Legislatura LV - Año I - Período Comisión Permanente - Fecha 19920401 - Número de Diario 15

ENCABEZADO

LV LEGISLATURA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL

DIARIO DE LOS DEBATES

DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Dip. Fernando Ortiz Arana

RECINTO LEGISLATIVO

CENTRO MEDICO NACIONAL

DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES

Héctor de Antuñano y Lora

AÑO I México, D.F., miércoles 1o., de abril de 1992 No. 15

SUMARIO

SUMARIO

ASISTENCIA

La Secretaría informa que hay quórum.

SE ABRE LA SESIÓN

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Sin discusión, se aprueba.

COMUNICACIONES

Del diputado José Luis Canales de la Vega. Se aprueba el punto de acuerdo formulado.

Del Congreso del Estado de Aguascalientes, sobre la elección de su mesa directiva. De enterado.

Del Congreso del Estado de Campeche, sobre la clausura del primer período de receso del tercer año de ejercicio. De enterado.

Del Congreso del Estado de Morelos, sobre la clausura del primer período extraordinario de sesiones. De enterado.

Del Congreso del Estado de Zacatecas, sobre la clausura del primer período extraordinario de sesiones. De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

Por el que se remite el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Se turna a las comisiones de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y Desarrollo Económico y Social y Planeación Democrática del Desarrollo de la Cámara de Senadores.

Por el que se informa la suspensión de prestación de servicios de la ciudadana Rebeca Lomelí Morales en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Senadores.

PROPUESTA

Del Ejecutivo, de candidatos para los cargos de magistrados numerarios y supernumerarios, del Tribunal Superior Agrario.

En la discusión del Punto de Acuerdo formulado intervienen los legisladores:

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo para razonar su voto.

Rosa Albina Garavito Elías para razonar su voto.

Carlos Enrique Cantú Rosas en pro.

Alberto Marcos Carrillo Armenta para razonar su voto.

Hugo Andrés Araujo de la Torre en pro.

Se aprueba el punto de acuerdo y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Se toma protesta a los magistrados del Tribunal Superior Agrario elegidos.

TRATADO TRILATERAL DE LIBRE COMERCIO

Comunicación del Secretario de Comercio Jaime Serra Puche. Intervienen los legisladores:

Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.

Javier Garduño Pérez, para contestar alusiones personales.

CONTAMINACIÓN DE LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS

El diputado Miguel Angel Yunes Linares da lectura a la comunicación enviada por el presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

PENSIONADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Comunicación del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo. Se turna a las comisiones de Trabajo y Previsión y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

SOLICITUD DE PARTICULAR

Del ciudadano José Osornio García, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios en la Embajada de la República de Argentina, en México.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIÓN

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Gustavo Alberto Casares Rendón, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno de Francia.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a igual número de ciudadanos. Se aprueban los puntos de acuerdo y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a tres ciudadanos mexicanos para prestar servicios en la Embajada de Indonesia, en México. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Ariadne Bello Castillo, para laborar en la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano Rolando Vega Iñiguez, para aceptar y usar la que le confiere el Gobierno del Reino Unido de los Países Bajos. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Anne Christine Mayer y Romero, para aceptar y usar la que le confiere el Reino Unido de la Gran Bretaña. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

CONTINGENCIA AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL

Intervienen los legisladores:

Eloi Vásquez López

Miguel Angel Yunes Linares

Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.

Miguel Angel Yunes Linares para rectificar hechos.

Eloi Vásquez López

Manuel Aguilera Gómez

ESTADO DE JALISCO

Sobre la situación poselectoral en dicho estado intervienen los legisladores:

Rosa Albina Garavito Elías

Amador Rodríguez Lozano

Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.

Amador Rodríguez Lozano

Diego Fernández de Cevallos Ramos

Manuel Jiménez Guzmán

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Toman la palabra los legisladores:

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo presenta propuesta.

Rosa Albina Garavito Elías en pro.

Carlos Sales Gutiérrez en contra.

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo para rectificar hechos.

Se desecha la propuesta.

Sobre el mismo tema continúan los legisladores:

Rosa Albina Garavito Elías

Carlos Sales Gutiérrez para rectificar hechos.

Pablo Emilio Madero Belden para rectificar hechos.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA

De autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Toman la palabra los legisladores:

Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

Javier Garduño Pérez

MARCHA INDÍGENA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

Eloi Vásquez López presenta proposición. Se turnan a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

SEGURO DEL MAESTRO

Solicitud presentada por el diputado Eloy Vásquez López. Se turna a la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados.

ESTÍMULOS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

Proposición presentada por la diputada Rosa Albina Garavito Elías. Se hace la entrega a la Secretaría.

DECLARACIÓN POLÍTICA

Suscrita por diversas fracciones parlamentarias sobre la situación prevaleciente en Cuba.

Toma la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

ORDEN DEL DÍA

De la próxima sesión. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FERNANDO ORTIZ ARANA

ASISTENCIA

El Presidente: - Proceda la Secretaría a pasar lista de asistencia de los legisladores miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El secretario senador Germán Sierra Sánchez: - Se va a proceder a pasar lista de asistencia.

Con la asistencia de 28 legisladores, hay quórum, señor Presidente.

El Presidente (a las 11.30 horas): - Gracias, señor secretario. Iniciamos la sesión y le ruego a usted dé a conocer el orden del día para la presente sesión.

ORDEN DEL DÍA

El secretario senador Germán Sierra Sánchez:

«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Primer Año. - LV Legislatura.

Orden del día

1o. de abril de 1992.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Comunicación del diputado José Luis Canales de la Vega.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Aguascalientes, Campeche, Morelos y Zacatecas.

Oficios de la Secretaría de Gobernación

Con el que se remite el tercer informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.

Por el que se comunica que la ciudadana Rebeca Lomelí Morales, ha dejado de prestar servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México.

Comunicación del secretario de Comercio, licenciado Jaime Serra Puche.

Comunicación del Presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la honorable Cámara de Diputados, diputado licenciado Miguel Angel Yunes Linares.

Comunicación del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.

Solicitud de particular

Del ciudadano José Osornio García, para que se le conceda el permiso constitucional necesario para prestar servicios como empleado administrativo, en la Embajada de la República de Argentina, en México.

Dictamen de primera lectura

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Gustavo Alberto Cásares Rendón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.

Propuesta del ciudadano Presidente de la República de candidatos para los cargos de magistrados numerarios y supernumerarios, del Tribunal Superior Agrario para los efectos de los artículos 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y punto de acuerdo.

Dictámenes a discusión

Cinco de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo, por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Salvador Flores Martínez, Luis Escobar García, Benjamín Pacheco Coronel, J. Jesús Román Díaz y Sergio Joel Bautista González.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a los ciudadanos Mercedes Gabriela Barbosa García, Belinda Leñero García y Raúl Arturo Valenzuela Valenzuela, para prestar servicios, en la Embajada de Indonesia, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Ariadne Bello Castillo, para prestar servicios como traductora secretaria bilingüe, en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al

ciudadano Rolando Vega Iñiguez, para aceptar y usar la condecoración Real de Oficial en la Orden de Orange - Nassau, que le confiere el gobierno del Reino de los Países Bajos.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso a la ciudadana Anne Christine Mayer y Romero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Miembra Honoraria, que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Proposición del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, sobre el Tratado de Libre Comercio.

Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre el borrador del Tratado de Libre Comercio.

Proposición del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, para que comparezcan autoridades hacendarias a fin de que informen sobre la desincorporación bancaria.

Intervención del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación post - electoral, en el estado de Jalisco.

Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación de contingencia ambiental en el Valle de México.

Comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la marcha indígena, en el estado de Chiapas.

Pronunciamiento a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la situación del seguro del maestro.

Pronunciamiento a cargo del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en torno a la entrega de estímulos a la docencia universitaria.

Intervención del Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la honorable Cámara de Diputados, diputado licenciado José Antonio González Fernández, para prestar una declaración política de los legisladores de los diferentes partidos políticos que integran la Comisión Permanente.»

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

EL Presidente: - Gracias al señor secretario. Iniciamos desahogando el primer punto del orden del día, que es poniendo a consideración de la Permanente el acta de la sesión anterior.

El secretario senador Germán Sierra Sánchez:

«Acta de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, celebrada el día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del diputado

Fernando Ortiz Arana

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cuarenta y dos minutos del día veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de veintisiete legisladores, el Presidente declara abierta la sesión.

La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que sin discusión se aprueba en sus términos en votación económica.

Una invitación del Congreso del Estado de Hidalgo, a la sesión solemne en la que el gobernador de dicha entidad, rendirá su quinto informe de gobierno. Se designa comisión para representar a la Comisión Permanente.

Se da cuenta con diversas comunicaciones de los congresos de los estados de Puebla y Tamaulipas. De enterado.

Un ocurso del ciudadano Gustavo Alberto Cásares Rendón, por el que solicita el permiso constitucional necesario, para aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno de Francia. Se turna a la Primera Comisión.

La misma Secretaría da lectura a cuatro dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que las ciudadanas Mercedes Gabriela Barbosa García, Belinda Beleño García y Raúl Arturo Valenzuela Valenzuela, pueden prestar sus servicios en la Embajada de Indonesia en México; para que la ciudadana Ariadne Bello Castillo, pueda prestar sus servicios en la Embajada de la República Islámica de Pakistán en México; para que el ciudadano Rolando Vega Iñiguez, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el gobierno del Reino de los Países Bajos y para que la ciudadana Anne Christine Mayer y Romero, pueda aceptar y usar la condecoración que le confiere el Reino Unido de la Gran Bretaña.

Se da lectura a un dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Ricardo Francisco Galán Méndez, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Finlandia.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba el punto de acuerdo en votación económica. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa que se encuentra en el recinto el ciudadano Ricardo Francisco Galán Méndez y designa una comisión para introducirlo en el salón de sesiones y acompañarlo a rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al embajador de México hasta las puertas del recinto.

Otro dictamen de la Segunda Comisión, con punto de acuerdo relativo al nombramiento del ciudadano Alfonso Enrique Herrera Salcedo González, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el gobierno de la República de Nicaragua.

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente informa que el ciudadano Alfonso Enrique Herrera Salcedo González se encuentra en el recinto y designa una comisión para introducirlo en el salón y acompañarlo en el acto de rendir su protesta de ley.

Terminado el acto protocolario, la misma comisión acompaña al Embajador de México hasta las puertas del recinto.

Se someten a discusión y sin ella se aprueban, cinco dictámenes de la Segunda Comisión por los que se ratifican los grados militares a los ciudadanos Raúl Morales Morales, Ramón Rubén Arrieta Hurtado, Eduardo de la Peña Medina, Aurelio Jiménez Villa y Carlos Gerónimo Pimentel Osorio. Pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

La Secretaría da lectura a tres dictámenes de la Primera Comisión, con proyectos de decreto por los que se conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Gonzalo Martínez Corbalá, Erick Mugerdich Baloyán Barbara, José Aurelio Oscar Islas Martínez, Antonio León Colín y Diego Bautista Olarte, puedan aceptar y usar la medalla que le confiere el gobierno de la República de Chile; aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte en Tijuana, Baja California y prestar sus servicios en la Embajada de la República Islámica de Irán en México, los tres últimos.

No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueban en sendas votaciones económicas y pasan al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Presidencia del diputado

César Augusto Santiago Ramírez

Solicita y se concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la expropiación de terrenos en la ciudad de Puebla y hace una proposición.

Para rectificar hechos sobre este asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Germán Sierra Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional y Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática.

Presidencia del diputado

Fernando Ortiz Arana

Se turna la proposición de la diputada Garavito Elías a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

Sube a la tribuna el diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución del diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre, para referirse a la reglamentación administrativa para la aplicación de diversas disposiciones fiscales.

Para comentar el mismo tema, se concede el uso de la palabra al diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en sustitución del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.

Para referirse a las contingencias ambientales en el Valle de México, hacen uso de la palabra los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien presenta un punto de acuerdo, mismo que, después de escuchar la lectura del artículo cincuenta y ocho del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, fundamenta; Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, en contra y contesta una interpelación

del diputado Amezcua Dromundo y, para rectificar hechos o contestar alusiones personales, los legisladores Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en sustitución del diputado Carlos Enrique Cantú Rosas; Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista y Manuel Aguilera Gómez, del Partido Revolucionario Institucional.

La asamblea, en votación económica, desecha la proposición.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución del diputado Gilberto Rincón Gallardo, quien presenta una proposición respecto de la contaminación ambiental en el Valle de México.

Para referirse al mismo asunto, se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional y, para contestar alusiones personales, al ponente. Se turna a las comisiones del Distrito Federal y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, para que resuelvan sobre si se llevan a cabo o no los foros propuestos.

Para comentar las elecciones extraordinarias en el estado de San Luis Potosí, hace uso de la palabra el diputado Pablo Emilio Madero Belden, del Partido Acción Nacional.

Para solicitar una excitativa a diversas comisiones, en relación con la ubicación de confinamientos de residuos tóxicos en la frontera norte del país, hace uso de la palabra la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática.

Para comentar el mismo tema, se concede el uso de la palabra a los legisladores Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional ,quien responde a una interpelación de los diputados Garavito Elías y Amezcua Dromundo.

El Presidente hace un llamado a las comisiones para que resuelvan en lo conducente.

Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien presenta una declaración política, firmada por representantes de todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente, en relación con el referendum celebrado en la República de Sudáfrica.

Para referirse al mismo tema, hace uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.

Se considera aprobada por la comisión Permanente, la declaración política.

Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución del diputado Gilberto Rincón Gallardo, quien hace una proposición respecto a la construcción de una carretera que, según su dicho, atenta contra la ecología del Distrito Federal.

Para rectificar hechos, hace uso de la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional y la proposición se turna a las comisiones del Distrito Federal, de Ecología y Medio Ambiente y de Asentamientos Humanos y Obras Públicas de la Cámara de Diputados.

Para hacer un declaración política respecto del desplome de un helicóptero de la Procuraduría General de la República, en el estado de Guerrero, firmada por todos los grupos parlamentarios que integran la Comisión Permanente.

Para expresar sus opiniones al respecto, se concede el uso de la palabra a los legisladores Amador Rodríguez Lozano, del Partido Revolucionario Institucional; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional y Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática.

Desde su curul, el diputado Gabriel Jiménez Remus, hace una aclaración.

Para denunciar lo que llamó injusta detención del ciudadano Luis Aguilar Salazar, hace uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, en sustitución del diputado Gilberto Rincón Gallardo y para rectificar hechos, el diputado Miguel Angel Yunes, del Partido Revolucionario Institucional, en dos ocasiones y Eloy Vásquez López.

Para denunciar lo que llamó retención de participaciones fiscales a la presidencia municipal de Silacayoapan, Oaxaca, hace uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez López, en sustitución del diputado Gilberto Rincón Gallardo.

El Presidente concede el uso de la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito Elías, del

Partido de la Revolución Democrática, quien se refiere a la recepción de documentos que se refieren al Tratado de Libre Comercio y, para rectificar hechos al respecto, el diputado Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en sustitución del diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre.

Presidencia del diputado

César Augusto Santiago Ramírez

Continúan en el debate sobre el tema planteado por la diputada Garavito Elías, los legisladores Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista; Pablo Emilio Madero González Belden, del Partido Acción Nacional y Miguel Alemán Velasco, del Partido Revolucionario Institucional, quien contesta interpelaciones de los diputados Madero Belden, Garavito Elías y Amezcua Dromundo.

Presidencia del diputado

Fernando Ortiz Arana

La solicitud del diputado Garduño Pérez, se turna a la Oficialía Mayor de la Gran Comisión y la proposición del diputado Madero Belden a la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.

Se concede el uso de la palabra al diputado Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia el incumplimiento de un acuerdo de la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, en relación con el poblado de San Miguel Teotongo.

Para rectificar hechos sobre el mismo asunto, hacen uso de la palabra los legisladores Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional y Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática.

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecisiete horas con cincuenta y un minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo miércoles primero de abril de mil novecientos noventa y dos, a las once horas.»

Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano...Aprobada, señor Presidente.

COMUNICACIONES

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Se va a dar lectura a varias comunicaciones.

«Señor diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. - Presente.

José Luis Canales de la Vega, diputado federal electo en el VIII Distrito electoral del estado de Chihuahua, con cabecera en Ciudad Juárez, a la LV Legislatura, expongo:

Que mi partido, el Revolucionario Institucional, me ha distinguido designándome su candidato para contender por la presidencia municipal de Ciudad Juárez.

Que para dar cumplimiento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Constitución del estado de Chihuahua, vengo a solicitar se me conceda licencia por tiempo indefinido para separarme de mis funciones legislativas, a partir de esa fecha, con fundamento en lo previsto en el artículo 47 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 31 de marzo de 1992.»

El Presidente: - Gracias, señor secretario. Y ahora, señores legisladores, en los términos previstos por la fracción VIII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, voy a rogar a la Secretaría ponga a consideración de ustedes los siguientes

«PUNTOS DE ACUERDO

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al señor diputado José Luis Canales de la Vega, para separarse de sus funciones como diputado federal por el VIII distrito del estado de Chihuahua, a partir del 31 de marzo de 1992, para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales y poder contender como candidato a presidente municipal en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Segundo. En su oportunidad, llámese al suplente.»

Póngalo a consideración de la asamblea, señor secretario.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Está a la consideración...

El Presidente: - ¿Dígame, señor diputado?

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos (desde su curul): - Nada más para hacer una precisión de nuestra parte. Desde luego que estaremos de acuerdo en que se otorgue la licencia solicitada, simplemente que no se prejuzgue si es o no procedente en términos de la ley del estado, en cuanto a tiempos y formas, sencillamente que se otorgue la licencia y que sea en su momento la valoración del caso.

Con esa aclaración, nosotros no tenemos ningún inconveniente.

El Presidente: - Sí diputado, ha lugar a su aclaración. Y en consecuencia, el punto de acuerdo primero quedaría en los siguientes términos:

Primero. Se concede licencia por tiempo indefinido al señor diputado José Luis Canales de la Vega, para separarse de sus funciones como diputado federal por el VIII distrito del estado de Chihuahua, a partir del 31 de marzo de 1992.

Segundo. Llámese al suplente.

En estos términos, obsequiamos su solicitud, diputado.

Póngalo a consideración de la asamblea, señor secretario.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán: - En los términos escuchados por la Presidencia, se ponen a consideración estos puntos de acuerdo...

No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueban.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobados. Comuníquese a la Cámara de Diputados.

El mismo Secretario diputado:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Gobierno del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. - Poder Legislativo.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.

Nos permitimos hacer de su conocimiento que la honorable LIV Legislatura del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, con esta fecha inició su primer período extraordinario de sesiones, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, habiéndose elegido la mesa directiva que presidirá los trabajos relativos en la forma siguiente:

Diputados: Presidenta, Silvia Palomino Topete; vicepresidente, Jesús González Tavarez; secretarias: Raquel Robles Olivares y Lilia Palomino Topete; prosecretario, Gilberto Carlos Ornelas.

Al hacer de su conocimiento lo anterior nos es grato reiterarles las muestras de nuestra consideración distinguida.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Veintiocho de febrero de 1992. - Diputadas: Silvia Palomino Topete, presidenta; secretarias: Raquel Robles Olivares y Lilia Palomino Topete.»

Trámite: - De enterado.

El mismo Secretario diputado:

«Escudo. - Poder Legislativo. - Campeche. - LIII Legislatura.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Ciudad de México, D. F.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Campeche, me permito comunicarle que, el día 28 de febrero del presente año, la diputación permanente clausuró el primer período de receso del tercer año de su ejercicio legal y que, el día 2 del actual, la LIII Legislatura abrió el segundo período ordinario de sesiones de su referido tercer año de ejercicio constitucional.

Atentamente.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Marzo 5, 1992. - El presidente de la directiva, diputado Ermilo Sandoval López.»

Trámite: - De enterado.

El mismo Secretario diputado:

«Escudo. - La Tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. - Poder Legislativo. - Honorable XLV Legislatura.

Ciudadano Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.

Tenemos el honor de informar a usted que con esta fecha la honorable Cuadragésima Quinta Legislatura del Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, ha clausurado los trabajos correspondientes a su primer período extraordinario de sesiones del primer año de su ejercicio constitucional.

Al participarle lo anterior, reiteramos a usted la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Cuernavaca, Morelos, a 3 de marzo de 1992. - Los ciudadanos secretarios de la mesa directiva del honorable Congreso del Estado, diputados: Nereo Bandera Zavaleta y Alfredo Acevedo Muñoz.»

Trámite: - De enterado.

El mismo Secretario diputado:

«Escudo. - Estados Unidos Mexicanos. - Legislatura del estado de Zacatecas. - Diputación Permanente.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, D. F.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 169 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, tenemos el honor de comunicar a ustedes, que la honorable LIII Legislatura, clausuró el día de hoy su segundo período extraordinario de sesiones, correspondientes al tercer año de su ejercicio constitucional.

Nos es muy grato reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Zacatecas, Zacatecas, 21 de febrero de 1992. - La Comisión Permanente, diputados secretarios: Guillermo Ullóa Carreón y José Antonio Mier Hernández.»

Trámite:. - De enterado.

OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 6o. de la Ley de Planeación con el presente envío a ustedes el Tercer Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994.

Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, 30 de marzo de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo, y túrnese a las comisiones de Programación y Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y Desarrollo Económico y Social y Planeación Democrática del Desarrollo de la honorable Cámara de Senadores.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

Con fecha 3 del actual, la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifiesta a ésta de Gobernación, lo siguiente:

"Para su conocimiento y efectos a que haya lugar, la persona que se menciona a continuación se dirigió a esta Secretaría, para informar que ha

dejado de prestar sus servicios en la Embajada de los Estados Unidos de América en México. Anexo encontrará la carta del interesado.

Nombre, puesto, lugar: Rebeca Lomelí Morales, auxiliar de contabilidad, Embajada de los Estados Unidos.

La persona mencionada solicita la cancelación del permiso concedido en su oportunidad por el honorable Congreso de la Unión, para prestar sus servicios a ese gobierno."

Lo que transcribo a ustedes para su conocimiento y fines legales procedentes, enviándoles con el presente el anexo que en el mismo se menciona.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 9 de marzo de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Puntos Constitucionales de la honorable Cámara de Senadores, para se conocimiento.

PROPUESTA

El Presidente: - Gracias, señor secretario.

Vamos ahora, señores legisladores, a dar cuenta a ustedes con una propuesta que formula el presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, respecto a los integrantes del Tribunal Superior Agrario.

Voy a dar cuenta primero con varias comunicaciones.

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

El ciudadano Presidente de la República ha formulado las propuestas de candidatos para los cargos de magistrados numerarios y supernumerario del Tribunal Superior Agrario, en los términos de la legislación en la materia.

Por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo Federal y para los efectos de lo dispuesto por los artículos 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, agradeceré a ustedes se sirvan someter dichas propuestas a la consideración de esa Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, para los efectos legales conducentes, en el entendido de que el ciudadano Presidente de la República hace la proposición de ocho candidatos, para que de ellos, esa honorable Comisión Permanente designe a los cinco magistrados numerarios y a un supernumerarios, como lo determina el artículo 3o., de la propia Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

A dichas propuestas, se acompañan los datos curriculares de los ciudadanos que las integran, así coma la documentación que en cada caso acredita el cumplimiento de los requisitos legales.

Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, Distrito Federal, a 30 de marzo de 1992. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

Ciudadanos secretarios de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.

En el mes de febrero del presente año esa honorable Comisión Permanente tuvo a bien acordar favorablemente la solicitud del Ejecutivo Federal a mi cargo para convocar al honorable Congreso de la Unión a un período extraordinario de sesiones, el período extraordinario se realizó en el propio mes y, entre otros asuntos, conoció, enriqueció y aprobó la iniciativa del Ejecutivo de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

En la mencionada solicitud de convocatoria manifesté a esa honorable representación nacional, la conveniencia de llevar a cabo una

pronta acción legislativa en vista de la entonces reciente aprobación por el Constituyente Permanente de las reformas al artículo 27 constitucional en materia agraria, a efecto de permitir que sus nuevos preceptos derivaran en disposiciones concretas que dieran eficacia, certeza y claridad en los medios y procedimientos al alcance de todos los campesinos del país. Expresé asimismo que el marco reglamentario de las disposiciones en materia agraria del nuevo artículo 27 era el puente indispensable para lograr que las bondades que sustentaron la reforma constitucional llegasen oportunamente a quienes debían beneficiar. Con la aprobación, durante ese período extraordinario de sesiones, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por una parte y por otra, de la mayor importancia, de la nueva Ley Agraria, los mexicanos contamos ya con la legislación reglamentaria, medios administrativos e instituciones de administración de justicia idóneos para avanzar en el propósito último que animó a todos estos cambios: mejorar el campo mexicano para elevar el nivel de vida de los campesinos.

La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y el capítulo correspondiente a la justicia agraria de la Ley Agraria, dan concreción a los postulados contenidos en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de garantizar la impartición de justicia agraria expedita y honesta, a través de tribunales especializados, autónomos y de plena jurisdicción.

En el propio precepto constitucional y en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios se establece que el Ejecutivo Federal propondrá, para ser designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por esa honorable Comisión Permanente, a quienes deban el cargo de magistrados de los Tribunales Agrarios. Conforme al artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el Tribunal Superior Agrario habrá de quedar constituido dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de la ley. Es por ello que en cumplimiento de esa disposición y en los términos de los artículos 3o., primer y último párrafos; 12 y 15 de la propia ley, el Ejecutivo Federal a mi cargo propone, ahora, a la alta consideración de esa honorable Comisión Permanente, la designación de los magistrados numerarios y supernumerarios para integrar el Tribunal Superior Agrario.

A tal efecto acompaño los nombres de los personas que a juicio del Ejecutivo podrían desempeñar cabalmente las funciones de magistrados del mencionado tribunal, así como la documentación que acredita los correspondientes requisitos que la ley exige. Cabe destacar que entre las personas que integran esta propuesta se encuentran funcionarios de carrera en el ejercicio de la función jurisdiccional; servidores públicos con experiencia en la interpretación y aplicación del derecho; docentes e investigadores del derecho, cuyo ejercicio profesional, en todos los casos, permite asegurar que cuentan con la capacidad y cualidades profesionales y personales para cumplir debidamente con la responsabilidad que, en su caso, les sería conferida.

Por lo anteriormente expuesto, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 27, fracción XIX, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, por el digno conducto de ustedes ciudadanos secretarios, someto a la consideración de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, las propuestas de magistrados para integrar el Tribunal Superior Agrario que ha ce el Ejecutivo Federal a mi cargo.

Reitero a ustedes, ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

Palacio Nacional, a 30 de marzo de 1992. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»

«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.

Relación de ciudadanos que el Ejecutivo Federal en los términos de los artículos 3o. y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, propone a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, como candidatos a magistrados numerarios y supernumerarios, para integrar el Tribunal Superior Agrario.

1. Doctor Sergio García Ramírez

2. Doctor Gonzalo M. Armienta Calderón

3. Licenciada Arely Madrid Tovilla

4. Licenciado Luis Octavio Porte Petit Moreno

5. Licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos

6. Doctor Luis Ponce de León Armenta

7. Licenciado Jorge Lanz García

8. Licenciado Ricardo Color Romero

México, Distrito Federal, a 30 de marzo de 1992.

A la comunicación del Presidente quiero informar a todos los señores legisladores, se acompañaron varios nombres, más de seis que son los que debe designar esta Comisión Permanente, con el propósito de que pudieran analizarse a diferentes personas y a partir de ese análisis la Comisión Permanente designe a los magistrados del Tribunal Superior Agrario.

También informo a esta Comisión Permanente que llevamos a cabo reuniones los coordinadores de los diferentes grupos partidistas, con objeto de analizar y conocer las propuestas presentadas por el Presidente de la República.

De ese análisis y de ese estudio realizado de los ocho nombres propuestos, la Comisión Permanente habrá de conocer de la designación de seis magistrados, cinco numerarios y un magistrado supernumerario.

Por ello, de conformidad con lo previsto en los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, voy a solicitar a la Secretaria ponga primero a discusión y después a votación, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Primero. La Comisión Permanente del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27 fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, designa como magistrados del Tribunal Superior Agrario, a los ciudadanos Sergio García Ramírez, numerario; Luis Octavio Porte Petit Moreno, numerario; Gonzalo Armienta Calderón, numerario; Jorge Lanz García, supernumerario; Rodolfo Veloz Bañuelos, numerario y licenciada Arely Madrid Tovilla, numeraria.

Segundo. Procédase a tomar la protesta de ley en los términos que establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios y

Tercero. Comuníquese a las autoridades correspondientes y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.»

Ruego a la Secretaría ponga a discusión el punto de acuerdo con que ha dado cuenta la Presidencia.

El secretario senador Germán Sierra Sánchez: - Por instrucciones de la Presidencia, se pone a discusión el siguiente punto de acuerdo...

El Presidente: - Ya dio lectura la Presidencia; no considero que sea conveniente que se repita, ya se dio lectura, señor secretario; en consecuencia, hay dos oradores inscritos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, a quien se concede la palabra; después la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática; el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, del Partido Auténtico y el diputado Alberto Carrillo, del Partido del Frente Cardenista, en ese orden.

Le pediría al diputado Amezcua que antes de iniciar su intervención, para conocimiento de los miembros de la Permanente, nos diga usted si su posición es en pro o en contra o para razonar la posición del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con todo gusto, señor Presidente, agradezco su atención e informo a ustedes que vengo a esta tribuna con el propósito de razonar el voto del Partido Popular Socialista en torno a este asunto.

Como todos ustedes son testigos, en el primer período de sesiones de esta LV Legislatura, fue discutida la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y mi partido, el Partido Popular Socialista, se opuso con toda decisión, con toda energía y con una larga argumentación múltiple, rica, a esta iniciativa de reformas, considerando que era un virtual abandono del camino de desarrollo histórico surgido de la Revolución Mexicana, que no vendría a beneficiar a las masas campesinas de nuestro país, sino que vendría a actuar en perjuicio de sus intereses.

Posteriormente en el período extraordinario de sesiones discutimos la iniciativa de Ley Agraria, vinculada a la reforma al 27 constitucional, a la cual también nos opusimos considerando que iba más allá todavía en el aspecto de contrarreformas y que incluso incurría en violaciones al propio orden constitucional, al propio 27 reformado. Votamos en contra en su momento de la Ley de Tribunales Agrarios, razonando que ésta era una ley puramente técnica, sin mayor

problema de contenido político, ideológico o programático, pero que formaba parte de todo este paquete y por congruencia votamos en contra de dicha ley.

En función de estos antecedentes, compañeras y compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, manteniendo la congruencia de mi partido en torno a toda esta cadena de asuntos, el voto del Partido Popular Socialista será en contra de la propuesta que está a discusión.

Quiero sin embargo dejar claramente establecido que este voto en contra obedece únicamente a las razones de congruencia de las que ya he dado cuenta a ustedes; que en modo alguno constituyen alguna objeción en lo personal a ninguno de los ciudadanos propuestos y menos al conjunto de ellos; que nos parece que cada uno de los ciudadanos propuestos tiene un respaldo curricular adecuado y que constituyen una magnífica proposición; sin embargo nuestro voto es en contra, por las razones de consecuencia que he expuesto a ustedes. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Concedemos la palabra ahora a la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Pedí el uso de la palabra para también razonar nuestro voto en contra del dictamen aprobatorio, en su caso, para la designación de los magistrados que compondrán el Tribunal Agrario.

Las razones que argumenta la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, son en razón a la congruencia de su voto durante las discusiones sobre la reforma al 27 constitucional, para nosotros una contrarreforma histórica y también nuestro voto en contra a la ley reglamentaria del 27 constitucional.

Nos abstenemos de opinar en torno a las personas que conformarán este tribunal, pero queremos reiterar que la razón por la cual votamos en contra de la Ley de Tribunales Agrarios, es justamente porque la consideramos una expresión del autoritarismo que priva en este régimen político; nos parece que la forma como se está eligiendo a estos magistrados, va de acuerdo a esta nuestra caracterización. No se ha hecho ninguna consulta en torno a quiénes pueden componer este tribunal, es una casi designación vertical que se hace desde la Presidencia. Por supuesto está cumpliendo con los requisitos de la ley aprobada en ese período extraordinario, pero nosotros, por congruencia, votaremos en contra de esta propuesta.

El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, coordinador de la fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Nuestro voto es en favor de esta propuesta. Tenemos, al igual que varios de los compañeros representantes de las diversas agrupaciones políticas aquí acreditadas, algunas salvedades qué expresar en cuanto al derecho único que se concede al Presidente de la República para formular las propuestas correspondientes y obviamente corresponde solamente de acuerdo con esta reglamentación, la posibilidad a estas organizaciones y a este cuerpo legislativo, emitir un voto en favor o en contra de estas propuestas.

En su momento, cuando estas determinantes se estaban analizando y estudiando, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana sugirió y propuso formalmente, que esta capacidad de propuesta se ampliaría y correspondiera también a otras instituciones de estas características, la posibilidad de hacer las propuestas correspondientes, fundamentalmente con el deseo específico de que los interesados, en este caso los hombres del campo, fueran determinantemente tomados en cuenta en actitudes de esta naturaleza.

Sin embargo, nos encontramos ante una situación de hecho. No podemos, por un prurito eminentemente partidista, dejar de participar en estas determinaciones y quedar ajeno en definiciones tan importantes como la que hoy nos conjuga y la que hoy nos reúne. En tal circunstancia, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en favor y en pro de este dictamen, obviamente después de haber analizado con profunda determinación y acuciosamente, las características de probidad, de conocimientos, de capacidad y de organización de aquellas personas que han sido propuestas, entre las cuales obviamente se ha determinado, atento a esta ley reglamentaria, que seis de ellas se integren dentro del Tribunal Superior Agrario, para que entre ellos mismos, en su momento, hagan la designación de quien habrá de presidirlo.

A partir del decreto de 6 de enero de 1915, que constituye el antecedente más importante y trascendente del artículo 27 constitucional, la

legislación agraria ha sido modificada en ocho ocasiones. Los anhelos de justicia social, de reivindicación de la tierra, el grito de ¡Tierra y Libertad! de Emiliano Zapata, las participaciones de Ricardo Flores Magón y de Francisco Villa, obviamente en múltiples ocasiones han sido vulneradas a través de estas diversas reglamentaciones y fundamentalmente en cuanto a los intereses de agrupaciones gubernamentales y políticas que impiden que llegue la justicia al sector agrario.

El rezago en materia agraria, que duerme en los archivos de las dependencias del ramo, constituye sin lugar a dudas el problema de fondo que obstaculiza el avance para la legítima tenencia de la tierra y la producción en el campo.

Se habla de que más de 32 mil expedientes de núcleos campesinos se encuentran sin dictaminar; 1 mil 200 resoluciones presidenciales de dotación de tierra a campesinos no ha sido ejecutadas y poco más de 500 expedientes de reconocimiento y titulación de bienes comunales, se encuentran actualmente entrampados en los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria; lo anterior, producto del burocratismo y de los intereses de las centrales campesinas, líderes y funcionarios corruptos que impiden avanzar hacia la modernización agropecuaria.

Por tal razón, los campesinos de la nación entera están ya cansados de tanta corrupción, de ineficiencia y de engaños.

El campo y el campesino mexicano hace más de 20 años, han sido dejados a su suerte y eso es jugar con fuego.

Consideramos en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que la creación del Tribunal Superior Agrario resulta a todas luces alentadora, porque con ello se busca poner orden a la gran maraña burocrática institucional, que limita e impide que llegue la auténtica justicia a los hombres del campo.

El reto de los tribunales agrarios es enorme: poner orden en las tierras en conflicto, en predios invadidos, en tierras ejidales en litigio, entre los propios ejidatarios, en tierras de comunidades indígenas en posesión de particulares. En fin, erradicar los vicios, errores, abusos, despojos, corrupción y especulación, resultado de las fallas administrativas y políticas de las dependencias gubernamentales que, lejos de servir, se han convertido en foro de control político para apoyar al sistema o al gobierno en turno.

Los titulares e integrantes de tales tribunales, deberán de aplicar los mecanismos de reivindicación social para los herederos del campo, que respeten y hagan respetar las diferentes formas de organización del agro.

Estamos convencidos que la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es el cimiento para la modernización del campo, en donde la extrema pobreza se ubica.

Confiamos que el Tribunal Superior Agrario sea la institución idónea para la administración de la justicia agraria, a fin de que contribuya a la seguridad y bienestar de los productores del campo de la nación.

Hay en todos nosotros conciencia de que para resolver el rezago agrario y los múltiples conflictos que de él se derivan, se necesitan transformaciones de fondo, transparencia en las acciones, legalidad y justicia; pero si estas instituciones se convierten en refugio para ex funcionarios de gobierno desempleados, entonces el Tribunal Superior Agrario y la procuraduría se convertirán en elefantes blancos a cargo del erario nacional. De ahí la importancia del examen que con toda anticipación se realizó de la currícula de los candidatos propuestos para ocupar las magistraturas del Tribunal Superior Agrario, cuyos antecedentes garantizan el estricto apego a derecho y las soluciones de añejos problemas derivados de la lucha por la tierra, la plena voluntad política para revisar minuciosamente todos los dictámenes negativos pendientes y determinar si hay razón para continuar con la secuela procesal o remitirlos a archivo, con estricto apego a derecho, ver qué asuntos tienen alternativa de solución y en cuáles no procede, dictando las resoluciones debidamente analizadas, buscando terminar con la injusticia, la ilegalidad, la manipulación ancestral, que tanto perjudica al agro mexicano.

Esta es la postura, con un voto favorable a este dictamen, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

El Presidente: - Gracias, señor diputado. Concedemos la palabra al diputado Alberto Carrillo, coordinador del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: - Quiero hacer algunas consideraciones para fundamentar y razonar el voto de nuestro partido. Creo que tenemos una deuda histórica con los campesinos. Tenemos una deuda con los campesinos por lo que han significado a las causas

nacionales, por su aporte a la construcción de la nación, por su aporte y sacrificio en aras de la industrialización del país.

La nación tiene una deuda, pero particularmente el gobierno y principalmente el régimen, que se dice heredero de los principales postulados de la Revolución Mexicana.

La deuda principal es de justicia, y se puede decir que ése es un concepto abstracto. Sin embargo, podemos asegurar que el rezago de justicia en el campo es perfectamente medible y cuantificable y se encuentra representando, ese rezago de justicia, en los expedientes que integran el rezago agrario, cerca de 32 mil expedientes, 26 mil de ellos negados o con acuerdo de archivo.

Se puede argumentar, con toda razón, de que no hay tierras suficientes en México disponibles para satisfacer las necesidades agrarias de 32 mil pueblos o núcleos agrarios. Sin embargo, es justo reconocer que lo que ofende la dignidad de los campesinos de la nación es que la inmensa mayoría de los dictámenes negativos o acuerdos de archivo se sustentaron sobre el argumento de la falta de capacidad del núcleo agrario. Es decir, sosteniendo la tesis de que el grupo de solicitantes de tierra no existía o se había desintegrado.

Y esta respuesta, además, fue dada después de 10, 20 e incluso 30 años, después de la solicitud de tierras, en lugar de que las instituciones revolucionarias del gobierno federal, demostraran fehacientemente la falta de fincas afectables. Justicia retardada es justicia negada y hay que pagar la deuda por parte de los deudores.

Lo que votamos nosotros y me refiero al Congreso de la Unión, en la reforma constitucional primero y posteriormente en la Ley Agraria, no fue la extinción de una deuda de la nación con los campesinos, sino la creación de mecanismos institucionales nuevos que contribuyeran a saldar esa deuda. Parte de esa deuda se extinguirá abatiendo el rezago agrario existente, que evidentemente se puede abatir y parte de esa deuda se pagará en el futuro, en la medida en que se logren los propósitos que animaron la reforma constitucional, principalmente la capitalización del campo, la consolidación de libertades, etcétera. En fin, haciendo realidad el cambio de la consigna histórica de tierra y libertad por la de libertad y justicia. La ley significa un esfuerzo renovado de la nación, pero existe el reclamo vigente planteado en uno de los artículos transitorios, que es un reclamo de satisfacer urgentemente demandas de justicia denegadas.

En ese sentido no se puede concebir a los tribunales agrarios para cancelar las deudas históricas, sino deben de servir para satisfacer las querellas futuras. No podemos permitir que una institución, como los tribunales agrarios, nazcan con vicios de origen, el vicio de servir para escamotear con argumentos jurídicos el pago de una deuda. Insisto, la deuda urgente, que se satisface con la resolución del rezago agrario, ya que la deuda principal podrá satisfacerse en la medida que las nuevas formas definidas en el 27 constitucional empiecen a adquirir vigencia.

No se puede dar efectos retroactivos en perjuicio de campesinos a una nueva legislación. No se pueden lesionar derechos adquiridos y no me refiero a los derechos demandados, sino a los derechos demostrados y expresados en resoluciones presidenciales, más de mil; mandamientos gubernamentales, dictámenes positivos en número de alrededor de 5 mil; más de 7 millones de hectáreas de terrenos nacionales pendientes de titular; 1 millón 727 mil hectáreas pendientes de obtener el reconocimiento y titulación, en este caso, de bienes comunales.

Frente a este problema del rezago agrario destacan dos actitudes: la del Presidente de la República, cuando establece una definición en 10 puntos para la libertad y justicia del campo mexicano, en donde cada punto es compromiso, alguno de ellos, para satisfacer necesidades de justicia urgentes y la otra conducta, es la conducta irrespetuosa y frívola, actitudes profundamente anticampesinas que precisamente ven en la integración de los tribunales agrarios la forma de lavarse las manos y de escamotear el pago de los campesinos, dando carpetazo a sus asuntos. Quieren arreglar los expedientes para decir no a las demandas de justicia ya demostradas, pero no se atreven a decir, ellos no, para no cargar con esa responsabilidad, pretenden arreglar los expedientes y que sea una nueva institución, los tribunales agrarios, los que tengan que decir no.

Frente a la instrucción presidencial que ordena a la Secretaría de la Reforma Agraria el día 14 de noviembre de 1991, que en un mes resuelva en justicia el rezago, la actitud de esa institución es contestar cinco meses después a las demandas concretas con discursos evasivos, huecos, ambiguos, retardando la justicia y aventando la bolita, trasladando la problemática a un nuevo foro.

Señores magistrados que van a ser electos por esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión: cuidado con las magias campesinas que quieren cargarlos, para culminar ahora sí magistralmente una actitud sistemática que emprendieron hace muchos años: la de golpear y desarticular al movimiento campesino nacional. Cuando lo cierto es que la nación requiere y es el espíritu de la nueva ley, un movimiento campesino alentado, una nueva alianza constitucional del Estado y el movimiento campesino, con el fin de impulsar las nuevas tareas nacionales en el campo.

Con esta argumentación damos nuestro voto a favor.

El Presidente: - Gracias, diputado.

Concedemos la palabra al diputado Hugo Andrés Araujo, miembro de la fracción del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Señor Presidente, compañeros diputados:

Para dar nuestro voto a favor consideramos que esta elección es básica para complementar lo ya reformado en el 27 constitucional y en su Ley Agraria.

Pensamos que los tribunales agrarios recogen una demanda histórica del movimiento campesino. Demanda en la búsqueda de resolver en éste y en periodos anteriores, el programa agrario y de buscar una instancia autónoma que atendiese esta demanda.

Consideramos que se instauración junto a la de la Procuraduría Agraria, es fundamental para comenzar a atender y a desarrollar todo lo que se refiere a rezago agrario y al nuevo marco jurídico de tratamiento de los programas y problemas agrarios que vamos a vivir.

El perfil profesional y el perfil como servidores públicos, son para nosotros una garantía de este equipo institucional, para sacar adelante esta gran tarea. Por supuesto esta tribuna nos sirve para ratificar el interés del nuevo movimiento campesino, que es un interés de un trato distinto, de un trato de respeto y atención, un trato de alta comunicación apegado a derechos, para que en una conjugación de esfuerzos, entre la tarea por atender el rezago agrario de la Secretaría de la Reforma Agraria; entre la responsabilidad de defender las causas campesinas de la Procuraduría Agraria, los tribunales lleven adelante todo lo que se refiere al gran paquete de problemas agrarios que tenemos.

Por lo tanto, nuestro voto a favor es para que con la aprobación de esta propuesta iniciemos una nueva etapa institucional de tratamiento de los problemas campesinos en México.

El Presidente: - Gracias, diputado.

Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del punto de acuerdo que contiene la designación de los ciudadanos magistrados del Tribunal Superior Agrario, recogiendo la votación por la afirmativa y también por la negativa, señor secretario.

El secretario senador Germán Sierra Sánchez: - En votación económica se pregunta si se aprueba el punto de acuerdo.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Con cuatro votos en contra se aprueba, señor Presidente... Aprobado. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El Presidente: - Se encuentran en este recinto los ciudadanos: Sergio García Ramírez, Luis Octavio Porte Petit Moreno, Gonzalo Armienta Calderón, Jorge Lanz García y Rodolfo Veloz Bañuelos.

Aclaro a ustedes que no se encuentra la licenciada Arely Madrid Tovilla, en virtud del deceso de su señor padre y por lo que vamos a rogar a la Comisión Permanente, que en el caso de ella se le tome la protesta en la próxima sesión, si no hay inconveniente.

Encontrándose aquí entonces cinco de los magistrados designados, esta Presidencia designa en comisión para que los introduzcan a este recinto y los acompañen a rendir su protesta de ley, a los siguientes legisladores: diputado Diego Fernández de Cevallos, diputado Hugo Andrés Araujo, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y diputado Alberto Carrillo Armenta.

Le ruego a la comisión cumpla con su cometido.

El secretario senador Germán Sierra Sánchez: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.

El Presidente: - Ciudadanos Sergio García Ramírez, Luis Octavio Porte Petit Moreno, Gonzalo Armienta Calderón, Jorge Lanz García y Rodolfo Veloz Bañuelos: ¿Protestan desempeñar leal y patrióticamente el cargo de magistrado del

Tribunal Superior Agrario, que se os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Mexicanos y las leyes que de ella emanan, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?

Los ciudadanos Sergio García Ramírez, Luis Octavio Porte Petit Moreno, Gonzalo Armenta Calderón, Jorge Lanz García y Rodolfo Veloz Bañuelos: - ¡Sí protesto!

El Presidente: - Si no lo hiciéreis así, que la nación os lo demande. ¡ Felicidades, señores magistrados! (Aplausos.)

Se ruega a la comisión designada, acompañar a los magistrados cuando deseen retirarse.

TRATADO TRILATERAL

DE LIBRE COMERCIO

El Presidente: - El siguiente punto, contenido en el orden del día es una comunicación del secretario de Comercio, Jaime Serra Puche, de la que dará cuenta el señor diputado Javier Garduño Pérez, secretario de la Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados.

Para ese efecto le concedemos la palabra.

El diputado Javier Garduño Pérez: - Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso; compañeras y compañeros legisladores:

Se está recibiendo en esta Comisión Permanente una información de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, del secretario, doctor Jaime Serra; que fue solicitada por las comisiones de Comercio de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, como resultado a su vez de una reunión que tuvimos entre senadores y diputados, para solicitar mayor información en función de las dudas que ahí se plantearon.

Me voy a permitir, con la venia de la Presidencia, dar cuenta cabal de este documento.

El primer punto se ha dividido en los grandes temas de comercio que se está negociando en el Tratado Trilateral con los Estados Unidos y con Canadá y así vamos a abordar cada uno de los temas, de los 18 temas y empezaremos por aranceles y barreras no arancelarias. En este gran tema se han tratado las siguientes dudas:

"Respuesta a los acuerdos de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión.

1. Aranceles y barreras no arancelarias

Dadas las diferencias de subsidios entre México y Estados Unidos, productores de trigo y granos sonorenses, están preocupados por el tema de los aranceles en la agricultura en general. Desean saber cuál será el criterio para la desgravación de productos agropecuarios.

Los plazos de desgravación para los productos agropecuarios que están siendo negociados, son congruentes con la posición expresada por el sector productivo nacional y responden a la realidad del sector agropecuario en nuestro país. La eliminación de los subsidios internos está íntimamente ligada a los resultados de la Ronda Uruguay; sin embargo, en el Tratado de Libre Comercio, México buscará mantener los márgenes de maniobra necesarios para promover el desarrollo del campo, mediante el otorgamiento de subsidios. Asimismo, México busca mantener el derecho de utilizar subsidios básicos a la infraestructura sin que éstos sean sujetos a compensación.

Sobre este mismo tema, se dice que México entregó una propuesta formal a sus contrapartes; desearíamos saber en qué consiste la propuesta de desgravación entregada por México.

Esta propuesta establece tiempos de desgravación del más largo plazo para productos sensibles y tiempos de desgravación medios o inmediatos para productos donde México es altamente competitivo y tiene intereses de acceso al mercado estadounidense y canadiense.

De aprobarse la propuesta Dunkel, los países miembros del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio tendrán que llevar a cabo un proceso de desgravación en productos agropecuarios. ¿De qué magnitud se espera que sean los ajustes en los aranceles en general, y cuál sería el impacto para el caso de México?

México estaría obligado a reducir los aranceles en 24% en promedio para los productos agropecuarios y agroindustriales en su conjunto en un período de 10 años.

El impacto sobre nuestros aranceles presentes sería nulo debido a que dicha reducción se aplicaría a los aranceles consolidados en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, es decir, aquellos aranceles que México negoció en su protocolo de adhesión y que en general son de 50%, muy por encima de los que actualmente se aplican.

¿Cuál será el criterio utilizado para legitimar la reimplantación de barreras no arancelarias por motivos de fuerza mayor, como en el caso de seguridad nacional, salud, etcétera?

El Tratado de Libre Comercio reconocería los derechos de las partes en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, para adoptar o hacer cumplir las medidas que sean necesarias para la protección de:

I) La salud y la seguridad de su población;

II) Su fauna o flora; y

III) Su seguridad nacional.

Estos derechos deben ser aplicados de manera que no constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificado entre las partes, o de manera que constituyan restricciones encubiertas al comercio de la región.

2. Reglas de origen

¿Cuál será el método empleado para calcular el grado de integración regional de un producto, a fin de que pueda gozar del trato preferencial que la zona de libre comercio otorga?

En general el método para conferir origen a los productos comerciados en el Tratado de Libre Comercio sería el de "brinco arancelario". Dicha metodología consiste en que, para que un producto se considere regional, los insumos importados de países que no sean de la región utilizados en su producción deberán clasificarse en fracciones arancelarias "suficientemente distintas" a las del producto exportado, para garantizar que se haya registrado una "transformación sustancial" dentro de la región . Es decir, que los insumos extraregionales hayan recibido suficiente valor agregado en América de Norte. Adicionalmente, para los casos que no sea posible o conveniente utilizar esta metodología, se usaría una fórmula de valor agregado regional.

Aún no se define esta fórmula, pero se están analizando dos propuestas para determinarlo:

a) Propuesta mexicana

Con esta propuesta, el grado de integración de un producto se determinaría de la manera siguiente:

GI = (VAM - ME)/VAM

Donde:

GI = Grado de integración

VAM = Valor de la mercancía cuando es exportada

ME = Valor total de los materiales extraregionales utilizados en la producción de la mercancía.

Los valores, tanto de la mercancía como de los materiales, se determinarán de acuerdo al Código de Valorización Aduanera del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio;

b) Propuesta de Estados Unidos de América

Esta propuesta es similar al método utilizado en el Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos de América y es la siguiente:

GI =(CDP+MZ) / (CDP+ME+MZ)

Donde:

GI = Grado de integración

CDP = Costo directo de procesamiento de la mercancía a exportar

MZ = Valor de los materiales regionales utilizados en la producción de dicha mercancía.

ME = Valor de los materiales extraregionales utilizados en la producción de dicha mercancía.

Aun en el caso de que se acepte la propuesta mexicana de utilizar el método de salto arancelario, existen excepciones dentro de las cuales será necesario utilizar el método de contenido regional. Cuando éste sea el caso, ¿qué ajustes de contabilidad está proponiendo México para equilibrar el diferencial existente en la estructura de costos de los tres países?

Efectivamente existen excepciones al criterio de cambio en clasificación arancelaria, donde deberá utilizarse el método de contenido regional, descrito en la pregunta anterior. La fórmula propuesta por México se define en función del precio del producto para así, neutralizar las posibles desigualdades en las estructuras de costos que pudiesen existir entre los tres países.

¿Cuál será el método a utilizar para determinar el contenido regional de un producto? ¿Incluirá éste un acervo de rubros contables donde las desigualdades de las estructuras de costo de los tres países se neutralicen?

En la propuesta mexicana, las desigualdades de costos no afectarían el contenido regional de un producto ya que se fundamenta en el precio, y no en el costo de producción de un producto. Como se explicó anteriormente.

De acuerdo al avance de la negociación en cuanto a reglas de origen, ¿cuáles se espera que sean las consecuencias en las industrias automotriz, textil y petroquímica mexicanas?

Automotriz

Las reglas de origen para el sector automotriz en el Tratado de Libre Comercio que se firme, otorgarán preferencias arancelarias a los productos transformados sustancialmente en la región. El criterio principal que se utilizará en el diseño de estas reglas será el de contenido regional tanto para la industria terminal, como para la de autopartes, con algunas excepciones, donde se utilizará el criterio de cambio en la clasificación arancelaria.

Textil

Al igual que en el resto de los productos el objetivo de las reglas de origen en el sector textil es asegurar que los beneficios del Tratado de Libre Comercio sean para los productores establecidos en la región conformada por México, Estados Unidos de América y Canadá.

El criterio para definir la regla de origen será el de brinco arancelario.

Petroquímica

En el sector de Petroquímica el criterio utilizado en el diseño de las reglas es el de cambio en clasificación arancelaria para algunos productos y el de contenido regional para otros.

Los tres países han acordado dejar abierta la posibilidad de que las industrias de los tres países sustituyan, bajo consenso, las reglas de contenido regional por las de cambio en la clasificación arancelaria.

3. Compras gubernamentales

¿Cómo se piensa hacer compatible la reglamentación producto del Tratado de Libre Comercio con la reglamentación federal, estatal y provincial existente para concursos de compras gubernamentales?

La legislación federal estadounidense permite a aquellos países que establecen tratados comerciales con Estados Unidos de América estar exentos de legislaciones discriminatorias como la Ley "Compre Americano" que implica una preferencia en favor de los proveedores estadounidenses de 6% a 12% en el diferencial de precios frente a proveedores extranjeros. En el caso de Canadá, se derogaría la aplicación de la "Política de Contenido Canadiense" que ofrece un precio de preferencia de 10% y concede prioridad a aquellas ofertas que tengan mayor contenido nacional.

En cuanto a la participación de los estados y provincias, los tres países reconocen la necesidad de contar, por mandato constitucional, con el consentimiento expreso de las entidades federativas para ser incluidas en el capítulo de Compras Gubernamentales del Tratado de Libre Comercio.

¿Será necesario hacer cambios a la ley mexicana para concursos de compras gubernamentales?

Los procedimientos de licitación internacional y nacional de las compras gubernamentales establecidas en la legislación mexicana, son similares a las de Estados Unidos de América y Canadá. No obstante, es factible que se requiera introducir algunos cambios o definiciones para que incluya los conceptos sobre los que se está negociando.

¿Ya existe algún acuerdo sobre umbrales y formas de licitación?

Aún no hay acuerdo sobre umbrales, debido a que su definición está estrechamente ligada a la determinación de las entidades y actividades cubiertas por el Tratado de Libre Comercio.

En cuanto a las formas de licitación, hay avances significativos en los procedimientos de clasificación y selección de proveedores, así como en los procedimientos de adjudicación, intercambio de información y cooperación técnica.

4. Agricultura

¿ Qué tan cierta es la versión que se ha difundido, en el sentido de que la unidad negociadora ha aceptado un período de seis años para la apertura del sector agrícola, contraviniendo lo expresado por los sectores productivos de no aceptar un lapso menor de 10 años, dadas las significativas diferencias de productividad entre los tres países?

Los periodos de desgravación serán congruentes con las posibilidades del sector agropecuario

mexicano. Los productores, a través de COECE y los representantes del Consejo Agrario Permanente, Confederación Nacional Campesina, CNPP Y Comisión Nacional Ganadera que han participado en todo el proceso de consulta de la negociación y han expresado sus preocupaciones, así como sus intereses por eliminar los obstáculos al acceso a los mercados de Estados Unidos de América y Canadá.

Conviene enfatizar que la negociación arancelaría, como el resto del Tratado de Libre Comercio, aún está en marcha, y dentro de ella los productos agrícolas se han clasificado dentro de los tres periodos de desgravación: inmediato, mediano y largo plazo, de acuerdo a la competitividad de cada uno de ellos. La referencia a seis años puede deberse a una confusión con respecto a las negociaciones de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, pues dentro de ellas se está planteando una arancelización universal de todas las restricciones no arancelarias y una reducción parcial de los aranceles dentro de un lapso de seis años.

¿Hasta dónde la negociación del sector agrícola depende de los acuerdos de la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio? o, en otras palabras ¿hasta dónde existe realmente la posibilidad de alcanzar un acuerdo entre Estados Unidos de América, México y Canadá que puede ser diferente en algún sentido a los acuerdos del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio?

En este mismo sentido de no haber acuerdo entre Estados Unidos de América y la Comunidad Económica Europea ¿ se considera factible un acuerdo regional entre los países participantes del Tratado de Libre Comercio para América del Norte?

Si bien es cierto que hay algunos temas de la negociación del Tratado de Libre Comercio se encuentran estrechamente relacionados con los del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, por ejemplo el tratamiento a los subsidios internos y a la exportación, en el Tratado de Libre Comercio se eliminarán los aranceles entre las partes después de un período de transición, mientras que en la Ronda Uruguay sólo se negocian reducciones parciales a los mismos.

¿Por qué razón México se ha pronunciado en favor de la iniciativa Dunkel ? ¿Acaso esto significa que en ella se refleja debidamente lo expresado por los representantes del sector agropecuario de nuestro país?

El documento Dunkel refleja el consenso alcanzado entre los países en más de cinco años de negociación por parte de todos los países signatarios del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

En materia agropecuaria la metodología contenida en el documento del señor Dunkel para la arancelización de los permisos previos de importación permite a los productores tener una protección arancelaria equivalente a la que actualmente reciben a través de los permisos.

Algunos medios de comunicación han comentado que se pretende mantener la posición mexicana de no incluir los granos básicos y la leche en el Tratado de Libre Comercio ¿cuál es la realidad de estas afirmaciones?

La cobertura del Tratado de Libre Comercio se extiende a todos los productos. La negociación de los productos agropecuarios tendrá que resultar en plazos de transición congruentes con la situación de cada producto y la realidad del sector agropecuario en nuestro país. En particular, los productores nacionales han solicitado la máxima protección para el maíz, es decir, un proceso de transición largo.

De no eliminarse los subsidios a la agricultura norteamericana y canadiense ¿qué acciones tomaría México para nivelar la deseproporción en la que quedarían los productores mexicanos? ¿sería factible restablecer los subsidios que fueron depurados durante los últimos años en México?

El tema de subsidios a la producción se encuentra íntimamente ligados a los logros en la Ronda Uruguay. México está pugnando en el Tratado de Libre Comercio por conservar el derecho de utilizarlos hasta en los montos de las contrapartes, así como por la inclusión de cláusulas que le permitan compensar los diferenciales de subsidios.

¿Qué medidas se sugieren para eliminar las prácticas desleales y, en particular, la recurrencia al dumping en el intercambio de productos agropecuarios?

México está proponiendo una mayor disciplina en el uso de prácticas desleales al comercio, al mismo tiempo que pugna por que las partes preserven su legítimo derecho de imponer impuestos compensatorios o cuotas antidumping para reducir la vulnerabilidad de los productores nacionales ante prácticas desleales de comercio.

Los productos agrícolas son un ámbito propicio para la imposición de barreras no arancelarias, especialmente de carácter fito y zoosanitario. ¿Cuál es la postura de México frente a esta práctica comercial de los norteamericanos?

La negociación en medidas sanitarias y fitosanitarias busca eliminar la discrecionalidad y arbitrariedad en la aplicación de estas medidas que, frecuentemente, inhiben el comercio de productos agrícolas mexicanos.

Dentro de los elementos de negociación que ayudarán a eliminar fitozoosanitarias injustificadas se encuentran:

Aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias sólo en la medida necesaria para proteger la vida y salud de personas, animales y plantas.

Buscar la armonización y equivalencia de las medidas sanitarias y fitosanitarias entre los países.

Transparencia en la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias estableciendo un servicio de información en cada país.

Evaluación del riesgo tomando en cuenta los trabajos desarrollados por las organizaciones internacionales.

Reconocimiento de zonas libres y de escasa prevalencia de plagas y enfermedades para fines de exportación.

Para muchos productos de origen agropecuario no existen normas internacionales de calidad que regulen su comercio. ¿Cómo se está previendo subsanar esta deficiencia técnica?

Se busca optimizar los mecanismos que actualmente tienen los países para la determinación de las características de calidad relevantes de este tipo de productos.

Asimismo, se discuten la forma y tiempos de aplicación de que los requisitos de calidad en los productos agropecuarios, con el objeto de lograr la reciprocidad, no discriminación y transparencia mencionadas en la pregunta anterior.

Entre los principales problemas del sector agropecuario nacional está el de los altos costos de maquinaria e insumos agrícolas. ¿Se está considerando la apertura de estos factores en el marco de la negociación?

La desgravación arancelaria de los productos agropecuarios, tendrá que estar acompañada de la reproducción arancelaria de sus principales insumos (maquinaria agrícola, fertilizantes, vacunas, etcétera.)

¿En qué proporción y con qué trato se abrirá a la inversión extranjera el sector agropecuario?

El trato que se otorgará a los inversionistas extranjeros en el sector agropecuario será el establecido por la nueva Ley Agraria, cuyo Título Sexto reglamenta lo relativo a las sociedades civiles o mercantiles propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o forestales. La participación de los inversionistas extranjeros está restringida al 49% de las acciones, de la serie "T" de las referidas sociedades.

¿Sería posible obtener un avance de los plazos de desgravación que están fijando para los principales productos agrícolas mexicanos?

Los plazos de desgravación para los productos agropecuarios que están siendo negociados, son congruentes con la posición expresada por el sector productivo nacional. México ha manifestado su interés de acceso inmediato al mercado norteamericano de frutas, hortalizas, flores y ganado vobino (para ser engordado en Estados Unidos de América) y periodos máximos de liberalización de las importaciones de granos. Sin embargo, los tiempos precisos de liberación se están negociando actualmente, por lo que no es posible detallar los calendarios individuales para los productos específicos.

5. Industria automotriz

¿Cuáles son las perspectivas que para México se vislumbran en esta industria dados los avances de la negociación en las reglas de origen?

México está siendo cuidadoso en la elaboración de reglas de origen para el sector automotriz puesto que, con base en ellas, las empresas del sector determinarán los patrones de abastecimiento de sus diversas partes y componentes, los planes de inversión y, en general, determinará los niveles de competitividad que la industria pueda alcanzar.

Aunque aún no se ha acordado el nivel de contenido regional mínimo en las reglas de origen, México ha manifestado que el porcentaje a establecer deberá promover un nivel de procesamiento sustancial en la región para gozar de los beneficios arancelarios del Tratado de Libre Comercio y, al mismo tiempo, evitar desalentar la inversión de terceros países.

Atendiendo al decreto para la industria automotriz mexicana, ¿continuará en el Tratado de Libre Comercio prevaleciendo el requisito de desempeño en el superávit de divisas para poder importar vehículos provenientes de otros países?

El requisito de balanza comercial equilibrada de cada empresa, ha sido uno de los instrumentos usados para promover el establecimiento en México de una base productiva de exportación, y a la vez llevar a cabo una liberalización gradual del sector. Dentro del Tratado de Libre Comercio se preverá la forma y tiempos en los cuales éste y otros requisitos del decreto se irán liberando para, después de la transición, llegar a un régimen de libre comercio.

En el caso de los tractocamiones, ¿en que tiempo se espera sean eliminadas las restricciones para importar equipo por parte de los particulares?

Se está negociando en este momento los tiempos y periodos de desgravación de estos productos.

6. Otras industrias (textil, petroquímica y energía)

Se afirma que existe interés de la inversión extranjera para aplicarla en la industria petroquímica; desearíamos saber en qué grado se han realizado hasta el momento inversiones en este sector.

En el período de enero de 1989 a febrero de 1992 la inversión extranjera en la industria petroquímica fue de aproximadamente 344 millones de dólares. Este monto de inversión corresponde a 67 de las empresas más importantes del sector, las cuales cuentan con capital de Alemania, España, Estados Unidos de América, Finlandia, Francia, Holanda, Inglaterra, Japón y Suiza, entre otros.

Estas inversiones se han realizado dentro del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.

Se habla de una posible redefinición en el renglón de petroquímica básica. De estar esto contemplado en el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿se podría explicar en qué consiste y si quedaría incluida también la refinación de petróleo?

La definición de la industria petroquímica en lo que toca a que productos se consideran primarios, secundarios o terciarios, ha respondido siempre a consideraciones tecnológicas. En el pasado, cuando el cambio en la tecnología productiva ha ameritado readecuar la clasificación, así se ha hecho. Actualmente se está revisando la clasificación para determinar si procede hacer algunas otras modificaciones.

La refinación de petróleos, por ser una actividad que la Constitución Mexicana reserva al Estado mexicano, no está incluida en la negociación del Tratado de Libre Comercio.

En el marco del Acuerdo entre Canadá y Estados Unidos, existe una cláusula de garantía de abasto de petróleo. ¿Cuál es la posibilidad de que ésta quede incluida dentro del Tratado de Libre Comercio? y de ser incluida, ¿qué protección están previendo los negociadores mexicanos?

No se está negociando una cláusula de garantía de abasto energético en el Tratado de Libre Comercio.

En este mismo sentido, ¿se está considerando la inclusión en el Tratado de Libre Comercio de posibles contratos de riesgo en el caso de las exploraciones petroleras?

No se están negociando contratos de riesgo.

El artículo 6o. de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo establece que Petróleos Mexicanos podrá contratar obras y servicios para la mejor realización de sus actividades, siempre y cuando, se remunere en moneda y no en especie o como participación en el producto de la obra o servicio contratado.

De llevarse a cabo el desmantelamiento del Acuerdo Multifibras, ¿cuáles serían las perspectivas para la industria textil?, ¿existe alguna estimación cuantitativa al respecto?

Estados Unidos de América es el mayor mercado externo de México para los productos de la cadena textil mexicana (incluye a las industrias textil, fibras y prendas de vestir). Sin embargo, desde los setenta, el comercio bilateral ha estado sujeto al Acuerdo Textil, bajo los auspicios del Acuerdo Multifibras (AMF), lo que ha limitado las exportaciones.

Una barrera adicional para los productos textiles mexicanos son los altos aranceles de entrada al mercado de Estados Unidos de América. Para algunos productos, tales aranceles llegan hasta un nivel de 57%

La negociación del Tratado de Libre Comercio tiene como objetivos la eliminación del sistema de cuotas textiles al amparo del Acuerdo Multifibras, y la eliminación de los aranceles.

En relación con dichos socios comerciales, México tiene ventajas particularmente altas en el comercio de prendas de vestir y fibras sintéticas y artificiales, así como, potencialmente, en el de productos derivados de éstas (hilos y telas).

A pesar de que resulta muy difícil dar una estimación cuantitativa del efecto del Tratado de Libre Comercio, hay consenso de que éste será uno de los sectores más beneficiados.

Una vez aceptado el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, ¿cuál sería el panorama para la industria del calzado?

El potencial de crecimiento de la industria mexicana del calzado se verá beneficiado debido al acceso preferencial que tendrá en Estados Unidos de América y Canadá, respecto a terceros países. En este momento los aranceles para el tipo de calzado de mayor demanda oscila entre 25% y 48% en Estados Unidos de América y 20% a 23% en Canadá.

7. Salvaguardas

¿Qué criterio precautorio se espera aplicar para evitar el abuso de este mecanismo y que no se convierta en fórmulas simuladas de proteccionismo?

Desde que estableció el Convenio Comercial entre México y de Estados Unidos de América de 1942, las salvaguardas se han convertido en un elemento fundamental de los tratados o convenios internacionales de liberación comercial. El objetivo es evitar que un rápido incremento de las importaciones, provocado por tal liberación comercial, dañe gravemente a la industria nacional.

Sin embargo, son pocas las ocasiones en que se ha recurrido a estas medidas. Es así que, por ejemplo, Estados Unidos de América no las ha aplicado desde 1986 y Canadá desde 1982. Además, no han sido utilizadas entre Canadá y Estados Unidos de América desde que firmaron su Acuerdo de Libre Comercio.

De los requisitos que se han de cumplir para acudir a una salvaguarda sobresalen:

a) Demostrar que existe daño serio, definido como un deterioro general en la posición de la industria nacional.

b) Presentar evidencia de que dicho daño es ocasionado por un incremento súbito de las importaciones y que este incremento es resultado del proceso de liberación comercial.

Una vez que se hayan satisfecho tales requisitos, la autoridad administrativa deberá considerar si la medida de salvaguarda se aplica en aras del interés público.

Se recurre poco a este tipo de medidas, debido a que su utilización implica obligatoriamente una compensación equivalente en otro sector, lo que conlleva costos económicos y políticos.

En el marco del acuerdo; ¿cuál se espera que sea el máximo período de tiempo aceptable para la aplicación de una salvaguarda?

Cualquier medida se adopte en materia de salvaguardas comenzará a surtir efectos a más tardar dentro del año siguiente a la fecha de inicio de procedimiento y se mantendrá por un período máximo de entre dos y tres años.

Las salvaguardas globales se regirán por lo que establezca el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio. No obstante, debe considerarse que éstas siempre son temporales.

8. Prácticas desleales

¿Cuál es la posición del gobierno norteamericano en relación al embargo atunero y al posible embargo camaronero?

La Ley de Protección de los Mamíferos Marinos de los Estados Unidos de América (LPMM), establece un porcentaje máximo de delfines capturados en cada lance, que los países que deseen exportar atún deben respetar.

El ejecutivo estadounidense continúa trabajando para lograr que su Congreso apruebe la enmienda a la Ley de Protección de los Mamíferos Marinos que permita levantar el embargo atunero. Actualmente, el Congreso de Estados Unidos de América estudia la segunda propuesta enviada por el Presidente Bush en lo que va del presente año.

Así como el embargo atunero se relaciona con la protección al delfín, el problema camaronero se relaciona con la protección de la tortuga marina. La Ley Pública 101 - 162, que entró en vigor en noviembre de 1990, requiere que los países que exportan camarón a los Estados Unidos de América reciban una certificación anual del Departamento de Comercio que ampare el que

están cumpliendo con las medidas estipuladas en su programa de protección a la tortuga marina, para que puedan continuar exportando camarón por un año más.

En nuestras playas se localizan 10 de las 11 especies de tortuga marina, por lo que las autoridades mexicanas han instrumentado diversas medidas para su adecuada protección, entre las que destaca la veta total, impuesta en 1990, a la pesca y explotación comercial de la tortuga.

¿No se estima por parte de los negociadores mexicanos que el embargo atunero y el problema camaronero sean presiones norteamericanas para aflojar la posición de México en algunas partes de la negociación?

El problema atunero se inició desde antes de que comenzaran las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, y responde a una legislación estadounidense que se aplica, por igual, a todos sus socios comerciales, por lo que no se puede considerar que sea un mecanismo de presión por parte de los Estados Unidos de América en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

9. Normas

¿Se tiene reconocimiento internacional sobre la infraestructura y capacidad técnica de México en materia de fijación de normas? ¿Cuál es, en este tema, la opinión de Estados Unidos de América y Canadá?

México cuenta con la capacidad técnica para la fijación de normas y procesos de validación de la conformidad de nuestro país. La firma del Tratado de Libre Comercio permitiría continuar desarrollando esta infraestructura mediante programas de cooperación técnica derivados de los compromisos adquiridos por las tres partes.

El Código de Barreras Técnicas al Comercio del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y la propuesta del Presidente del Grupo de Agricultura del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (SPS), son los documentos más importantes a nivel internacional en materia de normas y procesos de validación. Ambos documentos reconocen el derecho de cada país para elaborar, adoptar e instrumentar las normas y procesos de validación de la conformidad que considere necesarias para la protección de la salud y seguridad de sus habitantes, de su medio ambiente, de su flora y fauna, de su seguridad nacional. También, contemplan disciplinas para evitar que la normatividad, no se convierta en barreras disfrazadas al comercio. Es precisamente por el uso indebido e injustificado de las normas y procesos de validación de la conformidad que surgen conflictos entre diversas naciones y que han dado origen a la elaboración de normas internacionales, por ejemplo, las normas ISO, las del CODEX Alimentarius, o las de la Comunidad Europea.

Actualmente, se estudia en nuestro país la manera de actualizar nuestro sistema de normalización, de simplificar y facilitar su cumplimiento, y la promoción y desarrollo de instituciones de validación de la conformidad, renglón en el que existe un gran potencial para la participación del sector privado. Para ello, no solamente se encuentra trabajando el gobierno, sino que desde agosto de 1991, se vienen desarrollando diversas reuniones y encuentros entre industriales mexicanos y organizaciones privadas de normalización de Estados Unidos de América y Canadá.

¿Cuál sería la magnitud de los cambios y las adecuaciones previsibles en nuestro sistema de normas, de aprobarse el Tratado de Libre Comercio?

El elemento clave será la formación de un comité trilateral de normalización en el que participen las autoridades pertinentes de cada país que permita elaborar, y dar seguimiento, a diversos programas de cooperación en materia de normalización, y que sirva como foro de consulta y asesoría técnica cuando surjan diferencias en la aplicación o interpretación de las normas y procesos de validación de la conformidad entre dos o más países. Esto sin perjuicio de los derechos de ninguna de las partes a utilizar el mecanismo de solución de controversias como último recurso. El comité arriba señalado permitirá no solamente conciliar dichas diferencias, sino además promover la aplicación y uso de normas internacionales.

Además crearía un centro de información y consulta, en cada uno de los países, para obtener información sobre las normas y procesos de validación en ese país.

10. Principios generales

¿Hasta qué punto los objetivos pretendidos por México en el Tratado de Libre Comercio son compatibles con el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS)?

El artículo V del Acuerdo General de Comercio de Servicios señala entre otras cosas, que "Las disposiciones de este acuerdo no deberán impedir de ninguna de sus partes de convertirse en parte o entrar en un acuerdo de liberalización del comercio de servicios entre partes de ese acuerdo, siempre y cuando el mismo:

a) tenga una cobertura substancial*

b) incluya la ausencia o eliminación de toda discriminación entre las partes, en los sectores o subsectores cubiertos por 1 (a), a través de:

(i) la eliminación de medidas discriminatorias, y/o

(ii)la prohibición de nuevas medidas discriminatorias ya sea a la entrada en vigor del acuerdo o sobre la base de un calendario de liberalización razonable"

Al evaluar si las condiciones anteriores son satisfechas, se tendrá en consideración la relación del acuerdo a un proceso más amplio de liberalización del comercio entre los países involucrados.

Cuando países en desarrollo sean partes de acuerdos del tipo referido en el párrafo primero, se proporcionará flexibilidad en relación a las condiciones establecidas en el párrafo primero...de conformidad con el grado de desarrollo de los países involucrados, tanto en términos generales como sector por sector...

Si se analizan cada uno de los tres párrafos anteriores, puede observarse que el Tratado de Libre Comercio cumple con cada uno de ellos. En primer lugar, el capítulo de principios cubre tanto al comercio transfronterizo como a la movilidad del consumidor; el capítulo de inversiones toma en cuenta el comercio de servicios a través del establecimiento de empresas en el país "importador", y el capítulo en entrada temporal facilita la movilidad transfronteriza de éste, aunque las leyes y reglamentos migratorios no se modifican en virtud del Tratado de Libre Comercio.

El párrafo segundo proporciona incluso mayor flexibilidad, puesto que el Tratado de Libre Comercio comprende la liberación tanto de bienes como de servicios. Más aún, para el caso de México el párrafo tercero hace más flexible el cumplimiento de las condiciones del párrafo primero por tratarse de un país en desarrollo.

¿Cómo se piensa armonizar las diferencias entre Estados Unidos de América, Canadá y México en cuanto al reconocimiento a estudios y profesiones, incluyendo las legislaciones estatales y provinciales?

Si bien aún no se ha llegado a un acuerdo completo sobre el texto en las negociaciones trilaterales, dadas las diferencias institucionales, éste tiene las siguientes características:

Los gobiernos incentivan, más no obligan, a los colegios y asociaciones a negociar para el reconocimiento mutuo de certificaciones.

En esas negociaciones se establecerían normas y criterios en relación con la educación, los exámenes, la experiencia, la conducta, la ética y la educación continua, entre otros.

Si las recomendaciones son aceptables por los gobiernos, se incentivaría a los gobiernos estatales y locales a adoptar esas recomendaciones dentro de un período de tiempo a definirse.

De esta manera, sería opcional para los gremios de los tres países entablar negociaciones tendientes al reconocimiento mutuo de certificaciones y estaría dentro de la capacidad de los tres gobiernos aceptar las recomendaciones resultantes. Cada profesión determinará los plazos y el procedimiento a seguir para el mutuo reconocimiento con base en los principios y normas generales del Anexo de Servicios Profesionales del Tratado de Libre Comercio.

11. Servicios financieros

Se ha comentado que, para los inversionistas extranjeros, se estableció una cuota de mercado del 5% y que posteriormente se amplió, con un período de instrumentación de 1995 a 2002 ¿Cuál es la situación actualizada en la negociación a este respecto? Y ¿podríamos conocer cuáles son los máximos globales e individuales en esta materia?

Durante las pasadas reuniones de negociación, México presentó un esquema para liberalizar el sector financiero. En este esquema se presentaron límites iniciales y finales relativos a los respectivos segmentos de mercado que podrían abarcar cada tipo de intermediario extranjero.

*Entendida en términos del número de sectores, volumen del comercio afectado y modos de proporcionar los servicios (comercio transfronterizo; movilidad transfronteriza del consumidor; movilidad del personal, y presencia comercial.

Hasta la fecha no se ha llegado a una cifra definitiva, ni en lo referente a dichos límites ni al número de años que abarcará el período de transición necesario para que el sistema bancario se adapte gradualmente a la competencia internacional.

¿De qué manera se garantizaría que la banca extranjera no rebase la cuota establecida en el Tratado de Libre Comercio?

La cuota establecida en el Tratado de Libre Comercio está directamente relacionada con el tamaño del capital de las subsidiarias bancarias extranjeras que se estableciesen en México.

El crecimiento de estas subsidiarias estará controlado a través de autorizaciones de aumento de capital emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, similares a las utilizadas para regular el crecimiento de los bancos mexicanos. La carencia de las citadas autorizaciones impide la realización de un aumento de capital en dichas subsidiarias bancarias.

En los últimos días, se ha mencionado en la Prensa que la negociación en servicios financieros se ha destrabado. ¿Se pudiera saber qué concesiones fueron necesarias para que esto sucediera?

En las pasadas reuniones de negociación, el equipo mexicano se abocó a explicar con gran detalle el esquema mexicano de liberalización para su sector financiero. Dicho esquema tiene como característica fundamental mantener el control de sistema financiero en manos de mexicanos. Una vez que las partes han entendido los mecanismos de liberalización propuestos por México, se ha procedido a pasar a la discusión de los plazos de liberalización y tamaño de las participaciones de mercado que regirán en el Tratado de Libre Comercio para los inversionistas de Estados Unidos de América y Canadá.

¿Hasta qué punto existe la posibilidad de que los grandes conglomerados financieros estadounidenses y canadienses invadan con poco gasto administrativo el financiamiento a macro empresas instaladas en México (crédito corporativo), poniendo de esta manera en posición desventajosa a la banca mexicana?

En la actualidad, las grandes empresas en México se fondean en los mercados internacionales de capital que se encuentran en Estados Unidos de América, Europa y Asia. La apertura financiera no representará cambios significativos para los prestadores de créditos corporativos a las grandes empresas.

De acuerdo a los actuales avances de la negociación. ¿Qué regulación aplicable al sector financiero tendrá que ser cambiada, de aprobarse el Tratado de Libre Comercio?

Uno de los puntos cruciales del esquema de liberalización del sector financiero propuesto es la entrada únicamente bajo la forma de subsidiarias. Estas subsidiarias estarán reguladas en la legislación financiera existente, pues se trata de empresas mexicanas, sin embargo, se propondría un marco regulatorio para crear la figura de subsidiarias.

Si el trato nacional es uno de los aspectos en que los tres países han coincidido en principio ¿de qué manera nuestro país hará efectiva dicha reciprocidad, sobre todo en Estados Unidos de América, donde las regulaciones y legislaciones federales y estatales podrían imponer barreras a la banca y los servicios financieros mexicanos?

En la actualidad, tanto el mercado de Estados Unidos de América como el de Canadá están ampliamente abiertos a nuestros intermediarios financieros. En los próximos años, el tamaño de dichos mercados y sus posibilidades de negocios difícilmente podrán ser aprovechados en toda su extensión por nuestros intermediarios. Esto implica para los bancos mexicanos una apertura y un trato nacional de facto no menos favorable que el ofrecido a los más de 700 bancos extranjeros ya establecidos en Estados Unidos de América entre los cuales se encuentran dos bancos propiedad de mexicanos, mismos que ya reciben un trato no menos favorable que el del resto de los bancos estadounidenses y los casi 60 bancos extranjeros que hoy en día operan en Canadá. Sin embargo, existen algunos problemas de acceso que enfrentan los intermediarios financieros mexicanos a los estados de Estados Unidos de América derivados de sus legislaciones y regulaciones que están siendo negociadas en el Tratado de Libre Comercio.

Atendiendo al criterio de reglas de origen ¿ cuál sería el tratamiento que en México se daría a las instituciones bancarias de países diferentes a Canadá y Estados Unidos de América?

La cuestión de las reglas de origen en servicios financieros se encuentra aún en discusión.

¿Se va a regular la operación bancaria realizada por empresas que no son bancos?

El acceso al mercado de cada una de las partes se realizará con base en las definiciones de instituciones financieras elaboradas por cada país. Ello significa que cualquier institución de Estados Unidos de América o Canadá deberá tomar, exclusivamente, alguna de las formas contempladas en la ley mexicana a fin de poder llevar a cabo aquellas actividades consideradas en México como financieras.

12. Seguros

En la práctica, ¿cómo se buscará garantizar la preeminencia de ciudadanos mexicanos en la tenencia accionaria de esta industria (aseguradora)?

El esquema de liberalización financiera mexicano contempla no solamente un período de transición gradual a fin de fortalecer a las instituciones mexicanas, sino también establece mecanismos para asegurar la primacía de la inversión mexicana en cada uno de los sectores financieros, uno de los cuales es la industria aseguradora.

13. Transporte terrestre

Uno de los grandes problemas de esta industria es el diferencial en infraestructura ¿Existe alguna estimación del diferencial en infraestructura en el sector?

De conformidad con las estadísticas disponibles, en Estados Unidos de América, con 296 mil kilómetros, las autopistas de cuatro carriles representan el 15% de las carreteras de Estados Unidos de América, en México, con 5 mil 200 kilómetros, representan el 5%.

En cuanto a ferrocarriles, de los 20 mil 250 kilómetros de vía, sólo alrededor del 5% es de doble vía en México, en tanto que en Estados Unidos de América este porcentaje es de alrededor del 60% (de un total de 200 mil kilómetros de vía). Asimismo, en tanto que en México están disponibles 1 mil Kilómetros de vía, en Estados Unidos de América la proporción es de 3 mil 637.

¿Los negociadores mexicanos están considerando alguna modificación a la Ley de Transporte que otorgue mayor seguridad a los prestadores del servicio? La mayoría de los concesionarios de transporte público han manifestado en diferentes ocasiones su incertidumbre para invertir en este sector debido al inestable régimen de concesiones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes proporciona un permiso a todos los interesados en la prestación del servicio de transporte carretero. El transporte carretero no está concesionado.

¿Se están previendo modificaciones a la reglamentación para la prestación de servicios aduanales, transporte marítimo, aeropuertos y manejo de carga?

En los servicios arriba mencionados no se espera ninguna modificación, como consecuencia de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio.

¿Qué previsiones existen para el servicio de ferrocarriles Mexicanos en el Tratado de Libre Comercio?

Ninguna de las actividades reservadas por la Constitución al Estado, como es el caso de Ferrocarriles Nacionales de México, están sujetas a negociación en el Tratado de Libre Comercio.

14. Telecomunicaciones

¿De qué manera se piensa conciliar el concepto de soberanía nacional con la liberalización de esta industria?

Ninguna de las actividades reservadas por la Constitución al Estado o a mexicanos, cual es el caso del correo, el telégrafo o las telecomunicaciones vía satélite o a los mexicanos son sujeto de negociación. Tampoco la telefonía básica está incluida en la negociación. El único sector de telecomunicaciones que se está negociando, bajo la consideración de que requiere un plazo adecuado de transición, es el que comprende a los servicios de valor agregado, tales como procesamiento remoto de información, correo electrónico, videotex, teletex, actividades indispensables para el desarrollo de la industria y los servicios de México y que, bajo ninguna aceptación del término soberanía, podría considerarse que su liberalización atente a la soberanía nacional.

¿Se otorgarán concesiones de radio y televisión a extranjeros?

No se está negociando en el Tratado de Libre Comercio la concesión de estos servicios a extranjeros.

¿Bajo qué esquema se piensa permitir el acceso a empresas extranjeras en el uso de las redes

de servicios públicos de telecomunicaciones en el caso mexicano?

De la misma manera que hasta el momento, es decir, sin discriminar entre las empresas de capital mexicano y las de capital extranjero. Todas tienen las mismas posibilidades, sin discriminación, de utilizar los servicios de Teléfonos de México y Telecomm.

¿Cual es la posición de los negociadores americanos y canadienses respecto a la petición de mexicana de tener trato nacional en los servicios de radio y televisión?

La delegación de Canadá se ha opuesto, desde un principio, a negociar las llamadas "industrias culturales", incluyendo radio y televisión. La delegación de Estados Unidos de América se resiste a permitir un porcentaje de inversión extranjera mayor al actual (20%) en el capital de una empresa de radio o televisión.

15. Otros servicios

A excepción de servicios financieros, telecomunicaciones y transporte terrestre ¿no habrá otros servicios tratados por separado? De ser así ¿a los restantes se les aplicaría el capítulo de principios generales, de tal forma que no habrá otros textos sobre este tema?

Efectivamente, no habrá otros capítulos adicionales a los mencionados, pues dentro del capítulo de principios se abarcará el resto de los servicios que se incluyan en el Tratado de Libre Comercio.

16. Inversión

¿Cuáles serán las limitaciones a la inversión extranjera en el sector agropecuario en general y, en particular, para la silvicultura y la explotación forestal?

Es posible que, como parte del paquete legislativo para determinar las limitaciones a la inversión extranjera en el sector agropecuario se observarán rigurosamente las disposiciones de la Ley Agraria.

¿Que cambios se esperan en la Ley mexicana de Inversiones Extranjeras, dentro del marco del Tratado de Libre Comercio? y en caso que se realicen cambios ¿se generalizarán a terceros países?

La posición del gobierno mexicano en relación a la legislación de inversión extranjera, es que es necesario mantener la competitividad internacional del país para atraer flujos de capital extranjero.

En el régimen de inversiones extranjeras que se negocia ¿persistirá en forma expresa la Cláusula Calvo, por la cual los inversionistas del exterior renuncian a la protección de sus gobiernos?

No está sujeta a negociación, ninguna disposición constitucional.

Desearíamos conocer la posición de los negociadores canadienses y estadounidenses respecto a la inversión en sus países en las ramas del cemento, televisión, bosques y minería.

En la rama del cemento, no existe restricción alguna a la inversión en Estados Unidos de América y Canadá.

En cuanto a la rama de la televisión las legislaciones de las contrapartes restringen la inversión extranjera. Por ello, la delegación de Canadá se ha opuesto, desde un principio, a negociar las llamadas "industrias culturales", incluyendo radio y televisión. La delegación de Estados Unidos de América se resiste a permitir un porcentaje de inversión extranjera mayor al actual (20%) en el capital de una empresa de radio o televisión.

En el sector forestal no existen actualmente restricciones a la inversión extranjera en Canadá y Estados Unidos de América. En lo que toca a minería, en Estados Unidos de América el acceso a la inversión extranjera a depósito de carbón en terrenos federales está condicionado a que el gobierno extranjero extienda reciprocidad a los inversionistas estadounidenses. En Canadá, por su parte, hay restricciones a la inversión (49%) en minería de uranio.

17. Propiedad intelectual

¿Cómo se piensa tratar dentro del acuerdo el aspecto de las marcas de productos reconocidas por el público mexicano previamente al Tratado de Libre Comercio, en el caso de existir marca similar en el resto de Norteamérica?

Tanto la legislación de Estados Unidos de América como la nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial resuelven este problema, al establecer la regla de que no se registrarán marcas notoriamente conocidas.

¿Hasta qué punto, el tratar de ser consecuente con la reglamentación internacional en esta

materia, limita la capacidad de maniobra de los negociadores mexicanos para salvaguardar los intereses nacionales?

El nuevo marco legislativo mexicano ha sido ampliamente reconocido en el exterior como un modelo en materia de propiedad intelectual, que recoge las principales disposiciones prevista en las convenciones internacionales respectivas, como lo son el Convenio de Berna en materia de Derechos de Autor y la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial. A este respecto, es pertinente destacar que tanto México como Estados Unidos y Canadá son signatarios de dichas convenciones. En este sentido, los acuerdos internacionales y las posturas de negociación mexicanas lejos de oponerse, se complementan.

18. Solución de controversias

En lo relativo a solución de controversias ¿qué valor jurídico otorgará y reconocerá Estados Unidos de América a las resoluciones emitidas por los árbitros?, ¿serán de mera opinión o recomendación, o tendrán carácter ejecutivo?

Los efectos de las resoluciones emitidas por los árbitros dependerán del órgano que las emitirá: panel de expertos o árbitros. En el primer caso las partes acordarán la manera de cumplir con el informe del panel. En el segundo caso, las decisiones serán obligatorias.

¿Las resoluciones que emitan los árbitros, en caso de ser contrarias a las leyes nacionales, tendrán validez en el régimen jurídico de México?

Los paneles no juzgan las leyes mexicanas en general, sino sólo la compatibilidad con el Tratado de Libre Comercio de las medidas tomadas por México.

¿Procede el juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por las instancias arbitrales que disponga el Tratado de Libre Comercio?

El juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades y los paneles no tienen ese carácter conforme a la Ley de Amparo.

¿Bajo qué criterio se determinará qué leyes deberán ser modificadas en México, una vez que el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre en vigencia?

Durante todo el transcurso de la negociación se ha mantenido un cuidadoso seguimiento de las implicaciones que el Tratado de Libre Comercio pudiese tener sobre el marco legislativo mexicano. En aquellos casos en que los acuerdos negociados dentro del Tratado de Libre Comercio requieran de una modificación legislativa, el Ejecutivo Federal de acuerdo a sus atribuciones que le confiere al artículo 71 constitucional, enviará las iniciativas de ley correspondiente al honorable Congreso de la Unión.

¿Cómo se va a manejar la legislación Estados Unidos - Canadá - México para la solución de controversias, dado que, por ejemplo, en el caso del atún fue una decisión unilateral?, ¿persistirá esta situación en el Tratado de Libre Comercio?

Las decisiones unilaterales de un Estado que violen el Tratado de Libre Comercio serán objeto del mecanismo de solución de controversias.

¿Serán representativos de los intereses de cada país los paneles de solución de controversia?, ¿cuál será el criterio para la integración de éstos?

No es un tema resuelto. México propone precisamente la participación de los tres países en el nombramiento de los panelistas.

¿Qué rango se le concederá al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en la jerarquía de la legislación norteamericana?

Se trata de un acuerdo ejecutivo congresional firmado por el Presidente y aprobado por las dos cámaras legislativas. A nivel interno, el Tratado de Libre Comercio será objeto de una ley de aplicación (Implementation Bill) que lo hará ejecutable. Los acuerdos ejecutivos congresionales tienen un rango igual al de los tratados internacionales."

Dentro del mismo tema de agricultura, de asuntos también muy importantes como los principios generales en servicios, también tenemos algunas respuestas en servicios financieros, tenemos también seguros, transporte terrestre, telecomunicaciones, otros servicios, inversión, propiedad intelectual, solución de controversias, que sería abusar demasiado de su tiempo para explicarlo. Pero al respecto yo quisiera, en estas condiciones, señor Presidente, proponerle a usted girar las instrucciones del caso para que este documento sea reproducido y se distribuya entre los miembros de esta Comisión Permanente para que todos los diputados y senadores cuente con este amplio, vasto y exhaustivo documento.

El Presidente: - Gracias, diputado.

Antes de obsequiar...

La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Señor Presidente.

El Presidente: - Quería hacer uso de la palabra.

Para rectificar hechos, tiene la palabra, diputada Rosa Albina Garavito, de una vez

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente.

Pedí hacer uso de la palabra para hacer un comentario breve sobre la información que nos acaba de ser proporcionada por el diputado Garduño Pérez.

Me quiero referir no al contenido de la información, la leeremos, la discutiremos, la analizaremos, pero sí en cuanto a la formalidad que se le pretende dar. Se está encabezando como en cumplimiento a los acuerdo tomados por la Comisión Permanente.

Yo quisiera recordar a esta Comisión Permanente que el acuerdo fue en sentido de que se nos enviaran materiales oficiales sobre la negociación del Tratado de Libre Comercio. ¡Esta es una entrevista en realidad que el secretario de Comercio, Serra Puche, concede a los senadores en la Comisión de Comercio de la Cámara de Senadores! Tiene la validez de las opiniones del Secretario de Comercio, pero no es la información que los legisladores, en esta Comisión Permanente, hemos estado demandando.

A esta falta de cumplimiento con la formalidad del acuerdo que tomamos, quise hacer de referencia en torno al contenido de los argumentos que se expresan sobre los distintos temas de negociación, nos reservamos el comentario para el punto que anunciamos en el orden del día. Gracias.

El Presidente: - Gracias, diputada.

Para contestar alusiones personales, el diputado Javier Garduño.

El diputado Javier Garduño Pérez: - Muchas gracias, señor Presidente.

Sin ánimo de hacer un debate de este asunto, definitivamente no es así, compañera Garavito.

Esta es una información oficial y es una información que se desprende del avance de la negociaciones que se están llevando a cabo por negociadores mexicanos y estamos teniendo la información de lo que sucedió el día de ayer. ¡Claro, es hasta el día de ayer, porque ya hoy, seguramente, hay otras cuestiones! ¡Esto cambia en la forma más dinámica! ¡Todos los días está cambiando!

Por eso el documento que se nos presentó hace ocho días aquí en la Comisión Permanente, pues se los manifestamos; nuestro partido, el Revolucionario Institucional, indicó claramente que era un documento totalmente rebasado por Institucional, indicó claramente que era un documento totalmente rebasado por el tiempo, totalmente obsoleto, pero además no oficial.

Lo que nosotros estamos presentando aquí es un documento oficial, derivado estrictamente de las negociaciones y no por una entrevista que nos haya concedido el Secretario de Comercio. Fue una petición de la Comisión Permanente a las comisiones de Comercio de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, para tener una reunión, hacer una evaluación de la información que tenemos, que nos han estado pidiendo todos los compañeros diputados, como el caso de don Pablo Emilio Madero. Esta información es la que le solicitamos a la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y ésta es la información que está otorgando, que nos está entregando la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial a esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado.

En obsequio a su solicitud, esta Presidencia ordena a la Secretaría que reproduzca y distribuya el documento al que parcialmente le dio lectura el señor diputado Javier Garduño.

Y continúe la Secretaría con el siguiente punto del orden del día.

CONTAMINACIÓN DE LA FRONTERA NORTE DEL PAÍS

El Presidente: - Tengo entendido, aquí estoy viendo que está listada una comunicación que va a presentar el presidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Yunes.

Le damos la palabra.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

El diputado Cuauhtémoc Amezcua solicitó en la sesión pasada de esta Comisión Permanente, proporcionáremos información sobre el avance de las gestiones diplomáticas y de otra índole, que se llevan a cabo para manifestar nuestra oposición a que se construyan en la zona fronteriza confinamientos de residuos peligrosos y radiactivos de baja intensidad. Para atender esa solicitud, hemos preparado un documento que sintetiza todas esas gestiones, hasta la última del pasado 26 de marzo y un documento adicional que tiene los documentos básicos de esas gestiones.

Señor Presidente, si usted lo autoriza, procederemos a entregar ambos documentos a los señores legisladores.

El Presidente: - Adelante.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: - Gracias.

Quisiera que me permitieran destacar algunos puntos.

El primero se refiere a que el próximo día 7 de abril, las comisiones de Relaciones Exteriores, Ecología y Medio Ambiente y Asuntos Fronterizos, de esta Cámara, se reunirán para tratar este asunto, tal y como lo dispuso el pleno de la Comisión Permanente. Señalar también que el día de mañana, al iniciarse la Reunión de Gobernadores Fronterizos, este tema será tratado con carácter de prioritario; además de los gobernadores mexicanos, harán referencias al mismo el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, quien participará en este evento.

Es importante advertir que en la respuesta que el Departamento de Estado Norteamericano dé a la nota diplomática que oportunamente enviara el gobierno mexicano, se señalan algunas cuestiones relevantes a las que, si ustedes me lo permiten, daré lectura.

Dice el Departamento de Estado: "El Departamento de Estado advierte que, atendiendo al espíritu de cooperación y prevención de Acuerdo entre los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos, sobre cooperación fronteriza del 14 de agosto de 1983, las consultas sobres estos depósitos han sido realizadas o se ha ofrecido participar al gobierno de México; esas discusiones han ocurrido a encuentros anteriores encabezados por los ministros de Relaciones Exteriores, en reuniones entre la Agencia para la Protección Ambiental de los Estados Unidos y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas; en estos diversos encuentros las autoridades de Estados Unidos han aportado reportes técnicos por escrito y otra información disponible acerca de los impactos ambientales potenciales de los depósitos propuestos".

Otra parte de esta comunicación oficial del Departamento de Estado es de gran importancia; se señala así: "El Departamento de Estado aseguró a la embajada que el gobierno de los Estados Unidos comparte la preocupación de México por el bienestar de la población y el medio ambiente en ambos lados de la frontera e invita al gobierno de México a consultas adicionales entre ambos gobiernos acerca de este importante asunto. El Departamento de Estado estaría complacido de organizar estas discusiones entre los dos gobiernos en Washington, lo más pronto que sea conveniente para ambas partes. Propondríamos que las consultas pudieran abarcar, interalia, el estatuto de los tres depósitos propuestos; vías para considerar las opiniones del gobierno de México y la opinión pública mexicana en la planeación futura de los depósitos propuestos y el papel futuro de ambos gobiernos respectos a asuntos ambientales de mutuo interés, bajo el Acuerdo Fronterizo de 1983".

Yo encuentro en este comunicado cuando menos dos asuntos que creo que son de gran importancia. El primero, el echo de que el Departamento de Estado acepta que en el caso del Convenio de La Paz de 1983, no se vaya sólo al texto del convenio, sino también al espíritu del mismo, al contenido de fondo de este convenio, que es, como se señala en el comunicado, cooperar para prevenir cualquier riesgo ecológico en la frontera norte de nuestro país.

Segundo punto que considero muy importante, es la disposición manifiesta del gobierno de los Estados Unidos para tratar ese asunto en reuniones de alto nivel y para considerar, como aquí se señala, las opiniones del gobierno de México y de la opinión pública de nuestro país.

Hay una comunicación también que se contiene en el expediente que ha sido entregado a cada grupo parlamentario de la gobernadora del estado de Texas, dirigida al embajador de su país en México.

Esta comunicación contiene también algunos puntos que creo que son relevantes y por lo cual quisiera darles lectura.

Dice así en su primer párrafo: "Entiendo que tanto el pueblo como el gobierno de México se encuentran grandemente preocupados por la posibilidad de que sean establecidos nuevos sitios para la disposición de desechos riesgosos en la región fronteriza de Texas. Proteger la calidad del agua en el Río Bravo o Grande y los mantos acuíferos de los que dependen muchos de nuestros ciudadanos, es también de gran importancia para los texanos".

Lo que sigue me parece de singular importancia. "Quiero asegurarle, dice la gobernadora de Texas al embajador de su país en México, quiero asegurarle que no se han tomado decisiones definitivas acerca de estos proyectos y que no serán desarrollados nuevos depósitos de desperdicios, a menos que puedan ser construidos y operados sin riesgo alguno para nuestro ciudadano o para los críticos recursos acuíferos que compartimos".

En otro párrafo, la gobernadora señala lo siguiente: "El propósito de este prolongado proceso, se refiere al proceso para autorizar los confinamientos, de este prolongado proceso que puede tomar varios años, es asegurar que no puedan desarrollarse proyectos nuevos que supongan daños para nuestros ciudadanos o nuestro medio ambiente; permitir a todas las partes interesadas presentar datos, nos da la mayor seguridad de que toda la información relevante sea considerada antes de tomar un decisión para permitir que cualesquiera proyectos nuevos sean construidos. He dado también instrucciones, dice la gobernadora a la Comisión de Aguas, de permitir a representantes del gobierno mexicano o a ciudadanos en México que puedan ser directamente afectados por estas propuestas, para participar en las audiencias que serán llevadas a cabo".

Termina su comunicación diciendo lo siguiente: "Celebro la oportunidad de ampliar las buenas relaciones de que disfrutamos con México para incluir la consulta sobre éste y otros importantes temas. El estado de Texas toma seriamente su responsabilidad por la protección de los recursos naturales en la región fronteriza. Nuestras deliberaciones acerca de cualesquiera nuevo proyecto en el área, serán mejoradas por la participación de nuestro vecinos mexicanos".

Considero que estas dos comunicaciones son muy importantes y que responden al propósito que ha animado también a la Comisión Permanente del Congreso y al gobierno de la República.

Quiero señalar también que el compañero diputado Jesús María Ramón, del IV distrito del estado de Coahuila, ha sido admitido ya como parte en las consultas públicas que se celebran en los Estado Unidos. Es una especie de arbitraje previo en el cual el compañero Jesús María Ramón fue admitido, reitero, como parte en la reunión que se celebró el pasado 26 de marzo en el poblado de Sanderson, estado de Texas.

Quisiera por último destacar que, en cumplimiento del acuerdo de esta Comisión Permanente, hemos activado nuestras relaciones con parlamentarios norteamericanos y además de que este asunto se incluirá en la agenda de la próxima Reunión Interparlamentaria México - Estados Unidos, es probable que antes de esta reunión sostengamos una entrevista con legisladores federales y locales de los Estados Unidos.

Una síntesis de esta información, señor Presidente, será entregada a todos los compañeros legisladores y a cada fracción parlamentaria un documento amplio conteniendo todas las comunicaciones a las que he hecho referencia. Muchas gracias.

Presidencia del diputado César Augusto Santiago Ramírez

PENSIONADOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN

El Presidente: - Lea la Secretaría la proposición que nos entregó el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.

El secretario senador Germán Sierra Sánchez:

«Licenciado diputado Fernando Ortiz Arana, Presidente de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - Presente.

Hace algunos días recibí un escrito de un grupo de pensionados de Uruapan, Michoacán; en donde manifiesta la precaria situación por la que atraviesan los que durante toda su vida han contribuido con su esfuerzo al desarrollo de nuestro país.

El Partido Popular Socialista considera y así lo ha planteado en innumerables ocasiones, que es de elemental justicia dar una solución satisfactoria a las demandas de los pensionados de nuestro país y por ello solicita se dé lectura al escrito de referencia, cuyo texto transcribo a

continuación, y éste sea turnado a la comisión que corresponda:

"México, Distrito Federal, a 26 de marzo de 1992. Al honorable Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, San Lázaro, México, Distrito Federal. Los suscritos, somos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, ante ustedes con todo respeto, para oír y recibir notificaciones la calle de Gildardo Magaña No. 533, Colonia Revolución, Uruapan, Michoacán, Código Postal 60150, hacemos esta petición que se ha suscitado desde el período de Miguel de la Madrid, que se nos iba a aumentar las pensiones sobre el salario mínimo que rige en el Distrito Federal, cosa que no hemos visto nada, ya van tres legislaturas y no hemos visto nada en concreto, prestación a la que tenemos todo el derecho del mundo, porque imagínense, ¿quién va a vivir con $324,000.00 (trescientos veinticuatro mil pesos) mensuales?, cuando el Presidente de la República ha prometido que lo primero que iba a hacer era a proteger a todas las clases humildes y pobres, cosa que no ha hecho, ni él ni ustedes, les damos nuestro voto para que nos defiendan, porque nosotros los pobres somos los que necesitamos esta clase de ayuda, los ricos se defienden por su propio dinero, nosotros los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social, somos de las clases antes mencionadas, porque ya le dimos nuestro esfuerzos al servicio de nuestro México.

Ustedes son postulados por algunos sectores obreros, que han trabajado en las fundiciones, en minerales, en el campo, y muchas factorías contaminantes, porque esos mismos sectores los postularan a esos puestos que están ocupando para el servicio del pueblo, cosa que no hace nada por el pueblo empobrecido y marginado, como se pueda decir, pero nos perdonan, pero nuestro hay voz de expresión cómo va a ser justo que los pensionados y jubilados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado les den más de medio millón de pesos, sin menospreciar a esos compañeros con su trabajo, nosotros trabajamos un 60% más que ni ellos, nosotros los del sector obrero, cómo van a comparar $324,000.00, mensuales a casi medio millón de pesos que les dan a ellos del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado.

Les rogamos, hagan una legislación favorable para nosotros, que nos den cuando menos el sueldo mínimo como estaba hablado dentro de la ley, es el único patrimonio que tenemos con el sudor de nuestro esfuerzo, a costa de la vida de otros que mueren en cumplimiento de su deber. Les damos las gracias por anticipado, por lo que puedan hacer por nosotros.

Atentamente.

El representante de un grupo de pensionados de Uruapan, Michoacán, señor Arturo Frías Jiménez."

Atentamente.

México, Distrito Federal, a 1o. de abril de 1992. - Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»

El Presidente: - Gracias, señor secretario.

En atención a que esta comunicación se fundamenta en la fracción III del artículo 79 constitucional, esta Presidencia ordena se turne a las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la Cámara de Diputados.

Continúe la Secretaría con los asuntos del orden del día.

SOLICITUD DE PARTICULAR

El secretario senador Germán Sierra Sánchez:

«Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. - México, D. F.

Tengo el honor de dirigirme al honorable Congreso de la Unión, en mi carácter de ciudadano mexicano, con la finalidad de solicitarle por medio de la presente, la autorización para trabajar en la Embajada de la República Argentina, prestando mis servicios como empleado administrativo, conforme la exigencia del artículo 37, apartado B, fracción II de la Constitución.

Anexo a la presente, copia certificada de mi acta de nacimiento a los efectos pertinentes.

Al agradecer la atención dispensada a la presente solicitud, hago propicia la oportunidad para saludar al honorable Congreso de la Unión con mis más alta y distinguida consideración.

México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 1992. - José Osornio García, calle Zaragoza 96, colonia Juárez Pantitlán, ciudad Netzahualcóyotl, estado de México.»

Trámite: - Túrnese a la Primera Comisión.

DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA

CONDECORACIÓN

El secretario senador Germán Sierra Sánchez:

«Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: La primera Comisión de Trabajo que suscribe, efectúo el estudio sobre el permiso que solicita el ciudadano doctor Gustavo Alberto Cásares Rendón, para que pueda aceptar y usar condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en el grado de Oficial que le confiere el gobierno de Francia.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano doctor Gustavo Alberto Cásares Rendón, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de marzo de 1992. - Presidente, diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretario, diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Jesús Murillo Karam, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Eduardo Robledo Rincón.»

Trámite: - Primera Lectura.

DICTÁMENES A DISCUSIÓN

RATIFICACIÓN DE GRADOS MILITARES

El secretario senador Germán Sierra Sánchez:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor, Salvador Flores Martínez, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, enviado a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y dos, y el primero de enero de mil novecientos cincuenta y cinco fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán primero de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado mayor el quince de noviembre de mil novecientos setenta y seis, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta años , un mes, diecisiete días, y

e) Se le confiere en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Segunda y Primera Clase.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo

de la Unión expidió en favor del ciudadano Salvador Flores Martínez.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 11 de marzo de 1992. - Senador Humberto Lugo Gil, Presidente; diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado José Antonio González Fernández, senador Carlos Jiménez Macías, senador Miguel Alemán Velasco, diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre, senador Roberto Robles Garnica, diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna y senador Raúl Enrique Carrillo Silva.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo Secretario senador:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Luis Escobar García, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, enviado a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, y el primero de enero de mil novecientos sesenta y dos fue ascendido a subteniente de infantería, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de capitán segundo de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, un mes, once días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Luis Escobar García.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 11 de marzo de 1992. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; Diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado José Antonio González Fernández, senador Carlos Jiménez Macías, senador Miguel Alemán Velasco, diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre, senador Roberto Robles Garnica, diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna y senador Raúl Enrique Carrillo Silva.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo Secretario senador:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República en favor del ciudadano general de grupo piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, Benjamín Pacheco Coronel, como general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, enviado a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército como cadete numerario en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y nueve, y el primero de julio de mil novecientos sesenta y uno fue ascendido a subteniente de aeronáutica piloto aviador, al término satisfactorio del curso de formación correspondiente en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostenta el de capitán segundo de fuerza aérea piloto aviador, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y nueve, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y tres años, cinco meses, veintiún días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de ala piloto aviador diplomado de Estado Mayor Aéreo que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Benjamín Pacheco Coronel.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 11 de marzo de 1992. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado José Antonio González Fernández, senador Carlos Jiménez Macías, senador Miguel Alemán Velasco, diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre, senador Roberto Robles Garnica, diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna y senador Raúl Enrique Carrillo Silva.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano general brigadier diplomado de Estado Mayor J. Jesús Román Díaz como general de brigada diplomado de Estado Mayor, enviado a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de enero de mil novecientos cincuenta y uno y el primero de enero de mil

novecientos cincuenta y cuatro fue ascendió a subteniente de zapadores al término satisfactorio de sus estudios en el plantel antes citado;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el grado de teniente coronel de infantería, al término satisfactorio del curso de mando general y Estado Mayor el treinta y uno de agosto de mil novecientos setenta y dos , adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante cuarenta y un años, un mes y veintiún días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases, así como la de Perseverancia Especial y Extraordinaria.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general de brigada diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general de brigada diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano J. Jesús Román Díaz.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 19 de marzo de 1992. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado José Antonio González Fernández, senador Carlos Jiménez Macías, senador Miguel alemán Velasco, diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre, senador Roberto Robles Garnica, diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna y senador Raúl Enrique Carrillo Silva.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

El mismo Secretario diputado:

«Segunda Comisión.

Honorable asamblea: A la comisión que suscribe, fue turnado, para su estudio y dictamen, el expediente con la hoja de servicios que contiene el nombramiento expedido el 20 de noviembre de 1991 por el ciudadano Presidente de la República, en favor del ciudadano coronel de infantería diplomado de Estado Mayor Sergio Joel Bautista González, como general brigadier diplomado de Estado Mayor, enviado a esta Comisión Permanente, para los efectos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Del análisis de los antecedentes del interesado, esta comisión advierte:

a) Que ingresó al ejército en el heroico Colegio Militar el primero de febrero de mil novecientos sesenta y el primero de enero de mil novecientos sesenta y tres fue ascendido a subteniente de infantería por haber terminado satisfactoriamente el curso de formación correspondiente en dicho plantel;

b) A los grados sucesivos ascendió por escalafón y cuando ostentaba el de Mayor de infantería, al término satisfactorio del curso de mando y Estado Mayor el 15 de agosto de mil novecientos sesenta y ocho, adquirió el carácter de diplomado de Estado Mayor;

c) A los siguientes grados ascendió de acuerdo con las leyes y reglamentos vigentes en la fecha de sus ascensos;

d) Como miembro del ejército ha prestado servicios a la nación mexicana durante treinta y dos años y dieciocho días y

e) Se le confirieron en su oportunidad, por satisfacer los tiempos de servicios requeridos para ello, las condecoraciones de Perseverancia de Cuarta, Tercera, Segunda y Primera Clases.

De la revisión del expediente personal y la hoja de servicios del nombrado general brigadier

diplomado de Estado Mayor, se deduce que reúne los requisitos legales y cuenta con los méritos suficientes para merecer el grado que se le ha otorgado sujeto a ratificación.

Por lo anterior, la suscrita comisión se permite someter a la honorable asamblea, la aprobación del siguiente

PUNTO DE ACUERDO

Único. Se ratifica el grado de general brigadier diplomado de Estado Mayor, que el Ejecutivo de la Unión expidió en favor del ciudadano Sergio Joel Bautista González.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, 19 de marzo de 1992. - Senador Humberto Lugo Gil, presidente; diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus, secretario; diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, diputado José Antonio González Fernández, senador Carlos Jiménez Macías, senador Miguel Alemán Velasco, diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre, senador Roberto Robles Garnica, diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna y senador Raúl Enrique Carrillo Silva.»

Está a discusión el punto de acuerdo... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Aprobado. Comuníquese al Ejecutivo.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El mismo Secretario diputado:

«Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: En oficio fechado el 27 de febrero del año en curso, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Mercedes Gabriela Barbosa García, Belinda Leñero García y Raúl Arturo Valenzuela Valenzuela, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Indonesia, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con las copias certificadas del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que los interesados prestarán en la Embajada de Indonesia, en México; serán de carácter administrativo y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo primero. Se concede permiso a la ciudadana Mercedes Gabriela Barbosa García, para prestar servicios como secretaria del embajador, en la Embajada de Indonesia, en México.

Artículo segundo. Se concede permiso a la ciudadana Belinda Leñero García, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de Indonesia, en México.

Artículo tercero. Se concede permiso al ciudadano Raúl Arturo Valenzuela Valenzuela, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de Indonesia, en México.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 1992. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Jesús Murillo Karam, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Eduardo Robledo Rincón.»

Trámite: - Segunda lectura.

El Presidente: - En consecuencia, está a discusión el dictamen en lo general y en lo particular.

No habiendo quien haga uso de la palabra, señor secretario, proceda a recoger la votación económica del proyecto de decreto.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán: - En votación económica se pregunta si se aprueba el proyecto de decreto.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán:

«Primera Comisión de Trabajo.

Honorable asamblea: En oficio de fecha 3 de marzo de 1992, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ariadne Bello Castillo, pueda prestar servicios como traductora - secretaria bilingüe, en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México.

En sesión celebrada por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, el 18 de marzo, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo.

CONSIDERANDO

a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;

b) Que los servicios que la interesada prestará en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México; serán como traductora - secretaria bilingüe y

c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II, del apartado B, del artículo 37 constitucional.

Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Ariadne Bello Castillo, para prestar servicios como traductora - secretaria bilingüe, en la Embajada de la República Islámica de Pakistán, en México.

Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal a 20 de marzo de 1992. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Jesús Murillo Karam, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Eduardo Robledo Rincón.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto...No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. El mismo Secretario diputado:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: A la Primera Comisión que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Rolando Vega Iñiguez, pueda aceptar y usar la condecoración Real de Oficial en la Orden de Orange - Nassau, que le confiere el Reino de los Países Bajos.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Rolando Vega Iñiguez, para aceptar y usar la condecoración Real de Oficial en la Orden de Orange - Nassau, que le confiere el Reino de los Países Bajos.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 19 de marzo de 1992. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Jesús Murillo Karam, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Eduardo Robledo Rincón.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

El mismo Secretario diputado:

«Primera Comisión.

Honorable asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Anne Christine Mayer y Romero, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Miembra Honoraria, que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña.

La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la aprobación de la honorable asamblea, el siguiente

PROYECTO DE DECRETO

Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Anne Christine Mayer y Romero, para aceptar y usar la condecoración de la Orden del Imperio Británico, en grado de Miembra Honoraria, que le confiere el gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña.

Sala de comisiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 20 de marzo de 1992. - Diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, presidente; diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, secretario; diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, diputado Amador Rodríguez Lozano, senadora Silvia Hernández Enríquez, senador Artemio Iglesias Miramontes, senador Jesús Murillo Karam, senador Víctor Manuel Tinoco Rubí y senador Eduardo Robledo Rincón.»

Trámite: - Segunda lectura.

Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...

Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado. Pasa al Ejecutivo para su efectos constitucionales.

El Presidente: - Gracias, señor secretario.

CONTINGENCIA AMBIENTAL EN EL DISTRITO FEDERAL

El Presidente: - Vamos a continuar desahogando los puntos que se han inscrito en el orden del día y uno de ellos es el que se refiere a comentarios del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, sobre la situación de contingencia ambiental en el Valle de México y para presentar estos comentarios, otorgamos la palabra al compañero Eloy Vásquez.

El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El dramático estado de emergencia que se vive en el Distrito Federal y su área metropolitana, está exhibiendo una vez más la incapacidad gubernamental de dirigir y reordenar a la megalópolis más grande del mundo.

Esta situación no es nueva. Pensaba, para ser administrada de manera unipersonal, la capital del país ha visto cómo la condición ciudadana se devalúa cotidianamente, agigantándose el burocratismo y el dominio autoritario; sin embargo, muy pocas veces se han expresado reconocimientos explícitos del gobierno, de que esta

forma de gobierno ha fomentado el deterioro urbano y la crisis ambiental.

Por eso llaman la atención las declaraciones del director de Petróleos Mexicanos, el señor Francisco Rojas, reproducidas por la agencia oficial Notimex el día de ayer.

El titular de la paraestatal señaló que, por la crisis económica de la década de los ochenta en el país, se entró de lleno, pero tarde, al deterioro del ambiente. El funcionario olvida que es el mismo grupo gobernante, al que él pertenece, quien ha estado encargado del gobierno en el país desde la década pasada y que justamente la política económica emprendida por la tecnocracia, ha tenido severas consecuencias sociales, siendo una de ellas la crisis ambiental que ahora vivimos en el Distrito Federal.

Que el gobierno entró tarde al combate a la contaminación. Es cierto, pero que entró de lleno eso es algo que no se puede demostrar, sobre todo porque no ha sido capaz de llevar hacia adelante sus programas contra la contaminación.

Elaborado por el Secretariado Técnico Intergubernamental, el denominado Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica de la Zona Metropolitana de la ciudad de México, contiene una serie de compromisos que afectan a la industria petrolera, al transporte, a las termoeléctricas, a las actividades industriales y de servicios, así como propuestas para desarrollar la investigación y la educación ecológica.

De octubre de 1990, fecha en que se dio a conocer este programa, hasta nuestros días, no se conocen los trabajos de evaluación de este compromiso gubernamental y por el contrario, han crecido los niveles de contaminación a grados de alarma.

En este año se han aprobado dos acciones oficiales que sólo evidencian el fracaso del programa integral. La primera fue la creación de la Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, compuesta por casi las mismas dependencias que integraron el citado Secretariado Técnico Intergubernamental. La segunda fue la aprobación, el pasado 25 de marzo, del llamado Pacto Ecológico con la industria del Valle de México.

La Comisión para la Prevención y Control de la Contaminación, tuvo como antecedentes los más de 300 días de 1991 en donde la calidad del aire fue calificada como no satisfactoria, además de la abierta pugna intergubernamental entre el jefe del Departamento del Distrito Federal y el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, en las que les ha importado más sus intereses y aspiraciones personales que la salud pública.

Esta comisión tendría no sólo que coordinar las acciones gubernamentales, debería integrar también un consejo en el que se analizarían las opiniones y propuestas que conduzcan a definir las bases de coordinación, concertación e inducción para la realización de los programas, proyectos y acciones que establezca la comisión.

Este consejo, del cual no sabemos aún si está constituido o no, debería integrarse por representantes de la comunidad científica, por especialistas de reconocido prestigio en materia ecológica y por miembros de los sectores social y privado. También pudiera participar en él tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores del Congreso de la Unión, la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, así como legisladores del estado de México.

Por lo que se refiere al Pacto Ecológico, éste nace sin que exista una sola evaluación en torno al Programa Integral contra la Contaminación Atmosférica. Más aún no se conoce públicamente, por lo menos aquí, en el Congreso de la Unión, en contenido íntegro de ese pacto, por lo cual sólo podemos emitir juicios por las informaciones de la Prensa.

Así, es inconcebible que en medio de la crisis ambiental, las autoridades amplíen el plazo para que las industrias, altamente contaminantes, reduzcan sus emisiones de desechos o reubiquen sus plantas fuera de la urbe.

El programa integral establecía como plazo límite el mes de noviembre de 1993,. ahora el Pacto Ecológico, extiende el plazo al segundo semestre de 1994.

Hay muchas otras cuestiones. La visión sobre la organización del transporte, el uso demasiado tolerante de los indicadores internacionales de medición de la calidad del aire. El tratamiento de los desechos que produce la ciudad, etcétera. Lo cierto es que estamos ante un plan de contingencia que se ha evidenciado como cortoplacista, insuficiente y autoritario, que sólo apela a la inmovilización de la ciudadanía, su complemento es ese Pacto Ecológico que no se conoce públicamente y que pareciera reeditar

propuestas que son insuficientes para garantizar la prevención y protección de la salud.

Finalmente, queremos decir, que mientras no se respeten siquiera los propios programas oficiales, se brinde información oportuna y suficiente a los partidos y a la ciudadanía, se abran en verdad las puertas a los científicos y técnicos especializados, haya una escrupulosa vigilancia del gasto destinado al combate a la contaminación, los programas de contingencia y las situaciones de emergencia, serán lo cotidiano en la ciudad, con todos los costos sociales y políticos que esto implica.

Uno de ellos está a la vista de todos, la incapacidad manifiesta del regente Camacho Solís y del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos, exigen no sólo una crítica de su conducta vacilante, sino también nos obligará a estudiar, en su caso, otro tipo de medidas, como el establecimiento de un juicio político a ambos funcionarios.

El Partido de la Revolución Democrática estudia en la actualidad la petición de juicio político para ellos, pues consideramos que ésta es una exigencia democrática de todos los capitalinos.

El Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde su curul): - Para el mismo asunto.

El Presidente: - Para el mismo asunto, tiene la palabra el señor diputado Miguel Ángel Yunes.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Nuevamente el diputado Eloy Vásquez ha venido a contaminar con su ignorancia los debates que sobre la contaminación del medio ambiente en el Distrito Federal se llevan a cabo en el seno de la Comisión Permanente. Qué grave que un asunto de esta importancia, que un asunto, que sin duda preocupa a todos los habitantes del Distrito Federal y a muchos otros del país, sea tratado con la ligereza, con la carencia absoluta de información y de fundamentos objetivos y de razonamientos lógicos, como lo ha hecho el diputado Vásquez.

Hace unos días, hace exactamente una semana, el senador Manuel Aguilera, al hacer uso de la palabra en esta tribuna, dio una serie de datos muy importantes, sobre lo que en materia de combate a la contaminación en el Distrito Federal se ha hecho. El senador Aguilera reconoció, con toda claridad y de manera expresa, que se vive una situación difícil en el Distrito Federal y en la zona metropolitana, que se necesita persistir en las acciones, continuar las acciones que se están llevando a cabo, que necesitamos sin duda intensificar los esfuerzos para resolver este problema y que necesitamos tener una atingencia mayor del problema y actuar en consecuencia.

Yo podría mencionar muchas de las cuestiones a las que hizo referencia el senador Aguilera, pero están ya señaladas y son del conocimiento de nosotros. No es pues ni indiferencia ni hay debilidad, ni hay actitudes vacilantes; hay un programa que se aplica, que está en proceso desde hace varios años, que ha sido apoyado por la población del Distrito Federal y de la zona metropolitana y que seguramente si persistimos en él, nos va a ayudar a resolver el problema en el plazo mediano, como es la posibilidad real de resolverlo. Se trata de medidas objetivas, reales, fundadas en argumentos científicos. Se trata de medidas que parten de estudios profundos del problema, que parten también de análisis serios y que se refieren y que toman como base para la solución del problema, las posibilidades reales económicas de nuestro país y de nuestra ciudad para resolverlo.

Se ha venido aquí, decía, a contaminar el debate contra la contaminación y a darle un ingrediente que es muy lamentable: el ingrediente político partidista...

El Presidente: - Señor diputado Yunes, le interrumpo para consultarle si admite usted una interpelación que pretende formularle al señor diputado Eloy Vásquez.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: - Con todo gusto, señor Presidente.

El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor diputado, dentro de las pocas cosas que no ignoro, está el que el programa integral establecía como límite para que las industrias salieran, el mes de noviembre de 1993 y, ahora, si usted no me corrige, el Pacto Ecológico extiende el mismo plazo para las mismas condiciones al segundo semestre de 1994.

Usted que sabe tanto de ciencia y ecología, ¿por qué no nos explica a qué se debe la ampliación de este plazo en dos semestres?

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: - Le agradezco mucho su apreciación sobre mis conocimientos. Si no sé, procuro documentarme y no venir a esta tribuna a formular argumentos que no tienen sustento alguno.

Y voy a darle respuesta con mucho gusto.

En ningún momento en el documento al que usted hizo alusión, se señaló que las industrias debían salir en el lapso que usted dijo. Lo que sí se señaló en el Pacto Ecológico, que usted manifestó aquí desconocer y que ahora resulta que sí conoce, lo que sí se manifestó en ese pacto, es que de inmediato se iniciarían acciones en aquellas industrias que no las han iniciado, de inmediato se iniciarían las acciones y que aquellas empresas que en un lapso máximo de 18 meses no hubieren concluido la instalación de sus equipos anticontaminantes, serían automáticamente clausurados. Máximo de 18 meses. No quiere decir esto que se vaya a esperar año y medio para clausurar las empresas. Quiere decir que las empresas que ya tienen convenio firmado, muchos de los cuales se vencen en el curso de este año, convenios que por otra parte están afianzados, es decir, que las empresas otorgaron una fianza para garantizar la instalación del equipo anticontaminante, si en este año, en cualquier mes de este año que se vence ese plazo, las empresas no cumplen con el compromiso establecido en el convenio, esa empresas serán clausuradas, además de hacerse efectiva la fianza, que es una fianza por una cantidad similar a la que cuesta el equipo anticontaminante.

Yo quiero sólo señalar dos cuestiones que hablan de la absoluta ignorancia de este asunto y del deseo de volverlo un problema productor de votos.

La primera. Se dice aquí que en Notimex y está textual, así es que si quieren alguna corrección habría qué pedirla al Diario de los Debates, que ayer el director de Petróleos Mexicanos, Francisco Rojas, declaró a Notimex: "Que por la crisis económica se entró de lleno, pero tarde, al deterioro del ambiente". Señores, esa tontería no la declaró el señor director de Petróleos Mexicanos.

El señor director de Petróleos Mexicanos lo que dijo: "Es que por la crisis económica se entró de lleno, pero tarde, al combate a la contaminación" y eso es algo que no lo ha dicho nada más él, se ha señalado en diversas ocasiones y reitero que forma parte del reconocimiento de una realidad política, social y económica que debe ser considerada al momento de intentar la solución al problema.

Segundo. Se dice que entre los fracasos de la estrategia gubernamental se encuentran dos, la creación de una comisión para combatir el problema de la contaminación en el Valle de México, que por cierto apenas tiene dos meses y ya se señala que fracasó y, el Pacto Ecológico.

Se dice que en esta comisión no se ha integrado ni siquiera un consejo para tomar en cuenta la opinión de la sociedad y que este consejo debiera reunir en su seno a representantes de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados, asambleístas, científicos, representantes de organismos no gubernamentales y en general todas las instituciones involucradas en este asunto.

Señor diputado Vásquez, el consejo se reúne cuando menos una vez a la semana, desde el mes de enero, para hacer exactamente lo que usted propone y está integrado exactamente con las mismas personas y organizaciones y representantes de organizaciones a que usted hace mención; el consejo se crea junto con la comisión, hay un decreto del Ejecutivo en el cual a la par de la creación de la comisión, se crea el Consejo Consultivo de la misma, del cual forma parte esta Cámara, del cual forma parte la Cámara de Senadores y del cual forma parte la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Se dice que el Pacto Ecológico surge sin que exista una sola evaluación. Ignorancia absoluta del tema; el Pacto Ecológico surge después de una evaluación profunda de las emisiones de cada una de las industrias y de cada uno de los establecimientos que existen en el Valle de México, establecimientos que son productores de contaminación y es con base en esta evaluación que se han firmado más del mil 500 convenios con las industrias para señalar con precisión qué tipo de equipo deben instalar, qué tipos de instalaciones deben suprimir y cuáles son los procesos de cambio tecnológico que deben asumir.

Se dice también aquí que del Pacto Ecológico sólo se puede emitir juicios por las informaciones de la Prensa. Yo le voy a proporcionar con todo gusto un ejemplar al compañero Eloy y a quien así lo solicite, de este Pacto Ecológico que se dio a conocer no sólo por medio de la Prensa, sino a través de todos los medios masivos de comunicación, en una reunión a la que

asistieron representantes de muchas organizaciones no gubernamentales que se interesaron en una solución seria a este asunto.

Se dice también que es un programa "cortoplacista", "insuficiente" y "autoritario". Habría que discutir a qué se le llama corto plazo en materia de instalación de equipos anticontaminantes; a qué se le llama insuficiencia y cuál es el autoritarismo. Si se trata de que el gobierno de la República aplique la ley a los industriales y a eso se le denomina autoritarismo, yo diría que es exactamente lo contrario, es aplicación de la ley y ejercicio de la autoridad.

Si se trata de proponer soluciones fáciles, efectivamente es una solución "cortoplacista", como aquí se dijo, aunque en otras ocasiones se afirmó aquí en esta tribuna que era "demasiado el plazo", que eran 18 meses, "que era mucho".

Entonces hay un reconocimiento a que es en el "corto plazo", que se dará la solución.

Yo no quisiera terminar mi intervención sin referirme a lo que han sido algunas de las propuestas del Programa Alternativo, según le denomina el Partido de la Revolución Democrática, para resolver este problema.

El documento se denomina: "Convocatoria para la Defensa de los Derechos de los Habitantes del Valle de México, frente a la Destrucción de su Espacio Vital por la Crisis Ambiental".

Además de una introducción prolongada, plena de adjetivos y de señalamientos infundados, se plantean algunas soluciones:

"La investigación científica y técnica."

Todos los días en las universidades, institutos de investigación superior de este país, organismos científicos serios, en universidades incluso del extranjero, que tienen programas de colaboración con nuestro país, se lleva a cabo investigación científica y técnica.

Segundo. "Ampliar y mejorar la red de detección de la calidad del aire y montar un sistema eficiente de información".

Existen 25 sistemas de medición de la red automática de monitoreo; se están construyendo siete más. Todos los días se proporciona información a través de los medios y se han instalado en distintos puntos de la ciudad tableros electrónicos, para dar a conocer a cada momento lo que está sucediendo en la atmósfera del Distrito Federal.

Tercero. "Programa de reconversión industrial para ahorrar energéticos."

Está en proceso, se ha cambiado el combustible desde el mes de diciembre del año pasado en prácticamente toda la industria pesada del Distrito Federal.

Cuarto. "Reducir la emisión de contaminantes".

¡Ni comentario! ¡Estamos totalmente de acuerdo, hay que reducirla!

Quinto. "Reciclar".

¡De acuerdo! Hay que reciclar los residuos peligrosos.

"Reutilizar los residuos con facilidades de financiamiento a las empresas."

¡Perfecto! Hay que hacerlo, hay que reutilizar los residuos y, de hecho, se está haciendo en buena parte de las industrias del Distrito Federal. En el caso de que queden algunos residuos que no se puedan reutilizar, se está promoviendo la construcción de sitios donde lejos de la actividad humana, estos residuos peligrosos se puedan confinar.

"Acelerar el proceso de reubicación de las empresas instaladas en el noroeste de la cuenca, donde se encuentra la entrada de los vientos luminantes para acercarlas a las ciudades dormitorio."

¡Proposición muy interesante! Sin embargo, hay que pensar que el problema no es en qué lugar estén ubicadas las industrias, sino el que las industrias dejen de contaminar.

Pero quiero referirme también a lo que me parece una propuesta interesantísima y que da una idea de con qué ligereza se tratan estos asuntos y preocupa realmente, porque un asunto de esta magnitud no se debiera tratar con tal ligereza. Creo que es un asunto que amerita que los partidos políticos, que las organizaciones, que los ciudadanos, analicemos cada una de las propuestas que hacemos y, reitero, que no utilicemos un problema grave para la ciudad, como un problema que puede producirle votos a nadie. ¡El problema debemos resolverlo!

Decía que hay una propuesta. Está en El Universal del viernes 27 marzo de 1992 y se señala lo siguiente en una nota firmada por los señores Franco, Poza y Rodríguez , reporteros de El Universal. Dice así:

"Cuauhtémoc Cárdenas, quien en conferencia de prensa estuvo acompañado de Heberto Castillo, Rosa Albina Garavito y Pablo Gómez. dijo que ante la crisis ambiental que hoy vivimos, urge el restablecimiento de un equilibrio ecológico, fundado en la armonización de la explotación de los recursos naturales no renovables y la regeneración de los renovables."

Dijo que: "El Plan de Contingencia que se ha puesto en práctica, carece de una propuesta para erradicar estructuralmente la contaminación."

Y dio a conocer el Plan Nacional en el que se destaca la necesidad de completar el inventario de las zonas críticas y de las fuentes fijas y móviles de la contaminación.

"Financiar programas para detectar y curar los daños en la salud causados por la contaminación atmosférica."

Lo que sigue es muy interesante y quiero llamar su atención:

"En materia de transporte, hizo notar la conveniencia de incrementar a más de 400 kilómetros la red de transporte colectivo Metro, mediante una inversión anual de 2 mil a 3 mil millones de pesos. Asimismo, construir trenes suburbanos e incrementar el sistema de trolebuses y tranvías, tren ligero.

Cuando leí la información me puse a hacer cuentas y le pregunté a los técnicos cuánto cuesta la construcción de un kilómetro del Metro y encontré que cuesta entre 150 mil y 200 mil millones de pesos. Si nosotros atendiéramos la proposición del señor Cárdenas, es decir, si invirtiéramos entre 2 mil y 3 mil millones de pesos anuales en la construcción del Metro en el Distrito Federal, construiríamos un kilómetro cada 100 años, es decir, invertiríamos 2 mil millones anuales para llegar a 200 mil, que requiere cada kilómetro; tendrían que pasar 100 años. Para llegar a los 400 kilómetros de Metro que él propone para el Distrito Federal, actualmente tenemos 160, faltarían 240, para llegar a estos 400 kilómetros tendríamos que construir 240 más, para lo que requeriríamos 24 mil años aproximadamente.

Yo creo que por pequeña que sea la inversión gubernamental de entre billón y medio y dos billones anuales, es bastante superior a los 2 mil ó 3 mil millones anuales que nos plantea como solución para el problema del Metro el dirigente del Partido de la Revolución Democrática. ¡Señores, lo importante es actuar con seriedad! Si ustedes quieren plantear un juicio político, si a ustedes les parece que el síndrome del golpeteo y de la división que priva en el Partido de la Revolución Democrática es contagioso, es problema de ustedes. El gobierno está actuando con seriedad para resolver un problema que afecta seriamente a la población del Distrito Federal. Muchas gracias.

El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra la diputada Rosa Albina Garavito.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Señoras y señores legisladores:

Entiendo perfectamente la indignación del diputado Yunes cuando sube a esta tribuna, entiendo perfectamente que esa indignación no la sufra por las condiciones que todos los habitantes del Valle de México estamos sufriendo a partir del colapso ambiental en que nos encontramos desde hace unas semanas; entiendo que no dirija la indignación en contra de los funcionarios responsables que impunemente continúan en su puesto a pesar de los daños a la vida y a la naturaleza de este Valle de México; entiendo que lo dirija al Partido de la Revolución Democrática y a mi compañero diputado Eloy Vásquez, porque la posición que tenemos como partido es no dejar pasar la impunidad de los funcionarios públicos, como es el caso del jefe político del diputado Yunes, Patricio Chirinos y de Manuel Camacho, el regente del Departamento del Distrito Federal.

Las tribulaciones que la vida personal política ha tenido el diputado Yunes a partir de la crisis ambiental, en tanto se ha estado atorando la designación como candidato a la gubernatura de Veracruz de su jefe político, el inepto Patricio Chirinos, obviamente lo tiene desesperado y tan desesperado lo tienen que viene a acusar a mi partido de ignorancia y de ligereza. La obligación que tendría como legislador el diputado Yunes es, primero, antes de defender los intereses personales de su vida política y los de su jefe político, entrampado en este momento por la situación, repito, ambiental en el Valle de México, tendría que estar pendiente de la suerte de estos millones de ciudadanos que estamos sufriendo la irresponsabilidad.

Yo simplemente vengo aquí a ratificar la postura de mi partido, de que efectivamente estamos estudiando con seriedad la posibilidad de fincar la responsabilidad que corresponde a partir del proceso de juicio político a estos funcionarios, repito, para que siga preocupado el diputado

Yunes como se mostró preocupado e indignado en esta tribuna; efectivamente, es posible que se retrase un poco la designación de su candidato en Veracruz, pero en relación a los costos que el daño de México y sus ciudadanos están sufriendo gracias a la impunidad de estos funcionarios, nos hacemos nosotros como partido, eco, de manera responsable y repito, estudiamos la posibilidad de fincar adecuadamente el juicio y el proceso político a estos funcionarios... Con muchos gusto.

El Presidente: - La oradora admite la interpelación del diputado Yunes y su servidor la autoriza.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde su curul): - A reserva de que oportunamente si el señor Presidente lo autoriza haré uso de la palabra, le quisiera preguntar, ¿qué opina de la proposición del dirigente de su partido para que inviertan en el Distrito Federal para ampliar el Metro entre 2 mil y 3 mil millones de pesos? Aquí está la información, está basada en el periódico El Universal, se la proporciono con todo gusto.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con mucho gusto, yo lo invito o mejor, más que invitarlo, le envío el documento original, antes de fijarse en transcripciones de la Prensa que comprensiblemente muchas veces tienen errores. ¿Le parece?

Bien, entonces repito, ésa es la posición de nuestro partido, para nosotros es realmente preocupante la impunidad en la cual se maneja el problema de la contaminación. Aquí se nos vino a narrar algunas de las medidas y de los programas; yo por supuesto me reservo, como nos reservamos todos los ciudadanos de esta ciudad, nos reservamos el derecho de validar la evaluación que hubieran hecho los funcionarios sobre los programas que ya han aplicado. ¿Por qué? Porque contra las ideas, los discursos y las validaciones que ellos hagan, están los hechos. A partir de 1978 el gobierno federal toma conciencia del problema y crea la primera comisión que después desembocará en la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, si no mal recuerdo en 1984. En ese lapso y desde entonces se han estado aprobando una serie de medidas tanto por Camacho, cuando fue el responsable de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como ahora por Chirinos, como responsable de tal y además de Camacho, como responsable del Departamento del Distrito Federal.

El no funcionamiento adecuado de esos programas, tanto porque están partiendo de diagnósticos que no sabemos efectivamente de qué manera se están haciendo, cuando vemos en la Prensa que se está intentando explicar que esos residuos amarillos que han estado dejando las últimas lluvias, son producto del polen. Yo no me imagino qué cantidad de flores tenga que existir en esta ciudad para que efectivamente ese residuo que dejan las lluvias últimamente sea la maravilla del polen de las flores; yo flores no he visto en esta ciudad en tal cantidad que se esté depositando ese residuo a partir de las lluvias.

No existe un diagnóstico adecuado y tan no existe, que los mismos informes que en un momento valide el Departamento del Distrito Federal, como es el Informe Cuadri, que diagnostica el estado de empresas contaminantes y cuáles de ellas son en mayor responsabilidad y después una vez que se hace público, justamente una vez que se pone en conocimiento de la población cuáles son estas industrias, el Departamento del Distrito Federal retira su aval al Informe Cuadri y lo que vemos es una campaña de las industrias más contaminantes para decir que no es cierto, que ellas están cumpliendo con todos los requisitos tecnológicos para que no contaminen el medio.

¿A quién le vamos a creer, señores? ¿En manos de quiénes estamos que no sabemos ni siquiera qué porcentaje corresponde de la contaminación efectivamente a los autos y qué porcentaje a las industrias? Es de sentido común y toda la ciudadanía se lo está preguntando, que si en ese momento están dejando de circular un millón de automóviles diarios y la contaminación no cede, el diagnóstico que se hace de que el 4% de los contaminantes en la atmósfera son producidos por las industrias y todo el resto por los automóviles, no resiste el más elemental sentido común. Eso se está cayendo a ojos vistas, como se están cayendo muchas otras posiciones del gobierno y de su partido. Esto está haciendo crisis y a fondo y por eso entendemos la indignación con la que viene aquí el diputado Yunes, ¿por qué?, porque el Partido de la Revolución Democrática está poniendo el dedo en la llaga, no quiere que los funcionarios queden impunes en relación a la responsabilidad que tienen con la ciudadanía para resolver adecuadamente los problemas. Tendrían que evaluarse los resultados efectivamente de los anteriores programas, fincarse responsabilidades, fincar y diagnosticar auditorías sobre el uso de presupuesto que se ha hecho en esta materia, porque el resultado lo estamos sufriendo,

repito. Han sido totalmente incapaces de, no digo resolver el problema de la contaminación, ¡de controlar el problema de la contaminación!

Entonces yo hasta aquí dejo mi intervención y repito, entiendo la indignación del diputado Yunes, estamos afectando intereses personales del diputado Yunes, intereses de estos funcionarios, cuando responsablemente ante la ciudadanía estamos anunciando que fincaremos juicio político contra ambos, porque no es posible que intenten imponernos funcionarios irresponsables que se vayan con toda la impunidad del caso.

Esa es la postura de mi partido. Gracias.

El Presidente: - Sí, señor diputado, tiene la palabra para rectificar hechos.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares: - Señor Presidente; compañeros legisladores:

Primero una respetuosísima sugerencia a la diputada Garavito. Si van a interponer una demanda de juicio político en contra del regente, señalen a Manuel Camacho, no a Miguel Camacho, porque el señor no se llama Miguel, se llama Manuel. Si no se sabe ni siquiera el nombre del Jefe de Departamento del Distrito Federal, ya podremos imaginarnos si se sabe algo respecto del problema más grave, sin duda, que afecta a la zona metropolitana del Distrito Federal.

Segundo. Le ofrezco a la diputada Garavito tratar de sonreír cada vez que venga a esta tribuna, porque no, no vengo indignado, vengo preocupado, que es muy distinto y, no por mi futuro político, a mí me interesa mi presente y estoy actuando en consecuencia y el futuro solamente es consecuencia del presente, cuando menos en mi partido.

Me preocupa la ligereza para tratar un problema que a nosotros nos preocupa también. Dice usted que en lugar de estar indignado, como todos los demás habitantes de la ciudad de México, estoy indignado porque se afecta a mi jefe político y al regente de la ciudad de México. No, no es así. Frente a un problema tan grave como éste, lo más grave que puede suceder es perder el control e indignarse; lo que se debe hacer, por el contrario, es actuar de manera reflexiva, sin la indignación que usted sí vino a manifestar a esta tribuna, así de manera muy expresa; actuar de manera reflexiva, documentarse y buscar soluciones al problema.

La ciudadanía del Distrito Federal no va a ganar absolutamente nada, al contrario, puede perder, porque habrá más tránsito seguramente, si el próximo día 11 se reúnen los militantes del Partido de la Revolución Democrática a llevar a cabo una manifestación política para protestar por las malas medidas ecológicas etcétera. La ciudadanía ganaría más si los representantes del Partido de la Revolución Democrática se enteraran a fondo de cómo está el problema, de las medidas que se han instrumentado y propusieran medidas; no que vinieran a politizar el asunto, que fue lo que yo dije precisamente al inicio de mi intervención y aquí quedó perfectamente claro.

Yo no sé qué tenga que ver el problema de la contaminación en el Distrito Federal con la postulación de candidatos que el Partido de la Revolución Democrática vaya a llevar a cabo en alguna entidad del país, pero por la postulación de candidatos que el Partido Revolucionario Institucional pretenda llevar a cabo en alguna entidad del país, no tiene que ver absolutamente nada, pero si algo tuviera que ver hacia mi partido, hacia adentro de mi partido, sería cuestión que nos interesaría a los militantes del partido. Nosotros le agradecemos mucho sus lecciones de cómo designar oportuna y democráticamente a los candidatos a la diputada Garavito, pero realmente no la necesitamos y ése no es un asunto que éste a discusión en esta tribuna; lo que está a discusión es la ligereza de los planteamientos; lo que está a discusión es que el asunto grave, lamentable, que nos afecta a todos y que nos preocupa a todos, fue tratado como un asunto político, como un asunto de postulación de candidatos, como un asunto de planteamientos de grupos políticos y de golpeteos que, repito, es problema del Partido de la Revolución Democrática, no nuestro y que venga con gran ligereza a decirse que el problema se va a resolver fincando responsabilidades a quienes no han sabido actuar con seriedad en la implementación del problema.

Hay millones de ciudadanos en el Distrito Federal, que cada día aportan su grano de arena para resolver el problema de la contaminación. Hay millones de ciudadanos en el Distrito Federal, que cada día dejan de usar su carro, usan transporte colectivo, sufren incomodidades, pero que lo están haciendo gustosos con tal de resolver un problema.

Hay miles de industriales que en un pacto ecológico se han comprometido a invertir recursos para dejar de contaminar; hay otros miles de comerciantes y dueños de establecimientos de baja emisión de contaminantes que se han comprometido también a participar en la solución

de este problema. Hay pues una acción social seria, conjunta, que se está llevando a cabo para resolver el problema.

El problema no lo resuelve una sola persona; el problema no podría resolverlo siquiera un gobierno sólo con medidas gubernamentales. Se requiere exactamente lo que se está haciendo en el Distrito Federal, resolver el problema con la conducción gubernamental y la participación de la sociedad en su conjunto. Lo demás, son cuestiones políticas que no tienen ni siquiera sentido mencionar.

Pero vuelvo a insistir en la ignorancia sobre este asunto y ese asunto sí preocupa. ¿Cómo es posible que se venga aquí con señalamientos ligeros de responsabilidades políticas y de juicios políticos, cuando no se sabe ni siquiera en qué consiste el problema, cuando no se tiene ni la menor idea de lo que se ha hecho en materia de estudios, cuando no se tiene ni la menor idea de cuál es la contribución de las empresas y cual es la contribución de los automóviles a la contaminación del medio ambiente en el Distrito Federal?

Se dice aquí que se ha señalado que las empresas sólo contribuyen con el 4%. Falso, absolutamente falso. Nadie lo ha dicho. Se ha dicho siempre que las empresas contribuyen cuando menos con el 25% de los contaminantes en el Distrito Federal; se ha dicho siempre que muchos de los contaminantes que emiten las empresas son los más riesgosos, los más peligrosos y uno de ellos es el de las partículas suspendidas.

Se ha dicho con mucha claridad que varios de los problemas de contaminación del Distrito Federal están por fortuna controlados y que se ha disparado a últimas fechas el problema del ozono. Se ha insistido en muchas ocasiones que los propietarios de vehículos del Distrito Federal, lo son en su mayoría de vehículos que usan gasolina con plomo, que no tienen convertidor catalítico y que buena parte del problema se deriva precisamente de una planta vehicular antigua, una planta vehicular, yo diría antiecológica.

Hay mediciones empresa por empresa. Las ha hecho no la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, las ha hecho instituciones científicas de investigaciones que han aportado datos concretos de cuál es la emisión de cada empresa.

Tengo en mis manos el Programa para el Control de Emisiones Contaminantes de la Industria, conocido como Pacto Ecológico, Le voy a dar lectura solamente a dos párrafos, que creo que son importantes y voy a dar después lectura a dos o tres puntos de una tabla. Dice así:

"Inventario de emisiones. En la zona metropolitana de la ciudad de México se emiten anualmente más de 4 millones 356 mil toneladas de contaminantes atmosféricos, de las cuales aproximadamente el 8.4% provienen de fuentes estacionarias que incluyen termoeléctricas, industrias y establecimientos de servicio.

A simple vista, este porcentaje podría parecer relativamente bajo, sobre todo si se compara con la contribución del 77% que representan las emisiones contaminantes originadas por el transporte. Sin embargo, enfocado por contaminante, no se debe desestimar la participación que tienen las fuentes industriales, ya que éstas generan alrededor del 78.2% de las emisiones totales de bióxido de azufre, 24.1% de los óxidos de nitrógeno, 12.6% de los compuestos orgánicos volátiles, 3.8% de las partículas y 2.4% del monóxido de carbono."

Vienen también en este documento que ha sido distribuido a la opinión pública, una serie de tablas donde se señala, empresa por empresa, aproximadamente la emisión de qué contaminantes y en qué cantidad y fundamentalmente viene la tabla en la cual se señala el consumo de combustible por cada una de las empresas.

No hay, pues, improvisación en este programa; no hay debilidad, no hay tampoco falta de planeación. Hay, repito, una acción organizada del gobierno y de la sociedad responsable, que está cumpliendo de manera ejemplar con las medidas que el gobierno se ha visto obligado a dictar para resolver este problema.

Quiero por último señalar lo siguiente: se ha insistido desde esta tribuna en la actitud nihilista que caracteriza a algunos diputados en no creer en absolutamente nada. No creemos que las fuentes de emisión estén debidamente valoradas y que se sepa cuánto se emite de cada contaminante; no creemos que se tenga un programa válido; no creemos absolutamente en nada; no creemos tampoco en los informes que recientemente dio equis dependencia respecto de las manchas amarillas que aparecieron en el Distrito Federal.

Hoy el periódico La Jornada publica lo siguiente. En una explicación técnica, la maestra en ciencias, Hilda Flores Olvera, del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma

de México, señala que después de hacer observaciones en microscopio óptico, se puede concluir que el principal componente de las muestras lo constituyen granos de polen. Aunque estén presentes por lo menos cinco tipos de polen, es notoria la abundancia de dos, se pueden identificar como provenientes de especies del género pinnus, señala la especialista.

Luego de hacer una descripción de las especies de pinos y de afirmar que hay una gran cantidad de esos árboles en el Valle de México, agrega que el polen liberado en la época de primavera es enorme; a ello se debe que cerca de los bosques las lluvias arrastren al suelo grandes cantidades de polen, que cubren los charcos con una capa amarillenta, semejante al azufre, que ha sido llamada "lluvia de azufre".

Yo sinceramente creo que la señora Hilda Flores Olvera sabe más que yo de polen y de azufre. Por lo tanto, prefiero creer en ella y prefiero creer en ella porque no habrá ninguna razón para que esta señora nos mintiera. No es funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología ni de ninguna institución gubernamental, sino que es investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Si nuestra actitud de no creer va a llegar hasta la Universidad Nacional Autónoma de México, pues solicitaremos que venga alguna universidad del estado de Texas a hacer el estudio.

Por último, diputada Garavito, no se preocupe por mi futuro político. En el Partido Revolucionario Institucional, a diferencia de otros partidos, no tenemos "jefes" políticos. Hay un sistema de lealtades que quizá usted no entienda, porque a diferencia del nuestro, en su partido, sí hay jefe y hay, para desgracia de usted y de sus militantes, nada más uno. Gracias.

El Presidente: - Para rectificar hechos, tienen la palabra el señor diputado Eloy Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática.

El diputado Eloy Vásquez López: - Tienen razón el diputado Yunes, cuando dice acerca del sistema de lealtades, le preocupan mucho los votos. ¿Por qué le preocupan tanto los votos al diputado Yunes? Porque el diputado Yunes ha sido derrotado con votos aquí, en el Distrito Federal, eso es simplemente, entonces sí le preocupa porque su partido ha perdido y en él se ha personalizado y la persona que reconoció la derrota del diputado Yunes fue precisamente Patricio Chirinos, como secretario electoral del Partido Revolucionario Institucional ¡y qué bueno que el diputado Yunes continúe siendo leal a Patricio Chirinos! ¡Eso habla bien del diputado Yunes!

Lo que no tiene derecho el diputado Yunes es a cambiar la realidad. En primer lugar, yo no dije lo que dijo Francisco Rojas, dije que el gobierno llegó tarde pero no de lleno al combate a la contaminación, eso dije y eso es lo cierto, es lo demostrable, el gobierno no está de lleno en el combate a la contaminación. Todavía pesa para tomar algunas disposiciones y aunque él se niegue en esta tribuna, el futuro político de quienes las van a tomar, les tiembla el pulso, como dice en la jerga política, porque saben los costos que puede tener y eso es muy normal.

Aquí tengo el Programa Integral de 1990, octubre de 1990 y puede revisarlo el diputado Yunes, es un documento oficial y aquí dice:"...que las 1 mil 550 industrias grandes y medianas firmarán convenios con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, ¿verdad?, para que en el plazo más breve que permitan sus recursos y posibilidades, pero no mayor de 36 meses a partir del 15 de noviembre de 1990, sustituyan procesos contaminantes e instalen equipo de control para sus emisiones, para que éstas no rebasen las normas técnicas y ecológicas pertinentes".

Es un plan, es un documento oficial, que al señor Chirinos le ha temblado el pulso para aplicar, con toda firmeza y que ahora se conceden plazos según La Jornada, que también gusta de citar el diputado, ¿verdad?, "...hasta 25 meses para que las empresas que no puedan adaptarse cierren o salgan del Valle", que es la página 34 y lo establecen a partir de una descripción de lo que es el Plan Ecológico.

Pero vayamos a los 18 meses, justamente se está ampliando el plazo. Quiere decir entonces que este plan no sirvió , porque no se aplicó, porque precisamente a quienes les falta seriedad para hacer sus propuestas es a las personas que están gobernando y cuando un gobernante hace los planes a la ligera, como lo hizo el que hizo ese plan, no está gobernando adecuadamente y los ciudadanos podemos fincarle responsabilidades y llamarle a cuentas, porque si no, entonces ¿para qué estamos?

El otro punto, al diputado Yunes, le preocupa más que el asunto no se politice. Es que, señores, el asunto de la contaminación es un problema político de muy grande magnitud, porque precisamente dice él: el problema no lo resuelve una persona y coincidimos. Si el problema no

lo resuelve una persona, entonces no es posible que una sola persona decida sobre quién va a gobernar un conglomerado de 20 millones o de 14 millones de habitantes, como es esta ciudad de México.

Y esto es lo que se hace sexenalmente. Una persona toma las decisiones y eso es precisamente lo que nosotros no queremos. Lo que queremos es que existan instancias democráticas para la toma de decisiones y que este tipo de cosas se realicen de consenso con la sociedad, con la participación de todos; que los partidos políticos vengamos aquí y digamos: sí es cierto, yo opiné hace tres años ó hace dos años y establecimos en ese documento, que fueran 36 meses contados del 15 de noviembre de 1990 y que es responsabilidad de todos los partidos y es responsabilidad de la ciudadanía que se amplíe el plazo. Eso es la democracia, es lo que estamos pidiendo.

Si el diputado Yunes coincide conmigo en que eso es la democracia, bueno, entonces lo que procede es que en el Distrito Federal no exista un regente impuesto y sí existan autoridades electas democráticamente y sobre todo instancias democráticas para la planeación del desarrollo urbano, para la planeación ecológica y para todas las tomas de decisiones del Poder Ejecutivo, que esta ciudad que es la más poblada del mundo y la que en México vive en la mayor antidemocracia, el mayor autoritarismo, justamente porque el autoritarismo es de origen.

Respecto de los vehículos. Precisamente el problema de los vehículos es criticado por el propio Departamento del Distrito Federal en 1991, cuando plantea que el programa "Hoy no Circula" se revierte porque la mayoría de los propietarios que tienen ciertos recursos, de vehículos que no circulan, compran otro vehículo y hay quienes no tienen los recursos suficientes y entonces compran una carcacha y andan circulando 500 mil unidades, en datos del Departamento, que son unidades que son carcachas y que están contaminando. Precisamente estimuladas por el programa "Hoy No Circula" y en lugar de buscar una solución a eso, se duplica y entonces hay caricaturas que ya reseñan que algunos van a comprar su tercera carcacha, para tener una carcacha para contaminar en cada día de la semana.

Y si seguimos así, cada quien va a tener siete carcachas. Quiero decir que el problema no se resuelve con descalificativos y así vamos a resolver los problemas en la Cámara....

El Presidente: - Diputado Eloy, permítame tantito, el señor diputado Yunes me pide le consulte si admite usted una interpelación. ¿La Admite?

El Diputado Eloy Vásquez López: - Sí.

El Presidente: - Sí la admite y la autoriza la presidencia, diputado Yunes. Formúlela.

El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde su curul): - Gracias, señor Presidente; gracias, compañero diputado.

Diputado Eloy Vásquez: ¿estaría usted de acuerdo en que se prohibiera la circulación de carcachas? Gracias.

El diputado Eloy Vásquez López: - Yo estoy de acuerdo en todas aquellas medidas que se tomen de consenso con la ciudadanía. Si existe un mecanismo financiero para que los trabajadores, por ejemplo, muchas carcachas son propiedad de trabajadores al servicio del gobierno, incluso del Departamento del Distrito Federal. Existen carcachas que son de trabajadores que no tienen acceso a los créditos de vehículos y existen desde luego también, carcachas que son como las que mencionaba.

Si se dan mecanismos para que todos los trabajadores puedan tener acceso a vehículos último modelo o por lo menos en condiciones ambientales adecuadas, yo estoy de acuerdo en todo tipo de medidas. Incluso en el retiro hasta la fecha que usted quiera. Pero hay que poner el tapón en los dos lados, porque si no lo que se está creando es una discriminación.

Ahora, el problema no es nada más de vehículos. Yo creo que el problema es mayor y por eso decimos que no es un problema de atacar los efectos, es un problema de desarrollo urbano, es que esta ciudad no fue pensada, no fue planificada sino hasta que ya era una gran masa; entonces el Metro, ese Metro llegó tarde y llegó tarde y no de lleno, porque todavía lo estamos tratando de ampliar. Si tuviéramos un financiamiento adecuado para el Metro y hubiera... existen ciudades como Seúl, por ejemplo, en donde existen programas anticontaminantes de "Hoy no Circula", que son un día sí y un día no, pero el transporte colectivo es un transporte eficiente, que la gente no tiene el problema de llegar tarde o que hay grandes aglomeraciones en los accesos y todo el tipo de problema que podamos encontrar en el Metro; hagamos un transporte colectivo eficiente, canalicemos recursos, nosotros lo propusimos cuando se discutió

aquí el presupuesto del Distrito Federal. Quienes venimos a argumentar un incremento de la partida para el transporte público colectivo y quienes venimos a argumentar un incremento del presupuesto del Departamento del Distrito Federal para el combate a la contaminación, fuimos nosotros y, quienes votaron en contra, fueron diputados como el compañero Yunes, votaron en contra de este tipo de propuesta porque provenían del Partido de la Revolución Democrática.

Ahora es un problema de presupuesto y es un problema también de planificación y la planificación del desarrollo urbano del Distrito Federal no puede salir de la cabeza iluminada del grupo de asesores de Camacho Solís, tampoco del grupo de asesores de Chirinos y mucho menos si están en competencia ambos; tiene que salir de un consejo ciudadano, ¡qué bueno que ese consejo exista! ¡y que bueno que pueda haber referencia de él! y que nos pudieran informar si participan todas las fuerzas y todo como lo estamos proponiendo y qué bueno que los acuerdos que se tomaran ahí de consenso y que se ampliara ese consejo, fueran acuerdos no solamente indicativos, sino que tuvieran un carácter normativo y que pudieran ejercerse por parte del Ejecutivo de este Distrito Federal, acciones de coerción para el cumplimiento efectivo de todas las normas que ahí salieran, porque saldrían de todas las fuerzas y sería el consenso de la ciudadanía.

Nosotros invitamos por lo menos, si no podemos resolver el problema de la contaminación, a elevar un poco el nivel del debate. Yo creo que no podemos venir aquí a descalificar a nadie ni a decir que es ignorante; creo que podemos discutir adecuadamente, creo que podemos respetarnos y estamos aquí para escucharnos y si no nos gusta escucharnos, bueno, pues también existe la posibilidad de inasistencia.

Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Concedemos la palabra al senador Manuel Aguilera Gómez.

El senador Manuel Aguilera Gómez: - Con su permiso, señor Presidente; ciudadanos legisladores:

Efectivamente, creo que es indispensable que elevemos el debate al nivel de lo delicado de este problema, subo a esta tribuna preocupado, efectivamente, por un problema que agobia al Valle de México.

Aquí hemos señalado en otras ocasiones cuál es la causa de la contaminación. En esta ciudad en tres años aumentamos nuestro consumo diario de gasolina de 15 a 20 millones de litros, cuando el límite ecológico nos aconseja que no deba exceder de 10 millones de litros el consumo diario.

Pero ésos son los factores que generan la contaminación del aire, creo que el debate sería incompleto si no se toman en cuenta los factores que provocan las concentraciones de las emisiones. Las emisiones se concentran de acuerdo a condiciones climáticas específicas, ciertamente se pueden preguntar: ¿por qué con un millón de vehículos fuera de circulación no han menguado los niveles de contaminación?, qué sí lo han hecho, pero no en forma significativa; la razón está efectivamente en los factores de concentración, concretamente las condiciones climáticas ¡y sobre las condiciones climáticas, difícilmente puedan argumentarse razones de impunidad!

Tampoco se pueden argumentar razones de impunidad cuando en 1976 generábamos 45 kilogramos de contaminantes por persona y por año y en 1991 generamos 221 kilogramos de contaminantes por persona y por año.

¿Impunidad frente a esta generación creciente de contaminantes, obra de un accionar colectivo, de una actividad de todos los que vivimos en el Valle?

Si tuviéramos recursos. ¡Si tuviéramos recursos habríamos tenido Metro! Si tuviéramos recursos, ¡tendríamos un parque vehicular último modelo! Si tuviéramos recursos, ¡tendríamos la gasolina provista, generada, producida con la más alta tecnología! ¡Si tuviéramos recursos...!

A veces se habla de éxito que en materia de contaminación se han tenido en otras partes del mundo y se ponen como referencia, como ejemplo, para mostrar nuestra incapacidad para resolver el problema de la contaminación de la atmósfera del Valle de México.

"Londres, 1952": cientos de ciudadanos londinenses murieron a causa de una intoxicación colectiva, intoxicación de la atmósfera originada por altas concentraciones de monóxido de carbono. Ahí, se dice, se resolvió el problema de la contaminación. ¡Se resolvió el problema de la contaminación de monóxido de carbono, originada por la quema sistemática y generalizada de coque como elemento para calentar las casas - habitación en Londres, combustión que

provocaba humos que en un momento de niebla intensa se volvió en una cámara de gases para cientos y cientos de londinenses que murieron asfixiados!

El problema del monóxido de carbono en Londres, se resolvió cambiando el sistema de calefacción interna de las casas. En un año, efectivamente, se inició una campaña intensa para cambiar las chimeneas, suprimir la combustión de coque y establecer mecanismos de calentamiento mediante gas, de agua, al interior de las casas, como elemento de calefacción de ellas. Se suprimió simplemente el consumo de coque y efectivamente se suprimió el problema que llegó a niveles letales de monóxido de carbono en al atmósfera de Londres. Pero el problema del ozono sigue presente en la ciudad de Londres, no obstante que es una ciudad que ecológicamente es fácil evitar las concentraciones de ozono por sus condiciones orográficas.

"Los Ángeles": hace casi un cuarto de siglo se inició en Los Ángeles el combate a la contaminación y se trató de enfrentarlo, creando una red vial que difícilmente ciudad alguna tiene en el mundo. Hoy, Los Ángeles, pese a los enormes recursos que ha invertido, la generalización de convertidores catalíticos en los vehículos, las enormes, duras, enérgicas medidas que han tomado para impedir las emisiones de gases contaminantes. Hoy Los Ángeles sigue padeciendo un problema grave de contaminación, fundamentalmente: ozono y partículas suspendidas; la orografía en Los Ángeles se volvió el principal elemento adverso, adverso para el combate a la contaminación.

Santiago de Chile, una ciudad de alrededor de 3 millones de habitantes; el problema del azufre, del plomo, del monóxido de carbono, las partículas suspendidas y del ozono, es la configuración clásica de una ciudad en la que también las condiciones orográficas aprisionan el flujo de emisiones generadas por el tránsito vehicular.

Denver, una ciudad relativamente pequeña, con pocos vehículos relativamente en circulación, con una altura superior a la de la ciudad de México y provista de casi una cantidad ilimitada de recursos financieros, padece problemas de contaminación; la altura en este caso se constituyó, se erigió para los habitantes de Denver, en el principal factor para la concentración de elementos contaminantes.

No hay, señores legisladores, soluciones mágicas; no hay una solución única al problema de la contaminación, no hay soluciones simples al problema de la contaminación atmosférica, ni soluciones que puedan ofrecer en el corto plazo posibilidades de su eliminación.

Yo no creo tampoco, pero este es un asunto de convicción personal, no creo que el problema de la contaminación deba abordarse buscando formas de llevar los aires contaminados a otras regiones, fuera del Valle de México, independientemente de que su viabilidad técnica finalmente tendría que estar determinada por el conocimiento científico; difícilmente imagino que túneles o imagino que torretas que provoquen minihuracanes, puedan resolver los problemas de la contaminación.

Un millón de autos han quedado diariamente durante cinco días de la semana, fuera de circulación y sin embargo las concentraciones de ozono persisten; claro, los factores de diseminación de la contaminación no es tan operado. El problema, insisto, no es solamente que se genera, sino que se concentra y con estas medidas lo que se está buscando es que se emitan menos, con objeto de que se concentre menos, dado que estos elementos de difusión no están operando.

Sin embargo, quisiera yo llamar la atención de ustedes de un factor que es importante. ¿Cuál es la cifra que la ciudadanía recibimos a cada hora de los reportes del Índice Metropolitano de Calidad del Aire? Representa el registro más alto en cada una de las cinco zonas, el registro más alto en alguna de las estaciones que están incluidas en cada una de las cinco zonas. Creo que la difusión de la información de los registros de contaminación de cada una de las 25 estaciones, ayudaría a entender por qué en algunas estaciones, ya no zonas, en algunas estaciones, en algún momento del día existe una elevada concentración de ozono.

Creo que si nos acercamos al conocimiento de esta información y las autoridades lo difunden con mayor facilidad y acceso a todo mundo, podríamos explicarnos qué es exactamente lo que está pasando en el Valle de México y y por qué.

Pese a que en determinadas zonas se reporten altos niveles de contaminación, no siempre esto representa a una zona muchísimo más vasta de la que, insisto, el registro más alto de una zona es el que aparece y no es de ninguna manera el promedio.

Yo creo que los partidos políticos debemos hacer un esfuerzo por estar a la altura del gran esfuerzo

de la solidaridad que la ciudadanía está mostrando en relación con este problema. Debemos enfrentar, reconocer, admitir, informarnos respecto de la naturaleza y prolijidad, complejidad de este problema y en la medida que lo hagamos estaremos en mejores condiciones de ofrecer opciones que puedan contribuir a aminorar este grave problema.

Se dice que se llegó tarde; ciertamente los esfuerzos aparentemente tienden a ser menos efectivos frente a la dinámica del crecimiento del consumo de gasolina, pero estamos en todo caso en una lucha que ojalá que el conocimiento técnico, las posibilidades económicas y la determinación política, nos permitan ganarle tiempo a este fenómeno explosivo de estar consumiendo tres cuartos de litro de gasolina por pasajero transportado. Ojalá y este conocimiento técnico y estas disponibilidades financieras nos permitan, entre otras cosas, efectivamente extender la red del Sistema de Transporte Colectivo para abatir este consumo diario de gasolina por pasajero transportado.

Yo me pregunto, ¿hay acaso grandes ciudades que tienen problemas de contaminación que haya llegado a tiempo para resolverlos? Me temo que en aquellas ciudades donde el problema de la contaminación de la atmósfera se ha agudizado, están igualmente interesados y decididos en combatirla, como lo hacemos nosotros en la ciudad de México, con el agravante que conviene insistir en ello, de una aglomeración, la más numerosa del mundo, en las condiciones de altitud y orográficas más adversas posibles.

Aquí se ha pedido que se haga una evaluación del Programa Integral de Combate a la Contaminación; yo con mucho gusto, señor Presidente, dejaré en esta tribuna una copia de la evaluación, a un año de ese programa, para que sea repartido entre todos los compañeros legisladores y apreciarán cómo cada una de las medidas sugeridas en el programa están ahí evaluadas, lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho, con toda objetividad; de alguna información adicional, yo con mucho gusto se las puedo proporcionar.

Pacto Ecológico. Es un problema de meses más, meses menos; es un problema de conceptualización básica de la posibilidades reales de hacer las cosas; independientemente de que el pacto señale que 18 meses a partir del 1o. de abril es más o menos en noviembre de 1993 y es exactamente lo mismo que aparecería en la versión original, plazos más, plazos menos, lo que refleja el Pacto Ecológico con el sector industrial, es la determinación del gobierno de la República de definir un plazo ya determinado para aquellas empresas que requieren hacer las inversiones más cuantiosas para contener la emisión de partículas suspendidas a la atmósfera. Pero hay otras que requieren inversiones muchísimo más simples y para las cuales tienen plazo entre seis y 10 meses para hacerlo y la posición del gobierno es categórica y es yo creo lo que ha reclamado la ciudadanía, si en esos plazos que inevitablemente se dan fatales, si la industria no cumple, la industria habrá de cerrar.

Creo que el asunto de la contaminación es un problema que trasciende, que debe transcender a las pasiones partidistas; es una responsabilidad colectiva que todos debemos admitir, hacer nuestra, para lo cual necesitamos también abocarnos a su conocimiento profundo. Créanme que la investigación sobre el problema de la contaminación en el Distrito Federal, no es algo que esté en manos de técnicos improvisados; es algo que por su significación y trascendencia cuenta con la colaboración de técnicos de diferentes partes del mundo. Estamos todos los que vivimos en este valle, interesados en contribuir a la solución y lo haremos en la medida que podamos juzgarlo con objetividad, su origen, su naturaleza y sus consecuencias.

Yo los invito para que le demos, reconozcamos y apreciemos y estemos a la altura de lo delicado del problema, que estemos todos a la altura de la solidaridad extraordinaria que ha mostrado la ciudadanía y que nosotros, como legisladores, tenemos que ser consecuentes con esa solidaridad, con esa serenidad, con esa objetividad, para poderlos representar lealmente en los intereses que son colectivos, que son de todos nosotros y que no son activos o pasivos de ningún partido político. Muchas gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Gracias, senador. En obsequio a su solicitud, esta Presidencia ordena que se reproduzca el documento evaluatorio que ha ofrecido el senador Aguilera, para que pueda distribuirse entre los integrantes de esta Comisión Permanente.

ESTADO DE JALISCO

El Presidente: - Para un asunto diverso, concedemos la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática, para referirse a la situación postelectoral en el estado de Jalisco.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente; señoras y señores legisladores:

El 28 de marzo pasado, el congreso local terminó la calificación de los comicios celebrados el 9 de febrero del año en curso en los 124 municipios del estado de Jalisco.

Previamente se calificaron las elecciones de diputados, de lo cual resultó un congreso integrado por 24 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 20 de mayoría y cuatro de representación proporcional; siete del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática y uno del Partido del Frente Cardenista.

Con la calificación de las elecciones municipales culminó un proceso electoral que se singulariza por sus irregularidades, hasta el punto que no se puede asegurar que las elecciones fueron limpias y transparentes.

Para los comicios jaliscienses se promulgó una ley electoral más restrictiva que la federal, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; se utilizaron recursos públicos para las campañas del partido oficial; se manipuló el padrón electoral y se manejaron las credenciales de elector a discreción del Partido Revolucionario Institucional, tal como sucedió en las elecciones federales de 1991 y que nosotros en su oportunidad denunciamos. Esto asociado con la utilización de los métodos tradicionales de fraude.

Todas las instancias del gobierno y su partido se negaron a rectificar las irregularidades, a pesar del conjunto de pruebas presentadas. Los consejos local y municipales, el tribunal y el Colegio Electoral, cumplieron la voluntad del Ejecutivo estatal y su partido, de imponer a sus candidatos, en contra de la voluntad ciudadana expresada en las urnas.

Señoras y señores legisladores: la situación postelectoral en Jalisco es conflictiva. Más de 10 comunidades municipales están en lucha contra el fraude electoral: Acatlán de Juárez, Poncitlán, Zihuatlán, Atoyac, Tala, Manuel M. Diéguez, Ixtlahuacan de los Membrillos y del Río, Tepatitlán y Zocualco, entre otros. La represión policiaca se ha ejercido contra los vecinos de Tala y Acatlán.

En el caso del municipio de Zihuatlán, la situación se muestra particularmente grave. Ahí quedó en entredicho la palabra del secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, ya que después de una marcha de 400 kilómetros de Zihuatlán a Guadalajara y del plantón de seis días demandando el reconocimiento del triunfo del Partido de la Revolución Democrática, Gutiérrez Barrios propuso la formación de un consejo municipal, integrado de manera paritaria y encabezado por un ciudadano que tuviera el consenso de los partidos políticos.

Los zihuatlanenses creyeron en la palabra del Secretario de Gobernación y accedieron a levantar el plantón, horas después del Tercer Informe de Gobierno.

En Jalisco se vive una autoridad ejecutiva que actúa al margen del orden jurídico: Guillermo Cosío Vidaurri. Bajo su gubernatura se utilizan los recursos públicos para beneficio del partido oficial y para el enriquecimiento de amistades y familiares. Se ha incrementado la inseguridad pública y la violencia, se conculcan sistemáticamente los derechos humanos y se agravan los problemas de la contaminación y el deterioro ecológico.

La responsabilidad política que genera la actuación del gobernador Cosío Vidaurri, nos lleva a considerar que debe ser sometido a juicio político, por lo que en su oportunidad se presentará, de nuestra parte, la denuncia respectiva.

En esta tribuna queremos expresar nuestra solidaridad con los jaliscienses que están movilizados en demanda del reconocimiento de triunfos electorales y saludamos la marcha que posiblemente iniciarán desde Guadalajara hasta la ciudad de México. Muchas gracias.

El Presidente: - En relación con este asunto, solicita la palabra y se le concede, al diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente; compañeros legisladores:

Realmente por segunda vez me parece preocupante que para argumentar el dicho del Partido de la Revolución Democrática, se venga aquí a presentar un argumento a todas luces anticonstitucional.

¿Cómo es posible que se venga aquí a reclamar legalidad electoral y se quiera, para hacer valer su dicho, sacar un argumento en el cual hubo una supuesta negociación que no tienen nada qué ver con el orden constitucional del estado de Jalisco, que no tiene nada que ver con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?

Hemos dicho aquí que existe un procedimiento constitucional, un procedimiento constitucional que está regulado por el artículo 115 constitucional y que cada legislatura del estado también llevó a la práctica en los estados.

Existe dentro de la Constitución del estado de Jalisco un procedimiento para desaparición de ayuntamientos y para suspensión de ayuntamientos y de municipios.

Yo creo que tenemos que...

El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacer una pregunta al orador.

El Presidente: ¿Acepta usted una interpelación?

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Sí; si la autoriza usted, con mucho gusto.

El Presidente: - Sí la autoriza la Presidencia. Proceda usted, señor diputado.

El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor diputado, de su argumentación estoy entendiendo que rechaza usted la posibilidad de establecer acuerdos políticos entre las fuerzas, para que éstas tengan un cauce dentro de las instancias constitucionales. ¿Eso es lo que se puede deducir de lo que está argumentando, que en el futuro ya no habrá posibilidades de establecer acuerdos políticos entre fuerzas? Si es así, dígame usted cuál tendría que ser el papel del Secretario de Gobernación en un problema como éste.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Mire, por supuesto que rechazo cualquier negociación que vaya en contra de la Constitución. Eso es tajante; no creo que nadie acepte una negociación que vaya a vulnerar el orden jurídico constitucional, pero son dos cosas muy distintas a las que usted está aquí presentando.

La información que yo tengo, en principio, es que fue un director menor con el cual se reunieron ustedes y se llevaron a cabo este tipo de negociaciones, negociaciones que yo insisto, son al margen de la ley. Es posible que las fuerzas políticas electorales en un estado puedan discutir los resultados de una elección; es más, es válido que así lo realicen...

El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacerle una pregunta al señor diputado.

El Presidente: - ¿Acepta usted?...

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Sí, con mucho gusto.

El Presidente: - Adelante, diputado.

El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Tiene usted fundamento en este momento para poder afirmar que los acuerdos políticos que se tomaron eran anticonstitucionales?, ¿tiene usted fundamento para decirlo? Y le reitero nuevamente, si usted no está de acuerdo en que se establezcan acuerdos entre las fuerzas, entonces, por ejemplo, ¿No estaría de acuerdo en que tomáramos puntos de acuerdo entre las fracciones parlamentarias aquí en la Cámara?, porque están esos puntos de acuerdo, se pactan primero.

¿Cree usted que la pura aplicación de la norma de manera irrestricta y sin acuerdos políticos es suficiente para gobernar? Y en ese caso, dígame usted ¿cuál es el papel que va a jugar un Secretario de Gobernación?

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Mire, sus compañeros son falaces, compañero Eloy. ¿Cuál es el fundamento que yo utilizo...

El Presidente: - Están prohibidos los diálogos; le ruego escuchar con respeto al orden.

El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - ...Señor Presidente, por favor.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Dispénseme, compañero, pero "falaz" es un término filosófico que quiere decir que cuando alguien está utilizando algo que parece ser verdad, lo utiliza para poder justificar su argumento. No es una ofensa, es simplemente un concepto que se utiliza para poder decir que lo que usted está diciendo parece ser verdad, pero trata usted de presumir que es verdad; no es una ofensa, dispense si lo ofendí.

Bien, el fundamento que yo utilizo es la intervención de la compañera Rosa Albina Garavito, que dice ella que hubo un acuerdo con el propósito de que se llevara a cabo un consejo político municipal en Zihuatlán. Bueno, pues eso yo lo considero que es anticonstitucional, porque solamente cuando se hace ese tipo de concertaciones a través de los cauces políticos y jurídicos que establece el propio orden constitucional, son cuando son constitucionales. Creo yo que, de acuerdo a lo que ella dice, para mí es anticonstitucional, puede ser que estoy equivocado, sin

embargo, el fundamento es el de la compañera Garavito.

Pero ése no es el problema fundamental; el problema fundamental es que ésa es una argumentación para poder venir aquí a solicitar que en su momento el juicio político se va a enderezar en contra del gobernador del estado.

Esto me permite a mí hacer algunas reflexiones que hemos venido haciendo no sólo los diputados de mi partido, sino diputados de distintas fracciones, porque, miren ustedes, el juicio político es un procedimiento excepcional que se utiliza cuando no es posible reparar la violación a derecho humanos o derechos individuales y políticos.

En México desgraciadamente, porque en la Ley Reglamentaria del Juicio Político no se establecieron los procedimientos adecuados para hacer valer este juicio político, hoy el juicio político se endereza contra cualquier funcionario de manera más general y por lo mismo se viene haciendo inefectivo el juicio político.

En la realidad el juicio político, de acuerdo a como ésta establecido en el artículo 108, en el caso de los gobernadores, solamente puede ser, sólo procede cuando se dan tres supuestos: violaciones a la Constitución, violaciones a las leyes federales y supuesto desvío de fondos y recursos públicos. Solamente esos tres supuestos y como está mal redactado el artículo 7o. de la ley reglamentaria, se cree que los supuestos del artículo 7o. se utilizan en contra de este tercer párrafo del artículo 108; cuando no, los supuestos del 7o., son solamente para los servidores públicos federales de alto nivel. Este es un problema que ha ocasionado que se confunda el procedimiento de juicio político. Por eso es que hay un grupo plural que está en estos momentos analizando cómo hacer efectivo el juicio político.

Porque miren ustedes, en estos momentos yo puedo tratar de iniciar un juicio político, yo podría de hecho, tengo la legitimidad para ello, para decir que voy a iniciar un juicio político en contra de la compañera Rosa Albina Garavito, porque ella en varias ocasiones ha venido aquí para tratar de fundamentar una negociación política con base en violaciones constitucionales.

Yo con esos supuestos podría acudir a la Oficialía Mayor de la Cámara de Diputados, para solicitar un juicio político en contra de la compañera Garavito, por supuestas violaciones a la Constitución.

Como no existe ningún procedimiento para admitir y para poder verificar que existen pruebas para que puedas seguir en su camino el juicio político, pues tenemos que llevar al absurdo de que se tienen que reunir dos comisiones de más de 120 diputados, simplemente para conocer requisitos de procedencia. Por lo tanto, yo creo que en este caso, hay otra serie de recursos que establece el propio orden jurídico del estado de Jalisco, para poder hacer valer sus derechos y hay que ver lo que ahí dice la Constitución local del estado de Jalisco, ahí existen los procedimientos de desaparición de ayuntamientos, ahí existen los procedimientos de revocación, de mandato a los munícipes o a los miembros de un cabildo y ahí también existe un procedimiento de responsabilidad política del gobernador, que son, en todo caso, el camino que ustedes deberían utilizar, no el procedimiento de juicio político que, por supuesto, desgraciadamente, les da la posibilidad constitucional que aquí hemos estado comentando.

Pero, además, hay una situación que es importante reconocer. Según la información que yo tengo, el Colegio Electoral revaloró los alegatos del Partido de la Revolución Democrática y de un diputado que se le estaba otorgando, de acuerdo a la interpretación que hiciera el consejo local electoral, se le modificó esta resolución y al Partido de la Revolución Democrática se le otorgaron dos diputados que justamente merecía. Con lo cual es una demostración de que no existe ningún complot, ninguna actitud negativa en contra del Partido de la Revolución Democrática.

Por otro lado, quiero decirles que mi partido está en la mejor disposición, que la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso Local, realice las investigaciones que sean necesarias, para que se esclarezca si efectivamente hay un desvío de fondos ilegítimos por parte del Ejecutivo del estado, que tendiera a beneficiar a mi partido.

Y creo que también estamos en condiciones de poder hacer la oferta, que ya se ha hecho en otras elecciones, de que se realice un inventario, una auditoría del padrón electoral, para ver cuál es la realidad del padrón electoral del estado de Jalisco. Eso es todo, señor Presidente.

El Presidente: - Para rectificar hechos, se concede la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente.

Mi intervención será muy breve, simplemente para hacer referencia a los comentarios que hace el diputado Rodríguez Lozano. Si los tomamos en serio y no tengo por qué no hacerlo, tendríamos entonces que a partir de aquí fundamentar un juicio político en contra de Fernando Gutiérrez Barrios, por violación a la Constitución que, justamente, es uno de los elementos, en los cuales se puede fincar juicio político.

En este caso la denuncia que traje yo a la tribuna es simplemente por falta de cumplimiento de la palabra del Secretario de Gobernación, que dejó, para nosotros está evidenciando debilidad política, que se impusiera una autoridad local en este momento incapaz de resolver un conflicto cada día más creciente, a partir de los sucesos electorales recientes.

Eso es lo que nosotros estamos aquí tratando de evidenciar, pero el diputado Rodríguez Lozano va más allá, está implícitamente acusando al Secretario de Gobernación de violar la Constitución, porque en este caso y voy a hacer referencia después a otro, empeño su palabra violando la legalidad. Porque dice él, no existe la figura y efectivamente las figuras a las que conducen estos acuerdos políticos, como es la de consejo municipal, en el cual, como decía mi compañero, Eloy Vásquez, puede concretarse un acuerdo político, a partir del conflicto postelectoral que se crea. Esto no es la comprobación del triunfo de un partido, en este caso, del Partido Revolucionario Institucional y entonces lo que se hace es lograr un acuerdo político, esto como intención de parte del Secretario de Gobernación.

Pero si como yo entiendo implícitamente de la argumentación del diputado Rodríguez Lozano, no basta la intención y estoy segura que no basta, sino quisiera hechos, lo quiero remitir al antecedente de cómo se resolvieron los problemas de los municipios de Tabasco, en los cuales no nos fue reconocido el triunfo. Estoy haciendo referencia a aquellos, excepción hecha de Cárdenas Nacajuca y Macuspana, en los cuales gracias a un acuerdo político que efectivamente se cumplió y en el cual participó el Secretario de Gobernación, es posible hablar ahora d situaciones de gobernabilidad a partir justamente de la capacidad de llegar a un acuerdo político.

Me extraña mucho pero yo recojo por supuesto las argumentaciones del diputado Rodríguez Lozano. No sé si él vaya más adelante y efectivamente siendo consecuente con su argumentación, vaya a presentar esta demanda de juicio político en contra de Gutiérrez Barrios. Pero su argumentación me parece que la lógica del diputado Rodríguez Lozano, tendría razón para hacerlo. Gracias.

El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Amador Rodríguez Lozano.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Gracias, señor Presidente.

Bueno, compañera Rosa Albina Garavito, no se trata de tergiversar mis palabras. Por supuesto que yo nunca dije que el Secretario de Gobernación violó la Constitución. Yo solamente vine aquí a utilizar su argumentación en el sentido de que no se cumplió un supuesto, supuesto porque es su palabra, de que se llevó a cabo esa negociación. Yo insisto y lo dije aquí en esta misma tribuna, que mi información era de que ustedes habían estado en contacto con un funcionario menor de la Secretaría de Gobernación y que supuestamente con él habían ustedes intercambiado sus posturas. Pero nunca yo dije ni confirmé, ni aseveré, que...

La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - ¿Me permite el señor diputado Rodríguez Lozano una interpelación?

El Presidente: - Diputado Rodríguez Lozano, pregunta la diputada Rosa Albina si le admite una interpelación.

El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con mucho gusto, si usted la autoriza.

El Presidente: - Yo la autorizo y el diputado Rodríguez con gusto se la admite, diputada Rosa Albina Garavito.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Gracias .

En mi argumentación utilicé dos argumentos, dos elementos: uno, justamente el de la intención que nosotros suponemos en Gutiérrez Barrios, si se hubiera cumplido su palabra, de formar este consejo que en términos suyos sería ilegal, anticonstitucional. Pero lo quiero remitir a hechos consumados, a los casos de Macuspana y Nacajuca, en Tabasco, en que efectivamente y gracias a la negociación lograda a través de la Secretaría de Gobernación con Gutiérrez Barrios, se logró, como dije en la tribuna, que estos conflictos se resolvieran y ahora se viviera una situación de gobernabilidad.

Entonces, sobre hechos consumados yo le preguntaría a usted de acuerdo a su argumentación,

¿se valida o no la responsabilidad como para demandar juicio político al Secretario de Gobernación en los términos en que se resolvió con el Partido de la Revolución Democrática estos municipios antes en conflicto en Tabasco?

El diputado Amador Rodríguez Lozano: Desconozco ese tipo de negociaciones que usted dice que se llevaron a cabo. Es una vez más su palabra. Yo no dudo de ella, pero usted simplemente está argumentando sin presentar ninguna documentación y yo creo que eso no se vale.

Yo creo que la negociación política es válida; que nos debemos de acercar las fuerzas políticas para poder conducir en mejores cauces los debates poselectorales; que se puede llevar a cabo la confrontación de actas; que podemos tratar de identificar elementos de irregularidades que supuestamente se dan y que posiblemente se dan en cualquier proceso electoral porque bueno, es un proceso electoral en el que participan cientos y miles y a veces hasta millones de mexicanos. Pero que eso no tiene ninguna manera qué ver con lo que usted aquí está utilizando en la tribuna. Entonces, yo rechazo que yo haya dicho aquí en la tribuna que el Secretario de Gobernación violó la Constitución. Eso quiero que quede claro y ése es el motivo de mi intervención en la tribuna. Gracias, señor Presidente.

El Presidente: - Vamos a conceder la palabra ahora al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, para hacer referencia al Tratado de Libre Comercio.

Perdón, señor diputado Amezcua; el diputado Diego Fernández de Cevallos nos pide la palabra, porque hemos cambiado de tema. El quiere intervenir en el asunto anterior.

Tiene la palabra señor diputado Fernández de Cevallos.

El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Gracias, señor Presidente:

Con toda intención esperé a que terminara el debate entre el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática en esta materia, para hacer un planteamiento muy breve, pero estimo que si Acción Nacional tiene una larga lucha por la defensa del voto de todos los mexicanos, por ningún motivo puede guardar silencio en el caso de Jalisco, más aún cuando lamentablemente hemos perdido en un accidente a cinco distinguidos luchadores por la democracia.

Y no puede guardar silencio porque como lo hemos dicho desde hace tiempo y hoy ha de reiterarse, la ley del estado es democrática, pero a esto se debe agregar que las autoridades electorales no han sido imparciales en el proceso que acaba de concluir. A pesar de ello el pueblo de Jalisco votó de manera importante por los candidatos de Acción Nacional, a pesar de una mala ley y de malas autoridades se han reconocido triunfos importantes para la causa de Acción Nacional.

La ley es mala y tan mala, que la reclamación popular que ha producido ha generado un compromiso político del propio gobernador, hecho expresamente de que en el ámbito de sus competencias generará el mejor de sus esfuerzos para que los grupos políticos puedan encontrar a corto plazo los caminos que conduzcan a un cambio en la ley y para que ésta mejore.

Pero adicionalmente se ha producido la denuncia de un funcionario importante del Registro Nacional de Electores, que venía desempeñando mal su papel en el estado de Jalisco. Yo quiero simplemente dejar constancia de que Acción Nacional ve con preocupación que a pesar de tantos esfuerzos que viene haciendo el pueblo de México por encontrar nuevos cauces en su trabajo político electoral, una serie de irregularidades se sigan repitiendo y una serie de comportamientos que de ninguna manera ayudan a la unidad y al mejoramiento del pueblo se sigan dando.

Creo, señores diputados, señores senadores, que ya es tiempo de que la cultura del fraude se supere y ya ha llegado el momento en que todos con rigor hagamos el mejor esfuerzo para lo que se ha dado en Jalisco como en otras partes de la República, no se repita.

Acción Nacional seguirá luchando denodadamente porque todos los votos de todos los mexicanos se respeten; creemos que es la única forma como México puede enfrentar los retos que siendo gigantescos, son superables si todos asumimos una cultura superior y podemos estructurar nuestro trabajo político con absoluta honradez. Gracias.

El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Manuel Jiménez Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Con su permiso, señor presidente; ciudadanos legisladores:

El motivo fundamental de nuestra participación del día de hoy, es en referencia no a un asunto estrictamente político - electoral que nos pudiera llevar a desviar la atención de lo que para la fracción priísta en este momento representa una de las afirmaciones y recuerdos que hiciera el diputado Diego Fernández de Cevallos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional.

La lucha por la democracia en nuestro país es una constante, es un común denominador de un pueblo que sabe que con certidumbre arribará hacia mejores condiciones de vida, de justicia social, de libertad, sólo en el ámbito de la democracia.

En la lucha por la democracia evidentemente muchos mexicanos fieles a sus ideas, respetables todas ellas, han dado lo mejor de su vida, han trabajado de manera incansable, se han comprometido con un sueño, con una idea, con un anhelo, han participado de manera libre como hombres libres en un país libre en las circunstancias que de acuerdo a su conciencia debe asumir como miembro de un partido o como miembro de una colectividad y han seleccionado como estrategias y tácticas de lucha, diversas formas democráticas y políticas para hacer sentir su voz, su presencia, su protesta, su limpieza, equivocada o no, dentro de los límites mismos de la democracia y que nadie tiene derecho a juzgar más que la propia generación que habrá de sucedernos para la reconstrucción de un mejor país.

Por eso, estimado Diego Fernández de Cevallos, la fracción parlamentaria de mi partido siente de manera profunda y sincera el fallecimiento de ilustres compañeros que en la lucha por sus ideas, por sus sueños, por sus anhelos, perdieron la vida en un lamentable accidente, precisamente aquí recordado en esta tribuna.

¡Reciba el Partido Acción Nacional las sinceras condolencias de los miembros del Partido Revolucionario Institucional! ¡Reciba Diego Fernández de Cevallos, por tu conducto, sus familiares y tus compañeros de partido, este sentido pésame de solidaridad por este lamentabilísimo accidente en carretera en una parte de la República Mexicana!

¡Que quede constancia de que el Partido Revolucionario Institucional, a través de su fracción parlamentaria en esta Comisión Permanente, no es ajena ni insensible a lo que sucede en el territorio nacional!

¡Para ustedes nuestro sentido pésame y nuestro abrazo fraternal! Muchas gracias.

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

El Presidente: - Ahora concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, para referirse al Tratado de Libre Comercio.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente, con su permiso; compañeros diputados y senadores integrantes de la Comisión Permanente:

El intercambio comercial con el exterior, constituye uno de los aspectos cada vez más importantes de toda economía nacional. Dicho intercambio debe darse sobre las bases del mutuo beneficio y debe ser lo más ampliamente diversificado posible, a efecto de evitar la amenaza de la dependencia.

En el caso de nuestro país, uno de los problemas fundamentales, radica en que históricamente nuestro comercio exterior se ha realizado en muy alto grado con un único mercado: el de los Estados Unidos.

En efecto, tanto por el lado de las exportaciones, como el de las importaciones, desde hace décadas, las que realizamos con ese país oscilan en torno al 70% del total de nuestro comercio exterior. Es decir, tenemos un comercio exterior dependiente con relación a la principal potencia imperialista del mundo, como dependiente es también el conjunto de nuestra economía.

El Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá en proceso de negociación, tiene como rasgo fundamental el de impulsar ambos renglones: exportaciones e importaciones, precisamente con los Estados Unidos y en menor grado con Canadá, como resultado de la menor magnitud económica de este último país .

El Tratado de Libre Comercio, por tanto, lejos de tender a resolver el problema fundamental de nuestro intercambio comercial dependiente, propiciando su diversificación, impulsa la tendencia contraria. Es decir, nos conduce a una dependencia creciente.

Por otro lado, este proceso se da en el peor momento histórico, dado que la economía de los Estados Unidos se encuentra en franco

Los problemas de su actual recesión, según reconocen los propios congresistas norteamericanos de ambos partidos, Republicano y Demócrata, son de carácter estructural y de muy difícil solución.

Hace unos días el Comité Económico Conjunto del Congreso de los Estados Unidos, propuso lo que llamó un Plan Marshall para ese país, a partir del reconocimiento de que su estructura económica se quedó rezagada por más de 40 años, que sigue siendo una economía de guerra, cuando tal situación no existe ya en el mundo; que tiene un considerable estancamiento, sobre todo en los campos de la ciencia y la tecnología; con respecto a Japón, a Alemania y a otros países y que su planta industrial presenta síntomas de obsolescencia en múltiples ramas de la producción.

En ese contexto, para los Estados Unidos representa una posibilidad la de aprovechar la fuerza de trabajo sumamente barata en México y, en general, de América Latina, para abatir costos de producción, particularmente en los procesos de mano de obra intensiva, que paradójicamente constituyen una de las vertientes de la moderna producción, electrónica, de autopartes y en otras ramas. Por eso el interés de ese país en el Tratado de Libre Comercio, como parte de un proceso de consolidación de su hegemonía sobre el Continente Americano, que hoy, bajo la denominación de Iniciativa de las Américas, no hace sino resucitar las viejas tesis de la Doctrina Monroe y la concepción imperialista del patio trasero.

Se trata de un proceso que tiende a profundizar las relaciones que no son ni han sido de mutuo beneficio, sino sumamente desiguales y a consolar la hegemonía estadounidense, atándonos además a una economía hoy gravemente enferma.

Por eso, resulta condenable la actitud del gobierno que encabeza el presidente Carlos Salinas de Gortari, de llevar a cabo estas negociaciones con el mayor sigilo, encerrado entre cuatro paredes y ocultándose del pueblo mexicano; con esa actitud, el grupo gobernante viola la Constitución, cuyo artículo 6o. obliga al Estado a garantizar la información. El grupo gobernante no solamente no informa al pueblo, sino que tampoco lo hace adecuadamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no obstante que la propia Constitución asigna a los diputados el carácter de representantes de la nación.

El Tratado de Libre Comercio, en las condiciones en que se da, entraña graves peligros para el futuro de la nación y del pueblo, razón por la cual el Partido Popular Socialista ha exigido y exige que su negociación se lleve a cabo con la mayor transparencia, que se informe con amplitud de las posiciones que asume el gobierno de México, de los aspectos de principio en los que nuestro país no puede ceder ante ningún tipo de presiones, como es el caso de los energéticos; que se informe día a día de los resultados que se vayan generando en las conversaciones, fundamentalmente a la Cámara de Diputados y en su conjunto al Congreso de la Unión, pero no sólo al Poder Legislativo, sino que se informe en general a todo el pueblo.

El gobierno ha dicho que no proporciona tal información, porque no conviene a los negociadores mexicanos, porque no conviene que exhiban sus cartas por adelantado; ha dicho nuestro gobierno. Tal argumentación es deleznable; las cuestiones fundamentales de principio que tienen qué ver con los intereses superiores de la nación y del pueblo, deben ser pública y reiteradamente establecidas dándoles esa calidad de posiciones inamovibles. Los negociadores mexicanos tendrán mucho más fuerza frente a sus contrapartes si ha quedado establecida con toda claridad esa base fundamental y se mantiene informado y en estado de alerta al pueblo de México, para que respalde esas posiciones de los negociadores, si éstas son posiciones de principios y si éstas son posiciones patrióticas.

Hasta hoy el gobierno mexicano ha mantenido en calidad de secreto de Estado el documento fundamental a discusión, el llamado Borrador del Tratado, ocultándolo incluso a los diputados y a los senadores; ha incurrido hasta en un acto irrespetuoso al contestar a las reiteradas peticiones de información que ha formulado la Cámara de Diputados y en su momento la Comisión Permanente, enviándole fotocopias atrasadas de boletines de Prensa emitidas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, así como folletería de difusión de la que se distribuye en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria para explicar que cosa es un Tratado de Libre Comercio.

Hoy hemos recibido aquí un documento del que dio cuenta en esta tribuna el compañero diputado Javier Garduño, que hay que valorar; es un documento que da respuesta a 71 interrogantes específicas que formularon compañeros diputados y senadores de diversos partidos en una reunión conjunta celebrada en el Senado de la República hace unas semanas, es una

información que hay que valorar, que hay que examinar con toda seriedad y con toda responsabilidad; sin embargo, también hay que decir desde ahora que sigue eludiéndose el ir a las fuentes fundamentales, a las fuentes de primera mano. Aquí se siguió el método de presentar las preguntas, llevarlas a las autoridades, traer las respuestas de las autoridades, a planteamientos específicos, es bueno, debiera ser complementario del otro, del tener acceso a los documentos y después del acceso a los documentos formular las preguntas para cubrir posibles imprecisiones. Se elude hasta hoy la parte fundamental y se cubre sólo la que debiera ser complementaria.

En ese ambiente hemos venido trabajando de tiempo atrás, por eso causó expectación el que la agrupación denominada Red Mexicana de Acción frente el Tratado de Libre Comercio, hiciera entrega el miércoles pasado a la Comisión Permanente, de una copia de un conjunto de documentos previos a la constitución del borrador, los que obran ya en poder de todas las fracciones parlamentarias. Se trata en la mayoría de los casos de minutas de las reuniones realizadas en febrero pasado en la ciudad de Dallas, por lo grupos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá; independientemente de que son documentos, muchos de ellos incompletos y de que proporcionan una información por lo tanto no suficiente ni actualizada.

El esfuerzo realizado por los integrantes de la Red Mexicana de Acción frente al Tratado de Libre Comercio, es un esfuerzo valioso que debe saludarse, en tanto tiende a romper la actitud injustificable de establecer un círculo de silencio real en torno a un asunto de tanta importancia.

Entre otras cuestiones que se reflejan en el documento citado, el que nos entregó la red mexicana, una sumamente preocupante lo es la virtual aceptación por la parte mexicana del llamado "trato nacional" a los capitales provenientes de los Estados Unidos y Canadá.

En efecto, por esta vía se tiende a vulnerar de manera grave la legislación vigente en materia de inversiones extranjeras, particularmente la contenida en la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Extranjera, en vigor; al darse un trato como si fueran capitales nacionales a los provenientes del exterior, se tiende a abrir un gran boquete en uno de los aspectos más importantes, definitorios de la soberanía nacional y también se tiende a crear condiciones para que en el futuro se dé una permanente y galopante anemia financiera en nuestro país, cuando las inversiones extranjeras que hoy fluyen cuantiosas y que pudieran incrementarse mucho más como resultado de esta aceptación en el Tratado de Libre Comercio, empiecen a generar como resultado natural, el retiro de cuantiosas cantidades por vía de utilidades, regalías y otros conceptos.

La experiencia tanto mexicana como de otros países, muestra que cada dólar de inversión extranjera, al poco tiempo genera la salida de varios dólares y que muy lejos de convertirse en una forma sana de financiamiento del crecimiento económico, se convierte en una vía de gran magnitud para la descapitalización de los países receptores.

Hay que añadir que en la actual coyuntura, los capitales extranjeros se concentran sobre todo en el área especulativa, en la bolsa de valores, cuestión que deforma la economía todavía más y establece un nuevo riesgo; el de una posible fuga masiva y súbita.

Frente a esta situación el Partido Popular Socialista reitera una vez más su exigencia de que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se den un ámbito de la mayor transparencia, de plena información al pueblo de México y en primer término al Poder Legislativo.

Demanda además, se toman las medidas orientadas a la diversificación de nuestro comercio exterior hacia todas las regiones y países del mundo, sobre la base del mutuo beneficio, poniendo particular énfasis en la región latinoamericana, hacia la cual tenemos que fortalecer un proceso de integración, todo esto como alternativa para evitar que se acentúe y consolide la dependencia que históricamente ha pesado sobre nosotros con relación a la potencia imperialista del norte, poniendo en mayor riesgo que nunca la independencia nacional económica y política hoy en día.

«Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores, me permito poner a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición, con un único

PUNTO DE ACUERDO

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión se pronuncia porque el Ejecutivo

abandone la conducta de indebido sigilo que ha seguido en todo lo relativo a las negociaciones del Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos y Canadá; que en un cumplimiento con lo estatuido por el artículo 6o. de la Constitución, informe de manera pública y transparente sobre la marcha de estas negociaciones, a partir precisamente de la fijación de los principios fundamentales que competen a la defensa de la soberanía y los intereses superiores del pueblo de México, en torno a los cuales el gobierno debe formular el compromiso público de no hacer la menor concesión y consecuentemente, informe en primer término a ambas cámaras del Congreso de la Unión, destacadamente a la Cámara de Diputados, integrada por quienes constitucionalmente tenemos el rango de representantes de la nación; que esta información incluya el acceso a los documentos que son fuente fundamental y originaria de la misma; que el secretario del ramo, Jaime Serra Puche y el grupo de negociadores, estén permanentemente en disposición para atender de manera directa e inmediata las invitaciones y citatorios que con frecuencia les podrán hacer, una u otra cámaras, ya sea para comparecer ante el pleno o ante las comisiones respectivas.»

Está en términos de reglamento, señor Presidente, fechada la proposición el día de hoy y signada por un servidor, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, en representación de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista. Hago entrega a la Secretaría para su trámite pertinente. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado Cuauhtémoc Amezcua y vamos a darle trámite en los términos del artículo 58 del reglamento a su proposición. Primero entonces vamos a preguntar a los señores legisladores si hay oradores en pro.

En pro la compañera Rosa Albina Garavito; solamente uno en pro en principio, dice la fracción II del 58, diputado Amezcua, y en contra el senador Sales; solamente uno, diputado Garduño, resérvese en todo caso.

Una pregunta, diputada Garavito, antes: usted está inscrita para comentarios sobre el Tratado de Libre Comercio; si le pareciera al diputado Cuauhtémoc Amezcua y a usted tratarlos de una vez en su intervención, pudiera resultar de economía procesal. ¿Estaría usted de acuerdo o quiere manejarlo en puntos por separado?

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Yo quisiera tratarlos en puntos separados.

El Presidente: - Entonces no tiene remedio; tiene usted la palabra en pro de la respuesta.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente. Entiendo que no soy yo la que no tengo remedio, sino la situación.

El Presidente: - El procedimiento, el procedimiento.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: El procedimiento, por supuesto.

Solicité hacer uso de la palabra para argumentar a favor de la propuesta que nos acaba de presentar el diputado Amezcua Dromundo. Yo diría que incluso sería innecesario hacer esta respuesta. Cualquier legislador entiende, entendemos que es obligación del Ejecutivo de informar sobre todos los proyectos que afectan a todos los mexicanos, que afectan al país, que afectan a la nación, como es por supuesto y con mayor razón, un tratado trilateral de libre comercio como es el que está sometido a discusión.

Por desgracia no ha sido el caso; reiteradamente hemos subido a esta tribuna a solicitar esta información. El comunicado que hoy nos hizo llegar el diputado Garduño Pérez, no lo consideramos como información oficial. Esto no quiere decir que quien haya respondido a las preguntas que se elaboraron en torno al tema, no tenga por supuesto un carácter oficial, pero lo que hemos reclamado en esta tribuna para avanzar en los trabajos en relación al Tratado de Libre Comercio, por lo menos en cuanto a la opinión que los diputados podamos tener con mayor razón para que los senadores normen su criterio, ya que a ellos sí se les presentará este proyecto, si es que no logramos reformar, como nosotros pretendemos, la legislación, para que también la Cámara de Diputados tenga injerencia en el tema, para todos estos efectos lo tomamos simplemente como la opinión del Secretario de Comercio, quien por supuesto está encabezando esta negociación.

Pero quiero yo contestar la validez, para los propósitos que perseguimos, de las respuestas del Secretario de Comercio, en relación a la validez del documento que recibimos la semana pasada en esta Permanente y no precisamente por el interés que el Ejecutivo haya tenido de mantenernos informados, sino gracias a la acción de las organizaciones sociales, aglutinadas en esta red mexicana frente al libre comercio.

La semana pasada compartimos esa grata noticia aquí; el punto que tenemos registrado en

el orden del día es para compartir con ustedes los avances que hemos hecho en el análisis de este documento.

Entonces nos parece por supuesto totalmente pertinente, válida y necesaria, ojalá que así lo entendamos todos, también los legisladores priístas, de aprobar la propuesta que hace el diputado Amezcua Dromundo, en tanto hasta la fecha y por los canales pertinentes y a partir de los canales oficiales, aún estamos ayunos de la información en torno a qué es lo que está negociando y cuál es la posición del gobierno en relación a los distintos temas agendados en este proyecto.

Esas son las razones por las cuales la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática apoya si duda alguna, enfáticamente, la propuesta que hace el diputado Amezcua Dromundo. Gracias.

El Presidente: - Gracias, diputada. Concedemos la palabra al señor senador Carlos Sales, en contra de la proposición presentada, en término del 58.

El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Señor Presidente; compañeros legisladores:

Es bien poco diferente a lo que he dicho en otras ocasiones lo que aquí ahora podré mencionarles. Voy a ser breve.

Sigo muy preocupado porque esto parece un diálogo de sordos. Hemos estado desde el principio hablando de la información que de manera oficial nos proporcionan los negociadores del gobierno mexicano, respecto a los avances que hay en el Tratado de Libre Comercio y se descalifican para compararlos con el de un documento obtenido ilegalmente y que favorece a los intereses fundamentales de grupos de oposición de otro país y les hacemos el juego, y es probable que lo hagamos porque también favorece a los intereses políticos de algún grupo en particular, pero recordemos que el esfuerzo de esta asociación que distribuyó un documento supuestamente con validez, lo obtuvo de una manera no oficial. Si el gobierno canadiense o el gobierno norteamericano actuaran diferente que el gobierno mexicano en esta negociación, se lo hubiera proporcionado a esta asociación, quien en un acto de nobleza con las organizaciones políticas mexicanas lo hubiera traído aquí. No es el caso.

Hay dos versiones respecto de cómo se obtuvo el documento. Ninguna de las dos es la de un documento oficial, pero que al fin y al cabo, creo que eso es lo menos interesante, porque es un documento que ciertamente contiene algunos puntos de vista relacionados con el tratado, e incluso pudiera ser un documento que en alguna etapa de la negociación pudo tener alguna validez.

Lo que es realmente cierto es que no es posible aceptar aquí lo que se viene a ofrecer como razones para proponer un acuerdo como el que escuchamos, que de antemano digo que los representantes que pertenecen al Partido Revolucionario Institucional lo rechazamos ampliamente, por lo que voy a exponer.

Seguimos solicitando materiales oficiales y descalificándolos porque estos son de consumo por la sociedad en lo general. Yo no quiero incurrir en lo que ya en una ocasión incurrí en esta tribuna, pero quiero hacer una recomendación muy respetuosa a mis colegas y amigos, diputados y senadores, ¿Por qué no leemos todos los documentos, los leemos con calma y después lo descalificamos?

La posición mexicana, la posición que podrán encontrar en cualquier documento oficial, está dada en esos cuadernitos que, por el hecho de estar impresos y no ser de consumo exclusivo para el Legislativo, decimos que no funcionan. En esos documentos está la posición del gobierno mexicano ante la negociación, en todos y cada uno de los puntos.

A partir de esos documentos, es que hemos tenido los informes, a los que aquí he hecho referencia que son nueve ya, incluyendo uno, donde los senadores de la Comisión de Comercio, vuelvo a repetir, con la presencia de los senadores de oposición, conocimos el texto del tratado y los puntos en que hay discrepancia, entre lo que los negociadores mexicanos, conforme a los principios que todos los mexicanos conocemos con base en esa despreciada información oficial, por el hecho de que es general para toda la población, creo que la tendríamos que sustraer por la parte de atrás de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial para que sea objeto de lectura y discusión por parte de los legisladores.

Pero, digo, esa información que tenemos, ha sido complementada, día a día, con la que nos ha dado la Secretaría de Comercio que, ahora con este documento, que responde a preguntas concretas de legisladores enterados, creo yo, que participaron en una reunión conjunta que tuvimos senadores y diputados de casi todos los partidos políticos. No tuvimos la fortuna de

contar con la presencia de representantes del Partido de la Revolución Democrática, pero sí de los demás partidos políticos, que expresaron sus dudas, sobre lo que me imagino conocían.

Lo único que ahí se solicitó y que no se cumple en este documento, es la presentación de un texto. y yo les quiero decir que no hay un texto. El texto, además, es el resultado de las negociaciones de cada uno de los 18 grupos, ahora 17, como se nos ha venido explicando, porque el de servicios ha sido incorporado en una manera diferente.

Entonces desde el punto de vista del senador Sales y no quiero hacer aquí extensiva la responsabilidad al Senado de la República, de acuerdo con las atribuciones de la Constitución que tiene el Ejecutivo y las que tenemos cada una de las cámaras y a lo que yo considero que debemos de ser los legisladores, respetuosos del orden constitucional y de lo que ahí se establece, creo que el Ejecutivo está cumpliendo con amplitud, con la información que proporciona, respecto de una atribución que le es señalada como propia por la propia Constitución.

Yo estoy de acuerdo, eso sí, en la importancia, sin duda, del tratado, para la vida de los mexicanos. No quiero volver a insistir en una polémica que es estéril, porque la relación entre las dos cámaras siempre ha sido, es ahora y va a seguir siendo, de la mayor cordialidad y de la mayor colaboración conjunta.

Pero yo no digo que se informe más a una que a la otra, como aquí se mencionó nada más que la Constitución, perdón que volvamos a reiterar el punto, le da la atribución de aprobar en su caso el tratado, al senado de la República.

Pareciera, yo sé que no es la intención de lo que aquí se dice, de poner en duda la capacidad, nacionalismo de los senadores, frente a este problema tan importante para la vida de México, pero eso no excluye la participación de los diputados, no sólo no la excluye, sino la refuerza por varias razones. La información que tenemos ahora pues prácticamente es la misma, porque al estar los partidos políticos, con alguna excepción, representados en el Senado, cuentan incluso con los textos, seguramente sus representantes tomaron nota, como lo hicimos los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, contamos con la información.

Tenemos la información para en su momento, el momento ahora es el del Ejecutivo; es la de celebrar los tratados y después vendrá un proceso legislativo amplísimo derivado quizá, si se firma el tratado, de la necesidad de ajustar leyes que los señores diputados tendrán qué ver y el Senado también tendrá que opinar si se cumplen, con todos los extremos constitucionales en el tratado firmado.

Yo les quiero repetir: sí, todos tenemos un interés intelectual en tener más información. Nos gustaría estar en el cuarto de junto; ya lo expresó aquí en otra ocasión el compañero que me antecedió en el uso de la palabra. Pero yo creo que también a los del cuarto de junto les gustaría estar aquí legislando con nosotros y no es su papel. Yo creo que cada uno de nosotros debe de estar en su lugar.

Respecto de todo lo aquí expresado, es una concepción dogmática equivocada de la política exterior y de la política comercial en particular, que sigue el gobierno mexicano. Hay un hecho del cual estamos partiendo y es que históricamente por nuestra situación geográfica y por la calidad del tamaño de las economías, el comercio de México con los Estados Unidos, es más importante que con los demás países del mundo.

Y también es un hecho que creo que no podemos ocultar, aquí lo decimos, pero aquí no lo oímos. Nuevamente voy a procurar que alguna versión estenográfica de esta plática se pase a este grupo que tiene tanta confianza por lo que dice, de algunos compañeros legisladores y les diga lo que aquí hemos insistido: hay una política comercial, una política exterior en general, activa y diversificada, al grado que nuestro primer Acuerdo de Libre Comercio, lo firmamos con Chile. Quizá no le demos importancia y aquí vamos a voltear el argumento, porque Chile tiene 13 millones de habitantes; porque el comercio con Chile es incipiente. ¿Qué estamos haciendo negociando con Guatemala un Tratado de Libre Comercio o con Venezuela o con Colombia? Entonces, no entiendo donde está la diversificación.

Yo creo que el sueño de Bolívar encuentra su primera expresión concreta, real, en el acuerdo que firmamos del Tratado con Chile y los hechos en los dos primeros meses, con la información que contamos, que también respetuosa y amistosamente les haré llegar en la próxima reunión; ya cuentan con ella los señores senadores. Dentro de su responsabilidad al haber aprobado este acuerdo nos indican cómo se ha fortalecido la relación de negocios entre Chile y México, con dos meses de haberse establecido este tratado y cómo están avanzando con los demás países

de Latinoamérica y cómo el llamado Pacto de las Américas, aquí lo platicamos., tiene su antecedente en un discurso del candidato a la presidencia, Carlos Salinas de Gortari, que propuso esta integración completa de la América Latina y que la ha iniciado con hechos, como lo estamos observando. Pero no se ha tenido la política comercial en estos intentos y logros con Latinoamérica. Aquí hay legisladores que son testigos de la muy activa relación con los países de Asia, del Pacífico asiático, donde se presentaría, de darse, después de la que podríamos llegar a constituir con los países de América del Norte, la zona más importante de comercio.

Y modificamos nuestra relación con los países que componen la Comunidad Económica Europea y tenemos una nueva y activa participación en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, donde hay 108 países. Nosotros somos unos de ésos; estamos participando en estas nuevas relaciones comerciales como se nos ha explicado en esos documentos que muchos juzgamos obsoletos, con ventajas ahora por los anticipos que dimos en nuestra relación con el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.

Entonces, yo no puedo aceptar por un lado, de que tendamos a concentrarnos. Claro, vivimos una nueva concepción mundial, donde para llegar a la liberación del comercio, que es una aspiración generalizada en estos momentos, estamos pasando por los bloques. ¿Por qué México no va a formar un bloque para competir con el de la Comunidad Económica Europea?, porque en 1947 alguien dijo lo contrario, pues yo creo que el México de 1992 defiende su nacionalismo no levantado barreras, sino enfrentándose todos los días a los problemas que se presentan y los problemas que se presentan son como los que aquí estamos discutiendo.

La preocupación por la economía norteamericana sobre la cual tienen mucha preocupación algunos legisladores norteamericanos, pues que se sigan preocupando; nosotros en la negociación que llevamos en el Tratado de Libre Comercio y los avances nos lo dicen y lo estamos viendo aquí, estamos tratando de aprovechar todas las ventajas para nuestro país.

¿Por qué los canadienses están mandando este documento a México? ¿Alguien se ha parado a pensar en eso? ¿No será que la oposición tan fuerte que hay a la posibilidad de que México compita con lo son sus ventajas comparativas y no sólo la mano de obra barata, que esperemos que cada día lo sea menos y gracias precisamente a la competencia que se va a dar por utilizar esa mano de obra subutilizada? ¿No será que en ese país hay gente interesada en provocar una reacción negativa para el tratado aquí? Yo pienso que ésa es la razón de que ese documento esté aquí, porque ese documento, si es que corresponde a alguna etapa de la negociación, el Senado de la República no ha llegado; si corresponde a una etapa de la negociación, pues fue obtenido de una fuente oficial muy confidencial que algún motivo tuvo para darlo.

Ahora, esta información que solicitamos y que insistimos por un lado que no hay, y por el otro que si hay y que citamos lo que nos mandan en el documento y lo que no tiene el documento; yo encuentro que aquí mismo se ha dado argumentos que están respondidos en el documento que vimos. Se nos pregunta: qué va a pasar con el petróleo? Bueno, se nos dice que no va a ver nada que vaya contra la Constitución, que no va a haber ningún contrato de riesgo, que no va haber gasolineras, que no va haber garantía en los contratos de suministros y ahora lo que nos dicen es que el señor Serra no tiene calidad oficial para contestarnos eso, pero si vamos a comentar un documento sustraído, en el mejor de los casos, de los archivos de un país que participa en la negociación. Yo sinceramente creo que le falta seriedad a esta manera de ver las cosas.

La discreción se ha confundido con otra forma, con otro aspectos; yo sigo pensando en la historia de este país, en la historia de los partidos políticos o de las asociaciones civiles o de la familia; que las negociaciones se hacen con discreción, siguiendo principios básicos, que todos conocemos los principios básicos en nuestra negociación y que vamos a vigilar que se cumplan; si no, no vamos a aprobar el tratado, pero vamos a dejar que haya tratado, vamos a esperar que haya texto y vamos a ir conociendo los avances, como yo les repito, yo entiendo que los tenemos.

Por lo tanto con los argumentos que ahora les expongo, yo reitero el rechazo a la propuesta aquí señalada y lo que sí propongo es que sigamos en una reunión respetuosa diputados y senadores, senadores y diputados, sin preponderancia de ninguno de los dos, platicando sobre estos temas que yo creo que nos hace mucha falta el intercambiar puntos de vista entre nosotros, para ver que más necesitamos; no estoy diciendo que los senadores le van a dar luz a los diputados o viceversa; que platiquemos realmente en dónde andamos.

Yo siento que tenemos mucho más de los que aquí decimos, aunque seguramente mucho menos de lo que quisiéramos, hasta el grado de estar involucrados en la negociación.

Por lo tanto al rechazo de una propuesta, yo hago la invitación a que continuemos trabajando juntos en este problema tan importante para nuestro país. Gracias.

El Presidente: - Para rectificar hechos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - A efecto de ajustarme al tiempo del reglamento, para una intervención para hechos, que es de cinco minutos, tocaré sólo dos o tres cuestiones fundamentales.

La cuestión de "la atribución". En efecto, nadie discute que el Senado tiene la facultad de ratificar los tratados.

Nosotros hemos reivindicado el derecho de toda la nación, de todo el pueblo, de estar de enterado de un asunto de esta magnitud y el derecho de los representantes de la nación, la Cámara de Diputados, estar enterados al día y poder debatir en torno a esto en que el senador Sales Gutiérrez coincide con nosotros, es un tema de la mayor importancia.

No estamos pues disputándose sus atribuciones al Senado. Reivindicamos nuestro propio derecho para estar enterados al día y debatir en torno a este asunto.

Segundo aspecto: nuestra insistente demanda desde el día 3 de enero, hace ya 90 días, tengo aquí las versiones estenográficas de las diversas ocasiones en que hemos tratado el asunto, ha sido en que tengamos acceso a las fuentes de primera mano, que no se nos mande información de segunda o tercera mano y ha sido útil esta insistencia y hemos venido reconociendo cómo a partir de que la primera ocasión pasaron cuatro semanas sin que hubiera ningún material informativo en lo absoluto; después llegó un primer material que hemos leído, releído y repasado; no es problema de falta de lectura de lo que llegó, pero que no actualizaba la información.

Y así se ha ido avanzando, abriendo un poco más la brecha, hasta el documento que se nos entrega hoy. Pero hasta hoy no hemos tenido acceso a las fuentes de primera mano. ¡Estimamos tener el derecho! ¡No nos parece válida la argumentación de discreción o de no mostrar cartas en asuntos de esta magnitud! Ya argumenté al respecto, no repetiría el argumento por economía de tiempo, ¡y respeto el tiempo de todos ustedes!

Tercer asunto: la preocupación por si vale o no, en qué medida vale que nos llegue información no oficial. Podríamos compartir la preocupación y justamente por eso se refuerza nuestro interés de que tengamos información oficial de fuentes primarias, de primera mano, oportuna y ágil.

He consumido casi cuatro minutos de los cinco, con esto concluyo, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, señor diputado.

Vamos a proceder en término de la fracción III, del artículo 58 del reglamento y voy a rogar a uno de los señores secretarios que consulte, en votación económica, a los integrantes de la Permanente, si se admite o no a discusión la proposición presentada por el diputado Cuauhtémoc Amezcua.

El secretario diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta, en votación económica, si se admite a discusión la proposición.

Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...

Los que estén porque se deseche la proposición, ponerse de pie... Desechada, señor Presidente.

El Presidente: - Gracias, señor secretario.

El siguiente punto también tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio, y son comentarios que formulará la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores:

En la sesión pasada, como decía en mi intervención anterior, quisimos celebrar colectivamente la grata noticia de tener el documento que habíamos estado esperando de parte del Ejecutivo. No es que pensemos que las declaraciones que haya hecho el Secretario de Comercio, Serra Puche, en esa entrevista que hoy

se nos entregó con material, no sea oficial, lo que nos interesa para tomar posición como ciudadanos y como partidos, es saber justamente y exactamente y con precisión cómo y que está negociando el gobierno en la mesa de negociaciones; esto es justamente lo que nos proporciona el documento que recibimos la semana pasada.

Les decía, que entonces, además de celebrar esa noticia, les anunciamos que en su momento también colectivizaríamos las reflexiones que son pertinentes, a partir de los primeros análisis que hemos hecho de este documento.

Miren ustedes, la primera conclusión que sacamos del documento, es que es un documento legítimo, es un documento oficial; esto se ha reconocido tanto en Estados Unidos como en Canadá, en donde está circulando una copia idéntica, el mismo día que se entregó oficialmente el borrador con corchetes a esta Comisión Permanente, la prensa internacional daba cuenta del reconocimiento, tanto en Estados Unidos, como en Canadá, de que el documento es auténtico. El Parlamento Canadiense dedicó el jueves 26 y viernes 27 de marzo a la discusión de dicho borrador y John Wicks, jefe de los negociadores canadienses, acepta la legitimidad del documento en circulación; el Congreso Estadounidense anuncia audiencias para discutir el documento y Tim Oliri, vocero de la oficina de Carla Hills, aceptó su validez.

Estamos ante un documento legítimo, auténtico. Se puede dudar de la forma en que se filtró, ese es otro asunto que mencionaba el senador Sales. Pero justamente a eso también queremos llamar la atención de ustedes, señores legisladores, porque para que haya sido posible que nosotros aquí en México tuviésemos ese documento, efectivamente tuvo que ser filtrado desde el más alto nivel, en este caso del gobierno canadiense.

¿Por qué nos llama la atención y nos preocupa además este hecho? Lo celebramos por un lado, pero este es un fenómeno complejo, así como lo celebramos también nos preocupa. Nos preocupa porque está reflejando el precario contexto en el que se está dando esta negociación; si este documento se filtró es porque hay fuerte oposición a alto nivel gubernamental, en este caso y por lo menos, uno de los países participantes, de Canadá; esto hay que registrarlo, hay que registrarlo porque está evidenciando sentimientos de rechazo, incluso en el mismo ámbito oficial y para nosotros esto tiene muchísimo que ver con la forma como los gobiernos se sentaron a negociar este Tratado Trilateral, ha sido evidente en el caso de México; en esta tribuna se ha dicho muchísimas veces, lo acaba de decir el compañero Amezcua Dromundo, se intenta hacer en el mayor sigilo posible, a escondidas, detrás, tras bambalinas, sin dar la información transparente y necesaria a la sociedad, a los sectores involucrados, que por supuesto seremos todos impactados por este tratado.

La falta de consulta efectiva le da entonces una debilidad a la negociación, los gobiernos no están siendo respaldados por sus sociedades en la negociación. Entonces, el empeño de firmar un tratado en estas circunstancias y no solamente el empeño de firmarlo en estas circunstancias, sino las expectativas que se han querido depositar en un proyecto de esta naturaleza, con este procedimiento, pone todavía en mayor riesgo las consecuencias que para el país tenga, entonces vuelvo a insistir en la necesidad nacional y legítima que estamos aquí los partidos de oposición demandando de esta información; por fortuna, repito, al 22 de febrero de 1992 sabemos gracias a este documento qué y cómo se está negociando.

El documento es muy extenso, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática lo ha mandado traducir, esperamos la próxima semana poderlo entregar a todos los interesados, a los reporteros para la mayor facilidad en su análisis, es un documento extenso. Lo que yo quiero presentar en esta tribuna son los primeros resultados en relación a solamente un tema que es el tema del capítulo de la inversión pero que es muy importante y que nos va a servir para reflexionar justamente sobre los riesgos que estamos alertando, que obviamente no seremos capaces de detectar cuando el vocero oficial de este proyecto más bien lo que intente sea siempre tranquilizar a la población de que no sucede nada, todo va de maravilla o que en todo caso hay obstáculos pero se van solventando sin saber, repito, efectivamente que posición tenga el gobierno.

Una vez entonces evidenciada la validez del documento y la precariedad de la negociación en tanto se filtró desde alto nivel, les quiero yo comentar lo siguiente: al 21 de febrero de 1992 y dado el estado de entonces de las negociaciones en este borrador, no existe el principio de reconocimiento de las asimetrías entre los tres países; esto lo hemos venido nosotros denunciando en la tribuna pero lo podemos corroborar con el documento, se rechaza, no se acepta y además el gobierno mexicano acepta entrar en una negociación de ese tipo que hemos sostenido en esta

tribuna y lo ratificamos, es un paso atrás a lo logrado en el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, ¿por qué lo decimos? Porque el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio reconoce en la cláusula de nación más favorecida, justamente las asimetrías económicas entre los países y reconocido como principio general los países que se quieran acoger a esa cláusula no tienen que estar regateando y discutiendo si se lo reconocen o no, ya está establecido en ese convenio del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el Tratado de Libre Comercio significa que se está negociando, significa un paso atrás a lo logrado en ese tan controvertido Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio en el que estamos en relación a que no se reconocen las asimetrías, ¿por qué nos preocupan las asimetrías? Una por la magnitud de las mismas, hemos dicho también en esta tribuna que este tratado tendría en caso de que se celebre, un carácter inédito históricamente, nunca entre ningún país se ha celebrado un tratado partiendo de tales disparidades y con el agravante de ni siquiera reconocerlas previamente para exigir mejores condiciones de parte de la nación más desfavorecida, sólo les quiero aportar estos datos.

Estados Unidos es 38 veces más rico que México y su riqueza la medimos por el producto interno bruto que produce, 38 veces más rico, no es un dato que se pueda soslayar, pues eso está demostrando que a pesar del decaimiento en la economía estadounidense, por supuesto existe una diferencia de este tamaño, nos vamos como el avestruz, el gobierno se está yendo como el avestruz que mete la cabeza debajo de la tierra intentando desconocer esta realidad; en relación al producto interno bruto per capita por persona, este dato o sea esta diferencia nos señala que es 11 veces más grande lo que cada habitante de Estados Unidos dispone en términos de bienes y servicios medido en su producto interno bruto, que el que disponemos como mexicanos. Para el caso de Canadá es 10 veces más grande.

En indicadores sectoriales tenemos abismales diferencias también. En el caso de la producción de maíz, Estados Unidos produce casi 11 veces el volumen que produce México y en el caso de trigo casi 14 veces y sus productividades, por supuesto, son mucho más grandes que las nuestras.

Además otro lado que se ha venido señalando es la diferencia salarial, la diferencia salarial en el caso del salario mínimo es entre ocho y 10 veces y en el caso del salario promedio en el sector manufacturero es entre 15 y 18 veces la diferencia. De ese tamaño es la asimetría que vivimos entre estas economías. Y repito, el borrador que analizamos nos viene a confirmar de que no se exigió el reconocimiento de esa simetría para que efectivamente, como el gobierno discursivamente ha declarado, el tratado y la liberalización comercial se conviertan en un instrumento del desarrollo y no en un fin en sí mismo. De esta manera, cuando se cierran los ojos frente a estas asimetrías, lo que está haciendo es pensando que la simple liberalización de la economía nos va a llevar a equipararnos a eso que nos han dicho: el primer mundo.

Vean ustedes la falacia y la falsedad de esta expectativa cuando parte de este tipo de realidades.

Quiero dejar claro que para el Partido de la Revolución Democrática no es necesaria la homogeneidad entre las economías a nivel internacional para proponernos un tratado; al contrario, lo tomamos como un reto saludable, como un reto que pondría a prueba a fondo nuestra capacidad de negociación y de realmente vincularnos adecuadamente con la economía internacional y la economía mundial, si en lugar de pensar en la facilidad y asociarnos con economías que nos son mucho más simétricas y homogéneas, lo hacemos y lo hemos dicho en documentos oficiales de nuestro partido, de enfrentar el reto en donde realmente está: la inserción hacia el norte, en este caso con Estados Unidos; pero hay formas, y esta forma es la más inadecuada y no solamente la más inadecuada sino yo diría la más irresponsable políticamente para las consecuencias que tenga, sobre la viabilidad de nuestro país como nación independiente y esto no es formal.

De cómo se afronte ese reto de reinserción, depende efectivamente si en el futuro podamos o no seguir siendo un país independiente.

Hemos dicho que hay dos maneras de poner en riesgo esta soberanía, una es no hacer caso al reto, una es cerrar las fronteras, una es intentar revivir experiencias pasadas y otra es, y ésa es la que está llevando el gobierno adelante, la de hacer una negociación con procedimientos erróneos e irresponsables. Este es el caso, es el segundo elemento entonces que estamos destacando en este borrador.

Entrando al punto del capítulo de inversiones, corroboramos lo que era un rumor y queremos compartir con ustedes lo que significa que el gobierno mexicano no solamente esté aceptando, sino lo propone en el artículo 2102, el dar un trato nacional a los inversionistas extranjeros.

El Partido de la Revolución Democrática ha dicho que dado que se abrió primero la economía, nos dejaron en la situación de ser una de las economías más abiertas del mundo.

Este Tratado de Libre Comercio en realidad es un tratado de inversiones disfrazado de tratado comercial y aquí lo venimos a corroborar, porque en términos de inversiones lo que se hace es abrir absolutamente las fronteras.

El senador Sales nos decía hace un momento que en tanto el Senado es el que desecha o ratifica el proyecto, nos corresponde a los legisladores en la Cámara de Diputados tomar notas, no fue la expresión puntual pero así por supuesto la entendimos, de las modificaciones legislativas jurídicas legales que tenemos que hacer, una vez establecidos los compromisos, una vez firmado el tratado.

Nosotros queremos denunciar en esta tribuna justamente ese procedimiento, que sin participación de la sociedad, de los ciudadanos, de los sectores y de los partidos con la documentación adecuada para tomar posición al respecto, después, como ha sido la política gubernamental en los últimos 10 años, se creen situaciones de hecho para después simplemente legislarlas. La situación de hecho que se está creando con la propuesta del artículo 2102, es desaparecer la Ley que Promueve la Inversión Nacional y Regula la Inversión Extranjera. Aquí voy a abrir un paréntesis.

Todos sabemos que en mayo o junio de 1989 se aprobó un reglamento a esta ley, que todo mundo denunció, incluso los inversionistas por la inseguridad que a ellos les da, que es un reglamento que está por encima de la ley. Claudio González, el asesor presidencial en materia de inversión extranjera, en ese momento declaró que para eso había alcanzado la fuerza del gobierno en ese momento, pero que estaba abierta la puerta para seguir adelante con las reformas a la ley, o sea no solamente al reglamento, de manera de dejar a nuestro país en una situación en argumentos de Claudio González, competitiva en relación al resto del mundo. Lo que ya se está haciendo con la propuesta mexicana en este artículo, es efectivamente adquirir un compromiso para reformar la Ley de Inversiones Extranjeras. Eso es por un lado crearnos a nosotros, como legisladores y lo consideramos por supuesto un burla, crearnos una situación que después simplemente se intente legitimar, por desgracia, gracias a esa mayoría mecánica que sufrimos en la Cámara.

Ahora preguntémonos: ¿cuáles va a ser las consecuencias sobre el proyecto de nación que se está erigiendo a partir de este tipo de compromisos? ¿Qué significa que se le dé un tratamiento nacional a la inversión extranjera?

La formulación es la siguiente: En el artículo mencionado, 2102, salvo que se estipule otra cosa, cada parte y entendemos por parte cada país, otorgará a los inversionistas de las otras partes un trato no menos favorable, o sea igual, que aquél otorgado en circunstancias similares a sus inversionistas.

Esta es la propuesta, ésta es la denuncia que hacemos sobre las situaciones de hecho que se crean y en ello fundamentamos de nuevo la propuesta de que la Cámara de Diputados tenga una injerencia legal en la aprobación de este tratado internacional. El Partido de la Revolución Democrática turnará una iniciativa en este sentido, pero desde ya, denuncia la situación que se está creando.

Una de las consecuencias de este compromiso, es que se va a limitar el papel que el Estado tiene como rector de la economía. No se ha derogado, señores legisladores, el artículo 25 constitucional. Es obligación constitucional del Estado ser rector de la economía. Para ser rector de la economía tiene que tener capacidad de definir prioridades y una de las prioridades que tendría que definir es cuál es el tipo de participación, en qué volumen, a qué ritmo y en qué sectores entre inversión extranjera e inversión nacional, con el trato igual nacional, se le... iba a decir inhibe, no solamente se le inhibe, se le desmantela esa posibilidad al Estado, en tanto quedan en igualdad de condiciones inversión extranjera e inversión nacional.

No solamente eso, se desmantela también la posibilidad de definir con precisión cuáles son las políticas que promueve el desarrollo regional. No podría haber diferencia entre cómo se estimula el desarrollo regional, a partir de esta equiparación entre inversión extranjera e inversión nacional, tomando como uno de los instrumentos de la promoción el aliento que se pueda dar a una inversión y la regulación que se pueda dar a otra y quiero ser enfática: el Partido de la Revolución Democrática no está negando en el proyecto de nación al que aspira, que la inversión extranjera participe, siempre y cuando la inversión extranjera que participe sea en beneficio del desarrollo nacional que los mexicanos hayamos definido. No es éste el compromiso que se está adquiriendo y que está

proponiendo el gobierno de México en este artículo.

Pero además, dadas las características también del compromiso en términos de transferencia de tecnología, de compra de insumos nacionales, de fomento de las exportaciones y de reinversión de las ganancias, también se está dejando en libertad al inversionista extranjero para, no se los voy a decir, se los voy a citar, si me permiten, en términos de transferencia de tecnología:

No está obligado y esto es un corchete en el que está de acuerdo México y Estados Unidos, a transferir, importar o usar una tecnología proceso de producción u otro conocimiento patentado en particular.

La inversión extranjera que se situé a partir de este compromiso, puede ser simple y llanamente inversión chatarra.

El aliento de que la inversión puede promover el desarrollo tecnológico, puede coadyuvar a la transferencia de tecnología, aquí está cancelado.

Otro elemento importante para poder llevar adelante un proyecto que efectivamente vaya en concordancia con los intereses nacionales, es por supuesto el del grado de integración que se exige a las industrias con inversión extranjera, el grado de integración nacional. ¿Qué quiere decir grado de integración nacional? ¿Qué porcentaje de insumos se le obliga a consumir de procedencia nacional? Lograr un nivel, dice el inciso al respecto, o sea, no está obligado a lograr un nivel dado o porcentaje de contenido doméstico, a sustituir bienes o servicios domésticos por bienes o servicios importados, o de cualquier forma favorecer la compra o uso de bienes o servicios de origen doméstico o de fuentes domésticas.

Miren, esto es realmente alarmante. O sea, lo que aquí se está comprometiendo es que la inversión extranjera que venga sean típicamente maquiladoras, lo hemos denunciado. No es el caso de que disfrazándonos con este tratado comercial, que realmente es de inversiones, lo que estemos realmente exportando y promoviendo sea esa pobrísima y dramáticamente pobre mano de obra mexicana. A eso se está permitiendo a los inversionistas con ese compromiso que adquiere México, el de hacer de México una gran maquiladora.

Yo ya me había alarmado al respecto, pero pensé que era falta de capacidad de Herminio Blanco, cuando lo escuché en un programa de Nexos, a fines de 1989, todavía no se iniciaban las negociaciones formales, cuando dijo: "¿Pero, de qué nos preocupamos de ser maquiladora, cuando ya todo el mundo es una gran maquiladora? Se olvidó el señor que los estados nación siguen existiendo, que los territorios siguen existiendo, que los intereses nacionales siguen existiendo y aunque esta transnacionalización del capital sea una tendencia objetiva, no exista, verdad, el interés nacional porque en esta tendencia se resguarden los mismos intereses y si no pregunten a ustedes la lucha que tiene Estados Unidos contra Japón y los capitales europeos.

Herminio Blanco ya había cerrado ese capítulo de controversia, le parecía lo más fácil y lo peor del caso es que el criterio de Herminio Blanco y por supuesto de los funcionarios que están encabezando esta negociación, aquí está reflejado. No se le exige ningún grado, cero grado de integración nacional a la inversión extranjera. Por lo tanto, el proyecto que se está levantando es el de México como una gran maquiladora. En otros términos, económicamente significa bajar la frontera hasta Guatemala. De ese tamaño es la consecuencia.

Otro elemento que era importante en la política de inversión, era el de obligar a las empresas extranjeras a que tuvieran un coeficiente entre importaciones y exportaciones, esto es, que por cada peso importado tuvieran o demostraran la capacidad de también generar divisas. Recuérdense que desde el sexenio de Miguel de la Madrid y en este también, uno de los objetivos de promoción al sector exportador, es justamente el de generar divisas. Acá se la está disculpando de que, así como consuma divisas para importar también sea capaz de generarlas. Dice: "No se impondrá sobre un inversionista de otra parte, un requerimiento..." perdón... "No le obligará a relacionar de forma alguna el volumen o valor de importaciones al volumen o valor de exportaciones o a la cantidad de entrada de divisas extranjeras, asociada con tal inversión".

Yo realmente estoy anonadada con este tipo de compromisos que se están llevando a cabo. Mire, ya México, en este momento, la economía mexicana y lo dijimos también en esta tribuna en alguna sesión pasada, tiene un foco rojo, alarmante realmente en ese déficit comercial. Hablamos de las tasas de crecimiento de las exportaciones, que ya se habían estancado y la alarmante tasa de crecimiento de importaciones que anda en el 37%, la brecha comercial se está

ampliando. Esto significa ponernos en un riesgo devaluatorio, la política de estabilización del gobierno, entonces está también en grave riesgo.

Cerrando los ojos a esta realidad, ya al agotamiento que tiene nuestro sector externo, además se promueve que la inversión extranjera que llegue, no se comprometa con generar divisas, puede consumir las que quiera y no hay problema si genera o no las suficientes para financiar esa importación de productos.

Para finalizar, yo quisiera, alertar también, sobre la manera en que este compromiso, está violando la llamada "cláusula calva" del artículo 27 constitucional, que según entendemos y por fortuna no fue reformado en el primer período ordinario de esta legislatura.

Les quiero recordar cuál es esta cláusula, dice: "El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones, en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar, por lo mismo, la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos".

Esta cláusula que defiende la soberanía de México, se está violentando ya con el compromiso que el gobierno está adquiriendo, cuando se señala en el artículo 2108, lo está proponiendo México, no es que lo esté aceptando, lo propone, lo que propone Estados Unidos es un poco más sofisticado, pero les quiero leer a ustedes, sobre conciliación de disputas en torno a inversión. Lo que propone México es: "Las disputas que surjan de la interpretación y aplicación de este capítulo, o sea, de inversiones, no serán sujetas a las condiciones de conciliación de disputas de este acuerdo, o sea, se abre un capítulo especial".

Para propósitos de este artículo, sigo citando el proyecto: "... una disputa sobre inversión es una disputa entre una parte y un nacional, o compañía de otra parte que surja de o en relación a un acuerdo de inversión entre esa parte y tal nacional o compañía". O sea, directamente, entre el inversionista y el país, el gobierno del país, que estaría reclamando algo.

Quiere decir que el Estado, en este caso, el Estado mexicano, no tendría obligación, se estaría disculpando, se estaría violentando esta cláusula cuando no pasa, ¿verdad?, por la decisión del Estado de exigir, no el trato, entre el inversionista acá y el gobierno allá, sino que pase, en tanto la nación sigue existiendo, por el filtro de aquello que todavía no desaparece, pese a la transnacionalización del capital que es el Estado - nación.

Yo, hasta aquí dejo los comentarios que como Partido de la Revolución Democrática quisimos compartir con ustedes, nos parecen realmente preocupantes y alarmantes. Este es el tipo de documentos que nosotros necesitamos para saber, para razonar, nuestro apoyo o no apoyo, a la negociación.

Hasta ahora hemos dicho: mientras a nosotros no se nos dé la información adecuada, por lo que observamos el procedimiento de negociación va en contra de tales y tales intereses, los que para nosotros son los más importantes en un proyecto nacional, soberano y con bienestar para las mayorías.

Este es el tipo de información y por supuesto ratificamos nuestro rechazo a esta negociación. Exigimos que el gobierno muestre sus cartas a la ciudadanía, como se ha logrado, por lo menos, al 22 de febrero de 1992 con este documento para darnos cuenta efectivamente, qué es lo que se compromete y no se compromete. Es sólo el capítulo de inversión extranjera, pero creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, en que es realmente preocupante si nos pensamos efectivamente como representantes de esta nación que aún existe. Gracias.

El Presidente: - Para rectificar hechos tiene la palabra el señor senador Carlos Sales.

El senador Carlos Sales Gutiérrez: - Seré sumamente breve. Pero no podía dejar de hacer un comentario así fuera éste muy breve.

En primer lugar yo quiero insistir en que no ha tenido el gobierno mexicano la fortuna de tener de su parte a quienes obtuvieron subrepticiamente el documento que aquí se comenta. Esa posición mexicana que de manera incompleta fue citada aquí, consta en esos libritos que a nadie le ha gustado leer, porque cualquier mortal tiene acceso a ellos.

Pero podría decirles que la posición completa en inversiones que tiene el gobierno mexicano fue presentada ante, entre otros, senador, un senador del Partido de la Revolución Democrática, donde los artículos que no se citaron ahora del documento, que creo que los debe de tener si es un documento que cuando menos se acerque a lo que es la realidad, habla de que de ninguna manera son aplicables a capítulos particulares,

como servicios financieros, seguros, compras gubernamentales o lo que señalen las leyes específicas, como pudiéramos estar hablando de las leyes fundamentales que reglamentan la actividad mexicana.

Como prometí ser breve, no voy a leer todo lo que sí conocemos todos los que hemos participado como legisladores, diputados y senadores, de este proceso. Pero no, no quiero hacer ya en estos momentos una polémica, sino insistir en la conveniencia de que independientemente de que se pida a los negociadores más información, yo no me puedo oponer a eso, creo que mientras más información se pueda dar es mejor, que nos reunamos a trabajar un poco más, diputados y senadores, porque yo no creo que sea válido venir a esta alta tribuna a estar soltando algunas ideas que comprometan un tratado de la importancia que tenemos, sin estar seguros de lo que decimos, no hablo de lo que dice la diputada Rosa Albina Garavito, hablo quizá de lo que pueda estar diciendo yo mismo. Pero que yo creo que si todos lo revisamos juntos, podemos presentar algo que no sea parcial como en el caso que ahora nos ocupa.

Quiero insistir en esto: la posición mexicana de negociación, cuando se presenta un primer documento, lo que señala son los márgenes de negociación, si no ya no hay negociación, ahí se acabó la negociación. No nos espantemos de que todo lo que tenga un documento que entiendo tiene fechas de enero y de febrero, pueda contener estas posiciones que dan márgenes de negociación para que se analicen los diversos capítulos y pueda llegarse a lo que más conviene a los intereses nacionales.

Me refiero a dos puntos más: Se decía que la sociedad mexicana no está enterada. Independientemente de la gran información que yo insisto que existe en las dos cámaras y que es del conocimiento público o a través de los medios de difusión, ha habido 1 mil 333 reuniones de los sectores productivos con los negociadores del Tratado de Libre Comercio, de las que 522 fueron reuniones previas para normar las políticas de negociación y 811 han sido posteriores. Con el Consejo Asesor, que incluye la representación social, han sido 21, 12 previas y 9 posteriores; 56 fueron del Senado, perdón que insista; ocho previas, 48 durante la negociación y nueve informes al Senado.

Terminaría yo diciendo, porque me preocupa, que la cláusula Calvo es intocable, precisamente por las razones que aquí se nos dijo por la compañera diputada. Por eso mismo que aquí dijo, es que queda totalmente a salvo la cláusula Calvo.

Yo repito, busquemos más información, pero por qué no aceptar la invitación de que nos reunamos los diputados y senadores a que intercambiemos los puntos de vista, que podamos venir a esta tribuna entonces sí, a comentar los aspectos más sustantivos pero con un conocimiento cabal de las cosas. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias senador. Ha solicitado la palabra para rectificar hechos el señor diputado Pablo Emilio Madero, del Partido Acción Nacional.

El diputado Pablo Emilio Madero Belden: - Señor Presidente; señoras y señores legisladores:

Hoy recibimos un documento interesante, la información que al menos por primera vez a algún grupo de diputados del Partido Acción Nacional recibimos. Quizá nuestro senador había recibido alguna información, pero oficialmente nosotros es la primera oficial que tenemos.

De tal manera que agradecemos esto, es un paso muy positivo creo yo y recogemos esta propuesta que hace el señor senador del diálogo, creemos que es muy constructivo, muy positiva esta propuesta y desde luego la aceptamos. Creemos que es el camino, vamos a dialogar, vamos a estar informados, vamos a estar al día, debemos los diputados tener un poco más de información que la que tienen los periódicos, creo que ésta es la medición de lo que necesitamos para poder ir madurando ideas y en un momento dado poder obrar y actuar de conformidad a un criterio ya establecido y no nada más improvisado.

De tal manera que agradecemos el documento, agradecemos la invitación y las aceptamos desde luego.

SOLICITUD DE COMPARECENCIA

El Presidente: - Concedemos la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista, para presentar una proposición solicitando la comparecencia de autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y senadores:

Como resultado de los compromisos adquiridos con la Comunidad Financiera Internacional en el marco establecido por la firma de las Cartas de Intención con el Fondo Monetario Internacional, se realizaron las modificaciones jurídicas, constitucionales y reglamentarias, para concesionar a particulares las actividades de banca y crédito que a raíz de la nacionalización bancaria de 1982 eran facultad exclusiva del Estado.

De este modo, bajo la responsabilidad de las autoridades hacendarias, se inició el proceso de reprivatización de los bancos, que constituyen un caro patrimonio nacional de indudable importancia estratégica para el desarrollo económico e independiente de la República. Este proceso privatizador bancario presenta una serie de hechos, incidentes y resultados preliminares preocupantes, que no satisfacen a plenitud a la opinión pública ni a nuestro juicio a esta representación nacional.

El hecho más grave ocurrido en este proceso que hace presumir la existencia de irregularidades, es el resultado de la subasta de la venta del tercer banco más importante del país, en virtud de que el postor favorecido declinó su derecho de compra, no obstante que ello le significó una pérdida súbita de 50 mil millones de pesos. De este modo la venta se adjudicó al segundo postor a un precio mucho menor al previsto, 50 mil millones de pesos que sacrificó, eran el depósito, el señor Kreell y que sería útil simplemente para tener una idea de la magnitud de la cifra, señalar que equivale al suelo del compañero diputado Javier Garduño o de cualquier otro diputado de los que estamos aquí, durante 277 años. ¿Cuántas legislaturas tendría que estar aquí el compañero diputado para cobrar 50 mil millones de pesos? ¡277 años!, considerando además que no hay reelección continúa, ¡imagínense nada más! Bueno, por lo menos el buen deseo para la longevidad de nuestro compañero.

Pero peor aún si se trata de comparar con el salario mínimo de un trabajador mexicano, 10 mil 416 años tendría que vivir contando con pleno empleo en esta etapa en que el desempleo es tan grave para cobrar esa cantidad un trabajador de salario mínimo. ¡No es cualquier bicoca!

Sin embargo, este señor sacrificó esa cantidad y parece que no le representó mayor preocupación.

Cabe recordar que estas irregularidades tienen un antecedente significativo ocurrido en el sexenio anterior, consistente en el apresuramiento y festinación con que se realizó el pago de la indemnización a los propietarios afectados por el decreto expropiatorio del 1o. de septiembre de 1982.

Por las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto por, pues nos iremos al mandato constitucional, mejor, en obvio, en economía de tiempo, dado que es tan tarde ya en esta sesión, la fracción III, del artículo 79 de la Constitución, solicito a esta soberanía la aprobación, o el turno por lo menos, del siguiente

"PUNTO DE ACUERDO

Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión considera necesaria la comparecencia del Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ante la Cámara de Diputados, ya sea en pleno o en comisiones, a efecto de que explique con la mayor precisión posible las condiciones, montos, plazos y estado actual del proceso de desincorporación de los bancos nacionales...

El Presidente: - Señor diputado Amezcua, el senador Carlos Sales le pide a esta Presidencia le consulte a usted si admite una interpelación.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - ¡Claro que sí!

El Presidente: - Aceptada por el orador y autorizada por la Presidencia.

El senador Carlos Sales Gutiérrez (desde su curul): - Agradezco mucho, señor diputado.

Hace un momento comentó usted, que hubo precipitación en el pago de la indemnización bancaria, favoreciendo a estos grupos.

Mi pregunta es: ¿Cuánto se pagó por la indemnización y con base en qué indicador se hace esta afirmación? ¡Yo tengo aquí la contraria, eh!

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Mi juicio es político, lo quiero dejar exactamente en esos términos.

Lo que fue del dominio público en su momento, fue que ambos, tanto el proceso de modificación de algo que se había declarado inicialmente sería irreversible el proceso de la nacionalización, como el monto y proceso de la indemnización fueron procesos precipitados y lesivos para los intereses de la nación.

Si el señor senador Sales Gutiérrez me pide cifras y plazos, desde ahora reconozco que no los tengo, pero creo que de ninguna manera invalidan ni mi afirmación, ni el sentido del punto de acuerdo que estoy proponiendo a esta asamblea.

Dejo aquí en la Secretaría, para su trámite respectivo, señor Presidente. Muchas gracias.

El Presidente: - Gracias, diputado, concedemos la palabra, para hechos en este asunto, al diputado Javier Garduño Pérez.

El diputado Javier Garduño Pérez: - Gracias, señor Presidente. Simplemente para hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, quisiéramos recordar aquí en la Comisión Permanente, que en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del año pasado, estuvo presente el señor Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y aquí una aclaración diputado Amezcua, no es el Subsecretario de Ingresos ¿eh?, es el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, don Guillermo Ortiz, ha estado aquí cuatro veces en la Comisión de Hacienda, explicando puntualmente los mecanismos y cada una de las operaciones que el año pasado se llevaron a cabo en algunas instituciones nacionales de crédito.

Así que se trata de invitar al Subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Nosotros, nuestra fracción parlamentaria priísta, creemos conveniente que venga una vez más y esto porque se han realizado algunas otras operaciones, como esa que usted ha señalado, por cierto que no es tampoco el tercer banco más importante, es como el sexto; los bancos más importantes ya los hemos analizado todas las operaciones el año pasado y nosotros consideramos, señor Presidente, que se turne esta propuesta, apoyada por el Partido Revolucionario Institucional, para invitar al Subsecretario de Ingresos a comparecer ante la Comisión de Hacienda, para que nos dé cuenta de las operaciones de reprivatización de la banca que se han dado en este año, incluso quisiera yo recordar que efectivamente también ya se habló aquí y por presencia del subsecretario Ortiz, de este banco, pero sería necesario volver a revisarlo. Muchas gracias.

El Presidente: - Como lo solicita el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua, con fundamento en la fracción III del artículo 79 constitucional, damos turno a su proposición a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, para que dentro de ella se resuelva respecto al pedimento planteado.

MARCHA INDÍGENA EN EL ESTADO DE CHIAPAS

El Presidente: - Pasamos a otro punto que corresponde presentar al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al diputado Eloy Vásquez y que tiene que ver con la marcha indígena en el estado de Chiapas.

El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores:

La marcha indígena que partió del municipio de Palenque el pasado 7 de marzo, que ha caminado más de 500 kilómetros durante 25 días, avanza hacia la ciudad de México demandando: respeto a los derechos humanos, lenguas, culturas y formas de organización indígena; participación en la vida cívica y política de los municipios; libertad a Manuel Martínez Perea, acusado injustamente de homicidio; construcción de obras; apoyos productivos y reforma al Código Penal, para desaparecer los delitos considerados políticos.

Como ustedes recordarán, el 28 de diciembre del año pasado la Policía de Seguridad Pública del estado de Chiapas, por órdenes del gobernador desalojó violentamente la protesta pacífica que realizaban las comunidades pertenecientes al Comité de Defensa de la Libertad Indígena; lastimados por los golpes y sistemáticamente humillados, 103 indígenas fueron encarcelados en el edificio de la Procuraduría de Justicia del estado, entre ellos estaba el sacerdote jesuita Jerónimo Hernández. La mayoría de los indígenas fueron liberados pero se consignó a ocho de los principales dirigentes bajo los cargos de sedición, asonada, motín, terrorismo y lesiones. Por intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y mediante el mecanismo de diálogo abierto y respetuoso, la procuraduría tuvo que desistirse de la acción penal contra estos dirigentes.

Durante la detención de los indígenas y desde el día siguiente se desalojo, las comunidades mantuvieron su protesta plantados en el Parque Central de Palenque, donde permanecieron durante 67 días sin respuesta de las autoridades locales a sus demandas. El 7 de marzo pasado partieron en caravana a la ciudad de México, el gobernador Patrocinio González Garrido ha tenido todo el tiempo necesario para escuchar a las comunidades indígenas y satisfacer sus

demandas, pero no lo ha hecho. En cambio, condiciona el diálogo y sus respuestas a las suspensión de la marcha; por su parte, el Comité de Defensa de la Libertad Indígena mantiene la disposición al diálogo pero sin condicionamiento, suspenderá la protesta cuando haya soluciones concretas a sus demandas. El gobernador González Garrido, en aras de su imagen pública, niega que no haya diálogo y ofrece recibir a los dirigentes del Comité de Defensa de la Libertad Indígena; promueve en su propio beneficio la publicación de desplegados del Congreso del estado, de la iniciativa privada, de la Procuraduría de Justicia del estado; realiza actos políticos y publica la entrega de obras públicas; además a través de la prensa local mantiene una campaña contra los indígenas que marchan en contra de las demandas de sus dirigentes.

A pesar de la actitud gubernamental, la caravana sigue su paso hacia la ciudad de México, la marcha de choles y tzetzales está generando mayor atención e interés en los problemas generales del estado de Chiapas, ya que al mismo tiempo un grupo de maestros de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, caminan desde Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de México, demandando democracia sindical. Por otra parte, grupos de productores de diversas regiones de la entidad se han movilizado en demanda de la libertad de Ricardo Alonso Paniagua Guzmán, Ajimiro Cortés y Carlos Albores Sánchez, funcionarios del Instituto Nacional Indigenista recluidos desde el 29 de febrero pasado, acusados de peculado, asunto en el que hay serias dudas sobre la culpabilidad de los detenidos. El gobierno del estado de Chiapas ha optado por el uso de la fuerza pública en conflictos sociales y políticos; es innumerable la acumulación de hechos en este sentido: desalojos a manifestantes de la Escuela Normal Superior y de la Organización Campesina "Emiliano Zapata" en la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, desalojo de plantones y detención de dirigentes por problemas electorales en los municipios de Guapilla, Totolapa, Acacoyahua, Huehuetán, Palenque, Pueblo Nuevo, Xolistahuacán y Mazatán en alguno de los cuales se han instalado los consejos municipales. En Chiapas han pisado la cárcel diversos ciudadanos de los más diversos sectores sociales, los dirigentes de la sección VII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, varios dirigentes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, productores de cacao, el sacerdote Joel Padrón, dirigentes campesinos del municipio de Abasolo y otros.

Ya no es posible ocultar que la fuerza pública ha intervenido en diversas acciones de represión que incluso han provocado intervención de Amnistía Internacional y de American Watch.

La situación política de Chiapas es sumamente compleja, dados los constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo estatal y diversos sectores de la sociedad. De tal suerte que el autoritarismo y la prepotencia han suplido al diálogo, a la concertación, condiciones sobre las que el propio gobernador basó su campaña electoral.

La situación que prevalece en Chiapas en torno al respecto de los derechos humanos, merece la atención especial del Poder Legislativo de la Unión.

«El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicita que se turne a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la siguiente propuesta de

PUNTO DE ACUERDO

Estimando que el respeto de los derechos humanos es una condición fundamental para la legitimidad del poder y en virtud de las constantes denuncias que sobre su violación en perjuicio de diversos ciudadanos y grupos indígenas chiapanecos se han presentado, esta Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, resuelve elaborar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el estado de Chiapas, que ilustre a la Cámara de Diputados sobre la materia, a efecto de que pueda adoptar las disposiciones legislativas conducentes."

Firma por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática la diputada Rosa Albina Garavito Elías y un servidor, Eloy Vásquez López. Y lo dejo en manos de la Secretaría, señor Presidente.»

El Presidente: - Gracias, diputado y como lo solicita y toda vez que es un imperativo constitucional, esta Presidencia turna su proposición a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.

SEGURO DEL MAESTRO

El Presidente: - El siguiente punto en el orden del día también corresponde tratarlo al diputado

Eloi Vásquez, del Partido de la Revolución Democrática y tiene que ver con la situación del seguro del maestro. Tiene el uso de la palabra nuevamente.

El diputado Eloy Vásquez López: - Muchas gracias, señor Presidente; ciudadanos y ciudadanas legisladores:

El Seguro del Maestro es una sociedad mutualista creada por decreto presidencial de 1968, que establece que pertenecen a la misma las educadoras de jardines de niños y maestros de primaria del Distrito Federal, así como los maestros normalistas de la benemérita Escuela Nacional de Maestros.

Entre los socios, que son 55 mil 575, se encuentran también en calidad de voluntarios, maestros de secundaria y otros niveles, así como algunos del interior del país.

Inicialmente la mutualidad se creó para ofrecer un seguro de vida y en 1957, por acuerdo de sus socios, se estableció el derecho de quienes se jubilan, a obtener el 50% de la suma asegurada como póliza de retiro, quedando el otro 50% a favor de sus deudos, cuando se produzca el fallecimiento. Actualmente la póliza de vida es de 11 millones de pesos.

El pago de estos beneficios se financia exclusivamente con las cuotas que aportan los propios maestros mutualizados, correspondiendo a la Secretaría de Educación Pública solventar los gastos de oficio y administración, según establece el artículo 10 del decreto antes mencionado.

Actualmente el Seguro del Maestro sufre un proceso de descapitalización de su fondo de reserva, debido a lo siguiente:

En los últimos tres años, el promedio anual de jubilaciones rebasa los 1 mil 700 y se ha incrementado sensiblemente el número de defunciones. En 1991 se registraron 379, lo que implica altas erogaciones por el pago de pólizas de retiro y de vida, respectivamente.

Ante eso, la cuota de 8 mil 700 mensuales, vigente desde 1988, ya es insuficiente para solventar la actual suma asegurada, debiendo agregarse por la disminución de las tasas de interés bancario, los ingresos en este renglón son casi nulos.

Un dato que muestra palpablemente la descapitalización, es que mientras que en marzo de 1989 la Mutualidad contaba con 6 mil 510 millones, 284 mil 816 pesos, al concluir la primera quincena de marzo es de 2 mil 025 millones, 837 mil 713 pesos, lo que está afectando ya a los socios que se jubilan, pues tienen que esperar varios meses para cobrar su póliza de retiro y eso se va a agudizar.

Enterados de la situación, los socios decidieron desde abril de 1990, mediante una encuesta, incrementar su cuota para consolidar las finanzas de la Mutualidad y aumentar el monto de las pólizas. En esa ocasión, de 57 mil que se reportó como dato total, votaron 48 mil; de éstos el 77.60% se pronunciaron por el incremento, ante lo que la Secretaría de Educación Pública se negó a aplicar el descuento con la nueva cantidad de la cuota, argumentando que ese porcentaje se calculó con base en los votos recibidos, pero que deben tomarse en cuenta el total de lo socios, como establece el artículo 20 del decreto que dice: "El monto de las cuotas y por consiguiente el importe del Seguro del Maestro, podrá ser aumentado o modificado cuando así lo acuerden por lo menos las tres cuartas partes de los socios".

En ese momento, el gobierno de la Mutualista hizo notar lo injusto de la interpretación, que en anteriores consultas no se había interpuesto, pues la encuesta se hizo llegar a todos los socios, sin embargo, por diversos factores, no todos la regresaron oportunamente, pero es un hecho que contestaron la gran mayoría.

Reiterada la negativa de la Secretaría de Educación Pública ante las constantes solicitudes de que acatara la decisión de los socios del Seguro del Maestro, se solicitó su apoyo para efectuar otra encuesta, obteniéndose inicialmente evasivas y pretextos que daban largas al asunto y finalmente la negativa a otorgar tal apoyo.

En tal virtud, la Junta de Administración decidió realizar la consulta, apoyándose en los propios socios para la distribución y acopio de los materiales. En mayo y junio de 1991 y aunque hubo dificultades porque la Secretaría de Educación Pública, que mediante memorándum girado a jefes de sector y supervisores de zona escolar de educación primaria del Distrito Federal, obstaculizó la circulación de la encuesta, el proceso arribó a que en el cómputo de votos los maestros en servicio, efectuado en octubre de 1991, en un porcentaje del 84% optaron por aumentar la cuota, por lo que se consultó en el área de Oficialía Mayor de Educación Pública la posibilidad de basarse en este resultado para obtener la aplicación del descuento, dado que en esta ocasión, para los socios jubilados la nueva cuota sería optativa, pues quienes así lo deseen continuarán con su actual cuota y póliza.

El 20 de junio del año próximo pasado, se planteó en el pleno de la LIV Legislatura de la honorable Cámara de Diputados, por el diputado Ulises Lara, la conveniencia de apoyar la solución de la solicitud del Seguro del Maestro. La ausencia de respuesta a la propuesta presentada ante la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación Pública verbalmente, obligó a la Mutualidad a redoblar esfuerzos para conseguir que los jubilados contestaran la encuesta, recurriéndose a entrevistarlos en los bancos donde cobraban su pensión, acudir a sus domicilios, a llamarlos por vía telefónica, coronándose todo ello con el resultado de que hecho el cómputo final, por tercera ocasión, en febrero de este año que incluye a este sector, del total de 55 mil 575 socios con que cuenta la institución, 43 mil 1, es decir el 77.37%, votaron por la acción que establece el aumento de la cuota a 28 mil pesos para la póliza de 20 millones, perdón, de pesos, satisfaciéndose así en todos su términos lo establecido por el artículo 20 del decreto, varias veces citado.

La Mutualista informó que ya presentó la solicitud ante la Secretaría de Educación Pública para que se proceda a la aplicación del descuento en el nuevo monto de la cuota, sin que hasta el momento haya respuestas positivas.

Por este motivo, con fundamento en la fracción III del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicita se turne este asunto a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, para que se plantee su solución ante las autoridades competentes. Y firman, por el grupo parlamentario, la diputada Rosa Albina Garavito Elías y un servidor, Eloy Vásquez López. Y lo turno a la Secretaría, señor Presidente.

El Presidente: - Gracias, señor diputado Eloy Vásquez y como lo solicita, le damos el turno a la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados.

ESTÍMULOS A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

El Presidente: - Otorgamos la palabra a la diputada Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática, para formular un pronunciamiento en torno a la entrega de estímulos a la docencia universitaria.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con su permiso, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos legisladores:

La educación que se imparte en nuestro país debe atender los altos fines que nuestra Constitución Política consagra, tanto en el nivel básico como el superior, reclaman un atento cuidado de parte de quienes se encargan de dirigir el camino de su modernización. Un factor esencial en la transformación del sistema educativo nacional, es el suministro de recursos económicos suficientes que permitan desarrollar sin contratiempo las metas pedagógicas, docentes, científicas y culturales, propias de todas las instituciones dedicadas a ello, con especial énfasis a las de carácter público.

No podemos por tanto soslayar que el sistema educativo nacional tiene enormes rezagos y carencias que deben ser motivo de honda preocupación de esta soberanía y en apego a nuestra Carta Magna, expedir las disposiciones legales que los atenúen y los erradiquen.

Un problema de enorme transcendencia es, sin duda, la situación material de los principales actores de la tarea educativa, el personal docente. Todo lo que haga para mejorar el nivel de sus ingresos, será poco si los comparamos con la brutal caída que sufrió a lo largo de los últimos 15 años este ingreso.

Creemos que esa condición llevó al gobierno de la República tomar la más reciente medida, al anunciar el inicio del Programa Carrera Docente del Personal Académico, destinado a las universidades públicas. El proyecto, difundido por la Prensa Nacional y dado a conocer el viernes 27 y sábado 28 del pasado mes de marzo en la instalación del Consejo Especial de Universidades Públicas e Instituciones Afines de la Asociación Nacional de las Universidades e Instituciones de Educación Superior, perdón, (ANUIES), ante 27 rectores, por el maestro Antonio Gago, subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica de la Secretaría de Educación Pública, tiene las siguientes características:

Reconoce que los salarios poco competitivos de los profesores han propiciado su alejamiento de las universidades y el escaso compromiso de muchos de ellos con sus instituciones; que la carrera docente, si es que existe, sea poco atractiva para los jóvenes recién graduados y con talento.

Acepta que la labor docente se ha desalentado al no tener un reconocimiento social y material acorde con su importancia.

Anuncia que para revertir estas tendencias el gobierno federal suministrará mensualmente, a

partir del mes de mayo del año en curso, partidas económicas adicionales a cada universidad. Dichos recursos no podrán ser transferidos a otros programas.

El procedimiento para establecer la carrera docente será elaborado por cada institución de acuerdo a su normatividad interna y conforme a los siguientes criterios generales, según el funcionario de la Secretaría de Educación Pública. Voy a mencionar solamente algunos:

Los beneficios del programa serán adicionales a las remuneraciones y prestaciones que se estipulen en los contratos colectivos de trabajo.

Al proyecto sólo ingresarán los académicos de tiempo completo, dedicados a la impartición de cursos.

Hasta ahí dejo, los criterios, aunque hay más.

Se recomienda además, que los recursos que entregue el gobierno federal para este programa, sean complementados por otras fuentes de financiamiento y se aclara que el monto estará en función del número de plazas de tiempo completo, reconocidas por la Secretaría de Educación Pública.

Por último, dispone que su manejo será totalmente independiente de las negociaciones y contrataciones entre universidad y sindicato.

El Partido de la Revolución Democrática no se opone al establecimiento de sistemas como éste, que buscan aminorar el deterioro salarial y estimular su desempeño, con mayor razón, si han sido producto de las exigencias de la comunidad académica y científica.

No obstante, considera necesario plantear las siguientes observaciones:

1. Es urgente que se atienda el reclamo del personal académico de los centros de educación superior, en el sentido de fortalecer su salario base, recuperando los niveles históricos alcanzados en la década de los setenta. En 1974 un profesor titular C, con la más alta categoría en el tabulador vigente, percibía 10.2 salarios mínimos mensuales, en la actualidad ese mismo profesor percibe 8.4 salarios mínimos, con el agravante de que de acuerdo a nuestras estadísticas, que son las oficiales, dichos salarios para 1991 habían perdido el 65% de su poder de compra con respecto a 1976.

Esto quiere decir que si se tratara de hacer justicia a los profesores universitarios, debería concedérseles un aumento del 200% en relación al que ahora reciben.

Hacer que los ingresos salariales sean verdaderamente competitivos, es una condición inexcusable para conseguir la excelencia académica, lo demás son sólo paliativos. Por supuesto no estamos proponiendo que de la noche a la mañana se otorgue ese incremento de 200%, lo que pretendemos con esta observación, es que se reconozca el tamaño de la deuda social con los maestros universitarios y a partir de ese reconocimiento negociar la forma en que se pagará y ubicar entonces en esa negociación esta propuesta.

Cualquier sistema de estímulos que se ponga en marcha, debe prevenir las distorsiones que ya se observan hoy en las becas al desempeño académico. Los estímulos deben de ser eso y no sustitutos del salario.

Actualmente las becas al rendimiento académico, sumadas a los estímulos particulares de cada institución y al monto obtenido, por ser miembro del sistema nacional de investigadores, representan el 70% de los ingresos de un titular C, que ha conseguido obtenerlos. De ahí se hace evidente el reconocimiento oficial, diríamos, de la pérdida que antes estábamos denunciando en el poder adquisitivo. El salario base es apenas el 30% y el gobierno ha debido de aprobar una serie de ingresos adicionales, como el que ahora se hace, para que los profesores puedan compensar en algo esa pérdida.

La investigación que se desarrolla, se ve sometida así a los ritmos que impone la burocracia y no a los tiempos que naturalmente requiere para madurar su proyecto. Las simulaciones es un fenómeno provocado por estas circunstancias en no pocos casos, cuando no se reconoce para todo el personal docente el derecho a recibir el salario que efectivamente remunere de manera adecuada su trabajo universitario, se distorsionan los procesos en el pago y remuneración.

Esta es una de las observaciones que hacemos al respecto. Se le está sacando realmente la vuelta al problema.

Los ingresos por becas y estímulos están, por decisión del gobierno federal, fuera de la negociación con los sindicatos. Esto provoca fuertes tensiones y conflictos en las universidades, pues se les quita a los organismos

gremiales su materia bilateral: los estímulos, sobre todo si se ligan a la productividad, ésta debe ser parte del salario integral del trabajador. El estímulo entonces está desconociendo esta materia de trabajo sobre la cual el sindicato tendría que ser su titular.

Asimismo, al no ser reconocidos como salario, carecen de impacto en la jubilación y en otras prestaciones, dejando con ello sin considerar una retribución justa al final de la carrera universitaria.

Los estímulos son además destinados por una disposición expresa de la Secretaría de Educación Pública, a un tercio del personal académico de carrera de tiempo completo, limitando así los beneficios para un número más amplio de profesores. Llamamos la atención sobre los estamentos que se generan al interior del personal docente con este tipo de estímulos. En contrapartida, no se proponen políticas para abatir el índice de personal contratado por hora en algunas universidades e incrementar el porcentaje de profesores de carrera cuya relación en la Universidad Nacional Autónoma de México es por ejemplo de 70% a 30% respectivamente. Aquí estamos evidenciando y denunciando en esta tribuna que este tipo de promociones o de estímulos, vienen también a promover paradójicamente, la desprofesionalización del maestro universitario, en tanto se abarca solamente el 30% y el resto de las necesidades se tiene que atender con contrataciones por hora. Esto es, sin condiciones para que el maestro haga efectivamente una carrera profesional en su lugar de trabajo y que las universidades sean efectivamente lugar de investigación adecuados.

Es un poco la informalización o el arribo de la economía informal a las universidades.

Para el caso del programa de carrera docente que nos ocupa, vuelven a aparecer estas preocupaciones a las que añadiríamos el deseo de que se respetara el modelo que cada institución se ha dado y de que aquéllas que han puesto especial empeño en crear la figura docente investigador, tengan acceso a los nuevos recursos.

Por otra parte, dado que se recomienda abrir en el futuro otras categorías en el tabulador correspondiente, la intervención de los sindicatos en la definición de los nuevos montos salariales y las funciones de las categorías por crearse, es ineludible.

Cualquier modificación a los niveles salariales, debe pasar por el acuerdo bilateral. No hacerlo sería colocarse en la ilegalidad y abriría una zona de conflicto laboral en la que podrían salir dañadas nuestras casas de estudio.

La Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas ha recomendado destinar el 2% del producto interno bruto para la educación superior. En 1980 el gobierno fijó como meta en el programa integral para el desarrollo de la educación superior, lograr que el gasto correspondiente alcanzase el 1.1% del producto interno bruto, objetivo que 12 años después aún no se ha conseguido. Que repetimos, está por debajo de la recomendación de la Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas.

La responsabilidad del Poder Legislativo para expedir las leyes y decretos necesarios que permitan a las universidades públicas vivir sin apuros económicos, crece con la aplicación de los programas señalados, que siendo importantes aún son limitados para satisfacer las expectativas de su personal académico y sobre todo no atacan de raíz la caída del salario de los trabajadores universitarios.

Por ello el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, insta a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados a dar curso a la demanda de rectores, trabajadores, estudiantes y funcionarios de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para incrementar sensiblemente los presupuestos de las instituciones públicas de nivel superior, que haga posible mejorar el servicio educativo que prestan a la sociedad y eleve la calidad de vida de sus maestros en bien de la Nación.

En la asignación presupuestal y en las instituciones públicas de educación superior, debe atenderse la recomendación de la Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas de destinar el 2% del producto interno bruto a este rubro.

Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, firman el diputado Eloy Vásquez López y una servidora la diputada Rosa Albina Garavito Elías.

Lo dejo en la Secretaría.

El Presidente: - Gracias, diputada.

DECLARACIÓN POLÍTICA

El Presidente: - Como último punto contenido en el orden del día de esta sesión, otorgamos

la palabra al señor diputado José Antonio González Fernández, para presentar una declaración política suscrita por diputados de diversas fracciones parlamentarias.

El diputado José Antonio González Fernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:

Desde que se inicio el Período Ordinario de Sesiones de la LV Legislatura y una vez que se instaló la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, iniciamos conversaciones sobre diferentes tópicos de carácter internacional y uno de ellos que siempre ha estado presente en las conversaciones y discusiones que hemos hecho en la Comisión de Relaciones Exteriores, ha sido la situación que prevalece actualmente en Cuba; es un tema que por muchas razones históricas, culturales, políticas ha estado presente y estará presente con nosotros. Y por eso fue que en el transcurso de diferentes sesiones compañeros diputados de diversos partidos políticos nos pronunciábamos por tratar de conseguir una posición uniforme por parte de todos los diputados que integramos la Comisión de Relaciones Exteriores, para hacer una declaración política y que quedara muy claramente fijada nuestra posición.

Tuvimos varias sesiones y en el último plenario de la Comisión de Relaciones Exteriores se autorizó para que se creara un grupo de trabajo plural, que se hiciera un esfuerzo para que presentara a consideración en su caso del pleno una declaración política en donde ahí estuvieran fijadas las posiciones de los diversos partidos políticos; este grupo de trabajo plural integrado fundamentalmente por la mesa directiva de la comisión y por otros compañeros diputados de otros partidos políticos, llegó a un acuerdo y sometió a la consideración de los legisladores que integran la Permanente, la posibilidad de suscribir, en relación a Cuba, una declaración política y que hoy, compañeros diputados y senadores, a nombre de los diversos legisladores de los diferentes partidos políticos, me complace en leer la siguiente declaración política en relación a la situación que prevalece hoy en día en Cuba.

«Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, expresa su solidaridad con el pueblo cubano por defender y mantener su soberanía y demanda su respeto a todos los estados con base en los principios básicos de la convivencia internacional y de la política exterior de México como son: la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de las naciones.

Segundo. Exhortamos al espíritu de diálogo constructivo que predominó durante la Primera Cumbre Iberoamericana, como forma de alentar la cooperación, solidaridad e intercambios con Cuba, reconociendo que es sólo a esta nación a quien le corresponde decidir sobre su sistema socioeconómico y político.

Firman esta declaración diputados y senadores de todos los partidos políticos que integran la Comisión Permanente: Diputado Gabriel Jiménez Remus, Partido Acción Nacional; diputado José Antonio González Fernández, Partido Revolucionario Institucional; senador Humberto Lugo Gil, Partido Revolucionario Institucional; senador Gustavo Salinas Iñiguez, Partido Revolucionario Institucional; diputada Rosa Albina Garavito, Partido de la Revolución Democrática; diputado Alberto Carrillo Armenta, Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Partido Popular Socialista.»

Señor Presidente, dejo para los efectos procedentes la siguientes declaración política.

El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.

El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Compañeras y compañeros legisladores:

Quiero saludar el trabajo que ha venido realizando la Comisión de Relaciones Exteriores y particularmente su presidente, el compañero diputado José Antonio González Fernández. Esta declaración política a la que hoy arribamos no es la primera, ha habido varias de importancia y ésta particularmente toca a cuestiones para nosotros entrañables sobre las que quisiera hacer algunas reflexiones.

La política internacional de México goza de merecido prestigio en el mundo, porque nuestro país ha sabido ser solidario con la causa de los pueblos que luchan por su independencia, es una política además que de ninguna manera es fruto de la improvisación, sino que tiene hondas raíces.

José María Morelos, como todos recordamos, fue quien puso los cimientos de la política exterior que debía seguir nuestro país en su vida independiente. El Caudillo del Sur, en la Declaración de Independencia de noviembre de 1813, firmada en Chilpancingo, Guerrero, fijó los principios de la autodeterminación y la no

intervención a que tenía derecho el pueblo mexicano frente al dominio colonial.

Una vez conquistada la independencia política, México tenía que defender y reafirmar su independencia. Nuevas agresiones sobrevinieron después de 1821, las cuales pusieron en peligro la propia existencia de nuestra nación.

La guerra criminal que desataron los Estados Unidos contra nuestro país en 1846 - 1847, mutiló al territorio nacional de una manera tal que el pueblo de México perdió sus ricos territorios del norte a manos de una nueva potencia agresiva que iba a constituir un permanente desafío contra la independencia de los pueblos de América Latina.

Benito Juárez, todos lo recordamos, con la generación de la reforma aprontó un nuevo propósito del colonialismo y con el sacrificio del pueblo mexicano, conquistó la segunda independencia de la patria.

En el conocido apotegma que esculpió al término de la lucha contra la intervención francesa, se reafirmaron los principios que ya habían echado raíces en nuestro suelo enriqueciéndolos con la doctrina de que "la paz universal sólo es posible en un mundo de respeto a la autodeterminación, a la no intervención y a la soberanía de todos los pueblos y los estados".

Durante la Revolución Mexicana, nuestro país tuvo que enfrentarse a nuevas agresiones. Basta recordar la intervención militar de los Estados Unidos en 1914 y la llamada "Expedición Punitiva", del general Perkins contra el caudillo popular Francisco Villa.

Venustiano Carranza, que tuvo una visión nacionalista y patriótica, refrendó la doctrina mexicana en el campo de las relaciones internacionales. En su informe del 1o. de septiembre de 1918, expresó que: "Todos los gobiernos están obligados a practicar el principio de la no intervención".

En el México posrevolucionario, los principios de autodeterminación y no intervención se han llevado hasta sus últimas consecuencias. La "Doctrina Estrada" de gran prestigio e influencia en el mundo, desterró del derecho internacional la conocida "práctica del reconocimiento de gobiernos", que en el fondo es una forma de intervención en la vida política de los pueblos.

El presidente Lázaro Cárdenas practicó con fidelidad los lineamientos que en materia internacional forjaron nuestros revolucionarios y nuestros grandes conductores y apoyó a los pueblos que eran víctimas de la agresión extranjera.

Así se pronunció en favor de la amnistía frente a los intentos de conquista por parte del gobierno fascista de Mussolini. Defendió a la República española contra este mismo gobierno y contra el nazismo alemán. Ayuda que no fue simplemente verbal, sino incluso con recursos materiales.

Más recientemente el presidente López Mateos también realizó una obra trascendental en materia de política exterior. Defendió abiertamente el derecho del pueblo cubano a realizar su revolución. Derecho derivado del principio de autodeterminación de los pueblos.

Y en el seno de la Organización de las Naciones Unidas nuestro representante, Padilla Nervo, rechazó con energía la invasión de Bahía de Cochinos, patrocinada por el gobierno norteamericano.

Tenemos que recordar a José Martí entre los gigantes de América Latina, tan ligado al pueblo de México en etapas decisivas de nuestra historia. El siempre vio en nuestro país al hermano mayor que podía ser solidario con la causa de la Independencia de Cuba. En el último momento de su vida, Martí, antes de ser asesinado en Dos Ríos, recordó a México y a Latinoamérica. En su conocida carta a su amigo Manuel Mercado, precisó la causa que lo llevaba a dar la vida por su pueblo, cito textualmente: "Impedir a tiempo con la Independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América".

Vicente Lombardo Toledano, retomando estas lecciones del apóstol cubano, expresó: que defender a Cuba era defender a México y a América Latina.

En la cumbre de Guadalajara, que tuvo lugar en julio del año pasado, señor Presidente, el presidente Fidel Castro denunció con claridad el peligro que enfrentan los pueblos del mundo, especialmente los de América Latina, cito textualmente: "Las grandes potencias económicas no tienen amigos, sólo tienen intereses. El mundo marcha en una dirección todavía peor, la hegemonía política mundial por una superpotencia, que muchas veces se ha excedido en el uso de la fuerza, se pretende utilizar para ese hegemonismo, incluso los propios mecanismos de las Naciones Unidas". Termina la cita.

El 21 de marzo de este año, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Fernando Solana, pronunció un discurso que merece el reconocimiento público de todas las fuerzas democráticas y patrióticas de nuestro país. Recordó los grandes momentos de la historia de México que han producido nuestros principios invariables en materia de política internacional; habló de los profundos cambios de nuestro tiempo, pero sostuvo categóricamente a pesar de las transformaciones del mundo ningún principio de nuestra política internacional es obsoleto. Se pronunció contra el pretendido derecho de injerencia que hoy reclaman, que sólo la fuerza puede dar y criticó de manera abierta la intención de conformar instancias supranacionales que pretendieran imponer modelos sociales y políticos.

Con gran conocimiento de la Historia Universal y de México el canciller Solana se refirió a las diversas vías que cada país puede escoger para su desarrollo económico y político. Negó rotundamente que haya un modelo único para el desarrollo económico y la organización política, es decir, ningún país y ningún gobierno tiene derecho de imponer su propia experiencia a la vida de otros pueblos, esto es, la democracia es siempre concreta, responde a la historia, a las tradiciones y a los intereses de cada pueblo. Por eso, ningún gobierno, por poderoso que sea, tiene el derecho de proclamar que sólo su modelo de democracia sea válido.

Resulta preocupante que el secretario de Estado norteamericano, James Baker, diga hoy mismo a los cuatro vientos, siguiendo una vieja tradición hegemonista de Estados Unidos, que Norteamérica tiene el deber de defender la democracia en donde quiera que sea negada o pisoteada. Recientemente el New York Times ha difundido el propósito del gobierno estadounidense de crear un ejército de intervención en América Latina; esa pretensión por sí misma constituye ya una grave amenaza para la seguridad de nuestro pueblo y de nuestros pueblos y una violación flagrante a los principios de autodeterminación y no intervención, que ningún gobierno que defienda la independencia de su país y ninguna corriente política que se identifique con la soberanía nacional puede soslayar.

México debe rechazar tajantemente estos pronunciamientos hegemonistas del gobierno de los Estados Unidos. Hoy está en el orden del día la defensa del derecho que tiene el pueblo cubano de construir su destino de acuerdo con sus intereses propios y con su soberana voluntad. No es el sistema económico que Cuba se ha dado libremente el que ha creado las dificultades económicas para el hermano país caribeño, sino el largo bloqueo por más de 30 años, ejercido por diversos gobiernos norteamericanos, en contravención a los principios y a las normas fundamentales del derecho internacional.

A pesar de ese bloqueo feroz, antijurídico e inmoral, la superioridad del régimen socialista ha quedado de manifiesto en múltiples renglones de la vida económica y social del pueblo cubano, en la erradicación del analfabetismo, en el campo de la salud, en la cultura y las artes, en la ciencia y la tecnología, en la participación cabal de la población en la discusión de sus problemas y en la toma de las decisiones.

A lo largo de estas tres décadas el pueblo cubano ha dejado constancia, a pesar del bloqueo criminal, que el régimen socialista responde a un humanismo de rango superior, en cuyo centro están los intereses del hombre no como una entidad abstracta sino del hombre de carne y hueso, de todos y cada uno de los hombres y mujeres que componen el pueblo mismo, el bloqueo criminal que ha impuesto el imperialismo norteamericano contra Cuba no sólo viola la Ley Internacional sino que vulnera los derechos humanos del pueblo cubano, razón por la cual el Partido Popular Socialista condena ese bloqueo con toda energía.

Si cegada por la soberbia la potencia más poderosa del orbe llegara a desatar una intervención armada contra el pequeño país de 10 millones de habitantes, los pueblos de América Latina estaríamos en peligro de sufrir la misma suerte y de perder nuestra independencia e identidad.

Independientemente de la doctrina que profesen las diversas corrientes y partidos políticos aquí presentes, pero si aceptamos identidad con las tradiciones internacionalistas del pueblo mexicano, estaremos todos de acuerdo en que la defensa del Derecho Internacional y de la facultad que tiene cada país de autodeterminarse, son expresiones genuinas en favor de la paz y de la seguridad universal.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Partido Popular Socialista respalda y saluda el documento al que dio lectura el diputado José Antonio González; respalda también de manera contundente el derecho que tiene Cuba de trazar y seguir su propio camino, sin presiones y sin amenazas del empleo de la fuerza, prácticas

que violan la Carta de las Naciones Unidas y múltiples resoluciones de su asamblea general. Es ése el sentir de nuestro partido e interpretamos que es ése el sentir histórico del pueblo de México y en general de los pueblos de América Latina.

Agradezco mucho la paciencia de ustedes, dado lo avanzado de la hora compañeras y compañeros legisladores, señor Presidente. Muchas gracias.

ORDEN DEL DÍA

El Presidente: - Gracias diputado; señoras y señores legisladores, se han agotado los asuntos en cartera, le ruego a la Secretaría dé lectura al orden del día de la próxima sesión.

El secretario senador Gustavo Salinas Iñiguez:

«Comisión Permanente. - Primer Receso. - Primer Año. - LV Legislatura. Orden del día

8 de abril de 1992.

Lectura del acta de la sesión anterior.

El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del LXXIII aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata Salazar, tendrá lugar el 10 de abril, en la Alameda del Sur Avenida Canal de Miramontes y Calzada de las Bombas, delegación política Coyoacán, a las 10.00 horas.

Comunicaciones de los congresos de los estados de Jalisco y Yucatán.

Dictamen de primera lectura.

De la Primera Comisión, relativo a la solicitud de permiso del ciudadano José Osornio García, para que pueda prestar servicios como empleado administrativo, en la Embajada de la República de Argentina, en México.

Dictámenes a discusión

Siete de la Segunda Comisión, con puntos de acuerdo por los que se ratifican grados militares a los ciudadanos Vicente Herrera Brambila, Humberto Lucero Nevárez, Francisco Arriola Arriola, Humberto Eduardo Antimo Miranda, Armando Arturo Núñez Cabrera, Luis Roberto Gutiérrez Flores y José de Jesús Humberto Rodríguez Martínez.

De la Primera Comisión, con proyecto de decreto por el que se concede permiso al ciudadano doctor Gustavo Alberto Cásares Rendón, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno de Francia.

Sesión secreta.

Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»

El Presidente (a las 18.13 horas): - Gracias, señor secretario. Se levanta la sesión y se convoca a los señores legisladores a la que tendrá lugar el próximo miércoles 8 de abril, a las 11.00 horas. Gracias.