Legislatura LV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19920207 - Número de Diario 7
(L55A1PcpN007F19920207.xml)Núm. Diario: 7ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE
Dip. Fernando Ortiz Arana
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., viernes 7 de febrero de 1992 No. 7
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaria informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Guerrero, para asistir a la sesión en la que el ciudadano José Francisco Ruiz Massieu, gobernador constitucional del Estado, rendirá su Quinto Informe de Gobierno. Se designa comisión.
COMUNICACIÓN
De la presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto al resultado de las auditorías practicadas al sector eléctrico.
INICIATIVAS DE DIPUTADOS
ARTÍCULOS 40 Y 60 CONSTITUCIONALES
Presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE LICENCIA
Del diputado Juan José Rodríguez Prats. Se aprueba.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PROPOSICIÓN
Del Ejecutivo para convocar al Congreso General a un Período Extraordinario de Sesiones. Se turna a la Primera Comisión.
Expresan sus opiniones al respecto los legisladores:
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Fernando Lerdo de Tejada Luna
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que ocho ciudadanos mexicanos puedan laborar en la Embajada de Estados Unidos. Se turna a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Gregorio Guerrero Caudillo, para los efectos de la Fracción del artículo 79 Constitucional.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Masatomi Watanabe García, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la República de Ecuador.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de la Gran Bretaña.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso a tres ciudadanas mexicanas para laborar en el Consulado General de los Estados Unidos de América.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Francia. Se aprueba.
De la Primera Comisión con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Venezuela. Se aprueba.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
Solicitud de excitativa formulada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Intervienen además los legisladores:
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Carlos Sales Gutiérrez
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
Sobre el contingente de observadores nacionales del proceso pacificador de aquel país, toman la palabra los legisladores:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
José Antonio González Fernández
REZAGO AGRARIO
Sobre problemas en el sector agrario toman la palabra los legisladores: Jesús Martín del Campo Castañeda presenta petición.
Hugo Andrés Araujo de la Torre
Se turna a la Comisión de la Reforma Agraria de la Cámara de Diputados.
ESTADO DE SINALOA
Para referirse al Puente de cuota que se encuentra en la Zona Urbana de Culiacán, toman la palabra los diputados:
Pablo Emilio Madero Belden presenta proposición.
Gustavo Guerrero Ramos
LXXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Sobre el significado de este evento debaten los legisladores:
Amador Rodríguez Lozano
Gilberto Rincón Gallardo y Meltis
Miguel Ángel Yunes Linares
Jesús Martín del Campo Castañeda
Jesús Murillo Karam
Roberto Robles Garnica
Alberto Carrillo Armenta
Luis Felipe Bravo Mena
DECESO
Del Obispo Sergio Méndez Arceo, sobre el particular toma la palabra el diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA
ASISTENCIA
El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los señores legisladores, miembros de la Comisión Permanente.
El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Hay una asistencia de 36 miembros de la Comisión Permanente. Hay quórum, señor Presidente.
APERTURA
El Presidente (a las 11.47): - Se abre la sesión y se ruega a la Secretaría dé a conocer el orden del día para la misma.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:
«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
7 de febrero de 1992.
Lectura del acta de sesión anterior.
El Congreso del Estado de Guerrero, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano José Francisco Ruiz Massieu, gobernador constitucional del estado, rendirá el quinto informe de gobierno, que tendrá lugar el 14 de febrero a las 12.00 Horas.
Comunicación que envía la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto al resultado de las auditorías practicadas al sector eléctrico por el órgano técnico de la Cámara.
Presentación de iniciativa de reformas constitucionales a cargo del ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
Comunicación del ciudadano diputado Juan José Rodríguez Prats. Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con el que se remite la propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal, para que se convoque al Congreso General a un período extraordinario de sesiones.
Por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos María Victoria Meave Sámano, María Martha Chávez Camacho Pedraza, Delia Bucio Alvarado, Magali R. González Cano, Silvia Mayanin Figueroa de Cortés, Aída I. Santamaría Gallardo, Jaime Octavio Torres Zavala y Jorge Romero Caballero, puedan prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Con el que se remite la hoja de servicios del ciudadano Gregorio Guerrero Caudillo, para los efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Excitativa formulada por el ciudadano diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
Dictámenes de primera lectura
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Masatomi Watanabe García, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Ecuador.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Lucina Lara Chícharo, María de Lourdes Flores Lancaster y María Guadalupe Romero Acuña, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe Francisco Esteban Gómez, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, respecto al rezago agrario.
Intervención de los grupos parlamentarios del Partido Popular Socialista y Partido de la Revolución Democrática, para referirse a los nacionales enviados a la República de El Salvador.
Intervención del ciudadano diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para referirse al LXXV aniversario de vigencia de la Constitución de 1917.
Intervención del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para referirse al puente de cuota que se encuentra en la zona urbana de Culiacán, Sinaloa.
Intervención del diputado Gilberto Rincón Gallardo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para referirse al fallecimiento del señor Sergio Méndez Arceo.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - Iniciamos con el primer punto del orden del día, señor secretario, dando lectura al acta de la sesión anterior.
El secretario senador Germán Sierra Sánchez:
«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veintinueve de enero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintinueve minutos del día veintinueve de enero, con una asistencia de treinta y un legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.
La secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que se aprueba en sus términos, previa aclaración del diputado Diego Fernández de Cevallos, respecto de las intervenciones de él mismo y del diputado Jiménez Remus, en la pasada sesión.
Se da cuenta con una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico luctuoso del centésimo septuagésimo octavo aniversario del general Mariano Matamoros. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.
Otra invitación de la misma dependencia, al acto cívico conmemorativo del septuagésimo quinto aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete. Se designa comisión.
El Presidente informa de las solicitudes de licencia de los legisladores Manuel Gurría Ordóñez y Eduardo Villaseñor Peña y pone a consideración de la asamblea los puntos de acuerdo respectivos, mismos que se aprueban sin discusión, en votación económica.
Una comunicación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la que informa de la apertura de su primer período de sesiones y la elección de su presidente. De enterado.
Se da cuenta con sendas comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes y Jalisco, con las que informan de eventos propios de su actuación. De enterado.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da cuenta de una comunicación de los presidentes de las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores, en relación con la información proporcionada por la Secretaría de Comercio respecto del Tratado de Libre Comercio.
Dos oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Enrique Masatoni Watanabe y Miguel Jáuregui Rojas, que puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Ecuador y Gran Bretaña. Se turnan a la Primera Comisión.
Otro oficio de la misma Secretaría, por el que se solicitan los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Lucina Lara Chícharo, María de Lourdes Flores Lancaster y María Guadalupe Romero Acuña, puedan prestar sus servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América en Tijuana, Baja California. Se turnan a la Primera Comisión.
La Secretaría da lectura a dos dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Néstor Duch Gary y Héctor José Martínez Arizpe, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Francia y Venezuela, respectivamente. Son de primera lectura.
Se da cuenta con un dictamen de la Tercera Comisión, con punto de acuerdo por el que se ratifica el nombramiento del ciudadano Francisco Valdés Lizárraga, como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación. No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente informa que a las puertas del salón de sesiones se encuentra el ciudadano Francisco Valdés Lizárraga y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión, acompaña al magistrado hasta las puertas del recinto.
Se da lectura a un dictamen de la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Jesús Aguilar Ferreira pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de la República de Francia. En votación económica se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Se concede el uso de la palabra al senador Héctor Terán Terán, del Partido Acción Nacional, quien propone que se investiguen las informaciones respecto de la construcción de un basurero nuclear en la frontera de Texas, Estados Unidos de América y México. Se turna a las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado de la República y de Ecología de la Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, quien solicita que se haga una excitativa a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, para que emita dictamen acerca de la situación del sector eléctrico. El Presidente informa sobre la conclusión de los trabajos respectivos y hace un llamado a la comisión para que emita su dictamen.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta un punto de acuerdo respecto al movimiento de huelga de la industria textil. Se turna a las comisiones de Información, Gestoría y Quejas y de Trabajo y Previsión Social.
Presidencia del diputado César Augusto Santiago Ramírez Para referirse a las cuotas de inscripción en la Universidad Nacional Autónoma de México, hacen uso de la palabra los legisladores Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Manuel Jiménez Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Presidencia del diputado Fernando Ortiz Arana
Sube a la tribuna la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia lo que llamó los riesgos que implica la discusión y firma del Acuerdo Nacional para Elevar la Productividad.
Para hacer comentarios respecto del mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, del Partido Revolucionario Institucional y, para rectificar hechos, la diputada Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente hace una excitativa a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, condicionada a que tengan materia a qué referirse.
Para comentar el beneplácito que el gobierno de México concedió al Embajador de Panamá en México, hacen uso de la palabra los legisladores Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Regresa a la tribuna el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien denuncia lo que llamó hechos anticonstitucionales del gobernador del estado de Guanajuato.
Para rectificar hechos respecto del mismo asunto, hace uso de la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional y, también en el mismo sentido, el diputado Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos de carácter político y social en el municipio de Matamoros, Coahuila.
Para rectificar hechos al respecto, hacen uso de la palabra los legisladores Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional y Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática.
Para recordar la personalidad de Juan Vargas Puebla, hacen uso de la palabra los legisladores Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista. Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las catorce horas con treinta minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo día siete de febrero de mil novecientos noventa y dos a las once horas.»
Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica, se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, poniéndose de pie...
Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.
INVITACIÓN
El secretario senador Germán Sierra Sánchez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Poder Legislativo. - Honorable Congreso del Estado de Guerrero. - LIII Legislatura.
Señor licenciado y diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
Respetado señor Presidente:
Conforme a una arraigada tradición republicana y federalista, presento a atenta consideración de esa honorable Comisión Permanente la invitación, a efecto de que representantes de ese elevado cuerpo parlamentario asistan a la sesión solemne que celebrará el honorable Congreso del estado de Guerrero, el próximo día 14 de febrero a las 12 horas, en la que el ciudadano gobernador del estado, José Francisco Ruiz Massieu rendirá su quinto informe de gobierno.
Reitero a usted mi más atenta y distinguida consideración.
Sufragio efectivo. No Reelección.
Enero 30 de 1992. - El presidente del honorable Congreso del Estado, Jesús Sotelo Brito.»
El Presidente: - Para asistir en representación de esta Comisión Permanente, se designa a los siguientes legisladores: diputado José Antonio González Fernández y senador Carlos Jiménez Macías.
COMUNICACIÓN
El Presidente: - Se va a dar cuenta ahora con una comunicación que envía esta Comisión Permanente , la Presidencia de la Comisión de vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, que al texto dice:
«Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.
Ciudadano diputado federal, licenciado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.
De acuerdo a la solicitud emanada de la Presidencia a su digno cargo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el pasado 29 de enero, relativa a que se turne por parte de esta comisión, el resultado final de las auditorías practicadas por la Contaduría Mayor de Hacienda de la honorable Cámara de Diputados, al sector eléctrico, me permito remitirle el diagnóstico evaluatorio del sector mencionado y sus entidades.
Sin otro particular, le reitero mi consideración más distinguida.
México, Distrito Federal, a 30 de enero de 1992. - La Presidenta de la Comisión, diputada federal Laura Alicia Garza Galindo.»
Vista la comunicación que envía la Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría
Mayor de Hacienda, que fue relativa también a una excitativa formulada por el Partido de la Revolución Democrática y a la que acompaña los resultados que el órgano técnico de la Cámara le hizo llegar referentes a las auditorías practicadas al sector eléctrico por disposición del pleno de la Cámara de Diputados, esta Presidencia acuerda:
Único. Quedan a disposición de los diputados, los documentos que se acompañan y que constituyen los resultados finales de las auditorías practicadas al sector eléctrico, por parte de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Con objeto de que los diputados estén en posibilidad de formular comentarios a tales documentos que son de orden técnico, como los que se acompañan en los resultados de las auditorías, esta Presidencia regresa ejemplares de los mismos a la Comisión de Vigilancia de la propia Contaduría Mayor de Hacienda, con la solicitud de que convoque a reunión en la que el contador Mayor de Hacienda y personal de tal órgano técnico, amplíen la información y despejen las dudas que los señores diputados pudieran tener.
INICIATIVA DE DIPUTADOS
ARTÍCULOS 41 Y 60 CONSTITUCIONALES
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, para presentar una iniciativa de reformas constitucionales.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión:
Proyecto del decreto que reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga su artículo 60 que, con vistas a ampliar la vida democrática nacional, presenta la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista en la LV Legislatura del Congreso de la Unión.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Revolución Mexicana de 1910 tuvo como propósitos la independencia plena, económica y política de la nación, la elevación del nivel de vida del pueblo y, desde luego, la ampliación del régimen democrático. En este ámbito, por lo que hace a la elección de los gobernantes, es plenamente conocido el lema maderista que demandaba la efectividad del voto y la no reelección del Jefe del Ejecutivo, si bien la concepción sobre democracia que surge del movimiento revolucionario y se plasma en la Constitución, va más allá de la democracia electoral para definir su contenido social.
Después de promulgada la Constitución, hubo diversas leyes que rigieron el proceso electoral y fue a partir de 1963 cuando se empezaron a dar pasos importantes en materia de reforma democrática, el más trascendente de ellos, en opinión nuestra, precisamente el de ese año de 1963 que fue cuando se dio inicio al régimen plural de partidos políticos y se estableció la figura jurídica de los diputado de partido, bajo lo cual se conformó la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la XLVI Legislatura.
Otros momentos de la reforma electoral se dieron en 1969, cuando se reconoció el derecho de voto a los jóvenes a partir de los 18 años; en 1972, con la reducción al 1.5% como mínimo de votación requerida para acreditar diputados de partido; en 1977, cuando se sustituyó la figura jurídica de los diputados de partido por la de la representación proporcional, si bien integrada de manera mixta con el todavía predominante sistema de mayoría relativa; en 1986, cuando se incrementó el peso de la representación proporcional en relación a la mayoría relativa en la composición de la Cámara de Diputados, de un 25% a un 33.3%. En este proceso, además, se elevó a los partidos políticos a rango constitucional.
Durante toda esta etapa la reforma democrática tuvo como rasgo fundamental el de reconocer a los partidos políticos, de manera cada vez más definida, su carácter de actores fundamentales del proceso electoral y, en muchos aspectos, de titulares de los derechos político - electorales, fortaleciéndose así el régimen plural de partidos y propiciándose su adecuada presencia y participación en la vida política nacional.
En todo este proceso, a grandes rasgos señalado en los párrafos anteriores, ha quedado plasmado uno de los propósitos esenciales que ha perseguido el pueblo de México a lo largo de su historia: el de la ampliación de la vida democrática. Esta aspiración tiene un elevado contenido de carácter social, el que se plasma en lo señalado por el artículo 3o. de la Constitución, pero tiene también un contenido de carácter político - electoral, ambos íntimamente vinculados.
En este último aspecto, una cuestión medular será la de garantizar el que la gran mayoría de
los ciudadanos mexicanos, que son quienes viven de su esfuerzo personal, puedan ejercer de manera razonada su derecho a elegir al partido político y a los candidatos a ocupar las distintas posiciones de elección popular, porque en la medida en que este ejercicio pueda realizarse sin manipulaciones previas que vicien de origen el sufragio; en la medida en que el voto pueda darse verdaderamente libre, sin presiones ni amenazas de carácter material, económico ni espiritual y teniendo los electores acceso suficiente y oportuno a la información de lo que cada uno de los partidos políticos representa y propone en esa medida, no cabe duda que la gran mayoría de los mexicanos tendrá la posibilidad de convertirse en rector de su propio destino, seleccionando de manera consciente al partido con cuyas propuestas concuerde y a los candidatos a puestos de elección popular que representarán sus intereses y opiniones.
Otro aspecto fundamental de la necesaria ampliación de la vida democrática en México es y ha sido el carácter plural de su régimen de partidos que debe fortalecerse cada vez más, cerrando el paso a cualquier tentación de copia extralógica de modalidades bipartidistas o tripartidistas imperantes en otros países, las que, por cierto, obedecen a concepciones de democracia en extremo cuestionables.
Relevancia especial tiene también el tema de quién es a quien compete organizar el proceso electoral. Antes de la modificación constitucional de 1989, esta responsabilidad era compartida por el Estado y los partidos políticos; ahora la ejerce solamente el Estado, dejando a los partidos apenas una participación secundaria en la que, por cierto, se les equipara con "los ciudadanos", señalados así, de una manera abstracta.
Esta modificación, a juicio del Partido Popular Socialista, fue regresiva y antidemocrática, por lo que se requiere volver a la concepción anteriormente imperante.
Estas tres cuestiones de carácter medular para la vida democrática nacional, tiene su expresión en el artículo 41 de la constitución, cuya modificación proponemos.
No poca importancia posee la cuestión relativa al órgano que debe calificar la elección de los diputados y senadores, a la vista de la evidente obsolescencia del método de autocalificación vigente, asunto que se contiene en el artículo 60, pero también, en varios aspectos, en el propio artículo 41, mismo que toca algunas otras cuestiones de carácter procesal que, a juicio del Partido Popular Socialista, deben ser asimismo objeto de modificación.
Una vez resueltos los problemas fundamentales, sobre todo el principal, que es el de evitar manipulaciones que vicien de origen el sufragio, medidas adecuadas de carácter procesal podrán permitir que el voto, libre y razonado como ejercicio, sea respetado en todo su valor. En tales circunstancias, quedará como todavía ocurre en una gran medida.
Por esta razón es que el Partido Popular Socialista considera que la gran reforma en materia de democracia electoral está todavía por realizarse. Para contribuir a que se lleve a cabo y de esta manera se ponga en consonancia este aspecto fundamental de la vida política con el desarrollo que han alcanzado las fuerzas productivas en México, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista presenta a la consideración de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por la vía de esta Comisión Permanente, este proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 41 y deroga el 60 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes
TÉRMINOS
En primer término, proponemos que se adicione el texto actual del párrafo tercero, en el que se señala que "los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional...", añadiendo aquí las palabras estatal y municipal, a efecto de dar congruencia a este texto con el párrafo sexto que reconoce a los partidos políticos nacionales el derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
De esta manera, el actual párrafo tercero quedaría así:
"Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y municipal y, como organizadores de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo."
En segundo lugar, proponemos que los párrafos segundo y tercero de dicho artículo 41 inviertan
su orden, ya que parece mucho más lógico señalar primero cuáles son las funciones de los partidos políticos, sus fines y responsabilidades sobre las que se fundamenta su carácter de entidades de interés público y luego se les declare como tales, y no al revés, como ahora ocurre. De acuerdo con nuestra proposición el texto de ambos párrafos quedaría así:
"Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas especificadas de su intervención en el proceso electoral."
En tercer lugar y éste es uno de los aspectos medulares de nuestra iniciativa, proponemos se adicione el párrafo cuarto, que se refiere al derecho de los partidos políticos a usar en forma permanente de los medios de comunicación social, vinculándolo, en su esencia, con el artículo 60 de la Constitución, que se refiere al derecho de los ciudadanos a estar informados y a la obligación del Estado de garantizar ese derecho.
A pesar de que, desde hace tres sexenios, la Constitución establece el acceso permanente de los partidos a la radio y la televisión, cuyo propósito no puede ser otro, sino el de satisfacer lo señalado en el 60 de la propia Carta Magna, hasta hoy esto ha sido, en la práctica, puramente simbólico, dado que está muy lejos de darse con el mínimo de frecuencias necesario para alcanzar quedaría así:
"Puesto que es derecho de los ciudadanos el de estar informados de manera suficiente y oportuna con relación a las distintas opciones programáticas representadas por los partidos políticos y es obligación del Estado garantizar ese derecho, los partidos políticos tendrán acceso al uso permanente, suficiente y oportuno de los medios de comunicación social de acuerdo con las normas y procedimientos que establezcan la ley."
De igual manera, proponemos se modifique el contenido del párrafo quinto, a efecto de que ofrezca condiciones que tiendan a fortalecer el régimen plural de partidos políticos que ha venido caracterizando al sistema democrático mexicano y que lo pone muy por encima de los sistemas bipartidistas o tripartidistas en uso en otros países. Proponemos quede de la siguiente manera:
"Durante los procesos electorales y fuera de ellos, los partidos políticos nacionales deberán contar con un mínimo de elementos para sus fines, señalados en el párrafo segundo de este mismo artículo. La ley determinará los procedimientos que, en todo caso, se sustentarán, por una parte, en el criterio de igualdad en la distribución de los recursos disponibles y, por otra , sobre la base de la magnitud de las votaciones alcanzadas."
El párrafo sexto no sería objeto de modificación alguna.
Por lo que se refiere al párrafo séptimo, proponemos se regrese a la concepción imperante antes de la reforma de 1989, que corresponsabiliza al Estado y a los partidos políticos de la organización de las elecciones federales, para quedar como sigue:
"La organización de las elecciones federales es corresponsabilidad del Estado y los partidos políticos nacionales. La función estatal en este sentido, se ejerce por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. El Estado y los partidos políticos realizarán sus funciones a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el que deberá responder a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo."
Proponemos se modifique el párrafo octavo, a efecto de establecer el principio de la pluralidad democrática en la toma de decisiones relativas al proceso electoral, lo que constituye otro de los aspectos fundamentales de esta iniciativa de reformas.
Como otra de las cuestiones fundamentales de nuestra iniciativa, proponemos la desaparición de la figura de los colegios electorales, por lo que se refiere a las elecciones de diputados y senadores y su sustitución por el consejo superior de dirección del organismo encargado también de la organización y preparación del congreso electoral. El párrafo octavo, con estas dos modificaciones, quedaría de la siguiente manera:
"El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, así como con órganos
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección se integrará paritariamente por consejeros designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo y por cada uno de los partidos políticos nacionales y tendrá también la responsabilidad de calificar las elecciones de diputados y senadores, así como declarar, cuando proceda, la validez de la elección de uno y otros.
Sus decisiones serán tomadas de manera democrática por la mayoría de sus integrantes y, por lo que hace a la calificación, serán definitivas e inatacables."
El párrafo noveno no tendría cambio alguno.
Proponemos se adicione el párrafo décimo, estableciendo el principio de la suplencia de la deficiencia de la queja, a la vista de que el ejercicio del proceso electoral recae en gran medida sobre ciudadanos comunes, de quienes resulta absurdo demandar, de manera expresa o tácita, formación jurídica previa. La adición sería ésta:
"En los medios de impugnación que se inicien a nivel de casilla electoral y de consejo distrital electoral, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria."
Proponemos se derogue el artículo 60 de la Constitución.
Por lo expuesto y, de acuerdo con las facultades que nos otorgan los artículos 71, fracción II; 79, fracción III; 135, y demás relativos de la Constitución, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi conducto, presenta este
«PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA
EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEROGA SU ARTÍCULO 60, CON
VISTAS A AMPLIAR LA VIDA DEMOCRÁTICA NACIONAL
Artículo primero. Se reforma y adiciona el artículo 41 de la Constitución, para quedar como sigue:
Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los estados en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, estatal y municipal y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Puesto que es derecho de los ciudadanos el de estar informados de manera suficiente y oportuna con relación a las distintas opciones programáticas representadas por los partidos políticos, y es obligación del Estado garantizar ese derecho, los partidos políticos tendrán acceso al uso permanente, suficiente y oportuno de los medios de comunicación social de acuerdo con las normas y procedimientos que establezca la ley. Durante los procesos electorales y fuera de ellos, los partidos políticos nacionales deberán contar con un mínimo de elementos para sus actividades orientadas a la consecución de sus fines, señalados en el párrafo segundo de este mismo artículo. La ley determinará los procedimientos que, en todo caso, se sustentarán, por una parte, en el criterio de igualdad en la distribución de los recursos disponibles y, por otra, sobre la base de la magnitud de las votaciones alcanzadas. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
La organización de las elecciones federales es corresponsabilidad del Estado y de los partidos políticos nacionales. La función estatal en este sentido, se ejerce por los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión. El Estado y los partidos políticos realizarán sus funciones a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, de certeza, legalidad, imparcialidad y profesionalismo. El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, así como con órganos ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El órgano superior de dirección se integrará paritariamente por consejeros designados por los poderes Legislativo y Ejecutivo
y por cada uno de los partidos políticos nacionales y tendrá también la responsabilidad de calificar las elecciones de diputados y senadores, así como declarar, cuando proceda, la validez de la elección de unos y otros.
Sus decisiones serán tomadas de manera democrática por la mayoría de sus integrantes y, por lo que hace a la calificación, serán definitivas e inatacables.
El organismo público agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de constancias, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales.
Asimismo, atenderá lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Las sesiones de todos los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga la ley.
Artículo segundo. Se adiciona al párrafo décimo del propio artículo 41 el siguiente texto:
"En los medios de impugnación que se inicien a nivel de casilla electoral y de consejo distrital electoral, deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria."
Artículo tercero. Se deroga el artículo 60 de la Constitución.
Sala de sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, a los siete días del mes de febrero de mil novecientos noventa y dos. - Por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Señor Presidente: solicito su turno a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados.
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
Recibimos su iniciativa y en términos reglamentarios la turnamos a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
SOLICITUD DE LICENCIA
El Presidente: - Vamos ahora a dar cuenta con una comunicación del señor diputado Juan José Rodríguez Prats, dirigida a esta Comisión Permanente, que en sus términos dice los siguiente:
«Comisión Permanente, honorable Cámara de Diputados. - Presente.
Conforme a lo previsto en el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con todo respeto solicito que:
En los términos señalados por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se me conceda licencia para separarme de las funciones de diputado federal, para poder asumir un cargo en la administración pública del gobierno del estado de Tabasco.
Les reitero mi más alta consideración y mi gratitud por el trato que me brindaron en los meses que desempeñe tan alta responsabilidad, que mucho aprecio.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 7 de febrero de 1992. - Juan José Rodríguez Prats.»
De conformidad con la atribución que el artículo 79, fracción VIII de la Constitución otorga a esta Comisión Permanente, es de resolverse y se resuelve en los términos siguientes:
Primero. Se concede licencia previa al diputado Juan José Rodríguez Prats, para separarse de sus funciones como diputado federal, para estar en posibilidad de desempeñar un cargo dentro de la administración pública en el estado de Tabasco, a partir de esta fecha, durante el tiempo que dure el encargo.
Segundo. En su oportunidad llámese al suplente.
Señores legisladores: esta Presidencia pone a consideración de ustedes el punto de acuerdo anterior y se abre a discusión... No habiendo quien haga uso de la palabra, , esta Presidencia
los consulta en votación económica si es de aprobar el punto de acuerdo, rogando que quienes estén por la afirmativa, se sirvan manifestarlo levantando la mano...
En consecuencia, está aprobada la licencia solicitada por el señor diputado Juan José Rodríguez Prats y en su oportunidad la Cámara de Diputados llamará al suplente.
El Presidente: - Continué la Secretaría dando cuenta con diversos oficios enviados por la Secretaría de Gobernación.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
PROPOSICIÓN
El Presidente: - Señor secretario: previamente vamos a dar cuenta con otro oficio que ha recibido esta Presidencia, que es una propuesta del titular del Poder Ejecutivo Federal, que dice lo siguiente:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
El ciudadano Presidente de la República, en los términos de la fracción IV del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita a esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión convoque a un período de sesiones extraordinarias de este último, con el objeto de conocer y, en caso, aprobar las siguientes iniciativas.
Ley Agraria.
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Decreto que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social y Ley del Impuesto sobre la Renta.
Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Decreto que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Reitero a ustedes en esta ocasión las seguridades de mi consideración más atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 7 de febrero de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
En uso de las facultades que tiene esta Presidencia, se turna la propuesta del Ejecutivo Federal para un período extraordinario de sesiones a la Primera Comisión Dictaminadora de esta Comisión Permanente, para que desde luego se reúna y emita su dictamen que ponga a consideración de este pleno.
Tiene la palabra el compañero Diego Fernández de Cevallos y después se la damos al compañero Gilberto Rincón Gallardo.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señor Presidente; señores legisladores:
Ha dado usted el trámite correcto a la propuesta presidencial, pero quisiera brevemente dejar constancia de la posición de Acción Nacional al respecto. En primer término, el grupo parlamentario de Acción Nacional está de acuerdo en que se convoque al Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones. Creemos que es necesario que el Poder Legislativo se aboque al estudio, al análisis, a la discusión y a la resolución de tales iniciativas.
Pero al mismo tiempo queremos hacer constar que se ha dado a conocer, inclusive a través de la Prensa, que el grupo mayoritario pretende resolver que se inicie este nuevo período extraordinario de sesiones a partir del día 12.
Nosotros queremos llanamente decirles que si bien estamos conformes en este nuevo período, como ya se ha dicho, creemos de elemental responsabilidad política que los tiempos se respeten para que sea posible entrar a fondo, al análisis, a la discusión y a la resolución de leyes que son fundamentales para el destino político de México.
Hacemos, por tanto, un llamado a todas las fracciones parlamentarias para que se tome en consideración que no es posible iniciar el debate a partir del día 12. Si nosotros consideramos grave que se aplace indefinidamente la resolución de estos temas y de estas iniciativas, creemos que es más grave improvisar, violentar o, en su caso, decidir a ciegas.
Un Poder Legislativo serio y honrado, necesita tiempos para poder analizar en conciencia las propuestas y las iniciativas que manda el Ejecutivo Federal.
Nosotros creemos que debemos ser respetuosos de los tiempos del Ejecutivo, pero al mismo tiempo respetar nosotros nuestros propios tiempos, para hacer un trabajo sensato, honrado y responsable.
Concretamente creemos que sea cual fuere la definición que aquí se tome, para nosotros nos resulta necesario señalar que estimamos como mínimo empezar el debate a partir del 17 de
este mes. Que se manejen los tiempos, que se vaya a las comisiones, que se decida lo procedente, pero que se tome en cuenta que el grupo parlamentario de Acción Nacional no estima posible, sensato, razonable, iniciar el debate antes del día 17.
Si se pudiera llevar más allá del 17, dentro de este mes, sería para nosotros mejor. Pero en el caso más urgido o precipitado, tendríamos que pensar en que el debate en el pleno de la Cámara respectiva, se pudiera iniciar a partir del día 17.
Lo ponemos respetuosamente a su consideración y esperamos que sean ustedes tan amables de considerarlo, de valorarlo y de resolverlo al respecto. Gracias.
El Presidente: - Gracias diputado. Ahora concedemos la palabra al señor diputado Gilberto Rincón Gallardo y después al diputado Fernando Lerdo de Tejada, que también se ha inscrito ya.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Es un hecho que es necesario y así lo ha planteado en diversas ocasiones el Partido de la Revolución Democrática, que el Congreso de la Unión se reúna con más frecuencia. La existencia de periodos extraordinarios es importante y es conveniente. Recesos tan prolongados no son útiles; por lo tanto es conveniente que se vea el conjunto de leyes que podamos adelantar de la manera más próxima posible.
Sabemos que este debate se va a dar después, cuando esté el dictamen, no pretendemos adelantar el debate, pero sí pretendemos dejar clara una posición de oposición a que la reglamentación al artículo 27 constitucional se trata en el plazo que se quiere tratar. Ya bastante hemos sufrido las consecuencias de las prisas para reformar el artículo 27; fue muy grave la manera en que se hizo, la falta de consulta, la falta de participación de otras organizaciones, la búsqueda necesaria para que se refleje la opinión de los ciudadanos en asuntos tan trascendentes; no se llevó a cabo.
Se pretende hacer de la misma manera, en la reglamentación al artículo 27. Adelantamos este juicio sin la pretensión de adelantar el debate; hay muchos argumentos que no vamos a dar ahora, pero sí nos resulta importante, sobre todo porque sí hay una mayoría que sabemos que lo va a aprobar y que el miércoles se iniciará ese período, como está planteado.
Por esa razón, queremos dejar constancia de nuestra firme oposición a que la reglamentación del artículo 27 se apresure como se apresuró la reforma al artículo 27 constitucional. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Tiene la palabra el señor diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna: - Gracias, señor Presidente; compañeros legisladores:
Nuestro partido no pretende aprobar con premura, ni adelantarse a los tiempos de discusiones tan importantes y tan relevantes como las que se señalan en la convocatoria presidencial. Creemos, sin embargo, que ha sido interés de todas las fuerzas políticas del país que votamos a favor de los cambios relativos al 27 constitucional, que el paso dado, que los avances, realizados no queden únicamente en las normas primarias, sino que pasen a desarrollarse a través de las normas secundarias, que se definan claramente aquellos principios constitucionales que se establecieron y que, por lo tanto, el marco jurídico se desarrolle adecuadamente y que del marco jurídico pase a la realidad concreta de nuestro país; concretar en hechos, en una palabra, aquello que hemos fijado ya como principio.
Y por esa razón es que consideramos adecuado también, nuestra fracción parlamentaria, la realización de este período extraordinario de sesiones. Nuestro partido está abierto, por supuesto, a discutir los puntos de vista del Partido Acción Nacional y de las demás fracciones parlamentarias y analizar con seriedad y con cuidado sus propuestas. La iniciativa o propuesta presidencial en ningún momento fija específicamente fechas; hoy de hecho lo que estamos haciendo es dar curso a esta propuesta del Ejecutivo en donde no se fijan tiempos para convocar a un período extraordinario y por ello se remite a la Primera Comisión de la Comisión Permanente, a la de Gobernación y Puntos Constitucionales; ahí sugerimos que se dé a fondo para llegar a acuerdos el debate correspondiente, a efecto de que esta comisión presente al pleno de esta Comisión Permanente el acuerdo para su aprobación cuando o en los términos que así lo estimen; de tal manera que la mayoría está interesada en realizar un análisis serio y profundo de estos temas que consideramos fundamentales para el desarrollo de la nación y en estos términos estaremos dispuestos a escuchar los
planteamientos de las distintas fracciones políticas en la comisión correspondiente. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor diputado; ruego a la Secretaría continúe con los demás puntos agendados en el orden del día.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de Relaciones Exteriores dirigió a esta de Gobernación, con fecha 16 del actual enviándoles además con el presente los anexos que en el mismo se citan:
"Mucho agradeceré a usted tenga a bien a solicitar al honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción II, apartado B, del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las personas que se mencionan a continuación puedan prestar sus servicios dentro del territorio nacional, al Gobierno de los Estados Unidos de América. Para tal efecto, se anexan los originales de las actas de nacimiento que acreditan la nacionalidad mexicana de dichas personas y los escritos en que solicitan se realicen los trámites correspondientes.
Nombre, puesto y lugar de trabajo: María Victoria Meave Sámano, secretaria recepcionista, Embajada de los Estados Unidos; María Martha Chávez Camacho Pedraza, asistente en Asuntos Culturales, Embajada de los Estados Unidos; Delia Bucio Alvarado, recepcionista, Embajada de los Estados Unidos; Magali R. González Cano, auxiliar contable, Embajada de los Estados Unidos; Silvia Mayanin Figueroa de Cortés, secretaria, Embajada de los Estados Unidos; Aída I. Santamaría Gallardo, secretaria, Embajada de los Estados Unidos; Jaime Octavio Torres Zavala, operador de computadoras, Embajada de los Estados Unidos; Jorge Romero Caballero, chofer, Embajada de los Estados Unidos." Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 22 de enero de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Primera Comisión.
RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES
El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:
«Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión .- Presente.
Para conocimiento de ustedes y fines legales procedentes, a continuación les transcribo oficio que la Secretaría de la Defensa Nacional dirigió a esta de Gobernación, con fecha 21 del actual:
"Por acuerdo del ciudadano general Secretario de la Defensa Nacional, agradeceré a usted, tenga a bien disponer que por su conducto, se haga llegar a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la hoja de servicios del ciudadano general de división diplomado de Estado Mayor Gregorio Guerrero Caudillo (449337), que en veinticuatro fojas útiles se adjunta con carácter devolutivo, para efectos de la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
Al comunicar a ustedes lo anterior, les envío con el presente la hoja de servicios a que se hace referencia.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de enero de 1992.- El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Segunda Comisión.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
CONDECORACIONES
El secretario senador Germán Sierra Sánchez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Enrique Masatomi Watanabe García, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Enrique Masatomi Watanabe García para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República del Ecuador. Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1992.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Mario Villanueva Madrid, senador Jesús Murillo Karam, senador Victor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: -Primera lectura.
El mismo Secretario senador:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, pueda aceptar y usar la condecoración de la orden del Imperio Británico, en el grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1992.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Mario Villanueva Madrid, senador Jesús Murillo Karam, senador Victor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: - Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
El Secretario senador Germán Sierra Sánchez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: En oficio fecha el 16 de enero de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que las ciudadanas Lucina Lara Chícharo, María de Lourdes Flores Lancaster y María Guadalupe Romero Acuña, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana Baja California.
En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 29 de enero, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que las peticionarias acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que las interesadas prestarán en el Consulado General de los Estados Unidos Mexicanos de América, en Tijuana, Baja California, serán de carácter administrativo y
c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II, del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Lucina Lara Chícharo, para prestar servicios en el Equipo de Visas de Inmigrante, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana María de Lourdes Flores Lancaster, para prestar servicios como secretaria, en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Artículo tercero. Se concede permiso a la ciudadana María Guadalupe Romero Acuña, para prestar servicios en el Departamento de Visas en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 31 de enero de 1992.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Mario Villanueva Madrid, senador Jesús Murillo Karam, senador Victor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: - Primera lectura.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El secretario senador Germán Sierra Sánchez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Néstor Duch Gary, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Néstor Duch Gary, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Caballero, que le confiere el gobierno de Francia.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1992.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Mario Villanueva Madrid, senador Jesús Murillo Karam, senador Victor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: -Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano... Aprobado.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El secretario senador Germán Sierra Sánchez:
«Primera Comisión de Trabajo.
Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio
de la Secretaría de Gobernación por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Héctor José Martínez Arizpe, pueda aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe Francisco Esteban Gómez, que le confiere el gobierno de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Héctor José Martínez Arizpe, para aceptar y usar la condecoración Cívico Militar General en Jefe Francisco Esteban Gómez, que le confiere el gobierno de Venezuela.
Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.- México, Distrito Federal, a 24 de enero de 1992.- Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, Presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Mario Villanueva Madrid, senador Jesús Murillo Karam, senador Victor Manuel Tinoco Rubí y senador Arturo Romo Gutiérrez.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...
Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse hacer lo propio...
Aprobado.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Gracias, señor secretario.
TRATADO DE LIBRE COMERCIO
El Presidente: - Ahora, en los términos del orden del día aprobado, se concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para formular una excitativa a comisiones.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Desde el día 3 de enero, en la primera sesión de trabajo de esta Comisión Permanente, tuve el encargo de mi partido y de mi fracción parlamentaria de tratar en esta tribuna el asunto relativo al tema muy en voga y de honda preocupación por su trascendencia indudable del Tratado de Libre Comercio y de demandar que ambas Cámaras, el senado de la República que tiene competencia muy claramente establecida en materia de tratados internacionales y la de Diputados que tiene competencia muy claramente establecida en materia de comercio específicamente, pero además independientemente de competencia o no, frente a la importancia del tema y el deber patriótico, para no ir más allá, que todos tenemos de conocer, de estar al tanto, de estar empapados y de poder tener opiniones muy claras y bien fundamentadas en estas cosas, planteé esta preocupación, traje aquí una propuesta de punto de acuerdo que decía así:
Único. Ambas cámaras del Congreso de la Unión, a través de las comisiones idóneas y por todos los medios a su alcance, se harán llegar la información pertinente que permita a sus miembros enterarse con precisión del estado que guarda la negociación trilateral hacia un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y darle seguimiento, particularmente sobre aspectos tan relevantes como el del petróleo, los servicios financieros, la agricultura y las reglas de origen, así como también en lo referente a las presiones que puedan estarse recibiendo desde el exterior en contra de los intereses nacionales.
Fue turnado a comisiones, a las comisiones de Comercio y de Relaciones Exteriores de ambas cámaras, de la de Diputados y del Senado de la República.
Posteriormente, transcurrido ya un mes, en la pasada sesión de la Comisión Permanente, el tema, la preocupación por la falta de esta información, fue tratado aquí de nueva cuenta en esta tribuna por el compañero diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de Revolución Democrática y nuevamente por un servidor, hace dos sesiones, perdón. Y en la pasada sesión se informó que había llegado ya la información pertinente, que ambas comisiones contaban con ella, razón por la cual nos dimos a la tarea, mi fracción parlamentaria, de
acudir con todo interés a consultar esta información, a leerla, a escudriñarla y examinarla con todo cuidado, pero nos encontramos con que lamentablemente no existe esa información ; la que hay es del todo insuficiente, lo que existe en comisiones son los pequeños folletos que se repartieron desde hace un año con amplitud y que todos conocimos y leímos folletos de difusión, meramente trabajo de difusión, no de otro carácter y que no son nada nuevo ni nada que actualice, ni que aporte los nuevos elementos de lo que está ocurriendo y un listado de cuadros sinópticos que obviamente es un material también de segunda, o yo diría de tercera mano, ya sumamente procesado, digerido, probablemente muy propio para escolapios de primaria o tal vez de secundaria, para tener una información muy ligera, un pequeño barniz de que es eso del Tratado de Libre Comercio, con un enfoque muy unilateral por cierto, pero no es ninguna documentación seria ni nada que permita, al nivel de los representantes del pueblo mexicano, enterarnos de las cosas para fundamentar nuestras opiniones, favorables o discrepantes, pero fundamentar nuestras informaciones con toda claridad, por esa razón, señor Presidente, puesto que ha transcurrido tiempo abundante, puesto que estamos llegando a los momentos críticos de este tema, justamente a estas alturas de mediados del mes de febrero y no hay la información que consideramos necesaria, solicitamos a esta Presidencia se haga una excitativa a las comisiones respectivas para que se avance con mayor interés en recavar esta información, con la abundancia y con la precisión que se requiere para un asunto tan importante. Agradezco mucho su atención.
El Presidente: - Tiene la palabra sobre este mismo asunto, el diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Señoras y señores legisladores:
También nos interesa tocar el tema que ha tocado el compañero Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, porque nos preocupan coincidentemente estos asuntos.
Cuando en junio del año pasado dieron inicio las negociaciones para conformar el Acuerdo Trilateral de Libre Comercio, el gobierno mexicano estableció, por intercambio del Secretario de Comercio, que se tenía interés en una negociación seria y reflexiva, a la vez que prudente y sin precipitaciones.
Más adelante, cuando dio inicio la tercera reunión ministerial del Tratado de Libre Comercio, en la ciudad de Zacatecas, el 25 de octubre del año pasado, el mismo funcionario fue categórico al señalar que habría una negociación totalmente transparente y se defenderían los intereses del país.
Desde entonces han avanzado las negociaciones de los 18 grupos encargados de elaborar el denominado "Borrador con Corchetes". Hay uno nuevo en estas negociaciones que, por la información disponible, presenta un panorama preocupante.
Podemos decir, sin exageración alguna, que los asuntos que rodean directa o indirectamente a la negociación trilateral, nos obligan a reflexionar acerca de los mecanismos que son necesarios para asegurar la independencia y la soberanía de nuestra patria.
Todos lo sabemos, conforme se han acentuado las presiones, fundamentalmente norteamericanas, las negociaciones abandonan parcialmente su carácter secreto y adquieren el nivel de preocupación social.
Parece que nuestro ingreso a las ligas mayores no está resultando tan sencillo como suponían los encargados de pactar el tratado. Por lo pronto, entre reuniones maratónicas y mensajes cifrados, el plazo fijado para tener el primer borrador del Tratado de Libre Comercio, ha concluido sin que dicho documento esté listo.
Esto obligó a la representante comercial de los Estados Unidos, la señora Carla Hills, a realizar una visita a nuestro país desde el día primero de este mes. Acompañada por congresistas y empresarios de su nación, la funcionaria estadounidense, insistió, cada vez que pudo, que ésta no era una reunión de negociación y sólo correspondía al interés de intercambiar información.
Las dimensiones de su comitiva, así como el tiempo dedicado a sus tareas informativas, llaman la atención, máxime si consideramos que dentro de la agenda de trabajo de los grupos negociadores no estaba prevista esta diligencia.
El pasado martes, después de sostener un desayuno en Los Pinos con el Presidente, la propia Carla Hills y sus acompañantes, celebraron una reunión en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial con los secretarios de Hacienda, Energía, del Trabajo, de Agricultura, Desarrollo Urbano y Ecología, de Comercio, así como con el director de Petróleos Mexicanos.
Posteriormente, los informantes estadounidenses asistieron a una comida ofrecida por la Coordinadora de
Organismos Empresariales de Comercio Exterior (COECE), donde intercambiaron puntos de vista con empresarios mexicanos.
Es sorprendente que se brinden tales atenciones y se efectúen reuniones de tan alto nivel y con tal número de funcionarios del gobierno mexicano, con un grupo de empresarios y congresistas que sólo requerían, se dijo, de información.
Es indudable que Carla Hills, tuvo razón al señalar que esta visita no fue parte de las negociaciones, fue un auténtico mecanismo de presión que consiguió por lo menos una reunión con el gabinete mexicano y una nueva cesión de productos petroquímicos que dejarán de estar bajo el control exclusivo del Estado.
No sólo nos indigna la conducta del gobierno; nos alarma más cuando el tono de las declaraciones de algunos protagonistas de este evento ilustran las dimensiones del conflicto y perfilan el rumbo de las nuevas concesiones que probablemente realizará el gobierno mexicano.
A pesar de que la señora Hills se empeñó en afirmar lo contrario, la discusión en torno al petróleo y sus derivados, fue uno de los temas centrales que se trataron en los días pasados. Por lo demás, una revisión cuidadosa de la comitiva empresarial estadounidense, demuestra que buena parte de ella estuvo integrada por funcionarios de empresas petroleras e industrias conexas.
En la reunión con los secretarios mexicanos, estuvo presente el director de Petróleos Mexicanos y en el grupo de legisladores norteamericanos, destaca la presencia de los miembros de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.
Uno de ellos, entusiasta promotor del Tratado de Libre Comercio y el representante de más alto rango en la citada Comisión de Energía, Jim Collbe, fue lo suficientemente claro, dijo: "Entendemos las limitaciones constitucionales en el campo de la energía y no pensamos interferir en ese sentido. Sin embargo, estamos convencidos de que hay áreas comunes como la perforación, petroquímica y servicios, donde resultaría ventajoso que México tenga inversión extranjera, particularmente norteamericana". Esta es la cita de lo que dijo.
Esa fue la carta de presentación de nuestros visitadores que no venían a ninguna negociación.
De regreso en Washington y con toda la carga simbólica que la declaración trae consigo, el mismo Collbe, sentenció el pasado 5 de febrero: "Se requerirá que México haga concesiones bastante dramáticas para destrabar el proceso". Refiriéndose a los desacuerdos que existen en torno a los servicios financieros, reglas de origen, inversiones, resolución de disputas y energéticos, que son los asuntos que han impedido que se cuente con el primer borrador.
De ninguna manera puede desestimarse esta amenaza, porque eso significa la disyuntiva fijada por Jim Collbe.
El gobierno mexicano está obligado a dar una respuesta clara y convincente al respecto. Pero no sólo eso; tiene que dejar muy claras las verdaderas directrices que conducen a la política oficial en materia de tratados como el que se está intentando firmar.
No reclamamos más discursos marcados por el dogma neoliberal. Queremos que se abra un procesos de discusión nacional que, sobre la base de la dignidad, pueda arrojar una decisión soberana y popular. Lo que ahora vivimos está totalmente alejado de este proceso y aún es tiempo de rectificar.
Los compromisos de transparencia y de la defensa del país en estas negociaciones, han quedado de lado. Nos enteramos por congresistas o funcionarios de Estados Unidos, de los conflictos existentes en las negociaciones, por ellos o por miembros de la cúpula empresarial mexicana, sabemos que las concesiones que se siguen realizando, todo en aras de lograr la firma del tratado lo antes posible subordinándonos a los tiempos políticos de nuestro vecino, en un proceso que ha desbordado la capacidad de defensa del interés nacional por parte del gobierno.
Ya se da por un hecho una nueva reducción de petroquímicos básicos. Son 19 los productos que se enlistan dentro de esta categoría y como resultado de la visita que comentamos, se conoce ya que la lista se reducirá a solamente ocho.
La limitación constitucional que establece la reserva exclusiva por parte del Estado mexicano de la producción petroquímica básica, está siendo burlada para satisfacer las exigencias de las compañías petroleras de Estados Unidos.
Podemos seguir reseñando en esta tribuna las dificultades que han aparecido en los últimos días alrededor del Acuerdo Trilateral, en donde el embargo secundario del atún aparece como el termómetro del proteccionismo estadounidense; pero nos interesa algo más importante para nuestro trabajo parlamentario: insistir que
el tratado adquiera otro carácter, que en el debate y en la toma de decisiones, la nación tenga todos los elementos necesarios para poder decidir sobre un asunto que en el rumbo en que estamos ahora, puede terminar de empeñar definitivamente nuestra soberanía e independencia.
Sobre la base de estas consideraciones y reflexiones, es que apoyamos la excitativa que en el uso de la palabra anterior hizo el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El Presidente: - Gracias, diputado. Para hacer comentarios sobre este mismo asunto, se concede el uso de la palabra al señor senador Carlos Sales.
El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
En primer lugar, me uno a lo señalado por los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra, respecto que si requieren más información, ésta la soliciten y, en su caso, les sea proporcionada por las autoridades del Ejecutivo correspondientes.
Desconozco la información con la que cuenta la Cámara de Diputados, pero sé la que ha recibido la Comisión del Comercio del Senado y de las que le voy a comentar algo en unos pocos minutos.
Creo que es conveniente revisar la seria y responsable participación, no de ahora, que ha tenido el Senado de la República desde hace dos años; primero, en la decisión para que el gobierno mexicano tomara la participación en las negociaciones conjuntas, con miras a establecer la posibilidad de una zona de libre comercio en los países de América del Norte; y después de esto, su intervención intensa y respetuosa como parte del Poder Legislativo durante todo el proceso de negociación.
Hay que recordar la enorme importancia que revistió el foro de consulta que se realizó en todo el país con más de 500 representantes de todos los sectores: trabajadores, sectores productivos, campesinos, profesionistas, representantes de todos los partidos políticos. Maestros e investigadores. Sus resultados, conocidos por ustedes, fueron proporcionados al Ejecutivo y fueron incorporados por éste en sus trabajos de negociación.
Queda claro y debe reiterarse que la preocupación y seguimiento relacionado con este tan importante asunto para la vida de la nación, no se inicia ahora.
En el Senado se constituyó, también desde hace tiempo, con personal de alta calificación, una oficina técnica de apoyo a los señores senadores que integran la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en la cual participan senadores de los tres partidos representados en el propio Senado y que, por lo tanto, cuentan con esta información, que ahora comento y que más adelante ampliaré.
También se ha contratado personal que desde Washington y Otawa, mantienen al Senado oportunamente informado de primera mano de lo que está ocurriendo en esos países respecto del Tratado de Libre Comercio. En este mismo sentido, se han sostenido y se sostienen múltiples reuniones de senadores mexicanos con legisladores de Estados Unidos y Canadá, así como se han establecido contactos y relaciones con diversos sectores interesados en los tres países.
Pendientes de la evolución de las negociaciones, no sólo se están llevando a cabo reuniones frecuentes con los negociadores del Ejecutivo, donde se informan al Senado los avances y los puntos más discutidos, sino que se mantiene una relación constante con los grupos de los sectores más interesados en este tratado.
Por cierto, en estos días se está recibiendo en el Senado un cuestionario que se envió a las 155 ramas de productores; y toda esta información, la que les he comentado y la que comentaré posteriormente, está a disposición de todos los señores diputados.
Hace unos días, la Comisión de Comercio del Senado tuvo una reunión más con los negociadores de la Secretaría de Comercio. En ésta correspondió como paso siguiente a los que se han venido dando, hacer una revisión general a los textos que se presentaron como propuesta general de nuestro país a los otros dos países. De los 18 capítulos que constituirán el Tratado de Libre Comercio, se analizaron con amplitud 15 de ellos: acceso a mercados, aranceles, reglas de origen, servicios financieros y seguros, normas, salvaguardas, "dompings", sobre subvenciones y medidas compensatorias, solución de controversias, inversión, propiedad intelectual, telecomunicaciones, transporte terrestre y otros servicios, compras gubernamentales y textiles.
Al finalizar los trabajos, donde participaron representantes, repito, de los tres partidos políticos representados en el Senado, se comentó que los próximos días se nos complementaría la información sobre energéticos, agricultura e industria automotriz, que están por concluirse.
Así, pudimos conocer las coincidencias y las diferencias entre los textos propuestos y los de los otros dos países. Se solicitaron aclaraciones y se emitieron puntos de vista que, sin duda, están ayudando a nuestros negociadores en su tarea.
Claro está que los textos no se aprobaron, porque no son todavía un documento final del Ejecutivo mexicano, que en el caso de que se llegue a firmar será cuando se envíe al Senado de la República para su aprobación .
Debo reiterar que la información proporcionada fue amplia, apoyada en comentarios importantes, por lo que fue posible conocer no sólo el grado de avance, sino en ciertos casos los probables efectos de las medidas del tratado. Es cierto que no todo lo que queremos se podrá obtener. Siempre son múltiples las dificultades de llevar a cabo una negociación. Sobre todo en este caso por la importancia del tema y por ser trilateral.
Recordemos que negociar es tratar asuntos públicos o privados, procurando su mejor logro. Lo mismos buscan los otros dos países. Por nuestra parte, hemos alentado a nuestros negociadores a seguir luchando por obtener lo mejor para México.
Finalmente, quiero expresar lo que se dijo a los compañeros periodistas al término del evento donde se conocieron los textos, como comentario general al contenido de los mismos.
Sin un orden igual al mencionado entonces, comentamos que el Tratado de Libre Comercio constituirá un instrumento poderoso para la política económica de nuestro país y para acelerar la modernización del mismo; pero ni es el único instrumento, ni sería mágico en sus efectos.
Que hay respeto irrestricto a las disposiciones constitucionales. Ese es especialmente el caso destacado del petróleo, donde sólo se contemplan aspectos comerciales.
También en el Tratado de Libre Comercio no sería inmediato en todos los sectores, sino en plazos que incluso podrían ser mayores a 10 años.
Que se cumple, por lo conocido de los textos, con el principio de anteponer a cualquier propuesta los intereses fundamentales de nuestro país.
Que no se contemplan disposiciones que afecten nuestra soberanía. Se establecen nuevas y mejores fórmulas de relación comercial con los Estados Unidos y Canadá, adecuadas a los nuevos tiempos que vivimos.
No se limita la posibilidad de mantener relaciones comerciales con otros países o bloques de países y aseguran la participación de México en la modernización y recomposición en los mercados mundiales.
Los representantes del Senado de la República presentes en esa reunión de trabajo, nos dimos por informados y llegado el momento nos pronunciaremos con plena confianza de todos de que para el Senado de la República ante todo y primero están los intereses superiores de la nación.
Hemos programado reuniones para la próxima semana, donde conoceremos los nuevos avances.
Toda esta información, repito, está a la disposición de todos los señores diputados.
Señores legisladores: Es indudable, por la importancia del tema, que hay muchas noticias en los medios de información acerca del tratado en estos momentos, sobre todo si hacemos un análisis cuidadoso observaremos que hay muy diferentes puntos de vista respecto a un mismo tema. Esto es normal cuando hay tantos intereses en juego. No sólo entre sectores económicos de los tres países, sino entre los gobiernos de los mismos e incluso motivaciones diversas de los diferentes partidos políticos en cada país.
Por esto no debemos de sorprendernos o de preocuparnos en exceso por la opinión que puedan expresar algún o algunos legisladores o negociadores de otros países, respecto a los avances del Tratado de Libre Comercio. Son opiniones respetables en su contexto, pero interesadas desde luego.
Lo que ahora he comentado con ustedes y la información que estamos dispuestos a aplicar, es el punto de vista informado y pendiente que por la responsabilidad que se nos ha asignado expresamos también como legisladores mexicanos. Gracias.
El Presidente: - Gracias, señor Senador.
En los términos solicitados por el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua y en acatamiento a disposiciones reglamentarias, está presidencia hace un llamado a los presidentes de las comisiones de Comercio y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, para que obtengan la mayor
información respecto al Tratado de Libre Comercio.
REPÚBLICA DE EL SALVADOR
El Presidente: - Continuando con el siguiente punto del orden del día, concedemos la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, para referirse a los enviados a la República de El Salvador.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Por la Prensa nacional nos hemos enterado de que hay la disposición de enviar un contingente connacionales nuestros, miembros de la Policía Judicial se dice, a hacer acto de presencia en la República de El Salvador, formando parte del contingente de observadores que cubrirá la tarea de apoyar el proceso de paz en aquel país, en función de la firma recientemente signada en el Castillo de Chapultepec.
Se trata, sin duda, de un proceso de la mayor importancia, lo hemos comentado en esta tribuna, tanto para el pueblo de el Salvador, como en general para los pueblos de América latina y del mundo, el que se haya llegado en aquel país hermano al fin del enfrentamiento bélico y se abran cauces para la solución pacífica de los diferendos entre las fuerzas políticas revolucionarias y las del poder gubernamental y el propio ejército.
Sin embargo, por lo que hace a la participación de estos connacionales nuestros, ha surgido una serie de inquietudes que sería muy conveniente dilucidar. Una primera interrogante sería la de ¿cuál es el marco jurídico nuestro que ampara esta participación de nuestros connacionales en aquel evento? Una segunda interrogante sería la de precisar ¿quiénes son?, ¿quiénes van?, ¿en efecto, se trata de integrantes de la Policía Judicial?, si es así, o son estos elementos los más calificados, los más adecuados para una tarea que más bien se antoja de carácter diplomático, mediador, pacificador?, o ¿no es ésa la tarea a la que van? Habría que precisar cuáles son las funciones: ¿quiénes son?, ¿quiénes van?, ¿cuál es la tarea a la que van?, ¿cuál es el marco normativo nuestro que ampara esa presencia? Y otras interrogantes más serían éstas específicamente: ¿no vulnera la participación de este destacamento de mexicanos en un país extranjero, el principio tradicional y elevado de no intervención, que forma parte de nuestras normas más caras en la convivencia entre las naciones del mundo?
Y otra más que también interesa dilucidar y que quede muy clara. ¿Si México participa con observadores nuestros en un proceso político de un país distinto al nuestro, esto significaría que el gobierno mexicano abriría la posibilidad y la disposición de aceptar observadores extranjeros en nuestros propios procesos políticos?
En todo esto se ha especulado bastante en la Prensa y por esto la fracción parlamentaria de mi partido lo trae a esta tribuna, con el deseo de que pudiéramos, entre todos, dilucidar y dejar claras estas interrogantes. Creo que es inútil para la opinión pública, para el pueblo de México, que haya claridad en torno a estas cuestiones. Le agradezco mucho su atención, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. Y con ese deseo de que entre todos dilucidemos esto, se concede el uso de la palabra al señor diputado José Antonio González Fernández, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El diputado José Antonio González Fernández: - Gracias, señor Presidente; compañeros miembros de la Comisión Permanente:
El diputado Cuauhtémoc Amezcua con razón ha señalado la amplia participación que México ha tenido en el proceso de pacificación de El Salvador y que, como él bien dijo aquí en varias ocasiones, se trató el asunto; sin embargo ante el cumplimiento de los acuerdos celebrados aquí en México el 16 de enero, pues sabemos que hay una serie de medidas que hay que tomar de manera eficaz, complementaria para que los acuerdos puedan ser cumplidos en su totalidad y ante esa disyuntiva el diputado Amezcua plantea algunas interrogantes sobre el marco jurídico, quiénes son y en qué carácter van y dos más acerca de principios políticos muy claros de nuestra tradicional política exterior sobre la no intervención y no permitir observadores en nuestro país.
Y quisiera recordar que también por la Prensa vimos alguna información del gobierno mexicano a finales de enero, señalando que diversos mexicanos irían a partir del 10 de febrero y otro contingente el 1o. de marzo a El Salvador, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de unos acuerdos; los acuerdos y las medidas que se van a tomar son de distinta índole y hay alguno en especial por el que se pidió apoyo a fin de que un contingente multinacional derivado de la Misión de Naciones Unidas para que el Salvador y México en calidad no solamente del grupo de
amigos del secretario general de Naciones Unidas, sino en calidad de un país que mucho coadyuvó e insistió en la pacificación de el Salvador, participara. Luego entonces lo que hay que precisar muy bien es el tipo de misión y con qué carácter van los mexicanos allá a El Salvador; el tipo de misión es una misión pacifista y de asistencia técnica y el carácter con el que van los mexicanos es como un grupo de un contingente multinacional para hacer efectivos y coadyuvar en uno de varios de los acuerdos. El acuerdo por el cual van mexicanos a El Salvador, es a fin de, junto con otros nacionales de otros países pero que van agrupados bajo una dirección diplomática, bajo un grupo específico de Naciones Unidas, es a fin de coadyuvar para el desmantelamiento de las fuerzas policiales de el Salvador y al mismo tiempo para dar lugar a la integración de lo que sería la policía civil nacional de El Salvador.
Luego entonces, estamos frente al cumplimiento de una disposición de Naciones Unidas, carta de la cual formamos parte desde 1945, carta que forma parte de un tratado el cual México firmó y que por lo tanto conforme al 133 constitucional es parte de nuestra normatividad. Ese es el marco jurídico, por una parte y por la otra, la disposición del Ejecutivo para que a fin de cumplir con las atribuciones de dirigir la política exterior, haga efectivas las medidas del Consejo de Seguridad nacional y de Naciones Unidas, en este caso, es una atribución del Ejecutivo plenamente consagrada en la Constitución por la cual no está enviando tropas y no caeríamos en el supuesto de que requiriéramos autorización del Senado de la República porque no es la salida de militares, de marinos, de miembros de las fuerzas armadas, de la fuerza aérea y porque no es una situación de guerra, es una situación precisamente de paz a la que estamos acudiendo en cumplimiento de disposiciones internacionales y a la que estamos acudiendo además a petición expresa de las partes en su momento beligerantes, tanto el gobierno salvadoreño como el Frente.
Por lo tanto, no vemos nosotros que haya en esta decisión del ejecutivo ningún problema, sino al contrario, vemos que nuestros principios tradicionales de política exterior, de solución pacífica de controversias, de cooperación internacional y de no intervención, en este caso se fortalece.
Por lo tanto considero, señor diputado Amezcua, que en esa calidad estamos enviando a ciudadanos mexicanos que, en efecto, al ir a tratar de cumplir con un objetivo de desmantelar una policía, no van miembros del ejército, sino van, como usted señalaba bien, miembros de algunas policías como son de la Secretaría de Protección y Vialidad, de la Policía Federal de Puentes y Caminos y además de la Policía Judicial Federal. Saldrán, como lo vimos en ese informe que rindió el gobierno mexicano, 60 mexicanos el 10 de febrero próximo y otros 60 mexicanos el 1o. de marzo, que estarán bajo la dirección de un diplomático, bajo la dirección de Naciones Unidas, que no van armados, que no van a tener intervenciones de ninguna manera para poner orden en El Salvador, sino para coadyuvar, siendo ellos seleccionados y personas perfectamente bien capacitadas, en la creación de una policía y en el desmantelamiento de otra y que por su capacidad técnica y la calidad de nuestro gobierno, por eso es que México aceptó ese compromiso.
Por eso es que sentimos, finalmente reitero, que no estamos yendo en contra del principio de no intervención y que eso es totalmente diferente a que pensemos que porque nosotros estamos enviando este tipo de ciudadanos, que no crea precedentes, que es de carácter excepcional y en cumplimiento de una resolución internacional, permitiremos, de ningún modo, que observadores de otra naturaleza vengan a ver nuestros procesos políticos. Yo creo que son dos cosas diferentes y que con esta medida se fortalece nuestra política exterior. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor diputado.
REZAGO AGRARIO
El Presidente: - Ahora para otro asunto distinto y para referirse al rezago agrario, concedemos la palabra al diputado Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Quiero hacer algunas consideraciones jurídicas y legales relativas al rezago agrario, en el marco de las reformas al artículo 27 constitucional.
Con la publicación y entrada en vigor de las reformas al artículo 27 constitucional, se inicia un proceso de necesarias transformaciones de un segmento muy importante del orden jurídico nacional, un proceso legislativo que implica tanto la redefinición de las relaciones jurídicas existentes entre los sujetos jurídicos participantes del sector social rural, de sus relaciones entre sí con el Estado, la empresa privada y el capital
extranjero, así como también la redistribución de funciones, jerarquías y competencias relativas a las nuevas instituciones jurídicas que emergerán en dicho proceso.
La agenda legislativa enfrenta la tarea de formular un nuevo modelo jurídico de desarrollo rural; sin embargo, este tránsito hacia la redefinición y reorganización jurídica del agro mexicano, no ofrece en la actualidad perfile claros y transparencias de propósitos, medios y objetivos. Por ello es fundamental en el análisis de la reforma en cuestión, no olvidar que la terminación del reparto agrario es el aspecto más relevante y que en consecuencias, las organizaciones rurales y los núcleos de población campesina e indígena, observan una nueva condición jurídica.
En efecto, la redistribución de la propiedad agraria que intenta la reforma al artículo 27, al derogar los derechos agrarios fundamentales, restitución, dotación, dotación complementaria, ampliación de ejidos, creación de nuevos centros de población régimen de derechos sobre parcelas vacantes, rehabilitación agraria y dar fin al reparto agrario, otorga una nueva dimensión al rezago agrario, al incorporarle todos los procedimientos agrarios en trámite, al momento de entrar en vigor las reformas constitucionales, colocando a todos esos derechos y pretensiones bajo un régimen de excepción, al colocar bajo condición resolutoria la legitimidad intrínseca a esos derechos y pretensiones, mismos que son objeto de reglamentación transitoria en el cuerpo del decreto de la reforma comentada.
Con la derogación de los derechos actuales fundamentales, se dio una pérdida parcial de la condición de los sujetos jurídicos y un nuevo tipo de régimen expropiatorio, por estas razones y principalmente por la falta de equidad y aplicación de los principios de justicia social reivindicativa, contenidos en el artículo constitucional reformado, una estrategia de intervención legislativa en relación a la complementariedad cabal de las reformas en marcha, debe retomar el hilo de la construcción jurídica de las nuevas relaciones y funciones agrarias, precisamente desde el punto donde se corona el primer impulso de la reforma, la resolución definitiva del rezago agrario ahora incrementado.
Para lograr el convencimiento de las organizaciones campesinas sobre la bondad y conveniencia de las reformas impulsadas por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, el gobierno prometió un programa especial para abatir el rezago agrario.
A partir de la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación, paradójicamente el 6 de enero de 1992, se oficializó el fin del reparto agrario. Para la continuación de los procedimientos de ampliación, dotación, creación de nuevos centros de población, restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales, se dispuso que se mantuvieran vigentes las normas existentes al momento de entrar en vigor el decreto, por lo que la Secretaría de la Reforma Agraria, las comisiones Agrarias Mixtas y el Cuerpo Consultivo Agrario deberán continuar desahogando los asuntos conforme a las disposiciones de la Ley Federal de la Reforma Agraria.
No obstante, existe el temor fundado de que se dé carpetazo a los expedientes, que simplemente se diga ahora que no hay tierras que repartir, de ser así, se habría cometido un engaño en perjuicio de las comunidades campesinas que confiaron en la palabra del Ejecutivo.
Consideramos que es preciso hacer realidad el reparto agrario a quienes antes de la reforma al artículo 27 habían solicitado y tienen derecho a la tierra.
En consecuencia, con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Comisión de Reforma Agraria la adopción de los siguientes
ACUERDOS
Primero. Convocar al secretario de la Reforma Agraria, señor Víctor Cervera Pacheco, para que comparezca en el seno de esta comisión para desahogar las consultas que le formulen los ciudadanos diputados en torno al estado que guardan las acciones agrarias colectivas, ejercitadas antes del 6 de enero de 1992 y que se encuentren pendientes de resolución.
Segundo. Solicitar al Secretario de la Reforma Agraria proporcione un informe escrito en el que queden relacionadas todas las solicitudes pendientes de resolver sobre la dotación, creación de nuevos centros de población ejidal y reconocimiento y titulación de bienes comunales, con la precisión de la situación jurídica que actualmente tiene en sus trámites.
Esta petición la suscribimos los representantes del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Gilberto Rincón Gallardo y su servidor.
La viabilidad y pertenencia para la presentación de dicha iniciativa, se justifica entre otras cosas por las siguientes razones: otorgar seguridad jurídica al sector social rural desprotegido por
la reforma al artículo 27 constitucional, complementar el tránsito que va desde la normatividad existente hacia las nuevas estructuras, funciones y actividades jurisdiccionales, proveer los mecanismos, instrumentos y procedimientos administrativos convenientes a los objetivos condensados en los dos artículos transitorios, objeto de la reglamentación propuesta, generar condiciones de participación de los sectores involucrados que permitan enriquecer el necesario segundo impulso legislativo desde la pluralidad y el ejercicio democrático en la resolución de los conflictos agrarios pendientes.
Dejo esta petición aquí a la Presidencia de esta comisión.
El Presidente: - Gracias diputado. Aquí recibimos su proposición y concedemos la palabra para referirse a su proposición, al señor diputado Hugo Andrés Araujo.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - La argumentación del compañero diputado que me antecedió, viene a reforzar la preocupación que tenemos los diputados de la mayoría, pero además las organizaciones campesinas, de que avancemos rápido en el tránsito a la discusión de la Ley Reglamentaria.
Es para nosotros fundamental recoger de esta discusión, la riqueza que ha tenido, todos los aportes que han hecho nuestros compañeros en distintas ocasiones.
En lo referente al rezago, queremos informar, señor Presidente, señores legisladores, que ya hay un acuerdo concertado con el conjunto de las organizaciones campesinas del país y todas y cada una de ellas hemos estado presentes con el señor Secretario de la Reforma Agraria y entregado el paquete de acciones agrarias que preocupan a nuestros agremiados.
De esta manera, la concertación tiene actores directos, presentes y participativos. Todas las organizaciones del Congreso Agrario Permanente decidimos este mecanismo; hoy mismo la Confederación Nacional Campesina presentará el quinto paquete, como lo han hecho el resto de las organizaciones del Congreso Agrario Permanente.
También nosotros consideramos que este proceso debe ser simultáneo, además de esta primera presentación y negociación aquí en el centro, hemos acordado con la Secretaría de la Reforma Agraria hacer una concertación a nivel estatal. El objeto es que todos y cada uno de los requerimientos estén sustentados en demandas de organizaciones campesinas; nos interesa y nos preocupa que tengan prioridad aquellas propuestas, aquellas acciones, para los cuales realmente haya participantes, de lo contrario nos enfrentaríamos a una tarea grandísima de revisar expedientes, quizá muchos de ellos ya sin actores, por lo largo que ha sido en muchos casos el procedimiento agrario.
Es entonces de nuestro interés que se conozca esta información. A los compañeros del Partido de la Revolución Democrática les manifestamos que sí hay trabajo. Y en lo que corresponde a la comisión de Reforma Agraria, que me toca presidir, nosotros trabajaríamos para que aquella información que requieran, compañeros diputados, se nos haga llegar.
Pero sí nos preocuparía que lo que hiciéramos, en aras de cubrir todo el horizonte nacional, fuera un ejercicio de concentración de expedientes y no más bien aquellas demandas respaldadas por las organizaciones.
Entendemos en efecto que no solamente será un planteamiento nacional, porque estamos incorporando a las organizaciones locales, a los ejidos a las regionales y a las estatales.
Creo y ése es nuestro sentir que de esta manera podríamos cubrir sí la preocupación de varios diputados, de tener muy de cerca el conocimiento de cómo va esta tarea, que es un compromiso en efecto del Ejecutivo Federal, y es una tarea de los diputados estar cerca del proceso y de los representantes, de las organizaciones campesinas, atender a que se cumpla con puntualidad para que nosotros tengamos la opción, no sólo de responder en forma directa a la demanda, sino buscar negociaciones que resuelvan añejos problemas agrarios y que realmente le den otro horizonte, otra perspectiva a nuestros compañeros. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias, señor diputado. La proposición presentada por el compañero Martín del Campo, se fundamenta en la fracción III del artículo 79 constitucional y, por los mismo, esta Presidencia debe turnarla y la turna a la comisión que se solicita, que es la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, la que en su oportunidad resolverá acerca de los puntos que se contienen en la misma.
ESTADO DE SINALOA
El Presidente: - Continuando con el orden del día, otorgamos el uso de la palabra al diputado
Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional, para referirse al puente de cuota que se encuentra en la zona urbana de Culiacán, Sinaloa.
El diputado Pablo Emilio Madero Belden: - Señor Presidente, señoras y señores legisladores:
Hace 29 años la Secretaría de Comunicaciones y Transportes construyó un puente sobre el Río Culiacán, estableció también una cuota y dijo que por dos años iba a haber peaje para utilizar ese puente.
En el curso de estos 29 años la ciudad ha crecido. Actualmente el puente está ya dentro de la zona urbana de Culiacán y el peaje sigue cobrándose a pesar de que se había dicho que era por dos años, ya se les pasaron 27 años de cobro.
Nuestro coordinador, el diputado Diego Fernández de Cevallos, recibió una comunicación de nuestro comité directivo allá en Sinaloa, en el cual menciona que se ha organizado un movimiento de protesta por este cobro indebido del peaje por este puente, porque inclusive lo tiene que pagar gente que ni lo va a utilizar, porque han cerrado algunos caminos vecinales de acceso y hay este movimiento ciudadano de protesta que se ha organizado y que está ya en función.
Entonces creemos nosotros que procede y éste es el sentido de la comunicación, presentarlo, a ustedes; pedir un punto de acuerdo en el sentido de que se pase esta comunicación con todos los antecedentes del caso a la Comisión de Transportes, unida a la de Gestoría y Quejas de la Cámara de Diputados para que tome nota de eso. Para qué crear un problema, digamos que ya hay un movimiento de protesta, si es fácil la solución sobre todo visto el tiempo transcurrido.
De todas maneras aquí dejo esto en la Secretaría.
El Presidente: -Gracias, diputado Pablo Emilio Madero y concedemos la palabra en torno a su proposición al señor senador Gustavo Guerrero, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Gustavo Guerrero Ramos: - Gracias, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores:
Efectivamente, como acaba de señalar el señor diputado Pablo Emilio Madero, este puente fue construido hace 29 años sobre el Río Culiacán, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Es un puente que viene a resolver problemas de tránsito y que comunica a la otra parte de la ciudad de Culiacán y que también forma parte de lo que es la carretera internacional en el tramo de Mazatlán hasta la ciudad de los Mochis.
Fue cuando se estableció esa cuota; ha seguido esa cuota y obtiene anualmente, esa caseta, alrededor de 1 mil millones de pesos que se destinan precisamente a la conservación, mantenimiento y ampliación de la infraestructura carretera en el estado de Sinaloa.
Quiero también señalar que este año, Caminos y Puentes Federales destina más de 420 mil millones de pesos. De esos 420 mil millones de pesos, para construir el otro cuerpo del puente sobre el Río Culiacán, ya que es insuficiente este cuerpo por el alto tránsito que se da en forma cotidiana.
Esto viene a formar parte del financiamiento que se obtiene por parte de la propia caseta. Y si a eso la sumamos una inversión de más de 400 mil millones de pesos que se están dando para apoyar la construcción de la autopista de Culiacán - Mazatlán y la de los Mochis - Estación Don, viene a reforzar el uso de este recurso que se está obteniendo por el peaje que se cobra por el uso del puente.
Quiero también señalar un antecedente que a medida que ha crecido la ciudad de Culiacán, la caseta se ha ido reubicando a una zona menos urbana, también en esta parte de la zona noreste de Culiacán, tiene otras comunicaciones, otros puentes que llevan el transito, el tráfico a otros lugares; o sea, no queda cerrado, no hay la opción para que se mueva libremente la ciudad de Culiacán.
Por lo que yo sugiero, con todo respeto, señor Presidente, que en todo caso se turne a las comisiones correspondientes, para que se analice todo el fundamento legal y, sobre todo, el beneficio tan grande que se está obteniendo con estos recursos para seguir manteniendo, ampliando y conservando la red caminera del estado, que actualmente se encuentra en un franco deterioro por las fuertes lluvias que ha azotado nuestra entidad. Muchas gracias, señor.
El Presidente: - Gracias senador. Y en los términos que lo solicita el señor diputado Pablo Emilio Madero, con fundamento en la fracción III, del artículo 79 constitucional, esta Presidencia turna su proposición a las comisiones de Transporte e información, Gestoría y Quejas de la Cámara de diputados.
LXXV ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al senador diputado Amador Rodríguez Lozano, que se ha inscrito en el orden del día, para referirse a diversos hechos relativos a la conmemoración de los 75 años de vigencia de la Constitución de 1917.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores, miembros de la Comisión Permanente:
Hace dos días, en la ciudad de Querétaro, en una ceremonia sencilla y republicana, en el marco histórico del Teatro de la República, nos dimos cita para conmemorar el LXXV aniversario de la vigencia de la Constitución Mexicana de 1917.
Acudimos ahí, no con el propósito formal de conmemorar un rito de forma, sino buscando desentrañar el sentido de conmemorar, trayendo y haciendo presentes los valores, las conductas, el espíritu, la visión del futuro de los Constituyentes de 1917 que nos legaron la primera Constitución social del mundo.
Ahí nos dimos cita diputados y senadores al Congreso de la Unión, gobernadores de los estados, nos dimos cita, legisladores locales, presidentes municipales. Estábamos ahí con el propósito de rendir un homenaje a aquellos hombres que tuvieron la fortaleza y el espíritu de trascender a su tiempo y de romper los moldes del constitucionalismo clásico.
Varias horas después, un grupo de ciudadanos mexicanos, en ejercicio de la libertad que se ejerce y se disfruta en este país tuvieron otra reunión. Otra reunión, quizá también con el propósito de conmemorar, desde su perspectiva política, desde su visión particular de México, de la Constitución, de la nación y de los problemas nacionales e internacionales este hecho tan significativo en la historia del país. Desgraciadamente y digo desgraciadamente, porque lo que pudo haber sido un hecho importante dentro del pluralismo que vive la nación, el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, expresó una serie de comentarios que desde el punto de vista del Partido Revolucionario Institucional no pueden ser soslayados y que merecen una puntual contestación.
Fue un discurso que mostró una gran ignorancia constitucional. Un discurso que desconoce el sistema constitucional mexicano. No creo que haya sido por ignorancia, propiamente dicho, sino más bien por mala fe. Ahí se habló de ruptura constitucional.
No es la primera vez que la Constitución mexicana tiene que sufrir este tipo de adjetivos. Ya los reaccionarios, Vera Estañol y Manuel Calero, tan sólo unos días de haberse promulgado nuestra Constitución, vertieron expresiones similares, hablaron y dudaron de la legitimidad de nuestra Carta Constitucional.
Hoy aparecen efectivamente los nuevos reaccionarios y, efectivamente como aquéllo que fueron callados por la historia y por la emoción y el espíritu social de nuestra Carta Magna, volverán a ser rechazados y callados por la Constitución.
"Ruptura Constitucional". ¡Cuando celebramos 75 años de vigencia de uno de los cuerpos jurídicos más viejos del mundo! ¡75 años de transformación constante! ¡75 años de desarrollo permanente! ¡75 años de una Constitución que se viene haciendo día a día! ¡75 años de una Constitución que no es ni pétrea, ni mutable, ni se hace de una sola vez y para siempre!
¡Porque la Constitución no es el texto! ¡Porque la Constitución no son los factores reales de poder! ¡Porque la Constitución es la voluntad popular que se expresa en un acuerdo normativo, que tiene como propósito no solamente crear los órganos de gobierno, darles facultades, crearles límites; si no también, fundamentalmente en nuestro país, establecer garantías sociales y también crear los cauces que permitan el desarrollo y el cambio social!
¡Esa es la Constitución mexicana! ¡Un cuerpo que se ha venido haciendo todos los días!
Por eso no puede hablarse de "ruptura constitucional", cuando estamos viviendo un régimen de libertades; cuando todos participamos de una manera u otra en este desarrollo constitucional.
¡La Constitución se ha actualizado! ¡La Constitución se ha mantenido vigente!
¡La Constitución se ha innovado! ¡La Constitución se ha precisado! ¡La Constitución se ha conservado!
Se habló también ahí de "golpe de Estado legislativo", de "cuartelazo parlamentario". No cabe duda que había además de ignorancia, mala fe. Un golpe de Estado, constitucionalmente hablando, solamente se da cuando un poder de los tres órganos clásicos del poder, desconoce
a los otros dos poderes y desconoce el orden constitucional. Eso es el golpe de Estado.
¡Afortunadamente en México hemos superado, desde el siglo pasado, este tipo de fenómenos y por eso hemos mantenido la vigencia de esta Constitución! "El cuartelazo", solamente se da cuando quien tiene el uso de las armas, de manera violenta desconoce el orden Constitucional y violentamente se apodera del Poder. Ese es el "cuartelazo parlamentario"
¡Es indignante, no solamente para los priístas, creo yo, sino para todos los diputados y legisladores y a los miembros del Poder revisor de la Constitución, que no solamente lo forma o lo integra el Poder Legislativo Federal, sino también las legislaturas locales, que nos llamen que participamos nosotros en un "cuartelazo" o en un "golpe de estado"! ¡Nosotros rechazamos este insulto para el Poder Legislativo!
Se dice también, falsamente, que las reformas Constitucionales recientes no tienen validez porque no se pusieron al conocimiento de los electores el día 18 de Agosto. ¡Esto es una ignorancia, desde tres puntos de vista distintos! ¡Primero, y ya lo demostró ampliamente mi compañero el diputado Miguel Angel Yunes, durante los debates para la aprobación del artículo 27 constitucional, que el Partido Revolucionario Institucional tanto en su programa de acción como en su plataforma electoral contiene los elementos que presentan al electorado ese proyecto de reformas constitucionales que aprobamos recientemente!
Pero no importaría si eso no hubiera sucedido, porque los legisladores no somos de ninguna manera mandatarios ciegos del electorado. Desde hace mucho que se rebasó ese concepto medieval de la representación.
¡Hoy, a través de la técnica y de la teoría de la representación nacional, los representantes populares queremos y decidimos por el pueblo! ¡Y tan es así, que el artículo 61 de la Constitución nos da libertad y la garantía de la irresponsabilidad por todo lo que digamos o hagamos durante el ejercicio de nuestro cargo! Que es una de las inmunidades parlamentarias necesarias para el vigor y la fortaleza del Poder Legislativo.
Se ha discutido mucho la teoría constitucional y la teoría de los partidos políticos, qué tanto ata o vincula jurídicamente la plataforma electoral de los partidos y se ha llegado a la conclusión, por la mayoría de los tóricos, que eso no significa de ninguna manera un vínculo jurídico, es un indicativo de las intenciones de un partido político en el caso de triunfar, pero de ninguna manera o bajo ninguna circunstancia es un obstáculo que ate, porque aquí existe otro elemento que tenemos que desarrollar, que cada generación es dueña de su tiempo y que las circunstancias son cambiantes y que tenemos que enfrentar esas circunstancias de acuerdo a esas circunstancias propias, con los elementos y con el baraje ideológico y cultural que cada partido posea.
Por lo tanto, es también falso que tengan invalidez las reformas constitucionales, porque no se presentaron el 18 de agosto al electorado.
Se dice también que carecen de validez porque las reformas constitucionales no se presentaron a un plebiscito y a conocimiento del electorado. Aquí también hay nuevamente una ignorancia del sistema constitucional mexicano. En México no se requiere del plebiscito, ni del referendum. Ciertamente haya tres tipos de procedimientos de reforma constitucionales: el suizo, que utiliza el referendum; el francés, que es una sucesión de parlamentos que va probando reiteradamente la reforma constitucional y el sistema norteamericano, que es el que nosotros tenemos desde la Constitución de 1857, que es a través de un órgano especial, conformado por el Poder Legislativo y las legislaturas de los estados, a través de un quórum especial de las dos terceras partes. Este es el procedimiento que se utilizó en México, por lo tanto también carece de validez esta afirmación.
Se ha llegado al extremo de decir que nos encontramos en el supuesto del artículo 136 constitucional. El artículo 136 constitucional es el que garantiza la inviolabilidad de la Constitución en el tiempo, es aquél que mantiene la vigencia del orden constitucional a pesar de que hubiere asonadas o cuartelazos, no tiene ninguna aplicación en este momento. Nosotros desarrollamos nuestra Constitución y nuestro cuerpo normativo a través del artículo 135, donde está el procedimiento de reforma constitucional.
Pero también hubo insultos, insultos que no podemos tolerar, nos llamaron "cuerpos legislativos surgidos de manipulaciones oscuras". Rechazamos contundentemente que los cuerpos legislativos mexicanos, sean éstos locales o federales, surjan de manipulaciones oscuras. Entendemos que el debate postelectoral y hasta lo aceptamos políticamente, sabemos que a veces parte de circunstancias y de realidades y otras veces
de actitudes políticas que buscan justificar, a través del argumento postelectoral, la falta de organización y de rechazo popular. Pero bajo ninguna manera estamos dispuestos a tolerar que se reconozca o que se diga que los cuerpos legisladores mexicanos fueron surgidos de oscuras manipulaciones.
Creo que es una ofensa para todos, incluso para los propios miembros del Partido de la Revolución Democrática, es decir que las reformas aprobadas fueron por dictados autocráticos del Ejecutivo. No olvidemos que salvo el 27 constitucional, todas las demás reformas constitucionales, en lo general, fueron aprobadas por todos los partidos políticos. Yo no veo aquí ningún dictado autocrático, yo veo, eso sí, un cuerpo legislativo maduro, plural, donde los compañeros del Partido de la Revolución Democrática y reconozco su esfuerzo, su talento, su preocupación de encontrar espacios, de discutir en las comisiones, en los pasillos, en la tribuna, para poder avanzar más democráticamente desde su perspectiva, pero eso de ninguna manera se puede aceptar que haya un dictado autocrático del Poder Ejecutivo. El poder revisor que reforma la Constitución, es jerárquicamente superior a los poderes constitutivos, entre ellos el Poder Ejecutivo.
No podemos aceptar de ninguna manera que se tache al gobierno de corrupto y abyecto, de represor porque miente, porque hay un proyecto político en marcha que se está enfrentando con valentía, con visión de futuro, con capacidad de diálogo, donde todos los partidos políticos hemos participado; hay avances democráticos, quizá para algunos y quizá tengan razón desde su perspectiva, lentos; quizá para otros, insuficientes; quizá para otros, con los ritmos adecuados, pero estamos avanzando democráticamente y el hecho incluso que pudieran haberse expresado ese mismo día con toda libertad, así lo demuestra.
Se han hecho otras imputaciones en el sentido de que rompimos el espíritu y la esencia del Constituyente de 1917; no voy a contestar con mis palabras, voy a utilizar las expresiones recientes de una de las grandes glorias jurídicas de México y de Iberoamérica, me voy a referir al maestro doctor Héctor Fix Zamudio, quien es quizá la máxima autoridad jurídica en Iberoamérica en cuestiones constitucionales, así lo acreditan sus nueve libros, sus 124 artículos escritos en revistas mexicanas, sus 42 artículos escritos en revistas extranjeras, su participación muchas de ellas presidiendo en más de 59 seminarios y congresos, sus 12 años como director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el reconocimiento que la sociedad le ha hecho al nombrarlo premio Nacional de la Investigación Científica en 1963, Premio de Historia y Ciencias Sociales y Filosofía en 1982, Premio Universidad Nacional en 1991, Premio Internacional de la Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas en 1986, presidente de la Corte Interamericana de Justicia con sede en Costa Rica, presidente del Instituto Iberoamericano del Derechos Constitucional desde 1964, maestro e investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro de El Colegio Nacional, ex miembro de la junta de gobierno. Fix Zamudio dice:
"Es para mí un gran honor el pronunciar algunas palabras con motivo de la presentación del libro editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para conmemorar los 75 de promulgación de nuestra actual Constitución de 1917, que se celebra precisamente el día de mañana.
Más que referirme al contenido de esta obra colectiva, en la que hemos colaborado con gran entusiasmo un grupo de juristas mexicanos que tenemos fe en nuestras instituciones constitucionales, considero que es útil plantear algunas cuestiones sobre nuestra Carta Fundamental que nos inquietan y preocupan en los umbrales del siglo XXI.
Una de las primeras interrogantes que podemos hacernos es la relativa a si el texto actual del documento que tiene el nombre oficial de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al espíritu de los anhelos del Constituyente de Querétaro o si, por el contrario, las numerosas modificaciones, reformas y adiciones que se le han hecho en estos tres cuartos de siglo desde su entrada en vigor, han desvirtuado ese espíritu y se apartan de lo valores, principios y aspiraciones del propio Constituyente.
Para llegar a una conclusión debemos partir de la base de que ninguna Constitución es pasiva o estática, sino viva y dinámica, y debe cambiar de acuerdo con las transformaciones que sufre la comunidad sobre la cual debe imperar. No todas las constituciones se transforman de la misma manera, algunas, como la inglesa, que se integra parcialmente con textos históricos tradicionales, lo ha hecho esencialmente por medio de costumbres y convenciones constitucionales, otras, como la norteamericana, cuyo texto
original ha superado dos siglos con sólo 26 reformas formales, por conducto de la jurisprudencia de los tribunales, especialmente, de la Corte Suprema Federal, pero otras, especialmente las expedidas en los países que estamos vinculados con la tradición romanista y continental europea, han cambiado por reformas formales o sustituidas por nuevos textos fundamentales.
Pero ninguna Constitución puede permanecer inalterada, menos aún en los últimos decenios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en los que se observan transformaciones cada vez más aceleradas de carácter social, político, económico y cultural, que hacen indispensable cambios de carácter constitucional, con independencia de que los mismos también pretendan perfeccionar la realidad político - social, por conducto de las cada vez más frecuentes normas fundamentales calificadas como disposiciones programáticas o de principio.
Si observamos lo que ha transcurrido en esos 75 años en el ámbito constitucional latinoamericano, advertimos que en la mayoría de los países de nuestra región rigen textos fundamentales relativamente recientes, cuando no muy próximos, como las cartas de Brasil de 1988 y de Colombia de 1991. Se han conservado muy pocas de las constituciones promulgadas con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial, con la excepción de la Carta Federal Argentina, la más antigua de las latinoamericanas, que data de 1853 con las reformas esenciales de 1860, y que en apariencia permanece inalterada con pocas reformas. Pero además de que su aplicación ha sido intermitente debido a las dictaduras militares que ha padecido el pueblo argentino, ha cambiado también por la obra de la jurisprudencia, además de que las constituciones provinciales han sido sustituidas casi en su totalidad por cartas recientes.
El ejemplo de Colombia, que tenía también una Constitución decimonónica, expedida en 1886, se aproxima a nuestra experiencia, en cuanto se le incorporaron numerosas y constantes reformas para su actualización, y por ello un distinguido constitucionalista colombiano Luis Carlos Sáchica, en un excelente libro, (por cierto con motivo de una investigación que realizó en nuestro Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México), consideró que la carta colombiana, (sustituida por la actual de julio de 1991) llevaba "100 años haciéndose".
Parafraseando al profesor Sáchica, podemos afirmar que hace 75 años que se está haciendo nuestra Constitución y es inevitable que se siga haciendo en el futuro, de manera acelerada en cuanto los cambios se hagan más dinámicos.
Personalmente no creo que se hubiese alterado el espíritu del Constituyente de Querétaro, porque ningún constituyente originario puede congelar el texto de la Constitución. Puede, eso sí, señalar principios esenciales, las llamadas decisiones políticas fundamentales, que sirvan de guía para el órgano revisor de la Constitución. Esa es la herencia que debemos conservar y tengo la convicción de que así se ha hecho, aun cuando no siempre con la mayor técnica.
Por otra parte, esas decisiones políticas fundamentales del pueblo mexicano, se han construido de manera paulatina no sólo a partir de Querétaro, sino desde que se inició nuestra vida independiente, es decir por medio de nuestras constituciones federales de 1824, 1857 y la actual, de 1917, en las cuales se observa una continuidad. No hay que olvidar que muchas de las disposiciones de 1824 se trasladaron a la de 1857, y numerosa de las normas de esta última a la actualmente vigente, pues inclusive debe recordarse que en un principio los revolucionarios sociales mexicanos pretendían sólo la reforma de la carta anterior de 1857.
Cada una de ellas, a su vez, tuvo que ser reformada sustancialmente, la primera en 1847 y la segunda en 1873 y 1874, para incorporar en esta última los principios de las leyes de Reforma y para establecer en su pureza el régimen presidencial así como el Senado Federal.
Estos principios y valores básicos, como el régimen federal, presidencial, representativo y democrático, sustentado en la soberanía popular, así como en la protección de los derechos individuales y sociales, éstos últimos introducidos en 1917, siguen conservando validez, pero son principios abiertos cuyo contenido debe enriquecerse de manera permanente para adaptarse a las transformaciones sociales.
Podemos señalar que nuestra Constitución de 5 de febrero 1917, que inauguró el constitucionalismos social, es una carta fundamental de transición entre el constitucionalismo clásico, individualista y liberal del siglo XIX y que estuvo representado claramente por la Ley Fundamental de 1857, y el reconocimiento de los derechos sociales a nivel fundamental que, con el ejemplo de nuestro país, se incorporó a las constituciones de la primera posguerra, entre ellas la alemana de 1919, la austriaca de 1920 y la española republicana de 1931. Con excepción de la austriaca, restablecida en 1945, pero ahora
profundamente modificada, formalmente y por la jurisprudencia, ya no queda ninguna de ellas, pues naufragaron en lo regímenes autoritarios, y han sido sustituidas por la alemana de 1949, también con varias modificaciones y la española democrática de 1978.
En esta segunda posguerra se observa una profunda transformación constitucional, pues se ha superado definitivamente el Estado clásico liberal, ya modificado en la transición de la primera posguerra, ahora por medio del Estado democrático y social, como lo caracteriza la carta española de 1978. Pero tampoco ese Estado social se ha mantenido estático, sino que ha evolucionado en los últimos años, en ocasiones en forma radical, debido al tránsito de la democracia representativa hacia la participativa, la integración económica y la influencia cada vez más relevante del derecho internacional, entre otros factores, que son transformaciones prácticamente universales, si pensamos en los asombrosos cambios en los estados que recientemente han abandonado el modelo socialista, inclusive la antigua Unión Soviética, que ha dejado de existir como tal.
Afortunadamente nuestra Constitución no se ha quedado atrás, y en estos 75, no siempre en la mejor forma, pero sí en su contenido, se han incorporado, de manera paulatina en esas más de 300 reformas, los nuevos principios y valores, que nos aproximan al paradigma del Estado social democrático de derecho, pero adaptándolo a nuestra tradición jurídica y nuestra realidad social.
Pero además, en los años recientes especialmente en los últimos días, se han promulgado esenciales reformas a nuestro texto constitucional, que han solucionado un viejo problema, es decir, la existencia de preceptos constitucionales originales de la Constitución de 1917 que en algunos de sus aspectos habían sido claramente superados por la realidad político - social, con el peligro de transformarse en disposiciones puramente semánticas de acuerdo con la terminología de Karl Loewenstein. Sin embargo, había el temor de que al cambiarlos se traicionaría la voluntad del Constituyente y los valores de la revolución social iniciada en 1910. Dichas disposiciones se habían transformado en fantasmas constitucionales, si se me permite la expresión.
Afortunadamente se ha tenido la valentía y la voluntad políticas de desvanecer esos fantasmas y reconocer que los cambios sociales requerían de nuevas disposiciones que actualizan, en estos aspectos esenciales nuestra Carta Fundamental.
En esta dirección podemos mencionar que las reformas a los artículos 3o., 4o., 5o., 24, 27, 102 y 130 de la propia Constitución Federal en materias tan trascendentes como la educación, la protección de las comunidades indígenas, la propiedad y tenencia de la tierra, el reforzamiento de la tutela de los derechos humanos y las relaciones entre las asociaciones religiosas y el Estado.
Se ha advertido en los debates previos a la aprobación de estas reformas, que se ha formado un consenso básico entre los mexicanos en relación con las mismas, por supuesto sin llegar a la uniformidad, inadmisible en una sociedad pluralista, en virtud de que el contenido de dichas reformas ya resultaba indispensable. Tengo la convicción de que si los Constituyentes de Querétaro tuvieran que reunirse en esta época, hubieran redactado preceptos similares a los actuales, porque los Constituyentes son hombres de su tiempo. Los propios hombres de Querétaro nos dejaron una herencia muy valiosa que debemos conservar y además fueron visionarios, pero tenían ante sí un país con menos de 15 millones de habitantes y predominantemente agrícola, en tanto que en nuestros días conformamos una nación pluralista de casi 90 millones de habitantes y con una creciente y vigorosa industrialización, y además, estamos insertos en el mundo que se transforma de manera global y cada vez con mayor rapidez.
Podemos preguntarnos entonces, si en virtud de estos cambios tan espectaculares que estamos presenciando, se requiere de una nueva Constitución que sustituya la original de 1917, como ha ocurrido en la mayor parte de los países latinoamericanos. Resulta evidente de que nuestra Constitución se ha ido actualizando paulatinamente, y si cortejamos su texto actual con el de las más recientes de nuestra región, como la brasileña de 1988 y la colombiana de 1991, encontraremos entre ellas muchas semejanzas, con las naturales diferencias de nuestras respectivas realidades político - sociales. Por ello, estamos convencidos de que no necesitamos un nuevo texto constitucional.
Para finalizar, es preciso señalar que los constitucionalistas mexicanos comprometidos con el cambio no somos tan ingenuos para pensar que todas estas modificaciones al texto constitucional pueden superar de manera mágica los graves problemas sociales, políticos, económicas y culturales que todavía nos afligen, pero si podemos afirmar que contamos ahora con los preceptos normativos de mayor jerarquía que pueden fundamentar los instrumentos necesarios para lograr
la transformación de nuestra realidad y además, que pueden canalizar de manera adecuada las aspiraciones del pueblo mexicano".
Hasta aquí las palabras del ilustre jurista Héctor Fix Zamudio, con las cuales dan un mentís contundente de que nos hemos apartado del espíritu y de la escencia del Constituyente de 1917. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias diputado.
Se concede la palabra para este mismo asunto, al señor diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: -Señor Presidente; señoras y señores legisladores:
Efectivamente el día 5 se celebrarón dos actos en Querétaro, dos actos que reflejan dos concepciones y dos ideas del rumbo que debe continuar este país.
Concepciones opuestas, no son las únicas. Creo que este país tiene de sobra ya para la pluralidad y hay un conjunto de opciones que juntas pueden formar el sistema plural que el país necesita.
Pero el día 5 estaban dos: una se reunieron en la mañana y ese grupo, como le llama el diputado Amador, éramos miembros del Partido de la Revolución Democrática, provenientes de distintos estados del país y nosotros decidimos conmemorar efectivamente el LXXV aniversario de la Constitución a las afueras del Teatro de la República, en la tarde del día 5.
En la mañana los oradores del acto oficial que se celebró en el Teatro de la República en Querétaro, tuvieron como preocupación central argumentar la continuidad histórica de la Revolución Mexicana en las reformas al artículo 27 constitucional.
Es muy sintomático que el diputado Amador haya leído aquí citas tan largas del jurista Héctor Fix Zamudio, que escribió exactamente lo que al parecer los oídos del Presidente de la República querían oír y hace una pregunta, Aquí la leyó el diputado Amador. Lo importante es saber si se corresponde, si los cambios introducidos a la Constitución corresponden al espíritu de los anhelos del Constituyente de Querétaro, o si han desvirtuado ese espíritu y se apartan de los valores, principios y aspiraciones del propio Constituyente. Todo el sector oficial, la pregunta responde con la primera parte. Nosotros, el Partido de la Revolución Democrática considera que han desvirtuado ese espíritu.
En los discursos oficiales podemos encontrar que a lo que en otro tiempo se consideró conquistas sociales, ahora se mezclan con verdaderos obstáculos como el burocratismo y se les tilda de rigideces que traban el desarrollo de la sociedad mexicana.
El discurso oficial no refleja la sustancia de los cambios que ha sufrido nuestra Ley Fundamental. Desde la promulgación misma de la Constitución, la derecha en el gobierno no ha menguado su afán de derribar los principios que abanderaron Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y todos aquellos quienes encabezaron la insurgencia revolucionaria que produjo el texto constitucional de Querétaro.
Recordemos el intento en 1928 por echar abajo el principio de la "no reelección"; las reformas alemanistas al artículo 27 constitucional, que restablecieron el amparo agrario para los latifundistas y crearon normas que dieron sustento a un nuevo latifundismo.
Tampoco pueden olvidarse las reformas de lamadridistas, que introdujeron los conceptos de áreas estratégicas y prioritarias, para restar campo y eficacia a la acción conductora del Estado en la economía y neutralizar el derecho de la nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Dentro de la misma lógica se halla la modificación del artículo 28 constitucional, con la que se dio entrada al capital extranjero a los servicios bancarios y se puso a remate una propiedad de la nación, los bancos, cuya venta no debió quedar como una decisión unipersonal del Ejecutivo.
Los círculos oficiales y particularmente el partido del estado, necesitan justificar que son continuadores de la Revolución Mexicana y por eso se afanan en sus discursos, repitiendo una y otra vez que han regresado al espíritu del Constituyente. Sin algún espíritu del pasado ha vuelto para posesionarse de los gobiernos priístas, es precisamente el espíritu del partido de los científicos.
Se dice que en torno a la reforma al artículo 27 constitucional se generó un consenso y se afirma que fue la gran reforma de la Revolución Mexicana, la reforma para el siglos XXI, que la hemos emprendido juntos, sociedad y gobierno.
Yo aquí me quisiera detener para diferenciar dos cosas: Una. El afán permanente por echar atrás las autenticas conquistas sociales que están plasmadas en la Constitución y que ya en 1928 jugaban un papel importante en sus intentos. No han cesado, han seguido adelante, y culminaron con las reformas al artículo 27 constitucional, que realizó el período pasado de esta legislatura.
El problema es que, además de los retrocesos y eso es lo que molesta, no tenemos la menor duda. Ese es el punto de mayor discrepancia que existe, el problema es que ahora se ha erigido instituciones de representación popular, sobre la base del fraude, con una sobrerrepresentación priísta y se ha instaurado una mayoría ad hoc para modificar esa Constitución y para eso se hizo el fraude de 1991.
Por eso es que nosotros hemos hecho una propuesta: que se hagan mecanismos que permitan recibir las opiniones y permitan participar a los diferentes sectores sociales afectados. No tenemos el afán de la consulta; no queremos llenar expedientes y cubrirlos con meras fórmulas insustanciales. Lo estamos proponiendo porque consideramos que la sobrerrepresentación que el Partido Revolucionario Institucional tiene en esta Cámara, causa problemas serios de legalidad en las reformas a la Constitución. Este es el punto de mayor divergencia que existe entre el Partido Oficial y el Partido de la Revolución Democrática.
El sistema de modificación de la Constitución contenido en el artículo 135, no es democrático ni permite la participación de la sociedad en el cambio de las normas fundamentales que ordenan la vida colectiva. Cuando dijimos que debía consultarse a la nación antes de reformar el texto constitucional, se nos dijo que la nación ya estaba representada en este recinto.
¿Y podemos olvidar que existe una sobrerrepresentación y una mayoría ad hoc que se pensó y se buscó con un fraude que se cometió para hacer justamente estas modificaciones? ¡Sería un error olvidarlo! Lo que tenemos que hacer es buscar la manera de salir adelante y no entramparnos y por eso hemos propuesto métodos de consulta y de decisión que nos lleven efectivamente al referendum, no porque Suiza lo use, lo puede usar 20 veces. El referendum es un método democrático que ahora desde el punto de vista del Partido de la Revolución Democrática, nos puede llevar a subsanar el problema de la legalidad que existe con la sobrerrepresentación que hay aquí en esta Cámara.
Cómo no iba a decir el jurista Fix Zamudio lo que querían oír los autores de estos cambios. Ya lo dijo aquí, leyó el diputado Amador la frase de Fix Zamudio donde dice:
"Tengo la convicción que si los Constituyentes de Querétaro tuvieran que reunirse en esta época, hubieran redactado preceptos similares a los actuales."
Con todos los títulos del jurista, no hay quien pueda sostener esto sin querer halagar los oídos que quieren oír este tipo de frases.
¿Como se puede decir esto cuando a nombre de Zapata se acabó con el reparto agrario y se modificaron los principios de la propiedad social sobre la tierra? y, tal vez muy pronto, más pronto de lo que nos imaginamos, a nombre de los Hermanos Flores Magón, se acabe con los derechos laborales, con nuevas reformas al artículo 123 y ya hay rumores, no los fabricamos nosotros, compañeras y compañeros diputados, se habla y se dice y proviene del sector oficial, rumores de reelección y, hay voces, por respetables que sean, que han hablado de la reelección de los diputados.
De una vez adelantamos y lo dijimos el 5 de febrero: "no estamos de acuerdo con la reelección". Ni con la de los diputados, porque no queremos que se abra una puerta; ya México conoce su historia y sabe lo que es el reeleccionismo. Máxime cuando hay una Cámara que tiene mecanismos para lograr una sobrerrepresentación y a eso es a lo que le llamó: maniobras oscuras.
Yo entiendo que se le llame insulto, porque comprendo que es la diferencia mayor que existe entre nosotros no debemos caminar, y por ningún motivo, el camino de la reelección ni de los diputados, ni de los senadores y mucho menos, mucho menos, cometer el gravísimo error histórico de pretender la reelección del Poder Ejecutivo. Todos los peores y los más negros momentos de nuestra historia han estado cubiertos por el reeleccionismo. ¡No abramos, no tenemos necesidad de abrir esa puerta! Tendría que haber muchos otros cambios democráticos, para que hubiera procesos democráticos plenamente legitimados y confiables, para que pudiera hablarse de eso en algunas de las instancias.
El gobierno y su partido pretenden y tienen el derecho de buscar justificaciones ideológicas a los cambios contrarrevolucionarios que han impulsado. Nosotros tenemos el derecho a decir, junto con los trabajadores y el pueblo, que ese gobierno y ese partido han dejado de representar la lucha social de 1910 y 1917.
Pero hemos propuesto mecanismos para salir de esa trabazón que tenemos; y para eso está el diálogo. El diálogo que entre fuerzas que piensan distinto y nosotros pensamos que hay mecanismos fraudulentos que nos llevan a la sobrerrepresentación y sobre esa base hablamos de que exista diálogo entre las distintas fuerzas nacionales para encontrar salida al pantano en el que nos encontramos.
Y fue sorpresiva la reforma al artículo 27, porque como ya dijimos; el candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en su campaña jamás habló de esa reforma, ni el Partido Revolucionario Institucional lo hizo en la campaña de los diputados.
Lo dijimos en el debate, entendemos que el Partido Acción Nacional vote a favor, lo ha levantado todo el tiempo, lo han dicho. Lo que no entendemos es que con sorpresa se aproveche esa mayoría para imponer y no con el diálogo, modificaciones de la trascendencia que se han hecho.
Yo creo que estamos claros que la divergencia es profunda y tiene que ver sobre la legalidad de las instituciones en este país, por eso es profunda.
¡Pongámonos de acuerdo en cómo salir de este pantano en el que hemos caído, para lograr mecanismos constitucionales que nos permitan avanzar hacia la pluralidad, hacia la democracia y hacia la legitimidad de las instituciones! Muchas gracias.
El Presidente: - Señoras y señores legisladores: quiero informar a ustedes que se han registrado y en qué orden, para participar en este debate.
Continuará el uso de la palabra el diputado Miguel Angel Yunes Linares, después el diputado Jesús Martín del Campo, después el senador Jesús Murillo Karam, después el senador Roberto Robles Garnica, posteriormente el diputado Alberto Carrillo Armenta, después el diputado Luis Felipe Bravo y el diputado Manuel Jiménez Guzmán.
Tiene la palabra, en consecuencia el diputado Miguel Angel Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: -Señor Presidente; compañeros legisladores:
Quisiera, en principio, solicitar su anuencia, pedir paciencia para mi intervención que será un poco más larga de lo que habitualmente son las intervenciones en la Comisión Permanente, pero el tema es de tal importancia y de tal profundidad que creemos que lo amerita.
En primer lugar, comentaremos lo que en esta tribuna ha expresado el diputado Rincón Gallardo. En segundo lugar, haremos algunas consideraciones sobre el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas, en Querétaro. Haremos algunas menciones textuales del mismo discurso y al final daremos nuestra opinión.
La parte inicial de una intervención preparada con cuidado, con esmero, estaba referida al concepto del fundamentalismo. Le daré lectura, una vez que comente la intervención de Rincón Gallardo.
Son tres tarjetas que "ni mandadas a hacer", después de escuchar la intervención del diputado Rincón Gallardo. Son tres tarjetas que por desgracia comprueban lo que sostenemos: ¡El Partido de la Revolución Democrática ha dejado de ser un partido democrático, para ser un partido fundamentalista!
Y es que escuchar a Rincón Gallardo decir que Héctor Fix Zamudio escribió lo que los oídos del Presidente de la República querían oír, realmente es grave y lamentable. Esto quiere decir que el Partido de la Revolución Democrática ya no se detiene ante nada ni ante nadie. Que cuando las intervenciones, los escritos, los artículos, los análisis políticos, no coinciden con sus planteamientos, merecen de inmediato el descrédito.
¡Aquí, en el Diario de los Debates del Congreso de la Unión, quedará registrada para siempre la ofensa a una de las glorias de la jurisprudencia de nuestro país!
¡Qué lamentable, que Rincón Gallardo venga y diga al principio que reconoce la pluralidad y de inmediato pretenda descalificar a un hombre que está mucho más allá de las inventivas del representante de un partido fundamentalista, como lo es el Partido de la Revolución Democrática y ha quedado perfectamente claro!
¡Qué grave es que se venga a esta tribuna a señalara que el artículo 135 constitucional no garantiza de ninguna manera la participación popular en las reformas a la Carta Magna! ¡Que no está representada la nación en el Congreso!
¿A quién o a qué representaban entonces los legisladores del Partido de la Revolución Democrática? ¿Qué hacen en el Congreso de la Unión, si no representan a la nación? ¿A quién o a qué representan los legisladores del Partido de la Revolución Democrática, que son producto de la misma lucha política que aquí se ha
calificado de fraudulenta? ¿Tienen también un origen en el fraude electoral? ¿Es su elección también producto de una violación a los derechos electorales del pueblo mexicano? ¿Representan a algo o representan a alguien?
¡Qué grave es que venga Rincón Gallardo a manipular la declaración periodística, la declaración a los medios, de una diputada que tiene todo el derecho a pensar que se debe avanzar o que no se debe avanzar en la reforma al sistema parlamentario mexicano! ¡Pero que no expresa de ninguna manera la posición oficial de un partido político; que no expresa de ninguna manera la posición oficial de nuestro partido! ¡Hemos sido claros, hemos sido muy claros en cuanto a manifestar nuestra postura antirreeleccionista!
Dice Rincón Gallardo que "basan su afirmación en rumores". Un partido que empieza a basar su actuación en rumores, es un partido que no merece la consideración de un partido serio.
Pero dice también que "no son rumores que surgen de su organización política" y, yo le contesto que "¡justificación no perdida, es responsabilidad manifiesta!".
¡Claro que surgen de su organización política! ¡Claro que son ustedes quienes han iniciado el rumor del reeleccionismo! ¡y lo han iniciado porque no tiene mejores banderas que ofrecer al pueblo de México! ¡Lo han iniciado porque ésa es la política del Partido de la Revolución Democrática; es una política confrontacionista, la política del ataque, la política de la invectiva! ¡Es una política que asume que la única forma de acreditarse es desprestigiar al contrario!
¡No, de ninguna manera es la posición de nuestro partido el promover la reelección de nadie! ¡Ni de diputados, ni de senadores, ni de funcionarios del Ejecutivo surgidos de procesos electorales! ¡La posición de nuestro partido es radicalmente distinta y es la que históricamente sostenemos!
Dice de inmediato Rincón Gallardo que lo que debe operar es el diálogo entre las fuerzas que piensan distinto y aquí queda muy clara cuál es la posición del Partido de la Revolución Democrática: dialogar y negociar de noche y golpear de día; dialogar y negociar de noche y de día aparecer como un partido fundamentalista, de oposición a ultranza, que no coincide absolutamente con nada. Quieren dialogar para salir del pantano en que se encuentran.
¡Señores, nosotros no los metimos a ese pantano!, nosotros dialogamos con todo gusto, con todas las fuerzas políticas que quieran hacerlo, pero con fuerzas políticas que encuentren en el diálogo una forma real de avanzar en la democracia y que no hagan del diálogo y la negociación, formas para avanzar en sus intereses y no en los intereses democráticos de la nación. No somos nosotros quienes metimos al Partido de la Revolución Democrática en su pantano; si el Partido de la Revolución Democrática está empantanado hacia dentro del propio partido y hacia afuera, es responsabilidad del Partido de la Revolución Democrática y no del Partido Revolucionario Institucional.
Creo que sería muy saludable para Rincón Gallardo retirar los ataques severos y sin sentido para el maestro Héctor Fix Zamudio; los priístas los rechazamos de manera enérgica.
En religión, en política y en todos los campos en que se están en juego los valores y los sentimientos individuales o colectivos, existen quienes creen que sus convicciones son únicas, universales, absolutas; se creen en posesión de la verdad. Quienes así piensan y actúan se sienten custodiosos de las raíces y la esencia de las convicciones que profesan, son los fundamentalistas. La democracia y el fundamentalismo se contraponen, la democracia surge del respeto a las ideas de otros, el fundamentalismo en cambio se nutre de la negación de otras ideas e incluso de la anulación de quienes la sostienen.
La democracia residirá en el respeto a los individuos y a las convicciones ajenas, su ambiente es el de la relatividad, el cambio, la historia; su esencia es la búsqueda del consenso y la preeminencia de la voluntad mayoritaria, con respeto profundo a las minorías. El ambiente de la democracia es la plaza pública, los cuerpos colegiados, la colectividad; el ambiente del fundamentalismo es el cenáculo, la secta, el dicterio, inapelable. Quienes con una la actitud supuestamente democrática, con palabras aparentemente respetuosas de su esencia y sus convicciones, se erigen como custodios de una verdad que no admite otras y descalifican a quienes las sostienen, por expresarlas o por actuar conforme a ellas, son una contradicción viviente, son "fundamentalistas democráticos".
El fundamentalismo impide la discusión, porque niega su condición esencial, que es respetar la validez de las ideas de otros, por ello, el fundamentalismo sólo puede provocar rechazo, no debate ni contrastación de ideas. El diálogo, la razón democrática se eclipsan ante los absolutos fundamentalistas, de la misma manera sólo la discusión democrática puede prevenir y superar
la enfermedad ideológica que supone creerse poseedor absoluto de la verdad y negar el derecho de los otros para tener la suya.
Esta es la visión que tiene de México un muy destacado fundamentalista, son citas textuales del discurso que pronunció hace apenas dos días.
Apelo a su paciencia. Decía este fundamentalista destacado: "Existe una crisis política, económica y social sin precedentes en la historia contemporánea de México; hay el riesgo de una nueva asfixia de la economía, apunta una ruptura de la estabilidad monetaria, la ineficiencia de la economía crece exponencialmente; se han destruido las fuentes de protección y seguridad en el empleo; se destruyó la agricultura, la industria y la capacidad productiva nacionales; se han cancelado los derechos ciudadanos y las garantías sociales; existe un control oficial sobre los medios de comunicación social a los que se les ha asignado la función de crear y mantener la ilusión del orden y estabilidad del régimen; los ciudadanos carecen de un recurso accesible y efectivo para hacer valer los derechos constitucionales frente a la arbitrariedad y al abuso; se abusa del poder y se atropellan sistemáticamente los derechos humanos; se ha reforzado el despotismo como forma de gobierno; se ha suprimido por disposición oficial el derecho constitucional a la propiedad del pueblo mexicano sobre la tierra; se ha renunciado al ejercicio de la soberanía nacional, existe la pretensión oficial de sustituir la Constitución por un Tratado de Libre Comercio. La Constitución se encuentra nuevamente amenazada porque se ha decidido suprimir el principio de "no reelección"; las leyes supremas de la República fueron alteradas en lo fundamental, por cuerpos legislativos surgidos de manipulaciones oscuras, se ha producido un golpe de Estado Legislativo y un cuartelazo parlamentario; las reformas aprobadas por el constituyente carecen de autoridad moral; en suma, se ha roto el orden constitucional".
Esta, señoras y señores, es la visión que tiene de México Cuauhtémoc Cárdenas. Habría que preguntarse si realmente así ve al país o así quisiera que se encontrara la patria, habría que preguntarse también si esta visión la comparten otros mexicanos, si la comparten incluso los propios militantes de su partido, si la comparten los legisladores del Partido de la Revolución Democrática. No es extraña su postura, como hace un momento afirmábamos es la ya clásica doble vía, el sistema que consiste en negociar de noche y golpear de día, éste es el diálogo que proponen, ésta es la vía adecuada para avanzar en la democracia.
Los priístas hemos estado y seguiremos estando por el diálogo, por la polémica intensa y apasionada; pero no podemos estar en favor del ataque de la invectiva, del discurso confrontacionista. Me pregunto si el discurso aludido no habla de una gran desesperación y frustración, del inútil intento por buscar en el descrédito de los adversarios el prestigio propio. Este discurso, en mi apreciación, constituye un salto hacia atrás, hacia las prácticas perredistas que son criticadas incluso por muchos militantes de su partido y que les han llevado a perder la confianza de una buena parte de quienes militaron en su organización política.
Qué grave, señoras y señores, es afirmar que se ha roto el orden constitucional, qué lamentable es que esta afirmación venga de un dirigente político a quien se le puede perdonar su ignorancia, pero no su irresponsabilidad; sabemos que es propio de los ignorantes acusar a otros de sus fracasos, por ello sólo un ignorante puede afirmar que la Constitución debe recuperar su vigencia, cuando nunca la ha perdido; sólo un ignorante puede decir que se debe restaurar el orden constitucional, cuando éste, por el esfuerzo histórico de los mexicanos, norma la vida diaria de la República. Podemos transitar por calles en paz y con libertad, expresar nuestras ideas, hacer valer nuestros derechos, para que están vigentes y se respetan las garantías individuales que forman parte de ese orden constitucional.
Están en pleno curso distintos procesos electorales, en muchos de los cuales participa el Partido de la Revolución Democrática. Su desarrollo no es producto de un estado de excepción, ni es indicativo de una crisis constitucional, sino muy por el contrario, es resultado precisamente de la vigencia de las reglas que contiene nuestra Carta fundamental.
Están igualmente vigentes y en proceso de perfeccionamiento, las garantías sociales que protegen los derechos de obreros y campesinos. El Estado ejerce su función rectora de la economía, está intacta la soberanía de la República; los medios de comunicación social, ruda y burdamente cuestionados por Cuauhtémoc Cárdenas, ejercen con la más amplia libertad la vital función que en nuestra democracia tiene encomendada.
El Congreso mexicano, en ejercicio de sus facultades constitucionales, se encuentra instalado y cumple con las funciones que le corresponden como depositario de la soberanía nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación y todos los tribunales del país, ejercen también la función que la Constitución les señala.
El Ejecutivo Federal actúa dentro del límite de sus atribuciones, en las tareas que tiene encomendadas hacia dentro y hacia fuera del país.
Estados y municipio, congresos locales, órganos de impartición de justicia, se encuentran en pleno desempeño de sus atribuciones.
Más aún, estamos aquí debatiendo precisamente porque existe un orden constitucional que acatamos y respetamos todos, incluso los legisladores del Partido de la Revolución Democrática presentes en este órgano, que tiene sustento y origen en la propia Constitución. Gracias a este orden constitucional, la República vive y permanece.
Hay una ruptura, es cierto, pero no es una ruptura constitucional; es una ruptura psicológica, es una disociación entre la realidad y la percepción de la misma. Esta es la ruptura que debiera preocupar a los militantes del Partido de la Revolución Democrática. Porque efectivamente, ¿cuáles son las razones que aduce Cuauhtémoc Cárdenas en su discurso para afirmar algo tan absurdo, tan ajeno a la realidad como el que el orden constitucional de nuestro país, se ha roto? La única razón es que, según él, se han socavado los principios fundamentales de la Constitución.
Y aquí sí, por encima de las normas constitucionales, por encima del respeto a los órganos legislativos y a las organizaciones políticas, en contra de nuestra institucionalidad política y nuestros esquemas jurídicos, Cuauhtémoc Cárdenas se hace pasar por intérprete y garante de la Constitucionalidad, función que le compete sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Habría que preguntarse quién le nombró curador de la moralidad política nacional y defensor de la Constitución. Hasta qué niveles llegará su autoapreciación mesiánica, su vilipendismo político, su megalomanía. Es una falta de respeto a nuestro pueblo y a su inteligencia y voluntad soberanas, que se afirme que las recientes reformas constitucionales son un golpe de Estado Legislativo; es una falta de respeto hacia los órganos legislativos y hacia los militantes de los diversos partidos políticos que los integran, decir que las recientes reformas constitucionales son fruto de un cuartelazo parlamentario.
No es por fortuna nuestro país un país que enfrente esa clase de riesgos; no es el nuestro un país de cuartelazos o de golpes de Estado, como sea que se les quiera calificar. La vigencia del orden constitucional, el nacionalismo y lealtad de las fuerzas armadas, la responsabilidad de los poderes de la República, no están a discusión.
¿A quiénes se acusa de participar en el cuartelazo, en el golpe de Estado legislativo? Se acusa nada menos que a casi 500 diputados federales que integramos la Cámara, a 64 que integran el Senado, a más de 750 que son diputados locales en las distintas entidades federativas, ciudadanos respetables todos, de todos los partidos políticos, inclusive del Partido de la Revolución Democrática.
Yo me pregunto ¿los diputados y los senadores del Partido de la Revolución Democrática que participaron en el proceso legislativo para reformar la Constitución, que en ocasiones se manifestaron en contra y votaron de igual manera y en otras ocasiones se manifestaron en pro y votaron en consecuencia, son también cómplices, son también golpistas? Es una falacia afirmarlo. Las reformas constitucionales se aprobaron y todos lo recordamos, con los más altos niveles de votación alcanzados para alguna reforma constitucional. En ningún caso el porcentaje de votos a favor estuvo debajo del 80%. ¿Es esto un cuartelazo, es esto un golpe de Estado?
La mayoría de los mexicanos pensamos que, lejos de llevarnos a la catástrofe, las crecientes reformas constitucionales abren mejores caminos para el desarrollo y bienestar social de la nación.
Cárdenas tiene sin duda derecho a no estar de acuerdo con la reformas aprobadas y a expresar sus puntos de vista acerca de las vías que deben seguirse para impulsar el desarrollo de la nación; lo que no puede justificarse es que desconozca la voluntad de las corrientes políticas mayoritarias y que lleve su desacuerdo al grado de cuestionar el orden constitucional, que es el que hace posible las divergencias y los consensos. Es profundamente antidemocrático creerse dueño de la verdad absoluta y negar la buena fe, la seriedad, la inteligencia de quienes difieren de nosotros. A eso es a lo que llamamos fundamentalismo democrático.
Compañeros integrantes de la Comisión Permanente, este 5 de febrero, en la misma ciudad, con tan sólo unas horas de diferencia, se plantearon dos visiones distintas de la actualidad nacional. En el primer acto se plantearon razones,
proyectos, tareas a cumplir para continuar avanzando por la ruta del cambio; se hizo una propuesta a la nación, se señalaron caminos a seguir, se prometió y se comprometió apego a la Constitución, apertura al diálogo y respeto a las diversas opiniones y corrientes políticas; fue un mensaje de realidades y de esperanzas.
Cuauhtémoc Cárdenas, por el contrario, presentó una visión fundamentalista, apocalíptica, catastrofica del país, en lo económico, lo social y lo político.
Por encima de nuestra filiación partidista, como mexicanos, como ciudadanos, como políticos, no debemos callar ante una apreciación que atenta contra la dignidad de los órganos legislativos, contra nuestra práctica democrática, contra la realidad constitucional que justifica nuestra presencia en este recinto, pero sobre todo que atenta contra la vida democrática de nuestro país. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jesús Martín Campo Castañeda: - A los miembros del Partido de la Revolución Mexicana no nos sorprende aunque sí nos disgusta, el tono y el contenido de las intervenciones que han hecho dos diputados del Partido Revolución Institucional, a propósito de un acto que realizó el Partido de la Revolución Democrática el pasado 5 de febrero.
Mi primera pregunta sería, ¿por qué ese enojo, por qué esa cantidad de adjetivos, por qué ese tono tan encendido que utilizan los diputados del Partido Revolucionario Institucional, particularmente el diputado Yunes?
Creemos que hay en esta respuesta al discurso emitido por Cuauhtémoc Cárdenas, el pasado 5 de febrero, hay efectivamente un reacción, porque tocaron fibras sensibles de lo que el Partido de la Revolución Democrática ha venido denunciando y planteando abierta, categórica y tajantemente en todas y cada una de las reuniones en que se ha tocado el asunto de la relación unívoca que existe entres los tres poderes, en las costumbres políticas de este país, relación unívoca que ha supuesto la subordinación casi total del Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, una costumbre negativa porque todo diputado del Partido Revolucionario Institucional o al menos todo diputado que interviene en la tribuna, se enoja demasiado cuando tocamos la figura del Poder Ejecutivo, cuando hacemos menciones explícitas y claras y con valor y con argumentos y abiertas, respecto a la subordinación que tiene el Poder Legislativo en cuanto a las indicaciones que da el Presidente de la República.
En este país está instituido el presidencialismo, fuera del marco constitucional, como una costumbre, que dicen los priístas, es la única que garantiza el equilibrio entre los poderes y el equilibrio entre la relación del gobierno con la población, con la sociedad.
Esta relación unívoca ha sido custodiada permanentemente por los miembros del Partido de la Revolución Democrática y en el fondo también fue cuestionada en la intervención de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, el pasado 5 de febrero.
Aquí, como se ha hecho acusaciones, yo diría que los menos que puede hacer el diputado Yunes, es practicar el terrorismo verbal, en particular cuando reacciona ante las intervenciones de los miembros del Partido de la Revolución Democrática; Terrorismo verbal que intenta también eludir las argumentaciones de fondo respecto a los cuestionamientos y las críticas que el Partido de la Revolución Democrática hace al conjunto de las políticas que está aprobando por una mayoría mecánica, así lo hemos dicho permanentemente en este recinto legislativo, el cuerpo de legisladores del Partido Revolucionario Institucional.
También acostumbra el diputado Yunes distorsionar las intervenciones de los miembros del Partido de la Revolución Democrática. El compañero perredista Gilberto Rincón Gallardo, en ningún momento ofendió, ni fue ésa su intención, al jurista Fix Zamudio; sólo dijo que escribió, ésta es la convicción del compañero Gilberto Rincón Gallardo, que comparto, lo que le gusta oír al jefe del Ejecutivo en estos momentos, en relación a un texto leído en extenso por el compañero diputado Amador Rodríguez.
Aquí también hizo acusaciones y una catalogación para la moderna teoría política o la moderna teoría sobre los partidos políticos, que va a entrar con una ficha, supongo que ésa es la intención de la larga digresión del compañero Miguel Angel Yunes, sobre el fundamentalismo. Ahora agregaremos a los diccionarios y a los libros sobre partidos políticos que hay partidos fundamentalistas en este país. Pero tendríamos que decirle que el mayor fundamentalismo de
nuestros días, vigente incluso en este recinto legislativo y en esta LV Legislatura, es el fundamentalismo de los neoliberales a ciegas, de aquellos que creen ciegamente en las utopías del neoliberalismo para aplicar políticas antipopulares, antisociales y que violentan el pacto social existente en este país, en relación a las conquistas sociales que sí garantizan el equilibrio y la continuidad de la transformación democrática de la sociedad mexicana.
Ese fundamentalismo es el que oculta el diputado Yunes, lanzándonos a los miembros del Partido de la Revolución Democrática la acusación de ser miembros de una secta fundamentalista; pero además invirtiendo el sentido, intenta decirnos que la intervención de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, es algo así como los Versos Satánicos de Salman Rusdhi y él, desde la mezquita del Ejecutivo, está diciendo que hay que condenar a la hoguera a Cuauhtémoc Cárdenas, porque es el peor enemigo del fundamentalismo neoliberal, que nos garantiza el acceso al paraíso que nos prometen los negociadores del Tratado de Libre Comercio y que también practican una especie de esquizofrenia legislativa: decir una cosa en las campañas y hacer otra y luego venirnos con supuestas teorías de la representación, que invierten el sentido de lo que originalmente plantean en sus campañas políticas. Vamos a mantener las conquistas sociales; es intocable el legado constitucional y después nos salen con una serie de cosas totalmente contrarias, justificadas por un fundamentalismo neoliberal a ciegas, seguidistas de los dictados de la Casa Blanca y de las inversiones extranjeras en este país y seguidistas todavía a ciegas de un pequeño séquito alrededor del Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República.
Ese es el verdadero fundamentalismo que queremos cambiar y transformar los miembros del Partido de la Revolución Democrática; que no siga subsistiendo la figura presidencial como la única que debe la orientación y el trabajo de los poderes en este país.
El problema para el Partido de la Revolución Democrática no son los cambios, incluso no somos ciegos ortodoxos respecto a la Constitución de nuestro país.
El Programa de Acción del Partido de la Revolución Democrática y sus propuestas en campañas, es de hacer cambios a varios de los artículos de la Constitución de nuestro país. Cambios con consenso verdadero, no con representación ficticia, cambios con un consenso que supone efectivamente la participación de amplios sectores de la sociedad y también de las diversas representaciones políticas.
El problema de los cambios es el contenido y son los procedimientos.
Hemos hecho las críticas al contenido de los cambios que se proponen al artículo 27 y que han sido aprobados; hemos hecho críticas a los cambios que se sugieren, ya se anticipan, por rumores, se harán al artículo 123 y a la legislación laboral y hemos hecho críticas también al contenido que suponen los cambios a la ley de administración pública para fusionar secretarías sin argumentaciones y sin explicaciones suficientes a esta instancia.
No somos ortodoxos de mantener las cosas como están. También hemos leído a Fix Zamudio y a otros autores sobre cuestiones constitucionales y nos interesa que haya cambios sobre la base del consenso que garanticen una transformación que no renuncia a las conquistas sociales que están plasmadas en el actual texto de la Constitución mexicana.
Y decimos aun que los que son ortodoxos de un cambio a ciegas, fundamentalistas neoliberales, son quienes a toda costa nos quieren insertar subordinado la soberanía nacional y la capacidad de decisión de las capas populares de México, sobre la cuestión económica, que no creemos en el canto neoliberal y que ese cambio que proponen subordinando a la nación, agotando la soberanía, no podrá ser apoyado por nosotros, sino por toda la población, por una buena parte de la población mexicana.
Creemos que en relación al asunto de la reelección que tan ríspidamente han tocado los diputados priístas en esta tribuna, no fue el Partido de la Revolución Democrática el que inició a correr rumores. Rechazo la afirmación del compañero Yunes.
Fueron rumores de voceros oficiosos en distintas columnas políticas los que comenzaron a hablar de la reelección. Tanto es así que un funcionario oficial, el Secretario de Gobernación, tuvo que emitir un comunicado oficial respecto a la cuestión de que se mantiene incólume el principio de la no reelección. Como dice el diputado Yunes, como no habíamos pedido, la justificación no pedida, pues el relevo de pruebas es desde el propio seno del poder Ejecutivo, es desde el propio seno del gabinete presidencial que se emitieron estos rumores, quizá como un anzuelo para ver qué reacción tenía la opinión pública.
Lo que sigue de eso, suponemos, es alguna encuesta GALLUP encargada y sesgada para que
nos diga qué porcentaje de la población quiere que se reelijan el Presidente y los diputados.
Finalmente, quiero reiterar que los miembros del Partido de la Revolución Democrática sostenemos todas y cada una de las líneas planteadas en el discurso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, el 5 de febrero y lo sostenemos porque es en el ejercicio más amplio de la libertad y de la pluralidad que aquí se pregona, en una plaza pública, frente al Teatro de la República, donde fue aprobada la Constitución de 1917, porque no es patrimonio del Partido Revolucionario Institucional ni del Poder Ejecutivo que pueda hacer eventos ahí. Tampoco se trata de una concesión de los miembros del Partido Revolucionario Institucional. Simplemente ejercitamos nuestro derecho y el presidente del Partido de la Revolución Democrática tiene todo el derecho del mundo a expresar sus ideas, críticas, sus cuestionamientos a la política del Partido Revolucionario Institucional y a la de su jefe máximo, el jefe del Poder Ejecutivo y en esto no hay ninguna violentación del orden constitucional ni de la pluralidad.
Reitero lo dicho por el compañero Gilberto Rincón Gallardo. Nosotros entendemos la pluralidad haciendo ejercicio pleno de nuestra capacidad de disensión, ejercicio pleno de nuestra capacidad de crítica, de nuestra capacidad de decir ¡no!, incluso a la voz del Poder Ejecutivo.
Creemos en el diálogo y la verdadera pluralidad que considere la disensión en la más amplia y absoluta libertad. Creemos en los cambios también, pero vamos a seguir discutiendo el contenido de los mismos.
No nos asusta el terrorismo verbal del compañero Yunes, tampoco el fundamentalismo neoliberal. Lo vamos a combatir, igual que él lo hace, en esta tribuna y en todos los escenarios políticos dentro del marco de la ley y de la Constitución mexicana.
El Presidente: - Tiene la palabra ahora el señor senador Jesús Murillo Karam, del Partido Revolucionario Institucional.
El senador Jesús Murillo Karam: - Tiene razón, señor diputado. En este país todos tenemos derecho en el ejercicio pleno que nos da la libertad a opinar lo que queramos. ¡Tiene usted razón, en eso!
El ejercicio de este derecho, manifestado clara y públicamente, no soló con el discurso de referencia que ha motivado este debate, sino con el suyo propio y el de su compañero, diputado Rincón Gallardo, son también discursos que muestran que en este país tenemos capacidad y libertad para el ejercicio de ese derecho. ¡Lo que deja claro que en el discurso del 5 no se dijo la verdad!
Se habló del rompimiento de esos derechos, se habló de despotismo, se habló de faltas de libertad y, por fortuna, usted acaba de dejar bien claro que hubo una falsedad evidente, notoria, en ese discurso.
¡Es cierto que en ese ejercicio de la libertad, nosotros tenemos derecho a decir lo que queramos! Pero es cierto también que somos políticos y que pretendemos serlo para beneficio del país. En consecuencia, estamos obligados a normas éticas, morales, claro, impuestas por nosotros mismos, que ésa es la característica de este tipo de normas , para hacer del debate político, de la lucha política algo más, algo mucho más importante y serio que el epíteto, el insulto o el denuesto
La política no es una simple técnica de acceso al poder por el poder mismo, sin consideraciones éticas, sin valores fundamentales, sin principios. En la actividad política no todo se vale. Quienes piensan así, están equivocados. En el propósito de acceder al poder no se puede exagerar, ni calumniar, ni mentir, ni adulterar, porque tiene un costo, no el de la represión en la democracia... Tiene costo político que los ciudadanos sancionan. La política es mucho más que el simple acceso al poder. La política es el arte de gobernar. Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado, tacto para tratar una problema.
La mera improvisación, la intuición o cualquier medio que soló responda al interés particular, al deseo de denostar para combatir, no es y menos en la actualidad, una forma adecuada de comportamiento para orientar ni dirigir la conducta de los individuos en la sociedad humana. Mucho menos es posible que ante la falta de argumentos, ante la carencia de programa, ante la ausencia de proyecto, se pretendan levantar banderas falsificando los hechos, fabricando sofismas, trastocando la realidad, usando rumores. Todas esta reflexiones, señor diputado, sin muy importantes para quienes pretendemos ejercer la política y para quienes tenemos la obligación de calificar este diálogo en muchos más altos términos, en muchos mayores niveles, con mucho mayores concepciones.
Usted se refería a que se elude el fondo... No eludimos el fondo. Tocamos estricta y precisa
mente puntos concretos del discurso que fueron señalados por mi compañero diputado a la letra y la lectura definida, detenida, de ese documento, nos refleja serias contradicciones en el contenido y profundas diferencias en la conducta. Nos dejan clara la existencia de una doble faceta; una doble faceta que se da a conveniencia. Por un lado, llamamientos a la concordia, a la legalidad, a la confrontación civilizada, como usted lo ha hecho, a la tolerancia y, por el otro, incitaciones a la desunión, llamamientos a la ilegalidad desde un punto de vista e interpretación jurídica de la Constitución, que es verdaderamente absurdo, descalificando además a quienes tiene la capacidad y la jerarquía moral y política para hacerlo.
El discurso revela una dualidad, innegable dualidad. Una dualidad que no es permisible, claro, dentro de las normas de la ética y de la moral política exclusivamente.
Voy a repetirlo, se habla en el discurso de golpes de estado legislativos o de cuartelazos parlamentarios. Negando, sin argumento, sin justificación, sin base, el procedimiento que la propia Constitución marca y se pretende negar con ello la esencia misma de la democracia, que es precisamente la voluntad de las mayorías.
El discurso se ubica de lleno en la irrealidad. Se habla de verdades partiendo de sofismas, como acaban de reconocerlo, diciendo que partieron de rumores.
Se habla sin recato de la cancelación de los derechos humanos y las garantías sociales, cuando precisamente se abusa de ellos para descalificar lo que no se pudo obtener por la vía del derecho y se quiere recurrir a la acusación de fraude o de modificación de resultados, para poder justificarlo.
Es un argumento viejo, discutido, constantemente discutido, pero plenamente legitimado.
Se acusa de fraude, señor diputado, a más de un millón de ciudadanos mexicanos que intervinieron en la recolección de la votación. ¡A más de un millón! Se me hace temerario, se me hace injusto, se me hace inadecuado, para ese millón de mexicanos.
Y el discurso, señor diputado, nos acusa de despotismo; pero el discurso es despótico, porque pretende ser autoridad absoluta, aunque para ello tenga que ser ajeno a la verdad, como quedó claro en todas las manifestaciones que aquí se han hecho.
Se habla de crisis y se dice que ésta es de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia contemporánea del país. ¡Como si los mexicanos fuéramos ciegos o absolutamente incapaces de distinguir entre nuestro ayer y nuestro hoy!
Se habla de soberanía. Sin meditar en lo que hoy, por la respetabilidad de nuestro país en el exterior, por el abatimiento y, fíjese bien, sólo abatimiento de los principales factores que económicamente nos lastraban, por la ampliación de nuestras formas democráticas, también innegables, por la pluralidad representativa que más que nunca se da en el país y que aquí está manifiesta, se consolida nuestra soberanía. A pesar de que no falta todavía quien quiera debilitarla y ver en ella un problema que pretenda llevar al exterior que me recuerda y discúlpeme que me lo recuerde, pero no puedo evitarlo, a aquellos personeros que llevaban firmas del país a Miramar.
Se pretende crear confusión hablando de modificaciones que no se han hecho y sustentando la posibilidad de ellas en una opinión personal; a la que con intolerancia se le niega el derecho a la expresión.
¡No vamos los priístas a proponer reelecciones! Ha quedado claro. Usted mismo lo ha señalado. ¡Pero no por ello vamos a satanizar como lo hace el discurso, a quienes pueden ejercer ese pleno ejercicio al que usted se refirió, de proponerlo! No lo vamos a hacer, no queremos hacerlo. No está en nuestro programa. No está en nuestros objetivos. No es nuestra meta. Pero tiene derecho quien quiera a plantearlo; nosotros no lo vamos a aprobar.
Se habla de que las modificaciones a la Constitución fueron hechas por cuerpos legislativos surgidos de manipulaciones oscuras. Negando así a los propios legisladores del Partido de la República Democrática que votaron en favor, la mayoría de esas modificaciones y reformas y se asume de esta manera una posición absolutista nuevamente en lo que el término significa exactamente en sus términos; es decir, ponerse por encima de la ley. O más grave aún: pretender ser generadora de ella, para dársela a unos y quitársela a otros.
En el Partido Revolucionario Institucional entendemos que el ejercicio democrático del poder implica mayor dosis de tolerancia y mesura. Pero también entendemos que existen límites de respeto y dignidad, que reclaman una respuesta también democrática a la desproporción.
Por ello convocamos a los partidos políticos, nosotros incluidos, a presentar al pueblo de México alternativas serias. Críticas que no por profundas sean menos objetivas. Madurez en los juicios. En suma, partidos políticos a la altura del reclamo nacional.
¡Hagamos del respeto al hombre y a la verdad, máxima de conducta cotidiana e irrenunciable! ¡Esforcemos por debatir sin perjuicios, con agudeza, con fuerza, con tenacidad; pero con la vista puesta en el interés nacional!
¡Dejemos bien claro: no intentamos poner límites a la crítica, pero la mayoría de los mexicanos pensamos que no se puede pretender conquistar la voluntad mayoritaria sin el empleo irrestricto de la verdad como herramienta de trabajo; herramienta indispensable para el ejercicio político!
¡El sofisma y el denuesto se revienten contra quien lo utiliza. Los hechos ya lo han demostrado. Problema de aquellos que no aprendan la lección! Muchas gracias.
El Presidente: -Se concede la palabra al señor senador Roberto Robles Garnica, del Partido de la Revolución Democrática.
El senador Roberto Robles Garnica: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Desde la mañana sabíamos que se habían preparado para esta espléndida sesión; lo que no sabíamos es que habían llegado a una competencia de insultos entre los oradores priístas, para ver quien lo hacía con mayor brutalidad en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y del Partido de la Revolución Democrática.
Después de analizar los discursos, llegamos a la conclusión de que han empatado, todos han sido igualmente injustos, atroces, descuidados y muy faltos de respeto a las normas parlamentarias. Insultar no es práctica parlamentaria; el que lo hace se disminuye a sí mismo, ya deberían haber aprendido esta lección desde hace mucho tiempo.
Esta sesión me recuerda otras sesiones, hace aproximadamente tres años, cuando creían que era fácil doblegar a Cuauhtémoc Cárdenas y a todos los que como él pensaban, se le inventaron toda clase de calificativos, incluido el de traidor a la patria, y ¿qué les ocurrió a los señores priístas de la anterior legislatura?, que ante sus propios ojos y muy a su pesar, lo que ocurrió fue que creció la estatura política de Cuauhtémoc Cárdenas, que allí está y también allí está el Partido de la Revolución Democrática.
No lo van a callar, no nos van a doblegar, no nos van a vencer porque hagan concursos masivos de descalificación y de insultos, prácticamente no nos llegan, como se dice en el lenguaje coloquial; las cosas se toman como de quien vienen y algunas como las del señor diputado Yunes no alcanzan a llegar muy lejos, no lastiman, no cuentan, para nada.
Está claro que lo que les duele, que lo que les caló es que Cuauhtémoc Cárdenas el 5 de febrero puso el dedo en la llaga, demostró que el oficialismo adulteró la Constitución sin tener mandato expreso para ello, a pesar de todas las largas citas académicas que aquí dijeron.
Compañeros legisladores: una nación no es otra cosa que el cotidiano consenso, que el referendum diario, eso es una nación; sin tal consenso, sin el fruto del tal referendum no hay nación, no pueden pasar por encima de la opinión pública de millones de mexicanos, no pueden adjudicarse facultades por encima de los electores y si lo hacen se equivocan. Ciertamente existen los mecanismos para acordar cualquier cosa, para votar cualquier ley, para hacer cualquier modificación a la Constitución Política, la que quieran, lo pueden hacer, pero es contra el consenso del pueblo y eso, más a la corta que a la larga, se revierte y se corrige. Así como la Constitución la están deformando, al amparo de los mecanismos parlamentarios, en su momento se harán las correcciones oportunas, ya lo verán, ¡ojalá estemos todos vivos para presenciarlo!, no creo que tarde mucho, está a la vuelta de la esquina una elección federal que puede cambiarlo todo, fue curiosa esta calificación de fundamentalista del Partido de la Revolución Democrática, fundamentalismo y ¿por qué no otra calificación? cualquiera otra, la que fuera, con tal de que intentara descalificar la validez moral de un movimiento político que no sufre mengua a pesar de que tiene que soportar diariamente y en todo el territorio nacional el peso opresivo de los organismos del gobierno y yo les digo, compañeros, no le jalen tanto esa cuerda que pudiera reventarse, no exageren, no lleven las cosas tan lejos, mídanle, en la política el arte de ser cuidadosos también cuenta mucho. De todas maneras a ese dirigente político, Cuauhtémoc Cárdenas, no lo van a callar y al Partido de la Revolución Democrática no lo va a desaparecer, de todas maneras y en 1994 nos vamos a volver a ver las caras; no pierdan su tiempo, pero no exageren, porque van a acabar por darle la razón a quienes están a punto de desesperarse, por todos los errores del gobierno que ustedes justifican a cada momento y esos errores se manifiestan fundamentalmente en algo muy concreto: el
empobrecimiento diario de millones de mexicanos, ahí está su Talón de Aquiles, todo lo demás es lo de menos; mientras haya millones de parias en este país todo lo que sobre él se construya está endeble, pueden construir un castillo pero los cimientos pueden ser falsos, un simple vendaval lo puede destruir.
Me extraña mucho que el talento político, que suele haberlo, en el área oficial de pronto se omnubile, pierdan las proporciones y vayan demasiado lejos; ustedes deben comprender que esta noche vamos a dormir igual de tranquilos que todas las noches, no hacen daño sus diatribas; en cambio sí los demerita. Las intervenciones oficialistas que aquí se escucharon, aparte de ser largo listado de insultos fueron excesivamente prolongadas, no tenían para qué emplear tantas palabras para contenidos tan pobres; a falta de argumentos, exceso de palabras.
Dice la gente que se llaman rollos, rollos interminables escuchamos aquí cuyo único contenido es insultar a Cuauhtémoc Cárdenas y al Partido de la Revolución Democrática y compañeros, mienten a sabiendas los que afirmen que nosotros hacemos negociaciones de noche para golpear de día, nadie negocia de noche en este partido, nadie, qué más quieran, que a escondidas llegáramos a algunos arreglos, gusto les diera que así nos pudiera suceder; nosotros no negociamos nada con nadie y aquí hay testigos muy importantes, lo estoy mirando, que saben que no negociamos nada, no menciono los nombres por el respeto que me merecen, a pesar de que son adversarios políticos, pero ellos saben, aquí hay, están presentes aquí, personas de alta calidad que saben que no negociamos de noche. Ustedes podrían investigar entre ustedes mismos a quién o a quiénes me estoy refiriendo. Este partido no negocia a escondidas, no hace ningún trato indigno y por eso se mantiene como está, firme e independiente del poder público.
Yo tendría algunas cosas que agregar, pero solamente para terminar quiero recordarles que en esta misma tribuna, hace algunas semanas, le dijimos al señor Yunes y a sus compañeros, que el Éxodo por la Democracia era importante que tenía razón y que iba a triunfar y, ya lo vieron, señores priístas, el Éxodo por la Democracia triunfó en toda la línea y ustedes lo negaron. Se equivocaron entonces, ahora se están equivocando otra vez.
El Partido de la Revolución Democrática seguirá sosteniendo su verdad, que es la verdad de millones de mexicanos.
No va a menguarse su lucha y en próximos procesos electorales ahí estaremos presentes, en todos, denunciando lo que tengamos que denunciar y defendiendo nuestro derecho a sostener nuestras tesis, aunque les cansen, aunque les molesten y aunque les quiten el sueño.
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Carrillo Armenta: - Señores legisladores, nuestro partido quiere por mi conducto hacer una reflexión en torno a este tema.
Es lamentable que una fuerza política nacional sea dirigida a través de conductas notoriamente erráticas, que los llevan a dar constantemente bandazos políticos.
La característica principal de la dirección encarnada en la persona de Cuauhtémoc Cárdenas, es que es notable una visión de la realidad deformada, deformada por posiciones revanchistas, de protagonismo mesiánico y por el desprecio a instituciones, a las fuerzas políticas nacionales y, lo que es peor, desprecios a las propias actitudes y actos que se realizan al interior de su propio partido político.
Sólo así se explican declaraciones de gran efecto y diríamos efectismo político, que se hacen en el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas pronunciado el día 5 de febrero. Frases tremendistas como cuartelazo parlamentario, golpe de Estado legislativo, reformas ilegítimas, sin validez constitucional, o el de afirmar que en México se vive una crisis política, política y social, económica, política y social, comparable a la vivida al final de la dictadura porfiriana. Estos planteamientos caricaturescos no son citas sacadas de contexto, están explícitos e implícitos, connotan y denotan en el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas.
Obviamente sobre la base de un discurso así no se puede configurar una nueva propuesta política hacia una nueva constitucionalidad que parecía ser el objetivo del pacto paralelo del 5 de febrero. En todo caso puede servir como una plataforma muy coyuntural y eso muy a fuerza para ganar votos entre sectores marginales de la sociedad.
es grave que una fuerza con indudable influencia social, a punto de enfrentar campañas tan
importantes como las de este año, empezando por Michoacán, soporte y haga el tipo de discurso que se hizo.
Cuando parecía que en Michoacán podríamos tener una campaña nueva, de altura, de acuerdo a lo que la democracia plural reclama, donde se notaba un esfuerzo inteligente de Cristóbal Arias para abrir caminos de diálogo, tejer una alternativa de poder viable para la oposición; cuando fuerzas de todos los signos coincidíamos en resolver en Michoacán conflictos, este Cuauhtémoc sale con su domingo siete.
Es preocupante un discurso que es en sí mismo un llamamiento a la confusión y a la anarquía, a la pérdida total de puntos de referencia básicos y elementales, salido de toda proporción razonable. Políticamente es inaceptable, sólo puede tener explicación psicológica. ¿No será acaso una referencia inconsciente el llamamiento a luchar contra dictaduras porfiristas existentes únicamente en su mente o en su partido?
¿Quién escribió su discurso, qué fuerzas internas en el Partido de la Revolución Democrática dieron un golpe de estado o impusieron el pasado frente al futuro? Es curioso que sea la fracción parlamentaria de la anterior Legislatura los que firmen el desplegado publicado en la Prensa.
¿Qué significa su discurso? ¿Es un llamamiento a la disciplina, es un llamamiento a la anarquía, es un llamamiento a la línea intransigente del todo o nada que parecía haber sido ya abandonada? Cuando la realidad parecía conducir al Partido de la Revolución Democrática por un rumbo, la irrealidad rectifica.
Dicen que a veces la historia se repite dos veces, parece que la historia se repite dos veces, una como tragedia y una como farsa. Quienes construimos el Frente Democrático Nacional, el fenómeno político electoral más importante de las últimas décadas, padecimos su desmantelamiento inmediato por políticas erróneas. El error de dejar la conducción del Frente Democrático Nacional para asumir la dirección de una de sus partes, desde posiciones sectarias y revanchistas, quebrando la unidad interna y llamando al linchamiento moral y político de quienes no abandonamos nuestros propios proyectos políticos para acudir a formar el partido que nació el 6 de julio; el gravísimo error de vetar la candidatura unitaria en Baja California Norte, que obligó al Frente Democrático Nacional, todavía existente, a presentar la candidatura Partido Mexicano Socialista, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y la candidatura Partido Popular Socialista Frente Cardenista, fue la que abrió las puertas al primer triunfo electoral del Partido Acción Nacional a nivel de gubernatura.
Pero lo que es peor, canceló por mucho tiempo la posibilidad de un frente amplio de fuerzas, en donde estaban representados desde el centro hasta la extrema izquierda, con respecto a la pluralidad de sus diferencias, pero coincidentes en políticas nacionales y populares y con fuerza acreditada y capaz de frenar el fenómeno del bipartidismo y del abstencionismo altamente nocivos para la verdadera vida democrática.
Deseamos en esta segunda mitad del sexenio, ante los grandes retos electorales que enfrentamos las fuerzas progresistas, integrantes de los diversos partidos políticos, que no se imponga la farsa como forma de actuación de importantes fuerzas políticas responsables del destino nacional. Gracias.
El Presidente: - Concedemos el uso de la palabra al señor diputado Luis Felipe Bravo, del Partido Acción Nacional.
El diputado Luis Felipe Bravo Mena: - Señor Presidente; señores legisladores, damas y caballeros:
Debo decir que en la fracción parlamentaria de Acción Nacional hemos vencido la tentación de guardar silencio en este debate, que podría remitir alguna ganancia de un dime y te diré solamente para dos fuerzas políticas.
Pero somos responsables de nuestros actos y le hacemos frente a nuestras actitudes. Hemos estado en el proceso de reformas constitucionales y lo hemos hecho con responsabilidad a nuestras propias convicciones y con responsabilidad frente a nuestros electores y debemos entonces posicionarnos en esta ocasión.
No participamos en este debate como un ámbito belicios, ni estamos aquí para ofender a ninguna de las fuerzas políticas, ni a ningún personaje destacado de la vida política nacional, pero creemos que es necesario hacer algunas precisiones con la mayor claridad y serenidad posible en torno a las palabras del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas el pasado 5 de febrero en Querétaro.
En principio debemos decir que el Congreso, los miembros del Congreso no podemos escuchar las frases que ya se han citado aquí en múltiples
ocasiones, sin experimentar una sensación de agresión.
Debemos entonces hacer algunos comentarios. Por lo que a Acción Nacional toca, debemos decir que estamos muy orgullosos de nuestro trabajo parlamentario; que estamos muy orgullosos y satisfechos de las reformas constitucionales y de los avances que en esta materia se han logrado.
Acción Nacional participó en el estudio, en el debate y en la aprobación de las reformas recientes a la Constitución y lo hizo con plena responsabilidad política, poniendo lo mejor de su esfuerzo. En todos los momentos los diputados de Acción Nacional hablamos claro, discutimos de frente y actuamos de buena fe.
El voto favorable de la diputación panista a estas reformas, fue un voto en conciencia y creemos sinceramente que son justas y benéficas para el pueblo de México.
Los diputados de Acción Nacional sí tuvimos un mandato y nos consideramos responsables, frente a nuestros electores, porque esos principios y esas reformas son parte de nuestra lucha política desde 1939; en todo nuestros documentos, desde la Declaración de Principios y el Programa Mínimo de Acción de los primeros documentos producidos por Acción Nacional, hasta la última plataforma, la de 1991-1994, con la que fuimos a elecciones, con la que fuimos a los electores a pedirles su voto, estaban las reformas constitucionales que se votaron. Nosotros sí tuvimos un mandato de nuestros electores y nos hemos conducido con apego a esta plataforma.
No quiero aquí introducirme en el debate de la teoría de la presentación, sería inacabable, pero debo decir que es postura de Acción Nacional que las plataformas políticas obligan. No hay una vinculación jurídica, es verdad, como lo ha dicho el diputado Amador, no hay una vinculación jurídica respecto a la plataforma y la conducta de la fracción parlamentaria de un determinado partido, pero hay una vinculación ética, porque el voto se le pide al elector en torno a un determinado rumbo político, en torno a un determinado proyecto que se expresa en plataforma. Lo menos que puede hacer la fuerza política que pide su voto, es conducirse de acuerdo a esa plataforma. Por lo que respecta a Acción Nacional, nosotros lo hemos dicho desde nuestro nacimiento.
Acción Nacional respeta toda opinión política, pero a la vez reclama respeto a nuestra opiniones y a nuestro trabajo parlamentario. Aprovechamos este debate para insistir en la urgente necesidad de que todas las fuerzas políticas del país hagamos nuestra aportación, serena, respetuosa, limpia, para que México pueda acceder plena y cabalmente a la democracia.
Todos los teóricos de la transición democrática coinciden en que no es posible el tránsito de un régimen semidemocrático o autoritario o totalitario a un régimen democrático, si antes no se produce un hecho en la política, que los teóricos llaman el "nacimiento de un sistema de confianzas mutuas entre todos los competidores".
No es posible que en México se produzca la transición democrática si no nos esforzamos todos, todas las fuerzas políticas, en crear este sistema de confianza mutuas, mismo que se daña enormemente cuando el discurso se centra en adjetivos de unos y otros.
Invitamos pues a la racionalidad; invitamos a la inteligencia política, a la habilidad política, que la hay en todas las fuerzas y nosotros lo reconocemos.
Invitamos a poner, por encima de los intereses y de las estrategias electorales de cada partido, los intereses de la nación. Vamos todos en juego y México lo agradecerá. Muchas gracias.
DECESO
El Presidente: - Para un asunto diverso y último punto del orden del día, concedemos la palabra al diputado Gilberto Rincón Gallardo, para referirse al fallecimiento del señor Sergio Méndez Arceo.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
¡Ha muerto don Sergio Méndez Arceo! Un gran mexicano reconocido en todo el mundo por su pensamiento universal.
Fue particularmente gran mexicano, precisamente por su pensamiento universal. Y cabe aquí que don Sergio fue la personalidad de la iglesia, que hizo los primeros, serios, esfuerzos para modificar las relaciones entre la iglesia y el Estado.
En 1967, cuando en la Cámara de Diputados se conmemoró el L aniversario de la Constitución, el licenciado Martínez Domínguez invitó personalmente a don Sergio Méndez Arceo y estuvo en la Cámara de Diputados.
Fue polémica su presencia, pero presagiaba esfuerzos que después irían poco a poco cristalizado.
Poco más tarde, en 1968, Sergio Méndez Arceo, el obispo emérito, se colocó claramente del lado y en defensa del movimiento estudiantil popular. El nos visitó frecuentemente en la cárcel y cinco veces fue a oficiar misa con los presos políticos, durante esos años.
En 1970 don Sergio lanzó su carta a los dos candidatos a la Presidencia de la República, hablándoles de la necesidad de cambiar las relaciones entre la iglesia y el Estado. El usó entonces la frase de que hablaba en nombre de una iglesia despojada del poder político y económico.
Sin duda es uno de los más preclaros ejemplos de vocación pastoral, una vocación pastoral que evolucionó del misticismo a la preocupación social; con el Concilio Vaticano Segundo y con Medellín orientó a la iglesia a poner los ojos en el Tercer Mundo. Se conoce mucho y muy bien la personalidad de don Sergio Méndez Arceo. en Chile; su relación con Salvador Allende, en Nicaragua, en Cuba, en El Salvador.
Unos cuantos días antes de morir, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, le rindió un homenaje que nadie sospecharía fuera un homenaje póstumo. Fue un obispo de profunda convicción y vocación latinoamericanista y, sobre todo, es uno de los más lúcidos ejemplos de la opción por los pobres sin odios, de humanismo auténtico. En él se fundieron cristianismo y liberación. Es larga la lista de organizaciones populares con las que él se vínculo; indígenas, latinoamericanas, obreras.
Ya en los años setenta él se vinculó a lo que llamó entonces las primeras expresiones modestas en sindicalismo de clases, propio e independiente.
¡El Partido de la Revolución Democrática rinde su más sentido y profundo homenaje al obispo emérito, don Sergio Méndez Arceo!
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario senador Germán Sierra Sánchez: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Comisión Permanente.- Primer Receso.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
10 de febrero de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del CLXI aniversario luctuoso del general Vicente Guerrero Saldaña tendrá lugar el 14 de febrero en el monumento erigido a su memoria en el Jardín de San Fernando, ubicado en Avenida Hidalgo y Guerrero, delegación Cuauhtémoc.
Dictamen de primera lectura
De la Primera Comisión, relativo a la convocatoria a un Período Extraordinario de Sesiones.
De la Primera Comisión. relativo a la solicitud de permiso de los ciudadanos María Victoria Meave Sámano, María Martha Chávez Camacho Pedraza, Delia Bucio Alvarado, Magali R. González Cano. Silvia Mayanin Figueroa de Cortés, Aída I. Santamaría Gallardo, Jaime Octavio Torres Zavala y Jorge Romero Caballero, para que puedan prestar servicios en la embajada de los Estados Unidos de América, en México.
Dictámenes a discusión
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Enrique Masatomi Watanabe García, para aceptar y usar la condecoración de la Orden Nacional al Mérito, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de la República de Ecuador.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Miguel Jáuregui y Rojas, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Oficial Honorario, que le confiere el gobierno de la Gran Bretaña.
De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a las ciudadanas Lucina Lara Chicharo, María de Lourdes Flores Lancaster, María Guadalupe Romero Acuña, para prestar servicios en el Consulado General de los Estados Unidos de América, en Tijuana, Baja California.
Sesión secreta.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 15.55 horas): - Muchas gracias, señor Secretario. Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo lunes 10 de febrero a las 11.00 horas.