿a qué tipo de compromisos se están convocando mutuamente?
En este caso, lo que yo quiero enfatizar con ustedes es que el compromiso al que se están enfilando, es un compromiso que afectará un derecho constitucional y un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo.
Les quiero leer a ustedes una de las cláusulas de este posible acuerdo, que hasta ahora es solamente un proyecto. Fíjense ustedes cuánta dificultad no se habrá tenido con la discusión de que este proyecto saliera adelante, que ya se va en la séptima versión de ese acuerdo, de ese proyecto, pero sin embargo no se ha podido desmantelar, no se ha podido eliminar la amenaza de que el proyecto vulnere efectivamente la situación laboral por encima de la legalidad, que es además, por desgracia, la vida cotidiana de las relaciones laborales en este país; trátese de la dimensión que ustedes quieran. Hace un rato las mencionábamos: derechos sindicales, derechos salariales, derechos en la estabilidad en el empleo.
La cláusula quinta o el punto cinco de este proyecto de acuerdo señala que de firmase,
entonces la situación sería la siguiente: los sectores obrero y empresarial convienen en suscribir, dentro de cada centro de trabajo, los programas específicos que estimen necesario concertar, de acuerdo a las líneas de acción aquí planteadas para promover el incremento sostenido de la calidad y de la productividad.
¿Qué significaría que este acuerdo se firmara y que por supuesto se conviniera en esta cláusula?
En este país todavía este Poder Legislativo no ha desmantelado el derecho a la contratación colectiva. Todavía no es una situación legal que sindicalizados y patrones convengan sobre su materia de trabajo en un carácter bilateral. Ese es un derecho que consagra la Constitución y que reglamenta la Ley Federal del Trabajo.
Al estarse suscribiendo un acuerdo entre las cúpulas empresariales, representantes del gobierno y del sector obrero sobre posibles acuerdos en los centros de trabajo para el mejoramiento de la productividad y de la calidad, obviamente un documento legal que rige las relaciones laborales se está haciendo a un lado: ¡el contrato colectivo de trabajo! Esto se pone por encima del compromiso que en ese centro de trabajo habría adquirido el sindicato, representante de los trabajadores y los representantes de los patrones.
Quizá a ustedes les parezca que esto es, pues, cosa de la vida cotidiana, que no tendríamos porqué preocuparnos, que por último es una buena idea que este país en tanto quiere reinsertarse en ese mercado mundial, pues haga un esfuerzo por mejorar su productividad y la calidad de los productos.
El problema, señores legisladores y ustedes tendrían que ser conscientes de ello, es ¿cuáles son las repercusiones de los costos de la reconversión necesaria que este país tiene que hacer, para que efectivamente se logre una mayor productividad y una mayor calidad. Obviamente si se está dando por eliminado el carácter tutelar del derecho laboral, si se está empeñando en manos de representantes cupulares el derecho a la bilateralidad en la contratación, el costo de esa reconversión cae, como ha caído a partir de 1983, sobre las espaldas de los trabajadores.
Si ustedes me dicen que el país que queremos es ése: un país en donde el salario se siga deprimiendo; un país donde alicientes de productividad no se relacionen con estímulos monetarios; un país en donde la riqueza se concentre en pocas manos y se sigue generando no solamente extrema pobreza, sino desprotección social absoluta de los asalariados en este país. Entonces; díganme también, que están de acuerdo en que esa reinserción en el mercado mundial se haga con la "ventaja comparativa" de vender la mano de obra más barata del mundo.
Si ése el país que queremos, entonces acordemos en esta sesión no darnos por enterados de una discusión que está involucrando al futuro, no solamente laboral, sino económica, social y político y, ¿por qué no?, de la soberanía efectiva que como nación estamos proyectando hacia el próximo siglo.
Por estas reflexiones, por estas consideraciones y consecuentes con nuestra posición como partido, queremos hacer una respetuosa solicitud al Presidente de esta Comisión Permanente, para que formule una excitativa a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, para que a la brevedad posible se reúna, a fin de solicitar y discutir la información pertinente en torno al proyecto de Acuerdo Nacional para la Elevación de la Productividad, a fin de salvaguardar la soberanía del Poder Legislativo y el respeto de las leyes que éste emite.
Atentamente, por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Rosa Albina Garavito. Gracias.
El Presidente: - Antes de hacer el llamado que solicita la diputada, le concedemos la palabra al señor diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza.
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
En un país democrático como el nuestro, todos tenemos el derecho de expresar nuestros puntos de vista, nuestras opiniones y lo que consideramos justo y adecuado. Yo respeto mucho, y dejo constancia de ello, lo que aquí ha vertido la compañera diputada Rosa Albina; sin embargo, aun cuando hay algunas coincidencias, yo quiero aprovechar el tema, no para entablar un debate, sino también para expresar muy sucintamente nuestros puntos de vista.
Estamos atentos, vigilantes, a ese rumor que la Prensa ha contribuido a esparcir en la República, respecto de supuestas reformas al artículo 123. No estamos en contra de ninguna reforma, si es como deben ser las reformas, deben ser para avanzar, deben ser para superarnos, para consignar más y mejores conquistas para los trabajadores, esas reformas son bienvenidas; si se
trata de reformas que trastoquen los derechos de los trabajadores, que lesionen sus conquistas y que se convierta en un retroceso, nosotros vamos a luchar en contra de esas reformas.
Sabemos, sí, de que se dice que los señores empresarios y lo han dicho los más conspicuos, los más caracterizados, que demandan reformas para ponerlas a la altura de otros países, olvidándose de la idiosincrásica de los trabajadores mexicanos. Nosotros no creemos en recetas, nosotros no confiamos en doctrinas laborales que si bien en otros países son positivas, en el nuestro consideramos que no. Se dice, por ejemplo, que se trata de suprimir la contratación colectiva para contratar directamente e individualmente con cada trabajador; se dice también que se trata de desaparecer la figura legal de la jornada para establecer el pago por horas; se dice también que se demanda suprimir la cláusula de exclusión, a efecto de que los empresarios, puedan contratar libremente con los trabajadores y no tener ni las presiones, ni las exigencias, ni los obstáculos de los sindicatos. Todo eso es una apreciación incorrecta, no hay esos obstáculos, no hay esos problemas, los empresarios tienen, de acuerdo con la ley, un plazo para calificar a sus trabajadores y si el sindicato dio referencias falsas, si el sindicato propuso trabajadores que no tienen las aptitudes ni la capacidad que el puesto reclama, los empresarios tienen todas las facultades para rescindir la relación de trabajo con esos trabajadores.
Se habla también del pacto y del Acuerdo Nacional de Productividad. Nosotros concurrimos al pacto sabidos y entendidos de que el pacto no era para favorecer a ningún sector; el pacto es un mecanismo de concertación al que los factores concurrimos para dar, no para pedir, y los trabajadores ofrecen para el pacto contener sus demandas salariales, sacrificar sus anhelos de progreso hasta en tanto no logremos salir de este bache económico. Pero de ninguna manera el pacto ha frenado la lucha de clases, de ninguna manera los trabajadores se han visto limitados en sus luchas reivindicatorias por el pacto, el pacto en todas sus etapas ha dejado en libertad a los trabajadores para que en sus tiempos revisen los contratos y sus tabuladores.
Se habla también del Acuerdo Nacional de Productividad; estamos nosotros los trabajadores de acuerdo en buscar esa concertación; sin embargo no nos hemos podido poner de acuerdo porque los señores empresarios entienden la productividad de otra manera, muy diferente a la nuestra; para nosotros la productividad es todo un proceso y no es simplemente el trabajar más, sino el trabajar mejor y en ese proceso de que hablamos, tienen que considerarse, entre otros, algunos elementos como éstos: primero, la capacitación; en seguida, los equipos de trabajo de tal manera que éstos y las condiciones que privan en el centro de trabajo no agredan o no amenacen la integridad de los trabajadores; es decir, que trabajen en un ambiente de seguridad, que no haya más mutilados, que no haya ciegos, que no haya amputados, sino que haya trabajadores vigorosos porque la industria exige robustez, la industria exige que los trabajadores cuenten con todas sus facultades para responder a esta gran demanda de la industria.
Se requieren también políticas muy rígidas de control de calidad, a efecto de que lo que produzcan las fábricas sean de una calidad tal que puedan competir incluso con artículos extranjeros; que se establezcan políticas salariales que en verdad otorguen a los trabajadores un salario remunerador; que los precios de los artículos sean competitivos para que podamos incurrir en los mercados nacionales con éxito; que veamos algunos otros elementos de los trabajadores, como la vivienda, como el transporte, cuyo tiempo y cuyas condiciones, y es el del caso de la vivienda, influyen sobremanera en la productividad.
También los hacemos, compañeros legisladores, convencidos de que en el futuro ninguna clase social, incluida de la que yo formo parte, pueda imponer unilateralmente sus opiniones y/o sus decisiones; tenemos que entrar ahora en una política de concertación, en una política de diálogo, en una política de inteligencia para que nos convenzamos mutuamente de lo correcto de nuestras apreciaciones o en su contrario de lo que no resulta conveniente.
Por otra parte, yo siento que la Comisión de Trabajo puede solicitar, cómo no, esos informes a la Secretaría del Trabajo, pero no hay ningún acuerdo, hay proyectos, hay puntos de vista de los empresarios, hay puntos de vista de los trabajadores, pero no hay, que nosotros sepamos un acuerdo que podamos calificarlo como definitivo.
Y por otra parte, nosotros también reconocemos y qué bueno que aquí se tocó que el espíritu, el contenido del artículo 123, forma parte del gran capítulo social de nuestra Constitución y que, por lo tanto, reconocemos y defendemos su carácter tutelar, convencidos de que el factor débil en esta relación son los trabajadores y que por lo mismo, el gobierno, como árbitro en ese caso y apoyado en los mandatos constitucionales, tiene que ponerse del lado del trabajador.
Y por último, con todo respeto, yo considero que la Cámara y esta Comisión Permanente, son incompetentes para intervenir en estas cuestiones. En este Acuerdo de Productividad y en la redacción del pacto y en la práctica misma, solamente participan los factores de la producción, empresarios y trabajadores, teniendo como árbitro, no solamente como testigo sino como árbitro, para que se encargue del cumplimiento de esos compromisos, al gobierno de la República. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hechos, la diputada Rosa Albina Garavito tiene la palabra.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Por supuesto tampoco es mi pretensión debatir con el diputado Ochoa Zaragoza, pero sí quiero dejar sentada una precisión, o voy a aprovechar al menos dos:
Una, solamente ejemplificar a ustedes con un caso ya realizado, de cómo esta institucionalidad del pacto ya violó al menos la legalidad existente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Que yo sepa y estoy segura que ustedes también no han sido enterados de que se derogó la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; sin embargo, es en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto, donde se determina el salario que se va a fijar; una vez hecha esta determinación se notifica a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y ella a su vez lo publica. En dónde está entonces, ¿verdad?, en la procedencia de esta Comisión de Evaluación y Seguimiento, en tanto está sustituyendo funciones que le corresponden, además en su carácter tripartito, a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que repito, aún no ha sido derogada.
Simplemente para precisar ese punto, pero hay mucho más, no quiero entrar en el debate, pero sí me preocupa que un diputado representante del sector obrero no quiera o no le parezca importante que la Cámara de Diputados no solamente fiscalice los convenios que se realicen de acuerdo a la Ley Nacional de Planeación, que es la ley reglamentaria del 26 constitucional, no solamente eso, sino que sea vigilante y éste muy atenta a que estos convenios no contravengan el marco legal en el cual se procesan las relaciones laborales. Ya, repito, esta Comisión de Evaluación y Seguimiento del Pacto ya está violando la Ley Federal del Trabajo.
La pregunta es: ¿vamos a permitir, sin la preocupación de al menos la Comisión de Trabajo se haga allegar la información y lo discuta de la manera pertinente?; ¿lo vamos a continuar dejando también en torno a la discusión de este proyecto nacional de Acuerdo para la Elevación de la Productividad, que involucrar, yo diría, muchas más dimensiones, que lo que hasta ahora se ha hecho a través del pacto.
Lo dejo entonces a su reflexión y reitero nuestra petición de que el Presidente de la Comisión Permanente formule esa excitativa a la Comisión de Trabajo. Gracias.
El Presidente: - Gracias diputada. En caso de que exista alguna solicitud pendiente de resolverse en la Comisión de Trabajo y Previsión Social que hace el llamamiento que ha solicitado la diputada Rosa Albina Garavito. Ya el Presidente de esa comisión, miembro de esta Comisión Permanente, ha participado en esta discusión.
EMBAJADOR DE PANAMÁ EN MÉXICO
El Presidente: - Se le concede la palabra al compañero diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, para formular comentarios respecto al beneplácito otorgado por el gobierno mexicano al embajador de Panamá acreditado en nuestro país.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Todo mundo coincide en un punto específico con respecto a la situación panameña: no puede llamarse democracia a un gobierno impuesto por una invasión extranjera, que fue juramentado en una base militar de las fuerzas interventoras y menos aún a una administración sujeta a control absoluto por la potencia ocupante.
De acuerdo con los argumentos estadounidenses, la legitimidad de la invasión estaba dada, porque la Asociación Revolucionaria había triunfado en las Asociación Revolucionaria había triunfado en las elecciones de mayo de 1989. Washington obstaculizó todas las negociaciones emprendidas para una solución de Estados Americanos para una solución pacífica y como hemos visto, tuvo una activa injerencia en las elecciones de mayo. En esos meses había cambiado también la correlación de fuerzas. El hecho de que tanto Endara como Arias Calderón, solicitaran o sugirieran la invasión, transformaba en ilegítima sus gestiones.
En esa situación se anularon por supuesto las actas de todos aquellos lugares a donde había
ganado el Partido Revolucionario Democrático y los nuevos gobernadores condescendieron en otorgarles algunos escaños. Una vez asegurado el gobierno, bajo la supuesta legalidad, made in United States of America, comenzó la andanada estadounidense para la recolonización de Panamá. El primer paso concreto había sido la destrucción del Ejército nacional, tal y como lo había denunciado desde 1986, el Partido Revolucionario Democrático.
El primero de agosto de 1990 aparece una descripción en Los Angeles Times que dice textualmente: "El hombre que dirige a Panamá tiene una oficina en el Palacio Presidencial y pasa a toda velocidad por la ciudad en una limosina acompañado por guardaespaldas que usan siniestros lentes negros; él decide quien queda libre y quien va a la cárcel. Ese hombre no es el Presidente Endara, ni siquiera es panameño; se llama John Busnell y es lo más parecido que Estados Unidos tiene a un procónsul".
El 17 de enero de 1990 el ex procurador general de los Estados Unidos, Ramsey Clark, anunciaba en un reportaje publicado en la revista italiana A venire, y fechado el 7 del mismo mes, lo que ya comenzaba a ser una verdad inocultable. Dice Ramsey Clarck: "Los soldados estadounidenses en Panamá han matado a millares de civiles, he visto personalmente una fosa común de 40 metros de largo y sobre estas violaciones a los derechos humanos hay una conjura de silencio, nada menos que la Cruz Roja Internacional, no ha podido obtener datos sobre sus víctimas. He visto, decían una enorme destrucción de barricadas residenciales. No he podido verlo todo, pero lo mayor he visto fue el Barrio del Chorrillo, en la ciudad de Panamá, donde los daños han dejado sin hogar por lo menos a 30 mil personas. Diecisiete días después de la invasión, el comando militar hablada de 85 víctimas civiles. Las cifras que he oído repetir al personal médico y a los grupos religiosos que se ocupan de los derechos humanos, va de 4 mil a 7 mil; después de eso, los militares estadounidenses han aumentado la cifra a 230 muertos. Es un gran salto. Esto quiere decir 10 civiles por cada soldado norteamericano muerto, pero la conjura de silencio es fácil demostrar.
El Comité Internacional de la Cruz Roja ha tratado de obtener, desde el 20 de diciembre, cifras satisfactorias y no ha podido. Todas las demás organizaciones que lo han intentado han fracasado. Va uno a los hospitales a hablar con el personal y ahí están los soldados estadounidenses, va uno al anfiteatro y ahí están los soldados estadounidenses; quiere uno ver los nuevos certificados de defunción, y dicen que no están disponibles.
Encontré una fosa común en el cementerio denominado Jardín de Paz, en parte ya cubierta de tierra. Tenía seis metros de ancho y 40 de largo. Cientos de cuerpos pueden sepultarse en una fosa de esas dimensiones. Los chiquillos que juegan en el cementerio, me han dicho haber visto traer por varios días cuerpos en bolsas verdes. Los trabajadores del anfiteatro me dijeron que recibieron el 23 de diciembre un millar de cadáveres de la sola ciudad de Panamá, pero no estaban en condiciones de precisar cuántos eran militares y cuántos eran civiles. Todos tenemos presentes estos hechos."
Hace unos días se dio a conocer la noticia, por parte directamente de Endara, de México dio su beneplácito el embajador que Endara nombró para representar a Panamá en México. Es lamentable que el gobierno mexicano haya olvidado estos hechos. El pueblo no los ha olvidado. Es lamentable que unos días de que México fue sede de un acto tan importante como la firma de Paz en El Salvador, se muestre una contradicción tan flagrante que son parte de las contradicciones de la política exterior de México. Nosotros no damos la bienvenida al ex ministro de agricultura que ha sido designado embajador de Panamá en México.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado José Antonio González Fernández, para formular comentarios sobre el asunto que ha tratado el diputado Rincón Gallardo.
El diputado José Antonio González Fernández: - Le agradezco mucho, señor Presidente; compañeros diputados y senadores: Todos recordamos en efecto los acontecimientos que sufrió la nación panameña y el pueblo panameño y que vivió en el año de 1989.
También recordemos y no olvidemos la posición firme, digna y congruente con nuestros principios de policía exterior que nuestro gobierno asumió en aquel entonces.
Quisiera recordar dos hechos importantes sobre la actitud de nuestro gobierno sobre aquellos acontecimientos, que desembocaron en diciembre de 1989: uno, el esfuerzo permanente, congruente y consistente por parte de México ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, para buscar una solución negociada al conflicto panameño. Otro, que fue México el
primer país que procuró proteger a sus nacionales de los conflictos que había en aquel entonces y envió varios aviones para rescatar a los mexicanos que estaban en aquellas nación.
Recordamos aquellos acontecimientos y también recordamos que México, fiel a la Doctrina Estrada, no reconoce gobiernos, establece o no relaciones diplomáticas.
Ambos gobiernos decidieron retirar a sus embajadores, pero no romper relaciones diplomáticas y la relación se mantuvo en un nivel menor y hoy el gobierno panameño ha solicitado el beneplácito, habiendo relaciones diplomáticas y nunca habiéndose roto, para que haya un embajador de ese país en el nuestro. México, por su parte, no ha solicitado aún el beneplácito para que nuestro país cuente con un embajador en esa nación.
Pero también es importante que veamos las cosas como son, con una visión realista a corto, mediano y a largo plazos. Han pasado dos años, no hemos roto relaciones diplomáticas, no hemos solicitado nosotros ningún beneplácito para algún embajador, mantenemos nuestras oficinas diplomáticas, pero también el esfuerzo de México ha sido muy consistente y apegado a sus principios de política exterior.
Hemos procurado, en estos dos años, que la pacificación de Centroamérica se dé, que el desarrollo de esos países se dé también y que busquemos las mejores fórmulas para que esa integración centro y latinoamericana realmente sea un hecho.
Hemos escuchado con gran beneplácito, por ejemplo, declaraciones del gobierno panameño, en donde han enfatizado su vigor y reciedumbre a fin de que los plazos y condiciones de los acuerdos sobre el Canal de Panamá se respeten a sus últimas consecuencias y eso lo vemos con gran simpatía, porque esperamos que el Canal de Panamá sea de los panameños y sirva para su desarrollo e independencia.
También hemos visto con gran simpatía cómo los gobiernos centroamericanos hacen suyo a Panamá y quieren que se integre a Centroamérica, como de hecho lo está, a fin de que esos seis países, incluyendo Panamá, encuentren un desarrollo expedito a sus condiciones actuales.
México, ahora que fue sede de la firma de los Acuerdos de Paz, en relación al conflicto que se veía en El Salvador, se ve alentado con su posición pacifista y siendo que esto abre nuevas perspectivas, políticas y económicas, para la región; abre nuevas perspectivas en torno a un tratado de libre comercio que se pueda celebrar con esos países en los próximos años, en la década de los noventa, con un nuevo ánimo, a fin de que si bien es cierto que han habido esfuerzos desde los sesenta con la Asociación Latinoamericana de Integración, setenta, etcétera, para que nuestro desarrollo con los países de América Latina sea más intenso y no lo ha habido y ahora a través, llamémoslo así, de bloques subregionales, en este caso con Centroamérica, sea una realidad.
Luego entonces me parece que si no ha habido ruptura de relaciones diplomáticas, está en todo su derecho el gobierno panameño para solicitar su beneplácito, y quien dirige la política exterior de nuestro país, en su derecho para otorgarlo.
Me parece que éste es un asunto que debemos de ver con enorme realidad, con realismo, a muy corto, mediano y largo plazos. Me parece que no debemos de ver a Panamá en frente o de lado, como si fuera algún país no vinculado a nosotros. Me parece que debemos de ver a Panamá como parte de Centroamérica, como parte de América Latina, de la que formamos parte los mexicanos.
Tenemos coincidencias geográficas, económicas, históricas, diplomáticas. El Suchiate no nos separa, es una vertiente por la que nuestra formación como parte integral de América Latina se subraya.
Tenemos coincidencias económicas porque luchamos por salir de desigualdades, de injustas desigualdades y buscar nuestro desarrollo económico; tenemos coincidencias históricas porque formamos parte alguna vez y fuimos la misma colonia y nos independizamos por los mismos años; hemos luchado, en fin, por un sinnúmero de esfuerzos diplomáticos y de otra naturaleza, para pacificar a Centroamérica, para desnuclearizar América Latina y próximamente habrá de celebrarse un aniversario más de los Acuerdos de Tlatelolco.
Yo creo que no debemos de ver a Panamá enfrente, sino como parte, como nosotros, de América Latina y por eso nos parece que el beneplácito otorgado es correcto. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para este mismo asunto.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Panamá es, en efecto, un país hermano; el pueblo panameño forma parte de esta comunidad estrechamente unida por vínculos históricos, geográficos y culturales que es América Latina. Es un pueblo hermano de la más profunda concepción.
Panamá, igual que México, igual que los pueblos de Centroamérica y en buena medida también los del Cono Sur, comparte un proceso histórico difícil por el peso enorme de la potencia norteamericana y por la permanente Política de esta potencia de carácter expansionista, de carácter hegemónico e intervencionista.
En los hechos recientes el gobierno de Guillermo Endara, lo recordaba aquí el compañero Rincón Gallardo, se caracteriza fundamentalmente por haber rendido su protesta como mandatario, como jefe de Estado y jefe de gobierno, desde una base militar de los Estados Unidos. En su conducta como gobernante, si bien hay que valorar los que aquí mencionaba el diputado José Antonio González Fernández, la declaración sobre la defensa del canal de Panamá, sobre los Tratados Torrijos - Carter, la reclamación de su vigencia, por otro lado hay que observar en términos generales una permanente congruencia por parte de Endara, con su origen de gobernante evidentemente impuesto por los Estados Unidos, es una especie de virrey más que de gobernante que tenga vínculos directos con su pueblo.
Es cierto que en términos generales la política mexicana, la política exterior mexicana en los últimos años se ha ajustado a los principios elevados que tradicionalmente le han dado sustento. No ha sido sin embargo esta norma de manera observada, de manera estricta y permanente en los últimos años; ha habido bandazos y ha habido vaivenes.
En el caso precisamente de Panamá, está en la memoria de todos no hace mucho tiempo cuando la fracción parlamentaria anterior en la LIV Legislatura, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, cumpliendo instrucciones de la dirección nacional del partido, tomó y mantuvo durante varios días, las instalaciones de la cancillería mexicana en protesta por la conducta que hasta ese momento había asumido la cancillería mexicana, coincidente de manera plena con la política de los Estados Unidos y muy distante de los principios tradicionales nuestros, de calificar al gobierno de Panamá de aquel momento y de calificar, particularmente a una personalidad importante en aquel momento en el gobierno panameño: el General Antonio Noriega, incurriendo en un claro y evidente acto de intervención en asuntos internos de un país hermano.
De igual manera reconocimos en su momento y reiteramos hoy que la cancillería rectificó su declaración anterior, corrigió el rumbo y asumió posiciones nuevamente congruentes con los principios nuestros y justamente a partir de esta rectificación, que hizo el canciller Solana, allá precisamente en la Organización de las Naciones Unidas, la fracción parlamentaria nuestra abandonó las instalaciones de la cancillería que, repito, había mantenido tomadas durante varios días.
Estamos estrechamente vinculados a este pueblo hermano, lo sentimos como tal, sentimos sus problemas como propios, los compartimos. Por eso mismo nos parece nuevamente una debilidad, una falta de congruencia con los principios tradicionales de nuestra política exterior en el marco de la Doctrina Estrada, el que se otorgue beneplácito a un embajador, en el contexto de que existen relaciones y no han sido rotas; pero que éstas se mantenían y lo deseable sería que continuaran a ese nivel del más bajo perfil de la ausencia de embajadores mexicano en Panamá y panameño en México, en tanto el pueblo panameño lograra recuperar su derecho de autodeterminación vulnerado con la protesta de Guillermo Endara y su toma de posesión en un evidente acto de imposición por parte de los Estados Unidos.
Compartimos, pues, la actitud de crítica al beneplácito otorgado por el Ejecutivo, crítica política, crítica de principios, crítica en función de la verticalidad histórica de los principios de la política exterior de México, independientemente de que jurídicamente tiene las facultades para hacerlo, por haber otorgado el beneplácito al embajador designado por Guillermo Endara. Muchas gracias.
ESTADO DE GUANAJUATO
El Presidente: - Diputado Cuauhtémoc Amezcua: A usted le corresponde el desahogo del siguiente punto también del orden del día. Si va usted por documentos a su curul, le concedemos la palabra para presentar una denuncia, según lo solicitó usted que se inscribiera, por hechos que se atribuyen al gobernador del Estado de Guanajuato.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy mismo, tengo entendido, se publican en el Diario Oficial y entran en vigor las reformas a los artículos 130, 3o., 5o., 24 y 27 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; ayer fue publicado.
Y hoy mismo, ayer, en días pasados, durante estas últimas semanas, hemos sido testigos de cómo se ha venido intensificando la ofensiva por parte de la cúpula eclesial en contra de la propia Constitución en sus nuevos términos; incluso, ofensiva que evidentemente tiene el propósito, no puede entenderse de otra manera, de reclamar más posiciones y ventajas desde el punto de vista político y más posibilidades de acumulación de bienes materiales por parte de este pequeño grupo de los obispos católicos en México. Parte de esta ofensiva la ha constituido en fecha reciente el gobernador interino de Guanajuato, señor Carlos Medina Plascencia, gobernador por cierto, todos recordamos, no electo por el pueblo guanajuatense, sino designado por el Presidente de la República, por el poderoso dedo del señor, no del señor Dios todopoderoso, sino por el señor que despacha allá en los pinos.
Este señor gobernador en dos ocasiones separadas apenas por escasa una semana, ha incurrido en violaciones a la Constitución de la República y a las leyes que de ella emanan.
Primero, el 19 de enero informa la prensa local y nacional: "Acudió acompañado por el presidente municipal de León, Señor Eliseo Martínez Pérez y dice la prensa, con la investidura de máximas autoridades civiles del Estado y del municipio participaron en un oficio religioso con la iglesia católica leonesa, representada por dos obispos y 38 sacerdotes, para conmemorar, siguen las conmemoraciones al margen de la Constitución, para conmemorar en la Parroquia del Sagrario el CDXVI aniversario de esa ciudad".
El señor gobernador, Carlos Medina Plascencia y el señor Presidente municipal, Eliseo Martínez Pérez, hicieron declaraciones políticas afirmando que ya han quedado atrás aquellos tiempos en que los políticos se avergonzaban de practicar sus creencias; no sabemos si haya habido políticos que hayan asumido esa actitud vergonzante, a lo mejor lo ha habido o no, pero hasta hoy siempre han estado a salvo los derechos de los políticos, lo mismo de quienes se dediquen a otro tipo de actividad, de practicar la fe religiosa que mejor convenga a sus intereses, pero ha estado y sigue estando vigente la prohibición expresa para que los funcionarios públicos en calidad de tales, es decir, con su representación oficial, acudan o participen en cualquier tipo de ceremonia religiosa.
Pero además en esa misma ocasión ambos, el gobernador y el presidente municipal, informa la prensa, tuvieron a su cargo las lecturas del oficio y a Carlos Medina le correspondió leer la primera carta en cuyo inicio se asienta, cita la prensa entre comillas: "Estamos dispuestos a morir antes que violar las leyes de Dios".
Hablamos de modernidad, de tiempos modernos, no de la película general de Charles Chaplin; hablamos de tiempos modernos en el sentido más absurdo que pueda concebirse, en nombre de los tiempos modernos volvemos a la época de la colonia varios siglos atrás, escuchamos un lenguaje y vemos unas prácticas en estos tiempos modernos que nada tienen qué ver con el México moderno en verdad, que ha venido construyendo su pueblo con grandes sacrificios.
Esto fue el 19 de enero, según informa la prensa y, el 25 de enero, pocos días después, otra vez el señor Carlos Medina Plascencia encabezó la peregrinación (la novena peregrinación nacional a Cristo Rey) y participó en los cultos y en un acto político que se entremezclaron de manera rara y totalmente ajena a las normas constitucionales vigentes. Es difícil precisar si se trató de un mitin político al que se le empalmaron actividades religiosas o si se trató de un acto religioso al que se le encimaron actividades propias de un mitin político.
Allí, violando el principio de la supremacía del Estado y de las leyes establecido de manera clara y concreta de la Constitución, incluidas las actuales reformas, independientemente de que estos actos se realizaron cuando todavía no entraban en vigor, violando flagrantemente el principio de la separación Iglesia - Estado, vigente en las actuales normas, las que entraron en vigor ayer apenas, el Gobernador Medina Plascencia arengó a los feligreses con un discurso político religioso, por cierto, sumamente criticados por muchos de los propios feligreses de su fe ahí presentes, que lo consideraron franca y claramente oportunista y más aún, se pronuncio por que la iglesia participe como observadora en elecciones futuras y ahí mismo un par de obispos, Genaro Alamilla, uno de ellos, Raymundo López Mateos, el otro, también hicieron declaraciones de carácter político, al mismo tiempo que llevaron a cabo oficios religiosos.
Por cierto, nuevamente, según la Prensa, en lenguaje del más bajo nivel, monseñor Genaro Alamilla usó una expresión de "valedor de
barrio", y dijo: ¡Me valen las críticas de quienes exigen respetemos la Ley!".
Por todas estas cosas, compañeras y compañeros diputados y senadores, por respeto a la Ley Suprema que rigen los destinos de nuestro país y las leyes que de ella emanan, por respeto al pueblo de México, por respeto a los feligreses católicos y a los de otras creencias, por que no es admisible dejar pasar estos actos, que no solo violan las leyes, sino violan la ética y la moral, por todo esto el Partido Popular Socialista también instaurará juicio político, en su momento, al gobernador Carlos Medina Plascencia y en la instancia correspondiente, en el Congreso local de Guanajuato, al Presidente municipal de León.
Quise dejar constancia de esta actitud que asumiremos en breve, en términos de Ley, señor Presidente. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros.
El Presidente: - Se concede la palabra al señor diputado Diego Fernández de Cevallos, para hechos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señores legisladores:
Los parlamentarios de Acción Nacional estimamos valioso su tiempo y el nuestro. Ya bastante perdemos aquí, con permisos y condecoraciones, para dedicarles horas al "Folklore tovarich".
Hace unos dos años leí en un periódico una pequeña nota, que informaba sobre la expulsión de un militante del Partido Popular Socialista. Daban una razón, lacónicamente: "Se le expulso por tonto". Yo dije para mis adentros: Son muy pocos, deberían de ser menos intolerantes".
Hoy por lo menos para evitar, en su caso, menos sacudimientos internos, con todo respeto me permitiría sugerirle al señor diputado que no venga a esta tribuna a reconocer la existencia de Dios, porque eso es blasfemia al interior de su partido.
Por cuanto a, ¿quién eligió al gobernador Medina?, hay actas oficiales, conocidas por todos los que estuvieron presentes en el Congreso del estado, que resolvieron, en ese Congreso, quién seria el gobernador de Guanajuato. si a quienes votaron en esa asamblea se les presentó el dedo de Dios o cualquier otro dedo, pues que los denuncie el señor diputado, pero que no se vaya contra el que recibió el voto de esos legisladores.
Por otra parte, hace una semana se hizo un alborotado debate porque el obispo de Cuernavaca, en nombre del episcopado, reclamó, sugirió, demandó padrones limpios y elecciones honestas. Eso no sólo es un reclamo de millones de mexicanos, incluidos los millones del Partido Popular Socialista, sino de funcionarios públicos y de la gran mayoría de los ciudadanos.
Hace también unos días otra escaramuza, simpatiquísima, porque la alcaldesa de Mérida fue a misa y, lo más grave, que la gobernadora Dulce María también asistió. Yo dije para mis adentros: pues entre otras cosas y al margen de que eso no viola la constitución, pues francamente con ese nombre de Dulce María, por lo menos deben de ser tolerantes y dejarla que vaya a misa.
Hoy el pleito es con el Gobernador Medina. ¿Por qué? Porque fue a misa y porque habló a miles de católicos, ¡en su condición y en su calidad de católico!
Yo creo que sería mejor que las quejas que aquí se presentan se dieran en el lugar de los hechos, porque el Partido Popular Socialista con toda seguridad puede reunir manifestaciones pacíficas y civilizadas de protesta, con cientos de miles, para que reclamen el apego a lo que él entiende como respeto a la Constitución.
Yo creo, señores legisladores, que en increíble el número de antecedentes que tenemos en esta materia y que son normales. Pueden ustedes irse preparando por tanto para miles de juicios y con la soberbia del Partido Popular Socialista que ya amenazó con que "¡instaurará juicio político una y mil veces contra todos los que transgredan en estos actos la Constitución", ya nos dejó, a millones de católicos y a muchos funcionarios públicos, temblando y seguramente no podremos dormir.
Yo creo que si sindicatos, año con año hacen peregrinaciones a la Villa, nos debe parecer a todos absolutamente normal y nadie debe, en un ámbito democrático, reclamarles nada por que están en su derecho, esos sindicalizados, como gremio, con sus banderas, con sus estandartes del propio gremio, marchando, desfilando y procesando hacia donde quieran.
¡Hay infinidad de diputados que no solamente recibieron instrucción en escuelas confesionales, sino que hoy dan clases en escuelas confesionales y no pasa nada! La gran mayoría de ellos, casan a sus hijas en ceremonias religiosas multitudinarias. ¡También rezan a sus difuntos en las
iglesias y nadie les puede reclamar! y hasta en los hospitales públicos hay servicio religioso para enfermos, y si no váyanse a los hospitales, hasta militares. ¡Pero esto es normal en todas partes del mundo!
La visita del Papa produjo hechos evidentemente serios y responsables, como el que fuera recibido en el hangar presidencial por el Presidente de la República; por el señor Téllez Cruces, por don Fernando Solana. Fue recibido por decenas de gober... por lo menos por una decena de gobernadores y, como dato curioso, uno de ellos se hincó y besó el anillo pontificio. Otro gobernador le estrechó la mano por tres minutos, según los diarios.
Y otro más, como hecho relevante podemos decir, que los ex presidentes Miguel de la Madrid Hurtado y Luis Echeverría Alvarez acudieron a la delegación apostólica.
¿Qué podemos opinar de esto? Que es algo normal, lógico, lícito, en todas partes del mundo. Que no puede venir aquí a tomarse en serio, que se levanten agraviados algunos "índices de juego".
Don Cuauhtémoc dijo que aquí fue criticado Medina, en el evento fue criticado el gobernador Medina por algunos de los que ahí estuvieron presentes. Bueno, él no dijo cómo lo supo. Yo debo deducir que él también estuvo ahí y por lo tanto, incluyese en la demanda; a lo mejor viene bendito.
Por otro lado y para concluir, quiero decirles que sin lugar a dudas estamos viviendo épocas en donde esos episodios que hoy sobresaltan al Partido Popular Socialista deben ser normales. En todas partes del mundo los funcionarios públicos acuden en privado y en público a actos religiosos. Por supuesto que es recomendable, es sano para la vida de la República que tanto los funcionarios públicos, como los que no lo son, guardemos en todo momento prudencia para no establecer un conflicto entre lo político y lo religioso.
En ese sentido, nosotros podemos aceptar que la gran definición y el gran reto del nuevo pueblo mexicano debe ser no sólo vivir en la tolerancia mutua y el respeto pleno a la Ley, sino en la precaución y en el cuidado, para no lastimar a nadie, ni para tomar las religiones como banderas. Quiero decirle que no es privativo tampoco, ni del Partido Acción Nacional ni del Partido Revolucionario Institucional. ¿Quién no puede recordar los estandartes en el éxodo por la democracia y estandartes de la virgen de Guadalupe?, ¿quién puede olvidar miles de fotografías del senador Muñoz Ledo en su visita con el Papa?, ¡ y era propaganda electoral!
Yo creo, francamente que no se puede establecer ni una Ley ni un reglamento que establezca rigores para saber cuándo, dónde y cómo los funcionarios públicos pueden acudir a actos religiosos. Lo único de que puede y debe ser sano, es que todos reclamemos prudencia y cuidado para no interferir en los actos religiosos con propósito partidista.
Sobre esta base, Acción Nacional entiende y admite cualquier observación, respetuosa para todos los católicos y para los hombres y las mujeres de México que profesen una religión. Pero ¡caramba!, por respeto a los nuevos tiempos y a los derechos fundamentales de este pueblo y de todos y de cada uno de nosotros, el Partido Popular Socialista en su derecho y en su libertad puede instaurar cuanto juicio político quiera, porque los católicos y los miembros de todas las religiones seguiremos actuando, en privado y en público, como nos venga en gana. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - No se trata y eso está muy claro, de un problema entre católicos y no católicos; se trata de un problema entre quienes demandan respeto a la Ley y quienes Vulneran la Ley; a ese nivel y sólo a ese nivel está el problema.
No se trata de que los feligreses de la confesión católica o de cualquier otra, vean coartados en modo alguno sus derechos de practicar su fe, por el contrario, ese derecho lo defendemos; se trata de evitar que funcionarios públicos, no como católicos, sino como funcionarios públicos, acudan a actos religiosos, lo cual no les está permitido por la ley; se trata de evitar que ministros de culto intervengan en cuestiones políticas, lo cual no les está permitido por la ley; simplemente de eso se trata, no es válido tratar de contaminar el debate y desviarlo de sus causes, primera aclaración.
Segunda, ¿cómo me enteré de los hechos a los que hice referencia en esta tribuna?, ¿estuve tal vez ahí y recibí, por los tanto las bendiciones episcopales? No, fui claro, mi fuente fue la prensa, así lo mencioné en todas las partes de mi intervención.
Tercera cuestión; los del Partido Popular Socialista somos pocos, tal vez no tan poco como quisiera el diputado Diego Fernández de Cevallos, muchos más de los que él quisiera, pero pocos a muchos somos gente de principios, defendemos la constitución, defendemos la libertad de creencias, defendemos los derechos de los mexicanos y no claudicamos.
Ultima cuestión; tiempos modernos ya había hecho referencia a ella, tiempos modernos en que se revive el lenguaje y las prácticas de la época de la colonia, esto es algo así como querer comulgar con ruedas de molino. Muchas gracias.
ESTADO DE COAHUILA
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Rosa Albina Garavito, para referirse a sucesos ocurridos en el estado de Coahuila.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Señoras y señores legisladores: Solicité el uso de la palabra para desde esta tribuna denunciar la situación política que se vive en el Estado de Coahuila y concretamente en el municipio de Matamoros.
En el municipio de Matamoros, desde las elecciones del pasado 28 de octubre de 1990 cuando se violentó la voluntad popular y por medio del fraude se impuso como alcalde a Gilberto Ordaz Rocha, se abrió un conflicto político que ha ido de la protesta a la impugnación, al repudio de toda la comunidad del Municipio de Matamoros, que exige la destitución de este alcalde. Desde esa fecha se han implementado una serie de acciones de resistencia civil promovidas por la sociedad matamorenses; así se realizó un plantón por espacio de casi cinco meses en el edificio de la presidencia municipal, el cual trajo como resultado un compromiso político por parte del gobernador del Estado, Eliseo Mendoza Berrueto, con los representantes de la comunidad de Matamoros; con ese acuerdo político se obtendría la constitución de un consejo de colaboración ciudadana con facultades de fiscalización financiera y la destitución del alcalde. Este último compromiso no fue respetado por el propio gobernador, con lo cual el conflicto adquirió nuevas dimensiones.
De entonces a la fecha se han incorporado a la resistencia civil y fortalecen la exigencia de la destitución del alcalde, grupos significativos de la región, como la Cámara de Comercio, la Unión Ganadera; si ustedes me lo permiten, voy a leer los nombres de las organizaciones para que se den ustedes cuenta de que si bien ésta es una denuncia de mi partido, lo que está detrás es una sociedad involucrada en la demanda al respecto de sus derechos ciudadanos.
Vean ustedes la diversidad de organizaciones, por supuesto de distinto cuño y representantes de distintas opiniones y actividades, que están firmando la denuncia de hechos delictivos a este señor alcalde impuesto por el fraude en Matamoros, Coahuila.
Aparece la firma en esta denuncia de: la Cámara de Comercio, el Consejo Parroquial, de la Cámara de Propiedad Urbana, del Patronato del Hospital General, del Grupo Vida Nueva, del Halcón Cultural, de la Cámara de Propietarios de Talleres, de la Asociación Cívica Matamorense, de la Asociación Ganadera; del Partido de Acción Nacional, firma el señor profesor Ramón Barraza; por el Partido de la Revolución Democrática, el Profesor Tomás Hernández; de un organismo ideológico del Partido Revolucionario Institucional lo suscribe el licenciado Sergio Aguilera Rodríguez; de la Comisión de Derechos Humanos, el ciudadano José Amador Berlanga, una sociedad de Padres de Familia; diversas asociaciones afiliadas al partido oficial, al Partido Revolucionario Institucional, como la Asociación Política de Vanguardia, los Locatarios del mercado Hidalgo. No los voy a cansar a ustedes con la lista de firmas, simplemente quiero dejar constancia del tamaño del problema que se está viviendo en ese municipio; consideramos nosotros por falta, como en muchos otros casos, de voluntad política para resolverlo, sobre todo por falta de la voluntad política para respetar la voluntad popular.
Quizá todavía sea tiempo, alertando desde esta tribuna de las consecuencias que esto tenga, para que ese proceso de deterioro político y social se detenga.
Voy a continuar entonces con el señalamiento de los hechos.
Las acciones de protesta obligaron al gobernador a ofrecer un nuevo acuerdo político que permitirá la destitución de Gilberto Ordaz, ése era el compromiso del gobernador, pasadas las elecciones federales del 18 de agosto pasado. Una vez más el compromiso del gobernador fue letra y muerta y ello alimentó la indignación ciudadana.
Las protestas pacíficas fueron creciendo, pero recibieron una protesta violenta por parte de las autoridades municipales y gubernamentales,
el día 2 de enero del presente año. Aquí lo denunciamos en esta tribuna. En esa ocasión se realizaba un bloqueo carretero en la vía federal Matamoros - Mazatlán. El desalojo violento tuvo como saldo la muerte de nuestro compañero Gerardo Martínez Bautista. las versiones oficiales y la respuesta que en este mismo recinto se nos dio de parte de un diputado federal miembro de esta Comisión Permanente, en el sentido de negar la presencia de este compañero que a partir de su participación en estos hechos sufrió un deceso, las versiones oficiales, repito, para negar la presencia de nuestro compañero en la protesta del 2 de enero, de quien se dijo "murió lejos del lugar de los hechos", fue desmentida por la existencia de pruebas documentales, como lo es un video de la televisión local, en donde se comprueba que nuestro compañero participó y estuvo presente en el acto de resistencia civil que fue dispersado con lujo de violencia.
Cabe señalar que este video fue proyectado ante la prensa regional en la propia oficina de Comunicación Social del gobierno estatal, paro dicha proyección fue interrumpida violentamente y ocasionó el cese del jefe de Comunicación Social del gobierno del estado.
Vean cómo se cierran los ojos ante la realidad cuando delante lo que se pone es justamente la falta de voluntad política para que un gobernador efectivamente gobierne para toda la entidad.
Al hacer uso de esta tribuna para señalar el estado actual del conflicto político en el municipio de Matamoros, Coahuila, lo hacemos para solicitar una vez más el respeto al reclamo ciudadano que recorre ese municipio y que se traduce en la ineludible salida de Gilberto Ordaz Rocha y su cabildo y la integración , por lo tanto, de un consejo municipal de gobierno, tal como se había comprometido este gobernador.
Nuestro partido ya planteó este asunto ante el Congreso Local, pero la actitud parcial que éste ha adoptado, dificulta una salida adecuada y que se corresponda con la existencia ciudadana.
Somos profundamente respetuosos de la autonomía municipal, de las facultades de los congresos locales, pero este conflicto ha crecido a tal nivel, precisamente por la intransigencia y la actitud represiva del gobierno estatal.
De cara a una solución positiva, el gobernador del estado tiene ante la comunidad de Matamoros la responsabilidad de cumplir con su palabra; de no ser así, será el directamente responsable de la situación de tensión e ingobernabilidad del municipio, con lo cual la ciudadanía se vería obligada a exigir otro tipo de responsabilidades a dicho mandatario.
Dejo aquí constancia de la denuncia que el Partido de la Revolución Democrática hace sobre la situación que se vive en el estado de Coahuila, haciendo votos para que esta denuncia sirva para a que las autoridades estatales reconsideren su posición y den una salida satisfactoria a este problema. Gracias.
El Presidente: - Para referirse a estos hechos ha solicitado la palabra y se le concede al diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente, compañeros legisladores:
Antes de 1983 uno de los reclamos más importantes que se oían en el país era precisamente el denominado desaparición de ayuntamientos o de poderes municipales.
Ese fue uno de los principales puntos que atacó la reforma constitucional municipal de 1983 en su artículo 115 constitucional. Se establecieron a través de esta reforma constitucional, cauces, procedimientos, mecanismos, que llevaran precisamente a solucionar dentro de los marcos de la Constitución y de la Ley, los conflictos políticos.
Se establece con precisión en este artículo 115 constitucional, cuál es, cuándo y cómo se desaparecen los ayuntamientos, los poderes en los municipios. Nosotros, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún motivo, bajo ningún argumento, podemos estar a favor de que se viole la constitución ni que tampoco se vulneren las leyes locales.
Hablar aquí de que se negoció con un gobernador y que este gobernador aceptó que se desaparecieran los ayuntamientos en el municipio, se nos hace contrario a la Ley.
Bajo ningún motivo debemos de aceptar una circunstancia de esta naturaleza; se está refiriendo aquí de un asunto que supuestamente se inició en 1990. Este ayuntamiento, por lo que sé, está prácticamente a punto de terminar su gestión.
No dudamos de que pueden existir problemas poselectorales, sabemos que los problemas poselectorales son problemas que tenemos que ir resolviendo a través de otros cauces, pero no creemos que bajo ninguna circunstancia se deban
hacer propuestas que vulneren, o la Constitución General de la República o la Constitución local o las leyes locales; ahí están los procedimientos. Nosotros somos legisladores y como parte miembro del poder revisor, que es aquél el que reforma la Constitución. El constitucionalismo es una lucha para que los factores políticos se encaucen a través de un procedimiento jurídico, no al contrario. Tenemos que buscar siempre ese equilibrio ante los factores políticos y las instituciones jurídicas; bajo ninguna circunstancia se puede admitir un procedimiento de esta naturaleza.
Por lo tanto, mi comentario, que se sigan los procedimientos que establece la Constitución en su artículo 115. Son procedimientos que no se han utilizado y que se deben utilizar, ahí está en la Constitución el procedimiento para desaparición de poderes, cuando están las causas suficientemente justificadas, se les concede audiencia a los miembros del ayuntamiento, hay un procedimiento, incluso hay un quórum especial, para evitar que solamente la mayoría pueda decidir. Ese es el procedimiento que se debe utilizar en todos los casos donde haya conflicto municipal. Muchas gracias.
El Presidente - Diputada Rosa Albina Garavito, para rectificar hechos en términos del 102 y por cinco minutos.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Siguiendo las recomendaciones del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, entonces tendríamos que estar absolutamente tranquilos todos los ciudadanos de este país, porque, ¿quién puede discutir que no tenemos leyes de lo más desarrolladas?, ¿quién puede discutir que nuestra constitución no fusiona la tradición liberal con el movimiento social que emerge en 1910?, ¿quién podría discutir que justamente lo que intenta es esa síntesis entre garantías individuales y garantías sociales?
Entonces, a partir de ahí, lo que tendríamos que hacer es irnos muy tranquilamente a nuestras casas, olvidarnos de nuestra responsabilidad como legisladores por perfeccionar las leyes y por velar que las leyes se cumplan, en tanto ya están editadas, ya están impresas, ya están aprobadas, tenemos un marco legal del cual nos podemos ufanar.
No creo que sea esa la manera, señor diputado, como se pueda minimizar, trivializar la demanda, la denuncia que nuestro partido está haciendo, porque coincida la voluntad política en este caso del gobernador de Coahuila, con las leyes de su estado.
Por supuesto que sabemos que en 1983 se hizo la reforma al 115; por supuesto que sabemos que la pretensión de esta reforma es justamente la de garantizar la autonomía económica y la autonomía política del municipio, como cédula de la sociedad democrática que queremos ser. Eso no lo ignoramos; lo que venimos aquí a denunciar de la manera más respetuosa y nos parece más conducente en tanto que dijo claramente en nuestra intervención, que somos respetuosos de la autonomía municipal y de la autonomía estatal para hacer una convocatoria de esta tribuna, a que esas leyes que se velan por respeto a todos esos derechos y fundamentalmente al derecho ciudadano de elegir a sus gobernantes, pueda recogerse ese espíritu legal por las decisiones que por desgracia hasta ahora no vemos, no se traducen en voluntad política para resolver el problema. Gracias.
SEMBLANZA
El Presidente: - Como último punto del orden del día, le concedemos la palabra al señor diputado Gilberto Rincón Gallardo, para hacer una semblanza de Juan Vargas Puebla.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
A fines de la semana pasada murió un hombre digno, un viejo luchador social chileno: Juan Vargas Puebla.
El compañero Juan Vargas Puebla nació en Chile el 8 de agosto de 1908; fue obrero de la construcción y dirigente sindical desde su juventud, fundador de la Confederación de Trabajadores de Chile, importante organización que fue la antesala de la Central Única de Trabajadores, la CUT Chilena, expresión avanzada del pensamiento y la organización de los obreros de ese país. Participó en diversas tareas de la Confederación de Trabajadores de América Latina, la CETAL, junto a destacados militantes de la época, entre ellos Vicente Lombardo Toledano. Igualmente fue destacada su participación en la Federación Sindical Mundial.
En el Partido Comunista de Chile fue dirigente y pasó por todos sus niveles de la vida partidaria, desde los organismos de base hasta el Comité Central y fue así miembro de su comisión política.
Entre los cargos de elección popular que desempeño, destacan el de regidor por Valparaíso y más tarde el de diputado del Congreso Nacional. Perseguido igual que miles de chilenos después del golpe de estado de 1973, vivió su exilio primero en Bulgaria y luego en México desde 1976 hasta en el momento de su muerte.
Representante de la Central Única de Trabajadores en México durante la dictadura, fue destacado miembro de la Casa de Chile en nuestro país. Juan Vargas Puebla fue uno de aquellos exiliados que en México nos ayudo con sus enseñanzas, con sus conferencias, con su participación en diversos eventos académicos y sindicales y sus exposiciones siempre doctas sobre problemas del sindicalismo en América Latina y especialmente sobre la experiencia chilena.
Aprendimos de él: fue profesor de una Universidad Obrera de México, y colaborador de la sección internacional del periódico de la Confederación de Trabajadores de México en México.
Desde aquí, desde esta tribuna, nos unimos al dolor de su familia y rendimos un sentido y profundo homenaje. Con cariño siempre será recordado en nuestro país como nuestro hermano, Juan Vargas Puebla. Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra para este asunto, al compañero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Nuestro país ha tenido, entre sus altos valores, una tradicional política de puertas abiertas a los mejores luchadores de todos los pueblos del mundo, víctimas de la intolerancia, de la dictadura y de la persecución, tienen que salir de sus respectivos países hacia el exilio.
Esta noble actitud de principios ha retribuido también a nuestra patria. Nuestro país se ha enriquecido con el exilio de diversos países del mundo, notable y destacadamente con el exilio español y con el exilio chileno. Por esa vía han llegado a nuestra patria valiosos intelectuales, destacados luchadores sociales, quienes, al convivir entre nosotros, han derramado su sabiduría, sus conocimientos y de esta manera han enriquecido la vida cultural, social y política de México.
En este caso concreto se enmarca precisamente el compañero Juan Vargas Puebla. Pertenece a la más connotada pléyade de latinoamericanos comprometidos con la lucha general de nuestros pueblos, con objetivos comunes y semejantes: la plena independencia económica y política de nuestras patrias, la integración de nuestra región, la elevación del nivel de vida de nuestros pueblos, la amplitud y vigencia del régimen democrático.
Perseguido ferozmente como tantos otros chilenos valiosos por la dictadura oprobiosa de Augusto Pinochet, tuvimos sin embargo, gracias a ello, el elevado honor de contarlo en nuestra casa, en la casa de esta patria mexicana.
El Partido Popular Socialista se une de manera sentida y emocionada al dolor de sus familiares, de sus amigos, de sus compatriotas, de los luchadores sociales y políticos chilenos de avanzada y también desde esta tribuna su fracción parlamentaria le rinde un sentido homenaje a su memoria. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado. Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Luis Felipe Bravo Mena: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Primer año. - LV Legislatura.
Orden del día
7 de febrero de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud del permiso del ciudadano Enrique Masatoni Watanabe, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del imperio Británico, en grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso de las ciudadanas Lucina Lara
Chícharo, María de Lourdes Flores Lancaster y María Guadalupe Romero Acuña, para que puedan prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en jefe Francisco Esteban Gómez, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.» El Presidente (a las 14.30 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo viernes 7 de febrero a las 11.00 horas.