Legislatura LV - Año I - Período Extraordinario - Fecha 19920219 - Número de Diario 5
(L55A1P1eN005F19920219.xml)Núm. Diario: 5ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DÍARIO DE LOS DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. María Esther Scherman Leaño
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DÍARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., 19 y 20 de febrero de 1992 No. 5
PRIMER PERÍODO EXTRAORDINARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de dicha ley.
Se aprueba su discusión en lo general y en lo particular en un solo acto.
Interviene el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, presenta moción suspensiva.
Sobre la moción suspensiva debate los diputados:
Alejandro Luévano Pérez en pro.
Manuel Díaz Infante
Juan Gualberto Campos Vega
Tomás González de Luna, para rectificar hechos.
Francisco Javier Saucedo Pérez
Miguel González Avelar, para rectificar hechos.
Luisa Alvarez Cervantes, para rectificar hechos.
José de Jesús Martín del Campo, para rectificar hechos.
Se desecha la proposición.
En el debate del dictamen intervienen los diputados:
Juan Moisés Calleja García para fundamentar el dictamen.
Martha Patricia Ruiz Anchondo, en contra.
Manuel Jiménez Guzmán, en pro.
Juan Gualberto Campos Vega, en contra.
Gil Mendoza Pichardo, en pro.
Alejandro Luévano Pérez
José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra
Rigoberto Arriaga Ruíz, para rectificar hechos.
Javier Marcelino Colorado Pulido
Tomás Correa Ayala, en pro.
Guillermo Flores Velasco
Jorge René Sánchez Juárez, en pro.
RECESO
Continúan en el debate los diputados:
Graciela Larios Rivas
Evangelina Corona Cadena
Juan Luis Calderón Hinojosa
Carlos González Durán
Francisco Javier Saucedo Pérez
Fernando Lerdo de Tejada, para rectificar hechos.
Tomás González de Luna
Jorge Vinicio Mejía Tobías
Martha Patricia Ruíz Anchonado
Arturo Torres del Valle
Graciela Larios Rivas
Porfirio Camarena Castro
Marco Antonio García Toro
Se someten a votación las propuestas presentadas.
Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
Sobre el problema de la vivienda el diputado Manuel Jiménez Guzmán presenta punto de acuerdo. De enterado.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Para regular la discusión sobre la Ley Agraria. Se da lectura.
LEY AGRARIA
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con Opinión de la Comisión de Agricultura, con proyecto de decreto de Ley Agraria.
Toma la palabra el diputado Francisco Hernández Juárez para presentar moción suspensiva.
Para su discusión intervienen los diputados:
Gilberto Rincón Gallardo, en pro.
Salvador Valencia Carmona, en contra.
Martín Tavira Urióstegui, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Jesús González Gortázar, para rectificar hechos.
Rigoberto Arriaga Ruíz
Jorge Alfonso Calderón Salazar, para rectificar hechos.
Heli Herrera Hernández, en pro.
José Merino Castrejón
Héctor Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos.
Enrique Rico Arzate
Teódulo Martínez Vergara, para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Melquiades Morales Flores, en contra.
Martín Tavira Urióstegui, para rectificar hechos.
Héctor Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos.
Atalo Sandoval García, para rectificar hechos .
Se desecha la moción suspensiva
Toma la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano para presentar una propuesta en torno al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En torno a esta propuesta toman la palabra los diputados:
Amador Rodríguez Lozano, para rectificar hechos.
Juan de Dios Castro Lozano, por la Comisión.
Fernando Ortiz Arana
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Amador Rodríguez Lozano, para contestar alusiones personales.
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Se acuerda entregar la propuesta a la mesa directiva que se elija para el próximo período ordinario de sesiones.
RECESO
SE REANUDA LA SESIÓN
La Secretaría informa que hay quórum.
ACUERDO PARLAMENTARIO
Para regular la discusión sobre la Ley Agraria. Se da lectura.
Debaten los diputados:
César Augusto Santiago Ramírez
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Hugo Andrés Araujo de la Torre
Héctor Ramírez Cuéllar
Jorge Zermeño Infante
Romeo Flores Leal
Juan Manuel Hueso Pelayo
Jorge Modesto Moscoso Pedrero
Jesús Gonzáles Gortázar
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Juan Gualberto Campos Vega
RECESO
Continúan debatiendo los diputados:
Jesús González Gortázar
Juan Gualberto Campos Vega, para rectificar hechos.
Martín Tavira Urióstegui, para rectificar hechos.
Héctor Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos.
Francisco José Paoli Bolio
Efraín Zúñiga Galeana
Javier Centeno Avila
Gonzalo Cedillo Valdez
Heli Herrera Hernández
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Eberto Croda Rodríguez
Rigoberto Arriaga Ruiz
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Rafael González Pimienta
Odilón Cantú Domínguez
Carlos González Durán, para rectificar hechos.
Héctor Ramírez Cuéllar, para rectificar hechos.
Aprobado el dictamen.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO ODILON CANTÚ DOMÍNGUEZ
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Se informa a la Presidencia que existen registros previamente 412 diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.36 horas): - Los diputados del Partido Acción Nacional informan a esta Presidencia, que se encuentra en una reunión; que se incorporarán inmediatamente terminando, a ésta.
Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez:
«Primer Período Extraordinario de sesiones. - Primer Receso. - Primer Año. - LV
Legislatura.
Orden del día
19 de febrero de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictámenes a discusión
De las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Vivienda, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con opinión de la Comisión de Agricultura, con proyecto de Ley Agraria para su discusión en lo general.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadoras de los grupos parlamentarios, consulte la la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y dos, corespondiente al Primer Período de sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia de la diputada
Cecilia Soto González
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo la once horas con veinticinco minutos del día dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos setenta y dos diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior, misma que en votación económica se aprueba en sus términos.
En virtud de que el dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea dispensa la segunda lectura.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría da lectura al artículo ciento diez del Reglamento
para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se concede el uso de la palabra al diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, quien propone una moción suspensiva.
En votación económica, la asamblea acepta a discusión la proposición del diputado Cárdenas García y para expresar sus opiniones al respecto hacen uso de la palabra los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en pro; Jorge Iturribarría Bolaños Cacho, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, en pro; Benjamín Avila Guzmán, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en pro y Luis Alvares Garín, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos.
En votación económica, la asamblea desecha la moción suspensiva y autoriza a que la discusión del dictamen se haga en lo general y en lo particular en un solo acto.
Para Fundamenta el dictamen hacen uso de la palabra el diputado Miguel Angel Sáenz Garza, del Partido Revolucionario Institucional y, para expresar sus opiniones los diputados Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, en contra; Angel Aceves Saucedo, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para fijar la posición de su partido y presentar la adición de un artículo; Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y presenta algunas recomendaciones sin relación con el dictamen a discusión.
Continúan el debate sobre el mismo dictamen, los diputados Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien presenta una proposición respecto del artículo ciento ochenta y tres I (latina) de la Ley del Seguro Social y se pronuncia en pro del dictamen; José Antonio Gómez Urquiza, del Partido Acción Nacional, para fijar su posición; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, en contra y para rectificar hechos, los legisladores Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en tres ocasiones; Rafael Bernal Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; Abundio Ramírez Vázquez, del partido de la Revolución Democrática y Carlos González Durán, del mismo partido.
Alos quince horas, la Presidenta decreta un
Receso.
A las diecisiete horas con cinco minutos, se reanuda la sesión y, para continuar con el debate del dictamen a discusión, la Presidencia informa que los coordinadores de los grupos parlamentarios han acordado recomendar que las intervenciones de los oradores no sean mayores de diez minutos, lo que la asamblea, en votación económica aprueba.
Se reanuda la discusión y hacen uso de la palabra los diputados Fernando Lugo Hernández, del Partido Acción Nacional, quien presenta diversas proposiciones y acepta una interpelación del diputado Fernando Lerdo de Tejada, Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Javier Garduño Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Fernando Lugo Hernández, del Partido Acción Nacional, para retirar sus proposiciones; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, para presentar proposiciones con respecto de los artículos ciento ochenta y tres D (de) y cinco ochenta y tres I (latina), así como la adición de un artículo décimo transitorio.
Continúa debatiendo los diputados Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista del Reconstrucción Nacional, en pro; Raúl Alvarez García, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Roberto Soto Prieto, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Rafael Morgan Alvarez, del Partido Acción Nacional, para razonar su voto y hacer proposiciones respecto de los artículos treinta y tres, ciento ochenta y tres B (be), ciento ochenta y tres R (ere) y quinto transitorio y, para rectificar hechos, los diputados Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra.
Para continuar con la discusión, hacen uso de la palabra los diputados Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional, quien presenta diversas proposiciones respecto de los artículos ciento ochenta y tres H (ache), N (ene), O (o vocal mayúscula), P (pe) y Q (cu); José María Téllez Rincón, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para fundamentar su voto en contra;
Presidencia del diputado
Victor Orduña Muñoz
Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos;
Presidencia de la diputada Cecilia Soto González
Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos y presentar una proposición respecto del artículo setenta y seis A (vocal mayúscula) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y, para rectificar hechos y contestar alusiones personales, los diputados Agustín Basave Benitez, del Partido Revolucionario Institucional, en tres ocasiones; Rafael Bernal Chávez, del Partido Revolucionario Institucional; Raymundo Cárdenas Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, en tres ocasiones; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática; Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Luisa Alvarez Cervantes, del mismo partido y Miguel Angel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional.
Para rectificar hachos respecto de su primera proposición, hace uso de la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolañoz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y el diputado José Gómez Urquiza de la Macorra, del Partido Acción Nacional, quien retira algunas proposiciones de su partido y presenta las que corresponden a los artículos ciento ochenta y tres I (latina) y D (de), así como las del artículo doscientos treinta y uno bis y acepta una interpelación de la diputada Evangelina Corona Cadena.
Continúan en el debate los diputados Jorge Vinicio Mejía Tobías, del Partido Revolucionario Institucional, en pro, del dictamen; Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista, en contra; Alfredo Lujambio Rafols, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y aceptar una interpelación de la diputada Corona Cadena y Jorge Flores Solano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, quien da lectura a un acuerdo de los grupos parlamentarios de la Quincuagésima Quinta Legislatura, con un pronunciamiento respecto de los jubilados y pensionados y firmado por los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Democrática y Popular Socialista.
Por instrucciones de la Presidenta, se ponen a consideración de la asamblea las recomendaciones y proposiciones expresadas durante el debate y la asamblea, en sendas votaciones aconómicas, desecha las de los diputados Jesús Martín del Campo, Rafael Fernández Tomás y Javier Centeno Avila y acepta las de los diputados Adolfo Kunz Bolaños y José Gómez Urquiza de la Macorra.
La asamblea considera suficientemente discutido el dictamen y la Secretaría recoge las votaciones nominales del dictamen en lo general y en lo particular, mismas que resultan aprobatorias por trescientos cincuenta y siete votos en lo general y por trescientos cincuenta y un votos en lo particular, como lo declara la Presidenta. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
No habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y la Presidenta clausura la de hoy a las veintitrés horas con doce minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y dos a las diez horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Está a consideración de la asamblea el acta.
¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?...
Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada el acta, señor Presidente.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
(*) LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señora Presidente.
Trámite: - Es de segunda lectura.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto se realice en un solo acto.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza que la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, se realice en un solo acto.
Los diputados...
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul): - ¡Pido la palabra!
El Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul): - Para hacer una moción suspensiva.
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - La discusión no puede darse hasta que se declare abierto el debate del proyecto de decreto.
* Este dictamen fue publicado en el DÍArio No. 3 del día 17 de febrero de 1992.
El Presidente: - Se somete a votación, primero, señor secretario.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si autoriza que la discusión en lo general y en lo particular del proyecto de decreto, se realice en un solo acto.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre la discusión.
Tiene el uso de la palabra el señor diputado Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:
Hemos solicitado el uso de la palabra, porque deseamos hacer un moción suspensiva sobre este dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
En días pasados se nos ha comunicado por algunos diputados que se conocen las estrategias y las prácticas parlamentarias de los partidos de oposición, con la idea de una táctica dilatoria.
Si estas propuestas no estuvieran fundamentadas, no tuvieran un peso real, un sustento, considero entonces que esta opinión podría ser verdadera. Pero también es cierto que este tipo de propuestas, de definiciones, con la intencionalidad de desconocer algún tipo de aporte que creemos que es serio, fundamentado, pensamos que tienen qué tomarse en cuenta.
Quiero dar lectura a la propuesta que dejaré aquí en la Secretaría, de esta moción suspensiva:
«Considerando que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 133 establece como ley suprema de toda la unión a la misma Constitución y a las leyes del Congreso de la Unión que de ella emanan; que el artículo 123 constitucional establece que el Congreso de la Unión está obligado a expedir leyes sobre el trabajo sin contravenir las bases especificadas en ese artículo; que además la fracción XII obliga a la creación de una ley que regule el Fondo Nacional de la Vivienda, integrado por las
aportaciones que las empresas están obligadas a hacer para dotar de una vivienda digna para los trabajadores, mandato por el cual la Ley Federal del Trabajo regula dicho cuerpo jurídico en sus artículos 136 al 163, inclusive.
Que la Ley del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores al ser regulada por los artículos citados de la Ley Federal del Trabajo, está obligada a lo que ésta determine.
Que con fundamento en el artículo 72 constitucional de la interpretación, reforma o derogación de las Leyes o decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su formulación.
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por todo lo anterior, observa que la Constitución y su artículo 123 sufrirían severo menoscabo en su autoridad, si fuera aprobado por esta soberanía, el dictamen de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, pues a través de su artículo tercero transitorio sería derogado el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo vigente, que me voy a permitirle dar lectura a este artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, dice así:
Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad al construir depósitos en favor de los trabajadores, que se sujetarán a las siguientes bases:
Fracción I. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea del 50% o más; de invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social; de jubilación o de muerte del trabajador, se entregará el total de los depósitos constituidos a él o sus beneficiarios, con una cantidad adicional a dichos depósitos, en los términos de la ley o a los que se refiere el artículo 139.
Fracción II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuenta con 50 años o más de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieran hecho a su favor, en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Fracción III. En caso de que el trabajador hubiera recibido crédito del instituto, las cantidades a que tuvieran derecho en los términos de las fracciones anteriores, se aplicarán a la amortización del crédito, salvo en los casos de incapacidad total permanente o de muerte, en los términos del artículo 145. Si después de hacer la aplicación de dichas cantidades a la amortización del crédito quedara saldo a favor del trabajador, se le entregará a éste el monto correspondiente.
A través de su artículo tercero transitorio de la propuesta de iniciativa de ley que hoy queremos discutir, el artículo 141 sería derogado de la Ley Federal del Trabajo, así como todas aquellas disposiciones que contradigan a las reformas. Consideramos que la modificación propuesta, de ser aprobada, implicaría un peligroso precedente que atenta contra el estado de derecho que debería regir en nuestra nación.
De ninguna manera se justifica que una ley reglamentaria, como lo es la del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pueda sustituir y mandar sobre una ley superior, como es la Constitución general.
En este sentido, con fundamento en los artículos del 109 al 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática pone a consideración de esta honorable soberanía una moción suspensiva de este dictamen, pues afecta seriamente a ordenamiento jurídicos que rigen sobre la ley que quiere modificar.
Atentamente.
A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputados: Martha Patricia Ruiz Anchondo, Alejandro Luévano Pérez, René Bejarano Martínez, Francisco Javier Saucedo.» Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Se pregunta si se admite para su discusión la moción suspensiva de manera inmediata.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se admite su discusión, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
Alejandro Luévano, para hablar a favor; Díaz Infante, en contra; Carlos Vera Campos.
Se concede el uso de la palabra para hablar en pro el diputado Alejandro Luévano Pérez.
El diputado Alejandro Luévano Pérez: - Con permiso de la Presidencia. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, al igual que en las dos ocasiones anteriores, de los temas que se han debatido aquí, hemos considerado pertinente llamar a la reflexión de la forma en que estamos abordando de manera desagradable una serie de asuntos muy puntuales sin entrar a un análisis global y a un papel fundamental como Congreso Soberano en la determinación de las perspectivas y las estrategias que se abren en esta etapa en nuestro país; uno de los puntos que consideramos que no fueron considerados suficientemente es que la propia Comisión de Vivienda está jugando en esta propuesta de dictamen solamente un papel de opinión, cuando el conjunto de las modificaciones que se están pretendiendo establecer aquí afectan una de las leyes particulares que tienen que ver con este sector, con el sector de la vivienda y que se está haciendo de una manera que no ha sido posible analizar, evaluar en detalles los 20 años de existencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, una revisión concienzuda donde nosotros pudiéramos establecer con toda claridad un conjunto de orientaciones en materia de viviendas, de suelo, de reservas territoriales, de política fiscal, etcétera, la Comisión de Vivienda en convidado como de lado, esto yo lo manifesté en la, propia Comisión de la cual formo parte y llamábamos ahí a la necesidad de abordar esta discusión de conjunto.
Por otro lado, el ordenamiento que rige en nuestro país a los organismos de vivienda y a las políticas que se desarrollan, tampoco fue considerado, me refiero a la Ley Federal de la Vivienda. Esto no fue considerado para que abriéramos, y esto también lo propusimos en el seno de la comisión, una valoración de conjunto sobre la articulación y sobre el futuro de los diversos organismos de vivienda, incluso advertíamos de la necesidad de un análisis global del Sistema Nacional de Vivienda, porque hoy en este período extraordinario y de manera desagregada nos vino una reforma parcial a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando advertimos que el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ya no está produciendo viviendas, cuando el Fondo Nacional de Habitación Popular ha dejado de producir también y que esto requiere de una revisión inmediata, urgente, desde esta soberanía y desde las dependencias encargadas del Ejecutivo para una reorientación de toda la política en materia de vivienda y esto no lo estamos viviendo, incluso advertimos de que el período ordinario próximo o en los subsecuentes van a llegar a esta soberanía iniciativa del mismo corte que afecta a organismos del mismo sector y que de manera desagregada nos va a ir presentando una reforma sustancial en el Sistema Nacional de Vivienda sin que nosotros tengamos la oportunidad de abordar ese debate de manera global.
Sostenemos que la propuesta que se presenta, si bien ha tenido muchas horas de debate y de análisis en el Senado y en esta Cámara, no hay sido suficiente que afecta a la Ley Federal del Trabajo, como mencionó el compañero Saucedo, que acaba de presentar el punto de vista en nuestro partido, esta iniciativa le impone ajustes a la Ley Federal del Trabajo, sin que entremos también a una discusión específica de ese ordenamiento y el problema no es venir a decir si el Partido de la Revolución Democrática se pronuncia o no se pronuncia a favor de que sea sometido a discusión el artículo 123 y la Ley Federal del Trabajo, ése no es el punto de fondo, porque sabemos bien que en los próximos meses vamos a recibir otras más de las iniciativas que lleven a modificar el actual contenido de la Ley Federal del Trabajo y del 123, por las necesidades que el gobierno tiene de ajustarnos a los requerimientos del Tratado de Libre Comercio,
No es un problema de que nosotros queremos convocar o no a la revisión del 123. Pero no se afecta solamente al 123, compañeros diputados; se afecta también directamente al artículo 4o. constitucional, que establece los principios fundamentales que da origen a la Ley Federal de Viviendas, porque aseguramos que los mecanismos financieros que se nos están sugiriendo en esta iniciativa que entra hoy en debate, impide precisamente que los sectores de menores ingresos tengan acceso a la vivienda; es un esquema el que se nos propone que está destinado y así ha sido la práctica ya de por lo menos los últimos siete años, a apoyar en cierta medida a los sectores de mediano ingresos y dejar de lado totalmente a las amplias mayorías de los trabajadores y de los sectores que medio viven con un salario al mes o con menos de un salario al mes.
Quisiera finalmente advertir que no venimos a plantear la moción suspensiva con un afán de alargar el debate, venimos a advertir del método con el cual el Ejecutivo está imponiendo un conjunto de ritmos a esta soberanía. Con el método
de desagregado, parcial con el cual hemos venido discutiendo las iniciativas desde el día lunes, y que no está en los hechos llevados a un manejo parcial y aquí mismo por los procedimientos con los cuales estamos trabajando, a un análisis parcial de lo que todos sabemos que está siendo un ajuste estructural y de una diversidad de organismos y dependencias que son necesidad del proyecto neoliberal.
En esas condiciones es en la que se nos está encajando y no a los del Partido de la Revolución Democrática y no a los de la oposición en su conjunto, sino a esta soberanía, se está poniendo en cuestión aquí el papel del conjunto de los diputados que formamos parte de la LV Legislatura. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Díaz Infante.
El diputado Manuel Díaz Infante: - Hemos escuchado con mucha atención la argumentación que nos presenta el Partido de la Revolución Democrática. Nos comentan ellos que se están violando diversas disposiciones constitucionales y que se están violentando también la Ley Federal del Trabajo, en virtud de que, según su dicho, la Ley del Instituto del fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deben de estar por debajo de ella.
Creemos nosotros que los argumentos expuestos por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este documento, crecen de sustento. En primer término valdria la pena hacer una reflexión en cuanto a la jerarquía de las dos leyes que están en comento: qué sucede con la Ley Federal del Trabajo y qué sucede con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La doctrina ha coincidido en sostener, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 constitucional, que todas las disposiciones de carácter general y obligatorio que están de acuerdo con la norma suprema y que han tenido como fuente de procedimiento los indicados en los artículos 71 y 72 de la Constitución, entre otros, tendrán por supuesto una subordinación lógica con la Carta Magna, pero, pero tendrán una situación de igualdad con el resto de las leyes ordinarias federales.
Yo me permitiría aquí citar al doctor Jorge Carpizo, en sus Estudios Constitucionales, él sostiene que las leyes federales en cuanto a su jerarquía, son idénticas unas a las otras, puesto que todas ellas son creadas por un mismo órgano y a través del mismo procedimiento.
Reconocemos también que hay una distinción académica, que no es el caso traerlo a colación, pero hay obviamente leyes ordinarias, leyes reglamentarias, leyes ordinarias o leyes complementarias.
En el caso concreto que estamos discutiendo, no se contraviene disposición legal alguna, puesto que el propio artículo 123 de la Constitución en su fracción XII a la letra dice: "Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda".
Dicha ley y remarco lo que dice la fracción XII del 123,"... dicha ley regulará las formas y procedimientos, conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas".
Por lo anterior, según mi punto de vista y hemos de coincidir seguramente, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ambas derivadas del mismo precepto constitucional, responden a una concepción integral del régimen laboral en México. No se contraponen y si regulan ambas, procedimientos para hacer efectivo el derecho de los trabajadores a su vivienda, por lo cual creemos nosotros que el argumento esgrimido no es válido.
Por lo que hace concretamente al artículo 3o. transitorio, permítanme comentarles, que la fracción del Partido Revolucionario Institucional coincide con la propuesta y en su momento hará también las aclaraciones pertinentes en este artículo 3o., que hace referencia al 141 de la Ley Federal del Trabajo.
Se había comentado también de que había imposibilidades en la propia comisión y en el propio seno del Partido de la Revolución Democrática que se le otorgara créditos a los trabajadores de salario mínimo, en virtud de que sería anticonstitucional se descuento.
Nosotros pensamos que eso tampoco es violatorio de norma alguna, toda vez que la propia Ley Federal del Trabajo en su artículo 97 contempla dicha posibilidad y nosotros veríamos también que no sería equitativo, desde ningún punto de vista, ni tampoco justo, de que un
trabajador por el simple hecho de devengar un salario mínimo no fuera sujeto de crédito y no pudiera obtener los beneficios del Instituto.
Nosotros consideramos que si un trabajador, por el simple hecho de ganar 100 pesos más de salario mínimo tiene derecho, no podemos quitárselo de ninguna manera a un trabajador que gane el salario mínimo. Esto en relación a lo que se ha venido comentando con la fracción VIII del artículo 123 Constitucional, en donde no puede ser mermados los ingresos de un trabajador de salario mínimo.
Sin embargo, valdría la pena aquí hecernos algunas interrogantes. ¿Ha sido realmente una imposición del patrón la utilización de un crédito del Instituto, ¿no ha sido acaso que el trabajador libremente ha suscrito un contrato por medio del cual se compromete a pagar un crédito? Creemos nosotros que ése es realmente el fondo del asunto y no está violando ninguna disposición.
Tampoco consideramos nosotros que por el simple hecho de que un trabajador tenga salario mínimo, no puede ser sujeto de derecho y de beneficios del Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores, por ejemplo. El Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores también d créditos a los trabajadores y el patrón tiene la obligación de retener las mensualidades o abonos de ese crédito sobre lo que devenga el trabajador, tenga salario mínimo o no. Creemos nosotros que aquí se está tutelando un derecho de los trabajadores.
También nosotros pensamos que si acaso el hecho de percibir un salario mínimo exime a un trabajador de la obligación que tiene de pagar una pensión alimenticia, por ejemplo, cuando así haya sido acordado por un juez. El trabajador, de salario mínimo o no, está obligado a cumplir con las sentencias emitidas por el juez y el patrón tiene por supuesto la obligación de retener estos recursos.
Nosotros pensamos, por lo anterior y en virtud de que en ningún momento se está atentado contra el estado de derechos que rigen en nuestra nación, ni tampoco la Constitución, de que efectivamente no hay un conflicto de leyes, porque son leyes de la misma jerarquía y no está subordinada la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores a la Ley del Trabajo, pensamos nosotros, por estos motivos que no es procedente de ninguna manera la moción suspensiva. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a expresar, a nombre del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, nuestra coincidencia con las preocupaciones que motivaron al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a solicitar una moción suspensiva en el debate de esta ley que se refiere al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Nuestra coincidencia en lo fundamental se refiere a la preocupación que nosotros tenemos por este problema, que es uno de los más lacerantes para el pueblo de México: el problema de la vivienda. A pesar de que está ha sido elevada a rango constitucional como un derecho para los mexicanos, no han podido ser resuelto de manera, ya no digamos de definitiva, sino importante, para la mayoría de la población de nuestro país.
Durante muchos años nuestro partido ha presentado diversas opiniones y propuestas de carácter legislativo para que el Estado mexicano asuma, con responsabilidad y con eficiencia, la solución de este problema. Hemos dicho que es necesario desembarazarnos de aparatos burocráticos y crear una sola institución que atienda de manera integral el problema de la vivienda en México.
Hemos dicho que es necesario dejar de por esta vía otorgarle jugosas ganancias a diversas empresas contratistas y que sea el Estado mismo el que tenga su empresa constructora de viviendas, que tengan sus empresas productoras de materiales para la construcción, para abaratar su costo, para evitar las ganancias de estos grupos que sólo lucran con un problema social y se puede ofrecer al pueblo de México una vivienda digna y económica.
Hemos señalado también que no solamente es la vía de la construcción de viviendas para vendérsela a los trabajadores, porque muchos no pueden adquirirla, sino que deben haber soluciones alternativas, como la construcción de vivienda en renta para los trabajadores de más escasos recursos.
Nosotros pensamos que esta iniciativa, que mira este grave problema desde un aspecto pequeño, parcial, enfocado a uno sólo de los aspectos y que además no va al fondo del problema, no va incidir de manera importante en la oferta de vivienda en nuestro país.
Nosotros consideramos que este problema debe ser atendido a mayor profundidad por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que debemos realizar los esfuerzos para conocer las opiniones de los diversos sectores de la población, de las instituciones preocupadas por este problema de los partidos políticos, para hacer una reforma a fondo que se inicie con la Ley Federal de Vivienda y vaya modificando los diversos ordenamientos legales vinculados con este tema.
Por estas razones, nosotros consideramos que sería conveniente aprobar esta moción suspensiva e iniciar un proceso que nos lleve a buscar un problema de fondo a este problema que afecta a millones de mexicanos. Muchas gracias
El Presidente: - Para hechos tiene la palabra el diputado Tomás González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - En relación a la moción presentada, tanto en pro como en contra, el Partido del Frente Cardentista considera que la observación jurídica es pertinente, es impecable en relación a que no procede una moción de esta naturaleza. Pero sí también consideramos que la observación contenida en la moción en relación a un plantamiento de fondo con relación a la vivienda, es un hecho inobjetable. El país requiere una modificación sustancial en el criterio que sostienen las autoridades en relación al problema de la vivienda.
No es solamente refiriéndonos al problema de ciertos sectores medios que tienen necesidad de una vivienda digna, sino también los sectores de un salario mínimo, o bien aquel conjunto de la población que está desamparada, que no está en posibilidad de recoger los beneficios de algunas instituciones oficiales que cumplen con esta obligación o abocadas a este problema de la vivienda.
Por lo cual, el Partido del Frente Cardentista considera y hace la siguiente propuesta, de que sea en el próximo período ordinario de sesiones donde se plantee a fondo un análisis detallado en esta soberanía, en relación al problema de la vivienda, Muchas gracias
El Presidente: - Consulte...
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Adelante, diputado Francisco Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Me da realmente pena decir aquí en tribuna que el día de ayer, suponiéndose que se iba a discutir esta iniciativa, teníamos nosotros la cuestión de la moción suspensiva, pero a lo largo del día tubimos que modificar algunas cuestiones del documento que teníamos nosotros previsto presentar ayer, porque realmente teníamos algunos errores.
Me da pena que hoy el diputado Díaz Infante suba a tribunal y no haga caso de lo que dijimos aquí en tribuna el día de hoy, respecto al documento de moción suspensiva que presentamos hoy, no el que de ayer se puedo haber pasado por ahí el documento y sobre ése se haga la propuesta de parte del diputado Díaz Infante.
En particular decíamos en el documento de ayer, sí es cierto que teníamos un error a propósito de que hablabamos de que la Ley Federal del Trabajo era superior a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, un error que teníamos en ese documento, en el cual hoy se nos hace que caigamos en la cuanta, cuando no le dijimos el día de hoy aquí en tribuna.
Efectivamente en el documento de ayer tuvimos que hacer esas correcciones y hay otras. Lo que nosotros decimos es que sí es cierto, son dos leyes iguales, reglamentarias, que se desprenden del mismo artículo, el artículo 123 constitucional.
Pero lo que nosotros queremos decir y ésa es la cuestión que estamos señalando para la moción, es que siendo leyes complementarias sobre un mismo tema o que tiene que ver con un mismo tema, implicaría mínimamente una coordinación, una relación, un estudio, un ver de conjunto, las dos reglamentarias; yo digo, pues por lo menos para ser responsables respecto de lo que estamos queriendo discutir.
Pues eso era lo que nosotros queríamos decir ahora para la cuestión de hechos. Muchas gracias.
El diputado Miguel González Avelar (desde su curul): - Pidió la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Miguel González Avelar.
El diputado Miguel González Avelar: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
He pedido el uso de la palabra con el propósito de reiterar, tratando de aducir y de aportar algunos nuevos elementos de convicción a la asamblea, la posición que la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional tiene acerca de la improcedencia absoluta de la moción suspensiva que ha sido presentada previamente.
En primer lugar y de una manera muy clara, por la sencilla razón de que las mociones suspensivas, de acuerdo con nuestro reglamento interno, tiene determinadas y claras causales de procedencia ninguna de las cuales surgen en el caso presente.
Dice el 109 que no se puede suspender ninguna discusión sino por alguna de las causas que mencionaré en seguida:
Primera, por ser la hora en que el reglamento fija para hacer la suspensión, después de cuatro horas como ustedes recuerdan tienen que renovarse la autorización de la Cámara para seguir debatiendo un asunto.
La segunda, porque la Cámara acuerde dar preferencia a un negocio de mayor importancia o de urgencia o gravedad
Tercera, por graves desordenes en la misma cámara, que si bien se percibe el interés y la animación propia de toda asamblea, mal podríamos calificar la situación de nuestra asamblea en este momento, como de grave desorden, y por falta de quórum finalmente, el cual ha sido ya establecido por la Secretaría y declarado por la Presidencia con toda oportunidad.
De tal manera que la razón más elemental es la de que no hay ninguna de las causas que nuestra reglamentación interna señala para que esto pudiera proceder.
Hay otra razón además, que sí me parece necesario y quizá nada más conveniente, mencionar y es este asunto que se tocó con las aclaraciones que se hicieron ya después, que doy por entendidas, respecto de si la iniciativa que tratamos modificar o no alguna disposición de otra reglamentación, de otro ordenamiento jurídico que no había sido invocado en la convocatoria; que sería una cuestión sustantiva, de fondo, material, que nos aconsejara tomar en consideración la propuesta suspensiva que se nos ha hecho. Pero no es así. Y no es así compañeras y compañeros diputados, porque la obligación habitacional, la obligación que tienen todos los patrones del país de proporcionar habitación a sus trabajadores, deriva exacta, precisa y directamente, de la fracción XII del artículo 123 constitucional.
Por lo tanto, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el INFONAVIT es una ley que se desprende directamente del texto constitucional en su fracción XII. Como otras instituciones del derecho del trabajo se desprenden también de otros incisos o fracciones del mismo artículo 123 constitucional.
Estamos pues, a la hora de analizar el dictamen a refrendo, el dictamen en cuestión, no estamos más atendido la convocatoria de la Comisión Permanente que nos ha convocado para discutir la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que eventualmente incluso, aunque no sea el caso o vaya a no ser el caso, podía afectar, alterar en alguna medida, otras disposiciones legales que estuvieran en el mismo rango, en el mismo nivel que la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero que sería imposible mencionarlas todas y cada una en la convocatoria al Congreso. Es una ley reglamentaria de una fracción, de un artículo constitucional y su reforma puede traer consigo una serie de implicaciones o de consecuencias en diversas disposiciones legislativas de carácter legal, pero es, en primer lugar, es imposible saber en cual es antes de que se apruebe, y en segundo lugar, es un fenómeno que se da naturalmente en el curso de una discusión y reforma de un precepto de la ley.
En resúmen, pues, la fracción parlamentaria de mi partido, insiste, primero, en la falta de materia, en la falta de causa para hacer esta suspensión; pero sobre todo insiste en la conveniencia de examinar cuanto antes esto que estimamos es una reforma benéfica para los trabajadores de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, la compañera diputada Luisa.
La diputada Luisa Alvarez Cervantes: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos decidido subir a esta tribuna, la fracción del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con el fin de poder recoger la propuesta que hiciera nuestro compañero el diputado Tomás González de Luna, en relación a este punto.
Solamente queremos ratificar que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, no considera procedente la moción suspensiva que se propone.
Sin embargo sí recogemos una preocupación muy importante que externó al Partido de la Revolución Democrática, que es el problema de la vivienda. Y que es un problema que lacera a la mayoría de los mexicanos, no solamente a los que actualmente tienen una relación obrero patronal. En ese sentido nosotros queremos dejar por escrito una propuesta a la Secretaría, que es la siguiente:
Propuesta del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional:
"El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional estima que en el próximo período ordinario de sesiones se deba analizar por esta soberanía, el grave problema que afecta a amplios sectores de la población, como es el de la vivienda."
Solicitamos se pongan a consideración de este pleno de la cámara.
Fraternalmente: diputado Tomás González de Luna, diputada Luisa Alvarez Cervantes, por la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
No queremos abundar más en los argumento, pero sí consideramos importante que este problema no se deje de lado. Sabemos que no es procedente que se ventile en este período extraordinario; pero creo que todas las fracciones parlamentarias estarán de acuerdo en que se fije para el próximo período ordinario, donde veamos a profundidad el problema de la vivienda en México y sus posibilidades que podamos realizar los legisladores en cuanto a la legislación de este problema. Muchas gracias. Se la entregó a la secretaría.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para hechos, el diputado Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo: - Primero reitero la sorpresa de los diputados del Partido de la Revolución Democrática debido a que el compañero Díaz Infante hizo alusión a un argumento que no manejó hoy el compañero diputado Francisco Saucedo, sino a un supuesto argumento que estaba en un documento que hoy no pusimos a la consideración para decir la moción suspensiva.
Creo que entonces la aservación no tiene fundamento porque no ha sido propuesta por nosotros como base de la sugerencia de moción suspensiva.
E insistimos en que es un asunto de suma gravedad, y aunque aquí ha sido expuesto por el diputado González Avelar, lo que contiene el artículo 109 del Reglamento Interior, para nosotros la interpretación de los diputados del Partido de la Revolución Democrática implica que sí se puede aplicar la moción suspensiva en este caso, porque es un asunto de la mayor gravedad, en un asunto de la mayor importancia el conjunto de efectos que puede tener la iniciativa tal y como se plantea; para ejemplificar la cuestión voy a leer el artículo 3o., transitorio de la iniciativa que es muy breve, y que creo que la mayoría de diputados ya leyó y dice:
"Al entrar en vigor del presente decreto se deroga el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, así como todas las disposiciones que se opongan a la presente ley."
El hecho de que se derogue el artículo 141 de la Ley Federal de Trabajo, es un asunto de la mayor importancia para nosotros, aceptar que entre esta iniciativa y previsiblemente como se vienen dando las discusiones que han dificultado la exposición de argumentos y la asunción de los mismos en estas sesiones, creo que permite que digamos que se van a poner en riesgo intereses de los Trabajadores en lo que se refiere al asunto de la vivienda y en lo que contiene el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, que no es un asunto que se haya puesto a la discusión sino indirectamente a través de la iniciativa.
El artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo vigente, dice:
"Las aportaciones del Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los trabajadores, que se sujetarán a las bases siguientes:
Fracción primera. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente esta sea del 50% o más de
invalidez definitiva, en los términos de la Ley del Seguro Social, de jubilación o de muerte del trabajador; se entregará el total de los depósitos constituidos a él o sus beneficiarios, con una cantidad adicional igual a dichos depósitos en los términos de la ley a que se refiere el artículo 139."
Para muchos trabajadores ha sido muy importante que con la gestión de representantes sindicales o de abogados, puedan tener derecho a éste otro tanto que faculta el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo, y que ahora será derogado si damos entrada a ésta iniciativa y perjudicará a los trabajadores; por esto creemos que éste es un asunto de la mayor importancia.
La fracción segunda de éste mismo artículo 141, dice:
"Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de depósito que se hubieren hecho a su favor en los términos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores".
Aquí también se afectará porque ahora sólo podrán retirar el total del fondo acumulado hasta los 65 años de edad; para nosotros es retroceder en cuanto a conquistas que los trabajadores tienen ya expresadas en el artículo 141, vigente en la Ley Federal del Trabajo.
Con éste ejemplo estamos diciendo entonces los diputados del Partido de la Revolución Democrática, que procede aún y cuando aquí fueron expresadas las causales que tiene el artículo 109 del reglamento interior, procede desde nuestra interpretación, porque es un asunto de interpretación, que haya la moción suspensiva porque los resultados que pueden tener esta iniciativa, sino se procesa una discusión adecuada con representantes de trabajadores, no sólo de alguna central sino de todas las centrales existentes, de todos los sindicatos que tendrán afectados los derechos de sus trabajadores, deberíamos darnos entonces el tiempo de discutir con ellos de aquí al Período Ordinario de Sesiones, y en coincidencia con un argumento que plantea también los compañeros del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, podría vincularse la proposición que ellos hacen con nuestra propuesta de moción suspensiva, para que éste asunto tenga la discusión más adecuada y no se lleve a cabo una votación apresurada que afectará los intereses de la mayoría de los trabajadores. Gracias
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si se admite o se desecha la moción suspensiva y la propuesta por la diputada Luisa Alvarez, a nombre de la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - En votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva y la proposición de la diputada Alvarez Hernández.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...
Desechado, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores.
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza (Desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, compañero diputado?
El diputado Roberto Ochoa Zaragoza (desde su curul): - Para hacer una proposición.
El Presidente: - Adelante.
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza (desde su curul): - A nombre de la fracción obrera, quiero proponerle al señor Presidente; en forma muy respetuosa, que el diputado Juan Moisés Calleja, a nombre de la Comisión de Referencia, fundamente nuestro dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Moisés Calleja, para fundamentar el dictamen correspondiente.
El diputado Juan Moisés Calleja García: - Señor Presidente; diputadas y diputados: Propiamente a través de una moción suspensiva se ha iniciad la preocupación que se tiene con la iniciativa presentada por le Presidente de la República, en relación con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y desde luego, a nombre del sector obrero, queremos destacar la trascendencia y la importancia que tiene el dictamen en relación con la iniciativa, porque propiamente se está tocando una de las grandes preocupaciones de la clase trabajadora.
No solamente la clase trabajadora tiene preocupaciones en relación con el salario, no solamente
tiene preocupación en relación con la jornada, no solamente tiene preocupación en relación con la integridad personal, sino que también tiene una preocupación muy especial en relación con la vivienda, que es una manifestación para la elevación de su propia condición humana.
En las luchas proletarias, pudiéramos decir, sin hacer historia, encontraremos que siempre ha estado patente la preocupación en relación con la vivienda. Las encontramos desde el período prerrevolucionario, en donde las diversas expresiones de carácter doctrinal expresaron que era necesario y fundamental que los trabajadores dispusieran de una habitación digna. Y en el período revolucionario la clase trabajadora, a través de la Clase del Obrero Mundial, concurre ante la revolución constitucionalistas para los efectos de precisar cuáles son sus reclamos. Y acogidos estos, los trabajadores aportaron su vida y su sangre en le movimiento revolucionario, se integraron los famosos "Batallones Rojos", que los más de ellos fueron acabados en las batallas revolucionarias y la precisión y la determinación fue en el sentido de resolver salario, jornada y habitación. De tal manera que cuando se llega al período constitucional, hemos de encontrar que las inquietudes y el pensamiento en relación con esta preocupación afloran en forma tal que en las discusiones del Constituyente se tomaron determinaciones para que estas preocupaciones de la clase obrera fueran consignadas en el propio texto constitucional, dando lugar al artículo 123 constitucional, que en su fracción XII de manera clara y precisa señaló que los patrones deberían proporcionar casas cómodas e higiénicas a los trabajadores, porque eso significaba reconocer la dignidad que le corresponde al hombre que trabaja.
La Constitución tiene o tuvo en su mandato esta disposición. Pero tardó 50 años a los trabajadores, para que tuviera cumplimiento. 50 años de reiterada lucha. 50 años de constantes peticiones. 50 años de estar promoviendo lo necesario para la aplicación del mandato constitucional.
Se hicieron reformas de carácter secundario. Se dictaron reglamentos, mismos que no tuvieron ningún efecto. De tal manera que el reclamo quedó patente durante este tiempo.
La clase obrera, finalmente, logró con el gobierno de la Revolución que se reconociera la necesidad de cumplir con el mandato. Y del resultado de todo lo anterior fue, las disposiciones que dieron como consecuencia que la obligación de entregar de casas por parte de los patrones se convirtiera en una determinación solidaria, a través de un Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores.
Así surgió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Y se surge como una institución auténticamente de la clase trabajadora. Se integra tripartitamente, como son los organismos que corresponden a la clase trabajadora. Y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores desde el instante en que empezó a funcionar, dio como resultado la construcción de casas para los trabajadores.
Durante su ejercicio se han construido cerca de 800 mil viviendas; viviendas que en gran parte han ido a para a los trabajadores de escasos recursos. Y no obstante que no todas las clase trabajadora tiene la oportunidad aun de tener su casa propia, podemos afirmar, sin temor a la equivocación, que representa el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores una institución que se desea en su permanencia, en su integración y en su funcionamiento. Y de esto la clase obrera ha estado al pendiente de la institución.
Decía, se han construído posiblemente más de 800 mil casas. Sin embargo, se ha constatado que en el tiempo en que llevan operando empieza a tener graves dificultades. Dificultades que se traducen que por ejemplo en el año de 1988 se construyen 80 mil viviendas. Y en el año pasado se han construido no más de 30 mil viviendas.
De tal manera que en la reducción que está ocurriendo, la clase obrera organizada ha entrado al fondo del problema y ha reclamado medidas para los efectos de que este instituto no decrezca.
De la investigación realizada por el movimiento obrero se ha percibido cuales son las causas de que la institución venga a menos. Y de ellas sintetizaremos las más importantes desde el punto de vista que uno de los quebrantos más serios que tiene la institución obedece a que el sector patronal, el obligado a aportar el 5%; no lo ha hecho en la forma correcta que le corresponde. Se ha confortado y comprobado que las aportaciones patronales muchos empresarios no las ha hecho y se han generalizado la costumbre entre los irresponsables, que en vez de adoptar el 5% de acuerdo con el salario del trabajador, están haciendo aportaciones como si toda la clase trabajadora estuvieran disfrutando de los salarios mínimos. En consecuencia el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, ha recibido menos de lo que corresponde y de lo menos de lo que corresponde se está apreciando o hemos apreciado una de las causas: que vengan a menos la institución
También se han podido establecer y comprobar que el instituto en el tiempo que empezó, solamente con 80 trabajadores, en la actualidad tiene una carga burocrática exagerada, de tal manera que también la carga burocrática exagerada se refleja en la economía del instituto
Hemos apreciado que en razón de la inflación que ha pegado a todos, también han ocurrido con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las casas que hoy construyen a un precio, mañana, cuando se recupera el mismo, resulta que con lo que se obtiene ya no puede volverse a construir otra casa. Se han tomado determinaciones de que los créditos de los trabajadores o lo que deben pagar los trabajadores, en relación con las casas que obtienen, a los 20 años dejar de ser operante. Consecuentemente también apreciamos que en vista de que no se paga el total de las casas, no existe la recuperación.
Con estos problemas y otros también de transcendencia dentro de la vida de la institución, así como ayer reclamó al Estado que la obligación de proporcionar casas fuera cumplida, hoy también ha expresado al gobierno la necesidad de una reestructuración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para que cumpla con su cometido.
De tal manera que en esta sesión y através del proceso que se lleva adelante, estamos conociendo la iniciativa del gobierno de la República, para los efectos de corregir los defectos que tiene la institución, para lograr que cumpla con su cometido. De tal manera que cuando nosotros, a través de las comisiones, hemos conocido la iniciativa, hemos llegado a la conclusión que ésta está recogiendo las preocupaciones de la clase trabajadora y en sus proposiciones encontramos las soluciones.
Hablábamos hace unos momentos de que el desquebrajamiento del instituto obedece a que las aportaciones no han sido correctas y encontramos en la iniciativa que como solución a este problema, por un lado, se le está dando al instituto, dentro de su función fiscal, una trascendencia enorme para los defectos que pueda detectar en cualquier momento a aquéllos que no cumplen con la obligación.
Cuando se ésta hablando de que irán a los bancos las cantidades que corresponden al 5%, nos interesa más, desde el punto de vista que en la determinación se está indicando, que el trabajador en forma directa va a conocer la aportación del patrón. De tal manera, que al recibir la comunicación de lo que tiene depositado o lo que se ha aportado a esa naturaleza, será el trabajador el que mejor señale cuando no son correctas las aportaciones; si en su cuenta aparece que no se consigan de acuerdo con el salario que le corresponde, hará la reclamación; si se le consigna con salario mínimo, hará la reclamación. De tal manera que habrá 10 millones de trabajadores, los beneficiados con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que serán los vigilantes de que los patrones cumplan con la obligación; de tal manera que por esa razón, acogemos en este aspecto la iniciativa.
En relación con la imposibilidad de pagar la casa como consecuencia del fenómeno de la inflación, también en la iniciativa hemos encontrado que cuando al trabajador se le concede el crédito, lo que ya han aportado en su favor desde el punto de vista del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, esa cantidad en un adelanto en relación con el precio y las aportaciones posteriores, mientras durante el crédito, irán precisamente al pago de la casa de donde en esa virtud hemos de llegar a la consecuencia que el trabajador tendrá la posibilidad económica de pagar totalmente la casa para que otros trabajadores que no la tienen, puedan obtener esa oportunidad.
También se han tomado determinaciones desde el punto de vista en la burocracia, el personal que integra el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vaya a quedar en las condiciones indispensables, de tal manera que la clase trabajadora y particularmente en este caso el sector obrero de esta Cámara está insistiendo para que los gastos de administración estén topados y ya no solamente con el 11/2% como actualmente existen, sino que sea con cantidad menor porque consideramos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores puede funcionar correctamente en la forma que se prevea a través de la determinación de carácter legislativo que se tome a este respecto; de tal manera que nosotros venimos a esta tribuna con toda conciencia de que así como hemos creado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores para cumplir con la obligación constitucional para dar satisfacción a los trabajadores de una necesidad indiscutible y necesaria para poder vivir con dignidad, la iniciativa tiende a perfeccionar el instituto, tienda a encauzarlo como
corresponde, de tal modo que por eso es una determinación definitiva del sector obrero en esta Cámara en favor de la iniciativa. En las comisiones dictaminadoras se han expresado los pensamientos a este respecto, hemos escuchado la opinión de los que representan partidos de oposición y hemos entendido en la altura de los comentarios, que todos estamos conformes en que jamás se pierda una institución en beneficio de la clase trabajadora, de tal manera que no venimos aquí a discutir el problema de la habitación en general, es un problema de otro tipo que seguramente tendrá otro escenario. Aquí estamos únicamente el sector obrero reclamando a la conciencia de esta cámara en modo alguno se pierda la institución, se fortalezca en bien de los trabajadores que han luchado tanto para lograr tener una habitación digna. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia informa que se han registrado para hacer uso de la palabra, los siguientes diputados: En contra, la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo, del Partido de la Revolución Democrática; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista; Guillermo Flores Velasco, del Partido de la Revolución Democrática; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; René Bejarano Martínez, del Partido de la Revolución Democrática; a favor, Manuel Jiménez Guzmán, por el Partido Revolucionario Institucional; Alberto Cortés García, por el Partido Revolucionario Institucional; Tómas Correa Ayala, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Gil Mendoza Pichardo, por el Partido Revolucionario Institucional; Graciela Larios Rivas, por el Partido Revolucionario Institucional; Tómas González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Porfirio Camarena Castro, por el Partido Revolucionario Institucional.
Asimismo se registraron para fijar posición, los diputados: José Antonio Gómez Urquiza, por el Partido Acción Nacional y Javier Colorado Pulido, por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Se registraron para presentar propuestas, el diputado Arturo Torres del Valle, el partido Acción Nacional; diputado Juan Luis Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional; diputado Marco Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional.
Asimismo esta Presidencia se permite informar que por acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios, se les recomienda a los oradores hacer uso de la palabra durante 10 minutos, sin menoscabo, desde luego, de sus derechos como legisladores.
Consulte la Secretaría a la asamblea sobre el acuerdo dado a conocer por esta Presidencia.
El secretario diputado Amado Treviño Abatte: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si es de probarse el acuerdo dado a conocer por el señor Presidente.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se acepta señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo, para hablar en contra.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Con el permiso de la Presidencia.
Acudo a esta tribuna para exponer ante esa soberanía, el voto particular del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
La exposición de motivos del dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público, abundan en imprecisiones al momento de reflexionar sobre el problema de la vivienda y con ligereza hace un intento infructuoso por justificar, a su particular entender, las razones del Poder Ejecutivo para proponer dichas modificaciones a la ley.
Resulta significativo que consideren como objetivo fundamental en la reorientación de la actividad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el del saneamiento de sus finanzas y que los trabajadores puedan acceder a mayores recursos al momento de su retiro.
Las Comisiones Unidas, en coincidencia con la iniciativa del Ejecutivo, estiman al instituto como fin en sí mismo y no como el fin de este instituto, que es el de atacar el problema de la vivienda.
El Partido de la Revolución Democrática habría estimado como un buen inicio el que se reconociera la necesidad de que la reestructuración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, efectivamente sirviera para dotar de viviendas dignas y decorosas a todos los trabajadores; que accedieran a ellas en el menor tiempo posible, con la menor carga económica a sus ya de por sí mermados ingresos.
Debemos reconocer que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no ha sido un instrumento adecuado para tales fines y que debiera ser modificado para cumplirlos; sin embargo, se parte de un argumento insustancial como es decir que el Instituto ha funcionado tan bien, que es necesario adecuarlo a un país que funciona muy mal, pues el crecimiento de la población y sus trastornos económicos no le han permitido cumplir con su alta responsabilidad. Ahora resulta que debemos eximir al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores del incumplimiento de sus responsabilidades y de su ineficiencia.
Con esta iniciativa volvemos a constatar que en nuestro país no manda la Constitución, sino los artículos transitorios de las leyes secundarias; que los reglamentos norman las leyes; que los subsidios son para las empresas lucrativas; que el capital debe ser financiado por el sistema de seguridad social; que los gobernantes eligen a sus votantes. Ahora deberemos agregar que la prioridad de los organismos de vivienda no es la vivienda.
En un aspecto sí coincidimos con la exposición de motivos; sería irresponsable no adecuar el régimen jurídico en la materia, a las complejas causas y factores que han hecho de la vivienda uno de los más grandes retos del Estado y de la sociedad. No hacerlo agravaría el problema, en detrimento de la población trabajadora. Esto lo sabemos por experiencia.
El problema de la vivienda no fue inaugurado en el momento que el Ejecutivo decidió enviar esta iniciativa, precisamente estamos viviendo al agravamiento de este problema a causa de la irresponsabilidad gubernamental para enfrentarlo. Desde la sociedad se han hecho serios esfuerzos para que la legislación sea la adecuada para responder a este gran reto, son propuestas fundamentales que han mostrado su viabilidad para reducir el déficit habitacional, demostraciones posibilitadas como resultado de una fuerte presión al grupo gobernante, como lo fue el proceso de reconstrucción después de los sismos de 1985. O bien, de un trabajo considerable de organizaciones, con la incorporación ahora, de asociaciones sindicales con el ejemplar caso del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Tanto en los procesos autogestivos, en las políticas institucionales como en los actos aislados de cada familia por hacerse de una habitación, se encuentra siempre un denominador común: la inexistencia de voluntad política de los gobiernos para resolver el problema de la vivienda.
Como en todo es necesario diferenciar lo que es la voluntad estatal de lo que es la voluntad gubernamental. Evidentemente existe la voluntad estatal por resolver el problema de la vivienda, desde el momento en que existen artículos como el 4o., el 25, 26, 27 y 123 constitucionales, también existen leyes federales como las de Vivienda, Planeación, de Asentamientos Humanos y del Trabajo.
Pero también se hace presente la voluntad gubernamental para no cumplir tales preceptos y minar las posibilidades con leyes reglamentarias, como la vigente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o los cambios en las políticas de órganos como Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el mismo Fondo Nacional de Habitación Popular.
En el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores este Instituto nunca ha estado a la altura de problema del problema que le corresponde enfrentar, no obstante los considerables esfuerzos de los trabajadores, de los patrones, que sin necesidad de perseguirlos, aportaron significativos recursos al Fondo y de los empleados del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores donde existen experiencias y conocimientos que debemos recuperar.
A pesar de todo, este esfuerzo colectivo, los logros existen a pesar de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores su gran limitante ha sido el sistema que lo creó: el régimen de partido de estado.
Es un hecho que en la asamblea general está representado el sector obrero, reconocido por el Ejecutivo a través de las Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es un hecho que las empresas promovidas por el sector obrero se enriquecieron a costa de Fondo, legal o ilegalmente y que no significó beneficio, ni para el Instituto ni para los sindicatos ni para los trabajadores.
Es un hecho que hace unos días el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores declaró que con esa iniciativa se pretende sanear a la institución, la cual fue objeto, según dice él de prácticas fraudulentas, desviaciones de recursos y corruptelas.
Es un hecho que a los representantes del sector obrero del partido oficial, valoraron más las promociones del sector obrero que ellos hacen, para adquirir los financiamientos para la construcción de conjuntos habitacionales.
Logrado esto, todos los demás efectos negativos para los trabajadores, que con gran lucidez descubrieron en Comisiones, ahora no existen por un acto de lo que ellos llaman, ética y honestidad. Otra vez, el mundo al revés.
También será un hecho que se opondrán a nuestra propuesta de que sea realizada una auditoría al Instituto a través de la Contaduría Mayor al mando de una comisión plural de la Cámara de Diputados.
Estas fueron y seguirán siendo las grandes limitaciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y son más evidentes al momento de revisar lo hecho hasta ahora por esta institución.
En veinte años de vida, ejerciendo un promedio de 30% de la inversión total para vivienda en el país, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores realizó 800 mil acciones de vivienda. En comparación al Fondo Nacional de Habitación Popular, ejerciendo una inversión que nunca ha sobrepasado los cinco puntos porcentuales del total, cuenta con 400 mil acciones de vivienda en su haber, en 10 años de vida. Con la mitad del presupuesto, con la mitad de años Fondo Nacional de Habitación Popular ha podido construir lo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no construyó.
Ambos organismos han sufrido al mismo país, pero hasta 1988 soportaban diferentes políticas de gobierno. Si durante el período de 1985 a 1988 hubiéramos ejercido la inversión total para vivienda, de acuerdo con el esquema del Fondo Nacional de Habitación Popular en esos años, hubiéramos posibilitado más de 11 millones de acciones de vivienda, una base importante si consideramos que actualmente el déficit habitacional es calculado en 6.5 millones, de acuerdo con datos del Banco Nacional de México, es decir que el Fondo Nacional de Habitación Popular tiene la capacidad de hacer 10 veces más vivienda con un mismo presupuesto asignado al conjunto de los organismos existentes de vivienda en el país.
Como ustedes, nosotros sabemos que es bastante relativo hablar de acciones de vivienda. Siempre hemos estado en contra de que el gobierno cubra sus deficiencias tras este eufemismo; mejor vamos a hacer una comparación de los costos corrientes de construcción. En 1990, por medio del Fondo Nacional de Habitación Popular, a la Asamblea de Barrios de la ciudad de México, le costó 370 mil pesos el metro cuadrado de construcción, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cada metro cuadrado le significó 900 mil pesos, incremento de más del 100%. Esto es que en 1990 una vivienda de 55 metros cuadrados, como las hace el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, costó casi 50 millones de pesos en FONHAPO esa construcción hubiera costado 21 millones de pesos. En ambos no está incluido el precio del suelo, gran limitación, pues deben adquirirlo a precios de mercado ante la desatención gubernamental por crear reservas territoriales destinadas a la habitación.
Una oportunidad ahora de hacerse una reserva territorial significativa, está en la reglamentación del artículo 27, pero también sabemos que éste no es el interés del gobierno. La voluntad política no existe para este tipo de materia.
Ese ha sido uno de los motivos de la inoperatividad del Fondo Nacional de la Vivienda. El precio de la construcción es el más alto en el mercado de vivienda de interés social. ¿Qué hace la construcción más cara en este instituto? Definitivamente el mecanismo de contratación de constructoras, buena parte de ellas promovidas por el sector obrero, incrustado en los órganos directivos.
En el artículo 42 de la ley vigente, se establece que los financiamientos para la construcción de conjuntos habitacionales, serían contratados por medio de concurso abierto, pero la asamblea general decidió no hacerlo y prefirió hacer una lista de constructoras y proveedoras a quienes recurrir.
Debemos aceptar también que no es responsabilidad exclusiva del sector obrero, pues contó con la anuencia del sector privado y del gubernamental.
En la política del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también
ha contado el interés particular de la cúpula gobernante, sobre todo en lo referente a mantener el equilibrio corporativo que permite que el régimen de partido de estado se mantenga en el poder.
La muestra palpable de ello se presentó hace unos días en este mismo espacio legislativo, cuando se dio marcha atrás en una de las pocas cosas rescatables de la iniciativa: abrir a subasta pública los concursos para el financiamiento de la construcción de los conjuntos habitacionales.
En realidad, lo estipulado por la iniciativa a este respecto, no tenía por qué afectar las promociones del sector obrero, siempre y cuando estas promociones del sector obrero, siempre y cuando estas promociones fueran eficientes, dieran el menor precio, garantizaran la mejor obra, entregaran a los plazos previstos, aseguraran el reembolso del crédito con sus respectivos intereses, se responsabilizaran del producto que elaboraran, cumplieran con todas las normas de construcción, en fin, si fueran competitivas y eficientes por lo menos.
Esta era una manera importante de contribuir al saneamiento financiero de la institución. Además cuentan con una amplia experiencia. Estos promotores llevan 20 años trabajando para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, estas constructoras, esto las habría hecho un competidor temible, pero al parecer su experiencia no eran los aspectos que acabamos de reseñar, al contrario, presionaron para que se les diera un trato de excepción, al grado que interponen las promociones del sector obrero a cualquier otra opción, en clara alusión a sus representantes ante el Consejo de Administración y la Asamblea General.
Si fuera real la intención de esas promociones, no al sector obrero sino a los trabajadores, debería estipularse que deben contemplarse las promociones de los sindicatos, de cooperativas creadas por los trabajadores y de los propios solicitantes de vivienda. Seguramente muy pocas empresas privadas tendrán la capacidad para competir con los proyectos ya mencionados del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Sin embargo, el problema del sector obrero no es ni ha sido nunca cómo solucionar el problema de la vivienda, sino cómo seguir viviendo del erario y de las aportaciones de los patrones y de los obreros.
Otro factor que ha erosionado los recursos del instituto, ha sido el costo del suelo. El precio promedio del metro cuadrado terreno adquirido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el Distrito Federal, se incrementó en términos reales 138% de 1988 a 1990; en Chihuahua, 101%; en Coahuila, 423% en Baja California Sur, 54% en Durango, 138%; en Guanajuato, 233%, en Jalisco, 518%; en el estado de México, 459%; en Michoacán, 240%; en Nuevo León, 215%. Y así, en todos lo estados los incrementos en el costo del suelo han sido exhorbitantes.
La variación real del promedio a nivel nacional en este mismo período de 1988 a 1990, fue un incremento de 175%.
Las opciones en este aspecto son pocas para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, si decide acceder al suelo urbanizado deberá pagar un precio alto; si desea un precio bajo los costos se incrementarían a causa de la introducción de la infraestructura necesaria. Muchas veces esta última es una alternativa más costosa. Por ejemplo, hace cinco años, en terrenos aledaños a Cabeza de Juárez, en Iztapalapa, los pobladores lograron resolver su problema de la vivienda, pero el caso de la vivienda fue de 160 millones de pesos en ese entonces, pues fue necesario introducir la infraestructura. Obviamente ese costo aún lo están pagando los mismos habitantes de ese lugar.
Lo más adecuado, consideramos nosotros, hubiera sito otorgar créditos suaves por 80 millones a cada familia y hubiera podido adquirir un condominio en la zona central, tal vez ahorita hubieran estado viviendo en Portales o en la colonia Narvarte.
Pues bien, nosotros queremos hacer algunos señalamientos: Se ha comprometido el Ejecutivo a facilitar el suelo barato y urbanizado para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de manera que pudiera ampliar su oferta, abaratara sus costos de edificaciones, y pudieran realmente cumplir con el precepto de invertir en las zonas urbanas. Nosotros creemos que no.
El sector obrero se ha preocupado por este aspecto, también creemos que no y los trabajadores, nosotros decimos que sí, porque ellos son los que viven el problema. Pero desgraciadamente no tienen ni voz ni voto, porque en los últimos años, miles de trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ante la ineficiencia y corrupción de las asignaciones por parte de los dirigentes sindicales, han tenido que renunciar a sus propios fondos y su propio
derecho, para gestionar créditos de vivienda ante otras instituciones.
Los costos de edificación de vivienda de interés social, han influido también para destrozar los recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Para diciembre de 1991, el índice social, se elevó en 47 mil 434 puntos porcentuales, respecto a la base de 1974.
¿En qué parte de la iniciativa o de la exposición de motivos el Ejecutivo se compromete a controlar los precios del parque de materiales? ¿Ha planteado mecanismos completos para abaratar materiales de construcción de una manera tan detallada, como lo hizo para fiscalizar los fondos de carácter social? No está en ningún momento en la iniciativa.
Todo esto se concentra en un problema central: La falta de recursos para hacer frente a todo esto. En términos reales, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores vio incrementadas sus entradas en 1990 respecto a 1988, en 4%.
Los recursos siguen siendo insuficientes a pesar de que para 1988 y de acuerdo con los datos aportados por el censo económico logró captar el 94% de las aportaciones que le correspondían. Esto quiere decir que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores no fue tan ineficiente para el cobro de las aportaciones como ahora nos lo presenta la exposición de motivos de la misma iniciativa.
Esa eficiencia recaudadora del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no se transformó en eficiencia y en construcción, por un simple hecho: Las aportaciones son en base al salario y el salario ha sido severamente castigado con la política económica implementada por el actual gobierno.
La imposición del primer pacto de estabilidad económica en 1987, afectó severamente la capacidad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Del 31% del total de acciones de vivienda en el país, pasó a ejercer el 19% para 1991; mientras en 1987, fueron 80 mil las acciones realizadas; para 1991 apenas pudo realizar la mitad, según el avance presentado por la Secretaría del Desarrollo Urbano y Ecología en noviembre de 1991.
El monto promedio de la devolución acumulada del fondo de ahorro para 1990, era de 1 millón 615 pesos por defunción, por incapacidad 1 millón 332 mil pesos, por jubilación 2 millones 152 mil pesos, por terminación laboral 617 mil pesos.
El Fondo Nacional de la Vivienda, sólo podrá recuperar su capacidad financiera si restituimos al salario su poder de compra. Existe por parte del Ejecutivo, la voluntad para elevar los salarios reales de los trabajadores. Sin esta base cualquier sistema financiero no tendrá viabilidad. Estos sistemas pudieran ser efectivos si partieran de tres premisas: Primero, el problema se resuelve de manera colectiva; segundo, en el marco amplio de única política social de vivienda, que combine diversos mecanismos financieros y tercero, el incremento de los salarios reales.
En realidad, esto lo sabe el Ejecutivo, al grado que ha pesado más la demagogia que la demostración de los beneficios palpables para los trabajadores. Y es que la intención real no es ésta, sino que los trabajdores financien a través de su ahorro, el déficit presupuestal.
Los trabajadores deberán posponer una vez más por 30 años, sus expectativas de mejorar sus condiciones de vida. Todo en aras de un índice inflacionario aceptable para los Estados Unidos, de manera que acepte firmar el Tratado de Libre Comercio lo más pronto posible.
En 30 años una generación, el jefe del Ejecutivo, el secretario de Hacienda, muchos diputados que están aquí presentes, podrán en ese momento ver la primera generación de beneficiarios de sus políticas; trabajadores que, según nos promete el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, podrán ser poseedores de un automóvil del año.
Por mi parte, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, dejo nuestro voto particular en contra del dictamen, porque no contiene propuestas claras tendientes a resolver los graves problemas que sufre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, ni mucho menos, a resolver los problemas que enfrentan los mexicanos para acceder a una vivienda digna. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Manuel Jiménez Guzmán, para hablar a favor.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Con su venia, señor Presidente; estimadas compañeras y compañeros diputados federales:
Vengo a suscribir en términos generales los planteamientos señalados en esta tribuna por el
diputado Juan Moisés Calleja, miembro de la fracción parlamentaria de mi partido, el Revolucionario Institucional y por otra parte señalar que en efecto, la Comisión de Vivienda de esta Cámara de Diputados recibió la iniciativa de discusión y elaboró un documento plural, democrático, que entregó de manera puntual a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Trabajo y Previsión Social, en donde las diversas fracciones parlamentarias representadas en la Comisión de Vivienda, señalaron diversos aspectos relacionados con esta iniciativa.
Sin embargo por obligación política y ética, tengo la necesidad de dar lectura a un documento que es resultado de la reflexión conjunta de los miembros de la fracción de mi partido, propiamente de la Comisión de Vivienda, de la fracción mayoritaria y desde luego, fundamentar los aspectos centrales de la iniciativa sin abordar asuntos que aquí ya se han tratado, que de manera paralela habremos también de resolver en la propia comisión y desde luego, que no estamos cerrados al debate plural para llegar a conclusiones comunes y a la búsqueda del consenso en un problema que es central para el país, que es el problema de la vivienda que la Constitución consagra como derecho y que el 123 señala como obligación fundamental en el estado mexicano : "para nosotros la iniciativa responde a los principios plasmados en la fracción XII del apartado a) del 123 constitucional. Respuesta que se da en dos sentidos:
Reiterar el inherente derecho de los trabajadores a acceder a una vivienda digna y fortalecer la estructura orgánica prevista para tales efectos. Para llegar a lo anterior, hubo de examinarse de manera pormenorizada, detallada, la iniciativa frente a complejas causas y factores que han hecho de la vivienda uno de los retos más importantes de la sociedad. Reto representado por el crecimiento poblacional que como consecuencia lógica, produce una demanda creciente de vivienda; reto representado por la falta de capacidad presupuestal para ampliar la construcción y adquisición de vivienda, como consecuencia de procesos inflacionarios impredecibles. Reto expresado por estructuras crediticias que si bien fueron oportunas en su tiempo, hoy, hay que decirlo y reconocerlo así, han erosionado la salud financiera del instituto, generando un quebranto del capital del trabajo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, y en última instancia, a la construcción de menor número de viviendas para los trabajadores. Reto para hacer valer el derecho de ellos, para conocer con trasparencia la suma de las aportaciones producto de sus años de esfuerzo y de su trabajo, reto para que la clase trabajadora que ha cumplido con el país reciba en forma oportuna e íntegra las aportaciones que lo aparten de la angustia, la inseguridad y le permita acceder a mejores niveles de vida.
Durante más de dos décadas, lo ha dicho Juan Moisés Calleja, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha venido cumpliendo en la medida de los posible con su trascendental misión social.
Hoy la realidad exige nuevas y más eficaces alternativas, no hacerlo así sería irresponsable y conduciría a corto y mediano plazo a una severa crisis de insospechadas proporciones en contra del derecho de la clase trabajadora. Baste señalar en pocas palabras lo que aquí se ha mencionado, mientras en 1985, se contruyeron 82 mil viviendas, el año pasado la cifra fue de cerca de 42 mil, que la estructura actual de los créditos adjudicados no se ajustan a los procesos inflacionarios, provocando la imposibilidad de recuperar capital y los intereses frenando la retroalimentación de programas.
Actualmente, compañeras y compañeros, de cada peso aplicado sólo se recuperan 20 ó 30 centavos, situación que provoca complejos problemas que se traducen en que los trabajadores que reclaman una vivienda no la pueden obtener por carencia de capital suficiente.
¿Qué pretende la iniciativa de manera detallada? Pretende que las aportaciones del trabajador se ajusten por encima de la tasa inflacionaria, permitiendo así y en su caso recibir un monto más congruente y efectivo, pretende sanear las finanzas del instituto mediante un tratamiento más sano de sus créditos. Debe en ese sentido aclararse que no existe riesgo alguno para suponer que los intereses de dichos créditos afecten la economía del trabajador, pretenda ajustes siempre y cuando vaya en función del salario mínimo y no del actual o futuro incremento porcentual de los precios.
Dentro de la propuesta legislativa se considera la posibilidad de incrementar el término para que los trabajadores cubran sus créditos, con esto se aumenta su capacidad de pago. En éste sentido se incorpora también la posibilidad de que la cantidad que resulte de las aportaciones hechas en su favor, se aplique como enganse y las subsecuentes sean aplicadas para cubrir su crédito; ambos aspectos le dan un carácter solidario al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
De singular importancia es el hecho de que dentro de la reforma se plantea la necesidad de que los créditos que se otorgan se basen en elementos objetivos, alejados de métodos discresionales que suponen, hay qué reconocerlo, toda clase de vicios, con todo respecto a la solidaridad con los trabajadores de menores ingresos.
Se propone incorporar sistemas de evaluación, donde se certifique la necesidad real de la vivienda de acuerdo con el número de dependientes del trabajador, los años aportados y el monto cotizado; factores que pueden y deben ser vigilados por los propios trabajadores, obligando a un mecanismo transparente y eliminando intermediarios que encarecen la vivienda.
Se conservan, desde luego, dentro del proyecto los legítimos derechos de la representación colectiva de los trabajadores, ya que dentro del Consejo de Administración se sostiene la participación tripartita, teniendo cada parte el peso específico que le corresponde y se amplían las facultades del propio Consejo de Administración.
Con las reformas se incorpora un sistema de financiamiento puesto a su base, incrementando las obligaciones de los constructores frente a trabajadores; con esto se resuelve la preocupación aquí señalada de que se trata para que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores concentre con su función financiera haciéndola más rentable y eficiente.
Con dicho sistema se trata de propiciar el avance tecnológico de la construcción y generar condiciones que reduzcan sus costos. A nadie se limita la posibilidad de concursar. Los requisitos para lo mismo seran iguales y transparentes para todos. Se trata únicamente, compañeros, de abatir costos para construir más casas en beneficio de los trabajadores.
Adquiere especial relevancia a la norma que dispone que en los sucesivo las aportaciones que tienen los patrones se depositen en instituciones de crédito para su abono en la subcuenta del Fondo Nacional de la Vivienda, de las cuentas individuales a nombre de los trabajadores, en los términos que al efecto disponga la ley y sus reglamentos.
Con esta modalidad exclusivamente recaudadora, el trabajador podrá saber y conocer de los depósitos a su favor, los intereses o dividendos de los mismos y la seguridad de su aplicación, ya sea por la vía de su retiro o como soporte del crédito que se le adjudique.
A las normas reglamentarias corresponderá precisar las disposiciones que impidan vicios o generen indebidas prebendas, cuestiones que el partido rechaza y a la Banca en general y a las instituciones de crédito contar con capacidad de respuesta y de actuar con responsabilidad y eficiencia frente a su compromiso social con la comunidad mexicana.
Como complemento de la política financiera, considerada en la iniciativa, se propone dotar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de mayores facultades para ejercer con autonomía su carácter y organismo fiscal, creándose la factibilidad de que dicho organismo tenga con oportunidad y en forma integral las aportaciones patronales, las cuales son base de sustentación de los proyectos para la adquisición y construcción de vivienda para los trabajadores.
La iniciativa va más allá de actividades persecutorias o inquisitoriales. Su objeto radica en impedir que se vulnere el derecho constitucional de los trabajadores. La iniciativa se ajusta a los lineamientos generales de la política nacional de vivienda, a partir de los dispuesto por el segundo párrafo del artículo 5o. de la Ley Federal de Vivienda, que expresamente dispone que las entidades públicas y organismos descentralizados encargados de ejecutar o financiar programas de vivienda para los trabajadores...
El Presidente: - Señor diputado. Discúlpe que le interrumpa, señor diputado.
Su exposición no está siendo atendido como debiera, rogamos a los compañeros diputados hagan el favor de prestar atención por respecto al orador, en primer término. Y, en segundo lugar, a los compañeros, amigos o invitados que se encuentren en los pasillos o en las galerías, sírvanse guardar el silencio correspondiente para que nuestro compañero diputado que está exponiendo pueda concluir con su exposición. Muchas gracias.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Muchas gracias, señor Presidente.
La iniciativa tiende a muchos aspectos. Por eso era importante el análisis detallado de cada uno de sus apartados y el ajuste que en materia de política nacional de vivienda y de la Ley Federal de Vivienda, la propuesta del Ejecutivo nos otorga la posibilidad de regir en los términos de las leyes que regulan su propia organización y funcionamiento, como es la ley que se analiza y coordinará sus lineamientos de política general
y objetivo a los que marque esa ley y el Plan Nacional de Desarrollo.
En términos generales, podemos señalar aspectos importantes de la iniciativa: Se amplía la posibilidad de acceso a la vivienda que permita beneficiar a un número mayor de trabajadores sin descuidar los derechos de los que tienen bajos ingresos, los cuales con base a la situación vigente ven cada día más lejos esta posibilidad.
Con la nueva política financiera que se propone y a través de su sistema de subasta, se evitará la especulación del suelo para vivienda, previéndose requerimientos y formas de adquisiciones más transparentes, rentables y justas para los trabajadores. Se amplía la cobertura social de los mecanismos de financiamiento para la vivienda de los trabajadores no asalariados, ya que con el sistema de depósitos, a través de la Banca, a cargo del Banco de México e invertidos en valores, se podrá generar un mayor crecimiento de ahorro y crecimiento para en última instancia canalizar recursos para lo mismo.
Se da impulso a la vivienda como factor de ordenación de carácter territorial y estructuración interna de los centros de población, en donde residan los trabajadores.
Se promueve, en forma práctica y objetiva, el apoyo a la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda, a efecto de reducir sus costos.
Los concursos y subastas se ajustarán en lo que corresponda a las normas de diseño y la construcción de la vivienda y a los criterios ecotécnicos y a las tecnologías más adecuadas integradas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
En este intento habrán de participar, compañeros, estados y municipios, dependiendo de proyectos arquitectónicos específicos.
Se responde a las acciones y lineamientos básicos del programa sectorial de vivienda, en lo que se refiere al desarrollo de estrategias para localización y uso del suelo para vivienda, a través de una oferta para los trabajadores, que sean susceptibles de acceder a la misma, para impulsar la investigación, producción y distribución de materiales de construcción y desde luego para producir más y mejores viviendas no solo de carácter urbano, sino en cualquier región en que se localice el trabajador.
Se promueve en la iniciativa la canalización de recursos financieros para que los trabajadores adquieran viviendas a tasas preferenciales, aun cuando se ciuda de no afectar la fuerza de liquidez del instituto.
Bajo el sistema de concursos se promoverá la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de viviendas.
Por lo que hace a la avaluación de los programas institucionales que ordena la ley, la iniciativa es producto de dicha evaluación.
Se contemplan las reglas que habrán de ajustarse a programas de viviendas del instituto, entre las que se refieren a la necesidad del suelo, reservas territoriales y formas de atenderlas.
Y a través del sistema de concurso público se atiende a lo ordenado por la misma ley, respecto a la utilización preferente de diseños y procedimientos constructivos que respondan a los adelantos de la tecnología en la materia y a los plazos de ejecución de obras para que sea más rentable.
Para la adquisición de tierras respecto a programas de construcción, el sistema propuesto por la iniciativa considera el principio de utilidad pública . Sin embargo dicho principio deberá ser impulsado por quienes resulten beneficiados de los financiamientos concursados.
La iniciativa recoge también, compañeras y compañeros, el principio comtemplado por la Ley Federal de Vivienda, en el sentido de que...
El Presidente: - Señor orador: Le recuerdo de manera más atenta y respetuosa la recomendación de los grupos parlamentarios respecto al tiempo del uso de la palabra. Asimismo recordamos a los compañeros diputados la invitación que hizo esta Presidencia para guardar silencio.
Solicitamos a nuestro compañero orador concrete, por favor, su exposición; con la finalidad de hacer uso del acuerdo de los grupos parlamentarios.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Así es, señor Presidente. Estamos atados de sintetizar las últimas partes de la iniciativa, en virtud de que el debate es de carácter general.
La iniciativa recoge, entonces, el principio contemplado por la Ley Federal de Vivienda para el derecho que tiene el trabajador de disponer libremente del patrimonio de que se trate.
Finalmente, compañeras y compañeros, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores es y seguirá siendo para los trabajadores. No se privatiza ni desaparece, se trata sólo de fortalecerlo, adecuando su normatividad que responda a su obligación frente a los trabajadores mexicanos, los cuales son principio y fin del mismo.
El objeto de la iniciativa podría concretarse en que se trata de otorgar más y mejores casas para la clase trabajadora. La normatividad mantiene incólumes los principios de equidad y dignidad de los trabajadores. Se pretende, en pocas palabra, reforzar y modernizar el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores. Que adquiera carácter de organismo fiscal y autónomo, otorgar mayores facultades al consejo.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores seguirá al servidio de los trabajadores mexicanos. Se modifican las características del crédito, se establecen nuevas bases de asignación del mismo para evitar intermediarismo; se otorga vivienda más transparente; se accede a una vivienda nueva o usada; se adecúa la organización y estructura del instituto; en pocas palabras, se atiende a un reclamo carácter social.
Por estos y los demás argumentos expresados por mi compañero Juan Moisés Calleja, la fracción priísta votará de manera razonada y convenciada en favor de la iniciativa del Ejecutivo Federal. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Recordamos con todo respecto a todos los compañeros que hagan uso de la palabra, tomen en consideración el acuerdo entre sus dirigentes parlamentarios, para evitarnos la pena de interrumpirles a medio discurso. (Aplausos.)
Indiscutiblemente que están haciendo uso de un derecho, pero hay un acuerdo entre las facciones parlamentarias, que respetuosamente les señalamos a los compañeros.
Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, para hablar en contra.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Vengo a esta tribuna a expresar los argumentos por los cuales el grupo parlamentario al cual pertenezco, el del Partido Popular Socialista, emitirá su voto en contra de este proyecto de reforma que se nos presenta el día de hoy.
Hemos escuchando con muchas atención los argumentos que tratan de justificar esta iniciativa, hemos leído detenidamente la exposición de motivos y el dictamen correspondiente y en verdad yo quisiera decir que aun cuando considero que algunos espectos podrían ser valorados en forma positiva, no creo que en su esencia cumplan con lo que ofrece la iniciativa y la exposición de motivos.
Se dice que uno de los objetivos de esta reforma es encontrar un procedimiento más ágil para enfrentar el rezago habitacional y satisfacer los requerimientos futuros. Se nos quiere hacer creer que con una reforma vinculada a la cuestión financiera, para depositar el 5% en un Fondo Nacional de Vivienda, va a repercutir en la solución de un problema tan complejo y tan grande, como es el de la vivienda para los trabajadores.
Se nos plantea que el objetivo también de este proyecto de modificación, es el de construir un número creciente de vivienda, pero además recuperando la inversión. Y entonces aquí se plantean nuevos mecanismos para el otorgamiento de vivienda, con una serie de requisitos mínimos, en el que está involucrado, desde luego, un aspecto fundamental, que es el nivel de ingresos del trabajador o del núcleo familiar.
Y todo esto lleva a los autores de este proyecto a decir que con esas modificaciones el trabajador va a legimitar su derecho a la libertad de elegir el tipo de construcción que desea, que el trabajador va a adquirir solamente aquella vivienda que satisfaga sus necesidades; esto realmente se me hace imposible con las modificaciones tan limitadas que nos presenta ese documento. Y lo que es peor, se ha concluido que el objetivo fundamental de todo esto es que los trabajadores cuenten con más y mejores casas en un futuro inmediato.
Pero además, cuando subió a la tribuna el primer orador que inició el debate en lo general para fundamentar el dictamen, afirmó que la solución del problema de la vivienda para los trabajadores, reglamentada en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, está totalmente desvinculada del problema nacional de la vivienda, que no es necesario discutir el problema nacional de la vivienda.
Yo quisiera recordar que uno de los elementos que han encarecido la construcción de vivienda en nuestro país es la especulación con los suelos urbanos y es el encarecimiento sistemático y permanente de los materiales de construcción y esos dos aspectos fundamentales están vinculados a
las leyes federales de Asentamientos Humanos y de Vivienda, motivo por el cual todos pensamos que no puede haber una solución a fondo de un problema de vivienda particular para un sector de los trabajadores si no hay solución general al problema nacional en este sentido.
Pero es más, yo no diría que no solamente es necesario vincular el problema de la vivienda de los trabajadores al problema de la vivienda general, sino al problema general de la nación; si nosotros contáramos con los recursos suficientes para construir viviendas, no tendríamos estos problemas, entonces tendríamos que referirnos a los intereses de la deuda externa y a otros problemas que afectan de manera sustancial los recursos con que cuenta la Federación para resolver un problema de carácter popular.
Este diputado nos viene aquí a señalar una serie de deficiencias que en estos años de existencia ha ido generando el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; burocratismo, excesivo personal, en fin, una serie de lacras que hay que erradicar y con la cual nosotros estamos de acuerdo pero yo quisiera recordar estamos de acuerdo, pero yo quisiera recordar que este organismo está integrado en sus máximos órganos dirigentes en forma tripartita y en condiciones de equidad; la asamblea general, que es el máximo órgano del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene 15 representantes del gobierno federal, 15 de los patrones y 15 de los trabajadores. El Consejo de Administración también en forma paritaria; la Comisión de Inconformidades y de Evaluación también en forma paritaria; las Comisiones Consultivas Regionales, también en forma paritaria; el único elemento donde el Ejecutivo propone y la asamble general determina, es en la designación del director general, pero todos los órganos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores están integrados en forma paritaria y ahí están representados los dirigentes obreros.
Yo quisiera preguntarles qué es lo que ellos hicieron en su momento para evitar que estas cuestiones degeneraran y estos vicios se arraigaran en esta institución que debiera servir para resolver problemas de trabajadores. Yo quisiera preguntarles qué iniciativas han presentado para mejorar el funcionamiento de esta institución, porque compañeras y compañeros, no es posible que nosotros estemos aquí tratando de presentar soluciones de carácter mágico que en realidad no van al fondo del problema y no van a resolver el problema de los trabajadores.
Por último, para respetar el acuerdo de los coordinadores de nuestros grupos parlamentarios yo quisiera señalar una cuestión más, cuando se anunció la presentación de esta iniciativa los dirigentes obreros expresaron públicamente su inconformidad con este documento y hoy en esta tribuna, con una falta de seriedad que realmente asombra, vienen a hacer una apología de aquello que hace unos días condenaban. Yo sinceramente quisiera que quedara aquí presente, muy clara, la posición del Partido Popular Socialista; seguiremos insistiendo en la necesidad de una solución integral al problema de la vivienda en nuestro país y también seguiremos insistiendo en que los mecanismos de construcción de vivienda y de otorgamiento de vivienda sean para aquellos sectores más desprotegidos de nuestra sociedad porque las condiciones actuales y con las modificaciones que hoy se presentan, los trabajadores de uno, dos y quizá hasta tres salarios mínimos están al margen de este servicio que presenta una institución que está en manos del estado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Gil Mendoza Pichardo, para hablar a favor.
El diputado Gil Mendoza Pichardo: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Creo que es conveniente comentar que alrededor del tema que nos ocupa convergen asuntos de carácter económico, políticos, sociales; económicos porque no podemos desprender que derivado de un problema de carácter económico que se vivió a nivel internacional y también a nivel nacional, ha dado como consecuencia el problema de descapitalización del instituto. Sociales, porque el crecimiento democrático de nuestra nación ha quedado plenamente demostrado y también en el aspecto social, el tránsito de la población rural a las zonas urbanas, haciendo más fuerte el problema de la vivienda.
Y quiero también destacar que el interés del sector obrero es de que a través de estas instituciones se otorgue un beneficio general a todos los trabajadores sin exclusión y de seguir con interés los organismos creados por todos los trabajadores y su esfuerzo.
Compañeras y compañeros diputados: es conveniente hacer una remembranza sobre el surgimiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los motivos históricos y jurídicos que le dieron origen. Primeramente es de destacar que los constituyentes de 1917, recogen en el texto del artículo 123, un principio social que es el derecho a la habitación de los trabajadores, obligando al patrón
a proporcionarlo a cambio del pago de una renta. Sin embargo, es de reconocer que esa norma no pudo concretarse plenamente, encontrándose por parte del capital, una fuerte resistencia a su cumplimiento.
Es hasta el día 9 de febrero de 1972 que, a promoción de las organizaciones sindicales adheridas al Congreso del Trabajo, se reforma la Constitución, sustituyendo la obligación impuesta a los empresarios, de proporcionar habitación a sus trabajadores mediante una renta, por otra relativa a un Fondo Nacional de la Vivienda, consistente en un 5% de los salarios que paguen a sus trabajadores, aportaciones que se destinarían a formar un sistema de financiamiento que permita otorgar un crédito barato y suficiente, a fin de que los obreros adquirieran en propiedad sus habitaciones.
La habitación se considera tema de la seguridad social y es objetivo originario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el de satisfacer una necesidad que es colectiva y personal y de beneficio de todos los trabajadores.
En el transcurso del tiempo, el instituto dio respuesta efectiva a miles de trabajadores y sus familias, que obtuvieron créditos baratos para su vivienda. Las condiciones cambiantes y en particular de la economía, rebasaron los alcances de las normas, colocando en precaria situación al instituto.
Las modificaciones y adiciones hechas por las Comisiones Unidas que trabajaron sobre el dictamen, hacen que el cuerpo del dictamen que se discute las contemple, y por eso considero, señores diputados, que este dictamen responde a las condiciones económicas, políticas y sociales que actualmente vive el país. Así como también estimo que el esfuerzo de los trabajadores y sus organizaciones, tiene como objetivo preservar y mejorar las instituciones que han promovido, es preciso señalar que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda, como lo establece la exposición de motivos del dictamen, hace necesario su fortalecimiento para que pueda cumplir eficientemente con su responsabilidad y con estas adecuaciones que se ha hecho a la ley y a las disposiciones reglamentarias, en las cuales han participado todos los partidos políticos, se impiden prácticas indebidas y desviaciones que los situaban en riesgo de su desaparición.
Es importante para los trabajadores que el instituto cuente con la capacidad suficiente, a través de la captación de las aportaciones y recuperación de los créditos, para que estos recursos se canalicen en créditos para la vivienda y principalmente a la de bajos ingresos, procurando con ello alternativas que permitan al instituto crear una mayor oferta de vivienda, adecuando su estructura para que retome su carácter de organismo financiero y fiscal autónomo.
Por todas estas consideraciones, solicito muy atentamente a ustedes, compañeras y compañeros diputados, su aprobación en sus términos al dictamen que las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público someten a la consideración de esta honorable soberanía. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Luévano Pérez.
El diputado Alejandro Luévano Pérez: - Con permiso de la Presidencia.
Hemos escuchado aquí un conjunto de opiniones, pues incluso exclamaciones en el sentido de los esfuerzos que los diferentes sectores de la sociedad están emprendiendo para resolver un problema fuerte que tenemos en el país de vivienda masiva. Una necesidad que tenemos de aproximadamente 15 millones de viviendas nuevas y de mejoran aproximadamente entre 5 y 6 millones de viviendas existentes, por lo menos en los próximos 10 años. Y creo que efectivamente en este proceso de claridad de lo que se requiere por hacer, pues habrán de irse decantada y, ojalá y así sea, los elementos que están de por medio interfiriendo en esta problemática, logremos atenderla de manera conjunta, determinante y con una política firme.
Hemos oído aquí algunas críticas al sector patronal y a la burocracia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y una defensa a ultranza del papel de la clase obrera en estos años de existencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, pero también se ha planteado aquí, como decía el orador del Partido Popular Socialista, que cuando empezó este análisis en la Comisión de Vivienda, los compañeros diputados del sector obrero, fueron de los más interesados en argumentar en contra de éstas y entendemos porque. Y después entendemos también por qué ya vienen aquí a manifestar su voto a favor, cuando uno de los puntos que estaba en el centro de los cuestionamientos es, si sigue habiendo intermediarismo o no, control y enriquecimiento de esa otra capa burocrática que existe en la dificultad de que las viviendas lleguen a manos de los trabajadores.
Me quiero referir a algunos de los puntos específicos que plantea la iniciativa. Los mecanismos financieros que se proponen en esta iniciativa no resuelven el problema de la vivienda y sostenemos además de que lo agravan. Una política financiera para vivienda que no se planteé integrada, en un contexto más amplio de política social, como lo establece la Ley Federal de Vivienda, que no se busque la coordinación con otros organismos de vivienda, que no se planteé una intervención coordinada y descentralizada de las instituciones federales, estatales y locales, no puede ser una solución al problema de la vivienda, como lo hemos establecido en la anterior intervención.
Sostenemos que la iniciativa pone en serio peligro el artículo 46 de la Ley Federal de Vivienda vigente, que estipula que en el otorgamiento de créditos o para la asignación o enajenación de las viviendas, tendrán los mismos derechos todos los posibles beneficiarios, pero en igual de condiciones se dará preferencia a las personas de más bajos ingresos y los que sean sostén de su familia.
Sabemos bien que en los próximos años, de aquí al año 2000, por lo menos, más del 80% de los jefes de familia de nuestra sociedad, difícilmente llegarán a tener ingresos superiores a una vez el salario mínimo o entre una y dos veces el salario mínimo.
La iniciativa que estamos discutiendo, en su artículo 51 - bis, que señala que para la construcción de conjuntos habitacionales que otorga el instituto, no se podrá ejercer más allá de una vigésima parte de salto insoluto de los fondos captados en un año, más sus intereses y en su artículo 47 señala que la regla para otorgar créditos a los trabajadores deberán tomar en cuenta los saldos de la subcuenta de vivienda del trabajador y el tiempo durante el cual se han efectuado aportaciones a la misma, así como su salario o el ingreso conyugal. Ambos artículos determinan que la vivienda en su asignación será determinada fundamentalmente por la capacidad de pago del beneficiario y eso desvirtúa gravemente el sentido de la Ley Federal de Vivienda, incluso la reducción de la vivienda construida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es incorporada al mercado de vivienda, cuando se establece en el artículo 41, que el trabajador podrá elegir, utilizar su crédito para adquirir viviendas financiadas por el fondo y en esto se plantea que el trabajador pueda pagar el costo de la vivienda, los intereses de su crédito y los gastos de mantenimiento, bajo aquel criterio que se vea beneficiado por un fondo integrado por la aportación colectiva de patrones y obreros.
Esta iniciativa no sólo desvirtúa el sentido de la Ley Federal de la Vivienda, sino incluso pone en riesgo toda la estructura jurídica existente y elaborada con el fin de planificar el desarrollo y el ordenamiento territorial para el caso de la Ley Federal de la Vivienda; se colocan en riesgos los objetivos referentes a la ampliación de la cobertura, del acceso de sectores de menores ingresos, la concepción de la vivienda como articulador del arrendamiento territorial, la obligación de dotar la vivienda, digna y decorosa, de lograr la reducción de los costos en la edificación, de la promoción a la producción y distribución de materiales básicos para la construcción de vivienda, con el fin de reducir estos costos promover procesos autogestivos de la sociedad, la construcción de vivienda de interés social para el arrendamiento, la dirección del estado para la elaboración de las normas de diseño y producción de la vivienda, la oferta pública de suelo para fraccionamientos populares, la creación de importantes reservas territoriales para nueva habitación, la participación en el mercado inmobiliario que genere oferta de suelo y vivienda para los sectores de menores recursos, el impulso de la producción y distribución de materiales básicos para la construcción bajo los criterios de equidad social, productividad y sugestión a las modalidades que dicte el interés público, la atención preferencial a sociedades cooperativas, organizaciones sociales y comunitarias, la garantía de que será satisfecha la necesidad habitacional y evitar la promoción de la especulación inmobiliaria, todo esto que aquí se viene a plantear en algunas intervenciones, en un señalamiento totalmente en el otro sentido de que esto será favorecido, mientras no lo abordemos en una discusión de más allá de 10 minutos de intervención de los oradores, o de una mañana porque todo mundo está esperando llegar al gran debate de este Período Extraordinario, difícilmente vamos a entrar efectivamente a la valoración de los alcances reales y justos de esta modalidad que se está aquí trayendo para su aprobación.
Por todo lo anterior, compañeros diputados, el Partido de la Revolución Democrática, por mi conducto quiere poner a consideración de los grupos parlamentarios que integran esta soberanía, una propuesta de punto de acuerdo, una propuesta en la cual nos comprometamos todos a iniciar un debate y un análisis serio, con el tiempo suficiente, para abordar este problema de conjunto y llegar aquí a definir un papel
orientador y articulador de una estrategia nacional que tienda a abatir precisamente este problema.
Voy a dar lectura a la propuesta de punto de acuerdo, que dejaré en manos de la Secretaría, a la consideración de los distintos puntos parlamentarios.
Punto único. La Cámara de Diputados se compromete a discutir a profundidad el problema de la vivienda, para resolver sobre la adecuación de la política de vivienda en los próximos años. Esta discusión orientará al legislativo para promover y, en su caso, resolver la adecuación de la legislación conducente en esta materia, para hacer cumplir de manera estricta lo ordenado en el artículo 4o. constitucional, garantizando un estricto apego a su claro sentido social. Esta discusión se llevará a cabo en el transcurso del próximo período ordinario de sesiones. Por el Partido de la Revolución Democrática, un servidor.
El Presidente: - Para fijar su posición, tiene la palabra el diputado José Antonio Gómez Urquiza.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra: - Muchas gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Voy a comentar los cambios a la Ley del Infonavit, vistos desde tres vertientes. Por un lado, por la evaluación de los fondos de los trabajadores, por otro, por la operación del Instituto del Infonavit, y el tercero de ellos, por las soluciones al problema de la vivienda y la contribución del Infonavit a este respecto.
La primera de ellas, los fondos de los trabajadores. Con estas modificaciones que se han propuesto, aunadas a las modificaciones a la Ley del Seguro Social, aprobadas el día de ayer, se incrementan los fondos de los futuros jubilados, ya que de alguna forma, tanto el 2% nuevo, aprobado el día de ayer, como por las modificaciones a la Ley del Infonavit, mismas que permitirán y asegurarán el ahorro y el que este ahorro perciba rendimientos que incrementen el fondo de los futuros trabajadores jubilados; facilitan a través de las cuentas individuales, de las subcuentas de vivienda en este caso, el que se establezca un rendimiento que se repartirá año con año a todos los trabajadores a través de estas subcuentas de vivienda.
Un gran avance que permite esta modificación a la Ley del Infonavit, el establecimiento de las cuentas individuales, el grupo parlamentario de Acción Nacional lo ve con muy buenos ojos.
Decía la exposición de motivos de 1972, hace 20 años, cuando se inició el instituto, decía textualmente: La información a los trabajadores acerca del monto de las aportaciones a su favor y la cuantía de los descuentos para pagar créditos otorgados, está ampliamente garantizada, ya que constituye un elemento de seguridad y tranquilidad y debe proporcionarse en cualquier momento. Esto decía la exposición de motivos hace 20 años.
Sin embargo yo quisiera saber cuántos trabajadores tenían la información de su saldo. Yo creo que si les preguntáramos a 100 trabajadores, cuánto tienen ahorrado, cuánto tienen en su fondo en el instituto, en el Infonavit, los 100 nos dirían que no lo saben.
Se hablaba al mismo tiempo en esa misma exposición de motivos hace 20 años, de que el mecanismo financiero que se pondrá en marcha, contribuirá a incrementar la actividad económica del país e irá formando a lo largo de los años, un valioso patrimonio, así dice textualmente, constituido en favor de los trabajadores, lo que representa una destacada conquista en la política social de la Revolución Mexicana.
Si hacemos algunos números y así lo hicimos y lo hicimos ver en la propia reunión de las comisiones unidas, si consideramos que un trabajador hubiera estado ya activo laboralmente hace 20 años cuando se inició el instituto, un trabajador que haya mantenido una relación similar en cuanto al salario mínimo en estos 20 años, al día de hoy en su fondo acumulado en el Infonavit, tendría el equivalente a 85 días del salario actual; casi tres meses de salario.
Obviamente en estos 20 años, esta cantidad, este dinero aportado por los patrones, no ha ganado un solo peso de interés. Si se le hubiera otorgado un rendimiento igual a la inflación, este mismo trabajador en lugar de los 85 días, de los casi tres meses, tendría en este momento en su fondo, prácticamente 30 meses de salario. Es decir, por el efecto brutal de la inflación, principalmente en la década pasada, el fondo en el Infonavit de este trabajador, se hubiera reducido a un 10%; de 30 meses que debiera tener, tendría únicamente tres meses. Pero eso no es todo lo trágico. Suponiendo que este mismo trabajador el día de hoy tenga alrededor de 38 años si hubiera regresado a la vida laboral a los 18, tuviera 40 años si hubiera ingresado a los 20 años. Y este trabajador se retira, se jubila a los 65 años y voy a considerar exclusivamente esta primera parte de su vida laboral; esos primeros 20 años. Si esta cantidad siguiera en el Infonavit sin
percibir obviamente como la ley todavía vigente lo establece, sin percibir un solo centavo de intereses, sin tener rendimiento, estos 85 días que ahora tiene, que debieran ser 30 meses, estos 85 días se reducirían a un día de salario en el momento de su jubilación, tomando como base el supuesto de que tuviera un incremento de salario, vamos a hablar en este caso del 17% anual. Es alto. Si en lugar de 17% anual a futuro tuviera el 10%, en lugar de un día de salario tendría seis días. Creo que para los efectos es lo mismo.
Su fondo de retiro por las cuotas aportadas al Infonavit, no equivaldrían ni siquiera a una semana de su salario al momento de su jubilación. Este punto definitivamente trágico, nos preocupó muchísimo y nos empujó a proponer en la comisión un punto en el que por lo menos se garantizara a futuro que el fondo aportado por estos patrones a sus trabajadores en los primeros 20 años de vida del instituto, tenga la posibilidad de tener un rendimiento a futuro.
Con motivo de esto se amplió, ya en el dictamen se establece un segundo párrafo al artículo 4o. transitorio, en el que se da un plazo de 24 meses, plazo muy razonable, al instituto, para que individualice las cuentas. Este es únicamente el primer paso. No debemos quedar ahí.
El segundo paso y habrá que establecer un plan a futuro, es que una vez que estén individualizadas estas cuentas, los fondos de estos trabajadores puedan pasar a su subcuenta de vivienda y empezar a generar un rendimiento a futuro. Si no se consigue que estos fondos tengan un rendimiento, el ejemplo que he anotado hace un momento, queda totalmente claro: El fondo de retiro desaparecería prácticamente.
Obviamente, con las cuentas individuales, los mismos trabajadores podrán fiscalizar tanto al instituto como a sus patrones; que el instituto lleve los registros adecuados y que sus patrones hagan las aportaciones que les corresponden.
Ya se está manejando en la iniciativa, la prevención del futuro a través de las cuentas individuales y se abre la puerta y se da un plazo de 24 meses para que el pasado también se corrija, primer punto.
Con relación al instituto y a su operación, volviendo a la exposición de motivos, de 1972, había otro párrafo que decía:
"El instituto deberá, por otra parte, atender cuestiones cuya naturaleza evolucionará con el tiempo. Y se pensó por ello organizarlo con la flexibilidad suficiente para que pueda resolverlas de una manera práctica..."
Es decir, se organizaba el instituto con flexibilidad para que pudiera resolver de una manera práctica los problemas.
Si comparamos las casas que construyó el instituto en su origen y las que está construyendo ahora, creo que las cifras son dramáticas también.
En su origen, la relación de casas construidas contra el número de trabajadores que tenía, era de 150 aproximadamente. Por cada trabajador construía 150 casas.
Tan solo el año pasado, por cada trabajador construyó únicamente, en promedio, diez casas.
Es importante que a través de estas subcuentas individuales y sobre todo en este caso, a través del remanente que se distribuirá en las cuentas, tanto los trabajadores como la sociedad en general, podrá evaluar al instituto ya que se convertirá en una caja de cristal. Tendrá que abrir sus cuentas, tendrá que hablar de sus ingresos, de sus gastos y las diferencias en remanente, repartirlo.
Los mismos trabajadores tendrán un punto de comparación al manejar en sus subcuentas de ahorros, del sistema de ahorro para el retiro un rendimiento superior a la inflación y al comparar en esa misma subcuenta el rendimiento que de acuerdo con el remanente del instituto tendrá, por los fondos de subcuenta de vivienda, podrá comparar y esto deberá forzar al instituto a volverse eficiente.
Con relación a la vivienda, la iniciativa abre algunas puertas que estamos seguros ayudarán...
El Presidente: - Permítame, señor orador. Solicitamos a los compañeros que se encuentran en los pasillos y asimismo a los compañeros que están tratando asuntos desde sus lugares, sean tan amables, por respeto a esta sala, de guardar el mayor orden posible.
Adelante, señor diputado.
El diputado José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra: - Muchas gracias, señor Presidente:
Esta posibilidad que se abre ahora, de que pueda invertirse, de que pueda financiarse tanto para casas nuevas como casas usadas, permitirá a muchos trabajadores que lo que querían era
simplemente tener un financiamiento y no irse varios kilómetros lejos de su lugar de trabajo, el tener acceso a estos fondos.
El que se construyan conjuntos habitacionales por concurso mediante subasta, es un punto que vemos muy positivo y mejorará definitivamente la eficiencia y combatirá la corrupción.
Decía una compañera diputada de nuestro grupo parlamentario, muchos de estos cambios están orientados a combatir gran parte de los vicios que se han ido generando en estos 20 años. Gran parte de los vicios que todo mundo se da cuenta y que estaban de alguna forma solapados u ocultos; esto no garantiza que no vuelva a haber nuevos vicios. Deberemos revisar nuevamente esta ley en futuros años y evaluar y definitivamente erradicar los posibles vicios que se vayan generando.
Para concluir, vemos con buenos ojos la iniciativa, ya que permitirá realmente incrementar el fondo adicional de retiro para los trabajadores, a su jubilación; dará la oportunidad a los trabajadores jubilados, a que incrementen el beneficio cuando se retiren.
Forzará, en segundo lugar, a que el instituto trabaje arduamente para hacerse eficiente, abre muchos elementos de apertura, valga el pleonasmo, para ejercer presión al Infonavit y vigilar realmente tanto los trabajadores como la sociedad sus números, que sea eficiente. Permitirá, pensamos, por lo menos está desarrollando la infraestructura para que se construyan muy pronto más y mejores viviendas.
Por todo esto el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en consulta interna, apoyará en lo general este dictamen.
Haremos, independientemente de este apoyo en lo general, algunas propuestas que algunos de mis compañeros harán en esta tribuna el día de hoy. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Rigoberto Arriaga Ruiz.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se está discutiendo en torno a una iniciativa de ley que pretende atacar un grave problema que afecta a millones de trabajadores en este país, el problema de la vivienda.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista ha solicitado la palabra por mi conducto, para apoyar la propuesta que ha hecho la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Mexicana, a efecto de que este grave problema que afecta, repito, a millones de trabajadores en México, sea realmente analizado con profundidad y seriedad.
En nuestras manos está, diputados de todas las fracciones parlamentarias, que millones de familias mexicanas tengan una modesta vivienda, por lo cual el punto de acuerdo propuesto por los compañeros del Partido de la Revolución Democrática cuenta con el respaldo y votará a su favor la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista; que en este caso que nos ocupa se traslade al próximo Período Ordinario de sesiones de esta LV Legislatura. Gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado, Javier Colorado Pulido.
El diputado Javier Marcelino Colorado Pulido: - Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores diputados:
Es de entenderse que la intención de esta iniciativa era agilizar los medios y mecanismos para que los derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda obtengan los créditos para la vivienda. La fracción del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana se pronuncia a favor en esta situación y quisiera reflexionar algunos de los motivos, poniendo primero algunas de las situaciones que nosotros hemos visto de los problemas en sí que se tienen en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; motivo por el cual nosotros hemos fundado algunas bases.
Nos hemos dado cuenta, en primer punto, que cuando se fundó el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se propuso la devolución del fondo a partir del 10o. año sin interés, a los 10 años se cambió, devolver el doble pero sólo a los jubilados o a los deudos de los difuntos. Si hubiera que devolver lo ahorrado, en este momento creo que no habría ese dinero. Cuando menos muchas de las gentes que en un momento dado fuimos empleados, obreros, que aportamos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ciertas cantidades, nunca nos fueron devueltas.
Ahora bien, ¿por qué esta descapitalización desde nuestro punto de vista? En la incapacidad de llevar a cabo la actualización de cuentas.
Creemos que hay un 40% de errores en los registros. Esto es muy importante que se analice. Otro de los puntos es la incapacidad para recuperar los créditos otorgados a los derechohabientes. ¡Claro, estos son problemas de tipo administrativo que vienen afectando en todos los casos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y a la gente que en un momento dado está dando sus aportaciones!
La corrupción que ha existido favorece más que nada a determinado tipo de gente que ha recibido los créditos, pero estos han sido realmente en un momento dado señalados, cosa que no es bueno ni saludable para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Las compras de terreno que han tenido normalmente han sido en compra - venta, no han sido en compras directas y se los digo porque tengo 18 años de ser profesional inmobiliario y he vivido esa experiencia con muchos compañeros, en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores compra terreno en preventa, cosa que en un momento daña, encarece la propiedad y provoca un problema más a la ciudadanía.
En 1972 a 1992 se han construido 960 mil viviendas, menos de 50 mil por año. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores se comprometió a hacer 100 mil viviendas al año, no se ha cumplido.
Actualmente el Consejo de Administración sigue aprobando reparaciones de propiedades de casas que se entregaron desde hace 16 años. ¡Aquí tenemos problemas precisamente de tipo económico! ¡No han logrado hacer las cosas como se debían de hacer! ¡Ni se le ha exigido al constructor que entregue una vivienda buena, porque aquí hablamos de una vivienda digna, antes se hablaba de 90 metros de construcción, 110, 102, hemos bajado a 55 metros de construcción y ahora también ya se habla de 42 metros de construcción que para el mexicano será una vivienda digna, yo no lo creo. Eso se llama también "pie de casa"!
Ahora bien, ¿por qué nuestro voto a favor? Porque vemos las ventajas que puede tener en la actualidad para el derecho - habiente la claridad del manejo de los fondos. Esto es muy importante que la persona que está viendo su ahorro y que está llevando un estado de cuenta, esté consciente de lo que tiene; muchos nunca supimos qué pasaba con ese dinero.
Segundo. La seguridad en la conservación de los recursos. Esto es muy importante también, porque esto va a provocar en un momento dado que haya mucho más vivienda.
Probablemente ahora se lleve a cabo algo que para mucha gente debe ser importante: La limpieza en el otorgamiento de los créditos. ¡Perdónenme muchos compañeros aquí de sindicato. Ustedes saben que esto era manipulado y que muchas veces se consiguieron viviendas para otro tipo de gente y no para los obreros!
Como cuarto punto, el ahorro de los asalariados. Esto es muy importante que ellos vayan teniendo ese ahorro que a la larga va a repercutir en un beneficio de tipo familiar.
Y, por otro lado, también señores, el aumento de la construcción de la vivienda, que es muy importante dado que esta es una fuente de trabajo, una fuente de ingresos para muchísima gente.
Por eso el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana da su voto a favor de esta vivienda. Les agradezco mucho su atención. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Tomás Correa Ayala, para hablar a favor.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El conjunto de modificaciones propuestas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores tiene como propósito fundamental reestructurar la actividad del instituto, de tal manera que su desarrollo sea financieramente viable, por lo que el planteamiento de fondo de esta modificación a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es posibilitar sus autofinanciamiento y mejores índices de capitalización.
En este sentido, dentro de la iniciativa adquiere especial relevancia el ordenamiento que dispone que, en los sucesivo, las aportaciones se depositen en instituciones de crédito a su abono en la Subcuenta del Fondo Nacional de Vivienda, de las cuentas individuales a nombre de los trabajadores.
Esta situación otorga un gran mercado financiero cautivo a la banca privada.
Las ventajas que observamos en la iniciativa, son como lo señalamos en la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, de índole financiera para
incrementar el ahorro interno. Sobre ésto, no valdría la pena extenderse mucho.
Lo relevante es que en este caso se profundizan y detallan las atribuciones fiscales del Instituto, que le permiten acciones más claras y decididas al atender patrones morosos, por ejemplo. Del mismo modo las reformas a las atribuciones de administración, sin menguar los derechos de las organizaciones sindicales, harán posible una administración más eficiente y transparente. Sin embargo, encontramos en la iniciativa que merecerían modificarse y profundizarse. Se refiere fundamentalmente a los periodos de jubilación y el destino de las cuotas previas por trabajador.
La iniciativa olvida o no aclara en qué fondo se encuentra y a dónde se enviarán las cuotas acumuladas, producto de las cuotas patronales de cada uno de los trabajadores que a la fecha no se les ha otorgado vivienda, pero tienen o deben de tener o de contar con un fondo que a la fecha debe ser considerable.
Recordemos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde su creación en el año 1972, estableció que los trabajadores podrían mediante un mecanismo interno retirar del fondo a su favor. Esta posibilidad se derogó en 1980, teniendo actualmente la posibilidad de retirar esos fondos hasta que el trabajador cumpla la edad de 50 años en adelante.
Al respecto, la iniciativa otorga la posibilidad del retiro del fondo hasta que el trabajador tenga la edad de 65 años; lo que definitivamente debilita la posibilidad de que el trabajador disponga antes de este fondo.
Al analizar el artículo 40 de la iniciativa propuesta y en donde se establece que el trabajador que cumple 65 años de edad o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de esta ley o de algún plan de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectivo, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro lo entregue por cuenta del instituto.
Los fondos de la subcuenta de Vivienda, situándolos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia o bien entregándoles al propio trabajador en una sola exhibición.
Observamos una serie de desventajas para la mayoría de los trabajadores de nuestro país, ya que las empresas fijan una política de contratación de recursos humanos no mayores de 45 años, por lo que proponemos reducir substancialmente la edad, en la que cada trabajador pueda disponer de la pensión por cesantía, por lo que proponemos la siguiente modificación al artículo 40 de la presente iniciativa.
"Artículo 40. El trabajador que cumpla 50 años de edad o adquiera el derecho de disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial, el 50% o más, en los términos de esta ley o de algún plan de pensiones establecido por su patrón o derivados de contratación colectiva, tendrá derecho a que la institución del crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por cuenta del instituto los fondos de la subcuenta de vivienda, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia o bien entregárselos al propio trabajador en una sola exhibición."
Nuestra propuesta se fundamenta en la posibilidad de darle oportunidad a los trabajadores de disponer y disfrutar de una pensión por cesantía en edad avanzada 10 años antes o 15 años antes de lo establecido por la iniciativa, en virtud de que la actual legislación obrera, de derecho obrero, o sea la Ley Federal del Trabajo en el artículo 141, fracción II, establece que los trabajadores que cumpla una edad de 50 años, podrán disponer de las cantidades que a su favor estén depositadas en el fondo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Por esta razón, no creemos que la iniciativa se apegue a lo que establece el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo y en base a esto, fundamos nuestra propuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco.
El diputado Guillermo Flores Velasco: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo a hacer uso de la tribuna también para continuar un poco en la lógica de la intervención de los compañeros de nuestro partido, del Partido de la Revolución Democrática.
Considero que en lo fundamental esta iniciativa no va al centro del problema, como se ha insistido
aquí, que es el problema de la vivienda, tan fuerte, que existe.
Nuestro país, en todo el proceso que hemos vivido después de la Revolución, ha constituido un sistema coherente de seguridad social en materia de vivienda. Nosotros contamos, para los trabajadores asalariados, con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los trabajadores al Servicio del Estado con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, para los no asalariados con el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, para las clases medias, o sea que son gente que tiene recursos, ha estado siempre dispuesta la banca, a través del Fondo de Vivienda, y aparte han existido algunos convenios particulares con algunos sindicatos fuertes, ya sea con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, fundamentalmente con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como son los fondos de vivienda que tiene Petróleos Mexicanos o el Sindicato Mexicano de Electricistas u otros grandes sindicatos que tienen mecanismos propios, autónomos, complementarios, podríamos decirlo así, o sea, han hecho un convenio para no aportar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y ellos solos resolver su problema de vivienda.
Este problema de vivienda sobre todo lo conozco bastante, porque participé en el proceso de la reconstrucción de la ciudad de México a partir de los sismos de 1985. En particular, en el caso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se puso en evidencia y creo que ha sido claro para especialistas, para dirigentes de organizaciones sociales y para el propio gobierno, que existe una crítica muy radical incluso muy fundamentada sobre el funcionamiento de esta institución, o sean los cargos son corrupción, ineficiencia que es una misma familia que controla desde el mismo proceso de la compra del terreno, la contratación de la constructora para la construcción e incluso se ha comprado terreno, hay muchas unidades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores que hasta la fecha el día de hoy después de haber sido construida incluso algunas, haber sido pagadas íntegramente por los trabajadores, es la fecha en que no pueden escriturarse, son escandalosos los fraudes que ha habido en muchas unidades, los Culhuacanes por decir uno más, Santa Fe, etcétera, hay un proceso de constante cuestionamiento a lo que ha pasado.
Aquí se ha dicho que con esta iniciativa vamos a limpiar eso, yo no creo que eso suceda, nosotros estuvimos analizando mucho este problema e insisto en lo de vivienda y está claro que ahorita lo que se quiere con esta iniciativa, por un lado es darle facultades de fiscalizador persecutoria al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que eso está bien, no está mal creo para que pueda cobrar a los patrones. Anteriormente los recursos del dinero del patrón pasaban a la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de Hacienda estas iban al Banco de México y el gobierno ahí se financiaba, por eso no había ningún interés que le pagaban a los trabajadores, con esos recursos también el gobierno se estuvo financiando con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y es una de las causas más de estos problemas que existen.
Para resolver el problema de la vivienda creo que hay que resolver muchos problemas, esto del financiamiento, el problema de la tierra, el problema de las empresas constructoras, el problema de todo el sistema jurídico que existe, atender el problema de la planificación, etcétera; pero está claro que nuestro sistema de seguridad social establece un mecanismo de solidaridad. Ayer nuestro compañero Durán expresaba muy claramente y drásticamente la nueva política del gobierno en materia de seguridad social y él lo expresaba en una frase popular: "Rascate con tus propias uñas". Nuevamente las reformas que se van, creo que ése es el fondo de todo esto, cuando se habla de que vamos a individualizar un poco estas cuentas y que va haber vivienda de acuerdo a las características no nada más viene a las condiciones, a la posibilidad de cada trabajador, estamos cayendo en esa política. El trabajador que tenga más poder, va a poder adquirir una vivienda, el que no tenga no va a poder hacerlo.
Estas medidas que nos proponen ya están haciéndose en la práctica, o sea no es un problema nuevo, se han hecho a través fundamentalmente de un mecanismo que ha establecido el organismo "Casa Propia" o sea y acuerdos incluso de "Casa Propia" ha hecho acuerdos con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado, con la Banca y se han empezado a mezclar los créditos en donde el trabajador que no tiene capacidad adquisitiva, que no es sujeto de crédito, no va a acceder a la vivienda.
Esta medida a lo largo del tiempo vamos a ver que solo van a poder acceder a la vivienda aquellos trabajadores que tengan mayores ingresos
y los que tienen menos ingresos no van a poder contar con una vivienda digna.
Entonces estamos violando primero la Constitución en este derecho constitucional porque es cierto, millones de trabajadores a lo largo de muchísimos años han aportado también, religiosamente, semana a semana sus cuotas, siempre lo han dicho o sea, ahí estamos son esa esperanza, con esa ilusión de un día tener vivienda, ya sabemos todo lo que ha pasado, a la fecha son muchísimos más los que tienen que los que la tienen y sabemos también, eso es cierto, que los que lo tienen ha sido por corrupción, por una mordida o sea la inmensa mayoría, porque está controlada por una élite de esta burocracia sindical que domina a nuestro país.
Esto no se rompe ahorita en esencia con esta iniciativa, la experiencia de la reconstrucción nos demostró que se requiere ampliar la participación de los directamente involucrados en todos esos procesos y en este caso deben ser los trabajadores para sanear, para airear todos esos procesos y buscar mecanismos novedosos, mecanismos que realmente permitan resolver este problema.
Yo siento que efectivamente lo que podemos hacer ya o sea finalmente la iniciativa va a pasar, se va a imponer una mayoría, pero creo que la preocupación de todos debe ser que estudiemos más a fondo estos problemas que tienen que ver con varios artículos constitucionales, que tienen que ver con la planificación, con la Ley Federal de Vivienda y sobre todo con el problema de la seguridad social que siento yo está gravemente amenazada por esta iniciativa, porque no va a haber vivienda para el que más lo necesita sino para el que más tiene el que más puede y nuestro esquema de seguridad social era ese, es que con ese espíritu de solidaridad, de aportación dentro de todos los trabajadores, ir ayudando a aquellos trabajadores que tenían la suerte en ese momento de tener su vivienda, pero que por sí solos, de manera individual, no se puede garantizar ni la vivienda ni la salud, ni se pueden garantizar los seguros estos de que hemos estado hablando.
Estos temas, el que discutimos ayer y el que discutimos hoy, están profundamente ligados por ese hilo conducto, tienen de hecho la misma madre, o sea mismo artículo madre, el artículo 123, y tiene la misma lógica por parte del gobierno en cuanto a usar estos recursos que vamos a portando uno a uno, para su financiamiento y hacer discrecional este derecho y hacerlo injusto, no equitativo, no con ese espíritu redistributivo de los ingresos, de la riqueza de toda la sociedad y creo que el espíritu del constituyente de 1917 y toda nuestra lucha que hemos dado y en esto ha sido importante la contribución porque tampoco todo es negativo del sector obrero, se ha dado una lucha en ese sentido y teje un espíritu de solidaridad de la clase trabajadora para dotar a los que menos tenían.
Creo que eso se está perdiendo al hacer que cada trabajador, según sus ahorritos, pueda acceder a una vivienda, pero mientras no se resuelva el salario, mientras no se establezcan mecanismos para garantizar acceso al suelo, se limpie en serio, se democratice este instituto, no va a ser posible hacer realidad ese espíritu que marca la Constitución de que todo mexicano, todo trabajador tiene derecho a una vivienda digna y decorosa.
Yo los invito a que reflexionemos este problema, lo estudiemos a conciencia y hagamos propuestas que realmente resuelvan el problema.
Yo obviamente no he estado hoy de acuerdo con mi partido con estas modificaciones, porque van en otra orientación, no en la orientación de dotar verdaderamente de vivienda a los trabajadores. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge René Sánchez Juárez, para hablar a favor.
El diputado Jorge René Sánchez Juárez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores:
Considero que el tema de la vivienda representa no sólo la aspiración legítima de todo individuo, sino una necesidad social que ninguno de nosotros, sobre todo los diputados, podemos dejar en el olvido.
En la Comisión de Vivienda desde que conocimos la iniciativa, nos avocamos conjuntamente a dar nuestro punto de vista todos los partidos políticos. Todos coincidimos en la bondad del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores como un organismo de y para los trabajadores, pero también hemos reconocido que su función no ha dado una respuesta suficientemente necesaria a la clase trabajadora en su conjunto.
Por eso venimos a plantear ante esta soberanía, nuestra postura para seguir promoviendo esta clase de iniciativas, que beneficien a los trabajadores y que abran nuevas opciones al financiamiento de la vivienda en México.
Esta reforma que hoy se analiza, nunca ha hablado de corregir al instituto sino de reforzarlo, sobre todo sus posibilidades de aumentar la oferta de vivienda. Cada etapa corresponde a su tiempo y esta etapa que nos ha tocado vivir, será una nueva oportunidad, sobre todo porque el Estado mexicano, en su reforma, ha considerado dedicar el 80% del gasto público a actividades sociales, entre las que se consideran la nutrición, la educación, la salud y la vivienda.
Ante esto, los trabajadores tenemos este espacio para participar en una relación de mutua exigencia y apoyo con el gobierno.
Los diputados priístas hemos realizado un ejercicio que nos demuestra que el fondo del instituto representa un beneficio real para el trabajador, considerando que en 40 años un trabajador que comienza ganando un salario y termina su actividad productiva ganando tres, ahorra más de 56 millones de pesos, considerando un aumento del salario real del 2%.
Consideramos también como un avance que la convocatoria que emita el instituto tomarán en cuenta las promociones del sector obrero y de los trabajadores en lo individual, lo cual significa que la clase trabajadora tiene la oportunidad permanente de acceder a la vivienda y no sólo cada que el instituto promueva conjuntos habitacionales.
Además de que la Ley Federal de Vivienda considera en su artículo 4o. fracción VI la promoción y fomento a las sociedades cooperativas de vivienda y otras formas de gestión solidaria.
Eso representa un reto a la capacidad de organización de los sindicatos y dará mayor impulso a la capacidad de gestión de la clase trabajadora en su conjunto, independientemente de la central obrera a la que pertenezca, o si son o no miembros del Congreso del Trabajo y la afiliación política que ostenten.
Porque también tenemos que reconocer que ni las centrales obreras son las únicas representantes de la clase trabajadora ni el Congreso del Trabajo ha sido el organismo que haya logrado plenamente la unidad orgánica de los trabajadores del país.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es una conquista de la clase trabajadora en su conjunto y como tal debe responder a las demandas y necesidades de ésta.
Consideramos importante que la iniciativa contemple en las promociones, no sólo al sector obrero como tal, sino también a los trabajadores en lo individual, lo que incluye a aquellos que no estén sindicalizados pero que gozan de sus derechos marcados en la Constitución específicamente en el artículo 123 constitucional.
Coincidimos todos los partidos y estamos de acuerdo, que lo que hoy proponemos no es suficiente para resolver el problema de la vivienda a los trabajadores ni mucho menos resuelve el problema habitacional de los mexicanos, pero estamos seguros que como sucedió con la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social encontraremos juntos partidos políticos, representantes populares y trabajadores, nuevas alternativas para hacer una realidad plena, la vivienda digna para la clase trabajadora y para los mexicanos.
Por todo lo anterior, solicito a todos ustedes, compañeros diputados, la aprobación de este dictamen con el ánimo de que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores siga siendo un organismo de la clase trabajadora. Muchas gracias.
RECESO
El Presidente (a las 14.56 horas): - Esta Presidencia tiene a bien declarar un receso de una hora y rogar a los señores diputados, de la manera más atenta y respetuosa, se sirvan concurrir al salón de sesiones, exactamente a las 15.56 horas. Muy amables. Gracias.
Receso
(A las 16.51 horas): - Se reanuda la sesión y se concede el uso de la palabra a la diputada Graciela Larios Rivas.
La diputada Graciela Larios Rivas: - Con su permiso, ciudadano Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Con la constitución del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en el año de 1972, se da plena vigencia al postulado constitucional de 1917, de otorgar el derecho a la vivienda a los trabajadores y se reconoce el papel que las organizaciones de trabajadores han jugado en el devenir histórico del país y afianza de manera importante los avances sociales que en el transcurrir del tiempo han logrado.
Ahora, a 20 años de la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, es menester realizar un análisis objetivo del desempeño que esta institución ha tenido para dar cumplimiento a uno de los más importantes derechos que tiene el trabajador.
Resulta fundamental, al realizar este análisis, nunca perder de vista que las modificaciones, reformas, adiciones y derogaciones a la Ley del Instituto, deben ser a la luz de un espíritu solidario y siempre buscando el beneficio de quienes son legítimos derechohabientes, de los beneficios que esta institución, a través de sus funciones cumple.
Estamos embuídos, quienes trabajamos en las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público y de la mayor parte de quienes ahora, en esta sesión plenaria analizamos la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de un espíritu de solidaridad para con los trabajadores mexicanos y con una conciencia clara de que las reformas, adiciones y derogaciones que aquí se aprueben, buscarán exclusivamente el fortalecimiento de esta noble institución, para dotarla de las condiciones necesarias y cumpla cabalmente y de manera más eficiente los objetivos que le dieron nacimiento.
Fortalecer al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores significa también fortalecer los derechos de los trabajadores a la obtención de vivienda digna y decorosa, en condiciones fáciles y sin costos adicionales por vicios, que a través de los años se han originado en su perjuicio.
Las comisiones unidas, en sus trabajos han llegado al acuerdo de que básicamente el problema que enfrenta el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es de orden financiero y como lo señala el cuerpo del proyecto del dictamen presentado a este pleno, repercute en diversas maneras, desde aspectos de liquidez, que demeritan de manera importante su capital de trabajo. Sin embargo, es conveniente no perder de vista algunos otros aspectos de orden operativo, que necesariamente serán afectados al cambiar aspectos reglamentarios y que de no considerarlo podrían repercutir directamente sobre los trabajadores al momento de ejercer este derecho.
Creemos necesario estar atentos al desarrollo que el instituto tenga, una vez que se haya aprobado éste o cualquier otro dictamen y realizar de inmediato las enmiendas que sean necesarias en las disposiciones reglamentarias, para prever en su caso, corregir prácticas indebidas que desvirtúen el noble objetivo de esta institución.
La anterior reflexión la fundamentamos en el hecho de que estarán involucrados una serie más de organismos, como es el caso de las instituciones bancarias, que deberán contar con capacidad suficiente y con un alto espíritu de responsabilidad, para responder de manera eficiente a estas nuevas tareas que cumplirán, a sabiendas que el universo aproximado de cuentahabientes que generará, de aprobarse el dictamen, el nuevo sistema de aportaciones será del orden de 10 millones.
Es importante, como lo consigna el dictamen presentado a ustedes, que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores dé prioridad a su papel de organismo financiero, abriendo la oportunidad para que los financiamientos para la construcción de viviendas se concurse, de acuerdo a como la propuesta de reforma al artículo 45, de la iniciativa lo propone, de tal suerte que el mecanismo conocido como "Promoción de Vivienda" por parte de las organización sindicales, no sindicales y patrones, quede plasmado y garantizado en la propia ley.
El dictamen que las comisiones unidas han presentado, dotan al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de mayores facultades para ejercer sus funciones como organismo fiscal, situaciones ésta que pensamos es importante y que debemos analizarla, no como una actitud persecutoria de parte del instituto hacia quienes tienen la obligación de realizar aportaciones para que cumpla con su finalidad, sino con el afán de proporcionar a esta institución de facultades para observar que las aportaciones patronales ocurran con plena oportunidad y de manera íntegra, de tal forma de garantizar el derecho constitucional de los trabajadores.
Las circunstancias del México de ahora son diferentes al de hace 20 años; las demandas de los trabajadores de hoy se han modificado sustancialmente a las que presentaban en décadas pasadas.
La problemática que en materia de vivienda refleja nuestra situación actual, es más compleja y diversa que la que se presentaba dos décadas atrás y las aspiraciones de la clase obrera igualmente son otras y se manifiestan de muy distintas formas a las del pasado.
Todas estas razones necesariamente nos obligan a adecuar sistemas, procedimientos, criterios y reglas de las instituciones, para que éstas continúen vigentes y estén en posibilidad de responder a los retos y desafíos que los mexicanos de nuestros tiempos reclaman.
Por lo antes expuesto, la diputación obrera del Partido Revolucionario Institucional, apoya el dictamen presentado ante este pleno, ya que creemos representa el fortalecimiento de una institución que ha beneficiado a una cantidad importante de trabajadores y sus familias y con estas modificaciones le permitirán responder en mejor forma a las legítimas demandas de la clase trabajadora a una vivienda digna y decorosa que eleve su nivel de vida, por lo que dejo constancia que la diputación obrera votará a favor en lo general y particular de este dictamen. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra la diputada Evangelina Corona Cadena.
La diputada Evangelina Corona Cadena: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Nuevamente subo a hacer uso de la tribuna con la idea de poner ante ustedes una rebeldía que se siente acá adentro.
Nuevamente veo con preocupación otro golpe más a los trabajadores, a la clase trabajadora. No solamente pienso en el ramo de la costura que es la organización que represento; pienso en todos los trabajadores.
Con la política de esta iniciativa no solamente se está desmembrando la organización sindical y se le está quitando derechos y obligaciones, se está dividiendo también la organización de los trabajadores, porque se está planteando un cambio en la construcción del Fondo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
A pesar de las deficiencias y a pesar de las irregularidades que se han vivido en todos estos años, consideramos que ha sido positivo. A lo mejor no coincidimos y tendremos toda la razón. Pero yo en las comisiones en donde he participado, les he puesto el ejemplo de que son similares a las "tandas" que jugamos nosotras las trabajadoras para poder comprar algo en efectivo, cuando no tenemos capacidad para ello.
Y así es ejemplo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores compañeros diputados. Por mucho que gane una costurera o un trabajador, teniendo el salario mínimo general, jamás va a poder comprar su casa. Y a eso lo está sometiendo la iniciativa, a que con el fondo del 5%, que aportan los patrones al Infonavit, con ese fondo, con lo que pueda juntar va a poder pagar el enganche de su casa. Eso es lo que entiendo que dice la iniciativa.
La iniciativa está diciendo y lo decíamos ayer también, que por un lado viene el fondo del 5% del Infonavit y por otro lado el 2%. Y se juntan las dos cuentas y es el fondo de ahorro del 7%. Pero el fondo del Infonavit, lo que me dijeron los técnicos con los que hablamos, es que ese 5% no va a generar ningún interés a favor del trabajador. El único que va a generar interés para el trabajador, va a ser el 2%. Entonces, aquí nuevamente se está limitando al trabajador para tener el 5% de su salario y que cuánto va a poder juntar para un enganche de la casa.
Yo creo que independientemente decíamos, de que el Infonavit tiene deficiencias no solamente es responsabilidad del Infonavit, es responsabilidad de los representantes sindicales. No solamente es obligación y responsabilidad de ellos, también de las autoridades gubernamentales. Porque en este caso la vigilancia no ha sido completa; ni la existencia tampoco.
Cuando se inició el Instituto del Fondo para la Vivienda, yo estaba trabajando en la fábrica que se cayó cuando el terremoto. Y cuando vino el terremoto señores, yo me acerqué a pedir el fondo que había ahorrado en el Instituto del Fondo para la Vivienda y lo único que me dieron o que me ofrecían porque por cierto no lo fui a traer nunca, solamente eran 56 mil pesos de 1972 a 1985; 56 mil pesos era lo que me podían dar. Es lo que había ahorrado. Y pensando en esa cifra, yo les pregunto a todos, ¿qué trabajador puede dar el enganche de su casa con el fondo que pudiera obtener?
Si en 12 años, 15 años, que a mí me daban 56 mil pesos en 1985. Por eso creo que no es conveniente que dividamos o que hagamos o que aprovechemos esta iniciativa en donde individualiza a los trabajadores. Les están dando la opción de que pasen la línea dos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; de la línea dos a la cinco. Y ¿eso qué implica? Implica que si a mí me gusta la casa del compañero que está vendiendo, él me puede financiar para poderla comprar. Implica también que tiene que tener escritura bien reconocida y tiene una serie completa de requisitos para poder comprar la casa a terceros.
Fui a ver esto porque yo metí promociones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde 1989, una promoción sindical y hasta ahora, señores, no me han dado una sola.
Pero eso no quiere decir que no hayan dado a ningún trabajador; a muchos trabajadores les han dado. Hoy decían una cifra, que han dado 750 mil casas. Yo preguntaría, si todos los trabajadores pueden comprar su casa, no habría necesidad de una casa más.
Pero en este caso, hay una cosa que sí estaría en total acuerdo y es en que le den la autorización de fiscalizar. Pero no solamente propongo que fiscalice a los patrones si le dieron la cuota correcta del trabajador, sino que fiscalice a los que somos promotores para ver si se les entregó correctamente a los trabajadores su casa.
Hemos estado discutiendo y hemos estado yendo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y nos han presentado que han dado muchas promociones de casa y las casas están en manos de gente que no es trabajadora.
Ahí sí estamos en oposición y ahí estamos de acuerdo en que se reforme esta Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque no hemos sido honestos para darle la casa a quien le corresponde y quien tiene necesidad.
Los compañeros, en el transcurso de la mañana, señalaban una y otra vez que las casas son insuficientes y estamos totalmente de acuerdo.
También señalaban que las casas han ido subiendo de precio. En el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores si las dio a 2 millones la casa, hasta que la terminen de pagar son esos 2 millones de pesos. En otros créditos, sí incrementan su interés; en los créditos bancarios, todavía más.
Yo pregunto también a los compañeros que aplauden totalmente la iniciativa y que ponen como prioridad que un trabajador sepa cuánto está ahorrando. Yo les preguntaría qué será mejor: tener conocimiento de mis ahorros o tener la casa.
Insisto, yo los 15 años o 12 años que aporté al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a mí no me dieron casa. Pero puedo sentirme satisfecha porque se la dieron a otra compañera costurera o a otro compañero trabajador. Por eso no estoy de acuerdo en la modificación de separar y de individualizar a los trabajadores, porque estoy consciente que los trabajadores no van a ganar lo suficiente, nunca, para comprarse una casa. A no ser que como decíamos ayer, tengamos que hacer esfuerzos, apretarnos el cinturón, como se dice y no comer algunas veces, sólo así se puede.
Yo defiendo al instituto y lo defiendo porque hemos visto que ha sido positivo, pero sí quisiera que se pudiera hacer una auditoría para saber exactamente a dónde se han ido todos los fondos de los trabajadores que hemos aportado y que no se nos ha dado la casa.
Reiteramos que por parte del Sindicato de Costureras, tenemos tres promociones adentro y que nos han dicho que no hay reservas territoriales para sembrarlas y que les han puesto una y otra vez objeciones para los terrenos que han obtenido o que han tenido en la visión.
Por eso creemos que no se trata solamente de la institución sino se trata también de las autoridades gubernamentales y no sé exactamente a quién le corresponde, pero sí depende de ellos.
Por lo tanto, sí quisiera dejar una constancia que aquí dejaré a la Secretaría una propuesta y dice..., que también a nombre del Partido de la Revolución Democrática.
"Propuesta única: La Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados, que realice una auditoría al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, quien deslindará responsables para aquellos actos que atentaban contra la legislación actual vigente de dicho organismo."
Esta auditoría estaría a cargo de una comisión de diputados integrada pluralmente, la auditoría abarcará el período de actividades de dicho instituto que va desde su inicio de operaciones hace 20 años, hasta el 31 de diciembre de 1991.
Con el objetivo de que se realicen las casas, se hagan las casas que han estado pendientes, esperando para los trabajadores y como dijeron los compañeros, si el instituto es de los trabajadores y para los trabajadores que se cumpla realmente.
Dejo a la Secretaría esta petición.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.
El diputado Juan Luis Calderón Hinojosa: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Me he permitido inscribirme para hacer dos propuestas de modificación al dictamen de las comisiones unidas que estamos discutiendo. Uno de los problemas que ha sufrido el trabajador y que constituye una injusticia, ha sido el que
sus aportaciones al ahorro de vivienda han sido reducidas a la nada por la inflación, en virtud de que la ley que hoy se reforma le impedía percibir intereses sobre el saldo de sus aportaciones; esta injusticia se corrige ahora parcialmente con la posibilidad de que las cuentas individuales de cada trabajador puedan percibir intereses sobre el remanente del instituto, esto porque si no se garantiza un mínimo de interés nominal tus aportaciones quedarán a merced de la inflación.
Por eso proponemos que se modifique el primer párrafo del artículo 39, de manera que en ningún caso los intereses sean menores al equivalente que se hace al ajuste de los créditos del instituto. Esta adición tiene el mérito de garantizar al trabajador sus aportaciones en términos reales, no solo nominales y no causa menor prejuicio al fondo, en virtud de que no implica la obligatoriedad de pagar tasas reales de intereses, sino únicamente las nominales necesarias para absorber el deterioro inflacionario de las aportaciones, es decir, esta cláusula no implicaría un costo real para el fondo.
Por lo anterior, con fundamento en el artículo 124 del Reglamento Interior del Congreso, someto a ustedes la siguiente propuesta de modificación al primer párrafo del artículo 39, para quedar como sigue:
"El saldo de las subcuentas de vivienda pagará interés en funciones del remanente de operación del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. "El agregado que lo modifica, dice: "En ningún caso estos intereses serán menores a una tasa equivalente al incremento de los salarios mínimos".
Esa es la propuesta de modificación al artículo 39.
La segunda propuesta, consideramos que el crédito que el trabajador ejercita al amparo del fondo para la vivienda, no es ninguna graciosa concesión del Estado. Ejercita en realidad los beneficios del esfuerzo de su ahorro personal a lo largo de su vida productiva.
Con el proyecto de ley, se crea un mecanismo que ajusta los saldos y el trabajador se verá obligado, en caso del beneficio del crédito, a pagar íntegramente los costos del crédito. Así, cuando el acreditado ha liquidado su saldo, ha reintegrado al fondo el costo social de su vivienda y, sin embargo, se ve privado de un derecho que en términos del proyecto que discutimos solo podrá ejercitar una sola vez en la vida.
Esta situación se agrava, en virtud del deterioro normal de la vivienda durante el transcurso de los años, las viviendas tienen una vida útil, las necesidades de remodelación o adaptación de la vivienda a sus nuevas necesidades familiares, no obstante, la ley le impide el ejercitar nuevamente el crédito para ampliar, modificar o inclusive sustituir la vivienda que tiene.
En el caso de los trabajadores jóvenes, esto es, que inician su vida productiva de 18, 20 años o menos, al comenzar su vida tienen precisamente por delante 30, 35, 40 o más años para ir acumulando fondos para su fondo de vivienda. Suponiendo que alcanza pronto los beneficios de un crédito que le permita adquirir su vivienda, esto es entre los 25 y 30 años de edad, este crédito le permite adquirir o hacerse de una vivienda que en ese momento le satisface sus necesidades familiares de vivienda. Sin embargo, 15, 20 ó 25 años después ha liquidado el saldo de su crédito y le quedan aún 15 ó 20 años por seguir incrementando o por seguir aportando saldos a su fondo. Y le quedan, por cierto, o se le han creado nuevas necesidades para su vivienda o la remodelación de la vivienda.
Por lo anterior y nuevamente con fundamento en el artículo 24, proponemos que se modifique el III párrafo del artículo 47 para quedar como sigue:
"III párrafo. Los trabajadores podrán recibir crédito por una segunda vez para ampliar o mejorar su vivienda o adquirir una nueva en sustitución que la que tenga, siempre que hubiesen transcurrido por lo menos 15 años de haber ejercido el primer crédito, que éste se encuentre saldado y que no posea el trabajador otro inmueble."
Señores, dejo a su consideración estas dos propuestas. Señor Presidente, dejo en poder de la Secretaría los textos escritos de las dos propuestas. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
El derecho al suelo se bifurca en dos derechos: el derecho al suelo rural que se contempla en el artículo 27 constitucional y el derecho al suelo urbano que contemplan el artículo 4o., el artículo 123, el 25 y el 26.
Entiendo que la problemática que está en torno de la iniciativa que estamos cuestionando, es una
problemática que rebasa los pronunciamientos de la iniciativa, que solamente contempla el aspecto económico, financiero, fiscal, para dar liquidez, para establecer un cobro más efectivo, para el financiamiento de esta finalidad de la vivienda; pero no se hace cargo de la globalidad de los problemas. Y precisamente esa globalidad de los problemas fue la que el compañero Alejandro Luévano presentaba en un intento de Carta de Intención, para que hagamos también el propósito de analizar esa globalidad de los problemas. Consiste en lo siguiente:
La ciudad y el campo se han desintegrado, se han separado uno del otro y esta separación se ha convertido en una oposición que se resuelve con el dominio y el predominio de la ciudad sobre el campo.
El proyecto de la ciudad entró en contradicción con el proyecto de la revolución industrial. Lo que rige el proyecto de la ciudad es la articulación a lo originario y a lo original. Es la continuidad de un asentamiento en su plenitud de realización histórica. Y lo urbano es otra cosa. Lo urbano es una desintegración de la ciudad, así como los barrios unitariamente y orgánicamente integrados, se desintegran en los fraccionamientos.
Pero esta desintegración no es solamente del espacio, es una integración del tiempo. La fábrica del tiempo se hizo el tiempo de la ciudad, o sea, el tiempo de la fábrica se convirtió en la fábrica del tiempo. En ese tiempo de prisa. En ese tiempo de prisa que desarticula los respetos humanos, miramientos y atenciones que son característicos de las ciudades provincianas.
No es solamente esto lo que se afecta: el espacio y el tiempo. Se afecta el individuo. Porque el individuo es despojado de su iniciativa individual creativa, para contar solamente en el mundo del consumismo como un productor o como un consumidor.
Estos dos proyectos, que entran en contradicción, no sólo perjudican la suerte de la clase obrera, sino que perjudican la suerte de la sociedad en su conjunto.
Por otra parte, esta segregación presenta una especie de estallamiento. La ciudad estalla en su periferias y sus periferias son desintegradoras. Son espacios degradados y degradantes porque ahí es donde se aloja un habitante que ni es campesino ni es citadino. Ni una cosa ni la otra. Salió del campo y quiere un campito y encuentra los arrabales, la desprotección, la falta de equipamiento o bien el espacio mínimo. ¡El espacio mínimo de los infiernos urbanos!
Periferia es cartolandia, casas mal construidas, mal conservadas. No están aireadas. Son húmedas e insalubres. Es pues un trabajo en el que se ubica el trabajador que no cuenta..., un trabajo que no cuenta con el trabajador...
El Presidente: - Señor diputado, ¿me permite tantito?
Rogaríamos a los compañeros de Oficialía Mayor vieran este "corto" que está notándose en la parte superior de la tribuna, por lo que pediría a la asamblea tres minutos de tiempo, con la finalidad de que se verifique este detalle.
Permítanos un momento, compañero diputado.
Me informan que no hay nada de cuidado, que continuemos con la asamblea. Continúe, señor diputado.
El diputado Carlos González Durán: - ...bueno, yo me refería a que los problemas los producimos juntos y juntos los tenemos que resolver. Los problemas de los obreros para tener habitación no son sólo problemas de su suerte privativa, el defecto que veo en los proyectos es que presenta soluciones privativas de cada uno de los cuentahabientes, pero el problema no es un problema privativo, es un problema colectivo y estar en una habitación no quiere decir solamente estar en un departamento o estar en una casa, quiere decir habitar la ciudad, habitar el campo y eso es lo que está desarreglado, eso es lo que está desajustado.
Por lo tanto, esta falta de asociación de lo que se llama la confinidad de los espacios históricos de una ciudad, habitables; la ciudad es ciudad porque es vivible, porque da vida, porque vive la ciudad, pero estas ciudades nuestras, principalmente la capital, es producto de una enfermedad, se ahoga en sus basuras, se ahoga en su smog, se ahoga en su falta de comprensión humana, de su trato humano. Entonces, ahí hay otros problemas, humanos y sociales, no son solamente problemas económicos...
El Presidente: - Compañero diputado, nos están señalando algunos compañeros que no hay orden en la sala, precisamente lo interrumpimos por esta situación. Solicitamos una moción de orden en la sala de sesiones, por favor compañeros diputados.
Continúe.
El diputado Carlos González Durán: - ...Pues bien, hay otros problemas, hay que entender que
hay un problema que se llama problema de la ciudad, el problema urbano y luego hay los problemas urbanos, como el de la habitación, pero el problema no es el problema de una suerte privativa, de una casa, el problema es humanizar, mejorar, crear condiciones de salud, de vida, de bienestar, de comunicación. La ciudad debe servir para dar trabajo, debe servir para dar habitación, debe servir para dar tránsito y transporte y principalmente la ciudad debe servir para el acercamiento de la comunicación en la convivencia; eso está enfermo, eso está mal, eso crea ciertos problemas.
Por lo tanto, el derecho a vivir en la ciudad no es el derecho de estar en la periferia, el derecho a estar en la ciudad es estar integrado. Tenemos que cambiar nuestros proyectos políticos. Es cierto que no podemos vivir con la política de ayer ni menos con la política de anteayer, tenemos que actualizarnos en la plenitud del tiempo presente; pero para actualizarnos en la plenitud de ese tiempo necesitamos conservar cambiando, cambiando y conservando lo que tenemos y la obligación de conservar lo que es digno de conservar.
Por lo tanto, este derecho a la ciudad creo que es un derecho que no está contemplado en la iniciativa. Si este derecho significaría el derecho a habitar, no en una casa, sino en la ciudad, en todo el ser de la ciudad, como un bien de uso, como un bien de obras, no de productos despersonalizados. Lo máximo de lo urbano es la confluencia y la simultaneidad. Si ustedes piensan en el nuevo caballito, ese caballito abstracto es la simultaneidad, es la confluencia, pero no es el paraje, el sitio, el lugar que tiene calor, vida, tradición, continuidad en una convivencia, es un paraje desarticulado, es el imperio del automóvil sobre el habitante de la ciudad, es una ciudad para los automóviles, pero no es una ciudad para nosotros, seres humanos.
Por lo tanto, como este problema es principal, es el que abarca y da marco al otro problema, habría que pensar en la necesidad de rescatar este derecho, el derecho a la ciudad y ese derecho a la ciudad que abarque trabajo, alojamiento, salud, educación, cultura, reposo, descanso, juego, distracción, tránsito, transporte, derecho al disfrute de una ciudad integrada armónicamente a la naturaleza y una ciudad que tenga también espacios de campo en su interior y una ciudad que propicie encuentros humanos. Con esta problemática que sólo apenas se ha planteado esquemáticamente, quiero dar mi apoyo a la propuesta de acuerdo que hizo el compañero diputado Alejandro Luévano y confirmar el criterio de la compañera Evangelina Corona, que rechazaba esa suerte privativa del acceso a la habitación reclamando el acceso colectivo de la habitación. Esta suerte de derecho es para todo habitante de una ciudad y para todo visitante de una ciudad.
Es todo compañeros, muchas gracias por escucharme. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúa con el uso de la palabra el diputado Francisco Javier Saucedo.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quiero dar lectura a una propuesta de modificación que vamos a dejar aquí mismo en la Secretaría, que tiene que ver con la discusión cuando presentamos el punto de la moción suspensiva al inicio de la discusión de este decreto. Es una propuesta de modificación de los artículos 3o., transitorio y del 40 y el 67 del proyecto que estamos discutiendo.
Dice: "Considerando que la Ley del Infonavit, al igual que la Ley Federal del Trabajo emana del artículo 123 constitucional y que por lo tanto son leyes equivalentes que confluyen en la normatividad sobre una materia en común y que por ello están obligadas a obedecer el mandato constitucional, así como complementar sus ordenamientos para incidir en coordinación y de manera coherente y por lo cual ninguna disposición de alguna de ellas puede nulificar, contradecir o suplantar de la otra.
Considerando además que el artículo 3o., transitorio del decreto que estamos discutiendo deroga un artículo de la Ley Federal del Trabajo, el 141, facultaría a esta ley para suplantar o imponer su criterio sobre lo normado por la Ley Federal del Trabajo destinándola a ser una mera ley secundaria, papel que no le corresponde a una ley desprendida directamente de la Constitución; el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propone a esta honorable soberanía la supresión del artículo 3o., transitorio de este proyecto de decreto. Esta supresión obliga a un contenido nuevo de los señalamientos contenidos en los artículos 40 y 67 de este decreto con el fin de que la Ley del Infonavit corresponda con la Ley Federal del Trabajo, pensamos es obligatorio modificarlos. Proponemos modificación del artículo 40 del presente proyecto de decreto, de manera que quede redactado de la siguiente manera:
"Artículo 40. El trabajador que adquiera el derecho a disfrutar una pensión de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez parcial permanente de más del 50%, o invalidez total permanente, jubilación o defunción, en los términos de la Ley del Seguro Social o la de la Ley Federal del Trabajo o del fondo privado de pensiones establecida por su patrón, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por la cuenta del instituto, los fondos de la subcuenta de vivienda, más una cantidad adicional, por una suma igual al total de la cuenta del trabajador, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador o sus beneficiarios designen, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien entregándoselos al propio trabajador o sus beneficiarios, en una exhibición."
Los siguientes párrafos del artículo 40 quedarían como están propuestos y el último sería, el último párrafo del artículo 40:
"El trabajador que deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 años o más de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de esta ley."
Por último, proponemos modificar el artículo 67 de este proyecto de decreto, de manera que convalide la vigencia del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo. La propuesta es la siguiente:
"Artículo 67. Los fondos de las subcuentas de vivienda a que esta ley y la Ley del Seguro Social se refieren, no podrán ser objeto de compensación, cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda y cuando suceda lo establecido por el artículo 40 de esta ley y por lo establecido por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 141."
Esta es la propuesta que el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática deja aquí ante la Secretaría.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado? Una interpelación. ¿Acepta la interpelación?
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Preguntarle al señor diputado si nos puede repetir las tres propuestas, ¿y cómo quedarían en el texto que ustedes están señalando?
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Las tres redacciones. Sería: la primera es suprimir el artículo 3o., transitorio y entonces... no, hay que derogarlo, pues, éste hay que suprimirlo.
Planteamos por el espíritu de éste, que no se puede una ley reglamentaria derogar un artículo de otra ley reglamentaria, lo que nosotros proponemos es una modificación al artículo 40 y al artículo 67, siendo consecuentes con el espíritu del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo.
Entonces, diputado Lerdo de Tejada, usted me pide que lea las dos propuestas de modificación. Serían así:
"Artículo 40. El trabajador que adquiera el derecho a disfrutar una pensión de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez parcial permanente de más del 50%, o invalidez total permanente, jubilación o defunción, en los términos de la Ley del Seguro Social o la de la Ley Federal del Trabajo o del fondo privado de pensiones establecido por su patrón, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por la cuenta del instituto, los fondos de la subcuenta de vivienda más una cantidad adicional por una suma igual al total de la cuenta del trabajador, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador o sus beneficiarios designen, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien, entregándoselas al propio trabajador o sus beneficiarios en una exhibición.
Los cuatro siguientes párrafos queden como se proponen y el último diría, del artículo 40: El trabajador que deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 años o más de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los depósitos que se hubieren hecho a su favor en los términos de esta ley.
Del artículo 67, también me pidió que leyera ésa. El artículo 67, la propuesta es la siguiente, de modificación: Los fondos de las subcuentas de vivienda a que esta ley y la Ley del Seguro Social se refieren, no podrán ser objeto de compensación, cesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al Fondo Nacional de la Vivienda y cuando suceda lo establecido por el artículo 40 de esta ley y por lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 141.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Lerdo de Tejada para hechos. Concedida.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
Nosotros coincidimos en el planteamiento hecho por Francisco Saucedo, en el sentido de que el artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo debe de subsistir y que establece una importante prestación para los trabajadores.
Sin embargo, no estamos de acuerdo con la forma en que ha hecho la propuesta de modificación, en virtud de que por una parte derogar completamente el artículo 3o., transitorio, dejaría una significativa porción del mismo sin aplicación. Esto es, creemos que la forma en que se mantenga en vigencia este artículo, es simplemente quitando del texto del 3o., transitorio, la mención explícita a que se deroga el artículo correspondiente de la Ley Federal del Trabajo.
No consideramos oportuno hacer mención en los otros dos artículos, en el 40 y en el 66, que Francisco establece, en virtud de que el sistema de convalidar artículos que se mantienen vigentes, sentimos que no es un sistema jurídico adecuado y que esto nos llevaría en última instancia a estar convalidando, en muchas de nuestras leyes, artículos que definitivamente se mantienen vigentes como tales.
De tal forma que con la supresión correspondiente en el texto del artículo 3o., transitorio de la parte que señala expresamente la derogación del 141 de la Ley Federal del Trabajo, creemos que llegamos a la misma finalidad y al mismo propósito utilizando un sistema que jurídica - mente es más conveniente.
Dejo entonces, la propuesta del artículo 3o., transitorio que simplemente diría:
Artículo 3o., transitorio. Al entrar en vigor del presente decreto se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo. Lo cual es una fórmula tradicionalmente utilizada en los artículos transitorios correspondientes. Muchas gracias compañeros.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Tomás González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados y diputadas:
El Partido del Frente Cardenista, por mi conducto manifiesta su posición en relación a la iniciativa que hoy nos ocupa, que en estos momentos nos ocupa y solamente quiere señalar una propuesta en relación al primer párrafo del artículo 40 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El texto de la propuesta es el siguiente:
"Artículo 40. El trabajador que cumpla 65 años de edad, o adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de la Ley del Seguro Social, éste es el cambio, en la anterior dice: en términos de esta ley, o de algún plan de pensiones establecido por su patrón, o derivado de contratación colectiva, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por cuenta del instituto los fondos de la subcuenta de vivienda, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición."
Este es el texto de la propuesta que el Partido del Frente Cardenista plantea en este caso específico. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías.
El diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías: - Con su venia, señor Presidente; compañeros y compañeras diputadas:
Al conocer la iniciativa que hoy se discute en su dictamen, las comisiones de Vivienda, Trabajo y Previsión Social, Hacienda y Crédito Público, con la participación de la gran mayoría de sus integrantes, estudiamos, propusimos y logramos luego de frecuentes reuniones, enriquecer y mejorarla a como se presenta el día de hoy.
Como resultado de esos intercambios que fueron variadas las opiniones, surgió un consenso mayoritario en el sentido de reconocer los grandes avances que se han obtenido en los fines para los que fue creado el instituto. Pero surgió al mismo tiempo una gran preocupación porque el deseo de los diputados era poder mejorarla.
Creemos que se puede hacer mucho y de ahí que se plasmaron en el documento que hoy estudiamos, las opiniones que buscaban entre otras cosas el dotar de más y mejores recursos al instituto, con el fin de obtener mejores resultados en el financiamiento de viviendas. Esto es un deseo permanente de las organizaciones obreras, que en reuniones sostenidas con funcionarios del
instituto y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el año pasado, fueron expresados el deseo de los trabajadores mexicanos de reforzar al instituto a través de más recursos económicos, de eficientar el uso de estos mismos, pensando que en esa forma se pudiera traducir en una mejor obtención de resultados, como sería la mayor posibilidad de acceso de créditos a los trabajadores.
Ahora bien, la iniciativa en sí recoge todos estos planteamientos, al introducir sistemas de vigilancia y fiscalización de los propios trabajadores, a las aportaciones que se realizan en favor de él por el empleador, como parte del mismo sistema que estudiábamos el día de ayer, el Sistema de Ahorro para el Retiro.
La individualización de las cuentas de los trabajadores, creemos que nos vendrán a dar también en un momento dado la posibilidad de que lleguemos al realismo. Conocimos muchos casos, desgraciadamente, de trabajadores que estaban dados de alta al Infonavit, registrados con salarios mínimos, cuando en realidad la categoría que desempeñaban, el sueldo que devengaban era mucho muy superior.
Obviamente que esta individualización nos traerá el poder eficientar, el poder darle mayor transparencia a los recursos que tenga que obtener el instituto.
Se le dieron también facultades especiales, facultades que en un momento dado les vienen a dar una categoría especial al poder fiscalizar, al poder auditar el propio instituto. Pero aún así, a pesar de las reformas que ya se han introducido en el proyecto original, la diputación obrera siente que en el libre ejercicio que se ha dado en esta legislatura, con la práctica parlamentaria que se ha llevado, que nos ha permitido asumir más responsablemente la función que es nuestro motivo, quiere proponer a este pleno las siguientes modificaciones, que en sí encierran el deseo de que el dictamen que hoy aprobamos sea más benéfico para los intereses de los trabajadores que, como ya se ha dicho y en muchas ocasiones, es de y para los trabajadores.
Las reformas que propondremos, que enriquecen al estudio 16 de la ley en estudio y a los artículos 5o., transitorio, más el agregar un décimo tercer artículo transitorio, tiene como finalidad exclusiva, como hemos venido mencionando, los siguientes objetivos:
Primero. Que el Presupuesto de Gastos de Administración, Operación y Vigilancia del Instituto, cuenten con un límite máximo que dé la seguridad a los trabajadores de que, como se ha marcado ya, el compromiso que existe por parte de las autoridades del instituto de ir reduciendo el personal y que esto traerá obviamente una reducción en los gastos, por lo que vemos en la posibilidad de que, como se han expresado en estos momentos dudas por algunos compañeros, al reducirse los gastos de operación obviamente que se beneficiaría al supuesto que se está hablando en el artículo 39 y que no es otro más que aumentar los intereses que puedan recibir como beneficio los trabajadores, en base a los remanentes que queden al fin del ejercicio, o bien, en un momento dado, la mayor disponibilidad de fondos para un mayor financiamiento de casas.
Creemos, en segundo lugar, que el manejo de este presupuesto de gastos con nuestra propuesta vendrá a ser más transparente, que es otra de las aspiraciones de los trabajadores.
Y por último, nuestra propuesta encierra un tercer objetivo, que es que por cuestiones de técnica legislativa, al adicionar un artículo décimo tercero transitorio, pueda dar un orden preciso a la propuesta que hoy hacemos, que es el de llevar en un momento dado una reducción en forma sistemática al presupuesto de gastos, que la ley vigente se encuentra tasado en 1.5, siendo lo ideal, a nuestro juicio, lo que ahora propondremos, que será en un 0.75%.
Es por tales motivos que sometemos a esta soberanía, en los términos del artículo 124 del Reglamento Interior, las siguientes propuestas, que quedarían de la siguiente forma:
Un artículo 16, fracción VII, que diría: Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, los que no deberán exceder del 0.75% de los recursos totales que maneje.
El consejo de administración deberá someter a dictamen de auditores externos, el ejercicio del presupuesto de gastos a que se refiere el párrafo anterior, previamente a que lo presente a la asamblea general para su aprobación.
El consejo de administración, sigue diciendo, procurará que los gastos a que se refiere la presente fracción, sean inferiores al límite señalado.
La segunda propuesta sería una adición de un segundo párrafo al artículo 5o., transitorio, pasando los actuales párrafos segundo y tercero,
a ser tercero y cuarto respectivamente, en los siguientes términos:
"Artículo 5o. Las aportaciones previstas en el artículo 2o., transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las cuales serán por el equivalente al 8% del salario base de cotización de los trabajadores a que se refiere el último párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social al 1o. de mayo de 1992, elevado al mes, así como las mencionadas en el párrafo anterior de este artículo.
Se tendrán que efectuar en una misma fecha dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento de tales aportaciones.
Y nuestra tercer propuesta se refiere a un artículo 13 transitorio, en los siguientes términos:
"El presupuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, a que se refiere la fracción VII del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para los años de 1992, 1993,1994 y 1995, no deberá exceder respectivamente, del 1.30%, del 1.10%, del 0.90% y del 0.80% de los recursos totales que maneje el instituto.
A partir del año de 1996, el presupuesto de gastos citado, deberá ajustarse a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 16 mencionado."
Estas señor Presidente, son propuestas que dejamos a la Secretaría y pedimos a nuestros compañeros legisladores, como ya lo hemos venido haciendo, que vean que en sí, se está tratando de reforzar a nuestro instituto; que se está tratando de buscar una solución a una parte del problema, que es la vivienda de los trabajadores.
Creo que con lo que se ha venido mencionando, en lo que se refiere a los compromisos para buscar soluciones para los demás sectores, podremos mejorar en mucho.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra a la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
La diputada Martha Patricia Ruiz Anchondo: - Gracias, señor Presidente:
Vengo a esta tribuna para hacer dos propuestas: una con respecto al artículo 45 y otra con respecto al artículo 47.
La primera se refiere a uno de los grandes problemas y elementos que han influido de manera definitiva en el deterioro del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, es el esquema de control por parte del partido de Estado.
Consideramos como Partido de la Revolución Democrática, que una de las cualidades de esta iniciativa, era que quitaba del proyecto que envió el Ejecutivo, era que quitaba el control de la promoción de la vivienda de las centrales sindicales. Eso lo veíamos nosotros positivo, porque consideramos que esto era una parte fundamental del problema y lo sigue siendo.
Hay después del trabajo de comisiones, un retroceso en este sentido, pero consideramos como Partido de la Revolución Democrática, una cosa muy importante insistir en esta situación.
Consideramos también que de los esquemas que han demostrado mayor eficiencia para la promoción de la vivienda y que han evitado la especulación económica con la misma, y la manipulación política por parte de líderes, algunos, no digo que todos, pero que ha sucedido este problema, es la promoción directa de los trabajadores. Fue una de las propuestas que estuvimos presentando en comisiones y que consideramos que la cuestión colectiva para la promoción de la vivienda debe quedar, más no debe quedar sujeta a como está ya en el artículo 45 donde dice: "sector obrero".
Nosotros proponemos una modificación en este sentido para que el artículo 45 quede redactado de la siguiente manera:
"Las convocatorias para las subastas de financiamiento, se formularán por el Consejo de Administración conforme a criterios que tomen debido en cuenta la equidad y adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las zonas urbanas más densamente pobladas. Al formular dichas convocatorias se tomarán en cuenta las promociones de los sindicatos de los trabajadores, además de las cooperativas de trabajadores y solicitantes de vivienda, sin importar su filiación en una confederación, bloque o partido político, para que de esa manera fortalezcamos los procesos autoadministrativos para la construcción de vivienda y del sector patronal."
Esta es nuestra primera propuesta. La segunda propuesta, con respecto del artículo 47; de las preocupaciones más grandes que nosotros
tenemos, como representantes de la sociedad es que un gran porcentaje de mexicanos consideramos que de los seis millones de déficit de viviendas, se encuentra ubicado en los 40 millones de mexicanos que el mismo gobierno ha considerado que se encuentra en una situación de pobreza. De esos 40 millones de mexicanos, se considera que perciben ingresos por menos de 2.5 veces salario mínimo.
Estos mexicanos, con los nuevos mecanismos que se dejan ver en esta iniciativa de ley, muchos y muy pocos podrían, muchos quedarían fuera; muy pocos podrían acceder a los créditos.
El Partido de la Revolución Democrática propone una modificación al artículo 47 que haga vigente el principio general de que todo acreditado tiene alguna posibilidad de obtener un crédito para la vivienda.
Para ellos estamos proponiendo que la asignación de créditos se haga por un riguroso sorteo, una vez que se cumplan los requisitos generales básicos. La realización de los sorteos se haría dividiendo el fondo en tres cajones por niveles de ingreso.
El primer cajón, sería del 1 a 2.5 veces salario mínimo; el segundo, de 2.5 veces salario mínimo, a cinco; el tercero, de cinco veces salario mínimo, en adelante, de más.
Y que a su vez los pudiéramos distribuir en cajones regionales. Para estos efectos, proponemos el siguiente texto:
Artículo 47: "Los créditos a los que se refiere la fracción I del artículo 47 se asignarán por medio de sorteos entre los beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Estos sorteos se realizarán periódicamente. Para participar en dichos sorteos, sólo se requerirá cumplir los siguientes requisitos generales:
Primero. Ser titular de una cuenta individual de la subcuenta de vivienda a la que se refiere el artículo 38 de esta ley y no haber sido beneficiario de un crédito para vivienda anteriormente.
Segundo. Que el beneficiario integre un núcleo familiar y,
Tercero. Que tenga necesidad de la vivienda.
"La asignación por sorteo de los créditos de vivienda, se realizará destinado:
Primero. El 40% de los fondos presentables para trabajadores suyos ingresos familiares se ubiquen de 1 a 2.5 salarios mínimos mensuales.
Segundo. El 32% de los fondos prestables para trabajadores cuyos ingresos familiares sean mayores a 2.5 salarios mínimos, hasta cinco salarios mínimos.
Tercero. El 27.5% de los fondos prestables para trabajadores, cuyos ingresos familiares sean mayores a cinco salarios mínimos. Los fondos prestables referidos en los incisos 1, 2 y 3 se distribuirán en la regiones económicas del país de acuerdo a criterios que al afecto establezca el consejo de administración.
Se buscará en todo caso el desarrollo regional equilibrado y la descentralización de las grandes ciudades, sin desatender las urgentes necesidades de vivienda ya existentes en estas ciudades.
Por mi parte estas son las propuestas que dejemos, las dejemos aquí en la Secretaría. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Arturo Torres del Valle.
El diputado Arturo Torres del Valle: - Compañeras diputadas; compañeros diputados:
Dijo: William Hasmith, que el hombre es el único animal que ríe y llora, porque es el único que percibe la diferencia entre lo que las cosas son y lo que deben ser.
El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores fue creado como un mecanismo de solidaridad social que contribuiría a incrementar la actividad económica del país e iría formando a lo largo de los años un valioso patrimonio constituido en favor de los trabajadores, lo que representaría una destacada conquista en la política social de la Revolución Mexicana; esto se planteó con la iniciativa del 28 de marzo de 1972.
En realidad no se han cumplido los objetivos y la diferencia entre lo que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es y lo que debe ser, motiva a algunos a que rían, quizá a otros a que lloren, a todos salvo a los que obtuvieron beneficios directos por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y en especial a los que detentaron el poder de asignar a cancelar asignaciones nos causa indignación.
Basta revisar el dato del número de viviendas gestionadas o construidas por Fondo de Vivienda el año de 1991, con 89 trabajadores; gestionó, la construcción de 140 mil viviendas, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores con 4 mil trabajadores aproximadamente construyó 35 mil viviendas en el año de 1991 y el Fondo Nacional de Habitación Popular 12 mil casas construidas durante 1991 y esta institución cuenta aproximadamente con 1 mil trabajadores.
Esto, señores diputados, no puede seguir así; por eso aplaudo a quienes han sabido encausar la frustración e indignación que nos produce el fracaso del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y sublimar estos sentimientos en algo constructivo, apruebo la iniciativa encaminada a estrechar la brecha entre lo que es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y lo que debe ser.
Toda iniciativa, todo dictamen es preferible, es lo que motiva a los miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, perfeccionar las leyes que van a regirnos no son el necio afán de hacernos sentir de dejar una huella o una firma, sino con el legítimo afán de procurar las leyes justas que promuevan el bien común y eleven el nivel de vida del punto mexicano.
En este sentido, el Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta soberanía las presentes propuestas de modificación al dictamen de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
En su artículo 36, sugiere cambiar la palabra "impuesto" por "contribuciones fiscales". Esto para evitar que en el futuro pudiera gravarse con derechos, productos o aprovechamientos.
Artículo 40, se aumentan los párrafos VI y VII para determinar una fecha perentoria, en la que la institución obligada deberá entregar el dinero. La fecha de hasta la cual los fondos generarán intereses, que es hasta el día del pago del fondo y las sanciones por incumplimiento.
En el artículo 42, para respetar el federalismo que consigna nuestra Constitución y, en consecuencia, la autonomía económica de los estados, proponemos que se suprima "la exención de contribuciones locales", quedando únicamente las federales.
Me voy a servir leer, señor Presidente y entregar a la Secretaría, las propuestas:
"Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. Con fundamento al artículo 124 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de la Unión, se somete a la consideración de esta honorable asamblea las modificaciones y adiciones al dictamen de las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y Hacienda y Crédito Público, respecto a la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores:
Artículo 36. Las aportaciones previstas en esta ley, así como los intereses de las subcuentas de vivienda a que se refiere el artículo 39, estarán exentos de toda clase de contribuciones fiscales.
Artículo 40. En los nuevos párrafos. La entrega de las cantidades a que se refiere el presente artículo no podrá exceder del término de siete días hábiles y generará intereses hasta su fecha de entrega a la tasa que pagan las instituciones de crédito para depósitos a 30 días. En caso de incumplimiento por parte de la Institución obligada a efectuar la devolución, este hecho será reclamare ante la Comisión Nacional Bancaria sin perjuicio de las acciones legales que pudieran ejercitar los beneficiarios contra la institución responsable.
Artículo 42. Los contratos y las operaciones relacionadas con los inmuebles a que se refiere este artículo, así como el desarrollo y ejecución de los conjuntos de habitantes que se edifiquen con financiamiento del instituto, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la federación; y, en su caso, el precio de venta..., y continúa en el artículo tal como fue dictaminado.
Por su atención, señores compañeros, muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Graciela Larios Rivas.
La diputada Graciela Larios Rivas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Analizando determinadamente todos y cada uno de los artículos de iniciativa en discusión hemos visto que los trabajadores que dejen de tener una relación laboral por equis motivo, no es justo que si este trabajador tiene en esos momentos un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, deje de pagar y tenga el problema de que tiene ese crédito ante el instituto.
Me permito hacer la siguiente propuesta, dado que esta institución como es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debe de seguir siendo tutelar también de los trabajadores. Me permito hacer una propuesta al artículo 41, en el sentido de que se agreguen los siguientes párrafos, que serían segundo, tercero y cuarto y que quedarían de la siguiente manera:
El segundo sería que "para los efectos de la fracción II del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo se entenderá que un trabajador ha dejado de estar sujeto a una relación de trabajo, cuando deje de prestar sus servicios a un patrón por un período mínimo de 12 meses, a menos que exista litigio pendiente sobre la subsistencia de la relación de trabajo".
Tercero. "Cuando un trabajo hubiere recibido un crédito del instituto, éste le otorgará a partir de la fecha que ya haya dejado de prestar sus servicios a un patrón, una prórroga sin causa de intereses en los pagos de amortización que tenga que hacerle por concepto de capital e interés. Para tal efecto el trabajador acreditado deberá de dar aviso al instituto dentro del mes siguiente a la fecha en que deje de prestar sus servicios al patrón. La prórroga tendrá un plazo máximo de 12 meses, independientemente de que exista litigio en trámite sobre la subsistencia de la relación de trabajo y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo".
Cuarto. "La existencia de los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior deberá comprobarse ante el instituto".
Dejo aquí a la Secretaría la propuesta que hacemos los diputados del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional.(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Porfirio Camarena Castro.
El diputado Porfirio Camarera Castro: - Muchas gracias, ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados:
A lo largo de este debate hemos observado, con particular satisfacción, que quizá en ocasión tan señalada como ésta, seguramente por tratarse de una iniciativa de tan importante repercusión social, esta tribuna ha recibido a una larga lista de oradores, que han manejado tesis, reflexiones, planteamientos y puntos de vista que felizmente coinciden con el propósito de proponer aquello que a su juicio, al juicio de su partido o de suposición parlamentaria, ofrece ventajas y propone mejoramiento a las condiciones que en el renglón de la vivienda merecen tener los trabajadores de nuestro país.
Qué duda cabe que en tratándose de hablar de vivienda, como ayer hablábamos del seguro social, estamos todos conscientemente hablando de una de las instituciones que forman parte del patrimonio social más caro, más sentido, más apreciado por la clase trabajadora.
En el seguro social como en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores radican no solamente la concreción de derechos fundamentales para los trabajadores, como el derecho de la vivienda y el derecho a la salud, sino ambas instituciones han sido concebidas, primero, por la sabiduría del pueblo mismo, que las llevó a consagrar como postulados constitucionales y, después, con la sensibilidad del constituyente y de los parlamentarios a lo largo de la historia de nuestro Congreso, enriqueciéndolos para buscar con ello la aproximación que todos buscamos hacia la justicia social.
Por ello, me permito modestamente expresar mi felicitación a cada uno de quienes han participado en este debate, hemos visto felices coincidencias, han subido los representantes de los partidos que en oposición en esta Cámara han planteado con vivo interés sus formas o sus fórmulas para el mejoramiento de esta iniciativa, que no llegó por accidente a esta Cámara.
La iniciativa del presidente Salinas es producto de haber recogido durante varios meses de análisis y discusiones, las recomendaciones del sector obrero, representado en el Instituto del Fondo de la Vivienda.
Es cierto, como aquí se ha dicho, que se recogieron las importantes preocupaciones de los representantes del más alto nivel del movimiento obrero mexicano, pero fue con ellos, porque ellos son los responsables de los órganos de dirección del instituto. A nadie más que a los representantes y a los trabajadores, debe interesarles la marcha y el futuro de una institución tan valiosa como el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y es con ellos precisamente con quienes ha dialogado el gobierno de nuestro país y con los representantes del sector patronal, para encauzar las actividades, las mejores actividades del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y, sobre todo, para el perfeccionamiento de su vida normativa.
Decía yo, no es pues un accidente aquí hemos escuchado razonablemente mencionar que la
participación sindical puede ser bien cuestionada, o de alguna manera enjuiciada por la forma como el instituto se ha conocido en los últimos años. Pero 20 años de este instituto han servido para demostrar que las instituciones que nacen, producto de la lucha sindical o de la lucha obrera, tienen claro sentido de beneficio y pueden ser, por supuesto, perfeccionadas. Válido es que en esta ocasión esta Legislatura este confrontando esta circunstancia.
Queremos todos un instituto que cumpla con los propósitos sociales que le ha encomendado la Constitución y que le ha encomendado, particularmente, la clase obrera. Por eso, recibíamos la propuesta de modificar el instituto, justo en el sentido en que deben darse los cambios que se necesitan, sin perder sus propósitos, ni su esencia social fundamental. Claro que queremos un instituto la clase trabajadora, que haga más y mejores casas, que las haga más baratas, que las haga con mejor calidad, con mayor prontitud, que las haga con los lugares y regiones donde debe hacer, que el instituto no pierda su carácter tripartita, en fin, que la observación que aquí hemos escuchado de cómo queremos el instituto, el Instituto del Fondo Nacional y de la Vivienda para los Trabajadores, deba marcarse en el orden en que ustedes mismos, compañeros que me han antecedido en la palabra, lo han propuesto.
Queremos recoger estas preocupaciones fundamentales, ya hemos dichos: más transparencias, menos burocratismo, menos deficiencia, menos desviaciones , sin corrupciones, suficientemente apegado al espíritu y al interés que debe cumplirse para con la clase trabajadora y esto es lo que se busca actualizando esta iniciativa de ley para mejorar el trabajo del Instituto del Fondo Nacional de la vivienda para los Trabajadores. No nos hemos confundido, compañeras y compañeros quienes tomamos la responsabilidad de participar en las comisiones unidas para analizar la iniciativa. El dictamen que hoy nos ocupa recibió las propuestas, recibió inquietudes y reflexiones, dialogamos con los autores de esta misma iniciativa y pudimos recoger por supuesto las mejores propuestas que sabemos se contienen fundamentalmente en la iniciativa y así como los trabajadores representados en esta Cámara quisieron reafirmar su presencia para vigilar y controlar el instituto, también se observó que era necesario transparentar los procedimientos de las promociones para que ahora, a virtud de nuevas fórmulas para subastar los propios conjuntos habitacionales y los financiamientos colectivos, pueda el instituto alejarse, distanciarse suficientemente de todo ánimo que pretenda a beneficios personales o desviaciones que aparezcan en contra sentido al manejo propio del instituto.
La iniciativa ya lo señala, hoy queremos mejorar el manejo de los fondos, hoy queremos que cada trabajador sepa exactamente cuánto se ha aportado para su beneficio, cómo se acumula, como puede garantizar en el futuro la seguridad del crédito y por supuesto, que así como tiene una rentabilidad social en el crédito, también gane una responsabilidad económica; es decir, tener crédito, casa, ahorro y un buen rendimiento o el ahorro constituido a su favor. Queremos una ley, un mecanismo, un funcionamiento, un manejo a la institución que garantice plenamente este propósito que tiene el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y que aquí mismo se ha juzgado debe ser estrictamente vigilado para su fiel cumplimiento y funcionamiento.
Yo diría que si bien es cierto que instituciones de tanta repercusión social deberíamos sobretraerlas a mayor vigilancia y observación no solamente de los interesados sino aún de la propia sociedad, en este caso el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ya dotado en una capacidad de funcionamiento tal, que los órganos bastará con que fielmente les otorguemos el funcionamiento que debe tener para que desde dentro y por tratarse de recursos propios de los trabajadores, permitan que esta institución siga siendo manejada por los trabajadores, vigilada por los trabajadores y ahora transparentar en sus procedimientos para que aún la propia sociedad pueda tener posibilidad de observar su cumplimiento. Ya señala en la propia iniciativa que aún la propia Controlaría aparece revisando procedimientos para el efecto de las financiamientos colectivos. Esto solamente lo menciono para dejar claro el cambio que se opera en la propia escritura del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y por supuesto las perspectivas que tendrá la institución de transparentarse.
A lo largo de las discusiones de las propias comisiones y en el debate de este plenario hemos recogido las más diversas propuestas, yo diría a todas ellas bienvenidas porque se trata de mejorar la suerte de los trabajadores en este importante renglón, solamente llamaría la atención que sobre el optimismo con el que podemos ver los propuestas también reconozcamos el realismo con el cual tienen que ser aplicadas. Es cierto que habremos de buscar en nuevas disposiciones de la Ley de la Vivienda mayores posibilidades para que este renglón de la política social del gobierno pueda mejorar en términos generales
a la mayoría de la población que queremos beneficiar a través de los esfuerzos de la vivienda. Por eso cuando se alude al análisis de la Ley de la Vivienda, bienvenidas las propuestas, bienvenido el propósito porque queremos que así sea, pero hoy, en este debate, estamos concretados, estamos circunscritos a revisar sólo el funcionamiento del instituto, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, de su ley por supuesto y de sus fórmulas de operación y el nuevo mecanismo que estamos proponiendo.
Estamos confiados a que este mecanismo, esta nueva fórmula que por modernista tiene necesariamente que acudir a todo este proceso de cambio que ha vivido el país, por qué acudir a la banca en este momento, pues porque es hoy el sistema bancario el que puede ser utilizado como una red nacional de ventanillas y de procedimientos que permitan que el fondo pueda tener la garantía de manejar la cuenta individual de los trabajadores.
Y lo hemos dicho, se ha explicado, no será la banca la que maneje los fondos, sino solamente el procedimiento para captar y los trabajadores que originalmente recelaban de este mecanismo, hoy se han dado cuenta del propósito real de este mismo mecanismo y, por supuesto, confían no solamente en el mecanismo como tal, hoy confían también en la moralidad del sistema bancario, para que las cuentas de los trabajadores y sus fondos sean también transparentemente manejados. Y así ahí no fuera, para eso la propia iniciativa está ofreciendo no solamente el mecanismo para el reclamo ante las autoridades hacendarías, sino también reconocido a los representantes de cada organización de trabajadores, como la propia ley les confiere dicha representatividad, para que de esa manera se hagan los reclamos que merezcan hacerse, en caso de darse las violaciones en el manejo de los fondos.
Consignamos pues, compañeras y compañeros, en esta intervención, que para la representación de la diputación obrera del Partido Revolucionario Institucional, no solamente los alcances de la iniciativa, su funcionalidad, el mecanismo previsto y en esencia, la posibilidad de tener un instituto que amplíe su perspectiva, que garantice los principios de equidad en el otorgamiento del crédito, porque hoy habremos de registrar que no estamos considerado inamovibles, como en el pasado se llegó a plantear, la perspectiva del ingreso de los trabajadores. Habrá ahora, a virtud de la expectativa económica, una carrera sindical más favorable para la operación de los créditos de los trabajadores y con ello, con la posibilidad de un mejor mecanismo, compañeras y compañeros diputados, sentimos que esta iniciativa habrá de cumplir con ese elevado propósito de fortalecer a una institución que nació producto de la lucha de los trabajadores, ha modificado su legislación producto de iniciativas de los propios trabajadores, seguirá siendo vigilada por los trabajadores y, sobre todo, mejorará esta perspectiva social que los trabajadores se han propuesto alcanzar por la vía constitucional y por el reconocimiento que la propia ley le da a este derecho fundamental que es la vivienda para los trabajadores.
Queremos nada más y nada menos que eso, compañeras y compañeros, y gracias y bienvenidos todos los propósitos y propuestas que llegaron a esta tribuna para mejorar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a su ley y a esta iniciativa. Yo daría simple y sencillamente: los trabajadores quieren más y mejores casas, quieren un instituto mejor, una ley mejor y quieren alcanzar por esta vía esa cara aspiración de la justicia social, que es contar con un hogar, una buena forma de vivir y con un mayor bienestar para ello y para sus familias. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Marco Antonio García Toro.
El diputado Marco Antonio García Toro: - Con el permiso de la Presidencia; señoras y señores diputados:
Han sido los trabajadores testigos de la historia, una historia una historia que debe de cambiar y que se presupone a la nueva iniciativa a este dictamen que nos ocupa nos ha de llevar a ello.
Hemos visto cómo a través de los años y tenemos testigos presentes, del deterioro que sufrieron las aportaciones que sus patrones hicieron para el fondo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Hemos lamentado junto con ellos, porque en parte hemos sido testigos también presenciales de todas las anomalías, de todos los vicios que se vivieron en este instituto.
La iniciativa desde mi punto personal de vista, rescata los fondos de los trabajadores de la administración por parte de este instituto y deja al trabajador, como testigo, como fiscal, de esos fondos que habrán de ser situados en cuentas individuales para su fondo de vivienda.
Acción Nacional se ha propuesto siempre por una vivienda digna para los trabajadores, ha sido
pues uno de los puntos fundamentales que nos ha preocupado durante largos años de lucha. Todo aquel trabajador que no consigne una vivienda durante su período de vida útil, durante su período de trabajo y que tenga que llegar a recibir los fondos que su patrón depositó en su favor, pretendemos que no se deterioren como se deterioraron los fondos de los trabajadores que fueron depositados antes de esta fecha.
Por lo tanto, vengo a hacer una propuesta de adición de un último párrafo al artículo 39 de la ley nos ocupa, para quedar como sigue:
"El consejo deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores conserven permanentemente, por lo menos, su valor real."
Pretendemos con esta medida, señores diputados, que los fondos de los trabajadores vayan acordes al ritmo del crecimiento de los salarios de los mismos trabajadores, que cuando tengan que recibir los fondos por este concepto, no se reciban cantidades ridículas o irrisorias, como actualmente las perciben los trabajadores.
Aquí pues la propuesta, señores diputados; esperemos contar con el apoyo de todos ustedes, para beneficio de los trabajadores de México. Gracias.
El Presidente: - Agotada la lista de oradores, se va a dar cuenta con las propuestas de modificaciones presentadas por los diputados.
Ruego a la Secretaría dar lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Alejandro F. Treviño Abatte: - Esta propuesta fue retirada, señor Presidente.
El Presidente: - La propuesta hecha por el diputado Tomás Correa Ayala.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - Propuesta del diputado Tomás Correa Ayala. Artículo 40. El trabajador que cumpla 50 años de edad adquiere el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente total o incapacidad permanente parcial del 50% o más en los términos de esta ley o de algún plan de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por cuenta de instituto los fondos de la subcuenta de vivienda, situándoselas en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia, o bien entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Tomás Correa Ayala.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Tomás Correa Ayala.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Ruego a la secretará dar lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - Artículo 39: El saldo de la subcuenta de vivienda, pagará intereses en función del remanente de operación del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En ningún caso estos intereses serán menores al incremento de los salarios mínimos.
Artículo 47: (Un tercer párrafo) Los trabajadores podrán recibir crédito por una segunda vez, para ampliar o mejorar su vivienda o adquirir una nueva en sustitución de la que tenga, siempre que hubiesen transcurrido por lo menos 15 años después de haber ejercido el primer crédito, que éste se encuentra saldado y que no posea el trabajador otro inmueble.
El diputado Fernando Lerdo de Tejada Luna (desde su curul): - Señor Presidente, están presentando dos propuestas que ahorita acaba de leer la Secretaría. Le pediríamos en primer lugar, que las volviera a leer y, en segundo lugar, que se votaran en forma diferenciada, separadas las dos.
El Presidente: - Proceda la Secretaría, por favor.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - Artículo 39: El saldo de la subcuenta de vivienda pagará intereses en función del remanente de operación del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En ningún caso estos
intereses serán menores al equivalente al incremento de los salarios mínimos.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite o se desecha tal modificación.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - En votación económica se pregunta si se desecha la modificación propuesta por el diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Dé lectura la Secretaría a la siguiente propuesta.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - Artículo 47: (Tercer párrafo) Los trabajadores podrán recibir crédito por una segunda vez para ampliar o mejorar su vivienda o adquirir una nueva en situación de la que tengan, siempre que hubiesen transcurrido por lo menos 15 años después de haber ejercido el primer crédito, que éste se encuentre saldado y no posea el trabajador otro inmueble.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite o se desecha la propuesta del diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Juan Luis Calderón Hinojosa.
Los que estén por la afirmativa , sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - La supervisión del artículo tercero transitorio de este proyecto de decreto.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha tal propuesta.
El secretario diputado Armando Treviño Abatte: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la secretaría con la siguiente propuesta del diputado Francisco Javier Saucedo Pérez.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - Artículo 40. El trabajador que adquiere el derecho a disfrutar una pensión de cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, parcial, permanente de más de 50% o invalidez total permanente, jubilación o defunción, en los términos de la Ley del Seguro Social o de la Ley Federal del Trabajo o del Fondo Privado de Pensiones, establecido por su patrón, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual o de ahorro para retiro, le entregue la cuenta del instituto, los fondos de la subcuenta de vivienda, más una cantidad adicional o una suma igual al total de la cuenta del trabajador, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador o sus beneficiarios designen, a fin de adquirir una pensión vitalicia o bien entregándoselos al propio trabajador o sus beneficiarios en una exposición. El trabajador que deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 50 años o más de edad, tendrá derecho a que se le haga la entrega del total de los depósitos que se hubieran hecho a su favor en los términos de esta ley.
El Presidente: - Consulta la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Adolfo F. Treviño Abatte: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con la lectura a la siguiente propuesta del diputado Francisco Javier Saucedo Pérez.
El secretario diputado Armando F. Treviño Abatte: - Artículo 67. Los fondos de las subcuentas de vivienda a que esta ley, la Ley del Seguro Social, se refieren, no podrán ser objeto de compensación, sesión o embargo, excepto cuando se trate de los créditos otorgados con cargo al
Fondo Nacional de la Vivienda y cuando suceda lo establecido por el artículo 40 de esta ley y por lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en su artículo 141.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - En votación económica se pregunta si se admite la modificación propuesta por el diputado Francisco Javier Saucedo Pérez.
Los que estén por la afirmativa, sírvense manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría de dar lectura a la modificación propuesta por el diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - Artículo tercero transitorio. A la entrada en vigor del presente decreto, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - Se consulta a la asamblea en votación económica, si es de aprobarse esta propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Tomás González de Luna.
El secretario diputado: Amado F. Treviño Abatte: - Artículo 4o. El trabajador que cumpla 65 años de edad adquiera el derecho a disfrutar una pensión por cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad permanente o total o incapacidad permanente parcial del 50% o más, en los términos de la Ley del Seguro Social o de algún plan de pensiones establecido por su patrón o derivado de contratación colectiva, tendrá derecho a que la institución de crédito que lleve su cuenta individual de ahorro para retiro, le entregue por cuenta del instituto los fondos de la subcuenta de vivienda, situándoselos en la entidad financiera que el trabajador designe, a fin de adquirir una pensión vitalicia o bien entregándoselos al propio trabajador en una sola exhibición.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a consultar a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Tomás González de Luna.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - Por instrucciones del Presidente, se consulta a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la proposición del diputado Tomás González de Luna.
Los diputados que estén por al afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada. señor Presidente.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar lectura a las modificaciones propuestas por el diputado Jorge Mejía Tobías.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - Artículo 16, fracción VII. Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de administración operación y vigilancia del instituto, los que no deberán de exceder del 0.75% de los recursos totales que maneje. El Consejo de Administración deberá de someter a dictamen de auditores externos el ejercicio del Presupuesto de Gastos a que se refiere el párrafo anterior, previamente a que lo presente a la asamblea general para su aprobación. El Consejo de Administración preocupará que los gastos a que se refiere la presente fracción, sean inferiores al límite señalado.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite la modificación propuesta.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse la propuesta del diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar lectura a las modificaciones del artículo quinto transitorio propuestas por el diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías, también.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Artículo 5o. Las aportaciones previstas por el artículo segundo transitorio del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la
Ley del Seguro Social y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las cuales serán por el equivalente al 8% del salario base de cotización de los trabajadores a que se refiere el último párrafo del artículo 33 de la Ley del Seguro Social, al primero de mayo de 1992 elevado al mes , así como las mencionadas en el párrafo anterior de este artículo, se tendrán que efectuar en una misma fecha dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento de tales aportaciones.
El Presidente: - Consulte la secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Se consulta la asamblea en votación económica si es de aprobarse la propuesta del diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la Secretaría dando lectura a la modificación al artículo décimo tercero transitorio propuesto por el diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Artículo 13. El propuesto de gastos de administración, operación y vigilancia del instituto, a que se refiere la fracción VII del artículo 16 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, para los años de 1992, 1993, 1994 y 1995, no deberán exceder respectivamente, del 1.3%, de 1.10%, del 0.9% y del 0.8% de los recursos totales que maneje el instituto.
A partir del año de 1996, el presupuesto de gastos citado, deberá ajustarse a lo dispuesto en la fracción VII del artículo 16 mencionado.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse la propuesta del diputado Jorge Vinicio Mejía Tobías.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la secretaria dando lectura a las modificación propuestas por la diputada Patricia Ruiz Anchondo.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Artículo 45. Las convocatorias para las subastas de financiamiento, se formularán por el consejo de administración, conforme a criterios que tomen debidamente en cuenta la equidad y adecuada distribución entre las distintas regiones y localidades del país, procurando la desconcentración de las razones urbanas más densamente pobladas.
Al formular dichas convocatorias, se tomarán en cuenta las promociones de los sindicatos de los trabajadores y de las cooperativas de trabajadores solicitantes de vivienda, sin importar su filiación en una confederación, bloque o partido político, de manera de fortalecer los procesos autoadministrativos para la construcción de vivienda y del sector patronal.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - En votación económica, se consulta a la asamblea si es de aprobarse la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la propuesta de la diputada Patricia Ruiz Anchondo, relativa al artículo 47.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Artículo 47. Los créditos a los que se refiere la fracción primera del artículo 47, se asignarán por medio de sorteos, entre los beneficiarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Estos sorteos se realizarán periódicamente. Para participar en dichos sorteos, sólo se requerirá cumplir los siguientes requisitos generales: ser titular de una cuenta individual de la subcuenta de vivienda, a las que se refiere el artículo 38 de esta ley y no haber sido beneficiario de un crédito para vivienda, anteriormente; que el beneficiario integre un núcleo familiar y tenga necesidad de la vivienda.
La asignación por sorteo de los créditos de vivienda, se realizará destinando: Primero, el 40% de los fondos prestables para trabajadores cuyos ingresos familiares se ubiquen de uno a 2.5 mínimos mensuales.
Segundo, el 32% de los fondos prestables para los trabajadores cuyos ingresos familiares sean mayores a 2.5 salarios mínimos, hasta cinco salarios mínimos.
Tercero, el 27.5% de los fondos prestables para trabajadores cuyos ingresos familiares sean mayores a cinco salarios mínimos. Los fondos prestables referidos en los incisos 1o. 2o. y 3o. se distribuirán en las regiones económicas del país de acuerdo a criterios que al afecto establezca el consejo de administración; se buscará en todo caso el desarrollo regional equilibrado y la descentralización de las grandes ciudades, sin desatender las urgentes necesidades de vivienda ya existentes en éstas.
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha tal modificación propuesta.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse la modificación propuesta por la diputada Patricia Ruiz.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la modificación propuesta por la diputada Graciela Larios Rivera.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Artículo 41. Cuando un trabajador hubiere recibido crédito del instituto, esté le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de prestar sus servicios a un patrón una prórroga sin tasa de interés en los pagos de amortización que tenga que hacerle por concepto de capital e intereses. Para el efecto, el trabajador acreditado deberá dar aviso al instituto entre el mes siguiente a la fecha en que deje de prestar sus servicios al patrón. La prórroga tendrá un plazo máximo de 12 meses, independientemente de que exista litigio en trámite sobre la substancia de la relación de trabajo y terminará anticipadamente cuando el trabajador vuelva a estar sujeto a una relación de trabajo. La asistencia de los supuestos a que se refiere este artículo y el anterior, deberá comprobarse ante el instituto.
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - En votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse la modificación propuesta por la diputada Graciela Larios.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la modificaciones propuestas por el diputado Arturo Torres del Valle.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - Artículo 36. las aportaciones previstas en esta ley, así como los intereses de la subcuenta de vivienda a que se refiere el artículo 39, estarán exentos de toda clase de contribuciones fiscales.
Esta es la primer proposición.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Arturo Torres.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la proposición respecto al artículo 36, presentada por el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la siguiente modificación propuesta por el diputado Arturo Torres.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - Artículo 40. La entrega de las cantidades a que se refiere el presente artículo, no podrá exceder del término de siete días hábiles y generará intereses hasta su fecha de entrega, a la tasa que pagan las instituciones de crédito para depósitos a 30 días. En caso de incumplimiento por parte de institución obligada a efectuar la devolución, este hecho será reclamable ante la Comisión Nacional Bancaria, sin
perjuicio de las acciones legales que pudieran ejercitar los beneficiarios contra la institución responsable.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - En votación económica se pregunta si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se desecha, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la modificación propuesta respecto del artículo 42, por el diputado Arturo Torres del Valle.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - Artículo 42, fracción V: Los contratos y las operaciones relacionados con los inmuebles a que se refiere este artículo, así como el desarrollo y ejecución de los conjuntos de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del instituto, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federación y en su caso, el precio de venta. El resto del artículo permanece igual.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Arturo Torres del Valle, del Partido Acción Nacional.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura a la modificación propuesta por el diputado Marco Antonio García Toro.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - El consejo deberá observar en todo momento una política financiera y de créditos dirigida a lograr que los ahorros individuales de los trabajadores conserven permanentemente por lo menos su valor real.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por el diputado Antonio García Toro, del Partido Acción Nacional.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con la lectura a la modificación propuesta por la diputada Evangelina Corona.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - La Contaduría Mayor de Hacienda de esta Cámara de Diputados realizará una auditoría al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y deslindará responsable por aquellos actos que atentaban contra la legislación actualmente vigente de dicho organismo. Esta auditoría estaría a cargo de una comisión de diputados integrada pluralmente; la auditoría abarcará el período de actividades de dicho instituto, que va desde su inicio de operaciones hasta el 31 de diciembre de 1991.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Evangelina Corona.
El secretario diputado Hiram Luis de León Rodríguez: - En votación económica se pregunta a la asamblea, si se admite o se desecha la modificación propuesta por la diputada Evangelina Corona Cadena, del Partido de la Revolución Democrática.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Aclaramos que fueron 84 votos por la afirmativa.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - En virtud de la autorización de la asamblea para discutir en lo general y en lo particular el proyecto del decreto, proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.
El secretario Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto.
Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
Señor Presidente, se emitieron 375 votos en pro y 38 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por 375 votos.
Aprobado el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente: - Solicitó el uso de la palabra el diputado Manuel Jiménez Guzmán.
El diputado Manuel Jiménez Guzmán: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados federales:
Hemos concluido un trabajo importante de una iniciativa, por medio de la cual se han expresado diversos planteamientos, ideas, propuestas y creemos que hemos avanzado de manera importante en este ramo.
Sin embargo, también para los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, hay un asunto que, de manera reiterada en las diversas exposiciones de los oradores, de nuestros compañeros, de todas las fracciones parlamentarias, fue común denominador y, este común denominador es el problema de la vivienda en nuestro país. Sus problemas internos, la forma de afrontarla, su visión hacia el futuro, la forma en que la Cámara pudiera replantear algunos argumentos y propuestas al respecto.
En este sentido, me voy a permitir leer un punto de acuerdo, firmado por diversas fracciones parlamentarias aquí representadas:
Punto de acuerdo único. Reconociendo que el problema de vivienda en México constituye una de las demandas fundamentales, consideramos que éste debe verse de manera integral y, por lo mismo, las comisiones competentes de la honorable Cámara de Diputados, realizarán las consultas necesarias y buscarán la información indispensable, a efecto de que se les permita emitir en el próximo período de sesiones ordinario sus opiniones y propuestas al respecto y de esta manera coadyuvar en la solución del mismo problema de la vivienda en el país.
Atentamente.
Por el Partido de la Revolución Democrática, diputada Rosa Albina Garavito; por el Partido Revolucionario Institucional diputado Fernando Ortiz Arana; por el Partido Popular Socialista, diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido Acción Nacional, diputado Diego Fernández de Cevallos; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Adolfo Kunz Bolaños; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Manuel Terrazas. Muchas gracias.
El Presidente: - De enterado.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
El Presidente: - Esta Presidencia acaba de recibir un acuerdo parlamentario.
Se ruega a la Secretaría dar cuenta con él.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Por instrucciones de la Presidencia, se da lectura al acuerdo parlamentario:
«ACUERDO PARLAMENTARIO PARA REGULAR LA DISCUSIÓN SOBRE LA LEY AGRARIA
CONSIDERANDO
Que en el marco del Acuerdo Parlamentario para regir los trabajos del Primer Período de Sesiones Extraordinarias cuyo propósito es optimizar el trabajo legislativo, los coordinadores de los grupos partidistas, a fin de que se discuta la Ley Agraria, han tenido a bien suscribir el siguiente
ACUERDO
Primero. La discusión en lo general de la Ley Agraria se verificará en las sesiones de los días 19 y 20 de febrero. En lo particular la discusión será el día 21 del propio mes.
Segundo. En la discusión en lo general de la Ley Agraria participarán hasta tres oradores por cada grupo parlamentario haciendo uso de la palabra hasta por 30 minutos cada uno.
Tercero. La sesión iniciada el día 20 de febrero concluirá cuando se efectúe la votación correspondiente.
Cuarto. En la sesión del día 21 se discutirá la Ley Agraria en lo particular, ordenándose, su discusión, por títulos. Por lo mismo se debatirán todos los artículos correspondientes a cada título mismos que se votarán nominalmente.
Quinto. La intervención de cada orador, en la discusión en lo particular, procurará ajustarse un máximo de diez minutos.
Sexto. La sesión del día 21 de febrero concluirá cuando se hayan debatido y votado los títulos que integran la Ley Agraria.
Por el Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; por el Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos; por el Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo Armenta; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos E. Cantú Rosas y por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe con la votación, señor secretario.
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se aprueba el acuerdo parlamentario que acabamos de leer.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el acuerdo, señor Presidente.
(*) LEY AGRARIA
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día, es la segunda lectura al dictamen relativo al proyecto de la Ley Agraria.
En atención a que este dictamen ha sido ya impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.
Es de segunda lectura, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia, está a discusión en lo general.
El diputado Francisco Hernández Juárez (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Francisco Hernández Juárez (desde su curul): - Para presentar una moción suspensiva.
El Presidente: - Para presentar una moción suspensiva, tiene el uso de la palabra el compañero diputado Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 3 del día 17 de marzo de 1992
Los campesinos, ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios de México, están muy atentos en nuestro trabajo legislativo de estos días, porque de ello depende que mejoren sus condiciones de vida o abrimos el camino para convertirlos en peones de los neolatifundistas.
Las fuerzas democráticas, progresistas y revolucionarias de México estamos muy preocupados por el contenido del artículo de la ley reglamentaria a discusión y por eso deseamos hacer un debate a fondo, para poner la bases jurídicas del desarrollo agropecuario y vamos a expresar nuestros juicios con claridad y con el espíritu revolucionario que nos caracteriza.
Es evidente que el dictamen sobre la iniciativa de la Ley Agraria a discusión, elaborada y presentada a este pleno por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, no recoge las opiniones de los campesinos, ejidatarios y auténticos pequeños propietarios, expresadas en los foros de consulta que diversas organizaciones campesinas realizaron en diversos lugares del país.
Esta afirmación está sustentada en el hecho de que cuando la iniciativa estaba ya presentada en esta Cámara, los foros de consulta apenas se estaban realizando, como por ejemplo los que se efectuaron en los estados de Zacatecas, Campeche, Querétaro y Guerrero y los que se realizaron en el propio Distrito Federal.
La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, cuyo dictamen hoy está sometiendo a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, sólo refleja la protección de los intereses de los latifundistas y neolatifundistas así como de empresarios que sólo tienen metida en la cabeza el producir productos agropecuarios de exportación, sin importarles producir alimentos suficientes para las necesidades de los mexicanos.
En el articulado de la ley se refleja este hecho. No sé, en verdad, qué van a informar los líderes campesinos a los ejidatarios y campesinos que agrupan sus centrales.
Los ejidatarios y comuneros que participaron en los foros mostraron su desconfianza a las reformas que se hicieron al 27 constitucional. ¡Temen perder sus parcelas y ser devorados por los capitalistas nacionales y extranjeros, al introducirse en la ley la posibilidad de vender sus parcelas! Mostraron preocupación al asociarse con las sociedades mercantiles, porque los capitalistas siempre actúan con ventajas y en tanto ellos quedarían sin protección estatal.
Aún abrigan la esperanza de ser defendidos por el gobierno, inclusive asociarse con él para la producción y la comercialización de sus productos. Desean participar en la planeación de la producción, así como en el proceso de la agroindustria. Siguen clamando los créditos oportunos y baratos, así como la asistencia técnica y agua.
Nuestros campesinos rechazaban rotundamente la idea de vender sus parcelas, porque no quieren ser peones otra vez. Quieren la verdadera democracia y no la explotación, quieren, en fin, el mejoramiento de sus condiciones de vida y se prosiga, por encima de todo, con los ideales de Emilio Zapata.
Todas estas cosas, compañeros diputados, no están en la Ley Reglamentaria. Nosotros percibimos que la misma sólo sienta las bases jurídicas para privatizar el ejido y acabar en poco tiempo con la propiedad que nos dio la Revolución; sólo sienta las bases para el desarrollo capitalista en el campo, que es contrario al nacionalismo revolucionario surgido de la Revolución Mexicana de 1910.
Por lo anterior y con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 109,110 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos solicitar a esta soberanía que decrete la suspensión del proceso legislativo de discusión y, en su caso, aprobación del dictamen relativo a la iniciativa de Ley Agraria.
Para tal efecto, nos permitimos hacer las siguientes
CONSIDERACIONES
Primera. Esta honorable asamblea debe ejercer con plenitud su soberanía, determinando por sí misma los tiempos para realizar sus trabajos.
Segunda. La iniciativa relativa a la Ley Agraria, junto con las que forman el paquete enviado a esta representación nacional para el presente período extraordinario de sesiones, apenas fueron distribuidas hace aproximadamente una semana a los diversos grupos parlamentarios, circunstancia que ha impedido un análisis y discusión profunda de tales documentos, establecer las bases legales orgánica y reglamentarias que definan los derechos, facultades, obligaciones procedimientos en materia agraria, conforme a los ordenamientos de las recientes modificaciones al artículo 27 constitucional; requiere de un estudio serio y meditado, que no puede
realizarse en breve tiempo si tomamos en cuenta, además, que se trata de normas de gran transcendencia para la vida económica, política y social de la nación.
Tercera. Un gran sector de la sociedad, como son los campesinos de México, destinatarios directos y protagonista principales de la producción agropecuaria en nuestro país, no han sido consultados; ellos sufrirán las consecuencias económicas, sociales y jurídicas que implican las nuevas normas.
Además, muchos foros de ejidatarios y comuneros se realizaron después de haberse recibido la iniciativa por esta Cámara, como se ha dicho.
Cuarta. De una rápida lectura del dictamen a debate se desprende que contiene deficiencias, contradicciones y hasta ordenamientos inconstitucionales; a guisa de ejemplo podemos explicar que el artículo 27 constitucional en su nueva redacción establece y manda la protección a la integridad de los ejidos, en tanto que la iniciativa de Ley Agraria y Dictamen a debate no se garantizan dicha protección, estipulando incluso la aplicación supletoria de las disposiciones del Código Civil y aun del Código de Comercio, ordenamiento esté que entró en vigor hace más de un siglo.
Quinta. Es de justicia y de equidad que esta honorable Cámara de Diputados convoque a un Foro Nacional de Consulta, a fin de que expresen las opiniones de las diversas organizaciones campesinas y se recoja así el sentir y voluntad del pueblo, traduciéndolo en una verdadera iniciativa democrática.
Sexta. Por tanto se hace menester mayor tiempo y mayores elementos de juicio para discutir y aprobar en su caso la iniciativa de ley puesta a debate, con alta responsabilidad que nos impone la investidura de representantes del pueblo mexicano.
Es de tomarse en consideración que no es positivo para el pueblo y la nación llevar a cabo un proceso de tanta trascendencia en un tiempo demasiado breve. Por tanto, con fundamento en los dispositivos invocados, los suscritos diputados de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Moción Suspensiva:
«El Pleno de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, suspende la discusión del dictamen de Ley Agraria para someter el contenido de la iniciativa a las consultas que se requieran y se traslade la discusión del mismo al siguiente período ordinario del alto cuerpo de representación nacional.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 19 días del mes de febrero de 1992. - Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática: diputada Rosa Albina Garavito; diputado Gilberto Rincón Gallardo; diputado Raymundo Cárdenas Hernández; diputado Jorge A. Calderón Salazar. Por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista: diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; diputado Martín Tavira Urióstegui y diputado Francisco Hernández Juárez.»
Dejo esta proposición a la Secretaría.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se toma en consideración inmediatamente para su discusión la moción suspensiva.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: En votación económica se pregunta si se admite para su discusión la moción suspensiva.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvense manifestarlo... Se admite para su discusión, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre el registro de oradores. El compañero Gilberto Rincón Gallardo, en pro; Heli Herrera Hernández, a favor; Enrique Rico Arzate, a favor; Salvador Valencia, en contra; José Merino Castrejón, Melquiades Morales, en contra.
Se concede el uso de la palabra al diputado Gilberto Rincón Gallardo. El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Ya es muy comentada la prisa con la que se legisla en esta Cámara, pero en algunos casos esta prisa es particularmente grave, porque estamos legislando sobre una materia que traerá consecuencias inmediatas y transformaciones en la estructura social del campo mexicano; es decir, legislando en esta materia estamos cambiando al país.
Por esta razón hemos presentado, junto con el Partido Popular Socialista, la propuesta de moción suspensiva y pedimos que se legisle sobre esta materia hasta el período ordinario, sobre
todo por que no queremos legislar sin consenso y legislarse ahora se estará legislando sin consenso, sobre una materia particularmente importante, porque hay que recordar que se modificó el artículo 27 de la Constitución, esos elementos básicos como es el reconocimiento de capacidad a pueblos y congregaciones para disfrutar en común sus tierras, bosques y aguas; el derecho de esas corporaciones de pobladores a poseer tierras en cantidad bastante para satisfacer sus necesidades y la obligación del Estado de dotar o ampliar los núcleos de población o a los ejidos que lo requieran, con cargo también a los latifundios existentes.
Ahora se presenta una iniciativa de Ley Agraria enviada por el Poder Ejecutivo, que va a regular, a reglamentar este nuevo artículo 27 constitucional.
Hay cuestiones como estás en esta iniciativa. La materia agraria, ejidal y comunal, sale ya de la esfera del interés público, lo que significa que la sociedad no tiene interés en tutelar, proteger o preservar los intereses del campesinado, ejidatarios, comuneros y pueblos carentes de tierra. Esta iniciativa de ley establece esencialmente normas o reglas jurídicas para que la propiedad ejidal y comunal transiten a la propiedad privada y se concentren en sociedades y grandes extensiones de tierra
Al legislar en esta dirección, estamos cambiando el lema de "La tierra es para quien lo trabaja", por el de " La tierra es para quien tiene dinero para pagarla".
En la iniciativa hay reglas que permiten la conformación de nuevos latifundios. Es prácticamente la puerta abierta a la expropiación. Se sientan efectivamente bases para un nuevo reparto agrario, pero es expropiación ahora de las tierras ejidales y comunales; se crean procedimientos de reubicación y deslinde muy parecidos a los de las de las compañías deslindadoras y se abre la tierra a la lucha de las posesiones.
Decía ayer un diputado, que aquí existe lo que él llamo el minoriteo y lo definió como la oposición, sistemática e irracional, a todo. Yo quiero decir que nos hemos opuesto a la inmensa mayoría de las propuestas y de estas iniciativas, porque todas están en un mismo rumbo, porque todas son puerta abierta al capital y están pensadas dentro de un esquema neoliberal , en el que el México de la propiedad social queda enterrado.
Así como ayer hablábamos del fondo de retiro, al que nos opusimos no tanto por su insignificancia en el monto, sino principalmente porque el manejo de todo ese dinero se daba para los bancos y con eso se encontraba una nueva puerta para entregar más recursos a los bancos, así nos hemos opuesto a todas estas medidas que tienen un mismo sentido, el sello clave de lo que ha sido la política del actual gobierno.
El programa gubernamental de modernización en el campo junto a las reformas legislativas, corresponde a un modelo de desarrollo hacia afuera que impulsa el gobierno y en el que Tratado de Libre Comercio ocupa un lugar estratégico y además está señalando los ritmos en los que nosotros debemos legislar y con eso abrimos la puerta a que otras influencias de carácter extranjero vengan a ser parte fundamental en el ordenamiento de los ritmos de esta Cámara.
Esta reforma que se está proponiendo responde en realidad a un discurso ideológico que sostiene, que será únicamente el capital privado el capaz de sacar a la economía nacional adelante.
Durante la discusión sobre el artículo 27 de la Constitución, sostuvimos que la crisis por la que atraviesa el campo mexicano y su descapitalización responde a causas económicas mucho más que a causas jurídicas.
No obstante el equipo neoliberal en el poder, de acuerdo a sus preceptos, ha puesto al ejido en el banco de los acusados, responsabilizándole de esta crisis y ha decidido fortalecer el gran capital nacional y extranjero.
El pacto social con los campesinos se rompió a partir de la reforma al artículo 27 constitucional.
No estamos ni hemos rechazado por sistema y mucho menos por irracionalidad este conjunto de propuestas, sino por los graves efectos que implican en este caso para los campesinos y en la economía nacional y agrícola, por el tipo de modelo que se está impulsando, que ignora los preceptos fundamentales de la Constitución, fruto de la lucha armada y de las aspiraciones más legítimas del pueblo mexicano, de vivir en un país libre y soberano.
Así esta nueva iniciativa de legislación agraria impulsa el debilitamiento y en muchos casos la desaparición del ejido. En la continuación de esta línea el actual gobierno ideó el Programa Nacional de Modernización del Campo, reformó el artículo 27 constitucional y lleva adelante su propuesta con la Ley de la Reforma Agraria.
El proceso que se siguió y que ha estado realizándose para estos cambios, es el mismo que ha caracterizado al actual régimen: la vía rápida.
Ahora nos estamos enfrentando a la realidad de legislar sin consenso. Numerosas organizaciones campesinas, campesinos, investigadores y ciudadanos en general, has propuesto por distintas vías, aunque sea de la manera desordenada que nos imponen las prisas, numerosos cambios al proyecto agrario puesto en marcha sin que hayan sido escuchados.
Los mecanismos gubernamentales han sido excluyentes. Si con equis métodos el Poder Ejecutivo logró la firma de distintas organizaciones sociales y campesinas para el apoyo a los cambios al 27, métodos que tienen que ver con las ofertas inmediatistas, ahora está claro que eso ha sido imposible de lograr y hay un sinnúmero de propuestas que no han sido tomadas en cuenta y no hay forma de que en plenarias de este tipo sean tomadas en cuenta.
Son muchas, no se trata de pocas las propuestas. El Congreso Agrario Permanente tiene más de 80 propuestas que reforman 80 artículos de esta iniciativa y yo voy a dar lectura a una breve carta que está firmada por la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, por la Unión General de Obreros y Campesinos de México y la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas. Sus cuatro secretarios generales la firman y nos la envían a todos los grupos parlamentarios. Dice así:
" El movimiento campesino nacional agrupado en las organizaciones abajo firmantes, expresa su profunda preocupación por los tiempos que la honorable Cámara de Diputados ha señalado para analizar, estudiar, debatir y eventualmente aprobar la iniciativa de ley reglamentaria del artículo 27 constitucional enviada por Ejecutivo Federal, por considerar que:
Primero, la crisis que afecta el campo mexicano y que tiende a ser enfrentada por las modificaciones a la Constitución y a las leyes, creando un nuevo marco jurídico al no ser consultado, no toma en consideración la opinión, experiencia e intereses particulares del movimiento campesino que representamos.
Segundo, las organizaciones campesinas demandamos la realización de foros y consultas para hacer aportaciones específicas y enriquecer el contenido de la iniciativa de ley. El debate democrático, abierto y plural debe conducir al diálogo y la concertación nacional en torno al nuevo marco jurídico para el campo mexicano.
Tercero, las modificaciones legales al marco jurídico de la tenencia de la tierra, requieren de una mayor consulta de todos los interesados y sobre todo del sector social, ejidal y comunal, que resultaría el más afectado de aprobarse como está y con precipitación el texto de la iniciativa recibida por esta Honorable Cámara de Diputados.
Cuarto, el riesgo de la desarticulación territorial de los ejidos y comunidades agrarias como propiedad social, permea el texto de la iniciativa de ley y contradice lo expresado en el artículo 27 constitucional, motivo por el cual las organizaciones campesinas están comprometidas a contribuir a su defensa, aportando elementos y reflexiones para ser considerados en el debate a realizar por la honorable Cámara de Diputados.
Quinto, la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, será de interés público y de observancia general para toda la República. Por ello, debe ser producto de un amplio debate y consulta nacional en la que participe toda la sociedad.
Sexto, el Ejecutivo Federal expresó en diversas ocasiones que el contenido de la Ley Reglamentaria sería claro y sencillo. Las organizaciones campesinas, al analizar la iniciativa de ley, han encontrado una conceptualización poco clara y sobre todo contradictoria, tanto en términos contenidos y en sus fundamentos jurídicos, razón por la cual deberá hacerse una revisión a fondo y puntual.
Por las consideraciones anteriores, demandamos de la honorable Cámara de Diputados, posponer el debate de esta iniciativa hasta el período ordinario de sesiones. 500 diputados no deben decidir y resolver apresuradamente en lo que involucra a 20 millones de mexicanos.
Realizar una consulta nacional democrática sobre el texto de la iniciativa presentada para incorporar, enriquecer su contenido, de tal manera que ello posibilite un consenso y no una imposición; que los diputados asuman su función legislativa con actitud patriótica y nacionalista de la defensa de los intereses sociales e históricos del ejido y la comunidad y de la integridad del territorio nacional".
Atentamente y las firmas de los secretarios generales de las cuatro organizaciones que antes mencioné.
Hay formas de buscar el consenso, de sentarse a realmente encontrar soluciones que nos lleven a resultados democráticos en las que se pueda recoger la participación, o se pueden hacer foros intranscendentes de exposiciones, que no van a ser tomadas en cuenta posteriormente.
Hay formas y formas. Nosotros proponemos que se busque un período distinto de sesiones de la Cámara, para que en este tiempo las opiniones puedan salir a flote. Estamos seguros de que no son las de la destrucción del ejido; estamos seguros que no son la de perder los límites de la regulación entre la propiedad del suelo y la soberanía; estamos seguros de que un método democrático que nos podría llevar a un texto que tuviera el consenso y que fuera realmente respaldado y estamos seguros, por eso lo proponemos, que las cuestiones fundamentales que contiene esta iniciativa no sólo no tienen el respaldo, sino que van ha traer consecuencias graves que pueden llevar a la violencia en el campo. Queremos evitarlo; queremos encontrar los caminos del consenso y de la concentración y por eso proponemos esta moción suspensiva. Muchas gracias.
El Presidente: - Continúa el diputado Salvador Valencia Carmona, en el uso de la palabra, para hablar en contra de la propuesta.
El diputado Salvador Valencia Carmona: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Me he inscrito para hablar en contra de la moción suspensiva que se ha planteado por algunos partidos políticos. Si ustedes leen con cuidado los artículos correspondientes a la moción suspensiva en nuestro Reglamento Interior, se percatan que es un dispositivo o mecanismo que se emplea para casos muy precisos. Se dice ahí que cuando no hay el quórum suficiente, que cuando hay desorden en la sala, caso que no observo; que también cuando hay pues un asunto de urgente necesidad o se ha acordado o pasado la hora correspondiente y en fin, en un último supuesto se habla también de que debe haber cosa fundada para esa suspensión.
Es un mecanismo, pues, para supuestos jurídicos muy claros; para supuestos jurídicos muy precisos y lo que he notado es que desagraciadamente en esta legislatura, se ha desviado el sentido de lo que es la moción suspensiva. La moción suspensiva como la contempla el reglamento, no es un predebate; la moción suspensiva tiene propósitos, como lo dijimos, muy definidos, que no se surten en el caso que estamos nosotros discutiendo.
Bastarían estos simples argumentos para levantarse y votar en contra de esta proposición.
Quiero decirles también que me ha llamado la atención que se haya puesto de moda, por así decirlo, esta moción suspensiva en esta legislatura y no creo que sea para bien. No creo que sea para bien, porque incluso ya en algunos medios de difusión leía yo precisamente con motivo de que ya en cualquier iniciativa, la moción suspensiva surge.
Y por eso dicen algunos comentaristas: "estéril discusión de los señores diputados. Perdieron equis número de horas discutiendo si debían o no debatir la ley, cuando hay cosas tan urgentes en este país, que reclaman la atención de los señores legisladores". No son palabras mías; son palabras de varios y distinguidos comentaristas de los asuntos políticos de este país.
Pero más todavía, creo yo que si algo se ha trabajado con seriedad en la Cámara, que si a algún tema se le ha puesto el mayor cuidado para elaborarlo bien, es éste que estamos discutiendo del asunto agrario, porque en México el problema de la tierra es el problema de siempre y requiere de normas que están urgiendo: los problemas en los ejidos, en las comunidades, en distintos puntos del país. No van a esperar; ya los principios constitucionales fueron dados hace algún tiempo y no hay que dejar ese vacío de manera permanente; hay que cubrirlo y ya.
Yo quiero expresarles que como miembro de la Comisión de Gobernación, unida a la Reforma Agraria y otras comisiones que han trabajado con gran cuidado en el proyecto recibieron los puntos de vista de las organizaciones a que se refirió el compañero diputado Rincón Gallardo, los puntos de vista de los compañeros del Partido Popular Socialista, que son muy atendibles y muy respetables y que deberán tomarse en cuenta precisamente a la hora de discutir la ley tanto en lo general como en lo particular.
Por eso mismo me llamó la atención que en el acuerdo parlamentario que se tomó hace algunos momentos, se haya procurado un proceso ágil. Yo felicito sinceramente a los que hicieron este acuerdo parlamentario, porque tratan de que el debate se vuelva ágil, para provecho mismo de la ley.
Por eso me parece un contrasentido que mientras se pretende aligerar el procedimiento de discusión en lo general y en lo particular, por otro lado se acuda a este dispositivo de la moción
suspensiva que de ninguna manera se surte en el caso que estamos nosotros ahora debatiendo.
Por estas razones la mayoría de los diputados, los de mi partido, estoy seguro que van a coincidir también otros partidos, creemos que no es procedente de ninguna manera de acuerdo con el Reglamento Interior, la moción suspensiva. Creo que el campo de México está esperando las normas antes de que la costumbre o las desviaciones u otro tipo de instituciones vengan a colmar este vacío.
No podemos todos los diputados detenernos en esta tarea. Vamos a trabajar y a trabajar en serio. Muchas gracias.
El diputado Martín Tavira Urióstegui (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - El compañero diputado Martín Tavira Urióstegui, solicita la palabra para hechos. Tiene la palabra.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
El diputado que acaba de hablar, ha hecho referencia a algunas cuestiones formales. No debe ignorar el señor diputado que estamos ante un reglamento completamente obsoleto, en donde están los artículos precisos que puedan prever una proposición de moción suspensiva. Ha querido hacer una interpretación literal del reglamento.
Pero en ninguna parte, creo yo, del mundo, la interpretación de las normas es literal. Siempre es una interpretación lógica, sistemática y en todo caso, en un cuerpo de representación popular como éste, que es, muy diferente a un simple tribunal, debe haber la suficiente libertad para hacer las proposiciones que mejor convengan al trabajo legislativo.
El habla de que las cosas son urgentes, que hay que llenar un vacío y ya, que hay que llenar un vacío y ya. Pero ¿cómo llenar ese vacío?
Es fácil redactar las leyes reglamentarias, depende de la materia de que se trate. Una ley reglamentaria, por ejemplo, de algún artículo constitucional como el primero, que prohibe la esclavitud, o ¿cuál será?, ¿será el primero, será el segundo? ¡Perdonen! No costaría mucho hacer el reglamento, la ley reglamentaria del artículo que prohibe la esclavitud.
Pero estamos ante cambios de suma trascendencia, que trastocan toda la estructura jurídica relativa al campo, que modifican una disposición esencial de la Carta Política de Querétaro.
¿De cuántas cuartillas consta la iniciativa y de cuántas cuartillas consta el dictamen? Porque bien señoras y señores diputados, la obligación de todos es, no tan solo leer la exposición de motivos y el articulado de las iniciativas. Se requiere el estudio, el análisis, el análisis y la síntesis, que son dos procesos lógicos inexplicablemente unidos. ¿Cómo se va a hacer este análisis y esta síntesis de un proyecto y de un dictamen en los ocho días que tienen los señores diputados para ese trabajo?
Por otra parte, hay un ángulo que brevemente quiero tocar. Nosotros hemos siempre, en nuestra historia, seguido el principio de la división del poder, o de la sí división de poderes Desde los sentimientos de la nación hasta la Constitución actual, siempre hemos tomado esta doctrina como propia para la estructura de nuestro gobierno y el régimen democrático. Pero ¿en dónde esta la teoría de Montesquieu, de los pesos y contrapesos, de que el Poder Legislativo deba ser un contrapeso al Poder Ejecutivo para evitar la concentración del poder y la dictadura?
Porque bien, señoras y señores diputados, ni siquiera lo vamos a decir con absoluta franqueza, ni siquiera se tiene la independencia para fijar los plazos en que debamos estudiar en comisiones y debatir en el plenario esta iniciativa y este dictamen; será el Poder Legislativo el que fijara los plazos y el Congreso necesita respeto; Morelos dio la vida por el congreso, no pedimos que el Ejecutivo de la Unión dé la vida por el congreso hoy, pero siquiera que respete la vida que la Constitución le dio al honorable Congreso de la Unión.
Eso es siquiera lo que pedimos que haga el gobierno de la República , por eso nosotros hemos presentado esta moción suspensiva, porque necesitamos mover la conciencia del pueblo campesino y mover la conciencia de los sectores políticos frente a una legislación que va a cambiar totalmente la vida toda del país y, ¿por qué no?, la correlación de fuerzas en todos los ámbitos de la vida nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado, Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar - Con su venia, señor Presidente y ateniéndome estrictamente al tiempo que marca el reglamento;
la razón fundamental por la cual el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular Socialista están recurriendo a este procedimiento para solicitar de manera específica una moción suspensiva, es porque consideramos que no existen en la nación los consensos democráticos fundamentales que permita que la expresión mayoritaria del pueblo mexicano esté presente en la discusión de estos aspectos esenciales de la vida de nuestra República.
No se trata, tal como el diputado Gilberto Rincón Gallardo lo expresó claramente, de una oposición irreductible y tengan la seguridad los diputados de la mayoría que no recurriríamos a este procedimiento parlamentario si no presentaran propuestas de leyes que defienden la independencia nacional, la soberanía y la integridad republicana de México; no recurriríamos a este procedimiento si tuviéramos los tiempos y ritmos que demanda un proceso político ordenado de transición democrática; no recurriríamos a este procedimiento si la opinión de organizaciones campesinas, la opinión de organizaciones de productores y de ejidos y comunidades de toda la República hubiera sido consultada en forma efectiva y real. Que no se nos diga que hubo tal día, tal o cual reunión circunstancial; que no se afirme que en tal o cual momento un grupo de diputados se reunió con un grupo de productores. Hablamos de consensos profundos, hablamos de voluntades políticas reales, de transformar estilos de la vida nacional que no corresponden a una nación a fines del Siglo XX y es eso precisamente lo que cuestionamos y quizá y en esto hacemos especial énfasis, no se quiera reconocer que hay tiempos políticos ajenos a la República, que están imponiendo desde esferas ajenas a las del Poder Legislativo mexicano, estos ritmos de discusión y esos tiempos políticos son los tiempos de negociación del Tratado de Libre Comercio, esos tiempos políticos son los tiempos de esa fecha que pareciera fatal para algunas autoridades mexicanas, que es el 1o. de mayo de 1992, que a juicio de algunos legisladores de Estados Unidos aparece como la fecha límite en la cual debieran tenerse el borrador para que los procesos legislativos deEstados Unidos alcancen a discutir y en su caso aprobar la propuesta del Tratado de Libre Comercio.
Y hay aquí una decisión que entraña graves afectaciones de soberanía que no se quiere reconocer y hay presiones directas de transnacionales, explícitas de transnacionales para una rápida reglamentación en materia agraria que abra las puertas a la inversión extranjera. No hacemos afirmaciones irresponsables.
Precisamente Michael Jordan, presidente de la Pepsi - Cola, dijo hace apenas muy poco tiempo en el Foro de Economía Mundial celebrado en Davos, Suiza, que apoyaban vigorosamente la propuesta de reformas al 27 constitucional y querían que a la brevedad posible se estableciera un marco legal preciso para que la compañía refresquera Pepsi - Cola expandiera sus actividades en nuestro país; y esta afirmación puntual fue ratificada por Néstor Carbonell, vicepresidente para asuntos internacionales de Pepsi - Cola, quien dijo explícitamente que existen grandes posibilidades de asociación productiva con ejidatarios mexicanos y esto crea un ambiente favorable para los negocios de esta corporación refresquera.
Por ello y concluyo, nuestra opinión está fundada en que los tiempos de la República y la defensa de nuestra soberanía e integridad no corresponden a los tiempos de una precipitada y antinacional negociación del Tratado de Libre Comercio. Los tiempos de un Poder Legislativo autónomo y soberano no corresponden a los intereses de corporaciones que desean un marco legal para expandir sus actividades.
En su momento, hemos presentado propuestas y hemos insistido en la necesidad de que se escuche la voz de los hombres del campo, mantendremos esta exigencia. Y creo que en nada se afecta la soberanía, la independencia, la integridad republicana con darnos la facultad para un proceso ordenado, respetuoso de diálogo, debate y concertación.
Si ya hay esa voluntad de concentración, hagamos pues un esfuerzo de darnos espacios para que la voz de los hombres del campo sea escuchada en forma ordenada y respetuosa. La integridad de la República está en juego y en esa batalla están nuestros mexicanos intereses. Muchas gracias.
El Presidente: - Para hechos, el señor diputado González Cortázar.
El diputado J. Jesús González Cortázar: - Señor diputado Presidente; compañeros diputados:
No pude menos que pedir la palabra para hechos, porque me duele, me duele profundamente que un compañero a quien admiro y respeto venga aquí a decir que el Poder Legislativo está sujeto a los caprichos, ¡háganme favor!, de la Pepsi - Cola.
Queremos decirles en una forma clara y tajante que los diputados mexicanos ni acatamos
disposiciones de la Pepsi - Cola gringa, ni del vodka ruso. ¡Somos independientes y con dignidad vamos a resolver aquellas leyes que están demandando los que trabajamos la tierra y criamos ganado!
No se trata aquí apresuramientos de manera alguna. Se trata de recoger un reclamo de los hombres del campo que siempre hemos dicho que "mata más la duda que el desengaño". ¡Queremos que haya ya una ley reglamentaria para saber a qué atenernos, para el próximo ciclo primavera - verano venga a definir en forma tajante cómo se va a trabajar, qué se va a hacer, cómo vamos a producir!
Este impasse, este lapso de duda solamente perjudica y a nada beneficia. Y yo creo que si efectivamente los señores diputados del Partido de la Revolución Democrática, los señores diputados del Partido Popular Socialista se dicen amigos de los campesinos, que recuerden aquel viejo dicho: "¡Pero que se va, amigo que no ayuda y cuchillo que no corta, si se pierde nada importa!". ¡Ustedes no están ayudando, están estorbando! ¡El pueblo de México requiere que haya ya una norma fundamental para poder hacer las cosas!
Además, hablar del Tratado de Libre Comercio no representa sino un afán demagógico de enredar las cosas. ¡Acuérdense ustedes que para Estados Unidos y Canadá, lo que más importa es exportar granos! Es decir, que México siga siendo un cliente dependiente de ellos y con esta reforma constitucional y con esta ley reglamentaria, va a haber un incremento sustancial de la producción que disminuirá en forma tajante las importantes que hoy nos convierten en colonia alimentaria.
¡Por ello, porque es el interés de México, porque el campesino quiere ya conocer las reglas del juego, porque es necesario contar con una ley antes del ciclo primavera - verano, porque es menester que no haya un período de enredos, demagogia y caos, los diputados del Partido Revolucionario Institucional y particularmente los de la Confederación Nacional de Pequeños Propietarios Rurales, pedimos a esta soberanía desechar la iniciativa para suspender el debate!
¡Bien hecho por el bien de México y de su clase campesina! (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el compañero diputado Rigoberto Arriaga Ruiz
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Señor Presidente, con su venia.
Tal parece que este debate no quisiéramos que llegara a la grosería, ¡pero "por donde le entren" los que les urge que se apruebe esta iniciativa de ley, "estamos para responderles en cualquier terreno"! (Aplausos.)
Expresa el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, que es una exigencia de los hombres del campo para conocer las reglas del juego. ¡Es una exigencia, los terratenientes, que ven en esta iniciativa de ley la posibilidad de recuperar las tierras que la Revolución Mexicana les quitó y se las entregó a los campesinos mexicanos! (Aplausos.)
Esta iniciativa de ley, que como se expresó en la discusión del 27, se le iban a poner "candados"; ¡no solamente no se le pusieron "candados", sino "se le quitó la puerta" para que ustedes, señores, propietarios del capital, presionen a los campesinos a partir de que se apruebe esto y les quiten las parcelas!
¡Aquí está, en este escrito que manda el Congreso Agrario Permanente a toda la estructura de la Cámara, la petición! ¡Y la voy a leer! ¡En nueve consideraciones piden urgentemente que esta iniciativa se lleve a debate amplio para que los campesinos de México, los comuneros y los pequeños propietarios la conozcan!
Dice en su parte final: "Es por ello, debido a que esta ley será de observancia pública y general, que demandamos se amplíe el plazo para su discusión más allá del período extraordinario de sesiones, permitiendo que nuestras organizaciones profundicen sus propuesta, para hacérselas llegar y sean éstas tomadas en cuenta en la versión final de la Ley Agraria que ustedes aprueben".
¡Aquí está, señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra, la exigencia de millones de ejidatarios y de comuneros, pidiendo que todos, en un debate profundo y sereno, le hagamos las modificaciones necesarias a este proyecto de iniciativa!
¡Falta usted a la verdad, señor diputado que me antecedió en el uso de la palabra ¡Aquí están las verdaderas exigencias de los hombres del campo!
¡En el Congreso Agrario Permanente están todas las organizaciones campesinas existentes en este país! ¡Aquí están los campesinos que representan los diputados de la Confederación Nacional Campesina! ¡Aquí en el Congreso Agrario Permanente están los campesinos que representan
los compañeros del Partido de la Revolución Democrática! ¡Aquí están los campesinos que representan los diputados del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana! ¡Aquí están los campesinos en este Congreso Agrario Permanente, los campesinos que representan los señores diputados del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional! Y aquí están mis compañeros ejidatarios, los miembros del Partido Popular Socialista, exigiendo que no se discuta "al vapor" esta importante iniciativa de ley que al trastocar la economía y la fisonomía del campo mexicano! Gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Pidió la palabra, para hechos, el compañero diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Quisimos pedir la palabra para hechos, porque argumentos fundamentales que expusimos han sido desvirtuados con una intervención que calificamos que viola ciertas normas de convivencia y de nuestra práctica parlamentaria y por lo cual protestamos enérgicamente.
Nosotros lo que sostenemos lo fundamentamos en declaraciones públicas de directivos de Pepsi - Cola, no estamos inventando nada, ellos dijeron claramente en ese foro de Suiza y ahí estaba José Córdoba escuchando estas afirmaciones, lo que aquí sostuvimos. Defendieron las reformas al artículo 27 y defendieron la necesidad de un marco legislativo inmediato para incrementar en el más breve plazo posible sus mecanismos de control, especialmente para aumentar sus insumos de azúcar y papa, a los alimentos chatarra que esta transnacional fabrica; ¡no son argumentaciones que estamos inventando!
Y tampoco estamos inventando que existe un plazo publicado por muy diversas revistas de los Estados Unidos, Canadá y por diarios mexicanos, que es el 1o. de mayo, precisamente como aquel en el cual debiera entrar a un proceso legislativo en los Estados Unidos esta iniciativa de Tratado Trilateral de Libre Comercio y nos oponemos enérgicamente a violaciones de soberanía de la República y a violaciones de las facultades exclusivas del Congreso de la Unión.
El diputado del Partido Popular Socialista que me antecedió en el uso de la palabra, expresó claramente cómo el Congreso Agrario Permanente, donde están varias organizaciones campesinas con vínculos importantes con el propio Partido Revolucionario Institucional, está presentando una propuesta de Ley Agraria que exige un análisis concienzudo y detallado. No se una Ley Agraria de nuestro partido, aunque hacemos propias, postulados fundamentales de esta ley que defienden la soberanía y la independencia de México.
Pero si hubiera sensibilidad y voluntad política para un diálogo nacional, que permita la reforma rural de sentido democrático y nacionalista, los diputados de la nación nos daríamos los tiempos y ritmos adecuados para un debate serio, profundo y con espíritu patriótico, de estas reformas que aquí están siendo propuestas.
No es posible, dígase lo que se diga, en un período de apenas unos cuantos días y obligando a dinámicas legislativas, que no son las más adecuadas, legislar en función de los mejores intereses de la República.
Y otro aspecto que me parece de capital importancia, es que no hay razones fundadas en los distintos argumentos que se expusieron, previo a este momento que iniciamos los debates, que muestre la necesidad de este fast track, para usar un término en inglés, con el cual se quiere legislar una ley que altera una tradición de más de 60 años de derecho agrario histórico de la nación, cancela derechos esenciales y fundamentales de comuneros y ejidatarios y establece preceptos que reproducen esencialmente fundamentos de la Ley de Desamortización de 1856 y de la ley que daba facultades a las compañías deslindadoras en el porfiriato para expander actividades. Fundamentamos estas aseveraciones y por falta de tiempo no estamos aquí exponiendo más.
Pero estamos no ante cualquier discusión, no estamos ante una irrelevante modificación de tal o cual artículo; estamos ante algo que afecta la integridad de la República y algo que afecta la integridad de la República y algo que puede significar el derecho a la expansión de empresas transnacionales en nuestro país, abdicando los mexicanos a la facultad regulatoria esencial que tenemos.
Hay un postulado esencial que está en el borrador del Tratado de Libre de Comercio, particularmente en el artículo 2102, que establece trato nacional a los extranjeros y si esta ley establece, como se muestra, facultades a la inversión extranjera en el campo, estamos abdicando de un proyecto nacional independiente y soberano.
Termino diciendo que nuestra propuesta de una moción suspensiva está fundada en los mejores intereses de la nación y de la República y por eso reiteramos esta propuesta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Heli Herrera Hernández, para hablar a favor.
El diputado Heli Herrera Hernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy, esta noche en el transcurso de las horas de estos días del agitado período extraordinario que se convocó, se tratará de consumar todo un proyecto iniciado desde nuestro punto de vista desde hace ya muchos años, pero impulsado en los últimos tiempos de manera por demás violenta, en este régimen que se inició en 1988.
Desde que fuera presidente Miguel Alemán, se iniciaron las primeras agresiones contra la reforma agraria y contra el artículo 27 constitucional; fue el gobierno de Miguel Alemán, ¿quién no lo recuerda aquí?, quien vino a detener el fuerte impulso que otros gobiernos pos revolucionarios, principalmente el del general Lázaro Cárdenas, vinieron a darle al campo y a los campesinos, para afectar los grandes latifundios, apara afectar las grandes zonas y concentraciones de tierra que se encontraban en pocas manos, para de esta manea darle este fuerte impulso a la reforma agraria. ¿Quién no recuerda las afectaciones que se hicieron y la creación de los ejidos de La Laguna y de la Nueva Italia y también por qué cerrar los ojos ante el desarrollo de estos ejidos que demostraron en la práctica que sí ha funcionado el ejido cuando ha tenido el apoyo técnico y financiero?
Fue Miguel Alemán el que vino a darle la oportunidad a esos grandes latifundistas, a los ganaderos, para que gozaran del derecho de amparo agrario. pero también fue Miguel Alemán el que en su momento empezó a concederles también los certificados de inafectabilidad agraria para de esa manera también obstaculizar por dos vías el reparto agrario. Por un lado la posibilidad para que, modificándose el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pudieran amparar todos aquellos latifundistas sobre que sus tierras había recaído ya una Resolución Agraria; pero también por el otro lado y ante un previo pronunciamiento y ante las probables peticiones que hicieran los campesinos de México, también por el otro lado y ante un previo pronunciamiento y ante las probables peticiones que hicieran los campesinos de México, también se empezaron a conceder los Certificados de Inafectabilidad Agraria.
A partir de ahí se empezaron también a penetrar las secretarías encargadas de impulsar ese reparto agrario, fue todo un plan preconcebido, no fue cosa fortuita, los agazapados que se quitaron las caretas y empezaron compañeros diputados a penetrar las secretarías, insisto, encargadas de impulsar el reparto agrario y fue la Secretaría de la Reforma Agraria la que en su momento empezó a recibir a los enemigos de éste que fue el inicio de la Revolución Mexicana, el movimiento agrario, para obstaculizar sus expedientes, sus peticiones y también para favorecer en su momento a aquellas personas sobre las cuales iba dirigida la petición de los campesinos. Fueron los enemigos de la Revolución Mexicana y del reparto agrario los que empezaron a escalar puestos, primero de poca importancia y después de segundo nivel para, desde sus posiciones, obstaculizar el reparto agrario.
Iniciaba mi participación señalando, manifestando que cuando un gobierno se decide a dar al campo mexicano, a los ejidatarios, a los comuneros, asesoría técnica para que lleguen a sus parcelas los técnicos a asesorarlos en el tipo de abono que deben ellos de sembrar, en el tipo de abono que ellos deben de utilizar para elevar la productividad, aunado a otra medida que era la de dar instrucciones a los bancos de crédito rural para que les dieran el suficiente apoyo económico para hacer producir la tierra, en la práctica los resultados fueron bonancibles para la nación y bonancibles también para los ejidatarios, porque hay ejidos con rendimientos altos y de un gran beneficio económico para todos ellos.
Pero los que empezaron a llegar a la Reforma Agraria en esos cargos de segundo nivel, obstaculizaron la asesoría técnica para los ejidatarios y los que llegaron también como gerentes a los bancos encargados de fomentar los créditos para el campo, también empezaron a negárselos y en muchas de las cosas se coludieron con malos líderes, para también desde esa manera empezar el desprestigio hacia el ejido.
Esta campaña de desprestigio para el ejido ha sido en forma mancomunada, entre aquellos enemigos de la Reforma Agraria y entre malos y falsos líderes que luego vienen a esta tribuna a hablar en sentido paradójico en favor de sus representados.
La Reforma Agraria, compañeras y compañeros diputados, fue nido de esos antiagraristas que desde ahí, quitándose la máscara empezaron a atacar a esta forma social de producción de la tierra. Desde ahí se le daba aviso a todos aquellos grandes terratenientes, cuando había ya una solicitud para afectarle sus tierras; se les daba toda la oportunidad y a veces hasta la asesoría para que pudieran gozar del beneficio del amparo y en muchas ocasiones también desde ahí
también se les asesoró para después llegar a otorgarles el certificado de inafectabilidad agraria.
Por eso hoy en esta noche hay prisas para que esta iniciativa de ley sea discutida lo más rápido que se pueda, con apresuramiento, no importando atropellar cualquier tipo de fundamento legal, incluso buscando por todos los medios de que los diputados estén menos enterados, para que no puedan utilizar esta tribuna y argumentar en contra de esta ley.
Esta iniciativa de Ley Agraria marca el perfil de nuestra patria y diríamos nosotros, los del Partido Popular Socialista: "pondrá en juego el provenir de nuestra nación."
Desde nuestra óptica, esta ley pone los primeros cimientos para crear de nueva cuenta el neolatifundismo, la concentración de la tierra en pocas manos y, ¿por qué no señalarlo?, avala el despojo legal ante el gobierno que abandona su papel de representar y defender los intereses de los desprotegidos en el campo y de darle un apoyo irrestricto a los inversionistas y capitalistas. Esta iniciativa de ley pondrá en riesgo la paz y la tranquilidad del campo mexicano.
Yo espero, en verdad, como muchos otros, equivocarme, de lo que estamos afirmando, pero esta contrarreforma acentuará la desigualdad social, propalará la miseria en el campo, porque los ejidatarios y comuneros, con lo único con que cuentan es con esa parcela, chica o grande, pero que es un único patrimonio con el cual le ha dado de comer por muchos años a su familia.
¿Y qué va a pasar, compañeras y compañeros diputados, cuando se queden sin esa parcela, porque un día amaneció su familia enferma y no para poder llevarla al doctor y va a tener con las "bondades" de esta ley, que venderle su parcela al inversionista que va a llegar bajo la forma de la sociedad?
Yo aseguro porque somos estudiosos de la historia mexicana y de los fenómenos que en todo el mundo se dan en toda lucha de clases, de que al quedarse el ejidatario, el campesino, sin lo único que tenía como patrimonio, se volverá a atrincherar en la sierra y volverá a luchar para tenerla de nueva cuenta en sus manos.
Por estas razones y otras tantas que todos nuestros compañeros diputados del partido de Vicente Lombardo Toledano y de nuestros compañeros del partido de la Revolución Democrática, tendremos, para venirles a exponer en esta tribuna, es por las que venimos nosotros a fundamentar esta moción suspensiva.
Nuestras razones para tal efecto tienen el suficiente peso político y jurídico, como para hacer razonar el resto de los compañeros diputados de los distintos grupos parlamentarios.
En virtud de que la iniciativa enviada por el Presidente de la República a esta Cámara fue puesta a consideración de las comisiones respectivas de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidráulicos, el pasado miércoles 12 de este corriente mes, dándose la discusión de tal iniciativa en tan sólo dos días, durante el jueves 13 y el viernes 14, ya que el sábado 15 la directiva de dichas comisiones estaba presentando ya por la mañana, en el Salón Verde de este recinto alterno, a todos los que ahí nos encontrábamos el proyecto de dictamen.
Vale la pena considerar que la iniciativa de referencia, aparte de la extensa Exposición de Motivos, está integrada por 199 artículo y ocho más transitorios y se nos pedían nuestras consideraciones y opiniones en tan sólo 48 horas y eso, diría yo, trabajando sin descanso.
Nosotros consideramos que por mucha capacidad de síntesis que pudiéramos tener todos los diputados, por gran agilidad mental que poseyéramos, no podríamos en ese breve plazo discutir y proponer modificaciones a tan extensa iniciativa.
Se manifestó y acordó en la instalación de tales comisiones que nos dieran cuenta de la iniciativa, que para facilitar el trabajo de análisis y consulta y para efectos de recoger opiniones y redactar el proyecto de dictamen, se acordó la integración de un grupo plural, el cual sería citado con debida anticipación, tanto para intercambiar opiniones, como para la elaboración del proyecto de dictamen. Al respecto, compañeros, nadie que se precie de honesto puede afirmar que ese grupo funcionó y que cumplió con el cometido para el cual se integró. Tan sólo se realizó una reunión de trabajo, porque en la segunda, la del sábado, sólo fue para informarnos que el proyecto de dictamen ya estaba listo y, por más argumentos y discusiones que durante la mañana dimos distintos diputados de los respectivos grupos parlamentarios, ninguna de las de fondo que se proponían pudo ser avalada por los integrantes de las comisiones.
En la única reunión que se realizó, se dio la tarde del viernes para presentar nuestra opiniones; es decir, a casi 36 horas de haber recibido la iniciativa de 199 artículos. Posteriormente el plazo se amplió otras 14, 15 horas, para
bondadosamente decirnos que podíamos en ese tiempo volver a intentar presentar las modificaciones al articulado.
Mi partido, el Partido Popular Socialista, a través de los compañeros que estuvimos participando, ayudándonos y asesorándonos de otros compañeros, logramos en esa carrera contra el reloj, presentar un documento de muy apretado resumen, con nuestras opiniones y propuestas, mismas que iban, según el acuerdo tomado cuando se integró el grupo plural, a ser discutidas por el pleno de esas comisiones unidas, pero ello en la práctica no ocurrió, compañeros. El sábado 15, repito, se nos citó para informarnos que ya estaba el proyecto, que no es otro prácticamente que el mismo que envió el Presidente de la República, con pequeños cambios de forma, de puntos, de comas y que la reducción se hizo en el articulado, si a eso se le puede llamar reducción de 199 artículos a 198. Ningún cambio trascendental, porque como es lógico, en 48 horas no pueden examinarse con acuciosidad, con profundidad y con razón 199 artículos.
Nosotros no creemos que una ley reglamentaría del reformado artículo 27 constitucional, tan trascendental para el pueblo de México, para su paz y su desarrollo social y que supuestamente va a lograr que los graneros se llenen y que ahora no solamente lograremos la autosuficiencia alimentaria, sino que incluso produciremos alimentos para exportarlos, se analice tan de prisa, tan desordenadamente, en forma irresponsable moral y políticamente.
Para la elaboración de esta iniciativa por parte del Ejecutivo, se dijo que se tomarían en cuenta las opiniones que dieran las distintas organizaciones agrarias, a través de foros o directamente las que se presentaran ante la Secretaría de la Reforma Agraria o ante esta propia Cámara de Diputados. Lo, cierto, compañeros, es que ni una sola de esas aportaciones se tomó en cuenta, al igual que sucedió con los foros que promovió esta LV Legislatura, previo a la reforma constitucional y hoy, en estas carreras y apresuramientos para legislar, surgen los desplegados con las opiniones de esas organizaciones agrarias a las que ya se han referido aquí para hechos otros diputados.
Por todas estas razones compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, pide a ustedes que apoyen esta moción suspensiva y se regrese este proyecto de dictamen a comisiones para que sea presentado, después de un examen profundo, acucioso, después de que vengan a dar opiniones las organizaciones agrarias y todo aquél que está interesado en verdad en el desarrollo del campo mexicano, en el segundo período ordinario de sesiones. Por su atención, gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Merino Castrejón.
El diputado José Merino Castrejón: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quienes han venido a esta tribuna a proponer y apoyar una moción suspensiva para posponer el debate sobre la Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional, han abundado en el contenido de la misma iniciativa y por esa misma razón han entrado prácticamente en el tema del debate. Nosotros no venimos en este momento a adelantar juicios ni argumentar ni a debatir el fondo del asunto, venimos precisamente a convocarlos a que hagamos a un lado la moción suspensiva y que eso que han venido a decir sea precisamente ya el debate ordenado, organizado, para que concluyamos con una Ley Reglamentaria que esperan los campesinos de México.
Se ha argumentado que no hay la suficiente consulta, que no hay el consejo mayoritario como para entrar al debate sobre esta Ley Agraria. Queremos decirles que cumpliendo con el turno que enviara las comisiones de Reforma Agraria y de Agricultura la Comisión Permanente, se integró un grupo de pluripartidista, que en él se recogieron en audiencias las conclusiones y las propuestas de todas las que integran el Congreso Agrario Permanente y al Congreso Agrario Permanente en pleno lo recibimos también en la Cámara de Diputados para escuchar conclusiones de sus reuniones y de sus foros.
Si lo que recibimos fueron conclusiones de sus foros y si a donde asistimos, fue a Tlaxcala, Guerrero, Zacatecas, Campeche, Querétaro y también allá asistimos a los foros campesinos y recibimos conclusiones, difícilmente hay algo que podamos seguir añadiendo o posponiendo para seguir haciendo foros y discutiendo algo que ya como conclusiones y propuestas han entregado todas las organizaciones campesinas.
Por otro lado, lo que estamos reglamentando es precisamente el 27 constitucional, y desde que concluyó el período ordinario de sesiones, sabemos cuál es el marco de referencia de lo que hoy estamos discutiendo y queremos que entre a debate, que es una iniciativa
reglamentaria de ese 27 que reformamos; que por otro lado el debate tampoco es un asunto que vaya a comenzar mañana, que se inicie hoy o que apenas ayer o la semana pasada iniciáramos, el debate sobre el problema agrario, el debate está dado permanentemente y nosotros, ya en lo particular, en las organizaciones campesinas del Partido Revolucionario Institucional sí tenemos muy claras cuáles son las posiciones de los ejidatarios, de los comuneros, de los pequeños propietarios, de los solicitantes de tierra, de los trabajadores agrícolas, de las mujeres, de los jóvenes en el campo mexicano. Nosotros tenemos muy clara nuestra posición y tenemos nuestras conclusiones y esas son las que traemos aquí y esas son las que queremos debatir. Y eso es a lo que convocamos a este pleno, a que iniciemos ya ese debate y a que eso que ustedes han planteado formalmente se de para que entre confluencias y divergencias, encontremos las mejores luces para hacer una reglamentaria que con urgencia, la urgencia a la que ustedes se refieren, con urgencia espera el campo mexicano.
Nosotros tenemos muy clara nuestra posición y tenemos nuestras conclusiones y esas son las que traemos aquí y esas son las que queremos debatir. Y eso es a lo que convocamos a este Pleno, a que iniciemos ya este debate y a que eso que ustedes han planteado formalmente se de para que entre confluencias y divergencias, encontremos las mejores luces para hacer una reglamentaria que con urgencia, la urgencia a la que ustedes se refieren, con urgencia espera el campo mexicano.
Queremos ya tener la reglamentación que nos dará las bases sólidas sobre las que habrá de impulsarse la recapitalización del campo; sobre las que habrá de trabajarse para poder combatir al minifundio; sobre lo que ha de ser fundamentalmente la reactivación económica del agro mexicano. Eso es a lo que estamos convocando. Y porque tenemos el respaldo de las organizaciones campesinas de nuestro partido, porque escuchamos a las de todos los partidos juntos con una comisión pluripartidista, estamos seguros que en ese contenido y en esas conclusiones está la base de la discusión, del análisis y del debate. No lo pospongamos. Formalicémoslo.
A nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, pido a todos los compañeros diputados que integran el pleno, que le demos para adelante ya y que no pospongamos este debate, del cual ya escuchamos algunos argumentos de quienes han solicitado la moción suspensiva. Y les pedimos que dejemos a un lado la moción suspensiva y entremos formalmente con la urgencia que tienen los campesinos de México, a reglamentar ese 27 constitucional que reformamos en el primer período ordinario de sesiones. Muchas gracias.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Solicita la palabra para hechos, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
El diputado Merino Castrejón, se ha referido a los foros campesinos a los que asistieron grupos de diputados en distintas regiones de nuestro país.
Efectivamente, esos foros se realizaron. Pero ninguna propuesta importante de los foros, está tomada en cuenta en la iniciativa. Hubo el error de que al mismo tiempo que los foros campesinos se realizaban, se estaba elaborando el dictamen. De tal manera que los foros campesinos tuvieron una función más bien simbólica que real.
Lo correcto hubiera sido que como resultado de los foros campesinos, se hubiese hecho el dictamen a efecto de que la consulta que hacia la Cámara de Diputados, fuera realmente fructífera y desembocara en el dictamen que se elaboró posteriormente.
El hecho es que los foros no fueron tomados en cuenta porque un grupo de diputados en forma paralela estaba elaborando el dictamen. El dictamen se nos presentó al grupo plural en forma incompleta el viernes 14 y solamente tuvimos el transcurso de ese día para presentar observaciones sobre ese documento incompleto. Nosotros rechazamos algo que ya está haciendo una práctica en la Cámara de Diputados: que los llamamos grupos plurales en realidad no son tales; en realidad son suplantados por diputados de la mayoría y solamente consultados, en el mejor de los casos, a última hora.
El Partido Popular Socialista no participa en los grupos plurales para ser un elemento decorativo de ellos; no participamos para avalar una supuesta pluridad, sino participamos en ellos para poder opinar, para poder discutir y para poder trabajar.
No queremos que los famosos "grupos plurales" se conviertan en una careta de un falso pluralismo ni tampoco aceptamos que nos traten como
marionetas en los famosos "grupos plurales de trabajo", que no han sido realmente tales. ¡Hablemos francamente!
Es un grupo de diputados de la mayoría, quien hace el dictamen. Y luego presenta su trabajo su trabajo al resto de los miembros de los grupos plurales. Pero eso, compañeros diputados, no es trabajo colectivo, no es trabajo plural ni es un funcionamiento honesto de la Cámara de Diputados.
Se afirma que este debate es histórico. Sí, es histórico; tenemos más de 250 años analizando el programa agrario en México. Pero la iniciativa que estamos estudiando hoy, se presentó el jueves 13 y solamente tuvimos 48 horas para estudiarla. Se requiere, entonces, un tiempo mayor para examinar este tipo de iniciativas.
Por otro lado, quiero hacer notar a los diputados que son profesores de derecho, o a los que recuerdan sus lecciones de derecho agrario, que gran parte de la ley que pronto vamos a analizar, crea nuevas formas del derecho y que prácticamente el derecho agrario se diluye en el derecho civil y en el derecho mercantil. Se está creando una nueva jurisprudencia en materia agraria, que se confunde con la materia civil y con la materia de carácter mercantil.
Todos los libros de derecho agrario, ya van a resultar obsoletos; habrá que quemarlos porque ya no tendrán ninguna vigencia una vez que se reforme esta ley.
El señor diputado Merino también nos habla de la reunión con el Congreso Agrario Permanente. Efectivamente, hubo una reunión con el Congreso Agrario Permanente; pero el día de ayer, el Congreso Agrario Permanente, que agrupa a la mayoría de las agrupaciones campesinas, el día de ayer nos pidió que se aplazara este debate. De tal manera que el organismo más representativo de los campesinos, en donde está la Confederación Nacional Campesina, nos pide, a esta Cámara, el aplazamiento del debate. Esto quiere decir entonces que los dirigentes del Congreso Agrario Permanente, no están satisfechos con la iniciativa y piden más tiempo.
Es lo que quiero señalar a los señores diputados.
El Presidente: - Continúa en el uso de la palabra el diputado Enrique Rico Arzate.
El diputado Enrique Rico Arzate: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En primer lugar quisiera hacer una reflexión y comentar que en realidad el campo no está esperando normas para poder avanzar. Lo hemos comentado en esta tribuna y en muchas otras; los campesinos mexicanos en realidad esperan otras cosas diferentes.
Esperan capacitación, esperan organización, financiamiento, nuevas tecnologías, para poder tener un verdadero desarrollo rural.
Es una mentira que con estas leyes vamos a avanzar en el campo. Quizá avancen los pequeños propietarios en acumular más hectáreas en su haber, eso es real.
A nombre del Partido de la Revolución Democrática apoyamos la propuesta de moción suspensiva del Partido Popular Socialista, considerando que esta honorable asamblea debe ejercer con plenitud sus soberanía, determinado por sí misma los tiempos para realizar sus trabajos, considerando que las iniciativas enviadas por el Ejecutivo Federal al honorable Congreso de la Unión apenas se repartieron hace una semana a los diversos grupos parlamentarios y que aún no están suficientemente discutidas a pesar de que las comisiones respectivas ya han emitido su dictamen.
Considerando que un gran sector de la sociedad el que será afectado por estas iniciativas en caso de ser aprobadas, no ha sido consultado sobre los efectos jurídicos, económicos y sociales que implican.
Considerando que es de justicia y equidad que esta honorable asamblea convoque a un foro nacional de consulta, para que se expresen las opiniones de las diversas organizaciones campesinas y se recoja así el sentir y la voluntad del pueblo, traduciéndolo en una verdadera iniciativa democrática de modificaciones a estas leyes.
Es cierto que ha habido muchas reuniones y foros, pero no suficientes para recoger las verdaderas expresiones de los campesinos en todo el país.
En una reunión de las comisiones unidas de Agricultura y Reforma Agraria, se le dijo a los dirigentes del Congreso Agrario Permanente que habría el tiempo suficiente para que se celebraran todos los eventos en todo el país y que recibiríamos la invitación para recoger esas propuestas. No fue así y no se expresó lo mejor en cada una de ellas puesto que fueron regionales.
Todavía el día de ayer en la ciudad de León, Guanajuato terminó un foro de la región
Querétaro, San Luis, Guanajuato y Michoacán; considero que no han llegado las propuestas a esta honorable asamblea.
Repito, es importante que se convoque a un foro nacional para recoger las opiniones de las diversas organizaciones campesinas y de los productores, para su modificación o aplicación de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional.
Además hay que hacer notar que las organizaciones campesinas agrupadas al interior del Consejo Agrario Permanente, como lo han reiterado mis compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, han solicitado a esta honorable asamblea tal propósito para trasladar la discusión de esta ley más allá del Período Extraordinario de Sesiones.
No entiendo muchas de las propuestas de los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, porque el día 17 de febrero aparece publicado en el periódico de circulación nacional Excélsior, un desplegado del Congreso Agrario Permanente donde también es firmado por la Confederación Nacional Campesina y la Central Campesina Independiente que pertenece a ese partido; donde solicitan que se les consulte y se les dé un tiempo mayor para tal motivo y que sea la expresión de los productores agrícolas las que expresen en la modificación de esta ley.
Y también me llamó la atención que en el Recinto de San Lázaro, en muchas paredes aparecen publicados carteles sobre la consulta a la Ley de Pesca, ley que no está a discusión. Cómo es posible que la Cámara de Diputados no es capaz de organizar un foro de consulta nacional de esta ley que es más trascendente y que es el soporte de nuestra Constitución y del desarrollo de este país, como el es artículo 27 constitucional. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Solicita el uso de la palabra para hechos el diputado, Teódulo Martínez, en los términos del 102.
El diputado Teódulo Martínez Vergara: - Con sus permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hemos estado escuchando intervenciones de nuestros compañeros diputados y en cierta medida hacen referencia al Congreso Agrario Permanente.
Quiero decirles que su servidor es parte, miembro del Congreso Agrario Permanente, desde luego un foro muy importante para salvaguardar los intereses de los campesinos de México; un foro plural donde se respetan las ideas, donde se consulta a su inmensa mayoría de los participantes para tomar medidas y hacer aportaciones, sobre todo en este pasado quehacer de la Ley Reglamentaria y en otros más.
Por lo tanto, en las reuniones que hemos hecho a nivel de Congreso Agrario Permanente, se han recogido todas y cada una de las ponencias que hacen los que representan al campo. Desde luego, si a título de organización queremos que alguna fracción parlamentaria nos represente y hable a nombre de una organización aquí, será a título de organización, pero no a título de Congreso Agrario Permanente se establecen los criterios y los planteamientos que tenemos de alguna forma que hacer.
Por esta razón, yo diría: Los foros, como el Congreso Agrario Permanente, plural y respetuoso, desde luego aquí tendríamos que ser muy respetuosos, para no hablar en nombre de un congreso agrario permanente, sino defendamos a la mejor las propuestas de organizaciones campesinas que a título de organización personal plantean a ciertas fracciones parlamentarias, para no confundir entre lo que es el Congreso Agrario Permanente en su conjunto y en organizaciones, como en este caso que mencionaron cuatro organizaciones de las 12 que conforme el Congreso Agrario Permanente. Y para no confundirnos pedimos respeto en los foros plurales, como es el Congreso Agrario Permanente. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Creo que todos los compañeros diputados presentes están enterados, pero parece que algunos no, y no es ocioso entonces que todos los compañeros lo estén.
El día de ayer estuvo aquí en la Cámara una representación colectiva del Congreso Agrario Permanente y se dirigió a todas las fracciones parlamentarias entregando un documento oficial. También estuvo allí un diputado del Partido del Frente Cardenista, el compañero Manuel Terrazas, en esa reunión y recibió él mismo el documento. No es documento de una de las organizaciones del Congreso Agrario, es de todo
el Congreso Agrario y se dirige a todas las fracciones parlamentarias planteando sus preocupaciones.
Y nosotros, los del Partido Popular Socialista, hicimos un compromiso con los compañeros de todo ese colectivo que abarcaba dos puntos:
Uno. Tiene derecho a que escuchemos y conozcamos sus opiniones todos los diputados, independientemente de que coincidamos o no con algunas de sus opiniones, tienen derecho a que los escuchemos. Y, por lo tanto, traemos sus preocupaciones a esta tribuna, es un deber como representantes del pueblo, como representantes de la nación.
Segundo compromiso: En toda la amplia franja de coincidencias entre los puntos de vista del Partido Popular Socialista y los que se expresan en el documento oficial de esta organización de organizaciones, haríamos nuestros sus planteamientos y los defenderíamos aquí.
Estamos cumpliendo con ese deber y es útil que todos los compañeros estén informados. Muchas gracias.
El Presidente: - Tienen el uso de la palabra el diputado Melquiades Morales Flores, para hablar en contra de la moción suspensiva.
El diputado Melquiades Morales Flores: - Señor Presidente; señores diputados:
He pedido el uso de la palabra, para hablar en contra de la moción suspensiva propuesta por nuestros compañeros diputados del Partido Popular Socialista y de la Revolución Democrática, basado en las siguientes consideraciones:
La iniciativa de nueva ley agraria es congruente con las reformas constitucionales aprobadas recientemente por esta representación nacional y de ninguna manera se trastocan los principios que norman el sistema de la reforma agraria mexicana, responde a las aspiraciones de los campesinos mexicanos y consigna en ella todo un sistema para tratar todo lo relativo a la tenencia de la tierra y al fomento de la producción agropecuaria.
Con esta iniciativa se pretende establecer un sistema agrario constitucional, derivado de la propia reforma, para dar respuesta inmediata a las inquietudes de los productores del campo y de los campesinos.
Esta iniciativa, de ninguna manera es un retroceso y mucho menos es una agresión a los principios y al movimiento agrario mexicano; es, por el contrario, un ordenamiento congruente y realista con los tiempos que vive la sociedad rural actual, la cual se encuentra en un tránsito permanente hacia una sociedad urbana.
Es esta iniciativa, también, la mejor respuesta para que los campesinos desarrollen sus potencialidades, para de esta forma alcanzar mejores niveles de bienestar; porque para nadie es desconocido que hay muchos compatriotas nuestros que viven en el campo, viven todavía en la marginación y en el atraso.
Es urgente, pues, tomar decisiones inmediatas para resolver las inquietudes de los hombres del campo.
La iniciativa regula y protege las diversas formas de la propiedad, como son el ejido, la comunidad y la propiedad. Y prohibe, terminantemente, el latifundio.
Al regular lo relativo a las sociedades civiles y mercantiles, establece las medidas tendientes a capitalizar el campo y aprovecha la rica experiencia organizativa de los campesinos.
Si bien es cierto que establece la iniciativa las condiciones legales para que los ejidatarios dispongan de su parcela, ellos, como personas pensantes, mayores de edad, puedan disponer y puedan adoptar en cuanto a sus derechos parcelarios las actitudes que ellos consideren conveniente.
Por esta razón, señores diputados y tomando en cuenta que es urgente integrar un sistema agrario y de entrar a la continuación del largo debate sobre la cuestión agraria que viene de siglos atrás, a nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, vengo a pedirles, a solicitarles muy respetuosamente que desechemos la propuesta de moción suspensiva y de inmediato procedamos a entrar al tema correspondiente. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Bien, señor diputado.
El diputado Martín Tavira Urióstegui (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto?
El diputado Martín Tavira Urióstegui (desde su curul): - Para hechos.
El Presidente: - Haga uso de la palabra compañero diputado Martín Tavira, por el Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Desde luego es evidente que yo no soy jurista de altos vuelos, apenas licenciado en derecho. Pero haciendo una interpretación, creo yo lógica, de varias disposiciones de la nueva Ley Reglamentaria que se va a discutir, se notan inmediatamente contradicciones; digo esto porque el señor diputado Melquiades Morales, nuestro amigo, dice que esta Ley Reglamentaria es congruente con el artículo 27 constitucional. Pues ni es congruente con el artículo 27 constitucional, ni hay congruencia entre sus artículos, fue hecha tan aprisa que no se fijaron los que redactaron la iniciativa y los que hicieron el dictamen.
Desde luego, cabría llamar la atención por ejemplo, de los artículos 64 y 68 de esta nueva ley. El 64 se refiere a que las tierras ejidales destinadas por la asamblea al asentamiento humano, conforman el área irreductible del ejido y son inalineables, imprescriptibles e inembargables, salvo lo previsto en el último párrafo de este artículo. Luego el artículo 68 dice que los solares serán propiedad plena de sus titulares: "Todo ejidatario tendrá derecho a recibir gratuitamente un solar, cuando ello sea posible, en la zona de urbanización".
Bien, de manera que las tierras destinadas al asentamiento humano son inembargables e imprescriptibles. Pero luego hay otra disposición que autoriza a que se vendan los solares sobrantes, ¿sí o no?, ¿hay una contradicción sí o no?, no hay congruencia. Entonces, hay muchas cosas, muchos aspectos que habría que discutir a fondo, muchas disposiciones nuevas que no son compatibles con el espíritu que se dice conserva el artículo 27 constitucional. Nada más, pero nada menos, Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - A ver, el compañero diputado Cuéllar solicitó la palabra para hechos y el compañero diputado por el Partido de la Revolución Democrática. ¿Su nombre, diputado?
El diputado Atalo Sandoval García (desde su curul): - Atalo Sandoval.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Ramírez Cuéllar, para hechos.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente: Precisamente cuando el trabajo legislativo se hace al vapor, como es en este caso, se incurre en las inexactitudes que vino a plantear aquí el señor diputado Melquiades Morales. Tenemos la convicción de que en varios artículos de la Ley Reglamentaria se exceden de la norma constitucional algunos de ellos y otros están francamente en contra de la norma constitucional. Yo afirmo, lo reitero y quisiera tener la oportunidad de discutirlo, que se trata de una Ley Reglamentaria anticonstitucional, no entraré en este momento al fondo de este problema pero sí quisiera contar con la oportunidad de examinar este asunto para comprobar la constitucionalidad de la Ley Reglamentaria que yo afirmo que en varias partes es anticonstitucional.
Voy a poner sólo un ejemplo; el artículo 27 reformado por ustedes en diciembre pasado, todavía habla del término protección de los núcleos de población ejidales y comunales; todavía le da a la legislación agraria un carácter de legislación de orden público; todavía la considera como parte de una rama del derecho que es un derecho eminentemente social y sin embargo el primer artículo de la Ley Reglamentaria ya nos está remitiendo al campo del derecho civil y al campo del Derecho Mercantil. Una gran parte de la Ley Reglamentaria ya no es de orden público, ya pertenece al campo del derecho civil y por lo tanto ya no se está ajustando a la primera línea del artículo 27 reformado en el mes de diciembre.
Quisiera poner tan sólo un ejemplo más; el artículo 27 habla de la protección a la integridad de los grupos indígenas y la Ley Reglamentaria dedica un capítulo completo a la parcelación de las comunidades y dentro de ellas de los grupos indígenas de que forman parte. Para nosotros, el concepto de integridad de las áreas de uso común de las comunidades quiere decir que son tierras de uso común para la explotación colectiva de esas comunidades; para eso, pienso yo, se elevó a rango constitucional la comunidad, pero no vemos ninguna congruencia entre la demanda constitucional de defensa de la integridad y el capítulo que se refiere a la parcelación de las comunidades. Prácticamente se están equiparando las comunidades con los ejidos y aquí quedó claro en el debate de diciembre, que la comunidad y el ejido eran entidades diferentes, que si bien el ejido era objeto de parcelación, la comunidad y menos el grupo indígena no eran objeto del parcelamiento individual.
Sostento, el parcelamiento individual de las comunidades indígenas es anticonstitucional; pongo a ustedes estos dos ejemplos que nos hacer ver que no hubo tiempo de examinar la base constitucional de la Ley Reglamentaria, por el apresuramiento del trabajo de comisiones, por querer agotar este debate rápidamente estos asuntos y otros más no quedan debidamente
aclarados y estamos a punto de aprobar una ley que, a mi modo de ver, se excede de lo que aprobamos aquí en el mes de diciembre pasado. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Ha solicitado para hechos la palabra, el diputado Sandoval, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Atalo Sandoval García: - Compañeros, pienso que para ser congruentes con lo que señala el diputado Melquiades Morales, primeramente debiéramos empezar por quitar estas letras, el nombre del general Francisco J. Mújica, de esta Cámara.
Tengo un volante que el día de ayer una organización campesina, incluso exhibe el logotipo del Partido Revolucionario Institucional, lo que significa que está afiliada a este partido, escribe una frase que en alguna ocasión el general Mújica pronunciara. La frase dice así: "Maldita Revolución, mil veces maldita si fuésemos a permitir que se enajene el ejido".
Creo que en este sentido las reformas al artículo 27 no son congruentes, como tampoco responde a las aspiraciones de los campesinos de México esta ley, que quizá el día de pasado mañana vayamos a aprobar. No son congruentes porque es falso que el campesino de México quiera vender su tierra; no son congruentes porque los campesinos de México quieren seguir produciendo alimentos para todo el pueblo, incluso para los propios diputados.
El dictamen que plantea esta nueva ley, tampoco es congruente porque los campesinos de México quieren su parcela, quieren su tierra y quieren un campo verdaderamente tecnificado.
Tampoco es congruente la reforma al 27 que vamos a entregar los diputados a los campesinos de México, porque ellos quieren acabar con el legalismo y el burocratismo que ha ahogado al pueblo de México.
Los campesinos de México no quieren tampoco el latifundio y por ello se lanzaron a la revolución en 1910.
Por eso, compañero diputado Melquiades Morales, ni hay congruencia en la reforma que hicimos o que hizo esta Cámara al artículo 27, ni se es congruente con las aspiraciones de nuestros campesinos, cuando les vamos a entregar una ley que ellos han pedido en sendos desplegados el día de ayer, en que la discutamos, la reflexionemos, en que sin tomar partido, efectivamente veamos los intereses del pueblo de México por delante.
Por eso, compañero Morales, digo yo que ni hay congruencia en las reformas al 27, ni tampoco están escritas las aspiraciones de este pueblo campesino, que por más de 70 años ha surtido a todo el pueblo de México de alimentos. Gracias.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o se desecha la moción suspensiva.
El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por el diputado Francisco Hernández Juárez.
Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo...Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, quien presentará una propuesta a este Pleno.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Si después de plantear a ustedes la proposición que voy a hacer del conocimiento de esta Cámara, alguno de los señores diputados de los trescientos setenta y tantos que no la firman, porque soy portavoz de ciento veintiocho diputados que firman esta proposición y si se argumenta que es inoportuna por el hecho de que estamos empezando apenas el debate de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución pudiera conceder, porque costó tiempo el reunir el requisito constitucional del artículo 93.
Este tema se relaciona a un asunto que fue tratado ampliamente al aprobar las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Un asunto que fue debatido, un asunto relativo a la iniciativa de ley que fue aprobado por esta Cámara por votación mayoritaria y que con eso a otros asuntos, relativos al mismo tema, fueron tratados en esta misma sesión.
Sin embargo, los señores diputados, no podemos permanecer impávidos ante un borrón y cuenta nueva en relación con el Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores. No
No podemos decir ni podemos aceptar que las cuotas pagadas por lo patrones y que pertenecen a los trabajadores, se les puedan redituar en los términos del artículo 141 de la Ley Federal del Trabajo derogado o próximo a derogarse, cuando se publiquen las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se les paguen precisamente al valor nominal y a los pesos en que inicialmente fueron cubiertos por la parte patronal.
Y no podemos decir que fue borrón y cuenta nueva ni podemos ser cómplices, señoras y señores diputados, de los malos manejos en que en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores intervinieron funcionarios y también miembros de la iniciativa privada coludidos con los funcionarios.
Por esta razón, esta Cámara de Diputados de la nación, preocupados por los intereses de los trabajadores y preocupados también por el interés superior de la nación, con una concepción los diputados de tener por encima del interés personal el interés del partido pero también por encima del interés del partido el interés nacional, planteo este pedimento de 128 representantes de la nación.
Está planteada en lo términos del artículo 93, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es muy simple y escueta. Solicitamos se integre una comisión que investigue el funcionamiento y el estado de las finanzas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. El resultado de esta investigación deberá hacerse del conocimiento del pleno y del Ejecutivo Federal. (Aplausos.)
La entrega en vigor de las modificaciones a la ley que rige este organismo, no debe implicar un finiquito de responsabilidades en que pudieran haber incurrido sus consejeros, funcionarios o terceros.
La firmamos 128 diputados. El reglamento prevé el nombramiento de comisiones transitorias. Lo pongo en manos de la Secretaría y solicito que se le dé el trámite reglamentario. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se recibe.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Pido la palabra para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra para hechos, al diputado Amador Rodríguez Lozano.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros legisladores:
No puede uno menos que estar de acuerdo con el diputado Juan de Dios Castro cuando opina que debemos de tener por encima de todo el interés de la nación. Los que estamos aquí lo hemos dicho en repetidas ocasiones, somos en efecto representantes de la nación y tenemos el compromiso ineludible de cumplir con ese pueblo que nos eligió.
Pero también tenemos el compromiso ineludible, constitucional, de cumplir con el orden jurídico mexicano. Ese es uno de los primeros principios y una obligación fundamental de cualquier legislador. Estoy seguro que todos estarán de acuerdo conmigo. Porque la Constitución no solamente es un documento formal, sino es una expresión de la voluntad popular que tiene por objeto fijar precisamente reglas para que los órganos del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, podamos actuar y al actuar nos ciñamos a principio de legalidad que es un principio fundamental para cualquier democracia.
En ese sentido, no es posible entrar al conocimiento de la propuesta que acaba de hacer aquí en estos momentos el diputado Juan de Dios Castro por una sencilla razón: nos encontramos en un período de sesiones extraordinarias. El artículo 79 constitucional establece con gran precisión que las sesiones extraordinarias del Congreso sólo puede reunirse y atender y discutir los asuntos y dice: el objeto u objetos para los que fueron convocados. Ese es un principio de legalidad fundamental que todos tenemos que cumplir. No podemos, en aras de buscar un objetivo que puede ser por supuesto importante, violar la Constitución. Somos el órgano que forma parte...
El Presidente: - Señor diputado, le quiere hacer una interpelación el diputado Felipe Calderón Hinojosa.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con mucho gusto, señor Presidente.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - A reserva de hacer una argumentación que hará otro compañero nuestro, es si usted está de acuerdo en que se realice esa investigación, independientemente de la argumentación jurídica que no aceptamos.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Yo estoy de acuerdo en que cumplamos el orden jurídico. En eso estoy de acuerdo.(Aplausos.)
No es posible compañeros y tienen que entenderlo, porque ése es precisamente uno de los problemas por los cuales a veces no se puede avanzar, porque parece aquí que estamos en un diálogo Olendorff como decía alguna vez un compañero que no se pueden atender y no es porque no estamos a favor o que no tengamos una cierta identidad con ellas, sino porque no se cumplen los procedimientos, porque se hacen propuestas que no tienen nada que ver con lo que estamos tratando. Y éste es un asunto fundamental de la Constitución que el compañero Juan de Dios Castro en muchas ocasiones ha venido aquí a defender la legalidad constitucional y la legalidad constitucional está perfectamente clara en el artículo 79 y es además uno de los puntos del dictamen de la convocatoria que nos llamó a este período de sesiones extraordinarias y que me voy a permitir leer y después con mucho gusto le contesto la interpelación a la compañera.
Dice el artículo segundo del decreto que nos convocó a estas sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión. Artículo segundo. En el período de sesiones extraordinarias que se convoca, se conocerán y dictaminarán exclusivamente, exclusivamente, es decir, fuera de los demás, solamente estos, exclusivamente los siguientes asuntos: Congreso General, iniciativa de Ley Agraria.
b) Iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales;
c) Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;
d) - Está hablando de la iniciativa, de la iniciativa, de la iniciativa - Iniciativa de decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
e) Iniciativa de decretos que reforma y adiciona la Ley del Seguro Social y Ley del Impuesto Sobre la Renta.
II. - Cámara de Diputados. Protesta de Ley de los diputados.
III. - Cámara de Senadores. Protesta de Ley de los senadores.
Como ustedes ven, este asunto no se encuentra listado dentro de la convocatoria que decidió la Comisión Permanente, debe de ser motivo del análisis y discusión de este período de sesiones extraordinarias. En tal consecuencia, no es posible, señor Presidente, que dé usted trámite a esta propuesta. Muchas gracias.
La diputada Evangelina Corona Cadena (desde su curul): - Independientemente de que usted ha señalado artículos de la Constitución, en donde se hace la convocatoria y se señalan los puntos a tratar en ella. Yo le preguntaría si también en la Constitución señala que se aprueben leyes de tan rápida solución como se está haciendo y como se está llevando a efecto.
Yo creo que cuando se hizo la Constitución, tardaron mucho tiempo y hoy nos traen a una rapidez extraoficial.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Fíjese, compañera Evangelina Corona, que esta Constitución se hizo en un mes. Gracias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - En términos del 100, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Señor diputado Amador Rodríguez Lozano, precisamente cuando plantee la proposición, no quise hacer alusión a lo establecido por el artículo 67, no 79, como usted decía, el artículo 67 de la Constitución, pero el error en un número no implica nada, cualquiera lo puede cometer, ésa no es la argumentación que voy a dar.
El artículo 67 claramente establece que el Congreso...
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Ruego al señor Presidente; consulte al orador, si le puedo hacer una interpelación.
El Presidente: - Se consulta al orador si acepta una interpelación.
El diputado Juan de Dios Castro: - Si señor diputado, con todo gusto.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Conoce usted señor diputado, que en el artículo 69 en la fracción IV...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Están las facultades de la Comisión Permanente.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ...y ahí dice en esa parte, que la convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Sí señor, pero el...
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ...entonces no solamente el 67 ¿Está de acuerdo?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - No. No estoy de acuerdo con usted.
El artículo aplicable señor diputado, no es el 69, es el 67. Es el que se adecúa perfectamente a su argumentación.
Y para conocimiento de todos los señores diputados, ya que usted insiste en que bordemos sobre un punto que no es la cuestión central, dice: "El Congreso o una sola de las cámaras, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que las convoque para ese objeto la Comisión Permanente".
Y fíjese bien cómo se adecúa a su argumentación el texto del 67. Pero en ambos casos, sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a su conocimiento y ahí, en relación con esta línea, esta el 79, cuáles son los asuntos que la Comisión Permanente sometió al conocimiento de esta Cámara.
El problema es que el señor diputado Amador Rodríguez Lozano y el diputado Guzmán, Jiménez Guzmán y la mayoría de ustedes y no sólo es, el señor coordinador de la mayoría priísta, no está de acuerdo con su argumentación señor diputado. Y le voy a decir por qué, porque si esta Cámara nada más tiene facultades para conocer de la iniciativa y del dictamen, entonces señor diputado Amador Rodríguez Lozano, por qué el diputado Jiménez Guzmán y por qué su coordinador y por qué todos los miembros de su grupo parlamentario que votaron a favor, votaron a favor del punto de acuerdo distinto de la iniciativa de reformas a la Ley del Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores. Pero no solamente eso. Ese es un precedente. Hay otro: el Partido de la Revolución Democrática, planteó aquí un punto de acuerdo para formular una iniciativa, no una iniciativa, una auditoría al Instituto Nacional del Fondo para la Vivienda para los Trabajadores.
Se dio el trámite. Fue rechazada. Se dio a conocer la votación minoritaria en favor del acuerdo, rechazada por la mayoría, pero aceptaron que se discutiera, se tratara, se debatiera y se votara.
Entonces, señor diputado Rodríguez Lozano, son dos varas; son dos varas las que están ustedes utilizando, si nos conviene, un simple voto mayoritario, pero aceptan que se toque; no se objeta el procedimiento, no se objeta el trámite y un simple voto mayoritario rechaza la proposición que plantea la auditoría al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Si nos conviene, si no implica ningún compromiso para la mayoría, acordamos con la aprobación de los coordinadores parlamentarios algo que es inocuo, algo que no nos compromete: seguir estudiando la problemática del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Un punto de acuerdo que firmaron todos los coordinadores porque no se pueden negar a hacer eso. Pero que ustedes no tuvieron ningún inconveniente, aunque no estuviera en la convocatoria de la Comisión Permanente, por que no implicaba compromiso ninguno.
Y, señor diputado, cuando fue usted interpelado, si estaba a favor o en contra, estaba a favor o en contra de que se formara esta comisión, permítame decirle que usted fue efusivo; evadió y no contestó. Evadió, porque no le preguntaban si estaba o no estaba de acuerdo que se respetara el orden jurídico; esto depende de la interpretación que le demos a la palabra "asuntos", porque el 67 habla de asuntos, no habla de iniciativas de ley.
Pero si lo entendemos como que el asunto es la iniciativa de ley, esto está estrechamente vinculado con la iniciativa de ley y entonces estamos dentro de la hipótesis de la norma. Pero decía que usted evadió la respuesta, no fue capaz de decir ni tan siquiera: "Muy bien, señores, de acuerdo con mi interpretación del 79, como usted dijo, no podemos tratar ni estoy de acuerdo que en este momento se discuta y se decida sobre la formación de una comisión. Pero con todo gusto, señor diputado Calderón, podía haber usted contestado, en el momento en que estemos en período ordinario de sesiones, estoy de acuerdo con esa comisión.
Tuvo temor hasta de eso, que implicaba el más pequeño de los compromisos. Señores, son miles de millones de pesos, billones, los que se han manejado en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Un trabajador, al que le dieron 15 pesos
como aportación hace 20 años, 20 años después va a recibir 15 pesos. Y yo no estoy pidiendo que de acuerdo con la ley den 100, ó 1000, ó 100 mil, para que se actualice. Quisiera que lo hicieran, pero esta ley fue aprobada con esos defectos, en su momento, por la mayoría que representaba su partido. No estoy pidiendo algo más, que no les cuesta ningún trabajo. Que esos 15 pesos, y los millones de 15 pesos que fueron aportados, se hayan manejado y se manejen con honradez; que los contratos se hayan ajustado precisamente a las normas legales y a la honradez; que el manejo del instituto se esté realizando y apegado completamente a las normas legales y reglamentarias.
Podrán ustedes rechazar y si deciden que votan en contra, porque la palabra "asunto" se refiere a iniciativas de ley, quedará para escándalo de la nación y de los trabajadores del país, la negativa de ustedes. Gracias.
El Presidente: - Solicita la palabra el diputado Fernando Ortiz Arana.
El diputado Fernando Ortiz Arana: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Yo entiendo, porque he sido diputado varias ocasiones, que con vehemencia procure uno en el debate lograr que sus proposiciones se admitan. Sin embargo me parece que esto también tiene sus límites.
El diputado Juan de Dios Castro ha venido aquí a argumentar, de todo, buscando que la proposición de la cual ha sido vocero, pueda ser, primero discutida y después votada y admitida por esta Cámara.
Me parece muy poco afortunada su argumentación. En particular cuando se refiere a que ya en esta Cámara, en este período de sesiones extraordinarias, según afirma el diputado Castro, ya hemos violentado el artículo 67 constitucional y la convocatoria, que concordando con él, fue expedida.
Dijo el señor diputado Castro en su argumentación que su servidor, como coordinador del grupo partidista del Partido Revolucionario Institucional y otros coordinadores, todos los demás partidos políticos aquí representados ya violentamente la exclusividad de los asuntos que establece la Constitución para este período extraordinario de sesiones. Yo por supuesto, rechazo enfáticamente esa afirmación del señor diputado Castro, ¡salta a la verdad! (Aplausos.)
Y el argumento para construir la posibilidad de que la Cámara violando el artículo 67 al que él hace mérito, conozca la proposición que se ha presentado y se somete a votación por esta Cámara, es afirmar que en el curso de los debates que hemos tenido propusimos a la Cámara y ésta según, dice él, votó dos acuerdos que tuvieron relación con asuntos que hemos discutido, ni el pronunciamiento de ayer, aquí está la versión estenográfica, fueron motivo de votación, el acuerdo en ambos casos fue de enterado y ojalá se decida consultar la versión estenográfica. (Aplausos.)
Yo estoy convencido, señoras y señores diputados, de la honradez profesional y política del abogado Juan de Dios Castro, yo creo que él debería retirar la proposición que aquí se ha presentado, él sabe y sabe bien que en el caso de votarse la proposición estaría la Cámara violando abiertamente el artículo 67 constitucional al que él ha hecho mérito; él no negó y no podía negarlo que éste es un asunto diverso a los que están contenidos en la convocatoria que aprobó la Comisión Permanente.
El también señaló, que en el caso de iniciativas y proposiciones habría qué ver cuál era el procedimiento, él sabe también y lo hemos aplicado en la Permanente, que la fracción III del artículo 97 de la propia Constitución establece: "Que en los recesos la Permanente deberá dar curso a las iniciativas y proposiciones que vayan dirigidas a las cámaras".
Un problema más en el asunto que tratamos, señoras y señores diputados. La Presidencia de esta Cámara tiene las obligaciones que establece su Ley Orgánica y su Reglamento, dar curso a la proposición presentada por el diputado sería violatorio de la Constitución por parte e incluso de la Presidencia de esta Cámara. Debe entonces la Presidencia no dar trámite a la proposición y esto señores en esta tribuna, más de una ocasión, el propio diputado Castro en sus argumentaciones y debates permanentes ha establecido que la primera obligación que juramos aquí cumplir todos, fue respetar y hacer respetar la Constitución.
La convocatoria aprobada para este período de sesiones extraordinarias, tiene en el caso de la Cámara de Diputados un solo asunto propio para la Cámara, que es la protesta de diputados, los demás asuntos aprobados para el período involucran al Congreso General en su conjunto, a las dos cámaras, de Diputados y Senadores.
Señores diputados. Yo llamo al diputado Castro a que retire su protesta y en caso de no hacerlo,
a que la Presidencia de esta Cámara no le dé trámite y todos respetamos la Constitución de nuestro país. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señor Presidente; señores diputados: ¡Juan de Dios Castro no retira la proposición! (Aplausos.)
Y voy a razonar, porque un Congreso, una Cámara que se respeta, debe razonar por qué sí o por qué no y no procede el retiro de la proposición, porque el diputado Ortiz Arana, con toda seguridad, de buena fe ha hecho una mala interpretación de los razonamientos jurídicos, políticos y morales que en esta tribuna ha presentado Juan de Dios Castro y lo voy a demostrar.(Aplausos.) Señor diputado Ortiz Arana, usted dijo que Juan de Dios Castro aquí señaló que antes en los acuerdos que usted, otros coordinadores y yo firmamos, violamos con ello la norma jurídica...me retiro a los registros estenográficos.
El diputado José Antonio González Fernández (desde curul): - Señor Presidente, una interpelación.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con mucho gusto, si la acepta el señor Presidente.
El Presidente: - La acepta, diputado.
El diputado José Antonio González Fernández (desde su curul): - Yo quisiera que el diputado Fernández de Cevallos, antes de hacer la consulta pertinente, si le parece bien a Juan de Dios Castro para que disipe cualquier duda, le rogaría que para sustentar la afirmación que acaba de hacer en relación a una supuesta afirmación del diputado Ortiz Arana, le consultara a Juan de Dios Castro, porque él fue el que la hizo.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¿Me permite hacer una interpelación?
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con mucho gusto la acepto, señor Presidente.
El Presidente: - ¿Es interpelación, señor diputado?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Es lo único que me permite el reglamento y a través de la interpelación, le indico al señor diputado Diego Fernández de Cevallos, que tiene razón en lo afirmado en su discurso. Yo no dije, cono dijo el diputado Ortiz Arana, que él había violado la Constitución. Dije que su conducta al firmar el acuerdo parlamentario, del punto de acuerdo, su conducta estaba en contra de la interpretación de Amador Rodríguez Lozano y que confirmaba que el trato de ese asunto estaba contemplado por el artículo 67 constitucional.
Si yo dijera que violó la Constitución, estaría dando argumentos en contra de mí mismo. Gracias. (Aplausos.)
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con su permiso, señor Presidente.
Bueno, yo creo que si queremos razonar debemos procurar que el estado anímico de todos, empezando el de los coordinadores, encuentre el mejor espacio, la mejor condición para que lleguemos a esa racionalidad y a mi amigo Ortiz Arana se la pido por el bien de todos, por el bien del Congreso y por el bien de México.
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Yo no me enojo.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Lo sé que lo acepta, Fernando.
Yo quiero decirles que efectivamente yo en ningún momento escuché que Juan de Dios Castro hubiera argumentando en su defensa que los coordinadores violamos con los acuerdos el texto de la Constitución. Porque si eso hubiera dicho, yo hubiera perdido la palabra para hablar en contra de Juan de Dios Castro. Y porque yo hubiera entendido un mal argumento, porque sería razón suficiente para darle una aceptación a lo dicho por Amador Rodríguez.
En lo que dijo que había usado este Congreso o se pretendía usar dos varas si se aplicaba el criterio de Amador Rodríguez.
Pero en última instancia, si bien es cierto y podemos remitirnos a las constancias, que para algunos de los casos se pidió la votación colectiva que fue aprobatoria, aun, señor diputado Ortiz Arana, que no se hubiera sometido a votación ninguna de las proposiciones, el solo hecho de que esta Cámara las conociera, habría, en la hipótesis del señor Amador, que no la nuestra, hubiera violentado este Congreso el orden
constitucional. ¡Cosa que por supuesto, no aceptamos!
El sólo conocer aquí de una propuesta que no viene en el envío de las materias o de las iniciativas que nos remite la Comisión Permanente, bajo el criterio de Amador Rodríguez, sería violatorio a la Constitución.
Pero por lo demás, yo no escuché aquí que Juan de Dios Castro pidiera, en ningún momento, que esa proposición se sometiera a votación para que se estuviese en la hipótesis que plantean nuestros contrarios.
Sencillamente ha pedido un trámite y la interpretación se puede dar fácilmente, remitiendo a la votación del pleno o sencillamente aceptando "que por haberse dado el voto, la propuesta, la firma de 125 diputados", sin más trámite este Presidente nombrara la comisión.
Por lo menos es una interpretación que se podía discutir, que sería válida y la voy a argumentar para ahorrarnos tiempo.
Si un solo diputado puede hacer la propuesta que le venga en gana, no tendría sentido la norma jurídica de imponer un mínimo de 125 diputados, para que después se recurriese a la votación de una mayoría, que por supuesto la integran ustedes.
Sea como fuerte, yo les pido a todos, a los de la mayoría y a los grupos que hemos suscrito la propuesta, que llevemos esto por los mejores niveles de argumentación y de trato para que el Congreso levante siempre su mira en el debate y en su intención, por el bien de México. (Aplausos.)
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - Diputado Amador Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Para alusiones personales.
El Presidente: - Para alusiones personales, tiene el uso de la palabra, diputado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su permiso, señor Presidente. He pedido la palabra, para aludir a una serie de comentarios que se han hecho tanto por el diputado Juan de Dios Castro, como por el diputado Diego Fernández de Cevallos.
No es compañero Juan de Dios Castro, que haya temido darle una respuesta al compañero Calderón. He tratado de ser respetuoso de la ley. He tratado de ser congruente con lo que usted muchas veces ha venido aquí a la tribuna, de pedir de que respetemos el espíritu y la letra de la ley.
Por eso no le di contestación al compañero Calderón en lo términos que él me pedía. Sin embargo, voy a hacer algunas consideraciones, partiendo del supuesto de que no podemos conocer en este período de sesiones extraordinarias del asunto que usted está proponiendo a nombre de 128 diputados, porque sería violar la Constitución.
Y ya lo dijo el compañero diputado Fernando Ortiz Arana, "hay otro órgano".
Las razones no solamente son de carácter formal, sino son incluso de congruencia del espíritu de los cuerpos legislativos. Porque si este período de sesiones extraordinarias tuviera la facilidad de poder discutir todos los asuntos que se vinieran en gana, pues entonces caeríamos en la paradoja de tener funcionando simultáneamente dos órganos legislativos: el de la Comisión Permanente, que es representativo del Congreso de la Unión, formado por diputados y senadores y que tiene la función de recibir, de conocer los asuntos y darles trámite a las comisiones respectivas, para que una vez que reanude el período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, pueda conocerla y, por otro lado, tendríamos a un Congreso que con base en una convocatoria y en el 67 y en el 79 constitucional, estaría conociendo de asuntos que podrían ser interminables.
Esa es una lógica que rompe contra el espíritu mismo del equilibrio de poderes, que rompe contra la lógica misma de lo que es la función de un Poder Legislativo, que si bien es cierto debe de tener una permanencia en el tiempo en su actuación, no deben, por otro lado, tener una duración permanente sus sesiones.
Ese es un primer argumento de carácter lógico constitucional...
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Deseo hacer una interpelación.
El Presidente: - Señor orador: que si acepta una interpelación.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Sí, como no. Con mucho gusto.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Quiero preguntarle al diputado
Amador, ¿si independientemente de lo que diga la Constitución y como él la interprete, haciendo a un lado interpretaciones de legalidad, no se le hace una paradoja que esté funcionando la Comisión Permanente, cuando está funcionando el Congreso en pleno? Gracias.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - No, no se me hace una paradoja; se me hace uno de los mecanismos constitucionales más adecuados para que pueda funcionar de mejor manera el Congreso y no solamente en México. Yo le pido al compañero Becerra, que le dé una estudiadita a algún tomo de derecho parlamentario, para que vea cómo funcionan los congresos en el mundo. Es perfectamente congruente que haya un órgano representativo del Congreso, que esté tomando decisiones que la Constitución establece y, por otro lado, que cuando haya un asunto de carácter extraordinario, que sea de tal importancia, como aquí se ponderó hace un momento, en la Comisión Permanente, por quienes la integramos y decidimos convocar a un período de sesiones extraordinarias, tenga como propósito conocer solamente esos asuntos de la convocatoria, no es de ninguna manera incongruente o paradójico, sino que forma parte de todo el andamije constitucional que se ha construido y que tiene la lógica que ya dije, para poder evitar que haya un enfrentamiento de poderes y que ya lo manejó de manera extraordinaria, por demás, don Emilio Rabasa, cuando hace el análisis y la discusión en la crítica al Congreso de 1857 y los enfrentamientos que tuvo con el Poder Ejecutivo. Espero haber contestado a su interpelación. (Aplausos.)
Pero no voy a temerle a entrar, aceptando de que no debemos de conocer este asunto, porque sería ir en contra del orden jurídico constitucional. Voy a adelantar los juicios de la fracción parlamentaria respecto a la propuesta.
Por supuesto que una Constitución y una norma tiene multiplicidad de interpretaciones, por eso precisamente hay un órgano específico, que tiene como función fundamental interpretar la Constitución, para que lo que ese órgano establezca sea finalmente lo que dice la Constitución, por eso dicen en Estados Unidos que la Constitución es lo que dicen los jueces.
Aquí, el compañero Diego Fernández de Cevallos viene a hacer una interpretación muy especial, que yo lo entiendo, con el propósito de poder ganar simpatía y de que conozcamos y que le demos trámite a la propuesta que ha hecho el compañero Diego Fernández de Cevallos.
El artículo 93 constitucional, su párrafo que hemos estado discutiendo, viene de la reforma, si mal no me equivoco, de 1977, un órgano, un párrafo que por cierto ha tenido muy poca aplicación en el orden jurídico mexicano. El dice: esta norma, con sólo que se ve el supuesto que establece este párrafo, en el sentido de que 125 diputados firmen la propuesta, ya por esa sola y sencilla razón el Presidente ni siquiera lo debe de poner a votación, sino que con esa propuesta tiene el Presidente que darle trámite y formar la comisión.
Bueno, me parece que es una interpretación, cuando menos muy sui generis, que no es una interpretación que tiene las características que debe de tener la interpretación constitucional, porque el artículo es muy claro, dice: "La Cámara...", y la Cámara solamente decide colectivamente, dice: "La Cámara, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de diputados y de la mitad si se trata de los senadores, tiene la facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria".
Primera circunstancia. No es posible que de manera automática y solamente por la petición de 125 diputados, se pueda dar el trámite que dice el compañero Diego Fernández de Cevallos; necesariamente se tiene que poner a votación de la Cámara de Diputados, para que la Cámara de Diputados colectivamente decida; primera consideración.
Segunda. Voy a permitirme leer un pequeño librito de dos españoles, nada más voy a leer el párrafo respectivo, que se llama precisamente: "El Control Parlamentario", de Montero y de García Murillo. Los compañeros dicen, tratándose de las comisiones de investigación, que no solamente es potestad de la minoría parlamentaria, sino que también debe ser aprobada por el pleno de la Cámara. En ese sentido, compañeros...
Me han puesto tarjeta...
El Presidente: - Compañeros diputados, les pedimos orden, por favor y, al orador, en consecuencia, también le solicitamos respete el tiempo establecido, por favor.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Me han puesto tarjeta roja, entonces pediré después otro turno para hechos, para poder terminar mi razonamiento. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En virtud de que hay..., ¿con qué objeto? ¿Para hechos? Tiene la palabra el diputado Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Una conducta dada frente a una norma jurídica y a un orden jurídico, sólo puede tener tres posiciones: lo ordenado, lo prohibido y lo permitido. En el ámbito de lo ordenado, lo lícito es la acción; lo ilícito es la omisión; en el ámbito de lo prohibido, lo lícito es la omisión y lo ilícito es la acción y, en el ámbito de lo permitido, tan lícita es la acción como la omisión.
En el ámbito de lo permitido, las facultades se llaman facultades de señorío. ¿A quién concede la Constitución la facultad de vigilar la buena marcha de la administración pública? A la soberanía de este Congreso y de esta Cámara de Diputados. No solamente tenemos la obligación de formular leyes; también tenemos la obligación de vigilar la buena marcha de la administración pública, de todo el aparato estatal, porque para eso se forman todas las comisiones que nosotros integramos. Esas facultades no son para determinados periodos del año; son facultades continuas y permanentes, porque la ejecución y la administración son servicios públicos y los servicios públicos son continuos y permanentes. (Aplausos.)
Resulta un argumento arbitrario, contrario al sentido y al significado de la Constitución, el venir a decir que debe pasarse a discusión y a votación el ejercicio de una facultad de señorío; el ejercicio de una facultad de señorío pura y simplemente se respeta y este Congreso y esta Cámara están luchando por rescatar el pleno ejercicio de su competencia constitucional. Cuando el artículo 93 autoriza a una cuarta parte de los miembros de esta Cámara a designar una comisión para investigar un ámbito del sector de la administración de un instituto paraestatal, hay que leer íntegramente el artículo 93; el artículo 93 se refiere a que los secretarios del Estado y los jefes de departamento y todos los supremos funcionarios, están obligados a dar informe a esta soberanía sobre la buena marcha de la administración pública. (Aplausos.)
También se indica que cualquier Cámara puede citar a secretarios de Estado, jefes de departamento, directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las empresas de participación estatal mayoritaria, para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades en primer término, como lo expresó el licenciado Cevallos, que aquí no estamos violando la Constitución, aquí la vamos a respetar y la vamos a hacer vigente.
En primer término, el período extraordinario se ocupa de los asuntos que le fueron sometidos a su conocimiento y el asunto que le fue sometido a su conocimiento es una iniciativa de ley que comienza con una enorme sospecha de mala administración, todo eso está en el aire de esa nueva iniciativa del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
¿Por qué se le saca el llevar los dineros en sus oficinas?, ¿por qué tienen que ser los bancos?, ¿por qué tiene que ser una contabilidad más rigurosa?, ¿qué acaso no hay necesidad de ver esa contabilidad de una manera más consecuente?
Entonces, cuando se sometió a nuestro conocimiento la ley para discutir la forma de organización de ese servicio de la vivienda popular, de la vivienda de los trabajadores, se deriva de eso mismo; no estamos saliéndonos del tema, sería faltar a la unidad, a la comunidad de la continencia del asunto. En primer término somos competentes porque en este período extraordinario se nos ha sometido a nuestro conocimiento el tema de la reforma legal del instituto que sirve a la vivienda de los trabajadores y, en segundo término, las facultades que corresponden a la soberanía de esta Cámara, no son para cuando el partido de la mayoría lo quiera reconocer; son todos los días y a eso estamos aquí, a cumplir la Constitución y cumplir la Constitución quiere decir respetar no sólo la letra, sino la intención, la valoración, la justicia; quiere decir que una interpretación justa que respete los intereses populares, es la que ha hecho la unidad de estos diputados, interesados como estamos en que se respete la ley y en que se marche en la administración pública por el sendero de una buena administración pública.
Por lo tanto, es improcedente que se pase a votación esta proposición, es un ejercicio que se llama facultad de señorío y la facultad de señorío no se discute; se respeta.
El Presidente: - Bien, señor diputado. Esta Presidencia acuerda que se reserva el asunto para ser entregado a la mesa directiva que se elija para el próximo período ordinario de sesiones.
RECESO
El Presidente (a las 22.50 horas): - Asimismo, se declara un receso para reanudar las
ASISTENCIA
El Presidente (a las 11.45 horas): - Se reanuda la sesión y esta Presidencia informa que se encuentran presentes 385 diputados.
ACUERDO PARLAMENTARIO
El Presidente: - Antes de dar inicio al registro de oradores, esta Presidencia se permite leer el acuerdo parlamentario que aprobó esta Cámara el día de ayer, acuerdo que regirá los trabajos de la discusión en lo general y particular de la Ley Agraria.
ACUERDO PARLAMENTARIO PARA REGULAR LA DISCUSIÓN SOBRE LA LEY AGRARIA
CONSIDERANDO
Que en el marco del acuerdo parlamentario para regir los trabajos del primer período de sesiones extraordinarias...
Se les ruega a los señores legisladores poner atención porque éste es el acuerdo que normará los trabajos de la sesión del día de hoy y del día de mañana. Por lo tanto se ruega tomar sus lugares y a quienes se encuentran en los pasillos, también se les pide guardar orden y compostura para dar inicio a esta sesión.
"Primero. La discusión en lo general de la Ley Agraria, se verificará en las sesiones de los días 19 y 20 de febrero.
En lo particular la discusión será el día 21 del propio mes.
Segundo. En la discusión en lo general de la Ley Agraria, participarán hasta tres oradores por cada grupo parlamentario, haciendo uso de la palabra hasta por 30 minutos cada uno.
Tercero. La sesión iniciada el día 20 de febrero concluirá cuando se efectué la votación correspondiente.
Cuarto. En la sesión del día 21 se discutirá la Ley Agraria en lo particular, ordenándose su discusión por títulos. Por lo mismo se debatirán todos los artículos correspondientes a cada título, mismos que se votarán nominalmente.
Quinto. La intervención de cada orador en la discusión en lo particular, procurará ajustarse a un máximo de 10 minutos.
Sexto. La sesión del día 21 de febrero concluirá cuando se hayan debatido y votado los artículo que integran la Ley Agraria".
Firman los coordinadores de los grupos parlamentarios.
En consecuencia, se ruega a lo señores diputados que vayan a participar en este debate, sean tan amables de ajustar sus intervenciones al acuerdo antes leído.
Se reanuda la sesión y se abre el registro de oradores.
El diputado José Antonio González Fernández (desde su curul): - Nada más solicitaría atentamente le otorgue la palabra al diputado César Augusto Santiago, Presidente de la Comisión de Gobernación, en los términos del 108 del Reglamento, para fundamentar el dictamen.
El Presidente: - En los términos del artículo 108 del Reglamento, se concede el uso de la palabra el diputado César Augusto Santiago Ramírez, para fundamentar el dictamen.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Hablar de los asuntos del campo en México, es o debe ser para los diputados motivo de preocupación, de interés y de responsabilidad mayor.
Construir un sistema normativo para conducir, para resolver los asuntos del campo, debe ser motivo aun de mayor responsabilidad. hacerlo exige una gran objetividad. Una gran apertura, una gran voluntad de argumentar, de proponer, de insistir. Pero también de saber escuchar; de poder reconocer las razones de los otros en la búsqueda del objetivo y la razón fundamental. Mejorar las condiciones del campo mexicano y con ello poder avanzar en la consolidación de la nación.
Con ese espíritu se ha visto la Iniciativa de Ley Agraria que ahora comenzaremos a discutir, con la experiencia y la información tan amplia de los debates recientes cuando reformamos el texto constitucional.
Decidimos, la mayoría de la comisión, que éste era el tiempo para profundizar en la reglamentación de las normas generales ya aprobadas en la Constitución y que constituye el tema central de la Ley Agraria que ahora empezamos a discutir.
Es indispensable, por eso, dejar clara la voluntad para avanzar en la construcción del marco normativo que integra nuestro sistema agrario constitucional. Dar las normas y sus razones para que los hombres del campo puedan disponer pronto de un marco normativo general que precise los rumbos, los alcances y también las opciones legales para que el vigor de la gente del campo pueda encontrar un espacio seguro en el que lleve a cabo acciones y esfuerzos.
Decidimos, pues, que éste era el mejor tiempo para continuar en la discusión y el diseño de las normas. Hemos concluido el trabajo de las comisiones con un dictamen exhaustivo, a nuestro juicio, novedoso no sólo en su conceptualización, sino también en su desarrollo y en sus formas decididas por todos.
La reforma al artículo 27 constitucional tuvo el propósito fundamental de adecuar la norma a las exigencias del campo mexicano de hoy. El sustento político y social de la reforma, está explicitado en la necesidad de dar mayores libertades y provocar mayor justicia en el campo; en buscar que por la norma constitucional, se abrieran las posibilidades para que puedan darse cambios en las condiciones actuales del agro; cambios indispensables, cambios sustentados en una regulación que permita la permanencia de los principios centrales que han estado siempre presentes en la norma constitucional agraria.
En su tiempo se dijo que la reforma constitucional era la mejor posibilidad para adecuar los medios con el propósito de que los principios continuaran vigentes y se argumentó, en su tiempo también, que era opinión de la mayoría el que de no hacerlo así, la norma agraria se hubiese petrificado, se hubiese convertido, quizá, en un obstáculo para el sano desarrollo de la vida en el campo mexicano.
Se reconoció entonces la complejidad de la tarea y también la complejidad del campo mexicano actual, que ha buscado en los hechos una serie de prácticas, una serie de conductas impuestas por la necesidad de los hombres del campo ante la inflexibilidad de las normas y de los procedimientos agrarios.
Encontramos, pues, al elaborar este dictamen, como referencia central, la racionalidad expuesta en el dictamen que dio sustento a la reforma al artículo 27 constitucional.
De ahí hemos partido, buscando los principios esenciales, integrando los criterios rectores que tendrían que permanecer en el diseño y el desarrollo de la ley reglamentaria; tarea indispensable que las comisiones han logrado desempeñar de manera muy loable, porque le dictamen expone los puntos centrales de la reforma constitucional, hoy desarrollados en el articulado de la ley reglamentaria.
La identificación de estos principios ha sido fundamental porque nos da a todos, señoras y señores diputados, la seguridad de que esta ley reglamentaria corresponde fielmente a los criterios y principios de la reforma al artículo 27 constitucional.
Por eso la comisión, las comisiones, estimaron y así lo expresó el dictamen, desarrollar sus razonamientos en torno a estos criterios fundamentales.
En primer lugar, el principio de plena seguridad jurídica a la tenencia de la tierra; seguridad jurídica a sus tres formas históricas:
Propiedad ejidal, comunal y pequeña propiedad, seguridad esencial porque como expresa el propio dictamen, la inseguridad aleja a los campesinos de sus tierras, lesiona la vida de las comunidades indígenas y desalienta la iniciativa de los pequeños propietarios, provoca conflictos permanentes, genera resentimientos, destruye expectativas y cancela potencialidades reales; la seguridad en la tenencia en cambio arraiga a ejidatarios y a los miembros de las comunidades indígenas en su tierras y les permite con si trabajo que éste se convierte en instrumentos de justicia y bienestar.
Este primer criterio o presupuesto, consideran las comisiones, se cumple a cabalidad en el artículo de la ley reglamentaria. En efecto, pensamos que la tenencia de la tierra en condiciones de claridad de derechos de los diferentes sujetos y de certeza jurídica, es el más poderoso de los instrumentos para lograr un mayor bienestar de la población rural. La definitividad de derecho sobre sus tierras para ejidatarios y comuneros es otro de los grandes propósitos de la reforma constitucional al artículo 27; se analizó con cuidado la perfecta correspondencia de este principio en conjunto de la ley reglamentaria, estamos aquí yo pienso, ante el núcleo normativo más importante de la nueva ley, los derechos de propiedad delimitados y plenamente garantizados son para los hombres para lograr mayor justicia y bienestar; derechos de propiedad que se corresponden con la distinta naturaleza de las tierras, aquellas del asentamiento humano, las del uso común, las tierras parceladas y la pequeña
propiedad en cada uno de estos ámbitos, la norma específica, la manera de ejercer los derechos fundamentales de propiedad.
La nueva ley reglamentaria asimismo en su título segundo y de acuerdo a la letra del artículo 27 de la Constitución, establece las orientaciones que habrá de seguridad el Estado en el ejercicio de sus nuevas responsabilidades en el campo. Estas mismas comisiones en ocasión de la reforma constitucional, señalaron que el Estado no abdicaba de sus responsabilidades sociales; hoy al analizar la ley reglamentaria reafirmamos el nuevo marco de la actuación estatal en el campo, el Estado seguirá apoyando a los hombres del campo, pero lo hará en un marco de respeto a sus iniciativas y a sus propias decisiones.
En el título tercero de la ley que hoy discutimos, la organización ejidal encuentra las disposiciones que la llevarán, superando rigideces e incoherencias, a convertirse en una organización que efectivamente sirva para liberar la iniciativa de los ejidatarios. En ese punto la ley reglamentaria es explícita, los tres órganos del ejido se definen preferentemente para servir como promotores al desarrollo del ejido y se clarifican las atribuciones y los límites de su desempeño; así esta Ley Agraria habrá de transformar la organización campesina como afirmamos en el dictamen, el campesino en el ejido, con su participación y sumando su propio esfuerzo al de los demás, se convierte en protagonista de la transformación del campo al sumar voluntades e iniciativas, decisión y tenacidad en el logro de los propósitos...
El Presidente: - Permítame un segundo, señor diputado. Se les ruega a las personas que están en los pasillos favor de guardar silencio, porque no permiten escuchar al orador, a los diputados que se encuentra aquí interesados en escuchar esta exposición.
Continúe usted, por favor.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Muchas gracias, señor Presidente.
Al sumar voluntades e iniciativas, decisión y tenacidad en el logro de los propósitos comunes, el ejido aparece como el instrumento privilegiado de una modernización del agro que ha de expresarse en mayor justicia y bienestar.
La ley reglamentaria asimismo desarrolla con amplitud y precisión las normas que fijan las distintas opciones en lo que concierne al ejercicio del derecho de propiedad y en cuanto a la forma de asociarse de ejidatarios y comuneros y de éstos con terceros, son opciones para la libertad, la ley las consagra en el espíritu del artículo 27 constitucional, así lo estimamos en el dictamen. En la ley hay otra concreción que amerita destacarse; El diseño normativo que concilia seguridad y certidumbre en los derechos y posibilidades de asociación para encontrar el crédito y los recursos que el campo requiere.
A nuestro juicio, en las leyes reglamentarias se da esta congruencia, porque, por un lado, se definen muy bien los derechos sobre la tierra y se les da seguridad y, por otro, se garantiza que las decisiones, cuando exigen un tratamiento colegiado descansen democráticamente en la responsabilidad de los interesados.
Con esto se produce transparencia en las decisiones en el campo para que éstas siempre se orienten a lograr incentivos de capital, aportación de nueva tecnología, aprovechamiento de experiencias, desarrollo, en fin, de una concepción nueva de la justicia social integral que avanza en la construcción de un nuevo campo mexicano.
Advertimos al construir el dictamen, la necesidad de dejar explícita la tutela legal que ofrece la ley para evitar mayor deterioro de nuestro tierras y recursos naturales.
Advertimos también que la tierras de las comunidades indígenas y las de uso común, en los ejidos, han sufrido un paulatino deterioro, no sólo por la propia calidad y naturaleza de las tierras, sino también porque han faltado opciones viables para su aprovechamiento eficaz. La disyuntiva, señores, es clara: mantener por siempre el estado de cosas que al final sólo concluirá con mayor deterioro, quizá ya irreversible, o buscar que la norma deje abierta la posibilidad para que la decisión y la responsabilidad de los propios protagonistas, llámense ejidatarios o comuneros, puedan el aprovechamiento de sus tierras preservando la ecología y rescatando nuestros recursos naturales.
Finalmente, largo reclamo vinculado a la consustancial necesidad de dar seguridad jurídica, es el de construir un sistema de justicia agraria que permite la presentación de las exigencias campesinas y la solución jurídica de las querellas.
Nuestro pueblo tienen una vieja tradición de legalidad. Tradición que se ha expresado en aportación que se ha expresado en aportaciones sólidas al desarrollo jurídico contemporáneo, tradición que ha servido para garantizar libertades y para reivindicar conquistas en el curso de nuestro historia.
Aquí en el campo era imprescindible encontrar una norma, un procedimiento legal transparente en sus pasos, en las pruebas, en los alegatos, en fin, que haga pronto y expedita la impartición de la justicia agraria. Así la recoge en su título final el diseño normativo que creemos producirá mecanismos jurídicos que nos permitan resolver rezagos en procesos interminables que han motivado un retroceso en el aprovechamiento racional de nuestras tierras.
Pero también la ley es cuidadosa en el diseño de una instancia social que no abandone a los núcleos de población o a los hombres del campo que requieran de apoyo y asesoría legal. Por eso el diseño de la procuraduría Federal de la Defensa Agraria que fue iniciativa de esta propia Cámara y que habrá de estar atenta al logro de los propósitos sociales de los instrumentos normativos de la nueva ley.
Señoras y señores diputados; señor Presidente:
El dictamen que hoy sometemos a su consideración, creemos, es congruente con la tradición parlamentaria de nuestro país y es consecuente con la importancia de la ley motivo del dictamen. Buscó el dictamen una estructura diferente, cuyos rubros generales fueran puestos a consideración de las comisiones unidas y aprobadas por ellas; en la forma tienen una exposición inicial teórica en donde se da cuenta de cómo los criterios fundamentales del artículo 27 constitucional se desarrollan en el cuerpo de la ley motivo del dictamen. Se encuentra ahí una explicación muy amplia que puede motivar opiniones diversas, como todas las cuestiones legislativas; pero que nadie podrá negar se orientó de manera precisa a dar sustento a la razón de ser de una ley reglamentaria: buscar los puntos centrales de la ley superior, que fijen una reglamentación secundaria.
En su forma, el dictamen tiene una sucinta explicación de los capítulos y los artículos sobresalientes de la ley y un capítulo y los artículos sobresalientes de la ley y un capítulo final en donde se recogieron los cambios a la iniciativa, que ahora están a la consideración de todos ustedes. Pero conviene aquí detenernos para hacer énfasis. ¡Así como en la primera parte del dictamen ha habido un gran esfuerzo para conceptualizar cómo el artículo 27 constitucional produjo las líneas de la ley reglamentaria, así también en la parte final del dictamen hay un esfuerzo de congruencia y de rigor jurídico, señoras y señores diputados, para que los cambios propuestos y aceptados en las comisiones se inscriban en el espíritu, en los criterios centrales, en al decisión inicial de la ley reglamentaria!
¡Los cambios no podrían ni podrán tener justificación, si se apartaran del espíritu general de la ley! Son cambios para fortalecer su espíritu, para avanzar en la dirección de la ley ya marcada!
La comisión, finalmente, reconoce la espléndida participación de todos los partidos políticos, con distintos enfoques y visiones del asunto. Todos han mostrado voluntad, responsabilidad y ánimo de propuesta.
Buscar consensos es un tarea esencial, como esencial es también precisar, argumentar y defender con pasión nuestras diferencias. Ahí está el sentido, la razón de ser, la explicación mejor de la fortaleza del Poder legislativo.
Aquí está, señoras y señores diputados, el dictamen a su consideración. Más allá de las posiciones partidistas, de las estrategias de la lucha parlamentaria, pedimos con respecto a todos ustedes, que esta discusión plural esté dominada por el criterio común, desde perspectivas diversas buscar para proponer las normas que motiven la superación de los problemas del campo y el engrandecimiento de México. Eso es todo. (Aplausos.)
El Presidente: - Esta Presidencia informa que han sido registrados para participar en la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto de la Ley Agraria, los siguientes diputados:
Jorge Calderón Salazar, por el Partido de la Revolución Democrática; Hugo Andrés Araujo de la Torre, por el Partido Revolucionario Institucional; Héctor Ramírez Cuéllar, por el Partido Popular Socialista; Jorge Zermeño Infante, por el Partido Acción Nacional; Romeo Flores Leal, por el Partido de la Revolución Mexicana; Juan Manuel Huezo Pelayo, por el Partido del Frente Cardenista; Jorge Moscoso Pedrero, por el Partido de la Revolución Democrática; Jesús González Gortázar, por el Partido Revolucionario Institucional; Francisco José Paoli Bolio, por el Partido Acción Nacional; Efraín Zuñiga Galeana, por el Partido Revolucionario Institucional; Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista; Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional; Cecilia
Soto González del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Heberto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista.
En esta virtud, tienen el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presenta al pleno de la Cámara el siguiente voto particular contra el dictamen presentado por la comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, en relación a la iniciativa de Ley Agraria presentada por el Poder Ejecutivo Federal.
Antes de iniciar la exposición, señor Presidente, quisiera rogarle un llamado a nuestros estimados legisladores.
El Presidente: - Nuevamente, señores diputados e invitados a esta sesión, se les ruega guardar el orden y la compostura debida, con el propósito de que esta sesión, considerada por muchos de ustedes y por nosotros también como histórica, se pueda desarrollar con toda normalidad. Se les ruega guardar orden y compostura.
Prosiga usted, señor diputado.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Gracias, señor Presidente: Ciudadanos integrantes de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, viene a esta tribuna a razonar su voto en contra del dictamen relativo a la iniciativa de Ley Agraria presentada por el Ejecutivo Federal.
El Partido de la Revolución Democrática votará en contra de este dictamen, porque tanto en su contenido, como en el procedimiento seguido para su aprobación, se vulneran principios fundamentales del pacto federal expresados en la Constitución de 1917. La cancelación del reparto agrario, la privatización del ejido y la intervención de las sociedades mercantiles en la propiedad y producción rural, rompen las bases fundamentales sobre las que se constituyó el Estado mexicano, por lo que más allá de las graves repercusiones que tendrán en la vida rural de nuestro país, lo que está en juego en la discusión de este dictamen, es el futuro del proyecto nacional que da origen a la primera revolución social del Siglo XX.
México accede a su independencia en 1821, al término de una lucha iniciada en 1810 contra el poder colonial. No se combatió sólo por la independencia política, aunque ésta fue la bandera que enarboló el movimiento de los insurgentes; este movimiento tuvo como objetivos fundamentales: la abolición de la esclavitud, la libertad de pensamiento, acabar con todas las formas de discriminación y división de la sociedad en castas, la igualdad, la justicia, el federalismo y el establecimiento de normas constitucionales que garantizarán equilibrios y principios democráticos en el ejercicio del poder público.
Miguel Hidalgo, Allende, Aldama, doña Josefa Ortiz de Domínguez y otros destacados próceres de la independencia, enmarcaron su lucha en una visión y una proyección americana.
La síntesis más acabada de la propuesta insurgente, que trasciende a su tiempo la encontramos en los sentimientos de la nación, que el 14 de septiembre de 1813 presentó don José María Morelos, al Congreso Constituyente, convocado por las fuerzas de la independencia en Chilpancingo, hoy capital de Guerrero.
Posteriormente la Constitución de Apatzingán en 1814 refrendó los principios fundamentales expuestos en el trascendental documento.
La Revolución Mexicana, iniciada en 1910, fue la respuesta de un pueblo contra una opresiva y prolongada dictadura que entregó los recursos fundamentales de la nación al capital extranjero y a un reducido grupo de latifundistas.
Impulsó una modernización excluyente y subordinada y estableció un régimen antidemocrático que impedía el ejercicio de la soberanía del pueblo.
La Revolución Mexicana plasmó su programa democrático y social en el Congreso Constituyente de Querétaro, que culminó el 5 de febrero de 1917 con la elaboración de la Carta Magna, que desde entonces rige la vida de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución de 1917 ratifica y fortalece los principios fundamentales definidos por Morelos en Los Sentimientos de la Nación y por la
Constitución de Apatzingán, define en su "artículo 39 que la soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo. Este artículo establece de manera precisa que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno.
El artículo 40 establece: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República Representativa, Democrática, Federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental".
El artículo 27 constitucional "restituyó a la nación la capacidad efectiva de regular el aprovechamiento de sus recursos naturales, única forma de defender y fortalecer la soberanía, independencia e integridad territorial de México".
En virtud de que el porfiriato había entregado a los extranjeros más de la mitad del territorio nacional: bosques, minas, ferrocarriles y petróleo, los constituyentes de 1917 establecieron en la Carta Magna disposiciones que dan facultades al Estado para recuperar el control nacional de nuestra tierras y recursos.
Los trascendentales avances revolucionarios realizados en el período de gobierno del general Lázaro Cárdenas, particularmente la nacionalización del petróleo, el decidido impulso a la reforma agraria, al ejido colectivo y a las empresas ejidales, el reparto de más de 18 millones de hectáreas a campesinos y comuneros, la nacionalización de los ferrocarriles y el impulso al desarrollo económico del país, se hicieron con estricto cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Constitución de 1917.
Gracias a estas medidas revolucionarias y a pesar de errores y desviaciones, el país gozó de un desarrollo estable a lo largo de más de cinco décadas; sin embargo durante este tiempo las aspiraciones democráticas y del pueblo en gran medida quedaron incumplidas, y el modelo de desarrollo establecido a partir de la segunda guerra mundial profundizó desigualdades sociales, estableció una inequitativa distribución del ingreso, creó desequilibrios regionales y agudizó la contradicción campo - ciudad.
Esta dinámica ha sido profundizada por un grupo tecnocrático que ha impuesto, a partir de 1982, y en mayor medida a partir del 1o. de diciembre de 1988 un proyecto económico excluyente y subordinado a los intereses de los consorcios transnacionales que viola las normas fundamentales establecidas en nuestra Carta Magna, atenta contra los derechos sociales, limita la soberanía y niega a los ciudadanos el ejercicio efectivo de sus derechos democráticos anulando el postulado de sufragio efectivo que enarboló la Revolución de 1910. Defender los principios fundamentales establecidos en la Constitución de 1917 e impedir que se realicen reformas y se firmen tratados violatorios de la norma constitucional, es una tarea prioritaria para acceder a un proyecto nacional justo, independiente y soberano y preservar la integridad de la república.
La grave crisis agrícola y la dependencia alimentaria que padece la nación, no tiene como origen la estructura jurídica del ejido ni la forma de tenencia de la tierra; de mediados de los años cuarenta a mediados de los años sesenta; el crecimiento de la agricultura dobló el incremento democrático y este proceso se dio en el marco constitucional vigente hasta hace dos meses. La principal causa de esta crisis reside en la aguda descapitalización del campo que en lo fundamental es resultado de la política económica neoliberal instrumentada desde hace casi una década y que profundizó el abandono del campo mexicano.
Con estas reformas, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y posteriormente publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, la reforma al artículo 27 constitucional, el Estado mexicano contemporáneo, surgido del pacto social del constituyente de 1917, renuncia a su obligación de dotar de tierra a los pueblos y comunidades que lo requieran. Además, eleva a rango constitucional la concentración y transferencia de tierras dentro de los ejidos, legaliza la formación de neolatifundios empresariales, consolida el poderío de caciques, que por diversas vías han estado apropiándose de tierras ejidales y legaliza la expulsión de sus comunidades, de grandes núcleos de campesinos pobres, condenándolos a la marginación y a la pobreza extrema.
Nos oponemos enérgicamente a la decisión de la presente administración de terminar con el reparto agrario, cuando aún existen, en diversas regiones del país, numerosos latifundios y neolatifundios. Continuaremos luchando, junto a los campesinos, contra las reformas que han dado facultades a las sociedades anónimas para que sean propietarias de tierra y contra la mercantilización del ejido y la autorización para enajenar parcelas ejidales.
Además, no podemos aceptar pasivamente estas formas asociativas que profundizan la transnacionalización de la agricultura mexicana y el control de explotaciones agrícolas ejidales y comunales, por consorcios monopólicos nacionales y extranjeros.
Con esta reforma se legalizan actos que antes condenaba la propia Constitución. Sin embargo no se legitiman. La falta de consulta al pueblo sobre las modificaciones constitucionales, aparta a los poderes legislativos de sus funciones esenciales, pues rebasan las atribuciones que el propio pueblo les ha conferido rompiendo así la norma constitucional a que deben someterse.
La iniciativa de Ley Agraria enviada por el Ejecutivo Federal, está orientada por las siguientes directrices:
1. La materia agraria ejidal y comunal, sale de la esfera del interés público, lo que significa que la sociedad ya no tienen interés en tutelar, proteger o preservar, los intereses del campesinado, ejidatarios, comuneros y pueblos carentes de tierra.
2. Como la materia agraria pasa de la esfera del interés particular o privado, la ley recoge reglas provenientes del derecho común, que rigen los aspectos relativos a la cesión de derechos, enajenación de propiedades, funcionamiento de sociedades y celebraciones de contratos.
3. La ley establece normas y reglas jurídicas para la propiedad ejidal y comunal y permite distintos mecanismos de establecimiento de formas de propiedad privada al interior de las propias estructuras ejidales.
No obstante que en el artículo se aprecian preceptos que hablan del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de las tierras parceladas y de uso común, esto no es exacto, pues se deja a la decisión de las asambleas el cambio de régimen de propiedad.
Tierras que fueron entregadas durante más de 60 años de reforma agraria, conforme al interés público y el interés de la nación, ahora podrán ser rematadas y enajenadas mediante decisiones de minorías. El 33% de los integrantes de un ejido o comunidad, podrá dar por termino el régimen de propiedad social.
4. Las disposiciones sobre cesión de derechos y enajenación de tierras que contienen la iniciativa de ley, son una amenaza para la familia campesina. Los derechos parcelarios y la parcela ya no son considerados patrimonio familiar; el ejidatario y el comunero son facultados para decidir a quienes heredar sus derechos, sin que estén obligados a dejárselos a sus familiares, cónyuge, hijos o personas que dependan económicamente de ellos.
En cuanto a la cesión de derechos y enajenación de la parcela, estas personas sólo tendrán el derecho del tanto, la preferencia para comprar la tierra o adquirir los derechos sobre la base del precio pactado, con un tercero interesado.
5. En la iniciativa hay también reglas que permiten la conformación de nuevos latifundios. Destacan entre ellas las que permiten conservar la extensión de tierra, cuando se le han hecho mejoras en la infraestructura hidráulica. De especial importancia son las relativas a los límites de la propiedad ganadera, cuya extensión se puede ampliar al arbitrio de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Por la manera como está redactada la ley, al referirse a los límites de la pequeña propiedad, pueda darse lugar a que se interpreta que una persona tiene derecho a poseer acciones de una sociedad mercantil, agraria, ganadera o forestal, si a la vez es propietaria individual de tierras para la actividad agropecuaria y,
6. Se sientan las bases para un nuevo reparto agrario concentrador y excluyente. Un reparto de tierras ejidales y comunales en favor de empresas y sociedades mercantiles y se crean procedimientos de reubicación y deslinde, muy parecidos a las compañías deslindadoras de infausta memoria en el porfiriato.
Numerosas organizaciones campesinas así como partidos políticos, investigadores y ciudadanos en general, han propuesto un sinnúmero de cambio al proyecto agrario puesto en marcha sin que haya sido escuchados. Los mecanismos gubernamentales han sido excluyentes.
El pacto social está siendo roto. Las reformas constitucionales en materia agrícola implican el desconocimiento del campesinado como factor fundamental del desarrollo y parte esencial de la sociedad mexicana y en los hechos, el
Estado mexicano, está sustrayéndose de sus obligaciones con el sector campesino.
Con la mencionada ley no se logra la sencillez y claridad que supuestamente se pretendía para que fuera de fácil acceso a los campesinos y con la nueva propuesta de ley los problemas ahora
no sólo tendrá qué ver con la materia agraria, sino que se aplicarán otras leyes que nada tienen qué ver con el derecho social, tales como la Ley de Inversiones Extranjeras, la Ley General de Sociedad Mercantiles, el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles, lo que significa que habrá una mezcla de leyes y códigos de diferentes materias, y hará más difíciles y complejos los procedimientos.
De acuerdo a la ley reglamentaria en su artículo 74, se señala que las tierras de uso común serán inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Sin embargo, el artículo 46 establece que se podrá otorgar en garantía el usufructo de las tierras con la finalidad de obtener créditos, tanto con instituciones financieras, como con personas con las cuales se tenga relación de asociación o de tipo comercial. El artículo 75 señala que se podrá trasmitir el dominio de las tierras de uso común y tierras parceladas.
De esta manera existe una total contradicción entre el artículo 74 y los artículos 46 y 75, en el sentido de que, por un lado, se dice que la tierra de uso común, es precisamente inalienable, imprescriptible e inembargable y, por otro,, se establecen mecanismos para trasmitir el dominio y dar en garantía el uso de la tierra.
Finalmente, los artículos transitorios, en ellos, se establece que los puntos relativos a las dotaciones, ampliaciones y creación de nuevos centros de población así como reconocimiento y titulación de bienes comunales, cuyo trámite haya terminado por dictarse de acuerdo al archivo del expediente como los asuntos relativos a dichas materias que en el futuro se dicten, se tendrán como resolución definitiva. En los asuntos en que recaiga dictamen positivo, se turnará a los tribunales agrarios para su resolución.
De esta disposición se desprende que se está aplicando retroactivamente la ley en perjuicio de los campesinos, lo cual es totalmente violatorio de los derechos constitucionales, toda vez que el artículo 14 constitucional, establece que a ninguna ley se podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna y una ley secundaria no puede estar por encima de la ley fundamental.
Estimados compañeros diputadas y diputados, desde esta tribuna de la nación queremos precisarlo, es criterio del Partido de la Revolución Democrática, que las reformas y la legislación propuesta tienen como eje básica y conductor, la transnacionalización de la agricultura mexicana, por lo que se intenta adecuar el campo mexicano a un tratado del libre comercio que dará prioridad al inversionista extranjero y vulnera la soberanía económica y política del país.
En los hechos, con esta dinámica de privatización del ejido y de autorización a expansión de empresas mercantiles, nacionales y extranjeras en el campo, se propone un modelo de desarrollo al estilo de las grandes corporaciones norteamericanas.
En México, con las condiciones existentes en el campo, con el abandono del Estado a este sector y con las reformas propuestas, aplicando de manera ligera la reglamentación que está siendo presentada a la Cámara, 10 mil 933 latifundios empresariales por acciones, que tengan el máximo de tierra que la ley autoriza, acabarán adueñándose de la totalidad del territorio nacional y 104 millones de hectáreas del sector social, formarán parte del mercado de tierras a nivel internacional.
En el artículo 127 y en esto queremos hacer especial énfasis, de la iniciativa de ley reglamentaria en cuestión, referente a la participación de extranjeros en sociedades mercantiles agrícolas, se remite a la legislación en la materia, la ley y el reglamento para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera.
Este último reglamento, reformado por el Ejecutivo el 16 de mayo de 1989, contraviene el espíritu y alcances de la ley de 1973, quebranta la letra constitucional, crea figuras jurídicas como la inversión extranjera temporal, que permite la entrada al capital foráneo en cualquier proporción, con duración mayor a 20 años y considera como nacional a la inversión que realicen en México las sociedades financieras internacionales.
Otros aspecto fundamental a destacar en este reglamento, lo constituye el hecho de que la agricultura, la ganadería y la caza, están clasificadas bajo el régimen seis de regulación específica para la inversión extranjera directa en actividades económicas. Esto significa que se conceden facultades discrecionales y es aquí una interpretación textual del reglamento y de la inclusión de la agricultura y la ganadería en la categoría seis del Reglamento de Inversión Extranjera.
Así pues, se concede facultades discrecionales a una Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, integrada por siete secretarios de Estado
y un secretario ejecutivo nombrado por el Presidente de la República, para que autorice inversión extranjera directa en el campo mexicano, hasta un 100%, afectando y vulnerando de manera directa, la independencia, la soberanía y la integridad territorial de la nación. De esta forma se está fortaleciendo aún más un modelo de desarrollo excluyente, subordinado y dependiente.
Lo más grave sin embargo y queremos resaltar esto con particular énfasis, es que en los artículos 401 y 2 102 del borrador del Tratado Trilateral de Libre Comercio, que está siendo discutido en este momento en Dallas, en lo relativo a bienes e inversiones entre los tres países, se establece en un borrador, en un aspecto que ya no tienen corchetes, que ya forma parte de consensos entre los negociadores de los tres países, repito, se establece que los bienes e inversiones de los tres países, recibirán trato nacional en toda la región considerada, por lo que concluimos que los extranjeros, principalmente estadounidenses, podrán exigir, amparados en el Reglamento de la Inversión Extranjera, amparados en el título sexto en que se clasifica la agricultura y la ganadería, amparados en la figura que permite inversión extranjera temporal y amparados en estas dos cláusulas ya condensadas por los representantes de los tres gobiernos, podrán exigir trato de nacionales para adquirir tierras e invertir en un 100% en cualquier empresa agrícola o ganadera del país y si esto no parece suficientemente grave, llamo a su conciencia de mexicanos a que reflexionen el grave atentado que se está preparando en la ley reglamentaria del 27, en el reglamento de inversión extranjera y en esta dos cláusulas que ya fueron condensadas por los negociadores, el grave atentado que se está elaborando respecto a nuestra integridad territorial.
Otros aspectos que deseamos destacar, es el que se refiere a los monopolios y consorcios en materia agraria. El artículo 126 de la propuesta de ley reglamentaria, indica que ninguna sociedad podrá detentar más acciones o partes sociales de serie T de una o varias sociedades emisoras, que las que equivalgan a una superficie igual o menor a 25 veces la pequeña propiedad.
Sin embargo, en esta propuesta de articulado se ignoran las diversas formas que el capital monopólico ha desarrollado para controlar distintas empresas, sin necesidad de poseer ni siquiera la mayoría de las acciones de esa sociedad mercantil. Baste señalar que en muchos casos, con proporciones del 5% al 10% una empresa mercantil, puede constituirse y se constituye en holding que en la práctica puede agrupar un holding formado por 20 empresas mercantiles, hasta 400 mil hectáreas de tierras de diversa calidad.
Este modelo de desarrollo impuesto a partir de 1982 no consolida la soberanía económica del país y nos hace más dependientes del exterior, al sustituir la inversiones mexicana por la inversión extranjera.
Consideramos fundamental transformar radicalmente el modelo de desarrollo rural en marcha.
Es preciso elevar los precios de los productos agrícolas y restablecer el sistema de protección a productos básicos y de comercialización bajo un órgano de regulación gubernamental. Se requiere que por lo menos el 20% del gasto público se destine a inversión pública para desarrollo rural; se requiere la obligatoriedad de una política gubernamental para apoyar el campo con un criterio social; restablecer, fortalecer y crear instituciones públicas de apoyo al agro que fueron creados por los distintos gobiernos de la Revolución Mexicana y apoyar con extensionismo agrícola y tecnología a los productores del campo, para incrementar productividades, aumentar frontera agrícola, recuperar la autosuficiencia alimentaria y generar excedentes que permiten consolidar un modelo de desarrollo independiente y soberano.
Es preciso apoyar y promover nuevas formas de organización autogestionaria que permitan a los campesinos decidir cuándo y cómo producir en base a un sistema nacional de planeación democrática.
Ciudadanos legisladores: la base de un proyecto nacional independiente está en la Constitución de 1917; nuestra Carta Magna es el sustento de un proceso ordenado y pacífico de transición a la democracia para establecer un sistema donde desaparezca el régimen de partido de Estado y se ejerza la soberanía popular a través del respeto al voto ciudadano, única base para la formación de órganos de gobierno legítimamente constituidos.
La democratización del país es la condición indispensable para la defensa de la independencia y la soberanía nacionales.
Apoyándonos en el proyecto histórico, plasmado en la Constitución de 1917 y en el legado revolucionario de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y el general Lázaro Cárdenas, consideramos que con el impulso y la movilización democrática del pueblo y con la convergencia
de fuerzas democráticas que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, creemos posible impulsar un desarrollo integral de la nación, con crecimiento autosostenido, aumento del empleo y del ingreso de los trabajadores, desarrollo rural y autosuficiencia alimentaria, desarrollo regional, bienestar campesino y expansión del mercado interno.
Consideramos que una política que debe instrumentarse por un gobierno democrático, surgido de una profunda revolución popular y democrática, es continuar el reparto agrario, preservar la integridad del ejido y la comunidad, aumentar el fortalecimiento de las estructuras comunales y ejidales y desarrollar el campo mexicano con un espíritu nacionalista y democrático.
La realización y con esto concluyo, de estas aspiraciones profundas del pueblo y de la nación, sólo puede sustentarse en la democratización de las instituciones políticas de la República Mexicana, el fortalecimiento del municipio libre, la desaparición del régimen de partido de Estado y el establecimiento de órganos de gobierno, legítimamente constituidos, basados en el respeto a la voluntad popular, expresada a través de elecciones libres. Realizar esta tarea es el reto de nuestro tiempo.
Democracia ya. Patria para todos. Muchas gracias. Señor Presidente, solicitaría se incluyera el voto particular dentro de la minuta de esta sesión, el voto particular que presenta el Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. hago entrega de este voto. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hugo Andrés Araujo, y antes de que empiece el diputado Hugo Andrés Araujo, esta Presidencia, con el propósito de no interrumpir a los oradores subsecuentes, ruego a todos los presentes guardar el orden y el silencio necesario para escuchar a los oradores.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Señor Presidente; compañeros legisladores:
Ante los trabajos de la discusión en lo general de esta Ley Reglamentaria, pueden darse varias lecturas. Yo hago aquí otra lectura.
La reforma al artículo 27 constitucional sentó las bases políticas para la reforma campesina en el agro mexicano. La iniciativa de Ley Agraria que hoy debatimos para regular la tenencia de la tierra, propone los instrumentos para aplicar la decisión que adoptamos en la reforma constitucional.
El molde rígido que frenaba nuestras decisiones que con frecuencia suplían nuestra iniciativa y nuestra responsabilidad en el campo, sometiéndonos a decisiones administrativas distantes y ajenas, se supera en la propuesta. La hacemos nuestra con claridad y plena conciencia del papel que nos toca jugar para que el ordenamiento legal se convierta en realidad, en crecimiento de la participación y la democracia, en el establecimiento de nuevas relaciones económicas y sociales en el campo mexicano, para que éste sea más justo y más libre.
La iniciativa de Ley Reglamentaria concreta con claridad y sencillez el nuevo texto del artículo 27; la libertad de los productores rurales queda no sólo consagrada, también se establecen las normas para ejercerla con orden, equilibrio y protección y salvaguarda.
La certeza en la tenencia se complementa con un sistema de justicia ágil y expedito que responde a la demanda de los productores del campo.
Nos corresponde actuar de manera decidida para que la oferta legislativa se convierta en realidad, en práctica diaria para que nuestras decisiones definan el rumbo y el ritmo del desarrollo rural en nuestro beneficio.
La propiedad social adquiere un estatuto jurídico claro que propicia su permanencia y desarrollo. El ejido, nuestra conquista, se va a transformar para permanecer.
La distinción entre las distintas funciones que cumple la tierra del ejido, área de asentamiento humano, tierras de uso común y superficie parcelado, otorga claridad y flexibilidad para el cabal aprovechamiento de cada una de ellas. También ofrece la protección que cada una requiere para que la decisión democrática de los ejidatarios determine la mejor manera de utilizarlo.
No confundimos la protección, la garantía, para que los recursos ejidales se manejen en beneficio del núcleo por la decisión libre y trasparente de sus integrantes. Hay que repetirlo una vez más: estamos listos para tomar democráticamente las decisiones que nos permitan producir más y retener una mayor proporción del valor que generamos. Esa es la mejor defensa del ejido.
La vamos a hacer con nuestro trabajo y organización.
Es importante señalar que con la distinción entre las distintas áreas del ejido, se otorgan derechos y representación de los avecindados; se supera la exclusión e indefensión en que viven muchos trabajadores rurales. Este paso de enorme trascendencia, no estará completo hasta que en el área correspondiente de nuestra legislación se regulen las condiciones del trabajo rural y se garantice la organización y representación de los trabajadores.
Nuestra organización encabezará esta lucha insoslayable en el marco de la transformación integral del campo mexicano.
También debe destacarse que en la presente iniciativa se otorga igualmente a los hombres y mujeres respecto a sus derechos agrarios. Superamos así una exclusión inaceptable; se atiende una justa demanda de nuestras compañeras y se reconoce una realidad del campo mexicano en el que las mujeres desempeñan un papel creciente como productoras y trabajadoras rurales.
El marco flexible para nuestra organización, con respeto a todas las formas existentes y abriendo otras que antes nos estaban vedadas, nos permite legalizar de manera transparente, toda nuestra experiencia organizativa, perfeccionarla y ampliarla.
La tierra, nuestra fuerza de trabajo, el conocimiento y nuestra capacidad organizativa, amparada por una larga experiencia democrática, son nuestros principales recursos para el desarrollo y la reforma campesina de la producción y la vida rural. La Ley Agraria lo reconoce y nos permite fortalecerlo. Ese es nuestro mayor reto.
Conocemos las dificultades, pero también nuestra fuerza por más de 60 años acumulada en ésta, una de las reformas agrarias más profundas de nuestro siglo.
La transformación del campo mexicano es nuestra demanda y exigencia. La ley no nos la impone; nos abre las puertas para realizarla.
Los hombres del campo son sus protagonistas principales. Es necesario que a partir de la nueva legislación, se lleven a cabo profundo procesos de cambio en las organizaciones rurales hasta conformar un nuevo movimiento campesino.
Nos corresponde encabezar esos procesos. La dirección, está clara. Debemos reorientar el sentido de nuestro trabajo para fortalecer la organización económica de los productos rurales para conjuntar recursos, esfuerzos y aptitudes. A nuestra acción de gestoría debe sumarse una mayor capacidad para dirigir y ejecutar nuestros propios proyectos.
La participación y movilización encuadradas en el marco de la democracia plural y respetuosa, son requisitos en la nueva, en la que no habrá suplencia ni control burocrático. Debe haber apoyo público; es un componente indispensable de la transformación plural y un complemento necesario para sacar adelante esta reforma legislativa.
Pero este apoyo debe de ser canalizado a través de organizaciones económicas de los propios productores rurales.
Contamos con la garantía de ese apoyo, comprometido en la ley y en los hechos cotidianos del gobierno. A través de nuestras organizaciones debemos lograr que se traduzca en una nueva relación entre el Estado y los campesinos.
La nueva ley implica y exige la transformación de las instituciones públicas en el medio rural.
Su función debe reorientarse para transferir aquellas tareas que suplen y merman nuestra iniciativa desde la planeación hasta la ejecución de los programas.
Las organizaciones sociales que estamos en posibilidad de participar corresponsablemente con el servicio público; las instituciones deben de fortalecer su función normativa haciéndola clara y sencilla para que quede al alcance del productor rural.
Las distancias entre el productor y los servidores públicos, tienen que acortarse y volverse horizontales, lo que implica descentralización efectiva.
Las competencias confusas y a veces contradictorias, tienen que ordenar. No podemos seguir...
El Presidente: - Permítame un segundo, señor diputado. Nuevamente y aun cuando no es propósito de esta Presidencia estar interrumpiendo a los oradores, se les ruega a todos los asistentes guardar silencio porque no permiten que se escuche la intervención del orador. Continúe usted, por favor.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - No podemos seguir transitando en una maraña burocrática sin comprometer los propósitos de la reforma integral.
A partir de la Regularización agraria, requisito esencial de la reforma del campo mexicano,
debemos contar con servicios eficaces y orientaciones claras para nuestras tareas productivas. También tenemos que contar con los recursos para llevarlas a cabo y para capitalizar nuestro esfuerzo.
La instancia para disminuir con justicia nuestras diferencias, tiene que complementarse con la instancia que apoye nuestras iniciativas y consensos, para que a través de ventanilla única se atiendan integralmente nuestras necesidades de apoyo y servicio. Planteamos con claridad los retos que las organizaciones campesinas tenemos que enfrentar; exigimos la misma claridad en la respuesta institucional.
Las políticas para el desarrollo y la transformación también deben adecuarse al nuevo tiempo y propósito de la vida rural, no podremos enfrentar la estructura productiva en la dirección y al ritmo requerido sin políticas públicas claras y congruentes. Por lo tanto exigimos participar en su elaboración y aplicación.
La transformación integral del campo mexicano es propósito y tarea comprometida; los campesinos están dispuestos a asumir el papel que les toca como protagonistas principales; todos los demás deben hacerlo al mismo tiempo y ritmo. Al comprometernos con la nueva ley, tenemos claro nuestro compromiso con la transformación integral. Demandamos compromisos equivalentes de todos los participantes en este proceso.
Al hacer nuestra en lo fundamental la iniciativa de Ley Agraria del Presidente Salinas de Gortari, expresamos nuestro compromiso para realizar la reforma campesina del agro mexicano. Reconocemos que la ley la propicia y que protege los derechos campesinos y abre el espacio para lograr sus aspiraciones; respeta el pasado, reconoce la historia pero nos condena a repetirla, libera de ataduras y restricciones al mismo tiempo que permite a la protección que estimemos justa y necesaria en circunstancias concretas y diversas, abandonamos la regulación excesiva para establecer instrumentos jurídicos precisos y adecuados para la defensa de nuestros intereses, recobremos el ejercicio efectivo de libertad con los recursos jurídicos que eviten el desorden, el abuso y la simulación; la tutela se transforma en alianza, en compromiso histórico para la justicia y la libertad.
Compañeros legisladores: nuestras organizaciones han reclamado el cambio, la Ley Agraria nos permite llevarlo a cabo, somos conscientes de las oportunidades y también de los riesgos. Con esa conciencia clara nos sumamos a la dirección y el sentido de la iniciativa del Ejecutivo; ya hemos trabajado en comisiones para perfeccionarla y el dictamen refleja ese esfuerzo.
Convocamos a todos a continuar el trabajo en esa dirección en el debate que hoy iniciamos, permanecemos atentos a todos los argumentos y propuestas que propicien una ley mejor, más clara y sencilla; pero no renunciaremos a los principios esenciales de libertad y de justicia.
Ha sido nuestra demanda y hoy son nuestra razón, la ley la recoge por eso es nuestra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
La Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que hoy entra a examen en la Cámara de Diputados, contiene un dogma de carácter liberal, contiene la concepción de la ideología del grupo en el poder y esa ideología está contenida desde el primer artículo hasta los transitorios.
Para el grupo en el poder, según el contenido ideológico de la iniciativa, la vía de la propiedad social en el campo está cancelada. Años de fracaso en la política del reparto agrario, en la política de entrega de crédito a los campesinos, en el burocratismo y en la producción, les ha llevado a la íntima convicción de que este camino se ha cancelado y que hay que abrir a las fuerzas del mercado, al ejido y a la comunidad indígena.
Sin duda que el propósito central de esta ley, es establecer en México un mercado libre de la tierra, en que la tierra entre al mercado nacional en función de la ley de la oferta y la demanda, en función de la inversión privada, en función del comportamiento de la banca y del resto de los agentes económicos de nuestra sociedad.
En México había tres formas de propiedad: la propiedad ejidal, la propiedad comunal y la propiedad privada y durante décadas mantuvimos un equilibrio entre estas tres formas de propiedad; durante décadas predominó la propiedad social sobre la propiedad privada y fue la propiedad social la que permitió la alimentación de nuestro pueblo desde hace muchos años. Pero este equilibrio de las tres formas de propiedad o de las tres formas de tenencia, comienza a romperse a partir del momento en que
la Ley Reglamentaria elimina una serie de normas protectoras, que no tutelares, de derechos ejidales y de derechos comunales y los pone a competir en igualdad de condiciones con la otra forma de propiedad, que era la propiedad privada.
Existe el claro propósito de ir desintegrando las formas de la propiedad social en el campo; no hay en el gobierno interés alguno por fortalecer, por incrementarlas, porque se parte de la idea de que la recapitalización del campo ya no vendrá con la vía de la inversión del sector público, sino vendrá por la vía de la inversión del sector privado nacional y del capital extranjero.
Pero para eso puede darse, para que la capitalización privada en el campo puede, se requiere despojar al ejido y a la comunidad de las restricciones que hasta hoy tenía ponerlas en igualdad de condiciones para poder competir con la propiedad privada y poder recibir inversiones importantes del campo de la propiedad privada.
Por lo tanto, la Ley Reglamentaria elimina el carácter del derecho público que tenía la legislación agraria y prácticamente traslada los asuntos agrarios al campo del derecho civil y más aún al campo del derecho mercantil.
Durante décadas se consideró que la norma agraria protegía derechos de pueblos y comunidades y el Estado tenía la obligación de coadyuvar a la protección de esos grupos de población y por eso fue una norma de derecho público que el Estado siempre pretendió impulsar y apoyar.
Pero ahora se trata de aplicar normas e instituciones propias de derecho civil y propias del derecho mercantil. Lo que está implicado ya una profunda transformación cualitativa de la legislación agraria y una verdadera transformación teórica de lo que hasta hoy entendíamos como naciones del derecho agrario.
La Ley reglamentaria que hoy analizamos es profundamente ideológica. Cuando se nos pide que no ideologicemos nuestro discurso, no podemos menos que dejar de advertir que esta ley es profundamente ideológica. En primer lugar, desde el primer artículo hasta los transitorios opera la concepción individualista en materia jurídica, en materia política y en materia social. Se impregna la concepción particularista, la concepción individualista, en la ley de esta manera se vulnera el orden constitucional que aprobamos aquí en el mes de diciembre pasado.
En primer lugar la esencia del ejido, como núcleo de producción y como célula de carácter social y de vida comunitaria, queda vulnerada. Porque las tres partes en que se compone el ejido, quedan vulneradas por la ley reglamentaria. Se vulnera el área de residencia de los ejidatarios, se vulnera el área de uso común y también, claro, se vulnera el área parcelada de cada uno de los ejidos de nuestro país. En contravención a las normas constitucionales que mantenía protección el área de asentamiento humano y al área de uso común de cada ejido y de cada comunidad.
El afán privatista lo vemos en la concepción que se tiene de la comunidad indígena. Porque se plantea todo un capítulo, que permite el parcelamiento de las comunidades y de los grupos indígenas que permite el parcelamiento de las áreas comunes de esos grupos y de esas comunidades, para que puedan ser transferidos a las sociedades mercantiles para que puedan ser rentadas o vendidas a particulares, al margen del patrimonio de esos núcleos que son las comunidades indígenas.
También en contravención a la norma constitucional se autoriza ejercer el dominio sobre las áreas de uso común. Las áreas de uso común constituyen el núcleo de la riqueza de un ejido. Ahí se encuentran los bienes fundamentales del ejido que explota esos recursos. Ejidos madereros turísticos, ejidos de cualquier otra naturaleza tienen, como núcleo fundamental de su riqueza, el área común de cada uno de esos núcleos de población.
Y ahora, "de contrabando", se introduce el concepto del dominio directo de las áreas de uso común, cuando claramente señala el artículo 27 que el dominio directo se otorga a los ejidatarios sólo en la zona parcelada y no en las áreas de uso común.
Pero a mayor abundamiento, considerábamos nosotros que la asamblea ejidal era la autoridad soberana en cada ejido y era la autoridad que decidía el futuro de ese ejido, sus acuerdos fundamentales, la elección de sus autoridades. Pero ahora, se vulnera la autoridad de la asamblea cuando un ejidatario decida libremente, sin autorización alguna de la asamblea, tener el domicilio directo en su parcela, rentarla o venderla, sin esperar a que la asamblea ejidal dé la autorización correspondiente.
Todo esto es con el propósito de abrir la estructura comunal y ejidal, que el gobierno
consideraba hasta hoy una estructura cerrada y que aquí el diputado Araujo vino a plantear de esa manera. Se considera que el ejido es una estructura cerrada y que, por lo tanto, debe abrirse a los otros agentes económicos y por lo tanto vienen las reformas al carácter fundamental del ejido y de la comunidad.
Pero el aspecto central de la ley reglamentaria, en consonancia con la vulneración de la esencia del ejido y de la comunidad, está en la constitución de las sociedades mercantiles.
En el mes de diciembre pasado, cuando debatimos este asunto, señalábamos que las sociedades mercantiles en todo caso debían constituirse en el área de la pequeña propiedad y que siendo de esa manera no tendríamos objeciones de fondo qué hacer a las sociedades mercantiles. Pero nos oponíamos a que las sociedades mercantiles se constituyeran sobre la base de superficies ejidales y sobre la base de superficies de las comunidades y sin embargo, la ley reglamentaria que hoy empezamos a analizar ya abre las puertas para que las sociedades mercantiles puedan instalarse en el ámbito de lo que hasta hoy eran las áreas de la propiedad social y así, nos encontramos con que las sociedades mercantiles podrán tener entre 2 mil 500 a 250 mil hectáreas, según lo señala la Constitución, en lo que concierne a los límites de la pequeña propiedad.
Pero más aún, la posibilidad de que las sociedades mercantiles, constituidas en zonas de agostadero, pueden ser transformadas en zonas aptas para la agricultura, se mantiene el estatuto de pequeña propiedad ganadera y por lo tanto, no se considera como una propiedad latifundaria.
Por esa razón, afirmamos de una manera categórica que esta ley alienta la formación de grandes concentraciones de tierra, alienta la posibilidad de la reconstitución de grandes acaparamientos de enormes superficies en manos de una minoría de empresarios nacionales y extranjeros en detrimento siempre del área de la propiedad social. Nosotros planteábamos la necesidad de la coalición de ejidos, de que los ejidos se asociaran entre sí o con los comuneros, o con el Estado, para explotar áreas de tierra de la República Mexicana, pero que las tierras de usufracto de los núcleos de población siempre se mantuvieran como parte del patrimonio de ese núcleo de población y ahora la ley establece que las tierras de lo núcleos de población se entregarán en garantía en las operaciones con las sociedades mercantiles y que las sociedades mercantiles podrán hacer efectiva la garantía hasta por el plazo pactado en el contrato de asociación y esos contratos de asociación pueden ser desde un año, desde un ciclo de cultivo hasta 30 años, de tal manera que se puede dar el caso de verdaderos despojos a núcleos de población por virtud de entregar la garantía de la tierra a los particulares en las sociedades mercantiles.
Para nosotros se requiere mantener el carácter inalienable de las áreas de uso común y que en todo caso sea la asamblea ejidal, sea la asamblea de la comunidad la que decida el usufracto de esas tierras, como lo ha venido haciendo hasta hoy, pero sin que se abra la puerta para que esas tierras pasen al campo del mercado libre y puedan ser usufructuadas por una minoría de inversionistas extranjeros.
La Ley Reglamentaria nos está planteando también que ésta es la nueva vía de financiamiento de la actividad agrícola en nuestro país, porque no establece claramente límites a la inversión del capital extranjero en la agricultura ni en las sociedades mercantiles.
Deseamos recordar que una de las razones del surgimiento de la Revolución en 1910 fue el acaparamiento de grandes extensiones de tierra por parte de inversionistas extranjeros; había importante número de capitalistas norteamericanos, ingleses, franceses, en nuestro país y eso provocó, fue una de las causas de la Revolución Mexicana en el año de 1910; pero ahora, se remite a la Ley de Inversiones Extranjeras de la Materia y sin embargo se olvida que el reglamento promulgado por este gobierno en el mes de junio del año de 1989, es un reglamento anticonstitucional, porque estableciendo límites claros a la invasión extranjera, deja al arbitro de la Comisión de Inversiones Extranjeras la posibilidad de autorizar inversiones del 0% hasta el 100%, todo esto es arbitrario de un funcionario del Ejecutivo Federal, de tal manera que este reglamento viola la ley federal de la materia, porque puede permitir inversiones extranjeras cuantiosas en el agro mexicano.
Tampoco existen otras condiciones que se impongan al capital extranjero, como sería por ejemplo que aportara tecnología a la producción agrícola, que permitiera a los ejidatarios estar en posiciones paritarias en los consejos de administración de las sociedades mercantiles; que ejidatarios y comuneros participaran en forma conjunta con los empresarios en la elaboración de los planes de producción de los volúmenes de los precios de los artículos de los bienes que produce la tierra, de tal manera que al
introducirse la figura de la sociedad mercantil, se introduce una noción de igualdad entre agentes profundamente desiguales, porque en la sociedad mercantil, entrarán el la composición de ella dos factores: por un lado, el factor trabajo y por otro lado el factor tierra y en la otra parte estará el factor capital y la ley que hoy comenzamos a analizar, no establece ninguna condición de equilibrio entre estos factores que entrarán a componer las sociedades mercantiles.
De ella la entrada de los factores económicos que ya he señalado a la legislatura mercantil, que quiere decir que las partes podrán participar en los frutos de las sociedades mercantiles, pero también en los riesgos que implican estas sociedades mercantiles.
De tal manera que la sociedad mercantil representa la neoforma de explotación del campo mexicano, determinada fundamentalmente por los cálculos de la banca mexicana y de la banca extranjera. Se trata de facilitar los trámites, de hacer más sencillos los procedimientos para que entre la inversión de la banca de la agricultura mexicana. Pero nosotros decimos: la banca mexicana no debe determinar la legislación agraria, la banca mexicana es un factor económico real, pero no debe ser el parámetro que mida la legislación del campo, la legislación laboral o cualquier otra legislación del orden público; se requiere que del seno de la sociedad mercantil, intervenga forzosamente el Estado para evitar que a la hora de la operación de la sociedad mercantil, puedan perder los ejidatarios y los comuneros y pueden ganar los industriales y los comerciantes.
La última parte de la ley se refiere a la justicia agraria. Aquí se introduce también el criterio civil y mercantil, de tal manera que el ejidatario queda a merced de sus posibilidades para contratar buenos abogados, técnicos, asesores, que le ayuden en sus disputas litigiosas en el seno de la sociedad mercantil de tal manera que el capítulo de justicia agraria no va estableciendo las debidas protecciones que en cada caso debiera tener ejidatario y comunero en sus conflictos jurídicos con los abogados de la parte empresarial.
De no establecer en todo el sistema procesal de la justicia agraria este equilibrio entre las partes, es factible esperar que los litigios los pierdan los que no tienen capacidad de contratar abogados y a otros especialistas.
Señoras y señores diputados: nosotros no nos oponemos a la modernización de los ejidos, no consideramos al ejido como una célula feudal cerrada y hermética al resto de los agentes económicos; lo que sí consideramos es que si hubiese apoyo científico y tecnológico a los ejidos, por lo menos las áreas de uso común, no tendrá ninguna necesidad el ejido de transferirlas a las sociedades mercantiles.
Se transfieren a las sociedades mercantiles y ésa es la libertad que tiene el ejidatario, porque el ejido no tiene apoyo tecnológico no tiene respaldo crediticio y no tiene facilidades para vender sus productos.
Ese es el campo concreto de la libertad que tiene el ejidatario y la asamblea para decidir. Si a un ejidatario, si a un ejido o a una comunidad, se le otorgan los apoyos que ya hemos señalado, entonces sí, señoras y señores diputados, que el núcleo ejidal ejerza su libertad, porque la libertad en la economía como en la política, no se ejerce en abstracto, sino en contrato en función de las condiciones materiales en que viven los agentes económicos de una sociedad.
La libertad del ejidatario debe darse una vez que éste tenga el debido sustento material para el desarrollo de sus actividades. De otra manera, la libertad que se otorga a la asamblea y al ejidatario en lo individual, que en las condiciones actuales de abandono de la propiedad social, será la libertad obligada para entrar a las asociaciones mercantiles y para vender sus parcelas.
La libertad, como la concebimos nosotros en el campo, es la defensa de la propiedad social explotada en forma comunitaria por los miembros de esta comunidad. Entendemos nosotros a la libertad como la autogestión del ejido para elegir a sus autoridades y para decidir de una manera conjunta las cuestiones que atañen al ejido sin intervenciones del sector público y, ahora, menos aún, de los particulares.
Pero esa libertad queda menoscabada, porque la validez de los resultados de una asamblea ejidal, sigue estando determinada por la presencia de un funcionario de la Procuraduría Agraria y de un federativo público, sin cuya presencia, la asamblea ejidal, no tiene validez alguna.
Y nos preguntamos nosotros...
El Presidente: - Se le comunica al orador ha concluido su tiempo.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Preguntamos nosotros, ¿En dónde está la libertad del ejido, si la validez de su órgano soberano queda
conculcada o queda limitada a la presencia de una autoridad de este tipo? Muchas gracias, señores legisladores.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Zermeño Infante, del Partido Acción Nacional.
A los asesores y visitantes que se encuentran en los pasillos, sus asuntos personales los pasen a tratar afuera de este salón.
El diputado Jorge Zermeño Infante: -Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Para razonar el voto en lo general con respecto al dictamen de la iniciativa de Ley Agraria el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estima pertinente formular las siguientes consideraciones.
Entendemos la urgente necesidad de reglamentar el artículo 27 constitucional, tomado en cuenta las transcendentales reformas aprobadas por el Constituyente Permanente y que requieren su adecuada normatividad. Sin embargo, no justificamos ni las prisas ni el apresuramiento en una materia tan importante, para los mexicanos, porque evidentemente que esto conlleva la ausencia de un estudio y reflexión serena del análisis que requiere el legislador para desempeñar con responsabilidad el mandato popular. Cualquier político honesto debe entender que en una materia tan vasta y compleja como ésta, difícilmente puede aceptar que en estas condiciones se trate de una legislación acabada.
Por estas razones, apreciamos que la comisión dictaminadora aceptara incluir en el cuerpo del dictamen la propuesta de los diputados del Partido Acción Nacional, que formamos parte de la misma, el reconocimiento a la enorme complejidad de los problemas agrarios y consecuentemente de dificultad para votar en una sola ley, de manera exhaustiva, todos los aspectos de esta realidad que deben ser sujetos de normatividad jurídica.
Dicho en otras palabras: se reconoce la transitoriedad de esta ley y se recomienda a las comisiones respectivas proseguir el estudio de la realidad agraria para cumplir con este proceso normativo.
Para Acción Nacional es fundamental que las comisiones respectivas, escuchando las opiniones de los estudiosos en la materia, formulen en un tiempo razonable una legislación agraria integral, que contempla a los sujetos, objetos, bienes, obligaciones, contratos y sociedades, que forman parte de esta rama del derecho público y que por su propia naturaleza requiere de una legislación especializada, una legislación que estructure normas de derecho agrario específicas que no contempla el derecho común, normas que regulen la conservación de los recursos naturales, regulación de la ociosidad de las tierras ejidales o particulares para que los recursos no sean ni subexplotados ni sobreexplotados. Para esto deberá también formularse un inventario de todos los recursos naturales y las formas para preservar los mismos.
Por otra parte y en congruencia con la posición asumida por Acción Nacional con motivo de las reformas al artículo 27 constitucional, reconocemos que aunque tardía, se trata de una rectificación valiente en aspecto que eran impensables para el mundo oficial todavía hace un año.
Apoyamos la iniciativa por todo aquello en lo que se ha avanzado, conscientes de que no se ha llegado todavía a un punto terminal. De igual forma señalamos que por bien hecha que pudiera estar cualquier ley, si no existe la voluntad de quienes están involucrados en la misma para elevar los niveles de bienestar de los campesinos, para terminar el rezago, la desolación, la demagogia, la improductividad en el campo mexicano, de muy poco servirá como instrumento de justicia social si se repiten los viejos esquemas de control político que hasta la fecha han subsistido.
Nuestro voto será por consecuencia a favor en lo general, pero advertimos que en lo particular tenemos múltiples propuestas que habremos de aportar en un esfuerzo sincero para mejorar este instrumento jurídico.
En esta ley advertimos vacíos, muchas deficiencias que en el brevísimo tiempo que se nos han dado hemos tratado de corregir, haciendo aportaciones en lo particular. Estamos conscientes de que las mismas no son suficientes; el poco tiempo no ha permitido hacer un estudio exhaustivo de esta ley, que permita corregir las deficiencias de que adolece.
Votamos a favor por la afirmación contenida en la exposición de motivos de que es una legislación transitoria y que sólo es un primer paso para llevar a cabo una auténtica legislación agraria integral. Votamos, sí, pero en este entendido.
Apuntamos también desde ahora que es necesario desburocratizar el campo, que deben
implementarse a la mayor brevedad acciones tendientes a elevar la producción y la productividad rurales, que el Estado mexicano sea verdadero gestor y deje de ser el actor principal en el campo.
Reafirmamos también nuestra posición de que el campesino deje de ser tratado como un menor de edad y rechazamos las trabas y candados que se pretende seguir impidiéndole al ejidatario para que con absoluta libertad, conocimiento y responsabilidad, tome él sus propias decisiones. De esta manera, quienes decidan conservar o cambiar el régimen de tenencia de la tierra o decidan asociarse, cuenten en la ley con un instrumento eficaz que apoye sus propias decisiones.
La determinación de dar por concluido el reparto agrario, rompe mitos y tabúes y es en sí misma una determinación valiosa que deberá generar seguridad en la forma de la tenencia de la tierra y una mayor capitalización de las actividades agrícolas.
Frente a posiciones políticas, ancladas en un estatismo que pretenden mantenerlo y prolongarlo en el campo a contracorriente de la historia reciente, Acción Nacional ve con optimismo esta incipiente posibilidad de plena realización humana, familiar, social, económica y política que se gestará en el campo de México.
La responsabilidad del campesino, aún no valorada cabalmente, es otro elemento que influye en nuestra postura y ensancha nuestra perspectiva. Ellos, los campesinos, darán testimonio del buen uso de su libertad, que por tantos años les ha sido regateada con el pretexto de un tutelaje estadista y en este sentido no dudamos de que esta reforma agraria es de vida por cuanto a su exigencia moral y es de vida por cuanto a que entraña instrumento para la superación integral de los hombres del campo y vital para el desarrollo pleno de México.
Acción Nacional, señoras y señores diputados, reitera, como lo ha sostenido desde su fundación, que el problema del campo es un problema fundamentalmente de elevación humana y que en el centro de este drama que han padecido millones de compatriotas, está la persona humana con toda su dignidad, con toda su capacidad y que a través de tantos años de manipulación política, de falsas promesas, de abandono y de explotación, ha mantenido su arraigo a la tierra, a la tierra de sus padres, a la tierra de sus antepasados, que no es otra cosa más que la patria misma.
Por la concepción que tenemos de la persona humana en Acción Nacional, porque creemos que deben generarse las condiciones necesarias, tanto materiales como espirituales, que apoyen el desarrollo integral de la misma, que no es otra cosa que el bien común, seguiremos empeñados en luchar por elevar la condición humana de nuestros hermanos del campo. Mucha gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Romeo Flores Leal: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La reforma agraria como principio constitucional, no se agota en un evento o en actos independientes entre sí; se desarrolla en un proceso que a lo largo de 74 años de vida se ha normado por leyes diversas y hasta antinómicas, que han rezagado la vida social de los hombres del campo, marginándolos del progreso general del país.
El campesino mexicano hizo la Revolución y ha sostenido en precariedad y desventaja la paz de la República. La nación sigue obligada a preservar sus derechos sociales, sin perjuicio de incorporarlos al proceso productivo y hacerlos partícipes de las ventajas reales de una nueva concepción político - económica.
La iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 27, enviada por el Ejecutivo, en su exposición de motivos nos anuncia la construcción del nuevo campo mexicano. Este reto se basa en la promoción de justicia, productividad, recursos crediticios, asistencia técnica y vías abiertas para la comercialización.
Es necesario señalar que se cumplirá ese anhelo del progreso si el gobierno federal persiste en su actitud actual de permanecer ajeno a la solución de los problemas cotidianos que han ocasionado la grave crisis por la que atraviesan los campesinos y que por burocratismo excesivo e irresponsabilidad de autoridades del sector agropecuario, han retardado...
El Presidente: - Permítame un segundo, señor diputado.
Nuevamente se les recuerda y ya no a los señores diputados; a quienes están en las galerías, que si no son capaces de guardar el orden y el silencio necesario, esta Presidencia se verá obligada a pedir sean desalojadas las galerías.
Continúe usted, por favor.
El diputado Romeo Flores Leal: - Gracias, señor Presidente.
Han retardado decisiones con respecto al crédito agrícola y por consiguiente extensas superficies han quedado ociosas en este ciclo y dejarán de producir granos que más tarde habremos de importar, así como el desaliento y la búsqueda de otras alternativas de vida de los productores.
Y aquí cabe señalar que un agricultor no nace; se hace y como señala la sabiduría rural, para ser buen agricultor se requiere acreditar 100 lecciones y éstas se aprenden una lección por año.
Nunca podremos cuantificar el valor de los conocimientos agropecuarios transmitidos generacionalmente que hemos perdido, al abandonar nuestros campesinos las actividades del campo y emigrar a otro país. En otros casos por ejemplo, el cierre de operaciones ejemplares de producción, dejando en manos improvisadas la responsabilidad de alimentar al pueblo de México.
Desde hace muchos años los rectores de la política agropecuaria no viven de las actividades económicas relacionadas con el campo, lo que motiva una insensibilidad en la ejecución de sus problemas. Por ejemplo, existen compromisos incumplidos en el presente.
Quisiera señalar que el día de hoy 20 de febrero se vence el plazo para siembra de maíz en el noreste de la República y el acceso a créditos de envío para este cultivo básico, fueron insuficientes para atender las necesidades y demandas de los productores y ejidatarios, quienes quedarán fuera del paquete tecnológico implementado por la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, sin posibilidades de seguro por el alto riesgo de incurrir otro año más con el problema de afratoxinas en el maíz. Hemos reiterado la necesidad del crédito oportuno, porque como señalaban algunos diputados, que no se había consultado con más profundidad la opinión de los campesinos, debido a que el campo tiene prisa en conocer el marco legal de estas reformas, también es cierto que el campo tiene prisa en que se atiendan sus problemas, porque pasando las fechas de siembra, ya después de nada servirá allegar recursos. Debemos acabar con la demagogia estéril para dar paso a las soluciones verdaderas y a los hechos.
Los embargos sobre las tierras aún subsisten; surgidos por los intereses agiotistas así como los bajos precios a los productos agropecuarios, altos costos de producción y por consiguiente mínimos márgenes de rentabilidad.
Es triste observar cómo productores que jamás tuvieron problemas de endeudamiento, hoy debido a las circunstancias actuales, se encuentran en serios problemas y enfrentan embargos por parte de la banca comercial, quien ha mostrado una actitud de incomprensión y falta de rectitud con la gente del campo, por lo que pedimos a esta representación nacional, adecuar la ley respectiva para regir las relaciones entre bancos y productores en un franco sentido de apoyo y cooperación.
En las discusiones del Tratado de Libre Comercio, se ha señalado por la parte oficial, los daños que afrontará el sector agropecuario si no hay una positiva negociación sectorial, ya que nuestra productividad se encuentra muy por abajo frente a las contrapartes en las negociaciones. Además de la insuficiencia de insumos para la producción y precios más elevados de los mismos, lo que ocasiona un bajo rendimiento.
A los problemas de rentabilidad, productividad, deficiencias del financiamiento, la producción nacional se enfrenta a la desventaja que representan los subsidios con los que los gobiernos del norte apoyan a sus agricultores. Tales ayudas en altos precios y por consiguiente en ingresos, en el aseguramiento de cosechas, en programas de investigación, en extensionismo, en conservación de suelos y otros programas específicos.
Nuestro gobierno tiene que garantizar a sus productores que los subsidios en el extranjero no constituyen un elemento de competencia desleal.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al razonar su voto en el debate del artículo 27 constitucional, advertimos la necesidad de elaborar una reglamentación específica en la materia, que fuese congruente con los cambios fundamentales a la Constitución. La necesidad de cambiar el carácter paternalista y controlar de las decisiones de los ejidatarios, con criterio subestimativo de la capacidad del campesinado, como sujeto del derecho agrario, la extensa y en ocasiones pretenciosa legislación, provocó tortuguismo, burocratización, torpeza, en los trámites administrativos e ineficiencia en las figuras y mecanismos procesales, por lo que hemos propuesto un marco de libre decisión y autodeterminación de los ejidos, sus órganos, las comunidades y los núcleos de población ejidal, en función de una mayor permisividad de
asociación de múltiples fines y patrimonios que sirvan para explotación intensiva de la tierra que solucione los problemas de postración y abandono del campo.
La introducción de dos figuras como son: la Procuraduría Agraria y el Tribunal Agrario, no justifican por su inexistencia en el pasado estos órganos, el rezago agrario. Este, producto de la explosión demográfica, características del territorio en su superficie y vocación, limitadas ambas por corruptelas de autoridades y líderes, pero es indudable que también obedece a que las normas y los órganos responsables de su aplicación, no fueron siempre los indicados.
Un tribunal puede acreditar legalidad; pero la justicia social se constituye con normas, acciones, responsabilidad y convicción. La falta de operancia de muchas de las instituciones agrarias se debe precisamente a la ausencia de una adecuada reglamentación instrumental del derecho agrario.
Aspiramos a tribunales autónomos de Jurisdicción plena cuyos fallos sean vinculatorios de nulidad o constitutivos con facultades de suplencia, con competencia integral, acumulativa y preferente, estructurados como una magistratura profesional especializada e inamovible y cuyas resoluciones puedan ser solamente revisadas a través del amparo directo.
Cualquier acción que afecte los intereses colectivos o individuales de los núcleos de población de los ejidatarios y comuneros, deberá ser conocida por los nuevos órganos Jurisdiccionales.
Nuestro partido apoya las modificaciones sustanciales de fondo y forma de la justicia agraria, manteniendo y respetando los derechos sociales del Constituyente de 1917.
Para preservar los valores constitucionales, sociales y evitar nuevas formas de acaparamiento y servidumbre, debemos coordinar y ordenar todos los organismos responsables de organizar los núcleos de población ejidales y comunales, de proveer los instrumentos preferenciales que permitan a dichos núcleos una cabal organización y mayor productividad, así como organizar democráticamente las autoridades ejidales, definir los derechos agrarios individuales y colectivos, constituir empresas ejidales y comunales y vigilar la aplicación de ordenamientos sustantivos, programáticos y de fomento en relación con los núcleos de población y los ejidatarios y comuneros y pequeños propietarios.
Consideramos que para lograr la ejecución de todas estas propuestas, es necesario llevar a cabo modificaciones sustanciales al dictamen de la ley reglamentaria del artículo 27.
Estas consideraciones fueron aportadas por nuestros militantes, organizaciones campesinas y simpatizantes que acudieron a los foros agrarios y nos comunicaron las inquietudes de las familias campesinas por las repercusiones que en su vida llevarán esta reforma.
Nuestra reforma se basa fundamentalmente en la naturaleza reglamentaria de la ley; los derechos laborales de los trabajadores del campo.
En lo referente a las decisiones de modificación o conclusión del régimen de explotación colectiva, en el plazo de reunión de asamblea, en el quórum para la instalación válida de la asamblea, los porcentajes de mayoría para resoluciones de la asamblea, las modalidades de voz y voto de los mandatarios, plazos para contratos de asociación o aprovechamiento, plazos para el Tribunal Agrario para restitución de tierras, así como los porcentajes de afectados ante el tribunal y los porcentajes de inversión extranjera.
Agradecemos la participación del Consejo Agrario permanente, siempre interesado en la justicia y progreso del campo mexicano y esperamos que sus propuestas, entregadas a todas las fracciones parlamentarias tengan respuesta favorable en las discusiones de la presente ley reglamentaria.
Corresponde a esta Legislación ordinaria reglamentaria de las nuevas formas de organización de la tierra, de asociación y del ejercicio del derecho social de la propiedad, establecer prevenciones y sanciones que impidan el resurgimiento de las grandes superficies en pocas manos y consolidar un moderno esquema de explotación agraria.
Por lo anteriormente expuesto nuestro partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, votará a favor en lo general de la presente ley, así como presentaremos a consideración de esta soberanía modificaciones para mejorar las relaciones de convivencia y producción de los millones de campesinos de México que tanto han dado a la patria y han recibido tan poco... Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Hueso Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha mantenido una postura invariable en su lucha para lograr que las condiciones de vida de los campesinos mexicanos mejoren en forma clara y sostenida, siempre hemos pugnado por un reordenamiento administrativo y jurídico que propicie una mayor productividad en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en donde muchos millones de trabajadores tienen su fuente de sustento que es el arma principal para combatir las condiciones de extrema pobreza en que viven.
Por esta razón, en el programa de acción del cardenismo se señala claramente la urgencia de realizar reformas legales y promover el establecimiento de una legislación avanzada que asegure el nivel de vida del campesinado, respetando siempre el marco de la legalidad constitucional.
Congruentes con el mandato de nuestro partido, apoyamos en su momento las reformas del artículo 27 constitucional y señalamos enfáticamente que esa transcendental modificación a nuestra Carta Magna debía ser debidamente reglamentada con una legislación subsecuente, que responda cabalmente a las expectativas del campesinado mexicano.
En esta ocasión manifestamos que además de títulos que aseguren la propiedad de su parcela, los campesinos requieren apoyo crediticio, capacitación, maquinaria agrícola, tecnología y canales adecuados eficientes y suficiente de comercialización.
Los legisladores frentistas comprometidos con la plataforma electoral que presentamos a los ciudadanos en los comicios federales pasados, en ellas rechazamos totalmente la puesta en práctica de una política crediticia - segregativa, en la que se cierran completamente los canales de financiamiento a los ejidos y comunidades, que por cierto se caracterizan por tener cartera vencida en el Banco Nacional de Crédito Rural, esta política conduce a la desaparición encubierta del ejido y porque la mayoría de las veces la insolvencia de los campesinos es responsabilidad de las...
El Presidente: - Silencio en el salón, por favor, para que permitan al orador exponer su punto de vista.
Continúe usted, por favor.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Gracias, señor Presidente.
Por estas consideraciones, estamos de acuerdo con las disposiciones encaminadas a impedir que el endeudamiento sea un motivo de temor para los ejidatarios que han determinado para tal propósito que se resuelva la cartera vencida con el Banco Nacional de Crédito Rural y que se aumenten los financiamientos al campo.
Los cardenistas revolucionarios consideramos que la iniciativa de la Ley Agraria enviada por el Ejecutivo Federal, se ajusta en lo general a lo dispuesto en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, ordenamiento sobre lo que hemos manifestado nuestra cabal aprobación.
La diputación frentista considera positivo que la iniciativa de ley integre en un sólo texto los ordenamientos relativos al fomento agrícola, al crédito rural, a los terrenos baldíos y nacionales y al seguro agropecuario y de vida al campesino, porque con ello se evitará que el productor rural se extravíe en una maraña de leyes y ordenamientos dispersos y confusos.
Certidumbre en la tenencia de la tierra
Quizá una de las modificaciones más polémicas fue la que se refería a la "certidumbre de la tenencia de la tierra", pues implicaba desaparecer la obligación del reparto agrario, la posibilidad de enajenar parcelas ejidales y permitir las asociaciones mercantiles en el campo.
En este punto, de nueva cuenta los que se opusieron a las reformas constitucionales argumentaron el fin del ejido y las comunidades y la aparición de nuevas formas de latifundismo simulado.
Nosotros consideramos que esto no era necesariamente así y que en todo caso se vería en la Ley Agraria.
En el caso del latifundismo no sólo no hay la prohibición expresa en el texto constitucional, sino que además, una vez establecidas las normas de la pequeña propiedad individual, los límites de las sociedades mercantiles y de los ejidatarios individuales, se está en mejores condiciones de distribuir los excedentes de tierra sin generar incertibumbre.
La pequeña propiedad se fortalece cuando las normas que la regulen son claras y no están sujetas a discrecionalidad de las autoridades agrarias, cuando se impulsa la modernización tecnológica,
cuando se permiten formar asociativas que atraen capitales en un ambiente político, económico, social y fiscal que fomente el crecimiento de la productividad agrícola.
Pero también consideramos que la pequeña propiedad individual aceptada y protegida por la Constitución, no debe dar origen a latifundios simulados en los cambios de uso de suelo, ni a la desnacionalización del campo mexicano si se permite una aceptación indiscriminada y enteramente discrecional de capitales extranjeros.
El capital internacional debe ser un complemento nacional y no un sustituto. En el campo, la oportunidad que ese capital tenga en la participación de sociedades mercantiles sea la provisión de capital o de tecnología y debe regularse cuidadosamente, a fin de atraerlo sin permitirle sus afanes hegemónicos.
En el campo la soberanía alimentaria debe ser un objeto prioritario, el capital extranjero puede coadyuvar a conseguirla, pero también a minarla; la Ley Agraria debe de considerar esos elementos, razón por la cual, en su oportunidad, presentaremos algunas propuestas en lo particular.
Protección a ejidos y comunidades
El ejido no sólo ha terminado, sino que en la ley reglamentaria se establecen fórmulas para democratizarlo, hacerlo más productivo y dar oportunidad a sus miembros de optar por las condiciones de asociación que más les convengan; lo mismo sucede con las comunidades.
La ley agraria equilibra la libertad de opción del ejidatario con la garantía de propiedad imprescriptibles, así como los mecanismos de asociación productiva y social que permitan su fortalecimiento y desarrollo.
Diseña un esquema en donde la certidumbre jurídica, la protección de derechos, la autonomía en las decisiones y libertad de asociación convienen perfectamente, a través de las delimitaciones de las áreas ejidales en asentamiento, que siguen siendo imprescriptibles e inalienables.
Las áreas de uso común que pueden ser objeto de cesión de usufracto y las parcelas individuales, que es el espacio individual de ejercicio de la libertad económica. De este modo ni se obliga al ejidatario a permanecer en una forma de asociación obligatoria, ni se lanza al mercado de la tierra, donde puede perderlo todo, sino que se regula un equilibrio entre un espacio imprescriptible e inalienable, garantía de la justicia social, con otro común de responsabilidad y disfrute compartido y, otro personal, garantía de la propiedad individual.
Sobre este delicado equilibrio, la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, manifiesta su acuerdo general, pero también se reserva el derecho de discutir en lo particular algunos artículos de proponer las modificaciones de otros que garanticen un nivel de vida digno a ejidatarios y comuneros y no sean objeto, en el corto plazo, de ataques virulentos a su propiedad individual y colectiva.
En cualquier diagnóstico del campo mexicano lo primero que llama la atención junto al empobrecimiento absoluto de campesinos, ejidatarios y comuneros, es la descapitalización. Atraer capitales, tecnología y organización al campo mexicano, fue uno de los objetivos de la reforma constitucional. Para esto tuvieron que eliminarse las prohibiciones a las sociedades mercantiles y al reparto agrario convulsivo. El objetivo es atraer capitales, pero el problema es impedir que la asociación de capitales se constituya en una forma de acaparamiento excesivo o especulativo de la tierra.
Por eso desde el mismo texto constitucional se pusieron condicionamientos relativos a la extensión máxima que las sociedades pudieran poseer. En la ley agraria además se especifica el número de socios, el registro agrario y, sobre todo, la estructura de capital que permita la participación de socios individuales que aporten tierra a través de las acciones T, sin que esto se convierta en una adocenada de expropiación de la propiedad territorial individual.
Las acciones T solucionan el problema de las diferencias en las aportaciones de capital para la formación de las sociedades mercantiles, manteniendo virtualmente la propiedad de los terrenos en sus dueños originales.
Esta solución es muy importante para el caso de ejidatarios y pequeños propietarios que se asocien con grandes capitalistas. pero en el caso de liquidación las tierras vuelven a sus dueños, a los poseedores de las acciones T y no se disuelven indiscriminadamente entre los otros socios.
Una de las aportaciones de la presente ley es recuperar las experiencias asociativas y colectivas de los productores rurales, para permitir formas
asociativas diversas, sin que tengan que circunscribirse a las formas típicas de sociedades mercantiles.
La ley prevé la formación de sociedades de producción rural que sean resultados de una unión de ejidos o de comunidades, así como formas superiores entre uniones de ejidos y comunidades. La diversidad en la asociación es también una característica de la flexibilidad de la ley, de la libertad de opción para generar asociaciones productivas en la búsqueda de economías de escala y de capitalización del campo.
Nuestro partido considera que en lo general, en lo relativo a las sociedades mercantiles y rurales, el texto ha elaborado de nuevo un esquema equilibrado entre la flexibilidad necesaria para permitir la dinamización de los factores productivos y la regularización indispensable que no fomente la acaparación de las tierras con nuevas de injusticia social para los campesinos, ejidatarios o comuneros.
La creación de la Procuraduría Agraria y la legislación en materia de justicia, de aprobarse en esta ley con las adecuaciones que plantearemos en lo particular, instrumentarán una ágil y eficiente defensa de los derechos de los campesinos y propiciarán la pronta solución de los conflictos que se generen en el seno de las comunidades y que muchas veces desembocan en la violencia y enlutan hogares de los campesinos.
Mi partido aprueba el establecimiento de nuevas formas de organización y de participación de los campesinos, como lo son las sociedades mercantiles o civiles, con las cuales podrán mejorar a través del crédito o la inversión privada, su productividad y sus niveles de vida.
En lo referente a la tenencia de las acciones tipo T de las sociedades prioritarias de terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, la iniciativa evita que el latifundio se enseñoree nuevamente en el agro mexicano y que se convierta de un instrumento de organización y mejora campesino, en un vehículo de acaparamiento e injusticia.
El Partido del Frente Cardenista estará muy atento a que se apliquen con todo rigor las regulaciones contenidas en la ley, para promover la inversión mexicana y regular la inversión extranjera; para evitar que la inversión proveniente del exterior que participe en estas sociedades, atente contra los intereses nacionales.
El Partido del Frente Cardenista está convencido de que México requiere afrontar con entereza lo que hoy son serios escollos para su crecimiento. Exponentes del cardenismo histórico, los frentistas estamos ciertos de que reformar la legislación agraria no es ni traición, ni disimulo a la herencia ideológica y política de Lázaro Cárdenas. La Revolución Mexicana y el ideario del general michoacano en ella contenido, tienen como esencia dinamizar y flexibilidad los factores productivos y permitir a sus moradores conquistar mejores condiciones de vida.
Por eso, los frentistas rechazamos el subterfugio de la ideologización extrema y pugnamos por conciliar con objetividad el legado histórico. El campo mexicano requiere de una franca transformación que beneficie a los campesinos y que cierre las puertas a nuevas formas de explotación. Con esa transportación estamos identificados y por ella lucharemos en este recinto.
Consideramos que en la presente iniciativa de ley se recogen algunas de las propuestas emitidas en el análisis profundo y plural que se desarrolló en el Congreso de la Unión en el debate de reformas y adiciones al artículo 27 constitucional.
Asimismo, han quedado integradas al texto de la iniciativa las demandas de los campesinos, quienes a través de sus organizaciones representativas enriquecieron sustancialmente este proyecto de ley.
En múltiples foros celebrados a lo largo y ancho de nuestro país, el reclamo campesino fue unánime, al demandar el cambio y la transformación para mejorar sus condiciones de vida; asimismo, exigen seguridad en la tenencia de sus ejidos, comunidades y pequeñas propiedades. La presente iniciativa es suma y síntesis de la obra legislativa desde siete décadas que conformó el sistema de tenencia en el campo mexicano. Consideramos que se consolida en un texto claro y comprensible toda la legislación relativa a fomento agropecuario, crédito rural, terrenos baldíos y nacionales y seguro agrícolas de los campesinos.
El resumen, dentro de los aspectos positivos que observamos en la ley se encuentra que la iniciativa permite dentro del marco de libertad que establece que los campesinos adopten la forma de organización o asociación que propicie el uso más eficiente de sus recursos.
Asimismo la iniciativa protege las tierras de las comunidades indígenas y propone el apoyo a éstas con políticas de fomento y desarrollo. Se
incorpora una caracterización de las tierras de acuerdo a su destino estableciendo una protección legal a cada una de sus formas. Reconoce además, que en función de la dinámica productiva se pueden dar formas mixtas de explotación. Alienta la capitalización de las tierras a través de realizar mejoras materiales en las mismas; esto permitirá que el provecho intensivo de las mismas tenga un sustento real. Se establecen límites y normas a la participación de las sociedades mercantiles y civiles en el campo. Se determinan distinciones precisas para los socios que participen con las tierras en dichas sociedades, estableciendo mecanismos de control que eviten la acumulación de tierras en pocas manos.
Se crea la Procuraduría Agraria como organismo que hará más efectiva la ágil defensa de los derechos de los campesinos y una solución más rápida de sus conflictos.
La legislación sobre justicia agraria es clara y comprensible, por lo que ahora los procedimientos serán expeditos.
No obstante a estas consideraciones, observamos en la ley imprecisiones y lagunas respecto al texto del artículo 27 constitucional, mismas que expondremos en la discusión en la particular, aunque se reconoce el trabajo en comisiones; los cambios que se hicieron en la misma del texto original enviada por el Ejecutivo Federal, no fueron suficientes, por lo que es necesario que en la discusión en lo particular se analicen las propuestas que se presenten con el fin de contar con una ley reglamentaria completa y fortalecida que no deje lugar a dudas, confusiones y malas interpretaciones en su aplicación.
Así, nuestra fracción parlamentaria propondrá modificaciones en 33 artículos de esta ley, con el fin de garantizar, entre otros aspectos, la permanencia y fortalecimiento del ejido; que los ejidatarios tomen sus decisiones con mayoría calificada; establecer normas jurídicas y procedimientos en forma clara y precisa, mecanismos legales que impidan la subsistencia de latifundios simulados; que los excedentes de las tierras privadas sean enajenadas conforme a los mecanismos establecidos en el artículo 27 constitucional. Participación responsable y decidida en las instancias responsables del asesoramiento, gestoría, conocimiento y resolución de los conflictos en el ámbito rural. Promoción y fortalecimiento de formas asociativas internas que estimulen el desarrollo integral del sector campesino, que la asociación de ejidos y comunidades con terceros se realicen en estricto apego con los intereses sociales, económicos, materiales y políticos en forma excitativa, sin menoscabo de la dignidad de los hombres y mujeres del campo de México.
Por estas razones emitiremos nuestro voto en pro en lo general, la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jorge Moscoso, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero: - Ciudadanas y ciudadanos diputados:
La propuesta de Ley Agraria que hoy se discute, como consecuencia de la reforma al artículo 27 constitucional, muestra con claridad el proyecto de nación que impulsa el actual grupo gobernante, cuyo sustento se ubica en la inversión a largo plazo del capital foráneo, para el que se propician todas las facilidades, incluso la adecuación del orden jurídico nacional a sus requerimientos.
Esta iniciativa, como en el Plan Nacional de Desarrollo y los Criterios de Política Económica, está puesto todo el énfasis en la fuente externa de capitalización del campo, no importando al grupo gobernante que esto genere mayor dependencia económica y debilite aún más la viabilidad de un proyecto independiente de desarrollo.
En este dictamen están plasmadas las condiciones para que las pequeñas propiedades de las tierras y bienes de los ejidos y comunidades, que en su conjunto comprenden bosques, aguas, minerales, costas, suelo urbano, tierras ganaderas y de humedad de primera, pasen a manos de extranjeros, particularmente estadounidenses, a través de sociedades mercantiles o prestanombres.
Se busca que el capital extranjero adquiera las tierras del país, propiedad originaria de la nación, por compraventa o usufructo.
Los autores creen que esta ley fortalecerá la vida económica del país y traerá mayor libertad y justicia a los campesinos; sin embargo, hay que preguntarles si están seguros que los pequeños propietarios, a quienes afecta la crisis agrícola, el bajo precio internacional de diversos productos, los enormes endeudamientos que tienen con los bancos, careciendo de nuevas tecnologías y descapitalizados, podrán competir con los
consorcios monopólicos norteamericanos que controlan la industria alimentaria mundial. Lo más seguro es que terminarán sometiéndose a esas empresas.
Sólo unos cuantos pequeños propietarios mexicanos, tendrán suficientes recursos para constituirse en sociedades mercantiles con cláusulas de exclusión a extranjeros y otros que así se agrupen, lo harán sobre todo para legalizar los latifundios disfrazados de pequeñas propiedades de familia y no para crear y desarrollar la industria rural.
La ley que se nos propone no establece un capítulo sobre convenios y contratos en que se garanticen los intereses de los productores mexicanos; deja su regulación a los ordenamientos civil y mercantil, en los que impera el principio de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos. Así, las sociedades mercantiles más poderosas podrán imponer condiciones leoninas y ventajosas, especialmente a los más desprotegidos.
Si tales circunstancias se presentarán con los pequeños propietarios, son de imaginarse las condiciones a las que habrán de enfrentarse ejidatarios y comuneros, con una ley que empuja a desamortizar la tierra de los pueblos, mediante procedimientos para terminar con el régimen ejidal, parcelar las tierras comunales o darlas en administración o usufructo a empresas particulares.
De nada servirá que el ejido y la comunidad se hayan elevado a rango constitucional. Descapitalizados, en condiciones de pobreza y en muchos casos de pobreza extrema, los núcleos de población ejidal y las comunidades, sólo tendrán como alternativa la asociación desventajosa con el capital externo, cediéndole sus tierras o dándolas en garantía, además de ofrecerles su fuerza de trabajo para la explotación asalariada. De esta forma, se sumarán a los millones de jornaleros agrícolas que ya sufren condiciones inaceptables de trabajo.
El texto de la iniciativa sólo establece ventajas para los bancos o socios mercantiles de los ejidatarios. Indica que los contratos que impliquen el uso de tierras ejidales, no podrán tener una duración mayor de 30 años, prorrogables indefinidamente y también permite que en caso de incumplimiento de la obligación garantizada por resolución del Tribunal Agrario, el acreedor haga efectiva la garantía del usufructo de las tierras por el plazo pactado.
Es evidente que el tiempo de duración de los contratos estará determinado por el tipo de cultivo que interese a la sociedad contratante. Si supusiésemos el plazo de tres décadas, nada asegura que al cabo de tantos años, las condiciones naturales mantengan su capacidad productiva y que al volver la tierra al control de los ejidos y comunidades o de sus sucesores, reciban éstos sus recursos en condiciones potenciales y adecuadas.
La propuesta de ley no garantiza la producción racional ni la conservación de los recursos naturales y suelos, al contrario, al permitir el artículo 119 que la pequeña propiedad ganadera siga considerándose como tal, aun cuando se cultive, se legaliza la deforestación de superficies catalogadas como ganaderas y estos se toma como una mejoría en la propiedad.
Con tales disposiciones se aleja la posibilidad de propiciar la explotación ganadera intensiva y quedan intactas las condiciones que hasta ahora han hecho de los principales motores del deterioro ambiental.
De igual forma tampoco se contemplan en el cuerpo de la ley disposiciones concretas para la protección de los bosques, aun cuando en el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, se reconoce que las cifras de deforestación alcanzan niveles preocupantes.
Se dice que aproximadamente el 34% de los recursos boscosos que teníamos en 1960 están perdidos. De continuar esa tendencia, para el año 2000 tendremos únicamente el 36% del inventario boscoso de 1960 y en menos de 60 años perderíamos totalmente ese patrimonio.
Por ello, son preocupantes los proyectos de explotación de nuestros bosques por medio de las sociedades mercantiles, las cuales conformarán latifundios por acciones, pues poseerán mínimo 20 mil hectáreas. Nuestro país tiene ya la experiencia de la explotación irracional de las empresas privadas que han convertido en páramos diversas regiones del territorio, provocando que en muchos estados se haya declarado veda a la explotación moderable.
Además es sabido que la mayor riqueza forestal del país se ubica en el territorio de las comunidades indígenas, a quienes se les ha y sigue sometiendo a una constante marginación, explotación y despojo, pero ahora se les pretende despojar definitivamente.
A pesar de que en la reforma al artículo 27 constitucional se ordenó que la ley protegiera la integridad de las tierras de los grupos indígenas, en el proyecto que se discute se autoriza a que aporten sus tierras a una sociedad. De nada les servirá que sus terrenos sean inalienables, imprescriptibles e inembargables.
En otro apartado de la iniciativa se dice que la comunidad podrá encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento. ¿En provecho de quién¿, pregunto yo y se remata señalando que la comunidad implica al estado individual del comunero para permitir al titular el uso y disfrute sobre su parcela.
Por si esto fuera poco, para acabar con las comunidades, se abre la vía para que convertidas en ejidos salten a la propiedad privada. Insisto en preguntar, ¿de esta manera se protegen las tierras de las comunidades?
Precisamente al celebrarse este año el V Centenario de la Conquista, la reivindicación central de las comunidades y pueblos indios, es el respeto y recuperación de sus territorios y formas de vida y cultura. Para estos grupos el centro de la vida es la tierra, de la que dicen: "deben enseñarle a sus hijos que el suelo que pisan son las cenizas de nuestros abuelos. Inculquen a sus hijos que la tierra está enriquecida con la vida de nuestros semejantes, a fin de que sepan respetarla. Enseñen a sus hijos lo que nosotros hemos enseñado a los nuestros, que la tierra es nuestra madre. Todo lo que ocurre en la tierra ocurrirá a los hijos de la tierra. Esto, sabemos, la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. todo va enlazado con la sangre que une a una familia".
Tal pensamiento muestra que para los indios la tierra no es una mercancía. En los términos en que está redactado el capítulo de ley relativo a la comunidad, resulta demagógico decir que su protección se garantizará mediante la reglamentación del artículo 4o. constitucional.
En cuanto al ejido, la reforma al artículo 27 de la Carta Magna le dictó su sentencia de muerte, que se confirmará con la aprobación de este proyecto de ley.
El gobierno, que no la nación, retorna a la ley de desamortización de bienes de manos muertas de 1856, que prohibió a los pueblos poseer tierras en común, obligándolos al desmembramiento de las comunidades mediante su reparto en forma de pequeña propiedad y reconociendo únicamente el asentamiento humano de los pueblos, congregaciones y rancherías.
Bajo la misma idea de regresar a la forma de tenencia del pasado, el artículo 157 hace resurgir a las compañías deslinadoras, cuando establece claramente que la Secretaría de la Reforma Agraria llevará a cabo el deslinde de terrenos baldíos y nacionales directamente o por conducto de la persona que designe y en caso de oposición a los deslindes, el deslindador tendrá el apoyo de la fuerza pública.
Los cambios propuestos al ejido pretenden justificarse con los argumentos de que propician mayor justicia y libertad a los campesinos, que se trata de formular una ley clara y sencilla que garantice la democracia y el mejoramiento de los ingresos de los hombres del campo y que a la vez termine con la intervención del Estado en la vida interna de los ejidos y las comunidades.
Para alcanzar tales propósitos se modifica la propiedad social y se fomenta el interés individual sobre el colectivo; sin embargo, se mantiene el intervencionismo estatal, oficial, mediante la acción de la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, que surgen como órganos desconcentrados, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la Comisión Nacional de Avalúos, las instituciones bancarias y de seguros, institutos y fideicomisos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Registro Público de la Propiedad, el Registro Público de Crédito Rural, los gobiernos de los estados y los municipios, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, los tribunales agrarios.
Esto muestra que es falso el argumento de que se disminuye la intervención estatal, más bien diríamos que se aumenta la burocracia estatal en el campo, con el consiguiente incremento del presupuesto, en vez de reformarse la administración pública para atender racional y unificadamente la actividad agropecuaria.
De la supuesta sencillez de la ley hay mucho qué decir; ¿cómo puede afirmar que una ley es clara y sencilla, cuando tramposamente se remite a otros ordenamientos que difícilmente podrán ser conocidos por la mayoría de los hombres del campo?
En la iniciativa de ley hay artículos que expresamente nos mandan a los siguientes ordenamientos: Ley Federal de la Reforma Agraria, que continuará vigente en lo que a rezago agrario
se refiere, Código Civil Federal y Mercantil, Ley de Planeación, leyes de fraccionamientos, Ley de Expropiación, Ley de Sociedades Mercantiles, Ley de Inversiones Extranjeras, Ley Reglamentaria del Artículo Cuarto Constitucional, Ley de Vías Generales de Comunicación, Código Penal, Ley Federal de Aguas, Ley de Bienes Nacionales, Código Federal de Procedimientos Civiles, leyes estatales sobre el Patrimonio Familiar y para el Fraccionamiento de Excedentes.
Además, como el derecho agrario se transforma en derecho privado, modificando jurisprudencia, doctrina, usos y costumbres, será sumamente difícil el conocimiento pleno de los derechos y la lucha contra los casos de injusticia que constantemente se cometen en el campo mexicano.
En las disposiciones relativas al ejido, artículo 9o. al 90, no encontramos ninguna que oriente a las legislaciones de los estados a fortalecer el patrimonio familiar de los ejidatarios y comuneros; por el contrario, prevalecen las reglas que dejan sin protección a la mujer campesina y a sus hijos, ya que el ejidatario podrá libremente designar a su heredero sin que esté obligado a testar en favor de su familia o dependientes económicos, sólo en caso de que no se haya hecho designación de sucesores, los derechos se transmitirán a la cónyuge.
Por otra parte, si el ejidatario decide ceder sus derechos o enajenar su parcela, la cónyuge y los hijos tendrán únicamente el derecho del tanto, para lo cual benignamente se da un plazo de 30 días para que ejerzan su derecho preferente, ofreciendo el mismo precio que el tercero interesado. ¿No les parece, señores legisladores, que si el ejidatario vende la tierra es porque su familia no tiene para comer¿ Además estas normas contradicen a la propia legislación civil, la cual contempla la comunidad de bienes bajo el régimen de sociedad conyugal.
Cuando regula la transmisión de derechos ejidales para el caso de que no existen sucesores, la iniciativa establece la venta de los derechos al mejor postor; sin dar preferencia a los campesinos con derechos a salvo, somete a remate un bien que se pagó con deuda nacional y quedó sujeto a interés público.
Para transmitir o adquirir derechos ejidales se crean también las figuras de renuncia de derechos y prescripción negativa. En cuanto a la renuncia, debo alertar sobre el peligro que corren los ejidatarios que viven en regiones de cacicasgos, pero además advertir la fragilidad en que se colocan esos derechos que súbitamente pueden perderse por engaños, coacciones, contratos leoninos o por una desafortunada irresponsabilidad del ejidatario. En tan difícil situación se pretende colocar a la familia campesina.
La prescripción negativa introduce una lucha interna y externa por la posesión de la tierra ejidal.
Entre las atribuciones más importantes que se fijan a la asamblea ejidal, están las referentes a la aprobación de contratos y de convenios, la autorización para la adopción del pleno dominio y la terminación del régimen ejidal.
Conforme a la redacción que tiene la iniciativa para terminar el régimen ejidal, puede suceder en un ejido que, formado por 100 personas, se llame asamblea, que para que sea legal en primera convocatoria, requerirá contar con 75 asistentes, pero si no logra el quórum, se convocará por segunda vez a la asamblea, que será valida si cuenta con 55 ejidatarios. Para que se decida terminar el régimen ejidal en primera convocatoria, se requerirá del voto aprobatorio de 50 ejidatarios; pero en segunda será suficiente el voto de 33. Esto se traduce en que 33 ejidatarios de un total de 100 podrán decidir privatizar la propiedad ejidal.
Una vez que los ejidatarios han adquirido el pleno dominio, dentro de la lógica de quienes formularon la iniciativa, se avanzará hacia el acaparamiento de tierras, que no es otra cosa que la concentración de la propiedad territorial y sus productores en unas cuantas manos, situación que el anterior 27 constitucional y la Ley Federal de la Reforma Agraria prohibían
A partir de su aprobación, en los términos en que se encuentra redactado el articulado como consecuencia de la reforma constitucional, será posible que dentro del ejido un ejidatario podrá poseer y disfrutar del 5% de las tierras ejidales, lo que significa que el 20% de los ejidatarios podrán desplazar a un 80%.
Entre las motivaciones públicas y legislativas que justificaron la reforma constitucional, se indicó como objeto dar base a un proceso general de eliminación del minifundio. Sin embargo, la iniciativa es omisa en relación con este fenómeno. Consideramos que es necesario la recomposición del minifundio, mediante un proyecto de rehabilitación agraria, el cual incluya un conjunto medidas políticas, jurídicas y económicas, concertadas con los campesinos para reconstruir la comunidad ejidal y comunal y la verdadera pequeña propiedad.
Con la actual propuesta sólo se genera una mayor concentración de tierras en pocos individuos y la expulsión de miles de campesinos en sus ejidos y comunidades, cuyas únicas alternativas serán convertirse en peones o emigrar a los cinturones de miseria de la ciudades.
Las organizaciones campesinas de todo signo han defendido que las tierras de uso común mantengan su carácter de inalienables, imprescriptibles e inembargables, contradictoriamente a lo que dispone el artículo 74, en el 75 se expresa que el ejido podrá transmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participe.
Con tal disposición el Ejecutivo se contradice, porque en su discurso, pronunciado el 14 de noviembre en Los Pinos, con el fin de justificar la reforma al artículo 27, afirmó: "es importante distinguir y así lo hace la reforma entre el área común del ejido y el área parcelada. El área común, el territorio donde se asienta la comunidad, el pueblo y sus bienes comunes, son la base territorial para la existencia de una comunidad, de una forma de vida, de una convivencia familiar. La comunidad de los ejidatarios, su pueblo, el área donde está la escuela y también su siembra colectiva, es una unidad social con existencia histórica. Viene de mucho atrás. La reforma propone que esta parte del ejido sea permanente, inalienable e inembargable, porque ahí se expresan las tradiciones y las formas de ser de los grupos ejidales. No podrán ser objeto de transacciones mercantiles porque lastimaría a la comunidad y amenazaría su identidad. La reforma lo impide. Pero por si hubiera duda, en el mismo discurso se reitera: hoy, dos terceras partes de la propiedad repartible en el país, corresponde a esas áreas comunes, una tercera parte a zonas parcelarias.
Al proponer la reforma que el área común sea inalienable, se establece a nivel constitucional que la propiedad en México será permanente. Si así pensó el Ejecutivo el pasado 14 de noviembre, ¿por qué ahora nos presenta el artículo 75 señalando lo contrario¿ Aquí sólo caben dos explicaciones: o quienes redactaron el proyecto están contradiciendo estos pronunciamientos o las presiones externas de los negociadores del Tratado de Libre Comercio, lo hicieron cambiar.
El título relativo a la pequeña propiedad introduce reglas imprecisas sobre latifundio y fraccionamientos, porque establece que el latifundio será aquel que tenga una propiedad mayor de 100 hectáreas, 105, 110 hectáreas en tierras de riego, podrá considerarse un latifundio. No define adecuadamente al latifundio ni establece los casos en que se presumirá su disimulo.
Por otra parte, permite que se rebasen los límites fijados a la pequeña propiedad en esta misma ley, mediante la mejora de la calidad de tierra. Así, tendremos el caso en que un propietario de 800 hectáreas de tierra de la peor calidad, podrá convertirse en dueño de 800 hectáreas de humedad, de primera y se le seguirá considerando pequeño propietario. A esto se le llama prohibir el latifundio.
También deseo destacar que al desaparecer la regla para fijar los coeficientes de agostadero predio por predio, se deja a la discrecionalidad de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, la facultad de decir la extensión de la propiedad ganadera, la que por cierto podrá convertirse en agrícola con la misma extensión, sin ser considerada latifundio. En su conjunto, en este título están las bases del latifundio moderno.
La iniciativa de ley también conlleva un abandono de las facultades de la Federación en materia de fraccionamientos de latifundios, pues remite la cuestión a las leyes de las entidades federativas.
La ausencia de un registro nacional de toda la propiedad rural, hará imposible localizar a las personas que efectúen el acaparamiento de tierras. Aun cuando al discutir la reforma al 27 se dijo que esta ley señalaría las condiciones y los límites para la participación extranjera en sociedades mercantiles dedicadas al campo, dolosamente se remite a la ley para promover la inversión mexicana y regular la extranjera para ser aplicable su anticonstitucional reglamento que autorice 100% de inversión foránea a las actividades agropecuarias.
El titular del Poder Ejecutivo ofreció en su discurso el 14 de noviembre, que en 30 días la Secretaría de la Reforma Agraria presentaría el programa de abatimiento del rezago agrario, señalado los tiempos y procedimientos para resolverlo. Los acuerdos con organizaciones campesinas y los recursos presupuestales que se destinarían al mismo. Sin embargo, no parece haber voluntad política para cumplír esa palabra empeñada.
Señoras y señores diputados, yo los invito a pronunciarse en favor de que se entreguen las tierras afectadas a los núcleos de población solicitante; a que no autoricemos el fraccionamiento
y la venta de tierras que exceden los límites de la pequeña propiedad, ni la constitución de sociedades mercantiles, mientras no se resuelvan las acciones de dotación, ampliación o creación de nuevos centros de población.
Los invito a rechazar también, por su notoria injusticia e ilicitud, el artículo 3o., transitorio de la propuesta de la ley que dispone: que los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y titulación de bienes comunales cuyo trámite haya terminado por haberse dictado acuerdo de archivo del expediente como asunto concluido o dictamen negativo, se tendrá como resolución definitiva.
Este transitorio es violatorio de garantías. Aplica retroactivamente la ley en perjuicio de los campesinos, además contradice el también ilegal artículo 3o., transitorio de la reforma al 27 constitucional que señala: "Los expedientes arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se podrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que conforme a su ley orgánica, resuelvan en definitiva".
Desde esta tribuna, con el derecho que nos asiste como representantes de la soberanía popular, emplazamos al Ejecutivo a cumplir su palabra y presentar el programa para abatir el rezago agrario. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús González Gortázar.
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Señor diputado Presidente; compañeros diputados:
El pasado 6 de enero en Soledad de Doblado, Veracruz, campesinos venidos de todos los ámbitos de la patria demandaron una ley agraria clara y sencilla. El Presidente de los mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, está cumpliendo con esa promesa; está demostrando que sí se puede, en escasos 199 artículos, hacer un compendio de la parte medular de las leyes que tienen qué ver con la tenencia de la tierra.
En esa forma simplificamos, en esa forma damos congruencia y lo que es más importante, dejamos a un lado y para siempre toda una enciclopedia de leyes sobre el campo, engorrosas, farragosas, que no permitían conocer la forma de operar la producción agropecuaria.
Hoy, en una fecha que hará anales en esta Cámara, venimos a discutir en debate histórico, la nueva Ley Agraria. Una ley que continúa la trayectoria ideológica del movimiento social de 1910; democrático, popular, nacionalista, antiimperialista y pleno de sentido social.
Simplemente estamos adecuando lo que peleara con las armas en la mano el pueblo mexicano, a las realidades actuales, cuando ya se ve la llegada del Siglo XXI.
Hemos seguido claramente las ideas de Zapata, de Villa y de Carranza, de Madero y de Obregón y así este documento, repito, de 199 artículos, si es aprobado por esta soberanía, habrá de abrir un capítulo de progreso, de seguridad, de producción, de garantías plenas para aquellos que laboramos la tierra, criamos ganado, o explotamos racionalmente el bosque o la selva tropical.
En los primeros títulos se refiere al aspecto del ejido y la comunidad. Ambos, contra lo que se ha venido a decir aquí con falta de honestidad, adquiere rango constitucional. Se respetan, se conservan, si así es la voluntad de sus integrantes, dado que a éstos se les da la categoría de mayores de edad.
Ahora sí el ejidatario será el artífice de su propio destino; ahora sí el comunero va a labrar su futuro; ahora sí la tenencia social de la tierra adquiere categoría de adulta. Va a decir, por voluntad democrática y mayoritaria, si quiere seguir como está, si se asocia, si se da en la parcería, si pide sus títulos de propiedad o si simplemente resuelven vender, por no tener la vocación para seguir adelante.
Grave error cometen algunos opositores en insistir y remachar y recalcar que todos aquellos que no tienen tierra, deben contar con ella. No porque un gato nazca en el horno va a ser pan, no porque un hombre nazca en el campo será forzosamente agricultor o ganadero; se requiere de una vocación, de un sentido , de una esencia en la vida como para ser médico, abogado, periodista o cualquier otra profesión, ser agricultor o ganadero como lo dijera certeramente un compañero del Partido Auténtico de la Revolución, requiere de lecciones que se aprenden año con año y ahora el ejidatario como mayor de edad, como responsable pleno de sus actos, sin cacicazgos ni paternalismos, con un conocimiento cabal de su futuro, va a ser él y solamente él el que diga qué es lo que quiere.
El Capítulo V se refiere a la pequeña propiedad y contra lo que un diputado afirmara anoche
aquí con voz destemplada, no se beneficia a la pequeña propiedad, sus límites se mantienen tal y como lo resolvieron los constituyentes de Querétaro, siguen siendo exactamente los mismos, 100 hectáreas de riego, 150 de algodón por bombeo, 300 de cultivos especiales, 200 de temporal, 400 de agostedero u 800 de cerril o de agostader de mal calidad. Simplemente se aclara y se precisa, es menester precisar las cosas, la ropa limpia ni jabón ocupa, es menester que quede en forma indubitable una precisión exacta y justa de la pequeña propiedad. Por ello crea la pequeña propiedad forestal la iniciativa, en horabuena.
Ya el constituyente de 1917 había dicho, 800 hectáreas de cerril, ¿y qué se dan en los montes?, obviamente los árboles, pero no se precisaba la pequeña propiedad forestal, y entonces como lo dijo ahí sí con acierto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática que me antecedió en el uso de la palabra, ¿o había tala a rajatabla o había una conservación absurda que condenaba al campesino a la miseria?
Ahora se equilibra ecología con silvicultura, ahora se va a poder conservar la selva tropical húmeda de la cual en 10 años hemos perdido 20 millones de hectáreas, ¿por qué antes, amigos y compañeros, se daba una aberración?, si uno decidía conservar parte del predio para beneficio ecológico de la fauna y de la flora, ahí había tierra ociosa y entonces era afectado de inmediato?
Es trágico ver la fotografía de satélite tomada de la parte sureste de la patria, en esa fotografía más que celo parece un mapa perfectamente delineado, al oriente verde, oscura la selva virgen tropical del Petenitza; al occidente amarillo, el ecocidio, el destrozo en el estado de Tabasco y cuando yo reclamaba a mis hermanos tabasqueños del ¿por qué?, decían: ¡Jesús o talamos la selva o nos quitan la tierra, según ellos, por ociosa!
Ahora simplemente se clarifica y tipifica, viejo reclamo de la Comisión Nacional de la Pequeña Propiedad, ya tenemos, si ustedes así lo deciden, una pequeña propiedad forestal perfectamente regulada.
Por otro lado, mienten aquellos que afirmen que estamos abriendo las puertas a las sociedades mercantiles. Hay aquí abogados respetables como Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, que no me dejarán mentir, el Constituyente siempre permitió que hubiesen sociedades mercantiles en el campo , solamente se prohibía una, la sociedad por acciones, porque antes las acciones al portador llevaban al anonimato y por ahí se podría colar tanto la simulación, como la intervención extranjera.
Al prohibir la ley tiempo atrás las sociedades anónimas por acciones al portador, esto terminó. Hoy, no habrá anonimato; podrá operar la sociedad mercantil como lo quiso el constituyente. Porque éste, en Querétaro, Mújica, que se refirieron ayer algunos compañeros, aprobaron las sociedades mercantiles en nombre colectivo, en comandita, en responsabilidad limitada. Lo que pasa es que nadie aprovechaba estas formas de asociación, porque de inmediato los acusaban de simuladores, de acaparadores de beneficio y eran afectados en sus tierras.
Por eso, ahora esta iniciativa clara e inteligente, solamente clarifica y puntualiza, porque no tiene nada qué esconder; por el contrario, sus postulados son tan positivos que creo que de todos debe merecer la aprobación.
Por otro lado, se habla que podemos llevar la pequeña propiedad a superficies que constituyan, según ellos, un verdadero latifundio. Dicen que si alguien tiene 800 hectáreas de pésima calidad y se hacen de humedad, seguirán siendo de él. Por supuesto, porque ahí entró la industria humana, ahí entró el trabajo, la inversión y se la jugó por México, ahí hubo una mejoría de la tierra que se va a reflejar en más y mejores alimentos para el pueblo mexicano.
Era aberración verdaderamente inconcebible que nadie pudiera mejorar sus tierras porque en este momento era despojado de ellas. Estábamos condenando al agro a la ineficacia, al atraso, a la descapitalización y ahora con sentido progresista y moderno, se abre la puerta a la iniciativa del agricultor, a que éste si se la juega por México pueda tener la opción de mejorar su tierra para poder beneficiar a su familia y al pueblo mexicano como un todo.
¡Mentira que sea exigencia, repito, del Tratado de Libre Comercio¡ Su servidor, como Presidente de la Comisión Nacional de la Pequeña Propiedad, ha dialogado en múltiples ocasiones con el Presidente de American Farlmes Forum y ellos lo que quieren es exportar. En cambio con esta iniciativa haremos a nuestra patria más próspera y productiva, bajarán las importaciones y, por ende, retomaremos la capacidad de acción independiente.
País que vive de comida extranjera, hipoteca su soberanía. Producir y alimentar al pueblo, es
darle a esta patria nuestra más dignidad, más señorío, más independencia de su capacidad de acción internacional. Ya no podemos seguir dependiendo del otro lado de la frontera hasta para el maíz y el frijol. Con todos podemos pelear, menos con la cocinera.
Por ello, ser autosuficientes es una meta preferente de todos los buenos mexicanos y esta Ley Agraria nos va a hacer a todos más trabajadores y eficientes, más competitivos y podremos hablarnos al tú con las naciones, agrícolamente hablando, más desarrolladas.
Pero además, el Tratado de Libre Comercio no se puede tocar en una forma global y a raja tabla; somos competitivos ya en frutas tropicales, cítricos, café y azúcar, ganado bovino, hortalizas y legumbres, fibras vegetales duras y 100 cosas más. Requerimos del término medio en porcicultura y avicultura y demandamos desde esta tribuna, por enésima ocasión, el término máximo para cereales, oleaginosas y productos lácteos.
Por ello, miente aquel que afirme temerariamente que esta ley y su aprobación es producto de presiones internacionales y ya que algunos amigos queridos, como el diputado Calderón, trae siempre la sicosis de la dependencia. Quiero decirle, que de acuerdo con las palabras de Foster Dulles, que "Estados Unidos no tiene amigos; tiene intereses" y el interés de Estados Unidos es vendernos y esta ley evitará que les compremos todo lo que ellos quieren.
Porque estamos abriendo la puerta a un campo nuevo y diferente. Un campo moderno que acepte el reto del Siglo XXI. Un campo que no tenga la vergüenza de hoy día, que con 2 millones de kilómetros cuadrados, no podemos llevar alimentos a la boca de 83 millones de mexicanos.
Requerimos ca - pi - ta - li - zar - lo y por eso no se asusten con "el petate del muerto " de la inversión extranjera. Esta inversión se daría, en caso que así lo quieran, correr el riesgo, dar el dinero, en acciones comunes y la tierra, señores, ya lo han leído, estará amparada por una serie especial de acciones tipo T, tipo T de tierra.
Por ello, la tierra seguirá siendo de hoy y para siempre de los mexicanos y de nadie más. Si ellos aportan capital, bienvenido. En un campo postrado por la falta de recursos es menester decir a todo aquel que venga de buena voluntad: que tiene la posibilidad de invertir.
No queremos ya agricultura empírica, con arado de palo, como los egipcios de hace 4 mil años.
Toda empresa agropecuaria demanda de cuatro elementos: la tierra, el trabajo, la dirección y el capital. Tenemos los tres primeros, nos falta el capital. Porque años y años de erróneas políticas, agraria y agrícola, llevaron el campo a la miseria, lo depauperaron, lo llevaron al atraso y a la marginación.
Y hoy con esta ley estamos teniendo una llave para abrir capítulos de superación y de progreso para los mexicanos que aun vivimos por, en o del campo. Además, es menester que haya congruencia. Por una parte se quejan que el Estado abandona su responsabilidad para con el campesino y ahora que el Estado propone una ley, con Procuraduría Agraria, vienen a decir que sigue el paternalismo.
¿En qué quedamos¿ O hay paternalismo o se abandona el campo. Tenemos que ser honestos, porque sólo así se sirve al pueblo mexicano. La Procuraduría buscará, como su nombre lo indica, resolver conflictos y defender a los más débiles; débiles que están perfectamente calificados, tipificados, en la iniciativa.
Otra cosa que se debate en forma incomprensible, es lo referente a las comunidades indígenas. La comunidad indígena que mantenga su idioma, su cultura y propia individualidad, que siga siendo una etnia dentro del gran pueblo mexicano, será protegida por el Estado. Aquella que ya está aculturada o que solamente es de nombre comunidad indígena, porque fue el truco para quitar la tierra a los pequeños propietarios, ésa tendrá que actuar como el ejido. Porque todos los mexicanos somos iguales y no vamos a crear reservaciones indígenas, como en Estados Unidos, porque aquí es esta patria, desde el Grito de Dolores y más tarde en Guadalajara, el 6 de diciembre, abolimos la esclavitud. Todos los mexicanos somos iguales y por ello esta ley da un trato de protección únicamente a aquellos que conservan su individualidad, su personalidad tribal o étnica y creo que es un acierto más de la norma jurídica que estamos debatiendo.
Amigos: no tengamos miedo a los retos del futuro. México está cansado de tercermundismo y demagogia. México quiere hablarse de tú por tú con aquellas naciones más adelantadas del planeta y esto no sucederá jamás si llevamos el lastre de un campo en la miseria. El 34% de nuestro pueblo todavía habita y trabaja en el medio rural.
Por ello, si lo sacamos adelante, México despegará. Si no, seguiremos anclados en el atraso, en la miseria, en la injusticia.
Esta es una oportunidad histórica, donde debemos dejar a un lado cualquier resabio partidista. México está arriba de las ideologías, por respetables que éstas sean, pero está más, mucho más arriba que las meras estrategias politiqueras para ganarse la simpatía, según ellos, de un grupo determinado del pueblo mexicano, porque están totalmente equivocados. Si ustedes, los que se oponen, en lugar de estar en círculo de exquisitos tomando café o algo más sustancioso, anduvieran por el campo nacional, se darían cuenta de que el 99.9% de los campesinos aplauden esa reforma y esta Ley Agraria; solamente los líderes corruptos, los demagogos que han hecho de la agitación agraria una forma de llevar agua a su molino, político o económico, son los que sacan desplegados y traen propuestas sin firmar, para tratar de sorprender la buena fe de aquellos que todavía quieren seguir anclados hace medio siglo.
Estoy cierto que la inmensa mayoría de los legisladores, que todos aquellos que en verdad aman a la patria, que aquellos que quieren la superación del agro nacional, que aquellos que están hartos de tercermundismo y demagogia, habrán de votar con pasión y entusiasmo en pro de esta iniciativa.
Creo que estamos en un momento de pasar lista de presentes. No demos la espalda a la responsabilidad histórica. Aquel que vote sí estará cumpliendo con el pueblo mexicano; aquel que por parcialidad o demagogia o intereses personales se oponga, estará recibiendo la condena de la historia y la historia, señores, jamás se ha equivocado. Hay que votar en pro de la iniciativa. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, en los términos del 102, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra para alusiones personales el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente.
Quisiera referirme brevemente a algunas opiniones, omitiré comentarios sobre frases ofensivas y estilos que considero que denigran nuestra Cámara de Diputados y retomaré argumentos que considero básicos, uno de ellos se alude a una psicosis sobre el Tratado de Libre Comercio y sobre privatizaciones.
Cuando nosotros cuestionamos el Tratado de Libre Comercio y su impacto devastador para el sector agrícola, lo hacemos apoyándonos en el proyecto nacional definido por Morelos en los sentimientos de la nación y en los fundamentos de nuestra integridad republicana.
Quienes apoyaron la Ley de Compañías Deslindadoras en el porfiriato y quienes apoyaron en 1856 la ley que permitiría la desamortización de las tierras, estaban atentando contra la integridad de la República. Sesenta años costó recuperar el control de más de la mitad del territorio nacional que estaba en manos de extranjeros; la reforma agraria fue el vehículo para consolidar un sistema republicano.
Esta ley, los capítulos que citamos del borrador del Tratado de Libre Comercio y el Reglamento de Inversión Extranjera, de facultades precisas para constituir sociedades anónimas con 100% de inversión extranjera en todo el territorio de la República.
Las palabras que pueda decir algún diputado, como aquel que me antecedió en la palabra, quedan como palabras al viento, como frases quizá retóricas, pero que no están sustentadas en hechos y en leyes precisas. Las leyes dan en esta forma que están redactadas, que consideramos anticonstitucional y en la propuesta, facultades para un gigantesco proceso de trasnacionalización de la agricultura y precisamente, preocupados por la soberanía alimentaria y la integridad de la nación, consideramos que esta ley, de aprobarse en esos términos, que dan facultades tremendas a la Comisión de Inversiones Extranjeras para autorizar sociedades mercantiles en todo México, no solamente no resolverán lo relativo a la soberanía alimentaria, sino profundizarán y agudizarán los graves problemas alimentarios de la República y, claro que nos preocupa la integridad republicana.
México perdió el siglo pasado más de la mitad del territorio nacional a manos de una intervención armada de los Estados Unidos y claro que nos preocupa la integridad de la República, porque posteriormente, con el Tratado de La Mesilla, México perdió otra parte de su territorio y nos preocupa la integridad de la República, porque fueron empresas norteamericanas las que invadieron México, posteriormente, en Veracruz particularmente y claro que nos preocupa la integridad de la República, frente al vecino del norte, porque toda la historia de esta nación ha sido consolidar un proyecto nacional autónomo frente al proyecto del destino manifiesto de los Estados Unidos y la Doctrina Monroe.
Por ello es que los mexicanos, hoy como ayer, debemos ser vigilantes y debemos pensar mil veces antes de cualquier tratado internacional, porque la vida misma de este República está ligada precisamente a la preservación de nuestra integridad territorial.
Y tenemos casos hoy, ahora, en este día, que muestran la gravedad de lo que estamos discutiendo. Por encima de toda reglamentación internacional, por encima de los acuerdos del mismo Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, un oscuro juez, oculto en una oficina de San Francisco, ha decretado un embargo atunero, pasando por encima de todas las leyes internacionales. Si vamos a firmar un tratado de libre comercio que supuestamente nos da acceso a hortalizas, legumbres y frutas de exportación y un oscuro juez de cualquier pueblo o rancho de los Estados Unidos impide que ciertas leyes específicas de liberación de comercio se apliquen, estamos atentando a la integridad de la República, porque abrimos nuestros mercados, destruimos nuestro sistema agrícola, damos facultades para que exporten sus excedentes agrícolas a precios subsidiados, imposible de competir nuestros productores y sin embargo ellos mantienen cerradas sus fronteras; estamos destruyendo la integridad de este país a manos de un conjunto de empresas transnacionales, por ello seguiremos insistiendo, aunque se nos acuse y con esto concluyo, de psicosis, seguiremos insistiendo en base a Morelos, en base a Allende y a Lázaro Cárdenas, en defender la integridad republicana y en defender los intereses de los hombres del campo, porque está en juego precisamente que México siga siendo la patria de los mexicanos y que sigamos siendo orgullosos quienes nazcamos y podamos consolidar la integridad de nuestra República. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, hasta por cinco minutos, el diputado Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo coincido plenamente con lo expresado aquí por el diputado Calderón, no sólo por el contenido de lo que él ha planteado aquí, sino por la forma en la que debemos llevar a cabo este debate.
Nosotros hemos insistido siempre en que este debate debe ser un debate de altura, qué ésta es la más alta tribuna del pueblo mexicano y no debemos rebajarla. Por eso, esos discursos de frases secas y lenguaje lépero no contribuyen a nuestro trabajo parlamentario. (Aplausos.)
Yo podría aquí venir a responder una a una de las cosas que aquí ha dicho el diputado González Gortázar. Si él acusa a un diputado del Partido de la Revolución Democrática de tener psicosis de la dependencia, yo lo podría acusar de que tiene psicosis de vende - patria o de prestanombres, pero no ganaríamos nada con eso. (Aplausos.)
Lo que realmente preocupa es que todos sabemos que desde que se discutió el artículo 27 y ahora en esta ley, se están abriendo las puertas para fortalecer a la propiedad privada, para crear nuevos latifundios, no sólo a través de las sociedades mercantiles, sino a través de diversas formas para cambiar el uso de la tendencia de la tierra y así convertir regiones ganaderas en agrícolas, sin que esto sea considerado que viola la fracción XV del artículo 27 constitucional. Eso es lo que nos preocupa a nosotros y para venir a plantear aquí lo contrario, se necesitan dos cuestiones: o ser ignorantes de la ley, o carecer totalmente de honestidad y yo estoy seguro que González Gortázar conoce perfectamente la ley. Muchas gracias. (Aplausos.)
RECESO
El Presidente (a las 15.15 horas): - Esta Presidencia decreta un receso de una hora, suplicando a los señores diputados continuar... Está decretado, señor diputado.
Disculpe, no lo vi en el uso de la palabra. En cuanto comience esta sesión le daré el uso de la palabra para hechos.
El diputado Jesús González Gortázar (desde su curul): - Es que se pierde totalmente el sentido. El lépero fue el que habló, yo me mantuve con un lenguaje correcto; lo que pasa es que hay personas que a falta de argumentos utilizan los insultos.
El Presidente: - Está decretado un receso, señor diputado. Con mucho gusto empezando la sesión le concedo el uso de la palabra para hechos y disculpe usted porque no lo haya visto.
Receso
(A las 17.00 horas): Se reanuda la sesión.
Tiene el uso de la palabra el diputado J. Jesús González Gortázar.
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Eran los primeros años de una época tormentosa por la que pasó nuestra patria que dentro de ese marco apasionante se daba un debate abierto, público, entre dos grandes mexicanos: Antonio Caso y Vicente Lombardo Toledano y cuando el político teziutleco iba a hacer uso de la palabra, parte del público empezó a hacer ruido y a ofenderlo y Lombardo Toledano, que tenía su grandeza, respondió con toda serenidad: "ni con patadas ni con insultos se puede cambiar el curso de la historia". Por ello creo que el teziutelco estaría muy avergonzado al ver que uno de los pocos, de los poquísimos seguidores que aún tiene, haya utilizado esta tribuna para decir mentiras y lanzar denuestos.
Yo a nadie ofendí. Prueba de ello que el diputado Calderón, él si todo un caballero, no se llamó a ofendido y fue otro, que al cual no le venía el saco, quien vino aquí a decir injurias.
Por respeto al tiempo de ustedes no me extenderé. Solamente le digo a ese diputado, él sí lépero, vende - patria, prestanombres e inmoral, que conmigo si no se llena, con hambre tampoco se queda.
El Presidente: - En uso de la palabra el diputado Juan Campos Vega, para hechos.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - No vamos a hacer un concurso de leperadas porque el diputado me gana con toda facilidad. La cuestión es la siguiente, se él revisa la intervensión estenográfica de lo que dije, se dará cuenta que frente a la leperada que le dijo al diputado del Partido de la Revolución Democrática, al diputado Calderón, yo le dije lo que le podía decir, pero no se lo dije. Ahí está textual, lo único que le dije y lo asumo con plena responsabilidad, es que es totalmente deshonesto, eso sí te lo dije y lo sostengo.
Y la otra cuestión, no dije nada nuevo que él no hubiera dicho antes. Si lee la versión estenográfica de su intervención, en la hoja dos en el segundo párrafo, el acusa de deshonestos a todos los que aquí hemos venido a plantear nuestras tesis en torno al problema agrario.
No vamos a seguir en este lenguaje, pero sí, nosotros, los del Partido Popular Socialista, vamos a utilizar esta tribuna, en este momento, para ir dando respuesta a toda las calumnias y las falsas tesis que aquí está planteando el que representa los intereses, no de los pequeños propietarios, sino de los caciques y los latifundistas de México. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hechos, el diputado Martín Tavira.
Mientras llega a la tribuna, esta Presidencia invita a todos los oradores y les hace una amable invitación, para no proferir palabras que, aun cuando no pudieran ser injuriosas, pudieran causarle o parecérselo a alguno de los señores diputados.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Yo deseo hacer algunas rectificaciones muy sencillas. Aquí se ha dicho que los límites de la pequeña propiedad, los límites actuales, consignados en el artículo 27, son los que le dio el Constituyente de Querétaro, Esto no es verdad.
Una de las cosas que hemos dicho, es que el Constituyente de Querétaro, tuvo la virtud justamente, de no establecer los límites de la pequeña propiedad, se lo dejó a una ley secundaria, con objeto de que mediante un estudio técnico se pudiera delimitar a la pequeña propiedad de acuerdo con la definición que viene desde Morelos: calidades de tierra, condiciones climáticas etcétera, un catálogo de clases de tierra en el país y de esa manera poner lo límites. ¿Cuando se establecieron los límites a la pequeña propiedad? Pues en la reforma alemanista justamente, entonces se establecieron los límites que tenía el Constituyente y que conserva la reforma en forma sustancial, con alguna pequeña modificación.
Otra de las cosas que yo deseo rectificar, si me permite la honorable asamblea, es ésta: aquí se ha mencionado a Hidalgo, a sus decretos de Guadalajara y de ha dicho que esas reformas responden inclusive a aquellos empeños del Padre de la Patria para rescatar, defender y preservar la comunidad indígena; pero recordemos en esencia que los decretos de Hidalgo tendían a obligar a los que habían despojado a esas comunidades a devolver la tierra a sus legítimos dueños, como eran los indígenas. Ahora ocurre al revés, porque de lo que se trata es justamente de destruir la comunidad indígena y entre otras muchas disposiciones, está el artículo 97 del dictamen que estamos discutiendo.
La comunidad determinará el uso de sus tierras, su división en distintas porciones según distintas finalidades y la organización para el aprovechamiento de sus bienes. Podrá constituir sociedades.
civiles o mercantiles, asociarse con terceros, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento etcétera. La asamblea, con los requisitos de asistencia y votación previstos para la fracción XIII del artículo 23, podrá decidir transmitir el dominio de áreas de uso común a estas sociedades en los casos de manifiesta utilidad etcétera.
Ese es el camino para desmantelar la comunidad indígena. Esta disposición está en contra de costumbres, tradiciones ancestrales de la comunidad indígena de México, parcelarla, convertir prácticamente en dueños a los indígenas; las áreas boscosas entregarlas a terceros, ¿qué va quedar de la comunidad indígena? De esa manera no se preserva, ese patrimonio histórico, cultural y económico del país y de esa manera no se responde al pensamiento de nuestros héroes y a Miguel Hidalgo y Costilla. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el diputado Héctor Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
La intervención del diputado González Gortázar tuvo un mérito, si es que pudiéramos decirlo así, asomó el principio de un debate, porque hasta ahora sólo ha sido un monólogo y una larga lista de oradores, sin que haya la posibilidad de discusión de prácticamente nada, por eso he pedido el uso de la palabra, para precisar algunos conceptos que el señor diputado Gortázar ha planteado.
El dice que no hay el peligro de una nueva concentración latifundaria y afirma que se está en los límites de la pequeña propiedad. Eso es verdad en parte. Se olvidó el señor diputado que en las sociedades mercantiles, cada tipo de tierra que está en la Constitución se multiplica por 25, desde la tierra de riego, de temporal, de bosques, hasta la de agostadero, todas se multiplican por 25. Si es para el señor diputado una extensión de 200 mil hectáreas de agostadero, si no es para él una concentración neolatifundaria, entonces ¿qué sería una concentración neolatifundaria?
Por otra parte, el señor diputado González Gortázar, omite otra disposición de la ley. Las sociedades mercantiles permiten la legalización del latifundio simulado y voy a decir por qué. El sabe muy bien en qué consiste el latifundio simulado, mejor que cualquiera de nosotros.
Consiste en que una familia detenta distintas superficies, una a nombre del padre, otra a nombre de la esposa, otra más a nombre del hijo o de la hija y de prestanombres, de tal manera que ha sido muy difícil para la ley identificar la concentración, porque los títulos agrarios están a nombre de distintas personas, sobre todo familiares. El latifundio familiar existe en gran medida en el noroeste de nuestro país; el caso típico, que seguramente se conoce mucho, es el de la familia de Reynaldo Rosas, que a través de esta forma diversificada de la propiedad, tiene entre 800 y 2 mil 500 hectáreas.
La sociedad mercantil le va a permitir a un usufructuario de un latifundio familiar incorporarse a ese tipo de sociedades; el padre puede entrar a una sociedad, la esposa a otra, los hijos a otra y los prestanombres a otra y de esa manera el neolatifundio familiar queda diluido, queda amparado por la sociedad mercantil y prácticamente queda legalizado.
Aquella lucha que se dio por descubrir el latifundio simulado, ahora ya prácticamente ya no procede, porque ellos podrán esconderse en el seno de las sociedades mercantiles.
En el peor de los casos, los excedentes solamente podrán venderse; si la ley, después de haberse escondido en las sociedades mercantiles, encuentra excedentes de tierra, en el peor de los casos se tendrán que vender en pública almoneda, pero ya no podrán expropiarse, o sea, que es una excedente...
El Presidente: - Diputado Ramírez Cuéllar, ha concluido su tiempo.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - El certificado de inafectabilidad ganadera, se otorga para un uso muy concreto, para explotar una zona de agostadero, por eso tiene una extensión muy grande; si el agostadero se transforma en zona para vocación agrícola, entonces cambia el valor de la zona y el valor del suelo y le pongo un ejemplo al señor diputado, que él conoce mejor que nosotros: la familia Watson, en Mazatlán, tiene un certificado de inafectabilidad ganadera, pero produce legumbres de exportación, o sea se está ocultando en un certificado que tuvo un propósito de neolatifundio agrícola. Espero precisar algunas cuestiones más adelante. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco José Paoli Bolio, del Partido Acción Nacional.
El diputado Francisco José Paoli Bolio: - Con su venia, señor Presidente; ciudadanos diputados de la nación:
Mi intervención tendrá el propósito de ubicar históricamente la iniciativa que hoy se discute, en función de justificar las razones por la cuales el grupo parlamentario de Acción Nacional, votará favorablemente en lo general esta iniciativa. Tendrá que ser una ubicación histórica apretada, por el tiempo natural que se nos asigna. Pero no quiero dejarla de hacer, en función de que se ha presentado en diversas ocasiones el desarrollo agrario de México, como si éste se diera a partir de un solo modelo, cuando en realidad en el origen, después de la guerra revolucionaria, se debatieron diversos proyectos agrarios y uno original, fue llevado por el bando triunfador, al Constituyente de 1916 - 1917. Este proyecto original después fue trastocado.
El proyecto original del Constituyente de 1917, el proyecto del Grupo Carranza, que de paso digo, era el grupo políticamente más capaz, políticamente más competente; que no sólo fue capaz de ganar la guerra, sino que fue capaz de plantear un proyecto de Estado para gobernar este país. Ese proyecto que tenía hombres de la talla de Mújica, de Jara, de Aguilar y para no dejar de mencionar a alguien muy admirado y que yo creo que fue el mayor de los generales revolucionarios en cuanto a su perspectiva como estadista: al general Alvarado. Pero no me referiré hoy a generales, afortunadamente señores diputados, el tiempo del militarismo ha terminado. Me referiré a un gran civil, inspirador de la reforma agraria, ideólogo fundamental, que estudió a fondo la problemática agraria de nuestro país: don Luis Cabrera, que como todos ustedes saben, trabajó con don Andrés Molina Enríquez y aprendió de este sabio mexicano, a profundidad, la problemática de la tierra en nuestro país.
Luis Cabrera, el gran inspirador del Constituyente de 1917, en muy diversos campos, pero en el agrario muy particular, inspiró con su discurso de 1912, la ley de enero de 1915, que después fue llevada en sus tesis fundamentales, al proyecto del Constituyente. Esta tesis fundamental tenía preocupaciones básicas; acabar con el caciquismo, acabar con el hacendismo; sobre todo, acabar con el latifundismo y hacer productiva la tierra, impulsando sobre todo, la pequeña propiedad agraria.
Don Luis Cabrera también tuvo una sensibilidad especial para recoger la problemática de las poblaciones indígenas, de las comunidades. Ahora se sabe, porque se han puesto al descubierto los archivos, que hubo negociaciones directas en 1914, entre don Luis Cabrera y el general Emiliano Zapata.
Don Luis Cabrera buscaba absorber esta capacidad política a la que me referí en un principio, estaba encabezada en todos los sentidos por Luis Cabrera. Buscaba absorber, buscar las grandes tesis del zapatismo, que en realidad eran gritos de protesta, rechazos a la injusticia, al corrimiento de cercas. Quiso incorporar en le medida de lo posible el Plan de Ayala y dialogar con Zapata para salvar la paz de este país. Esto no fue posible; Zapata se resistió hasta el final y el carrancismo tuvo que combatir a Zapata. Pero las tesis de Zapata, quedaron incorporadas en el artículo 27 de la Constitución.
Quiero decir que la tesis principal de Luis Cabrera, era que se regresaran los ejidos a los pueblos, para complementar la economía; pero no era ejidalizar la economía del país; era que los campesinos pudieran tener, según sus formas tradicionales de producción, elementos complementarios para poder sostenerse; era que había que superar el problema de los bajos salarios y, entonces como forma complementaria y en las tesis de ortos constituyentes para equiparar las dos formas de propiedad: la propiedad privada, la pequeña propiedad privada con el ejido, que se llevó a la Constitución.
Y éste fue el primer modelo de producción agraria que fue vigente, con pequeñas variantes, hasta los años 30. Con los años 30 se produce un proceso de cambio: el campo tiene el peso del ejido al que se considera como la forma fundamental de tenencia de la tierra, la cual había que impulsar.
Y es durante los años 30 que se produce este proceso que algunos investigadores han llamado: "de ejidalización", que se va hasta nuestros tiempos.
"El sistema ejidal, dice algún investigador, juridizado por el Estado y les doy su nombre, es: Jorge Luis Ibarra, rector actual del Colegio de Sonora, desarrolló la ejidalización, proceso que llevó al campo formas burocráticas, organizativas, que pesaron de manera fundamental, en el ámbito agrario, y lo condicionaron en forma creciente."
El define esta ejidalización, como que se presenta como algo nuevo y ajeno, incluso para muchas comunidades y sustituye a sus antiguas y tradicionales formas de autogobierno, por otra que
las coloca en la base de un mecanismo vertical de dominación, en cuya cúspide se encuentra el Estado y sus tentáculos hacia el campo.
Este modelo que trajo para el país, en forma creciente no sólo una burocratización, sino una lastre que hacía pesar al ejido y a las formas comunales sobre el conjunto de la economía agrícola; que tenía una espada de Damocles, que era el reparto agrario, porque el reparto sólo se podía hacer en función de peticiones de dotación que hacía los ejidos y las tierras comunales, fue ampliando el proceso de ejidalización, que a su vez trajo burocratización extrema, corrupción, y desesperanza para los campesinos. Formas nuevas de enajenación que hoy en día estamos revisando.
Yo creo que esta ley tiene la posibilidad de abrir puertas para liberar al campesino, para suprimir una serie de trabas, para cancelar estas burocracias que han medrado, que han sido un lastre, repito, en los lomos del campesino. Se trata sin duda, como ya dijo mi compañero Zermeño, de una ley de transición, tal y como afirma al final la exposición de motivos del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria.
El dictamen expresa muy claramente el reconocimiento de la enorme complejidad de los problemas agrarios y la dificultad de agotar en una sola ley, de manera exhaustiva, todos los aspectos de esta realidad, así como la convicción de las comisiones de que la propia Cámara de Diputados deberá proseguir el estudio de la realidad agraria y en su caso, culminar el proceso normativo.
En esta nueva ley no se abren todas las puertas ni está en grave riesgo la erosión del ejido, como algunos suponen. Esta nueva ley sí abre, a nuestro juicio, una gran puerta y esta puerta es la que se encuentra en diversas disposiciones pero muy claramente arraigada en el artículo 79, la puerta se abre franca en este artículo a los ejidatarios y comuneros, no para que dejen de serlo de un plumazo, como algunos sostiene, sino para aprovechar su parcela disponiendo de ella, permitiéndoles conceder a otros ejidatarios o a terceros su usufructo mediante aparcería, meriería, asociación, arrendamiento o cualquier otro jurídico no prohibido por la ley; sin necesidad y éste es el subrayado fundamental, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier otra autoridad, esta que ha sido una forma de retener el desarrollo ha sido liberada con este artículo.
Asimismo, remata el artículo, el ejidatario o el comunero podrá otorgar sus derechos de usufructo a la formación de sociedades mercantiles o civiles. Esta vía que se abre permitirá a los ejidatarios operar con libertad relativa, pero suficientemente amplia para obtener créditos, ofreciendo el usufructo como garantía o bien asociándose con otros ejidatarios o particulares o aportándoles en usufructo en sociedades mercantiles de las que pasan a ser socios.
Todas estas actividades podrán desarrollar los ejidatarios y comuneros, sin dejar de serlo y sin entregar en definitiva sus tierras, podrán hacerlo por un plazo de 30 años; esto les permitirá experimentar sin correr el riesgo absoluto de perder sus tierras. Es cierto que se conserva una tutela para los ejidatarios y comuneros, pero se amplía considerablemente su radio de acción, que le permite una experimentación y un tiempo de aprendizaje en nuevas y más ágiles formas de producción agrícola, adquirir nuevos procedimientos y instituciones comunes y corrientes de créditos que los considerarán en adelante sujetos de crédito.
Estas son razones fundamentales para votar en lo general favorablemente; también hay otras. Se podrán entregar tierras comunales a sociedades mercantiles para pasar del régimen ejidal al régimen de propiedad privada, pero eso sólo se podrá hacer si se cumplen los requisitos mayores señalados en el artículo 23 que todos ustedes conocen.
Se trata ahí no de una puerta plenamente abierta, se trata de una puerta entreabierta que en gran medida, por responsabilidad de los campesinos, podrá irse abriendo en la medida en que su conciencia, su capacidad, su decisión, su responsabilidad, lo permita; lo cual toma en cuenta la situación de una proporción muy alta de campesinos, ejidatarios de este país que todavía viven en condiciones de alta ignorancia y de extrema pobreza.
La ley ofrece también vías para revertir la problemática fundamental del minifundio, éste no es un tema que sea tratado sistemáticamente al tocar esta ley, tal vez porque fue tocado cuando se habló de modificar el artículo 27 constitucional, pero un problema tan grande o mayor que el del latifundio que sigue preocupando mucho, es el del extremo minifundio en el que habíamos caído. Esta posibilidad que se abre en la ley para realizar asociaciones para disponer de la parcela por largos tiempos renovables, permitirá una reagrupación del territorio para posibilidades productivas mucho mayores.
De esta manera la ley ofrece esta puerta que también es positiva, hay otra que ofrece la de que los campesinos, se liberen en gran medida, no totalmente por cierto, del enorme peso burocrático limitado en gran medida el conjunto de autoridades agrarias en el campo; de hecho la ley dice desde su exposición de motivos, que se eliminan las autoridades agrarias y que queda el comisariado ejidal como representante de la asamblea y del ejido.
Yo creo que esto es una declaración de buen deseo, porque todavía se sostiene autoridades agrarias. De hecho la Secretaría de la Reforma Agraria, que parecía estar llegando a su fin después de la aprobación del cambio del artículo 27 constitucional, en donde se le asigna la función del rezago agrario, volvió a ser revitalizada, en alguna medida, en esta ley.
La Reforma Agraria, la Secretaría de la Reforma Agraria, queda anclada en esta ley de diversos artículos que no voy a detallar, porque esto tocaría a lo particular, pero que sí referiré brevemente:
Queda anclada con dos instituciones fundamentales que esta ley propone: El Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria.
En el primero, en el registro, la dependencia de éste de la Secretaría es total, hay una subordinación plena, porque se trata de un organismo desconcentrado. De tal manera que la Secretaría de la Reforma Agraria seguirá viviendo a través de todos los actos que este registro realice, lo cual podría impedirse, y lo sugiero ahora nada más de entrada, convirtiendo al Registro Agrario Nacional en entidad descentralizada del Estado.
De esta manera, la Secretaría de la Reforma Agraria perdería este peso enorme ,esta burocracia terrible que sigue agobiando a muchos campesinos y no tendría manera de estar interviniendo, aun cuando no estuviera facultada para ello, pero de hecho en una serie de atribuciones, como son: los deslindes y otras.
Y, por otro lado, está prendido a la Secretaría de la Reforma Agraria el nuevo órgano de la Procuraduría Agraria, que ésta sí se contempla como un organismo descentralizado del Estado, pero queda vinculado a la Secretaría de la Reforma Agraria, en la medida en que la cabeza de sector está enunciada en la ley como la Secretaría de la Reforma Agraria y además, por vinculación político - administrativa de nombramiento, ya que si bien al Procurador lo nombra el Presidente de la República a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria, a los subprocuradores..., perdón, a los subprocuradores y al secretario general los nombra el Presidente de la República a propuesta del Secretario de la Reforma Agraria. Y ésta es una forma nueva de incorporar a la reforma agraria en el protagonismo político fundamental que habría que erradicar del país.
Los campesinos que hemos estado escuchando en diversos foros a lo largo del país, pronunciar constantemente una frase que resulta chusca y que la primera vez que oí no entendía, y me decían algunos: "¿ahora ya los diputados van a acabar con la señora? yo decía: "esta debe ser alguna averiguación íntima".
¡Se refería a la forma de la Secretaría Agraria! ¡Hay que acabar con la "señora", ya no queremos que siga interviniendo en nuestras cosas! (Aplausos.)
La Secretaría de la Reforma Agraria podría ser fácilmente sustituida si hubiera voluntad política. Es probable que no haya suficiente, pero no queremos dejar pasar la ocasión para señalar que éste es un símbolo de un tiempo que está en profunda revisión y los símbolos no son poco importantes, señores diputados. Si la Secretaría de la Reforma Agraria es cancelada en sus atribuciones y en sus funciones en esta ley, tendríamos un símbolo claro para los campesinos de que una puerta más grande que la hemos abierto se puede abrir con esta nueva ley y es muy importante que los símbolos, que éstos sí los entienden todos y no sólo los analfabetos y no sólo los ilustrados, queden plenamente plantados en la tierra, que pueden tener fertilidad que esta ley que ahora discutimos.
Quisiera simplemente apuntar algunas ideas para concluir mi intervención, porque creo que existe también la posibilidad de transformar, en la medida que los campesinos libremente lo acepten, el régimen ejidal en régimen de pequeña propiedad privada, pero esto tiene "candados" muy altos.
En primera convocatoria se está exigiendo que las tres cuartas partes de los ejidatarios estén presentes, si no, no se pueden tomar resolución. Creo que podrían ya ser el tiempo en que la mayoría, la mitad más uno, tuvieran esta facultad y no necesariamente tres cuartas partes.
Y se está exigiendo que la votación de dos tercios de los presentes sea la que define si hay autorización para migrar del régimen ejidal al régimen de pequeña propiedad. Aquí se pueden producir injusticias muy graves. Si se requieren
dos terceras partes de la votación y en una asamblea ejidal el voto de la mitad más uno de los ejidatarios decide ir al régimen de propiedad privada, no podrán ir y la minoría seguirá imponiéndose pesadamente a la mayoría.
En este caso se podría subsanar si se bajan los niveles de asistencia para el quórum y se permite la mayoría simple para la toma de la resolución. Con la advertencia de que los ejidatarios, así sea uno o dos, que no quieran tomar la opción de transferir su parcela al régimen de propiedad privada, puedan permanecer, tal como lo autoriza la ley, en el régimen ejidal, teniendo la protección y las condiciones que este régimen trae consigo.
Quisiera decir, por último, algo que ha sido fundamental en todo este tiempo. La inseguridad en el campo, la falta de seguridad jurídica que ha privado por decenas de años puede empezarse a resolver, de hecho se resuelve en muchos casos con las disposiciones que en esta ley se proponen. Seguridad jurídica que no ha impedido asociaciones, rentas ilegales y muchas otras actividades, que hoy se podrán hacer con plena tranquilidad y conciencia.
Esto trae otra perspectiva positiva y sin embargo hay grandes preocupaciones, señores diputados, porque si bien la ley otorga seguridad jurídica, hay la sombra de una enorme inseguridad económica que puede plantearse a lo largo y a lo ancho del país y sobre todo en algunas regiones críticas en donde la apertura de mercados del Tratado de Libre Comercio o lo que significan los subsidios al campo de otros países con los que comerciaríamos, podría acabar, eso sí erosionando en forma muy grave y probablemente irrecuperable, a nuestro campo.
Si bien la seguridad jurídica se garantiza en esta ley, habría que apoyar a nuestro campo, como lo apoyan todos los países desarrollados. Estados Unidos tiene una economía subsidiada en el campo. También lo tiene Alemania, España , etcétera. Los países fundamentales tiene la protección de su campo, no en forma burocrática, pero de diversas maneras van estimulando, van protegiendo y van asegurando que el consumo básico de alimentos se puede producir en el país.
Aquí hay graves preocupaciones, que tendrán que resolverse parcialmente en esta ley. Pero otras tendrán que migrar hacia la Ley de Inversiones Extranjeras o hacia la Ley de Ecología u otra, para evitar esta erosión que puede ser muy grave.
La seguridad jurídica, junto con los tribunales agrarios, que es otra de las instituciones que desde los años 40 propuso el Partido Acción Nacional y que queda claramente establecida en su iniciativa que ustedes pueden tener a la vista, de 1975, en donde en lugar de una burocracia que resuelve arbitrariamente, se tiene un tribunal profesional que no participa de los grupos de interés en el campo y que puede dirimir los conflictos que de éste se presenten.
Los tribunales agrarios abren una posibilidad, no es éste el momento porque la ley orgánica se discutirá después, pero la Ley Agraria ya establece un capítulo importante de justicia que vale la pena comentar.
Por estas razones y sin dejar de advertir que el grupo de Acción Nacional tiene un conjunto de propuestas que mejoren esta ley, en detalle y en cuestiones fundamentales, se va a pelear punto por punto en la discusión en lo particular.
Dejo algunas de las razones fundamentales, tratando de hacer una remembranza de don Luis Cabrera, cuyas ideas fundamentales hoy vuelven a estar vigentes y mantienen al ejido como algo propio de las comunidades que lo han desarrollado, como algo que complementa sus ingresos, como algo que apoya su vida, como algo que mejora sus posibilidades de ser, pero no como algo que constriñe la economía del país, no como algo que impide el desarrollo general de un país que además hoy es completamente distinto que el de 1916 - 1917.
Creemos, señores diputados, que estas razones son fundamentales para votar en lo general afirmativamente esta Ley Agraria y combatir en el detalle hasta donde den nuestras capacidades, para que se perfeccione la ley y se desarrolle mucho más en el futuro, en otras leyes y ahora mismo en lo particular. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Efraín Zuñiga Galeana, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Efraín Zuñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Hoy vivimos en este recinto una nueva etapa en la historia de la nación. Volvemos a ocuparnos del problema del campo como una cuestión fundamental, para que continúe el desarrollo histórico del país. Los cambios en el campo se inscriben en la transformación irreversible del
país para fortalecer su soberanía y para mantener su independencia.
La reforma al artículo 27 constitucional despertó muchas inquietudes y muchas esperanzas en el movimiento campesino. En todas partes se demandó que se legislara para que la forma constitucional la hiciéramos vigente. ¡Qué bueno que el Congreso de la Unión atendió esta urgencia. Si hubiéramos retrasado más esta ley, se hubiesen generado conflictos sociales graves, porque hay interés en que los problemas del campo se resuelvan.
Se han despertado esperanzas y tenemos que cumplir. Esta es la última llamada del campo; si volvemos a fallar, todos lo vamos a lamentar. No más burocratismos, es cierto, ni más ineficiencias, si no queremos mover la ira de los campesinos. Queremos democracia en la tierra, democracia en el agua y democracia en el crédito.
Los problemas de nuestro rezago los causó una reforma agraria que se fue estancando en el tiempo. Hoy la pobreza de los campesinos nos obliga a cambiar para trabajar con mejores resultados la tierra. Sería lamentable que frente a los graves problemas que vive el campo, no tuviéramos el valor de cambiar sus estructuras y sus instituciones.
Debemos reconocer la importancia que tiene el reclamo de un nuevo marco jurídico en el campo. Los campesinos sufren pobreza y miseria, hay inconformidad por el trabajo excesivo y los resultados tan escasos; ejidatarios , comuneros y pequeños propietarios enfrentan con angustia la falta de alimentos, hay hambre en el campo, la falta de vivienda, la falta de empleo, la insuficiente atención de la salud no solamente crisis económica y social en el campo, también el campo, también el campo padece crisis política que se manifiesta en la permanencia de caciques que no hemos podido eliminar; los campesinos siguen padeciendo la imposición de autoridades y condenamos aquí que se manipule la elección de sus representantes; debe acabarse con la represión y la persecución cuando los campesinos quieren elegir con toda libertad a sus comisariados; por eso es necesario una nueva legislación, para impulsar una nueva reforma agraria que rescate al campo de la crsis que vive, crisis de producción y de productividad; se trabaja intensamente y sin embargo la familia campesina se consume en la tragedia de carencias y de frustraciones.
Todos los mexicanos han exigido a lo largo de mucho tiempo orden en el campo, orden en la seguridad de la tenencia de la tierra, no sólo pequeños propietarios ni comuneros, ni ejidatarios; todo México ha pedido paz en el campo y seguridad en su tenencia de la tierra. La nueva reforma agraria transitará por los caminos de la libertad y de la justicia; libertad para decidir el destino de sus tierras, libertad para elegir a sus líderes, libertad para asociarse y buscar la capitalización del campo. La justicia para acabar con manipulaciones y las interpretaciones torcidas de ley; justicia para que se acabe el rezago agrario y para que se entregue toda la tierra que solicitaron los campesinos en los miles de expedientes que la indiferencia y la corrupción fueron acumulando durante muchos años en que se mantuvo un empeño por burlar la demanda de acabar con el reparto agrario; toda la tierra pero pronto queremos una reforma agraria de hechos y no de palabras.
La Ley Agraria recoge el contenido de las reformas al 27 constitucional que esta Cámara aprobó; el ejido, la comunidad indígena, la asociación con terceros y con el Estado, las sociedades mercantiles y civiles, el Registro Agrario, la Procuraduría y los Tribunales Agrarios la reglamentan sin olvidar las exigencias del agrarismo que durante mucho tiempo fueron reclamos de los campesinos. Se podrán vender y rentar parcelas, es cierto, pero todos sabemos que se vendían y se rentaban parcelas y que estos arreglos eran al margen de la ley y que se le daba dinero a funcionarios y a líderes. Con la nueva ley reiteramos nuestra fe porque estas prácticas se acaben, estamos a tiempo de acabar con las mentiras y propiciar un sistema de mayor autenticidad en el campo. Esta ley es una respuesta racional recogida directamente de los interesados que se apega a las condiciones culturales, sociales y económicas que motivaron la reforma al artículo 27 constitucional. La ley reglamentaria establece un marco jurídico más completo, pero a la vez más sencillo en busca de una mayor y mejor impartición de justicia en el campo mexicano, encuadrándose en un marco jurídico los ideales del agrarismo histórico.
Se reconoce al ejido personalidad jurídica plena y se establece la propiedad de las tierras que han sido dotadas dejando en libertad al ejidatario para asociarse y tomar decisiones en cuanto a cómo producir, con lo cual tiene disposición plena sobre su tierra.
Con esta nueva ley, los ejidos y comunidades alcanzarán autonomía y libertad para elegir representantes auténticos y para decidir el destino de sus recursos productivos. Se acaban las
denigrantes convocatorias que el gobierno tenía la facultad de lanzar con propósitos paternalistas que deforman el sentido de la democracia y aquí nosotros criticamos las convocatorias del gobierno no porque a este Congreso, los que representamos a la fracción campesina, hemos venido en una actitud de hombres libres y no de hombres claudicantes.
La asamblea general será el órgano supremo y sin funcionarios que las convoquen, tendrán que decidir los campesinos, sin presiones y sin amenazas.
Permanece el ejido con sus tierras y con sus autoridades, con las características que originaron su creación y serán los ejidatarios, solamente ellos, los que tomen el acuerdo de cambiar de régimen.
Tenemos confianza en que la institución del ejido permanecerá por mucho tiempo más. La defenderemos todos porque es una expresión de nuestro nacionalismo y es una herencia de la Revolución Mexicana que no podemos olvidar.
Los ejidos, señores, no están en venta. El ejido vive y vivirá, lo defenderemos de todas las agresiones, cobarde el que se calle. Se equivocan quienes piensen que el ejido está en subasta. Desde hoy convocamos a todos los hombres del campo para que se pongan alertas contra el engaño, que rechacen y se pongan de pie contra quienes pretenden reconstituir el latifundio. Las banderas de Emiliano Zapata no las hemos dejado abandonadas en las veredas. El ejido seguirá siendo núcleo de producción y ejemplo de vida comunitaria.
Cuando el ejido se abrió y cuando el ejido se abre, como dice Hugo Andrés Araujo, al capital privado, se abre para romper el círculo de la pobreza. La pobreza tiene ahogado al ejido y es nuestra obligación liberarlo; pero junto al capital privado, también participará el capital del Estado. Un campo en la miseria a todos nos lastima, a todo México ofende; un campo pobre no podrá impulsar el desarrollo democrático y justo que queremos en la nación. Los campesinos podrán proponer políticas de desarrollo, pero el Estado seguirá apoyando al campo. Los campesinos siempre han demandado que el Estado cumpla con su papel rector del proceso agropecuario, sin frivolidades burocráticas y sí con un empeño de alcanzar la justicia en el campo.
No podemos dejar de reconocer la lucha de los hombres del campo por lograr la instauración de tribunales agrarios. La ley contempla, dentro de uno de sus capítulos, el derecho de lograr que se les imparta justicia de manera pronta y expedita. El procedimiento ante los tribunales agrarios se plantea con un lenguaje accesible; su texto está realizado para que lo entiendan claramente los hombres del campo; aunado a ello, la Procuraduría Agraria, cuando así lo soliciten quienes sufran la violación a sus derechos, podrá fungir como representante ante las autoridades del tribunal.
A partir de las reformas al 27, se ha avanzado con un programa de gobierno para apoyarlas. El rezago agrario y la cartera vencida, son dos jinetes apocalípticos que han dejado de agobiar la espalda de los campesinos.
Tenemos que estar vigilantes. La nueva ley por sí sola no acabará con la corrupción en el campo, ni logrará que los técnicos se hagan más patriotas y apoyen con desinterés a los campesinos; con la nueva ley tenemos que continuar en una actitud combativa y de lucha social, para que podamos lograr el cambio, para bien de la producción de alimentos que pedimos todos los mexicanos.
Para elaborar esta ley, hubo consulta y se buscó con afán el consenso de diputados y organizaciones campesinas.
Los ritmos de discusión de este ley los impone la miseria y la pobreza del campo. Tenemos que actuar con rapidez, con honestidad y con limpieza.
El trabajo de esta Cámara no lo influyen ni latifundistas ni transnacionales. Los tiempos de la República son para escuchar la voz de los hombres de campo. Si aprobamos esta ley estará a salvo la integridad de la República.
Por eso pido, a los señores diputados, el voto en lo general en favor de la Ley Agraria para bien de la República y para bien de los campesinos de México.
El Presidente: - Ya se bajó, diputado. No.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Dijo que terminando aceptaba la interpelación.
El Presidente: - Pero ya bajó, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Ha bajado, pero eso quiere decir que no va a aceptar la interpelación, él todavía no ha dicho. El ofreció, ¿cumple o no cumple su ofrecimiento?
El Presidente: - Ya bajó de la tribuna, señor diputado. Quiere decir que no aceptó la interpelación.
Tiene el uso de la palabra el diputado Javier Centeno Avila.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
El punto de vista que voy a externar es de tres diputados de esta LV Legislatura.
Con fundamento en el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados, abajo firmantes, presentamos al pleno e la Cámara nuestro voto en contra del dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, en relación a la iniciativa de Ley Agraria presentada por el Poder Ejecutivo Federal.
El motivo de razonar nuestro voto en contra del dictamen relativo a la iniciativa de Ley Agraria, surge de la preocupación que tenemos a partir del primero de noviembre de 1991, en que se informó por el Presidente de la República, la intención de enviar un conjunto de iniciativas para reformar artículos nodales de la Carta Magna y se puntualizó que en tres meses éstas llegarían a esta LV Legislatura.
Sorpresivamente llegaron unos días después y una vez recibidas estas iniciativas se hizo patente la urgencia de la mayoría parlamentaria de aprobar las reformas, aun en contra de los campesinos, organizados y no organizados. Hoy la táctica vuelve a repetirse, se intenta en una sesión maratónica aprobar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional.
En la exposición de motivos encontramos reiteradamente la afirmación de que se escuchó y se recogieron las diversas propuestas que enriquecieron la iniciativa de reformas al 27 constitucional. Esto consideramos nosotros no es suficiente, el nuevo texto constitucional consideramos no es un mandato de los campesinos, los campesinos de México quieren cambios para mejorar sus condiciones de vida, pero consideramos que con estas reformas no se garantiza.
Votaremos en contra de esta iniciativa, porque consideramos que cambia la filosofía social de la legislación agraria mexicana, ya que de ser una legislación de derecho social y colectivo, se cambia la regulación de la actividad agrícola a normas de derecho mercantil. O sea, que estamos ante la renuncia del Estado mexicano a la defensa de los intereses colectivos y frente a la transformación del derecho social en derecho privado.
Se esperaba que esta ley reglamentaria estableciera una serie de candados jurídicos en beneficio de los campesinos y ésta resultó más liberal que la propia reforma constitucional. Para muestra un botón, léase el artículo 80 de esta ley.
Con las dimensiones establecidas para la pequeña propiedad, se permitirá a las sociedades mercantiles poseer 2 mil 500 hectáreas de riego, 3 mil 750 abiertas al cultivo de algodón, 7 mil 500 hectáreas si es que éstas se destinan al cultivo de plátano, caña, henequén etcétera y se podría llegar a poseer en terrenos áridos hasta 20 mil hectáreas, sin que estas grandes extensiones se consideren legalmente latifundios.
Los predios que excedan la pequeña propiedad, deberán fraccionarse, pero se le otorga al propietario un plazo para vender, lo que significa que el fraccionamiento de grandes extensiones no servirá para resolver las grandes necesidades nacionales.
La sociedades por acciones tendrán una verdadera patente de corso, con tal de que inviertan. Estas decidirán qué producir y cómo producir, atendiendo desde luego a la ética capitalista de la máxima ganancia con el menor esfuerzo y no en atención a las necesidades nacionales.
Esta legislación está realmente está encaminada a fortalecer el capitalismo en el campo y no a resolver las necesidades del sector campesino. Convierte a la actividad agropecuaria en una empresa rentable, donde se busca el máximo de ganancias y no la autosuficiencia alimentaria que daría cumplimiento a objetivos nacionales.
El Estado mexicano dejará de cumplir con su papel social y tutelar de la clase campesina y se irá convirtiendo en el garante de la inversión nacional e internacional, que hoy como siempre buscarán el máximo de ganancias.
La iniciativa privada y los capitalistas extranjeros, evidentemente demandarán la plena libertad de las negociaciones en el campo y serán las leyes del mercado las que fijarán los precios de los productos agropecuarios.
Por otra parte, sentimos una profunda preocupación por el rezago agrario, constituido hasta
ahora por 35 mil expedientes, en su mayoría son peticiones o solicitudes de tierras. ¿Cómo quedarán sus derechos a salvo? Esperamos que estos problemas se resuelvan con base en la justicia social y no con el clásico carpetazo.
Por último, consideramos que se legisla de nueva cuenta al vapor. Si en la anterior ocasión bastaron unas cuantas horas de discusión para decretar la reforma constitucional que puso fin al reparto agrario y estableció la privatización del ejido, hoy seguramente, en unas horas más, la mayoría priísta terminará su labor privatizadora del campo, aprobando una ley reglamentaria al artículo 27 constitucional. Esta nueva legislación estará acorde con la filosofía neoliberal y se enterrará definitivamente el contenido social de la Revolución Mexicana; al grito de, ¡Modernización en el Campo!, quedará borrada gran parte de la lucha del pueblo mexicano por, ¡tierra y Libertad!
Atentamente.
Diputados: José María Téllez Rincón, Rodolfo Toxtle Tlamaní y Javier Centeno Avila. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En el medio rural se ha manifestado una exigencia para emprender una reforma a fondo del marco jurídico, para hacer que impere más justicia y se pueda responder a nuevas realidades económicas y sociales. Hay que conocer realidades , introducir los cambios necesarios para darle viabilidad a las potencialidades de los mexicanos, para que éstos accedan en sus propios terrenos al proceso de transformación que el mundo vive.
Por ello, es necesario actualizar la legislación agraria para avanzar en la libertad y autonomía de todos los mexicanos, en la realización de sus aspiraciones de justicia.
En este contexto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se permite hacer las siguientes consideraciones sobre la iniciativa de la Ley Agraria, presentada por el titular del Ejecutivo Federal.
La iniciativa amplía la justicia y la libertad, busca promover cambios que alientan una mayor participación de los trabajadores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad en su trabajo y que aprovechen su creatividad y las condiciones locales y particulares donde habitan y que todo ello se refleje en una vida comunitaria, fortalecida y una nación más próspera.
Para lograrlo, la iniciativa busca proporcionar mayor certidumbre en la tendencia y en la producción para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios; busca asimismo ofrecer los mecanismos y las formas de asociación que estimulen una mayor inversión y capitalización de los predios rurales, que eleven la producción y la productividad y abran un horizonte más amplio de bienestar al campesino.
Adicionalmente la iniciativa fortalece la vida comunitaria de los asentamientos humanos y precisa los derechos de los ejidatarios y los comuneros, respetando sus decisiones respecto a la forma de aprovechamiento de sus recursos materiales. Más aún, la iniciativa de Ley Agraria otorga a ejidos y comunidades plena autonomía y facultad de autodeterminación de su régimen interno, su reglamentación, el logro de sus objetivos agrícolas y fines económicos en cuanto a la utilidad o ganancia se refiere.
Asimismo, la ley deja abiertas las posibilidades para que las comunidades, ejidos, y núcleos o centros de población rural salgan de su localismo y retracción jurídica al otorgarles el dominio pleno de sus propiedades.
El carácter de la vigente Ley Federal de Reforma Agraria, ha sido eminentemente paternalista y proteccionista, con carácter subestimativo de la capacidad del campesino como sujeto de derecho agrario.
Un clamor general del campesino, que se captó en los últimos foros organizados por la Comisión Plural de Reforma Agraria y Agricultura, fue el de señalar que la Secretaría de la Reforma Agraria se ha convertido en un obstáculo burocratizador y factor preponderante de la profunda crisis económica y social en que se debate el campo.
Asimismo la falta de celeridad en el procedimiento agrario, tanto en su primera como en su segunda instancia, ha sido uno de los obstáculos que han originado el rezago agrario, así como el incumplimiento de los términos procesales señalados por las leyes agrarias. Igualmente el abuso del recurso de amparo ha dificultado el natural desenvolvimiento administrativo del procedimiento agrario,
acumulando infinidad de expedientes en los juzgados federales.
La iniciativa de Ley Agraria, por ende el derecho agrario que nace de éste, se encuentra en un área mixta de derecho privado con ciertas naturalezas arbitrarias y proteccionistas del Estado, a través de dos figuras que sustituyen el intervencionismo concurrente y burocratizador del Estado en la ley anterior por la Procuraduría y los Tribunales Agrarios a nivel federal.
También destaca la creación del Registro Agrario Nacional, con el criterio procesal de dar igualdad de oportunidades y medios a las partes en una controversia litigiosa o no, para solicitar la administración o arbitraje del Tribunal Agrario. En consecuencia, se pretende terminar con las deficiencias que se venían observando por la falta de un adecuado control para detectar y determinar las necesidades agrarias en nuestro país, tanto de los campesinos que ya tienen tierra como la de aquellos que no la han recibido, con objeto de cuantificar nuestras necesidades agrarias e identificar quién tiene el derecho exacto a recibirlas.
La falta de un registro veraz y actualizado ha ocasionado que las autoridades agrarias entregaran dos y tres suelos en diferentes lugares a los mismos solicitantes, produciéndose como consecuencia la imposibilidad de planificar adecuadamente su reparto. No son pocos los casos que en una misma superficie fue reconocida como colonia afectada por ejido y vuelta a reconocer como pequeña propiedad, estableciendo serias contradicciones y controversias insolubles desde le punto de vista legal...
El Presidente: - Perdone un momento el orador.
Se ruega a los presentes guardar silencio. Hay un murmullo muy grande que no permite escuchar claramente al orador.
Continué usted, por favor.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - En la actualidad existe multitud ejidos empalmados, así como ejidatarios de diferentes núcleos de población disputándose las mismas tierras. Los linderos de los ejidos y la propiedad comunal, se encuentran confundidos con las pequeñas propiedades, lo que ha ocasionado la inestabilidad en la tenencia de la tierra.
Nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, reconoce que en breve tiempo el derecho agrario sufrirá una gran transformación, ya que se pasará del derecho social al derecho privado, vinculando un área mixta de relaciones con las legislaciones civiles y mercantiles en inversiones privadas aplicadas con un criterio equitativo y de ganancia y utilidad compartida entre particulares y el medio rural.
También advertimos en la exposición de motivos de la iniciativa, un claro sentido político neoliberal privatizador, que intenta darle al derecho agrario no un sentido paternalista ni un criterio proteccionista y burocratizador, sino por el contrario, equiparar su ámbito de relaciones al plano de igualdad de riesgos y ganancias que las relaciones civiles y mercantiles le dan en el ámbito del derecho civil y mercantil, principales ramas del derecho privado vigente en nuestro sistema jurídico.
Por ello, nuestro partido considera que debe de abandonarse paulatinamente el paternalismo con que se trata a los campesinos, debido a que el campesino actual se encuentra mejor informado y preparado.
Igualmente consideramos que todavía no es posible pensar en que se encuentren en condiciones de negociar en un plano de igualdad con personas con mayor experiencia empresarial, por lo que en su oportunidad haremos las propuestas que consideremos necesarias a efecto de fortalecer los derechos de los campesinos.
De manera general la política moralizadora del presente régimen encuentra su piedra angular y base de acción política, económica y jurídica, en los títulos cuarto, quinto y sexto del citado proyecto de ley, por cuanto a que libera al agro del régimen proteccionista y subestimativo del anterior derecho agrario y da apertura a que inversionistas particulares entren al campo para compartir riesgos y ganancias, pero también responsabilidades, derechos, obligaciones y equitatividad en las ganancias y aprovechamientos con los campesinos.
Otorga facilidades para que las sociedades, asociaciones y demás entidades de derecho civil y mercantil, intervengan en el proceso de recapitalización, reinversión privada del campo; libera el concepto estrecho y limitativo de propiedad y le otorga un sentido civil de la tenencia de la tierra con las miras a promover una política económica de apertura y sin controles de intermediarios.
Finalmente, mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana votará en favor de esta iniciativa de ley reglamentaria del artículo 27
constitucional y hará llegar en breve a esta representación un conjunto de propuestas particulares de modificación, a determinados artículos de la iniciativa de esta ley que nos ocupa. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista.
El diputado Heli Herrera Hernández: - Con su permiso, señor diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Esta iniciativa de ley que hoy estamos discutiendo, viene a ser, viene a convertirse en otro eslabón más de la transformación que ha venido sufriendo el Estado, que se inició precisamente en los últimos tres años de gobierno del ex presidente Miguel de la Madrid y que desde luego, se ha acentuado en lo que va de este gobierno.
Una transformación en donde se ha venido abandonando la obligación que mantenía el Estado de intervenir cada vez más en la economía y que, desde luego, se ha venido modificando ante diversas medidas que han logrado hasta el momento, la desincorporación y venta de cientos de empresas que eran propiedad de la nación y que la gran mayoría de ellas, como se demuestra en las finanzas, eran rentables y operaban con números negros; olvidándose del papel que le había encomendado el Constituyente de 1917, esas importantes empresas, por medio de esta política, han venido a pasar a manos privadas, a capital privado, algunas pocas a capital doméstico; pero la gran mayoría, a capital extranjero.
No ha habido, hasta la fecha, hasta este momento, justificación para la venta, para la liquidación de las empresas que como Teléfonos de México, que como las compañías aéreas y otras tantas, dejaban cientos de millones de dólares a las arcas federales y que además, servían para planear el desarrollo de nuestra nación.
Por eso, como producto de toda esta modificación que ha sufrido el Estado, esta transformación que ha sufrido el Estado, hoy de nueva cuenta nos encontramos ante otro hecho, en el que se tiende a privatizar el ejido.
Tiende, con esta iniciativa de ley que hoy estamos discutiendo, a iniciarse el procedimiento de desintegración, de pulverización del ejido, que vino a ser, como todos lo sabemos, el resorte que impulsó el movimiento revolucionario iniciado en 1910 y consumado en la Carta Magna de 1917.
Con este proyecto que hoy estamos discutiendo, el Estado abandona su obligación de tutelar los derechos agrarios de millones de campesinos y ejidatarios que les impedía ser devorados por el capital. Hoy esa transformación que va a ocurrir también en el campo con estas medidas, la transformación de una agricultura social, a una agricultura de capital, traerá también como consecuencia que ya no se tome el interés y la necesidad de la dieta mexicana, sino que atendamos otros requisitos de dietas no nacionales.
Nos encontramos entonces, compañeros diputados, ante este hecho ineludible de que este Estado poco a poco ha ido abandonado las obligaciones que el movimientos revolucionario le ordenó tutelar. La Ley Agraria abandona su papel , ese papel que tenía de tutelar los derechos de ejidatarios y comuneros, ese papel que tenía de defender dentro del orden público y social para ahora pasar todas estas actividades que se desarrollaban en el campo, colocarlos dentro del derecho civil y mercantil.
En esta nueva relación contractual el ejidatario o comunero tendrá las mismas obligaciones que los socios o que sus socios capitalistas, entrecomillado, "los mismos derechos", aunque para defender éstos los inversionistas del campo tendrán desde luego contratados los mejores abogados y en cambio los campesinos si acaso contarán con la asesoría de la Procuraduría Agraria; la cual no garantiza honestidad o imparcialidad como en el pasado sucedió con las autoridades agrarias que protegieron, como ya se ha insistido aquí, tanto por nosotros como por los discursos de diputados pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, que protegieron los latifundios familiares y simulados y tramitaron incluso certificados de inafectabilidad agraria y ganadera.
En el proyecto señalan que el Ejecutivo Federal, entrecomillado, "promoverá el desarrollo integral y equitativo del sector rural mediante el fomento de las actividades productivas y de las acciones para elevar el bienestar social". Pero se oculta la verdadera actitud que con esta ley reglamentaria del artículo 27 constitucional tiene el gobierno, puesto que aparte de abandonar a los ejidatarios y comuneros a sus suerte también lo hace en la práctica con el pueblo de México, ya que a los nuevos inversionistas en el campo no se les podrá obligar a sembrar en sus tierras ejidales los alimentos que requieren las dietas de nuestros compatriotas.
Hoy el campo será sembrado con semillas cuyas cosechas se requieren en el extranjero; ya no
será prioridad la autosuficiencia alimentaria del pueblo de México, sino hoy la prioridad la autosuficiencia alimentaria del pueblo de México, sino hoy la prioridad radicará en surtir el mercado extranjero, en llenar los bolsillos de los capitalistas asociados, sin importar que haya habré entre nuestros conciudadanos.
Pensemos que los núcleos de población ejidales sólo debieran ser usufructuarios de las tierras que les han sido dotadas, porque al dárselos en propiedad rompe en primer término con el principio de la explotación colectiva y con el reparto equitativo de los beneficios.
En segundo lugar, porque al otorgárseles el dominio de sus parcelas y autorizarles en proyecto la posibilidad para venderla, sienta las bases del principio de la desintegración del núcleo ejidal.
En tercer lugar, para iniciar el proceso neolatifundista en nuestro país, acción contrarrevolucionaria y antihistórica.
En la iniciativa que discutimos no existe, ni tan siquiera por compasión, una defensa en favor de la mujer campesina, al permitírsele al ejidatario, a cualquier persona a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela, haciendo a un lado a su cónyuge o concubina, pero también atenta contra los derechos e intereses del núcleo ejidal, cuando al no existir sucesores, un tribunal agrario puede autorizar la venta de la parcela al mejor postor, introduciendo de esa manera personas ajenas al núcleo ejidal de aquellos campesinos que lucharon durante años por la repartición y entrega de la tierra, que llegarían todas estas personas con una mentalidad distinta a los integrantes del núcleo y que posiblemente sean los herederos de aquellos hacendados a quienes la Revolución Mexicana les arrebató los excelsos privilegios de concentración de tierra, de productos y hasta del derecho de pernada.
Se nota en el proyecto de ley una total ignorancia sobre la vida ejidal, desprendiéndose, desde luego, de los conceptos que en todo proyecto se encuentran que el mismo fue elaborado por personas ajenas al campo, desligadas por completo de sus problemas y más de los núcleos de población y de su vida interna, cuando proponen, entre otras cosas, que: la asamblea ejidal se reúna por lo menos una vez cada seis meses. Al respecto cabe acotar y preguntarles a los que hacen suya la iniciativa: en aquellas tierras de riego, como las de Oaxaca, por ejemplo, en donde se levantan tres cosechas, ¿cómo la asamblea va a organizarse para planear los cultivos, para limpiar y abrir surcos, para comprar abonos, para levantar cercas, para limpiar o construir canaletas de riego, para trasladar ganado de una parcela a otra, para sembrar y cosechar y rendir cuentas de la parcela escolar? Todos, absolutamente todos los que sabemos, aunque sea un poco, del campo, entendemos que las asambleas de ejidos requieren, por la dinámica de la organización ejidal, de planear todo este tipo de tareas, de todo este tipo de actividades y que necesitan reunirse por lo menos una vez cada mes.
Se rompe además con la autonomía de los ejidos y comunidades, con el principio de que sólo ellos deben planear y vigilar sus acuerdos que, desde luego, siempre buscan el desarrollo de sus tierras y elevar su producción. Cuando ahora se contempla la intromisión de personas extrañas a la comunidad y en sus decisiones, que van desde las autoridades municipales hasta los integrantes de la Procuraduría Agraria y los federatarios, sin los cuales los acuerdos que la asamblea tome carecerán de validez.
El proyecto de ley reglamentaria es contrario totalmente a lo que expuso el Presidente de la República cuando envió la iniciativa de reformas al artículo 27 y que lo ha reiterado una y otra vez en cuanto oportunidad se le presenta.
Proteger e impulsar al ejido, se ha dicho. Sin embargo, el propio artículo 29 del proyecto de dictamen que discutimos, señala y precisa el inicio de lo que constituye a buen entendedor, el inicio de lo que será la liquidación del ejido. Se crean, además, organismos paralelos al comisariado ejidal bajo la figura de junta de pobladores y a la que se otorgan facultades amplias de gestores de los miembros de las comunidades y de los núcleos de población.
Esta iniciativa y su proyecto de dictamen es contrario a lo que dicta el nuevo artículo 27 constitucional, puesto que éste no prevé, en ninguna de sus fracciones, la del régimen ejidal y, en cambio, el proyecto en discusión acepta y ruega tal situación. Prevé, además, términos casi eternos para disolver las sociedades que se formen entre inversionistas y ejidatarios al contemplar la fijación en los contratos que se realicen entre esas partes, a un término mínimo de 30 años, pero con la gravedad del caso de que éstos pueden ser prorrogables. De tal suerte que las sociedades que lleguen a invertir a los campos podrán permanecer ocupando esas tierras ejidales hasta por un lapso de 60 años.
Consideramos como un retroceso en materia agraria el hecho de que los ejidatarios otorguen en garantía el usufructo de las tierras de uso común, así como las parceladas, a los inversionistas con los que tengan relaciones de asociación o comerciales. Tal hecho, tan solo comparable con el vivido en la época antirrevolucionaria, donde los campesinos empeñaban su tierra a los hacendados, ya había sido superada y sólo se aceptaba que por adeudos económicos se dejaran en prenda los productos, pero nunca el uso y disfrute de la parcela. Asimismo en lo que se refiere a las tierras de uso común, debería de mantenerse el criterio por medio del cual se consideran repartidas equitativamente entre el número de sus habitantes y no como lo precisa el proyecto de dictamen, que da pie a que por acuerdo de asamblea se puedan deslindar fracciones de tierras desiguales, en beneficio de unos cuantos de los comuneros. O sea, se inicia el aparcelamiento de tierras de uso común.
Otra inconstitucionalidad de esta iniciativa presidencial es la que se refiere a la autorización que el artículo 64 del proyecto - dictamen le da a los ejidatarios para que puedan enajenar los solares de la zona urbana que forma parte, como todos lo sabemos, del asentamiento humano.
Esta disposición es contraria a lo que dispone el artículo 27 constitucional, en su fracción VII, párrafo tercero, que literalmente precisa: "La Ley considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano. Los solares forman parte del patrimonio familiar y por lo tanto deberían de excluirse del comercio".
En estricto sensu la ley reglamentaria del 27 se opone y contradice al texto de la Carta Magna. A mayor abundamiento, por si se prestase a alguna duda, el artículo 68 clarifica lo anteriormente señalado y precisa que los solares serán de plena propiedad y con ella podrán hacer sus dueños hacer lo que quieran con ellos.
Además, el penúltimo párrafo de tal numeral señala que los solares excedentes podrán ser arrendados o enajenados por el núcleo de población ejidal o de personas que deseen avecindarse.
No podemos, los diputados que pertenecemos al grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, votar a favor de este proyecto de dictamen, cuando en la práctica se individualizan los derechos de cada uno de los ejidatarios o comuneros, por encima de los intereses de la comunidad.
El artículo 79 admite que el ejidatario podrá aprovechar la tierra directamente o conceder a terceros el uso o usufructo de sus parcelas, sin necesidad de autorización de la asamblea o de cualquier otra autoridad. Asimismo si el ejidatario decide vender su parcela, debería ser exclusivamente a ejidatarios del mismo núcleo de población y no a los avecindados, que hoy, desde luego, serán muchos los que lleguen para tratar de hacerse beneficiarios de esta bondades.
Tanto en la renta de la parcela, como en su venta, se hace a un lado a la familia del ejidatario, como si no existiera y no contara su opinión para nada . Nosotros, los diputados del Partido Popular Socialista, consideramos que debería de dar su consentimiento para todo este tipo de acciones civiles, por lo menos el cónyuge o la concubina y, de esa manera frenar un poco la venta que pudieran hacer de sus parcelas.
Estos artículos, al igual que el resto de la iniciativa, atenta contra el patrimonio de los familiares de los ejidatarios y más cuando a estos últimos se les trata como cualquier otro individuo, extraño totalmente al ejidatario, otorgándoles el famoso derecho de "tanto" para que de esa manera puedan ellos llegar, supuestamente, con recursos económicos a tratar de adquirir la parcela que es propiedad de su esposo o concubino.
La liquidación del ejido se consagra también en el artículo 82, cuando en el primero, como segundo párrafo, se permite la venta de la parcela ejidal y en el último numeral se prevé: "las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común". ¿Dónde está la defensa del ejido que tanto el Presidente de la República, como varias legisladores aquí , han manifestado en todo lo relativo a su integridad como núcleo de población y como forma de producción?
Nosotros consideramos que al comprador particular de parcelas, ninguna ley lo podrá obligar a cumplir con las obligaciones que se tienen dentro del núcleo ejidal. Al convertirse el ejido en propiedad privada, el adquiriente compra el dominio de la parcela y no las obligaciones del núcleo; de ahí la contradicción con lo estipulado en el artículo 83.
Por otro lado, ahora parece ser que los menores de edad serán los inversionistas, los capitalistas a los que el Estado tutelará y protegerá; dejan de ser los campesinos legalmente protegidos por la Constitución, como resultado de ese
proceso revolucionario y hoy esos menores de edad son los tenedores de capital y a ellos hay que subsidiarlos y apoyarlos, como se observa en lo previsto por el artículo 86, donde se les obsequian los impuestos que tendrían que liquidar por trasladación de dominio, por el empadronamiento del predio, tanto en las oficinas catastrales municipales, como estatales, por los impuestos que se causan en esta operación de compra - venta.
Otra manera más de las que se han fijado para liquidar los ejidos, es la que se refiere a la expropiación por causa de utilidad pública y fijando una indemnización que sería determinada por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, quienes siempre tendrían la última palabra en el monto económico, sin dar oportunidad a que se presente otro avalúo comercial y en caso de desacuerdo entre éstos, la posibilidad de un tercero, que fuera el que prevaleciera.
Cualquier ejido estará sujeto a tres posibilidades:
Uno. Que se alegue causa de utilidad pública por cualquier causa.
Dos. Que los avalúos sean fijados unilateralmente, dejando en estado de indefensión a los ejidatarios, por el monto fijado por esta indemnización y,
Tres. Porque no pudieran, en todo caso, recurrir al, dentro del capítulo de la justicia agraria, al derecho de amparo, que no se fija.
Nosotros no podemos admitir, además porque entendemos y comprendemos lo que son la vida comunitaria, que sus bienes de ellos puedan transmitirse a terceros ; ello rompe con la unidad de las comunidades, rompe con sus tradiciones de convivencia, unos con otros en sus tierras han ellos logrado esa manera de convivir, rompe incluso con sus hábitos de trabajo y de idiosincrasia. De llevarse a cabo estas reformas sentaremos bases para la desintegración de las comunidades y de todo nuestro país, con las consecuencias que ello pudiera traer consigo. Nos oponemos a la transformación de las tierras comunales a ejidales, porque es el inicio de su desaparición, es el inicio de su camino a la privatización y con ello a la desintegración de la comunidad y de sus culturas y tradiciones. En tratándose de las sociedades mercantiles, la iniciativa en discusión abre al ejido la puerta para que hoy sea la inversión privada, tanto doméstica como extranjera, la que asuma el papel que el Estado tenía, de impulsar el desarrollo productivo del campo; será el juego de la oferta y la demanda, del libre mercado y desde luego será el capital extranjero, como está ocurriendo con el resto de las empresas que ha vendido el gobierno del Presidente de la República, el que venga a apropiarse de las mejores tierras, aprovechándose que la Ley de Inversiones Extranjeras reformadas en junio de 1989 con ese propósito, a la que le remite el artículo 127 de la iniciativa, le faculta ilimitadamente para que pueda participar sin ningún obstáculo ni restricción alguna en el monto de sus inversiones, las mismas podrán ser desde un 1% hasta un 100%.
Por lo que se refiere por último a la procuración agraria, a la que se le da la representatividad de los ejidatarios, comuneros, sucesores de ejidatarios o comuneros, de ejidos y comunidades, de pequeños propietarios y avecindados, de jornaleros agrícolas, a fin de que los asesoren jurídicamente en todos los asuntos relacionados en su participación con terceros, es decir, con sus socios, nada garantiza como en el pasado que asuma esa responsabilidad de defender los intereses de los que tiene supuestamente la defensa de ellos y, por lo que se refiere a la justicia agraria, el principio de la oralidad deja bastante para su discusión. Nos suponemos al principio de la oralidad, porque los ejidatarios y comuneros que hablen algún dialecto, tendrán problemas para presentar sus demandas o sus denuncias para hacerse entender, e incluso para tratar de buscar a alguien que los asesore y defienda, porque toda denuncia oral permite. La modificación de los hechos desde el momento en que estos estén denunciando ante el secretario o ante el procurador agrario y además, porque a como se encuentra la impartición de justicia en nuestro país, no dudamos que los señores de cuello blanco que lleven excelentes abogados, que superen profesionalmente a los licenciados asalariados que irán por parte de la Procuraduría, logren que se cambien las declaraciones que hagan los ejidatarios o comuneros al presentar su denuncia y de no llegar a un convenio conciliatorio entre las partes, esa denuncia se transforme en algo totalmente contrario a lo que iba a presentar en denuncia el comunero o ejidatario.
Por todas estas consideraciones, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, votará en contra de este proyecto de dictamen que estamos discutiendo en estos momentos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta , del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: - Señor Presidente; compañeros legisladores:
Hay veces que la incapacidad para elaborar alternativas teóricas y políticas, se presenta como un regreso radical a paraísos perdidos, aunque sean los paraísos superficiales de las obviedades los lugares más comunes, incluso las aberraciones teóricas.
En este debate algunas fracciones parlamentarias se obstinan por recetarnos más de lo mismo, a lo que ya nos tienen acostumbrados, falsas polémicas, discursos engañabobos y enredaingenuos.
En esta discusión sobre la iniciativa de ley reglamentaria del 27 constitucional, de nuevo se presenta de manera clara un discurso tan superficial, que necesita la fuerza de una teoría aparentemente radical, para esconder una falta total de imaginación propositiva y certidumbre analítica.
Mucho de lo que aquí se ha dicho es un vil truco, un truco intelectual, utilizado como recurso por intelectuales ahorcados que tienen miedo a la libertad para, mediante el amarillismo político, aparecer en páginas de revista de éxito.
Sin embargo, cuando se utilizan ese mismo tipo de argumentos para fundar teóricamente una línea política o una plataforma política de oposición intransigente, disfrazada de oposición seria; cuando se accede a esta tribuna parlamentaria para exponer reiteradamente posiciones irreductibles, el truco intelectual se convierte en estrategia para deslumbrar a muchos mexicanos, justamente inconformes con el gobierno o con la situación económica, política y social que les lastima.
Los comentaristas o parlamentarios aparentemente radicales, elaboran un discurso con retazos de Marx, retazos de los ludistas, del lombardismo esquematizado, de los keynesianos, para con ese arsenal teórico descubrir lugares comunes, extrapolar simplezas y convertir un comentario analítico en una aberración teórica.
El discurso es más o menos el siguiente: la nueva ley reglamentaria no consolida, sino demuele la obra legislativa de más de siete décadas que conformó el actual sistema de tenencia de la tierra en México. Se lanza al campo a un probable proceso de acumulación originaria, donde los criterios mercantiles sustituyen a los estatales. El Estado se desprende de la obligatoriedad de otorgar recursos al sistema ejidal, para convertir esos apoyos en un asunto de estricta conveniencia y viabilidad fiscal y macroeconómica.
La reforma salinista, dicen ellos, no decreta la desaparición del ejido; el gobierno le encarga este proceso al mercado y a los propios ejidatarios.
Por supuesto, armados con una concepción así, es muy fácil denunciar que la libertad de opción de los ejidatarios es un mero truco burgués para apropiarse de la tierra, donde la facultad democrática de las asambleas ejidales es insustancial, pues ése no es el problema, sino las condiciones en que se ejerce esta libertad, donde la regulación contractual es solamente formal y la protección legal a los asentamientos humanos ejidales son una maniobra para evitar que con su especulación se dé lugar a migraciones masivas a las ciudades.
La concepción teórica de estos seudorradicales, es un cúmulo de obviedades, de simplezas, de lugares comunes como éstos; que la ley reglamentaria es una ruptura con la legislación agraria y demuele las conquistas históricas, es evidente, la actual ley reglamentaria es una ruptura con la anterior legislación, pues procede de una reforma constitucional, pero lo que no vemos es que lo drástico sea el sinónimo de abandono de principios básicos de filosofía política.
La reforma constitucional al artículo 27 y la ley que lo reglamenta ha cambiado, sí y de manera drástica, los modos de regulación de la tenencia de la tierra y, también del modo de llevar justicia social al campo.
Pero en ningún momento se modificó lo que lo sustenta a esta filosofía; o sea, la propiedad originaria de la nación y la facultad de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público.
Entonces el problema no es de traición o de abandono, sino de adecuación, de remodelación o cambio de los criterios orientadores de la acción del Estado en su obligación de promover justicia.
¿Por qué lo drástico del cambio del modelo de regulación de tierras, preguntamos de nuevo, signifique el abandono necesario de principios fundamentales?
De ser así la modernidad no sería posible, los impactantes cambios que el Siglo XXI nos obliga, no podrían ser asimilados. La modernidad implica un proceso inacabado de ajustes y de adecuaciones de formas y aun de contenido.
Es importante señalar que el cambio constitucional es producto de un mecanismo que los
propios constituyentes previeron para permitirle a la nación la evolución política, el Constituyente Permanente.
Otra obviedad insustancial es la siguiente: la iniciativa abre un proceso de acumulación originaria y da inicio a una embestida del capitalismo salvaje en el campo, por lo que los hombres y mujeres demócratas y revolucionarios de este país debemos denunciarla y enfrentarla. Señalar eso, además de ser una inconsistencia teórica, es un desatino político.
Un destacado intelectual de izquierda escribió esta semana en la revista Proceso, un sesudo análisis, en donde afirma tesis tan inteligentes como ésta : la ley es el ingreso al campo, del campo al capitalismo, pero con varios siglos de retraso, dice. Algunos intelectuales, como el que me refiero y algunos diputados, parecen descubrir ahora sorprendidos, con varios siglos de retraso, que el capitalismo es una realidad ya en el campo.
Si con palabras elegantes o rebuscadas, como ésa de la acumulación originaria , se quiere decir que se busca con la ley capitalizar al campo, es cierto, ¿y qué?, ése es precisamente uno de sus objetivos centrales y si se logra la capitalización en el campo, la nación debe congratularse, pero además se puede profundizar más sobre este tema siguiendo la misma lógica del razonamiento.
La acumulación originaria del capital es el proceso mediante el cual se da un divorcio del producto de sus medios de producción. Es decir, tiene el efecto de proletarizar y, por lo tanto, de permitir la constitución de relaciones capitalistas.
Marx decía, además, que este proceso libera al individuo en dos formas, de sus medios de producción, pero también de las relaciones de dependencia personal, de los lazos que como el de sangre y otro tipo de lazos extraeconómicos, atán al siervo o al individuo en las relaciones precapitalistas.
La iniciativa contiene una serie de fórmulas por las cuales el ejidatario y el comunero se liberan de las relaciones de subordinación económica, política y aun ideológica, con el Estado, con su partido, con los cacicazgos regionales e incluso de las formas feudales de producción que todavía subsisten en el campo.
En ese sentido la libertad de los ejidatarios puede sí, efectivamente, significar su proletarización, siempre y cuando despojados por cualquier vía de sus parcelas.
Sin embargo y esto es muy importante en la iniciativa, si bien la posibilidad está presente, también está abierta la posibilidad de que los ejidatarios se asocien entre sí de muchas maneras y formas y también, claro, con capitalistas, pero en igualdad de circunstancias y en capacidad de establecer relaciones económicas mutuamente ventajosas. Descubrir que a partir de la aprobación de esta ley, el capitalismo va a ingresar al campo con signos de retraso, es una verdadera tontería. No sólo niega la existencia de relaciones capitalistas en el campo actual, sino también ignora las formas sutiles que tiene el capitalismo para subordinar relaciones de producción formalmente no capitalistas.
El ejido, que formalmente no es una forma capitalista de relación, sino comunitaria, está sin embargo inmerso en un entorno capitalista, que lo ha subordinado y al cual ha tenido que someterse cada día más. Las relaciones capitalistas de producción en el campo no van a llegar con las nuevas sociedades mercantiles; ya existen. El ejido ha tenido que sujetarse a las mismas reglas y condiciones del mercado, sujetar sus necesidades de producción a las necesidades del mercado, establecer criterios de recuperación de la inversión, que es una condición elemental de la reproducción simple y ampliada del capital, establecer criterios de rentabilidad, de eficacia en el manejo de sus recursos. Hacerlo de otra manera, señores diputados, por más romántico que sea, sólo llevaría a la ruina a más de alguno.
La alternativa no es capitalismo sí o capitalismo no, ni en el campo ni en la nación. El capitalismo es una realidad histórica que ahora no podemos sustituir por más que doctrinariamente la neguemos; sigue produciendo sus efectos más depredadores por cierto, en la medida en que ignoremos su lógica y no nos organicemos para gobernarla. Reducir sus impulso antisociales y aprovechar al máximo las oportunidades que abre para lograr mejores condiciones de producción, de vida y de trabajo, es nuestro objetivo.
La democracia en los ejidos, la libertad de los ejidatarios, abre un abanico muy amplio de posibilidades diversas y no encadena a ningún destino fatal a nadie. No existen los destinos fatales; si así fuera, entonces ninguna conquista social de los trabajadores sería posible. Lo cierto es que las conquistas sociales se imponen incluso por encima de poderosos intereses.
Otro sofisma aquí escuchado, es el pretendido abandono del proyecto estatal a la producción ejidal para sustituirlo por criterios de estricta conveniencia y viabilidad posfiscal. El otorgar estricta racionalidad al gasto público, dicen, es consecuencia de una visión neoliberal de la economía y del papel del Estado. Pero si no es así, compañeros diputados, ¿cómo debería de ser? ¿Cuál es la alternativa frente a los criterios técnicos rentables?
En periodos en que los fondos del Estado son amplios, se pueden desperdiciar recursos en costear económicamente la subordinación política. Lo hemos dicho con anterioridad. Hoy, lo que está en juego es una nueva articulación de la eficiencia con la equidad y la principal alternativa para garantizar la equidad, es reorganizar las entidades productivas del campo, para que sean eficientes y puedan generar respuestas viables a la necesaria justicia que merece el campo mexicano.
El Estado ciertamente modifica su compromiso en el campo y debe de cambiar su modo de intervención. El modo tradicional no es posible ni es deseable.
Finalmente, señores diputados, una cosa destaca en el discurso de quienes impugnan la presente iniciativa: la profunda desconfianza en el campesino, en el ejidatario, en el comunero. No se les considera a los campesinos sujetos, sino objetos, víctimas permanentes o de los agentes económicos o del Estado traidor.
La visión optimista de nuestro partido y su coincidencia con la ley que ahora se propone, es que postula a los productores rurales como los protagonistas principales de la producción y de la vida social en el campo, al dotarlos de plena propiedad y de libertad para decidir su destino colectivo como productores.
La iniciativa pone énfasis en formas novedosas y accesibles de organización productiva, uniones de ejidos y comunidades, asociaciones rurales de interés colectivo, sociedades de producción rural.
La iniciativa incorpora a los avecindados en el fortalecimiento de la vida comunal, y desmantela el complejo mecanismo de control corporativo, vía comisariados ejidales, para devolver facultades fundamentales a la asamblea; posibilita a todas las fuerzas políticas una nueva política de masas en el en el campo, empezando por la propia redefinición de la política de masas del Estado.
En otras palabras, la iniciativa propicia que el campesino se quite de una vez y para siempre ataduras que limitan su potencial revolucionario, su capacidad de emancipación improductiva.
Sin negar la lógica que da sustento a nuestro voto a favor, tenemos algunas preocupaciones serias que haremos valer en la discusión en lo particular.
Exigimos regulaciones claras en materia de inversión extranjera, sobre las disposiciones que regulan las áreas comunes del ejido; propondremos garantías para que la mayoría calificada efectivamente sea quien tome las decisiones trascendentes al interior de la asamblea ejidal; pugnaremos por un trato distinto al ejido y a la comunidad, en relación a la apreciación distinta que ambos tienen en el texto constitucional.
En total reservaremos 35 artículos, sobre los cuales tenemos propuestas concretas para precisar su contenido, precisar su correspondencia con la Carta Constitucional.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer por la noche, el diputado Jesús González Gortázar, señalaba que daña más la duda que el desengaño. Yo creo que nuestro amigo González Gortázar se equivocó, lo que daña más es el engaño y esta ley es un verdadero engaño y voy a demostrar por qué.
Este engaño parte del propio Poder Legislativo, porque esta Legislatura no puede legislar, en este país está prohibido por el Ejecutivo Federal legislar por parte de los diputados y de eso hemos sido víctimas todos los diputados que integramos esta Legislatura, con diferentes condiciones, sí; a la oposición nos tratan bien, aunque no nos atienden, a una gran cantidad de diputados del Partido Revolucionario Institucional no los tratan bien y tampoco los atienden.
Esa es la peculiaridad de esta discusión, donde de hecho una inmensa cantidad de diputados del Partido Revolucionario Institucional tenemos una alianza no pactada, una alianza subterránea donde coincidimos enormemente con las graves limitaciones que tiene esta ley, pero que desgraciadamente por la prohibición del Ejecutivo
para que legislemos, ello no lo pueden manifestar. Esa es la gran limitación del Poder Legislativo.
Pero también es un engaño, por los compromisos incumplidos que el Ejecutivo Federal asumió con las organizaciones de productores, con los partidos políticos, para discutir la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia agraria. Para no ir más lejos, el 6 de enero de este año, en el estado de Veracruz, Carlos Salinas de Gortari ofreció a cientos de organizaciones de productores reunidos en el estado de Veracruz, realizar una discusión profunda en torno a la iniciativa del Ejecutivo. Esa discusión no solamente no se realizó, más aún, las propuestas de las organizaciones, de la organización más importante de los productores rurales del país, el Congreso Agrario Permanente, donde convergen organizaciones ligadas al partido en el gobierno, organizaciones independientes, organizaciones que se preocuparon por formular una propuesta, no solamente no fueron atendidos, sino que fueron ignorados en su propuesta. Esto es parte del engaño que da origen a esta iniciativa.
Pero hay aspectos todavía más graves que nos involucran como órgano legislativo, y tienen que ver con los excesos de la iniciativa en torno al propio artículo 27 reformado.
Absurdos tales como declarar la posibilidad de la expropiación por utilidad pública con fines turísticos, como lo señalan aquí en el artículo 90, donde el turismo puede ser una causa de utilidad pública para que el "Club Mediterranée" y el "Paraíso Radison" o el "Sheraton", puedan apropiarse de tierras ejidales. Yo creo que son barbarismos muy graves. Pero a mí me preocupa uno en lo fundamental y que tiene qué ver con un exceso de la iniciativa del Ejecutivo, que es avalado en el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y de Reforma Agraria y es el que se refiere a las áreas comunes de los ejidos, donde había compromisos establecidos no solamente en el documento de los 10 puntos por la libertad y la justicia en el campo, sino en la propia iniciativa del Ejecutivo y en el propio dictamen de la Cámara de Diputados.
Yo quisiera retomar parte de la exposición de motivos de la iniciativa que Salinas de Gortari envió a esta Legislatura el 7 de noviembre de 1991, donde el Ejecutivo hace un análisis profundo de la evolución histórica de la tenencia de la tierra y de la propiedad en el país y parte de un análisis histórico.
Señalaba Salinas en la iniciativa del 27 de noviembre del año pasado: "la asimilación de la propiedad indígena al sistema agrario colonial, fue un proceso prolongado e influido por el descenso de la población. Muchos asentamientos indígenas desaparecieron y otros casi quedaron abandonados. Se dictó una política de la corona para proveer en asentamientos mayores, otorgándoles fondos legales. Hoy, la figura del fondo legal aparece en los mismos términos que en la época de la colonia, en esta Legislatura, en esta iniciativa".
Continúa en la misma exposición de motivos más adelante: "en la Reforma, en la mitad del Siglo XIX, a partir de 1850, emergió el problema agrario y adquirió estatuto de prioridad nacional; su detonador fueron los bienes de manos muertas, la propiedad eclesiástica, la Ley Lerdo de 1856 - hoy volvemos a discutir con los Lerdo -, elevada a rango constitucional en 1857, estableció la propiedad particular de los individuos como la modalidad general de tenencia de la tierra y ordenó la venta o desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y religiosas. Las comunidades indígenas fueron incluidas en esa clasificación
La inflexibilidad, - dice Salinas -, de la estructura agraria fue temporalmente superada y la propiedad circuló más ampliamente. Pero también se acentuó la distancia entre el minifundio y al latifundio. Las propiedades pasaron un plazo relativamente corto, a manos de los hacendados. Ellos utilizando la compra selectiva, confinaron a las comunidades a su mínima expresión territorial. Requerían una fuerza de trabajo estable".
Más adelante señala: "el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras de 1883 y la ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos en 1893, ambos sobre el mismo tema, el problema agrario se consideraba legalmente resuelto sobre el acaparamiento de la tierra y con ella de la riqueza, frustraba las aspiraciones de libertad y justicia de los campesinos. Se estaba gestando la gran movilización agraria de nuestra revolución". Eso lo dijo Salinas. No lo decimos nosotros.
Y nos fuimos de ociosos y revisamos la Ley Lerdo y revisamos también el decreto para la expropiación de dichos bienes comunes. Se las voy a leer.
Dice así la Ley Lerdo:
Así como la iniciativa del Ejecutivo se argumenta que ésta busca incorporar al campo a la modernidad mediante el dominio de las parcelas ejidales, en la ley de desamortización o Ley Lerdo de 1856, se afirma:
"Que considerando que uno de los mayores obstáculos para la prosperidad y engrandecimiento de la agricultura es la falta de movimiento o libre circulación de una gran parte de la propiedad, se determina que todas las fincas rurales y urbanas que hoy tienen o administran como propietario las corporaciones civiles, incluidas las comunidades, se adjudiquen en propiedad."
Esta regresión que ya creíamos superada, la encontramos nuevamente en la propuesta de ley reglamentaria que permite esta situación. En este proyecto se encubre tras el nombre de "personas" para regularizar los terrenos baldíos y nacionales, lo mismo que hace 100 años en el decreto sobre colonización y compañías deslindadoras. Este decreto determinaba en su artículo 18 que el Ejecutivo, podía autorizar compañías para la reglamentación de terrenos baldíos como las condiciones de medición, deslinde, fraccionamiento, endoses y descripciones, para el transporte de colonos y su establecimiento en los mismos terrenos.
Para que no quede duda de la identidad de estas dos leyes, quisiera leer la primera parte del artículo 156 de la ley que nos ocupa, donde dice:
"La Secretaría de la Reforma Agraria llevará a cabo las operaciones de deslinde que fueren necesarias, directamente o por conducto de la persona que decida."
Las deslindadoras, como hace 100 años, hoy son instrumento para el despoje y la concentración de tierras.
Hay muchos más elementos que podrían encontrar en estas leyes. Pero quisiera retomar lo que nosotros discutimos y lo que incluimos como Poder Legislativo, tanto en la exposición de motivos de la iniciativa, como el dictamen.
Y en esos documentos señalamos con mucha precisión y fue parte de la discusión que dimos en los grupos pluripartidistas en los dos casos, que el reclamo de justicia, de restitución, la resistencia al acaparamiento y al abuso, la aguda conciencia de desigualdad y la defensa de lo propio, conformaron la memoria y la experiencia campesina; cuando se cerraron las opciones y las instancias de gestión pacífica, los pueblos campesinos se incorporaron a la Revolución Mexicana para restaurar la justicia y la razón.
Ese fue, dijimos, el origen de la Revolución de 1917 y se precisó más adelante.
"La propiedad ejidal y comunal, será protegida por la Constitución; la protección a la integridad territorial de los pueblos indios, igualmente se protegen y reconocen las áreas comunes de los ejidos y del sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar, en el caso urbano, seguirá siendo de exclusiva propiedad de sus moradores". Solamente el solar.
Eso decía Salinas en su exposición de motivos.
Los poseedores de parcelas podrán constituirse en asociaciones, otorgan su uso a terceros o mantener las mismas condiciones presentes. Las parcelas, la enajenación de la dotación individual.
Para finalizar, Salinas redondeaba su idea y lo tomamos de la exposición de motivos en el dictamen que emitieron las comisiones unidas el 2 de diciembre de 1991. "Para lograr la modernización y la capitalización del campo, es indispensable ampliar las facilidad para el uso racional de la tierra. Al contemplar estas modalidades de asociación, las reformas no pretenden anular la vida ejidal y comunal, por el contrario, la confirman como uno de los aspectos irrenunciables de nuestro legado histórico. Con esto se reconoce a los campesinos como titulares con capacidad plena para decir entre ellos las pautas que seguirán, a fin de aprovechar las potencialidades de sus parcelas y mejorar sus niveles de vida. Se protege así la integridad de los pueblos indígenas, las áreas comunes de los ejidos y el territorio donde habitan sus moradores.
Y eso quedó establecido en la reforma constitucional. Aquí traigo el Diario Oficial de lunes 6 de enero, donde claramente queda establecido que: "la ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas y que la ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común, no el traslado de dominio y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar de vida a sus pobladores.
La ley respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de los recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela."
Finalmente, se otorgaba al ejidatario el uso de su parcela.
¿Y qué nos encontramos en la iniciativa? Nos encontramos un nuevo engaño, un engaño que nosotros no estamos formulando y los engaños, compañeros González Gortázar, son los que efectivamente estorban, porque Salinas..., es un documento de la Presidencia, no es del Partido de la Revolución Democrática; en Los Pinos el 14 de noviembre de 1991, donde se afirmó el manifiesto de apoyo a la reforma al 27 constitucional, asumió un compromiso hoy han incumplido.
Decía Salinas, ya lo había mencionado el diputado Jorge Moscoso:" con la reforma se vuelve a dar a los campesinos el poder para manejar con autonomía la tierra y sus recursos, pero ya no más en el desamparo. Aseguramos que los propios ejidatarios de manera consciente y democrática decidían la forma del dominio del área parcelada, les daremos apoyo eficaz y directo para que la decisión que tomen no sea producto de la urgencia ni de la necesidad.
Es importante distinguir, - señalaba Salinas y así lo hace la reforma - entre el área común del ejido y su área parcelada; el área común - insiste y destaca - , territorio donde se asienta la comunidad, el pueblo y sus bienes comunales; son la base territorial para la existencia de una comunidad, de una reforma de vida, de una convivencia familiar; la comunidad de los ejidatarios, su pueblo, el área donde está su escuela y también su siembra colectiva es una unidad social con existencia histórica.
Dice Salinas: "la reforma propone que esa parte del ejido sea permanente, inalienable e infactible, porque ahí se expresan las tradiciones y las reformas de ser de los grupos ejidales; no podrá ser objeto de transacciones mercantiles -lo dice Salinas-, porque lastimaría a la comunidad y amenazaría la identidad, la reforma lo impide".
Bueno, pues leamos entonces el articulado de la ley reglamentaria, vámonos al artículo 75, vamos a ir desde el 45, donde se señala que, el 46, "donde el núcleo de población ejidal por resolución de asamblea y lo ejidatarios en lo individual podrán otorgar en garantía el usufructo de sus tierras de uso común y de las tierras parceladas." Esta garantía sólo podrá otorgarla en favor de instituciones de crédito o a aquellas personas que tengan relaciones de asociación o comerciales".
O el artículo 75. "El ejido podrá trasmitir el dominio de tierras de uso común a sociedades mercantiles o civiles en las que participe el ejido o los ejidatarios conforme el siguiente procedimiento"..."y decía Salinas que no podrían ser sujetos de transacciones mercantiles.
¡Esto es un engaño y eso es una burla al Poder Legislativo y a los productores que en Los Pinos firmaron el manifiesto para apoyar la reforma al 27; así no se puede legislar!
Pero hay más. Hay una cosa en la que coincido con González Gortázar, en la existencia de exquisitos y de exquisitos de café, creo que tiene razón. Hay muchos exquisitos que hoy quieren interpretar el campo y que del campo solamente conocen el "Country Club" o el "Club Campestre de Huixquilucan" y lo más lejos que han llegado es La Marquesa, son los muchachitos que hicieron están iniciativa, estos muchachitos que andan algunos por aquí, que francamente los mejores campos que conocen son los campos de golf de la Joya, en California, o de alguna universidad inglesa; porque eso nada tiene qué ver con nuestro campo.
Veamos ese manual de procedimientos para privatizar el ejido en "Diez lecciones".
Parte de un principio básico, que desde mi punto de vista no debería formar parte de la iniciativa ni del dictamen. El artículo 23, fracción XII, que habla de las funciones de la asamblea, donde se le otorga a la asamblea la facultad de dar terminación al régimen ejidal. Yo creo que eso es un barbarismo político y jurídico.
Cuando nosotros discutimos aquí la reforma al 27 constitucional, ¿qué fue lo que se nos decía? Independientemente de que se enajene toda el área parcelada del ejido, el ejido subsiste y subsiste porque sigue su dominio de las áreas comunes y la zona urbana del ejido.
Y aun así, de aprobarse esta ley, con donde las sabias en común se trasladara a su dominio, se privatizaran, donde se privatizara toda el área parcelada, el ejido tendría que subsistir, porque parte del régimen ejidal es lo que hoy los "muchachitos" hablan del fondo rural, del fondo del pueblo y que es la zona urbana del ejido.
Por más que le busquen el régimen ejidal no puede darlo por terminado en ningún ejido, ninguna asamblea. Pero son de mayor talla las barbaridades de los "muchachitos". Esta forma de realizar la privatización por correspondencia. Yo creo que ya son los extremos de la modernidad. ¡Basta una carta poder para dar su representación y aceptar la enajenación de su parcela!
Yo creo que los "muchachos" nunca han conocido un cacique en el campo, nunca se han dado una
vuelta de perdida por las milpas de Xochimilco, donde el despojo, la intimidación, la falta de justicia, ahí no hay bufetes jurídicos de los Braniff y los Corcuera. Ahí hay una verdadera situación de desigualdad y de injusticia que hoy en el marco del abandono del derecho social para tratar lo de derecho civil termina con una noción básica de nuestra Constitución que reconoce la desigualdad en este país, donde no puede darse un trato igual a desiguales y francamente crear las condiciones para la privatización del ejido no es de otorgar la libertad al ejidatario para vender, es otorgar al capital la libertad para comprar.
Ese es el grave problema de esta ley. Creo que esa cosas deberían ser inaceptables para esta Legislatura.
Como es el caso también, diputado González Gortázar, de la inversión extranjera. Porque sí hay un problema de trato nacional, ya lo señalaba Jorge Calderón, donde prácticamente no hay ni restricción a la inversión extranjera.
Yo recuerdo la propuesta del Partido Acción Nacional a la reforma al 27, insistiendo en que la ley reglamentaria del 27 estableciera los términos de la inversión extranjera, no era un artículo que lo remitiera a la Ley General de Inversiones Extranjeras.
Esta reglamentación tiene que quedar aquí. Pero no nada más. Si estamos en la idea de la igualación de esquemas legislativos, la apertura comercial en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ¿por qué no revisamos, por ejemplo, la legislación en materia de propiedad en los Estados Unidos?
Ahora que aquí, en cuanto por el trato nacional, como por lo establecido en el artículo 127, donde loe extranjeros podrán participar en las sociedades a que se refiere el artículo 123 , que son sociedades mercantiles o civiles, que pueden tener propiedad de tierras agrícolas, ¿por qué no revisamos la legislación de los Estados Unidos?
Por ejemplo, la ley del estado de Minesota. Ahí en una legislación local por el dado de la propiedad y la tierra en el campo y en Minesota o en muchos otros estados está prohibido que los extranjeros sean propietarios de tierras. Nada más que ahí es un problema más particular, por que los extranjeros para la legislación en Minesota, no son solamente los que no nacieron en Estados Unidos, sino son extranjeros también los que no nacieron en Minesota y esta prohibición se recorre estado por estado en los Estados Unidos.
Y la idea de trato nacional en la firma del Tratado de Libre Comercio, los inversionistas mexicanos que quieran comprar un pedazo de tierra en Minesota no van a poder comprarlo y aquí no solamente les estamos dando tierra, no solamente les damos el agua, los bosques; ¡estamos entregándoles el país! Eso es muy grave.
Yo llamo a la mayoría, a los diputados del Partido Revolucionario Institucional, por los que he conocido su trabajo estos días, sus propuestas, su insistencia y su impotencia ante la cerrazón del Ejecutivo y de los "muchachitos" a que hagan un esfuerzo por modificar esto.
Es de tal magnitud esta ley, que la vía Farmer, que se aplicó en los Estados Unidos, aparece como el más radical de los proyectos socialistas. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Eberto Croda Rodríguez, del Partido del frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Eberto Croda Rodríguez: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y diputados:
En el pasado período ordinario de sesiones nuestra fracción parlamentaria dio su voto favorable a las reformas al artículo 27 constitucional, reconociendo que en las mismas se encuentra implícito el respeto a la esencia revolucionaria que le dio origen, conquistada por las armas y defendida para hacerse ley por el Constituyente de Querétaro, de 1917.
En su momento coincidimos plenamente en que las condiciones y circunstancias de aquellos tiempos son hoy totalmente diferentes. Somos dialécticos y por ello no podemos aferrarnos a moldes del pasado.
Se afirmó que ya no existen tierras qué repartir y nosotros coincidimos con el fin del reparto agrario, en el entendido de que en los términos señalados por la misma ley los casos pendientes de solución serían resueltos por las vías de dotación, ampliación, nuevos centros de población ejidal y de que los excedentes serían repartidos de acuerdo con los procedimientos y preferencias contenidas en la ley, en el plazo máximo de un año.
Vivimos tiempos en que la demografía efectivamente supera a la geografía del país y éste no
es elástico y por ello la justeza de la reforma. Estamos ciertos que podrán existir nuevas alternativas para un nuevo reparto agrario, buscando en principio la dotación ideal de tierras, en el número de hectáreas por individuo; pero no sin correr los riesgos de que en esta reducción la pequeña propiedad, con el paso de las generaciones, pueda convertirse en la forma de propiedad minifundistas; lo cual significaría caer en los vicios que ahora estamos combatiendo.
Ya hemos afirmado que ni minifundio empobrecedor ni latifundismo improductivo son la solución, por tratarse de formas nocivas de explotación, las cuales seguiremos combatiendo.
La modernización del campo mexicano demanda reformar un modelo de justicia, de libertad y producción, que tuvo vigencia de los años 30 a 60, pero que terminó por volverse un mecanismo de adscripción corporativa y de control político.
La justicia en el campo, en los umbrales del Siglo XXI, ya no puede estar vinculada exclusivamente a la dotación de un aparcela de tierra, sino a un nivel de vida digno de los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios.
La libertad ya no puede ser simulada en formas corporativas vinculadas al partido oficial.
La eficiencia no debe de ser un deseo retirado una y otra vez, cuando la producción es insuficiente y la productividad es muy baja, dependiendo del exterior en la producción de los básicos que consume el pueblo mexicano.
Por eso, cuando se propusieron cambios constitucionales para reformar los medios de justicia en el campo, se otorgar autonomía a los ejidatarios y comuneros y para impulsar la capitalización y la productividad agrícola en un marco democrático y de respeto a la filosofía política del 27 constitucional, nuestro partido votó favorablemente.
En aquella ocasión nuestro partido insistió en la organización democrática del ejido y de las comunidades, en la procuración de justicia y en la conservación ecológica y la soberanía alimentaria. No todas nuestras propuestas fueron aceptadas en ese momento por la mayoría, sin embargo, rescatamos algunas que consideramos de suma importancia para incorporarlas a esta nueva Ley Agraria que hoy se debate. En la organización ejidal y en la procuración de justicia seguiremos insistiendo, también en las reformas que favorezcan a la ecología y a la soberanía del país.
Nuestro partido ya han argumentado por qué volverá favorablemente en lo general por la iniciativa de esta Ley Agraria. Sin embargo, queremos dejar muy claro que votar a favor en lo general no significa, ni ha significado nunca, una aceptación táctica, incondicional o a crítica de las iniciativas. Hemos presentado modificaciones concentradas al articulado de la ley y defenderemos hasta donde sea posible las propuestas, para cambiar lo que nos parece desfavorable para los ejidatarios y los comuneros o que están imprecisas sobre la democratización ejidal y que nos parece peligroso para la soberanía nacional.
Votaremos a favor por las iniciativas, porque consideramos que éstas abren expectativas para democratizar ejidos y comunidades, porque permiten que las decisiones sustantivas sean tomadas directamente por los interesados y afectados. Pero por eso mismo, en el título tercero concretamente, en lo que se refiere a la instalación de asambleas y la toma de decisiones por el ejido, nuestro partido considera insuficiente el dictamen y da propuesta para garantizar que una de las decisiones relevantes, sean tomadas por consenso o por una mayoría calificada.
En lo referente a las tierras de uso común, nuestro partido no acepta que su dominio se transfiera a las sociedades mercantiles. Consideramos que esto vulnera el núcleo comunitario, por lo que en concordancia con el espíritu de la ley proponemos cambiar el sentido del artículo 75, a fin de que se posibilite participar con las tierras de uso común en las sociedades mercantiles y no otorgar su dominio a las mismas.
Por otra parte, nuestro partido ha aceptado la conveniencia de que participen las sociedades mercantiles, a fin de impulsar la capitalización del campo. Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en que esto propiciara latifundios simulados, formas perversas de decisión empresarial, como latifundios financieros o presencia hegemónica del capital extranjero. Nuestro partido nunca aceptará que las reformas de capitalización del campo impliquen una concentración de la tierra o de que las acciones de las sociedades mercantiles de la serie T o no, en manos de los capitalistas nacionales o extranjeros. Por tanto, en su oportunidad presentaremos reformas importantes al título sexto de la iniciativa en este rubro.
La ley reglamentaria en un paso adelante en la flexibilidad de la regulación rural, porque su correlato administrativo no se flexibiliza también si es que no se integra ordenada y racionalmente. Nosotros insistimos que la ley reglamentaria deberá de apegarse a las modificaciones al artículo
27 constitucional, ya que se tendría credibilidad sobre la labor legislativa de esta Cámara.
Nuestro partido votará en favor de la ley en lo general, pero defenderá palmo a palmo cada una de las propuestas que hacemos en lo particular, porque consideramos que la ley no debe ser atentatoria contra los campesinos y como dijimos en nuestra primera intervención hecha por nuestro coordinador, el compañero Alberto Carrilo, debe ser completa y le dé fortaleza, a fin de que no deje lugar a dudas, a confusiones y malas interpretaciones en la aplicación de esta ley reglamentaria que hoy se discute. El texto de la ley, de acuerdo al dictamen, reconocemos que aún adolece de problemas que atentan contra el ejido y que favorece a terceras personas físicas o morales. Consideramos que nuestro deber como cardenistas es defender hasta sus últimas consecuencias el sustrato democrático y nacionalista de la modernización nacional en beneficios, en este caso y siempre, de los campesinos mexicanos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Con su permiso, señor Presidente. Llego a esta tribuna a expresar muy brevemente ya, señoras y señores diputados, algunas reflexiones, algunas consideraciones sobre esta Ley Agraria, en este momento iniciativa todavía.
Unas horas más la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional habrá logrado un triunfo y una horas más un grupo de compañeros legisladores del Partido de la Revolución Democrática que creemos votarán en contra de este proyecto de iniciativa juntamente con los que integramos la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista; este triunfo, señores diputados del Partido Acción Nacional, que están a punto de lograr, en lo personal los felicito, están ustedes convencidos, convencidos de lo que durante muchos años vinieron peleando.
Si se permitiera votar en secreto, muchos de los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional votarían en contra de esta iniciativa; no lo hacen, no votarán en contra, por elemental disciplina a su jefe político, señor licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Yo sé perdonando el yo, que hay muchos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, que lograron hacer carrera gracias a que sus padres fueron o son ejidatarios.
Yo sé que al votar esta iniciativa de ley, los diputados del Partido Acción Nacional se van a parar a aplaudir, lo van a hacer con mucho entusiasmo, porque están convencidos de que éste es un triunfo que venían anhelando desde la fundación del Partido Acción Nacional.
Sabemos también que ustedes, compañeros exdiputados del Partido Revolucionario Institucional, hijos de maestros, o hijos de obreros, o hijos de ejidatarios, van a aplaudir también, pero internamente van a dar la razón a los diputados con pasión revolucionaria...
El Presidente: - ¿Me permite un segundo, diputado? Me dicen algunos señores diputados que no se escucha, no sé si sea cuestión de sonido o del murmullo que se escucha en el salón. Si fuese cosa de murmullo, ruego a los asistentes guardar silencio.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Hemos llegado aquí a esta tribuna a defender con pasión revolucionaria una de las conquistas más caras del pueblo de México y que al aprobar esta Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional, el ejido paulatinamente se va a ir reduciendo, paulatinamente el ejido va a ir desapareciendo.
Lo dijo el diputado Encinas: han abierto puertas que los ejidatarios se salgan de los ejidos, han abierto las puertas en esta Ley Agraria para que los propietarios de los instrumentos de la producción y del cambio, entren a los ejidos a rescatar lo que la Revolución Mexicana de 1910 les quitó a los hacendados.
Se decía en el debate para reformar el 27 constitucional y eso lo escuché reiteradamente de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que en la ley reglamentaria iban a poner candados que paulatinamente el ejido pasara el régimen de la propiedad privada. Posiblemente por mis años no he podido ver en esta iniciativa ningún candado, los he buscado y no los he encontrado; no solamente no tiene candados, ya no tiene puertas. Los campesinos que hoy son ejidatarios, que disfrutan de una parcela gracias a la Revolución Mexicana, de aquí a1 15, 20 años, los hijos de esos campesinos que no podrán adecuarse, que no tendrán acceso ya a las universidades, esos niños campesinos que mañana serán hombres, que serán peones agrícolas, se van a acordar de esta LV Legislatura.
Compañeros del Partido de la Revolución Democrática, ustedes y nosotros, salvaremos
nuestra responsabilidad histórica. Que lo que suceda en el futuro, será responsabilidad de los señores diputados del Partido Acción Nacional, que con convicción han logrado este triunfo o están por lograrlo.
Será responsabilidad de ustedes, señores del partido mayoritario, de lo que suceda mañana. Se ha querido dar certidumbre a la propiedad privada, pero cuando los campesinos sin tierra que ustedes están condenado a la esclavitud de por vida determinen acciones violentas, van a vivir en la inseguridad.
Los que vivimos en los ejidos, los que recorremos constantemente los ejidos de este país y convivimos con los campesinos ejidatarios y con los campesinos sin tierra, veamos la miseria lacerante en que se encuentran los peones agrícolas.
Vayan a Sinaloa, Señores diputados del Partido Acción Nacional y vean cómo viven los indígenas de Oaxaca, que se llevan los ricos agricultores a levantar las legumbres, vean cómo tienen a esos indígenas, que en Sinaloa se les llama los "oaxaquitas", viviendo en las orillas de los canales, en casas de cartón, tomando agua de los canales, que llegan a la estación del ferrocarril en la ciudad de Culiacán, con cuatro, cinco cajas de cartón, donde llevan sus humildes ropas y que de ahí son trasladados en camiones de redilas a los campos de los ricos terratenientes de la costa de Culiacán.
Esos campesinos mexicanos que ustedes están condenando a la esclavitud de por vida, mañana van a tomar actitudes serias, que ni ustedes, señores del Partido Acción Nacional, ni ustedes, señores del Partido Revolucionario Institucional, ni nosotros, los vamos a detener, óigase bien.
Por hambre se es capaz de todo. No pasarán muchos años en que los campesinos va a dar su respuesta, óigase bien. Esta situación no puede continuar así.
Señoras y señores diputados, estamos escribiendo, al fin y acabo, los que están a favor de esta iniciativa de ley y los que nos hemos expresado en esta alta tribuna en contra, estamos escribiendo una página más de la historia de este país.
Las futuras generaciones le darán la misma importancia a esta LV Legislatura, como nosotros se la damos a los Constituyentes de 1917.
Compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática, éste es un retroceso; perdemos un pelea, pero la batalla final será del pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, por el Partido Acción Nacional.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con permiso, señor Presidente; señores diputados:
Hoy, desde esta tribuna, el diputado Zuñiga, en nombre del Partido Revolucionario Institucional, reconocido categórico que existe en el campo, en el campo de México, miseria, explotación yugo político, falta de democracia, hambre tragedia. Dijo: "si volvemos a fallar, lo lamentaremos todos".
Señores diputados, ésa es una terrible sentencia.
El diputado González Gortázar dijo que el campo mexicano ya está cansado de mentiras y demagogias. Ciertamente, señores diputados del Partido Popular Socialista, esto es un triunfo moral y político de Acción Nacional, porque más de medio siglo tenemos hablando, denunciando y reclamando por el hambre, por esa miseria, por ese yugo, por esa falta de democracia.
Pero señores diputados, es algo más, es mucho más que un triunfo político de Acción Nacional y hoy, con honor, lo dejamos aquí sentados y asentado en esta tribuna, es ante todo un triunfo de la verdad y de la verdad vale por sí misma y más ante todo un pueblo que tiene por sobre todo hambre de verdad.
No es aquí lo mayor ni lo importante hablar de vencidos ni vencedores. Hoy, lo que importa es que recordemos todos que un pueblo hambriento, pobre, miserable, reclama el coraje y la generosidad de todos los diputados federales. (Aplausos.)
Una vez más convocamos a todos para asumir, todos, una actitud noble: busquemos el cambio para redimir al campo mexicano. Una vez más Acción Nacional mira el futuro, por eso vamos aportando día a día ideas, propuestas y razones, por eso mañana aportaremos aquí lo mejor de nosotros, para mejorar la iniciativa, porque creemos que esta iniciativa no es, ni remotamente, una ley perfecta.
Es una obra en transición, es una obra no acabada y que difícilmente puede acabar una obra como la redacción del campo y la legislación de la materia.
No es una ley panista, no nos satisface a los de Acción Nacional, pero hoy reconocemos aquí que esta ley, sinceramente creemos, puede ser un instrumento que eleve, que dignifique a los hombres del campo en México.
Señores diputados, dos son las críticas mayores o centrales que los oradores han hecho a la iniciativa desde esta tribuna. La primera, que la iniciativa privatiza al campo. Eso es falso. La privatiza en la medida que cada quien, en uso de su libertad, quiera privatizar su tierra y en un pueblo de hombres libres no hay ni poder que se los deba impedir.
A nadie, a nadie obliga la ley a que venda nada ni a que transforme su ejido, pero claro, nosotros vemos complacientes que se libre al campo y al campesino y que ante todo, por la dignidad de esos hombres, se respete su albedrío.
La segunda crítica central es que se pretende acabar con el ejido. Es una falacia mayúscula. Hoy más que nunca esta iniciativa y en su caso la ley, será un instrumento claro para que el campo mexicano adopte sin límite la forma del ejido, si así conviene a la libertad. al derecho y a la conciencia de los campesinos mexicanos.
Reto, emplazo, reclamo a los oradores que me digan qué artículo de la ley le prohibe a los campesinos, de hoy en adelante, en entera libertad, constituir cuantos ejidos y de la dimensión que quieran en el campo de México ¡Ah!, pero ya estaban acostumbrados muchos atener en la pobreza y en el puño a los mexicanos; pobreza que dio a muchos mucha riqueza.
Esta reforma, señores, no es un panacea; no va a resolver por sí nada. Va a ser un instrumento para el que hacer en el campo, va a ser un instrumento para la acción de los hombres y de las mujeres del campo. Falta, sin lugar a dudas, que no haya ningún grupo político que tome por sí y para sí las banderas que debemos enarbolar con generosidad y con grandeza todos lo mexicanos.
Hoy falta una voluntad política de todos, no sólo del gobierno. ¿Para qué? Para redimir al campo, para limpiar los ríos, para regenerar los lagos, para reforestar la tierra, para producir los alimentos y justicia.
No más campesinos organizados para votar. Acción Nacional insiste, hoy más que nunca, en el clamor del pueblo, en el clamor del pueblo de democracia política plena.
Por congruencia de 50 años y por amor a México, la bancada de Acción Nacional votará esta iniciativa a favor.
Señores diputados, para concluir, un vehemente deseo: no más veredas torturosas, no más fangos de oprobio, no más discursos apocalípticos. Seamos capaces de construir caminos reales y campos fértiles para campesinos libres y un pueblo todo que viva en plenitud. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael González Pimienta, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Rafael González Pimienta: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La idea central de la iniciativa presidencia que hoy se discute, no es la privatización del ejido. Nos oponemos rotundamente a esta falsedad. La intención es totalmente opuesta. Se trata, pues, de fortalecer al ejido y a la comunidad y de garantizar al campesino que nadie le podrá quitar su parcela. Ya no más derechos precarios. Ya no más incertidumbre en la tenencia de la tierra.
A partir de la promulgación de esta iniciativa, el campesino tendrá más libertad y podrá, en el ejercicio de ese derecho, escoger libremente el régimen de propiedad, no de tendencia, de propiedad que más le convenga. hoy estamos legislando para crear condiciones en el agro, acorde al acontecer mundial. Se requiere de modernizar el campo, hacerlo más productivo y rentable en beneficio de los propios campesinos. No más ataduras al atraso y a la pobreza. Requerimos de más capital y de una mejor tecnología, agilidad y flexibilidad en los trámites. En síntesis, de una justicia para los hombres y mujeres del medio rural.
La iniciativa que hoy nos ocupa, es una iniciativa que fue demandada durante los tres primeros años en la campaña presidencial de Salinas de Gortari, por los hombres y las mujeres del campo.
Aquí, discutimos y debatimos ampliamente en la reforma del 27 constitucional, las tesis de cada uno de los partidos. Nuestro partido en la reforma del 27 dejó muy cara su posición respecto a la reforma constitucional
Nuestro partido a través de la organización de los campesinos del Partido Revolucionario
Institucional de las organizaciones de los campesinos del Partido Revolucionario Institucional, realizó amplios foros y amplia consulta. Nuestro partido se escuchó y dialogó con otras organizaciones de otros partidos y de otras ideologías, en foros organizados a través del Congreso Agrario Permanente. Nuestro partido y nuestra organización ha revisado cuidadosamente la iniciativa desde su llegada. Ha revisado la claridad con la que el presidente Salinas plantea el manejo interno del ejido y la comunidad. Nuestro partido ha revisado a través de su diputación, la claridad con la que el Presidente plantea la procuración y la impartición de la justicia en el campo. Nuestro partido ha revisado, pues, cada uno de los puntos, cada uno de los 10 títulos que comprende la iniciativa. Nosotros queremos rechazar aquí, queremos rechazar la cerrazón de lo que se ha acusado a nuestro partido y a nuestra fricción parlamentaria. Hemos dialogado con los compañeros diputados. Hemos buscado coincidencias.
Aquí llegó una iniciativa que se ha ido transformando. Aquí llego una iniciativa que seguramente al continuar el diálogo, al continuar ese diálogo que en la puntualización de cada uno de los artículo se tengan que dar, habrá de salir una iniciativa más enriquecida y mejor para el beneficio de los hombres del campo.
Nosotros no estamos cerrado al diálogo. Nosotros estamos abiertos, por eso buscamos el consenso con quienes quiere beneficiar a los campesino. Pero nosotros hemos defendido y vamos a seguir defendiendo las tesis de nuestro partido. Vamos a seguir defendiendo las tesis del presidente Salinas, porque son las tesis que abandera el Partido Revolucionario Institucional.
Por eso, pues nosotros, compañeros, queremos invitarlos a que apoyen en lo general esta iniciativa que trae beneficio indudable a los hombres y a las mujeres del campo y queremos invitarlos a que en un diálogo respetuoso, a que en un diálogo de altura, a que en un diálogo en el que cada uno exprese su razón y su verdad, en los artículos en cada uno en particular, nos lleve a mejorar a enriquecer esta iniciativa.
Por eso compañeras y compañeros diputados, nosotros solicitamos el voto a favor de la iniciativa que hoy nos ocupa. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Odilón Cantú Domínguez.
El diputado Odilón Cantú Domínguez: - No sé qué tanto hayamos hecho por nuestros campesinos.
Con anuencia, señor Presidente.
Will Durand menciona que el más pobre y el más necesario, es sin duda el trabajador del campo. Es quizá el menos favorecido por los frutos de su propio trabajo.
¿Cómo reivindicarlo? ¿con ofrecimientos o con promesas, cuando su herencia cultural creada durante siglos, no la hemos sabido valorar?
¿Cómo romper su vinculación con el retraso, con los vicios, con los falsos profetas agrarios, con las actitudes viscerales, que sólo ponen a los campesinos como carne de cañón o pretexto de campaña?
¿Cómo desencadenar de la miseria, a quienes con sus manos labran la tierra? ¿Cómo liberar a los campesinos que son semiasalariados, de patrones que sólo llegan a sus supuestos labrantíos, sus supuestos terrenos, a dar órdenes desde su "ranger" o desde su coche? Estos no saben lo que es la sabia tarea de arrancarle a la tierra sus frutos, como tampoco saben cómo habla la siembra, como tampoco saben y no han aprendido a escuchar, cómo habla el viento.
No puede ser titularidad de los miembros del Partido Acción Nacional, ni puede hablar de autoridad moral en este sentido, con las reformas, cuando en el campo no se ha llevado justicias, desde 1910.
Esto, estas reformas, son un triunfo de los trabajadores del campo. Hasta estos momentos se pretende reivindicar a los campesinos.
¿Cómo se va a pagar la factura que esta sociedad mexicana le debe al grupo más desprotegio de nuestra sociedad? ¿Cómo superar nuestros retrasos?
Dieciocho millones de ciudadanos, por poner un ejemplo, que viven en la ciudad de México y la zona conurbada, consumen un mil 620 millones de raciones al mes. ¿Cómo, vuelvo a preguntar, reivindicar a nuestros trabajadores del campo? ¿Qué les seguimos entregando a los campesinos? ¡Promesa! ¡Discursos!
O continuamos permitiendo su manipulación por políticos que sólo cuando quieren conseguir un voto, lo consiguen a cambio de darles promesas. Vamos a llegar al primer centenario de la Revolución y parece que hay quienes pretenden que lo celebren nuestros hijos con una nueva revolución armada.
Por otro lado, hay quienes por puro respeto a la línea marcada, se adhieren o adhieren su voto sin aportar ideas propositivas. Hagamos el cambio de tal modo que seamos capaces de reivindicar a los trabajadores del campo. Nos cuesta trabajo adecuarlos a los grandes cambios.
El Muro de Berlín, para culminar...
El Presidente: - Señor diputado: Le comunico que ha concluido su tiempo.
El diputado Odilón Cantú Domínguez: - Voy a concluir, señor Presidente.
El Muro de Berlín se derrumbo, pero no se derrumbó con actitudes viscerales o a topes, como los borregos. Se derribó a base de ideas.
Los campesino y los mexicanos dignos, deben saber que quienes entendemos sus necesidades y sus miserias, quienes las hemos compartido con ellos, deben entender y deberán comprender que estamos al pie del cañón.
Y me permito, para culminar, retomar una frase con todo respeto de nuestro Himno Nacional: "Si osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu tierra, piensa oh patria, querida que el cielo, un soldado en cada hijo te dio". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el diputado, Carlos González Durán.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente:
Ponciano Arriaga, cuando discutía la Constitución de 1857, razonó: "La Constitución es la ley de la tierra". Para nosotros los mexicanos la Constitución no es solamente la declaración de los derechos individuales, no es solamente la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno; es primordialmente el conjunto de normas que integran el fundamento de la convivencia y del entendimiento libertario y revolucionario del pueblo mexicano.
En estos términos el derecho agrario es producto de un rescate libertario, ¿cuándo comienza este rescate?, este rescate comienza cuando los padres de la patria declaran abolida la esclavitud, cuando los padres de la patria declaran que la América mexicana rechaza las desigualdades de las castas y de los tributos; estas desigualdades reclamadas en la independencia eran primordialmente para rescatar los despojos y el soterramiento al que se condenó al pueblo indígena.
Durante la reforma subsistían aún las desigualdades sociales y los próceres de la reforma rescataron la libertad de conciencia y sometieron a los privilegios a la igualdad ante la ley. En la Revolución Mexicana los pueblos contra las haciendas rescataron también el derecho a la restitución de la tierra.
Negar el carácter social del derecho agrario y negar el derecho del pueblo mexicano sobre la tierra, es no solamente trastornar las condiciones de vida del campesinado mexicano, es también atentar a la mexicanidad del territorio nacional, es también atentar al carácter independiente y soberano del pueblo mexicano.
La crisis económica del campos no es producto de improductividad imputable a los campesinos y a los pequeños propietarios; es imputable a los gobiernos que se han apartado de la política social de la Constitución.
Por lo tanto, pretender que conforme al derecho de propiedad los campesinos van a tener libertad, es una falacia jurídica; el derecho agrario es un derecho social, ¿y qué es un derecho social? Hay derechos subjetivos de inordinación, es el derecho que el obligado tiene para cumplir sus obligaciones; pero hay derechos de señorío que son algunos absolutos que obligan a toda la sociedad, otros son relativos que obligan a determinados personas, hay privados, personalísmos, hay reales, hay derechos intelectuales, hay derechos políticos, hay potestativos de la facultad para representar a los hijos, hay creditorios o derechos de obligación que son sobre un deudor y hay otros derechos que son públicos, donde el Estado es sujeto pasivo, como son los derechos de petición y de acción y hay otros derechos que son colectivos cuando el sujeto activo es, por ejemplo, la obligación de cubrir impuestos. Pero hay los derechos sociales y con eso terminaré:
Los derechos sociales son un rescate para crear una propiedad que sirva para la libertad y el bienestar del trabajador mexicano. Los derechos sociales son referidos al régimen económicos, reclaman la rectoría del Estado, la planificación democrática, la estructura mixta de la propiedad, reclaman en el trabajo urbano rural el derecho del trabajo, el derecho al descanso, al salario remunerador, las protecciones a las mujeres, a los menores, a la participación en las utilidades a la estabilidad del trabajo. Se trata, por lo tanto, de un decreto protector de los oprimidos, protector de los marginados, de un derecho que debe ser respetado y que se está traicionando.
Entonces...
El Presidente: - Diputado, le informo que su tiempo ha concluido.
El diputado Carlos González Durán: - Sí, señor Presidente.
Quiero dejar constancia que el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular Socialista, levantan la bandera de la autenticidad histórica y que otros problemas son los del burocratismo, otros problemas son los de la falta de democracia en el campo. No deben estos problemas entenderse como para justificar un nuevo despojo, una nueva expropiación, una nueva enajenación, que como se dijo anteriormente, "el pueblo mexicano rescatara", porque las leyes no se convierten en derecho, sino cuando el pueblo las acepta y ya Zapata lo dijo: "¡contra las leyes, las muelles!" (Aplausos).
El Presidente: - En cumplimiento al artículo 116 para el Gobierno...
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hecho.
El Presidente: - Tiene usted la palabra, para hechos, señor diputado Ramírez Cuéllar.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Dentro de unos breves minutos se habrá de producir la votación en lo general de la Ley Agraria. Pero aquí en esta tribuna se han enfrentado dos criterios, dos concepciones sobre la historia, sobre la realidad y sobre los grandes problemas nacionales.
Esos dos criterios han estado presentes en las anteriores leyes que discutimos y aprobamos días anteriores.
Por un lado, el criterio de la ideología imperante hoy en el Estado mexicano, el criterio del más acentuado individualismo, del más profundo mercantilismo, de la economía de libre mercado a ultranza, del Estado árbitro en la economía y ante los grupos de sociedad: el neoliberalismo.
Y por otro, la concepción que hemos planteado de defensa de los derechos de los obreros y de los campesinos, de la integridad de nuestra patria, de conservar las conquistas de nuestro pueblo y en esa lucha seguiremos mañana, pasado. Pero finalmente habrá un resultado positivo, una profundización de la lucha de clases en el campo mexicano, habrá, como nunca en el pasado, millones de peones agrícolas, miles de asalariados, que serán una nueva fuerza potencial en el campo mexicano. Habrá un gran proletarización en el medio rural y ése es un reto que tenemos las centrales campesinos y los partidos políticos.
Considero que la nueva fuerza revolucionaria en el campo mexicano serán los asalariados de las sociedades mercantiles, serán los peones de las grandes concentraciones neolatifundarias, los que podrán luchar ya casi como obrero, al lado de los obreros industriales, por sus derechos, por sus demandas.
El capitalismo en un sistema que tiene su propia lógica de funcionamiento. Que no depende de la voluntad de un Presidente de la República. Que no depende de la buena o de la mala fe de un Congreso o de una ley determinada. Será la lógica del sistema capitalista, la lógica de las nuevas relaciones en el campo, será la realidad económica y social, la que nos ponga a cada quien en nuestro lugar, si los que presagiamos fenómenos sociales graves o los que consideran que ésta es la solución viable para el campo mexicano.
No será en esta tribuna en que lleguemos a una dilucidación de este doble criterio. Será la práctica, no para mañana, sino para el futuro inmediato, la que ubique a cada partido exactamente en su lugar, la que nos ponga a nosotros en el grado de nuestra responsabilidad y será, pensamos, el escenario de la lucha de clases el que va a darnos a cada quien el sitio de combate que debemos tener en el futuro.
La Cámara de Diputados están sólo un escenario de la lucha política. Pero la pelea debemos darla fuera de la Cámara de Diputados, organizado a los ejidatarios para que no los despojen de sus propiedades. Organizando a los comuneros para que no pierdan sus tierras. Impidiendo que las sociedades mercantiles se apoderen del fruto de su riqueza, los empresarios. Impidiendo, en pocas palabras, el despojo a pequeñas propiedades, a comuneros y a ejidatarios.
Y será la lucha fuera de la Cámara, la que a cada quien nos ubique en sus justos términos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - En cumplimiento al artículo 116 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, esta Presidencia informa a la asamblea que han hecho uso de la palabra 28 diputados.
En consecuencia, se instruye a la Secretaría para que consulte a la asamblea, en votación.
económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - En votación económica, se pregunta a la asamblea si se encuentran suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal general.
El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general.
Se ruega a la Oficialía mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
(Votación.)
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Señor Presidente, se emitieron 388 .votos en pro y 45 en contra.
El Presidente: - Aprobado en lo general por 388 votos. (Aplausos.)
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Extraordinario de Sesiones. - Primer Receso.- Primer Año.-
LV Legislatura.
Orden del Día
21 de febrero de 1992.
Lectura del acta de la sesión anterior.
Dictamen a discusión
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Reforma Agraria, con opinión de la Comisión de Agricultura, con Proyecto de Ley Agraria, para su discusión en lo particular.
Y lo demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 20.47 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la próxima tendrá lugar mañana viernes 21 de febrero a las 10.00 horas.