Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911106 - Número de Diario 4
(L55A1P1oN004F19911106.xml)Núm. Diario: 4ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda en la Administración de correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Fernando Ortiz Arana
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I
México, D.F., miércoles 6 de noviembre de 1991
No.4
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INFORME
De los trabajos llevados a cabo por la Comisión Permanente en el Segundo Receso del Tercer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura. De enterado.
COMUNICACIÓN
Del diputado Gonzalo Guajardo Hernández. De enterado.
ANALISIS DEL TERCER INFORME PRESIDENCIAL
POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
Intervienen en la primera ronda los diputados:
Juan Gualberto Campos Vega, del Partido Popular Socialista.
Adolfo Alonso Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Jorge Alfonso Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
María de los Ángeles Moreno Uriegas, del Partido Revolucionario Institucional.
En la segunda ronda de oradores toman la palabra los diputados:
Juan Jacinto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista.
Servando Antonio Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
RECESO
Continua con su intervención el diputado Servando Antonio Hernández Camacho.
Rafael Fernández Tomás, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda, del Partido de la Revolución Democrática.
Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los ciudadanos diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Se informa a la Presidencia que sí existen registrados previamente 348 diputados. Por lo tanto, hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 10.28 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández:
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
6 de noviembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Oficio de la Comisión Permanente, con el que se remite el informe de labores.
Análisis del Tercer Informe Presidencial
Política Económica y Social.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario Manuel Garza González: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se presenta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvase manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la Sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día cinco de noviembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Gabriel Jiménez Remus
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con treinta y siete minutos del día cinco del noviembre del mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de trescientos setenta y nueve diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
El mismo Presidente informa sobre el acuerdo parlamentario que permitirá agilizar el registro de asistencia de diputados, mediante un registro previo a la asamblea, en votación económica se aprueba.
La Secretaría da lectura al orden del día y posteriormente al acta de la sesión anterior, misma que con un agregado solicitado por un diputado de Acción Nacional, que la asamblea admite en votación económica, se aprueba.
El Presidente explica el acuerdo parlamentario que norma las sesiones de análisis del informe presidencial y concede el uso de la palabra al diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, quien inicia el primer turno de oradores refiriéndose a la política interior.
La Presidencia informa a la asamblea que a las puertas del salón se encuentra una comisión del Senado de la República y designa a una comisión de diputados para que los introduzcan.
Se concede el uso de la palabra al senador Angel Ventura Valle, del Partido Revolucionario Institucional, quien informa a la constitución legal de la Cámara de Senadores.
El Presidente agradece la presencia de los representantes del Senado y la misma comisión designada los acompaña cuando abandonan el salón de sesiones.
Para continuar con el análisis relativo al tema de política interior en el tercer informe del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, se concede el uso de la palabra a los diputados Samuel Moreno Santillán, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Javier Centeno Avila, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Gilberto Rincón Gallardo, del Partido de la Revolución Democrática; Salvador Abascal Carranza, del Partido Acción Nacional y Hugo Andrés Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional.
A solicitud del Presidente, la asamblea autoriza para que se inicie el segundo turno de oradores, ante el receso de mediodía y el Presidente concede el uso de la palabra a los diputados Hildebrando Gaytán Márquez, del Partido Popular Socialista y Roberto García Acevedo, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
A las catorce horas con treinta y siete minutos, se decreta un receso.
A las dieciséis horas con dos minutos se reanuda la sesión y hacen uso de la palabra en el mismo tema, los diputados Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Francisco Javier Saucedo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Gómez Mont, del Partido Acción Nacional y Juan José Rodríguez Prats, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones del Presidente se da lectura a las actas constitutivas de los grupos parlamentarios de los partidos: Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Popular Socialista. El Presidente hace las declaratorias correspondientes.
Se da cuenta con el acta de la sesión constitutiva de la Gran Comisión de la Quincuagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por lo que se declara Presidente de ese organismo al diputado Fernando Ortíz Arana, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría de la lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con diez minutos, citando para la que tendrá lugar mañana miércoles seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, a las diez horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a la consideración de la asamblea el acta y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Está a consideración de la asamblea el acta, si hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma, sírvase manifestarlo.
No habiendo observaciones de los señores coordinadores, en votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse.
Los que estén por la afirmativa, sírvase manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobada, señor Presidente.
INFORME
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández:
«Ciudadanos secretario de la honorable Cámara de Diputados.- Palacio Legislativo, ciudad.
Tenemos el honor de remitir a usted el informe de labores con el que se dio cuenta en la sesión de clausura del período de la honorable Comisión Permanente, celebrada en esta fecha.
La Secretaría dictó el siguiente trámite: "De enterado.- Insértese en el Diario de los Debates, remítase a las cámaras de Diputados y Senadores, imprímase y distribúyase".
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 30 de octubre de 1991.- Secretarios: Senador Hugo Domenzáin Guzmán y diputado Miguel Hernández Labastida.»
«Informe de labores desarrolladas por la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Honorable asamblea: Toda vez que hoy se celebra sesión de clausura de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, en
cumplimiento con las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el informe de las labores desarrolladas, durante el segundo receso del tercer año de ejercicio de la Quincuagésima Cuarta Legislatura.
Se efectuaron 17 sesiones ordinarias y cuatro sesiones secretas.
Se designaron 14 comisiones para que, en representación de este cuerpo colegiado, concurrieran a diversos informes así como rendimiento de protesta de los ciudadanos gobernadores de varias entidades federativas y 45 comisiones para asistir a diferentes acto cívicos conmemorativos.
Se nombraron comisiones para participar la instalación y clausura de esta Comisión Permanente, tanto el Presidente de la República, como a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se convocó a un período se sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores, para que esa honorable Cámara conociera, discutiera y votara el dictamen que presentara la Comisión Medalla de Honor Belisario Domínguez y celebrará la sesión solemne para imponer dicha presea.
Se aprobó un decreto que concedió permiso al licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para ausentarse del territorio nacional, a fin de realizar visitas de Estado a Belice y a la República de Chile, y de trabajo a los Estados Unidos de América.
Se ratificaron tres nombramientos de embajadores ante gobiernos extranjeros y dos de cónsules generales. En todos los casos se le tomó la protesta constitucional correspondiente.
Se ratificaron lo grados militares que el Ejecutivo de la Unión confirió a 61 miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales.
Se aprobaron 15 decretos que concedieron permiso a compatriotas, para que pudieran aceptar y usar las condecoraciones que les fueron otorgadas por diversos gobiernos extranjeros.
De igual manera, se aprobaron veinte decretos en virtud de los cuales se autorizaron a ciudadanos mexicanos para prestar servicios en representaciones diplomáticas o consulares de varios gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales.
Se aprobaron 21 solicitudes de licencia formuladas por diputados federales, a fin de separarse de sus funciones constitucionales.
Se aprobó invitar al Estados Mayor Presidencial para que colabore con los órganos de administración de la Cámara de Diputados en los trabajos previos de seguridad logística de la sesión de Congreso General programada para el 1o.. de noviembre entrante en la que el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presentará el Tercer Informe de Gobierno de su gestión.
En los términos legales y reglamentarios aplicables, la Secretaría ha formado los inventarios que compete remitir a los secretarios de las cámaras de Diputados y Senadores.
Muy atentamente.
Senador Emilio m. González, Presidente.»
Trámite: - De enterado e insértese en el Diario de los Debates.
COMUNICACIÓN
El secretario Everardo Gámiz Fernández: Comunicación: El diputado Gonzalo Guajardo Hernández, quien en los términos del artículo 47 del Reglamento de la Cámara de Diputados avisa que se encuentra enfermo en la ciudad de Monterrey.
Trámite: - De enterado.
ANALISIS DEL TERCER INFORME PRESIDENCIAL
POLÍTICA ECONÓMICA Y SOCIAL
El Presidente: - Con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero, de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos representados en esta Cámara de Diputados, la sesión de hoy estará destinada al análisis del tercer informe rendido por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en su capítulo de Política Económica y Social.
Se han registrado para el capítulo de política Económica y Social, los siguientes señores diputados, en la primera ronda:
Por el Partido Popular Socialista, el diputado Juan Campos Vega; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Adolfo Kunz Bolaños; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Juan Manuel Huezco Pelayo; por el Partido de la Revolución Democrática, Jorge Calderón Salazar; por el Partido de Acción Nacional, Felipe de Jesús Calderón y por el Partido Revolucionario Institucional, la compañera diputada María de los Ángeles Moreno.
En tal virtud, se concede el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Vega del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Carlos Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Ayer, cuando el coordinador de la fracción parlamentaria de mi partido, el Partido Popular Socialista, señalaba que había evidentes contradicciones entre los planteamientos de carácter político y las posturas económicas que se manejan en el informe, en este Tercer Informe de Gobierno, señalaba una cuestión muy cierta: Pues mientras el Presidente Carlos Salinas hacía una defensa apasionada de nuestra soberanía, comparaba esta postura nuestra frente a la que tienen las naciones europeas, en el terreno económico sustenta una política contraria a estos objetivos, que es ni más ni menos que el neoliberalismo.
Esta corriente del pensamiento en el terreno económico, no es nueva. Todos nosotros sabemos que el liberalismo, como corriente, como posibilidad real de existir en la vida económica de un país, ha muerto de manera definitiva.
El liberalismo fue una corriente económica que dio sustento a la burguesía, cuando ésta estaba en su etapa de ascenso, cuando el capitalismo aún era incipiente y la libre concurrencia era una posibilidad. Pero es evidente que el propio desarrollo del sistema capitalista, la concentración y centralización del capital condujeron a la formación de los grandes monopolios y en ese momento el liberalismo dejó de ser una posibilidad.
Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todas la naciones que participaron en esa conflagración, los Estados Unidos de América surgieron como la fuerza económica más importante del mundo capitalista, iniciaron toda una ofensiva para tratar de implantar de nueva cuenta el liberalismo, pero para servir a los intereses de los grandes monopolios.
Esta es, este es el origen de esta corriente del pensamiento económico. Tiene destacados exponentes en el mundo esta concepción de la libre competencia, de la libertad de empresa. Por citar sólo algunos: Milton Prismann en los Estados Unidos, o Euten, en la República Federal Alemana.
Esta concepción neoliberal, desde el punto de vista teórica la comparten dos corrientes, perdón, esta concepción de libre empresa la comparten dos corrientes: la neoclásica y la neoliberal.
En escencia, esta concepción neoliberal niega teóricamente que la economía esté dominada por los intereses de los grandes monopolios, aunque en la práctica sirve a los intereses de éstos.
Esta teoría económica plantea la necesidad de que al Estado ayude a los sectores, económicamente débiles, aunque en la práctica provoca la más grande concentración del ingreso en unas cuantas manos. Como medidas paliativas habla de la necesidad de conceder formas de propiedad a los trabajadores en las empresas y utilizar el presupuesto, la legislación, los pactos, como mecanismos para servir a estos objetivos.
La presencia de este planteamiento en nuestro país no es nueva. Hace ya muchos años, a mitad de la década de los cincuenta, se inicio la ofensiva para tratar de que México aplique en su política económica esta concepción neoliberal y en aquel entonces se plantearon los siguientes objetivos: Que el Estado debe solamente dedicarse a atender los servicios públicos, a ayudar a la educación, a la defensa del territorio nacional, al mantenimiento del orden interno, a pavimentar las calles y a construir drenajes, a atender los correos y los telégrafos, a asistir a los huérfanos, ancianos e inválidos; expuesto todo esto, en aquella época, en un lenguaje de carácter seudocientífico.
¿Quiénes sustentaban estos planteamientos que ahora en materia económica es la política gubernamental? Los que habían hecho suyos los planteamientos de la teoría neoliberal que en la República Federal Alemana y aquí se conocen como economía social de mercado, que ha sido el sustento teórico en materia económica de las cúpulas patronales, de los partidos de la derecha y, en general, de la reacción en nuestro país.
Hecha esta primera aclaración, quisiera entrar al tema que hoy nos ocupa, que es la opinión
del Partido Popular Socialista en torno a la vida económica nacional. Nosotros Hemos sostenido que la historia de México es la historia de la lucha de nuestro pueblo por conquistar de manera definitiva su independencia, se soberanía y su bienestar. Y a lo largo de nuestra historia, a través de los siglos, ha habido dos posturas frente a este problema fundamental: los que realmente queremos la independencia económica nacional, los que pensamos que esta independencia es indispensable para proporcionarle al pueblo bienestar y para caminar por la vía de la democracia y aquellos que han privilegiado la supeditación de nuestro país al exterior y que han pretendido que cada vez más se concentre la riqueza en una cuantas manos.
No puedo hoy, al abordar esta alta tribuna, soslayar que en el momento presente, como nunca, se enfrentan estas dos concepciones de desarrollo económico nacional. Sin embargo, como decía hace un momento y señalaba ayer nuestro partido a través de sus representantes, hay evidentes contradicciones entre los postulados económicos y políticos de este tercer informe presidencial.
El Presidente Salinas dice: "Sabemos que en lo económico tenemos que participar de la interrelación para crecer mas rápido. Si nuestra economía no generase más empleos permanentes y mayor bienestar duradero para la población, nos debilitaríamos internamente y eso afectaría nuestra capacidad soberana. Sin embargo, continúa, la decisión de intensificar la integración económica no implica de manera alguna dependencia o integración política". Y más adelante señalada: "A diferencia del proyecto europeo, en México, por razón histórica y por convicción política, sólo promovemos mayor interrelación económica e intercambio más libre con todas la naciones, manteniendo siempre nuestro carácter de país soberano."
Este juicio del Presidente de la República lo comparte plenamente el Partido Popular Socialista, sin embargo, queremos dejar claramente asentado que éste no es el lenguaje que a acompañado a las declaraciones públicas de funcionarios gubernamentales, encargados del área económica, ya que para ellos el Tratado Trilateral de Libre Comercio lleva necesariamente a la integración de nuestro país a los Estados Unidos de manera particular y los propios Estados Unidos, cuando se refieren a este problema, hablan de la necesidad de integrar un área geográfica en donde se impulse la unidad comercial, con todo lo que ello implica, para que puedan ellos con este bloque enfrentar a los otros dos que se disputan el mercado internacional, el de la Cuenca del Pacífico y el mercado común europeo.
Es incuestionable que esta concepción de los Estados Unidos tiene el objetivo claro y preciso que encierre el vocablo "integración", es decir, la unificación de las entidades que se asocian en una sola, que indefectiblemente será más poderosa, la más fuerte, económica, política y militarmente, porque no se trata solamente de facilitar el comercio entre nuestras naciones o de reducir o disminuir la discriminación, sino el objetivo fundamental es el de liquidar cualquier medida que se convierta en un obstáculo para que nuestra economía se integre a los Estados Unidos.
Los acuerdos internacionales sobre política comercial, dicen los teóricos del imperialismo, pertenecen al campo de la cooperación internacional, mientras que la remoción de las barreras al comercio es un acto de integración económica; ese es el proyecto imperialista, ése es el proyecto de las fuerzas de la derecha de dentro y fuera del poder público en nuestro país, en materia económica
Por eso no podemos compartir la visión que el Presidente tiene en torno del Tratado de Libre Comercio. El dice que ese tratado nos permitirá crecer más rápido, más sólidamente, crear más y mejores empleos y elevar el bienestar de la población.
También señala en el informe el Presidente Salinas que hay una actitud decidida del gobierno, de su gobierno, de promover a presencia del capital extranjero, porque dice, eso servirá para traer recursos, tecnología y capacidad de exportación.
Por lo que se refiere a la deuda, plantea una tesis interesante: comprar el monto de la deuda con el producto interno bruto de hace algunos años, de 1987, y dice: "en aquel entonces representaba el 54% del producto interno bruto, mientras que ahora, en 1991, se a reducido al 23%". Lo que no dice es que el monto sigue siendo el mismo y sigue siendo una pesada carga para la economía nacional.
También informa el Presidente en este documento que ha concluido un proceso de desincorporación de empresas estatales, que se han realizado 266 procesos, que le han permitido al gobierno federal obtener una suma cercana a los 40 billones de pesos, de los cuales 20 billones los han utilizado para pagar el pasivo que tenían
con el Banco de México y los demás los va a destinar de manera preferente para atender los reclamos populares, es decir, los va a canalizar al Programa Nacional de Solidaridad, porque dice que a través de esta vía el gobierno ha logrado, haciéndole entender al pueblo que no siendo propietario, vendiendo las empresas y resolviendo algunos problemas sociales, esto le permite tener consenso y base social.
El ultimo aspecto que hoy voy a tocar es el que se refiere a la distribución del ingreso. Aquí, sin más que una ligera opinión infundada de que el salario a dejado de perder su poder adquisitivo y que incluso en algunas ramas y regiones empieza a recuperarlo, el Presidente reconoce que la distribución del ingreso sigue siendo totalmente injusta, que se ha depreciado de manera terrible el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y que eso a provocado que un número importante de compatriotas nuestros estén condenados a la miseria y a la extrema miseria.
Estos aspectos son los que el Partido Popular Socialista tiene el interés en comentar en esta ocasión.
Ya decíamos y ésta es nuestra opinión, que el Tratado Trilateral de Libre Comercio es un proyecto, es un plan de dominación imperialista; es un proyecto al servicio de los intereses de los Estados Unidos de América, para que esa nación pueda enfrentar con relativo éxito su lucha en torno de los intereses internacionales.
Nosotros estamos convencidos de que la aplicación de este tratado en nuestro país, va a llevar a la quiebra a miles de pequeñas y medianas industrias, que va a dejar a otras subordinadas de manera definitiva a los grandes consorcios internacionales, que va a servir para sobreexplotar aún más los recursos naturales de nuestro país, que va a ser utilizado para saquearnos de manera permanente, para aprovechar nuestra mano de obra barata, una de las más baratas del mundo actual y que además sabemos, aunque ahora se haya dicho lo contrario, que seguirá sirviendo como un mecanismo de presión para que el petróleo, la electricidad y en general los energéticos con que cuenta nuestro país, sean incluidos en esta materia de libre comercio.
No podemos también olvidar que hay un proceso de incorporación de ciencia y la técnica a la producción, cada vez más importante; que los Estados Unidos estén interesados para poder competir en condiciones de igualdad con los otros países imperialistas, en desarrollar en su propio país tecnología de punta en las diversas ramas industriales, ¿pero qué van hacer con las otras empresas, con la otra maquinaria, con la otra tecnología , que requiere necesariamente de mano de obra, de gran cantidad de mano de obra que la industria altamente tecnificada ya no requiere? La van a enviar a nuestro país, van a ser la empresas maquiladoras que se van a asentar en el territorio nacional; esa planta industrial obsoleta es la que nos van a traer aquí para que ellos puedan desarrollar su proyecto de tecnología de punta. Porque pensar que la presencia del capital extranjero en nuestro país va a llevarnos a la transferencia tecnológica va a permitirnos tener acceso a los últimos descubrimientos de la robótica o cualquier otra rama de esta cuestión científica y tecnológica, es sencillamente ignorar la historia de lo que han sido las relaciones económicas entre nuestro país y nuestro vecino del norte.
Otro espejismo que se plantea en el informe, es que todo este proceso de nuestra vida económica nos va a permitir realizar un monto mayor de exportaciones, pero la pregunta sería: ¿quienes van a exportar? ¿Va a ser a caso la pequeña, mediana o inclusive la gran industria mexicana, mucha de ella sumida en el atraso tecnológico, la que va a exportar y competir con las grandes potencias imperialistas? ¿Van a ser esas empresas nacionales las que van a competir para traer recursos a nuestro país? No, van a ser las filiales de los grandes consorcios, van a ser las personas vinculadas o los grandes monopolios extranjeros las que están exportando y las que van a seguir exportando y que nos van a seguir saqueando, porque las ganancias van a parar a la metrópoli y no se van a quedar en nuestro país.
Otra cuestión, se dice, la presencia del capital extranjero, la presencia de las maquiladoras, el desarrollo de nuestra "economía", va a permitirnos tener o resolver un grave problema en nuestro país, que es el desempleo.
Esto si lograra tener éxito sería solamente circunstancial, los empleos que se podrían generar a través de la presencia de empresas del capital extranjero y de maquiladoras en nuestro país, por lo que se van a perder por la quiebra de un número importante de pequeñas y medianas industrias. Pero a la larga, además, a mediano plazo, los Estados Unidos va a ir incorporando a esas empresas maquiladoras algunos adelantos técnico- científicos, que van a llevarnos a utilizar menor cantidad de mano de obra y a la larga el desempleo se va a agudizar en nuestro país como una consecuencia de esta concepción económica equivocada que plantea el gobierno.
Todo esto nos permite afirmar, a los miembros del Partido Popular Socialista, que el Tratado de Libre Comercio no es el camino para que nuestra economía crezca rápida y sólidamente. Que la creación de empleos puede construir un éxito transitorio, pero que a mediano y largo plazo traerá consecuencias negativas para los trabajadores de nuestro país.
Y es claro también que aunque de manera inmediata pudiera haber un pequeño repunte en el ya deteriorado poder adquisitivo del salario, la perspectiva es que no puede ser muy alentadora.
Respecto al papel que juegan las inversiones extranjeras, bien valdría la pena que nos preguntáramos una vez más, ¿qué es lo que buscan los capitales en un país que no es lo suyo? Yo no creo, lo digo sinceramente, que haya una sola persona en el mundo que suponga que las inversiones extranjeras llegan a los países atrasados para desarrollarlos.
El capital que se invierte en un país pobre, así lo ha hecho siempre, es con el exclusivo objeto de explotar a ese país, de aprovechar su mano de obra barata, de explotar sus recursos naturales, de convertir su mercado interior en una fuente de compras para la producción de ese país imperial. Así ha sido a lo largo de la historia, así ha sido en el presente siglo, no sólo aquí, en nuestro país, en América Latina, en Asia, en África, en todos los países que viven en el subdesarrollo.
Nadie nos podría señalar un solo caso, uno solo que demuestre que gracias al capital extranjero, un país a logrado conquistar el bienestar de su pueblo o ha logrado desarrollo económico sin menoscabo de su soberanía nacional.
Y este tema, el de las inversiones extranjeras, nos preocupa de manera particular, porque éstas han crecido de una manera desmesurada, se calcula que ya hemos llegado al rango de los 40 mil millones de dólares de inversión extranjera en nuestro país, 19 de los cuales han llegado en este sexenio y para dar un dato interesante: solamente de enero a mayo de 1991 han ingresado a nuestro país 8 mil millones de dólares de inversiones extranjeras, una cantidad cercana a lo que había aceptado nuestro país desde que es México independiente hasta 1982. Esa es la actitud del gobierno actual frente a las inversiones extranjeras y por eso el Partido Popular Socialista no lo comparte.
Porque además, la presencia del capital extranjero sólo ha servido para deformar la economía de nuestro país, para evitar nuestro desarrollo independiente, pero esta conducta nuestra de oponernos decididamente a esa apertura indiscriminada al capital extranjero, no significa de ninguna manera que nosotros pensemos que éste no debe estar presente en la economía nacional.
Nosotros pensamos que la inversión extranjera es bienvenida en un país, siempre y cuando tenga un carácter complementario a la economía nacional y que venga a construir a los objetivos nacionales que nosotros los mexicanos nos hemos propuesto. Si no es con estas condiciones, estamos hablando de penetración del capital extranjero para saquearnos y someternos.
Otro elemento más es el papel del Estado en la vida económica nacional. El actual grupo gobernante, imbuido de esta concepción de neoliberalismo, inició su ofensiva contra la presencia del Estado en la vida económica nacional diciendo que el Estado era obeso, que había que adelgazarlo porque obeso no podía cumplir con su responsabilidad y en esa primera etapa se habló de vender solo aquellas empresas que fueran ineficientes e innecesarias; se hablaba de aquellas empresas que no tenían ninguna importancia para el desarrollo económico independiente de México, se hablo de aquellas empresas que operaban con números rojos, pero nosotros lo dijimos en aquel entonces y lo reiteramos ahora, ése solamente era el pretexto, era plantearle a la sociedad una postura para ver hasta dónde podría ser aceptado este tipo de posiciones de política económica para luego ir dando pasos sucesivos, para evitar que el Estado tuviera una presencia importante en la vida económica nacional.
Ya hablábamos hace rato de que 40 billones de pesos obtuvo el gobierno federal por la venta de esas empresas del Estado.
En torno a este tema, ahora, como decía al principio, retomando el planteamiento del Presidente de la república se sustenta la tesis de que la venta de empresas, la venta de los bienes es para remediar los males. Pero bien valdría la pena reflexionar un poco sobre datos oficiales en torno al papel de esas empresas en el desarrollo económico nacional. Solamente un cálculo: si la tendencia continuaba, solamente el año pasado la banca de manos del Estado iba a obtener 4 mil millones de pesos de ganancia y realmente estos ingresos iban a fortalecer de manera importante los recursos del Estado, sin que ello implicara vender esas empresas. ¿Y no obtenían grandes ganancias muchas de las empresas que el Estado ha vendido: Teléfonos de México,
Mexicana de Aviación y podríamos citar muchas más?
Entonces, esa tesis simplista y falsa no puede ser compartida por el Partido Popular Socialista, porque además la presencia del Estado en la vida económica nacional no se debió a un capricho, fue una necesidad del desarrollo económico de nuestro país para desplazar al capital extranjero, para desarrollar a México con independencia, porque en aquel entonces no había capitales nacionales capaces de hacerlo y los que existen ahora surgieron muchos y se fortalecieron mucho a la sombra de la política económica impulsada por el Estado.
Pero el Partido Popular Socialista, compañeras y compañeros diputados, no puede en esta ocasión quedarse en la simple crítica, nunca lo ha hecho. Una conducta permanente nuestra ha sido la de realizar la crítica constructiva; esto es, señalar que todo aquello que consideramos negativo para el desarrollo económico, público y social de la nación y a la vez hacer una propuesta de contenido nacionalista, democrático y popular.
Nosotros hemos dicho en esta tribuna y hemos dicho en otros foros, que estamos dispuestos a analizar con todas la fuerzas políticas y sociales de nuestro país, el proyecto de un acuerdo nacional para el desarrollo económico independiente de nuestra patria en beneficio de nuestro pueblo.
A lo largo de este primer período tendremos muchas oportunidades de confrontar nuestras opiniones con las de los demás partidos políticos aquí representados.
Por el día de hoy solamente quisiera señalar algunos rasgos generales de los que implica para nosotros este acuerdo para el desarrollo de las fuerzas productivas en beneficio de la nación y del pueblo.
En primer lugar, nosotros estamos convencidos de que es indispensable que nuestro país realice todos lo esfuerzos posibles para impulsar el desarrollo científico y tecnológico de México. Por ello consideramos que es necesario destinar cuando menos el 2% del producto interno bruto a esta tarea.
Compartimos la decisión presidencial de designar mayores recursos a la actividad educativa. A nuestro juicio estos recursos deben alcanzar, cuando menos, el 8% del producto interno bruto.
Debemos también asimilar y adaptar la tecnología extranjera a las necesidades de nuestro país y adquirir en el mercado internacional selectivamente la que se requiera y la que pueda absorber la planta productiva nacional.
Segundo. Se debe modificar la Ley de Inversiones Extranjeras y el reglamento correspondiente, para establecerles a las empresas, a estas empresas extranjeras, la obligación de transferirnos tecnología y además de un impuesto especial dedicado exclusivamente a este proyecto de desarrollo científico y tecnológico.
Y pensamos que igual tratamiento debe darse a las grandes empresas nacionales, pero sin dejar de señalar que la responsabilidad del desarrollo científico y tecnológico, es fundamentalmente del Estado y que para ellos debe de crear un organismo especializado que coordine a todas las instituciones públicas y privadas que se dedican a esta actividad.
Tercero. Es indispensable que el estado mexicano realice todos los esfuerzos posibles para desarrollar la industria de bienes de capital, para que reduzcan de manera significada la importación en este renglón, para que modernicemos las empresas el sector estatal de la economía y podamos estimular realmente y promover la micro, pequeña y mediana industrias, propiedad de nacionales.
Cuarto. Es importante también promover la consolidación de un bloque económico, comercial, tecnológico y cultural con todos los demás países de América Latina, con el objeto de negociar nuestro problemas comunes, orientar nuestra acción a lograr la integración económica de nuestras naciones, iniciando por un fomento al intercambio comercial y tecnológico, a través de organismos creados para tal fin.
Quinto. Un aspecto fundamental previo a todas esas tareas es la necesidad que ya hemos señalado en anteriores ocasiones de la renegociación global de la deuda externa del área latinoamericana, con la finalidad de que unidos tengamos mayores posibilidades de negociarla en condiciones ventajosas para nuestro país.
Sexto. Pensamos que el estado debe retomar su papel de permanente intervención en la vida económica nacional; que la banca, la Industria químico- farmacéutica, la industria de los alimentos, la hulera, la petroquímica secundaria, la azucarera, la siderúrgica, la comunicación telefónica nacional e internacional, la aviación comercial y las empresas fundamentales para el desarrollo económico independiente de la nación y para satisfacer las necesidades fundamentales del
pueblo, deben declararse patrimonio exclusivo del Estado mexicano, que en ninguna circunstancia deberá reubicarse o integrarse a los intereses de los particulares
Esta propuesta que por mi conducto hace el Partido Popular Socialista, demuestra que nuestro propósito fundamental es realizar en el momento presente, en las condiciones actuales, conscientes de las nuevas condiciones en las que se desarrolla el mundo, un proyecto capaz de desarrollar las fuerzas productivas de nuestro país con independencia del extranjero y en beneficio de nuestro pueblo.
Por ello, hoy como en el pasado reiteramos nuestro llamado a las corrientes y fuerzas progresistas de dentro y fuera del poder público, para que juntos pertrechados del nacionalismo revolucionario, del camino abierto por la Revolución Mexicana, detengamos el proyecto imperialista que quiere cancelar nuestro camino independiente. Muchas gracias.
El Presidente: - Gracias por su participación , señor diputado. Tiene la palabra el diputado Adolfo Kunz Bolaños, del partido Autentico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Para el Partido Autentico de la Revolución Mexicana, analizar lo relativo a la política económica del gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari, equivaldrá en buena medida, a analizar toda su obra de gobierno.
La crisis heredada del gobierno anterior, hacia de lo económico el factor condicionante para resolver el resto de los problemas y principalmente el social.
Durante su campaña electoral, el licenciado Salinas señalaba en San Pedro Garza García: "He venido aquí a proponer una nueva estrategia de desarrollo económico moderno, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades y aspiraciones de nuestro pueblo".
Y añadía: "Propongo recuperar el crecimiento sostenido de la actividad económica y de la generación de empleo y así mismo una mejoría gradual de los salarios reales y de la distribución del ingreso".
Los medios que se mencionaron, posteriormente incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, fueron: la inversión privada, las exportaciones no petroleras, la inversión pública en infraestructura y la expresión del mercado interno.
El titular del Poder Ejecutivo reconoce expresamente en su informe que: "Los beneficios de la recuperación no se reflejan todavía de manera evidente entre gran número de compatriotas".
Para después señalar que: "La economía mexicana ha recuperado su estabilidad, se transforma en sus estructuras y ha crecido durante este gobierno, casi al doble de la población"
La clave ha sido y seguirá siendo la permanencia de la política económica, el estricto control del gasto público, un sistema fiscal competitivo, la reducción de la deuda, la apertura comercial y la desregulación y la promoción de la inversión y de las exportaciones.
Cada uno de estos factores determinantes, según su autor, para que la economía mexicana haya recuperado su estabilidad, sería motivo de fuertes discusiones, de acuerdo con los diferentes puntos de vista que existen en materia de economía de economía política. Sin embargo y debido principalmente a lo directo de sus efectos sobre la totalidad de la producción, nos referimos exclusivamente al llamado Sistema Fiscal Competitivo.
A pesar de que el aspecto fiscal es considerado como una de los factores claves de la desigualdad recuperación económica de nuestro país, únicamente se vuelve a mencionar en el informe presidencial cuando se aplica el incremento de los ingresos del sector público, indicando que: "Este comportamiento se enmarca en un sistema fiscal más equitativo, con tasas impositivas inferiores a las de hace tres años y con mayor simplificación administrativa que alienta el cumplimiento de los contribuyentes".
Según la afirmación anterior, nuestro sistema fiscal se caracteriza por ser más competitivo, más equitativo, con tasas impositivas inferiores a las de hace tres años y con una mayor simplificación administrativa.
Posiblemente existan ciertos sectores tributarios que se encuentren en ese supuesto, pero consideramos que no es posible hacer las generalizaciones anteriores y mucho menos omitir el costo que representa para la población nuestro actual sistema fiscal.
Al señalarse en el informe que: "Los principales promotores de la expansión económica son en la actualidad, las exportaciones y la inversión..." sin mencionar a la expansión del mercado interno, implícitamente se reconoce que la capacidad de compra, o sea, el nivel de vida de los mexicanos, no ha mejorado significativamente como para incidir en la expansión económica y una de las principales causas de que no se haya dado esa expansión del mercado interno, es que nuestros conciudadanos dedican una buena parte de sus ingresos al pago de sus impuestos, independientemente de que muchas veces también destinan una buena parte de su tiempo. Revisemos pues las características que se le atribuyen a nuestro sistema fiscal en este Tercer Informe de Gobierno, empezando con las afirmaciones de que es competitivo.
Efectivamente, recientemente se han disminuido las tasas máximas del Impuesto Sobre la Renta y los aranceles al comercio exterior. En ambos casos se actuó con vistas a incrementar nuestras relaciones comerciales internacionales. Sin embargo, en el caso del Impuesto Sobre la Renta, no se hizo un ajuste proporcional en todos los niveles de tarifa, con lo que únicamente se benefició a los contribuyentes de los altos ingresos.
En cuanto el Impuesto al Valor Agregado, uno de los principales causantes de la pobreza de nuestro pueblo, se conserva tercamente la tasa del 15%, cuando la de nuestro principal socio comercial no llega al 7%. Estamos ante una afirmación que difícilmente podemos aceptar.
En cuanto a que nuestro sistema fiscal es equitativo, también tenemos serias dudas. Nuevamente ejemplificamos con el Impuesto Sobre la Renta, en que los diferentes niveles de la tarifa y lo bajo del mayor nivel de la misma, hacen que las personas de ingresos modestos destinen buena parte de los mismos al pago de impuestos e incluso las personas de ingresos medios, están sujetas a las mismas tasas que las personas de altos ingresos.
Por otra parte, el Impuesto al Valor Agregado, como buen impuesto indirecto, no distingue a los pobres de los ricos, a los que grava por igual negando el principio de equidad que exige el párrafo cuarto del artículo 31 constitucional.
Mención aparte merece el Impuesto Predial en el caso del Distrito Federal, el cual grava desproporcionalmente a los propietarios de inmuebles en renta, en relación con los demás, sin ninguna justificación; debido a que los ingresos provenientes del arrendamiento están ya considerados por el Impuesto Sobre la Renta y se presiona al incremento de las rentas en particular y a la inflación en general, toda vez que este gravamen actúa como un costo indirecto.
Por lo que respecta a que contamos con tasas de impuestos inferiores a las de hace tres años, efectivamente, la disminución de las tasas ha sido una preocupación para el Presidente Salinas, quien en su campaña electora afirmaba: "Para que el Impuesto Predial recobre una dinámica acorde con la evolución del mercado inmobiliario urbano, propongo avanzar en la ampliación de la base gravable efectiva y reducir las tasas impositivas".
Sin embargo, las reformas a la Ley de Hacienda del Departamento del Distrito Federal vigente a partir de 1990, consistieron exactamente en el mecanismo contrario, se bajaron las bases gravables para impedir inconformidad por parte de los contribuyentes y se elevaron desproporcionalmente las tasas.
Cabe mencionar que en este sector encontramos una de las principales limitantes a la inversión nacional y extranjera en el mercado inmobiliario urbano, ya que el impuesto llega a ser confiscatorio y desestimula la construcciíon de inmuebles de alquiler con todas sus consecuencias sociales y urbanísticas.
Por último, resulta difícil hablar de simplificación administrativa en un país como el nuestro, en que un ciudadano del estado de México, por ejemplo, está sujeto a 11 impuestos federales, tres locales y nueve municipales; sin contar con las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, derechos, etcétera, por muy simples que fueran los formularios para llenar, pero además no lo son y se requiere de la ayuda de costosos expertos y de buenas cantidades de tiempo para cumplir con las obligaciones fiscales existentes.
Si el gobierno federal tuviese que pagar el Impuesto Predial en el Distrito Federal, seguramente se encontraría con que la declaración correspondiente requiere de información poco accesible para la mayoría de los contribuyentes.
En este Tercer Informe de Gobierno no se habló del incremento del circulante en los últimos meses y, desde luego, tampoco se hizo alusión a ese impuesto encubierto que es la inflación y que resulta como consecuencia del citado incremento. Se mencionó, sí, que ha disminuido, pero no así de los efectos que tiene como limitante para la expansión del mercado interno.
Faltaron de mencionar algunos otros temas importantes en esta materia, como el necesario incremento de la participación de las entidades federativas de los recursos públicos federales, para lograr una mayor equidad en el reparto de los mismos o el malestar existente entre los empresarios por los métodos utilizados para la prácticas de auditorías, el que ha merecido ser llamado "terrorismo fiscal".
En el partido Auténtico de la Revolución Mexicana hemos llegado a la conclusión de que en materia fiscal, parte importante de la política económica, el Tercer Informe de Gobierno requiere de mayor contenido y precisión y considerando que el origen del parlamentarismo se dio como una defensa de los contribuyentes para limitar los excesos impositivos de la autoridad, concluimos que esta Cámara de Diputados deberá replantear la obligación que tenemos todos los mexicanos de contribuir para los gastos públicos, establecidos en el artículo 31 constitucional, implantando límites a la facultad de Estado para establecer contribuciones. Muchas gracias. (Aplausos)
El Presidente: - Gracias por su participación, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, integrante del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional quiere, por mi conducto, presentar sus observaciones al contenido, en materia económica, del Tercer Informe de Gobierno que el ciudadano Carlos Salinas de Gortari rindió ante esta soberanía el pasado 1o. de noviembre. Al hacerlo, mi partido evalúa los pronunciamientos presidenciales teniendo como marco de referencia sus postulados en materia económica, mismos que fueron reiterados en nuestra plataforma política durante el presente año.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional está consciente de que las grandes transformaciones mundiales han planteado un nuevo esquema de relaciones económicas y políticas. México no puede permanecer ajeno a los cambios del exterior; requiere de impulsar su propia transformación, pero ésta no debe de soslayar la premisa rectora de salvaguardar la soberanía e independencia, que constituye valores fundamentales del proyecto que los mexicanos hemos sabido enfrentar a lo largo de nuestra historia.
Mi partido no pierde de vista que el cambiante contexto internacional que en los últimos 10 años México a enfrentado una profunda crisis económica, disminuido de manera lacerante el nivel de vida de la población. Esto significo una creciente curva de desempleo y una dramática caída de los salarios reales ocasionada por la persistencia de un acelerado ritmo de crecimiento de los precios.
La gravedad de esta situación convirtió en imperativo el replanteamiento de la política económica gubernamental con el objetivo básico de recuperar la capacidad de crecimiento económico con estabilidad de precios, pero atendiendo indefectiblemente a la necesidad de mejorar los niveles de bienestar de la población nacional.
En su informe, el Jefe del Ejecutivo resume los alcances y perspectivas de la economía del país en los últimos tres años que han transcurrido de su administración.
En esta materia, el ciudadano Presidente señaló que: "la economía mexicana ha recuperado su estabilidad, se transforma en sus estructuras y ha crecido durante este gobierno caso el doble de la población".
En el terreno de la estabilidad económica, el tercer informe señala que la estrategia antiinflacionaria ha permitido que el crecimiento acumulado de los precios, en los primeros meses de 1991, haya sido el mayor en comparación con los últimos 16 años.
En consecuencia, se ha pasado de las exorbitantes tasas inflacionarias de los tres dígitos que en 1987 superaron el 150%, a tasas de dos dígitos en el presente año. La meta señalada en el mismo documento en la de reducir aún más la inflación y mantenerla en los niveles de las naciones con quienes más comerciamos. Esto implica reducirla a niveles de un dígito, a juzgar por los niveles inflacionarios que Estados Unidos, por ejemplo, ha observado en los últimos años.
Por otra parte se nos informó que el crecimiento económico en el primer semestre de 1991 fue casi del 5% anual y que ha sido el más alto para este período de los últimos 10 años, lo que viene a confirmar una tendencia sostenida de crecimiento económico a ritmo mayor que el demográfico en lo que va de la presente administración.
En este sentido, vale reiterarlo, nuestro partido lucha porque los avances en el territorio económico se conviertan en un factor permanente de abatimiento de los grandes rasgos ancestrales que sufre el pueblo de México y que a lo largo de los años de crisis se han agudizado.
Somos partidarios de que la reconstrucción económica se defina invariablemente con una clara orientación social. No concebimos el crecimiento sin distribución de la riqueza. Por ello, si bien el Presidente de la República ha señalado "que la recuperación de la actividad económica se refleja directamente en los niveles de empleo y que existe una tendencia a la recuperación de los salarios reales", mi partido se pronuncia enfáticamente por la permanencia y profundización de las políticas encaminadas a cambiar el desempleo y mejorar el ingreso familiar. Pues como lo hemos sostenido, ninguna estrategia de gobierno puede considerarse eficiente si no contribuye sustancialmente a elevar la calidad de vida del pueblo.
A este objetivo fundamental debe obedecer la apertura económica que se ha profundizado durante la administración salinista y que se ha venido traduciendo en acuerdos de libre comercio con diversos países.
Sobre el particular, el partido al que represento se ha pronunciando insistentemente en contra del proteccionismo económico que le impone restricciones a nuestras exportaciones con fines de presión política, pero se niega rotundamente a que se refiere un Tratado de Libre Comercio que contra venga nuestra constitución y nuestra soberanía.
Entendemos que estratégicamente el libre comercio con los mercados de América del Norte es no solo deseable, sino inevitable, pero asumimos ante todo que esta realización comercial debe ser respetuosa y mutuamente provechosa. Ante nuestra desventaja económica, requerimos un trato de nación en desarrollo.
Hemos subrayado, en nuestros documentos partidarios, que en nuestra relación con el exterior es menester marca líneas infranqueables que no permitan la intromisión de áreas restringidas del patrimonio nacional. Que Petróleos Mexicanos y la Comisión de Electricidad no son negociables. Por ello, nos congratulamos de que el Presidente requiere en su tercer informe, que en el caso del petróleo y la electricidad no se propondrán modificarse a la disposición constitucional que reserve al Estado la propiedad y el control sobre nuestros energéticos.
Por lo demás, como lo señalamos en nuestra plataforma electoral de 1991, el Tratado de Libre Comercio será un reconocimiento jurídico y administrativo de una realidad de pacto, puesto que más de las dos terceras partes de nuestro comercio exterior se realiza en los Estados Unidos. El libre comercio en la frontera norte, lo hemos dicho, es una realidad desde hace mucho tiempo, razón para la cual es preciso establecer el reconocimiento legal a esta situación, con el propósito de avanzar en sus ventajas y mitigar los efectos negativos. Coincidimos también en que en el sano desarrollo de nuestro comercio no debe quedar reducido a un solo grupo de países, sino que debe ser multilateral y enfatizar especialmente la integración económica con América Latina.
Tenemos claro, por otra parte, que participar exitosamente en la nueva dimensión del comercio internacional exige de nuestro país el fortalecimiento de su estructura productiva. El informe presidencial resulta alentador en este ámbito. El Presidente de la República señaló que los principales promotores de la expansión económica son, en la actualidad, las exportaciones y la inversión; mientras el consumo se recupera gradualmente, el crecimiento de la inversión en los últimos años a triplicado al de la economía, al registrar su aumento real superior al 12% anual.
La reconstrucción de la economía nacional ha exigido una transformación de fondo en la asignación de responsabilidades en el ámbito productivo. Como puede constatarse en nuestros documentos, mi partido sostiene la convicción que durante decenios la creciente intervención estatal en múltiples ramas y sectores económicos, más que favorecer el desarrollo nacional, propició fenómeno de ineficiencia, grandes subsidios a los capitalistas, burocratismos y corrupción. En muchos de los sectores no estratégicos, lo hemos dicho antes, la intervención estatal, tratando de completar la falta de innovación del sector privado, se convirtió en un obstáculo para el desarrollo.
Por eso, en el Partido Cardenista de Reconstrucción Nacional aprobamos la desincorporación de empresas paraestatales, pero a condicion de que no se dilapiden lo recursos que de ésta genera, de que no se atente contra la propiedad estratégica del Estado y que se incorpore a los trabajadores en fórmulas de copropiedad o cogestión.
El anuncio presidencial de que en los primeros meses de este año se ha alcanzado un superávit
fiscal de cerca de 10 billones de pesos es satisfactorio, pero debe responder indefectiblemente a las expectativas de incrementar, en consecuencia, el gasto social, aun cuando el Presidente ha señalado, en el marco de la estrategia de la estricta disciplina fiscal, se ha abierto espacio para un crecimiento positivo del gasto social y de que éste ha pasado del 32% en 1988, al 44% en 1991.
Nos pronunciamos porque en los años porvenir los porcentajes del gasto público se incrementen en la atención de las necesidades sociales; el crecimiento económico no tiene sentido sin una sólida base de justicia. Asimismo, en una vertiente paralela, nos pronunciamos porque el redimensionamiento de la propiedad pública, propicie el fortalecimiento de la propiedad social y privada de los capitales más comprometidos en el desarrollo de la nación.
En otro rubro, el Tercer Informe de Gobierno advierte que la recuperación en marcha se ha presentado en casi todos los sectores de la economía, incluyendo el agropecuario, cuyo crecimiento fue de casi 7% en el primer semestre del año. Al enarbolar el programa histórico del cardenismo, nuestro partido valora el resurgimiento de la producción agropecuaria después de tantos años de estancamiento y declive y coincidimos con el Presidente en que el proceso de modernización tiene en el agro uno de los retos más complejos y más urgentes, habida cuenta de que el objetivo fundamental de modernizar el campo consiste en aumentar simultáneamente la producción y la justicia.
Los cardenistas nos oponemos a la privatización del campo como solución a los problemas de producción agropecuaria; por eso recibimos con beneplácito la aseveración presidencial de que el ejido permanecerá, aun cuando deberá adecuarse a la nueva realidad del país. Compartimos la tesis presidencial de que ha llegado el tiempo de cambiar la estrategia en el campo y de promover un programa integral para apoyarlo con recursos adicionales que impulsen su capitalización y abran nuevas opciones de proyectos productivos, somos partidarios de la reorganización y de la producción del campo. En esta nueva realidad, sin embargo, los cardenistas seguiremos luchando por la democracia en los ejidos y comunidades, por garantizar que en el agro se impongan los intereses de la mayoría sobre los cacicazgos; de igual manera, continuaremos luchando porque los trabajadores del campo sean tomados en cuenta en las políticas agropecuarias.
En síntesis, para los cardenistas los avances logrados por la política económica durante el período que comprende al informe al que aludimos, son indudablemente alentadores y abren nuevas expectativa para la comunidad nacional.
Estamos convencidos de que los programas políticos tienen cabal expresión en tiempos y circunstancias específicos; no negamos por un mero prurito oposicionista la pertinencia de nuevas medidas con que se afronta a problemas nuevos; la transformación de México y del entorno internacional en que está inmerso, nos imponen la actualización, que no negación, a nuestros programas. Nuestro partido no tiene a la historia como lastre sino como sabia herramienta que puede equilibrar el legado del cardenismo con la nueva realidad del México de nuestros días.
Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias por su participación, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Señor Presidente; estimados compañeros diputados; señoras y señores:
En representación del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentaré la postura respecto al capítulo económico del informe presidencial.
México accede a la Independencia en 1821 después de una lucha iniciada en 1810 contra el poder colonial. No se combatió sólo por la independencia política, aunque ésta fue la bandera que se enarboló y que cobijó toda la lucha.
La rebeldía popular se dio, además contra la esclavitud, por la libertad de pensamiento, contra las castas y las discriminaciones, por la igualdad, la justicia y los equilibrios que hoy podemos claramente calificar de democráticos en el ejercicio del poder. La lucha se enmarcó en una visión y en una proyección americanas. La síntesis más acabada de esta propuesta insurgente que trasciende su tiempo, la encontramos en "Los Sentimientos de la Nación", dirigidos por José María Morelos al Congreso Constituyente convocado por las fuerzas de la Independencia, en Chilpancingo, hoy capital del estado de Guerrero, el 14 de septiembre de 1813. Se dice en "Los Sentimientos" que América es libre e independiente de España y de toda otra nación, gobierno, monarquía y que así se sancione, dando al mundo las razones:
Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que sólo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano; que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejoren sus costumbres alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto.
La esencia de esta lucha, el primero de los grandes movimientos sociales del país, caló hondo en la conciencia de la gente y ha ido pasando de generación en generación.
Las demandas por la democracia, la igualdad, el bienestar, expresadas en distintas formulaciones, han estado presentes en otros movimientos sociales que marcan también en su historia.
La Reforma, al principio de la segunda mitad del siglo pasado, que tiene como motor y eje la lucha por la libertad de conciencia y la Revolución, que desde los inicios de este siglo estalla contra una opresiva y prolongada dictadura, con el lema de: "Sufragio Efectivo. No Reelección."
Esas mismas demandas de ejercicio sin limitaciones de la soberanía nacional, de democracia e igualdad, estuvieron en la raíz de las motivaciones que desencadenaron la gran movilización popular de la contienda electoral de 1987 y 1988 y lo están en el enfrentamiento que desde entonces vivimos en México, con una intensa participación de todo el pueblo entre dos proyectos nacionales: el del gobierno y el del movimiento democrático.
La crisis y la reestructuración mundial de la economía en los últimos 15 años, ha hecho crecer en todas partes del mundo la dominación del capital financiero y de las grandes transnacionales. Se ha incrementado su presencia y su poder en los estados y en las sociedades, en detrimento de otros sectores productivos y en particular de los trabajadores y sus organizaciones.
Un orden económico internacional más injusto y más desigual, se ha ido extendiendo en el mundo en estos años, junto con una ola conservadora, neoconservadora podríamos decir, en la política y en la sociedad. Esos cambios han sido conducidos en los países industrializados y en las economías periféricas, por corrientes neoliberales en la economía y neoconservadoras en la política. No se trata de medidas aisladas, entrañan una reestructuración global de las relaciones sociales internas y de las relaciones entre los países ricos y los países pobres. Las normas rectoras de este proyecto de sociedad neoconservadora, y podríamos decir neocapitalista, son la competencia de todos contra todos, la privatización de la economía y de los servicios sociales, la desregulación de las relaciones laborales, la glorificación del éxito económico individual, como medida del reconocimiento social, el debilitamiento o supresión de normas jurídicas de protección solidaria e igualitaria del empleo, ingreso, vivienda, salud y educación y la cancelación en la práctica de derechos civiles fundamentales de la sociedad; la división de la sociedad en una minoría protegida y excluida y, sobre todo, y éste es un aspecto contradictorio con la lógica neoconservadora, un intervencionismo agresivo del Estado pero precisamente para promover políticas concentradoras del capital y concentradoras del ingreso.
Esa es la salida conservadora a la revolución científica y técnica que vive el mundo contemporáneo. Las potencias mundiales buscan que gran parte del esfuerzo productivo de los trabajadores y de los países del Tercer Mundo sea expropiado y se sume en nuevas formas de intercambios desiguales y de transferencias financieras de los países pobres a los países ricos. Estos mecanismos prolongan la inestabilidad de un orden económico internacional basado en la explotación y en la desigualdad. Este orden, un orden regresivo en materia internacional, es defendido por hegemonías políticas, militares y monetarias y ya no corresponden a la fortaleza de sus estructuras económicas.
Esta dinámica internacional arrastró en la crisis a la economía, la política y las sociedades de los países de América Latina y las obligó a una reestructuración subordinada respecto a los países centrales. Caen las tasas de crecimiento, los países se empobrecen, cierran industrias, se desploman los ingresos del trabajo urbano y rural y crece la desocupación, la pobreza y la desnutrición y además se dispara la deuda externa. Simultáneamente crecen segmentos del capital oligárquico, financiero y especulativo, que amasan gigantescas fortunas en este período en México y en América Latina.
Estos proyectos económicos neoconservadores, adoptados por los gobiernos de América Latina, por sus representantes o aliados políticos, son en realidad una respuesta a la quiebra en este entorno internacional de las anteriores políticas populistas.
Ante la magnitud de la crisis que hoy viven nuestras sociedades, no postulamos en el Partido de
la Revolución Democrática un regreso a políticas estatistas y mucho menos a un proteccionismo indiscriminado.
Economistas que hoy participamos en el Partido de la Revolución Democrática, mucho antes que estuvieran de moda estas políticas populistas y estatistas, asumimos una posición vigorosa de defensa del sector social, de defensa de la autonomía de estados, de federación y de los municipios y asumimos también una política a cierto proteccionismo indiscriminado.
No postulamos, por lo tanto, ni una cerrazón a la interdependencia global de la economía mundial contemporánea ni mucho menos un regreso al proteccionismo. Pero lo que sí criticamos directamente es que el conjunto de contradicciones, generadas por un modelo excluyente en esa fase de sustitución de importaciones, se quiera resolver con un esquema de desarrollo neocapitalista, autoritario y aún más excluyente.
No se trata, por tanto, de reconstruir un modelo económico con esquemas transnacionales. Los esquemas transnacionales y neoconservadores se han demostrado inquitativos e ineficaces para resolver las crisis de nuestros países.
Y lo que es más importante, desde nuestro punto de vista, no existen, no pueden existir economías fuertes, no pueden existir estados soberanos, no puede existir una sólida estructura nacional unificada con trabajos mal pagados y con mercados internos débiles.
En nuestro país, particularmente a partir de 1982 y eso se refuerza después del año de 1988, se han aplicado con una perseverancia extraordinaria este tipo de esquemas neoconservadores, siguiendo las orientaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Nuestro punto de vista es que esto no obedece a errores circunstancias de cálculo económico.
Desde el punto de vista de los intereses que ha defendido el gobierno de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas, es congruente con una reestructuración internacional particularmente regresiva en materia de ingresos, empleos y soberanía y esto significa que se ha roto con un conjunto de contenidos sociales fundamentales establecidos en la Constitución Mexicana. Hoy, después de casi diez años de aplicación de estas políticas, neoconservadoras, tenemos un país más desigual, más empobrecido, más dividido, más injusto, menos democrático y con un mayor nivel de subordinación al exterior.
Florecen ciertos segmentos especulativos, monopolíticos, pero la economía real, agrícola e industrial, de ejidos y comunidades, medianas y pequeñas empresas, están seriamente afectadas.
Pero este proyecto económico es también frágil, la competencia sin cuartel entre grandes economías deja espacios cada vez más estrechos para la independencia y el crecimiento de economías subordinadas, a menos que se aplique una estrategia de desarrollo congruente que asuma una visión interdependiente en el conjunto de la economía.
Nuestro partido considera que hay un conjunto de elementos que con frecuencia no son expuestos directamente y no lo fueron en el informe del licenciado Carlos Salinas, cuando se analiza la apertura comercial y particularmente lo relativo al Tratado de Libre Comercio.
Un primer elemento que hay que destacar, es que México tiene un problema no resuelto en materia de deuda externa. La deuda externa total de nuestro país, pública y privada, era en 1990 de 93 mil 599 millones de dólares y a pesar de la enorme serie de declaraciones que se pronunciaron después del 4 de febrero, respecto a que el problema de la deuda externa había sido resuelto, la realidad es la siguiente: en 1989 el servicio de la deuda externa absorbió 9 mil 278 millones de dólares y en 1990 el servicio de la deuda externa absorbe 9 mil 19 millones de dólares y en los seis meses que han transcurrido, los primeros seis meses del año de 1991, el servicio de la deuda ha sido de 4 mil 241 millones de dólares; solamente extrapolando lo que es el servicio de seis a doce meses, tendríamos que este año el servicio será del orden de 8 mil 500 millones de dólares y esto refleja efectivamente una presión muy severa en nuestra balanza en cuenta corriente.
Para financiar el pago del servicio de la deuda y además las remesas al exterior por concepto de utilidades de la inversión extranjera, y además para cubrir el creciente déficit de la balanza comercial, baste recordar que en los primeros siete meses de 1991, el déficit de la balanza comercial fue de 6 mil 331 millones de dólares; el país requiere un superávit en la balanza de capitales.
Pero lo que nosotros cuestionamos es cuál es el costo social, económico, multisectorial de esa búsqueda fanática de un superávit en balanza de capitales y hay que destacar que para lograr una elevada trasferencia de recursos externos a la economía mexicana, se ha desplegado por
un lado una enorme campaña propogandística para convencer a transnacionales y a mexicanos sacadólares, para que cada año transfieran a este país cerca de 10 mil millones de dólares netos que cubran el déficit de la balanza en cuenta corriente y permitan cubrir además la descapitalización del país por concepto del servicio de la deuda externa.
Lo más grave, sin embargo es que sin que exista una conciencia en la opinión pública de la magnitud de los cambios que se están operando, se ha creado un paraíso fiscal para las inversiones financieras que se destinan al mercado de valores de nuestro país, mercado que ha obtenido rendimientos de más del 100% en el presente año, frente a un segmento de empresas medianas y pequeñas con tremendos problemas para cubrir sus pasivos.
Estas reformas neoliberales, efectivamente han permitido, aparentemente, resolver la grave crisis financiera, pero subsisten un conjunto de problemas de fondo que no están resueltos. Uno de ello es la contracción del poder de compra, particularmente importa destacar que en numerosos sectores de la economía nacional, vinculados a la estructura productiva nacional, continúan en una situación también recesiva.
El ingreso real sigue disminuyendo y el crecimiento económico, en un conjunto de ramas agrícolas e industriales, aún no regresa a los niveles de producción per capita que teníamos al inicio de los años ochenta.
Aquí quisiera hacer un comentario. El problema del análisis económico no es evidentemente cuál es la cifra bruta de la producción de un país. podemos hacer comentarios diversos.
Señor Presidente, rogaría a usted si fuera tan amable de hacer un llamado a la asamblea.
El Presidente: - Señores diputados, esta Presidencia ruega a todas las señoras diputadas y a los señores diputados guardar orden y silencio para respetar el derecho del orador a expresar sus ideas. Continúe usted.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Muchas gracias, señor Presidente.
El problema, decía, en análisis económico, no es hacer una danza de cifras estadísticas sobre cuál es el nivel bruto de producción de determinados segmentos agrícolas e industriales, porque eso no da una idea clara. En análisis económico lo que importa son los niveles de producción per capita y en ese terreno de los niveles de producción per capita, encontramos que en un conjunto de sectores agrícolas e industriales, cuya exposición sería prolijo hacerlo en este momento y no habría condiciones para hacerlo, pero, repito hacerlo en un conjunto de sectores agrícolas e industriales los niveles de producción per capita en este país siguen por abajo de los que teníamos en 1981 y 1982 y ésa es una firmación de capital importancia para entender la estrategia de crecimiento económico. Esto significa que si el próximo año o en 1994 recuperáramos los niveles de producción per capita que había en el año de 1981, en el año de 1982, apenas estaríamos regresando, después de una década pérdida, al punto de partida que tenía la economía mexicana al inicio de un proceso de reestructuración.
En estas condiciones nosotros nos preguntamos: ¿cómo puede destacarse un éxito económico en las políticas gubernamentales de los últimos años, si apenas estaríamos retomando los mismos niveles por habitante de producción e industrial que teníamos al inicio de la década de los ochenta? ¿Cómo podemos tener una actitud triunfalista cuando esta economía tuvo durante casi 30 años una tasa decrecimiento anual histórica acumulativa del 6%, y hoy, que quizá se recupere el crecimiento económico este año hacia un 4.8%, se pretende presentar esto como si fuera un enorme triunfo?
Se afirma, además, que todo esto es producto de la crisis. No hay condiciones, por razones de tiempo para análisis estricto de fianzas públicas, pero nuestro punto de vista que hemos sostenido como miembros del Partido de la Revolución democrática en diversos foros, es que de 1983 a 1988 se aplica una política económica deliberadamente recesiva y al enorme potencial de crecimiento de la economía mexicana fue ahogado por una política objetivamente inepta, de transferencia de más de 100 mil millones de dólares a los consorcios financieros internacionales por concepto del servicio de la deuda externa.
Y a pesar que desde 1983 y 1984, enormes sectores de la opinión pública mexicana exigieron una profunda renegociación de la deuda externa, sobre la base de la corresponsabilidad, la corresponsabilidad en la pérdida por deuda externa, esto no se hizo a tiempo y México perdió una oportunidad extraordinaria de mantener una tasa histórica de crecimiento económico.
Nuestro producto interno bruto actual que ronda o puede rondar alrededor de 680 mil, 680 mil ó 700 billones de pesos, sería sustancialmente
más elevado si al menos se hubiera logrado mantener en los ochenta una tasa histórica de crecimiento del 5%.
Regresar pues a un producto como el que quizá tengamos este año, que es en términos reales apenas poco más de un 7%, el producto que podemos tener este año en México en 1991, apenas será, en términos reales, un 7% más alto al que teníamos en 1981. Evidentemente estaríamos ante una situación en la cual, después de 10 años, el crecimiento del producto interno bruto en términos reales apenas sería un dígito arriba de lo que fue la tasa histórica de crecimiento del producto en México en los años cincuenta, sesenta y en los años setenta. No podemos entonces compartir un triunfalismo cuando tenemos un mínimo crecimiento del producto, y lo que es más serio, cuando en un conjunto, repito, de sectores agrícolas e industriales, lo per capita, lo que a cada mexicano le corresponde en producción agrícola - industrial, sigue sustancialmente por abajo de la situación que existía en 1981 y 1982.
Otro problema que nos preocupa y lo hemos expuesto en diferentes ocasiones, es el problema del empleo. Apoyándonos en las propias cifras de los anexos del informe, observamos un elemento verdaderamente impresionante: en ocho años, de 1981 a 1989, el crecimiento del empleo en el sector formal de la economía, lo que se llama en los anexos del informe "Las ocupaciones remuneradas", únicamente creció en un 3.47%. No soy yo quien lo dice, es el anexo del informe presentado por el licenciado Carlos Salinas y eso significa que de 21 millones de mexicanos, 21 millones 549 mil mexicanos con ocupaciones remuneradas en 1981, hoy, en 1989, apenas hay 22 millones 296 mil mexicanos con ocupaciones remuneradas y nada indica, en información fragmentaria que disponemos de 1990, que haya habido una modificación fundamental en las tendencias en materia de empleo.
Si consideramos que la población económicamente activa de México es el orden de 30 millones, tenemos muy conservadoramente un nivel de subempleo del orden de ocho millones de personas y evidentemente por este mecanismo nunca será posible una reabsorción del desempleo abierto y de lo que es propiamente el subempleo estructural de la economía mexicana.
Otro punto que quisiera destacar: la participación de los salarios dentro del producto interno bruto. Quizá puede resultar prolijo en un análisis estadístico, no lo haré, solamente me remitiré a algunos datos muy breves:
En 1981, los salarios representaban el 37.4% del ingreso nacional. Y siguiendo los anexos del informe, para 1989 los salarios apenas representaban el 24.75% del producto interno bruto. Esto significa que en ocho años los salarios disminuyeron como participación en este producto interno bruto, en un 12.75% que globalmente significa una caída del 34% respecto al nivel que tenía en 1981.
Visto en términos puramente de agregados monetarios, esto significa que en el año de 1989, los salarios dejaron de percibir por esta caída de su participación en el producto interno bruto, dejaron de percibir 65 billones de pesos y en el año de 1990, los trabajadores dejaron de percibir por esta reducción de su participación en el producto interno bruto, dejaron de percibir 85 billones de pesos.
Y solamente si aplicamos la tasa del 4.8% de crecimiento del producto y aplicamos este índice de 12%, nos resulta una cifra sorprendente y es la cifra de que en el año de 1991, los trabajadores dejaron de percibir 89 billones de pesos.
Evidentemente, en comparación con esta cifra que representa la caída del ingreso de los trabajadores respecto al producto interno bruto, los gastos en el Programa Nacional de Solidaridad representan un gasto o un nivel verdaderamente ínfimo. Veamos los porcentajes: El Programa Nacional de Solidaridad representaría en 1989, apenas el 2% de lo que perdieron los trabajadores por la caída del ingreso .. (Aplausos.)
El Programa Nacional de Solidaridad representaría en 1990, apenas el 3.31% de la pérdida del ingreso de los trabajadores dentro del producto interno bruto, y en el año de 1991, que es el nivel histórico más alto relativo de estos gastos del Programa Nacional de Solidaridad en la presente administración, los gastos del Programa Nacional de Solidaridad apenas representarían el 6.29% de los 89 billones que los trabajadores mexicanos dejaron de percibir por efecto de su caída en la participación del producto interno bruto.
No podemos evidentemente compartir el entusiasmo que algunos voceros gubernamentales tienen dentro de la política de estrategia económica. Con un elemento más y ese elemento más es que ya un nivel del 37% de participación de los salarios en el ingreso nacional, es un nivel históricamente mucho más bajo del que teníamos a mediados de los años setenta y mucho más
bajo del que existe en las economías industrializadas, no podemos por tanto decir que ése es el mejor nivel, lo establecemos como punto de comparación porque es un nivel realista, mexicano, histórico, en el cual nos podemos apoyar respecto a las participaciones y porque los anexos del informe nos dan la base estadística para hacer este tipo de aseveraciones.
Y ¿qué vemos del otro lado?, vemos del otro lado que 37 personas dueños de grandes consorcios monopólicos y miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, controlan el 22% del producto interno de una lado tenemos cupulares con el 22% del producto interno bruto y del otro lado tenemos una población enorme de trabajadores asalariados de este país, que han tenido una caída vertical de sus ingresos, de su nivel de vida y de su posibilidad de sobrevivencia.
Otro aspecto que quisiéramos destacar y que es también un elemento clave para entender por qué cuestionamos los ritmos de negociación del Tratado de Libre Comercio, es lo que se refiere a la simetría entre la economía mexicana y la economía norteamericana. No estamos por una economía cerrada; estamos por una interdependencia compleja; por una integración productiva; por una apertura comercial selectiva con fortalecimiento del ingreso, del empleo, de la agricultura y de la industria.
Pero el no haber establecido el 12 de junio en Toronto una plataforma de negociación que tomara en cuenta, como punto de partida las asimetrías, es un error que puede calificarse como un error histórico, y voy a decir por qué:
El producto interno bruto de México en 1988, apenas significa el 3.65% del producto interno bruto de los Estados Unidos; el 3.65% de nuestro producto interno bruto y eso significa, por tanto, que el producto interno bruto de los Estados Unidos es un 2 mil 456% más alto que el producto interno bruto de México.
Si incorporamos a esta cifra el producto conjunto canadiense y de Estados Unidos, obviamente nuestra participación disminuye aún más. Aun así, como asumimos una posición crítica frente a ese proteccionismo indiscriminado, si estamos por esquema de negociación multilateral con Estados Unidos y Canadá y con América Latina.
Creemos que a pesar de las asimetrías, pueden establecerse mecanismos de negociación de tratados comerciales correctos; y el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, tiene una larga experiencia en materia de negociación multilateral donde toma en cuenta las asimetrías como punto de partida. Esto hizo Portugal, esto hizo Grecia y esto hizo España cuando negociaron, durante años y manera gradual, su incorporación a la Comunidad Económica Europea. Pero esto es lo que no se tomó como punto de partida en las negociaciones globales para la entrada de México al Tratado Trilateral de Libre Comercio.
Hay también una serie de argumentos que no fueron directamente expuestos en el informe, pero que están en el trasfondo, que quisiéramos cuestionar:
El problema de que se dice: "Los salarios van a aumentar con el Tratado de Libre Comercio".
Nosotros sostenemos que desde hace ya varios años hay una acelerada apertura comercial y en vez de aumentar los salarios con la apertura comercial, el diferencial de salarios entre México y Estados Unidos se ha incrementado, de tal manera que hoy el salario medio mexicano es diez veces más bajo que el salario medio de Estados Unidos.
Se afirma también que los empleos aumentarán con el Tratado de Libre Comercio. ¿Y cuál es la experiencia? La experiencia es que la industria maquiladora en 20 años de actuación en nuestro país, únicamente ha creado poco más de 450 mil empleos y 450 mil empleos creados en 20 años de maquiladoras, es menos del 50% de los empleos que cada año requiere este país para dar trabajo a los jóvenes que ingresan a nuestro mercado laboral.
Y por otro lado, hay una estimación que presenté anteriormente en el sentido de que el empleo sólo ha crecido, en ocho años, en un 3.75%.
Otro aspecto adicional y este es un aspecto que ha sido estudiado por Adriana López Monjardín, una investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es que también ha habido una caída del empleo en el sector agrícola y hoy tenemos una dificultad creciente para dar trabajo a numerosos campesinos y jornaleros.
Y la inversión extranjera, en vez de ayudar a un crecimiento del empleo, está creando otra serie de efectos colaterales, con reestructuración productiva en las plantas compradas por inversionistas extranjeros que afecta severamente los niveles de empleo y por otro lado, y esto es muy importante, hay un proceso de desindustrialización, especialmente la mediana y pequeña empresa, que no se quiere reconocer, pero que cuando uno observa el comportamiento de los pasivos que la pequeña y mediana empresa tienen
con el sistema bancario, uno dice: aquí hay amenaza de desindustrialización y procesos de desindustrialización.
Y hay que recordar que durante más de 40 años quien más empleo ha creado en este país, ha sido precisamente la mediana y pequeña empresa. Desindustrializar el país significa regresión en sustitución de importaciones y afectar nuestra estructura de empleo en los próximos años.
El medio ambiente, no me voy a extender, baste señalar la tremenda crisis ecológica que existe en la frontera norte del país, por la actuación de las maquiladoras. Un punto, sin embargo, antes de concluir, hay un punto, sin embargo, al que quisiera referirme y es que se afirma que se respetará la Constitución y nuestras leyes. Y el licenciado Carlos Salinas, el licenciado Serra Puche y otros altos funcionarios han reiterado esto, y por último, lo han vuelto a decir en Zacatecas.
Nuestro punto de vista aquí es que no se está asumiendo la opinión pública, muchos legisladores y quizá el propio Senado, no está asumiendo lo que está en juego. Y lo que está en juego es, en los hechos, un tratado que va a tener un clausulado y una serie de normas específicas en materia de regulación macroeconómica que se sobrepone a un conjunto de leyes ya establecidas que le dan al Estado mexicano la rectoría.
En la práctica y siguiendo aquí disposiciones constitucionales, podemos decir que un conjunto de facultades fundamentales que tiene el Estado en materia de rectoría de la economía del país, se convertirán en letra muerta, ya que la regulación económica estará en manos de estructuras económicas supranacionales en áreas como inversión, aranceles, propiedad intelectual, compras de gobiernos, subsidios, sistema financiero y otros.
Y otro elemento muy importante que los canadienses lo aprendieron después de haber firmado el tratado y es el elemento de que este tratado tendrá un clausulado sustancialmente más detallado y preciso que el marcado en la Constitución y en un conjunto de leyes reglamentarias y será, además, porque así lo establece la Constitución de México, de observancia general y obligatoria en todo el ámbito general y estará por encima de las leyes de entidades federativas y de disposiciones municipales.
No se está entonces asumiendo la complejidad de esta regulación macroeconómica que se sobrepone a la Constitución. Nosotros hemos sostenido, lo dijimos en Zacatecas, en la reunión del foro ciudadano, que prácticamente de instrumentarse un Tratado de Libre Comercio del tipo que firmó Estados Unidos con Canadá, estaremos asistiendo al nacimiento de una nueva república, de una república mucho más dependiente y subordinada y no es una afirmación gratuita, es que hay un conjunto de facultades que hasta este momento tiene el Estado mexicano por disposición constitucional que le serán expropiadas, no podremos unilateralmente establecer nuestra propia estructura arancelaria, no podremos regular inversión extranjera como si fuera eso, inversión extranjera, si no se establece que la inversión extranjera tendrá iguales facultades que la inversión nacional en el manejo de la economía del país. No habrá posibilidades de aplicar subsidios porque se nos podrá criticar de estar dando un apoyo que viola la equidad comercial en los intercambios entre los diferentes países.
Por todo lo anterior, nuestro partido en diversas ocasiones ha hecho diversas propuestas porque buscamos y defendemos una activa interdependencia económica. Una de estas propuestas va precisamente en la idea de modificar radicalmente los ritmos y tiempos de negociación y del esquema de negociación.
El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, presidente nacional de nuestro partido, ha propuesto en distintos foros nacionales e internacionales un tratado continental de comercio y desarrollo, y este tratado continental de comercio y desarrollo lo entendemos en la doble vertiente de negociaciones multilaterales con Estados unidos y Canadá y en la vertiente de negociaciones multilaterales con los países de Centro América y el Caribe y con los países de América Latina y esto implica una agenda distinta en ecología, en regulaciones migratorias, una agenda diferente en inversiones compensatorias.
Resulta, por ejemplo, sorprendente que lo que logran los griegos, españoles y portugueses, en sus negociaciones para ingresar a la Comunidad Económica Europea no esté en el tapete de la discusión, que son las inversiones compensatorias y los fondos de desarrollo regional para zonas de menor desarrollo relativo que pueden resultar afectadas por estos procesos de integración. No me voy a extender en este punto, quiero concluir. Pero en otro momento debemos con la soberanía que nos da el estar constituidos en la LV Legislatura, debemos entrar en estos problemas que no son problemas de detalle, porque son problemas que afectan la vida
económica de millones de trabajadores mexicanos para las próximas décadas. Pero renunciar de antemano a un reconocimiento en el texto del tratado en negociación, de la asimetría económica, excluir de las negociaciones la mercancía más importante que se negocie entre México y Estados Unidos, que es la fuerza de trabajo mexicana residente en la economía norteamericana; renunciar a un clausulado que tome en cuenta un estándar homogéneo de derechos laborales para los trabajadores de los tres países significa un retroceso histórico respecto a lo que fueron los patrones de negociación seguidos particularmente en el caso de la Comunidad Económica Europea.
Finalmente quisiéramos destacar algunos puntos de que tiene que ver con las propuestas globales hacia el futuro. Nuestro partido está convencido de que con el tránsito a la democracia será posible restaurar la república y reestablecer el orden constitucional con órganos de gobiernos emanados de la voluntad popular.
El pueblo mexicano a lo largo de su historia ha logrado una extraordinaria creatividad y estamos convencidos de que tenemos territorio, recursos naturales e infraestructura económica para construir con el esfuerzo de todos los mexicanos un sistema económico capaz de dar a todos los habitantes un adecuado nivel de vida, de social.
Apoyándonos en el proyecto histórico plasmado en la Constitución de 1917 y en el legado revolucionario de Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Villa, Zapata y el general Lázaro Cárdenas; consideramos que con el impulso y movilización democrática del pueblo y de una amplia convergencia de fuerzas democráticas, creemos posible un desarrollo integral, con crecimiento autosostenido, aumento del empleo y del ingreso de los trabajadores, diversificación productiva, desarrollo rural y autosuficiencia alimentaria; y además pensamos, y esto es de capital importancia de cara al Siglo XXI, que es viable construir un adecuado desarrollo regional, un nuevo federalismo económico y una nueva relación intersectorial dinámica que permita el bienestar campesino y el fortalecimiento del mercado interno.
Sostenemos que con un sistema económico diversificado, apoyado en una sólida agricultura, es factible una correcta vinculación al mercado mundial; en virtud de que, en conjunto de sectores, nuestra competividad no se basaría en salarios de hambre, sino se apoyaría como debe ser en un empresariado moderno, eficiente y dinámico, se apoyaría en una estructura productiva interna ágil, insertada en las corrientes mundiales del cambio tecnológico y además con una base tecnológica propia donde sean empresas propiedad de mexicanos, tanto de particulares, como del sector social, como del Estado, los que sean el eje fundamental en los intercambios internacionales.
¡Con democracia y una economía agrícola e industrial consolidada, es posible dar una sólida base a las relaciones de México con la economía mundial!
¡Sólo con el mejoramiento del ingreso, el empleo y el nivel de vida de los trabajadores del campo y la ciudad, se podrá generar una dinámica de crecimiento con justicia, soberanía, democracia y respeto a los derechos humanos!
¡Realizar esta aspiración, es el reto de nuestro tiempo! ¡Democracia ya, patria para todos! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias por su participación, diputado.
Tiene la palabra el diputado Felipe de Jesús Calderón, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias, señor Presidente; gracias señores diputados:
Tercer Informe de Gobierno referido al estado que guarda la nación en el área económica, lo resume el Ejecutivo con la frase con la que titula el capítulo respectivo: "La economía del crecimiento".
Tuvieron que pasar años, décadas, para que el gobierno mexicano reconociera en materia económica algunos de los equívocos en que incurría, reiteradamente y especialmente a partir de los años setenta y que mantuvo a los mexicanos en un estado de postración y de miseria, del cual ahora culpan o se culpa a regímenes anteriores.
Nosotros desde 1939 habríamos sostenido que el estado tiene autoridad, no propiedad de la economía nacional.
Hace apenas año y medio, desde un informe presidencial también, se hicieron comparaciones entre el estado justo y entre el estado propietario.
En nuestra plataforma presidencial de 1964, nosotros propusimos la reforma del Estado, con
la implicación fundamental del respecto al federalismo, a la separación de poderes, al municipio libre y al sufragio efectivo, postulados revolucionarios que los gobiernos priístas no han sido capaces de cumplir a plenitud.
Y propusimos también en esa reforma del Estado una delimitación clara y subsidiaria de la actividad del Estado.
En nuestra plataforma de 1960 y reiterada en la de 1979, sostuvimos y propusimos la tesis del estado solidario y democrático. Hoy, como muchas tesis anteriores, el gobierno las asume como propias. Algunos elementos de la reforma económica que tiene el lugar hoy en día, si se hubieran llevado en México cuando y como lo propusimos, hubiésemos mitigado enormes carencias y hubiésemos ahorrado a la nación la enorme sangría de recursos que implicó el "despilfarro", el "endeudamiento desorbitado", el "gasto frenético y desordenado de gobiernos y sexenios", a quienes ahora se mira como si proviniesen de otro partido, de otro país o de otro planeta.
Si se hubiese hecho caso, antes, a muchas propuestas del Partido Acción Nacional, hubiésemos tenido entonces crecimiento sano y sostenido y no esa larga agonía de la patria que ha seguido la nación.
Desde que la política económica reconoce a la sociedad y a la iniciativa como una fuente fundamental de crecimiento y mejoramiento social, tesis panista, comenzaron a registrarse en el país nuevamente tasas de crecimiento significativo. Sin embargo, y a pesar de que la política económica recoge alguno de estos elementos indispensables para una economía sana, esta a quedado desprovista de elementos humanos indispensables, esenciales, que partan de la consideración del hombre concreto, del ser humano concreto que enfrenta los efectos de un programa de ajuste que se prolonga en demérito de grandes capas de la población.
La ausencia que tiene el mensaje presidencial a la distribución del ingreso, es probablemente reflejo a la ausencia que tiene el programa económico del gobierno respecto de esa distribución. Los logros de la política económica han tenido un costo que lejos de haber sido distribuido equitativamente en la sociedad, se ha cargado en las espaldas de los mexicanos de menores recursos, especialmente de quienes perciben ingresos fijos como los asalariados o los pensionados y desde luego en aquellos que ni siquiera los perciben: los desempleados regularmente, los desempleados urbanos y los cientos de miles de compatriotas que anualmente siguen cruzando la frontera, arriesgando la vida en pos de un trabajo que en nuestro territorio no pueden conseguir.
Durante la década pasada, en la que básicamente se circunscribe el programa de ajuste desde su inicio, diseñado y manejado desde entonces por los titulares de la Secretaría de Programación y Presupuesto, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha reducido en términos oficiales en un 57%. Y pudiera decirse que esta pérdida de poder adquisitivo obedeciera exclusivamente a fenómenos inflacionarios y que en el momento en que la inflación fuese combatida se revertiría la tendencia, pero no fue así.
Lejos de ser revertida, la estrategia del pacto se ha basado precisamente en una mayor reducción del salario. Así, durante su vigencia desde diciembre de 1987, mientras los precios según el índice oficial han aumentado en 158%, el salario mínimo sólo aumentó en un 111%, que en términos reales implica una pérdida de casi 30% en estos tres años.
Como se sabe, en el país existe un significativo rezago en materia de distribución de ingreso, que no es abordado con suficiencia ni en el informe ni en los anexos.
Deficiencias estructurales, fruto de políticas concatenadas, erróneas o demagogas, o ambas cosas, han hecho de la sociedad mexicana una de las económicamente peor distribuidas por regiones y por estratos. Por ejemplificar con algunos casos, el ingreso per capita en el Distrito Federal es casi veces el de Oaxaca. El 20% de la población que gana más, gana 21 veces más que el 20% que gana menos. Y según los datos del Consejo Nacional del Programa Nacional de Solidaridad, más de la mitad de los mexicanos viven en la pobreza y el 22% en la pobreza extrema.
Mientras el 10% de la población con mayores ingresos consume el 21% de los alimentos, el 30% más pobre consume sólo el 13%.
Señalamos que el reto fundamental del gobierno debe ser no el crecimiento por sí mismo, sino el crecimiento logrado de manera tal que permita a todos los mexicanos posibles, participar en los beneficios del desarrollo. Ello todavía no ha ocurrido por rezagos y "cuellos de botella" generados, ciertamente, en décadas, pero también, hay que decirlo, porque el programa de estabilización y recuperación no beneficia por igual, sino que, y concretamente la política antiinflacionaria, continúa beneficiando regiones y sectores productivos
específicos y persiste en la contención salarial. En el control de precios, por otra parte, se está circunscribiendo a aquellas empresas pequeñas y medianas que no cuentan ni con la capacidad de gestión y cabildeo, ni con el tamaño suficiente para abstraer sus precios a dicho control, como hacen las empresas mayores.
Se privilegia la exportación y las manufacturas, pero el mercado interno continúa deprimido.
Acción Nacional reitera que no cumple con los fines de la economía el simple aumento cuantitativo o cualitativo de las cosas, a expensas de la justicia en la distribución del producto, de la cooperación social o de las libertades y derechos de las personas y de las comunidades.
Se señala en el informe un crecimiento en el primer semestre de este año de casi un 5% anualizado y se califica al mismo de sano y sostenido. Es pertinente señalar que independientemente de la forma en que se haya distribuido ese crecimiento al que ya hemos aludido, no puede afirmarse todavía que se caracterice por ser sano y sostenido. En efecto, la experiencia nacional nos ha demostrado sobradamente que el crecimiento acelerado provoca repuntes inflacionarios que deterioran sus beneficios y terminan más pronto o más tarde por cancelarlo; el crecimiento inmoderado genera situaciones económicas de freno y arranque, incapaces de consolidar estabilidad económica y aún estabilidad política.
Para no ir más lejos, señores diputados, quiero citar y referirme a lo que el propio gobierno y el propio Presidente de la República han señalado a este respecto. En efecto, en el Plan Nacional de Desarrollo 1989 - 1994, vigente desde luego, se señala lo siguiente: "Habremos de ser firmes para evitar poner en peligro la estabilidad y con ella la posibilidad real de alcanzar el crecimiento sostenido y justo con apresuramientos, que llevarán a querer lograr el aumento rápido de la actividad económica antes de crear las condiciones para su permanencia"; y agrega el propio plan: "El crecimiento permitirá satisfacer demandas aplazadas, pero es preciso proceder sin rebasar la disponibilidad de recursos resultante del aumento gradual de la actividad económica.
Un crecimiento con precipitación, señala el plan, favorecería la aparición de cuellos de botellas o estrangulamiento del aparato productivo. La infraestructura será suficiente y como resultado resurgirá la inflación y reaparecerían las crisis recurrentes. Primero es crecer con estabilidad y sólo en esa medida aumentar los recursos globales para atender las demandas, proceder al revés sería deshacer lo logrado. En lo inmediato, lo fundamental es asegurar el abatimiento de la inflación y propiciar crecimiento sólo en la medida en que se consoliden las condiciones para que el mismo no presione al alza a los precios".
Es así, señores diputados, que la moderación en el crecimiento ciertamente es una exigencia que compartimos con los proyectos gubernamentales, exigencia que no ha sido cumplida o no ha podido alcanzarse en el período que se analiza. Es en este sentido ..
El presidente: - Disculpe usted, señor orador.
Ruega a todos los asistentes a esta sala, diputados o no, guardar el silencio y el orden necesarios para que el orador pueda expresar con libertad sus ideas. gracias.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias a usted, señor Presidente:
Es así señores diputados, que aunque compartimos la moderación que reclaman los programas del gobierno, esta moderación en el crecimiento no se cumple en el período que se analiza. En este sentido precisamente, la Cámara de Diputados aprobó a fines del año pasado los Criterios Generales de Política Económica, en ellos se establece una meta de crecimiento moderado, que se ubica para este año entre un 2.5% y un 3%; esta expectativa, ciertamente moderada, se ha rebasado con el 5% anualizado que se presenta en el informe, es decir, casi el doble de la meta prevista y que en consecuencia refleja que si bien es cierto que hay crecimiento, éste no tiene la moderación que requiere el propio Plan Nacional de Desarrollo y los Criterios de Política Económica. Esta situación repite lo ocurrido ya el año pasado, cuando la tasa de crecimiento esperada, según el mismo documento de criterios, era de casi 3% y alcanzó en términos oficiales el 4%. Puede afirmarse entonces que efectivamente, como señala el informe, hay crecimiento económico, pero es prematuro encuadrarlo como un crecimiento verdaderamente sano o sostenido, ya que no encuadra en los términos de moderación sometidos por el Ejecutivo al Congreso y aprobados por éste en los criterios generales de política económica y en el Plan Nacional de Desarrollo sobre el cual opinó en su oportunidad.
Deja ver más bien este crecimiento casi el doble de lo previsto, el riesgo que el propio documento señala de que un crecimiento con precipitación favorecerá la aparición de cuellos de botella o estrangulamientos del aparato productivo, la infraestructura
resultará insuficiente y como resultado resurgirá la inflación y reaparecerían las crisis recurrentes. En efecto, señores, lo primero es decir el repunte de la inflación ya ocurrió después de varios años consecutivos de baja en las tasas de inflación, dos años concretamente, 1990 registró un significativo y preocupante repunte, si en 1988 la tasa oficial había alcanzado el 19.7% se preveía para 1990, según los criterios, una tasa de 14.5%; sin embargo, oficialmente la inflación resultó en casi un 30%, es decir, el doble de lo esperado. Para este año la tasa de inflación prevista es de 14%, meta que está ya prácticamente superada y que será imposible lograr en lo que resta del año. Este repunte inflacionario es importante no tanto por su magnitud, sino porque significa la interrupción de una tendencia antiinflacionaria y preocupante, de alcanzar la meta ofrecida de un dígito en términos competitivos con otras economías con las cuales vamos a comerciar.
Será necesario entonces que el Congreso conozca y vigile estrictamente los instrumentos de política monetaria, en especial la política crediticia del Banco de México y la oferta monetaria y la sujeta a las necesidades no del gobierno sino de una economía verdadera competiva y regida en todo caso por el mercado de dinero.
Por otra parte, habla el informe de un superávit de casi 10 millones de pesos, ahí mismo se aclara que el superávit es producto de la venta de Teléfonos de México y de los bancos. Es necesario señalar que esta aplicación del producto de la venta de estas paraestatales es incorrecta no sólo en términos de que se trata de ingresos obtenidos por una sola vez y en consecuencia no es debido incorporarlos como si se tratara de un ingreso permanente, sino porque los mismos criterios que está obligado a seguir el Presidente, es decir los Criterios de Política Económica, señalan expresamente la necesidad de no considerar como ingreso ordinario el producto de esas ventas.
Cito textualmente los Criterios de Política Económica para 1991.: "La programación no incorpora probables ingresos extraordinarios por las ventas de la banca comercial o la compañía telefónica; en dichas ventas el objetivo fundamental es obtener las mejores condiciones para la nación y no el de cubrir las finanzas públicas de un año".
De tal manera, señores, que si se examina bien y si se atiende al criterio de política económica, al que está obligado a seguir el Presidente, no existe tal superávit sino más bien un déficit que el primer semestre alcanzó 5.4 billones de pesos que sí se especifica en los anexos y no se especifica en el mensaje presidencial.
En otro orden de ideas, ciertamente ha habido reducciones significativas al presupuesto; sin embargo creemos pertinente advertir que la esencia de esta reducciones obedece a un reducción en el pago de intereses de la deuda interna, es decir, la deuda que el gobierno tiene con los propios mexicanos. Esta reducción de tasas, a pesar de que tiene una correlación positiva con el crecimiento y que es benéfica en términos generales, no ha repercutido como debiera en beneficio de los productores y mucho menos aún de los ahorradores mexicanos, puesto que la carencia de un mercado financiero eficiente ha hecho que la enorme diferencia entre las tasas activas y pasivas del crédito, no sólo no se ha reducido sino que se incrementa a medida que pasa el programa de ajuste.
En efecto, si en diciembre de 1987 las tasas activas estaban un 20% por arriba de las pasivas, para diciembre de 1989 se encontraron un 74% arriba, y en septiembre de este mismo año, es decir antes del informe, las tasas activas, es decir lo que cobran los bancos, se situaron un 100% por encima de las pasivas, pues que la tasa promedio activa de la banca fue de 35%, mientras las tasas que pagó, las pasivas, de un 17%. ¿Qué implica esto? Implica que la reducción de las tasas de interés no ha beneficiado a los productores, no ha beneficiado a los ahorradores y sólo ha beneficiado en gran parte a los especuladores del dinero del gobierno, de los bancos y de las casas de bolsa.
Además de esta reducción presupuestal, casi el 85% se logra por este concepto de reducción de tasas de interés y se combina el déficit o la reducción del déficit financiero o el superávit, dependiendo del concepto que tomen, si toman indebidamente el concepto de venta de bancos y de teléfonos, esto se logra con una combinación de un incremento de 16% de ingresos en los impuestos y tarifas del sector público.
Ya hizo aquí Adolfo Kunz Bolaños una alusión, comentarios respecto de la distribución de la carga impositiva, la hará el Partido Acción Nacional en el momento de revisar la Ley de Ingresos para el año entrante, pero lo que en términos generales podemos percibir del propio informe, es que la reducción del déficit financiero se alcanzó más bien por un esfuerzo de la sociedad, de los contribuyentes, de los ahorradores, debido también a una más severa recaudación
fiscal que en momentos se llegó a calificar de persecutoria, que por un esfuerzo verdadero de racionalidad dentro del sector público, que refleja todavía severas ineficiencias en el aparato burocrático y en la administración de algunas paraestatales, como el propio informe lo reconoce en el caso de la compañía eléctrica.
Otro rubro que para el Partido Acción Nacional es de fundamental importancia, estriba en la distribución del gasto público por regiones y concretamente referido al federalismo económico, es decir, a las participaciones de los estados y municipios. Sostenemos que no podrá afirmarse la vigencia del federalismo si no existe un aumento sustancial radical en las participaciones a los estados y municipios que hagan realidad la vigencia de los principios federales y del municipio libre.
Para ejemplificar también, en 1990 las participaciones a los estados, municipios y otros, como señala el reporte, significaron sólo la décima parte del gasto total neto del sector público presupuestal y menos de la tercera parte del gasto o bien menos de la tercera parte de los intereses y gastos de la deuda.
Los recursos que históricamente se incorporaban en el presupuesto a estas participaciones a los estados y municipios, generan ahora la partida de Solidaridad y Desarrollo Social, como aparece en el presupuesto y no sólo eso, si no que en los programas de Solidaridad se asienta que los estados y municipios han contribuido, o sea, no sólo no reciben en términos presupuestales, sino que además han contribuido con casi 3 billones de pesos a cumplir las metas del Programa Nacional de Solidaridad.
Si se toma este rubro en consideración, el gasto ejercido por Solidaridad, 8.4 billones de pesos, significa una cifra 12% superior al programa de inversiones de Petróleos Mexicanos; 2.5 veces también superior las cifras de la inversión pública federal para el desarrollo rural en las 32 entidades federativas, es decir, por la partida del Programa Nacional de Solidaridad se va casi dos y media veces más dinero que todo lo que el gobierno federal invierte en desarrollo rural en todas las entidades del país, incluido el distrito Federal.
El sistema fiscal, tal como está ahora, concentra la recaudación en la federación, los estados carecen de recursos suficientes para hacer frente a las necesidades de su población.
Se requiere que este Congreso, señores Diputados, revise la Ley de Coordinación Fiscal, puesto que el Fondo General de Participaciones a los Estados está limitado a 18.51% de la recaudación participable, la cual excluye los impuestos e ingresos sobre hidrocarburos, tenencia de vehículos y otros.
Por lo que respecta al Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, hemos señalado que con todo y en los resultados eficaces obtenidos en materia antiinflacionaria hasta 1988- 1989, no resulta benéfico para la nación que se continúe con un sistema de toma de decisiones eminentemente cupular ajeno a la representación nacional que es, en términos legales, el Congreso de la Unión.
Por otra parte, se ha convertido en un programa permanente lo que se diseñó y anunció como un programa transitorio. Los tres meses originales del pacto se han prolongado casi cuatro años y no se encuentran todavía los caminos adecuados para entrar a un sistema de precios reales que requiere una economía de competencia.
La dualidad que implica por una parte la contención salarial y por la otra la liberación selectiva de los precios, ha generado un sacrificio para los trabajadores y para los pequeños y medianos empresarios que operan en el margen de competencia sin poder recapitalizarse y adquirir tecnología que les permita competir en el futuro en un mercado libre. Situación que sí han logrado, de recapitalización y de tecnología, las empresas que tienen un mayor tamaño y un mayor margen de utilidad que, por otra parte, gracias a su capacidad de negociación y cabildeo en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, son las únicas beneficiadas por la liberalización selectiva de los precios.
La fijación selectiva del tipo de cambio es una medida inflacionaria ciertamente adecuada a economías en proceso de apertura como la nuestra. Sin embargo, a medida que el programa antiinflacionario se prolonga y el libre comercio se acerca, se convierte el tipo de cambio fijo en un obstáculo al mismo y su necesaria remoción o ajuste, más pronto o más tarde, puede provocar nuevos desajustes en la economía que echen a perder todo lo logrado hasta ahora.
Por otra parte, en el mensaje del Ejecutivo, se hacen amplias explicaciones acerca de la cuenta corriente, la balanza de pagos y el comportamiento de las reservas monetarias.
Si bien es cierto que la balanza de pagos muestra un superávit, es necesario analizar con cuidado
sus elementos de asumir conclusiones imprecisas.
Por tercer año consecutivo el crecimiento de las importaciones ha rebasado lo previsto, en 1990 el déficit presupuestado en la balanza comercial era de sólo 2 mil 400 millones de dólares. En términos oficiales el déficit que realmente sufrió la economía nacional en la balanza comercial en 1990 fue de 4 mil 500 millones de dólares, es decir, 2 mil millones de dólares más y si no hubiésemos tenido los ingresos extraordinarios por petróleo derivados de la guerra de Kuwait, el déficit en la balanza comercial hubiera alcanzado los 7 mil 500 millones de dólares.
Es decir, el déficit en la balanza comercial se amplía. Las importaciones crecen mucho más rápido de lo previsto y aumentarán mucho más con la entrada en vigor del Tratado del Libre Comercio.
La esperanza del gobierno, como se afirma, queda entonces cifrada en el flujo de capitales y de inversión, con la esperanza de que continúe en mayor volumen que el déficit comercial que se registra y que se seguirá registrando.
Nosotros ciertamente hemos señalado por lo menos 35 años antes de que el Partido Revolucionario Institucional - gobierno lo reconociera, que la captación de ahorro externo por la vía inversiones directas era positivo para el país. Sin embargo, nos preocupa que la esencia de la inversión extranjera de este año, es sustancialmente especulativa, es inversión bursátil y, en consecuencia, de ninguna manera es elemento sobre el cual pueda fincarse una balanza de pagos permanentemente superavitaria.
En efecto, la inversión extranjera captada por nuestro país, en el primer semestre ascendió a 7 mil 300 millones de dólares, pero de esta inversión sólo 1 mil 400 millones de dólares corresponden a inversiones directas, el resto, es decir 5 mil 900 millones de dólares que constituyen el 81% del total de la inversión de este año es una inversión especulativa, volátil y que es consecuencia, cambiando las circunstancias políticas o económicas del país o la rentabilidad de esta inversión, en cualquier momento regresará por donde vino.
Y todavía habría que separar de la inversión directa cuál se destina efectivamente a nuevas adquisiciones, a reemplazo de maquinaria o a nuevas plantas productivas de aquella que se limita meramente a la compra de empresas mexicanas por parte de extranjeros. El rentismo empresarial del cual se habló inclusive en el informe.
En materia de empleo, que ya se ha mencionado aquí por otros partidos, en el informe, en el mensaje presidencial se manejan cifras verdaderamente increíbles. Se habla por ejemplo de una tasa de desempleo de 2.6%, tasas que no son alcanzadas ni siquiera por las economías más desarrolladas.
Esta cifra es de tal manera inverosímil que ni siquiera la considera la Secretaría del Trabajo, puesto que no la incluye en el informe por dependencias en el anexo del informe. La cifra, por ejemplo, considera a la población económicamente activa de 12 años de edad o más; probablemente se basa en la encuesta nacional de empleo urbano que es completamente inadecuada por varios conceptos, primero porque se limita a recoger muestras poco significativas, tan sólo en el Distrito Federal, en Guadalajara y en Monterrey, e ignora en consecuencia la dura realidad del empleo en otras ciudades de provincia y sobre todo desestima por completo la problemática del empleo en el área rural. Llega a considerar esta encuesta como ocupados por ejemplo, a quien en la semana trabajó al menos una hora, a quien trabajó sin percibir remuneración y a quien espera obtener trabajo al menos en el próximo mes.
Nos distingue tampoco entre el trabajo de un empleado, de un empresario o de los miles de subempleados que crecen en el país. Es más, esta encuesta oficial ignora u omite dar cifras de la realidad del desempleo, que por otra parte se indica en el informe que ha aumentado sin precisar la magnitud de tal aumento.
Otros datos oficiales de mejor consideración, que no se incluyen en el informe, son los que da el Consejo Consultivo del Programa Nacional de Solidaridad que calcula un desempleo del 12% y un subempleo del 40%. Esto no se informa.
En otro orden de ideas, consideramos adecuado, salvo lo que resulte de una revisión más precisa, que se canalicen o se hayan canalizado recursos del Fondo de Contingencia a la cancelación de pasivos de deuda interna. Sin embargo, no compartimos la conclusión, cuando menos retórica, de que los ingresos de las privatizaciones se destinarán así a programas de beneficio popular, no sólo durante un año sino de manera continua.
¡Por qué no estamos de acuerdo en esta afirmación? Porque el pago de deuda interna es eso precisamente, el pago de un dinero que ya se gastó, no un abono al futuro sino un pago del pasado. Los recursos de la deuda debieron haber sido en su momento empleados en obras
públicas o de beneficio popular; probablemente lo fueron, probablemente no, pero finalmente ya ase gastaron, y lo que se hace ahora de transferir los recursos del Fondo de Contingencia al pago de la deuda interna, no es otra cosa que saldar una cuenta de un período económico a otro, pero no como pretende señalar el informe, abonar ahora a gastos de beneficio social en el futuro de manera permanente.
Con respecto al Tratado de Libre Comercio, hemos sostenido y sostendremos que los intereses nacionales no están debidamente representados mientras no se le dé al Congreso, integrado por los únicos representantes del interés nacional que la Constitución, reconoce, la participación que debe tener como poder controlador de los actos de comercio exterior, en los términos del artículo 131 constitucional.
Ciertamente somos partidarios de la libre competencia en las relaciones comerciales, pero sostenemos que existen áreas y sectores que por diversas razones deben ser especialmente reservados y salvados de las fuerzas de libre comercio, y son, en nuestro concepto, los grandes básicos, en productos agrícolas, el petróleo y la petroquímica, no sólo en lo que se refiere a la propiedad de los mismos, sino y sobre todo, a que no se admitan en el tratado cláusulas de abasto forzoso de energéticos, los servicios financieros y los productos relacionados con la cultura.
Señalamos desde el primer momento que en materia de tratados de libre comercio, sólo serían aceptables si su contenido no trunca la multidireccionalidad de nuestra economía y si el gobierno era capaz de establecer con claridad las medidas de política pública, tendientes a paliar los efectos negativos del ajuste, que todos sabemos se van a presentar. Concretamente, en otras economías, la americana, se ha obligado el gobierno a tener un programa que enfrente el desempleo friccional o coyuntural que se va a generar por aquellas áreas que van a ser desplazadas en el libre comercio. En México carecemos todavía de un programa de ajuste, o de prevención gubernamental respecto de los efectos inmediatos de la entrada en vigor del tratado.
Aceptamos desde luego la información que el Ejecutivo ofrece al Congreso, pero y aquí atención señores diputados que puede ser de su interés, en el texto del informe se señala que ya se iniciaron las revisiones de los textos en las negociaciones trilaterales. Si ya se están revisando ahí los textos o los borradores, el Partido Acción Nacional exige que de inmediato se ponga al Congreso en conocimiento de tales textos del Tratado de Libre Comercio, a fin de examinar a cabalidad si las propuestas en ellos contenidas son conforme a los intereses nacionales. (Aplausos).
El Partido Acción Nacional ha señalado desde su función que el campo es problema fundamental del país y es básicamente un problema de elevación humana. Señalamos y reiteramos hace unos días en nuestra propuesta de consenso que un problema medular consiste en dar seguridad en la tenencia de la tierra; sostenemos la necesidad de que se termine con el régimen obligatorio de organización colectiva y se sustituya por uno voluntario y que se creen las figuras jurídicas necesarias para permitir la asociación de productores, el arrendamiento y formas que fomenten la constitución de unidades productivas de escala verdaderamente competitiva. La política pública debe considerar como prioridad nacional el campo, el desarrollo rural, el crédito, la tecnología y la educación agrícola.
Se informa en el área de petroquímicos que se mantendrá el control y la operación de éstos, perdón, en el área de energéticos por parte del Estado, pero se nos informa también que destaca la autorización para construir plantas generadoras de electricidad con financiamiento privado que, según se desprende del texto del informe, serán operadas por particulares hasta que sean liquidados sus financiamientos.
De la misma forma se anuncia que se han acelerado los trámites para el otorgamiento de permisos en la petroquímica secundaria. No se señala que se ha reclasificado ya la petroquímica y se ha reducido el sector de petroquímica básica.
Señalamos el hecho únicamente para indicar que la designación de estos ámbitos de competencia de los particulares en sectores estratégicos, deber ser analizado y dictaminado por la ley por el Congreso de la Unión y no resuelto en las mesas de dependencias gubernamentales de la administración pública.
Finalmente, el titular del Ejecutivo hace referencia a que las reformas económicas no se consolidan sin instituciones y sin política.
Nosotros hemos dicho que la reforma política y la reforma económica, deben ir conjuntas en un proceso integrado de la realidad nacional.
Las afirmaciones del informe distan mucho afortunadamente de las pronunciadas en la gira europea,
donde se afirmaba la subordinación de la reforma política hasta en tanto no se completase con éxito la economía.
Sostenemos que la concentración de decisiones políticas en manos muy lejanas a la determinación del pueblo, genera también la concentración de las decisiones y de los beneficios económicos.
Cuando la administración federal, estatal o municipal, sabe que no enfrenta realmente la sanción, electoral, se comporta con impunidad administrativa. El gasto y el despilfarro carecen de control real en la sociedad y no admiten restricciones. Los actos de los gobernantes carecen de sanción política y quebrantando en lo electoral el estado de derecho, no existe norma jurídica a la cual sujetarse en caso de que ésta contravenga los intereses del gobernante.
Pero además, sostenemos que no tiene por qué buscarse justificación económica a la democracia. La democracia al igual que la libertad, al igual que la justicia son valores en si mismo valiosos, intrínsecamente justificados y el suponer que la realización de los mismos implica obstaculizar los proyectos de la tecnocracia constituye ello una ofensa a la persona y a los pueblos en sí misma.
Queremos el cambio democrático, como queremos el cambio económico. Si hay aciertos en la política económica, sostenemos que deben completarse con una política distributiva real que anteponga la distribución a los estados y municipios, la distribución para el desarrollo regional. Pero sobre todo, que no puede tenerse con éxito una reforma económica global, si se siguen concentrando las decisiones políticas.
Esperamos que haya sentido común en el Congreso; esperamos que el discurso oficial sea el que reconoce en el informe que hubo defectos en el padrón y que se tiene que avanzar hasta la cédula de identidad ciudadana y que no el mensaje oficial sea el que escuchamos ayer; que lo que queremos es que le pidamos cartas de recomendación a los electores para que puedan votar. Esas recomendaciones, esas bromas, diputado Rodríguez Prats, hágaselas al Presidente si quiere, Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias por su intervención señor diputado.
Para terminar la primera ronda de oradores, tiene la palabra la diputada María de los Angeles Moreno, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada María de los Angeles Moreno: - Con permiso señor Presidente; compañeros diputados:
Consciente del honor y la elevada responsabilidad que significa, acudo a esta tribuna para comentar aspectos del III informe Presidencial. Sé que en este recinto habrá de producirse el intercambio de ideas que corresponde a una representación plural y diversa, como es hoy en día nuestra sociedad nacional.
Los argumentos y opiniones, las convergencias o discrepancias habrán de darse, no me cabe duda, con el ánimo de todos los que tenemos el honor de ser representantes populares, de contribuir al perfeccionamiento de nuestra democracia, de nuestras instituciones y, sobre todo, al logro del bienestar social.
El análisis del estado que guarda la administración pública es no sólo una responsabilidad fundamental que nos atañe como representantes de la nación. Es también un ejercicio con profundo contenido democrático, pues nuestra opinión y orientaciones deberán reflejar las de nuestros compatriotas, cuyo beneficio y libertades constituyen el objetivo primordial de nuestra actuación y de toda acción gubernamental.
El III informe del presidente Carlos Salinas de Gortari es un documento en el que sobresale la necesidad del cambio planteado por la sociedad mexicana para fortalecer nuestra existencia como nación soberana, libre y justa. El hilo conductor del informe es el nacionalismo y su preocupación central lograr que los avances económicos, que indudablemente se perciben, se reflejan en la superación de las condiciones de vida de los mexicanos.
Corresponde hoy analizar la parte de política económica y social del propio informe. Y, qué duda cabe, que nuestra mayor preocupación es el bienestar del pueblo.
Se ha dicho, a mi juicio con razón, que la década de los ochenta fue una década perdida para el mundo en desarrollo.
Desde los inicios de la década, se hizo patente una profunda crisis económica, originada, entre otros factores por el marcado descenso de los precios internacionales del petróleo. El alza de las tasas de interés del sistema financiero internacional y la elevación de las barreras comerciales.
Al responder a sus situaciones de recesión, los países industrializados provocaron un drástico
deterioro de los términos de intercambio y del volumen de exportaciones de los países en desarrollo, lo que provocó en éstos la consecuente pérdida de divisas y una elevación de la carga de su deuda externa.
Estos factores, sumados a problemas acumulados y decisiones inadecuadas en la coyuntura económica del país, provocaron que México cayera en la crisis más profunda de su historia moderna.
Crisis, cuyas principales características fueron una deuda externa excesiva y niveles de déficit sumamente elevados, tanto en las finanzas públicas como en nuestra relación comercial con el exterior.
Como consecuencia de lo anterior, en los años subsecuentes y a pesar de los avances realizados por el país en la corrección de los agudos desequilibrios que lo afectaban, los principales indicadores del panorama económico nacional manifestaron un marcado deterioro, en algunos casos, alarmante: La crisis para el sabio chino se escribe con un hexagrama que significa riesgo y oportunidad.
Yo sostengo que México y en cuanto a la crisis, se afrontó el riesgo y la oportunidad se está maximizando. En efecto, durante esa llamada década perdida, se llevó a cabo un profundo programa de ajuste y estabilización que está permitiendo en la actualidad la recuperación del dinamismo económico en México.
A la crisis se enfrentó y se sigue enfrentando con éxito, la vitalidad de la nación. Diversos indicadores permiten sustentar esta tesis, pero antes de comentarlos, vuelvo a destacar que sería inútil negar que la insalubridad, la mal nutrición, la insuficiente educación son todavía acompañantes cotidianos de un gran número de mexicanos. Nadie puede negar la existencia de carencias y rezagos; en eso parecemos coincidir todos. Mi partido lo ha reconocido siempre, con la responsabilidad de quien quiere superar atrasos, deficiencias e iniquidades.
El país ha enfrentado un reto de enormes magnitudes que debía de ser superado para sentar las bases del desarrollo futuro. Se trataba de un cambio profundo de estrategias que habría de confrontar fuertes obstáculos, pero que el gobierno, atendiendo al reclamo de la población y respetando los principios que ha cimentado sólidamente nuestra historia, tenía que llevar a cabo. El cambio se ha impulsado a fondo y con rapidez, pero no sin sentido. Su orientación tiene propósitos claramente establecidos. Se ha propuesto modernizar a México para asegurar la vialidad económica y la estabilidad política en un clima de amplias libertades y de mayor justicia social.
Es en este contexto donde debe darse el análisis; es bajo este enfoque real donde deben surgir las propuestas. Es necesario elegir los mejores instrumentos y las soluciones viables. La política se define muchas veces como el arte de lo posible y la economía como la ciencia que busca distribuir eficazmente los bienes escasos. El diseño de políticas y proyectos debe tomar en cuenta lo reducido de los espacios para generar opciones realistas y asequibles.
No basta formular buenos propósitos que todos compartimos. Hay que expresar también las opciones que abordando la totalidad del problema se ubiquen dentro del rango de lo factible.
Así pues, el análisis de la acción gubernamental debe realizarse en forma objetiva, ponderando avances y recursos, revisando ideales y posibilidades. En estos tres años, los mexicanos con esfuerzo y trabajo sostenido hemos avanzado; la economía ha logrado progresos significativos en el camino de la estabilidad y el crecimiento sostenido.
La estrategia de modernización económica emprendida ha rendido frutos claros y alentadores. Algunas evidencias innegables de este avance son las siguientes:
1. Se aprecia un incremento sostenido del Producto Interno Bruto que en 1989 aumentó 3.1% y el año pasado 3.9%. En los primeros seis meses de 1991 se presentó un crecimiento de casi 5%. Así en los últimos tres años la tasa anual de crecimiento ha sido superior a la de la población, con lo que se ha logrado un aumento continuo del producto por habitante.
En este año destaca la evolución del sector agropecuario que ha tenido un incremento no logrado desde 1981. En efecto, después de crecer más del 3% en 1990 subió casi 7% real en el primer semestre de este año. No cabe duda que como gran prioridad nacional que es, habrá que subrayar apoyo integral al campo, mayores recursos y respaldo a las formas de tenencia que marca la Constitución.
El sector servicios, por su parte, refleja en especial el comportamiento dinámico de los transportes,
las comunicaciones y el turismo, que muestran efectos favorables de las medidas de desregulación y modernización.
En la industria sobresalen las ramas, ligadas con la producción de bienes de capital que acrecentarán la eficiencia del aparato productivo.
2. La inflación muestra una clara tendencia a la baja, en tanto que el crecimiento promedio anual de los precios entre 1982 y 1988 fue de más de 85%, la inflación acumulada en los primeros nueve meses de 1991 fue de 11.9%, la más reducida en 16 años.
El control de las finanzas públicas ha sido un instrumento para la estabilización de los precios, su efectividad ha sido reforzada por la concertación realizada en el marco del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico.
La ampliación de la vigencia de este pacto social, a reducción en el ritmo de deslizamiento del peso, la disminución de los costos financieros, así como el moderado incremento de los precios y tarifas del sector público, han permitido la entrada a una fase de reducción gradual, pero sostenida del nivel general de precios.
La lucha contra la inflación es un reclamo social porque con precios disparatados al alza, no hay forma de incrementar el salario real de los trabajadores.
3. El informe señala que la reactivación de la actividad económica ha permitido disminuir el desempleo que pasó de 3.6% en 1988 a 2.6% entre enero y agosto de 1991.
Como también apunta el documento, se ha logrado detener el descenso del salario medio real en la industria manufacturera y en algunas áreas y regiones se manifiesta una ligera recuperación. Como es el caso del salario contractual promedio en las ramas de jurisdicción federal.
No obstante lo anterior, persisten fenómenos de subempleo, cuya presencia constituye uno de los indicadores más graves de rezagos sociales, acentuados por la crisis.
Para combatir el subempleo y generalizar la elevación de los salarios reales, es imprescindible continuar y profundizar en la estrategia de crecimiento sostenido con estabilidad y en las acciones encaminadas a la incorporación productiva de los grupos más vulnerables.
4. En el desempeño de la política económica, ha sido fundamental la disciplina en el manejo de las finanzas públicas: por una parte, se fortalecen los ingresos públicos y por la otra, se reduce el gasto presupuestal. Este ha disminuido en 16% en términos reales y se tiene un nuevo perfil en su estructura: se reduce el pago del servicio de la deuda pública y se incrementa el gasto orientado al bienestar social.
Por primera vez en la historia tuvimos un superávit fiscal cercano a los 10 billones de pesos, tomando en cuenta los ingresos derivados de la venta de Teléfonos de México y de los bancos. Sin estos ingresos el déficit se calcula en alrededor de 1.9%, muy bajo de cualquier manera para los estándares de los otros años.
Los datos del primer semestre de 1991 indican una reducción real del déficit fiscal de más del 50%, respecto del mismo período de 1990. El saneamiento de las finanzas públicas ha permitido ampliar los recursos disponibles para la actividad privada y social, ha propiciado reducción de la inflación y la acumulación de reservas internacionales.
El gran reto en encontrar márgenes adicionales para fortalecer la inversión pública y seguir ampliando el gasto social.
5. Se ha logrado reducir la deuda pública, tanto externa como interna. En efecto, como resultado de la negociación, la deuda externa pasó del 54% del producto del país en 1987 al 23% en 1991; es decir, menos de la mitad.
Con ello, a partir de 1990, México ha logrado reducir la transferencia neta de recursos al exterior, cuyo promedio entre 1982 y 1989 se sitúo en alrededor de 8 mil 800 millones de dólares anuales. En cambio, el país recibió 900 millones de dólares en 1990 y 5 mil 600 millones en la primera mitad de 1991.
La entrada neta de recursos, ha permitido el financiamiento del déficit comercial y el crecimiento de la reserva monetaria internacional, cuyo saldo se duplicó en un año, alcanzado el nivel más alto de su historia: 16 mil 710 millones de dólares. Aquí cabe recordar el nuevo fenómeno al que aludió el Presidente: "déficit comercial, pero con reservas en aumento, con un sector público que no se endeuda y un gasto público que no presiona las importaciones".
6. Hoy el mundo se transforma aceleradamente. La revolución tecnológica y el avance en las comunicaciones acercan y vuelven más interdependientes a los países. Cerrarse sería no sólo un intento inútil, sino peligroso, porque podría dejarnos al margen de progresos técnicos y posibilidades de potenciar nuestros recursos al complementarlos con los de otras naciones.
En cuanto a la inversión extranjera, cabe mencionar que representó el 8.3% en 1990 y alrededor de 7.7% en 1991 del total de la inversión fija bruta. Su papel es complementario del esfuerzo nacional y su selectividad deberá garantizar el estímulo preferente a las áreas jerarquizadas por los mexicanos, así como la atracción de tecnologías pertinentes.
Sabemos, como ha dicho el titular del Ejecutivo, que en lo económico tenemos que participar de la interrelación para crecer más rápido. Pero la mayor interrelación y el intercambio más libre no sólo no deberá vulnerar nuestra independencia como país, sino que deberá contribuir a fortalecernos como nación soberana y deberá apoyar nuestros esfuerzos para construir una sociedad más justa.
La inserción de México en el mundo es plenamente compatible con nuestros principios constitucionales y se da con estricto apego a los ordenamientos contenidos en la Carta Magna. Se busca ampliar y profundizar las relaciones comerciales con todas las regiones del mundo, para apoyar un crecimiento más rápido, generar mayor número de empleos y elevar el bienestar de la población.
En este contexto se han fortalecido las relaciones con los miembros de la Comunidad Económica Europea, con los de la Cuenca del Pacífico y con los del Centro y Sudamérica, especialmente con Chile, país con el que celebramos el primer Tratado de Libre Comercio de nuestra historia.
Dada la vecindad geográfica y la intensidad de la relación económica, los lazos comerciales con Canadá y con Estados Unidos adquieren una relevancia especial y su mayor vinculación comercial representa una oportunidad para elevar la competitividad conjunta de la región.
Para emprender estas negociaciones se han realizado consultas con los sectores sociales del país, que permiten a los negociadores mexicanos contar con un diagnóstico real de la problemática de cada sector, así como los principales puntos de estrategia de negociación.
No cabe duda que es necesario que la sociedad tenga acceso permanente a la información y participe desde los diversos ámbitos de su actividad, para buscar los máximos beneficios reales para nuestro país, a partir de las negociaciones.
También es un hecho que habrá que fortalecer y profundizar nuestro sistema educativo y de capacitación, así como ampliar la investigación y el énfasis en el desarrollo tecnológico de México.
Los logros obtenidos por nuestro país en cuanto a la estabilización la recuperación paulatina del crecimiento y el saneamiento financiero son innegables, e incluso han llamado la atención en la escena internacional. Sin embargo, compartimos la tesis de que el crecimiento tiene que convertirse en desarrollo. No perseguimos un mero incremento cuantitativo, sino una modificación perdurable en la calidad de vida de nuestros compatriotas.
Por eso la expresión reiterada de preocupación y compromiso del gobierno por fortalecer la política social y destinar, dentro de la austeridad prevaleciente, recursos crecientes a los satisfactores básicos.
Así, la educación es y seguirá siendo, prioridad fundamental del gobierno de la República y derecho y justa aspiración de los mexicanos, pero también sólido basamento en la construcción del México moderno. Por esto, los programas de este sector continúan en plena expansión, ampliando su cobertura hasta los lugares más apartados del país y se orientan al mejoramiento de los servicios.
En el Presupuesto de Egresos 1991, se destina para la atención integral del sector, el 18.1% del gasto programable, superior en 2.4 puntos porcentuales respecto al año anterior y 4.3 puntos por encima del de 1988.
La atención a la salud ha sido no sólo preocupación, sino ocupación de gobierno y sociedad. Por esto, el Sistema Nacional de Salud ha orientado permanentemente sus acciones a mejorar y ampliar los servicios que se brindan a todos los mexicanos, pero preferentemente a las poblaciones de alto riesgo endémico, como es el caso de los asentamientos en zonas urbanas y rurales marginadas y aquellas que requieren atención especial como son los grupos materno infantiles.
De esta manera, la población amparada por el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creció en los últimos tres años en 9% y 15%, respectivamente. Actualmente el Sistema Nacional de Salud alcanza una cobertura de 95%, que incluye más de 13 mil comunidades con menos de 2 mil 500 habitantes.
En materia de vivienda, el gasto público se ha orientado a la atención de grupos de trabajadores de menos ingresos, abriendo nuevos espacios a los otros sectores económicos de la sociedad para participar en la construcción de viviendas de interés social. Tan sólo en 1991, se otorgaron 360 mil créditos, con una inversión de 12.3 billones de pesos.
Se reconoce que aún existen iniquidades y rezagos.
Por eso, dentro del mayor esfuerzo y presupuesto dedicado al gasto social destaca el Programa Nacional de Solidaridad. Y resalta no sólo por sus recursos que significan cerca del 9% de dicho gasto, sino especialmente por constituir una nueva forma de atender carencias sociales, una forma más democrática y participativa en la que la comunidad marca prioridades, rumbos y tiempos. Sí por encima de los resultados positivos y los hechos tangibles, lo que es más relevante es que la sociedad toma la iniciativa para resolver, junto con el gobierno, solidariamente, los problemas.
El Programa Nacional de Solidaridad surgió, en efecto, como una propuesta gubernamental pero sería absurdo no admitir que es un programa que día a día la sociedad en su conjunto ha hecho suyo. La participación ciudadana se da y se da en forma cada vez más entusiasta y significativa. El programa es hoy un medio de participación social que las comunidades se han apropiado, porque en él reconocen una forma de satisfacer necesidades muchas veces postergadas.
Solidaridad es una convocatoria a la movilización y a la participación social. Más de 64 mil comités formados en estos tres años son respuesta a esta convocatoria; las 150 mil acciones y obras que se han promovido son ejemplo de la iniciativa de las comunidades organizadas y de su participación responsable.
La esencia del Programa de Solidaridad surge de los sentimientos de la nación como imperativo de justicia. La solidaridad se expresa en un esquema político plural. Se puede y los hechos lo demuestran, ser solidario en la diversidad que implica complejo tejido social.
No obstante los avances alcanzados en materia social, el reto sigue siendo muy grande. Esto lo reconoce el presidente Salinas, y agrega que los beneficios de la recuperación no se reflejan todavía de manera evidente entre gran número de compatriotas.
Este reconocimiento es una acicate para seguir avanzando, expresa el reto al que nos enfrentamos como nación.
Pero tengamos presente que la economía tiene tiempos, los procesos sociales, ritmos de respuesta. Sería arriesgado pretender adelantar resultados. Relajar el esfuerzo o introducir cambios bruscos, podría tener efectos que disolvieran lo que con tanto esfuerzo hemos logrado y podría desembocar en costos adicionales para las mayorías.
Nuestro legítimo afán por satisfacer con prontitud las demandas sociales, debe ser compatible con la viabilidad y el orden económico y con el mantenimiento de la estabilidad política.
Los priístas no creemos en la vieja tesis del progreso unilineal. Sabemos que existen tantas versiones de modernidad como sociedades capaces de concebirlas y por ello desarrollamos la nuestra propia, acorde con nuestras tradiciones e idiosincrasia. Por eso, porque hemos superado la falsa disyuntiva tradición - modernidad, estamos conscientes de que sin tener los pies bien plantados en nuestro pasado, no podríamos acometer el futuro. Y lo hacemos de cara al mundo, sin inhibiciones ni resquemores, con la fuerza de nuestro nacionalismo y la certeza de nuestra cultura.
Modernidad, sin justicia social no es modernidad. El único criterio válido para medirla es precisamente el nivel de bienestar y de dignidad con que viva una sociedad.
He aquí el común denominador de todas las posibles versiones de modernidad: la justicia en la libertad. El capital, la tecnología, la actualización en general, son instrumentos, indispensables sin duda, pero instrumentos al fin, herramientas que debemos usar sin perder nunca de vista nuestro objetivo fundamental: el bienestar de nuestro pueblo.
Por todo ello, los priístas resumimos el proyecto modernizador del presidente Salinas porque se trata de una modernización de carne y hueso, humanista, cuya máxima prioridad es erradicar las lacerantes desigualdades sociales que constituyen el estigma de México. Por eso, combatimos
la pobreza y perfeccionamos nuestra democracia. Porque sabemos que seremos modernos en la medida en que, además de ser libres, seamos justos.
Honorable Cámara de Diputados: en suma, el informe de gobierno da cuenta de los avances y expectativas de nuestro desarrollo y hace un examen equilibrado de rezagos y retos. Es un documento objetivo y veraz, en el que se desechan triunfalismo, autocomplacencia y demagogia.
Los avances que consigna el informe son todavía de mayor trascendencia si se advierte que se logran en un ambiente de unidad, paz, libertad y estabilidad social.
Del análisis cuidadoso y honesto del documento se puede concluir que la modernización de nuestro país atiende a un reclamo permanente del pueblo de México. Se trata de un proceso de cambio guiado por valores y principios que son esencia de nuestro ser nacional.
La modernización del país incluye la del Estado, pero sin negar su origen revolucionario ni renunciar a sus objetivos superiores. Por el contrario, esta estrategia tiene como propósito primordial fortalecer y ampliar soberanía, libertad, democracia y justicia, fines invariables de nuestro proyecto nacional.
Por ello, ante las dificultades económicas el gobierno del presidente Salinas acude a la concertación y a la tolerancia; favorece el diálogo y la comunicación y amplía y fortalece los foros democráticos.
Las estrategias y programas de gobierno tienen un amplio y firme consenso social. El cambio se hace con el pueblo y no a sus espaldas. La modernización reafirma la Revolución y mantiene vivos sus principios.
Los anhelos populares de justicia social dan sustancia y contenido al proyecto modernizador. Se combate con hechos la pobreza y la marginación que laceran la conciencia nacional. El nacionalismo resalta la solidaridad con los que menos tienen y mantiene el rumbo de nuestro proyecto constitucional.
Los mexicanos tenemos historia, cultura y tradición; contamos con la fuerza de lo que hemos hecho como cimiento de nuestra construcción a futuro. Ante los problemas, se impone la vitalidad de la nación. Poseemos los valores, la inspiración y los principios en que se sustentan las grandes hazañas colectivas.
Nuestro país cuenta con liderazgo democrático y con instituciones sólidas capaces de organizar los esfuerzos que la nación reclama. Por todo ello. México saldrá adelante. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Gracias por su participación, diputada.
En virtud de que son las 13.30 horas y se ha agotado la lista de oradores de la primera ronda, consulte la Secretaría a la asamblea si autoriza que se inicie la segunda ronda y al finalizar la intervención del segundo orador, se declare el receso.
El secretario diputado Manuel Garza González: -En votación económica se pregunta si se aprueba la proposición para que siga la segunda ronda de oradores.
Los que estén por la afirmativa, favor de ponerse de pie...Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias. En tal virtud, informamos a la asamblea que se han registrado para la segunda ronda los siguientes diputados: por el Partido Popular Socialista, Juan Jacinto Cárdenas García; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Servando Antonio Hernández Camacho; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Rafael Fernández Tomás; por el Partido de la Revolución Democrática, José de Jesús Martín del Campo Castañeda; por el Partido Acción Nacional, Fernando Estrada Sámano y por el Partido Revolucionario Institucional, Juan Moisés Calleja García.
Tiene la palabra el diputado Juan Jacinto Cárdenas García, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su venia, señor Presidente...
El Presidente: -Rogamos a los diputados, a todos los presentes favor de tomar sus lugares y guardar el orden para escuchar con atención al compañero diputado.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: -Señoras y señores diputados:
Aun cuando también fuera mi deseo, como lo es, de dar respuesta al diputado Rodríguez Prats en todos y cada uno de sus planteamientos producidos el día de ayer, notoria y evidentemente apartados de la realidad política de México,
ahora me limitaré, con mi partido, el Partido Popular Socialista, a hablar sólo del asunto que nos ocupa, algunos aspectos sociales, del III Informe del Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. Ya habrá tiempo suficiente para que el Partido Popular Socialista le dé respuesta.
La explotación a que fueron sometidos los indígenas la marginación social que a su vez sufrieron los mestizos y la forma brutal como fueron liquidadas todas las libertades durante las tres centurias que duró el período colonial, situación que las clases privilegiadas impidieron se resolviera una vez que la nación alcanzara su independencia, constituyen la causa primordial de que todas las luchas de nuestro pueblo estuvieran siempre presididas por la exigencia de un elevado respeto a la vida y a la personalidad humana y, con ello, una profunda aspiración de justicia social, concretada en la demanda de una justa y equitativa distribución de la riqueza que encierre el territorio nacional y que se produce con el trabajo mismo del pueblo; cuestiones éstas que quedan plenamente probadas cuando el Padre de la Patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, en su primera acción revolucionaria, lanza su histórico decreto con el que en América queda abolida la esclavitud.
El carácter social de la revolución de Independencia en México, alcanza tal nivel que es justamente el que de manera, esencial lo diferencia de todas las demás revoluciones de independencia de nuestro continente y el que le imprime su sello característico al proceso revolucionario de México de hoy, hasta el año de 1982.
En el pensamiento de Hidalgo, de Morelos, genialmente expresado en sus "Sentimientos de la Nación" y en el de los hombres de la Reforma, encabezados por el más grande héroe de la patria, don Benito Juárez, la idea que predomina, impuesta por grandes movimientos populares, es precisamente el de consolidar las conquistas sociales y el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo.
Sin duda alguna la Reforma tuvo como objetivo principal pagar esa deuda de justicia social al destruir el monopolio de la riqueza en manos del clero y hacerla circular en beneficio del propio pueblo.
Ya en los albores del Siglo XX cuando las masas populares acaudilladas por Madero, Carranza, Villa y Zapata, se impusieron por la fuerza de las armas a sus opresores, sellaron su victoria con una Constitución revolucionaria que garantizaba para ellas sus intereses económicos y sus derechos sociales.
El derecho nuevo que abrió el camino para la transformación radical de la estructura económica semifeudal de México, está profundamente impregnada de las aspiraciones de quienes hicieron posible la victoria revolucionaria.
Y el Estado surgido de esta revolución no podía ser uno ajeno a las necesidades de los campesinos, obreros, artesanos, soldados y maestros de escuelas, que constituyen la fuerza motora de los cambios progresivos y al mismo tiempo mayoría indudable en la nación mexicana.
El derecho tutelar del Estado mexicano es el producto de la situación real del pueblo frente a los dueños de la tierra, de las minas, de la incipiente industria nacional y del capital extranjero.
Postulados esenciales del derecho nuevo, como por encima de los derechos individuales están los derechos de la nación, los individuos no son iguales desde el punto de vista social aún cuando jurídicamente tengan los mismos derechos, la mayoría se encuentra indefensa y necesita protección; o afirmaciones jurídicas, políticas y aún programáticas como: "La tierra es de quien la trabaja y no para el que pueda comprarla".
Deben restituirse a las comunidades campesinas sus tierras. deben dotarse de tierras a las comunidades que nunca la hubieran tenido.
Los obreros pueden coaligarse para ejercer presión sobre sus patrones y obligarlos a aceptar sus demandas.
La huelga es un acto jurídico. El contrato de trabajo no puede ser resultado de la voluntad de las partes sino que está sujeto a condiciones que no se pueden renunciar.
Forman los fundamentos la base del ejercicio del derecho tutelar del Estado, para hacer realidad la aspiración más sentida del pueblo, el progreso social mediante la distribución de la riqueza con justicia, para mejorar constantemente sus niveles de vida, material y espiritual.
El contenido y proyección del derecho tutelar genera las tareas y obligaciones de la administración pública, que ningún gobierno debe soslayar mediante la meta no se alcanza a plenitud.
No es pues el progreso social mediante la justa distribución de la riqueza entre el pueblo una
cuestión sujeta a la voluntad de determinado gobierno sino una obligación constitucional impuesta por la realidad de nuestro desarrollo histórico.
El derecho tutelar del Estado mexicano genera el surgimiento natural de instituciones y servicios que permitirán avanzar en el cumplimiento de sus metas, aún cuando no siempre con resultados positivos, debido a la orientación, al carácter de las fuerzas que rodean a los gobernantes y, sobre todo, a las presiones incesantes de los enemigos de las conquistas populares.
La Reforma Agraria, el derecho laboral y la reforma educativa son, sin duda, las instituciones que mejor responden a la aspiración legítima del pueblo, de tener acceso al bienestar que la civilización va generando en cada etapa de la sociedad.
Por eso, el Partido Popular Socialista, al participar en el análisis del III Informe de Gobierno del ciudadano Presidente de la República que se caracteriza por ser eminentemente polémico, no puede estar de acuerdo con muchos de los juicios enunciados, respecto a la Reforma Agraria, de la reforma educativa y de los actos del gobierno que han lesionado y la unidad de los derechos de los trabajadores y de los de sus organizaciones sindicales, porque reflejan la actitud del régimen a pretexto de un proceso modernizador de ir abandonando paulatinamente las funciones que la Revolución atribuyera al Estado para elevar a las masas populares en todos los aspectos de su existencia.
Al respecto, afirmamos que el pueblo nunca encontró contradición entre sus afanes de una vida mejor y la modernización del país, antes bien, sus luchas principales siempre condujeron, cuando se coronaron con la victoria, a una auténtica y profunda modernización de México. Así ocurrió en la Independencia así ocurrió en la Reforma y así ocurrió también en la Revolución de 1910.
Por el contrario, las fuerzas que se han opuesto a la modernización del país combatiendo por privilegio y fueron anacrónicos, son las fuerzas antipopulares y cuando un proceso modernizador se ha impuesto para beneficio de unos cuantos, a costa de los derechos y del bienestar de las mayorías, el pueblo ha terminado por destruir el sistema así erguido, como lo fue la Revolución de 1910 frente a la modernización de Porfirio Díaz.
Estas son lecciones que no podemos olvidar ni mucho menos minusvalorar.
El Partido Popular Socialista no puede estar de acuerdo con la declaración de que la fase del reparto de tierra de la Reforma Agraria concluyó, porque no hay tierras que repartir y porque en la situación actual, se dice, el reparto agrario es improductivo y empobrecedor, no obstante que se reconoce que el gobierno está obligado por mandato constitucional a seguir repartiendo tierras, pero que, se añade, no puede hacerlo porque juzga que desde hace años los efectos del reparto son contrarios a su propósito revolucionario.
El Partido Popular Socialista no puede admitir esa concepción acerca de la situación del campo, porque nadie desconoce la existencia de tierras susceptibles de afectación agraria, como las que están en manos de grandes latifundistas que han logrado burlar la ley a través de prestanombres para simular inexistentes pequeñas propiedades, o con certificados de inafectabilidad ganadera y agropecuaria, que son en realidad de terrenos agrícolas.
El Partido Popular Socialista está de acuerdo plenamente en que deben mantenerse vigentes las tres formas de tenencia de la tierra: la ejidal, la privada y la comunal y en que el ejido debe permanecer promoviendo su transformación.
El Partido Popular Socialista sólo señala al respecto que está vigente y debe ser observado escrupulosamente el derecho inalineable e imprescriptible de la nación de imponer a la propiedad privada, en cualquier tiempo, las modalidades que dicte el interés público.
Ahora bien, ¿en qué sentido debe promoverse la transformación del ejido? El Partido Popular Socialista estima que la transformación del ejido y de la producción agrícola, no debe ser a través de la falsa teoría de modernización que ha manejado el gobierno para otras ramas de la producción, que tan sólo ha sido la vía para la reprivatización de los medios de producción, abriendo de par en par las puertas al capital privado nacional y extranjero para que los explote, sino mediante la aplicación de una serie de medidas revolucionarias que, basadas en métodos científicos y técnico adecuados a nuestro país, tiendan a armonizar las necesidades del desarrollo urbano y rural y a borrar las diferencias abismales entre la ciudad y el campo, que constituye uno de los grandes objetivos de los países más adelantados.
El Partido Popular Socialista tampoco puede aceptar que el reparto de tierras, en la actual etapa, cause pobreza en el campo, ya que esto
se produce sólo cuando se da preferencia a la propiedad privada y se abandona a su suerte a los ejidatarios, sin agua suficiente, sin crédito oportuno y barato, sin fertilizantes, sin asistencia técnica, sin medios sanos de comercialización para sus productos y sin precios justos para éstos, además de que no se les orienta para organizarse.
El maestro Vicente Lombardo Toledano, vislumbrando el porvenir de la explotación de la tierra sobre la base del sistema ejidal y la auténtica pequeña propiedad, respaldados ambos por el Estado y por la banca nacionalizada, afirmaba en 1967, que nos encontramos ya lejos del programa liberal del primero de julio de 1905, del Plan de San Luis, del 5 de octubre de 1910, del Plan de Ayala, del 25 de noviembre de 1911, de la del 6 de enero de 1915 y en cierto sentido hasta el artículo 27 de la Constitución y de sus primeras leyes reglamentarias, por lo que toca a la función que las tierras que se entregarían a los campesinos debían realizar.
Señalaba que la producción para satisfacer las necesidades del campesino y de su familia, había pasado al objetivo de hacer del sistema ejidal una base de importancia de la producción agrícola del país. En esas condiciones vislumbraba ya una nueva ruta: hacer de los ejidos centros agrícolas - industriales que transformarían la tradición del campo mexicano y elevaría la mentalidad de la población rural, iniciando el largo camino de borrar las diferencias entre la ciudad y el campo y contribuyendo a acelerar el proceso de industrialización de la República.
Ahora, obligados por los efectos que está generando para todo el mundo la revolución científico - técnica y en la posibilidad real de la integración de los pueblos de América Latina, sobre esas bases la perspectiva para el desarrollo agropecuario de México y de los países hermanos, es la creación de grande complejos agroindustriales de todo carácter, que no sólo elevarían el nivel de vida de los campesinos, sino que abatirían el desempleo, apoyarían firmemente el desarrollo industrial y de los servicios en las grandes ciudades y contribuirían de manera concreta a elevar la formación educativa y cultural de las masas rurales, abandonadas siempre por quienes se beneficien de su trabajo.
La privatización del ejido es el camino fácil para la modernización del campo, no requiere esfuerzo imaginativo ni mucha convicción revolucionaria pero sin duda alguna que así sembraríamos la semilla del estallido social.
Lo difícil es mantener instituciones de profundas raíces populares, buscando adecuarlas a las necesidades de nuestro tiempo. Requiere de imaginación, de grandes esfuerzos, de mucha convicción nacionalista y popular de una decisión inquebrantable de auténtica modernización de nuestras fuerzas productivas. Pero es el único camino que puede traer paz social, duradera y auténtica justicia social.
La otra institución de importancia, producto de la Revolución, es la legislación del trabajo, Y no podría ser de otro modo si recordamos que la clase obrera, incipiente en el Siglo XIX, sufre la explotación más cruel, orillada a cumplir jornadas de trabajo de 12 ó 14 horas en las minas y en los pocos centros fabriles de la época, con un salario miserable que no le permite satisfacer un mínimo de sus necesidades. Es explicable entonces que los obreros hayan librado una intensa, permanente y dramática lucha por sus derechos elementales: la de organizarse en sindicatos, la de mejorar sus condiciones de trabajo y de su vida, aun en las peores condiciones que la represión de las compañías extranjeras y nacionales les imponía.
No es casual que en el preludio y en los primeros impulsos de la Revolución Mexicana hayan destacado las huelgas obreras, fundamentalmente las de Cananea y del Río Blanco en 1906, y que en los planes y programas de los revolucionarios estuvieran permeados por las reivindicaciones de las masas de obreros fabriles y mineros.
Por esta razón, los Constituyentes de Querétaro, no regatearon tiempo para el debate a fin de dejar plasmado en lo que sería el artículo 123 de la Constitución la protección plena de los derechos de la clase obrera.
Es importante que el III Informe del Poder Ejecutivo refleje tácticamente el rechazo de la ofensiva de las fuerzas reaccionarias encabezados por las cúpulas empresarial y clerical, en pos de una contrarreforma laboral, aprovechando la política francamente antiobrera que el actual titular del Ejecutivo ha aplicado hasta hoy.
Estamos de acuerdo con la afirmación de promover el desarrollo social a fin de evitar que el pueblo pierda la paciencia al no ver ninguna perspectiva de solución a sus problemas y desencadene una explosión social de imprevisibles consecuencias. Pero el hecho real es que la política económica y social del gobierno ha propiciado una mayor concentración de la riqueza en manos de unos cuantos, mientras la miseria de las grandes mayorías se acentúa día a día.
No podemos estar de acuerdo tampoco con la idea de que el Programa Nacional de Solidaridad
sea la vía para satisfacer el reclamo del pueblo por mayor bienestar, porque para el Partido Popular Socialista, la distribución real de la riqueza sólo se puede dar con salarios que respondan al mandato constitucional, es servir para que un trabajador satisfaga con dignidad sus necesidades y las de su familia. Y con un sistema de impuestos basados en el principio de que pague más el que más gana y menos el que menos gane.
Es indudable que la movilización de las organizaciones obreras contra los intentos de incrementar la explotación del trabajador, fue el factor fundamental para cerrarle el paso a una pronta iniciativa para reformar el artículo 123.
Para el Partido Popular Socialista, la lucha de clases no sólo no ha cesado, sino que se ha agudizado en el marco de la política neoliberal que se quiere imponer definitivamente en nuestro país. En particular por la inminente firma del Tratado de Libre Comercio. En este marco, el derecho de huelga, el derecho de sindicalización, la jornada máxima de ocho horas, el contrato colectivo de trabajo, que son las mejores armas que tienen los trabajadores para preservar sus conquistas, deben continuar siendo intocables.
La ofensiva reaccionaria contra el artículo 123, no va a cesar. Por eso el Partido Popular Socialista llama a la clase obrera organizada, a sus representantes que se encuentran en esta sala y que por ello tienen una enorme responsabilidad, a no bajar la guardia y a las fuerzas democráticas a estar alertas para rechazar cualquier intento de contrarreforma en la legislación laboral.
En el campo educativo, la Revolución imprimió un nuevo concepto de la enseñanza como servicio público. Al igual que reivindicó para la nación la propiedad de todas las riquezas que encierra el territorio nacional: tierras, bosques, ríos, mares, el subsuelo y el espacio aéreo, reivindicó también para el Estado, el derecho de impartir la educación como monopolio del gobierno expresión del Estado y al servicio de los intereses colectivos.
Ha quedado confirmado después del prolongado debate, que las fuerzas reaccionarias y el clero impusieron al respecto, que la función de educar, como en todos los demás países del mundo, pertenece a la clase que gobierna y que aspira a perpetuar en el poder, formando la conciencia de las nuevas generaciones y preparando a sus cuadros. Y en México pertenece al Estado surgido de la Revolución.
Es por ello que sólo por una concesión del gobierno, los particulares pueden realizar esa tarea, poniéndose de esa manera en perfecta consonancia el nuevo concepto de propiedad, la nueva base económica de la sociedad con la superestructura educativa; decir, si el derecho tutelar se traduce en la entrega de la tierra, en el reconocimiento de la huelga como un acto jurídico, en el contrato colectivo, imponiéndolo, etcétera, tiene que declarar también que es tarea suya la liquidación del analfabetismo y la expansión de la escuela pública.
La obligación entonces de impartir la educación, es del Estado revolucionario, fundamentalmente para atender a las clases débiles de la sociedad, a menos que, como parece que ha acontecido, haya arribado al poder un grupo contrarrevolucionario dispuesto a entregar la educación y las conquistas sociales a sus enemigos históricos: el clero político y a los conservadores representados ahora por el neopanismo de empresarios voraces, ilegítima e ilimitadamente enriquecidos.
Para cumplir con su función educativa, el Estado verdaderamente revolucionario inicia la reforma educativa, cuyo primer y más fructífero paso, es la escuela rural que crea el presidente Alvaro Obregón y no José Vasconcelos, como se pretende hacer creer, quien más preocupado estaba por publicar los clásicos y no de llevar las letras a las masas analfabetas de nuestro pueblo. Es obra de Alvaro Obregón, igualmente, la escuela secundaria, como escuela democrática y popular.
La escuela rural cumplió con creces su objetivo de llevar a las grandes masas los conocimientos elementales. Justo es reconocer de manera permanente, la gesta de las maestras y de los maestros rurales, quienes se convirtieron, no sólo en educadores, sino en orientadores y guías de las masas campesinas, lo cual concitó en su contra la reacción más violenta del clero político temeroso de perder su influencia en la voluntad de los mexicanos.
Cuando la clase obrera afirmó su organización y sus conquistas, comenzó una batalla profunda en favor de que la escuela de la Revolución tuviera una tesis, con una filosofía propia, afirmativa. La demanda obrera, apoyada por las fuerzas democráticas y revolucionaria del pueblo, se concretó con las reformas del artículo tercero. Primero en 1934 y luego en 1944, para dejar la redacción vigente.
Con su nuevo texto, el artículo se convierte en la teoría educativa de toda la escuela mexicana que había dejado de ser expresamente
laica desde hacía muchos años antes, sustentando tesis que plasman las aspiraciones presentes y futuras del pueblo.
Desde entonces las tesis que prevalecen son: la educación debe ser eminentemente científica, debe ser ajena a cualquier doctrina religiosa, debe ser nacionalista, democrática y debe fomentar la solidaridad con los pueblos, que como el nuestro, luchan por su independencia económica y política. Deberá ser gratuita y obligatoria la que imparta el Estado.
La escuela surgida y desarrollada por la Revolución tiene por eso la alta misión de forjar en las nuevas generaciones, una conciencia para impulsar a la propia Revolución, alcanzar sus viejas y nuevas metas. A menos que, quienes ahora gobiernan, hayan abandonado sus principios.
En la marcha de la escuela mexicana, para cumplir esa misión, los trabajadores de la educación y su organización: el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, han jugado un papel de primera importancia.
Esto es así porque ellos están profundamente vinculados al pueblo, desde el punto de vista ideológico y clasista.
Aún hay, el magisterio nacional nutre sus filas, fundamentalmente, con individuos de las clases populares. Por ese hecho, los maestros y su organización, han sido permanentes de las fuerzas de derecha y del clero, y porque son el principio baluarte en la defensa de la escuela pública y de los postulados filosóficos que orientan al sistema educativo nacional.
El Partido Popular Socialista advierte la evidente contradicción entre lo que el informe da a conocer a esta representación soberana del pueblo y la situación actual de la educación, ya que si nos atenemos al contenido del informe habríamos de concluir que en materia educativa todo marcha bien, que la reforma educativa actual está bien orientada. Sin embargo la realidad es otra, como en los sexenios precedentes al iniciar su gestión el actual gobierno anuncia un programa de modernización educativa que se concreta con el nuevo modelo pedagógico presentado por la Secretaría de Educación Pública en agosto de 1990 para la educación básica y puesto en marcha de manera apresurada mediante una prueba operativa en más de 400 escuelas del país en sus niveles de preescolar, primero y tercero de primaria y primero de secundaria.
El hecho se produjo sin consultar al magisterio ni a su organización sindical, muy a pesar de que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había hecho público si interés de presentar una propuesta de modernización educativa. ¿Marcha bien la prueba operativa?, cómo saberlo si no existe un mecanismo de evaluación de resultado, si se dejó a criterio de los maestros implicados escoger métodos y procedimientos, el Partido Popular Socialista señala categóricamente que ese nuevo modelo pedagógico es un atentado contra el artículo 3o., basta un ejemplo para significar esta afirmación.
En los documentos que lo fundamentan se lee textualmente como uno de los fines que debe de alcanzar la educación básica: "Inciso B, Propiciar la práctica de la democracia como forma de vida que propicie el respeto de los derechos de los demás y a la dignidad humana". Así dice. Y la tesis de que la democracia debe entenderse como roso un sistema de vida oriental al mejoramiento constante del nivel de vida las masas populares, de la justa distribución de la riqueza, ¿dónde queda en éste texto?, pero no sólo este aspecto sino que las otras tesis del artículo 3o. tampoco aparecen entre los fines del nuevo modelo pedagógico.
Para hacer más crítica la situación del sistema educativo antes de que se generalice la aplicación del nuevo modelo pedagógico, ya tenemos el anuncio de otro proyecto, el nuevo modelo educativo presentado por el CONALTE, ¿a dónde vamos con esta poca seriedad para tratar el problema de la educación en México?
El Partido Popular Socialista lejos de aceptar que sólo la educación que imparte el Estado debe ser laíca, dejando a las escuelas particulares a que eduquen de la forma y manera que les convenga, dando pie a que surjan nuevas generaciones educadas de manera distinta y contrapuesta. De ningún modo se opone a cualquier esfuerzo por modernizar la educación para elevar sustancialmente su calidad y su eficiencia, para salir del poco honroso nivel del cuarto año de escolaridad en nuestro pueblo, para ir abatiendo el número elevado de cuatro millones de mexicanos analfabetas, sin incluir a los analfabetas funcionales para elevar notablemente el índice de sólo 4% de los que inician sus estudios básicos reclaman un lugar en la educación superior; pero fundamentalmente para formar el ejército de científicos y técnicos de alta calificación que se requiere para que impulsen a México a participar plenamente en el proceso de la portentosa revolución científica - técnica en que están inmersos
ya los países altamente industrializados y que fuertemente tocan a nuestras puertas.
Para ellos es necesario estructurar los planes y programas de estudio de todos los niveles del sistema educativo nacional, teniendo como eje una perfecta agradación de las materias científicas, matemáticas, físicas, químicas y biología y las materias humánicas fundamentales, historia, civismo y español, como lo plantea el propio informe de gobierno que analizamos. Pero con la participación real de los maestros de base, a través de su organización sindical, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Asimismo, deben adoptarse una serie de medidas que hagan posible una educación con esa base y esos objetivos, tales como: elevar el presupuesto educativo hasta alcanzar, en breve plazo, el 8% que recomienda la Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas para lo cual permitiría mejorar realmente el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de la educación e introducir en el proceso de enseñanza - aprendizaje los adelantos tecnológicos y fortalecer la escuela pública.
El Partido Popular Socialista, al igual que lo ha venido sosteniendo el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, toda transformación de fondo de la educación debe darse bajo los lineamientos tópicos del artículo 3o. de nuestra Carta Magna.
Respecto de los que sueñan con reformas contrarrevolucionariamente el artículo 3o., para eliminar su sentido político, quiero terminar mi intervención con una afirmación del maestro Vicente Lombardo Toledano, quien decía:
"Quitarle el filo político al artículo 3o., equivaldría a hacer lo que los domadores de mentirijillas de los circos que extraen las garras y los colmillos de las fieras, convirtiendo a los leones y a los tigres en perros de alcoba que usan algunas señoras extravagantes". Pero, añadía: "es indudable que nadie logrará extraer de la Constitución los torrentes de sangre con los que está escrita, porque eso sería un suicidio nacional o una traición que algunas pueden intentar, pero que no contarían con el apoyo del pueblo mexicano". Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Gracias, señor diputados, por su intervención.
Tiene la palabra el diputado Servando Antonio Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: -Solicito a la Presidencia que, de acuerdo con el Reglamento Interior en el artículo 106, instruya a la Secretaría para que verifique el quórum.
RECESO
El Presidente: -Con fundamento en el artículo 21 del reglamento, a la Presidencia declara que no hay quórum, y se decreta un receso para continuar dentro de una hora.
Receso.
Presidencia del diputado Raymundo Cárdenas Hernández
El Presidente (a las 16.15 horas): -Diputados: A juicio de esta Presidencia, hay quórum. Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra diputado Servando Antonio Hernández Camacho, del grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Servando Antonio Hernández Camacho: - Con su venia, señor Presidente; señores diputados; señoras y señores.
Al hacer la glosa de este III Informe de Gobierno, reconocemos que el país esta viviendo momentos de trascendental importancia, tanto en su relación con el exterior, como por sus compromisos y su realidad interna, a pesar de los grandes esfuerzos realizados, significativos también dentro de la vida productiva, en el ejercicio de las libertades, en el combate a la pobreza, en la que la mayoría de los mexicanos viven aún, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana invita a todos los partidos a una participación comprometida y responsable para hacer razonamientos que conduzcan con claridad a las soluciones integrales y globales a los grandes problemas nacionales.
Necesario es hacer una reflexión en estos momentos en que el nivel de vida de todos los mexicanos ha disminuido notablemente. Con una clase media en proceso de extinción; una clase miserable y una clase alta, cada vez más consolidada económicamente.
La historia nos ha enseñado que cuando esto sucede tiende a desaparecer la cultura y lo más doloroso es que esto alumbra el camino a la dictadura.
Solidaridad
Reconocemos las virtudes del pueblo mexicano por su generosidad, por su humanidad, su fortaleza abierta al camino para la justicia social, sobre todo que llegue a los que menos tienen.
Así como los beneficios que recibe esa población olvidada, que merece toda la atención a través de programas sociales; programas sociales directos, que no se pierdan en la burocracia o en el olvido simulado de la corrupción.
Ese reto se llama solidaridad. Lo aceptamos y lo apoyamos. Pero no una solidaridad que rompa con el federalismo, con la autonomía de los estados y también de los municipios como lo establece el 115 constitucional.
Demandamos un programa que tenga estructura, control y organización, para que esos recursos no sean empleados como fondos electorales o proyecciones políticas personales. Aceptamos un Programa Nacional de Solidaridad que en las colonias populares únicamente haya una sola demanda y no que las divida, como actualmente sucede, transformándolas en campos de batalla ideológicos.
Contaminación
En los problemas del entorno señalados por el Presidente de la República, señala diferentes formas de cómo en el presente y en el futuro resolver el problema de la contaminación. Problema éste, que si nos referimos a las leyes de tipo ecológico emitidas en 1989, encontramos leyes dispersas y simuladas.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana acepta que esto es nuevo en la medida en que hasta hoy han existido dos escuelas de pensamiento, en las cuales los economistas nos dieron la importancia necesaria a la repercusión ecológica y de igual manera los ecologístas descuidaron la importancia de los vínculos económicos en sus propuestas.
Hoy, demandamos una voluntad política encaminada, no a satanizar la industrialización, sino a una estrategia que planee el crecimiento sano, haciendo compatibles la ecología y el crecimiento económico, distribuyéndolo hacia aquellas entidades donde su infraestructura sea la más adecuada y que no suceda lo que hoy en día en las zonas fronterizas, donde el Presidente en su informe habla de planes para el tratamiento de basura y de las aguas residuales, cuando estas zonas carecen de plantas de tratamiento de aguas negras y aparecen cementerios ecológicos a menos de 8 kilómetros de distancia de la zona marítima; tal es el caso de la Loma del Alacrán en el noreste.
Derechos humanos
Señores legisladores: El gobierno de la República estableció en este sexenio la nueva Comisión de Derechos humanos; a la fecha ha sido eficiente al grado de enfrentar diferencias muy serias con algunos gobiernos de los estados, más sin embargo aún existen desaparecidos, muertes no aclaradas de periodistas y lo más desagradable, la participación del Poder Judicial en la mayoría de los hechos.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone que no exista interrelación del Estado mexicano con la citada Comisión Nacional de Derechos Humanos, no siendo, por lo tanto, necesario elevarla a rango constitucional, como lo propone el ciudadano Presidente, sino exigiendo que se respete y que se ejerza el estado de derecho.
Narcotráfico
Las vías sacrificadas en el esfuerzo del combate al narcotráfico no deben traducirse en el enriquecimiento ilícito de quienes a veces son protagonistas y en otras son autoridades. Las decisiones del Poder Ejecutivo han sido rígidas en este concepto, más sin embargo el narcotráfico es difícil de vencer, pues aún en este año se presentaron casos que contradicen la política del Poder Ejecutivo; tal es el caso del Centro de Readaptación Social de Matamoros, Tamaulipas, donde el secretario general de gobierno del estado, para poder llevar a cabo la investigación de 18 asesinatos ocurridos ahí, tuvo que primero solicitar audiencias con el narcotraficante, quien ejercía control de dicho Centro de Readaptación Social.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda que se actualicen las leyes que regulan a citados centros de Readaptación Social, para que dejen de ser oficinas particulares de los narcotraficantes, haciendo hincapié en la gran necesidad también de contar con cárceles para poder así llevar un control del delito en los tres niveles de gobierno: el federal, el estatal y el municipal.
Sector agropecuario
El gobierno de la República reconoce que en el agro existe uno de los retos más complejos y más urgentes, tomando como propósito central
el de modernizar el campo y aumentar simultáneamente la producción y mayor justicia.
Cierto es la gran necesidad, la de dar certidumbre en la tenencia de la tierra y sobre todo reconocer y apoyar las tres formas de tenencia de la tierra. Hoy el campo padece una peligrosa descapitalización con elevados costos de producción y una política desmantelada de subsidios, con una asistencia técnica y científica diríamos nula y una ganadería extensiva; ésta es la realidad del campo.
Cuando en este año 1991 se apoyó financieramente al campo mexicano para tratar de capitalizar los recursos, se destinaron a la adquisición de bestias de tiro para trabajar las tierras en lugar de maquinaria agrícola. Los apoyos al campo deben ser de modernización y no de atraso. Si los datos obtenidos por la Secretaría del ramo demuestran que hemos sido suficientes en maíz y frijol, necesario será revisar los puertos de entrega para saber si las importaciones de productos agrícolas se refieren a algunos de los citados.
Demandaremos un desarrollo rural, integral y equitativo porque basta analizar las cifras del anexo del III Informe de Gobierno en donde la inversión pública federal ejercida en 1990 muestra un monto total de 3.3 billones de pesos para el desarrollo rural, distribuidos entre diferentes organismos de apoyo al campo. De ese total, 1.53 billones de pesos se asignaron al Distrito Federal. Lo anterior refleja una incongruencia por lo que se requiere una explicación clara al respecto.
El ejido
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana apoya la no privatización del ejido, así como también demanda que se ponga fin a la regulación del Estado para que exista la autonomía del ejido, liberar del medio rural la fuerza corporativa y poder liberar las potencialidades humanas allí descritas. Asimismo reconocer la expresión electoral del campesino. Necesario es definir los conceptos "ejidatarios", "agricultor", "ganadero" y adecuarlos en función de la modernización que demanda el país y no infundir estos conceptos en los individuos desde su gestión y por ende, definiendo su profesión y lo que es más importante, su vida; importante es cuando el Poder Ejecutivo se refiere a que en algunas partes del país los campesinos poseen como propiedad surcos, hectáreas y en el mejor de los casos, 10 hectáreas de riego, lo que nos hace pensar que es un seudoproductor al que no se le puede ubicar entre capitalista y productor, lo cual se traduce en que no tenga la suficiente cantidad de tierra para generar los recursos necesarios para invertir en tecnología, mejoramiento de suelos y mecanización.
Viviendas
Hoy se repite la necesidad de que los fondos aportados para la vivienda sean del conocimiento público y, sobre todo, transparentes en su manejo.
Se reconoce que la vivienda ha mejorado en nuestro país pero aún no se satisface la enorme demanda en este sector teniendo en cuenta que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ha cubierto únicamente el 10% de la misma.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda que la asignación de la vivienda sea estructurada y regulada en función de los requerimientos y aportaciones de cada entidad, haciéndose necesario que el gobierno de ser un organismo constructor, pase a ser un organismo facilitador de la vivienda y así poder solicitar créditos a diversos organismos financieros nacionales y extranjeros para apoyar los programas correspondientes.
Justicia laboral
En este III Informe de Gobierno, el Ejecutivo Federal enuncia que se buscó el crecimiento económico sobre una base de mayor justicia. Se ha puesto particular empeño en vigilar la observancia de las normas laborales y los derechos del trabajador en promover mayor seguridad en el medio laboral, en estimular la productividad y en fomentar la relación obrero - patronal, más sólida; sin embargo, se hace necesario recalcar que no hubo ningún informe claro en el que señala la realidad del salario mínimo, cuando en 1990, con base en datos del Banco de México, el salario mínimo disminuyó en 9.1% en términos de poder adquisitivo, con relación a 1989, sufriendo un deterioro del 10.1% en relación con el mismo período del año anterior. Esto se traduce en que el salario mínimo promedio actual no alcanza siquiera a cubrir el 50% del valor de la canasta básica.
Es indispensable que la modernización del país también se busque la modernización de los sindicatos, en donde los seudolíderes, así como el corporativismo sindical desaparezcan y surjan sindicatos independientes y responsables.
Jubilados y pensionados
En el III Informe de Gobierno no se dijo nada en relación con el artículo 123 fracción XI inciso a, de nuestra Constitución, que ampara a aquellos que han llegado a la edad límite de su trabajo: los pensionados. Los pensionados son ejemplo viviente y determinante para toda sociedad que tiende al progreso. Los ciudadanos maduros y jóvenes deben rendirles tributo y respeto debido a su esfuerzo, porque luchar 30 ó 40 años con infalible empeño, patentiza una vida de orden, de entrega y de sacrificio que debe reconocerse y valorarse con veneración y justicia.
La promesa hecha, la palabra no cumplida. Los pensamientos y jubilados merecen justicia. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda para ellos el aumento promedio del 100% de sus pensiones.
Salud
La salud es un derecho humano universal y un derecho constitucional. Los programas de salud implementados por instituciones del gobierno, no satisfacen la demanda social del pueblo mexicano. A lo largo y ancho del país la desnutrición infantil es la fotografía común de la mayoría de los niños, víctimas inocentes de una agobiante crisis económica que no tiene fin, llevando a la muerte a miles de ellos.
Urge por lo tanto, señores diputados, reestructurar la economía nacional, donde los grupos más marginados de nuestra sociedad, campesinos y obreros, satisfagan los requisitos de vida y salud necesarios para la sobrevivencia de la gran familia mexicana, dándole prioridad a la niñez como futuro inmediato.
La diabetes constituye en nuestro país la primera causa de muerte hospitalaria y cerca del 10% de la población que padece esta enfermedad y de este porcentaje, el 50% ignora que padece este mal. La diabetes es una enfermedad incurable, pero cuando se tiene un buen control médico y dieta adecuada, éstos pueden llevar una vida perfectamente normal. Por lo tanto, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone que las instituciones de salud del gobierno realicen exámenes obligatorios periódicamente a todos los sectores que conforman nuestra sociedad, logrando con ello una oportuna detección del paciente, todo bajo una estricta reglamentación y seguimiento del programa.
En cuanto al mal del siglo, el SIDA, avanza a pasos agigantados. Oficialmente se nos informa que en México ha disminuido en un 25%, pero, ¿cuál es la realidad? Pues mientras las estadísticas del gobierno presentan 8 mil 237 cero positivos los grupos no gubernamentales manejan una cifra de catorce mil cero positivos. Estos datos hablan de la realidad, de la verdad.
¿Por qué no se dijo en el informe que México ocupa el onceavo lugar en el panorama mundial en cuanto al número de casos de SIDA y el tercer lugar en América, sólo superado por Estados Unidos y Brasil ¿Por qué callar la verdad?
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana propone que las instituciones de salud y organismos propios en la lucha contra el SIDA redoblan sus acciones, estructurando, primero, un sistema de información y orientación con alcance nacional, donde, tanto comunidades grandes y pequeñas, reciban los mismos conocimientos necesarios por su prevención.
A la vez, propone, una verdadera educación sexual, acorde a todos los niveles del sistema educativo nacional, implementado en los programas y libros de texto.
Tercero. Dentro de las medidas de prevención que queden establecidos los exámenes prenupciales, la obligatoriedad de la pareja de detención del SIDA y, a la vez, en el control de tarjetas de sanidad de los prostíbulos y en los centros de readaptación de todo el país.
Reglamentación urgente en la ética en cuanto a la atención de los enfermos del VIH, procedimiento quirúrgico y manejo de instrumental.
Anexar a la Ley Federal del Trabajo el derecho laboral a los enfermos contraídos por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Estos son, señores diputados, las observaciones que hace el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana al III Informe de Gobierno. Muchas gracias.
El Presidente: -Gracias por su participación diputado.
Tiene la palabra el diputado Tomás Rafael Fernández, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
El diputado Tomás Rafael Fernández: -Estimados compañeros diputados de las seis fracciones parlamentarias que integran esta LV Legislatura del Congreso de la Unión.
El día de hoy estamos analizando la parte económica y social del informe que el Presidente de la República presentó a consideración del Congreso de la Unión hace unos días.
Observando la composición de la Cámara y observando la actitud de varios compañeros diputados que me antecedieron en la palabra, pensaba la importancia que va a tener esta LV
Legislatura en el marco de un país en proceso profundo de cambio y en el marco mundial de una aceleración de los cambios que no podíamos, ni los más optimistas, concebir hace escasamente unos meses o un año o dos años. Yo quisiera pedir al señor secretario si fuera tan amable, he estado observando este reloj que marca los 30 minutos que tenemos de margen, que es de una gran utilidad, lo he estado observando desde arriba, pero resulta que ahora no está conectado. Es a mi favor, gracias compañero.
Decía que hoy estuvimos escuchando los esfuerzos de los compañeros de los diferentes partidos políticos que integran esta Cámara y estaba tratando de pensar cuál sería el método justo para poder interpretar las palabras del Presidente de la República dichas el día 1o. aquí, porque evidentemente cada uno de los seis partidos aquí representados tenemos un punto de vista en relación con la situación política, con la situación económica y la situación social del país.
Y a mi me parecería que para tratar de encontrar el hilo conductor del III informe del presidente Salinas de Gortari, sería útil, y en ese sentido quisiera hacer esta modesta aportación en mi primera intervención como diputado federal en México, creo que para poder encontrar el hilo conductor que nos permitiese entender si el III Informe de Gobierno del presidente Salinas y la política que está desarrollando va en la dirección correcta y en la dirección en favor de la nación y de la mayor parte del pueblo, sería hacer un esfuerzo para que pudiéramos entender cuál era la situación de México hace escasamente tres años, porque si no partimos de un punto de referencia y me parece un año de referencia no es suficiente y si no partimos del marco de referencia de los profundos cambios internacionales que se han dado en el país, difícilmente podríamos entender las orientaciones y la política que al actual Presidente de la República.
Yo quisiera remontarme a lo que era el año de 1988 en el marco nacional y son cifras que no han tenido grandes variaciones, en el marco nacional cada 10 segundos nacía o nace un niño debiendo al extranjero 3 millones de pesos, es decir que desde el momento que lo dije hasta este momento, acaba de nacer otro niño debiendo al extranjero 3 millones de pesos, mientras que no más de 10 mil familias coludidas con el poder político en nuestro país durante decenas de años sacaron México más de 60 mil millones de dólares. Y ésa es una realidad lacerante del país, pero es una realidad.
Nosotros tenemos en México, donde tenemos dificultades para poder manejar con claridad las estadísticas, entendemos o podemos entender que éramos o somos 82 millones de mexicanos; que había o hay, y digo había porque hay una pequeña diferencia en estos tres años, una población económicamente activa de 30 millones de mexicanos, es decir, los que estamos en edad de trabajar somos 30 millones de mexicanos.
México ha tenido la posibilidad de darle pleno empleo, el sistema, solamente a 13 de los 30 millones de mexicanos que hay en el país. Se estima que hay 8 millones de subempleados, 4 millones de desempleados y que han tenido que emigrar a los Estados Unidos 5 millones, porque aquí en su país no han encontrado trabajo para vivir y darle de comer a su familia.
En México el 60% de las familias, perdón, el 60% de la población económicamente activa, gana menos de 500 mil pesos mensuales, el 60%; mientras que no más de 5 mil familias tienen el 36% del producto bruto. Hay una tremenda acumulación de la riqueza en unas cuantas manos en nuestro país.
En el campo 856 familias son dueñas de 12.5 millones de hectáreas, mientras hay más de 4 millones de campesinos sin tierra. Y como decía el otro día el Presidente de la República, dos terceras partes de los campesinos que siembran maíz, tienen un máximo de extensión del 3%.
En el año de 1988, si no mal recuerdo nosotros exportábamos 1.5 millones de barriles diarios de petróleo y en el mejor momento de los precios de aquella época, cuando el promedio de nuestros energéticos estaba cerca, entre 28 y 30 dólares, ingresaban a México, por la venta de todo el petróleo, 14 mil millones de dólares y sin embargo en 1988, todo el dinero que teníamos que pagar por el servicio de la deuda, es decir, lo que nos costaba el servicio de la deuda, eran 14 mil millones de dólares, situación que cambió ahora que han aumentado las exportaciones de los productos manufacturados. Es decir, en 1988
el país cambiaba todo el petróleo que teníamos para vender, para pagar el servicio de la deuda.
En la economía, no olvidemos que llevábamos varios años de una profunda crisis, donde llegamos a estar a menos tres en el crecimiento del producto nacional, con una inflación que recuerdo muy bien y que a veces parece que no nos acordamos, aquellas inflación galopante que pasaba por el 150%, y que no se sabía cómo se podría resolver. Es decir, que en 1988, al principio de este régimen el país era, y quiero decirlo, es todavía profundamente antidemocrático desde el punto de vista económico. Pero no solamente el país era y posiblemente sea profundamente antidemocrático en lo económico, sino también en lo político, porque un estudio hecho en la Universidad Nacional Autónoma de México hace varios años, nos indicaba que tomando 30 años del porfiriato y ubicando en la estructura de los puestos gubernamentales, no sé si era desde subsecretario hacia arriba o de un puesto determinado hacia arriba a nivel nacional, el poder circuló en 30 años del porfiriato, el poder circuló entre 278 personas. Y el estudio que se hizo aquí en 30 años del Partido Revolucionario Institucional, nos indicaba, estudio hecho por la Universidad, que aquí en 30 años no habían sido 278 quienes manejaron todo el poder político, sino 242. Es decir, había menor circulación de la élite política en el país para principios de 1988.
Y en lo social nosotros podemos olvidar que la grave crisis económica, que la grave crisis que también fue política en 1988, se volcó, fue una lacerante crisis social para el pueblo de México. El pueblo de México ha vivido la crisis en lo económico y en lo social, porque se abatieron las defensas de la educación, se batieron las reservas para la salud, etcétera.
Y finalmente, ¿cómo empezó 1988?, ¿cómo empezó el LIV Legislatura?, pues empezó como todos lo saben, el pueblo cansado a tal nivel, que llevó a producirse los acontecimientos de 1988 que yo en este momento, no es el momento para parar a analizarlos, pero quiero decirles con esto, que el país que existía en esa época es buena parte del país que existe fuera de estas paredes. Y justamente habría que analizar en el marco de lo nacional y no quiero nada más que tocar en términos generales cuatro o cinco puntos internacionales, para saber qué es lo que este régimen se encontró; qué es lo que ha hecho, si vamos en una dirección correcta o vamos en una dirección incorrecta.
Quién pensaba hace tres años, quien pensaba compañeros hace tres años, que se iban a dar los acontecimientos mundiales que se dieron. Cuando pensábamos que ya no había acontecimientos que se iban a dar hace dos años que era el final del siglo con los acontecimientos internacionales; la Guerra del Golfo, etcétera, pues resulta que a la semana o a los meses, se desintegra la Unión Soviética y en una noche, en una tarde, se lo decía yo a una persona que respeto en mi estado, que es del partido oficial, le decía: "El Partido Comunista de la Unión Soviética cayó en un día y son acontecimientos producto de la profunda aceleración que el mundo está teniendo en estos momentos".
Yo he regresado por cosas familiares, he regresado hace un mes o mes y medio, de Europa. Yo vengo asombrado del proceso de desintegración que se está dando en muchos países que nunca se pensó que pudieran perder la soberanía, como es el caso de Yugoslavia, Croasia y con los servicios y concretamente con todo el problema que se está dando en la Unión Soviética.
Y podíamos seguir, no quiero adelantar, tampoco hay tiempo para eso, cosas que asombran por ejemplo de decirles compañeros con toda honestidad se los digo, que vengo asustado después de hablar con el Presidente del gobierno de un país europeo, que es amigo personal, cuando él acaba de hablar con Miterrand, sí, cuando acababa de hablar con Miterrand y cuando acababa de hablar con Helmut Kohll, porque tenían el miedo de que no se consolide la Comunidad Económica Europea, ¿por qué?, porque los alemanes han variado y los alemanes con Estonia, Lituania y Letonia, con Croacia, que es una parte de Yugoslavia, negociando con Yeltsin lo que es la República Alemana del Volga está en el camino, están en el camino y les preocupa a los dirigentes de la Comunidad Económica Europea, les preocupa a ellos que Alemania esté en el camino de los que pueda ser el Cuarto Reich por asombroso que nos pueda parecer a nosotros.
Quiero decir con esto, con la política de bloques que se ha dado a nivel internacional, que el gobierno actual tuvo que tomar desde un principio, tuvo que someterse, más bien tuvo que entender qué tenía en lo económico, lo político y lo social, y entender el marco internacional.
Y en ese momento, con las elecciones de 1988, con la irrupción del pueblo a las urnas, es cuando se inician los cambios en México, porque los cambios en México los inicia el actor principal: los trabajadores, los trabajadores del campo manuales
o intelectuales que somos los únicos que generamos la riqueza. Y justamente producto de 1988, se iniciaron cambios, se iniciaron cambios, sí, compañeros, como se iniciaron cambios, yo estoy viendo esta imagen de una tarde, ahora de otoño, lástima que no esté aquí Raúl Alvarez Graín, pero qué bueno, hace 20 años en el 10 de junio de 1971 y anteriormente en 1968, muchos de los que estamos aquí y muchos que desgraciadamente podrían estar aquí y fallecieron, teníamos que ser perseguidos por las fuerzas del orden en México para poder dialogar. Y gracias a las luchas de 1968 y 1971 hay una reforma política y estamos hablando, entre otras cosas, ¡claro que sí!, y estamos hablando de la reforma política donde los mexicanos podemos, para bien o para mal, hablarnos en este marco de referencia.
Yo sé, compañeros, cada uno tenemos nuestro estilo, ¿sí? Mi estilo es éste. A algunos no les gustaría, pero pues nos tendrán que oír tres años. (Aplausos.)
Me quedan trece minutos, compañeros. Por esa razón nosotros, en el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional entendemos que los avances, aunque no hayan sido muy grandes, que se han dado en el actual régimen, deben ser comprendidos a la altura del reto que se tenía cuando se empezó a gobernar. Y entendemos que el haber logrado volver a mantener el 5%, casi el 5% del crecimiento del producto, de abatir la inflación casi a un 20%, de reducir el déficit gubernamental, de haber logrado que los malos mexicanos que sacaron su dinero del extranjero hayan traído, porque ahora sí les interesa México, haya vuelto parte de ese capital; que haya habido un aumento de producciones manufactureras y que, me parece importante en la venta de las empresas del Estado, la forma como se manejó, porque ese dinero se sacó de la venta de las empresas del Estado, me pareció escuchárselo al Secretario de Hacienda en una intervención, sirvió para pagar parte de la deuda interna de México, lo que permite que ese dinero aumente en los recursos para el gasto público en este año, antes de la deuda de Bancomer en 9.1 billones de pesos. Ha habido cambios, en nuestra opinión, sí los ha habido y los ha habido importantes, ha habido cambios políticos, sí los ha habido y los ha habido importantes.
Yo vi el otro día a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, con el mayor respeto, cuando protestaron por el fraude electoral, he vivido el Colegio Electoral, ojalá no vuelva a vivir ningún Electoral, ¿sí?, ojalá que no lo vuelva a vivir y no lo voy a volver a vivir porque la nueva ley tiene qué acabar con el Colegio Electoral... entonces ésta es una realidad de todos, compañeros. (Aplausos.)
Cuando el otro día se hablaba del fraude electoral y se interpelaba al Presidente, yo quería decirle que sí es cierto, hay muchas fallas en México, porque soy político como todos los que estamos aquí y vivió el proceso como todos mis compañeros y como todos los que estamos aquí; sabemos cómo se manejan los recursos, sabemos del partido de estado principal limitación; y quiero decirles que posiblemente si las palabras del Presidente de la República dijo a una revista canadiense, los días del partido del estado están contados por un proceso de autorreforma de ellos, que bien le hará a la nación.
A pesar de todo eso, es cierto, ha habido avances, ya hay críticas, nosotros vivimos en Chiapas, quizá lo que nadie de los partidos políticos vivió ni en Guanajuato ni en San Luis, con toda honestidad, el pueblo chiapaneco es diferente y los próximos días van a dar información; porque Patrocinio González Garrido no se va a quedar así como está. Pero decíamos que viviendo nosotros ese proceso, lo hacemos viviendo ese proceso, pues compañeros ese proceso ha tenido ventajas y quienes no hayan tenido claridad para entender de que la mayor parte de la población del país votó por el Partido Revolucionario Institucional, y no soy priísta y he colaborado a formar un partido que iniciamos siete personas hace 18 años con 11 pesos en la bolsa, y sabemos lo que son las luchas para generar un organismo político; pues compañeros, nosotros les decimos que quien no tenga la claridad de que la mayor parte del pueblo mexicano votó, quieren llámese por el Partido Revolucionario Institucional, llámese por la política del Presidente de la República; es un hecho objetivo. Y éstos son avances que hay, en mi opinión, en el país.
Por esa razón...
(Desorden.)
Me quedan ocho minutos... Por esa razón compañeros, nosotros queremos retomar una preocupación... una frase del Presidente de la República; el Presidente de la República en su informe dice: "Convoco por ello a los partidos políticos, a estudiar y proponer las modificaciones apropiadas para perfeccionar el marco electoral y adoptar métodos análogos a los que se utilizan en muchos países avanzados, con el fin de proporcionar lo resultados el mismo día de la jornada electoral".
Si eso lo logramos será un gran avance de esta Legislatura, una modesta colaboración del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, es que nos ofrecemos públicamente a que el 1o. de marzo del año próximo presentaremos una iniciativa con todos los requerimientos que está señalando el Presidente de la República.
Y finalmente quisiera señalar lo siguiente:
Hemos analizado...
(Desorden.)
Es decir, esto... es decir, finalmente voy a tocar un tema...
El Presidente: -Recuerdo al orador que están prohibidos los diálogos.
El diputado Tomás Rafael Fernández: - Sí, tiene razón señor Presidente.
Quiero señalar lo siguiente: alguien decía que iba a ser la LV Legislatura la más importante, porque manejaba al Colegio Electoral y nosotros yo planteo y creo que es sentir de muchos de esta Legislatura va a ser muy importante, porque nosotros, por estas mesas, por nuestras discusiones va a pasar la modernidad del país y la modernidad del país, como expresión del Tratado de Libre Comercio, será en favor de unos cuantos o será demócrata y popular según lo que hagamos los diputados.
Y entonces, yo me hago la siguiente pregunta, porque alguien la dijo hoy en la mañana: tengo una buena impresión personal, que parece una persona honesta el secretario Serra Puche, pero el hecho objetivo es que si nosotros queremos darle validez a la Cámara de Diputados para que no siga siendo lo que mucha gente considera muchas veces el apréndice del Legislativo y, perdónenme que sea brusco, pero así lo dice mucha gente y el propio sistema, si nosotros no nos damos nuestro lugar, no nos lo va a dar nadie.
Y con toda sinceridad voy a decir aquí una frase que un alto miembro del sistema, que vive, que no está en primera fila ahora, me dijo en una ocasión, fíjense ustedes: "los diputados en México valen para pura... "Así me lo dijo y me dijo lo siguiente: el único que cuenta es el de la red; y lástima que no esté aquí el de la red, pero yo sé que aquí hay gente honesta en el partido oficial, en el Partido Acción Nacional, obviamente en mi partido y en todos los demás partidos, que vamos a luchar en esta Legislatura, vamos a luchar porque sea respetada la Cámara de Diputados y si aquí alguien intentase traer mayorías mecánicas, nos vamos a las calles, porque aquí se juega demasiado, se juega el futuro de todos nuestros hijos.
Por esa razón, yo me pregunto: Serra Puche está en Berlín; Serra Puche está en Londres; Serra Puche está en Texas, en Monterrey, a todo mundo le está explicando qué es el Tratado de Libre Comercio y, me pregunto, ¿aquí ante la Cámara de Diputados y ante los medios de comunicación, a qué le tiene miedo Serra Puche a venir a la Cámara a explicarnos realmente que es lo que está negociando o se está negociando algo a espaldas del pueblo?
Y lo dejo, porque creo que el Presidente puede ser una persona que tenga la suficiente sensibilidad para entender que si se quiere que la Cámara de Diputados tenga un papel importante, necesitamos dar, nosotros, antes que muchos otros grupos, saber qué se está negociando en el Tratado de Libre Comercio.
Por eso, compañeros, yo sintetizo con lo siguiente: Para nosotros, para nosotros en el Frente Cardenistas, la avanzada que se ha dado en estos tres años por parte del régimen del presidente Carlos Salinas de Gortari en lo económico, en los esfuerzos por lo político y en los avances por lo social, ante las grandes presiones norteamericanas que en plena recesión se dan sobre nuestro país nosotros consideramos que el Presidente encabeza un régimen que ha ganado tiempo para la reconstrucción del país.
Tiene lagunas su informe en ese marco, entre ellas el 123 que no se tocó, aunque posiblemente tengamos mañana ya aquí la iniciativa del 27 constitucional, pero para nosotros, en el marco nacional, el Presidente de la República encabeza hoy la resistencia nacional antimperialista, así la entendemos. Y esa resistencia nacional antimperialista tendrá que ser en el marco, en el marco de empujar en la dirección que está empujando el Presidente actual con el pueblo organizado.
Por ello...
(voces.)
Sí, compañero, me falta un minuto 44 segundos. Me falta un minuto 44 segundos, tengo medido mi tiempo.
Finalmente, señalaba, que si hay una constancia en el informe y una constancia en la preocupación de todos nosotros, es por la defensa de la soberanía, por eso, el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional llamamos a un diálogo
nacional de todos los partidos políticos con el gobierno para que pese a nuestras discrepancias enfrentemos el reto, el duro reto de organizarnos, manteniendo invulnerable la soberanía del país que es una tarde de primer orden para todos los mexicanos, compañeros y muchas gracias.
El Presidente: -Gracias por su participación, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado José de Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jesús Martín del Campo Castañeda: - Para enlazar mi intervención con la del diputado Fernández, que me antecedió, yo diría que los del Partido de la Revolución Democrática y creo que la mayoría de los partidos de oposición tenemos propuestas de transformación del proceso electoral desde hace mucho tiempo, que no han sido escuchadas y las podemos presentar mañana mismo como iniciativa, para que no aplacemos hasta 31 de marzo las transiciones tan necesarias para impedir que se siga imponiendo una mayoría mecánica que algunos sí vemos, que no hay que esperar a verla, como decía el diputado anterior. (Aplausos.)
También me sirve la referencia que hizo, para decir que efectivamente tenemos todos un punto de vista distinto para mirar lo que pasa en el país, un punto de vista distinto entre los representantes de los diversos partidos que aquí tienen a sus diputados y un punto de vista distinto de buena parte de la oposición, de la que tiene el Ejecutivo.
El III Informe de Gobierno del licenciado Carlos Salinas de Gortari fue leído, efectivamente, en un tono mesurado, pero teniendo un fuerte tono triunfalista. La relativa brevedad del mismo y la acartonada solemnidad del evento, permitieron sin embargo, tener claro que el recuento de los hechos es unilateralmente afirmativo del éxito y omite el reconocimiento mínimo de errores o delimitaciones que hay en el conjunto de la política de este país.
Con la relectura del texto y eso ha quedado evidenciado en las intervenciones que desde el día de ayer se han hecho, se pueden advertir señales del país que quiere el Ejecutivo.
Promesa de mejores condiciones de vida con el Tratado de Libre Comercio, pero sin mencionar categóricamente en qué plazo se van a dar esas mejores condiciones de vida y también un ambiente más democrático.
El recuento de la modernidad propuesta por el gobierno se condensa de manera especial en los aspectos sociales que me toca comentar en esta glosa, mismo que revelan nítidamente una realidad lacerante en muchos aspectos y para ilustrar esta afirmación, quiero comenzar con algunos comentarios acerca del Programa Nacional de Solidaridad, en lo que se refiere a las afirmaciones del discurso presidencial.
Crear un programa específico de gasto social que viene a cumplir en los ritos de la moda sexenal, lo que antes se llevaba a cabo a través de diversas dependencias, no puede ser considerado, ni por los priístas ni por la oposición, como un mérito del gobierno salinista.
Los llamados gobiernos de la Revolución vivieron décadas construyendo obras de drenajes, remozando escuelas o abriendo calles, sin que ello formara parte de un programa especial en manos del Poder Ejecutivo.
Nuestro pueblo participó siempre activamente en tales procesos de construcción de obras de beneficio social, sin que a nadie se le ocurriera que tal participación tuviera que ser bautizada con el nombre de moda: "Solidaridad".
Solidaridad es un concepto que pertenece, en efecto, a nuestro pueblo y que está arraigado profundamente en sus tradiciones, pero nunca ha tenido el sentido perverso de servir como un sello comercial, como el de una marca de bebidas o de cigarros, para presentar a la venta la imagen de un equilo gobernante que, como el producto mencionado, tendría que agregar en el anuncio una nota al margen que señale que es nocivo para la salud. (Aplausos.)
Nuestros actuales gobernantes han tenido que contratar empresas publicitarias de los Estados Unidos, para darle a las obras del Programa Nacional de Solidaridad toda la fuerza de un producto apetecible y vendible.
Atacar los males de la extrema pobreza es una misión digna, noble necesaria y urgente en los tiempos del cólera y la crisis y la inevitable, por lo demás, para impedir que se abra más la brecha ente los dos Méxicos, el de los dos extremos: el de la pobreza y el de la riqueza.
El Partido de la Revolución Democrática tiene como preocupación y reto encontrar los caminos adecuados para resolver de fondo éste y otros problemas de nuestra sociedad, por lo mismo, también se hace necesario hacer señalamientos críticos sobre este programa que resulta prioritario y fundamental para el régimen.
Primero. Es la caja chica del señor Presidente. Debe dejar de ser la varita mágica con la que el jefe del Poder Ejecutivo vuelve sanos a los tullidos y cuerdos a los dementes. El gasto del programa o los programas social del Estado deben ser reglamentados y regulados a través de una serie de mecanismos no discrecionales, que comprometan la participación popular y la participación de esta Cámara en la planificación y en el esquema de toma de decisiones.
Segundo. Es un gato políticamente dirigido y manipulado. El Programa Nacional de Solidaridad ha sido un mecanismo rellenador de urnas, de igual manera que lo fueron las acciones que diseñaron el padrón y que aplicaron fraude y alquimia en las pasadas elecciones. El Programa Nacional de Solidaridad ha sido un instrumento dirigido a reconstruir y maquillar la imagen del gobierno, a ganar aliados y votos y a intentar desactivar o dividir a la oposición.
Tercero: ¿qué balance hace el licenciado Carlos Salinas de Gortari sobre los resultados del Programa Nacional de Solidaridad en su informe de gobierno? Un programa dirigido a atacar los males de la extrema pobreza tiene que evaluarse sobre la base de mostrar cómo, con números constantes y sonantes, dicha extrema pobreza se acentúa o desaparece. Los datos indican que ahora, en 1991, existen tantos o más extremadamente pobres que en 1988. Si las tendencias actuales prevalecen, en 1991 tendremos que promover un Programa Nacional de Solidaridad "plus" para atacar los males multiplicados de la pobreza. (Aplausos.)
¿Comen más y mejor los mexicanos? ¿Se ha mejorado la dieta de los sectores más pobres? ¿Existen ahora 15 ó 14 millones de extremadamente pobres, en lugar de los 17 que antes se registraban? El discurso del licenciado Salinas aquí, guarda silencio.
¿Cómo evalúa el Ejecutivo la eficacia del Programa Nacional de Solidaridad? Diciéndonos que existen más de 64 mil comités de Solidaridad; que el camino no es fácil, que no se puede sanar en 10 minutos una enfermedad de 10 años, pero guarda silencio total sobre la situación actual de los mexicanos pobres y extremadamente pobres.
El gasto del Programa Nacional de Solidaridad es totalmente insuficiente para remediar los males de la extrema pobreza, el propio equipo gobernante de Salinas tendrá que pagar la osadía de vender promesas que por las vías indicadas resultan inalcanzables. El contrapunto es verdaderamente dramático, los niveles de remuneración salarial mantienen su tendencia histórica a la baja, los campesinos viven una situación de miseria e incertidumbres pocas veces vista en la historia de México. Hasta ahora, la mayor parte de los análisis apuntan a considerar que el Programa Nacional de Solidaridad es totalmente insuficiente, que ni siquiera compensa los graves efectos de la caída y depreciación salarial que se ha impuesto hasta ahora en lo que va del sexenio.
Cuarta consideración. Pero más allá de su insuficiencia, ha destacado su carácter, no contradictorio, sino funcional, a la política de liberalización económica desarrollada por Salinas, bajo lineamientos más o menos precisos del Banco Mundial y otras instituciones internacionales. Esta funcionalidad se expresa en lo fundamental, en el hecho de que se disocian las líneas de política de reconversión e incremento de la producción y productividad de las de ataque a los males de la extrema pobreza, lo que excluye a la mayor parte de la población de más bajos ingresos, de las políticas de desarrollo.
El indicador más importante para llegar a tales conclusiones, es que los montos fundamentales del gasto del Programa Nacional de Solidaridad, no están dirigidos a obra productiva o a obra social que tenga un claro vínculo con otras acciones de desarrollo productivo, por lo que no hay efecto multiplicador del gasto y, por lo demás, una buena parte de éste se diluye en un consumo social inmediato que es solo ligeramente compensatorio.
Ilustro con algunos datos: en 1989, el 30.8% de la inversión de solidaridad se dirigió a infraestructura básica de apoyo; el 55.9% a infraestructura para el desarrollo social y sólo el 13.3% a proyectos productivos. En 1990, la inversión autorizada para la zona sur del Programa Nacional de Solidaridad fue de 50.7% de infraestructura para el desarrollo social, el 22.7% para infraestructura de apoyo y sólo el 26.6% para programas productivos.
Quinta consideración. El Programa Nacional de Solidaridad se ha convertido en una estrategia de cambio de la relación Estado - pueblo o Estado- sociedad civil, por lo que no cabe compararlo, sin más, a anteriores políticas sociales del Estado mexicano.
En la canalización del gasto se crean comités de solidaridad, locales y regionales, que se convierten en la base de una nueva relación entre comunidades y funcionarios del Programa Nacional
de Solidaridad, por fuera de las organizaciones tradicionales o vigentes: el ejido, la asamblea ejidal, las asociaciones de productores y por encima de los propios cabildos municipales; ello pretende apoyar la construcción de nuevas estructuras de organización que pueden ser la base para refundar en muchos de sus aspectos a partido dominante hasta volverlo el partido de la solidaridad.
Una discusión reciente entre los miembros del núcleo de funcionarios más cercanos a Salinas puesta a la luz en el periódico El Financiero, mostró hasta dónde ésta es un efecto, una estrategia de cambio desarrollada desde los más altos mandos gubernamentales y ya son conocidas las protestas públicas de importantes priístas en contra de lo que consideran será un nuevo golpe de mano presidencial.
Podríamos extendernos más en las referencias a Programa Nacional de Solidaridad y además también lo han hecho ya de manera extensa algunos otros de los diputados que han hecho participación para esta glosa. Desde mi punto de vista se puede sacar una conclusión: el Programa Nacional de Solidaridad paradójicamente significa la restauración del centralismo y del mando político absolutizado en el Presidente y la absorción burocrática de las fuerzas sociales y movimientos sociales emergentes. Las autoridades municipales, ejidales y de la mayor parte del territorio nacional donde opera el Programa Nacional de Solidaridad, están convertidas prácticamente en rehenes del programa. (Aplausos.)
El ejido, hemos visto en la discusión sobre el ejido una verdadera cena de negros en el gabinete salinas pero también hemos visto como en México sigue vigente el poder disciplinador del Presidente; en las últimas semanas vivimos una situación en la que dentro de los muros del feudo gobernante se discutía el tema del ejido; allí se dieron en lo fundamental tres posiciones: la primera encabezada por la corriente política dominante de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y por la cabeza de la Secretaría de Hacienda la que planteaba que era indispensable desaparecer la figura del ejido y ofrecerlo en bandeja de plata a los inversionistas privados nacionales y extranjeros.
La segunda, defensora de la estructura del ejido, pero que planteaba que no debía haber ningún cambio constitucional sólo a la Ley Reglamentaria. La tercera, defendía una posición aparentemente intermedia consistente en permitir la compraventa de parcelas, sólo de ejidatario a ejidatario.
Se dijo en un momento dado que esta posición era defendida por dos secretarios de Estado, el jefe del Ejecutivo optó por aceptar formalmente la segunda cuando dijo que el ejido permanecerá, pero agregó que éste sufrirá importantes transformaciones. ¿Hasta dónde llegarán esas transformaciones?
Nosotros alertamos contra el intento de privatizar el ejido por la vía de transgredir el marco constitucional sin modificar formalmente el texto del artículo 27. ¿No fue ése el intento de José López Portillo cuando creó la Ley de Fomento Agropecuario? En cualquier caso nuestra posición al respecto es sí transformar el ejido, pero afirmamos que dicha transformación no puede ser sometida a la lógica simple y sencilla de la rentabilidad empresarial y de las ventajas comparativas, que no debe ser dejada en manos de una estrategia de rapiñas privatizadora, que no debe abandonarse a los caprichos darwinistas del pensamiento y de la acción neoliberales. El Partido de la Revolución Democrática se pronuncia en consecuencia por la defensa irrestricta de las formas de vida y producción comunitarias y ejidales, así como de los preceptos constitucionales que le dan legalidad y norma.
No son las formas ejidales y comunales de vida y producción un obstáculo para el desarrollo, esto es un mito, han sido más bien una traba para que el capital privado avance como latifundismo extensivo y depredador y para que entre nuestras familias campesinas no termine por imponerse una pobreza totalmente descarnada y humillante.
Las limitaciones del ejido no son producto de sus formas de tenencia, sino del papel que se ha impuesto al campesino mexicano en el esquema o modelo predominante de desarrollo. Durante décadas lo pobladores rurales mayoritarios han sufrido paulatina o violentamente la pérdida de su capacidad adquisitiva y han visto mermadas significativamente sus condiciones de reproducción, al tiempo en que han sido expropiados de sus posibilidades y capacidades de gestión independiente.
Los gobiernos priístas han considerado al ejido más como una base de control político de los campesinos que como una estructura de organización social y productiva. El corporativismo rural ha sido fuente inagotable de rapiña y corrupción y ha sido el campo fértil para la existencia y reproducción del caciquismo. El verdadero obstáculo a la modernización rural es la antidemocracia imperante, que inhibe las fuerzas creativas y productivas de nuestros pobladores rurales.
La producción ejidal y comunal ha demostrado en innumerables momentos y condiciones, ser más racional y productiva que la del capital privado, pues busca la conservación y el equilibrio de los ecosistemas y ataca de frente los procesos polarizadores. Hoy más que nunca es necesario crecer con un criterio de rentabilidad de largo plazo, que incluya en el rubro de los costos la depredación del medio ambiente y los efectos nocivos y degradantes del capital.
Los últimos gobiernos priístas y en particular el de Salinas de Gortari, han decidido en la práctica promover y llevar hasta sus últimas consecuencias el proceso de privatización del ejido, pues la llamada desincorporación ha operado en lo fundamental en favor del capital privado y la eliminación de paraestatales, precios de garantía y de subsidios, así como la disminución brutal de los flujos crediticios operados por el Banco Nacional de Crédito Rural, ha llevado a la ruina a amplios sectores del campesinado. El rentismo y la desintegración del núcleo campesino ejidal que priva en diferentes áreas del campo mexicano, es un producto de tal política de desarrollo y no de la ineficiencia del ejido.
Nuestra defensa del ejido no implica que no estemos dispuestos a dar una firme y decidida batalla por su rehabilitación, así como por la eliminación o cambio de aquellos preceptos jurídicos que, enmarcados en la legislación agraria vigente, son verdaderos grilletes y obstáculos al desarrollo autónomo e integral de sus usufructuarios, pero no aceptaremos bajo ningún concepto la idea de desincorporación como reprivatización, ni como abandono de funciones que son esenciales a un Estado, a un Estado que debe ser democrático.
Nuestra propuesta de cambio estará centrada en devolver a las comunidades y al ejido sus condiciones básicas de desarrollo autónomo, revirtiendo los esquemas que le han impedido su capitalización y crecimiento equilibrado. Para ello, será necesario llevar a cabo una profunda reforma del Estado, revertir las tendencias privatizadoras y transformar aquellas políticas que disocian los programas de incremento de la producción y de la productividad, de los ataque a los males de la extrema pobreza.
Los campesinos mexicanos deben volver a ser sujetos activos de desarrollo y no beneficiarios pasivos de una política asistencialista que sólo les devuelve migajas de su propio trabajo.
Centrar hoy la discusión del campo en el problema del ejido, es una posición unilateral e interesada, dos terceras partes de la propiedad privada viven bajo la forma del minifundio y no han tenido hasta el momento opciones claras de reconversión y desarrollo ni han sido demandas para compra por otros propietarios, pero ésta es sólo una de las caras de la moneda.
Por otro lado, existen grandes propiedades privadas que rebasan con mucho los límites legales de extensión territorial y no pocas de esas funcionan de manera extensiva e ineficiente.
La rehabilitación del sector agropecuario debe implicar también el ataque frontal a este problema que no es menor como factor de crisis y como generador de distorsiones productivas recurrentes y desigualdades sociales económicas profundas.
Hacer estos comentarios en relación a lo que dice el informe me parece pertinente porque, según se sabe, mañana entrará una iniciativa para la reforma al 27 constitucional.
Otro de los aspectos que fue mencionado de manera importante en el informe y que tiene que ver con la cuestión social es el de la educación. En el último informe presidencial hubo una extensa mención a la educación, tanto en el capítulo de la nueva política social como en el capítulo denominado "Los Próximos Tres Años", en 159 líneas se sintetizó la opinión que tiene el Ejecutivo respecto a este tema.
En principio el que haya sido extensa la mención es positivo, como lo es que se reconozca implícitamente que la propuesta de modernización educativa para el caso de la educación básica no se apoyó en la opinión de la mayoría de maestros, padres de familia y expertos, sino sólo en diversos grupos de éstos.
También resulta importante que se afirme que la propuesta está abierta al diálogo para perfeccionarla.
Lo que no resulta tan cierto es que se debate libremente en todo el país esta gran reforma educativa de México. Es apenas una declaración, es apenas una intención y deberán darse los espacios y generarse los eventos a través de los cuales realmente pueda recogerse la opinión de los trabajadores de la educación, los investigadores y los padres de familia.
Por otra parte, se afirma que en treinta y cinco meses los salarios de los maestros han crecido 151% sin comparar las cifras con la pérdida del poder adquisitivo, consecuencia del incremento
del costo de la vida y de la inflación, y nada se dice de la deserción de miles de maestros por la falta de incentivos para retenerlos en la profesión docente.
Además se afirma que se requiere de la reformulación de los contenidos y métodos educativos, con base en un principio nacionalista y con un nivel de calidad competitiva en el mundo, lo que contrasta claramente con la propuesta que la Secretaría de Educación Pública ha hecho para modificar planes y programas de educación básica, misma que ha resultado fallida, incongruente, y que pone en serio peligro de retroceder en lo que a contenido se refiere, en lugar de avanzar hacia el objetivo de competitividad mundial que se pretende alcanzar.
Se reafirmó el principio constitucional de que la educación pública seguirá siendo laica y gratuita y la primaria obligatoria, Sin embargo, aquí hay una restricción o una disminución en la aspiración de universalizar para todos los mexicanos el ciclo básico de 10 grados que ya había sido planteada en el sexenio anterior cuando Jesús Reyes Heroles fue Secretario de Educación.
Y también deja abierta la puerta, sin generar la discusión categórica al respecto para permitir educación religiosa en las escuelas privadas, sin hablar claramente de si se hará la reforma al artículo 3o. o no.
Respecto al financiamiento, el licenciado Salinas afirmó: "Haremos corresponsable a la sociedad en lo que a la provisión de recursos para la educación se refiere". Lo que contradice la obligación constitucional de que el Estado financié la educación pública en todos los niveles y eso entra en contradicción también con el reconocimiento de que urge elevar la calidad de la educación para hacerla competitiva y así enfrentar los retos de las aceleradas transformaciones científico - tecnológicas que hay en el mundo.
Quiero dar algunos datos rápidamente de la evolución del gasto, de la inversión que se hace en educación. Durante el mandato de Obregón, con Vasconcelos como ministro de Educación, se gastó hasta un 15% del presupuesto federal, mientras que en el mandato de Calles bajó a un promedio del 7%; a partir de 1930 ascendió al 11% y en 1933 se erogó para educación el 14%. Para 1988 el gasto ya se había reducido en términos muy fuertes, y sólo se estaba invirtiendo el 3% del Producto Interno Bruto, sin llegar a alcanzar el 10% del total del gasto federal para este rubro.
Si como se afirma, las transformaciones en educación tienen que estar relacionadas también con la cuestión del Tratado de Libre Comercio, habrá que tener en cuenta que en 1989 para educación en Estados Unidos dedicaron el 6.7% del producto nacional bruto, y en Canadá el 7.2%, y que el total del gasto federal para este rubro en Estados Unidos fue del 21% y en Canadá del 15.4%, lo que nos antoja entonces una distancia enorme que hay que vencer, sobre todo en relación a la prisa que manifiesta el gabinete de Salinas para la firma del Tratado de Libre Comercio, sin una discusión que tenga el consenso nacional.
La propuesta de cambio permitirá, según el discurso del Presidente Salinas, que la del maestro sea una profesión apreciada y respetada socialmente. Reconocer que el magisterio es una profesión, es un buen principio, pero desafortunadamente no ha sido acompañado de hechos, como la elevación del salario que dure en cuanto a su efecto, la mejoría de las condiciones materiales del trabajo, estímulos profesionales como becas para estudios de posgrado en el país y en el extranjero, programas permanentes de actualización de calidad y seriedad que redunden en mejoría del trabajo cotidiano de los docentes.
En cuanto al proceso que se ha dado en llamar modernización educativa, hay que señalar que éste ha tenido serios traspiés en su desarrollo, me refiero al de educación básica. Se indica formalmente con la presentación en junio de 1990 de un nuevo modelo pedagógico que va acompañado de nuevos planes y programas de estudios; estos empezaron a aplicarse en más de 400 planteles del país a través de la llamada prueba operativa.
La amplia consulta que se dice fundamentó los cambios, nunca existió, así como tampoco existió una evaluación seria y profunda de los planes en vigor, negándose de un plumazo casi dos décadas, que si bien podrían tener errores, seguramente aportaron algunas experiencias que deberían ser rescatadas.
Sobre los resultados de la prueba operativa, hay el más absoluto hermetismo de parte de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública, a pesar de que se inicia ya su segundo año, pero lo paradógico del asunto es que nuevamente en julio, pero ahora de 1991 se presenta otro nuevo modelo, ahora llamado "educativo", que sustituye al anterior y que plantea que antes de definir los cambios a planes y programas, se deben delinear algo que llaman perfiles de desempeño, que básicamente se refieren a las actitudes que
aspira alcancen los educandos. Aquí los contenidos son minimizados y se priorizan, como ya se señaló, las actitudes y los valores en abstracto.
Sin embargo, aun cuando se supone que los planes y programas están por definirse con base en los perfiles de desempeño, la prueba operativa sigue su curso aún basada en el primer modelo que según se dice ya fue rebasado. Esto nos habla de que están viviendo dos procesos paralelos, y lo que es más alarmante, a espaldas de los maestros, los padres de familia y la sociedad en general.
Lo que subyace a esta situación son pleitos de poder de algunas camarillas o de diferentes grupos al interior de la Secretaría de Educación Pública, que participan en el diseño de estas propuestas, que aspiran a que sus puntos de vista sean los predominantes, no tanto porque estos tengan claridad académica o propuestas coherentes, sino por lo que eso reditua políticamente en su carrera particular.
Podemos decir entonces que la educación en estos momentos es terreno donde se están disputando intereses muy ajenos a ella en lo que a la administración se refiere. El amplio debate al que se refiere el informe, no deja de ser una utopía porque ¿sobre qué se puede debatir? ¿Sobre unos programas que están aplicando casi en secreto a través de la prueba operativa? ¿Sobre el nuevo modelo educativo que es un documento sumamente abstracto, incoherente y contradictorio? ¿Sobre otros programas que se sabe ya están haciendo, ahora ajustados al nuevo modelo, pero de los cuales tampoco se informa, sólo las editoriales lo saben, las que editan los libros de texto?
En cuanto a elevar la calidad de la educación y hacerla competitiva, es también una aspiración que está fuertemente amenazada por la manera en que se ha operado en lo concreto. Los programas y libros de texto de la prueba operativa, representan un fuerte retroceso en el nivel de conocimiento en todas las áreas disciplinarias.
En cuanto a la propuesta del nuevo modelo educativo, minimiza la adquisición de conocimientos y prioriza las actitudes sin mayor fundamentación.
La descentralización de la educación, como también afirmaba otro compañero mío del Partido de la Revolución Democrática en su intervención de ayer, no debe llevar a la fragmentación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Este sindicato vive un importantísimo momento de transición democrática, jalonado por las grandes movilizaciones de 1989, que fueron dirigidas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
En efecto, con la caída del liderazgo vitalicio, que afortunadamente no fue tal de Carlos Jongitud, se afianzó entre los trabajadores de la educación el deseo de fortalecer su organización sindical, refundándola sobre nuevas bases que la harán más fuerte en un sentido democrático y con grandes posibilidades de incidir positivamente en el rumbo de la vida sindical del país.
El destino del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación debe estar en manos de sus miembros, sin la presión de la autoridad, la que puede provocar un permanente estado de tensión en detrimento de la educación y de los agremiados del sindicato.
Otro de los rubros de carácter social que hay que mencionar en relación a lo que dijo el informe, es el del sector salud. Se dieron datos acerca del número de derechohabientes en las instituciones públicas de salud: En 1991 la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social es de 38 millones 117 mil, y la del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 8 mil 509 mil 700 afiliados. El personal médico en ambas instituciones es de: 43 mil 205 en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 13 mil 945 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Si hacemos una división simple entre los derechohabientes y el número de médicos, estamos hablando de una correlación que habla de déficit en los servicios de salud pública y que redunda en la siguiente cifra: 882.2 pacientes por médico en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y 610.2 pacientes por médico en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que nos habla de que aquí hay más bien un déficit que no puede ser ocultado con el pequeño crecimiento que ha habido y que es importante del número de derechohabientes.
En enfermedades, estamos hablando de 69 mil 687 enfermeras en el Instituto Mexicano del Seguro Social, 17 mil 405 en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que habla de 546.9 pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social por cada enfermera, y 488.9 pacientes en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado por cada enfermera.
A pesar de que no se presentan cifras del número de médicos por especialidad, por entidad federativa
y en cada una de las principales ciudades, es evidente que la calidad del servicio médico prestado por las principales instituciones del estado, no puede ser muy alta si en términos generales y absolutos en promedio, por cada médico y enfermera, debe atender potencialmente a un elevadísimo número de derechohabientes en cada una de las instituciones señaladas.
Termino diciendo que nos vemos obligados a hacer una referencia rápida, también a que en el informe se omite el carácter totalmente represivo de las autoridades del trabajo, que han violentado, en convivencia con algunos liderazgos tradicionales, conocidos por los trabajadores como "charros", para reprimir violentamente cualquier manifestación en ejercicio de sus derechos para elegir libremente a sus dirigentes. Son conocidísimos por todo el mundo los casos del Tornel, de la Ford y de la Modelo. Hay convivencia entre la autoridad y un liderazgo atrasado y entre el liderazgo conocido como "charril" por los trabajadores y las empresas que, en muchos casos, tienen una pertenencia transnacional.
Sobre otro dato con que concluiré mi intervención, es el de que hay un creciente desempleo ilustrado. En los propios anexos del informe presidencial se habla de que personas con primaria completa en que no tienen empleo, es un 17.4% de la población; con secundaria completa e incompleta 46.3%; en el nivel medio superior y superior 27.0%.
De igual manera podríamos hablar de cifras contundentes; de igual manera podríamos hablar de otras cifras contundentes en lo que se refiere a vivienda, en lo que se refiere al problema del cólera y otras más. Pero queremos dejar sentado los miembros del Partido de la Revolución Democrática, que no hay lugar, al contenido triunfalista y no hay lugar a la promesa de un paraíso por la integración expedita y sin consenso nacional a que nos pretende llevar con el Tratado de Libre Comercio.
El Presidente: -Gracias por su participación señor diputado.
Tiene la palabra el diputado Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional.
El diputado Fernando Estrada Sámano: -Me atrevería quizá, señoras y señores diputados, señor Presidente, a comenzar con una anécdota o con una referencia quizá indebidamente personal.
Hace 15 demasiados largos años, que quien habla no tenía el altísimo honor de estar en la tribuna parlamentaria de México. Hoy el mundo, México y esta Cámara, presentan perfiles sustancialmente distintos de hace tres lustros.
Después de ese tiempo, es también personal el gusto de reencontrar caras y personas estimadas con quienes en el Congreso o fuera de él, tuvimos oportunidad de trabajar juntos en el intento de servir a México.
Pero esto va mucho más allá de lo anecdótico y personal. En estos tres lustros la situaciones confrontada por la mayoría del pueblo de México ha experimentado endeudamiento y crisis.
Comenzaría estos comentarios señoras y señores diputados, con una cita con un documento de trabajo interno que se analizó en una serie de reuniones interregionales como preparación para la elaboración de nuestra plataforma y de nuestra campaña política de 1991. Este documento se intituló "Democracia para la justicia en la libertad". y cito: "El núcleo central de la visión del México moderno a construir, que Manuel Gómez Morín, fundador de Acción Nacional había ido formando años antes de 1939, se resume en ese título en general de ese documento.
Los legítimos propósitos justicieros y los objetivos libertarios de la revolución de los mexicanos, no podría realizarse sin un sistema democrático para la vida toda la nación".
Sugiero señor Presidente, que en buena medida esto es lo que ha tenido lugar en las décadas pasadas en la historia contemporánea de México. De ahí el sentido de urgencia de medidas políticas de estos últimos años; de ahí el tono mismo del Informe Presidencial y los cambios propuestos en el documento presentado a consideración nuestra.
Después de todo, la dignidad de las personas, de las familias y de las clases sociales, de los grupos que componen a esta gran nación, se reflejan en índices diversos. Y juntamente con logros y avances impresionantes, sin duda, comparados con países de desarrollo socioeconómico similar a nuestros, logros y avances que no tenemos en Acción Nacional la más mínima dificultad de reconocer y de afirmar.
En el informe se reflejan asimismo, quizá con insuficiencia, aspectos diversos de esos índices
en los que se vive la dignidad o en que es imposible vivir a la altura de los seres humanos.
Destaco apenas algunos ejemplos:
En vivienda, afirma el Titular del Ejecutivo, que se han construido más casas que en los últimos 50 años. No se dice en el texto leído, la relación entre las necesidades de vivienda que había habido, y la satisfacción con el que de hecho se construyó, de esas necesidades. No se habla del déficit actual de vivienda, y por lo tanto, tampoco de objetivos de política pública en este terreno para los años por venir.
Y tampoco se informa de montos, de fuentes, de posibilidades de financiamiento. No puede, por tanto intentarse un marco comparativo de necesidades y de posibilidades para una evaluación congresional, responsable y suficiente. Y esto habremos de verlo, señoras y señores, cuando discutamos, por ejemplo, el presupuesto Salud.
Se informa del incremento en el número de afiliados al Sistema Nacional de Seguridad Social.
Pero no se informa de la atención que esos afiliados reciben en esas instituciones. Tampoco de la eficacia de los servicios ni de los costos ni de necesidades a futuro y también de posibilidades de financiamiento. Podemos simplemente ejemplificar, con unos cuantos datos en este terreno importantísimo de las políticas públicas en el área de lo social. La actual epidemia de cólera que se observa en la República Mexicana, ha evidenciado, dice un estudio, que para 1990 y de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Nutrición, llevada al cabo por la Secretaría de Salud entre 1989 y 1990, que el 21.9% de la población del país duerme en piso de tierra; el 82.9% de las viviendas poseen agua potable intradomiciliaria; y solamente el 61.9% de las viviendas del país dispone de excusado con agua.
Para el sureste del país, como en tantos otros datos de la vida social mexicana, estos porcentajes en el sureste se vuelven más dramáticos. Habrá que recordar que en esta zona, no inesperadamente, el impacto del cólera ha sido mayor.
En noviembre de 1986 muchos de nosotros podríamos recordar que al tiempo de la aprobación de la ley estadounidense Simpson - Rodino pudimos haber sentido un enorme sentido de pérdida con la salida de compatriotas nuestros.
En el informe poco se informa sobre corrientes internas de migración y hacia el exterior. Se señala casi de paso que dentro de unos 10 años, de cara al Siglo XXI, seremos alrededor del 80% una población urbana. Pero no se habla de la relación de las corrientes migratorias con las condiciones educativas, de vivienda, de educación, de salud, de ingreso, sobre todo en el campo de México, de la imposibilidad de una vida digna a la altura de los seres humanos, de una vida de acuerdo con eso de que habló el Presidente, la dignidad de las personas y de las familias.
Ya han apuntado oradores precedentes, datos y comentarios sobre las abismales condiciones de distribución de ingreso, de la riqueza y de los servicios sociales en México. No me detengo, por tanto, por el momento, en cifras; ya habrá oportunidad y necesidad y obligación de hacerlo en las semanas por venir; sólo me atrevería a mencionar, señor Presidente, algunos muy buenos estudios, uno publicado y difundido por el Consejo Consultivo precisamente del Programa Nacional de Solidaridad y otro, un muy buen estudio, cuando ellos eran buenos académicos de Pedro Aspe y de Beristain Iturbide, sobre distribución del ingreso y de oportunidades sociales en este país.
Una sociedad de desigualdad brutal en donde se ha registrado, como señalan autores diversos, una verdadera dinámica de distanciamiento socioeconómico, acentuada ésta en estos tres últimos lustros y ya advertida desde por lo menos la segunda mitad de los años sesentas.
También, por ejemplo, Carderón Hinojosa en ese riguroso análisis, en esta recia intervención de esta mañana, se refirió a los niveles inverosímiles de empleo de que el informe comunica a este congreso.
En el fondo, señoras y señores diputados, lo que esto implica, esta serie de condiciones, este complejo de estructuras socioeconómicas en nuestro país, es la pérdida y la frustración de millones de posibilidades humanas y condiciones estructurales de indignidad para las personas, para las familias, para los grupos que formamos a México.
Estamos en el fondo hablando también de niveles inaceptables e injustificables del dolor humano y el dolor humano, la insuficiencia de la sociedad para sus gentes, es un hecho, un dato social central que creo, sugiero, señoras y señores diputados, puede llegar a unirnos en la búsqueda común de caminos de servicio y de futuro para este país.
En estos ejemplos el informe no cumple la función constitucional plenamente, está ahí uno en estos terrenos, los marcos de referencia de comparación, es omiso en otros, insatisfactorio en algunos elementos más, y lo es particularmente por la atmósfera y la intención política de comunicación no sólo al congreso sino más allá al pueblo todo. A la vez no parece haber duda de que en este informe hay evidentemente un cambio en el lenguaje y en el tono, hay un cambio en la estructura del informe, hay un enfoque interdisciplinario en el análisis y la presentación de los problemas, ya hay referencia, sin duda, a conceptos fundamentales algunos de los cuales menciona de enseguida de manera gruesa y rápida.
En Acción Nacional, como partido responsable, democrático, tomamos en serio la palabra presidencial. Con base en lo que informa y en lo que propone, me atrevo a presentar a consideración crítica de ustedes apenas algunos comentarios iniciales:
El licenciado Salinas de Gortari pregunta, casi al inicio de su informe lo siguiente, y cito: "en el mundo de hoy y en el México de hoy, ¿cómo definir nuestra independencia política y económica?, ¿cómo acrecentar nuestra cultura?, ¿cómo respetar la dignidad de la persona y de la familia?, ¿cómo servir hoy en este momento de la historia universal al interés superior del pueblo mexicano?, en síntesis, ¿qué demanda el interés nacional en el mundo contemporáneo?.
Permítaseme, señor Presidente, intentar contribuir a este debate y a este diálogo que ahora apenas comentamos.
Tenemos, tendríamos, tendremos, señoras y señores, obligación posterior de bajar con todo detalle al análisis a fondo de cada una de las cuestiones planteadas en materia de política social y en general de políticas públicas en México.
Veo que el tiempo se acorta mucho más tiranicamente de lo que uno quisiera.
Iba a presentar, de manera consecutiva, lo que me parece engloba y concatena varios de los conceptos y de las propuestas fundamentales del titular del Ejecutivo. Habló él repetidamente de la dignidad de las personas y de las familias. Y ello es el fondo fundamento y base de la libertad de conciencia y de sus derivaciones posteriores, la libertad de creencias y de religión, la libertad de educación, la libertad del trabajo, por ejemplo, referida a las reformas que propone en el campo, a la libertad política, en relación, entre otras cosas, con el Programa Nacional de Solidaridad.
Sé que no podré agotar, en el tiempo que me resta, estas cuestiones de fondo, pero sugiero que esta afirmación y concatenación englobadora de libertades derivadas e interdependientes, hemos de ponerla constantemente en confrontación con los datos de la realidad, con las posibilidades estructurales del ejercicio de esos derechos y esas libertades, esto es: hemos de ponerlas en conjunto no solamente con la afirmación aérea, teórica de derechos y de libertades, sino con la posibilidad estructural, existencial de llevarla a cabo, esto es, con la búsqueda de la justicia. De ahí que lo hemos propuesto se resume en esa fórmula de democracia para la justicia en la libertad.
En este documento, se pregunta en qué pueda basarse esa afirmación presidencial y de otros sobre la dignidad de las personas y de las familias. Cito: "La democracia comienza en el momento mismo en que se afirma y acepta en serio la igualdad esencial de todos los seres humanos; y por tanto, la innata capacidad potencial de toda persona de ser sujeto y de participar por igual en la construcción de la historia, de su propio destino y en las decisiones que afectan a todos y definen el destino común y el tipo de sociedad en que se vive".
Afirmar, como lo hacen los principios de Acción Nacional, que la persona humana tiene una eminente dignidad, no es frase hueca, tiene las más serias consecuencias. Es, así, piedra angular imprescindible de la teoría democrática y deriva en las más exigentes de las obligaciones y de los compromisos en la vida social en la actividad política y en la búsqueda y ejercicio del poder.
Se dice eminentes, porque la persona humana sobresale, destaca, se distingue esencialmente de todos los demás seres de la tierra. Es el único ser dotado de capacidad para conocer, aprender, interpretar, modificar, la realidad. El único capaz de autodeterminarse y de optar entre alternativas, por ejemplo, políticas. De tener conciencia de su propio ser y existir, y por ende de ser reflejamente consciente de su propia identidad. Es el único capacitado para vivir y relacionarse en el afecto consciente y libre.
Estas son, a nuestro modo de ver, señoras y señores diputados, señor Presidente, las bases de su dignidad inviolable.
Es la base de los derechos humanos, como algunos de los que se mencionan en el informe,
como los que el diputado Fernández de Cevallos, antes de que escucháramos el informe, mencionara la mañana del día 1o. de noviembre. "Resulta pertinente, decía él, destacar que la Constitución General de la República en vez de otorgar, debe reconocer los derechos fundamentales del hombre, porque son anteriores y superiores a toda ley".
Sugiero, señor Presidente, que estas afirmaciones de fondo tienen las más profundas implicaciones para la vida de México frente al Siglo XXI.
Esta base de la dignidad de las personas, es fundamento de la libertad esencial: la libertad de conciencia. Y es también fundamento de la exigencia por la justicia. De ello se derivan las demás. Y se deriva particularísimamente en la vida sociopolítica: el pluralismo político.
Una primera derivación, y paso a un segundo nivel si se quiere, es que en el informe es tema y propuesta lo que se dirige o se podría dirigir hacia la libertad de creencias y de religión. Problema extraordinariamente complejo, espinoso, en sus muy variadas dimensiones e históricamente particularmente en nuestra patria.
Despierta, como los señores de la mayoría quizás pueden recordar, grados notables de emotividad, cuando ellos aplauden antes de que el Presidente llegue a la prótesis de una frase, es decir, a la mitad de la frase, sin esperarse lo que venía después. Y aplaudieron, también, la segunda parte.
Se trata, en el fondo, de una libertad esencial: la libertad de creer, de no creer, de descreer. Ante el tintel de la conciencia, todo estado, cualesquiera gobiernos, toda iglesia y desde luego cualesquiera partidos políticos, han de detenerse ante algo que no pueden hollar ni violar: el drama íntimo de los seres humanos sobre el sentido de la vida, su trascendencia o su continencia solo en el tiempo y en la materia.
¡Y estas opciones nadie las puede violar ni violentar! El hecho social, en el caso mexicano, esa es la composición de una mayoría de quienes se confiesan como católicos y, al mismo tiempo, un creciente pluralismo sociocultural.
Reconocer estos hechos quizás apoye la posibilidad de discutir eso con grados de serenidad, de racionalidad, de servicio fructífero para México. Habría que distinguir, por ejemplo, como tarea nuestra de nuestro congreso, entre algunos de estos diversos aspectos que componen este complejo tema. Son cosas diferentes las relaciones entre las iglesias y el Estado este complejo tema.
Son cosas diferentes las relaciones entre las iglesias y el estado, el reconocimiento o no de la personalidad jurídica de las iglesias, el derecho político de los ministros de culto, incluido en ello el voto activo y/o pasivo de estos ministros; la posesión de bienes por parte de las iglesias, ¿se pagarán impuestos?, ¿cuál será el régimen fiscal que podamos diseñar? ¿Las instituciones educativas y el fenómeno frecuentemente mencionado por Rincón Gallardo el día de ayer, de los prestanombres?, ¿los conventos?, que sabemos que existen en este país, según creo. ¿Qué régimen van a tener? Es distinto lo anterior, también de las relaciones entre el gobierno de México y el Vaticano, son cuestiones distintas que hemos de afrontar en las semanas y meses por venir, señoras y señores diputados.
Me atrevería a añadir la lectura de un brevísimo párrafo sobre cuál es la orientación en estos temas, básica, del Partido Acción Nacional y que naturalmente orientarán nuestra participación y nuestro intento de contribución en el proceso de este debate, en esta materia.
Es un partido, civilista y, entre otros sentidos, esta afirmación de sí mismo, de Acción Nacional, significa la defensa y la afirmación de la responsabilidad de cada quien en la evolución de la historia común y en la exigible autonomía de lo temporal. Ese, un partido civil y láico, como distinto y distinguible de religioso y de confesional. Serena afirmación de respeto a los derechos y al drama íntimo e intransferible de cada persona ante el problema, como antes señalé, de la transcendencia de la vida del mundo y de la historia.
Es así, exigencia de que ni el estado ni las iglesias, ni partido político alguno, pretendan transformar el dintel de las conciencias o peor aún, forzarlas a optar por determinada creencia o por determinada descreencia. Es al contrario, la afirmación de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa, obligación de crear y garantizar las condiciones para el maduro ejercicio de esa libertad de conciencia y de pensamiento por las personas en comunidad; asociarse en torno a opciones, convicciones o creencias compartidas y de expresarlas, presentarlas y difundirlas en la sociedad, con respecto a los derechos de éstas y de todas las personas.
Estas son las bases, pero además en la rica, variada tradición y legado legislativo de este partido democrático de Acción Nacional, hay iniciativas diversas en esta materia y sólo mencionaría
un ejemplo que nuestros diputados presentaran en la LIII Legislatura. Hay rompimiento diario de las disposiciones constitucionales y reglamentarias, como se ha señalado en materia de régimen de las iglesias y de manifestación de las creencias en este país.
Sociopolíticamente esto tiene significación y riesgo. El notable sociólogo, Peter Berger, por ejemplo, señala cómo este rompimiento consuetudinario lleva a la simulación, al engaño y al daño social. Sugiero, señoras y señores, es urgente corregir esta situación con imaginación política, con valentía, con honestidad, con serenidad y con prudencia, con conciencia de nuestra historia y de nuestro futuro y estamos, sugiero, obligados a un debate detallado, a fondo y cuidadoso. Se trata de liberar la riquísima variedad y los valores plurales de la sociedad mexicana.
Señor Presidente, mi tiempo se ha agotado y me atrevería quizás, señor, a solicitar de usted tuviera a bien instruir a la Secretaría y preguntar a la asamblea si pudiera concedérseme unos minutos más para intentar redondear algunas de estas ideas.
El Presidente: -Le informamos que todavía tiene usted tres minutos.
El diputado Fernando Estrada Sámano: -Aún así señor, me atrevería a hacer la misma solicitud.
El Presidente: -Proceda la Secretaría a hacer la pregunta a la asamblea.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a la asamblea si es de concedérsele tres minutos más al orador Fernando Estrada Sámano en su exposición.
En votación económica se pregunta si se aprueba...
Los que estén por la afirmativa, sírvanse ponerse de pie... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe señor orador.
El diputado Fernando Estrada Sámano: -Muy agradecido, señoras y señores diputados; señor Presidente:
De la libertad de educación, de la libertad de creencias irreligiosas sugiero se derive un tratamiento posible de la libertad de educación, y aquí naturalmente tengo que correr.
"El modelo educativo y cultural de Acción Nacional, dice la plataforma nuestra, que se utilizó en esta campaña, es un modelo rural, democrático, variado, flexible y tiene que ser, como antes señalaba, confrontando constantemente con la realidad, con las posibilidades concretas estructurales de poner en práctica ese modelo educativo, libertario, plural, democrático. Esta es una parte de una especie de modelo de sociedad o de proyecto de nación que se condensa en algunas de las partes de este documento discutido y votado en Convención Nacional de nuestro partido; y a propósito de la educación, dice que Acción Nacional lucha en pro del derecho a la libertad de todas las personas y de la sociedad organizada; padres de familia, educadores, educandos, para participar en los procesos educativos.
Propone por tanto, estructuras educativas de igualdad de oportunidades y el favorecimiento como gobierno en términos de gasto e inversión de regiones, de clases y de sectores en desventaja cultural y educativa. Y de nuevo aquí este intento de combinación entre la afirmación de un derecho fundamental junto con la búsqueda de la construcción de estructuras de justicia, libertad y justicia a la vez.
La magnitud del reto educativo para México no puede ser aminorado y simplemente de momento tienen que marginarse toda una serie de datos que podrían utilizarse adicionalmente a los que oradores precedentes han aducido; pero en términos generales y con evidencia científica y empírica suficiente, se puede afirmar que el sistema educativo nacional público y privado, laico y confesional ha tenido en sus patrones de desarrollo a favorecer a unas regiones socioeconómicas más desarrolladas que a las menos, a las clases más injustamente favorecidas que a las preferidas y marginadas y al medio urbano sobre el campo.
Y afirmaba en segundo lugar, que desde Vasconcelos, impulsor de un sistema nacional educativo moderno y a quien creo adecuadamente el licenciado Salinas de Gortari mencionó, desde Vasconcelos para acá ha habido, como hoy también señalaba Calderón Hinojosa, toda una serie de soluciones que fueron posibles, para recordar por ejemplo a Krauze, el México que hubiera sido posible. Quizá todavía tengamos oportunidad de rescatarlo y de prepararlo para el siglo XXI, entre otras cosas en materia de educación. Y hemos naturalmente de presentar nuestras propuestas, como lo hemos hecho antes y lo seguiremos haciendo en esta Legislatura.
Supremo señor Presidente, la sugerencia de estos lineamientos por cuanto toca a la libertad del trabajo en relación con la reforma agropecuaria, y también el problema de la libertad política, sus condicionamientos estructurales y el ejemplo del Programa Nacional de Solidaridad. Creo, señoras y señores, que durante esta legislatura tendremos más que oportunidad de volver al tema.
Concluyo con lo siguiente: Los problemas ingentes y las necesidades enormes del pueblo de México, las contradicciones e insuficiencias estructurales en que su dignidad no se puede vivir y realizar con suficiencia, de ninguna manera sería absurdo, irresponsable, sugerirlo, es culpa sólo de un gobierno, de una sucesión de gobiernos o de un partido; es la sociedad toda quienes somos responsables.
Y en este sentido, nos congrutulamos de que, por una parte el Partido de la Revolución Democrática, a través de voceros y dirigentes distinguidos, han hecho mención en días recientes de la propuesta para un consenso nacional que el partido al que me honro en pertenecer ha presentado al país. Han sido el señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, la diputada Rosa Albina Gallardo quienes se han referido a ello.
Nos congratulamos también porque creemos que en cierto modo algunas de las propuestas del señor licenciado Salinas y su llamado a un diálogo nacional, tiene relación con esas propuestas de mi partido.
Por cuanto a mí me toca, señor Presidente, estoy obligado y preparado a participar mínimamente con un grano de arena en este diálogo nacional y lo hago porque así lo hizo el Consejo Nacional de mi partido, el 8 de septiembre en la ciudad de León, Guanajuato, cuando afirma que está dispuesto a utilizar absolutamente todos los medios legítimos a su alcance, unos de los cuales esenciales es el diálogo, para el establecimiento de la democracia en México y la construcción de una sociedad entre todos, a la altura y a la medida de los seres humanos.
Lo hago también porque el 16 de noviembre de 1988, mi partido propuso al país un compromiso nacional por la legitimidad y la democracia, y porque como ya se mencionó, hace apenas unas semanas, el 18 de octubre, presentó nuevamente al país y a las fuerzas políticas y sociales del mismo, una propuesta de consenso nacional. Esas son las bases, el diagnóstico y la presentación de una agenda mínima, plenos de urgencia y de esperanza, que presentamos a México en los años últimos de este siglo que nos ha tocado vivir y de cara al Siglo XXI.
Es por esto, por ese dolor humano que unos hombres por nuestra ineptitud y falta de organización y de visión, causamos a otros hombres; como dato fundamental de la vida social y como parte central del sentido y el objetivo de la política, que creo en torno a ello, a este México doloroso llamado, en búsqueda de soluciones para todos.
Es por esto, señoras y señores diputados, señor Presidente, el partido al que me honró en pertenecer, presento a la consideración de todos los mexicanos una propuesta para un consenso nacional por la democracia, para la justicia en la libertad. Muchas gracias.
El Presidente: -Muchas gracias por su participación señor diputado.
Tiene la palabra el ciudadano Juan Moisés Calleja García, diputado perteneciente al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El diputado Juan Moisés Calleja García: - Señor Presidente; señores diputados:
Con la seriedad y la responsabilidad de un jefe de la Nación, no acortamiento, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, expresó ante la nación su reciente informe y expuso, para que la soberanía nacional lo analice y lo pondere con la responsabilidad que merece, apartándose de irreflexivas posturas que con frecuencia distorsionan la conciencia colectiva.
Concurro a esta tribuna para que, como miembro de mi partido, el Revolucionario Institucional, mismo que además de su estructura territorial aglutina los sectores campesino, popular y obrero, al cual con satisfacción pertenezco, considero y así enfatizo la sobresaliente importancia del mensaje del Ejecutivo Federal que, en su aspecto social, destaca sus grandes preocupaciones y adecuadas soluciones para una población, la mayoritaria, integrada por gente del campo y de las ciudades, en donde son grandes protagonistas los trabajadores, a fin de que pronto todos alcancen la justicia social en una sociedad, la actual, que aún para ellos es injusta.
Analizar una obra debe hacerse con la pasión de la verdad que encamina a no perder la correlación entre la promesa y lo cumplido, pues la
concordancia conduce a ser serenos y objetivos en el comentario.
Ayer, hace tres años, el 1o. de diciembre de 1988, el licenciado Salinas, al asumir el más elevado cargo del país, expuso también ante la soberanía nacional las condiciones en que se encontraba el país, en una era compleja entre la esperanza colectiva y el peso de los sacrificios acumulados, entre la necesidad de construir para el futuro y la premura de realizaciones inmediatas, momento, como lo dijo, singular de nuestra historia, cargado de riesgos pero rico en oportunidades.
Los años anteriores a su gobierno encargaban una de las más grandes crisis económicas antes no ocurridas; la economía mexicana representaba una situación de estancamiento prolongado, altas tasas de inflación y un severo deterioro en el nivel del bienestar de la población. Esta crisis, a pesar de la planificación aumentaba las necesidades. Más educación, empleo, salud, vivienda, bienestar, inversión, imponer menos propósitos ganancias, mejor distribución de la riqueza obtenida eran los reclamos más sobresalientes.
La paz social es símbolo de progreso, de desarrollo, de avances, por eso se tenía que conservar. El peligro estuvo, puesto que los grandes requerimientos sin solución conducían al resquebrajamiento; los endeudamientos fueron de pronto paleativos, mas después dieron mayor gravedad al problema impidiendo vivir con dignidad. Ante más salidas de recursos, menos posibilidades de soluciones. Fue promesa y responsabilidad del Presidente la modernización de México, para poder atender la demanda de 85 millones de mexicanos más los que tenían que aumentar durante su gobierno; alimento que también iba a requerir, de servicios, educación y oportunidades.
La deuda sobrepasaba los 100 mil millones de dólares es decir el 57% del valor de lo que el país producía en un año; ella se mostraba implacable y esa paz social que tanto se deseaba conservar, se tornaba frágil.
El Presidente Salinas en su mensaje de toma de posesión instruyó al secretario de Hacienda para que de inmediato iniciara la negociación de la deuda externa, a fin de abatir la transferencia neta de recursos al exterior, para que la economía pudiera crecer en forma sostenida, y con los resultados de la instrucción que pronto se ha cumplido, la promesa para el bien social se refleja ya como realidad en el III Informe de Gobierno que hemos conocido.
La deuda se redujo y las transferencias de recursos del 6.25% están por llegar al 1% a fin del ejercicio, de manera que parte de lo que antes se canalizaba hacia el exterior, hoy es utilizado para impulsar la inversión productiva, para fortalecer el Programa Nacional de Solidaridad que tanto escozor parece causar a los que aspiran a ver este país en la anarquía, pero que sirve para la redención de quienes antes excluidos, les corresponde como seres humanos y como mexicanos, compartir el progreso de su nación.
Así nos lo informó el Presidente, entendido que para lograrlo es la satisfacción a los legítimos reclamos de las mayorías, sin populismo, sin fantasías y demagógicas, o sea un actuar dentro de la concepción del nacionalismo mexicano y con la firme promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general.
Cierto es que la justicia social se da con el crecimiento económico, que en el primer trimestre de este año fue de casi el 5% anual. Con la reducción presupuestal que llegó al 16% en relación con el primer semestre de 1990, misma que anota la disminución real de casi un 50% del destinado al servicio de la deuda pública, originó el aumento de los ingresos del sector estatal, y con ello la reducción de la inflación que de más de un 150%, se aproxima a la razonable a través del Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico, en el cual tanto ha aportado la clase obrera y campesina, no obstante que hay algunos que muestran su incomprensión.
Y es así como la economía del crecimiento se torna en justicia social, cuando el gobierno de la República obtiene la gran oportunidad de reformar el camino del crecimiento y de la estabilidad, bases para consolidar la recuperación, el fortalecimiento de la economía y, desde luego, lograr, a través de la solidaridad nacional, la distribución a todos los estratos de población, los beneficios del crecimiento.
La solidaridad es así, como lo indica el Presidente Salinas, una propuesta social en marcha para actuar con la población y para su bienestar. El progreso es, mediante recursos crecientes, para beneficiar al pueblo.
Somos un país de jóvenes cuyos requerimientos específicos son educación y futuro asegurado. A pesar de nuestras carencias, podemos considerarnos país de excepción en el orden educativo, porque desde los primeros balbuceos en busca del saber, hasta los más elevados grados académicos, la enseñanza es gratuita. Los Privilegios de la educación exclusiva de las élites,
fueron barrios por la Revolución Mexicana. La educación es del pueblo y para el pueblo.
Sin embargo, consecuencias de los desajustes económicos, hay grandes rezagos: comunidades que carecen de escuela, o las que tienen son deficientes. Hacia ellos ha ido la solidaridad, complementada por el otro esfuerzo del estado, para elevar el nivel de los maestros, en busca de una mejor calidad educativa.
Durante el gobierno del Presidente Salinas, los salarios de los maestros han aumentado en forma considerable; se ha fomentado la educación superior para ellos, a fin de que tengan la oportunidad, dentro de los requerimientos educacionales, de contribuir con la responsabilidad que le corresponde al mentor de la niñez y de la juventud.
Somos una nación que afanosamente queremos acercarnos a la altura de los países desarrollados. Aún nos falta. Requerimos gente de valor científico y técnico; los umbrales del siglo que se avecina, la globalización de la industria y del comercio, la competitividad internacional, impone una juventud preparada, creadora de propia tecnología, pioneros en el progreso y no sólo repetidores de lo que otros dicen o dependientes siempre de los innovadores.
El presidente ha dicho: "Y nosotros nos ponderamos en la importancia que tiene, que en las instituciones públicas de educación superior radican muchas esperanzas, para elevar la competividad del país y para garantizar la permeabilidad social". Hacia eso van las nuevas universidades tecnológicas de Ciudad Netzahualcóyotl, de Aguascalientes, de Tula, de Zitácuaro, de la Piedad, de la Mixteca y de Ecatepec, que son el resultado del retorno al camino del crecimiento y la estabilidad que por sí lo demuestra el programa de solidaridad nacional.
Y esa juventud que recibe los beneficios de una promesa empeñada por el Presidente de la República, para su mejor preparación y mayor dedicación al estudio, no pretende cerebros de exportación, sino dedicación al estudio en beneficio del país, Para ello su vocación ininterrumpida hacia el crecimiento económico, fortaleciendo la capacidad para generar empleos y así satisfacer las aspiraciones ocupacionales.
En Europa nos ha dicho, ya contamos con un acuerdo con la Comunidad Europea y otros bilaterales que facilitan nuestro ascenso a los mercados internacionales, que a la vez promueve la inversión en el país.
El Pacífico posee los centros más dinámicos de comercio y de la tecnología y las inversiones de la región, particularmente el Japón, nos promete un alto crecimiento.
El Presidente de México esta realizando lo abocado para que nuestra juventud tenga cultura y destino ocupacional más seguro para reafirmar su futuro. Los hombres y mujeres que viven en nuestro país, son la razón de su presencia y la preocupación fundamental de quien tiene el gobierno. Y esa comunidad humana está integrada mayoritariamente por los más necesitados, por la sociedad actual, a pesar de nuestra revolución reivindicadora, la de 1910, sigue siendo injusta. Esta realidad impuso al presidente Salinas, al inicio del mandato expresar la obligación de servir mejor a la comunidad, de estar siempre cerca del pueblo, a escuchar su reclamo para resolver las demandas y fue como puso de inmediato en marcha, el Programa Nacional de Solidaridad Social, con acciones eficaces en las regiones rurales, así como en las zonas urbanas con niveles de vida más deprimidos.
El bienestar de cada familia, ha dicho, tendrá que ser en la medida de la prosperidad de la nación, su gran propósito de equidad que en todos se eleven los niveles de vida: Los que menos tienen deben de beneficiarse más y los que más tienen deben alcanzar menos.
No es aceptable que en una sociedad revolucionaria esos menos vivan en el dispendio y los más en la indigencia. A la sociedad campesina en donde se confrontan requerimientos, el jefe de la nación considera el tiempo de cambiar la estrategia con un programa integral promoviendo recursos adicionales para capitalizarlo, para plantar una nueva semilla de libertad y autónoma en el campo a fin de que, los campesinos puedan defender sus intereses y obtener bienestar con el apoyo y respeto del estado. Pero al unísono, como realidad indiscutible que sólo se puede dejar de apreciar con mala intención, la solidaridad ha establecido comités de ayuda en comunidades rurales y pueblos indígenas, llevando agua potable, electrificación, caminos, escuelas. Con esa solidaridad que ha de multiplicarse sin descanso, se mantiene viva la Revolución. Es la obra que está llevando el gobierno de la República.
Quien por su contacto social y mas aún por su reciente campaña política que nos condujo a la profundidad de las necesidades sociales, tal como lo hicimos ayer candidatos a la representación nacional por el Partido Revolucionario Institucional,
en modo alguno dejamos de constatar los avances de un gobierno que mediante el Programa de Solidaridad Nacional ha otorgado un apoyo inusitado al deporte, expresión propia de nuestra cultura, a fin de sobrepasar la conformidad que acompleja y deprime a la juventud que sólo competir sin espíritu de triunfo. Asimismo fortalece la alimentación mediante la solidaridad que han beneficiado a más de dos millones de familias. Siete millones de niños con acceso a la leche, como el alimento básico, y 27 millones de personas que cuentan con el servicio de tiendas populares.
De los programas de gobierno quedamos enterados y como contestación a los requerimientos populares, hubo mayor cobertura en las acciones y programas de salud y seguridad social. Atención al reto habitacional que constantemente se prolonga en la medida en que aumentamos; que la población se hace más y mayor concentrada en las ciudades. Por eso la población obrera estima que ya son insuficientes las aportaciones patronales, impidiendo que cada trabajador disfrute de una habitación cómoda e higiénica.
De lo anterior se aprecia en su extensión la preocupación del titular del Poder Ejecutivo, considerando que el reto habitacional constituye una prioridad de su mandato expresado en inversión, que durante el año se hizo de 12 billones de pesos para construir y entregar más de 150 mil viviendas por conducto de los institutos especializados.
No obstante lo señalado, pudiera aventurarse el pensamiento de alguno para considerar que la insuficiencia de habitación para el sector obrero, al cual pertenecemos, resta autoridad para ponderar con satisfacción de hechos. Sin embargo a nombre de miles de trabajadores que viven en las colonias populares, hacemos pleno reconocimiento al gobierno de la República cuando en Chalco, en Alvaro Obregón, en las colonias del norte del Distrito Federal, se le sustrajo de caminar en el lodo, sin drenaje, carentes de agua potable, banquetas, pavimentos, electrificación.
Hoy baste citar, como ejemplo, en primer lugar, Chalco, en donde por un cambio radical de las condiciones de vida, en nombre de tantos obreros beneficiados, expresamos al licenciado Salinas de Gortari, nuestro más profundo agradecimiento.
Quienes nos asfixiamos en las grandes urbes, particularmente nuestra desbordada metrópoli, donde nadie escapa a los padecimientos de las vías respiratorias, tenemos que coincidir y reconocer, la tarea a cuestas de purificar el ambiente, que le condujo a cerrar una refinería que antes nadie había tomado la decisión, así como contar con una reglamentación ecológica que fomenta la creación de áreas verdes; 93 mil hectáreas fueron reforestadas, lo cual representa el doble del promedio de los últimos ocho años.
Educación, acciones de la alimentación, de vivienda popular, apertura y mejoramiento de espacios educativos, electrificación de las comunidades, agua potable, salud, reforestación, crecimiento, son entre otras cosas, las que razonablemente, sin titubeos, nos llevan a apreciar lo positivo de una gestión gubernamental en un año de intenso trabajo.
No escapa a la consideración para que alguien realice críticas al esfuerzo social del Presidente. Más bien por divergencias políticas, que por apego a la verdad; pues lograr reducir una deuda asfixiante y altas tasas de interés traducidas en un severo deterioro en el nivel de bienestar de la población, para obtener un fondo que por ser creciente, tiende o se destine para afrontar y resolver necesidades urgentes de la comunidad, lo cual determina, y así lo enfatizamos, un crecimiento económico sobre una base mayor de justicia social.
La justicia social no es un discurso o una aspiración de controversia política, de lo que se puede prometer sin la responsabilidad del compromiso, es una determinación de dar a cada quien lo que necesita, lo que asegure y reconozca la dignidad inherente del ser humano, que aún nos falta comer mejor, plena salud, obtención para todos de vivienda, de servicios, de mejores oportunidades, es cierto; como también es verdad que por lo adecuado de una política, por la capacidad de un gobernante, que con el respaldo de las grandes mayorías ha integrado una nueva política en las que se entrelazan demanda social y servicio Público, democracia y actos concretos de gobierno.
El Programa Nacional de Solidaridad es un reclamo del pueblo, conocido y recogido por el Presidente Salinas en su ininterrumpido contacto con el mismo, reivindicación necesaria se vienen consumando, miles de comités de solidaridad en colonias populares, en comunidades rurales y pueblos indígenas, acciones para fortalecer la infraestructura de los servicios de educación, salud, electrificación, vivienda, construcción de aulas, laboratorios, talleres para facilitar el acceso a la educación básica de los grupos de menores
recursos, equipamiento de hospitales, ampliación y rehabilitación de otros; Hidalgo, Aguascalientes, Mexicali, San José del Cabo y mas, son testimonios del esfuerzo en donde quien los recibe no siente la expresión de un signo pequeño o grande de peso, sino la salvación de una vida gracias al humanitarismo que conlleva la justicia social.
El Programa Nacional de Solidaridad no es un programa para captación de electores, no es una determinación que prostituye a la acción política, es una voluntad de verdadera justicia social para la elevación del nivel de vida, como producto de la acción responsable y mutuamente compartido del Estado con la sociedad.
Fue el propósito del licenciado Carlos Salinas de Gortari, anunciado en la toma de posesión, en donde consideró que la solidaridad es la movilización de las comunidades para elevar el nivel de vida de los campesinos, indígenas y habitantes de las colonias populares que aún no alcanzan satisfacer sus necesidades básicas y esas necesidades no están en el compás de espera electorero y sus soluciones, únicamente para obtener votos, ellos están en la urgencia de vivir mejor, de sobrepasar pronto las insuficiencias, mismas que el Presidente conoció como candidato y después como Ejecutivo al recorrer el país sin descanso, como lo hace.
Al lograr superar la aflicción que nos tenía postrados, destina el ahorro para que esas comunidades logren bajo su propia dirección y no a través de políticos o para beneficio de ellos, la transformación de las condiciones que se han mantenido en el rezago y la desigualdad.
Señala que en la solidaridad se cumple con la Constitución Política, en donde está definido el proyecto nacional que nos esforzamos en perfeccionar; en ella, la democracia se entiende no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sin como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo.
Jamás los habitantes de Chalco, valga el ejemplo, pensaron que sustraerlos de condiciones infrahumanas fue por una causa política; su reivindicación social y humana la consideraron como el cumplimiento de un derecho, de una conquista plasmada por sus mayores en la propia Revolución Mexicana.
En esta forma lo piensan quienes con la solidaridad nacional saben que está en la misma raíz de la identidad nacional, la que se encuentra en las tradiciones y valores que recibimos de nuestros antepasados, que han forjado lo más solido de nuestra historia e instituciones y que obliga a lo que legítimamente les corresponde.
La concepción del Programa Nacional de Solidaridad tiene objetivos sociales claramente definidos: coadyuvar a superar los factores de inequidad institutiva generados en el contexto de la estructura económica como tal, no es un elemento de política económica que determine las relaciones salariales, pero sí el de constituirse como elemento redistributivo, que contribuya a fortalecer los mínimos de bienestar.
La política económica ahora en marcha, busca resarcir el deterioro salarial a partir de la eficiencia productiva y de una relación arbitral más adecuada entre la empresa y el trabajador que permita garantizar un desarrollo armónico y equilibrado de la sociedad mexicana.
Con este propósito se han logrado contener los factores inflacionarios, disminuir el pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública y reorientar con sentido social los recursos en este sentido.
El Programa Nacional de Solidaridad es un esfuerzo permanente de reorientación del gasto público que retoma la iniciativa social para modelar una nueva estructura organizativa y de acción gubernamental. Acción gubernamental destinada a resarcir los índices de deterioro social y de obtención de mayores niveles de justicia social, principios rectores de la presente administración.
El haber de un país, el hacer de una nación es para todos los mexicanos y lo que se necesita tiene que ser oportuno, porque el rezago es de negación de justicia.
Mi partido, el Revolucionario Institucional, reconoce y exalta la obra social de un gobierno que tantos haberes está dejando en su mandato y acepta que su expresión solidaria es la reforma democrática de las bases populares en nuestra patria está dejando en su mandato y acepta que su expresión solidaria es la reforma democrática de las bases populares en nuestra patria, que da una dimensión nueva a nuestro nacionalismo: el mexicano, el de nuestros tiempos y de cara al Siglo XXI; heredero de principios históricos que, como expresa el presidente Carlos Salinas de Gortari, es la firme promoción de la justicia en el ámbito de una prosperidad general cada vez mayor y para el desarrollo de la democracia.
Como palabras finales, sólo permítaseme agregar una apreciación en relación con lo expresado en esta tribuna. Tiempo habrá, como decía otro orador, para entrar al fondo de todos los problemas; tiempo habrá para discutir el artículo 130 de la constitución, inspirados en la historia, en la realidad presente; tiempo habrá para discutir los tiempos laborales, pero no queremos dejar pasar por alto que quien se ha expresado que en la política laboral, gobierno y movimiento organizado, se encuentra realizando actividades en perjuicio de los trabajadores y hace cita de tres empresas, solamente podemos decirle de momento que su afirmación radica en el desconocimiento de lo que representa el movimiento obrero organizado y solamente lo hace por la confusión en intereses contrarios a ese propio movimiento organizado.
¡Los trabajadores de la Ford, de la Modelo, más de 20 mil trabajadores, son los trabajadores organizados y ellos están dentro de la organización, con la Revolución y no necesitan de defensores para ellos, porque ellos solamente se defienden! Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: -Gracias por su intervención, señor diputado.
Agotada la lista de oradores, continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
EL secretario diputado Alejandro Luévano Pérez: -Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera. Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
7 de noviembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Análisis del III Informe Presidencial
Política exterior.>
El Presidente (a las 19.02 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana jueves 7 de noviembre, a las 10.00 horas.