Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911105 - Número de Diario 3
(L55A1P1oN003F19911105.xml)Núm. Diario: 3ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Diputado Fernando Ortiz Arana.
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL.
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I
México, D.F., martes 5 de noviembre de 1991
No. 3
SUMARIO
ASISTENCIA
Se propone nuevo procedimiento para el pase de lista. Se aprueba. La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
Previa recomendación del diputado Hiram Luis de León Rodríguez. Se aprueba.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
Por el que se comunica la integración de la Mesa Directiva para el mes de noviembre, además secretarios y prosecretarios para el Primer Año de Ejercicio.
COMUNICACIÓN
Del diputado Eduardo Rafael Aviña Batiz en el que manifiesta aceptar el cargo de diputado propietario y justifica sus inasistencias.
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME PRESIDENCIAL
POLÍTICA INTERIOR (I)
En la primera ronda de oradores intervienen los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
COMISIÓN DE LA CÁMARA DE SENADORES
Toma la palabra el senador Angel Ventura Valle para informar sobre la legítima instalación de la LV Legislatura de la Cámara de Senadores.
POLÍTICA INTERIOR (II)
Continúan en la primera ronda de oradores los diputados:
Leonides Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional.
Hugo Andrés Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional.
En la segunda ronda de intervenciones toman la palabra los diputados:
Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista. Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
RECESO
Continúan la segunda ronda los diputados:
Israel González Arreguín del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Francisco José Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática. 110 Fernando Francisco Gómez Mont Urueta, del Partido Acción Nacional.
Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
INTEGRACIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
Se da lectura a las comunicaciones enviadas por las diversas fracciones parlamentarias.
INTEGRACIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
Comunicación por la que se informa de los integrantes y Mesa Directiva de la Gran Comisión.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO GABRIEL JIMÉNEZ REMUS
ASISTENCIA
El Presidente (a las 10.35 horas): - Señores diputados, como ha sido de su conocimiento, se ha establecido un mecanismo nuevo para tomar la asistencia; se ha iniciado un mecanismo nuevo para tomar el registro de asistencia de las señoras y señores diputados, en obvio de tiempo y para agilizar los trabajos de este pleno de la Cámara de Diputados.
Esto está contenido en un acuerdo parlamentario que suscribieron previamente los señores coordinadores de los diversos grupos parlamentarios, que posteriormente leeré y someteré a su amable consideración para su aprobación. En tanto esto sucede, pido a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia de las cédulas que previamente depositaron los señores diputados, para conocer si existe el quórum estatuario.
Se informa a esta Presidencia que existen registrados previamente 379 diputados y por lo tanto existe el quórum exigido por el Reglamento.
Leeré a ustedes y someteré posteriormente en votación económica, para su aprobación, el siguiente acuerdo, por lo tanto, se inicia la sesión correspondiente al día 5 de noviembre de este año, de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura al Congreso de la Unión.
Acuerdo por el que se establece un nuevo procedimiento para el registro de asistencia.
CONSIDERANDO
Primero. Que el artículo 25 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su fracción I que es obligación del secretario pasar lista a los legisladores, a fin de formar el registro de asistencia;
Segundo. Que el mismo precepto, en el segundo párrafo de la fracción II determina que en el acta de la sesión correspondiente deberá asentarse una relación nominal de los diputados presentes y de los ausentes;
Tercero. Que la demora al pasar lista resulta ser excesiva si se toma en cuenta el número de diputados y la duración de la sesión;
Cuarto. Que se hace consecuentemente necesario determinar con mayor rapidez la existencia del quórum;
Quinto. Que se requiere establecer un sistema de registro de asistencia para optimizar el trabajo y el tiempo de las sesiones, y
Sexto. Que en virtud de lo anterior, los coordinadores de las diversas fracciones parlamentarias han tenido a bien, previa aprobación del pleno, suscribir el siguiente
ACUERDO
Único. Se pasará lista a través del siguiente procedimiento:
a) Treinta minutos antes del inicio de la sesión, a la entrada del recinto habrá listas supervisadas por personal autorizado, con los nombres de los diputados en orden alfabético, para que éstos firmen en el lugar que le corresponda.
b) La Presidencia dispondrá lo conducente a fin de hacer llegar las listas a la Secretaría y proceder al registro de asistencia.
c) Antes de la sesión, la Secretaría señalará cuántos diputados están presentes y dará cuenta que existe quórum para iniciar la sesión.
El presente acuerdo se suscribe a los 5 días del mes de noviembre del año de 1991, en el recinto alterno de la Cámara de Diputados. - Por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Fernando Ortiz Arana; por el Partido Acción Nacional, diputado Diego Fernández de Ceballos; por el Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, diputado Alberto Carrillo Armenta; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y, por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
En razón de lo anterior, pido a la Secretaría someta a la aprobación de esta Cámara de Diputados, el acuerdo parlamentario del cual puse en conocimiento de los mismos, en votación económica.
El secretario diputado Manuel Garza González: - En votación económica se pregunta si es de aprobarse el acuerdo parlamentario.
Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie... Aprobado, señor Presidente.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Manuel Garza González:
"Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer año. - LV Legislatura.
Orden del día
5 de noviembre de 1991.
Lectura del acta de la Sesión de Instalación.
Oficio de la Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva para el mes de noviembre y secretarios y prosecretarios para el primer año de ejercicio.
Análisis del Tercer Informe Presidencial
Política interior.
Comunicaciones de la integración de los grupos parlamentarios.
Integración de la Gran Comisión."
ACTA DE LA SESIÓN DE INSTALACIÓN
El Presidente: - Esta Presidencia solicita a la Secretaría dé lectura al contenido del acta de la sesión de instalación.
El secretario diputado Manuel Garza González:
«Acta de la sesión de instalación de la Quincuagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno.
Presidencia del presunto diputado
Roberto Madrazo Pintado
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las doce horas con veinticuatro minutos del día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de cuatrocientos sesenta y cuatro presuntos diputados, el presidente declara abierta la sesión.
En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión permanente del Colegio Electoral, que consta de noventa y seis cuartillas, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, la asamblea dispensa la lectura y la aprueba en votación económica.
Se da lectura al artículo veinticinco de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y puestos todos de pie el Presidente rinde su protesta constitucional y acto seguido recoge la protesta de los diputados miembros de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
El mismo Presidente hace uso de la palabra para expresar un mensaje sobre los trabajadores del Colegio Electoral y los que serán responsabilidad de la Legislatura que hoy se inicia.
Posteriormente el Presidente dice: "Se declaran formalmente terminados los trabajos del Colegio Electoral".
Para continuar con el orden del día, la Secretaría recoge la votación para determinar la mesa directiva para el mes de noviembre, así como los secretarios y prosecretarios para el primer año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Realizado el escrutinio y cómputo de la elección a que se hace referencia, resultan electos los diputados: Fernando Ortiz Arana, Presidente; Gabriel Jiménez Remus, Raymundo Cárdenas Hernández, Rafael Fernández Tomás, Carlos Enrique Cantú Rosas y Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Vicepresidentes para el mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno y los diputados Manuel Garza González Everardo Gámiz Fernández, Sergio César Alejandro Jáuregui Robles y Alejandro Luévano Pérez, secretarios; Javier Centeno Avila, Yolanda Elizondo Maltos, Juan Cárdenas García y Laura Pavón Jaramillo, prosecretarios para el primer año de ejercicio de esta Legislatura.
Los diputados electos toman posesión de sus cargos. Presidencia del diputado
Fernando Ortiz Arana
Puestos todos de pie, el Presidente declara: "La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, se declara legalmente constituida".
El presidente designa las comisiones de cortesía que participarán en la constitución legal de la Cámara de Diputados y de la apertura del Congreso de la Unión, así como las que acompañarán
al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos de su residencia al recinto del Congreso; que lo recibirán en el acto de apertura del mismo y que lo acompañarán a su regreso a Palacio Nacional, después de la lectura de su tercer informe de gobierno.
A las trece horas con cuarenta y siete minutos, se levanta la sesión y se cita para la de Congreso General el primero de noviembre de mil novecientos noventa y uno a las ocho horas y a la de Cámara de Diputados el martes cinco del mismo mes y año a las diez Horas."
Está a discusión el acta...
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - Tiene la palabra.
El diputado Hiram Luis de León Rodríguez (desde su curul): - Creo que sería conveniente que se hagan constar los nombres de los compañeros que integraron las comisiones, que les fueron encomendadas el día 31.
El Presidente: - Señor secretario, simplemente tome nota de la petición del señor diputado, para que conste en el acta respectiva. Siga dando cuenta con los asuntos en cartera.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Se toma nota.
En votación económica se pregunta si es de aprobarse en los términos el acta, con la recomendación del señor diputado.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie... Aprobada, señor Presidente.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para conocimiento de esa honorable Colegisladora, tenemos el honor de participar a ustedes, que en sesión celebrada es esta fecha, quedó legalmente constituido el honorable Senado de la República de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, correspondiente al primer período de sesiones ordinarias del primer año de su ejercicio, habiendo resultado electa la siguiente mesa directiva que funcionará durante el mes de noviembre próximo:
Presidente, senador Emilio M. González; vicepresidentes senadores: Jesús Murillo Karam y Silvia Hernández Enríquez. Secretarios, para el ejercicio de un año, senadores: Antonio Melgar Aranda, Oscar Ramírez Mijares, Alger León Moreno y Salvador Sánchez Vázquez.
Prosecretarios, para el ejercicio de un año, senadores, Diódoro Carrasco Altamirano, Germán Sierra Sánchez, María Elena Chapa Hernández y Eduardo Robledo Rincón.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 31 de octubre de 1991. - Senadores secretarios: Antonio Melgar Aranda y Oscar Ramírez Mijares."
Trámite: - De enterado.
COMUNICACIÓN
El secretario diputado Manuel Garza González:
"Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión: Eduardo Aviña Bátiz, mexicano por nacimiento, abogado, con domicilio en Guadalajara, Jalisco y dirección para recibir comunicaciones en la finca número 2315 de la calle José Guadalupe Zuno, con todo respeto comparezco y expongo:
El Colegio Electoral que calificó las elecciones a diputados para integrar la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso de la Unión, determinó declarar válidas las celebradas el 18 de agosto retropróximo para elegir diputados por el principio de representación proporcional en la cuarta circunscripción, habiéndome declarado con derecho a asumir el cargo de diputado propietario, por haber sido postulado dentro de los seis primeros por mi partido, el Revolucionario Institucional.
Manifiesto expresamente aceptar tal cargo.
Por razones de salud no he podido concurrir a las sesiones de Colegio Electoral ni podré hacerlo a las ulteriores ni a las que celebre el honorable
Congreso de la Unión ni la Cámara de Diputados, cuando menos durante la primera quincena del mes de noviembre de 1991.
Acredito, con certificado médico expendido por el facultativo norteamericano Andrew J. Welch, que anexo al presente, las razones de mi impedimento físico para asistir a tales sesiones.
Tal certificado, firmado ante notario público cuya firma y sello están legalizados por el ciudadano cónsul mexicano competente, con sede en San Bernardino, California, Estados Unidos de América.
Por todo lo expuesto y con fundamento en las disposiciones del Reglamento Interior del honorable Congreso de la Unión, atentamente pido:
Se tengan hechas y comprobadas las manifestaciones de este escrito; Se me tenga por aceptado el cargo de diputado propietario para integrar la Quincuagésima Quinta Legislatura del honorable Congreso de la Unión; Se justifiquen mis inasistencias a las sesiones que se celebren antes del 15 de noviembre de 1991, y se ordene se me tome la protesta constitucional al cargo, que rendiré a la honorable Asamblea a la mayor brevedad y en cuanto mi estado de salud me lo permita.
Atentamente.
Las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América, a 30 de octubre de 1991. -
Licenciado Eduardo Aviña Bátiz."
"Octubre 2 de 1991.
Re: Eduardo Aviña Bátiz.
A quien corresponda: El señor Eduardo Aviña Batiz ha tenido cirugías mayores de abdomen en julio y en septiembre de 1991. Ha tenido una recuperación sin incidentes y muy exitosa de ambas cirugías.
En el presente está programado para una tercera cirugía abdominal consistente en la reparación de un aneurismo abdominal aórtico. Esta cirugía se iniciará el 15 de octubre de 1991 y será capaz de reanudar todas sus obligaciones normales así como sus actividades de negocios y políticas, a más tardar el 15 de noviembre de 1991.
Esto implica que será autorizado a retornar a México el 15 de noviembre de 1991.
Muy sinceramente.
Doctor en medicina, Andrew J. Welch.
Al margen, sello: Notary Public State of Nevada.
Servicio Exterior Mexicano.
Número 180354/1066.
El suscrito, Columba M. Calvo Vargas, cónsul de México en San Bernardino, California, Estados Unidos de América, certifica que sello y firma de Shirly M. Cobb, notarios público en y para el Cdo. de Las Vegas Nevada, son auténticos, puesto en la carta certifica del señor Eduardo Aviña B., adjunta coincide con la que se tiene registrada es esta oficina.
San Bernardino, California, a 8 de octubre de 1991. - Columba M. Calvo V., cónsul de México."
Trámite: - De enterado.
ANÁLISIS DEL III INFORME
PRESIDENCIAL
POLÍTICA INTERIOR (I)
El presidente: - Señoras y señores diputados: Con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta sesión y las subsecuentes estarán destinadas al análisis del III informe de gobierno rendido por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto y previo acuerdo que tuvieron los señores coordinadores de los diversos grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, se han inscrito previamente los siguientes diputados para hacer uso de la palabra; las intervenciones serán divididas en dos rondas, tendrán derecho a participar dos diputados de cada grupo parlamentario y su discurso tendrá una duración de hasta 30 minutos.
Al término de la primera ronda, esta Presidencia decretará un receso por una hora, para reiniciarla con la siguiente ronda de oradores.
Se han registrado para esta primera ronda de oradores, los siguientes diputados: por el Partido Popular Socialista, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Samuel Moreno Santillán; por el Partido del Frente Cardenista
de la Reconstrucción Nacional, diputado Javier Centeno Avila; por el Partido de la Revolución Democrática, Gilberto Rincón Gallardo; por el Partido Acción Nacional, diputado Salvador Abascal Carranza y, por el Partido Revolucionario Institucional, diputado Hugo Andrés Araujo.
En tal virtud, se le concede el uso de la palabra al señor diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, en esta primera ronda de oradores.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con su autorización, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Expresaré inicialmente una opinión global de mi partido sobre el polémico informe del 1o. de noviembre pasado.
La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista observó con interés el hecho de que este III informe, en él se produjo una modificación sustancial por lo que se refiere a la sustentación filosófica del mismo con relación a los dos anteriores. En tanto los dos primeros informes habían incluido como sustento de los mismos, alegatos de carácter claramente neoliberal, el documento que hoy comentamos se sustenta sobre un conjunto de tesis en torno al nacionalismo mexicano de nuestros días, en la concepción que de él tiene el licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Esta nueva concepción en mucho se aleja de los términos de la ideología neoliberal, para acercarse a la del nacionalismo revolucionario, vía por la cual había venido transitando nuestro país hasta antes de la ruptura producida en 1982 y acentuada en 1988.
El licenciado Carlos Salinas de Gortari inició su informe hablándonos de cambios, tal y como había ocurrido con los anteriores informes, pero a diferencia de éstos, hoy nos habló de cambios cuyos propósitos sean los de ampliar la democracia y combatir la pobreza.
Nos siguió hablando de modernización, pero ahora declaró que ésta es una estrategia cuyo objetivo superior es asegurar la permanencia soberana de México y estos conceptos por lo menos en su expresión abstracta, coinciden con los que enarbola el Partido Popular Socialista. Con respecto al nacionalismo, el licenciado Salinas de Gortari declaro:
a) Que se ha expresado de diversas maneras a lo largo de la historia;
b) Que no puede concebirse como la añoranza de fórmulas y rasgos de otros tiempos que hace a procedimientos del pasado y se constituya en un obstáculo para nuestro desarrollo;
c) Que es nacionalista, lo que fortalece a la nación;
d) Que es heredero de principios derivados de la historia;
e) Que busca asegurar el logro de cuatro principios fundamentales, a saber: la defensa de nuestra soberanía, el respeto a la libertad, la firme promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general cada vez mayor y el desarrollo de la democracia.
f) Que se define en el artículo tercero de la Constitución y exige por tanto la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica, la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura. Todo estos sin exclusivismos y sin hostilidades hacia otras naciones.
g) Que en otra época el impulso al nacionalismo fue la respuesta a un desafío externo, pero que hoy nos debilitaría y nos haría sucumbir el que hoy miráramos sólo hacia adentro y cerráramos nuestras puertas.
Más adelante, el licenciado Salinas de Gortari nos habló de soberanía y nos dijo que podemos a la vez mantenernos soberanos y con mayores relaciones económicas, cuestión que el Partido Popular Socialista también sustenta.
Se añadió que algunos países que no tienen vecinos con capacidad hegemónica hablan ahora de borrar fronteras, pero aclaró que para nosotros la defensa de la soberanía y del Estado nacional, no es algo anacrónico, sino un principio total de sobrevivencia y, compañeras y compañeros diputados, ésta es una expresión que el Partido Popular Socialista suscribe del todo por su contenido claramente antiimperialista y su plena vigencia.
De igual manera, el Partido Popular Socialista suscribe la expresión presidencial que rechaza injerencias de árbitros externos en lo relativo a nuestras diferencias políticas internas y coincide en que preservar a la patria es tarea fundamental.
Frente a las concepciones que el licenciado Salinas de Gortari, nos dio a conocer con respecto al nacionalismo, le expresamos con Vicente Lombardo
Toledano nuestro fundador e ideólogo, que consideramos que el nacionalismo de los débiles, es diferente al de los poderosos; que a diferencia de éste, no es agresivo frente a otras naciones, ni aspira a expander hegemonías ni dominios sobre otros pueblos, sino que, por el contrario, es defensivo y persigue tres propósitos fundamentales: la conquista de la independencia plena en lo económico y en lo político; la elevación del nivel de vida del pueblo y la ampliación del régimen democrático.
En modo alguno se le puede calificar de añorante de fórmulas y rasgos de otros tiempos, de atado al pasado o de constituirse en obstáculo para nuestro desarrollo, sino que, por el contrario, se expresa en consecuencia con la dialéctica del desarrollo nacional en todas las esferas de la actividad humana.
Coincidimos de manera plena con la definición que el nacionalismo hace el artículo 3o., de nuestra Carta Magna. Coincidimos también en que el nacionalismo mexicano históricamente ha dado respuesta a las constantes y reiteradas agresiones e intromisiones de fuerzas del exterior.
Discrepamos en cambio de la idea de que la respuesta nacionalista necesariamente implique mirar sólo hacia adentro, ni cerrar nuestras puertas.
Sustentamos que la amenaza externa no es cosa del pasado, que existen quizá con mayor fuerza hoy y que, sin embargo, en modo alguno procede una política de aislamiento como defensa, sino de interrelación a condición de que ésta se dé en términos que no conduzcan a México a la subordinación con respecto a potencias externas, ni a la sobreexplotación de su economía, lo que lamentablemente sí ha venido ocurriendo sobre todo en este último trienio.
Declaró el licenciado Salinas de Gortari que el nuevo nacionalismo, el de la última década del siglo XX, debe convertir en interés nacional, el abatimiento de la pobreza y le aclararíamos que este propósito no es nuevo en verdad, sino que ha sido un objetivo permanente del nacionalismo revolucionario cuya raíz histórica se encuentra en el pensamiento de José María Morelos expresado ya el 14 de septiembre de 1813, en el memorable documento conocido como "Los Sentimientos de la Nación".
La mejor distribución del ingreso constituye un compromiso irrenunciable del Estado mexicano, nos dijo el licenciado Salinas de Gortari y añadió que el nacionalismo de la última década del siglo es democrático, es productivo y promotor de la justicia en la realización del interés nacional.
Y con estas afirmaciones, el licenciado Salinas de Gortari se aleja sustancialmente de las que expresaba aquí hace un año y hace dos, en anteriores informes, para retomar aspectos medulares de la Revolución Mexicana de 1910, plasmados en la Constitución de 1971 relativos al papel tutelar del estado con respecto a los intereses de las clases trabajadoras.
Para el Partido Popular Socialista es saludable esta importante reorientación del soporte ideológico del Ejecutivo Federal, con el cual en estas nuevas formulaciones generales encuentra importantes coincidencias.
Para el Partido Popular Socialista, de igual manera, el tercer informe es importante, en tanto que amplía las perspectivas para un debate nacional profundo al que mi partido convocaba ya desde el día 15 de octubre pasado al instalarse el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados y reiteraba con mayor amplitud y vehemencia el propio 1o. de noviembre, poco antes del inicio de la exposición presidencial.
Tenemos grandes temas a la vista para discutir entre todas las fuerzas políticas reales de México, en los distintos foros nacionales y dentro de ellos, de manera relevante aquí, en esta elevada tribuna del pueblo mexicano. Mucho habrá que discutir todavía en el ámbito de lo ideológico, comparando las concepciones del nacionalismo revolucionario y las del neoliberalismo lo vamos a hacer aquí seguramente.
Habrá que debatir una vez más en torno a la cuestión de la Iglesia y a la larga experiencia recogida por nuestro pueblo a través de su historia, en torno a las pretensiones que siempre ha arrastrado de poder económico y político, a reserva de que hoy mismo, en el segundo turno de oradores, el compañero Hildebrando Gaytán Márquez, diputado de mi partido, aborde el tema con mayor amplitud. Dejaré expresado en lo inmediato, que el Partido Popular Socialista coincide con el jefe del Ejecutivo en su afirmación de que el pueblo de México no quiere que el clero participe en política ni que acumule bienes materiales. Esta afirmación añadiré una nuestra, la de que en la actualidad existe una libertad de creencia plena y efectiva sin merma de ninguna especie y externaré nuestro pronunciamiento en contra de la idea de institucionalizar la separación entre la Iglesia y el Estado, porque ésto, expresado de esta manera, da a entender que se trata de dos poderes frente a frente y vulnera
el principio de soberanía del estado plasmado en la Constitución vigente.
De igual manera, el Partido Popular Socialista llama a la reflexión sobre lo que pudiera parecer a simple vista una concesión menor, consistente en suprimir de la Constitución la expresión: "la ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias", porque esta supresión en la práctica significaría la luz verde al clero para lanzarse en busca también de la legalización de su participación en política y de la acumulación de fortuna material.
Está a debate asimismo, la cuestión de la educación. Sobre este tema, el jefe del Ejecutivo se pronuncia por "mantener el sistema educativo nacional, acercando la autoridad educativa a la escuela - dice - , alejada por el centralismo".
Se pronuncia asimismo por mejorar la administración. Se propone comprometer recursos presupuestales crecientes en términos reales, para el sector educativo, canalizando más a resultados educativos de excelencia.
El Partido Popular Socialista considera que es mucho lo que hay que hacer para mejorar el proceso educativo, pero reitera su concepción de rechazar con energía cualquier intento por vulnerar, así sea en lo más mínimo, el artículo tercero de la Constitución. Reitera de igual manera su rechazo a que la modernización educativa se pretenda instrumentar por técnicos de gabinete, al margen de las experiencias, juicios y opiniones de los maestros mexicanos y su enérgica condena a que con ese pretexto se trate de destruir a disgregar a su organización sindical.
Este tema también será motivo de un desarrollo más amplio en nuestra intervención del segundo turno de hoy.
El problema de la modernización en el campo también fue abordado por el licenciado Salinas de Gortari, quien dio a conocer su opinión sobre la necesidad de elevar la productividad, "respetando la vigencia de las tres formas de propiedad que establece la Constitución: ejidal, privada y comunal.
Se pronunció asimismo por la transformación del ejido y declaró su intención de promover un programa integral de apoyo al campo con recursos industriales para capitalizarlo. Tenemos así en la mesa de los debates también este importante tema.
A reserva de desarrollar nuestras opiniones con mayor amplitud en el segundo turno de la sesión de Cámara de mañana miércoles, por voz de mi compañero diputado Juan Cárdenas García, por hoy, deseo dejar establecido una vez más el criterio del Partido Popular Socialista de rechazo a toda acción que tiende a sacrificar a los campesinos, a convertirlos en asalariados en sus propias parcelas, a incrementar su explotación y a sumirlos en una creciente miseria.
El ejido debe permanecer, pero no sólo como letra muerta, sino como forma viva y activa en la producción en el campo. No se debe atentar contra él de manera abierta, pero tampoco de manera encubierta.
En el ámbito de la política económica es donde se dan mayores discrepancias entre el Partido Popular Socialista y el gobierno del licenciado Salinas de Gortari. El tercer informe, por lo que hace a este ámbito, a diferencia de otros, no incluye ninguna modificación, ninguna corrección en el rumbo, ninguna rectificación del camino. A reserva de analizar este capítulo del informe, que lo hará mi compañero diputado Juan Campos Vega en la primera ronda de oradores de mañana miércoles 6, deseo dejar de relieve desde ahora, el señalamiento de que el camino que ha seguido nuestro país desde 1988 resulta en extremo contradictorio con las tesis filosóficas que sobre el nacionalismo expuso en esta ocasión el licenciado Salinas de Gortari.
La política económica en vigor tiene un corte claramente neoliberal y por lo mismo resulta en extremo distante de los postulados por el nacionalismo revolucionario. No tiende a preservar la soberanía, ni a impulsar la independencia económica, sino que acrecienta nuestra dependencia. No propende a abatir la pobreza ni a distribuir el ingreso con equidad, sino que tiende a concentrar la riqueza en un número de manos cada vez más reducido.
El Partido Popular Socialista ha hecho su aporte a los grandes temas que están en el debate en este momento. Se trata de su propuesta sobre la formulación de un acuerdo nacional para el desarrollo de las fuerzas productivas, con independencia, sobre la base de impulsar el desarrollo científico y tecnológico de México, que estamos dispuestos a discutir lo mismo con el Poder Ejecutivo que con los empresarios de carácter nacionalista, lo mismo con la comunidad científica que con los sindicatos y centrales obreras y, desde luego, con todas las fuerzas políticas del país.
Respecto al tema de los política exterior, que mi partido abordará con amplitud en los dos turnos de oradores del jueves 7, por hoy solo adelanto
la opinión global de que es el área en la que sale mejor librada la actual administración.
Deseo abordar a continuación el tema de la reforma democrática.
El Partido Popular Socialista ha hecho su planteamiento. No estamos partiendo de cero por lo que a la vida democrática nacional se refiere. Múltiples e importantes pasos de han dado durante las últimas décadas en la vía de la ampliación del régimen democrático. Sin embargo, la gran reforma democrática electoral todavía está por realizarse. Hemos propuesto y reiteramos nuestra opinión sobre los puntos medulares que debe contener para que tenga un carácter progresivo y sea consecuente con nuestro camino histórico.
1. Consolidación del régimen de partidos, integrado por todas las fuerzas políticas reales, cerrando el paso al bipartidismo.
2. Composición verdaderamente plural de todos los órganos encargados de preparar, organizar, vigilar y calificar los procesos electorales, cuyas decisiones deben someterse a consenso, y
3. Canales abiertos de manera equitativa y suficiente para que todos los partidos puedan atender y satisfacer su necesaria comunicación con los electores.
Estos deben ser los tres grandes rasgos de la reforma democrática electoral que México necesita. En ese camino habrá que realizar reformas, por lo menos a 10 artículos de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 41, con respecto a quien debe organizar las elecciones; al artículo 43, para establecer el estado de Anáhuac y por esa vía otorgar derechos ciudadanos plenos a los habitantes del Distrito federal; a los artículos 52, 53 y 54, para establecer el sistema de la representación proporcional integral y suprimir la llamada cláusula de gobernabilidad, cuyo contenido es evidentemente antidemocrático; al artículo 59, para establecer la carrera parlamentaria; al artículo 60, que se refiere a dos órganos que se han demostrado conflictivos y obsoletos y claramente lo hemos visto así en lo reciente, el Tribunal Federal Electoral y el Colegio Electoral; al artículo 69, para institucionalizar mecanismos de diálogo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; al artículo 76, para ampliar las facultades de la Cámara de Diputados, sobre todo en materia de política exterior y al artículo 82, para evitar que funcionarios que carecen de experiencia política y de contacto directo con las masas y, por lo tanto, de la indispensable sensibilidad, puedan llegar a la Presidencia de la República, respaldados sólo por una carrera como funcionarios administrativos, sin haber ocupado antes ninguna posición de elección popular.
Además de estos 10 artículos constitucionales, en opinión del Partido Popular Socialista, se requerirá modificar a fondo el actual Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del cual no puede quedar sin examen y sin cambio de fondo uno solo de sus ocho libros.
Convocamos a las otras fuerzas políticas a iniciar el examen de este problema de inmediato, puesto que si queremos que el proceso electoral de 1994 se rija por nuevas normas más democráticas, entonces resulta impostergable el análisis a fondo e inmediato del tema. En fin, compañeras y compañeros diputados, estamos ya en el debate, estamos ya iniciando la batalla de las ideas en torno a los grandes temas que habrán de definir el perfil del México del Siglo XXI, sea para bien de la patria y sea para bien de nuestro pueblo. Muchas gracias. (Aplausos.)
COMISIÓN DE LA CÁMARA
DE SENADORES
El presidente: - Señoras y señores diputados, a esta Presidencia le ha sido informada que se encuentra a las puertas de este recinto una comisión de senadores que seguramente comunicarán a esta Cámara de Diputados la instalación de la Cámara de senadores y el inicio de sus trabajos.
Esta Presidencia designa en comisión para introducirlos a los siguientes diputados: Luis Dantón Rodríguez Jaime, María del Carmen Bolado del real, Juan Hernández Mercado, Tomás González de Luna, Estanislao Pérez Hernández y Heli Herrera Hernández.
Por favor, si fueran tan amables de cumplir con esta comisión.
Esta comisión de senadores está integrada por los señores senador Angel Ventura Valle, senador Antonio Manríquez Uluarte y senador César Moreno Martínez de Escobar, presidiéndola el primero de ellos y se le concede el uso de la palabra al señor senador Angel Ventura Valle.
El senador Angel Ventura Valle: - Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados:
Constituye un señalado honor para esta comisión integrada por los señores senadores Antonio B. Manríquez Uluarte, César Moreno Martínez de
Manríquez Uluarte, César Moreno Martínez de Escobar y por un servidor, acudir a este recinto a efecto de participar a ustedes de la formal y legítima integración de la LV Legislatura de la Cámara de Senadores del honorable Congresos del la Unión, que por primera vez inicia su ejercicio con la renovación de la mitad de sus miembros.
Durante los trabajos del Colegio Electoral recién llevados a cabo en la Cámara de Senadores, se dio el debate y la libre expresión de ideas y de pensamientos y concluyó con la aprobación de 32 senadores que junto con los 32 en ejercicio, integramos esta Legislatura.
A la LIV Legislatura que nos honra suceder, correspondió el compromiso de iniciar conjuntamente con el titular del Poder Ejecutivo, una nueva etapa y la tarea legislativa de la República que ha permitido avanzar en la democracia con justicia y con libertad.
Al integrar la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, estamos conscientes de la enorme trascendencia que esto representa, de la responsabilidad histórica que tenemos ante la nación y el compromiso que implica para los miembros del Poder Legislativo, el refrendo de la confianza en el pueblo y sus instituciones republicanas a través de las cuales ha decidido conducir los procesos de transformación y el cambio para el México del futuro que plantean las necesidades nacionales. Con la observancia de los principios constitucionales que rigen para la renovación e instalación de nuestra Cámara, su composición revela la capacidad del pueblo de México para el amplio ejercicio de las libertades de expresión política, comprueba nuestro avance en el perfeccionamiento de la democracia y asegura la presencia del debate político y la pluralidad sobre todo, manifiesta la prevalencia de las corrientes revolucionarias que han conducido el avance de la vida política, económica y social del país.
Conforme al régimen político que instituye nuestra ley fundamental, la nación confiere a la Cámara de Diputados y la de senadores la responsabilidad compartida de interpretar la voluntad popular y la vigencia del pacto federal. Por eso la conjunción de esfuerzos y la decisión de la más amplia colaboración entre ambas cámaras son garantía de estabilidad y de progreso para la República. Por lo tanto esta comisión refrenda a la honorable Cámara de Diputados la determinación del Senado de la República de mantener la más estrecha coordinación y la colaboración con esta Cámara, coordinación y colaboración que entre otras, será determinante para transformar nuestras normas internas y estar a la altura de las nuevas circunstancias que el país demanda.
Señoras y señores diputados: al concurrir a este recinto, esta comisión de la Cámara de Senadores formula para ustedes los mejores votos por su bienestar personal y desea que en la tarea legislativa y política ante los grandes temas nacionales que habremos de debatir, predomine el diálogo, la concertación y el mayor respeto a nuestras diferencias por un objetivo común: el interés superior de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Señores senadores , a nombre de la Cámara de Diputados de esta LV Legislatura al Congreso de la Unión, agradezco a esta comisión no solamente el puntual compromiso estatuario de comunicar el inicio de labores de la Cámara de Senadores, sino la cortesía que han tenido para ésta su colegisladora.
Resulta altamente alentador para todos las señoras y señores diputados, el haber escuchado de ustedes, por su muy amable conducto, señor senador Ventura, la disposición de la Cámara de Senadores de establecer una relación permanente de contacto con esta Cámara de Diputados por el bien de México.
Igualmente, queremos que ustedes sean el muy amable conducto para la Cámara de Senadores y para todos y cada uno de los integrantes de esta cámara, para decirles que les deseamos el mejor de los éxitos en sus trabajos legislativos, por el bien de México y por el bien de los mexicanos. Muchas gracias, señor senador.(Aplausos.)
Se ruega a la comisión designada acompañar, cuando los señores senadores así lo deseen, afuera de este recinto de la Cámara de Diputados. (Aplausos.)
POLÍTICA INTERIOR (II)
El presidente: - Continuando con la primera ronda de oradores, se concede el uso de la palabra al señor diputado Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Leonides Samuel Moreno Santillán: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Con la grave responsabilidad que implica hacer uso de la mayor tribuna de la República, pero también con la mayor satisfacción que proporciona este hecho, ante ustedes, señores legisladores,
expongo el contenido del análisis referido a los conceptos de nacionalismo, gobierno y democracia que mi partido, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hace del III informe de Gobierno del presidente de México, licenciado Carlos Salinas de Gortari, a través de las siguientes reflexiones:
Considero, compañeros, que ésta es la oportunidad para ejercitar dentro de estos primeros trabajos parlamentarios, todas aquellas acciones que sean necesarias para devolver al pueblo de México la verdad en la intención de los futuros resultados de los procesos electorales y de los actos de gobierno, por nuestros juicios, para reencontrar el camino de la democracia y la justicia social.
Hace más de un siglo, Alexis de Tocqueville anunció que la palabra democracia se volvería el símbolo de la legitimidad universal, casi de reverencia general. La profecía se ha cumplido, pues en la actualidad es difícil que exista un ser racional de cualquier raza, de cualquier país y de cualquier continente, que no se declare partidario de ella.
También Ortega y Gassette llegó a decir que la salud de las democracias, cualquiera que sea su tipo y su grado, dependen de un mísero detalle técnico: el procedimiento electoral; todo lo demás, decía es secundario. Si el régimen de comicios es acertado, si se ajusta a la realidad, todo va bien, si no, aunque el resto marche óptimamente, todo va mal.
Y en estos tiempos históricos que vivimos, consideramos tan peligroso para la comunidad nacional, tanto a todos aquellos que poseen todos y quieren más, como a todos los que nada poseen y tienen necesidad de todo.
Nos encontramos, señores legisladores, ante la inminente desecación humana por trituración económica, que viven, según las estadísticas, más de 45 millones de mexicanos y esto no reza en un país republicano como el nuestro. Por lo que es aquí en este tiempo y con base en la convergencia de lo divergente y comprometidos históricamente, que debemos fortalecer los vínculos de la nación mexicana y lograr pasar por encima de los valores de la riqueza y el poder y evaporarlos en el calor de la fricción social en el cambio viviente por un marco de auténtica democracia, para secularizar la igualdad de condiciones en el reconocimiento de las diferentes formas de pensar por la libertad y la democracia y todo lo que ello implica.
Aprendamos a tener por la libertad y por la democracia más respeto que por el poder y la riqueza.
Ordenemos con objetividad y sensibilidad el desorden de espíritu que estamos viviendo y demostremos ante nuestros compatriotas que somos capaces de interpretar y captar la rapidez de la evolución y el crecimiento repentino del proceso mental sociopolítico de los mexicanos, dejando que llegue a nosotros la etapa de la madurez y de la verdad.
Una nueva actitud espera el nombre común de México de sus gobernantes y de sus líderes, ingenio, es la retribución en el dominio de si mismo, en la delicadeza, en el orgullo, en la amistad y en un amor vehemente por su patria. La miopía y la estrechez de mente no tienen ya más cabida en el proceso de la doctrina moderna, necesitamos la visión amplia y de largo alcance, virtudes de un estadista y de un Congreso de la Unión alerta a las circunstancias.
Ya transcurrió la época de la política insignificante en medio de millones que no tenían voz y surgen el ambiente y las circunstancias de la gran política, donde la opinión de todos deberá ser escuchada y su voto tendrá que ser respetado. Con un Tribunal Federal como última instancia o como cualquiera que se llame, pero que actúe como órgano imparcial dentro de esta disciplina y no en la forma con que actuaron en la ocasión pasada del proceso electoral federal del 18 de agosto, convertido en el cadalso electoral, como lo calificara nuestro compañero Cantú Rosas.
El pueblo de México entero razona y clama por una creencia pública de la fe republicana, muy a pesar de la afirmación que se hizo en el sentido de que en nuestro país, en el que se formó el estado mexicano, hoy, el personaje del drama, de la República, vuelve a ser la democracia y debemos darnos una respuesta a este hecho, recordando que el ejercicio de la política es la implantación del orden entre los hombres. Ordenemos, entonces, los valores del estado, gobierno y sociedad.
Aceptemos también que la voluntad de los mexicanos expresada el pasado 18 de agosto, más que convicción política y educación cívica ejemplar, como se pretende ver, la realidad fue que existía un rechazo mayor que nunca al sistema que ponía en riesgo los propósitos de partido - gobierno, viéndose obligados a instrumentar un Programa de Solidaridad, dual en sus propósitos y el mayor fraude electoral de la historia, como quedó evidenciado en las intervenciones de los
partidos políticos en los trabajos del Colegio Electoral y cuya maquinaria irreflexiva del grupo oficial en bloque definía, sin hacer justicia y por consigna recibida.
Nuestra política según el consenso en el partido Auténtico de la Revolución Mexicana debe buscar, en consecuencia, no la unión de los partidos políticos, sino la unión de la República democrática como principio y fin.
Por eso los convocamos, señores legisladores, al consenso, con su calidad de hombres libres del pensamiento en la definición futura de México a través de esta honorable asamblea.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana quiere un México unificado en lo esencial con la patria y en lo fundamental con la República. Sin estos principios creemos que seguiremos viviendo fragmentados, como pedazos de un todo que no acierta a integrarse con una concepción verdaderamente nacionalista.
En estos momento la nación piensa y se determina ante una evolución y un crecimiento con sentido común sorprendente, por sus consecuencias, les pedimos que aflojen los viejos hábitos, hoy sofisticados y, contribuyan a renovar y vigorizar el sentimiento y el pensamiento nacionalista de todos los mexicanos.
Nadie ha creído este último supuesto gran triunfo electoral, por el que se comprometió la responsabilidad del Presidente de México en turno, con su reto a la democracia.
Abran la mente al experimento y al cambio y extirpemos de la revolución social la aviesa intención del oportunismo, del sometimiento, de la domesticación, del chantaje y de la represión, hechos que quedaron manifestados también por la oposición en los trabajos del Colegio Electoral.
Nos felicitamos de que el Ejecutivo Federal haya reconocido que aprendimos que se requiere perfeccionar algunas disposiciones electorales, ¡y vaya lección que recibieron! Ojalá y se logre también su siguiente afirmación: que la responsabilidad en el análisis y en el cambio legislativo para perfeccionar el marco electoral, será de la competencia de esa asamblea en su conjunto, por lo cual pedimos que aceptemos este compromiso.
Si la libertad y la democracia dependen de la capacidad del estado para encontrarla, la función del estado de promover el desarrollo y como finalidad de libertad dentro de esta democracia y en caso nuestro no se logra hacer; el desarrollo; la libertad y la democracia se frustran, perdiéndose la finalidad para lo cual está constituido el estado en este sentido y como contingencia de reyes, se inserta en tal empeño un mecanismo de sometimiento y explotación en sus gobernadores a través de un grupo parlamentario mayoritario, hecho para este propósito, con una actitud irreflexiva que define y decide sin análisis y por consigna.
De todo esto surge la necesidad de la sociedad del auxilio mutuo, de su fuerza, de su resistencia civil para contrarrestar esta nación que no excluye al estado de todo, que lo obliga a ir al repaso de la distinción entre un orden moral, un orden natural y un orden legislativo.
Apoyamos en consecuencia que el nacionalismo mexicano en nuestro tiempo y de cara al Siglo XXI, heredero de principios derivados de la historia, tiene que modificar su expresión para asegurar el logro de los cuatro principios fundamentales: la defensa de nuestra soberanía, el respeto a la libertad, la firme promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general cada vez mayor y el desarrollo de la democracia como lo manifestara el presidente Salinas de Gortari.
Por todo esto, es que a esta legislatura le corresponda en esta tarea, ser el resultado concomitante de las fuerza que bullan y surjan por debajo de la superficie política y social de nuestra vida nacional.
El caos empieza, señores, porque se impera sin ayudar y se gobierna sin dirigir y así no se puede circunscribir el respeto mutuo y la salud republicana.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana no quiere destruir a México, por el contrario, quiere amarlo y defenderlo de cara al pueblo, con el arma invencible de la inteligencia, de la razón y la verdad defendiendo las ideas democráticas, patrimonio de la humanidad, donde se encuentra el podium del acato de la república democrática. Queremos, en suma, defender y salvar a la patria de la miseria, la justicia y la sinrazón.
Por todo esto, creemos que la relaciones Estado - Iglesia y como respuesta a la convocatoria del Ejecutivo Federal para proponer una nueva situación jurídica de las iglesias, cabe señalar que nuestra Carta Magna consigna los términos a que hizo referencia en lo fundamental el presidente de México y nuestra intervención sería
regular el comportamiento cotidiano de sus integrantes en las diferentes religiones, pues si bien entre las distintas denominaciones existe diversidad básicamente en cuanto a su forma de administración, el sustento de fe que las unifica es el credo representado por un dios o gran arquitecto del universo, en donde para todas las religiones la Biblia establece y define que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
En este sentido, el respeto a la diferencia y laicismo en la educación, son garante de armonía y fraternidad en los mexicanos y sería un contrasentido poner en manos de quienes juran lealtad a un estado extranjero, el interés nacional de los mexicanos, por lo que proponemos en su caso con las relaciones con el Vaticano y las equivalencias de otros creados, sean de Estado a Estado, sin que tengan ningún tipo, de injerencia interna; sin intervención de ningún tipo, excluyendo incluso cualquier forma posible concordato; que los derechos de los sacerdotes y equivalencias, por su acción y realidad, se limiten al culto religioso, sin desarrollar actos económicos que definan dualidad a los actos de gobierno en el servicio público y social; que sus bienes sean excluidos para el culto directo, dejando para otros sectores de la sociedad el desarrollo económico de bienes raíces y similares. Respecto a sus derechos como ciudadanos y dentro del marco de los derechos humanos, como tales darles el derecho del voto, sin permitírseles la actividad política por ser incompatible a su responsabilidad espiritual y por cuanto a su injerencia en la educación, no tengan participación en la educación laica y en la privada, limitarla a una enseñanza tal que respete integralmente los valores y símbolos patrios, sin oponerse en forma alguna a la soberanía nacional, así como el ejercicio religioso no sea impuesto para quien no lo quiera y que su ejercicio tenga un límite por cuanto a la cobertura del proceso intelectual.
En la actualidad la fe de las mexicanos, sentimos por su abandono, ha sido vendida a hombres corruptos, al tráfico de drogas, al sindicalismo venal, a la economía subterránea, a intereses leoninos de una deuda externa que destruye nuestro porvenir y se pretende ahora pactar apresuradamente un tratado de libre comercio sin medir sus consecuencias. Proponemos en este sentido un análisis a conciencia.
La verdad de las cosas, en términos generales, se trata de ocultar con ligereza y en tales condiciones las hegemonías alejan más y más la idea de igualdad.
La base de nuestro pueblo muestra lágrimas de inconformidad reprimida por su impotencia, mientras que la esperanza es un callejón sin salida, en medio de dolor, rencor y rabia.
Reconozcamos con valor civil que nos encontramos en un estado general injusto, con salario injusto, educación injusta, castigo injusto, ley fiscal injusta, organización política electoral injusta, en medio de una inconformidad general que espera resultados.
Encontremos juntos, compañeros legisladores, como se comprometió el Ejecutivo federal y nos comprometió, el camino de la concertación para afrontar los grandes retos nacionales. Resolver el dilema de lo igual y desigual en lo distributivo de la justicia social, es concretar con hechos lo que la población reclama como solución a la estabilidad, paz concordia, la devolución del bienestar y el respeto del individuo frente al Estado.
Recordemos que por razones de libertad, justicia y democracia, el pueblo de México ha sometido a la autoridad y vencida, pactado con sangre de hombres liberales e inocentes, antecedentes inobjetables en el pasado mexicano, que representa nuestro compromiso histórico.
Se repite la historia, señores, no hay consonancia entre la frase gobierno de la República, que quiere decir gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo; más bien hay disonancia entre lo pactado y lo realizado y ambas palabras en la realidad social se separan peligrosamente.
El pacto republicano empieza a rasgarse y junto con el pueblo, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se apresta a salvarlo de la espada de la fuerza económica y de la imposición, con la espada de la justicia de la humanidad, porque congruentes con nuestra plataforma y filosofía política, respondemos como herederos responsables de los patricios que formaron el Estado mexicano.
Conciliemos, señores legisladores, con inteligencia y justicia, acomodando la razón pública y política, porque una idea dominante de tipo popular, que se encuentra en el terreno del conflicto como su opuesto, tiene que chocar como está pasando y dependerá de lo que el hombre en sociedad quiera instalar como mecanismo social y de lo que él piense que dicha sociedad deba ser y del sentir sobre su propia naturaleza como ser social para que surja de lo viejo y de lo nuevo la síntesis de la idea superior. Un gobierno de todos y para todos. Esta es la idea medular de la República y del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Unificar en lo esencial y fundamental nuestros principios democráticos, no es virtud de sabios ni un don de genios, sino una necesidad espiritual en el caos moral o en el caos político; es una obligación patriótica para salvar a nuestro país de aquellos que afilan sus uñas para encajarlas y arrebatárnoslo. Veamos cuidadosamente el trasfondo del Tratado de Libre Comercio, de la privatización de la banca con capitales mixtos y la modificación de los términos de la tierra.
Reitero, señores, a nombre de mi partido, que hoy estamos en el deber de realizar no la unión de los partidos políticos ni del gobierno, sino la unión de la nación misma a través de una auténtica reforma electoral, de respeto al voto y de la viabilidad al ensanchamiento del andamiaje democrático, aun con el sacrificio de dejar la vida en el camino, como lo hicieron lo padres de la República restaurada, por lo que si al concluir nuestra legislatura no nos esforzamos por entregar un república democrática y como auténticos poseedores de ese legado de nuestros antecesores del 1917 y no damos un ejemplo de la independencia de Hidalgo, de la integridad de los Sentimientos de la Nación de Morelos, de la entrega de Vicente Guerrero, de la justicia y voluntad de Juárez, triunfará la incompetencia política, continuará la corrupción en los cargos públicos, triunfará el oportunismo y el egoísmo, la sinrazón, el reino de Santa Anna y de Díaz, y se ahogará la democracia frente a nosotros y con seguridad pesará sobre cada uno de nosotros, este hecho y nos señalarán con reproche.
Por tanto, poco favor le hacen a la dignidad nacional, quienes suponen que modernizar es sellar para siempre la miseria de la mayoría de la población campesina y obrera de nuestro país, modificando en su contra los artículos que les afectan. No olvidemos jamás que el movimiento republicano esclareció de una vez por todas, que un gobierno y una nación no se forman bajo circunstancias surrealistas, sino por mandato popular, igual que lo hicieron nuestros antecesores en la Revolución de 1910.
Devolvamos finalmente, compañeros legisladores, al pueblo, lo que demanda para unirse: un contenido efectivo en la forma más honda y no retórica en la acción de las palabras. Cumplamos con el mandato de república y democracia. Muchas gracias.
Presidencia del diputado Gabriel Jiménez Remus
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Javier Centeno Avila: - Con su venia señor Presidente; honorables miembros del Congreso de la Unión; señoras y señores:
La posición del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es analizar crítica y objetivamente el Informe del Primer Mandatario, evitando la fácil visión del elogio o la simple censura descalificadora, que no contribuyen a un diálogo constructivo.
Para nuestra fracción, el informe es un balance de las acciones de la administración pública del tercer año de gobierno. Un examen típico de mitad del camino, cuyo contenido esboza las directrices políticas de los próximos tres años.
El concepto de nuevo nacionalismo se mantiene como uno de los ejes fundamentales de la política desarrollada por el Primer Mandatario.
En el informe se define con precisión este concepto, utilizando para ello, entre otros elementos, lo establecido en el artículo 3o. constitucional, particularmente en relación con los principios básicos que deben fomentarse: defensa de nuestra soberanía, respeto a la libertad, promoción de la justicia y desarrollo de la democracia.
El concepto de nacionalismo desarrollado por el Primer Mandatario, coincide plenamente con el ya sustentado en México históricamente. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en definirlo como un nuevo nacionalismo, cuando señala por ejemplo, que debemos rechazar las deformaciones que ven en el nacionalismo una propuesta sacramental congelada, compuesto por políticas públicas de ayer y que hoy son ya inoperantes.
Tampoco se explica cuáles son esos procedimientos. El nacionalismo para los mexicanos ha significado a los largo de su historia, uno de los instrumentos fundamentales para la defensa de la soberanía nacional en los términos de los artículos 39 y 40 constitucionales, entre otros.
El señor Presidente define al nacionalismo de cara al Siglo XXI e informa que tiene que asegurar el siguiente logro de los principios: defensa de nuestra soberanía, respeto a la libertad, promoción de la justicia y desarrollo de la democracia.
¿Quién podría en contra de estos cuatro principios de filosofía política? Creemos que muy pocos. Sin embargo se precisa de un proyecto
estratégico que haga viable el nuevo país que involucra una mayor soberanía, respeto pleno a la libertad, justicia verdadera y democratización integral.
Históricamente el impulso del nacionalismo ha sido la respuesta a un desafío externo. Sin embargo el Presidente considera que no será cerrando las puertas, pretendiendo ignorar lo externo, como aseguraremos mayor independencia económica en un mundo interdependiente.
En lo económico, tenemos que participar de la interrelación para crecer más rápido. Podemos mantenernos soberanos y con mayores relaciones económicas, porque estamos dispuestos a crear una sociedad más justa.
Por otra parte, coincidimos con el Ejecutivo cuando señala los particulares riesgos de nuestra soberanía nacional. Mayor integración no debe ser cesión de soberanía; reestructuración no debe implicar más empobrecimiento del pueblo; unidad nacional no debe ser el sobrevivir en las anacrónicas políticas del corporativismo.
Democracia y gobierno.
Es evidente que en México existe un cierto clima de libertades democráticas apuntaladas por importantes logros en materia económica. Sin embargo, no se podrá legitimar ninguna política gubernamental, si no emana de la voluntad popular. La regla de oro de la democracia política es el respeto al sufragio. Si ésta es violenta, el edificio político que habitamos se pone en cuestionamiento por todos. Puede resquebrajarse y será necesaria una verdadera revolución moral para reconstruir sobre nuevas bases, el todo nacional.
La única legitimidad proviene de la soberanía popular, en especial, de los ciudadanos. Todo agente externo, por muy legítimo que éste pudiera ser, está imposibilitado para validar la legitimidad. En esto tiene nuestra historia secular antecedentes; sólo representado la voluntad popular, es como podremos reconstruir la democracia en México.
La insatisfacción por el proceso electoral federal pasado, abarca a distintas fuerzas, que el mismo informe del Ejecutivo exhibe reflexiones críticas sobre aspectos del proceso electoral, en particular, de la oportunidad de los resultados. La naturaleza misma de la autocalificación electoral ha sido puesta, de nueva cuenta, a prueba. Sin imparcialidad y sin voluntad política democrática, es preferible la implantación del sistema de la heterocalificación, como sucede en algunas otras democracias representativas.
Aquí recordábamos de nueva cuenta una propuesta que el Partido del Frente Cardenista hizo a la legislatura anterior de reformas al artículo 60 constitucional: "La calificación de las elecciones, tanto para diputado como para senador de la República, se hará por medio del Tribunal Federa Electoral, organismo similar se instituirá en las entidades federativas para calificar sus respectivas elecciones. Las resoluciones que no sean recurridas en el plazo previsto por la ley y los recursos que sean resueltos por el tribunal, adquirirán el carácter de definitivos".
El Partido del Frente Cardenista propone el establecimiento del estado número 32 en el Distrito Federal y se pronuncia por la elección democrática por parte de los ciudadanos de la capital mexicana, de sus autoridades, por voto directo, secreto universal.
Es interesante que el informe presidencial dé cuenta de la existencia de una gran línea divisoria que limita directamente a la integración nacional. La relevancia de tal acierto es sustancial para comprender las contradicciones internas y delinear los horizontes estratégicos de la política de desarrollo.
En el contexto de una pobreza acentuada, como la que hoy se vive, es imposible referirse a la integración nacional o lo que es más riesgoso, a cometer desafíos superiores como el Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, sin la ampliación de la justicia social; lo cual si no se logra implicaría mayor dependencia, profundización de la polarización social y en consecuencia, el incremento de los desequilibrios.
La pertinencia del Programa Nacional de Solidaridad como mecanismo compensatorio de los deterioros sociales dejados por la crisis, para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional no está en cuestionamiento; consideramos que la dimensión y naturaleza de este programa pudiera ampliarse y ser una estrategia permanente de redistribución del producto, ampliar su cobertura a otros sectores laborales y coadyuvar a la autogestión social.
El Programa Nacional de Solidaridad, no debe ser utilizado como instrumento partidista, ya que este proporciona tremendas ventajas a un partido dejando a los demás en desigualdad en la lucha por la conquista del voto ciudadano. Para evitar que a esta institución se le dé un uso contrario
a sus fines esencialmente sociales, proponemos se establezca por la Cámara de Diputados una comisión pluripartidista de control y vigilancia de su actividad.
Por último, el informe del Primer Magistrado analiza varios problemas torales de la realidad mexicana, las relaciones con la Iglesia, el campo, la educación. Respecto de la relación Estado - Iglesia, plantea la necesidad de reformar el orden jurídico constitucional para reconocer la nueva situación de las mismas bajo los siguientes principios: institucionalizar la separación entre ellas y del Estado, respetar la libertad de creencias y mantener la educación laica en las escuelas.
Esta reforma constitucional tendrá qué ver con los artículos 3o., 24 y 130 de la Constitución, por lo que el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional considera necesario someterlas a debate nacional y a un cuidadoso análisis.
En el campo mexicano tuvo sus orígenes la Revolución, la lucha por tierra y libertad fue el grito de los campesinos que participaron en el movimiento armado, sus aspiraciones y derechos quedaron plasmados en el artículo 27 constitucional, el cual junto con el 3o. y el 123 constituyen las garantías sociales que distinguieron a la Constitución Mexicana respecto de las constituciones liberales de principios de siglo.
Cualquier modificación al precepto constitucional debe llevarse a debate nacional. El Partido del Frente de Reconstrucción Nacional lucha por la preservación y el fortalecimiento del ejido y estará vigilante de la defensa de los intereses de los trabajadores del campo; es a los campesinos a quienes les corresponde ser los actores de su propio cambio.
Otro tema de relevancia lo constituye sin duda alguna la educación, a la cual se le considera como una palanca fundamental para el cambio y el principal instrumento de justicia, la cual para se desarrollo requiere de la reformulación de los contenidos y métodos educativos con base en un principio nacionalista y con un nivel de calidad competitiva en el mundo. Es evidente que sin un sistema educativo de calidad no se puede hacer frente a los retos de la modernidad; la educación constituye un elemento de identidad de los mexicanos y es una de las formas de promoción social.
El sistema educativo mexicano debe elevar su calidad para alcanzar los niveles de excelencia, pero no bastan los buenos deseos. Cualquier proyecto estará condenado al fracaso si no se le destina el presupuesto que requiera para el cumplimiento de sus objetivos. Parte sustancial de cualquier proyecto educativo que pretenda la superación académica, pasa también por el mejoramiento salarial a las condiciones de vida de los profesores.
El establecimiento de cualquier modelo curricular y su correspondiente evaluación requieren del consenso y la participación de los docentes e investigadores. El imponerlos por medio de procedimientos autoritarios o burocráticos no contribuye al desarrollo de un proyecto educativo sano.
La educación media y la educación superior universitaria languidecen por la falta de apoyo económico y los bajos salarios que perciben los profesores y trabajadores universitarios. Esperamos que el reconocimiento que el Primer Mandatario hace del trabajo de los mentores, se traduzca en acciones que llevan a una profunda transformación de nuestro sistema educativo.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional se pronuncia por el establecimiento de un curriculum transformador y progresista que contribuya al cambio de la sociedad mexicana y no sea un mero soporte del status. También nos pronunciamos por la defensa de la universidad pública y por el carácter gratuito de la educación que imparte el Estado.
El Partido del Frente Cardenista considera un avance importante en la salvaguarda de los derechos humanos y considera un avance sustancial la iniciativa de elevar a nivel constitucional la comisión nacional de Derechos Humanos, así como la modernización del Poder Judicial, que como Poder autónomo y soberano debe responder de manera expedita en la administración de justicia.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional reitera su compromiso de luchar hombro con hombro con la clase trabajadora mexicana, en defensa de su soberanía y de sus conquistas históricas. ¡Venceremos! Muchas gracias.
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Independientemente de los problemas secundarios hay problemas de rumbo y yo quisiera empezar por señalarlos:
hace 15 años que el país entró en un rumbo de integración económica con Estados Unidos. En este proceso han intervenido factores gubernamentales y no gubernamentales. Es ciertamente producto de la exigencia de los tiempos en cuanto a las relaciones económicas, pero la consolidación de este rumbo ha dejado ver con claridad en estos tres años el contenido y las tendencias políticas que lo impulsan desde el gobierno.
Por eso la estructura del país cambió de raíz. Funcionaron algunos nuevos mecanismos económicos y, desde el punto de vista de la sociedad, se recorrieron las clases sociales hacia abajo y en la cúspide se concentró el ingreso a niveles nunca antes visto en nuestra historia.
El resultado esencial de ese rumbo es un México con 45 millones de pobres, 17 millones de miserables y 12 millones de desempleados. El salario real de los trabajadores ha disminuído en los últimos años en un 60%. Mientras el 50% de la población es pobre y el 22% vive en la extrema pobreza, sobresalen unos cuantos apellidos, vinculados al titular del Ejecutivo, enriquecidos hasta el asombro con la consolidación de este rumbo político que encabeza hoy el licenciado Carlos Salinas de Gortari.
Tenemos, en consecuencia, un México mucho más injusto que el de ayer.
Los complejos, los probables complejos de culpa del poder hicieron que se recuperara el nacionalismo, por lo menos en el enunciado. El titular del Ejecutivo da al nacionalismo en el informe una idea que responde a la necesidad de no dejar a México fuera de los procesos integradores y hace comparación con el nacionalismo de ayer. Yo también quiero ir a esa comparación.
El nacionalismo surgió con un carácter defensivo y ése es su contenido mismo: defensa de la patria, defensa de la nación, de un pueblo permanentemente amenazado por el exterior. ¿Qué tanto ha cambiado esto?
Ciertamente, ya no existen las condiciones que rodearon la formación de estado nacional. El mundo hoy es otro. Pero llegando al mundo de hoy, podemos decir que efectivamente terminó el orden impuesto por el equilibrio de las armas y pasamos a un orden mucho más complejo y no menos riesgoso y no menos peligroso para nuestro país, que es: el orden del poder económico.
Vivimos efectivamente ya el fin de la bipolaridad pero no dejemos de vivir la hegemonía de uno de los dos polos. La situación internacional es sumamente compleja y no es ciertamente favorable a nuestro país.
México llega a esta integración, a estas posiciones integradoras a las que se refiere el informe, en situación sumamente desfavorable, que desconoce el titular del Ejecutivo.
La integración regional en Europa, efectivamente, es una integración entre iguales, es una integración de economías en expansión y por eso, pero justamente por eso, la integración de México tiene un carácter fundamentalmente diferente.
El concepto de la soberanía se ha vuelto más político, siempre que sea sobre la base de que se ha logrado la independencia económica. Y nuestro país tiene una estructura cada vez más dependiente.
México es un país con un mercado nacional asfixiado y no se trata de economía en expansión; se trata, sin embargo, de la integración de un país con una economía estancada, con un mercado nacional asfixiado profundamente endeudado, que está integrándose al país más industrializado del mundo y a una economía francamente en expansión.
México le ha dado la espalda a América Latina, ésa es la verdad que no escuchamos en el informe y le ha dado la espalda porque México debe pensar, en primer término, como latinoamericano y hoy nacionalismo tiene un signo de igual con latinoamericanismo.
Integración con Estados Unidos sí, pero junto con América Latina y nunca de espaldas a América Latina , fortalecidos todos nuestros hermanos que están en igualdad de condiciones.
Luego del ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio aquí se han cerrado 77 mil empresas mexicanas y llegaron 2 mil empresas norteamericanas más al país. Lejos estamos de una propuesta sacramental y congelada, pero estamos por una propuesta continental de integración.
A la integración de México con Estado Unidos decimos integración continental y así podemos hablar de nacionalismo, así podemos hablar de defensa de la patria, uniéndonos a nuestros iguales y a nuestros hermanos. Se pudiera coincidir con los enunciados que dice el licenciado Salinas del nacionalismo: defensa de nuestra soberanía, justicia en el ámbito de una prosperidad general, el desarrollo de la democracia y el aseguramiento de nuestra independencia económica; sólo que ninguno de estos enunciados corresponde a la realidad de la política del actual gobierno.
Defensa de nuestra soberanía es mantener el carácter defensivo del nacionalismo; ¿prosperidad general en el sexenio que más ha impulsado la concentración de la riqueza en unas cuantas manos? ¿Desarrollo de la democracia? Veamos 1988 y 1991: aseguramiento de nuestra independencia económica, ahí está la estructura del país deformada e hipotecada.
Se ponen los grandes temas a debate: el ejido, la educación y la relación iglesia y Estado. Para hablar del ejido hay que partir de la realidad de una política que lo ha llevado al estancamiento, a la improductividad y a la extrema pobreza, tenemos una propiedad social en el campo de 100 millones de hectáreas, 27 mil predios, o sea 3 millones de usufructuarios que representan más del 50% del total del país y en los últimos cinco años el crédito al campo, especialmente el ejido ha disminuido en un 60%.
Hay que partir de estas realidades, pero lo único a lo cual me quiero referir de manera especial, es que no se puede transformar al ejido sin la participación directa de los ejidatarios, transformarlo sin ellos es imposible, se requiere su opinión, su participación y su actividad directa y una de las características de la modernización salinista es modernización sin el pueblo; modernización a espaldas del pueblo y sin democracia y sin participación y ahora se habla de transformar al ejido y nosotros decimos: vamos primero a los ejidatarios para ver qué opinan, partiendo de su realidad misma, en realidad de un campo descapitalizado, transformarlo sin ellos por mera asociación de capitales. Se acusa al ejido desde el gobierno, de improductividad, la privatización del ejido ya tiene fin, se quiere culminar el proceso que se inició con Miguel Alemán donde se ha venido ahorcando al ejidatario; el ejido que ha sido una institución que ha logrado satisfacer necesidades alimentarias del país, hoy insatisfechas.
Hay un proceso de privatización paralelo de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, de Fertilizantes Mexicanos; desaparece la Productora Nacional de Semillas, Tabacos Mexicanos y el Banco Nacional de Crédito Rural disminuye su papel Hoy, el campo por todo eso padece descapitalización y el remedio no es la privatización ni la asociación de capitales, mucho más favorecería frenar ese proceso de disminución del crédito y volver a poner al ejido como el abastecedor más importante que tienen las ciudades de nuestro país.
En la educación también hay que partir de realidades, de todas esas realidades ignoradas por el informe presidencial: 2 y medio millones de niños menores de 14 años ya no estudian; 4 y medio millones de adultos analfabetas en nuestro país; 20 millones de 15 años o más que no terminaron la primaria; 16 y medio millones terminaron la primaria pero no la secundaria, en total 43 y medio millones no han terminado la secundaria y que se considera como el mínimo básico.
Cada año el sistema escolar pierde 880 mil niños de primaria y secundaria y se nos ofrece como solución la comercialización de la educación y tener dos educaciones, una para los privilegiados y los que pagan y una de segunda para los que no pueden pagar.
Y no se nos diga que no es ése el camino, porque ya se está haciendo claro y cada vez más la educación como comercio y como medio de lucro. Las escuelas de élites para las élites, para los hijos de los millonarios, cada vez están más ubicadas en determinadas zonas. Dos educaciones es lo que nos ofrece el informe.
No estamos en contra de las libertades, estamos en contra del comercio con la educación; estamos en contra de los dos Méxicos para los que hay dos educaciones, la de buena calidad y la de mala calidad, la de los maestros bien pagados y la de los maestros mal pagados; la de las zonas residenciales y la de los pobres y eso es lo que nos ofrece el gobierno de Salinas: ahondar el proceso de privatización llevado a la comercialización de la educación.
Tampoco estamos contra la descentralización de la educación, pero es al transferir recursos y las facultades del sistema educativo a los estados, no debe transferir las relaciones laborales, de tal manera que está perdiendo razón de ser el sindicato Nacional de Maestros y estamos contra la corrupción y contra los caciques sindicales y aplaudimos la derrota del cacicazgo de Jongitud, pero, no estamos en contra del sindicato y de los derechos de los maestros para organizarse
en un sindicato fuerte y nacional que cada vez se ve más amenazado.
Todas estas carencias de la educación han tratado de ser corregidas con el Programa Nacional de Solidaridad. Eso es lo que resulta cada vez más absurdo.
Lo menos que se puede plantear en esas condiciones son sueldos decorosos para los maestros y si esto no está en la polémica nacional sobre la educación, lo demás van a ser palabras; si no hay lucha por su sindicato, por mejores condiciones laborales para los maestros y mejores condiciones para la escuela y la lucha por una sola educación en todo el país, para ricos y pobres.
Iglesia y Estado, los casi 50 años de complicidad equivocada, han conducido esta relación al deterioro de una mentira repetida mil veces e insostenible ya que además se realiza a la vista de todos. Adecuar las relaciones Estado- Iglesia para conducirlas por cauces abiertos, claros y democráticos, es hoy una necesidad.
¿Qué es lo que nos dice el estatuto respecto a la Iglesia? Tiene prohibido poseer bienes, carece de personalidad jurídica para ejercer el ministerio de cualquier culto en el territorio nacional, se requiere ser mexicano por nacimiento; los sacerdotes no pueden emitir opiniones políticas en reuniones públicas o privadas, ni en actos de propaganda religiosa. No existe el derecho al voto para los sacerdortes; las publicaciones religiosas no pueden comentar asuntos públicos, asuntos políticos; en los templos no se deben hacer reuniones políticas; está prohibida la educación religiosa.
Ni una sola de estas disposiciones legales se cumple hoy y todo el mundo lo sabe, las escuelas religiosas donde se enseña religión no son excepción, existe un número considerable que actúa sin limitaciones y son agentes de instrucción política. Lo constato, no lo condeno. La iglesia enseña catecismo, moral cristiana y efectúa ceremonias religiosas fuera de los templos; muchos sacerdotes extranjeros ofician en el país y todo el mundo lo sabe. Lo constato, no lo condeno.
Las publicaciones eclesiásticas comentan asuntos de política; los sacerdotes llaman a votar y frecuentemente lo hacen desde el púlpito; los principales miembros de la jerarquía siempre se pronuncian en momentos electorales claves y cuentan con la cobertura nacional de los medios de información.
Una cantidad considerable de sacerdotes votan, lo hacen más fácilmente que quienes imparten clases, pues tienen otra profesión, pero es un hecho que cada vez hay más resistencia a renunciar a ese derecho como ciudadanos mexicanos que son.
El sistema que existe de prestanombres hace difícil conocer con exactitud las fuentes de ingreso de la Iglesia; una parte importante proviene de la educación, de otras fuentes, las principales son la propiedad de bienes muebles e inmuebles y también hay negocios e inversiones.
El funcionamiento de una considerable cantidad de escuelas, los negocios e inversiones, la extensa red de publicaciones de contenido político, los numerosos contactos y apoyos de elementos del gobierno son hoy parte de la puesta en juego de una correlación de fuerzas entre el Estado y la Iglesia, que pasa por una red estable de presiones, propuestas, contrapuestas y equilibrio.
Desde la iglesia de León XIII la política del Vaticano se orientó por una romanización altamente centralizada que abrió el paso a la política de negociación a través de las cúpulas. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado se entienden de esta manera, no con el cuerpo colegiado de los obispos como jerarquía nacional de la Iglesia, sino con la unipersonal representación papal.
El sentido nacional de la relación Iglesia y Estado tiene importancia y es parte de la orientación que debe regir. Está en nuestras leyes y ha de plasmarse en un acuerdo expreso. La fidelidad a la patria es también una virtud evangélica descrita en la conducta de Cristo frente a Jerusalén.
Una relación sin falsedades, de deberes y derechos, expondría a la luz, en el lugar de la jerarquía eclesiástica que hoy no es monolítica en la sociedad, su misión de la historia y su compromiso frente al futuro nacional será más clara sobre todo su posición ante las clases sociales.
El reconocimiento de los derechos cívicos de todos los ciudadanos sin excepción sigue siendo tabú, porque los sacerdotes son parte de esos ciudadanos, pero en realidad es un tema, desde el punto de vista sociopolítico totalmente rebasado por la moderna historia universal. Ya no puede haber ciudadanos de segunda que no tengan derecho a votar.
A partir de la historia nacional, no se trata de los derechos políticos de la Iglesia como una
institución, propiciaría el manejo corporativo de derechos individuales. Muy distinto y otra cosa es el respeto de la libertad política de las personas, es una cuestión de fondo que no permite partir de sumas de votos más o menos para tal o tal corriente histórica, sino de derechos que por serlo ya no pueden ser negados en los niveles de los desarrollos sociales en un mundo cercano al Siglo XXI.
La salida para que la relación Estado- Iglesia no depende de tratos ocultos o identificaciones de grupos políticos, es adecuar esta relación con normas precisas por medio de las cuales, por ejemplo el Vaticano nombre a los obispos, a sugerencia de la Conferencia Episcopal. Una solución de este tipo cambiaría la situación por muchas razones, entre otras, elimina esa especie de trato colonial.
En Europa existen no pocos concordatos, pero no es solo que proponemos para México, pues daría carta de legitimidad a la relación de cúpula para adoptar, por medio de negociaciones, entre tres o cuatro personas, incluido el representante del Vaticano, decisiones obligatorias por acuerdos de corporación.
La relación Iglesia - Estado debe tener lugar abiertamente con el conjunto colegiado de los obispos mexicanos y la forma de vinculación de éstos con el Vaticano es asunto interno de la iglesia, siempre y cuando su nombramiento se derive de propuestas hechas por ellos mismos.
Para colocar este asunto del espacio, del compromiso con la democracia, es la hora de establecer derechos y deberes con sentido histórico, en defensa de la superación entre Estado y la Iglesia con sentido democrático en defensa de la libertad religiosa y política para todos los ciudadanos.
La historia misma es la lección del significado que tiene la imbricación de los símbolos religiosos nacionales con la propia nación; es parte de valiosos aportes de los cristianos a la cultura nacional. Nuestra historia del México independiente emerge de Hidalgo y de Morelos, en la fe cristiana están los preceptos evangélicos de justicia, igualdad, veracidad, patriotismo y revolución social. El laicismo implica respeto a la libertad de creencias, pero también capacidad de incorporación de esos valores cristianos a la transición democrática que está por venir.
Se ofrece, en pocas frases, en pocas palabras un nuevo diálogo nacional, el diálogo ha sido un asunto sumamente complicado y difícil durante este sexenio particularmente. Las razones son múltiples y no son caprichosas, por lo pronto está de por medio una deformación política de la realidad que se ha impuesto de manera subrayada en este sexenio.
En las elecciones para Presidente en 1988 hubo un resultado de mayoría absoluta falso y un resultado de mayoría relativa que no se reconoció nunca, que tampoco se llegó a creer.
En 1991 en las elecciones para la Cámara de Diputados se creó una situación similar. Hay una sobrerrepresentación y una deformación política de la realidad. Esta torcedura de la realidad política ha tensado mucho el ambiente y como respuesta de estas tensiones hemos visto permanentemente el acoso del gobierno a fuerzas políticas revolucionarias y democráticas.
Se está llegando a momentos demasiado prolongados y riesgosos para el país. El Partido de la Revolución Democrático propuso un acuerdo nacional por la democracia. El Partido Acción Nacional ahora propone ir a un consenso nacional por la democracia y en el informe, aunque de manera escueta y francamente insatisfactoria, el titular del Ejecutivo responde que está dispuesto en un diálogo nacional por la democracia.
Está montado en serias dificultades, pero es necesario poner por adelante la voluntad política, voluntad política que, para decirlo claro, señoras y señores diputados, no se ha visto hasta ahora en los hechos que tienen que ver con el sufragio efectivo, con el respeto pleno a la elección. Aquí mismo acabamos de transitar por un Colegio Electoral, que más de uno de nosotros vaticinó sería el último en la historia de nuestro país; demostró totalmente su incapacidad, su inoperancia y lo que significa ser juez y parte, después de establecer una mayoría artificialmente impuesta.
Urge sin embargo demostrar esa voluntad política, con hechos, en la vida misma y en la política y en el curso de los acontecimientos reales del país. Porque a este país le urge la democracia y queremos la democracia porque queremos una distribución mejor de la riqueza y creemos profundamente que la modernización, llevada sin el pueblo, no trae bienestar general, sino el México injusto, pobre, miserable y analfabeta que nos está dejando este rumbo.
Por eso está planteado que el diálogo ponga al centro el problema, el asunto de la reforma del Estado, que para nosotros tiene un signo de igual
con liquidación del partido de Estado, del sistema de partido de Estado. No queremos que se liquide a ningún partido, queremos que se liquide al sistema.
La reforma del Estado tiene que estar al centro de ese diálogo para que el diálogo tenga sentido, para que haya voluntad política y necesitamos transitar próximamente en elecciones donde se ve en los hechos, se dan pasos y se dan pasos a medias y en San Luis Potosí volvió a darse un paso a medias y ahí están los resultados y otra vez las tensiones y por eso no se resuelve y que no nos culpen, porque basta una acción real para abrirle paso a la democracia, al valor del voto, al sufragio efectivo, para que se vea de qué lado está la voluntad política. De parte de las fuerzas democráticas no cejaremos en nuestro empeño por lograr este cambio pacífico.
Hemos nombrado una comisión para que transite lo que haya que transitar en este diálogo propuesto.
Requerimos voluntad política y hechos y daremos de nuestra parte todos los esfuerzos, porque así como vivimos el último Colegio Electoral y esperamos que sea, estamos seguros que este Colegio Electoral fue para nosotros, para todos, una lección del preámbulo de que se requiere una nueva reforma electoral, lo demostró el colegio; se requiere deshacer las bases del fraude, que es un padrón electoral confiable y una nueva ley electoral con órganos electorales independientes, propios. Caminar hacia la autonomía de la sociedad civil, hacia la autonomía y al libre juego de los partidos, pasa por esa reforma electoral. Para eso queremos la democracia y por eso estamos dispuestos a buscar un acuerdo político nacional. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Salvador Abascal Carranza: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El análisis que hoy nos ocupa, exige del Partido Acción Nacional por tradición de seriedad y por compromiso de responsabilidad frente a la nación, una respuesta objetiva y cuidadosa, crítica y propositiva a la vez, de los conceptos vertidos en su informe por el Presidente de la República.
Es preciso aclarar sin embargo, que la glosa que corresponde al Partido Acción Nacional, no pretende ni puede ser exhaustiva; nos hemos de concretar a fijar nuestra posición política previa, frente a los grandes temas nacionales planteados u omitidos en el informe presidencial.
No solamente se debe hablar de lo que se dijo, sino también de lo que no se dijo en el informe. En los días por venir, el Partido Acción Nacional ampliará y puntualizará muchos de los conceptos que aquí se vertirán y esperemos que las ocasiones propicias para hacerlo, sean los debates que se tendrán que dar en congruencia con la oferta presidencial.
Esta primera parte de la glosa que a Acción Nacional corresponde, la hemos dividido en cuatro temas fundamentales, el primero de ellos, la definición del nuevo nacionalismo; en segundo lugar, la reforma política y en tercer lugar las relaciones entre la Federación, estados y los municipios y en el cuarto lugar, el problema que atañe al Distrito Federal.
Primero, el nuevo nacionalismo. Como marco general de referencia, tanto en lo interno como en lo externo, el Presidente Salinas, utiliza reiteradamente el término nuevo nacionalismo mexicano y lo define como todo aquello que fortalezca a la nación y asegure el logro de cuatro principios fundamentales: defensa de la soberanía, respeto a la libertad, promoción de la justicia dentro del ámbito de una prosperidad general y el desarrollo de la democracia.
Para Acción Nacional, la nación es una realidad viva con tradición propia, varias veces secular; con unidad que supera a toda división en parcialidad, clases o grupos y con un claro destino.
El interés nacional es preeminente. Todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren; no pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad, ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales.
La vida de la nación, el cumplimiento de destino, la posibilidad de crear y mantener en ella condiciones espirituales y físicas adecuadas para una convivencia civilizada y noble, son incompatibles con el establecimiento, la conservación de un estado social desordenado o injusto, como lo sería fatalmente el que parta de toda negación de la dignidad de la persona humana o de la proclamación de una necesaria división violenta de la unidad nacional por la lucha de clases, castas o parcialidades.
Cuanto vigorice la unidad nacional, acendre y fortalezca los valores tradicionales que dan forma
y sentido a la nación y coordine y jerarquice justamente los intereses parciales en el interés nacional, debe tener el apoyo pleno de la colectividad y de sus órganos.
Cuanto conspire a romper esa unidad, a deformar su carácter o desquiciar esos intereses, ha de ser rechazado y combatido por todos.
El desarrollo interno de México, su verdadera independencia y su colaboración eficaz en la comunidad internacional, dependen fundamentalmente en una celosa conservación de la peculiar personalidad que nuestra nación tiene como pueblo iberoamericano, producto de unificación racial y ligado esencialmente a la gran comunidad de historia y de cultura que forman las naciones hispano americanas.
Ese es frente a la otra definición, la definición que propone el Partido Acción Nacional.
Acción Nacional como siempre, sostiene que los intereses de la nación, están por encima de cualquier interés particular y que la defensa de la soberanía comienza por el respeto pleno a su depositario originario que es el pueblo.
Para una cabal definición de la identidad nacional, Acción Nacional como fuerza política comprometida con México, propone tres principios fundamentales:
Primero. El respeto a la dignidad de la persona del trabajo y de la sociedad en su conjunto.
Segundo. El reconocimiento y la defensa y promisión de nuestros valores culturales fundamentales.
Tercero. La pluralidad de la sociedad mexicana manifestada a través de la auténtica soberanía nacional, como expresión acabada de la unidad en la diversidad.
Por otra parte, el verdadero principio de nuestra independencia se fundamenta en el establecimiento de un auténtico régimen democrático; en la separación definitiva del Partido Revolucionario Institucional del gobierno y en el abandono de una vez por todas, de la utilización propagandística- electoral de los colores nacionales.
Es preciso, pues, romper de una manera definitiva con el monopolio de la definición de interés nacional por un solo grupo.
Para alcanzar una verdadera expresión política, es indispensable profundizar en los consensos reales y respetar los disensos, para construir una patria en la que quepamos todos los mexicanos sin excepción.
Nuestro compromiso con la nación no es para nadie una novedad. Parte de la congruencia histórica de nuestros principios de doctrina con la realidad social, política y cultural de México. El nacionalismo tiene que ser acto transparente que sea reflejo de la auténtica soberanía nacional.
Respecto a la reforma política, Reconocemos el tono moderado utilizado por el presidente Carlos Salinas de Gortari, al informar sobre el proceso electoral reciente. El triunfalismo en esta materia hubiera resultado una agresión intolerable. No parece, en principio, un buen síntoma que el Ejecutivo reconozca deficiencias en el padrón, en la entrega de resultados, así como la necesidad de perfeccionar algunas disposiciones electorales.
Sin embargo, no podemos dejar de señalar que la frustración en la ampliación de las vías democráticas ofrecida hace tres años, se debió a la reincidencia en las viejas prácticas fraudulentas que impidieron una auténtica y equitativa competencia democrática entre todos los partidos y al otorgamiento de ventajas indebidas al partido del gobierno, que impidieron una auténtica competencia democrática.
La reforma política no se agota en el reconocimiento de las deficiencias del padrón electoral ni en las demoras en la publicitación de los resultados. En este asunto el licenciado Salinas de Gortari omitió muchas cosas. La más importante, es la que no tiene que ver con los aspectos procesales en sí mismos, sino con los presupuestos que están detrás de ese proceso electoral y de esos caminos electorales.
Primero. No hubo equidad en la competencia de los partidos. Se asistió al oprobioso espectáculo de un gobierno convertido en partido con todas las ventajas injustas e indebidas que esto supone. En este sentido, el proceso electoral del 18 de agosto pasado representa un gran retroceso en la vida democrática de México.
El Programa Nacional de Solidaridad ha sido y es el gran pervertidor de la política nacional. Concebido como un programa de gobierno con fines electorales, el Programa Nacional de Solidaridad ha desvirtuado, para empezar, al principio mismo de la solidaridad.
La solidaridad bien entendida, es una de las más altas virtudes sociales; es virtud y principio de convivencia que tiene su fuente natural en la justicia conmutativa, que es la justicia entre iguales, que tiene sentido horizontal, que supone los más amplios espacios de libertad y las mejores condiciones para el desarrollo autónomo y armónico de la sociedad. ¡Esa es la verdadera solidaridad y no la otra concepción gubernamental!
El gobierno de la República ha confundido la solidaridad con el principio de la subsidiaridad derivado de la justicia distributiva que es la justicia entre desiguales y tiene por su naturaleza un sentido vertical; esto es, del gobierno hacia los particulares y no de los particulares entre ellos.
En este plano de la justicia el gobierno tiene la obligación de suplir las deficiencias de la sociedad, éste es el principio de subsidiaridad bien entendida; pero solamente de manera temporal, mientras esa parte de la sociedad se aleja de los niveles de pobreza por ella misma y alcanza niveles suficientes de desarrollo autónomo.
El principio de la subsidiaridad tiene que ser permanente para no ser dependiente ni populista; lo que es temporal es la aplicación concreta y precisa y puntual de los programas subsidiarios, que no en este caso solidarios. La solidaridad hay que dejársela al pueblo, la solidaridad hay qué promoverla, hay que permitir los espacios para que se dé esa virtud social por excelencia que tiene qué ver con otra virtud esencial que se llama generosidad y si vinculamos generosidad con solidaridad, ya nos acercamos al verdadero concepto que está manejando el gobierno, cuando analiza o cuando define la solidaridad en función de lo que paternalmente le da al pueblo y si entendemos que la generosidad es parte esencial de la solidaridad, estamos entendiendo también, entonces, que él trata de ser generoso con el pueblo de México. No es su papel ser generoso, ser justo es lo que le reclama la sociedad.
El programa del gobierno es en consecuencia un programa de subsidiaridad y no de verdadera solidaridad, pero es un programa que además no cumple con el propósito de justicia que podría suponerse si fuera limpio, transparente y desligado de sus fines electorales. Entiéndase bien, no estamos en contra del Programa Nacional de Solidaridad por sí mismo, porque sin duda ha beneficiado a muchos mexicanos, en tardía pero impostergable retribución de deudas acumuladas a cargo del mismo régimen que enarbola ahora la bandera de la solidaridad.
Es convicción del Partido Acción Nacional que el programa debe continuar pero bajo condiciones muy distintas a las que actualmente lo animan.
Si entendemos el Programa Nacional de Solidaridad como un medio para aliviar la extrema pobreza en la que viven millones de mexicanos, éste desvirtúa sus fines si los depositarios o ejecutores del programa se convierten al mismo tiempo en candidatos del partido oficial. Sabemos muy bien que algunos de los actuales senadores de la República fueron ejecutores y depositarios de esos comités de solidaridad de sus respectivos estados, ahora se les ha premiado con la senaduría.
El programa ha establecido así una perversa dependencia entre el beneficiario y el benefactor; no se debe confundir a la solidaridad, en este caso, con la subsidiaridad y a la subsidiaridad con un valor asistencial para efectos electorales.
Es desproporcionada e inmoral la competencia entre trae los bolsillos llenos de dinero para repartir favores a nombre de los candidatos oficiales y los demás partidos que solamente ofrecen ideas, propuestas, proyectos de nación. El Programa Nacional de Solidaridad, reconocido por el propio señor Presidente, tiene más de 20 mil comités y se han convertido en la práctica estos comités en comités políticos de promoción de candidatos.
En la práctica todos los programas de gobierno han sido amañadamente presentados como Programas de Solidaridad. Cuando empezaron ni siquiera tenía la idea de solidaridad, ni el programa había empezado a funcionar. ¿Cómo es posible que el reparto de las escrituras consignado en el propio esquema del Programa Nacional de Solidaridad propuesto aquí mismo por el Ejecutivo de la nación, se haya presentado como un Programa Nacional de Solidaridad?
Dijo el señor Presidente que el sólo tres días se repartieron más escrituras mediante el Programa Nacional de Solidaridad que en los 10 años anteriores. Esto es una indignidad.
La reforma política del Partido Acción Nacional propone, tiene que ver con la equidad en las condiciones de la competencia electoral. No ha existido hasta ahora un verdadero debate de las ideas, ni se ha cumplido, en consecuencia, con las condiciones básicas de la democracia verdadera en donde el pueblo ejerza su soberanía de manera informada, consciente y libre.
Por otra parte, los medios de información siguen privilegiados a un solo partido o un solo partido sigue privilegiando a los medios de información. No son suficientes pues los espacios que por ley les corresponden a los partidos. Hace falta en el contexto social un verdadero debate nacional responsable y propositivo. Convocamos desde ahora a ese gran debate que aún no se ha dado.
Es necesario acabar, de una vez por todas, con la confusión perversa entre la representación y la gestoría. En esta confusión perversa el mejor político es el que hace o promete mayor cantidad de obras, más aún si se encuentra inserto en el Programa Nacional de Solidaridad. Pero esas obras que ofrece, que promete o que hace son hechas con el dinero del propio pueblo, del cual se beneficia a través del voto.
Los programas de obras públicas y El Programa Nacional de Solidaridad se han convertido en estructuras de poder político, prostituyendo así la verdadera esencia de la política. Es necesario construir en México verdaderos espacios políticos en donde la democracia pueda respirar a sus anchas, donde se ventilen las ofertas políticas y los contenidos de los principios de los partidos para convencer al electorado y formar así una verdadera cultura democrática.
Respecto al municipio libre. En su informe, el señor Presidente, menciona al municipio pero sólo de manera tangencial. Es saludable, por un lado, lo dicho por el Ejecutivo, a propósito de su intención de continuar la descentralización de las funciones públicas, no sabemos todavía hasta qué punto se haya logrado, pero el propósito es bueno. Sin embargo, este propósito es incongruente con que al mismo tiempo exista una estructura paralela, como Programa Nacional de Solidaridad, que concentra los recursos. Por un lado se propone la desconcertación, la descentralización y por otro la concentración de los recursos a través del Programa Nacional de Solidaridad y brincándose, pasando por encima de la autonomía de los estados y de los municipios se crea un poder económico y político paralelo.
Por un lado, es sano disminuir la intermediación burocrática entre presupuesto y necesidades. En este sentido el Programa Nacional de Solidaridad parece ser que ha funcionado. Es bueno acercar al gobierno a las necesidades y a los necesitados, pero el gobierno más cercano y natural es el propio municipio, es la célula misma de la composición política.
Es decir, que la desconcentración de funciones y de las responsabilidades exige la desconcentración de recursos y no al revés, no se debe pasar por encima del estado y del municipio. El Programa Nacional de Solidaridad he entrado en conflicto con la autonomía de los estados y con el principio del municipio libre.
El Partido Acción Nacional ha defendido y seguirá defendiendo el principio republicano del estado soberano y el municipio libre consignado y consagrado en el artículo 115 constitucional.
Respecto al Distrito Federal. Durante décadas el Distrito Federal ha sufrido la concentración del poder político y del poder económico, pero no se han dado los espacios democráticos necesarios para el desarrollo de una comunidad de la magnitud de la ciudad capital de la República.
El Presidente no hizo referencia expresa a la democratización del Distrito Federal. Pero es obligado, aquí y ahora, hacer mención del anuncio que a este respecto y a través del regente de la ciudad, el licenciado Manuel Camacho Solís, hizo el 15 de abril pasado en su informe ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
En aquella ocasión el regente de la ciudad anunció que después de las elecciones habría la discusión y se abriría el debate para encontrar nuevas formas de participación política en la gran capital.
Es extraño que no aparezca en el informe ninguna referencia hecha a ese trascendental anuncio realizado a través, repito, del licenciado Camacho Solís.
Es cierto, la Asamblea de Representantes ha sido un órgano que ha sabido responder a algunas necesidades, pero aún es insuficiente. Es, pues, preciso abrir el debate serio y cuidadoso para que exista la democracia integral, para que de una vez por todas se instaure, en esta capital de las más grandes del mundo, una verdadera democracia y no solamente la democracia electoral. No solamente que se diga que se elige a los delegados políticos o al regente o al gobernador de la ciudad; es necesario que se abra la verdadera democracia, que supone algo más que abrir el debate sobre las elecciones.
Y esto se hará con el esquema más adecuado. No estamos casado, en el Partido Acción Nacional con el modelo del estado 32, pero pudiera ser. Tampoco con algún otro modelo como podría
ser el de un municipio de excepción. Es objeto del debate que tiene que dar en el seno de esta soberanía y de la Asamblea de Representantes el modelo más apropiado para la democratización integral del Distrito Federal.
Lo que sí es urgente es establecer condiciones de participación de comunidad y de gobierno para resolver los problemas torales y de infraestructura de la ciudad: agua, transporte, etcétera. Pero sobre todo dar solución definitiva al gran problema que representa el desastre ecológico que vive la gran capital de la República.
Todo ello, exige una participación social efectiva y comprometida. Es decir, como en toda la nación, la apertura real hacia la democracia, que solamente puede ser el ejercicio de la soberanía a través del voto responsable, meditado y libre. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Hugo Andrés Araujo, del Partido Revolucionario Institucional.
El presunto diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Con el permiso de la Presidencia; compañeros diputados:
Asistimos a la apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, en el que por mandato constitucional y en cumplimiento de la rica tradición de nuestra vida republicana, el jefe de Poder Ejecutivo, Carlos Salinas de Gortari, ha dado cuenta en su tercer informe de la situación que guarda la administración pública.
Vengo a esta tribuna es representación de mi partido, el Revolucionario Institucional, a participar en la glosa del informe en el tema de política interior, habiéndome antecedido las intervenciones de los compañeros de otros partidos, en las cuales escuchamos los más diversos puntos de vista.
Mi intervención abarca en su contenido comentarios, interpretaciones y anotaciones que tienen que ver con las glosa del informe como un punto de partida para iniciar una práctica comprometida en esta Cámara. Como lo sugirió en la respuesta al informe nuestro compañero Fernando Ortiz Arana, iniciamos esta participación teniendo presente, con rigor y detalle, el vínculo necesario entre la acción de gobierno y la iniciativa social que anima las reformas del Estado.
El pasado 1o. de noviembre escuchamos conceptos fundamentales de la filosofía política que alienta los actos de gobierno, así como la exposición serena de logros, insuficiencias y nuevos retos, considerados relevantes para mirar hacia adelante.
En los temas centrales de la exposición del Ejecutivo Federal, abordan las nuevas condiciones del entorno internacional y los avances en la diversificación de las relaciones con el exterior, el fortalecimiento de la vida democrática, las razones y los resultados de la política económica y de la política social; trascendentales planteamientos de reformas para incrementar la protección a los derechos humanos, de la política rural, de la política educativa, de las relaciones entre las iglesias y el Estado, de la situación del Distrito Federal.
Contiene también una convocatoria a los partidos políticos para adecuar y perfeccionar los instrumentos que norman los procesos electorales. Esas propuestas se enmarcan en una reflexión extensa y profunda del sentido actual de nuestro nacionalismo, de cara a la creciente interrelación económica mundial y como parte sustantiva del compromiso histórico de la Revolución Mexicana por mejorar, en la solidaridad, las condiciones de vida de la población.
Hace tres años la nación mexicana enfrentaba un futuro incierto, no sólo por la profunda crisis económica y el amenazante nivel de la deuda externa, sino también por las evidentes señales de agotamiento de prácticas que ignoraron nuevas expresiones de lucha social y política y por la carencia de perspectivas ciertas para enfrentar la pobreza de grandes grupos sociales.
Hoy, contamos con un entorno nacional radicalmente diferente, la economía muestra signos de comportamiento ordenado y con perspectivas positivas. La deuda con el exterior se ha renegociado, dando mayores márgenes de maniobra al Estado para combatir las carencias sociales. La solidaridad, de iniciarse como programa de gobierno, se ha convertido en una práctica de concertación, con la participación activa de las comunidades y las contiendas políticas han adquirido un tono muy lejano al del enfrentamiento y la descalificación del pasado.
Debe reconocerse que aún transitamos hacia la plena consolidación de la estabilidad y el crecimiento sostenido, que la satisfacción de las necesidades sociales es aún reto frente a las carencias de múltiples grupos de población, que la aplicación de la justicia reclama ser una realidad para todos y que la participación política de los mexicanos, en especial en los procesos electorales,
debe permitir el fortalecimiento de la democracia y la modernización política que envuelva todos los actos de la sociedad civil y del Estado.
Los avances en materia de política interna, el ambiente mismo que hace posible el diálogo y la concertación presentes en esta LV Legislatura son sin duda espacios abiertos por la expectativa de un futuro cierto, tenemos una nueva presencia en el ámbito internacional, hay perspectivas sólidas de que el estado incremente sus recursos y sus acciones en el combate a la pobreza, eso hace posible que la defensa de la soberanía y en la consolidación del esfuerzo productivo de todos los mexicanos sea resultado de una nueva relación entre el estado y la sociedad, al reconocerse el valor y la riqueza de las luchas sociales.
El esfuerzo empeñado en combatir la impunidad en las áreas de autoridad a través de una Comisión Nacional de Derechos Humanos, a poco más de un año de creada, es sin duda una de las acciones de gobierno más importante para garantizar los derechos fundamentales. Esta Legislatura deberá atender en un debate constructivo y propositivo la propuesta del Ejecutivo Federal para elevar a rango constitucional las atribuciones y funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Todos deseamos que se amplíen y profundicen las capacidades de la comisión, pero reconocemos por encima de visiones ideológicas y de pasiones políticas, que se han dado avances significativos en esta materia, así como en los procedimientos jurídicos para la aplicación y administración de la justicia,aunque falta por cubrir por igual todo el territorio nacional.
También ha habido un particular esfuerzo en la aplicación de la justicia al reformar los marcos jurídicos de los procedimientos penales, como respuesta a un profundo reclamo nacional en todos los ámbitos sociales y regionales.
En materia de combate al narcotráfico, actividad ilícita que en otros países ha creado poderes paralelos a los del Estado, debemos reconocer una eficaz labor en la cual han cumplido el Ejército y la Marina, junto con las autoridades judiciales competentes, contribuyendo a consolidar la seguridad nacional, si bien debe cuidarse que ellos oculte violaciones a los derechos de las comunidades. Sin embargo debe reconocerse que también es una tarea de la sociedad coadyuvar al destierro de estas prácticas que dañan el tejido social y amenazan la concordia.
Hemos escuchado en el informe que comentamos, una clara síntesis de las luchas del pueblo por separar de los poderes políticos a las iglesias e impedir que acumulen riquezas materiales. El Presidente ha convocado a transformar el marco jurídico que sanciona las acciones de las iglesias confirmando su separación del Estado, respetando la libertad de creencias de cada mexicano y garantizando la educación laica que imparte el Estado.
Es necesario reconocer los cambios de una sociedad libre, tolerante y plural, garantizando las conquistas de la República y el interés superior de la nación por encima de los de cualquier grupo, asumiendo el respeto a la libertad de creencias como un derecho individual.
Contamos con un nuevo marco jurídico para revisar y sancionar los procesos electorales, producto de la concertación y el diálogo que permitió transitar de la polarización en la actuación de los partidos políticos hacia el reconocimiento de las diferencias y las necesidades de la nueva concertación, pero entendemos que es perfectible. Reiteramos la disposición manifiesta de la coordinación de la diputación de mi partido por recuperar las discusiones del Colegio Electoral para adecuar y perfeccionar los procesos de participación y calificación de las elecciones.
El Ejecutivo Federal ha convocado desde esta tribuna a los partidos políticos a dar respuesta a reclamos, en lo que se refiere a las características de las credenciales de elector, en la conformación del padrón electoral y en la oportunidad de la información sobre los resultados.
Habremos de poner en juego en esta Legislatura, toda nuestra capacidad política y nuestra vocación democrática, para alcanzar las reformas que den un verdadero sentido social a la pluralidad .Pero no aceptamos que se pretenda calificar desde el exterior nuestros procesos electorales, pues es una responsabilidad exclusiva de los mexicanos, como tampoco permitiremos que se pretenda condicionar nuestra acción política, al reconocimiento del espacio legítimamente conquistado en el ámbito internacional.
El III Informe del presidente Salinas enfatiza, respecto al distrito Federal, la relación recíproca entre el ejercicio democrático de gobierno y los resultados de la gestión administrativa del Distrito Federal; ejercicio democrático que constituye el mejor medio para que una población tan amplia como la del Distrito Federal, pudiera manifestarse libremente y la autoridad, conocer y responder al sentir y a las demandas de uno
de los conglomerados más grandes del mundo. Los resultados obtenidos en la gestión de la ciudad de México, alimentan la confianza en su viabilidad funcional y estimula la participación de los capitalinos en sus propios problemas.
Dos enfoques principales manifestó el gobierno de la ciudad de México para elevar la calidad de vida de sus pobladores: el de la satisfacción de las demandas y necesidades cotidianas de la ciudadanía y el enfoque conceptual que se refiere la idea misma de lo que es la ciudad y de lo que pretende llegar a ser. Un enfoque que tiene que ver con la administración diaria de la ciudad, la prestación de servicios y la toma de decisiones ante eventos de emergencia; el otro, que implica tomar desde ahora las medidas y las decisiones que a la mayor concentración poblacional del país le dé oportunidades y esperanzas de una mejor calidad de vida. Toca a nosotros seguir discutiendo en esta Cámara las transformaciones que requiere el Distrito Federal.
El Presidente, por otro lado, nos recordó que el nacionalismo lo hemos construido los mexicanos en el curso de 200 años de lucha y esfuerzos cotidianos, que se ha expresado en términos de libertad, justicia social, democracia y soberanía; que su forma se ha adaptado a las diferentes circunstancias por las que ha atravesado México, pero siempre ha significado el fortalecimiento de la nación.
En la actual coyuntura, el nacimiento exige participación en las interrelaciones globales, para concluir y no padecer los factores externos. Se exige promover la libertad económica para generar un crecimiento que abra oportunidades de empleo y permita que la producción crezca más que la población. Obliga a luchar por la justicia social, mediante la participación organizada de los sectores sociales, para abatir la pobreza, que es el aspecto más débil de la nación. Desarrolla la democracia más allá de los espacios electorales en la esfera pública de la sociedad. Todo ello fortalece a la soberanía y, por lo tanto, profundiza nuestro nacionalismo.
Así es que la nueva inserción de México en el mundo, la reforma del Estado y las reformas de la economía y de la política social, son eminentemente nacionalistas.
La reforma social, complemento necesario de las anteriores ha de ser también sustento y desarrollo del nacionalismo, ya que el fortalecimiento de la nación, es sobre todo, en la condiciones actuales, fortalecimiento de la sociedad mexicana.
Entendemos por reforma social las participaciones cada vez más activas y propositivas de organizaciones y partidos políticos. Los procesos desatados en las comunidades urbanas y rurales, las nuevas iniciativas de empresarios pequeños y grandes, para hacer más competitivas sus unidades productivas, el fortalecimiento de una opinión pública cada vez más expresiva. En fin, toda movilización popular que esté decidida a ser sujeto del México moderno que todos debemos construir.
Para una profunda reforma...
El Presidente: - Un momento señor orador. En cumplimiento de la obligación que me impone la fracción II del artículo 21 del Reglamento exhorto a las señoras y señores diputados y a todas las personas que nos visitan en el desarrollo de esta sesión, para que guarden silencio por respeto al orador que está en turno.
Continúe el señor orador.
El presunto diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Gracias, Presidente:
Para una profunda reforma social es indispensable que los actores sociales sean corresponsables también de la reforma del Estado y de la reforma de la economía. Es esta corresponsabilidad la que permite que las transformaciones a las instituciones y a las políticas satisfagan en las reglas de la modernidad, tanto a las razones de Estado como las exigencias del bienestar de la población.
Los reclamos y las potencialidades de la sociedad que representamos, los hechos vividos desde hace tres años y el horizonte abierto en el III Informe Presidencial, nos permiten vislumbrar una nueva etapa de la Revolución Mexicana, en la que el crecimiento económico no signifique marginación y miserias, en la que la libertad individual vaya acompañada de la solidaridad social, en la que la movilización popular amplíe el margen de la democracia, así como la concertación con la minoría y el consenso general amplíe el dictado de la mayoría, en la que la apertura y no la cerrazón sea el camino para una mayor soberanía.
Las reformas al campo, a la educación y a la relación del estado con la iglesias, como reformas que involucran directamente a actores sociales e individuos, corresponsabilizan más a la sociedad en la construcción del México moderno.
Es, con este criterio, que la Cámara de Diputados deberá tomar las iniciativas del Presidente, pensando
más en nuestros representados que en dogmas o prejuicios, más en los intereses generales de la nación que en los particulares o de grupo, más en lo que nos une que en lo que nos divide.
La nueva evolución del país ha llevado a plantearse nuevas reformas, hemos tratado antes los diversos temas de política interior, dos de las reformas propuestas en el Informe Presidencial, deseamos comentar en particular: la reforma del campo y la reforma educativa.
Sostenemos que la reforma del campo ha de ser integral para que sea viable, ello implica cambios en las instituciones y en las políticas que intervienen en las actividades agropecuarias. Transformaciones en las relaciones de los actores sociales, mayores recursos, mejor administrados y reformas al marco jurídico.
El planteamiento presidencial recoge actitudes y posiciones que las organizaciones campesinas hemos mantenido permanentemente. Ratificamos que existe un interés mayoritario de la sociedad rural por conservar las formas constitucionales de tenencia de la tierra.
De manifestaciones recientes del sector empresarial, de los intelectuales y de las propias organizaciones campesinas, se puede concluir y corroborar la vigencia de la escritura de propiedad imperante. Apoyaremos las iniciativas del Ejecutivo Federal para terminar el rezago agrario.
Las organizaciones campesinas exigen transitar con firmeza del intervencionismo estatal hacia la libertad de los productores, con objeto de incrementar productividad y rentabilidad en un marco de creciente competencia e integración en los mercados internacionales, de los que no nos conviene ni podemos sustraernos.
Con gusto participamos el reto por rescatar la aspiración histórica del campesinado mexicano, de decidir con plena responsabilidad lo que mejor conviene a su desarrollo, comprendiendo claramente que estamos inmersos en una sociedad en plena madurez, en la que se reconoce, por fin, la mayoría de edad a la población rural.
Se requiere avanzar y profundizar las libertades para que se puedan desarrollar todo tipo de formas asociativas. Para ello, es indispensable la modernización de las estructuras jurídicas, sin soslayar las que se refieren a las instituciones de fomento, a los instrumentos de política rural y a los propios productores rurales.
Como contrapartida al fomento de la autonomía de los productores, es necesario reconocer, en los pueblos, el nuevo espacio social del medio rural, un espacio más amplio que el ejido, pues conviven en él trabajadores asalariados, hijos de ejidatarios, ejidatarios y demás avecindados.
Como legisladores debemos darle sustento formal a los pueblos, de tal suerte que la libertad individual se conjugue con la solidaridad comunitaria, que permita fortalecer esta forma de como convivencia social, promoviendo el bienestar a base de una participación organizada de la población. Pero entendemos que el cambio en la modernización sólo podrá ser posible gracias a la participación y organización de los productores y de todos los habitantes del México rural.
Como en otras esferas de la sociedad, en el campo se tiene plena conciencia de que los cambios fundamentales se tienen que concertar. De ahí la importancia de que esta Legislatura sepa asimilar los planteamientos de los productores rurales, para responder cabalmente a sus expectativas, reconociendo que la diversidad que se expresa entre la entidades federativas y regiones, entre ejidos de la misma región y entre ejidos y comunidades de diferentes regiones, exige un trabajo cuidadoso y gradual, que reclama una gran disposición política y grandes esfuerzos de concertación que generan el ambiente propicio, para que con libertad se incremente la producción y la productividad, con la resultante natural del incremento de los niveles de vida de la población del campo mexicano.
La reforma educativa. También desde el campo mexicano ha ido creciendo la demanda por mejorar y transformar los servicios educativos. Coincidimos en que la educación se puede convertir en el corto plazo en un cuello de botella para darle viabilidad al desarrollo económico, político social y cultural de nuestra nación, en particular son de preocupar las deficiencias que en materia de excelencia educativa encontramos desde la primaria hasta el nivel superior. Su corrección debe involucrar no sólo al Estado y a la iniciativa privada, sino también a los maestros y a la sociedad en su conjunto.
Vincular la educación a la sociedad, implica un mayor acercamiento a las problemáticas existentes en la complejidad nacional, a los requerimientos productivos que se plantean y a la transformación de métodos y contenidos educativos que, sin abandonar los principios que nos dan identidad, se adapten creativamente.
Nuestros representantes recibirán gratamente los esfuerzos que hagamos en esta Legislatura para elevar el nivel de vida de los profesores, para mejorar su preparación y aumentar la calidad del sistema educativo.
Se recibe con complacencia el que la educación pública se mantenga laica, así como gratuita y obligatoria en la primaria, pero se recoge también con entusiasmo, el que pueda involucrarse más la comunidad y a la familia con la escuela, reconociéndose las virtudes históricas de la centralización educativa que ahora se convierte en freno si no se opta por la descentralización.
Compañeros diputados, los priístas sabemos actuar en la pluralidad, porque sin ella, sin diversidad y sin contradicciones, no avanzaríamos o avanzaríamos demasiado despacio.
El reto está en desarrollar nuestra capacidad constructiva, nuestra capacidad propositiva, con el firme compromiso de que los cambios y las reformas lleguen y beneficien real y tangiblemente al pueblo mexicano.
Tenemos en esta Legislatura la convicción de poder establecer ejemplarmente para nuestros representados, la capacidad de concertar y llegar a consensos, privilegiando una forma moderna de resolver las diferencias políticas y sociales y de corresponsabilizarnos de los asuntos comunes y públicos que nos compete.
Tenemos fuerza y tenemos iniciativa, vamos a conservarla, a mantenerla y a redoblar esfuerzos para poder consolidar la soberanía de este país.
Este consenso y esta concertación, si bien tiene espacios privilegiados, como son los partidos y las organizaciones políticas y sociales, no pueden desligarse de la sociedad civil, en donde tienen raíces y en donde se esperan los resultados.
El México de hoy se está construyendo como resultado del movimiento propio del pueblo mexicano, que cada vez participa de manera más amplia, rechazando la suplantación y encubrimiento, liberándose de ataduras en una nueva relación de concertación y corresponsabilidad con el Estado.
Nuestro partido arriba a estos trabajos de glosa legislativa con el ánimo de escuchar, dialogar y buscar las coincidencias, más que las divergencias, con los compañeros legisladores de otros partidos.
Nos parece saludable que el Presidente de la República haya utilizado como método el reconocer aciertos y errores y en el segundo caso haya dejado expresar la voluntad de abrir los espacios necesarios para corregir.
En esta glosa los invito a sumarse a esta actual política.
Preferenciamos el diálogo y el acuerdo, porque entendemos que esto nos permite superar los retos y los desafíos que sin concertación con pudieran doblegar.
A pesar de las divergencias que existen en el seno de esta Cámara de Diputados es nuestra opinión que la sociedad mexicana nos ha encargado un mandato para encontrar propuestas comunes que no solamente aprueben y modifiquen las iniciativas del Ejecutivo Federal, sino que yendo más allá participemos activamente en la formulación del proyecto nacional, donde las diferentes fracciones parlamentarias nos corresposabilicemos en la construcción del México moderno.
El estar a la altura de este mandato fortalecería el Poder Legislativo: Ese es el reto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Señoras y señores diputados: En virtud de que son las 13.31 horas y se ha agotado la lista de oradores de primera ronda, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se inicie la segunda ronda con las primeras dos intervenciones de los diputados oradores y al término de la última intervención que se declare el receso.
El secretario diputado Manuel Garza González - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si autoriza que se inicie la segunda ronda con las dos primeras intervenciones de los diputados oradores, y se declare un receso al término de éstas.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Se autoriza, señor Presidente.
El Presidente: - En razón de la autorización del pleno de esta Cámara para la proposición de la Presidencia, considero entonces necesario advertir que se han inscrito par esta segunda ronda de oradores los siguientes diputados: Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista; Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional; Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución
Democrática; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
Confirmando que al término de la segunda intervención se decretará el receso.
Se concede el uso de la palabra al señor diputado Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez - Señor Presidente; señoras y señores diputados...
El Presidente: - Perdóneme, señor orador, nuevamente insisto en la exhortación anterior para que todas las señoras diputadas y señores diputados y personas que se encuentran en la galería, guarden por favor silencio, por respeto al orador.
Continúe, señor orador.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señoras y señores diputados:
Importantes afirmaciones se hicieron en el III Informe de Gobierno, retomando el camino de la Revolución Mexicana, concretamente se dijo que era el propósito mantener viva la Revolución Mexicana, cambiando procedimientos pero no principios ni la esencia de ésta; que el Estado nacional y la soberanía, eran conceptos, instituciones torales para la sobrevivencia de la Nación. Rechazando de esta manera doctrinas del terreno internacional que pretenden situar a las corporaciones multinacionales como las importantes para definir la vida de los pueblos.
Para el Partido Popular Socialista, estas afirmaciones son muy valiosas. Pero pensamos que efectivamente la modernización así concebida debe corresponderse con hechos y que no quede solamente en palabras.
En un movimiento social como el nuestro de 1910, los fines, naturalmente que en buena parte han tenido su correspondencia con los medios utilizados y en todo aspecto, no cualquier medio corresponde exactamente al fin.
De todos los medios con los cuales se va a alcanzar un objetivo, siempre hay uno que es el que responde de manera precisa a esos objetivos.
En esta intervención deseamos precisar el concepto, el criterio del Partido Popular Socialista, sobre las alusiones hechas a la educación y a la relación del Estado con la Iglesia. Es un tema fundamental.
Nos preguntamos: ¿cuándo surgió la nación mexicana? la nación mexicana alcanza su independencia política en 1821, arranca este propósito con el ya conocido llamado del Padre de la Patria en 1810. Pero en cuanto a nación con una personalidad propia en el mundo, nuestro país lo alcanza al concluir la Guerra de Reforma, prácticamente en 1860. Con la Constitución de 1957, se dan de manera definitiva los basamentos, los cimientos para el Estado y la Constitución, el desarrollo de la Nación Mexicana..
Y con las Leyes de Reforma, se toca en gran parte lo que ha de ser el Estado nuevo y lo que ha de ser la destrucción del antiguo Estado- Iglesia del virreinato y que hasta ese entonces, mantenía todavía vigencia porque estaba controlando diversos aspectos de la vida del pueblo; la Iglesia tenía una preponderancia en el aspecto económico, político, social, educativo. Por lo tanto, con las Leyes de Reforma, se sientan las bases de la nación mexicana en su vida social, educativa, política. Es Juárez el que crea estas bases.
Poco después las Leyes de Reforma en su aspecto fundamental, son plasmadas en la Constitución en 1873, y posteriormente, con motivo de la Revolución Mexicana, el Constituyente de 1917, que fue el movimiento más vigoroso de nuestro pueblo para poder darse un nuevo horizonte, en lugar de echar abajo las leyes de reforma les dio nuevo valor, les dio más amplitud, más fuerza con los artículos 130, 24, 5, 3, y 27.
En consecuencia, en el aspecto de la educación y de la iglesia, porque se refiere a la formación de la conciencia de los mexicanos, a la formación de las nuevas generaciones, no es un aspecto de carácter secundario que se pueda decir: "bueno, ahora lo cambiamos de esta manera o de ésta otra". Señores, estamos ante el hecho histórico de mayor envergadura en nuestra nación.
Nosotros decimos que los artículos 24 y 130 han resuelto el problema religioso y han evitado que se traslade como un problema político. Estos dos artículos constitucionales respetan a todas las religiones, puesto que establece que ninguna ley puede establecer ni prohibir ninguna religión. Se respeta la libertad de creencia, de creer y no creer, que estableció Juárez con la Ley de Cultos en 1860. Se Ubica de manera ejemplar la esfera de acción de la Iglesia, fijada en el lado del sentimiento espiritual, que es exactamente el papel que ésta debe cumplir y desempeñar y no en el ámbito de la vida terrestre.
Ahora, desde hace unos cuantos años se está manejando la idea de que el clero político ya
cambió, que ya es otro, que ya no es el del siglo pasado que quería dinero, poder político, preponderancia sobre los individuos, etcétera. Que ya cambió.
Pero esto señores apenas vieron el momento más o menos propicio para llevar adelante sus objetivos y abrieron la boca. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren que se reforme el artículo 3, el artículo 5, el artículo 24, el artículo 27, el artículo 130. Eso demandaron los ocho hijos del episcopado mexicano en junio de 1989 y lo han reiterado, hasta hace pocos días.
¿Cuál cambio han tenido si quieren volver al pasado, si quieren volver a tener todo lo que el pueblo les quitó, les suprimió? Nosotros pensamos que el artículo 130 es vigente y que es la solución acertada.
Quiero tratar unos cuantos temas. Se habla de reconocerle personalidad jurídica a las iglesias. Todos podemos recordar que en el Constituyente de 1917 hubo unanimidad en que era necesario negarle personalidad alguna a las instituciones denominadas iglesias, para que no volvieran a presentarse como ha sido siempre que tuvieron esta oportunidad, como un poder disputando al Estado la influencia en la vida de México.
Ahora quiere reconocérsele personalidad jurídica, ¿para qué?, para reconocerle derechos, porque si se le reconoce personalidad jurídica, personalidad moral; entonces tendrán derechos, intervenir en la economía, en la política, en la educación, en la vida social y será un poder que se establezca para buscar compartir el poder, porque surgirá una corporación política, toda una institución que está organizada en todo México para cumplir los fines espirituales, pero una vez que se le reconozca personalidad jurídica volverá a las andadas a la lucha política, a la lucha educativa, a la lucha económica y eso provocará una nueva lucha intestina en México.
No va a haber unidad ni orden si se hace éste cambio, ¡y qué... es un problema! ... ¡es una necesidad! ... ¿si no se le reconoce personalidad jurídica los mexicanos no van a comer?, ¿el país no va a progresar o qué? No, ése no es un problema, veámoslo bien, no hay por qué mover este aspecto de vida de México; ¿qué el Estado quiere tener interlocutor? Pues el Estado tiene muchos interlocutores y con plena modernidad, ficticiamente levantar uno y otro, si al rato vamos estar hablando ¿con quién?, vamos a regresar a la magia, buscarlos también o no sé a qué más aspectos.
El otro tema, el que los ministros de los cultos no tiene derechos políticos que lo establece el artículo 130, naturalmente que se debe mantener. Algunos piensan que los ministerios de los cultos durante una jornada electoral, si se les diera el voto pasivo o activo, éste se les pasarían en las iglesias y que hasta el día de la elección irían a votar, no, ésa es una ilusión; si llegan a tener el derecho de votar toda la jornada electoral y toda la vida la van a utilizar para la política, va a haber una participación permanente, ¿y por qué se les negó esto?, lo dijo el Constituyente de 1917; a fin de que los referidos ministros no puedan hacer del poder moral, de la creencia el apoyo de una tendencia política.
Muy claro, se ejercería la autoridad moral, su influencia, su poder sobre los individuos, sobre los feligreses; pero éstos alterarían la democracia de México, porque pues si la democracia es a fin de cuentas que cada ciudadano por sí sólo tenga la facultad de decidir, su voto en este caso, de esta manera se pone en riesgo, se pone en peligro.
Por eso Benito Juárez con la Ley de Cultos, cuando garantizaba que el individuo debería tener la más absoluta libertad para que pudiera analizar cualquier problema que deseara en su conciencia, decía: cualquier problema que ocupara el entendimiento humano, estaba sentado las bases no solamente para la libertad de expresión sino para la democracia. Hemos dicho que otorgar al individuo la más segura protección para que toda su vida social y las decisiones que tome alrededor de ella las determine por sí mismo, analice con absoluta libertad los problemas y participe en todos los ámbitos considerando sus intereses y aspiraciones, sin que su pensamiento o voluntad sea objeto de presión con base en sus creencias religiosas.
Se afirma, no... Pero es que hay una relación vergonzante que porque no puede hablar algún funcionario del gobierno para tratar asuntos que competen a las leyes de ese ejercicio con los sacerdotes o con los ministros de cualquier otro culto.
Nosotros pensamos que eso es una falacia. Esa ley reglamentaria del artículo 130 lo establece perfectamente. Dice: "el gobierno no reconoce jerarquías dentro de las iglesias. Pero directamente se entenderá para el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones sobre culto y disciplina externa con los ministros mismos, o con las personas que sea necesario".
Entonces hay vehículos, puentes, hay formas para que se lleve adelante este diálogo sin necesidad
de alterar la vida de México, reformando la Constitución.
Por otro lado, se habla también de reformas al artículo 3o. al señalarse: "que la educación y los establecimientos públicos sean laicas". Bueno, ¿y en los establecimientos particulares, las escuelas particulares qué?.
Pero quiero aquí comunicar que estos obispos, que claro hay otras fuerzas que simpatizan con estas modificaciones, proponen que en el artículo 3o. se suprima el párrafo donde establece que "la educación debe basarse en el progreso científico". Proponen que se suprima, que sea ajena a toda doctrina religiosa. Que se suprima la prohibición a los ministros de los cultos de intervenir en la educación e introducen la libertad de enseñanza. Nosotros tenemos que ser conscientes de que en el Constituyente de Querétaro, éste también fue uno de los más apasionantes debates y fue el grupo de diputados, con Mújica al frente, quien estableció dos aspectos que ahora se pretenden negar. Mújica ganó la discusión de que la educación de los establecimientos oficiales y lo mismo la enseñanza primaria elemental superior de las escuelas particulares fuera laica y que ninguna corporación religiosa ni ministros de cultos podría establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.
Y en el dictamen afirmaban: "Por escuela laica entendemos: la escuela científica".
Se quiere ahora dejar a los particulares para que libremente den la orientación que quieran y establezcan la escuela religiosa. Bueno, seamos entonces un poco consecuentes, y primero borremos de estos muros el nombre de Francisco J. Mújica, que es el que le dio, a nombre de la Revolución, al pueblo la educación científica ajena a cualquier doctrina religiosa, tanto en las escuelas particulares como privadas.
Pero pensemos ahora qué sucederá de llevarse esto a cabo: religión católica, religión protestante, religión de Testigos de Jehová, y religión de otras religiones y la escuela de otras religiones. Ahora que el mundo, que México requiere la atención en otros aspectos, derivaríamos en estos pleitos bizantinos.
Por eso, señores diputados, el Partido Popular Socialista, piensa, postula, demanda, que no se toque en lo más mínimo ninguno de estos artículos constitucionales: 3o., 5o., 24, 27 y 130 en lo que se ha dispuesto sobre la función de las iglesias y de los ministros de los cultos.
De hacerse la más pequeña modificación se estaría iniciando un proceso que no pararíamos, que de uno a otro iría avanzándose a aspectos del pasado. Serían concesiones innecesarias que pondrían en grave al país.
Lo que quieren y esto lo he tomado de lo que ello han dicho lo que quiere el clero político, que es el que está adelante en esta lucha, quieren la educación. Intervenir en la educación sin que ésta sea científica. Tener conventos libremente. Invertir en bienes raíces y capitales impuestos. Dirigir abiertamente las instituciones de beneficencia, hacer actividades del culto externo, participar en política, votar, opinar sobre todos los asuntos: en la prensa, en la radio, en la televisión. Ser reconocida como institución interlocutora del estado y tener su influencia sobre éste. Tener personalidad jurídica. Ser propietaria de templos y demás bienes y recibir herencias. Porque todo eso es lo que están buscando con las propuestas de reforma que han presentado.
En una palabra: buscan el poder, compartir el poder. Porque aquí en México, durante la colonia fue un poder Estado- Iglesia y eso no se les ha quitado de la cabeza al clero mexicano y quieren volver a tener poder.
Se le olvidó que su actividad es para el reino del otro mundo y quieren a fuerza el reino de este mundo, que es el reino del hombre.
Si no hay problema religioso, con cualquier modificación de éstas se hará un problema político y religioso.
Benito Juárez al dar estas bases para la nación mexicana, que nos caracterizan y que en el Informe de Gobierno el Presidente señala que hay que mantener a la nación, sus pilares, sus características. Juárez cuando dio estas bases atendió muchos aspectos. Uno de ellos, la propia experiencia de México y la mejor manera para que las propias iglesias se dedicaran "a lo suyo".
Juárez no se equivocó y que lo entienda el clero político. En 1917 el constituyente de Querétaro tampoco se equivocó y en 1946 cuando se dio la redacción actual del artículo 3o. Tampoco se equivocó esta Cámara de Diputados.
Eso es lo que nos ha permitido un trato desarrollar la educación y un tanto entrar en la ciencia y hoy en día la ciencia es uno de los instrumentos fundamentales para sacar a cualquier pueblo de su atraso y de que caiga en la dependencia.
Se pregunta en el informe ¿sobre qué elementos vamos a fundamentar ahora la independencia
política y económica? Y entre muchos otros nosotros decimos: Así como ayer, en el tiempo de la industria pesada, para que un país tuviera independencia económica era necesario que creara siderurgia y que creara toda una serie de industrias de bienes; hoy, para que pueda mantener independencia política y económica es necesario que desarrolle la alta tecnología, que desarrolle la ciencia y la tecnología. Inversiones altas a la educación, a la educación pública, a la educación primaria, secundaria, a la educación superior, eso es lo que se requiere; se necesitan aquí medidas económicas también. ¡Tenemos que pensar en la política económica!, ¡cómo es posible que si cada día México designa al pago de los intereses de la deuda externa 75 mil millones de pesos diariamente, con esa cantidad que se va, que se fuga, cómo es posible que vayamos a poder mejorar la educación! Tenemos que pensar en la política económica, hay que evitar esta fuga de capitales, hay que tener recursos más para la educación; ¡eso es lo que queremos los maestros, eso es lo que quieren las fuerzas democráticas, una educación fundamental en el artículo 3o., que eleve la calidad, que eleve las condiciones de vida del magisterio, que abra nuevas perspectivas al pueblo con mayor tecnología y con mayor conocimientos científicos!, de esta manera se podrá garantizar soberanía, pero no pensando en cosas del pasado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al señor diputado Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El presunto diputado Roberto García Acevedo: - Con su permiso, señor Presidente; señoras diputadas, señores diputados, señoras y señores:
En esta ocasión corresponde al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través de mi persona, analizar y proponer la situación que prevalece en el Distrito Federal, por medio del Informe Presidencial que en días pasados el licenciado Carlos Salinas de Gortari expresara en esta tribuna.
Una de las grandes preocupaciones del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es la solución de los problemas que afectan a la población capitalina, limitada en sus derechos para participar activamente en la administración de su comunidad. Hoy en día la que fuera conocida como la Ciudad de los Palacios, se encuentra en uno de los niveles de calidad de vida más deteriorados entre las 100 mayores ciudades del mundo y con la tendencia que en próximo tiempo, si no se hace nada, tendería a empeorar.
Actualmente los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, mediante iniciativas de ley y de reglamentos y con su participación en los debates, han luchado y obtenido logros en aspectos como el de la vivienda, el empleo, la contaminación, la salud pública, el comercio, los impuestos y la democratización del Distrito Federal, entre otros.
Para nuestra lucha, que estos momentos apenas empieza, contamos con un amplio, serio y realista programa de trabajo para solución de la problemática de la ciudad de México, este programa tiene como fundamento la ideología del partido, es decir, el liberalismo social que se promueve y se define de la siguiente manera:
La dignidad de las personas, que implica la defensa de los derechos humanos y la existencia de las condiciones de vida adecuados en lo que respecta a la vivienda, el empleo, el transporte, la educación, alimentación y otros.
La libertad de la persona y el respeto a la libertad de los demás, mediante el cumplimiento de las garantías individuales que nuestra Constitución nos otorga.
La democratización de la sociedad, mediante la participación directa de los ciudadanos en la elección de sus gobernantes.
La propiedad privada, no como privilegio de unos cuantos, sino como derecho de todos al producto de su trabajo, lo que significa de todos los ciudadanos que debe tener la oportunidad real para acceder a esta propiedad.
La promoción de la pequeña empresa como uno de los principales mecanismos de justicia social y la instauración de un sistema tributario, equitativo y justo que promueva el desarrollo económico.
La protección del medio ambiente contra el afán de lucro y las ventajas personales mediante los servicios públicos que garanticen el uso adecuado del agua, el procesamiento de la basura, la limpieza del aire y en general todas aquellas medidas que protejan la salud de los capitalinos.
La defensa de los consumidores para garantizar la calidad y el precio de los productos y servicios que adquieren asegurándose un mejor nivel de vida, la conservación de estado de derecho que
garantice la integridad, la seguridad de los ciudadanos y que impida el abuso de la autoridad ante la corrupción.
Además de estas perspectivas ideológicas contamos con una sólida base técnica lo que nos permite afirmar que la problemática de la ciudad de México tiene total solución, mediante la estructuración administrativa que permita la eficiente gestión del área metropolitana y de su región. Si existe voluntad política y aquí es muy importante que lo entendemos todos, que exista esa voluntad política y un verdadero compromiso de la ciudadanía y del gobierno.
A continuación el Partido Auténtico ha elaborado un bloque de 12 puntos importantes propositivos que consideramos deben ser tomados en cuenta en esta nueva legislación para Distrito Federal.
Y está basada en los problemas que preocupan más a los habitantes de la ciudad de México y junto con nuestra propuesta para la administración de la zona metropolitana, en conjunto gestionaremos iniciativas concretas en estos puntos.
1. Aumentar la seguridad pública y evitar los abusos policiales. Esto es: proponemos profesionalizar a los cuerpos policiacos, incrementar los recursos técnicos y materiales de los mismos y crear normas jurídicas enérgicas y tribunales eficientes que sancionen tanto a los delincuentes como a los policías abusivos.
Una encuesta realizada entre los habitantes de nuestra ciudad por una empresa especializada reveló que este es el principal problema que nos aqueja. Para la solución se requiere tomar en cuenta dos aspectos: en primer lugar, es necesario aumentar considerablemente el personal y la infraestructura dedicada a la seguridad pública ya que en la actualidad es insuficiente para proteger a la ciudadanía contra la delincuencia, pero el aumento del personal de policía no es suficiente si no cambia de actitud de éste, esto es, sólo se podrá lograr mediante la profesionalización de esta actividad. Profesionalizar a la policía no significa dar curso de preparación para aspirantes como lo creen actualmente muchas de las autoridades responsables, se requiere que la educación impartida garantice una actitud responsable y una cultura de respeto. Debe existir una verdadera carrera y profesión policiaca desde los niveles más bajos hasta los puestos directivos, de tal manera que estos estén ocupados por méritos en la actividad y no por la simple designación de otras autoridades por ser simple y llanamente sus amigos o sus compadres.
Los sueldos y las prestaciones del personal de la policía deberán de incrementarse significativamente para estar acorde con los requerimientos solicitados.
Al mismo tiempo debe existir el mecanismo institucional para denunciar y sancionar el mal comportamiento del personal policiaco.
En segundo término se requiere de leyes claras conocidas y de tribunales eficientes y rápidos que en el conjunto garanticen la seguridad de la ciudadanía.
2. Combatir la contaminación. Proponemos en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana la adopción de medidas enérgicas para combatir la contaminación, principalmente una política de uso del sueldo que incremente la densidad de la construcción de las zonas centrales de la ciudad, disminuyendo a su vez las necesidades de transporte, que fomente la oferta de transporte colectivo y que prohiba el funcionamiento de las industrias con altos índices de contaminación.
El gran tamaño de nuestra ciudad no puede considerarse como una causa de deterioro ambiental y en general como la causa de los problemas urbanos como es de la vivienda, el transporte, el agua, el costo de la vida y otros. Esta problemática se ha originado de tipo de un desarrollo urbano que se ha conseguido junto con el mal manejo y la mala administración que han dado durante muchos años en esta ciudad, pero es indudable que el gigantismo de nuestra urbe agudiza las dificultades y complica las soluciones.
Por lo anterior, la primera acción es desestimular el crecimiento y la concentración de actividades en la ciudad de México. El control del crecimiento de la ciudad sólo será factible mediante la política nacional de impulso al desarrollo económico y social en zonas atrasadas del país, con lo cual se logrará una estabilización demográfica que reducirá la migración a la ciudad y evitará la agudización de estos problemas.
Por otro lado, la desclasificación propuesta por nuestro partido en la vivienda, ayudará a reducir los desplazamiento y tanto el transporte como la contaminación que requiere un aumento en los parques nacionales y en el interior de la periferia de la ciudad, los cuales cumplirán con múltiples propósitos, desde la conservación ecológica hasta la recreación de control del crecimiento urbano, pero tales medidas deben ir
acompañadas de mecanismos legales que garanticen la conservación, tanto de los parques como de las zonas de protección ecológica, para lo cual proponemos que la administración de los mismos queden en manos de autoridades locales en el Distrito Federal.
Y por último lo más importante es responsabilizar del costo de los contaminantes a aquéllos que los producen, es decir, ahora el que lo paga, es la sociedad, con el daño de su salud y con los recursos públicos que se destinan a combatirla.
En nuestra propuesta los costos deberán absorberlos los responsables de la contaminación, ya que los gastos para el control deben ser considerados como de producción.
Los representantes del Auténtico de la Revolución Mexicana, el 11 de julio de 1989 en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, llevaron la iniciativa de reformas de diversas disposiciones legales para promover el desarrollo urbano, ecológico y social en el Distrito Federal.
3. Consideramos importante también dentro de esta gama, aumentar el transporte público y colectivo. Proponemos incrementar el transporte público y colectivo, mediante el cambio de la estructura actual, promoviendo la participación en ese sector de los particulares, empresas y autoridades y desestimulando simultáneamente el uso del automóvil individual.
La estatización del servicio de los autobuses no sólo no resolvió el problema de la ciudadanía, sino que creó mucho otras más, entre los cuales destaca el enorme subsidio que se destina actualmente para su mantenimiento.
El problema básico es la falta de oferta de transporte público. Los favorecen soluciones individuales a través del transporte privado, pero tienen dos desventajas y es injusto socialmente, porque la minoría de la población aprovecha la mayor parte de la infraestructura y en segundo lugar genera más contaminación.
Se requiere de aumentar la oferta de transporte público, para lo que proponemos tres niveles de acción:
En primer nivel se encuentra el transporte planificado totalmente, con una infraestructura exclusiva en vías básicamente propias. Por su naturaleza, deberá de ser manejado por el Estado, no en condiciones de monopolio, sino se trata de grandes sistemas de transporte como el del Metro, tren ligero, tranvías y trolebuses.
El segundo nivel se tiene el transporte que también deberá ser planificado, pero que diferencia del anterior, compartirá la vía pública y no se presentará en condiciones monopólicas sino que se permita la competencia, la libre competencia; esto es, se trata de que los autobuses y los taxis colectivos o peseras, en términos de propiedad podrán ser ofrecidos ya sea por las empresas privadas o por cooperativas.
Y el tercer nivel, ésta será para que el transporte no planificado que utilice la vía pública y para la cual se favorece emplean a la competencia de este nivel, se ubicarían los taxis que deben ser propiedad de sus propios conductores.
Nos oponemos al sistema de concesiones, toda vez que limita la oferta del transporte, incrementa los precios y favorece exclusivamente a unos cuantos y genera, además la corrupción en su gestión.
4. Es significar y mejorar la vivienda. Proponemos la instrumentación de un plan que contemple el problema de la habitación desde un punto de vista global, tomando en cuenta la importancia social y económica de este sector. El objeto será el de que las autoridades faciliten a los sectores, privado y social, su participación como generadores de viviendas.
Hasta la fecha, a pesar de sus múltiples organismos especializados de las reformas legales que en materia de los mecanismos financieros y fiscales que se han instrumentado para abatir el déficit habitacional del Estado, ha sido éste incapaz de cubrir ese déficit.
La solución se basa en el aumento inmediato de la oferta y especialmente el del arrendamiento, con el que significaría la participación de la iniciativa privada, pues el Estado no puede ser o seguir siendo el responsable de tal inversión.
La primera acción deberá ser facilitar la oferta mediante la verdadera simplificación de los trámites y la eliminación de las restricciones, como limitaciones del uso del suelo y muchos de los actuales requisitos que en materia de cosntrucción y estacionamiento e impuestos como son: el del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el del impuesto predial. Todas estas limitaciones no sólo elevan el costo de la vivienda sino que ya al final de cuentas se convierte en un costo directo de la producción y también desestimula a los posibles inversionistas de este sector, reduciendo tal oferta.
En particular es necesario estimular la oferta de la vivienda en arrendamientos a través de
mecanismos fiscales y financieros que en otros aspectos consideren inversión en ese sector como una forma de ahorro, mediante reformas legales que den suficiente seguridad jurídica a los arrendadores.
Esta oferta permitirá que los sectores de la población a los que resulta imposible o inconveniente obtener vivienda en propiedad tengan por lo menos un acceso en una forma rápida a una habitación digna.
El Partido Auténtico presentó en el Foro de Consulta Popular sobre Vivienda la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 una ponencia titulada "Vivienda en Arrendamiento" e igualmente otra denominada "El Problema de la Vivienda en el Distrito Federal", en el Foro de Consulta Pública sobre Vivienda Popular que se organizó en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
5. Es el terminar con la corrupción. Proponemos la creación de una procuraduría del pueblo destinada a defender a la población capitalina de los abusos de las autoridades.
Una de las mayores preocupaciones de la población capitalina es el abuso y la corrupción de las autoridades, que se manifiestan principalmente con los agentes de tránsito, los de policía, los inspectores o los empleados de las delegaciones, sin que el gobierno capitalino hasta este momento haya podido evitarlo.
A todo esto indigna la prepotencia de los agentes de tránsito que detienen sin razón alguna a cualquier automovilista, bajo las amenazas de remitirlo a la delegación o de detenerle su auto y además lo extorsionan.
Igualmente nos indigna la brutalidad policiaca que a veces hace burla de los derechos humanos y resulta, por último, una verdadera vergüenza para nuestras autoridades la forma como es la complicidad entre los empleados de ventanilla y los inspectores de las delegaciones que exigen interminables y dudosos requisitos para que los interesados puedan abrir un establecimiento de cualquier tipo.
Las facultades de la Procuraduría Social no permiten acciones eficientes en la lucha contra la corrupción, ya que son sumamente limitadas y los consejos delegacionales para prevenir actos de corrupción en los servidores públicos del Departamento del Distrito Federal, establecido por el decreto publicado del Diario Oficial del 30 de agosto de 1989, sólo han servido como prueba de la falta de voluntad política en muchos de los delegados para atacar sin simulaciones este problema al que le dan la vuelta.
La solución al fondo de esto está en democratizar el Distrito Federal, bandera que, entre paréntesis, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en tiempo pasado, llevó siempre como línea.
Asimismo las autoridades y particularmente el jefe del Departamento del Distrito Federal y los delegados, que sean verdaderos representantes de la población capitalina y comprometidos con ella y no con funcionarios impuestos que muchas veces provienen de otras entidades.
Con el mismo sentido se deberá ampliar la facultad de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, única institución democrática del gobierno de la ciudad de México. El acercamiento e identificación entre las autoridades y ciudadanos, no sólo es para la condición necesaria de una sociedad democrática, sino que es un factor que puede ayudar a reducir los actuales conflictos entre ambos sectores.
Independientemente de las propuestas anteriores, se requiere de la participación ciudadana, valiente y decidida para denunciar cualquier abuso de autoridad.
6. Lo que nos preocupa también en el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana es que en este momento no existan empleos, por eso es importante crear más empleos. Proponemos generar más y mejores empleos para los habitantes de la ciudad, principalmente en el área de las nuevas tecnologías y de los servicios sociales que permitan mejorar sus condiciones de vida, sin contaminar y sin atraer inmigrantes a este Distrito Federal.
Este es uno de los problemas más complejos, ya que por un lado se sostiene la gran demanda del empleo en la ciudad, pero por otro, la creación de los nuevos empleos genera mayor crecimiento y mayor agudización de problemática urbana general. En otras palabras, si se crean empleos favorece la migración porque habrá más gente que quiera venir a la ciudad a ocupar esos empleos, y también al existir nuevas empresas, se necesitará de otras que apoyen o que lo relacionen con las primeras y a su vez éstas van a provocar la aparición de otras más y así sucesivamente.
Por todo esto se debe tener mucho cuidado con el tipo de empleos que vayan a crearse en la
ciudad de México. Es conveniente que los nuevos empleos que se den en las actividades, estén encaminados a la satisfacción de las necesidades sociales como el de la vivienda, transporte, la seguridad en el campo de las nuevas tecnologías y que se requiere un poco de personal, pero muy calificado y no con actividades productivas como la industria, porque éstas son las que más crecimiento generan.
Se debe proponer también especial interés en cuidar el aprovechamiento de los recursos con los que cuenta en nuestra capital, como son las universidades, lo que permite lograr una mayor capacitación para nuestra población y, consecuentemente, contar con los recursos humanos necesarios para el desarrollo de las nuevas tecnologías, principalmente en los campos de la información, de la electrónica, de las comunicaciones y en general toda la gama de actividades que requiere la sociedad más sofisticada.
Al mismo tiempo para solucionar el problema del empleo en la ciudad de México, se requiere impulsar al resto del país y en especial las zonas más atrasadas, lo que ayudaría a mantener a la gente en sus lugares de origen, a la vez de que eleven su nivel de vida y reducirán la migración hacia nuestra urbe.
7. Es el mejorar los servicios urbanos. Proponemos también el mejoramiento de los servicios urbanos en general, como una forma más efectiva para incrementar la calidad de vida de los capitalinos. Una política social conveniente consistirá en dotar a las zonas populares de los servicios básicos.
El problema de la falta de los servicios es básicamente económico; el Estado no tiene en este caso la capacidad de oferta de subsidio para que otorguen sin embargo a los beneficiarios de dichas ofertas y los subsidios son generalmente para los estratos más altos y medios, mientras que el área siempre siguen siendo los más pobres y en especial los asentamientos irregulares, que no se cuenta con muchos de ellos, teniendo muchas veces que introducirlos y pagarlos por ellos mismos a un alto costo de lo normal.
Es necesario terminar con actitudes populistas y paternalistas, que finalmente no favorecen a la población de menores recursos. Los servicios deberán ser ofrecidos y cobrar a la población que los demanda, facilitándoselos en dicho cobro a los sectores más necesitados y no utilizarlos como vías electorales para poder obtener mayoría de votos.
También debe darse la posibilidad de la participación ciudadana organizada para la obtención y construcción y funcionamiento de sus propios servicios, en especial para aquellos sectores de menores recursos.
Igualmente nuestra propuesta de vivienda urbana, es ayudar a una utilización más eficiente de los servicios con que se cuenta actualmente, ya que estos no siempre se usan en toda su capacidad.
Reprobamos enérgicamente la utilización para fines electorales los programas de dotación de servicios básicos en las zonas populares. Dichos programas son una de las obligaciones de las autoridades y de ninguna manera pueden ser atribuidas como una gestión de un partido determinado y en todo caso no debe olvidarse que la ciudad de México se encuentra clasificada por su calidad de vida en uno de los últimos lugares entre las más grandes de las metrópolis del mundo y por eso debe en gran parte a la incapacidad del partido en el gobierno, que para administrar durante más de 25 años esta situación.
Una de las problemáticas que tenemos también en el Distrito Federal, es la de mantener la ciudad sin basura. Proponemos un compromiso entre los habitantes de la ciudad de México para mantener limpia nuestra urbe: No tiremos más basura en la calle.
El problema de la basura no es únicamente un problema de estética sino es un problema de salud, ya que uno de los principales causales de las enfermedades ha sido comprobado que son esos lugares insalubres en donde se hacina la basura.
Debemos contemplar tres aspectos en relación con nuestro tema y su generación, recolección y su destino final.
En primer término, se requiere fomentar la cultura ciudadana para participar con los habitantes de la ciudad y que será indispensable para evitar tirar basura en zonas públicas, para separar los diversos tipos de desechos sólidos, facilitando su industrialización y para vigilar el funcionamiento de los sistemas de recolección.
La intervención de las empresas privadas en la recolección y procesamiento de la basura, ayudaría a resolver los dos últimos aspectos señalados, pero en este caso las empresas deben soportar todo el costo desde la recolección hasta el control del impacto ambiental.
Los miembros del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana hemos rechazado durante varias ponencias y sobre todo en la Asamblea de Representantes, cuando se discutió el reglamento correspondiente, en el resto de los representantes de la instalación de contenedores de basura en la vía pública, por ser uno de los riesgos para la salud y por el daño que provocan a los vecinos más cercanos. Sin embargo, la mayoría en aquella ocasión aprobó esta medida que, bajo el pretexto de la eficacia, únicamente tiene por objeto abatirle los costos de recolección a los futuros concesionarios del servicio. Afortunadamente la mayor parte de los delegados del Departamento del Distrito Federal se han negado a adoptar esta medida, no por falta de respeto a la ley, sino porque ha habido un gran rechazo de los vecinos.
El diputado Francisco Dorantes Gutiérrez (desde su curul): - Señor Presidente, moción de orden para que se escuche al orador.
El Presidente: - Atendiendo la excitativa del señor diputado, nuevamente insisto en el silencio y en el orden que deben guardar todas las señoras y señores diputados y también las personas que nos visitan, por respeto al orador. Continúe, señor orador.
El diputado Roberto García Acevedo: - Muchas gracias, señor Presidente:
Tenemos que garantizar el abasto a precios bajos. Proponemos la creación de varias centrales de abasto y la construcción de mercados públicos, propiedad de los comerciantes en ellos instalados, con objeto de aumentar la competencia y disminuir los precios en beneficios de los consumidores.
Indudablemente que ésta es una de las mayores preocupaciones de los mexicanos por la carestía. A pesar del famoso pacto y de todas las medidas adoptadas por las autoridades, la inflación sigue en aumento y esto se debe principalmente al exceso del gasto público, que obliga a mayores impuestos y al incremento del circulante, pero también se debe a una estructura de abasto ineficiente, monopólica, que enriquece exclusivamente a unos cuantos.
Constantemente observamos especuladores, clausuras a pequeños negocios por alteración de precios, sin embargo, todo esto sabemos que este tipo de comerciantes están acostumbrados a incrementar con un porcentaje fijo los precios de los artículos, por lo que no son los que verdaderamente son los culpables de la carestía.
La falta de centrales de abasto permite que un pequeño grupo de comerciantes controlen totalmente la distribución de los productos alimenticios, por lo que están en condiciones de fijar precios en forma monopólica.
La creación de las nuevas centrales de abasto, independientemente de las ventajas geográficas, aumentaría la competencia y permitiría a los productores y comerciantes obtener mejores precios, disminuyendo con ello los grandes márgenes de ganancia de los intermediarios.
El problema de la falta de mercados tiene dos consecuencias: por un lado provoca que se eleven los precios de los productos con la ineficacia del abasto; por otro, genera el comercio ambulante que además es gran causa de elevación fiscal, explotación e inseguridad laboral para sus empleados y ocupación ilegal en áreas públicas y consecuentemente efectos sobre la vialidad, venta ilegal de productos y efectos negativos sobre las rentas económicas del suelo urbano, al competir deslealmente con los comerciantes debidamente establecidos y que además ellos sí pagan sus impuestos.
A fin de cuentas todas las consecuencias anteriores las sufren los habitantes de esta ciudad.
El Partido Auténtico, en el foro también de consulta popular sobre comercio en la vía pública, organizado por la Asamblea de Representantes, en una ponencia titulada "Hacia un nuevo sistema de abasto y comercio en la ciudad de México", que se presentó el 15 de febrero de 1990, sea la creación urgente de mercados para dar cabida al comercio ambulante, pero la construcción de los establecimientos comerciales y de los mercados, deberá considerarse como una de las estructuras de distribución jerarquizada que cubra todas las áreas de la ciudad, con lo que se hará más eficiente el abasto y con esto repercutirá en los menores costos y acabará con el monopolio y el intermediarismo que reducirá el problema del ambulantaje.
Tenemos el problema del consumo de agua, por eso debemos de promover un ahorro de consumo de agua. Proponemos en el Partido Auténtico, la adopción de medidas enérgicas tanto legales como técnicas, para preservar los recursos del agua indispensables para la vida.
Pensamos que debe ponerse especial atención en la administración de todo el sistema y que no sólo en el aspecto contable o de vigilancia y de corrección de fugas, sino que también debe adoptarse una nueva tecnología para reciclar el agua y definir sus usos.
Hacer un sistema tributario más eficiente y justo, es otra preocupación que tenemos en el partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Proponemos la modificación de la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal y de muchas de las disposiciones contenidas en la reciente miscelánea fiscal, con objeto de lograr un sistema tributario más eficiente y justo.
Resulta paradójico el hecho de que el gobierno del Distrito Federal requiera de recursos externos para financiar sus funcionamientos y para muchos de los habitantes de esta entidad que están sujetos a impuestos que a veces llegan a ser confiscatorios.
Desgraciadamente la política tributaria vigente es errónea, ya que sangra la economía popular, se castiga al que produce y se premia al que especula; se generan grandes confusiones en la aplicación de los acuerdos fiscales y se crean trámites engorrosos para que los ciudadanos no puedan cumplir con ellos.
Proponemos la instauración de una miscelánea fiscal permanente bajo los criterios del impuesto progresivo al capital y a la ganancia, reducción de los impuestos al trabajador, otorgamiento de certidumbre y confianza para los causantes en general; la eliminación total de las complicaciones administrativas y de gobierno, aplicando conforme a sus ingresos, una cuota fija a los pequeños causantes, evitando lo que hoy acontece en cada uno de ellos, los jornaleros, pequeños comerciantes, taxistas, artesanos, trabajadores manuales y otros.
Además que cubren y que lesionan la economía por los honorarios de los profesionales de la contabilidad para atender la insaciable y voracidad de la economía de los precursores fiscales.
Inmersos en la insatisfacción de la recaudación nacional, no contabilizan todavía el costo político del Ejecutivo Nacional, que ocasiona el terrorismo fiscal y por lo tanto, proponemos también la disminución del Impuesto al Valor Agregado y de otros impuestos.
Finalmente, lograr que el Distrito Federal tenga un gobierno de elección popular.
El argumento de que los capitalinos eligen a sus autoridades al votar, por el candidato a Presidente de la República, es una falacia que se ha puesto en evidencia durante los procesos electorales de 1988, en el que el partido gobernante no alcanzó ni el 28% de la votación efectiva.
De todas maneras los ciudadanos del resto de las entidades eligen directamente a sus autoridades municipales y estatales y en el mejor de los casos, los habitantes del Distrito Federal les eligen indirectamente, lo que implica una situación desigual, contraria al espíritu de nuestra Constitución.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana está consciente de que la problemática capitalina no se resuelve con la simple elección de las autoridades, sino que se requiere de un doble proceso político.
En cuanto a la posibilidad de elegir a las autoridades a tres niveles, y administrativo en cuanto a crear una estructura que contemple los nuevos fenómenos urbanos como son los de los municipios conurbados en las zonas metropolitanas y la administración regional.
En diversas ocasiones hemos representado y hemos enviado propuestas serias en relación al tema, como la ponencia titulada: "La Reforma Electoral del Distrito Federal" presentada el 5 de abril de 1989 en el Foro de Consulta en la Reforma Electoral organizada por la Asamblea de Representantes; la ponencia: "Por la elección de un gobierno metropolitano", presentada el 26 de abril de 1989 en el Foro de la Comisión Especial de Consulta Pública, Sobre la Reforma Electoral, organizado también por la Comisión Federal Electoral y la ponencia; "Consideraciones del Proyecto Urbano del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el aspecto de la Vivienda y el uso del suelo", el 5 de julio de 1989, en el foro autorizado por la Universidad Autónoma Metropolitana y las iniciativas y adiciones y modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de municipalización del Distrito Federal, presentada ante el pleno de la asamblea de representantes el 27 de noviembre de 1990.
Uno de los aspectos que debe implicar la democratización del Distrito Federal, es el de permitir que sus habitantes conserven su identidad histórica, ya que siendo dueños de su futuro la ciudad, para gobernarla, dentro de sus tradiciones y con el compromiso de sus propios habitantes.
Esto en general es lo que el Partido Auténtico de la Revolución pretende hacer saber a esta Cámara, con las propuestas que tenemos debidamente presentadas y que en su momento ampliaremos en la comisión correspondientes. Muchas gracias.
RECESO
El Presidente: - Señoras y señores diputados, Siendo las 14.37 horas se declara un receso de una hora y por tanto la sesión se reanuda a las 15.40 horas.
Receso.
(A las 16.00 horas): - Se reanuda la sesión. Se concede el uso de la palabra al diputado Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Israel González Arreguín: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores; señoras y señores:
Para la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el informe presidencial es un balance de las acciones de administración pública de los últimos tres años, es la indispensable valoración para continuar la planeación de la gestión gubernamental.
El III Informe establece desde su inicio el examen de la situación nacional y los propósitos del quehacer político fijados en la toma de posesión del Ejecutivo Federal; resume la estrategia política para enfrentar la crisis.
A nuestro juicio, por primera vez, se define el sentido soberano de la estrategia del gobierno cuando se afirma: "propuse a los mexicanos modernizar nuestro país como una manera de dar oportunidad y dirección al cambio. La modernización es una estrategia para cambiar la respuesta a nuestras necesidades y al ritmo del pulso del mundo; pero su objetivo superior es asegurar la permanencia soberana de México, la modernización es nacionalista y así se expresa en los hechos".
El carácter de la modernización nos parece más apropiado cuando se apega más a la esencia de lo expuesto en el artículo tercero constitucional, idea por cierto defendida por nuestra agrupación en la pasada legislatura y en la plataforma electoral del pasado proceso electoral federal.
Aquí se sienta una tesis fundamental para precisar la naturaleza del cambio que debería traer consigo la modernización; puede servir para encarar, por otro lado, los afanes de modelos excluyentes que sólo entienden la modernidad como la sujeción a los imperios económicos y la aplicación de las denominadas fuerzas del mercado. En este sentido rescata una importante atribución constitucional estatal para precisar un modelo de desarrollo.
Un tema recurrente de este informe es el de la definición de nacionalismo. Cabe recordar que éste tratamiento corresponde a la importancia asignada a la reforma del Estado del I Informe y a la idea de soberanía del segundo.
Para nosotros queda claro que el nacionalismo debe cambiar conforme a las modificaciones suscitadas en los entornos propios y externos; ello no quiere decir que deban olvidarse la naturaleza misma de los orígenes y los fines de las mudanzas operadas. Por fortuna este documento nos permite volver a replantear el proyecto nacional, el deber ser que desde luego está permeado de las crisis de los grandes paradigmas explicativos de la realidad.
La lógica de la reestructuración capitalista desde la crisis internacional de los años 70 y 80 puso a cuestionamiento la coherencia de la política económica que observó el mundo desde la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. Primero en los centros capitalistas y después en la periferia se fueron transformando las relaciones entre el Estado y el capital, se cambiaron reglas y costumbres para hacer más eficiente la naturaleza misma de la producción mercantil en ese centro de reordenación capitalista. Qué duda cabe que el actual gobierno ha ofrecido importante aveces, tan es así que su política es puesta de ejemplo a otros países en desarrollo para que enfrenten sus problemas. ¡Sólo los ciegos o los licenciados del cerebro niegan a aceptar esa realidad!.
Estamos de acuerdo que la nación no debe ser una entelequia y un freno a las tendencias progresistas. Pero consideramos que existen en nuestra historia reclamos justicieros sin respuesta. En consecuencia, cambio implica respeto a tradiciones de lucha y vergüenza frente a aquellos que siempre se les ha prometido un país mejor.
Un nacionalismo sin prospectivas conduce a la mera reiteración de viejos esquemas. Puede conducir al aislamiento y a la pérdida de oportunidades, ¿cuántos países del mundo desearían la posibilidad que México tiene de poder tener interrelación comercial con otros países del mundo?
No podemos aceptar, por ello, el que una política diferente nos conduzca al aislamiento y peor aún que pueda comprometer la soberanía e integridad nacional
Por ello, nos parece atingente la definición de que el nacionalismo mexicano en nuestros tiempos, de cara al Siglo XXI, heredero de principios derivados de la historia, tiene que modificar sus expresiones para asegurar el logro de cuatro principios fundamentales "la defensa de nuestra soberanía, el respeto a la libertad, la firme promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general cada vez mayor y el desarrollo de la democracia".
Debe quedar claro que estos pilares de filosofía política e identidad nacional, son el modelo a partir del cual hemos de distinguir el horizonte de lo posible en los próximos tres años.
En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional consideramos que la modernización soberana y nacionalista tiene como indicadores el desarrollo de la soberanía en la toma de decisiones y en el control de las áreas estratégicas de la economía, la implicación de las libertades individuales y su plena garantía en las leyes y en los hechos; justicia verdadera que atienda tanto el ámbito de su impartición como al de su autonomía frente a otros poderes y democracia integral que trasciende el ámbito político electoral para sustanciarse en lo social.
De este modo, buscamos preservar el espíritu del Constituyente de Querétaro y de las luchas sociales que le han dado contenido, sin violentar las tradiciones participativas de la sociedad mexicana, nuestra cultura e identidad nacionales.
Procuremos avanzar en la ruta modernizadora consolidando las conquistas ciudadanas y ampliando las garantías individuales y los derechos sociales de las mujeres, los niños, los jóvenes, los trabajadores del campo y la ciudad. Hace dos años el país tuvo una interesante oportunidad para plantear un proyecto de cambio nacional, cuando las mismas fuerzas que hoy operan en esta Cámara discutimos el problema de la reforma constitucional en materia político- electoral. En esa ocasión, nuestra fracción parlamentaria presentó el proyecto más acabado de reformas constitucionales que corresponden a los principios hoy señalados por el Ejecutivo.
Propusimos un fortalecimiento de las garantías individuales, mayor autonomía y respeto recíproco entre los poderes de la Unión, democracia integral que comprendiera una extensión de la democracia política y social, la creación de una nueva normatividad que garantizara la real autonomía del poder judicial y las condiciones para la impartición de una justicia pronta y expedita. Nuestra propuesta rebasó con creces las de otras agrupaciones que se ciñeron y hasta se autocensuraron a los exclusivos lineamientos de carácter electoral expresados en la propuesta del grupo mayoritario.
Ahora, dos años después, la realidad impone de nueva cuenta el debate de los grandes problemas nacionales. Esperamos que sea para bien del país. Para esto, nosotros exigiremos la dictaminación de nuestra propuesta de reconstrucción democrática de la nación, que el presunto bipartidismo quiso archivar en aquél momento.
Ante los cambios mundiales debemos no solo considerar sus repercusiones inmediatas, también debemos ser cautos para no incurrir en elucubraciones frívolas. El mundo de hoy no es el mismo de hace 10 años, ni tan siquiera el de hace dos años. Con la caída del Este europeo se derrumbó un modelo de autoritarismo, que se hizo llamar socialismo real. Desde luego que esto afecta los pensamientos políticos relacionados con los distintos socialismos. Sin embargo, nadie puede afirmar que estos cambios tendrán un carácter ineluctable.
La conclusión inaceptable para el planteamiento anterior, es que no se puede apostar a una sola concepción del mundo como garante del desarrollo social. La crisis de un modelo no necesariamente es la crisis de toda concepción de mundo y de un modelo teórico de análisis. Si el mundo de hoy es unipolar, no por ello hay que renunciar a la diversidad de opiniones e ideologías, mucho menos cuando son éstas las que fortalecen la salud democrática de la nación. México es una nación pluriétnica y pluricultural.
Para el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional es una verdad a medias decir que no existen divisiones culturales que quebranten la voluntad nacional. Para nosotros es claro en el país hay una serie desigualdad en el acceso a los bienes culturales que constituyen la llamada identidad cultural de los mexicanos. El reconocimiento a la diversidad cultural de los mexicanos es apenas "una punta de la madeja" que constituye el sabernos una nación plenamente integrada y con igualdad de oportunidades para acceder al sistema cultural.
En el realismo impuesto por el discurso presidencial, es necesario acotar que la reforma constitucional al artículo 4o., referente a los grupos étnicos, es condición necesaria pero insuficiente para construir esa anhelada unidad cultural. Pese a la diversidad existente, no se quebranta la
voluntad nacional por el hecho que desde los grupos hegemónicos esa diversidad no se reconoce.
En el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional consideramos que una verdadera voluntad nacional, sin socavamientos, parte del impulso, desarrollo y pleno respeto a las diversas manifestaciones culturales que se producen en el país.
En este sentido, esta Legislatura debe pronunciarse no solo por ampliar y proteger la pluralidad cultural, sino también por proteger los bienes culturales de la nación frente a terceros, sobre todo en este tiempo de integración económica.
En el informe, además del nacionalismo, la estrategia de cambio estatal está fundada en el Programa Nacional de Solidaridad. Este programa compensatorio de los deterioros sociales generados por la crisis, no está en cuestionamiento. Sin embargo, es necesario ubicarlo no solo en su dimensión asistencial, sino también en su condición de estrategia de cambio estructural de la estatalidad.
El Programa Nacional de Solidaridad, como el mismo Ejecutivo señaló, se está convirtiendo en un programa de participación social en la toma de decisiones; del fortalecimiento institucional de esta tendencia surgirá gran parte de las nuevas modalidades de relación entre el Estado y la sociedad. En este contexto, debemos señalar que la participación de la sociedad no sólo tiene que ver con su acceso a la toma de decisiones en el ámbito de la vida cotidiana, no sólo debe circunscribirse al espacio de la satisfacción de necesidades materiales inmediatas, debe, sustancialmente, ser una participación que acceda al control colectivo del entorno inmediato de los individuos en todos los niveles materiales, culturales, incluso afectivos y, al mismo tiempo, que tenga acceso legal, amplio y garantizado, institucionalmente, a los grandes debates nacionales. Eso es lo que daría al Programa Nacional de Solidaridad un sentido de cambio estructural en el marco de la reforma del Estado; eso es lo que debemos pensar los legisladores antes que descalificarlo superficialmente.
Para el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional la dimensión y naturaleza del programa puede ampliarse hasta constituir una estrategia permanente de redistribución del producto, ampliando tanto su cobertura, coma las tendencias a la autogestión social.
Sin sólidas variaciones en los niveles de productividad, la viabilidad y coherencia de la política de crecimiento e integración comercial se ponen en riesgo; los avances mismos en política económica y los propósitos declarados del Tratado de Libre Comercio no podrán llevarse adelante.
Nuestra fracción parlamentaria insiste, es indispensable constituir un Acuerdo Nacional de la Productividad, las bases de ésta podrían ser: mejorar los ingresos salariales de acuerdo al crecimiento de la utilidad empresarial, establecer organismos laborales ex profeso en los distintos centros productivos, premiar fiscalmente al gasto de inversión productiva para el desarrollo, en especial a la innovación tecnológica y la investigación científica de punta.
Con el III Informe de Gobierno, el Ejecutivo de la República ha delimitado los ejes que han conformado su estrategia desde el principio: reforma del estado, soberanía y nacionalismo; con la delimitación de estos referentes, perfila también el rumbo del país en los próximos tres años.
Para el Partido del Frente Cardenista la reforma del estado no es una fórmula vacía y mucho menos una moda sexenal, es, ante todo, una estrategia de reacomodo del estado como poder y como aparato para la resolución de dos cuestiones: las condiciones de gobernabilidad de un régimen político que presentó niveles de obsolescencia y readecuar el desarrollo económico a las nuevas condiciones internacionales, después del otorgamiento del modelo sustitutivo y proteccionista. Así, la reforma del Estado modifica la idea y extensión del Estado mexicano, de las concepciones de justicia y de la estabilidad política.
Al inicio de ese discurso transformista, se plantearon tres giros: el corporativismo a la democratización, del ajuste al crecimiento y de la protección al desarrollo exportador. De los tres giros planteados, el que con mayor lentitud se ha desenvuelto es el del tránsito del corporativismo a la democratización; así, la reforma del Estado se ha perfilado como una estrategia de cambio estructural en la economía.
En materia política quedan varias asignaturas pendientes, además de la necesaria revisión de las deficiencias en el sistema electoral. Debemos profundizar el debate en torno a los cuatro grandes apartados que el Ejecutivo señaló, saludamos el proyecto de elevar a rango constitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay que hacer hincapié en la necesidad de que constituya una entidad separada del aparato gubernamental, una suerte de ombudsman que defienda los derechos del pueblo no sólo entre particulares
sino también respecto a las acciones del Estado.
En materia agraria coincidimos en la necesidad de activar al ejido, un ejido estático a nadie beneficia pero antes que pensar en su desaparición como figura jurídica hemos de buscar instrumentos legales que garanticen su reactivación económica, salvaguardando los derechos de los campesinos y haciendo extensiva la reforma apoyando no sólo lo referente a la producción sino todas las fases del proceso económico: abasto, comercialización, producción, consumo intermedio y consumo final.
La experiencia indica que no basta con señalar posibilidad de crear unidades mixtas de producción si ello no va aparejado con un serio esfuerzo por garantizar los derechos de los campesinos.
La reforma al artículo 130 constitucional llama la atención por un hecho fundamental, es el reconocimiento al proceso de secularización que vive la sociedad y con ello, por primera vez, a la diversidad de creencias. El mensaje del Ejecutivo es claro reconocer la necesidad de cambios al 130 constitucional es reconocer no sólo a la dominante, sino a todas aquellas que hasta ahora han sido llamadas por la jerarquía católica "sectas" despreciativamente, el reconocimiento a las iglesias debe ser eso, discutir el 130 debe restringirse a ése ámbito, darle personalidad jurídica pero exigiendo paralelamente respeto irrestricto a la Carta Magna para que desaparezcan las prácticas perniciosas que algunas de ellas ejercen contra la Constitución y contra la nación a toda costa.
Para finalizar, nosotros consideramos que la democracia de los estados capitalistas no es la respuesta a los reclamos de la sociedad mexicana; el general Lázaro Cárdenas del Río en su momento planteó que los conservadores de México enemigos del programa social de la Revolución, quisieran en la política del gobierno la democracia que se practica en los estados capitalistas, es decir, libertad para sus intereses e imposición de su criterio. En el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional rechazamos esta acepción; la democracia es un asunto de todos los individuos y en todas las áreas de la vida social, convocamos a esta soberanía a actuar en un espíritu plural para avanzar en la reconstrucción nacional, democrática y popular sin violentar el derecho, pero también sin ceder ante los afanes bipartidistas y reaccionarios. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: - Con su permiso, señor Presidente:
Quiero ubicarme en la glosa del III Informe respecto al tema del Distrito Federal.
Durante el primer semestre del presente año, el Jefe del Departamento del Distrito Federal y los candidatos del partido oficial, generaron amplias expectativas al referirse a la necesaria reforma política del gobierno de la entidad. En este informe sin embargo, ni siquiera es contemplada como parte de una posible agenda de discusión y de debate, tanto en el Congreso de la Unión como en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.
Este vacío es incongruente con el señalamiento que el mismo Ejecutivo Federal hace sobre la necesidad de discutir y tomar posiciones para que la vida política se enriquezca y responda a cambios profundos y complejos. De esta manera ha sido defraudado el interés que a este respecto han mostrado millones de ciudadanos y los partidos políticos.
Este tema es parte sustancial de la reforma del Estado. La evasión a este debate confirma nuestra idea de que el Distrito Federal es el instrumento por el cual es centralizada la vida política y económica de la nación en manos del Ejecutivo, sin importar las consecuencias adversas que esto trae para la calidad de vida de sus habitantes, para la estructura productiva del país y el sano ejercicio de la República federal.
Una reforma democrática real del Estado, necesariamente implica la discusión y el debate sobre el gobierno del Distrito Federal. Estos deben tener como objetivo primordial la restitución de los derechos políticos plenos a los ciudadanos que viven en la entidad, es decir, que éstos puedan elegir a sus autoridades. Desde nuestro punto de vista, esto sólo es viable restituyendo al Distrito Federal su calidad de estado soberano como parte de la federación
Desde esta perspectiva, no pueden ser soslayados los problemas financieros y lo efectos negativos obre el bienestar social, que ha generado la estructura de gobierno actual en la entidad.
La manera en que son manejados los recursos que genera la entidad, permiten al Ejecutivo una alta discrecionalidad en el manejo de los mismos, sin que exista un control por parte del Poder Legislativo y además genera graves problemas al gobierno local para resolver las demandas y necesidades de la población y los sectores productivos.
El gobierno central afirma que el problema financiero del Distrito Federal se encuentra básicamente en el ámbito interno, es decir, que la estructura de ingresos de la entidad ineficiente, lo cual explicaría los altos déficits en servicios públicos, infraestructura e inversión. Sin embargo, esta tesis carece de fundamento. En realidad el problema financiero del Distrito Federal no se ubica en la estructura local de ingresos, sino en la intervención indiscriminada que en ella tiene el Poder Ejecutivo Federal.
En el Distrito Federal se genera una parte importante del valor de los bienes y servicios, es decir, de la riqueza nacional, por un monto equivalente al 27% del producto interno bruto; concentra las tres cuartas partes de los recursos captados a través de la banca comercial a nivel nacional, durante 1990. Además, datos de 1984, contaba con el 46% de las empresas causantes mayores y el 48% de los asalariados del país.
A falta de estos datos más precisos, sólo podemos inferir que nuestra entidad aporta una parte bastante significativa de los recursos que la federación capta vía impuesto sobre la renta. No obstante, al Distrito Federal le corresponde el 11% de la participación en el impuesto sobre la renta a nivel federal. Aquí las finanzas de la entidad encuentran su primer límite, al no contar con una distribución equitativa a nivel federal de la captación tributaria.
Para enfrentar satisfactoriamente las necesidades de una planta productiva en crecimiento y una urbanización creciente, en el pasado se recurrió a mecanismos que compensaran esta barrera, como fueron las transferencias y el endeudamiento externo.
En lo que respecta a la transferencia de recursos por la federación, ella decrece paulatinamente, pues en 1989 apenas significó el 9.3% de los ingresos del Departamento del Distrito Federal y en 1990 el 6.7%.
Es decir, que uno de los mecanismos por los cuales se rectificaba mínimamente la distribución inequitativa del impuesto sobre la renta a nivel federal, es ahora cada vez más limitado.
El otro mecanismo, el de la deuda externa, también se vio seriamente restringido a causa de la triste experiencia de 1983, cuando el gobierno federal decidió asumir la deuda del Departamento, debido a que su monto afectaba seriamente su estructura financiera, pues el pago de este adeudo hubiera significado que de cada 100 pesos aportados por los contribuyentes, 67 serían para el pago de intereses, 21 para la amortización de la deuda titulada y cinco para los contratistas con pagos pendientes desde 1982.
Es importante destacar que esta deuda creció a tal magnitud por decisión del gobierno central, lo cual distorsionó la estructura de ingresos del Departamento del Distrito Federal, sin embargo, el endeudamiento parece ser nuevamente el canal por el cual el gobierno central piensa compensar la raquítica estructura de ingresos que impone a la entidad.
Tan sólo en 1990 la deuda tuvo un aumento neto por 73 mil millones de pesos, mientras en los dos años anteriores había sufrido un importante decremento por 50 mil 600 millones. ¿A qué responde un cambio tan drástico en la política de endeudamiento?, preguntamos. ¿No sería necesaria una explicación amplia del titular del Departamento del Distrito Federal a este respecto?
De esta manera podemos ver que el desarrollo económico y el financiamiento del Distrito Federal están siendo cargados fundamentalmente sobre los habitantes de la ciudad y el endeudamiento, antes que ampliar las transferencias y la participación de los ingresos tributarios de la federación por cuestión de criterios de política económica definidos por el Ejecutivo Federal.
El alto grado de discrecionalidad con que maneja el gobierno federal el gasto neto lo podemos ver tan sólo observando que canaliza el 100% del total como participaciones a las entidades federativas y los municipios, quienes con recursos tan reducidos están siendo obligados a plegarse a los requerimientos del gobierno central para atenuar las necesidades que los apremian.
El control casi absoluto que tiene el Ejecutivo Federal sobre el gasto, es el fundamento de la estructura centralista, es decir, impide el funcionamiento cabal del pacto federal.
A pesar de este panorama adverso el Distrito Federal ha logrado sobrevivir gracias a una estructura de ingresos más o menos sana. En 1990 los ingresos propios significaron el 93.7% del total, lo cual hace de ésta una entidad prácticamente autártica.
Sobre esta base y con una distribución equitativa de los recursos federales, el Distrito Federal aseguraría una reactivación económica importante al corto plazo, pues ha demostrado que con ingresos propios puede mantener funcionando a la entidad y los ingresos adicionales podrían canalizarse directamente a la inversión y el gasto social
Sin embargo, el actual modelo económico limita la viabilidad económica de la ciudad a la captación de ingresos solamente, contrarrestando la evasión fiscal y aumentando la base tributaria, como lo consigna el Ejecutivo en su informe. Esta política lo único que ha logrado es cargar el financiamiento de la entidad sobre los habitantes y disminuir en los hechos la tasa impositiva para los grandes productores, consumidores y agentes inmobiliarios.
Ahora bien, esta base sólida que ha permitido el funcionamiento de la entidad está siendo severamente afectada. Por una parte la alta especulación del suelo urbano impide que éste se incorpore a la inversión productiva, no se revaloriza y por lo tanto reduce su participación en los ingresos fiscales. Una tercera parte del área urbanizada, 348 kilómetros cuadrados, en producto de una ocupación ilegal y los lotes baldíos suman ya 7 mil hectáreas.
Por otra, el restringir el desarrollo de actividades económicas, suprime a importantes contribuyentes potenciales. Los créditos otorgados por la banca comercial para actividades industriales, disminuyó de 37% del total en 1988 a 29% en 1990, sin olvidar lo que esto significa en población asalariada y el alto desempleo que se vive en la zona.
No se trata de una crisis fiscal de la ciudad. La base fiscal del Distrito Federal está sana; cuando deje de ser así, si en algún momento las actividades económicas empiezan a abandonar el Distrito Federal y su área metropolitana, entonces sí se presentará una verdadera crisis fiscal, con implicaciones inimaginables para los problemas de inversión y mantenimiento de la ciudad. Quizá en ese momento tendremos el primer gobernador electo del Distrito Federal.
Todo este modelo que nos ha sido impuesto a los ciudadanos del Distrito Federal ha tenido efectos sumamente negativos en lo que concierne a la calidad de vida de sus habitantes y ha afectado también la relación de los ciudadanos con la autoridad.
En el informe se asegura que el índice delictivo se redujo en 23.2% respecto a 1988 y en seguida proporciona los datos en que sustenta tal aseveración en el cuadro denominado abatimiento de la incidencia delictiva y principales acciones de lo Contencioso Administrativo y Superior de Justicia del Distrito Federal. Sin embargo, la información es errónea.
Según sus propios datos el rubro de "otros" se habrá incrementado en realidad en 36.7% y no en 22.7% como se dice, la información es manipulada de tal manera que parezca que la ciudad es cada vez más segura. Veamos. Según este cuadro, los índices de robo, lesiones y homicidios se redujeron en un 19.9% promedio, mientras que los que se incrementaron: daño en propiedad ajena, delitos sexuales y otros que contempla amenazas, fraude, ataque a las vías de comunicación y despojo, lo hicieron en un 36.2% haciendo la corrección mencionada al rubro de "otros". De esta manera el índice delictivo en el Distrito Federal creció en un 16.3% destacándose el incremento de casi un 70% en los delitos sexuales, principalmente violaciones y tentativas de violación.
Parece ser que la lógica en que se maneja el Ejecutivo, los delitos hay que combatirlos con policías.
De 1982 a 1987, el personal para seguridad pública creció de 26 mil 309 a 28 mil 135, un 6.9%; de 1987 a 1988, creció a 65 mil 628, 133%, pues se dice, incluyó al personal de las policías bancarias, industrial y auxiliar. Hacia 1991, el personal creció a 68 mil 538, 4.4%. Es decir, mientras que en 1987 había un elemento de seguridad por cada 362 habitantes, en 1991 la relación disminuyó a uno por cada 124 habitantes, y esto sólo incluye a los elementos de la Secretaría de Protección y Vialidad, sin tomar en cuanta a los efectivos de otras corporaciones constitucionales o no. Es decir, no obstante que existen más policías, se ha incrementado la vida delictiva.
Las dimensiones del rezago social en el Distrito Federal, están fuera de toda proporción con las acciones del gobierno de la ciudad; muestra un franco abandono de las políticas de bienestar social, lo cual contradice el discurso del Ejecutivo, en el sentido de que el crecimiento económico deberá de acompañarse de una mayor justicia.
Para 1989, el gasto programado para vivienda significó el 1.9% del producto interno bruto, este índice se redujo en 1990 a 1.2%. Por su parte, el Departamento del Distrito Federal destinó a este rubro el 1.7% de sus egresos, recursos con los cuales pudo realizar, según las cifras del informe, 4 mil 580 viviendas, se apoyó la autoconstrucción y mejoramiento de 291, se dotó de servicios básicos de urbanización a 330 lotes y 251 viviendas.
Estos datos contrastan significativamente con el déficit habitacional, oficialmente reconocido en un millón 500 mil viviendas, al que cada año se suman 300 mil nuevas demandas.
Con este ritmo el déficit habitacional actual será cubierto en 327 años. Afortunadamente con la ayuda de todos los organismos financieros de vivienda, este déficit será cubierto en tan sólo 53 años.
Por otra parte, el gobierno central afirma que la banca comercial es el canal por el cual podrá ser atendida la demanda global de vivienda. Sin embargo, los programas que acredita van dirigidos a la décima parte de la demanda global de vivienda a nivel nacional, compuesta por los sectores que tienen ingresos mayores a los 2.5 salarios mínimos.
En el Distrito Federal los créditos otorgados por la banca comercial, en 1988 para vivienda, fueron del 13% respecto al total y en 1990 este índice disminuyó a 9%, lo cual nos señala que este instrumento es inaccesible incluso para los sectores a los que se dirige.
En materia de salud, en 1989 el gasto por este concepto significó el 2.9% del producto interno bruto; para 1990 fue el 3.2%. El Departamento asignó el 2.8% de su gasto en 1990 a la atención preventiva y curativa, y el 3% al mantenimiento de edificios para la salud y la asistencia social.
La cobertura de los servicios de la salud, según criterios de planeación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, alcanza el 99% en cuanto a la demanda de clínicas de consulta externa y sólo el 24% de clínicas hospitalarias.
La educación atrae el 3.3% del producto interno nacional; en el Distrito Federal la cobertura básica de la demanda de jardines de niños alcanza el 71%, el 56% de escuelas primarias, el 68% de bibliotecas públicas, mientras que la oferta de escuelas secundarias es satisfecha.
En abastos, los mercados públicos en operación apenas cubren el 28% de la demanda.
En transporte la red pública ha sido prácticamente desmantelada, las más de 8 mil unidades de Ruta - 100 existentes en 1986, han sido reducidas en 1991, a 3 mil 860. Para 1988 se calculaba que era necesario un lote de más de 14 mil unidades para un servicio eficiente.
En cuanto al sistema de transporte eléctrico, fueron sacadas de la circulación 174 unidades de trolebuses, de 1990 a 1991, para alcanzar un lote de 638. Una flota similar a la existente en 1980.
Al contrario, la promoción del transporte privado ha sido evidente, pues en 1990, 2.8 millones de vehículos automotores, el 85%, transportaban al 5% de la población, mientras el otro 15%, vehículos para transportar colectivo, fue para el 95% de la población restante.
Incluso, en cuanto al transporte colectivo, se ha decidido, impulsar la concesión a particulares, revocando en los hechos la estatización ejercida en 1982. En 1986, existían 86 mil 596 taxis colectivos, para 1990, esta cantidad aumentó a 103 mil 822. Ellos transportan actualmente al 70.6% de los usuarios de transporte colectivo.
Esta situaciones ha implicado que los habitantes deban erogar por concepto de transporte, el 15% de sus ingresos.
En 1990, el servicio de agua atendía al 97% de la población.
En drenaje, sólo se cubría la necesidad del 70% de la población.
En cuanto a la seria afectación al medio ambiente, la contaminación atmosférica se encuentra estrechamente ligada a la política de transporte. La emisión anual de contaminantes atmosféricos, es de 4.3 millones de toneladas, de los cuales el 77% corresponde al sector transporte. De éstos, el 46% son emitidos por automóviles particulares. Los taxis colectivos contribuyen con el 24%. Índice similar al producido por los transportes de carga, trenes y aviones. En este aspecto no ha sido posible contar con cifras exactas que no permitan el nivel de contaminación que emiten los aviones en el despegue y aterrizaje en el aeropuerto internacional de la ciudad de México.
Un viaje- persona en Ruta - 100, contamina en promedio 160 veces menos que un viaje- persona en automóvil. El número de vehículos automotores se duplicó de 1980 a 1989, por lo que ahora contamos con 4 millones de automóviles. Sin embargo, la política que ha enfrentado este grave problema, ha resultado ambigua y aplaza las verdaderas medidas correctivas, como serían: mayores restricciones, burocrático- legales, impulsar y hacer eficiente el transporte colectivo, concebido en un programa que integre al conjunto del área metropolitana de la ciudad de México y la expansión acelerada del sistema Metro, los trenes eléctricos, los trolebuses y los autobuses Ruta - 100, a gas.
En cuanto a las áreas verdes, han resultado insuficientes las actividades para la reforestación, la cual ni siquiera detiene la sustracción de áreas verdes existentes en la marcha urbana.
Por lo que respecta al manejo hidráulico de la Cuenca del Valle de México, éste sigue básicamente los principios instaurados en 1608. El agua que consumen los habitantes del Distrito Federal, es, efectivamente, la más cara del mundo; pero eso no es responsabilidad de los ciudadanos, sino resultado de la irresponsabilidad de quienes han tenido bajo su autoridad estas políticas.
Sobre el ordenamiento territorial. El ritmo en la regularización del suelo, muestra en general una tendencia negativa. Esta tendencia sin bien en la cantidad de lotes no resulta de gran magnitud, sí lo es en cambio en lo que se refiere a la expedición de títulos, por los que se constata, que las reformas a los procedimientos para hacer más ágiles los trámites que se anunciaron en enero de 1991, no dieron resultado y por le contrario, se ha vuelto más lento.
Se mantiene como una constante de cada tres años coincidiendo casualmente con las elecciones federales. Se registra un aumento considerable de la regularización de la tenencia del suelo.
Si consideramos que de acuerdo con el Departamento en 1990 existían 500 mil lotes y viviendas por regularizar en el Distrito Federal, y descontando lo regularizado entre 1990 y 1991 tenemos que aún faltan cerca de 375 mil lotes por considerar, sin tomar en cuenta el aumento natural de la demanda en esos años.
De continuar con este ritmo, se requerirán siete años más para cubrir el rezago en asunto a lotes de aproximadamente 15 años, sin considerar rezagos, para la expedición de los títulos de propiedad definitiva.
Baste ver que el Departamento del Distrito Federal tenía programado regularizar para 1991, 91 mil 524 lotes. En realidad, según este informe, sólo será cumplido el 75% de lo programado.
De la misma manera, la reserva territorial muestra una tendencia negativa si comparamos los tres últimos años de la administración, con los tres primeros del presente ejercicio. Mientras en el primer período fueron incorporados 810 hectáreas, en el segundo han sido 311.
Si revisamos el Programa General de Desarrollo Urbano para el Distrito Federal, tanto en el elaborado en 1986 como su versión reciente de 1989, veremos que existían 7 mil 981 hectáreas de superficie baldía en el área de desarrollo urbano del Distrito Federal.
Quedarían disponibles, aún, 7 mil 127 hectáreas de reserva territorial, pues la superficie incorporada en 1987 a la fecha, es de 854 hectáreas.
Por más dinámica que hubiera sido la ocupación de superficie baldía en los últimos tres años, no es posible, como se dice en el informe, que éste haya sido agotado.
En este caso, destaca el incumplimiento de las metas proyectadas.
Para 1988 este programa planteaba la incorporación de 906 hectáreas y según el informe, sólo 251 lo fueron.
Al dar cuenta de lo realizado en estos rubros, en ningún momento se hace referencia a las metas proyectadas y menos aún a los lineamientos del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
Por lo tanto, a la vista de la ciudadanía no existe ningún parámetro de evaluación tanto cuantitativo como cualitativo, en términos de planeación. La realidad adversa que se vive cotidianamente, suple esos parámetros.
La disminución del trabajo en estas áreas, así como la reiteración de que éstas son las acciones principales en el campo del reordenamiento territorial, de manera sectorial y programática y al territorio urbano como el único espacio susceptible de planeación, dejando de lado las áreas rurales y la reserva natural.
Evidencia también que la planeación territorial está permeada por una concepción meramente reguladora y normativa, orientada a hacer funcional la ciudad para el sistema y no para el desarrollo de una ciudad habitable y disfrutable.
Por último, se deja cada vez más al libre desenvolvimiento de las fuerzas del mercado la conformación y expansión de la mancha urbana. El aumento cuantitativo de la regularización y de las obras públicas en años electorales es muestra clara de que se sigue condicionando el bienestar social a los ritmos y exigencias políticas del partido de Estado.
Destacan no sólo por la ausencia en el texto del informe sino por su ausencia real en la planeación para el reordenamiento territorial la participación ciudadana, una política eficaz para el aprovechamiento del suelo como una reserva para el desarrollo social y económico, así como la consideración del área metropolitana de la ciudad de México, como una unidad especial para para
la planeación de su desarrollo, aun cuando está establecido ya en el Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.
En conclusión, proponemos que esta Legislatura se pronuncie por un régimen de información y de comunicación que garantice la transparencia y sea base del análisis, el estudio y la elaboración de diagnóstico de la realidad; esta exigencia de información y comunicación es indispensable en un nuevo esquema de planeación democrática.
La información pública sobre la planeación y el desarrollo de las acciones debe emitir mediante mecanismos ágiles el involucramiento de los diversos factores, en el seguimiento y en la evaluación de la misma.
Con respecto a las leyes, los planes y programas; es una tarea prioritaria su revisión y actualización de manera que se adecúen a un nuevo sistema de planeación democrática, esto es, un ejercicio de planeación colectiva para la solución de contradicciones y problemas sociales en función del interés general y de los sectores mayoritarios del campo y la ciudad, como un instrumento de transformación social y medio para la previsión y conquista voluntaria del futuro, de un proyecto conocido y democráticamente decidido de nación. Esto implica necesariamente la transformación y adecuación de los instrumentos, organismos y dependencias gubernamentales para lograr una coordinación plena entre ellos y garantizar la eficiencia en cuanto a la ejecución de los programas y las gestiones que realice la sociedad.
Elemento esencial de este propósito es el consenso de las fracciones parlamentarias en torno a este objetivo, así como la voluntad política del gobierno para responder a las expectativas generadas en la idea de reformar el gobierno del Distrito Federal.
En este sentido, la próxima discusión sobre la Ley de Ingresos y Egresos del Departamento del Distrito Federal debe contar con la seguridad de que su aprobación estará inscrita en un proceso amplio para restituir los derechos políticos de los ciudadanos que habitan esta entidad, a partir de un compromiso político de los poderes Legislativo y Ejecutivo de cara a la sociedad.
Los programas que se definan en este proceso de reforma del gobierno del Distrito Federal, deben contemplar como objetivos fundamentales la reactividad económica de la entidad, vía aumento de las transferencias y participaciones federales, la satisfacción de los graves rezagos que en cuanto a bienestar social hoy se presentan a través de novedosos instrumentos de gobierno que respondan a las aspiraciones de la población de una vida digna, a la restitución de la calidad del hábitat de la ciudad. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Francisco Gómez Mont Urueta: - Con su venia, señor Presidente; honorable asamblea:
Vivimos en un momento clave en la historia política del país. Se van presentando las condiciones que permiten a las diversas fuerzas, aquí presentes, superar tabús y realizar un ejercicio que nos lleve a adecuar nuestro orden constitucional a los presupuestos fundamentales de nuestra nacionalidad: el reconocimiento y tutela de la dignidad de la persona humana en su dimensión individual y colectiva y la promoción de nuestros valores culturales fundamentales.
El pueblo de México exige hoy de su representación política la formación de consensos reales que consoliden y fortalezcan la unidad nacional. En esta Cámara concurren las diversas corrientes políticas que conviven en el país; así se constituye en espacio político privilegiado, en donde coincide la pluralidad.
La concurrencia de unidad y diversidad exige consolidar lo primero y diferenciar claramente lo segundo como parte del trabajo político.
Siguiendo a Victor Hugo, podemos afirmar que no hay mejor idea que aquélla cuyo tiempo ha llegado. Hoy queda claro para la mayoría del pueblo mexicano que opresión e injusticia son contrarias al interés nacional y degradantes de la persona. Resultan de que el poder se ejerza para fines que no son propios o por un gobierno que no sea expresión auténtica de su colectividad.
Sólo pueden ser evitadas mediante el recto ejercicio de la autoridad, que no puede ser el capricho de un hombre o de un grupo, sino que tiene por fin la realización permanente y cotidiana del bien común.
Bien común que simultáneamente implica justicia y seguridad, la defensa del interés colectivo y el respeto y protección de la persona. Es reprobable cualquier forma de estado que niegue las prerrogativas esenciales de la persona. La nación no está formada por individuos abstractos
ni por masas indiferenciadas, sino por personas reales, agrupadas en comunidades naturales como la familia, el municipio, las organizaciones de trabajo, de profesión, de cultura y de convicción religiosa.
La persona tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cubrir cabalmente ese destino.
Ha llegado el tiempo de reconocer que el orden constitucional que sustenta la existencia del Estado mexicano, debe de constituirse sobre la base del respeto y promoción de los derechos fundamentales del ser humano, que le son preexistentes. Es necesario, en este sentido, volver al espíritu humanista que inspiró la redacción del artículo primero de la Constitución de 1857 y establecer expresamente el reconocimiento de los derechos humanos por el Estado como presupuesto fundamental del orden constitucional y como principio esencial de una auténtica unidad nacional.
En este contexto resulta vital actualizar nuestro capítulo de garantías individuales para reconocer el ejercicio de los derechos políticos, como derechos humanos fundamentales y extender el derecho a sufragar a todo ciudadano mexicano sin distingo de raza, sexo, condición u oficio.
Asimismo consideramos que es tiempo de adecuar nuestro orden constitucional a la vigorosa corriente universal de respeto a los derechos humanos y que se plasma en la Carta de los Derechos Fundamentales del Hombre, celebrada en la Organización de las Naciones Unidas y suscrita por nuestro país.
En este orden de ideas, se impone como deber urgente el realizar reformas constitucionales que, de una vez por todas, permitan al gobierno mexicano retirar aquellas reservas que en su momento formulará al suscribir dicho tratado, especialmente en relación a la libertad de educación y al régimen de excepción para los ministros de cuello, a fin de que puedan acceder al voto activo.
Con lo anterior, México fortalecerá su presencia en la comunidad internacional y afirmará su soberanía a través del respeto irrestricto a la sustancia básica de la nación, que es la persona.
Resulta altamente positivo que en el informe del Ejecutivo Federal se coincida con una exigencia de diversas corrientes políticas, en el sentido de regularizar la existencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y fortalecer su operación. Acción Nacional reconoce en los trabajos de esa comisión y de su atinada conducción un instrumento adecuado para el combate al abuso del poder y considera que su incorporación a nuestro régimen constitucional es ocasión propicia para plantear ante esta soberanía, la reforma integral del estado en materia de protección de los derechos humanos, procuración y administración de justicia.
La institucionalización de dicha comisión, como coadyuvante de la sociedad en la fiscalización y control de los poderes del Estado, requiere la ampliación de sus facultades, su autonomía orgánica y presupuestal.
Sin perjuicio de lo anterior, su incorporación no debe dar lugar a la sustitución total o parcial o a la duplicidad de las funciones que tienen los poderes constitucionales del Estado. Ahora más que nunca es necesario recuperar el papel originario con que el constituyente de 1917 dotó al Poder Judicial Federal a través del juicio de amparo. Reforzar su carácter de instrumento jurídico, oportuno y eficaz contra el abuso del poder, debe ser tarea principalísima de esta Legislatura.
La reforma judicial ha de consolidar a dicho poder como un verdadero contrapeso a los otros dos poderes y órgano eficaz para el control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad.
Dicha reforma, a la vez de modificar el marco legal, debe de incidir en la cultura judicial que existe en México, La nación no ha de volver a escuchar de su Poder Judicial tesis jurisprudenciales tales como aquella que otorga valor probatorio y eficacia procesal a la confesión obtenida por la tortura. En este marco de ideas es conveniente revisar y profundizar las reformas que en tiempos recientes se hicieron en materia de procedimiento penal y elevar a rango constitucional, para que sean así, norma cotidiana de la autoridad y derecho fundamental de todos los habitantes del país.
Acción Nacional rechazada, por falsa, aquella falsa dicotomía que afirma: "Que a mayor respeto de los derechos humanos, menor seguridad pública o a mayor seguridad pública, menor respeto a los derechos humanos."
La profesionalización del Estado en su función de seguridad pública debe tener como condición fundamental un régimen que respete cabalmente a la persona y a la dignidad humana.
A su vez, ya no se puede el retrasar el fortalecimiento del Poder Legislativo en dos vertientes fundamentales: su conformación orgánica, tal y como está prevista por la normatividad vigente, resulta caduca, anacrónica y, sobre todo, contraria a la pluralidad que en ella coincide. La reforma a la ley y al reglamento respectivos son tarea urgente que condiciona la eficacia en la función que este poder ha de realizar por el bien de México.
En su relación con los otros dos poderes, se debe de reforzar su función para dotarlos adecuadamente de recursos suficientes y fiscalizar su cabal aplicación. Las leyes de Ingresos y Egresos de la Federación son la expresión presupuestal del programa de gobierno, su discusión y aprobación han de ser, por exigencia de la nación, la realización de un acto de voluntad soberana.
En relación al Poder Ejecutivo urge ordenar su funcionamiento, a fin de evitar que se adjudique atribuciones que son exclusivas de los otros poderes. Asimismo, para su mejor operación es necesario simplificar procesos y unificar criterios, lo que en buena medida se puede cristalizar en un Código Federal Administrativo.
La nueva realidad política que vive el país exige la consolidación de nuestro régimen republicano y federativo. El respeto a la autonomía de los estados y a la libertad de los municipios, reclama un replanteamiento de la captación y distribución de los recursos fiscales. El uso discrecional de grandes recursos que maneja el Poder Ejecutivo, autorizados como partidas secretas o programas como el Programa Nacional de Solidaridad, tal y como están siendo operados, no respetan la autonomía de los diferentes niveles de gobierno y atentan contra la adecuada institucionalización del poder político en México.
Compañeros diputados, Acción Nacional valora como un signo positivo para la vida pública del país la actitud asumida en el III Informe Presidencial, para entrar a debatir en esta soberanía temas que por largo tiempo fueron considerados tabú. En los próximos meses se habrá de confirmar en los hechos si existe voluntad política para superar, de una vez por todas, a un régimen de simulación de prácticas contumaces que violan la legalidad establecida.
Acción Nacional acude a este debate, al cual reiteradamente ha convocado con una disposición abierta para procurar la construcción del mejor futuro para México. En el debate sobre las relaciones entre el Estado y las iglesias, afirma, por una parte, su vocación que exige separación y definición clara de esas instancias y, por la otra, sostiene su vocación humanista que demanda el establecimiento de condiciones jurídicas y convivencia que hagan posible la plena realización de la dignidad y la trascendencia de los seres humanos. Pero sobre todo, Acción Nacional reivindica su vocación política para terminar con el estado de simulación sobre el que se ha pretendido fincar las relaciones entre los mexicanos. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se concede el uso de la palabra al diputado Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Con su permiso señor Presidente; señores diputados:
El año próximo, específicamente el 11 de octubre, se van a cumplir 150 años de un memorable discurso pronunciado en esta Cámara, pronunciando por un gran jurista, señalado por Jesús Reyes Heroles como uno de los más grandes legisladores y sin lugar a dudas uno de los más talentosos liberales del siglo pasado. Mariano Otero vino a exponer una tesis, visionaria en su tiempo, que señalaba que el avance de la democracia era necesario un acuerdo en lo fundamental: ver a lo jurídico, ver a la Constitución como el gran espacio de la medición jurídica, como el gran espacio de la medición política para de ahí, en la estabilidad y en el orden, propiciar el cambio de las instituciones.
Mariano Otero habló de darle representación a las minorías, defendió el federalismo en aquel difícil año de 1842 y sin lugar a dudas su pensamiento, junto con el de José María Luis Mora, son hoy luces que nos ayudan a vislumbrar los senderos de México.
El día del informe, Diego Fernández de Ceballos habló del valor de las palabras, las palabras tienen un valor instrumental, reflejan el pensamiento del hombre pero también reflejan su calidad moral, las leyes las hacemos con palabras y solamente se convierten en auténticas normas jurídicas cuando se cumplen y se observan por gobernantes y gobernados.
Aquí se ha hablado de ética política; precisamos que el primer compromiso de la ética política es precisamente el adecuado uso de las palabras dándole su peso específico, su significación adecuada, quitándole sus exaltaciones emocionales, despojándolos de querer agitar símbolos. Solamente mediante el uso adecuado de las palabras podemos llegar de nuevo a esos pactos fundamentales a los que se refería Mariano Otero hace 150 años. Aquí se ha hablado de neoliberalismo
se ha hablado en todas las formas y calificado al gobierno actual del neoliberal. Recientemente en un conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México, precisamente escuchaba al doctor José Francisco Paoli decir que acude a esta corriente o a esta palabra para simplemente no decir nada. Yo quiero intentar hoy, con toda modestia, tratar de descifrar qué significa esto de neoliberalismo para entendernos en el debate.
Partamos de una inicial afirmación, el Estado mexicano las instituciones políticas se han conformado por el liberalismo social; el liberalismo social es la ideología que está detrás de la Constitución; analicemos su articulado. Los derechos individuales, el juicio de amparo, precisamente obra de Mariano Otero y de Crecencio Rejón; la división de poderes, el concepto de soberanía popular que lo recogen Morelos, Ignacio López Rayón, Andrés Quintana Roo; el pensamiento filosófico de Montesquieu y de John Locke y que ahí está nuestra Constitución, lo que es la contienda electoral, la confortación de partidos es producto y consecuencia de liberalismo social, inclusive el artículo 123 que en algunas clases de derecho se le ha querido ver rasgos de influencia socialista, yo sostengo que es consecuencia del liberalismo social, está reconociendo los derechos de trabajador frente al patrón, está hablando del derecho de huelga que es un derecho que no fue reconocido en los países del socialismo real; por lo tanto el liberalismo social es el que conforma en el congreso de 1917 ese artículo 123, es Ignacio Ramírez precursor de ese artículo cuando habló de proteger el salario, es toda la secuencia del siglo XIX cuando insistieron en consagrar una garantía, cierto, una garantía social porque protege los derechos de una clase pero consecuencia del liberalismo social.
Tal vez el último artículo y ya habrá tiempo para discutir cuales son sus connotaciones ideológicas que no correspondan al liberalismo social del artículo 27 cuya conformación podríamos calificar de híbrida, pero la Constitución que es la historia de México sintetizada es consecuencia del liberalismo social ¿Quién lo dice? Jesús Reyes Heroles, la historia de México se hace bajo el signo de liberalismo pero el liberalismo de México se hace precisamente en su historia. El liberalismo fue la filosofía que incorporó también el concepto del estado de derecho, por lo tanto vio en la norma jurídica el instrumento de cambio, le concedió la posibilidad de transformar la realidad cuando parte de esa misma realidad, y no exagera sus posibilidades de transformar el México nuestro. Y ¿a qué se refiere con neoliberalismo? El liberalismo en toda su historia le a señalado al estado algunas veces una actitud inversionista, en otras veces lo ha replegado a tareas de seguridad o de conservación del orden. Se ha calificado de neoliberales, a finales del siglo pasado, y lo hicieron grandes teóricos estudiosos del liberalismo, a quienes le asignaban al estado una mayor intervención en la economía. Desde ese punto de vista, hoy en día se podrá calificar al gobierno de México de neoliberal, porque tiene una mayor preocupación social del liberalismo a ultranza, que venía y buscaba una separación radical entre estado e individuo.
Creo que ése no ha sido el propósito por la forma peyorativa en que se utiliza; creo que más bien se habla de un neoliberalismo que quiere o que deposita toda la energía social en la economía de mercado y eso corresponde posiblemente a las tesis economistas de sociedad abierta a partir de los 50.
Yo quiero señalar y me inquietó mucho aquí, haciendo un paréntesis, la afirmativa del diputado María Tavira, en el sentido de que Lucas Alamán no era un hombre conservador porque concibió un Estado intervencionista. Quiero recordar que Lucas Alamán estaba inspirado en el mercantilismo y buscaba proteger una incipiente industria mexicana.
Pero ahí está el gran liberal Ignacio Ramírez. Ignacio Ramírez escribe un artículo que lo titula muy gráficamente "Darifomanía", que precisamente señala que las tarifas, tanto a la importación como a la exportación, solamente deben tener fines fiscales. ¿Por qué hago este paréntesis? Porque quiero hacer un énfasis que no siempre la simple intervención del Estado puede verse como un signo revolucionario.
Hoy en día, en la interdependencia de la economía que cada vez se globaliza, hay una actitud clara de vigorizar la economía del mercado vamos a buscar coma paliar sus efectos negativos; vamos a evitar que una clase sea perjudicada, pero no nos podemos sustraer de la economía del mercado. Si eso quiere decir neoliberalismo, por tratar de consolidar una economía del mercado, definitivamente todos los países del mundo tendrían que ser calificados como neoliberales.
El Estado en este siglo, a principios del siglo, se le replegó y surgió la gran crisis económica del 1929. En los años 1930, con las tesis de Keynes se le volvió a asignar un papel importante en la intervención de la economía. Después de la segunda Guerra mundial, nuevamente en este vaivén, el estado se repliega. La corriente, a
finales de los ochentas y con la que concluiremos el siglo, en un estado redefinido y en lo cual encaja perfectamente la filosofía política del liberalismo social mexicano.
Por lo tanto, no veo ninguna incongruencia, no veo ninguna incompatibilidad de la política de Carlos Salinas de Gortari, con la política del liberalismo social, que engendró el concepto de soberanía que engendró el nacionalismo y revolucionario, que yo discrepo aquí con Rincón Gallardo, cuando dice que se señaló o se creó como una actitud defensiva. La actitud defensiva del liberalismo mexicano es uno de esos elementos, pero profundamente tenemos que ver al liberalismo como decir el sentimiento de nacionalidad es decir sentimiento de individualidad histórica. Se llega al principio de nación cuando se llega a afirmar el principio de individualidad, es decir, a afirmar con trascendencias generalizadoras y universalizantes el principio de lo particular, de lo singular.
Desde este punto de vista, tendríamos que ver como precursores del nacionalismo revolucionario, A fray Bartolomé de las Casas, en aquella famosa polémica en 1547, defendiendo la condición humana del indígena; tendríamos que ver como precursores del nacionalismo a Vasco de Quiroga, formando los pueblos hospitales de Michoacán; tendríamos que ver y aquí converge al nacionalismo revolucionario y el liberalismo social el documento del Ayuntamiento de la ciudad de México, en 1808 al virrey José Iturrigaray, para decirle que quedaba insubsistentes las aplicaciones de Fernando VII y de Carlos IV, porque ya podía asumirse la autoridad manejando por primera vez en México al concepto de soberanía. No es solamente el carácter defensivo, es el carácter de darle identidad al pueblo de México y en lo cual contribuyeron los grandes liberales del siglo pasado.
Otro término que se ha venido usando con gran frecuencia, el término de soberanía. Siendo que algunas veces se confunde con autocracia, que es el viejo concepto de soberanía en los orígenes del Siglo XVI, que simplemente la señalaba como la máxima autoridad no sujeta a ninguna norma. Estaban conformándose los estados, era un concepto para fortalecer una fuerza interior, sin embargo, posteriormente entramos al estado de derecho, el poder se ejerce conforme a derecho, por lo tanto, soberanía no se puede identificar con autocracia que es un poder absoluto.
A veces se le identifica con autarquía, autosuficiencia absoluta, no podemos establecer relaciones de interdependencia. Desde el origen mismo del concepto de soberanía, se buscó hacerlo compatible con el derecho internacional. Si nos vamos a una identificación de autarquía con soberanía, tendríamos que negar la existencia del derecho internacional.
Otras veces se le confunde con independencia. Efectivamente para que un estado sea soberano tiene que ser independiente, pero puede haber un estado independiente sin que sea soberano.
Específicamente, México, de 1821 a 1867, salvo el período del imperio francés de 1864 a 1867 gozó de independencia pero no tenía soberanía. El compañero del Partido Popular Socialista que me antecedió en el uso de la palabra hablaba de que en el período de la república restaurada, es en el período de Juárez, cuando empieza a consolidarse un gobierno organizado, cuando empieza a autodeterminarse y cuando surge la pieza fundamental que explica el sistema político mexicano que es la Presidencia de la República.
Se ha confundido también soberanía con nacionalismo, ya hemos definido el nacionalismo. Obviamente el nacionalismo ha hecho del concepto de soberanía su defensa más radical, pero nacionalismo es una corriente ideológica y la soberanía es un concepto jurídico, que define a un estado como una unidad que es capaz de autodeterminarse, que es capaz de organizarse y que está sujeto a una norma jurídica de él mismo. Esta es precisamente la explicación del estado de derecho, el derecho controla al poder.
Soberanía también en muchas discusiones de tipo cultural a veces se le confunde como identidad. Es cierto tenemos que proteger la identidad nacional, pero éste es un aspecto cultural, esté es un aspecto de raigambre histórica y no el concepto jurídico de soberanía. No podemos confundir estos dos términos.
En otro contexto, muchas veces soberanía se utiliza como sinónimo de justicia. Es cierto un estado para ser más justo, para hacer justicia requiere ser soberano, diríamos, la soberanía es un prerrequisito del estado para impulsar la justicia y la distribución del ingreso y el desarrollo económico, pero no significa lo mismo.
Creo que es importante precisar este concepto de soberanía, porque reafirmo que en las negociaciones del Tratado del Libre Comercio, en la gran consulta nacional que se está haciendo, en la gran información que se le está proporcionando a todos los sectores y aprobándose por
los canales adecuados y ratificándose por el Senado, viene a incorporase conforme al artículo 133 dentro de la normalidad que señala la Constitución y no hay en lo absoluto ninguna violación ni ninguna alteración de la soberanía.
Aquí las diversas intervenciones se han hablado mucho de retrocesos político. Yo quiero reafirmar que en México ha habido avance político. ¿Cómo podemos medir el avance político? El avance educativo lo medimos por los índices de alfabetización el avance económico lo podemos medir por el incremento del producto interno bruto, por el ingreso per capita, pero el concepto para definir, para medir el avance político yo creo que es el concepto de participación, y el pueblo de México está siendo cada vez participativo.
El diputado Rincón Gallardo señalaba que no podía haber mayor votación en una elección intermedia. Yo creo que sí la hubo; sí hubo una mayor votación y eso está reflejando un proceso de culturización política del pueblo mexicano. Ha habido avance político, y lo podemos medir siguiendo varios parámetros, inclusive la conformación de la misma Cámara, los mismos debates, la misma evolución reciente del país.
En el informe, el señor Presidente de la República habló de que la reforma electoral era responsabilidad del Poder Legislativo y recientemente algún diputado señalaba que el Ejecutivo ha puesto una espada de Damocles sobre el Poder Legislativo para simplemente aprobar las iniciativas que provinieran del Ejecutivo Federal. Yo creo y refuto esa tesis, no hay tal espada de Damocles; vamos a revisar la legislación electoral, vamos a ver cuál es su contenido, y creo que aquí valdría la pena una reflexión: cada vez hablamos de democratización nos remitimos al artículo tercero para definirla.
Aquí diputada Garavito hizo esa mención del artículo tercero, insistiendo en que concebimos a la democracia como una forma de vida que ve en el mejoramiento del bienestar del pueblo su principal objetivo. Sin embargo señores diputados, y lo dejo simplemente como reflexión, hay una anotación antes en el artículo tercero, dice: es un régimen político y una estructura jurídica. Y yo creo que ahí hay una laguna, yo creo que se debe definir esa estructura jurídica y ese régimen político.
El Ingeniero Luis Felipe Bravo hizo mención aquí de toda la legislación internacional, del artículo 23 de la constitución Interamericana de Derechos Humanos correspondiente al artículo 21 de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, y que en última instancia hemos incorporado esos conceptos en el 41 Constitucional en la reforma aprobada apenas el año pasado, pero creo que debemos revisar ese tercero constitucional. Si ha de ser modificada la Constitución en este artículo, debería de reflexionar sobre la posibilidad de definir esta estructura jurídica, como la de organizar elecciones periódicamente, como un régimen político que sustenta en la participación de las mayorías, en la toma de decisiones.
Siento que en este artículo tercero tenemos que conservar el equilibrio, porque tendremos que seguir hablando de la democracia con objetivos, tendremos que seguir hablando de la democracia social, sin olvidarnos de esa democracia mal llamada formal, porque cuando se carece de esos derechos es cuando se ve qué reales son y la experiencia de socialismo real y de los países de Europa del Este creo que son suficientemente aleccionadores para que podamos lograr un equilibrio en la definición de democracia, ahí en ese artículo tercero Constitucional.
Y de ahí yo me permitiría también discrepar de lo que aquí se ha dicho, Juan de Dios Castro señalaba los tres elementos para organizar la gran contienda electoral, para darle transparencia al proceso electoral; hablaba del Registro Nacional de Electores, hablaba de los órganos calificadores y del equilibrio en la conformación de los órganos calificadores. Si no mal recuerdo, diputado, lo platicamos después pero me parece que eran los tres elementos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Recuerda mal.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: -¿Recuerdo mal? Discúlpeme. Le habré atinado a dos de los tres.
El Presidente: - Se prohiben los diálogos señor orador.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Perdón. Yo pienso que debemos revisar la Institución del Registro Nacional de Electores. Aquí me da la impresión de que cada vez estamos agregándoles más requisitos a la cartilla de elector? ¿Por qué no les pedimos cartas de recomendación?, ¿por qué no les pedimos cartas de buena conducta?, etcétera.
Creo que hemos imbuido a todo el proceso de una mala fe que rompe con el principio jurídico de presumir la buena fe de las instituciones, y
presumir la buena fe del ciudadano mismo. Yo sentí que era un error haber quemado y vi a muchos diputados de la oposición celebrar, casi 4 millones de credenciales porque no hubo ninguna institución de buena fe que pudiera custodiar esas credenciales por unos cuantos días más, y eso fue dinero perdido y trabajo que había detrás de cada credencial.
Debemos revisar el Registro Nacional de electores. Aquí se ha culpado al Estado de que no se ha empadronado a todos los ciudadanos. Pero también tenemos que ver que el empadronamiento es una responsabilidad fundamental del ciudadano, es una responsabilidad fundamental que debe cumplir en su municipio al irse a registrar. Simplemente, quise anotar estas ideas.
No es culpa del estado el que no se haya logrado el 100% del empadronamiento. Y aquí se responsabilizó una y otra vez a la institución del Registro Nacional de electores por no haber logrado el empadronamiento completo.
Creo que aquí vale recordar una frase, un párrafo del gran jurista Ignacio L. Vallarta que decía, hace 120 años: "La época que en la actualidad estamos tocando, es una época de crisis. Lo he repetido ya hasta el fastidio. Y en esas épocas precio que la rutina de todo lo viejo y que anda haciendo mal en la sociedad, sea un hecho consumado para que sí las exigencias sentidas sean satisfechas por las instrucciones nuevas".
Creo que estas ideas de Vallarta deben actualizarse para con este criterio contemplar todo el proceso electoral.
Yo no creo que pueda haber organismos cupulares, formémoslo como los formemos, colegiados, con representación de todos los partidos, que puedan corregir lo que han sucedido en la casilla. Voy más: si se modifica cualquier decisión de lo sucedido en la casilla, es una decisión que ya va señalada como sospechosa. La Casilla es la cancha de juego ahí se debe decir la última palabra; de ahí debe desprenderse la confianza total del proceso para que el ciudadano sienta que sí decidió. No la vamos a modificar posteriormente con recursos, apelaciones, alegatos. El Colegio electoral habrá tenido muchas fallas, pero ahí vinieron a defenderse directamente los candidatos, aquí vinieron a defenderse y a exponer sus puntos de vista...
(Desorden.)
El Presidente: - Se suplica orden en la sala para escuchar con atención al orador. Continúe, señor orador.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Estoy contestando las imputaciones que aquí se nos hicieron. En el Colegio Electoral a mi partido se le califico de diversas formas y nosotros guardamos respeto y guardamos silencio. Yo pido exactamente el mismo trato.
(Desorden.)
El Presidente: - Se suplica a todos los señores diputados de que, como se ha venido haciendo con los demás oradores que han hecho uso de la tribuna, guardemos el orden y respeto al orador. Muchas gracias. Continúe.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Gracias, señor Presidente:
Aquí se calificó a mi partido como un partido de Estado; aquí se habló de que el sistema político mexicano era una dictadura perfecta; aquí el compañero Becerra habló de que era una democracia administrada Yo refuto las tres afirmaciones yo concibo a mi partido como un partido de transición. Jamás en la legislación electoral que produjo mi partido, se señalo que era un partido de Estado. Siempre ha evolucionado y ha tratado de abrir las puertas a la oposición para caminar en la democracia.
(Desorden.)
El Presidente: -¿Por favor, señores diputados?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Fue un partido que cuando surgió reunió a 850 partidos dispersos en al país, que le dio estabilidad, que ayudo a consolidar en 1935 la institución de la Presidencia y que ha permitido el cambio y la evolución política en México en los últimos años. Yo estoy convencido que sí se puede la transición en México, y que mi partido la ha impulsado. Y lo voy a aprobar.
En primer lugar, me remito en este debate que sólo se refiere a la afirmación de Vargas Llosa y no la afirmación de Octavio Paz. Octavio Paz dijo en esa ocasión: "...la invención del Partido Nacional Revolucionario que hoy se llama Partido Revolucionario Institucional, fue un gran acto de imaginación política. Le dio al país la oportunidad de no caer en el cesamiento revolucionario y al mismo tiempo escapar de la guerra civil y los pronunciamientos, como ha ocurrido en el resto de América Latina.
No tuvimos dictadura sino la hegemonía política de un partido después convertido en clase política. Este remedio a una enfermedad endémica,
nos dio un largo respiro y ahora quizá permitirá el tránsito hacia una auténtica democracia. Creo que es una definición acertada. Tómelo así compañero, como metáfora, pero siento que mi partido le ha aportado sustanciales avances a la reforma política en México.
En 1963 un congreso con mayoría priísta absoluta, aprobó el sistema de diputados de partido a fin de dar representación a las minorías políticas. En 1979, una legislatura mayoritariamente priísta, concede el derecho de voto a los jóvenes de 18 años.
En 1972 la mayoría priísta reduce a 1.5% el mínimo requerido para acreditar diputados de partido.
En 1977, una Cámara predominantemente priísta, 82%, vota en las reformas constitucionales que buscan reforzar y ampliar la representación minoritaria y que entre otras innovaciones adopta el sistema de representación mixta con predominante mayoritario y da la posibilidad de registro condicionado.
En 1986, se duplico el número de curules de representación proporcional y se amplió a 30% la proporción de representación proporcional. Esta era una Cámara priísta de un 72% y en la legislatura pasada, se aprobó un nuevo código y reformas constitucionales y en ésta, el Presidente lo ha señalado: Están abiertas las puertas para que discutamos y analicemos toda la legislación electoral y se sugieran las reformas correspondientes. (Aplausos.)
Dice un autor:" En realidad la vida moderna de los partidos políticos consiste precisamente en la inagotable variedad de combinaciones a que se prestan todos esos criterios y que quizá produzcan fenómenos que escapen a todo lo intento de clasificación" y el mismo autor señala: "En vez de ser partido de representación individual, nuestra sociedad contemporánea presencia la existencia de partidos de integración social".
Creo que en ese esquema está nuestro partido integrado socialmente al país. Desde luego es el partido en el poder y tiene la responsabilidad de conducir el cambio.
Y Antonio Caso señalaba: "No se destruye lo que no se reemplaza. Se tiene que cuidar la estabilidad, se tiene que cuidar el proyecto nacional". El mismo Antonio Caso decía: Alas y plomo han de tener pueblos y hombres. Es decir, prudencia, inteligencia de los problemas de la vida, respeto por las condiciones que los predeterminen en tal o cual sentido y al propio tiempo representación clara de un estado más perfecto por alcanzar y ánimo y fortaleza para hacerlo asequible y cumplirlo".
La oposición en muchas ocasiones se brincó el tiempo.
Voy a concluir en unos minutos.
El Presidente: - Señores diputados: nuevamente los exhorto a guardar respeto al derecho de expresión del diputado Rodríguez Prats. Los anteriores oradores que han subido a tribuna, han sido respetados unánimemente por todos los grupos parlamentarios. Mucho lamentaría esta Presidencia, que se hiciera esta excepción con el diputado orador en turno.
Siga por favor señor diputado.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Aquí se habló de la ética política. Aquí se ha hablado de ser propositivo.
Yo quiero retornar a mis originales palabras de Mariano Otero, cuando convocaba al pacto fundamental: ¿Que es lo que nos une a todos nosotros en esta Cámara? Nos une el respeto al derecho. Nos une que estamos convencidos de que la transición sí es posible en México, de otra forma no se explicaría la presencia de todos en este recinto, de que sí podemos hacer converger la política y el derecho, unidos precisamente por la ética, unidos por los valores. No busquemos politizar a la moral; moralicemos la política, tratemos de levantar la mira para que esta Legislatura cumpla ese papel histórico que está llamando a a asumir en las próximas discusiones que aquí se den sobre cambios en la Constitución y cambios al derecho.
Veamos en el derecho ese instrumento de ingeniería social para llegar a distribuir la riqueza, para impulsar el desarrollo y para dar una vida más democrática a México. Eso creo que puede ser el parto fundamental a 150 años del discurso de Mariano Otero. Si nos identificamos en casos principios, si aquí venimos a discutir y a analizar las propuestas, revisar de nuevo el 27 constitucional, salir en la consulta para ver qué piensa el ejidatario; tratar de despojar al derecho mexicano de ese desprestigio que muchas veces se da porque no se acate, y al que se refirió Rincón Gallardo; Rincón Gallardo habló aquí de una realidad paralela o diferente al derecho. Tratemos de hacer congruente la norma jurídica en la realidad.
Tratemos también de ver los derechos humanos, como señalaba Gómez Mont, pero como una cultura de los derechos humanos. Los derechos humanos no son ajenos a la normatividad vigente, están ahí en los derechos subjetivos públicos de la Constitución y en toda la normatividad dispersa de la legislación mexicana.
Nosotros como diputados podemos conformar una nueva cultura de los derechos humanos, con esta iniciativa presidencial, para en realidad enriquecer la conciencia ciudadana en relación a estos temas de trascendencia nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Agotada la lista de las oradores, continúe, por favor, la Secretaría con los asuntos en cartera.
INTEGRACIÓN DE GRUPOS PARLAMENTARIOS
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - La secretaría procede a dar lectura a la comunicación que los diputados miembros del Partido Revolucionario Institucional. Hacen llegar al Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura.
« Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputado de la LV Legislatura.- Presente.
Con fundamento en los artículos 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace de sus conocimiento de siguiente:
Que los diputados electos a la LV legislatura del Congreso de la Unión perteneciente al Partido Revolucionario Institucional, en sesión celebrada el 31 de octubre de 1991, han decidido constituirse en el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Que en la asamblea referida en el párrafo que antecede, los diputados pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, en democrática votación, eligieron al diputado Fernando Ortiz Arana, como líder del grupo parlamentario antes referido.
Lo anterior, se acredita con el original del acta en que se tomaron las decisiones aludidas, y que, para los efectos del artículo 40 de la citada ley se acompaña a este curso.
En mérito de lo expuesto, a usted, ciudadano Presidente atentamente solicitamos que una vez examinada la documentación adjunta, emita la declaratoria correspondiente, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
Democracia y Justicia Social.
México, Distrito Federal, 1o. de noviembre de 1991.- Por el Partido Revolucionario Institucional.»
« Acta de constitución del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
En la ciudad de méxico, Distrito Federal, siendo las nueve del día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, reunidos todos los diputados electos a la LV Legislatura de la Cámara de diputados del honorable Congreso de la Unión, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, para los efectos del Título Segundo, Capítulo III, Sección Primera de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en democrática votación, se tomaron los siguientes acuerdos:
I. Constituirse como el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, siendo integrantes del mismo todos los diputados presentes que calzan esta acta;
II. Elegir como líder del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional al diputado Fernando Ortiz Arana.
III. Hacer del conocimiento de la Mesa Directiva de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión los acuerdos anteriores para los efectos de ley.
Una vez votados todos los acuerdos anteriores firmaron esta acta todos los asistentes a la reunión, como lo que concluyó la sesión.
Nombres, 318 firmas.»
Trámite: - De enterado.
El Presidente: - En virtud de que se ha cumplido con el requisito que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara constituido el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y como su coordinador, al diputado: Fernando Ortiz Arana. (Aplausos.)
El secretario diputado César Alejandro Jáuregui Robles:
« Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.- Presente.
Que con fundamento en lo establecido por los artículos 70 de la Constitución General de la República y 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos diputados afiliados al Partido Acción Nacional, reunidos en las oficinas del recinto alterno de la Cámara de Diputados sita en avenida Cuauhtémoc, colonia doctores, en ésta ciudad; acordamos constituirnos en grupo parlamentario denominado Partido Acción Nacional, elegido como líder del grupo al licenciado Diego Fernández de Cevallos.
Adjuntamos acta en la que consta la decisión de constituirnos en grupo parlamentario, por lo que es procedente se haga la declaratoria de Constitución a que se refiere el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General.
Atentamente.
México, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 1991.- Licenciado Diego Fernández de Cevallos.»
«En la ciudad de México, Distrito Federal, el día cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno. Reunidos en el recinto alterno de la Cámara de diputados, los abajo firmantes representantes de todos los diputados del Partido Acción Nacional, tomaron la determinación de constituirse en grupo parlamentario que se denominará "grupo parlamentario del Partido Acción Nacional", integrado por todos los diputados federales pertenecientes a dicho partido, quienes decidieron por unanimidad que el líder del grupo sea el diputado y licenciado Diego Fernández de Cevallos.
Para constancia se levanta la presente acta que firman quienes en ella participan. 88 Rúbricas.»
Trámite: - De enterado.
El Presidente: - En virtud de que se ha cumplido con el requisito que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del congreso general de los estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara constituido el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y como su coordinador el diputado: Diego Fernández de Cevallos. (Aplausos.)
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez:
«Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LV legislatura.- Presente.
Con fundamento en los artículos 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace de su conocimiento lo siguiente:
Que los diputados electos a la LV Legislatura, del Congreso de la Unión pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, en sesión celebrada el cuatro de noviembre de 1991, han decidido constituirse en el Grupo Parlamentario del Partido.
Que en la asamblea referida en el párrafo que antecede, los diputados pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática; en democrática votación, eligieron a la diputada Rosa Albina Garavito Elías, como coordinadora del grupo parlamentario antes referido y como vicecoordinador al diputado Gilberto Rincón Gallardo.
Lo anterior, se acredita con el original del acta en que se tomaron las decisiones aludidas, y que, para los efectos del artículo 40 de la citada ley, se acompaña a este ocurso.
En mérito de lo expuesto, a usted, ciudadano Presidente atentamente solicitamos que una vez examinada la documentación adjunta, emita la declaratoria correspondiente, para los efectos a que haya lugar.
Atentamente.
México, Distrito Federal a 4 de noviembre de 1991.- Por el Partido de la Revolución Democrática.- Rosa Albina Garavito Elías, coordinadora.»
«Acta de constitución del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 12.00 horas del día cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y uno, reunidos todos los diputados electos a la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión, pertenecientes al Partido de la Revolución Democrática, cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, para los efectos del título segundo, capítulo III, sección primera de la Ley Orgánica del Congreso General de
los Estados Unidos Mexicanos, en democrática votación, se tomaron los siguientes acuerdos:
I. Constituirse como el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, siendo integrantes del mismo todos los diputados presentes que calzan esta acta;
II. Elegir como líder del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la diputada Rosa Albina Garavito Elías.
III. Hacer del conocimiento de la mesa directiva de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los acuerdos anteriores para los efectos de ley.
Una vez votados todos los acuerdos anteriores firmaron esta acta todos los asistentes a la reunión, con lo que concluyó la sesión.- 41 firmas.»
Trámite: - De enterado.
El Presidente: - En virtud de que se ha cumplido con el requisito que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara constituidos el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y como su coordinador a la ciudadana diputada Rosa Albina Garavito Elías y vicecoordinador al ciudadano diputado Gilberto Rincón Gallardo. (Aplausos.)
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez:
«Comité Central.- Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
En la ciudad de México, Distrito Federal, el día primero de noviembre de mil novecientos noventa y uno, reunidos en el primer nivel del Palacio Legislativo, los abajo firmantes diputados electos del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, tomaron la determinación de constituirse en grupo parlamentario que se denominará "Grupo Parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional", integrado por todos los diputados federales pertenecientes a dicho partido, o a organizaciones aliadas, quienes decidieron por unanimidad que el coordinador del mismo sea el diputado licenciado Alberto Marcos Carrillo Armenta y los subcoordinadores, el diputado licenciado Israel González Arreguín y el diputado profesor, Manuel Terrazas Guerrero, para constancia se levanta la presente acta, que firman quienes en ella participaron.- 23 firmas.»
Trámite: - De enterado.
El Presidente: - En virtud de que se ha cumplido con el requisito que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara constituido el grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y como su coordinador al ciudadano diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta y como subcoordinadores a los ciudadanos diputados Israel González Arreguín y Manuel Terrazas Guerrero. (Aplausos.)
El secretario diputado Manuel Garza González:
«Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Ciudadano Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura.- Presidente.
Con fundamento en los artículos 38, 39, 40, 41, 43, 44 y 45 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace de su conocimiento lo siguiente:
Que los diputados electos a la LV Legislatura del Congreso de la Unión Pertenecientes al partido Autentico de la Revolución Mexicana, en sesión celebrada el 2 de noviembre de 1991, han decidido constituirse en el grupo parlamentario del Partido auténtico de la Revolución Mexicana.
Que en la asamblea mencionada en el párrafo anterior, los diputados pertenecientes al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en democrática votación, eligieron al diputado licenciado Carlos E. Cantú Rosas, como coordinador y al diputado licenciado Adolfo Kunz Bolaños, como subcoordinador.
Lo anterior, lo acredita con el original del acta en que se tomaron las decisiones aludidas, y que, para los efectos del artículo 40 de la citada ley, se acompaña a este ocurso.
Por lo anterior, a usted, ciudadano Presidente atentamente solicitamos que una vez examinada la documentación adjunta, emita la declaratoria correspondiente, para los efectos a que haya lugar.
México, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 1991.
"Justicia para gobernar y honradez para administrar".
Diputado Carlos E. Cantú Rosas.»
«Acta de Constitución del Grupo Parlamentario del Partido.
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 11:00 horas del día dos de noviembre de mil novecientos noventa y uno, reunidos todos los diputados electos a la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable congreso de la Unión, perteneciente al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, cuyos nombres y firmas aparecen al final de esta acta, para los efectos del título segundo, capítulo III, sección primera de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en democrática votación, se tomaron los siguientes acuerdos:
I. Constituirse como el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, siendo integrantes del mismo todos los diputados presentes que calzan esta acta;
II. Elegir como coordinador del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, al diputado licenciado Carlos E. Cantú Rosas y como subcoordinador al diputado licenciado Adolfo Kunz Bolaños.
III. Hacer del conocimiento de la mesa directiva de la LV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, los acuerdos anteriores para los efectos de ley.
Una vez votados todos los acuerdos anteriores firmaron esta acta todos los asistentes a la reunión, con lo que concluyó la sesión.»
Trámite: - De enterado.
El Presidente: - En virtud de que se ha cumplido con el requisito que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara constituido el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y como su coordinador al diputado Carlos Enrique Cantú Rosas y como subcoordinador al diputado Adolfo Kunz Bolaños. (Aplausos.)
El secretario diputado Manuel Garza González:
«Partido Popular Socialista.
Ciudadano licenciado Fernando Ortiz Arana.- Presidente de la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados.- Presente.
Anexo al presente envío a usted copia del Acta Constitutiva del Grupo Parlamentario del Partido Popular Socialista en la LV Legislatura 1994-.
Lo que hago de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
Atentamente.
México, Distrito Federal, 5 de noviembre de 1991.- Diputado licenciado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, coordinador de la fracción.»
«Acta constitutiva del Grupo parlamentario del Partido Popular Socialista a la LV Legislatura.
Reunidos en el local que ocupa el Partido Popular Socialista en el recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados, siendo las quince horas del día treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y uno, los diputados que suscriben, en uso del derecho que otorga el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, deciden constituir el Grupo Parlamentario del Partido Popular Socialista y nombrando a los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Martín Tavira Urióstegui como coordinador y subcoordinador respectivamente.
Los diputados de la LV Legislatura que integran este grupo parlamentario son: 12 firmas.»
Trámite: - De enterado.
El Presidente: - En virtud de que se ha cumplido con el requisito que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, esta Presidencia declara constituido el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista y como su coordinador al diputado don Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y como subcoordinador al diputado don Martín Tavira Urióstegui. (Aplausos.)
INTEGRACIÓN DE LA GRAN COMISIÓN
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Se va a proceder a dar lectura al acta de la sesión en donde se constituye la Gran Comisión, sus integrantes y la designación de su mesa directiva:
«Honorable Mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura.
Los suscritos, diputados federales miembros del Partido Revolucionario Institucional; coordinadores de las 31 diputaciones estatales, y la del Distrito Federal, diputados de mayoría relativa y los dos primeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, de cada circunscripción,
ante ustedes, respetuosamente comparecemos para informar.
Que con base en el artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 72 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, declaramos constituida la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura, de acuerdo a la siguiente estructura:
Ciudadano Fernando Ortiz Arana, Presidente; secretarios: José Antonio González Fernández, César Augusto Santiago Ramírez; vocales: Enrique Chavero Ocampo, Miguel Angel Murillo Aispuro.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, informamos:
Unico. Se tenga por constituida la Gran Comisión de la honorable Cámara de Diputados de la LV Legislatura, en los términos del presente ocurso.»
Trámite: - De enterado y comuníquese a las autoridades correspondientes.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Manuel Garza González: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
6 de noviembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Oficio de la Comisión Permanente, con el que se remite el informe de labores.
Análisis del Tercer Informe Presidencial. Política Económica y Social.»
El Presidente (A las 18:08 horas): - Se levanta. la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 6 de noviembre a las 10:00 horas.