SUMARIO

ASISTENCIA.

La Secretaría informa que hay quórum.

SE ABRE LA SESIÓN.

ORDEN DEL DÍA

Se da lectura.

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

Sin discusión, se aprueba.

DICTAMEN A DISCUSIÓN

LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

De las comisiones unidas de Justicia y de Reforma Agraria, con proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

En su discusión intervienen los diputados:

Fernando Francisco Gómez Mont Urueta para fundamentar el dictamen.

Heli Herrera Hernández en contra.

Gonzalo Cedillo Valdez para fundamentar su voto.

José de Jesús Berrospe Días en pro.

Juan Hernández Mercado para fijar su posición.

Yolanda Elizondo Maltos presenta propuestas.

Emilio Becerra González.

Alberto Alejandro Rébora González.

Se someten a votación las propuestas presentadas.

Se aprueba en lo general y en lo particular el proyecto de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

BALANCE DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO

DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

Expresan sus comentarios los diputados:

Martín Tavira Urióstegui

Adolfo Alfonso Kunz Bolaños

Demetrio Hernández Pérez

Rosa Albina Garavito Elías

Enrique Gabriel Jiménez Remus

Cesáreo Morales García

COMISIONES DE CORTESÍA

Para participar la clausura del Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV legislatura.

OFICIO DE LA GRAN COMISIÓN

Se da lectura.

Palabras de la Presidencia.

DECLARATORIA

Del término de los trabajos del Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

Sin discusión se aprueba. Se levanta la sesión.

DEBATE

PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARÍA ESTHER SCHERMAN LEAÑO

ASISTENCIA

La presidenta: -Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 395 diputados, por lo tanto hay quórum, señora Presidenta.

La Presidenta (a las 12.18 horas): - Se abre la sesión.

ORDEN DEL DÍA

La Presidenta: - Suplico a la Secretaría dé lectura al orden del día.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez:

"Primer Período de Sesiones Extraordinarias.- Primer Receso.- Primer Año.- LV Legislatura.

Orden del día 23 de febrero de 1992.

Lectura del acta de la sesión anterior.

Dictamen a discusión

De las comisiones unidas de Justicia y de Reforma Agraria, con Proyecto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios."

ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

La presidenta: En virtud de que se entregaron copias de acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señora Presidenta.

«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente el Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia del diputado Ricardo Valero Recio Becerra

En la cuidad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con treinta y dos minutos del día veintiuno de febrero del mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos ochenta y siete diputados, el Presidente declara abierta la sesión.

El mismo Presidente hace una explicación de la forma en la que se desarrollarán los trabajos y la asamblea dispensa la lectura al acta de la sesión anterior y, posteriormente, la aprueba en sus términos en votación económica.

El Presidente da lectura al acuerdo parlamentario que norma los trabajos de esta sesión y la Secretaría da lectura a los artículos del dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de Ley Agraria, que fueron reservados para su discusión en lo particular.

Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal de los artículos no impugnados, misma que resulta aprobatoria por trescientos sesenta y un votos, por lo que el Presidente hace la declaración respectiva.

Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Manuel Terrazas Guerrero, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien a nombre de su grupo parlamentario hace una declaratoria.

A discusión el Título Primero del proyecto de Ley Agraria, hacen uso de la palabra los diputados Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Nabor Ojeda Delgado, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular socialista, en contra y, Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Continúan en el uso de la palabra los diputados Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de

la Revolución Mexicana, quien propone reformas al artículo primero y la adición de un artículo tercero bis; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para proponer reformas a los artículos primero, segundo y tercero; Luis Beauregard Rivas, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Carlos González Durán, del Partido de la Revolución Democrática, para contestar alusiones personales; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista, para proponer reformas al artículo segundo y, Fidel Herrera Beltrán, del Partido Revolucionario Institucional, para solicitar que se desechen las proposiciones.

La Secretaría da lectura a cada una de las proposiciones y la asamblea en sendas votaciones económicas, las desecha.

Se recoge la votación nominal del Título Primero de la Ley Agraria, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y siete votos, por lo que el Presidente hace la declaratoria respectiva.

A discusión el Título Segundo, hace uso de la palabra los diputados Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Tomás Yarrington Ruvalcaba, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Jorge Tovar Montañez, del Partido Popular Socialista, en contra; Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional para proponer una reforma al artículo quinto; Blanca Esponda Espinosa, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; José Antonio Aguilar Bodegas, del Partido Revolucionario Institucional, para proponer una reforma al artículo sexto; Lidya Madero García, del Partido Acción Nacional, en contra; Manuel Garza González, del Partido Revolucionario Institucional, en pro; Miguel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposiciones respecto de los artículos quinto, sexto, séptimo y octavo, así como la adición de un artículo octavo bis y Enrique Sada Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

A las quince horas con cuarenta y siete minutos, el Presidente declara un

Receso

A las diecisiete horas con treinta y un minutos se reanuda la sesión y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Manuel Muñoz Rocha, del Partido Revolucionario Institucional, en pro y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta reformas a los artículos cuarto, quinto, sexto y séptimo del proyecto de Ley Agraria.

Por instrucciones de la Presidencia se ponen a consideración de la asamblea las proposiciones, mismas que en sendas votaciones económicas se desechan, con excepción de la del diputado José Antonio Aguilar Bodegas, que se acepta.

La asamblea considera suficientemente discutido el Título Segundo de la Ley Agraria y la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y nueve votos y el presidente hace la declaratoria respectiva.

A discusión el Título Tercero, Capítulo Primero de la Ley Agraria, presentan reformas, adiciones o derogaciones, los diputados Cuitláhuac Vázquez Hidalgo, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos decimotercero y decimoquinto; Javier Colorado Pulido, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática, al artículo decimoprimero; Teódulo Martínez Vergara, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo decimoquinto; José Luis del Valle Adame, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo decimotercero y Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular socialista, a los artículos noveno, decimoséptimo, decimonono, vigesimo, vigesimosegundo, vigesimotercero, vigesimoquinto, vigesimosexto, vigesimoséptimo, vigesimooctavo, vigesimonono, trigesimoséptimo y cuadragesimo.

Continúan debatiendo o presentando proposiciones, los diputados Mario del Valle Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo once; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Patricia Ruiz Anchondo, del mismo Partido, a los artículos decimosegundo, decimoséptimo, decimoctavo, septuagesimo, septuagesimoprimero y septuagesimosegundo; Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al artículo vigesimotercero; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos vigesimotercero, vigesimoséptimo y vigesimooctavo; Juan Huesca Pérez, del Partido Acción Nacional, al artículo decimoquinto y José Guadarrama Márquez, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo decimoséptimo.

Continúa haciendo diversas proposiciones los diputados Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos decimoprimero, decimotercero, decimocuarto, decimosexto, decimonono, vigesimo, vigesimoprimero,

vigesimosegundo, vigesimotercero, vigesimocuarto, vigesimoquinto, vigesimosexto, vigesimoséptimo, vigesimooctavo, vigesimonono, trigesimo, trigesimoprimero, trigesimosegundo, trigesimotercero, trigesimocuarto, trigesimoquinto, trigesimosexto, trigesimoséptimo, trigesimooctavo, trigesimonono, cudragesimo, cuadragesimoprimero; cuadragesimosegundo; cuadragesimotercero; Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a los artículos vigesimosexto, vigesimoséptimo y trigesimo; Ernesto Croda Rodríguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos decimocuarto, octagesimonono y centésimoprimero.

Para presentar reformas y adiciones a la Ley Agraria, el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Arturo Fuentes Benavides, del Partido Acción Nacional, respecto del artículo decimoséptimo; Luis Suárez Anona, del mismo Partido, al artículo decimooctavo; Odilón Cantún Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo vigesimosegundo;

Presidencia de la diputada Cecilia Soto González

Cristina Hermosillo Ramírez, del Partido Acción Nacional, al artículo vigesimotercero; Joel Guerrero Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo vigesimotercero; Pedro Macías Lara, del Partido Acción Nacional, al artículo vigesimoquinto; Javier Cital Camacho, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo vigesimoquinto; Pablo Emilio Madero Belden, del Partido Acción Nacional, a los artículos vigesimosexto y vigesimoséptimo; Luis Rejón Peraza, del Partido Acción Nacional, al artículo vigesimooctavo; Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos vigesimosexto y trigesimotercero y Ascensión Orihuela Bárcenas, al artículo cuadragesimosegundo.

Presidencia del diputado Ricardo Valero Recio Becerra

Continúan debatiendo los diputados Quinardo Meléndez Montijo, del Partido Acción Nacional, quien presenta reformas al artículo trigesimo; Alvaro Salazar, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y para presentar adiciones, derogaciones o reformas, los diputados Tomás González de Luna, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo trigesimo primero; Joel Guerrero Juárez, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo vigesimotercero; Eduardo Torres Campos, del Partido Acción Nacional, al artículo trigesimosexto; Luisa Alvarez Cervantes, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos trigesimooctavo, cuadragesimo, cuadragesimosexto y cuadragesimoprimero; Tomás Correa Ayala, del mismo Partido, a los artículos cuadragesimoprimero y quincuagesimoséptimo; Napoleón Gallardo Ledezma, del Partido Acción Nacional, a los artículos trigesimoprimero y sexagesimooctavo y Jesús Molina Lozano, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen.

A discusión el Capítulo Segundo del Título Tercero de la Ley Agraria, hacen uso de la palabra los diputados Demetrio Santiago Torres, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien presenta reformas a los artículos cuadragesimoquinto, septuagesimo y septuagesimosegundo; Luisa Urecha Beltrán, del Partido Acción Nacional, al artículo cuadragesimosexto; Martín Santos Gómez, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo quincuagesimosexto; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática, en contra del dictamen; Manuel Rivera del Campo, del Partido Acción Nacional, al artículo quincuagesimoséptimo; Oscar Garzón Gárate, del Partido Revolucionario Institucional, en pro del dictamen; Francisco Salazar Saenz, del Partido Acción Nacional, al artículo sexagesimoquinto; Salvador López Sánchez, del Partido Acción Nacional, al artículo cuadragesimoséptimo; Romeo Flores Leal, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a los artículos cuadragesimosquinto, cuadragesimonono y sexagesimoprimero.

Para continuar con el debate, el Presidente concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista, quien presenta reformas a los artículos cuadragesimoquinto, cuadragesimoséptimo, quincuagesimosexto, sexagesimo, sexagesimocuarto, sexagesimooctavo y septuagesimoquinto.

Suben a la tribuna, para rectificar hechos, los diputados César Augusto Santiago Ramírez, del Partido Revolucionario Institucional; Guillermo Pacheco Pulido, del Partido Revolucionario Institucional; Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Miguel Ángel Yunes Linares, del Partido Revolucionario Institucional y Heli Herrera Hernández, del Partido Popular socialista.

El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien presenta reformas al artículo setenta y cinco y contesta a una interpelación del diputado Miguel Ángel Yunes Linares, quien a su vez accede a la tribuna para contestar alusiones personales e interpelaciones de los diputados Vásquez López y Tavira Urióstegui.

Continúan en el debate los diputados Juan de Dios Castro Lozano, en los términos el artículo cien del Reglamento para el Gobierno Interior del congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y contesta a una interpelación del diputado Yunes Linares; César Augusto Santiago Ramírez del Partido Revolucionario Institucional, también en los términos del artículo cien reglamentario; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, quien deja una carpeta que, según su dicho, contiene reformas y adiciones al dictamen a discusión; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática para rectificar hechos; Manuel Terrazas Guerrero, para presentar reformas al artículo septuagesimoquinto a nombre del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Pedro Ojeda Paullada, del Partido Revolucionario Institucional, quien a su vez presenta reformas al artículo septuagesimoquinto. A las tres horas con siete minutos del día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y dos, el presidente declara un Receso

Y cita para continuar la sesión hoy mismo a las once horas.

A las doce horas con treinta y dos minutos del día veintidós de febrero de mil novecientos noventa y dos, se reanuda la sesión.

Presidencia diputado Francisco Hernández Juárez

Se somete a discusión el Capítulo Tercero del Título Tercero del dictamen de la Ley Agraria y hacen uso de la palabra los diputados Jorge Tovar Montañez, quien hace proposiciones respecto de los artículos setenta y nueve, ochenta, ochenta y uno, ochenta y seis, noventa y uno, noventa y siete y cien, a nombre del Partido Popular Socialista y para rectificar hechos los diputados José Guadalupe Enríquez Magaña, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista y Javier Barrios González, del Partido Revolucionario Institucional.

A discusión el Capítulo Cuarto del Título Tercero del mismo dictamen, hacen uso de la palabra, para presentar diversas propuestas, los Diputados Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, respecto del artículo noventa y uno; Othón Salazar Ramírez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos noventa y siete y noventa y ocho; Ana Teresa Aranda Orozco, del Partido Acción Nacional, a los artículos noventa y uno y noventa y cuatro; José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, al artículo noventa y dos; Rogelio Appel Chacón, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

A discusión el Capítulo Quinto del Título Tercero de proyectos de Ley Agraria, hacen uso de la palabra los diputados César Jáuregui Robles, del Partido Acción Nacional, quien presenta modificaciones a los artículos ciento tres y cinco treinta y siete;

Presidencia del diputado Víctor Orduña Muñoz

Juan José castro Justo, del Partido Revolucionario Institucional, a los artículos cien, ciento uno y ciento tres; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, la adición de Capítulo Sexto; Guillermo Sánchez Nava, del Partido de la Revolución Democratica, a los artículos ochenta y siete, noventa y uno y Alejandro Encinas Rodríguez, para proponer a nombre del Partido de la Revolución Democrática, adiciones a los artículos ochenta y siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve.

En votación económica, la asamblea autoriza a que en el caso de los diputados que presentaron dos o más proposiciones , se voten todas en un solo acto, excepto cuando a solicitud de algún diputado, se separen artículo para ser votados individualmente,

En sendas votaciones económicas se desechan las proposiciones, excepto las presentadas por los diputados: Mario del Valle, al artículo once; Juan Huesca Pérez, al artículo quince; José Guadarrama Márquez, al artículo diecisiete; Luis Suárez Ancona, al artículo dieciocho; Pedro Macias de Lara, al artículo veinticinco; Javier Cital Camacho, al artículo veinticinco; Ascensión Orihuela Bárcenas, al artículo cuarenta y dos; Quinardo Melendez Montijo, al artículo treinta; Joel Guerrero Juárez, al artículo veintitrés; Luisa Alvarez Cervantes, al artículo treinta y ocho; Napoleón Gallardo Ledezma, al artículo treinta y uno; Demetrio Santiago Torres, al artículo

cuarenta y cinco; Luisa Urrea Beltrán, al artículo cuarenta y seis; Martín Santos Gómez, al artículo cincuenta y seis; Manuel Huezo Pelayo, a los artículos cuarenta y siete, ochenta y uno y noventa y cuatro; Juan José Castro Justo, a los artículos cien, ciento uno y ciento tres; Alejandro Encinas Rodríguez, a los artículos ochenta y siete, ochenta y ocho y ochenta y nueve; Manuel Terrazas Guerrero, al artículo setenta y cinco; Pedro Ojeda Paullada , al mismo artículo y Demetrio Hernández Pérez, al artículo noventa y uno

Durante las votaciones económicas que se refieren a las proposiciones de los diputados, se presentaron diversas aclaraciones que se publican íntegras en el Diario de Debates.

Suficientemente discutido el Título Tercero de la Ley Arriaga, la Secretaría recoge la votación nominal respectiva, misma que resulta aprobatoria por trescientos cuarenta y cinco votos.

Presidencia de la diputada Cecilia Soto González

A discusión el Título Cuarto, hacen usos de la palabra los diputados: Jorge Oceguera Galván, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, quien presenta una proposición de reforma al artículo ciento seis; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento siete, Rigoberto Arriaga Rivera, al artículo ciento cinco y proponer un artículo ciento siete bis.

Presidencia del diputado Victor Orduña Muñoz

Para rectificar hechos hacen uso de la palabra los diputados Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional y Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática y, para presentar proposiciones, los diputados Francisco Salinas Aguilar, del Partido Acción Nacional, al artículo ciento ocho; Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento cinco; Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, para rectificar hechos y, en el mismo sentido, Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, del Partido Revolucionario Institucional.

Por instrucciones de la Presidencia se someten a consideración de la asamblea las proposiciones y la asamblea aprueba las de los diputados Víctor Gandarilla Carrasco, al artículo ciento cinco y Jorge Oceguera Galván, al artículo ciento seis.

Suficientemente discutido el Título Cuarto, se reserva para su votación nominal en conjunto.

A discusión el Título Quinto, hacen proposiciones o razonan su voto los diputados Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos ciento quince y ciento veintiuno, Miguel Ángel León Corrales, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento catorce y ciento diecisiete; Jorge Sánchez Muñoz, del Partido Acción Nacional, al Artículo ciento doce; Alejandro Luévano Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículo ciento doce, ciento quince y ciento diecinueve y Arturo de la Garza González, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento veintisiete.

Por instrucciones de la Presidencia se someten a consideración de la asamblea las proposiciones, mismas que en sendas votaciones económicas se desechan, excepto las del diputado Arturo de la Garza González al artículo ciento veintisiete.

Suficientemente discutido el Título Quinto, se reserva para su votación nominal en conjunto.

A discusión el Título Sexto, hacen uso de la palabra los diputados Héctor Morquecho Rivera, del Partido Popular Socialista, quien hace una propuesta respecto de los artículos ciento veintitrés y ciento veintisiete; Tomás Correa Ayala, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, a los artículos ciento veintiséis y ciento veintinueve y presenta nuevamente una al artículo ciento veintisiete que fue presentada extemporaneamente por el diputado Tomás González de la Luna, de su mismo Partido; Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento veintitrés, ciento veintisiete, ciento veintiséis y ciento veinticuatro; Cecilia Soto González, al artículo ciento veintisiete, Rosa Albina Garavito, del Partido de la Revolución Democrática. para rectificar hechos y en el mismo sentido el diputado Martín Tavira Urióstegui del Partido Popular Socialista e Irma Piñeiro, del Partido Revolucionario Institucional, al artículo ciento veintidós.

Se someten a la consideración de la asamblea las proposiciones y se aceptan las de los diputados Juan Alfonso Serrano González al artículo ciento veintisiete e Irma Piñeiro al artículo ciento veintidós. Discusión del Título Séptimo, hacen uso de la palabra, para proponer modificaciones, razonar el voto o rectificar hechos, los diputados Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos ciento treinta y dos, ciento treinta y siete, ciento treinta y ocho, ciento treinta y nueve, ciento cuarenta y ciento cuarenta y tres; Jorge Zermeño Infante,

del Partido acción Nacional, al artículo ciento treinta y tres; Francisco Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a los artículos ciento treinta y siete y ciento treinta y ocho; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra; Miguel Martínez Mireles, del Partido Acción Nacional, al artículo ciento cuarenta; Samuel Fernández Ávila, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Por instrucciones de la Presidencia se someten a consideración de la asamblea las proposiciones y se acepta la del diputado Jorge Zermeño Infante al artículo ciento treinta y tres.

Suficientemente discutido el Título Séptimo, se reserva para su votación nominal en conjunto.

A discusión el Título Octavo y no habiendo quien haga uso de la palabra, se considera suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

A discusión el Título Noveno, hace uso de la palabra el diputado Rigoberto Arriaga Ruiz, del Partido Popular Socialista, quien propone modificaciones al artículo ciento cincuenta y nueve.

La asamblea rechaza la proposición en votación económica y considera suficientemente discutido el Título Noveno, mismo que se reserva para su votación nominal en conjunto.

A discusión el Título Decimo, hacen proposiciones los diputados Cuauhtémoc López Sánchez, del Partido Revolucionario Institucional, a los artículos ciento sesenta y dos, ciento sesenta y tres, ciento sesenta y siete, ciento sesenta y ocho, ciento noventa y uno y ciento noventa y ocho y Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, al artículo ciento sesenta y nueve.

En votación económica la asamblea acepta las proposiciones del diputado Cuauhtémoc López Sánchez y rechaza las demás.

Se considera que el Título Decimo está suficientemente discutido y se reserva para su votación nominal en conjunto.

A discusión los artículos transitorios, hacen uso de la palabra los diputados Fernando Ordorica Pérez, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace proposiciones sobre los artículos segundo, tercero, cuarto y séptimo; Enrique Rico Arzate, del Partido de la Revolución Democrática, a los artículos tercero, cuarto y octavo; Luis González Pintor, del Partido Acción Nacional, la adición de un artículo noveno y Enrique Rico Arzate, de Partido de la Revolución Democrática, al artículo segundo.

La asamblea considera suficientemente discutidos los artículos transitorios, acepta las proposiciones del diputado Fernando Ordorica en lo que se refiere a los artículos segundo, tercero, cuarto y séptimo y, por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría recoge la votación nominal en conjunto de estos artículos y de los anteriormente reservados, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y nueve votos.

El Presidente hace la declaratoria correspondiente y la Ley Agraria pasa al Senado para sus efectos constitucionales.

Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintitrés horas con catorce minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, domingo veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos a las diez horas con treinta minutos."

La Presidenta: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: -Está a consideración el acta. Si hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma...

Se consulta a la asamblea, en votación económica, si se aprueba.

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...

Aprobada el acta, señora Presidenta.

DICTAMEN DE SEGUNDA LECTURA

* LEY ORGÁNICA DE LOS TRIBUNALES AGRARIOS

La presidenta: -El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura al dictamen relativo

* Este dictamen fue publicado en el Diario No. 3 del día 17 de febrero de 1992.

al proyecto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. En atención a que este dictamen ha sido impreso y distribuido entre los diputados, se ruega a la Secretaría consulte a la Asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: -Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen.

Es de segunda lectura, señora Presidenta.

La Presidenta: - Consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que la discusión en lo general y en lo particular, se realice en un solo acto.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: -Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se autoriza, señora Presidenta.

La Presidenta: - Se abre el registro de oradores.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez - Señora presidenta, se recibió en esta Secretaría un oficio de la Gran Comisión. solicito su autorización para leerlo.

La Presidenta - Si me permite atender al diputado que ha pedido hacer uso de la palabra. Dígame.

El diputado Jaime Ignacio Muñoz Domínguez (desde su curul): - Señora Presidenta, a nombre de la Comisión de Justicia y con base en el artículo 108 del Reglamento, solicito atentamente que pase el compañero diputado Fernando Gómez Mont, a fundamentar el dictamen de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, el proyecto de la ley.

La presidenta: -Para fundamentar el dictamen de la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios, tiene la palabra el diputado Fernando Gómez Mont.

El diputado Fernando Francisco Gómez Mont. Urueta: Con su venia; señoras y señores diputados:

A raíz de que la Cámara de Senadores, como Cámara de Origen, recibió la iniciativa del Ejecutivo Federal para reglamentar lo dispuesto por la fracción XIX del artículo 27 constitucional, tal y como fue reformado por el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales en su calidad de Constituyente Permanente, fuimos citados por dicha cámara en acuerdo, para realizar conferencias a fin de examinar, proponer y analizar la iniciativa en cuestión.

A estas conferencias acudieron miembros de todos los Partidos políticos. Como producto de ellas, que se realizaron a la iniciativa del Ejecutivo, 40 modificaciones. entre las más importantes podemos mencionar a las siguientes:

Se aumentó la integración de la Sala Superior de tres a cinco miembros. Asimismo se modificó el mecanismo de designación que venía excesivamente regulado en la iniciativa y en función de ese cambio los miembros de la Sala Superior ya no tienen que designar, en caso de ausencia del Presidente de la misma, al siguiente que se estableciera en el orden de designación por el senador, sino que para fortalecer la autonomía del Tribunal, el Presidente será electo por los miembros de la sala.

Se diferencian rangos entre los magistrados supernumerarios; es decir, aquellos que suplirán xelas ausencias de los magistrados titulares, porque en la iniciativa inicialmente no venían diferenciados quienes serían supernumerarios de la sala superior y quienes de los tribunales unitarios.

Se estableció que de ser ratificados en su cargo a los seis años, los magistrados de la justicia agraria serán inamovibles.

Se organiza en forma más clara las facultades del presidente de la sala; se modificaron los requisitos para magistrado, estableciendo calidades más estrictas para quienes deben intervenir en la justicia agraria; se amplían las facultades de los órganos responsables para la justicia agraria, en dos campos importantes: para conocer de aquellas resoluciones que alteren modifiquen o declaren derechos en perjuicio de terceros y contra las omisiones en que incurra la Procuraduría Agraria, en perjuicio de ejidos y comuneros, sobre todo cuando la Procuraduría omita convocar a asambleas, o cuando la Procuraduría omite estar presente en aquellas asambleas cuya presencia es requisito de validez.

Se modificó la redacción de varios artículos, para dejar mucho más claramente asentado su sentido y, por último, se creó una diligencia ante los tribunales para aquellos asuntos pendientes, a fin de que en aquellos casos en donde no se

respetó el derecho de audiencia en el procedimiento agrario, esta omisión sea debidamente subsanada por el tribunal y la resolución contenga todos los requisitos que exige la Constitución para un acto de autoridad de esta naturaleza.

En fin, en las conferencias se realizó un trabajo serio, en la medida que las posibilidades que el tiempo lo permitió, se recibieron aportaciones de todos, y quedaron en su mayoría cabalmente expresadas en el texto que ahora les sometemos.

En razón de esto, al analizarse ya en comisión en esta Cámara, este dictamen fue aprobado por una gran mayoría de sus miembros y la Presidencia de esta comisión, previo el análisis y discusión que ustedes hagan del mismo, solicita el apoyo al mismo por considerar que es no sólo una iniciativa que organizará cabalmente a los tribunales, sino producto de un trabajo parlamentario, serio, razonable, dialéctico y que tiene como resultado un producto que entiende servirá a una justicia agraria eficaz y ágil. Muchas gracias.

La Presidenta: -Esta Presidencia informa que se han inscrito los siguientes oradores para el debate sobre la Ley Orgánica de Tribunales Agrarios: diputado Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista; diputado Gonzalo Cedillo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática; diputada Yolanda Elizondo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y diputado Alberto Rébora.

Tiene el uso de la palabra el diputado Heli Herrera Hernández.

El diputado Heli Herrera Hernández: - Con su permiso, señora diputada Presidenta; honorable asamblea:

La iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, cuyo dictamen se somete a la aprobación de esta soberanía, está vaciada de origen, toda vez que se fundamenta en la contrarreforma del artículo 27 constitucional y en la Ley Agraria correspondiente, todavía en proceso de conformación legislativa.

De ella dijimos, primero, que sienta las bases jurídicas para privatizar al ejido y acabar en poco tiempo con toda la propiedad social por dos vías: la primera, por la vía de la autorización que la asamblea le va a otorgar a los ejidatarios; la segunda, por la decisión individual al ceder sus tierras a una sociedad mercantil, mismas que pueden quedar en garantía por créditos vencidos.

Dos. Precisamos durante el debate escenificado aquí en estos últimos días, que la Ley Agraria sienta las bases para el desarrollo del neolatifundismo, principalmente el ganadero, pues ahora una pequeña propiedad de agostadero que forme una sociedad mercantil con un coeficiente de 40 hectáreas por animal, se convertiría en 500 mil hectáreas, si tomaremos en cuenta 30 hectáreas por animal, se convertía en 375 mil hectáreas y si la unidad fuera de 20 hectáreas por animal, se convertiría en un nuevo latifundio de 250 mil hectáreas y se da a estos pequeños propietarios, a estos pequeños ganaderos, con esa calidad que se le da a quien venga a asesorar la Procuraduría Agraria, tal y como lo precisan los artículos 132 y 133.

Tres, Dijimos que esta contrarreforma viene a simplificar la venta de parcelas y serán los que tengan el capital para invertir, los que adquieran desde luego las mejores tierras de riego, porque desde luego en los 24 mil ejidos pobres que hay en el país, no llegará y además ahí será el derecho civil el que tenga que regular todos los contratos de compara-venta una vez realizada esta operación y además, prevemos que ya no habrá, celebrado este acuerdo con voluntades, ningún poder que pueda posteriormente resarcirles el daño que les causa a los ejidatarios, puesto que es el único patrimonio con que cuentan ellos y sus familias.

Cuatro. Las sociedades mercantiles serán el instrumento legal para que la propiedad social sea convertida en privada y de esa manera entre al ámbito de la sociedad especulativa. Todo esto se hace también legal.

Cinco. Afirmamos que la conversión de comuneros a ejidatarios, sienta las bases para la desaparición de la comunidad indígena y esto también se legalizó.

Seis. Dijimos, en resumen, que desaparece el procedimiento agrario y se adopta la aplicación del derecho civil y mercantil. El Estado renunció a la obligación de tutelar al hombre del campo y lo lanza al ruedo mediante las sociedades mercantiles en términos de igualdad, como lo precisan las leyes civiles y mercantiles.

También es tratándose del principio de moralidad, podemos nosotros decir que con ella es cierto que se gana agilidad, pero perdemos nosotros seguridad, dado de que discutimos cómo en los

tribunales se presta todavía a manipuleo las declaraciones por parte de los que ahí trabajan.

Por el otro lado, con las denuncias por escrito, ganamos nosotros seguridad, pero perderíamos en agilidad procesal. En consecuencia, la iniciativa a debate pretende dar vida a una estructura judicial que conocerá y resolverá conflictos basada en un concepto de justicia agraria que contraviene los postulados esenciales del nuevo derecho social mexicano, cuya fuente principal es la Revolución Mexicana y su desarrollo.

En su momento, el Partido Popular Socialista expresó sus razones y su voto en contra de las modificaciones reaccionarias al artículo 27 constitucional, afirmando que todo acto emanado de ella, sería lesivo a los derechos de los campesinos, sobre todo de los comuneros y ejidatarios. Esta iniciativa de ley confirma nuestras aseveraciones, entre otros muchos razonamientos, porque el criterio que orientará a los nuevos órganos jurisdiccionales agrarios, supone a los campesinos en igualdad de condiciones frente a los capitalistas, a las sociedades mercantiles y a los demás inversionistas actuales y futuros del agro mexicano.

Esta concepción formalista parte de la ficción que considera a los hombres en el seno de la sociedad mexicana actual, en igualdad de posibilidades reales de carácter económico, político, social y cultural, por lo que resucita en el campo del derecho, el arcaico y superado concepto de que la voluntad de las partes es la suprema ley de los contratos e incluso la llamada Procuraduría Agraria, institución que se crea con la supuesta intención de defender a los campesinos y atemperar injusticias, sólo actuará en los procesos agrarios, a petición expresa, ya que será optativo por las partes, el ir asesoradas y, por lo que se refiere a su actuación de oficio, es facultativa y no obligatoria.

Asimismo, no obstante establecer que esta institución tiene facultades de servicio social y está encargada de la defensa de los derechos de los productos rurales, considera a éstos por igual, ya se trate de ejidatarios, comuneros, jornaleros o pequeños propietarios, debiendo recordar, como lo precisé hace un momento, que por pequeños propietarios, también pueden entrar aquellos que van a hacerse de hasta 500 mil hectáreas de agostadero.

Por otra parte, a contrapunto de lo afirmado en la exposición de motivos de la iniciativa de Ley Agraria, al expresar que ninguna forma de propiedad es privilegiada, tanto la Constitución General de la República, aun con las modificaciones antiagraristas, incorporadas a ella, como la legislación de la materia, todavía vigente, contienen disposiciones que privilegian, tutelan y protegen a las comunidades, a los ejidos y los derechos específicos de ejidatarios y comuneros, como se desprende de los párrafos primero, segundo y tercero, del artículo 27 constitucional y de los párrafos segundo, tercero y cuarto de la fracción II del artículo 107 de la propia Constitución General de la República.

Por todas las consideraciones anteriores, el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, por mi conducto, emitirá su voto en contra de la aprobación del dictamen relativo o la Ley Orgánica de los Tribunales, Agrarios, que nos presenta la Comisión de Justicia. Muchas gracias.

La Presidenta: -En seguida, tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Cedillo, para razonar su voto.

El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - Con su permiso, señora presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Me permiso hacer uso de la palabra para externar algunas reflexiones con motivo de las modificaciones al artículo 27 constitucional, las cuales pensamos que constituyen un parteaguas en el campo político y económico, sobre el que marchará el país.

Por ello, las decisiones que serán tomadas en esta honorable Cámara de Diputados, deberán ser debatidas y analizadas detenidamente, porque de ello depende el futuro de los intereses del pueblo de México.

México debe modernizarse. Es necesario que México sufra profundas transformaciones, que se derrumben los sistemas improductivos y el desaliento económico en que ha estado postrado el campo de México. Por eso rechazamos total y definitivamente aquellas posiciones que pretenden preservar las formas precarias y paupérrimas a las que ha estado sujeta la economía nacional.

No es posible seguir sosteniendo la economía de autoconsumo de los campesinos. Tenemos que impulsar las nuevas formas en que debe de producir el campo; impulsar la tecnificación a gran escala, impulsando las formas de organización colectiva para la producción que fortalezca la defensa y la soberanía nacional.

Sabemos que exigen riesgos, que la incursión del capital extranjero de ninguna manera pretende desarrollar nuestra economía nacional.

Ante esta eventualidad, ponemos a nuestra Constitución Política, el arma que nos servirá para la defensa y el control del capital extranjero.

Compañeros diputados: nuestro Partido ha apoyado condicionalmente las iniciativas de reforma al artículo 27 constitucional y a su ley reglamentaria. Para dar justicia a quienes tienen el derecho al uso y usufructo de la tierra, en igual forma lo hará en el caso de los tribunales agrarios.

Ante la actual situación que se vive en el campo, es urgente que se aplique una verdadera política agraria que termine con la marginación del campesino mexicano y evitar que se siga manejando con fines políticos, que los funcionarios y dirigentes comprendan que el medio rural no es una plataforma para obtener beneficios personales o posiciones políticas.

Las autoridades agrarias deben hacer a un lado la demagogia, resolver el problema del agro sin grandes derramas de dinero o en el establecimiento de ostentosas oficinas, exceso de personal en muchas de las ocasiones sin experiencia y capacidad; programas irrealizables sin estudiar y analizar cuidadosamente las soluciones alternativas que se le puedan dar, actuando con honestidad y dinamismo, con capacidad de raciocinio, pugnando porque ya no se originen condiciones de bajos ingresos en el sector agrario.

Por otro lado, es necesario desenmascarar a los falsos redentores que en lugar de apoyar y orientar a los campesinos, los confunden y los engañan.

Antes de expresar nuestro punto de vista, queremos referirnos a algunos antecedentes más notables de la actual iniciativa de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

En la constitución de 1957, Juan Sarabia propuso adicionar y reformar a los artículos 13, 27 y 72, los cuales contenían la inquietud de establecer tribunales federales de equidad para decidir en breve mediante el decreto correspondiente las indemnizaciones a costa de erario público y a favor de terceros de buena fe, cuando demostraban el despojo que hubiesen sufrido los pueblos y grupos indígenas o pequeños propietarios.

El Plan de San Luis, expedido por Francisco I Madero, señalaba que el abuso de la leyes de los terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios habían sido despojados por acuerdo de la Secretaría de Fomento o por fallas de los tribunales de la República, por lo que consideraba de justicia restituir a los antiguos poseedores los terrenos que les despojó de un modo arbitrario.

Al mismo tiempo se declaraban sujetos a revisión tales disposiciones y fallas, a efecto de restituir a sus primitivos propietarios a quienes pagasen también una indemnización por perjuicios sufridos.

El plan de Ayala, del general Emiliano Zapata, señalaba el establecimiento de tribunales especiales que al triunfo de la Revolución deberían de resolver las controversias en la disputa de la posición de la tierra.

Con base en el contexto general socioeconómico, en el que tienen lugar las reformas y de los antecedentes particulares que dan origen a la iniciativa de Ley Orgánica que nos ocupa, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hizo llegar una propuesta para establecer los Tribunales Agrarios al pasado 7 de los corrientes a la Comisión Plural de Reforma Agraria y Agricultura, cuya función primordial sería la de resolver el gran rezago agrario ocasionado por la ausencia de planeación en la impartición de la justicia.

En esa oportunidad sostuvimos que el rezago agrario había sido producto de tardanza e irregularidades del procedimiento agrario y de la ausencia de órganos jurisdiccionales.

Con la iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, al Partido Autentico de la Revolución Mexicana, estima que muchas de sus propuestas han sido consideradas e incorporadas en la iniciativa que nos ocupa.

Conforme a lo anterior, en esta oportunidad nos permitimos puntualizar opinión general sobre la iniciativa.

Con la constitución de los tribunales agrarios a nivel federal, dotados de autonomía plena y jurisdicción para la administración de la justicia, los campesinos dispondrán de instrumentos legales que concilien sus demandas de libertad y de justicia.

Es recogida la demanda permanente del campo mexicano de garantizar la seguridad jurídica y establecer mecanismos y reglas claras para la solución de las controversias en materia agraria.

Los tribunales agrarios asumirán funciones jurisdiccionales que simplifiquen los procedimientos, para hacer el juicio más expedito y sencillo y sientan las bases para su aplicación, al igual que

normas que se garanticen la honradez de quienes los integren.

La iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios otorgan a la recién aprobada Ley Agraria reglamentaria del artículo 27 constitucional, formas procesales más definidas que produzcan resultados satisfactorios. Asimismo consideramos que los requisitos que deben de reunir los magistrados, son con los de contar con una experiencia probada en la materia de derecho agrario , vocación de servicio, probidad que garantice la equidad en la impartición de la justicia.

Desde nuestro punto de vista, la creación de los tribunales agrarios constituyen el más caro anhelo de los próceres Revolucionarios y de la expresión de los principios esenciales de justicia social, contenidos en nuestra Carta Magna.

Compañeros diputados: El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana votará en favor en lo general de esta iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, conforme ha quedado establecida en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se reserva para hacer la propuesta necesaria en lo particular. Muchas gracias.

La Presidenta: -Tiene el uso de la palabra el diputado José de Jesús Berrospe, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para hablar en pro del dictamen.

El diputado José de Jesús Berrospe Díaz:- Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Me corresponde fijar la posición de nuestro Partido en relación con esta iniciativa de la creación de los tribunales agrarios.

Creemos que uno de los objetivo principales de la reforma al artículo 27 constitucional fue promover justicia y libertad, proporcionar certidumbre jurídica, así como también proporcionar los instrumentos para liquidar justicia expedita, creando las condiciones para promover una sostenida capitalización de los procesos productivos que propicia el establecimiento de formas asociativas que contribuyan a fortalecer y proteger al ejido y a la comunidad de México.

El campo mexicano exige una nueva actitud y una nueva mentalidad. Reclama una impartición de justicia que sea ágil y pronta. Para los campesinos es necesario contar con instrumentos legales que concilien la exigencia de libertad y justicia y exista un adecuado y eficaz sistema de administración de justicia en el campo agrario.

La actual estructura orgánica del Poder Judicial Federal no responde a estas necesidades y exigencias de los pobladores del campo, pues actualmente funciona en el país 103 juzgados de distrito, los cuales, aun estando distribuidos equitativamente por todo el país, no apoyan a los campesinos en sus controversias y problemática, pues sólo tres de estos 103 conocen la forma específica, la problemática agraria, y a esa estructura deja mucho qué desear, en cuanto a la administración de justicia para el sector agrario.

Nuestra fracción, consiente de esa problemática, recibe su beneplácito la iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, porque creemos que, como en la misma iniciativa se manifiesta, tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica en el campo y establecer mecanismos y reglas claras para la solución de controversias en la materia agraria.

Creemos que con la creación de los tribunales agrarios, los cuales tendrán autonomía para dictar sus fallos y plena jurisdicción para administrar justicia agraria en todo el territorio nacional, se dará respuesta a las demandas de los campesinos que tiene la esperanza y la necesidad de que el espíritu de la leyes de los nuevos tribunales agrarios de país, además de que busquen adecuarse a los cambios actuales, deben nutrirse de las experiencias positivas que otros instrumentos legales agrarios no han legado en la historia de nuestro país.

En nuestra fracción pensamos que es necesario crear condiciones objetivas de seguridad jurídica en el medio rural, que le permitiera a los campesinos convertirse en verdaderos factores de desarrollo económico y para ello se requería la creación de nuevas instancias que fortalezcan y que den seguridad a los productos del campo.

Somos conscientes que en la actualidad es inaplazable que los campesinos cuenten con instrumentos legales que les permitan nuevas formas de producción, de comercialización y asociación, con espacios más amplios de justicia y libertad, porque no es ya posible que se den soluciones amplias y cumplidas a las controversias en materia agraria, a través de métodos y procedimientos que en su momento fueron eficientes, pero que por los cambios actuales ya no son adecuados. Por lo tanto, la creación de los tribunales agrarios cumple con ser el esquema ágil y expedito de implantación de justicia.

Por lo antes expuesto y después de un análisis sereno, pero crítico y además positivo y, sobre todo, despojando de toda actitud personalista e interesada, la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, apoya la presente iniciativa de la ley para crear los tribunales agrarios, votando en pro de ella, ya que tenemos la convicción de que es necesario el establecimiento de un nuevo sistema de administración de justicia agraria, ya que no únicamente ampliará los niveles de confianza y seguridad jurídica, sino que además podrá propiciar no sólo el incremento de la producción agrícola, sino la explotación racional de todos y cada uno de los recursos del ejido, de las comunidades, así como de la pequeña propiedad.

Señores diputados: Esperemos que la creación de los tribunales agrarios sea por el país realmente lo que el sistema agrario se requiere para la implantación de justicia. Por eso, ratificamos nuestro voto a favor de esta iniciativa. Muchas gracias, (Aplausos.)

La Presidenta: -En seguida tiene el uso de la palabra el diputado Juan Hernández, del Partido de la Revolución Democrática, para fijar posición.

El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su permiso, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

Nuestro Partido hará presente su voto particular con relación al dictamen de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Consideramos que las consignas de los sectores agrarios del país demandan justicia en todo momento y éstas han sido claras; demandan agilidad y rapidez en la tramitación de los procedimientos del reconocimiento, dotación y restitución de tierras; demandan respeto a la conservación de las características de inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las tierras que con tantos esfuerzos y sufrimientos les han sido dotadas o restituidas; demandan compresión en cuanto al uso y manejo del derecho, ya que el tecnicismo de la ley de antemano no les puede dejar en estado de indefensión por no conocerla o entenderla.

Ayer, durante el debate de la ley reglamentaria del artículo 27, es notorio que a veces por querer sintetizar la ley que se hayan dejado de lado planteamientos que pudieran orientar el criterio del juzgador. Antes recordamos que ante la ambigüedad de criterio del propio legislador, el aplicador de la ley puede confundirse o desviar la justicia, eso ha ocurrido; ahora los tribunales que estamos analizando van a ser el instrumento de aplicación de la ley, esperemos que esos juzgadores que ahí estén presentes realmente sean electos bajo un criterio que los normativice y y que busquen la equidad en la aplicación de la misma, que no sean parciales como a veces ocurre ante nuestros propios juzgados.

Estos mismos núcleos sociales demandan la constitución de tribunales agrarios que sean imparciales, entendiendo por ello que traten igual a los iguales, y desigual a los desiguales y por último, demandan la posibilidad de perseguir en cualquier momento mediante juicio, lo que les es debido o les pertenece, si bien existe base constitucional para el establecimiento e integración de estos tribunales agrarios, vamos a puntualizar los aspectos que los caracteriza, en caso de aprobarse en sus términos el dictamen en cuestión y los compararemos con aquellas sentidas demandas para descubrir al final el verdadero objeto de su creación.

El dictamen de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que hoy nos ocupa en su discusión, no responde, creemos nosotros, a estas demandas, pues el dictamen sobre una iniciativa que llega a ser obscura en algunas partes y pudiera entenderse amañada, que establece un sistema antiautónomo de los tribunales, aunque en el texto diga lo contrario y que pudiera dar margen a la parcialidad del juzgado en perjuicio de quienes más necesitan y solicitan la impartición de justicia.

El artículo 15 de este dictamen establece: "los magistrados que integrarán los tribunales agrarios serán designados por las Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en los recesos de ésta, a propuesta del Presidente de la República; sin embargo, no proporciona ninguna base cómo se va a dar la designación y tal pareciese que deja un hueco para que el Ejecutivo designe o proponga a una persona para plaza vacante; no hay un criterio de selectividad; pudiera decir que por cada plaza vacante debería haber tres propuestos, para que cuando menos el Senado pueda escoger uno de tres, uno de una terna. Aquí el Ejecutivo al designar a una persona por plaza es el que está haciendo trascender de su criterio, no hay libertad de elección. Esa forma discrecional de proposición y designación nosotros la vemos anticuada y antidemocrática, pues queda envuelta en una acción de favoritismo y que en ningún momento garantiza la autonomía de los tribunales y la imparcialidad del juzgador.

Esta tesis se robustece al analizar el artículo 28 del dictamen, pues en él se desconoce

expresamente la figura procesal de la recusación que se presenta en contra del juzgador, cuando éste tenga o pueda tener algún interés directo o indirecto en el juicio. La recusación es un derecho elemental con que el debe contar todo sujeto que se someta a la jurisdicción de un tribunal para garantizar su imparcialidad y este dictamen lo proscribe.

En el dictamen se pretende suplantar esta figura de la recusación con la queja en caso de que el juzgador, a sabiendas del interés que persiga en el juicio, no sería excusado por sí mismo de su conocimiento; sin embargo la queja no salva de ninguna manera esta parcialidad, pues sólo tiene defecto de imponer una sanción mínima al juzgador y no una solución de fondo al problema de parcialidad.

Es cierto que en el acuerdo que se llegó a presentar ayer de manera conjunta por el Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, sobre modificaciones con relación a la suplencia de la queja y a la confesión ficta, son un avance, pero son eso, un avance; no quiere decir que sea la solución final única y acabada.

Esto da cierta confiabilidad en el proceso instaurado en los tribunales agrarios. Pero que quede así y que se entienda así. La solución es un aspecto particular no resuelve el problema de fondo ni de generis y queda sobre nosotros haber dejado pasar una ley con vallas, con irregularidades y no discutida en toda plenitud y con toda cabalidad y que lamentablemente, algunas personas actuando por disciplina, no expresan ni hacen sentir lo que realmente desearan.

La moralidad que caracteriza al proceso agrario y el sistema libre de valorización de pruebas, así como las sentencias que en conciencia, hay que averiguar esta conciencia se dicta por los tribunales agrarios, no pueden concebirse ni aceptarse bajo los supuesto de la parcialidad e inexcusabilidad del juzgador, ni en una situación de desventaja de los campesinos frente al caciquismo que existe y que en la ley no enmarca elementos para su desaparición; da posibilidades, pero ellos están presentes.

Y como ayer se decía, por decreto muchas inercias sociales no cambian; se necesitan cambios estructurales realmente y voluntad de legislar, voluntad, no es voluntad de venir a sentarse; voluntad es reflexionar, razonar, reflexionar y decidir y seguimos cayendo, tal parece, ante un muro de lamentaciones, el muro de lo que dije hace rato, disciplina aveces cerrada y aveces ante un cuerpo tecnocrático que no ve más allá de sus propios intereses.

Por debajo de la apérente prontitud y expeditez con que deben actuar los tribunales agrarios, se esconde, posiblemente, el verdadero sentido de su constitución, que no será otra que la de legalizar el despojo a los campesinos de sus tierras.

Hay una brecha abierta y ayer se debatió con claridad sobre dónde pueden penetrar la inversión extranjera, se debatió sobre la identidad del demandado y la certeza en el emplazamiento del mismo y sin embargo se aprobó. Pudiera ser la fatiga, pero los ritmos tal parece que no los podemos decidir nosotros, es la Cámara de Diputados, es nuestra Cámara, es nuestro recinto, pero los ritmos están fuera de nosotros, nadie nos marcó un plazo para acabar de aprobar una ley, pero se decidió que fuera en ocho días y aquí estamos aprobando una ley; al rato nos van a decir que cambiemos la Constitución en 12 horas y la vamos a cambiar en 12 horas. No estamos jugando con un papel, no estamos trabajando seriamente.

Estamos seguros y así lo queremos dejar, que estos tribunales, dependiendo de su funcionabilidad, dependiendo de cómo esta Cámara, la sociedad mínima, está atenta al desenvolvimiento y desarrollo de los mismos, pudiera se un avance dentro del contexto, pero la duda surge porque ellos surgieron de la reforma que se hizo al artículo 27 constitucional, al margen de un sentido social y con una celeridad increíble. Si esto no ocurriese, si no hubiese esa celeridad, si no hubiera esa expeditez que se plantea, pudiera ser todo lo contrario, llegar a convertirse en una nueva congeladora de procesos agrarios y en una desviación de justicia.

Nuestro partido entiende que los tribunales agrarios han sido una vieja demanda de la izquierda. Se ha planteado desde décadas atrás que era necesario separar la administración de justicia agraria del Poder Ejecutivo. Hoy los tribunales agrarios pasan a formar parte del Poder Judicial, hay esa separación, se han separado los poderes. Falta ver el criterio de desarrollo de los mismos.

Esto es lo que impedirá que votemos en contra de los tribunales agrarios. Nos vamos a abstener. No vamos a abstener por que todas las reformas al 27 constitucional, a la misma Ley Agraria y lo que ahorita se va a votar de los tribunales agrarios, no obedecen a un sentir, a un proceso realmente democrático que se haya seguido

desde las bases hasta la cúspide del poder. Ha sido arrancado en forma vertical del Ejecutivo y defiende a la sociedad.

Por esa razón, reitero, nuestro voto será de abstención. Nos hemos manifestado en contra de lo que se ha hecho al 27 constitucional. Nos hemos manifestado en contra de la mayoría del articulado de la Ley Agraria, en tribunales, por el paso que representa, de salir de una estela de poder a otra, nos vemos a abstener. Gracias, compañeros.

La Presidenta: -En seguida, la diputada Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.

La diputada Yolanda Elizondo Maltos: - Gracias, señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados:

La iniciativa de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios es loable, porque el efecto que trata de producir es la de contribuir a la justicia agraria, siendo esta iniciativa el instrumento efectivo de defensa que coadyuve a alcanzar la justicia que demandan los hombres del campo, tal como la misma indica.

Pero precisamente para agilizar esta aplicación de la justicia, es necesario que nos fijemos detenidamente en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. De aceptar la división de los mismos, en Tribunal Superior, formado éste por cinco magistrados y no de tres y aceptarse la creación de los magistrados supernumerarios para que se supla la ausencia de un magistrado y aceptar la creación de los tribunales unitarios, propongo para mayor claridad de esta iniciativa, dos cambios que considero necesarios:

Pues es el caso de que nos encontremos en todo este largo camino, proceso legislativo, un conjunto de normas que consideramos no sólo continuarán con los problemas tales como se encuentran, sino que éstas se agravarán, en grado superlativo, si no fijamos la atención en forma debida.

Hemos hecho reiterativamente por las diversas fracciones parlamentarias de esta asamblea, que la Ley Agraria y como consecuencia, la Ley Agraria de los Tribunales Agrarios, elementos éstos que vienen a formar parte del mecanismo jurídico para reglamentar el ya aprobado artículo 27 constitucional, esta ley, repito, que trata de la organización de los tribunales agrarios, debe ser cuidadosamente estudiada, porque de ello dependerá, de estos tribunales, la debida aplicación de la justicia, pues al compartir, inexplicablemente, la materia civil o la materia mercantil con la social, que corrresponde esta última a la agraria, dentro de las mismas leyes y podamos decir, dentro de las mismas normas que conjuntan las leyes, estaremos, señores diputados, en un diliema para la correcta aplicación de la justicia.

Parece increíble, señores diputados, pero es verdad, existen más de 38 mil expedientes de rezago a cuyo número habrán de sumarse todos los otros juicios que con motivo de esta ofrecida agilización se sumen para que se trate su problema y ciertos casos de rezago en las que están por venir, no los tratan con seriedad los tribunales, que de acuerdo con la Ley Orgánica, deben instalarse en toda la República; señores diputados, estaremos en peor situación de la que nos encontramos en materia de impartieron de justicia.

Se aceptó por mayoría el importante engrane de esta administración de justicia como la de los elementos que constituyen a formar la Procuraduría Agraria.

No debemos confiar entonces la formación de los tribunales agrarios a personas sin la capacidad necesaria para poder garantizar justicia como parte de esta ley orgánica.

Reitero lo que diferentes fracciones y compañeros de partido han mencionado acerca de la inquietud que sentimos los de mi fracción, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al ver cómo no existe el debate sobre los importantes temas que hemos tratado, no existe conciencia general en cuanto que los problemas legislativos aquí en esta tribuna mencionados, son nada menos que los trascendentales cambios que nuestra Constitución está sufriendo en diferentes artículos.

Nuestra conclusión, señores, a que el primero de noviembre del pasado año, aquí es este mismo recinto y ante esta misma bandera, juramos hacer respetar la Constitución. Me pregunto, ¿hemos cumplido y lo hemos hecho cumplir? Dejemos la respuesta para la historia y eso sí, las palabras de los que hemos tratado ser fieles en ella y no han tenido eco profundo en la asamblea por ser aparición minoritaria, tendrá mayor penetración, quedando grabadas en el Diario de los Debates, al que no podrán entrar a borrar aunque abrieron los hoy transformadores de la Carta Magna de 1917.

Propuesta que formulo a nombre de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, de modificaciones a la iniciativa:

Capitulo III

De los magistrados

Primero, en el artículo 8o., solicitamos suprimir la fracción VI que dice: "...del juicio que por características especiales así lo amerita. Esta facultad se ejercerá a criterio del tribunal, ya sea de oficio a petición fundamental del procurador agrario".

Y analizando cuáles serán las características especiales de estos juicios que meriten la revisión, no es posible, por lo tanto, dejar al arbitrio de un juez o un tribunal, el considerar si es materia o no el análisis de un caso.

Segunda propuesta: En vez de enunciar artículo 11, enunciar artículo 11-A y artículo 11-B, quedando como sigue:

Artículo 11-A. "Para ser magistrado del tribunal unitario, se debe de reunir los siguientes requisitos:

Primero, ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos,

Segundo, ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido cuando menos cinco años antes de la fecha de la designación,

Tercero, comprobar una práctica profesional en materia agraria mínima de tres años, y

Cuarto, gozar de buena reputación y no estar bajo proceso por delito intencionado que amerite pena corporal".

Artículo 11-B. "Para ser magistrado del Tribunal Superior se requerirá además de cubrir los requisitos mencionados en las fracciones I y IV del artículo anterior, tener como mínimo 35 años de edad el día de la designación y cuando menos cinco años de práctica profesional en materia agraria".

Esta es la propuesta que hace el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y paso a entregarlo a la Secretaría. Gracias.

La Presidenta: -Reciba la Secretaría las propuestas de cambio de la diputada Yolanda Elizondo para someterlas a consideración de la asamblea al término de esta discusión.

En seguida tiene la palabra el diputado Emilio Becerra, del Partido de La Revolución Democrática.

El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): -¿No se puede posponer mi turno?

La Presidenta: -Mire, me permito informarle que solamente queda el diputado Alberto Rébora, en pro del dictamen. Nos han informado que usted hablaría en contra del dictamen, por eso le estoy pidiendo que haga uso de la palabra.

El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): -Entonces, conforme al Reglamento, es un orador en pro y uno en contra; la que acaba de hablar es en contra, entonces sigue uno en pro y después yo en contra.

La Presidenta: - La diputada Yolanda hizo unas proposiciones. Le suplico, si no tiene inconveniente, haga uso de la palabra.

El diputado Emilio Becerra González: -Con su venia señora Presidenta de la Cámara de Diputados; compañeros diputados.

Espero seguir mereciendo estas muestras de simpatía tan espontáneas. El soliloquio de invierno ha terminado. Después de tantas exhortaciones al debate y llamar a un debate de altura, la fracción mayoritaria, que ha decidido imponer sus dictámenes en todas las leyes que se ha discutido en este período extraordinario, pero en especial todas aquellas que están relacionada con la materia agraria, se rehusó a debatir las propuestas.

No es posible hacer un trabajo serio, como acaba de decir acertadamente nuestro compañero Juan Hernández, cuando se acepta que se debata al mismo tiempo en lo general y en lo particular y cuando hay una propuesta para hacer modificaciones al artículo 2o. y se le contesta con una contrapropuesta del artículo 9o. y luego el siguiente orador se refiere al 18 y así sucesivamente. Por eso esto no es solamente no es debate, sino para coincidir con lo que todo sabemos, pues ya se volvió, repito, el soliloquio de invierno.

Pero además esto me recuerda un cuento de mi maestro Pastor Yáñez, éste si es cuento y tiene referencia con la manera con que aquí se ha debatido.

Decía este ilustre maestro guanajuatense que en la Edad Media había un sistema muy especial de debatir los problemas entre las órdenes monásticas, que el obispo, tenía la obligación de hacer que las partes que tuvieran un diferendo concertaran necesariamente; durara el tiempo que durara el debate no había sentencia, sino que

necesariamente tenía que haber una concertación.

Y entonces él decía que en una ocasión había una disputa por un pozo, que estaba en los límites de la Orden de los Cartujo y de la Orden de los Jesuitas. Se dice, no sé qué tan cierto sea, pero que los cartujos es gente de no mucha cultura, y que los jesuitas son gente muy culta y con gran inteligencia etcétera. Ya se imaginarán ustedes en esa condiciones cómo era el debate.

Entonces decía mi maestro que toma la palabra el representante de los jesuitas, hacen una larga exposición, citas en latín, citas históricas, antecedentes de todo tipo, documentos etcétera y pues duró como una o dos horas habiendo.

Enseguida habla el cartujo y el cartujo lo único que decía era: el pozo es nuestro, el pozo es nuestro, el pozo es nuestro. Sus dos horas que tenía de límite. Volvía a hablar el otro, daba más argumentaciones y el cartujo seguía: el pozo es nuestro, el poso es nuestro, el pozo es nuestro; por más que el obispo lo exhortara a la conciliación, no había ninguna posibilidad. El cartujo seguía: el pozo es nuestro, el pozo es nuestro, el poza es nuestro.

Después de tres días, se logró la concertación...

La Presidenta: - Le suplicamos orden a la asamblea, para que pueda el orador continuar con su exposición.

El diputado Emilio Becerra González: -Se logró la concentración cuando el jesuita dijo: "Efectivamente el pozo es de ellos". Aquí ha pasado lo mismo, el Partido Revolucionario Institucional son los cartujos.

Se niegan a debatir, tienen sus propuestas: escuchan todo tipo de contrapropuestas, todo tipo de argumentaciones; ni siquiera defienden sus propuestas y terminan votando: "El pozo es nuestro".

Sin embargo y a pesar de todos los pesares, como representantes de la nación tenemos la obligación de hacer un esfuerzo, de hacer propuestas, de buscar el debate, de darle todo el respeto que merece esta alta tribuna nacional y en esas condiciones hay algunos artículo que evidentemente son modificables, a reserva que insistan quienes lo propusieron en que el pozo es de ello, que seguramente hay razones para que haya cuando menos congruencia en las propuestas.

Me voy a referir primeramente al artículo 13. El artículo 13 dice: "El retiro de los magistrados se producirá al cumplir 75 años de edad o por padecer incapacidad física o mental para desempeñar el cargo".

Y si vemos la estructura de esta ley, para todo remite a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen la obligación de retirarse a los 70 años de edad.

Entonces, para que hubiera concordancia y congruencia, yo creo que esto no afecta el fondo, a menos que insista en quedarse con el pozo los del Partido Revolucionario Institucional, pues es que se reformara y quedara aquí que se debería de retirar al cumplir 70 años. Porque ya no veo en la exposición de motivos, ni veo ninguna justificación para que sean 75 años, aunque quizá, siempre puede uno pensar en los motivos que hay detrás de todo esto, es para dar mayor oportunidad a que la gente que ahorita es leal al sistema y que quién sabe después de 1994 qué vaya a pasar, continúe hasta que cumpla sus 75 años actuando y decidiendo conforme a las consignas del sistema. O también quizá hay otra cosa, ya se ha clericalizado tanto nuestro gobierno, que como en materia eclesiástica los obispos se tiene que retirar a los 75 años, pues quizá a ellos se deba aquí que los magistrados también se tengan que retirar a los 75 años.

Y también, continuando con la idea de nuestro compañero Juan Hernández, en el artículo 15 dice que el Presidente propondrá una lista de candidatos. De manera en que está la redacción de este artículo, no existe la seguridad plena de que los senadores puedan hacer el nombramiento según establece la Constitución de la República.

Quisiera, si se me permitiera una Constitución, para leer el documento preciso, es decir, el artículo preciso.

Es cierto que sabemos que el gobierno actual no respeta ninguna constitución, pero cuando menos la que está vigente es ésta y no ésta.

Dice el artículo 96 respecto al nombramiento de los ministros de la Corte, dice así:

"Los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte serán hechos por el Presidente de la República y sometidos a la aprobación del Senado..."

Y el artículo 27, en su fracción XIX, reformada, dice en su segundo párrafo, parte última:

"Para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores".

Fíjense en la diferencia entre un artículo y otro. En uno dice: Los nombramiento los hace el Presidente, con la aprobación de la Cámara de Senadores y, en el que se refiere a la justicia agraria dice: El Ejecutivo propone y la Cámara de Senadores designa.

En los términos que está concebido el artículo 15 dice:

"El Presidente de la República propondrá una lista de candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente deberá elegir los magistrados.

Pero después en el 16 dice que si de esa lista no alcanzan, pues se propone otra lista.

Nosotros proponemos una adición al segundo párrafo del artículo 15 para que diga:

"El presidente de la República propondrá una lista de candidatos, -y la adición es: cuyo número será de tres por cada plaza o de tres por cada vacante a cubrir-, de la cual la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente deberá elegir a los magistrados."

¿Cuál es la razón de esa propuesta? Pues que sea el Ejecutivo el que propone y necesariamente de esa lista tendrá que designarse, pues la facultad de designación sea real, porque si le propone a uno, uno para que designe uno, pues simplemente tiene uno la opción cierta de rechazarlo y esperar que le haga otra propuesta y volver a rechazar; yo creo que lo más lógico y lo de más sentido común, es que en una propuesta se incluyan tres y de esos tres la propia Cámara de Senadores decida.

Esto también tiene su fondo político. ¿Por qué? Porque aunque aquí se ha hablado de que ya se derrumbaron todos los mitos, pues sigue presente el mito del presidencialismo que nosotros estamos procurando y queremos que sea unos de los mitos que se derrumbe.

Finalmente, sería conveniente un transitorio en el que se estableciera que ni el procurador ni los subprocuradores agrario ni tampoco los magistrados del Tribunal Agrario, pueden ser personas que con anterioridad haya pertenecido al cuerpo consultivo agrario. ¿Por qué? Porque éste es el temor que nosotros tenemos. Toda la gente del cuerpo consultivo agrario y de los puesto de dirección de la Secretearía de la Reforma Agraria, son los que han causado el resago, son los que han causado todo los problemas que aquí se han debatido largamente si no hay un transitorio o un punto de acuerdo parlamentario que haga una recomendación que esa gente no pasen a integrar estos órganos de justicia social, seguramente esa misma gente estará ahí impidiendo una vez más el avance de la justicia social y de las demandas campesinas.

Espero que la aprobación de esta ley, no constituya el consummatun est y dejo a disposición de la Secretaría las diversas contrapropuestas y modificaciones que hacen mi partido, el de la Revolución Democrática, en bien de México, de los mexicanos, de lo campesinos y de la nación; por la independencia, por la dignidad, por la autonomía y por el respeto de todo lo mexicano. ¡La patria es primero...! Mucha gracias.

La Presidenta: -En seguida, el diputado Alberto Rébora, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Alberto Alejandro Rébora González: - Con su permiso señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Una de las demandas más de los campesinos mexicanos, han sido sin duda alguna la procuración de justicia en el campo. Ante esta demanda en el primer período ordinario de sesiones se presentó a la consideración de esta honorable asamblea la iniciativa de decreto que reformó el artículo 27 de la Constitución.

En dicha reforma al texto constitucional la fracción XIX prevé la creación de los tribunales agrarios con carácter autónomo y con facultades suficientes para impartir la justicia agraria, buscando con ello que prevalezca la sencillez y claridad en sus procedimientos.

Se reglamenta sobre lo esencial para acercar la justicia al campesino, imperando la celeridad y trasparencia en su procedimiento. Los campesinos demandan el cambio en el campo mexicano, atendiendo sus legítimos intereses y los de la sociedad nacional para mejorar las condiciones de vida de sus familias.

La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es la base de todos los instrumentos de fomento a las actividades del sector rural; sin ella se anulan irremediablemente los esfuerzos de desarrollo de una mejor forma de vida.

En la presente iniciativa se pretende asegurar el ejercicio de los derechos que contiene la Ley Agraria que el día de ayer se aprobó. No basta que con ella se fortalezca la libertad y autonomía de los hombres del campo, se requiere de un tribunal con eficiencia, oportunidad y proceso sencillo que asegure a esos hombre el ejercicio pleno de sus derechos, he ahí la importancia de estos tribunales agrarios. La libertad y justicia han sido las ideas que guían la reforma agraria, por ello es tan necesaria la creación de instancias que fortalezcan la seguridad para esos hombres.

Como antecedente de la administración de justicia agraria, podemos encontrar en el Plan de San Luis en 1910, que los despojados de sus tierras debían ser restituidos por fallos de los tribunales de la República. En el Plan de Ayala el 28 de noviembre de 1911 ya se reclamaba el establecimiento de tribunales especiales, a efecto de poner en práctica de forma inmediata y con sentido revolucionario las medidas agrarias que se señalaban; este pensamiento es sintetizado por Zapata y por Villa, constituyéndose así un importante antecedente del artículo 27 constitucional.

De esa época a la cual el proceso histórico nos indica que ya no es posible dar solución a las controversias en materia agraria a través de métodos, procedimientos e instancias que en su momento fueron eficientes, pero que ya no lo son; de ahí la necesidad de crear uno más ágil y expedito, que imparta justicia agraria de acuerdo a nuestra realidad social.

Este nuevo sistema de administración de justicia agraria que se propone en la presente iniciativa desemboca en un nueva estructura orgánica y funcional como son los tribunales agrarios. Estos serán el instrumento efectivo de defensa y garantía en el cumplimiento de las demandas y requerimiento de los campesinos, así como el mecanismo idóneo que brindará seguridad jurídica a las diversas formas de tenencia de la tierra que constituye la plataforma básica para la productividad y desarrollo del campo mexicano.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 27 constitucional, se crearán los tribunales agrarios con autonomía y plena jurisdicción para conocer de controversias en materia agraria, resolviendo los conflictos en el campo mexicano que generan enfrentamientos y violencias entre familias y poblados. Estos tribunales sustituirán el procedimiento mixto administrativo judicial seguido hasta la fecha por uno jurisdiccional a cargo de tribunales autónomos. Se busca con esto dar seguridad plena a los productores del campo mediante la aplicación de procedimientos claros, sencillos y oportunos, accesibles a todos, congruentes a la realidad en que vivimos.

Con fundamento en el acuerdo genérico suscrito por los partidos políticos representados en las cámaras, se celebraron conferencias entre comisiones de ambas colegisladoras para poner en marcha el mecanismo de intercambio de opiniones para el análisis de las iniciativas de ley.

La Comisión de justicia de esta Cámara de Diputados, integrada pluralmente, se dio a la tarea de analizar la propuesta de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, precisando con claridad la necesidad de hacer algunas modificaciones.

Se establecieron comisiones para llevar a cabo trabajo en conferencia, conformándose un grupo de trabajo integrado por 17 senadores y 25 diputados federales, todos de diversos partidos políticos representados en el Congreso de la Unión.

Se instalaron e iniciaron los trabajos en conferencia, lo que permitió conocer los puntos de vista generales y particulares que sobre la iniciativa en cuestión formularon los diputados de los partidos Acción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana, Popular Socialista y Revolucionario Institucional; así como las opiniones de senadores, miembros de los partidos de: la Revolución Democrática y de nuestro partido, el Revolucionario Institucional.

La valiosa contribución de este grupo plural en las labores de conferencia, permitió enriquecer la propuesta del titular del Ejecutivo, llevándose a cabo modificaciones a 16 artículos del ordenamiento que se propone, así como a dos de sus artículos transitorios y la adición de un artículo más.

Este trabajo conjunto fructificó con el proyecto que hoy se somete a la consideración de esta honorable asamblea para su conocimiento, discusión y aprobación.

La Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios cuenta con ocho capítulos, donde se señalan claramente las disposiciones generales, las atribuciones del Tribunal Superior Agrario, de los magistrados, de los tribunales unitarios, de los servidores públicos del tribunal, de los impedimentos y excusas y de las responsabilidades de los funcionarios.

Los tribunales agrarios se compondrán por el Tribunal Superior Agrario y por los tribunales unitarios agrarios. El Tribunal Superior quedará integrado por cinco magistrados numerarios, con lo que se asegura que la expedición de justicia agraria será ágil y oportuna, su sede será el Distrito Federal.

Los tribunales unitarios estarán a cargo de un magistrado numerario y tendrán su sede en los distritos que para el efecto se ha dividido el territorio nacional por el Tribunal Superior Agrario, atendiendo primordialmente en el lugar de origen de las controversias.

Con la creación de los tribunales unitarios con sede en diferentes cabeceras distritales, se acercará la impartición de justicia hasta el lugar mismo del problema para facilitar su solución, tomando en cuenta el entorno rural, pero siempre bajo los principios de claridad en la atención de la controversia e imparcialidad en la sentencia.

Se prevé la existencia también de magistrados supernumerarios, uno para el Tribunal Superior y el número que se disponga en el reglamento respectivo por los tribunales unitarios, quienes serán encargados de suplir las ausencias de los magistrados.

El Tribunal Superior será competente para conocer del recurso de revisión en caso específicos, como los interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los tribunales unitarios. En los juicios por conflicto de límite de dos o más núcleos de población ejidal o comunal, o los concernientes a límites de tierras de uno o varios núcleos de población con uno o varios pequeños propietarios o sociedades, así como los conflictos de competencia entre los tribunales unitarios agrarios.

Para alcanzar la certeza jurídica en la resolución de las controversias, el Tribunal Superior establecerá precedentes obligatorios en la sustentación de tesis diversas por parte de los tribunales unitarios que permitirán formar la jurisprudencia agraria del campo mexicano.

Los magistrados serán designados por la Cámara se Senadores y en su receso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a propuesta del Presidente de la República, durando en su cargo seis años, pudiendo ser reelectos, lo que de darse se harán inamovibles, garantizándose así su plena autonomía del Poder Ejecutivo.

Los requisitos que deban satisfacer los magistrados, se encaminan a que la justicia agraria esté a cargo de personas de reconocida probidad y capacidad en materia agraria. El proyecto de ley regula los requisitos y atribuciones del Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior, de los secretarios de acuerdos de los tribunales unitarios, de los actuarios y de los peritos adscritos a los tribunales. Las relaciones laborales de los servidores públicos de base, se regirán por los dispuesto por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Finalmente, los magistrados de los tribunales agrarios y demás servidores públicos de éstos, serán responsables de las faltas que cometan en el ejercicio de sus cargos, quedando sujetos por ello a las sanciones que determine la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, de acuerdo al procedimiento que se establezca en el reglamento que expida el Tribunal Superior Agrario.

El Tribunal Superior Agrario deberá quedar constituido dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que entre en vigor la presente ley, expidiendo su reglamento interior y determinado el número y competencia territorial de los distritos en que se divida el territorio nacional para los efectos correspondientes.

Los asuntos que aún se encuentren pendientes de resolución deberán ser turnados a los tribunales unitarios para su resolución, según su competencia.

En esta tribuna se ha mencionado que la presente ley pudiera estar viciada de origen, que con ella se privatizará el ejido, creando nuevos latifundios ganaderos y la venta de parcelas.

Sobre le particular, me permito respetuosamente puntualizar que tales aseveraciones son ajenas al dictamen en comento y que se refieren a diversas disposiciones que contiene la Ley Agraria, ya aprobada por esta soberanía y particularmente en lo referido al Título Décimo que regula la impartición de justicia, no fue objetada ante esta asamblea.

La Procuraduría Agraria y la Suplencia de la Queja son instrumentos creados por la Ley Agraria en defensa de los derechos e interés de los campesinos en los conflictos en que intervengan. Por esta razón no puede decirse que están colocados en desventaja ante los intereses particulares de sociedades o asociaciones mercantiles.

Las disposiciones relativas a la impartición de justicia y sus correlativos en la ley orgánica de

los tribunales, tienen claramente por objeto cumplir con las garantías que la Constitución consagra para regular la impartición de justicia. Las formas se adecúan al perfil de quienes habrán de acudir a los tribunales que la Ley en comento establece. Estableciéndose juicios orales escritos, con el mínimo de formalidades que den seguridad al proceso con plazos perentorios que permitan una impartición de justicia pronta y expedita.

Los requisitos de establecen para quienes habrán de realizar la actividad judicial, garantizan que las facultades que se confieren al juzgador serán orientadas a dictar sentencias justas.

En cuanto a la designación de los magistrados, el artículo 15 de la ley establece claramente que el Titular del Ejecutivo propondrá una lista de candidatos, de la cual la Cámara de Senadores o, en su caso, la Comisión Permanente, deberá elegir a los magistrados.

Cuando se presente alguna situación no prevista por esta ley, se aplicará supletoriamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en lo que esté acorde con la naturaleza de los tribunales agrarios.

En cuanto a la propuesta hecha en esta tribuna por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para modificar el artículo 10, que señala la competencia del Tribunal Superior Agrario de conocer los juicios que por su características especiales lo ameriten , pensamos que no deben de modificarse, ya que ésta es una potestad de conocimiento que favorese a los campesinos desde el momento que puede actuar de oficio, sin que medie instancia de parte o en forma secundaria a petición del procurador agrario.

La creación de los tribunales agrarios, con autonomía y plena jurisdicción para la administración de la justicia agraria, permitirá, en beneficio de los campesinos, que los conflictos que surjan serán resueltos conforme a derecho por personal especializado que cuente con la sensibilidad y preparación técnico-jurídica que se requiera.

La propuesta que se somete hoy de encomendar la resolución de los conflictos agrarios a un auténtico tribunal especializado y autónomo, en lugar de autoridad administrativa sin autonomía, como ocurre en la actualidad, beneficia la libertad y seguridad jurídica de las partes involucradas, propiciando la plena vigencia del estado de derecho, sin sujeciones a eventualidades políticas.

La autonomía y plena jurisdicción que se le confiere a los tribunales agrarios, implicarán que las facultades, que hasta la fecha viene ejerciendo el cuerpo consultivo agrario, carente de autonomía frente a la propia administración, se modifiquen radicalmente, para crear auténticos tribunales de justicia agraria que independientemente de su adscripción formal, tendrán autonomía plena respecto de la administración resolviendo jurisdiccionalmente los conflictos que se les planteen.

La autonomía de estos tribunales no sólo está garantizada por la autoridad y facultades que se le confiere, por el sistema de su nombramiento, de manera similar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, sentando así las bases de la carrera judicial agraria.

En base a lo anteriormente expuesto, solicito a esta honorable asamblea apruebe en sus términos la iniciativa de Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Muchas gracias. (Aplausos.)

La Presidenta: -En virtud de que se han agotado los oradores para la discusión del asunto que nos ocupa, solicito a la Secretaría dé lectura a las propuestas de la diputada Yolanda Elizondo Maltos. del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, y los ponga a consideración por separado a la asamblea.

El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: - "Artículo 8. Suprimir la fracción VI".

Se consulta a la asamblea si la propuesta presentada se acepta o se desecha.

Los diputado que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

"Artículo 11. Enunciar artículo 11-A y artículo 11-B.

Artículo 11-A. Para ser magistrado del Tribunal Unitario se debe de reunir los siguientes requisitos:

I. Ser mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos.

II. Ser licenciado en derecho con título debidamente registrado, expedido por lo menos cinco años antes de la fecha de la designación.

III. Comprobar una práctica profesional en materia agraria mínima de tres años.

IV. Gozar de buena reputación y no estar bajo proceso por delito intencional que amerite pena corporal.

Artículo 11-B. Para ser magistrado del Tribunal Superior se requiera, además de cubrir los requisitos mencionados en las fracciones I y IV del artículo anterior, tener como mínimo 35 años de edad el día de la designación y cuando menos cinco años de práctica profesional en materia agraria."

Se consulta a la asamblea si la propuesta presentada se acepta o se deshecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

La Presidenta: -Igualmente, proceda la Secretaría a poner a consideración por separado, a la asamblea, las propuestas presentadas por el diputado Emilio Becerra.

El Secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: -"Artículo 9o. Se insertan las fracciones IV, V y VI, recorriéndose en su orden las fracciones IV, V, VI, VII y VIII, para quedar como fracciones VII, VIII, XIX, X y XI y quedar como sigue:

Fracción IV. Del recurso de revisión de sentencias dictadas por los tribunales unitarios, que reservan conflictos derivados de toda clase de contratos celebrados por el núcleo de población ejidal y comunal o por ejidatarios o comuneros, en lo particular.

Fracción V. Del recurso de revisión de sentencias interlocutorias dictadas por los tribunales unitarios, que resuelve un incidente.

Fracción VI. De los impedimentos, excusas y recusaciones de los magistrados de los tribunales unitarios, así como del propio Tribunal Agrario".

Se consulta a la asamblea si la propuesta se acepta o se desecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

"Artículo 16. Se adiciona un tercer párrafo, para quedar como sigue:

Artículo 16. Tercer párrafo. Se concede acción popular para impugnar las propuestas y designación de los magistrados ante la Cámara de Senadores, en término de 60 días naturales."

Se consulta a la asamblea si la propuesta se acepta o se desecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvase manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

"Artículo 17. Se modifica.

Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente. Durarán en su cargo seis años; concluido dicho término, podrán ser rectificados para otro período similar."

Se consulta a la asamblea si la propuesta se acepta o se desecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarse... Desechada, señora Presidenta.

"Articulo 28. Los magistrados y secretarios de acuerdos podrán ser recusados si existiendo alguno de los impedimentos a los que se refiere el artículo anterior, no se hubiesen excusado para seguir conociendo del juicio; la recusación se substanciará en los términos a que se refiere el Código Federal de Procedimientos Civiles. Durante la tramitación de la excusa o recusación de los magistrados conocerán del asunto el Secretario de Acuerdos del propio Tribunal.

Se consulta a la asamblea si la propuesta se acepta o se desecha.

Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señor Presidente.

Artículo cuarto. Transitorio. Primer párrafo. En relación con los asuntos a que se refiere el primer párrafo del artículo 27, tercero transitorio del

decreto por el que se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1992, que se encuentra actualmente y en trámite pendientes de la resolución definitiva, se pondrán en estado de resolución definitiva se pondrán en un estado de resolución en un término de tres meses y se turnarán los expedientes debidamente integrados al Tribunal Superior Agrario un vez que éste entre en funciones, para a su vez...

Se consulta a la asamblea si la propuesta presentada se acepta o se desecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

Artículo 15. Segundo párrafo. Una lista de candidatos cuyo número será de tres por cada plaza vacante a cubrir de la cual...

Se consulta a la asamblea si la propuesta se acepta, o se desecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvase manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

Artículo 13 Incluir 70 años de edad.

Se consulta a la asamblea si la propuesta se acepta o se desecha.

Los diputados que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...

Los diputados que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Desechada, señora Presidenta.

La Presidenta: - Consulte a la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido.

El secretario diputado Fernando Roberto Ordorica Pérez: - Se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Suficientemente discutido, señora Presidenta.

La Presidenta: -Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal en lo general y en lo particular, en un solo acto.

(Votación.)

El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: -Señora Presidenta, se emitieron 357 votos en pro, 17 votos en contra y 16 abstenciones.

La Presidenta: -Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de ley por 357 votos. Aprobado el proyecto de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: -Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

BALANCE DE LOS TRABAJOS DEL PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIAS

La Presidenta: -Con fundamento en el punto 3o., numeral 6 del acuerdo parlamentario para regir los trabajos de este período de sesiones extraordinario, han pedido hacer uso de la palabra, a nombre de las distintas fracciones partidistas, los siguientes diputados: Martín Tavira Urióstegui, Adolfo Kunz Bolaños, Demetrio Hernández Pérez, Rosa Albina Garavito Elías, Gabriel Jiménez Remus y Cesáreo Morales García.

Tiene el uso de la palabra el diputado Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.

Permíteme un segundo, señor diputado. Rogamos a los compañeros diputados guardemos orden y silencio para poder escuchar las intervenciones de los compañeros diputados, correspondientes al balance del período de sesiones extraordinarias.

Adelante, diputado; disculpe.

El diputado Martín Tavira Urióstegui: -Señora Presidenta; señoras y señores diputados:

Al hacer este breve balance sobre los trabajos realizados en este período extraordinario de sesiones por parte de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, quizá convenga hacer algunas reflexiones sobre algunos momentos cruciales de la historia parlamentaria de México, porque si nosotros queremos ser buenos legisladores en el sentido de recoger los anhelos populares, tenemos que aprender de los lamentos mexicanos que han construido el país.

El primero el Congreso de Anáhuac. Morelos dio sus directivas, presentó los "Sentimientos de la Nación". Dijo que debía de contener la Constitución del México independiente y revolucionario. Su inquietud fundamental era que el pueblo tuviera un arma al servicio de las grandes mayorías trabajadoras, no una Constitución formal puramente política, sino una carta fundamental que hincara su esencia en los grandes problemas del pueblo, del pueblo pobre, esclavizado, explotado durante tres siglos de coloniaje.

El tenía esperanza, como se lo dijo a Quintana Roo, en la víspera del Congreso, de que ese cuerpo colegiado legislara para los débiles, para quienes la Revolución había dado tantas vidas. Aquel cuerpo trabajo en condiciones terriblemente difíciles, viajando de un lugar a otro, un cuerpo perseguido por las huestes realistas, los cronistas hablaban de aquellas condiciones desfavorables por tierras inhóspitas, de lo que todavía llamamos la tierra caliente, pequeños villorrios, Ajuchitlán, Tlalchapa, Huetamo. En los arroyos, debajo de los árboles, tenía que trabajar aquel cuerpo sin libros, sin archivos, de memoria, con las doctrinas modernas aprendidas de los grandes pensadores y de las grandes revoluciones.

Aquel cuerpo ilustre no recogió la esencia del pensamiento popular de Morelos, pero hizo una buena Constitución para su tiempo. Aun cuando aquel cuerpo no había sido fiel al pensamiento de Morelos, sin embargo, el caudillo del sur tenía tanto respeto por el Congreso que dicen los historiadores que el 22 de octubre cuando el Congreso clausuró sus sesiones, promulgó la Constitución de Apatzingán, Morelos dijo: Es el día más feliz de mi vida.

Eran las relaciones con su Congreso, o con el Congreso, de respeto absoluto. ¿Quién tenía razón? En parte tenían los constituyentes, pero había un respeto absoluto.

Cuando se reunió el consejo de 1956 y 1857 también había un caudillo, cómo no, con fuerzas populares, los "pintos" del sur, que usaban el machete como ahora todavía. Juan Alvarez hubiera podido someter, ése y muchos congresos, pero no lo hizo, renunció inclusive antes de reunir el Congreso Constituyente, dijo: "yo no necesito la política para vivir, sé manejar el arado y ganarme la vida en labores del campo" y se fue a las tierras del sur.

¿Qué pudo hacer Venustiano Carranza en el Congreso Constituyente de Querétaro con los ejércitos populares bajo su mando? Pudo haber impuesto la Constitución de 1857 con algunas breves reformas, como las que en efecto él presentó.

A pesar de todo el poder de Carranza, de toda su gran influencia, aquel ilustre cuerpo colegiado le dijo no, a Carranza y elaboró una nueva Constitución, ajena a los trasos clásicos de las cartas europeas.

Esos son los momentos trascendentales del parlamentarismo mexicano que nosotros debemos siempre tener como ejemplo para nuestro trabajo.

Ahora, después de tantos años, de defender la teoría de las división del poder, ¿cuál es la situación, hoy, por lo que respecta a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? Tenemos que hablar con franqueza, señores diputados.

La división del poder en nuestro país, en gran parte todavía es un ideal. Nuestra Cámara e concreto debiera tener la independencia de aquellos ilustres cuerpos que he mencionado, para elaborar leyes, como dijo Morelos, que moderaran la opulencia y la indigencia y se aumente el jornal del pobre, para que destierre la ignorancia, la rapiña y el hurto.

Debimos elaborar en este período y en le anterior ordinario, la Ley de la Tierra, como dijo Ponciano Arriaga, como quería el campesinado de México, pero en los plazos tan breves no fue posible trabajar y ése es el balance que tenemos que hacer de una manera franca,. una ley de 200 artículos, ¿en cuánto tiempo debemos discutirla o debimos discutirla? Nosotros, de manera soberana debimos ponernos los plazos, hablar con sencillez, como se comporta y habla nuestro pueblo , de manera fraternal entre todos, calcular en cuánto tiempo podríamos haber estudiado el articulado, los conceptos centrales del cuerpo formativo, discutir cuantas veces en comisiones, de manera profunda y venir al pleno casi convencidos de qué es lo que debíamos hacer.

Yo digo: si la sesiones plenarias pudieran ser cortas, pudieran ser cortas siempre y cuando las comisiones se dieran el tiempo suficiente para analizar, resumir, discutir, aprobar los dictámenes que se someten a sus juicios.

No ha ocurrido así; no han ocurrido así porque el otro Poder tiene urgencia de que estas leyes salgan y se apliquen.

La urgencia de nuestro pueblo no es precisamente de tener una ley por tenerla simplemente; la urgencia de nuestro pueblo, como se ha dicho tantas veces, es tener justicia social pronta y expedita, no la que dictan sólo los tribunales; justicia social pronta y expedita, emanada de nuestras grandes luchas, de nuestros grandes sacrificios, de las que nuestro Congreso debió hacerse eco, debe hacerse eco.

Por otra parte compañeras y compañeros diputados, recuerdo a usted las condiciones inhóspitas en que trabajó el Congreso de Anáhuac, pero era otra circunstancia. Aquel enorme país de cuatro millones de kilómetros cuadrados, sin caminos, con regiones aisladas. Nosotros estamos en otras condiciones, hemos integrado la nación a base de las resoluciones, hemos construido los caminos, hemos comunicado a los pueblos, nos hemos conectado con la cultura universal y con la civilización, tenemos a nuestra disposición los últimos adelantos de las técnicas de información, tenemos las estadísticas al día, pero nuestro Congreso y nuestra Cámara en particular, sigue trabajando con métodos muy atrasados y ése es parte del balance que forzosamente tenemos que hacer.

Hemos comentado con diputados de diferentes grupos parlamentarios y honestamente hemos dicho que debiéramos tener diversos apoyos técnicos. No cuesta mucho trabajo ni cuestan muchos recursos hacer ese acopio de recursos técnicos, de información expedita para que podamos hacer muestras leyes, realizar nuestras discusiones con mayor conocimiento.

Podemos tener enfrente, mañana mismo, todo, con la voluntad de todos, con la buena voluntad de todos, no para bien ni prestigio de esta Cámara, sino para el bien del pueblo y de la nación, que es lo que nos debe de interesar sobre todas las cosas.

Finalmente, otro punto del balance es el que se refiere a los debates. Hay que decir con franqueza, ésa es un trinchera en la que debatimos con las ideas, damos la batalla de las ideas, debiéramos dar la batalla de las ideas, Pero a veces sólo escaramuzas, a veces sí surgen grandes batallas, pero en muy contadas ocasiones. ¿Por qué? Porque un verdadero debate consiste en plantear las tesis y refutarlas, defender las posiciones ideológicas y políticas, contradecir las ideas ajenas. En a convivencia civilizada que hoy debemos tener, no necesitamos de términos gruesos y ofensivos, no necesitamos del insulto, porque es en deshonra del grupo parlamentario y del diputado que emplea ese recurso, y, ¿por qué no?, también en desdoro de la nación, la batalla de las ideas.

Dijo Lombardo Toledano en la XLIV Legislatura: Estamos en la convivencia pacífica de todos los grupos parlamentarios. Sí estamos dando una batalla ideológica y política se ha regado mucha sangre en México; nuestro pueblo no ha dejado de ser valeroso. Pero son otros tiempos y estos tiempos reclaman inteligencias, preparación y esfuerzo para entender los problemas de México, debatirlos aquí y proponer las mejores soluciones. Eso es lo que quiere nuestro grupo parlamentario, el del Partido Popular Socialista: la batalla de las ideas en el recinto parlamentario.

Las sesiones rutinarias de pura fórmula y de pura forma no enseñan nada ni reconocen las inquietudes populares y nuestra Cámara no se hará eco del temblor del pueblo, de las vibraciones de nuestro pueblo heroico.

Por eso nuestro grupo parlamentario, en este breve balance, invita a todos los grupos parlamentarios que cambiemos los modos, las formas de debatir; que enriquezcamos el recito parlamentario, el escenario de México y, ¿por qué no?, la historia del país.

Para rendir cuentas a las generaciones del futuro, tendremos que esforzarnos por se dignos de nuestra generación y dignos también de las generaciones pasadas. Muchas gracias.

La Presidenta: -Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la revolución Mexicana.

El diputado Adolfo Alfonso Kunz Bolaños: -Con su venia, señora Presidenta:

Quise subir a esta tribuna para hacer un balance de este período extraordinario de sesiones y debemos dividir en cuatro aspectos nuestras observaciones al respecto.

En primer lugar en cuanto a la necesidad del período de sesiones. Nosotros pensamos que resultaba urgente adecuar la legislación reglamentaria a las reformas constitucionales. Pensamos que resultaba urgente adecuar la legislación reglamentaria a las reformas. pensamos que resultaba urgente que todos los mexicanos vinculados con el campo conocieran ya las reglas que vendrían a normar sus actividades. En este sentido pensamos que hubo oportunidad en la convocatoria en cuanto a resolver este asunto.

En relación con las reformas que afectan a los trabajadores, como Seguro Social, Impuesto

Sobre la Renta Y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, no era tan dramática la necesidad de legislar, Pero aceptamos que era buena oportunidad de revolver también este tema que permite beneficiar directamente a los trabajadores mexicanos.

En lo que estuvimos de acuerdo, lo consideramos inoportuno y lo consideramos incompleto, es lo que se refiere a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta fue una reforma meramente administrativa y nosotros pensamos que esta ley amerita cambios mucho más profundos de los que se llevaron a cabo aquí en este período.

El segundo punto y aquí seré repetitivo con el diputado Martín Tavira, a nosotros también nos pareció totalmente inadecuado el procedimiento con el que se llevó a cabo el período extraordinario. La convocatoria se hizo con muy poco plazo para presentarnos aquí y en el caso concreto de mi partido, todos los diputados estaban fuera de la ciudad, hubo que llamarlos y su servidor no salió porque se enteró un día antes. Teníamos otros planes porque no sabíamos que iba a haber un período extraordinario de sesiones.

Igualmente consideramos que hubo muy poco tiempo para el análisis y la discusión de los temas aquí tratados y que por su importancia requerían de mucho más tiempo del que dispusimos para lograr un mejor trabajo.

Y por último, debemos manifestar nuestra inconformidad ante el hecho de que este Poder Legislativo en buena medida se está convirtiendo en un órgano del Poder Ejecutivo. Esto no es ninguna novedad. Diversos autores de derecho constitucional, han señalado el caso que cuando el partido en el gobierno tiene un absoluto control del Poder Legislativo, las decisiones del Ejecutivo se aprueban en forma prácticamente automáticas y viene a existir una dependencia total del Poder Legislativo en relación con el Poder Ejecutivo y esto viene a romper el principio de la división de poderes. Si de por sí en México el Poder Ejecutivo es dominante en la vida política del país, la condicionalidad del Poder Legislativo dramatiza esta situación que se acentúa también con la dependencia que existe en el Poder Judicial.

Estamos adoptando una monarquía republicana que a nadie conviene; debemos hacer un esfuerzo por romper esta estructura que condiciona tanto al Legislativo y que da poderes mucho más allá que los que la Constitución le confiere el titular del Poder Ejecutivo.

Tercer punto, en relación con las iniciativas aprobadas. Votamos en términos generales a favor y en la mayoría de ellas en lo particular tuvimos bastantes votos en contra.

En relación con las reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, consideramos que el seguro de retiro es un indudable avance, en primer lugar, por la transparencia de su administración. Precisamente el problema de los jubilados actuales, viene del hecho de la poca transparencia en la administración del Fondo de Reserva, del seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte.

Pensamos que la reforma propuesta por nosotros al artículo 271 y aprobada unánimemente en esta Cámara, en buena medida va a resolver el problema. Pero también creemos que debemos volver, tal como se convino en el acuerdo, sobre el problema de los jubilados, que es sumamente grave.

No hay nada qué decir sobre el Impuesto Sobre la Renta, es una simple reforma de carácter técnico.

Y en relación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, nosotros pensamos que hay aquí un avance notable. Pero tenemos que reflexionar sobre dos aspectos.

Consideramos que es un avance notable porque se vuelve transparente la administración del fondo. Si ustedes recuerdan, se modificaron artículos que limitaban al 1.5% los recursos que se podían utilizar para la administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se bajaron al 0.75% de los recursos totales.

Señale en su oportunidad que estos límites nunca se cumplieron, que hubo deficiencias en el cobro, en la recuperación, en el manejo de los intereses y en el manejo de los créditos y que en este momento, según cálculos de expertos, el fondo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debería de ser tres veces mayor al que actualmente tiene.

Esto nos lleva a la segunda parte y a la segunda reflexión:

No podemos hacer borrón y cuenta nueva con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Queremos saber qué pasó

con las otras dos terceras partes del fondo. Si quieren ustedes, en forma muy egoísta, llevo cotizando 20 años en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y quisiera saber si me alcanza para un par de coca colas lo que llevo ahorrado.

En relación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ya mencionamos aquí en su oportunidad que consideramos un simple trámite administrativo la reforma. Nosotros esperábamos una reforma integral de esta ley un verdadero cambio, una verdadera reorganización del gobierno federal y una verdadera descentralización de este país.

Existen muchas secretarías que deberían de ser de competencia de los gobiernos estatales, no se justifica en forma alguna la competencia federal en buena parte de las secretarías y esta descentralización hará mucho bien para afianzar la vida democrática y la vida republicana del país y también nos haría mucho bien a los habitantes de la ciudad de México, ya que permitiría controlar su crecimiento.

En la Ley Agraria pensamos que hay un avance, no podemos ignorar la realidad; sin embargo pensamos también que la decisión debería de quedar en manos de los ejidatarios y esta medida no se ha aprobado en estos términos, la propuesta aprobada permite que menos de la mitad de los ejidatarios tomen las decisiones desde la primera convocatoria, decisiones importantes, irreversibles trascendentes.

Pensamos que éste es un error y esperemos que no tengamos que lamentar.

La ley que aprobamos el día de hoy es una ley más bien de carácter técnico en la cual se incorporan las propuestas, toda vez que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana había hecho una iniciativa desde antes de que llegara la iniciativa presidencial y quiero dejar constancia que en esta ley se aprobaron más de 40 enmiendas de los diversos partidos.

Para terminar, quisiera reflexionar sobre un punto que me preocupó durante el debate. En forma subliminal se manejaron tres ideas que tengo qué rechazar enfáticamente; la primera de ellas es en el sentido de que estas reformas son perjudiciales; la segunda es relacionada con el hecho de que se violan principios que han dado orientación a la política nacional y la tercera, que estas reformas son ajenas al pueblo de México.

Se manifestaron estos tres conceptos en forma concreta y también se manejaron en forma subliminal, las personas que en el debate utilizaron estas ideas para defender sus puntos de vista en buena medida señalaban que estos tres supuestos eran ciertos y que los que estábamos en favor de las iniciativas, en términos generales me refiero, estábamos conscientes de que existían estos supuestos y los estábamos ignorando.

Yo considero que esto que se manifestó en apelaciones a la conciencia de los diputados, como si estuviéramos actuando deshonestamente, o en apelaciones al nacionalismo de los diputados, como si estuviéramos actuando en contra de los intereses del país, no debe ser utilizado en un debate político. Yo considero que aquí como lo señalaba el diputado Tavira, debe darse la batalla de las ideas, se deben utilizar argumentos y discutir con razonamientos y no apelar a conceptos emocionales.

En relación a que estas reformas son perjudiciales, nosotros no vemos esas consecuencias catastróficas que aquí se plantearon y que con toda honestidad escuchamos y no entendimos cuáles pueden ser. Sí entendemos los riesgos, sí entendemos los peligros y lo manifestamos en su oportunidad. pero no podemos ignorar la realidad, lo que está pasando en el campo, donde realmente el campesino es "un trabajador agrícola", con la característica que no tiene ninguna prestación de carácter social. ¡Esto es lo que está pasando realmente! No podemos ignorar los cambios, no podemos tener los mismos criterios que en 1910 con una tecnología primitiva y una población agrícola del 70%, en 1992, con una población agrícola de un 30%, una tecnología en desarrollo y volviendo al porcentaje de población, una excesiva población agrícola que no se ha encontrado, no se ha podido o no se ha querido absorber en otros sectores productivos.

No podemos discutir sobre consecuencias imaginarias. Tenemos que hacer un análisis racional. Por eso rechazamos que estas reformas sean perjudiciales. Diría yo, dramatizando, que no puede ser peor la situación que la que ya existe en este momento en el campo.

En cuanto a otra sugerencia de que estamos violando los principios que dieron origen a nuestro país y a todos los movimientos sociales, también tengo que rechazarlo en forma enfática: no estamos violando ningún principio cuando se modifica un artículo constitucional. La misma naturaleza programática de nuestra Constitución

la han llevado a tener innumerables, centenares de reformas. El principio no es el artículo en sí, estaríamos adoptando un criterio en el sentido de que los artículos son monumentos o un criterio de religiosidad ideológica, donde tomemos los conceptos por lo que creemos o por lo que quisiéramos que fuera y no por lo que es realmente.

En este aspecto quiero decir que respeto y no sólo respeto, admiro la convicción con la que muchos compañeros defendieron sus ideas, su ideología, sus puntos de vista, porque para eso está la Cámara de Diputados y qué bueno que haya mucha gente que piensa en forma diferente a nosotros.

Pero a todos les digo que "patriotismo y nacionalismo" no son patrimonio de un grupo. Yo presupongo que es "patriotismo de toda esta Cámara".

Y en cuanto a que nuestras ideas sean ajenas al pueblo, pues el mismo argumento se podría utilizar en el otro sentido. Quiero decirles a los compañeros que tuvimos asesoría directa de ejidatarios y nos sorprendió que muchas de las reservas que nosotros teníamos para entrar al debate, fueron superadas por la opinión de estos amigos que decidieron ayudarnos en este tema.

Yo no creo que podamos plantear un asambleísmo para modernizar al país. No quisiera yo entrar en la tesis de la representación, pero es un echo que la sociedad actual, con todos sus defectos, con todas sus limitantes y con todas sus deformaciones, con las discusiones de "burque y vaine", con todo lo que ustedes quieran, no tiene otra forma de manejarse que a través de la representación.

Por esto, compañeros, manifiesto mi rechazo en relación a estos tres conceptos que se manejaron subliminalmente.

Yo espero que la siguiente vez que nos reunamos, por un lado tengamos oportunidad, tiempo e información para hacer un análisis y una discusión completa, suficiente; y por otro lado, aquí en tribuna, no presupongamos falta de patriotismo, de nacionalismo, en los contrarios; no presupongamos consecuencias difíciles de demostrar y utilicemos la razón. Vuelvo a citar aquí al diputado Tavira: "Que se dé aquí la gran batalla de las ideas". Muchas gracias.

La Presidenta: -En el uso de la palabra el diputado Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.

El diputado Demetrio Hernández Pérez: -Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Este período extraordinario realmente ha sido extraordinario, considero, por la importancia de las leyes que aquí se han discutido para nuestro país.

Los cambios en México, durante este siglo, empezaron de manera violenta; contra la intransigencia política del gobierno afranceado de aquellos tiempos de 1910.

Posteriormente, la síntesis ideológica, política y filosófica, surgió en Querétaro con el Constituyente de 1917. Posteriormente hubo importantes cambios y adecuaciones que ha tenido nuestra Carta Magna, que en una etapa fundamental para la patria, de manera preclara mostró sus fundamentos patrióticos y nacionalistas por medio de un programa de gobierno; ¡el cardenismo! Total y absolutamente apoyado por todas las capas sociales del país, por analfabetas iletrados que en su corazón y en su conciencia vibró el espíritu nacionalista y patriótico.

Sin embargo, en los último 40 años el mundo ha tenido transformaciones sorprendentes, en lo económico, en lo tecnológico, en lo social y en lo político.

Nuestro país debe incorporarse a esos cambios. No podemos ir a la zaga de las necesidades, porque esto nos pone en una posición defensiva, retrasada filosófica, socieconómica y políticamente.

Los cambios constitucionales que ahora se dan, se dice, son consecuencia de un nuevo orden de relaciones económicas internas y externas, que obligan a buscar los mecanismos jurídicos y las instancias respectivas para la capitalización del agro mexicano, para la elevación de la calidad de vida de los trabajadores y la seguridad del mínimo sustento para los pensionados, jubilados y sobre todo para el despegue económico y social de la nación y su integración al ámbito internacional; ¡pero con dignidad y con soberanía!

De las cinco leyes aquí debatidas y aprobadas, dos destacan fundamentalmente por su importancia. Una, la Ley del Seguro Social, que estableció los fondos de retiro para los trabajadores, pero que además significa la posibilidad de un desarrollo nacionalista e independiente.

Esto lo señalamos enfáticamente como un punto de vista de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, porque consideramos que la ley, con el fondo de retiro crea mecanismos masivos de ahorro interno, además, permite que cada mexicano pueda ahorrar, que se motive a hacerlo y que al ahorrar fortalezca su economía y la economía de la nación.

El problema de crecer con recursos propios se resuelve en cierta medida, vinculando al beneficio de las familias mexicanas.

Por otro lado, la ley reglamentario consideramos que es trascendental para el futuro del país. En esta ley el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, con un gran esfuerzo propositivo, pero además consciente con los principios filosóficos que rigen nuestra organización política en favor de los trabajadores del campo y de la ciudad, propusimos varias adecuaciones y reformas a los artículos de esta ley reglamentaria, en beneficio de los mismos, con el propósito fundamental de que los campesinos, los trabajadores del agro mexicano, sean actores, sean promotores del desarrollo del país y no sean las víctimas de la capitalización del campo.

Por esto, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, concretamente en el artículo 75, defendió total y absolutamente para que fueran los campesinos los que decidan cómo y hasta dónde se involucran con las sociedades mercantiles, con segundas o terceras personas. Pero no solamente ahí, así por ejemplo, en el artículo 26 defendió que fuera la asamblea, su mayoría, la que decidiera los cambios y los beneficios dentro del núcleo ejidal, que le convienen a la mayoría de la población. Esto es congruente no solamente con los principios del partido, sino con las necesidades del país, expresadas además el 14 de noviembre por el Presidente de la República.

Nosotros consideramos que las aprobaciones a estas leyes son fundamentales, son trascendentales, las vemos con buenos ojos y creemos que en el futuro el país tendrá la capacidad para incorporarse al ámbito internacional, recalcó, con dignidad, con nacionalismo y con patriotismo. Muchas gracias (Aplausos.)

La Presidenta: -Por el Partido de la Revolución Democrática, la diputada Rosa Albina Garavito Elías.

La diputada Rosa Albina Garavito Elías: -Con su permiso, señora Presidenta: señoras y señores diputados:

A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, me voy a permitir fijar la posición de nuestro partido en el balance que hacemos de este período extraordinario.

En siete días de sesiones plenarias esta LV Legislatura ha reformado y creado leyes que cambian profundamente el funcionamiento económico, social y político de nuestro país. De nuevo estuvimos contra el reloj y la agenda que no marca los tiempos ni las prioridades del país y sí en cambio los de un gobierno presuroso por llevar la buena nueva: a sus potenciales socios comerciales.

Tanta fue la prisa, que esta Cámara tuvo que reparar el procedimiento de entrada de la minuta del Proyecto de Decreto que Reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que provenía del Senado.

Bastaron siete días para dejar la planeación económica en manos de quien además maneja las finanzas del país, bastaron también para crear un fondo privado de pensiones que pasa por alto las demandas que por una vida digna ha venido levantado el movimiento nacional de jubilados y de pensionados.

La respuesta que esta Cámara dio a estos ciudadanos fue la expuesta promesa de revisar su situación el próximo período ordinario de sesiones, mientras paralelamente aprobó un fondo que empieza a legalizar el desmantelamiento de la seguridad social y deja en el horizonte de los futuros ciudadanos de la tercera edad, pensiones de miseria. En contraparte, este fondo aumentará las ganancias del sistema financiero y el gobierno podrá ufanarse en el extranjero del aumento del ahorro nacional con la creación de los 10 millones de cuentas individualizadas como parte del sistema de ahorro para el retiro, el fondo para la vivienda que se crea con las reformas a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, tiene las mismas características, moviliza recursos para el capital financiero y permite el acceso a la vivienda a sólo un reducido sector de asalariados. Con estas reformas el Estado incumple su obligación constitucional de procurar la igualdad en una sociedad de desiguales y deja en manos del interés privado la suerte de los trabajadores.

La disyuntiva para recuperar el bienestar social en nuestro país no es como en esta tribuna se afirmó entre avanzar un poco o dejar las cosas como están; se trata en cambio de que esta Legislatura se convierta en el espacio político de

discusión en torno al diseño de un plan de pago a la deuda social con los trabajadores que además de recuperar el bienestar social, consolide el mercado interno y dinamice a inversión productiva.

Para ello hace falta la voluntad política de parlamentar sobre los distintos proyectos de reforma social y económica, pero difícilmente esta voluntad se dará si primero no se realiza la reforma democrática del Estado, que permita que en la Cámara se exprese la real pluralidad política del país y haga efectiva la independencia entre los poderes.

La sujeción al Poder Ejecutivo de esta Cámara que los mexicanos padecemos como un mal ancestral, se hizo evidente en el remedo de discusión sobre la ley reglamentaria al artículo 27 constitucional; el gran legislador del proceso que normará la vida en el campo fue el Ejecutivo; su representante estuvo en este recinto diciendo qué propuestas se aprobaban y qué propuestas no se aprobaban. Esta es la realidad de un país cuyo gobierno pretende vender la imagen, aquí y afuera, de modernidad. Es ésta la pobre, triste e indignante realidad política que se nos impone. Porque la reforma democrática se ha pospuesto a capricho de los intereses del régimen de partido de Estado; ahora fue posible desmantelar una de las herencias históricas más valiosas para el tránsito a la modernidad que necesitamos, la herencia de la propiedad social.

Para llevarlo a cabo vimos a legisladores del partido de la mayoría argumentar sin convicción a favor del proyecto de otro partido que congruente, a lo largo de muchos años, lo defendió.

La ley reglamentaria del artículo 27 constitucional que aquí se aprobó, autoriza la privatización del ejido y de sus tierras comunales; legaliza el latifundio en la figura de las sociedades mercantiles y los conglomerados financieros y pone en manos de la inversión extranjera el destino de nuestra soberanía y autosuficiencia alimentaria; es decir, pone en grave riesgo la viabilidad de nuestro país como nación independiente.

El corporativismo de este régimen se evidenció cuando por un lado el gobierno se ufanó del apoyo de cientos de organizaciones campesinas a su proyecto, mientras que por otro lado esas mismas organizaciones debían posponer la discusión y pedían también cambios profundos al dictamen de las comisiones.

La promesa que Carlos Salinas hizo a los campesinos el pasado 18 de noviembre, de proteger sus tierras comunales, quedo incumplida, como aquí lo denunciamos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática

El Partido de la Revolución Democrática presentó más de 100 propuestas de modificación. De ellas sólo fueron aceptadas tres y ninguna esencial. Entre ellas también se nos rechazaron las que procuran garantizar el uso sustentable de los recursos naturales.

El menosprecio y la falta de respeto a la vida que se evidenció en el trato a los pensionados y jubilados, va de la mano también de la falta de respeto a la naturaleza que aquí se hizo.

Hoy la contrarreforma legal en el campo está consumada. El jefe del Ejecutivo llevará muchas buenas nuevas a los gobiernos vecinos a la reunión de Dallas. Habrá cumplido con la agenda de los tres gobiernos. La otra, la agenda de la modernización del país con democracia, con justicia y con soberanía, las demandas reales de los mexicanos, quedan aún por cumplir.

Una responsabilidad histórica más de los diputados de la mayoría ilegítima en esta Cámara.

Por el Partido de la Revolución Democrática.

Democracia ya. Patria para todos. Gracias.

La Presidenta: -Por el Partido Acción Nacional, el señor diputado Gabriel Jiménez Remus.

El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señora Presidenta; señoras y señores diputados; amigos todos:

En cumplimiento de la obligación que el cargo de diputados nos impone y con renovada fe en el destino de México, los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acudimos a este período extraordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, de la LV Legislatura al Congreso de la Unión.

Hubo oportunidades para ratificar las añejas tesis del partido sobre temas de este período, que las actualizamos tanto en comisiones como en los plenos de la Cámara y fundamentalmente en diálogo abierto y transparente que tuvimos con todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara para por una parte, reducir las deficiencias de las iniciativas presidenciales; por otra parte, para mejorarlas desde nuestro personal punto de vista y para confrontando tesis recíprocamente, buscar lo mejor para México.

La reforma a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional no cabe duda que fue el tema central de este período extraordinario de sesiones. Si bien es cierto que el artículo 27 constitucional ya está vigente, con las últimas reformas del período inmediato al período ordinario de sesiones, también es cierto que estas reformas constitucionales necesitaban el sostén reglamentario para aplicarlo en las disposiciones. Yo diría, la urgente necesidad de actualizar la ley reglamentaria, para poner en aplicación inmediata las reformas constitucionales que hizo el Congreso de la Unión.

La verdad de las cosas que, para nosotros, tenemos que reconocer la honestidad intelectual, hubo avances en las reformas a esta ley reglamentaria del 27 constitucional. Pero como lo decía, no es una ley que el grupo parlamentario de Acción Nacional, lo deje plenamente satisfecho.

Y por ello fue que en el seno de las comisiones respectivas insistimos en ubicar una declaración que para nosotros era fundamental, en la exposición de motivos dejar asentados el carácter transitorio de esta legislación, el compromiso para que en lo posible en el próximo período ordinario de sesiones podamos mejorar esta legislación, para hacerla una reforma integral suficiente para mejorar el campo de México.

En esta perspectiva de transitoriedad, no en cuanto a la vigencia formal de la ley sino en cuanto al espíritu que debe animar al Congreso de la Unión aceptamos estas modificaciones por el bien de México.

Las reformas a la Ley del Seguro Social y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores nos parece que también hubo avance, fundamentalmente cuando se instituye como una institución nueva en esta materia el Sistema de Ahorro para el Retiro. Pero sigue siendo vigente nuestro viejo reclamo, también, por mejorar al millón y medio de jubilados a los cuales esta ley no dio respuesta.

También logramos y suscribimos un acuerdo parlamentario para que en lo posible y en una forma inmediata en el próximo período ordinario de sesiones, se pueda buscar una salida decorosa, que pueda elevar la dignidad de vida de estos jubilados, a cuya ley no dio respuesta, repito.

Me parece que la participación de Acción Nacional por rectitud de intención y con generosidad en el tema de los jubilados, creo que nos debe dejar satisfechos desde el punto de vista de iniciar acciones para resolver este lacerante problema de la vida de México.

Me parece que vale la pena, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, dejar constancia de que una vieja tesis de Acción Nacional, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se dio por fin la reforma que decíamos. Es decir, la fusión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la Secretaría de Programación y Presupuesto, para buscar en un forma eficaz la mejor estructuración de la administración pública nacional.

Los cambios que se hicieron en la legislación, tanto del Seguro Social como del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores por parte de Acción Nacional, creo que resalta el hecho de que por nuestra iniciativa y aceptación, tanto en comisión como del pleno, el Consejo Técnico Tripartita, en el que se incluyó la representación obrera patronal que no existía.

La aportación voluntaria de los desempleados bajo el mínimo de 10 días de salario a un mínimo de cinco días.

Eliminar el tope máximo a la tasa de interés real que se establecía en 6% quedando tan sólo el mínimo del 2%.

La inclusión claramente a los jubilados actuales para que puedan aportar voluntariamente al sistema de ahorro para el retiro. El acuerdo parlamentario al que hice alusión anteriormente. En la Ley Orgánica del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la inclusión de que se procurará el compromiso para procurar que los fondos de los trabajadores en las subcuentas de vivienda, se mantengan con rendimientos que superen la inflación y lo que nosotros creemos que es una aportación fundamental, que establezca un plazo al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores de 24 meses, para individualizar todas y cada unas de las cuentas de los trabajadores, por los primeros 20 años de operación del instituto. (Aplausos.)

En la ley reglamentaria del 27 constitucional, no puede pasar inadvertida la mayor capitalización de las actividades rurales productivas y la formación de la investigación técnica en el campo; la ampliación a los herederos de los ejidatarios, la calidad de tales, es decir la capacidad de poder ser ejidatarios mediante la sucesión del ejidatario; reglas mucho más claras para establecer la predación en la sucesión del ejidatario; respeto al ejido para que ahí se celebren las asambleas, salvo excepciones y la seguridad para los ejidatarios mediante la publicación

fija de las convocatorias a asambleas, como responsabilidad del comisariado ejidal, así como la reducción del plazo a la convocatoria de las misma; la decisión personal y responsable de los ejidatarios en uso de su plena libertad para que las asambleas trascendentales no deleguen su responsabilidad mediante cartas poder; la reducción del plazo hasta el pactado, para que en caso de incumplimiento no exista abuso por parte de los acreedores en perjuicio del núcleo ejidal; evitar el crecimiento desordenado y la afectación de tierras cultivables en las decisiones relativas a la urbanización de los ejidos; siempre en coordinación con las autoridades municipales de que se trate; el derecho de preferencia del ejido a adquirir las tierras que aportó a la sociedad mercantil en todos los casos; respeto a las costumbres y usos de los grupo indígenas en un juicio agrario, pero con respeto a los derechos de terceros extraños; obligación para la Procuraduría Agraria de conocer las denuncias que presenten los consejos de vigilancia respeto de las irregularidades cometidas por los comisariados ejidales; en justicia agraria, diversos temas que aclaran, precisan, acotan facultades y obligaciones, plazos, trámites, suplencia de la queja o de las deficencias de las partes al exigir sus derechos para lograr una mejor y expedita justicia agraria.

Me parece pues, para terminar, que Acción Nacional, en la participación que tuvo en este período extraordinario de sesiones, ha cumplido con su obligación de participar en todo aquello que beneficie al pueblo de México.

Pero creo que debo resaltar, finalmente, que en lo que hemos dado testimonio en el hecho de que acudimos al diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, reconociendo y respetando la libre expresión de sus convicciones, no como una simple y formal cortesía parlamentaria, sino como una decisión fundamental de nuestro grupo, vital diría yo, para empezar a fortalecer la convivencia parlamentaria y otro testimonio que me enorgullece decir a nombre de mis compañeros, es que en forma permanente dejamos asentada nuestra veneración por todo aquello que beneficie al pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)

La Presidenta: -En el uso de la palabra el diputado Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional.

El diputado Cesáreo Morales García: -Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados:

Esta Cámara de Diputados, durante este período legislativo extraordinario, dio cuenta de las iniciativas previstas en su convocatoria. El trabajo fue intenso y fecundo; con la participación de todos logramos las modificaciones y los cambios legislativos que hoy tenemos a la vista.

Aprendimos de todos, consolidamos métodos de trabajo cameral y sin duda podemos estar satisfechos de lo avanzado, aunque mantengamos el estímulo para perfeccionar el trabajo legislativo.

Estuvimos de acuerdo, en primer lugar, en modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública; se fusiona así la Secretaría de Programación y Presupuesto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin duda con esto aumentará la pertinencia en la conducción de la política económica, la exactitud en la aplicación de los instrumentos de la macroeconomía, el orden en la políticas públicas. Es necesario esto para consolidar la economía, es necesario esto para tener un estado fiscal sencillo, ágil y equitativo, que siga sentando las bases nuevas para hacer de México un país competitivo en el contexto globalizado.

Las modificaciones a la Ley del Seguro Social y aquellas que tienen qué ver con la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, nos abren igualmente caminos para una política de justicia.

El Fondo de Retiro de los obreros, aunque estuvimos de acuerdo aquí en las discusiones en que no es una panacea y apenas es un principio, sin embargo, sienta la base normativa para que este órgano en efecto beneficie a los trabajadores y de este modo puedan, con su propia iniciativa, ir aportando recursos ellos mismos.

La individualización de las cuentas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, abre igualmente una época de transparencia. Vivienda y Fondo de Retiro para una jubilación digna, son demandas urgentes de la justicia social. La vivienda es prenda de la dignidad y del respeto al individuo; sin una jubilación digna la sociedad se menosprecia a sí misma.

Pero no cabe duda que fue sobre todo, en torno a la Ley Agraria, en donde los esfuerzos, la participación y las aportaciones de todos los diputados, rindió sus mejores frutos.

La nueva Ley Agraria es una hipótesis normativa, derivada del espíritu y de la letra del artículo 27 constitucional para elevar la justicia en el

campo; una hipótesis normativa, por lo tanto no un dogma ni una verdad definitiva.

Nuestra sociedad, como todas las sociedades, busca los mejores instrumentos para promover su bien y para remediar su males; la sociedad, por eso y sobre todo el hombre del campo, habrá de probar esta hipótesis normativa en la experiencia y cambiarla y mejorarla. Así progresará el campo.

Esta hipótesis normativa tiene un presupuesto general; la vinculación de derechos y libertades. Parte naturalmente del reconocimiento de la situación del campo. Este es claro en los indicadores de la pobreza y de la exclusión. Cada vez su participación es menos adecuada en la generación del producto interno bruto.

En este ámbito también se encuentran los mayores porcentajes de población en situación de pobreza extrema. Ese es el presupuesto. Se atiende también a los instrumentos que se agotaron.

La repartición de la tierra como instrumento central de la reforma agraria, dio sin duda sus frutos. El México de hoy no sería el mismo sin la reforma agraria, sentó no sólo las bases de la estabilidad social, sino también las del crecimiento económico hasta principios de los setenta.

La reforma agraria fue exitosa. Sin embargo su instrumento principal, el reparto agrario, se agotó. Ya no tiene sustento en la realidad.

Termina también un ciclo de actuación estatal. Durante él, el Estado sin duda casi de manera omniabarcante, no sólo tuvo que encargarse de la promoción de todas las políticas, sino también de la protección de las organizaciones ejidales e indígenas. Terminó ese ciclo. Ahora una nueva vinculación de derecho y libertades, tendrá que ser la fuente principal de promoción de la justicia. Derechos y libertades para el campesino en esta sociedad compleja y diferenciada. Esta sociedad urbana. Derechos y libertades para hacer las tierras productivas y así sentar las bases de una economía competitiva hacia dentro y hacia afuera. Derechos y libertades que efectivamente constituyan el marco de la nueva actuación estatal. Derechos y libertades para fincar la soberanía. Este es el presupuesto fundamental de la nueva hipótesis normativa sobre el campo.

En esta forma el ejidatario tiene abiertas las puertas de su iniciativa. El comunero las tiene abiertas para trabajar en su comunidad. Las libertades de asociación son muy amplias y cabales y al mismo tiempo la nueva Ley Agraria contempla aquellos instrumentos de limitación y de control que deberán hacer del capital un instrumento de promoción de la justicia, el convertirlo en instrumento para traer la tecnología al campo, para traer la productividad. En esta forma un campo reformado sobre la base de libertades y derechos, sobre la base de oportunidades, ha de ser base firme de la soberanía.

Estas reformas se hicieron con la participación de todos y ésta es la convicción de mi partido. Las discusiones en comisiones o en el pleno, fueron amplias. Quizá las hubiéramos deseado todavía de mayor amplitud. Los tiempos sin embargo, nos pusieron restricciones. Pero hubo propuestas y puntos de vista que fueron recogidos en todas ellas. Sobre todo en el caso de la Ley Agraria, todas las modificaciones, ninguna menor, todas de importancia, revelan la calidad del trabajo legislativo; revelan también la nueva dimensión de pluralidad, tanto en las comisiones como en las concentraciones, como en la discusión en las sesiones plenarias; ejemplares de esto, sin duda, son las nuevas reglamentaciones para la protección de los derechos de ejidatarios y de integrantes de las comunidades indígenas.

Es la nueva redacción del artículo 75 y asimismo la reestructuración del Título Décimo sobre la justicia agraria.

Prueba sin duda de la calidad del trabajo legislativo y también de esta dimensión de trabajo plural, lo es, sobre todo, este último Título Décimo que recogió las propuestas de diferentes partidos.

Hemos aprendido, aun cuando algunas de estas propuestas no hayan sido incluidas, que podemos tener convergencias en puntos diferenciados, porque tenemos convergencias en fines.

Sin duda este período sirvió para consolidar algunas formas de trabajo que ya se había iniciado durante el período ordinario, al interior de las comisiones, en trabajo del pleno, en la concertación e igualmente en la comunicación ágil y expedita con el Ejecutivo, autor de la mayoría de estas iniciativas.

La presencia aquí o en oficinas laterales, de algunos de sus representantes, permite esta comunicación y abre vías a nuevos mecanismos que den eficiencia al propio trabajo legislativo, como existen en muchos otros parlamentos y en muchas otras asambleas.

Un mecanismo de comunicación expedita, de ninguna manera lesiona la autonomía ni la competencia legislativa de esta Cámara.

Un período extraordinario, cono su mismo nombre lo indica, atiende a asuntos que por su naturaleza reclaman urgencia. Sin duda esto trajo, la intensidad del trabajo y en algunos casos, la misma complejidad de agregar tanto los puntos de vista como las propuestas.

Sin embargo podemos decir que el trabajo fue intenso, pero no precipitado y menos irresponsable.

Esta Cámara y ésta es la convicción de mi partido, refrendó en este período extraordinario, su vocación reformadora; está sentando el nuevo presupuesto que ha de traer una sociedad más justa, derechos y libertades. Una vocación reformadora asentada en un nacionalismo probado de todos, porque todos compartimos los mismos valores y los mismos fines. Un nacionalismo que en el debate abierto, integra la pluralidad de los idearios y de la filosofía partidista, sin que con esto se niegue que compartimos valores y fines.

Los trabajos, por tanto, de este período extraordinario, han estado sustentados por esta ética deliberativa fincada en valores y fines compartidos y y en idearios y filosofías diferenciadas. Pero ésa es su riqueza; eso es lo que hace que esta ética deliberativa, al haber alcanzado las reformas ya aprobadas, sea garantía de que esta Cámara atendió a los fines últimos de la nación: soberanía, justicia, libertades y democracia. Muchas gracias.

COMISIONES DE CORTESÍA

La Presidenta: -En virtud de haber concluido el balance de los trabajos del período de sesiones extraordinarias, la mesa directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designa las comisiones de cortesía para participar que la Cámara de Diputados cerró su Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la LV Legislatura.

Comisión de cortesía al señor Presidente de la República: Diputados: Efraín Zuñiga, Fernando Ortiz Arana, Diego Fernández de Cevallos, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Adolfo Kunz Bolaños, María Esther Scherman Leaño, Gabriel Jiménez Remus, Yolanda Elizondo Maltos, Rogelio Appel Chacón, Hugo Andrés Araujo de la Torre, Fernando Gómez Mont, Rafael Bernal Chávez, Juan Moisés Calleja García, Porfirio Camarena Castro, Patricia Terrazas, Ángel Aceves Saucedo, Juan José Castro Justo, Mario del Valle Fernández, José Antonio Gómez Urquiza, Manuel Díaz Infante, José Escobedo Domínguez, Jorge Flores Solano, Pedro Manuel Terrazas Guerrero, Javier Garduño Pérez, César Augusto Santiago, José Antonio González Fernández, Miguel González Avelar, José Antonio González Curi, José de Jesús González Gortázar, Rafael González Pimienta, Joel Guerrero González, José Guadarrama Márquez Sebastián Guzmán Cabrera, Manuel Jiménez Guzmán, Fernando Lerdo de Tejada, Teódulo Martínez Vergara, Graciela Larios Rivas, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Manuel Muñoz Rocha, Jaime Muñoz y Domínguez, Rafael Fernández Tómas, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Juan Manuel Huezo Pelayo, Fernando Ordorica Pérez, Asunción Orihuela Bárcenas, Crecencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Juan Adrián Ramírez García, Alberto Rébora González, José Trinidad Reyes Alcaraz, José de Jesús Berrospe Díaz, Amador Rodríguez Lozano, Pedro Ojeda Paullada, Miguel Ángel Sáenz Garza, René Sánchez Juárez, José Socorro Velázquez Hernández, Miguel Ángel Yunes, Alfredo Villegas, Octavio Falomir Hernández, Demetrio Hernández, Victor Manuel Gandarilla, Heberto Croda Rodríguez, José Treviño Salinas, Odilón Cantú Domínguez, Guillermo Pacheco Pulido, Sergio Vera Cervantes y Francisco Ángel Villareal.

En virtud de que los integrantes del Senado de la República asisten en pleno a la asamblea de Congreso General, ambas cámaras han acordado dar por cumplida esta encomienda.

Procedemos a la lectura de la comisión de cortesía que informan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la clausura del primer período de sesiones extraordinarias: Diputados: Salvador Abascal Carranza: Guillermo Pacheco Pulido, José Antonio Aguilar Bodegas, Gustavo Carbajal Moreno, Juan Campos Vega, Juan José Castillo Mota, Juan Manuel Huezo Pelayo, Alberto Félix Velasco, Victor Orduña Muñoz, José Guadalupe Enrique Magaña, Juan Hernández Mercado, Francisco Dorantes, Jesús Falomir Hernández, Francisco Gárate, Samuel Fernández Ávila, Jorge Tovar Montañez, Víctor Gandarilla Carrasco, Manuel Garza González, Pedro Manuel Terrazas Guerrero, Fidel Herrera Beltrán, José de Jesús Berrospe Díaz, Cuauhtémoc

López Sánchez Coello, Gil Mendoza Pichardo, Luis González Pintor, Irma Piñeiro Arias, Fernando Rodríguez Cerna, Joaquín Martínez Gallardo, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Manuel Solares Mendiola, Amado Treviño y Salvador Valencia Carmona.

OFICIO DE LA GRAN COMISIÓN

El secretario Juan Antonio Nemi Dib: -Señora Presidenta, obra en poder de la Secretaría un oficio de la Gran Comisión, del que daré cuenta.

«Ciudadana diputada María Esther Scherman Leaño, Presidenta de la Mesa Directiva del Período de sesiones Extraordinarias de la LV Legislatura. Presente.

Por considerarlo de ética Parlamentaria, nos dirigimos a usted para expresarle lo siguiente:

Que al inicio de los trabajos del período de sesiones extraordinarias, las comisiones, en particular la de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Cámara, recibió la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por un turno dado en tal sentido por la Comisión Permanente, ya que de manera directa envió las iniciativas a las comisiones competentes para dictaminarlas.

Posteriormente, en esta Cámara se acordó reponer el procedimiento a partir del envío de la iniciativa por parte de la mesa directiva bajo atinada conducción.

Queremos dejar claro que no fue usted la que dio trámite, que más tarde motivó el reclamo; que correspondió el turno a la Permanente y que usted sólo se limitó a dar el trámite acordado por el pleno, posteriormente.

Le rogamos se dé cuenta con el presente al pleno de la Cámara para su conocimiento.

Cuahetémoc, Distrito Federal, 23 de febrero de 1992.- Diputados Fernando Ortiz Arana, César Augusto Santiago Ramírez y José Antonio González Fernández." (Aplausos.)

La Presidenta: -Esta Presidencia agradece la comunicación de la mesa directiva de la Gran Comisión y quisiera además hacer un reconocimiento a quienes nos ha acompañado en la mesa directiva por este período de sesiones extraordinario, correspondiente al primer receso de nuestro primer año de ejercicio.

A los Prosecretarios Amado Treviño, Heberto Croda, Heli Herrera, Javier Colorado, a los señores secretarios Fernando Ordorica Pérez, Hiram Luis de León Rodríguez, Martha Maldonado, Juan Antonio Nemi. A los señores vicepresidentes Víctor Martín Orduña Muñoz, Ricardo Valero Recio Becerra, Francisco Hernández Juárez, Odilón Cantú Domínguez y a la compañera Cecilia Soto González.

Esta mesa directiva, con una conducción rotativa, con una conformación plural acorde a esta nueva dinámica de participación y trabajo parlamentario, quisiera reconocer, además, en los trabajos que hemos realizado, la madurez para el debate, la madurez para el intercambio de ideas que posteriormente se convirtieron en propuestas y la voluntad para conservar en este período de sesiones extraordinarias la unidad en la diversidad.

En este momento, como todos, parte de la evolución política de este país, la contribución de los representantes del pueblo, para la discusión y el análisis de las leyes que hemos aprobado, nos ratifica la sensibilidad, la enorme formación política y el compromiso responsable de crear juntos un marco jurídico que apegado a la realidad, nos permita mejorar esta realidad y transformar esta realidad.

Las fuerzas aquí representadas reflejan, sin duda, esta pluralidad y esta policromía del pueblo de México. Que enriquece, que nos identifica, además con el propósito y el respeto hacia quienes pensando distinto, en algunos casos, coinciden con nosotros en proponer para cambiar; cambiar para impulsar la organización de una sociedad que reclama de representantes populares en ejercicio de su libertad.

Libertad, para defender sus tesis y sus proyectos, como en este período se ha dado.

Libertad, para construirse en voceros de esa parte de la nación que nos ha enviado a integrar esta Cámara de Diputados.

Esa libertad ha caracterizado este período de sesiones extraordinarias, que forma sólo parte de ese proceso de perfeccionamiento de nuestro marco jurídico, que extraña en sí mismo la prueba de la viabilidad futura y la eficacia de las ideas que en estos debates han consolidado nuevas instituciones, programas, mecanismos de organización del Estado y bases de convivencia en el campo mexicano.

En el uso de esa libertad, esta mesa directiva ha querido obrar con la mejor de las intenciones, siempre, para cumplir de la mejor manera y con la convicción de que estamos aportando para responder a los retos que nos presenta esta responsabilidad que ahora compartimos.

Gracias a todos los que hacen posible los trabajos de esta Cámara y a quienes integrándola nos ha permitido cumplir con nuestra agenda de trabajo.

Estamos seguros de que en este período, en libertad y respeto, hemos podido legislar para mexicanos libres. Muchas gracias. (Aplausos.)

DECLARATORIA

El secretario diputado Juan Antonio Nemi Dib: -Se ruega a los presentes ponerse de pie.

La Presidenta: -Hoy, 23 de febrero de 1992, la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable congreso de la Unión, declara formalmente terminados sus trabajos correspondientes al Primer Período Extraordinario de Sesiones del Primer Receso del Primer Año del Ejercicio de la LV Legislatura. (Aplausos.)

Sírvase la Secretaría dar lectura al acta de esta sesión.

ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN

El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte:

«Acta de la Sesión de la Cámara de diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, correspondiente al Primer Período de Sesiones Extraordinarias del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.

Presidencia de la diputada Esther Scherman Leaño

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veinte minutos del día veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y dos, con una asistencia de trescientos noventa y cinco diputados, la Presidencia declara abierta la sesión.

En virtud que el dictamen de las comisiones unidas, de Reforma Agraria y de Justicia, ha sido impreso y distribuido entre los señores diputados, la asamblea le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión.

La asamblea autoriza que la discusión en lo general, en lo particular, se haga en un sólo acto.

Para fundamentar el dictamen hace uso de la palabra el diputado Fernando Gómez Mont Urueta, del Partido Acción Nacional y, para expresar la opinión de los grupos parlamentarios, los diputados Heli Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, en contra; Gonzalo Cedillo Valdez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en pro; José de Jesús Berrospe Díaz, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, en pro; Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución, Democrática, por la abstención; Yolanda Elizondo Maltos, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para proponer diversas reformas y adiciones; Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, en contra y presenta diversas proposiciones y Alberto Rébora González, del Partido Revolucionario Institucional, en pro.

Se pone a consideración de la asamblea las proposiciones presentadas, mismas que en sendas votaciones económicas se desechan.

La asamblea considera suficientemente discutido y la Secretaría recoge la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto, misma que resulta aprobatoria por trescientos cincuenta y siete votos.

La Presidenta hace la declaratoria correspondiente. Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.

Para hacer un balance del período de sesiones extraordinario hacen uso de la palabra los diputados Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista, Adolfo Kunz Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Demetrio Hernández Pérez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional y Cesáreo Morales García, del Partido Revolucionario Institucional.

La Presidenta designa las comisiones protocolarias para informar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las clausura del período de sesiones extraordinarias.

Puestos todos de pie, la Presidenta declara: La Cámara de Diputados de la Quincuagésima

Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, declara formalmente terminados los trabajos correspondientes del Primer Período de Sesiones Extraordinarias, del Primer Receso del Primer Año de Ejercicio.»

Servida señora Presidenta.

La Presidenta: -Someta por favor a votación el acta que se acaba de leer.

El secretario diputado Amado F. Treviño Abatte: -Está a discusión el acta... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.

Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señora Presidenta.

La Presidenta (a las 15.50 horas): -Se levanta la sesión de Cámara de Diputados y se cita a la sesión de Congreso General, que tendrá lugar hoy domingo 23 de febrero a las 20:00 horas.