Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911107 - Número de Diario 5
(L55A1P1oN005F19911107.xml)Núm. Diario: 5ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO DE LOS DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como Artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Fernando Ortíz Arana
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año I
México, D.F., jueves 7 de noviembre de 1991
No. 5
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión, se aprueba.
INICIATIVA
REFORMA AL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL
Por el que se remite la Iniciativa de Decreto que reforma el artículo 27 Constitucional presentada por el Ejecutivo. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos - Constitucionales.
Sobre la iniciativa intervienen los diputados:
Rosa Albina Garavito Elías, para rectificar hechos.
Francisco Hernández Juárez, para rectificar hechos.
J. Jesús González Cortazar, para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Teódulo Martínez Vergara
Hugo Andrés Araujo de la Torre, para rectificar hechos.
Juan Gualberto Campos Vega, para rectificar hechos.
Israel González Arreguín
José Camilo Valenzuela
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez
Abundio Ramírez Vázquez, para rectificar hechos.
Carlos Enrique Cantú Rosas, para rectificar hechos.
Jorge Modesto Moscoso Pedrero, para rectificar hechos.
Patricia Alina Terrazas Allen
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
José de Jesús Martín del Campo Castañeda presenta proposición. Se turna a la Comisión de Educación.
ANALISIS DEL TERCER INFORME PRESIDENCIAL
POLÍTICA EXTERIOR
Interviene el diputado Francisco Hernández Juárez
RECESO
Continúan en la discusión del Tercer Informe los diputados:
Francisco Felipe Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática.
Luis Felipe Bravo Mena, del Partido de Acción Nacional.
Alberto López Vargas, del Partido Revolucionario Institucional.
Juan Hernández Mercado, del Partido Revolucionario Institucional.
En la segunda ronda de oradores intervienen los diputados:
Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista.
Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Manuel Terraza Guerrero, del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática presenta punto de acuerdo.
Juan Enrique Caballero Peraza, del Partido Acción Nacional.
María de la Luz Julieta Guevara Bautista, del Partido Revolucionario Institucional.
Se somete a votación la propuesta del diputado Elpidio Tovar de la Cruz. Se desecha.
PROPOSICIÓN
Presentada por los coordinadores de los grupos parlamentarios. Se aprueba.
INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
Proposición presentada por la Gran Comisión de la Cámara de Diputados.
Intervienen los diputados:
José Antonio González Fernández
Emilio Becerra González
Se aprueba.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO TOMAS RAFAEL FERNÁNDEZ
ASISTENCIA
El presidente: -Compañeras y compañeras diputados, vamos a dar inicio a la sesión del día 7 de noviembre de 1991.
Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: -Señor Presidente, la Secretaría informa a usted que existen previamente registrados 374 diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente (a las 10.53): -Señores diputados, se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Se procede a dar lectura al orden del día.
"Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
7 de noviembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Análisis del Tercer Informe Presidencial
Política exterior.
Proposición de la Gran Comisión para la Integración de las comisiones de trabajo de la honorable Cámara de Diputados del LV Legislatura."
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Se va a proceder a dar lectura al acta de la sesión anterior.
El Presidente: -Señor secretario y señores diputados, en virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se dispensa la lectura del acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo...Señor Presidente, se dispensa la lectura del acta.
"Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Raymundo Cárdenas Hernández
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con veintinueve minutos del día seis de noviembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia registrada conforme al acuerdo parlamentario, de trescientos cuarenta y ocho diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, posteriormente, en virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios y no habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se aprueba en sus términos.
Se da cuenta con un oficio de la Comisión Permanente, con el informe de labores de ese organismo Legislativo. De enterado.
Una comunicación del diputado Gonzalo Guajardo Hernández, por la que informa encontrarse enfermo y no poder trasladarse a la ciudad de México.
Para analizar el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en su capítulo de política económica y social, hacen uso de la palabra los diputados: Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista; Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Autentico de la Revolución Mexicana; Juan Manuel Huezo Pelayo, del Partido del Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional; Jorge
Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática; Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional y María de los Angeles Moreno Uriegas, del Partido Revolucionario Institucional.
El Presidente pide la anuencia de la asamblea para continuar con el segundo turno de oradores, en virtud de que son las trece treinta horas. La asamblea, en votación económica de su consentimiento y se concede el uso de la palabra a los diputados Juan Jacinto Cárdenas García, del Partido Popular Socialista y Fernando Antonio Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quien solicita que se verifique el quórum y siendo obvio que no lo hay, el Presidente declara un receso a las catorce horas con seis minutos.
A las dieciséis horas con quince minutos se reanuda la sesión y, para continuar con el análisis de la política económica y social del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se concede el uso de la palabra a los diputados Fernando Antonio Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Rafael Fernández Tomas, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; José de Jesús Martín del Campo, del Partido de la Revolución Democrática; Fernando Estrada Sámano, del Partido Acción Nacional, quien solicita que se le conceda más tiempo para desarrollar su intervención, a lo que la asamblea accede en votación económica y Juan Moisés Calleja García, del Partido Revolucionario Institucional.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría de la lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las diecinueve horas con doce minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, jueves siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, a las diez horas."
El Presidente: -Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta y si algún diputado desea hacer alguna observación a la misma, sírvanse manifestarlo, por favor.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: -Está a la consideración de la asamblea el acta.
¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?
En virtud de no haber quien haga uso de la palabra, se da por aprobada el acta respectiva.
INICIATIVA
REFORMA DEL ARTÍCULO 27
El Presidente: - Muchas gracias, señor secretario.
Queremos informarles a los compañeros, diputadas y diputados, que esta Presidencia desea informar a la asamblea que se ha recibido una iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, en uso de las facultades que le confiere la fracción I del artículo 71 constitucional.
Por su importancia, me permitiré darle lectura. Viene dirigida a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, un oficio firmado por el Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios, que dice lo siguiente:
"Escudo Nacional.- Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Gobernación.- Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma el artículo 27 constitucional, documento que el propio Primer Magistrado de la nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 7 de noviembre de 1991.- El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios."
"Escudo Nacional .- Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.- Presentes.
El campo es el ámbito de la nación donde el cambio es más apremiante y más significativo para el futuro del país. De su vida hemos heredado tradiciones, sentido de pertenencia y comunidad. De él surgieron las luchas agrarias que marcaron nuestra historia y contribuyeron a definir
los objetivos nacionales. Con su legado hemos avanzado para alcanzar mayor justicia y libertad. Hoy el campo exige una nueva respuesta para dar oportunidades de bienestar a los modos de vida campesina y fortalecer a nuestra nación.
México tiene más de 82 millones de habitantes. Cada año se suman casi dos millones de mexicanos más a nuestra población. En unos cuantos años, tenemos que ampliar nuestras capacidades para acoger a una población adicional del tamaño de la que tenia nuestro país en 1910. Para lograrlo tenemos que crecer, cambiar a ritmo acelerado. El cambio deliberado es una necesidad. También es experiencia de nuestra historia. Particularmente en los últimos tres años, la hemos vivido con gran intensidad. De los cambios profundos hemos salido fortalecidos en nuestra identidad, renovados en nuestra unidad, en nuestra soberanía y en su expresión política, nuestro nacionalismo.
Los mexicanos no queremos cambiar para que todo siga igual. Todos juntos y cada uno, queremos que cambio se asocie con progreso. Aspiramos a un ingreso más elevado y mejor distribuido, a un piso social que garantice acceso a más y mejores servicios y satisfactores esenciales, a una nueva relación política democrática y madura, a un basamento ético y moral acorde con nuestra compleja realidad. Quienes menos tienen exigen con más vigor la transformación. El cambio adquiere, con ello, un sentido de justicia como a su dirección principal. Es parte de nuestro nacionalismo.
La decisión de cambiar para responder a las necesidades y demandas del país está tomada; es nuestra. No sucede en el vacío ni en el aislamiento, está inserta en una transformación mundial de inmensas proporciones. No podemos ni queremos quedarnos fuera de ese gran proceso. Sumándonos a él en los términos y condiciones que escojamos, impediremos que se nos imponga. Le daremos al cambio en México nuestro perfil, nuestra medida, movilizando nuestro nacionalismo y ejerciendo nuestra soberanía. No queremos cambiar para borrar el pasado como sucede en otras partes, sino para actualizarlo. Hemos decidido el cambio para preservar y fortalecer lo nuestro, lo cercano y lo importante. La modernización nacionalista y popular es también la recuperación de lo profundo, de raíces y memorias, de lo entrañable.
La modernización responde a una nueva realidad y exige respuestas adecuadas. No podemos acudir a las respuestas del pasado, válidas en su tiempo, pero rebasadas frente a nuestra circunstancia. Nuestro nacionalismo no puede quedar atado a formas de asociación o de producción determinada. Está vinculando con fines superiores: soberanía, justicia, democracia y libertad. A esas formas que el nacionalismo adoptó en el pasado debemos reconocimiento, respeto como expresiones de la misma corriente y aspiración. Fueron, en su momento, respuestas vivas y vigorosas. Hoy, muchas, ya no lo son. Nuestras respuestas atienden a los retos actuales, con base en nuestra memoria histórica y con la mirada en el futuro.
El campo hoy nos exige hoy una nueva actitud y una nueva mentalidad. Nos pide profundizar en nuestra historia y en el espíritu de justicia de la Constitución para preservar lo valioso que tenemos. Reclama una clara y precisa comprensión de la realidad y sus perspectivas futuras para guiarnos en lo que debe de cambiar. Requiere una respuesta nacionalista, renovadora de las rutinas, que efectivamente impulse la producción, la iniciativa y creatividad de los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja nuestra identidad compartida. Por eso, es preciso examinar el marco jurídico y los programas que atañen al sector rural para que sean parte central de la modernización del país y de la elevación productiva del bienestar general.
Lo que hemos hecho en la historia y lo que hemos avanzado en estos tres años nos permite hoy dar pasos nuevos. Los campesinos demandan una mejor organización de su esfuerzo en una perspectiva clara y duradera, que efectivamente los beneficie y que contribuya a la fortaleza de la nación. La sociedad justa del Siglo XXI a la que aspiramos no puede construirse si perduran las tendencias actuales en el medio rural. Tenemos que actuar decididamente.
1. El camino recorrido en la transformación del campo
Nuestro nacionalismo en el campo ha fraguado diversas respuestas para cada tiempo y contexto, que sustentaron la capacidad para enfrentar nuevos retos. De las luchas agrarias hemos aprendido y debemos ratificar, su inconfundible propósito de liberar al campesino y a su familia de distintas formas de servidumbre; el respeto y el apego a formas de vida en comunidad; su pasión por la legalidad como instrumento de transformación y progreso. Diversos momentos de nuestra historia agraria, que influyeron en nuestra realidad, señalan el marco para una nueva transformación.
a) La experiencia de nuestra historia: El sistema agrario se conforma, durante la etapa colonial
de nuestra historia, por la asimilación de la propiedad indígena al marco jurídico español. Antes del contacto con los europeos, la gran diversidad de magníficas civilizaciones se traducía en variedad de formas de control y acceso a la tierra, desde las demarcaciones territoriales sin contenido de propiedad en el norte árido, hasta los complejos sistemas de tenencia de las sociedades jerarquizadas y estratificadas de las civilizaciones agrícolas del centro y sur. Entre estas últimas, con diferentes modalidades y combinaciones, se diferenciaban las tierras de las comunidades, las públicas y las entregadas en usufructo a los señores como prebendas derivadas del linaje o de la distinción en la guerra.
En la tradición ibérica también existía diversidad en las formas de tenencia: las tierras de la Corona, las de los monarcas, los nobles y la iglesia, la pequeña propiedad y la comunal, administrada por los consejos y los ayuntamientos de los pueblos. El ejido formaba parte de esta última y se refería a las tierras de uso común. Para la expansión trasatlántica del imperio español todas las tierras que se ocuparon fueron consideradas regalías, propiedad de la Corona y no de los monarcas. La Corona transmitió la propiedad de la tierra a los individuos por distintos mecanismos: el más frecuente fue la merced o gracia. Vinculada la tierra a un sistema productivo extensivo, tanto para la ganadería como para la agricultura con tracción animal, su superficie debía ser grande. La propiedad comunal se otorgó a los asentamientos, a los pueblos y villas fundadas por los colonizadores.
b) La conformación de la gran propiedad. Las Leyes de Indias ordenaron que las tierras entregadas a los españoles no se extenderían a costa de las poseídas por indígenas, pero no establecieron un procedimiento para garantizarlo. Las quejas por abusos y despojos de tierras y aguas fueron frecuentes. En la Nueva España se optó por asimilar, desde 1567, a la comunidad indígena con las tierras comunales de los poblados españoles, estableciendo un fundo legal de alrededor de 100 hectáreas. Algunas comunidades recibieron adicionalmente una merced, que se declaraba inalienable, a diferencia de las entregadas a los particulares españoles. Se constituyeron así las repúblicas de indios con una base territorial propia y con autoridades indígenas, subordinadas a los alcaldes y corregidores locales españoles.
En principio dentro de las comunidades indígenas se reconocían cuatro áreas diferentes: el poblado, el ejido para uso común, la tierra de propios y arbitrios para el pago de tributo y gastos de la comunidad y, finalmente, la parcialidad común repartimiento para las parcelas que sustentaron a sus integrantes. Esta división pocas veces se convirtió en realidad. La extensión del fundo legal no permitió, o dejó de hacerlo muy pronto, el cumplimiento de las funciones territoriales y sociales asignadas a la comunidad. La superficie de las comunidades indígenas fue desde su origen restringida. La dualidad entre el minifundio y el latifundio se asentó desde entonces en la historia agraria del país.
La asimilación de la propiedad indígena al sistema agrario colonial fue un proceso prolongado e influido por el descenso de la población. Muchos asentamientos indígenas desaparecieron y otros quedaron casi abandonados. Se dictó una política de la Corona para promover en asentamientos mayores, otorgándoles fundos legales. A mediados del Siglo XVII, la población indígena resiente su máxima reducción, superando apenas al millón de pobladores. Dado el bajo número de europeos, mestizos y africanos radicados por entonces en el territorio, éste se encontraba severamente despoblado. El reclamo de los indígenas, a veces expresado en términos agrarios, era de justicia para la sobrevivencia.
Las encomiendas, concesiones para la colecta del atributo a cambio de la promoción de la evangelización y el control de la población indígena, propiciaron excesos y fueron extinguidas en época temprana. Pero no se logró frenar el establecimiento de mayorazgos, que vinculaban las propiedades de un solo dueño e impedían su fragmentación entre los herederos. Tampoco se pudo evitar que la iglesia adquiriera una gran base territorial, a través de la hipoteca, la donación y la herencia.
La merced onerosa o compra de tierra públicas supuestamente baldías y la composición de títulos para amparar superficies mayores a las originalmente otorgadas, también onerosas, permitieron a la Corona obtener fondos y a los grandes propietarios ampliar sus extensiones. En la segunda mitad del Siglo XVIII, algunos mayorazgos adquirieron títulos nobiliarios, otorgados por la Corona para solventar problemas económicos. Se conformó un sector terrateniente y latifundista cerrado, que generó inequidad. En este marco nació la hacienda, forma posteriormente dominante de propiedad.
Al final del siglo XVIII, cuando el país contaba con cerca de 5 millones de habitantes, aparecieron las expresiones de descontento de los precursores de la independencia. También los indígenas reclamaron justicia contra el despojo y
la desigualdad, contra la pobreza y la subordinación, que en casos extremos se manifestaron como rebeliones. Entre los mestizos y las castas también se extendió la insatisfacción ya que sufrían prohibiciones específicas para que pudieran adquirir tierras.
Al anhelo de libertad se sumaron, entre otras razones, la desigualdad en la estructura agraria que desembocaría en la lucha por la independencia. Así los señalan los proclamas y decretos de los insurgentes, en especial los de Hidalgo y Morelos, en que ordenan que se entregue la tierra a los indios y se les exima de tributo y deudas. Lo ratifican las reacciones de los virreyes en que disponen tardíamente que se reparta la tierra entre los naturales y que se otorgue el mismo beneficio a las castas. Durante la primera mitad del Siglo XIX y en la prolongada guerra civil, la atención a las demandas agrarias pasó a segundo término frente a la urgencia política por crear y consolidar un Estado soberano. Mientras tanto, los problemas agrarios se agudizaban. En algunas entidades federativas la comunidad indígena fue despojada de personalidad jurídica.
c)La reforma en la mitad del Siglo XIX. A partir de 1850 emergió el problema agrario y adquirió estatuto de prioridad nacional. Su detonador fueron los bienes de "manos muertas", la propiedad eclesiástica. La Ley Lerdo de 1856 elevada a rango constitucional en 1857, estableció la propiedad particular de los individuos como la modalidad general de tenencia de la tierra y ordenó la venta o desamortización de los bienes de las corporaciones civiles y religiosas. Las comunidades indígenas fueron incluidas en esa clasificación. Conforme a la ley los indígenas usufructuarios de una parcela la recibirían como pequeña propiedad. Sólo quedaron exceptuados los ejidos indivisibles que pasaron a ser propiedad de los municipios, muchas veces distantes física y socialmente de la comunidad . Son escasas las constancias del cumplimiento final de estas disposiciones.
Diez años de guerra civil e intervención extranjera frenaron y distorsionaron la aplicación de la legislación. Se desamortizaron los bienes del clero. La inflexibilidad de la estructura agraria fue temporalmente superada y la propiedad circuló más ampliamente. También se acentuó la distancia entre minifundio y latifundio. Las propiedades pasaron en un plazo relativamente corto a manos de los hacendados. Ellos, utilizando la compra selectiva, confinaron a las comunidades a su mínima expresión territorial. Requerían una fuerza de trabajo estable para las necesidades de la hacienda. La expropiación de los terrenos comunales se compensó con la concesión de acceso a los antiguos poseedores a través de la aparcería, discrecional y onerosa. Se estableció un arreglo que permitió la sobrevivencia de la mayoría de los pueblos y el crecimiento de las haciendas. El arreglo no era estable. Frente al malestar creciente en el campo mexicano destacó la pasividad legislativa. Entre 1880 y 1910 sólo se expidieron dos ordenamientos: el decreto sobre Colonización y Compañías Deslindadoras en 1883 y la Ley sobre Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos en 1893, ambos sobre el mismo tema. El problema agrario se consideraba legalmente resuelto. Pero el acaparamiento de la tierra y, con ella, de la riqueza, frustraba las aspiraciones de libertad y justicia de los campesinos. Se estaba gestando a gran movilización agraria de nuestra revolución.
d) El sello agrario de la Revolución. En las áreas más densamente pobladas y de asentamientos más antiguos del centro del país, la relación entre los pueblos y las haciendas era de tensión constante y de abuso por parte de por parte de los hacendados. Los campesinos podían ser privados del acceso a la tierra que cultivaban como aparceros por una decisión unilateral de los hacendados. De manera reiterada acudieron a las instancias judiciales y de negociación con sus títulos primordiales, muchas veces localizados en el Archivo General de la Nación, con su memoria histórica como sustento del reclamo de justicia. En el contexto de la prolongada lucha se renovó la representación campesina muchas veces. Los papeles pasaban de mano en mano, se conservaban en secreto para protegerlos. Así los recibió Emiliano Zapata, quien de la lucha ancestral derivó sus planteamientos esenciales: reforma, libertad, justicia y ley. Con los dos últimos se rubricó el Plan de Ayala; con todos ellos, la ley Agraria de los zapatistas expedida en octubre de 1915.
El reclamo de justicia, de restitución, la resistencia al acaparamiento y al abuso, la aguda conciencia de desigualdad y la defensa de lo propio, conformaron la memoria y la experiencia campesina. Cuando se cerraron las opciones y las instancias de gestión pacífica, los pueblos campesinos se incorporaron a la Revolución Mexicana para restaurar la justicia y la razón Ese fue el origen y propósito del artículo 27 constitucional, sin precedente en la historia mundial.
El artículo 27 estableció la propiedad originaria de la nación y la facultad de la misma para imponer modalidades a la propiedad y regular el aprovechamiento de los recursos naturales para
una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Ordenó la restitución de las tierras a los pueblos, incorporando la ley del 6 de enero de 1915. A partir de este principio se inició el proceso de nuestra reforma agraria, gesta de magnitud y alcance extraordinarios.
La reforma agraria ha sido un proceso dinámico que ha transitado por diversas etapas, acordes con su tiempo y circunstancia. En su inicio, en el marco de un país devastado por una guerra civil, la reforma agraria atendió a los desposeídos con la entrega de la tierra. Era una sociedad donde casi el setenta por ciento de la población obtenía su sustento de la producción agropecuaria. Para acelerar ese proceso se fueron realizando ajustes sucesivos, leyes, reglamentos y decretos se agregaron al ritmo que requería la emergencia hasta desembocar en la codificación integral, derivada de la primera reforma al artículo 27 constitucional. En apenas veinte años a partir de 1917, la mitad de la tierra considerada arable pasó a manos de los campesinos. Un millón setecientos mil de ellos recibieron tierras para su aprovechamiento agrícola, principalmente en 1936 y 1937. La gran propiedad latifundista fue desarticulada y sustituida.
En 1910, había 622 mil propiedades, de las cuales el sesenta por ciento eran menores de cinco hectáreas; en el otro extremo 10 mil haciendas mayores de mil hectáreas acaparaban la mitad del territorio nacional y las ciento diez más grandes, el quince por ciento, contaban con 272 mil hectáreas en promedio cada una. El esfuerzo redistributivo total desde 1917 es de enormes proporciones. Se dotó a 26 mil ejidos, más de dos millones 600 mil ejidatarios y se restituyo o dio reconocimiento a dos mil comunidades pobladas con 400 mil comuneros. La mitad del territorio nacional está en sus manos. La pequeña propiedad también se transformó en ese proceso y obtuvo garantías para su permanencia. Hay más de un millón de pequeños propietarios herederos de antiguas posesiones pequeñas o beneficiados con el reordenamiento de la gran propiedad. Forman parte importante de la sociedad rural.
Los primeros repartos se hicieron en condiciones excepcionales y precarias. Entre 1917 y 1934 fueron dotados casi un millón de campesinos con una superficie media de 11.6 hectáreas cada uno: de ellas sólo 1.7 hectáreas eran de cultivo. La dotación representaba la diferencia entre la indigencia y la sobrevivencia para los núcleos de población. Se procedió a la entrega de la tierra pese a la carencia de una reglamentación precisa. En la década de los años veinte se legisló para brindar protección a los dotados. Se estableció la parcela individual inalienable y transferible sólo por herencia como la forma de aprovechamiento económico y se distinguió de la porción común e indivisible que servía a propósitos sociales y económicos de la comunidad de los ejidatarios.
Más tarde, cuando la demanda de los pueblos y localidades se satisfizo, los beneficiarios del reparto recibieron tierras más distantes, dando origen a los nuevos centros de población en los que se formó el caso urbano dentro de la porción común del ejido. Se conformaron así tres áreas básicas dentro del ejido y con funciones diversas y derechos específicos y diferenciados: el área común, la parcelada y el centro de población; cuando el reparto alcanzó a las plantaciones comerciales y agroexportadoras, durante el gran proceso de reparto entre 1936 y 1937, se establecieron los ejidos colectivos para no fragmentar las unidades de producción. El ejido reflejó una diversidad de condiciones, resultantes de un proceso que evolucionó de la emergencia a la configuración de una verdadera comunidad de productores, como un instrumento de justicia y para el desarrollo.
El reparto de la tierra cultivable se acompaño por otros procesos que forman parte de nuestra reforma agraria. Tenían por objeto aumentar producción y productividad en la medida que las mejores tierras se iban repartiendo. Desde 1926 se han destinado recursos públicos para el financiamiento a la producción rural y el riego. Desde 1939 se cuenta con instrumentos e instituciones públicas para regular la comercialización y el abasto. Desde 1950 la provisión de insumos para la producción rural ha sido apoyada desde el Estado. Desde 1958 se consagró la reforma agraria integral para apoyar la transformación de los ejidos en unidades eficientes para producir en beneficio de sus integrantes. Se ha realizado una acción permanente de enormes proporciones para brindar acceso a la educación, salud, servicios esenciales y comunicación rural. Todas éstas han sido respuestas a demandas en condiciones específicas. Hasta mediados de los años sesenta, se sostuvo un crecimiento del sector agropecuario superior al demográfico, que se tradujo en suficiencia productiva y en un saldo positivo en la balanza comercial.
El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos sociales más vinculados con nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vitalidad transformó de raíz la estructura propietaria del territorio nacional. Dio prosperidad a la patria y
justicia a los campesinos: los liberó de la hacienda, restaño las raíces de su orgullo y de su sostenimiento, restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del ejido y se consagró en la Constitución y en las leyes del país. Sin embargo, pretender en las circunstancias actuales que el camino nacionalista debe seguir siendo el mismo de ayer, el del reparto agrario, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguió la reforma agraria la Revolución Mexicana. Ese extraordinario cambio es y seguirá siendo motivo de orgullo en nuestra historia. Pero hoy, debemos emprender nuevos caminos.
Necesitamos cambiar no porque haya fallado la reforma agraria, Vamos a hacerlo porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica, económica y de vida social en el campo, que la misma reforma agraria contribuyó a formar y que reclama nuevas respuestas para lograr los mismos fines nacionalistas. Necesitamos un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida en comunidad, como la quieren los campesinos de México.
Lección imborrable de esta gran historia es la tenacidad de las luchas agrarias por justicia y la profunda fe en la capacidad transformadora de la ley. El camino del cambio, hoy, debe reconocer las realidades y también actuar conforme a las mejores tradiciones de los movimientos agrarios de México. Debemos preservar lo valioso que hemos conquistado por esas luchas del pasado y debemos construir las bases para la lucha actual y futura del campesino por su libertad, dignidad y bienestar. La presente iniciativa está inscrita en la gran corriente histórica de nuestra reforma agraria y recupera, frente a nuevas circunstancias, sus planteamientos esenciales. Cumple con el mandato de los constituyentes, recoge el sacrificio y la visión de quienes nos precedieron, responde a las demandas de los campesinos de hoy y a las exigencias de una sociedad fortalecida, plural y movilizada para la transformación.
2. Las nuevas realidades demandan una reforma de fondo
Desde el inicio de la gesta revolucionaria de la que surgió la reforma agraria, las características demográficas y económicas de nuestro país han cambiado radicalmente. La urbanización de la población ha sido la contraparte del proceso de industrialización, experiencia compartida por otros países en desarrollo. Pero en México, la proporción de habitantes en el campo ha permanecido alta en relación con su participación en el producto. Esto ha generado un serio problema de distribución del ingreso entre los distintos sectores de la economía. Así, la fuerza de trabajo que labora en el campo, alrededor de la cuarta parte de la del país, genera menos del diez por ciento del producto nacional. El resultado es que los ingresos del sector rural son en promedio casi tres veces menores a los del resto de la economía.
La mayoría de los productores rurales, sean ejidatarios o pequeños propietarios, son minifundistas con menos de cinco hectáreas de tierra laborable de temporal. A esa limitación territorial se agregan las restricciones que disminuyen el margen de autonomía y su capacidad de organización y asociación estable. En el minifundio se presentan estancamiento y deterioro técnico que se traducen en producción insuficiente, baja productividad, relaciones de intercambio desfavorables y niveles de vida inaceptables. Por ello, la mayoría de los productores y trabajadores rurales vive en condición de pobreza y entre ellos se concentra, desproporcionadamente, su expresión extrema, hasta alcanzar niveles inadmisibles que comprometen el desarrollo nacional. La persistencia de carencias ancestrales en el campo mexicano, combinadas con el rezago frente a las transformaciones recientes, nos enfrentan a un reto que no admite dilación.
La inversión de capital en las actividades agropecuarias tiene hoy pocos alicientes debido en parte a la falta de certeza para todas las formas de tenencia que se deriva de un sistema obligatorio para el Estado de reparto abierto y permanente; también por las dificultades de los campesinos, mayoritariamente minifundistas, para cumplir con las condiciones que generalmente requiere la inversión. Como consecuencia de la baja inversión, el estancamiento en los rendimientos afecta la rentabilidad de muchos cultivos, que se mantienen en condiciones precarias con subsidios o apoyos que no siempre cumplen un claro propósito social.
La inversión pública que en el último medio siglo se ha dirigido al sector agropecuario no puede tener la magnitud necesaria para financiar, por sí sola, la modernización productiva del campo. Otras fuentes de inversión deben sumarse. Además, no es solamente un problema de magnitud, también lo es de eficacia. La inversión del sector público debe complementarse con la de los productores que conocen directamente el potencial de su tierra y distinguen la mejor tecnología para sus explotaciones. En este proceso, la disponibilidad de financiamiento y las
posibilidades de asociación son fundamentales, al igual que procesos de comercialización y transformación competitivos y eficientes.
La realidad nos muestra que cada vez es más frecuente encontrar en el campo prácticas de usufructo parcelario y de renta, de asociaciones y mediaría, inclusive de venta de tierras ejidales que se llevan a cabo al margen de la ley. Esta situación está señalando una respuesta de la vida rural al minifundismo, a las condiciones de pobreza y a las dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y escalas de producción rentable. Es claro que estas prácticas cotidianas y extendidas necesitan canalizarse constructivamente por la vía del derecho. Debemos hacerlo también porque, al no estar jurídicamente amparadas, disminuye el valor del ingreso que obtienen los campesinos por dichas operaciones y pierden en esos casos la defensa legal de sus intereses. Sin duda esa situación resta certidumbre para la inversión en plazos amplios y por eso inducen a buscar una explotación de los recursos naturales que rinda en el tiempo más breve, abriendo la posibilidad de causar, en ese afán, daños ecológicos.
Nuevos enfoques y desarrollos técnicos para el aprovechamiento de los recursos naturales del territorio no se han reflejado en ajustes al sistema agrario. Persisten formas que propician depredación, desperdicio y pobreza entre quienes las practican. Los ricos y variados recursos de nuestro territorio: los bosques y selvas tropicales, los litorales con potencial acuícola, las zonas de recolección de plantas silvestres, los que tienen potencial turístico, los yacimientos de minerales no sujetos a concesión, entre otros muchos, requieren de un nuevo planteamiento para ser fuentes productivas y de bienestar para sus poseedores.
Desde hace un cuarto de siglo el crecimiento promedio de la producción agropecuaria ha sido inferior al de la población. El débil avance de la productividad afecta no sólo al ingreso de los productores rurales, sino también a los consumidores y a las finanzas públicas. Ha provocado que una parte importante y creciente de los alimentos esenciales que consume el pueblo mexicano tuviera que adquirirse fuera de nuestras fronteras. Por eso, reactivar el crecimiento sosteniendo a través de la inversión es el desafío central del campo mexicano y es condición ineludible para superar pobreza y marginación.
El sector agropecuario fue uno de los más afectados por la inestabilidad económica, la incertidumbre cambiaría y la inflación. El notable avance tecnológico, particularmente en la agricultura, no ha permeado sustancialmente nuestro campo. De igual manera, el procesamiento y comercialización de productos agropecuarios ha adquirido gran complejidad tecnológica y mercantil: su débil incorporación reduce competividad. La estabilización lograda en los últimos tres años sienta con firmeza las bases para que los cambios estructurales que se proponen en esta iniciativa permitan el arranque de un nuevo proceso de crecimiento en el agro.
En el medio rural se ha manifestado una exigencia para emprender una reforma a fondo del marco jurídico para conducir el esfuerzo de los mexicanos en el campo, hacer que impere más justicia y se pueda responder a las nuevas realidades económicas y sociales. Debemos reconocer realidades e introducir los cambios necesarios para darle viabilidad a nuestras potencialidades, para acceder a nuestros propios términos al proceso de transformación que el mundo vive. La visión y el talento de los constituyentes nos ha dotado de una dirección precisa para propiciar cambio y crecimiento, procurar justicia y combatir pobreza. La inmovilidad nos llevaría a un estado de inviabilidad e injusticia social. Debemos actualizar nuestra reforma agraria para incrementar la libertad y la autonomía de todos los campesinos en la realización de sus aspiraciones de justicia.
3. La propuesta de la reforma al artículo 27 constitucional
La dirección y el sentido de los cambios necesarios están claramente definidos por nuestra historia y por el espíritu que le imprimieron los constituyentes al artículo 27 de nuestro ordenamiento supremo. Esta norma establece la propiedad originaria de la nación y somete las formas de propiedad y uso al interés público. Por eso, realizar los ajustes que demande la circunstancia nacional es cumplir con el espíritu del constituyente. Esta norma constitucional condensa nuestro sistema agrario, sin precedente en su concepción y alcance. No solo representa un ideal vigente, sino que ha tenido un efecto formidable en la configuración social de nuestro país. La propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas es norma esencial de los mexicanos.
En el artículo 27, el constituyente de Querétaro estableció decisiones políticas fundamentales, principios fundadores de la institución de la propiedad en México. Ratificamos y respetamos estas decisiones históricas para nuestra nación. Por ello, se mantiene en el texto del artículo 27: La propiedad originaria de la nación sobre las tierras y aguas, primer párrafo, el dominio
directo, inalienable e imprescriptible, sobre los recursos naturales que el mismo artículo establece. En particular, se ratifica y mantiene la decisión que da a la nación la explotación directa del petróleo, los carburos de hidrógeno y los materiales radioactivos, además de la generación de la energía eléctrica para el servicio público y nuclear, párrafos tercero a séptimo. Tampoco se modifica la potestad de ejercer derechos en la zona económica del mar territorial, párrafo octavo y a la facultad de expropiar, determinar la utilidad pública y fijar la indemnización correspondiente, párrafo segundo y fracción VI, parcialmente. Permanecen las obligaciones del Estado de impartir justicia expedida y de promover el desarrollo rural integral, fracción XIX y XX.
3.1. Objetivos de la reforma: Justicia y libertad
Ampliar justicia y libertad son los objetivos de esta iniciativa, como lo han sido los de las luchas agrarias que nos precedieron. Busca promover cambios que alientan una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional, que se beneficien con equidad de su trabajo, que aprovechen su creatividad y que todo ello se refleje en una vida comunitaria fortalecida y una nación más próspera. Para lograrlo, los cambios deben proporcionar mayor certidumbre en la tenencia y en la producción para ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios. Parte esencial del propósito de justicia es revertir el creciente minifundio en el campo; éste proviene en gran parte de la obligación de seguir repartiendo tierras y de la falta de formas asociativas estables. Los cambios deben, por ello, ofrecer los mecanismos y las formas de asociación que estimulen una mayor inversión y capitalización de los predios rurales, que eleven producción y productividad y abran un horizonte más amplio de bienestar campesino. También deben fortalecer la vida comunitaria de los asentamientos humanos y precisar los derechos de ejidatarios y comuneros, de manera que se respeten las decisiones que tomen para el aprovechamiento de sus recursos naturales.
3.2. Lineamientos y modificaciones
a) Dar certidumbre jurídica en el campo
El fin del reparto agrario. La obligación constitucional de dotar a los pueblos se extendió para atender a los grupos de individuos que carecían de tierra. Esta acción era necesaria y posible en un país poco poblado y con vastas extensiones por colonizar. Ya no lo es más. La población rural crece, mientras que la tierra no varía de extensión. Ya no hay tierras para satisfacer esa demanda incrementada por la dinámica demográfica. Los dictámenes negativos del cuerpo consultivo agrario, derivados de que no se localizaron tierras afectables para atender solicitudes, ya son tan numerosos como todas las dotaciones realizadas desde 1917. En resoluciones recientes se específica que la tierra entregada no es apta para su aprovechamiento agropecuario. Nos enfrentamos a la imposibilidad para dotar a los solicitantes de tierra. Tramitar solicitudes que no pueden atenderse introduce incertidumbre, crea falsas expectativas y frustración, inhibe la inversión en la actividad agropecuaria, desalentando, con ello, mayor productividad y mejores ingresos para el campesino. Debemos reconocer que culminó el reparto de la tierra que estableció el artículo 27 constitucional en 1917 y sus sucesivas reformas.
Al no haber nuevas tierras, la pulverización de las unidades existentes se estimula al interior del ejido y en la pequeña propiedad. Tenemos que revertir el creciente minifundismo y fraccionamiento en la tenencia de la tierra que, en muchos casos ya ha rebasado las posibilidades de sustentar plenamente a sus poseedores. La realidad muestra que hay que establecer legalmente que el reparto ya fue realizado dentro de los limites posibles. La sociedad rural exige reconocerla con vigor y urgencia. La nación lo requiere para su desarrollo y modernización. Por eso, propongo derogar las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y XVI en su totalidad y la fracción XV y el párrafo tercero, parcialmente. En estas disposiciones, hoy vigentes, se establece una reglamentación detallada de los mecanismos e instituciones encargadas de la aplicación del reparto. Con su derogación, éste también termina.
Se propone que en la fracción XVII se mantenga, exclusivamente el caso del fraccionamiento de predios que excedan a la pequeña propiedad. Establece los procedimientos para llevarlo a cabo e instruye al propietario, en ese caso, a enajenar el excedente en un plazo de dos años; de no cumplirse, procederá la venta mediante pública almoneda. De esta manera quedará restablecido el régimen ordinario que resguarda los principios básicos y originales en materia agraria, prescindiendo de la regulación extraordinaria y transitoria que fue necesario prescribir para lograr el reparto masivo de tierras.
Ahora tenemos que consolidar e impulsar la obra resultante del reparto agrario, ofrecer al campesino los incentivos que le permitan aprovechar el potencial de su tierra, abrir alternativas
productivas que le eleven su nivel de vida y el de su familia. Es necesario propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y en la pequeña propiedad, que fomente capitalización, transferencia y generación de tecnología, para así contar con nuevas formas de creación de riqueza en provecho del hombre del campo.
La reforma agraria ingresa a una nueva etapa. Para ello es esencial la superación del rezago agrario. Los legítimos derechos de todas las formas de tenencia de la tierra deben quedar plenamente establecidos y documentados, por encima de toda duda, para quedar como definitivos. Eso exige de un esfuerzo de gran magnitud. Mediante el uso preferente de la vía conciliatoria y con acciones de procuración y gestoría para los pueblos y campesinos, es posible resolverlo. La claridad de los títulos agrarios es un instrumento de impartición de justicia cuya procuración presidió desde su origen el espíritu del artículo 27 constitucional.
La justicia agraria. Para garantizar la impartición de justicia y definitividad en materia agraria se propone establecer, en el texto constitucional en la fracción VII, tribunales federales agrarios, de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello, se sustituye el procedimiento mixto administrativo jurisdiccional derivado de la necesidad de una inmediata ejecución.
b) Capitalizar el campo
Para reactivar la producción y establecer de manera sostenida su crecimiento son necesarios los cambios que atraigan y faciliten la inversión en las proporciones que el campo ahora demanda. Para lograrlo, se requiere seguridad pero también nuevas formas de asociación donde imperen equidad y certidumbre, se estimule la creatividad de los actores sociales y se compartan riesgos. Se mantienen los límites de la pequeña propiedad, pero se superan las restricciones productivas del minifundio para lograr, mediante la asociación, las escalas de producción adecuadas. Por ello, conviene eliminar los impedimentos a las sociedades mercantiles para dar capacidad a los productores de vincularse efectivamente en las condiciones del mercado.
La pequeña propiedad. La pequeña propiedad es constitucional a la reforma agraria y la Constitución la protege. La decisión se preserva y ratifica, aunque se actualiza con el fin de dar paso a las asociaciones que permitan su capitalización y el aprovechamiento de mayores escalas de producción. Por eso, esta iniciativa mantiene los límites de extensión a la pequeña propiedad. Con ello se conservan los aprovechamientos familiares y las unidades productivas del ranchero individual.
Con el fin del reparto agrario, los certificado de inafectabilidad, necesarios en su momento para acreditar la existencia de la pequeña propiedad, ya no lo serán. La protección constitucional plena ya no estará condicionada a la obtención de dichas certificados. Así reintegramos un sistema de amplia protección en favor de la seguridad jurídica de todos.
Para revertir el deterioro de nuestros bosques y estimular su aprovechamiento racional, se propone definir el concepto de pequeña propiedad forestal, asimilándola al límite de 800 hectáreas, que prevé la actual fracción XV. La intención es clara: los aprovechamientos forestales ligados a plantaciones industriales o regeneraciones modernas requieren de extensiones suficientes para alcanzar rentabilidad.
Nuestro país cuenta con proporciones muy bajas de tierra agrícolamente aprovechables con respecto del total del territorio. Por ello, el texto vigente protege las mejoras en la calidad que introduzca el propietario, aunque por virtud de estas mejoras los predios rebasen la extensión de la pequeña propiedad. La iniciativa conserva este estímulo y lo refuerza al permitir que las tierras sean aprovechadas permitiendo la flexibilidad necesaria para cambiar el uso agropecuario. Esto abrirá al cultivo, extensiones que hoy son yermos o predios de infíma calidad, en beneficio de nuestra agricultura nacional. Para ello se modifica el texto del último párrafo de la fracción XV.
Nuevas formas de asociación. La producción agropecuaria, en todo el mundo, es cada día más compleja y requiere de escalas adecuadas y formas de organización más grandes y especializadas. No podemos quedarnos atrás de esos procesos globales de los que formamos parte.
Requerimos ajustes a nuestra agricultura para estimular su capitalización y, así, superar el estancamiento. La desigualdad entre los productores rurales y otros sectores nos coloca en desventaja y nos hace vulnerables, mina la convivencia social y atenta contra el desarrollo de nuestra economía.
Tenemos un gran espacio para avanzar con incrementos considerables en la producción
productividad y el valor agregado. Necesitamos más inversión, pública y privada, mayor flujo tecnológico para el campo y que éstos se sumen al esfuerzo de los campesinos. Tanto en la pequeña propiedad como en la ejidal se necesitan opciones para alcanzar las escalas técnicas y económicas de la moderna unidad agropecuaria y forestal, respetando los límites que la Constitución establece a la propiedad individual. Ello es posible facilitando formas de asociación que agrupen tierra para la producción. La mayoría de los propietarios privados son minifundistas que forman parte de las comunidades rurales, con frecuencia en condiciones tan severas y restringidas como la de los ejidatarios. Por eso, la reforma debe estimular la compactación y las asociaciones en cada uno de los tipos de propiedad y entre ellos, para asegurar su capitalización y su viabilidad.
Conviene, por eso, permitir la participación de las sociedades por acciones en la propiedad y producción rural, regulando al mismo tiempo la extensión máxima, el número de socios y que su tenencia accionaria se ajuste a los límites impuestos a la pequeña propiedad. En el caso de pequeñas propiedades éstas podrán formar parte del patrimonio de la sociedad y en el caso de ejidos, éstos podrán adoptar formas societarias, incluso mercantiles, para atraer socios aportantes de recursos. Con ello, se propiciará el flujo de capital hacia las actividades agropecuarias, así como la introducción de técnicas de producción, administración y comercialización modernas en una relación respetuosa y equitativa.
Desde hace casi una década el anonimato en la propiedad accionaria dejó de existir y, con ello, se evita el riesgo de la formación de latifundios encubiertos. El tiempo del latifundio es el pasado. No más propiedad individual de enormes extensiones e improductivas. No lo permitiremos en la ley, ni lo tolera la práctica social. Los límites a la pequeña propiedad son garantías socialmente acordadas para la equidad. Se reafirma esa decisión histórica. Se abren, así, las posibilidades para el uso racional de la tierra, sin afectar el consenso en contra de la acumulación injusta.
Para lograr los cambios que promueven la capitalización del campo, esta iniciativa propone la reforma de la fracciones IV y VI del artículo 27 constitucional, eliminando las prohibiciones a las sociedades mercantiles y estableciendo los criterios generales que deben satisfacer. Para la operación de empresas por acciones en el campo, la ley determinará los límites y los requisitos y condiciones para formar una sociedad mercantil por acciones, propietaria de terrenos rústicos.
Se desea promover nuevos vínculos entre actores productivos, pero también proteger al campesino en su asociación con socios mercantiles y garantizar que las sociedades no se orienten hacia la concentración de tierra ociosa o con fines especulativos.
También se suprime en la fracción
VI la prohibición genérica a las corporaciones civiles de poseer, tener en propiedad o administren bienes raíces.
Confiamos en crear las condiciones para que la capacidad organizativa de los productores conjunten recursos y esfuerzos en términos equitativos y transparentes, independientemente de la modalidad en la tenencia de tierra. Por ello es indispensable dar claridad en la ley a las modalidades de asociación y otras formas contractuales para la producción. Con estas modificaciones reconocemos la realidad y la orientamos al brindar certeza y protección legal a prácticas organizativas que ya se vienen llevando a cabo en el campo mexicano. Promovemos, por la vía de la asociación, la compactación productiva de la tierra para incrementar rentabilidad y mejorar el acceso al valor agregado. Todo a partir de la libertad y voluntad de los productores rurales.
c) Proteger y fortalecer la vida ejidal y comunal
La reforma se propone reafirmar las formas de tenencia de la tierra derivadas de la gesta agraria de los mexicanos y adecuarlas a las nuevas realidades del país. Cada una de ellas tiene origen y propósito en los intereses y la interacción entre grupos históricamente conformados. El respeto y protección a su configuración como asentamiento humano es condición para la preservación del tejido social. Su base productiva debe ser fuente de bienestar para el campesino y de prosperidad para la nación. Por ello se elevan a nivel constitucional el reconocimiento y la protección al ejido y la comunidad. Confirmamos sin ambigüedad al ejido y la comunidad como formas de propiedad al amparo de nuestra ley suprema. Son tierras de los ejidatarios y comuneros, a ellos corresponden las decisiones sobre su manejo. El Siglo XX ratificó al ejido y la comunidad como formas de vida comunitarias creadas a lo largo de la historia. Demos paso a la reforma agraria de los propios campesinos.
La reforma a la fracción VII, que promueve esta iniciativa, reconoce la distinción entre la base territorial del asentamiento humano, sustento de una cultura de vida comunitaria y la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el ámbito parcelario. Reconoce,
también, la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. También fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos y responden al compromiso del Estado de apoyar y sumarse al esfuerzo que ellos realizan para vivir mejor.
La propiedad ejidal y comunal será protegida por la Constitución. Se propone la protección a la integridad territorial de los pueblos indígenas.
Igualmente, se protegen y reconocen las áreas comunes de los ejidos y el sustento territorial de los asentamientos humanos. En todo caso, el solar en el casco urbano seguirá siendo de la exclusiva propiedad de sus moradores. Las superficies parceladas de los ejidos podrán enajenarse entre los miembros de un mismo ejido de la manera que lo disponga la ley, propiciando la compactación parcelaria y sin permitir acumulación o la fragmentación excesivas.
Los poseedores de parcelas podrán constituirse en asociaciones, otorgar su uso a terceros, o mantener las mismas condiciones presentes. La mayoría calificada del núcleo de población que fije la ley podrá otorgar al ejidatario el dominio de su parcela, previa regularización y definición de su posesión individual. Hay que expresarlo con claridad. Los ejidatarios que quieran permanecer como tales recibirán el apoyo para su desarrollo. No habrán ventas forzadas por la deuda o por la restricción. La ley prohibirá contratos que de manera manifiesta abusen de la condición de pobreza o de ignorancia. Sostenemos el ejercicio de la libertad, pero éste jamás puede confundirse con la carencia de opciones.
Nadie quedará obligado a optar por alguna de las nuevas alternativas; dejarían de serlo.
Se crearán la condiciones para evitar que la oportunidad se confunda con la adversidad.
El Estado mexicano no renuncia a la protección de los intereses de los ejidatarios y comuneros.
La reforma propuesta preserva ese mandato pero distingue claramente entre las acciones de protección y promoción que sí asume, de aquellas que no debe realizar porque suplantan la iniciativa campesina y anulan sus responsabilidades.
Debemos reconocer la madurez que ha promovido la reforma agraria y la política educativa, de salud y de bienestar en general, que ha realizado el Estado mexicano durante muchas décadas. La reforma reconoce la plena capacidad legal del ejidatario y también sus responsabilidades.
A ellos les corresponde resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Carta Magna.
La capacidad y dignidad de los campesinos, su importancia y la de sus organizaciones, se decisión requieren apoyo y no paternalismo; constituyen, por eso, puntos de partida para la modernización de la producción rural. El respeto a la libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonomía están inscritos en la propuesta, sin merma de la obligación del Estado para ordenar y normar el conjunto con equidad, así como para proteger a los campesinos.
Debemos combatir la pobreza; estamos luchando por superarla sumándonos a la iniciativa de los campesinos que en sus propios términos realizan ya en la vida cotidiana una reforma campesina de gran profundidad. Debemos acercarnos más a las preocupaciones y a los intereses verdaderos de los productores rurales con respeto y solidaridad y no pretender que aún no llega el tiempo para que decidan sobre sus propios asuntos.
Demos pleno reconocimiento a nuestra historia y a la lucha de los campesinos, a la diversidad en las formas de tenencia y de aprovechamiento de la tierra. Podremos superar los retos como lo hicimos tantas veces en el pasado.
No se modifican las disposiciones del artículo 27 que determinan la capacidad para adquirir el dominio de tierras y aguas, para mexicanos, extranjeros, iglesias e instituciones de beneficencia y bancos, fracciones I a III y a la V.
Igualmente la jurisdicción federal, fracción VII, las referentes a las nulidades y actos jurídicos históricos, fracciones VIII y XVIII y la nulidad por división, fracción IX. La seguridad jurídica, el acceso a la justicia agraria expedita y la asesoría legal a los campesinos, se mantienen como hasta ahora, fracción XIX.
4. Carácter integral de la transformación en el campo
El desarrollo, el crecimiento con justicia social, no puede lograrse sólo por el cambio a la ley, requiere de una propuesta y un programa más amplio. La reforma al campo mexicano que proponemos a la nación se enmarca en otras acciones, por medio de las cuales aseguraremos que el tránsito hacia una vida campesina libre, más productiva y justa se consolide. Convoca, por eso, a toda la sociedad para sumar esfuerzos y voluntad para una transformación con justicia en el campo.
El flujo de capital hacia la producción agropecuaria y la organización eficiente de la producción constituyen también objetivos centrales de la modernización en el campo. La inversión pública en infraestructura y en desarrollo científico y tecnológico será parte medular de ella; se buscará reducir la incertidumbre propia de las actividades agropecuarias a través del desarrollo de mejores instrumentos financieros como el seguro y los mercados de coberturas; se impulsará la creación de sistemas de comercialización más modernos y cadenas de transformación más eficientes, en beneficio del productor y del consumidor.
El cambio estructural que ha vivido nuestra economía permitirá al productor tener acceso a insumos competitivos y de alta calidad, necesarios para la agricultura moderna. El desarrollo de nuestros mercados financieros, el mayor volumen de ahorro que general la economía y la política de fomento de la banca de desarrollo, darán al productor mayor acceso a recursos para nuevas opciones de proyectos productivos.
El bienestar rural es condición esencial en este proceso. Estamos realizando, con la decidida participación de los habitantes del medio rural, un extraordinario esfuerzo para establecer en el campo un mínimo de bienestar social por abajo del cual ninguna familia debe vivir. A través del Programa Nacional de Solidaridad, hemos construido o rehabilitado cerca de 20 mil espacios educativos en el medio rural; se construyeron y equiparon 880 unidades médicas y centros de salud al campo; se introdujeron, ampliaron o rehabilitaron 900 sistemas de agua potable y 208 de alcantarillado; se electrificaron 2 mil 700 comunidades rurales; se instalaron mil tiendas rurales, la red camionera y de servicio al medio rural creció en 4 mil 500 kilómetros.
Dentro del mismo programa y con la amplia participación de los campesinos, apoyamos la producción de básicos en 28 entidades. Con el Fondo de Solidaridad para la Producción, más de 600 mil productores que no tenían acceso al crédito, encontraron financiamiento con la sola contraparte de su palabra, para producir en cerca de 2 millones de hectáreas; 200 mil cafetaleros con menos de cinco hectáreas recibieron apoyo para la producción y comercialización; 87 organizaciones forestales y más de mil organizaciones de productores indígenas, conforme a sus propias iniciativas, recibieron recursos para el desarrollo de proyectos productivos. Todas esas inversiones son recuperables gracias al trabajo que realizan los propios productores.
Además, se está impulsando la construcción de obras de riego y su rehabilitación, de infraestructura pecuaria, proyectos agroindustriales y de fomento minero en el medio rural. Se conformaron cinco programas de desarrollo regional que integran los esfuerzos para establecer un crecimiento armónico y sostenido. Los resultados son tangibles. La generosa entrega y capacidad de las organizaciones de los campesinos los hacen posibles. El propósito es fortalecer estas acciones para tejer una auténtica red de protección social a los campesinos de menos ingresos y productividad.
Esta reforma integral extenderá sus beneficios a quienes de buena fe han solicitado tierras pero que, la inexistencia de ellas, no permite responder; será a través de ofrecer oportunidades de empleo productivo como solidaridad trabajará con ellos y para ellos.
Este esfuerzo conforma una reforma agraria para nuestros días: la construcción de un nuevo modo de vida campesino, con más bienestar, libertad y justicia; la nueva relación entre el Estado y sociedad que está contenida en nuestra propuesta.
Por ellos la reforma, para alcanzar su propósito y tener viabilidad y permanencia, se construye como apoyo al empeño, a la decisión democrática y a la libre iniciativa de los propios hombres y mujeres del campo. Esto es principio y método de solidaridad en el medio rural.
La modificación jurídica es principio y requisito esencial de la reforma, fuente de legalidad para todos los demás procesos que acompañan a esta propuesta. Debemos partir de la reforma al artículo 27, porque es esta la norma básica que establece la dirección y los principios generales, para que se traduzca en adecuaciones a la legislación de la materia, en especial a su ley reglamentaria.
Reconociendo lo que hoy es la realidad del campo mexicano y con respecto a los valores que han nutrido nuestras luchas agrarias, esta iniciativa propuesta al Constituyente Permanente, persigue conducir el cambio del agro mexicano para que en él exista más justicia y se genera más prosperidad. Sus instrumentos promuevan la certidumbre, la reactivación del sector rural y el fortalecimiento de ejidos y comunidades.
Es importante mencionar que en los artículos transitorios de esta iniciativa, se determina la ley aplicable al momento que entrase en vigor esta reforma.
Estas disposiciones son compatibles con el pleno reconocimiento de las actuales autoridades agrarias, representantes de ejidos y comunidades. Por lo que se refiere a los asuntos en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población, en trámite a la fecha de entrada
en vigor de la reforma constitucional, se prevé lo conducente para no interrumpir su desahogo.
Para estos propósitos, las disposiciones transitorias prescriben que las autoridades que han venido desahogando dichos asuntos, continúen haciéndolo sujetándose a la legislación reglamentaria del reparto agrario.
Una vez creados los tribunales, en caso de aprobarse esta iniciativa, se les turnarían los expedientes de los asuntos aún pendientes de resolución, para que los resuelvan en definitiva. Buscamos proteger los legítimos intereses de los campesinos.
Es un deber de justicia.
La iniciativa propone las adecuaciones a la configuración constitucional de nuestro sistema de tenencia de la tierra, conforme a la nueva realidad que vivimos. Los ajustes del orden legal no van a implicar la solución automática a nuestros problemas más urgentes: ellos no derivan únicamente de la tenencia de la tierra. Los problemas del campo mexicano son muy complejos, su resolución presenta enormes retos porque en el campo confluye la gran diversidad de la nación, en él vincula toda la sociedad, sus alcances definen buena parte de nuestro futuro. No podemos ni debemos esperar soluciones inmediatas.
Tomarán tiempo; requerirán de toda nuestra unidad y dedicación.
La reforma constitucional y, después, reglamentaria, es un paso trascendente e indispensable, pero es necesaria, además, la participación de los gobiernos de los estados, de las autoridades municipales, de la sociedad en general y del gobierno federal en un esfuerzo decidido de unidad que comienza por los productores mismos, sus aspiraciones, su sentido práctico, su enorme voluntad.
De ahí los recursos y los instrumentos para la producción, las asociaciones duraderas, el fortalecimiento de las organizaciones y su gestión, podrán reunirse con el mismo propósito.
La intención es, sencillamente, más justicia: justicia social. Elevar el bienestar de los productores y aumentar la producción del campo deben ahora recibir expresión concreta. Norma y acción se unen en la reforma integral que merece y necesita el campo mexicano.
Por lo antes expuesto y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión, para los efectos del artículos 135 de la propia Constitución, la presente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer párrafo; VII, XV y XVII y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27. ..
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierra, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
..
I a III. ..
IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. La ley reglamentaria regulará los límites de la propiedad territorial que deberán tener las sociedades de esta clase que se dediquen a actividades agrícolas, ganaderas o forestales, así como su estructura de capital y su número mínimo de socios; a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad se ajusten en relación con cada socio a los límites de la pequeña propiedad;
V. ..
VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
..
VII. La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal de la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas.
La ley protegerá la integridad territorial de los pueblos indígenas. Considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, la ley protegerá la base territorial del asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores.
Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre sí; igualmente fijará las condiciones conforme a las cuales núcleo ejidal podrá otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela.
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria.
La de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como la relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, en los términos que la ley reglamentaria señale.
Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria, la propiedad ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.
VIII y IX. ..
X. Se deroga.
XI. Se deroga.
XII. Se deroga.
XIII. Se deroga.
XIV. Se deroga.
XV. Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierras.
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
Se considerará así mismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de 300, cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales.
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se mejore la calidad de sus tierras, aunque se cambie el uso de las mismas, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije a ley;
XVI. Se deroga
XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones, expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento de las extensiones que excedan los límites señalados en la fracción
XV de este artículo, de acuerdo con las siguientes bases:
a) El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro de un plazo de dos años contado a partir de la notificación correspondiente;
b) Si transcurrido el plazo del excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda.
c) Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;
XVIII a XX. ..
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se opongan a lo establecido en este mismo decreto.
Artículo tercero. Los comisariados ejidales continuarán funcionando de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Artículo cuarto. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.
Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se haya dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.
Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto, y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Palacio Nacional, a 7 de noviembre de 1991.- El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari."
El Presidente: - En los términos del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, en su oportunidad turnamos a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales este proyecto del Poder Ejecutivo.
Vamos a tomar nota de los compañeros que desean hacer uso de la palabra, para hechos.
Tiene la palabra, la compañera Rosa Albina Garavito Elías.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Señoras diputadas y señores diputados:
El Partido de la Revolución Democrática no quiere dejar pasar por alto la importancia de esta iniciativa de reformas al 27 constitucional.
Es este el motivo por el cual hago uso de la tribuna en esta ocasión. Queremos recordar a esta Cámara de Diputados el compromiso que tenemos como legisladores sobre la demanda fundamental, sobre la demanda básica que nuestra sociedad ha estado planteando por lo menos desde tres años atrás, pero que se ha venido a enfatizar después de las elecciones del 18 de agosto.
La tarea fundamental que tiene esta Cámara es dar respuesta a la exigencia de la reforma democrática; queremos alertar de los peligros de discutir y aprobar en su caso, iniciativas, artículos constitucionales que son pilares de un proyecto de nación. Cualquiera que fuesen los cambios, tendría esta Cámara, como lo hemos venido reiterando en diversas ocasiones en esta tribuna, que estar avaladas por los votos de representantes populares fundamentados en votos verdaderos.
Por desgracia no es el caso, nuestro partido seguirá insistiendo sobre esta responsabilidad política y quiere hacer un llamado a la sensibilidad de esta Cámara sobre el problema que tenemos entre manos. El problema fundamental, el prioritario, antes de redefinir qué nación queremos, es el problema de la reforma democrática.
Una vez hecha esta advertencia, quiero además
alertar sobre los riesgos que tiene para el futuro soberano, democrático, para un desarrollo estable y justo, la iniciativa que hemos escuchado hasta este momento.
Mi partido por supuesto hará un estudio serio y profundo de la iniciativa, éste será el sentido de sus discusiones en las comisiones y en esta plenaria, pero desde ya, desde esta tribuna estamos alertando sobre los siguientes peligros: La iniciativa a la que se ha dado lectura, lo que está haciendo es legalizar en los hechos el rentismo que existe; la Ley de Fomento Agropecuaria, aprobada en 1981 no fue suficiente para la voracidad del capital privado y ha estado exigiendo desde entonces la reforma necesaria para que la asociación de productores, esto es, la asociación del capital privado con el minifundio y las tierras ejidales vaya más allá de la asociación que puede darse en cada período de cultivo.
Cuando se alega la seguridad en la tenencia de la tierra en realidad lo que se está exigiendo es que esta figura de asociación de productores va ya más allá de cada período de cultivo; se quiere hacer entonces como una cuestión totalmente permanente. La iniciativa está legalizando eso. El proyecto es justamente legalizar, a nivel constitucional, la figura de la asociación de productores.
Entonces la responsabilidad que el Estado tiene por ser efectivamente el rector del desarrollo económico, coherente con este proyecto neoliberal, se está dejando en manos del capital privado, sea éste nacional o extranjero.
Queremos entonces alertar sobre el peligro de que la soberanía alimentaria del país, que ningún país sólido y fuerte renuncia, se estaría dejando en manos del interés privado.
Queremos alertar también de la convocatoria a una falsa libertad del campesino. De qué libertad se puede hablar para el campesino, para el ejidatario y el minifundista, para que adopte la forma que desee en esta organización de la producción, cuando el campesino no tiene más que un pedazo de tierra, cuando el Estado ha hecho a un lado su obligación de fomentar al sector agropecuario.
Por lo tanto aquí termino mi intervención. La intención es alertar a esta Cámara sobre los riesgos de aprobar, con el mayoriteo mecánico que ya vimos en el Colegio Electoral, una reforma de la trascendencia que ésta tiene.
Haremos la discusión necesaria, con la profundidad necesaria, traeremos aquí todos los argumentos, pero no queremos dejar pasar por alto la importancia de esta definición. Gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, compañera diputada. Para hechos, tiene la palabra, el diputado Francisco Hernández Juárez.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados.
Después de haber escuchado con atención la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución y a reserva de dar oportunamente una opinión más amplia al respecto y combatir esta reforma, tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados, quiero dejar sentada, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, nuestra más enérgica protesta y oposición categórica a las reformas que propone el Presidente, ya que se da un golpe mortal a la propiedad ejidal y se propicia un fortalecimiento cada vez mayor a la propiedad privada de la gran propiedad capitalista en el campo y se abandona el apoyo del Estado a los núcleos de población y a los ejidos, que han mostrado que a pesar del abandono en que se encuentran muchos de ellos, aportan la mitad de los alimentos que consume nuestro pueblo.
Nos oponemos a la privatización anunciada porque el incremento a la producción no está ligado a la forma de propiedad sino al apoyo financiero, técnico, que deben tener lo ejidos en nuestro país.
Demandamos al pleno de esta Cámara la convocatoria inmediata a audiencias públicas en todo el país, en donde los campesinos, ejidatarios, comuneros y auténticos pequeños propietarios, puedan expresar sus juicio sobre estas propuestas del Presidente que, para el Partido Popular Socialista, implican un grave retroceso de carácter histórico.
En su momento formalizaremos, por los mecanismos adecuados, esta proposición. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, compañero diputado Francisco Hernández Juárez.
Para hechos, tiene la palabra, el compañero diputado Jesús González Cortazar.
El diputado J. Jesús González Cortazar: - Señor diputado Presidente; compañeros diputados:
Antes que nada quiero felicitar calurosamente a los oradores que me precedieron porque en
una forma serena, sensata e inteligente, abordaron esta tribuna sin planteamientos demagógicos, sin alharaca, sin actos teatrales, tanto a la diputada Garavito como al diputado Hernández Juárez, mi respeto, por esa actitud que enaltece la tribuna más alta del país.
Y yo les digo que no se alarmen. Que ese llamado de atención que han hecho a los representantes populares se recoge con interés y tengan la seguridad de que en audiencias públicas en el seno de las comisiones y también en este pleno, habremos de estudiar en detalle con patriotismo y con pasión esta iniciativa presidencial que, en hora buena ha llegado hoy como un cambio radical al medio rural mexicano.
Las estadísticas frías señalan que todavía el 34% de nuestro pueblo vive en lo del campo. Pero si nosotros observamos poblaciones mayores, todavía un número importante de sus moradores se dedican a las actividades agropecuarias. Por ello no es aventurado afirmar que el 40% de los mexicanos integramos el sector rural, seamos pequeños propietarios, comuneros, colonos o ejidatarios y que atender a este sector tan numeroso y trascendente, implica un acto de precedencia republicana que todos debemos analizar con amplitud, con libertad de conciencia y con profunda responsabilidad.
Un hombre que yo admiro, mi maestro, mi querido maestro Carlos González Durán, hoy diputado del Partido de la Revolución Democrática, nos enseñó, ya largos años atrás, que el derecho es la superestructura de la sociedad.
Y habiendo cambiado esta, habiéndose enfrentado el pueblo mexicano a nuevas realidades que lo llevan ya a los albores del Siglo XXI, es totalmente lógico y congruente que el Poder Legislativo se aboque a cambios que impliquen una mejoría, el bienestar para el campesino y también la posibilidad de dar respuesta.
Solamente ha habido dos hechos que quiero remarcar, uno de ellos que se dice: Acabará el ejido. Falso. El ejido permanece, simplemente se le da al ejidatario una jerarquía de adulto, de hombre capaz, factible de labrarse su propio destino. Ya no queremos paternalismo, el hombre que trabaja la tierra no es un niño de brazos, el hombre que lucha en el agro nacional, es un hombre capacitado digno de tomar el destino por sus manos, digno de llevar la rienda de su futuro. Y por ello, será el ejidatario y nadie más que el ejidatario, aquel que habrá de tomar las decisiones que los lleven en un sentido u otro.
La diputación del Partido Revolucionario Institucional rechaza el término "privatizar". Este es confuso, conceptualmente hablando y además desorienta a la opinión pública. ¿Qué se privatiza? Se privatiza lo que es propiedad del Estado y pasa a la iniciativa privada, el ejido no es propiedad del Estado, no es un Koljoz, el ejido es propiedad del núcleo de población y será éste y nada más que éste, aquel que habrá de tomar las medidas tendientes a perfeccionarlo.
Por otro lado, el término "privatizar", induce a la opinión pública que no conoce del tema, a pensar que serán los grandes capitales quienes serán dueños de la tierra arrancadas de manos del campesino. Falso de toda falsedad.
El campesino podrá vender a otro campesino la parcela y en esa forma estaremos haciendo una compactación para que sea rentable.
Hay que recordar que el reparto masivo de tierra se hizo en la década de los 30, siguiendo el concepto del mediero, que tenía una superficie...
El Presidente: - Señor diputado, perdóneme usted, es que hay algunos asistentes a la reunión que están llegando; quiero simplemente para que lo escuchen a usted con atención, pedirles que se sienten, hay aquí en la asamblea, que se sienten para que no se forme ese grupo ahí y no perdamos la atención en la intervención suya. Quisiera pedirle unos segundos para que se acomoden.
El diputado J. Jesús González Cortazar: - Con mucho gusto; señor Presidente.
Es más, lo felicito, porque es una pena que estando debatiéndose un tema histórico esto parezca socomarroquí.
El Presidente: - Muy bien. Compañero Jesús González Cortazar, haga uso de la palabra por favor.
El diputado J. Jesús González Cortazar: - Otro hecho que hay que remarcar es aquél que dice que el ejidatario estará en una posición de desventaja.
Hemos escuchado la iniciativa y con toda claridad permanece la obligación del Estado de impulsar la producción agropecuaria, de proteger las tres formas jurídicas de tenencia de la tierra y de transformar el ejido, llevando bienestar, llevando progreso a aquellos que lo han venido integrando.
Emiliano Zapata y los caudillos del sur, querían volver la tierra a propiedad de los pueblos; los caudillos revolucionarios del norte, Obregón, Carranza, Calles, Lucio Blanco, querían crear
la pequeña propiedad. Ambas formas las tomó el Constituyente de Querétaro y las plasmó en el artículo 27 constitucional. Allí están y allí permanecerán. Solamente se busca modernizar, se busca hacer a México, hasta donde sea posible, autosuficiente.
Ese nacionalismo que nos honra, ese nacionalismo que es esencia del pueblo mexicano, no puede permitir que tengamos un cuarto de siglo de dependencia alimentaria. No podemos aceptar que año con año se traigan de más allá de las fronteras 10 millones de toneladas de alimentos, porque teniendo 2 millones de kilómetros cuadrados no podemos alimentar a todo el pueblo mexicano.
Esto sí es peligroso, esto sí, estimada diputada Garavito, es motivo de alerta; esto sí no lleva a una situación de coloniaje que nadie verdaderamente patriota y nacionalista puede permitir y menos aún tolerar. Por ello amigos y para ajustarme al reglamento, sólo quiero decir que estamos abriendo un capítulo nuevo de la historia del pueblo mexicano. Seamos dignos de él, seamos dignos de aquellos que votaron por nosotros.
Veamos con claridad, serenidad y patriotismo esta benéfica iniciativa. Es por el bien de todos, es por el bien de México y sobre todo de sus campesinos. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado Jesús González Cortazar por su intervención en la Cámara.
Aunque algunos compañeros nos hacían alguna reflexión sobre los cinco minutos de que se habla; la Presidencia optó por no llamar la atención al orador en vista de la importancia de su intervención y de la importancia del tema que estamos tocando.
Tiene la palabra, el compañero diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente.
En nombre del Partido de la Revolución Democrática queremos expresar clara y directamente nuestro más enérgico rechazo a un intento de acabar con el reparto agrario en esta nación.
Prácticamente se está enterrando a la Revolución Mexicana y los postulados agraristas fundamentales.
No se trata únicamente de una reforma de matices o de cambios de formas. Estamos prácticamente ante un estado que surgido del pacto social del Constituyente de 1917, renuncia a su obligación constitucional de dotar de tierra a los pueblos y comunidades que los requieran. Que no se diga que problemas de crecimiento demográfico o por problemas de disponibilidad de tierras, no hay forma de entregar ésas a las comunidades.
Existen todavía reservas territoriales; existen todavía un conjunto de terrenos destinados a explotaciones agrícolas, donde se ha manipulado arbitrariamente los certificados de inafectabilidad ganadera en donde, lo hemos sostenido en ésta y en otras tribunas, es posible sostener un hato ganadero sustancialmente mayor con método de explotación intensiva, con una menor cantidad de tierra, liberando grandes cantidades para los campesino. Pero, ¿qué es más importante? y esto ha sido dicho por numerosas organizaciones campesinas, lo que es más importante es que aún existen numerosos latifundios simulados; aún existe una gran cantidad de latifundios en este país, y lo decimos claramente. Y se quiere prácticamente legalizar el latifundio al negarse el estado a continuar con su facultad y potestad constitucional y hacer entrega de tierra a los campesinos.
Pero además veamos otro aspecto muy importante.
La causa de la grave crisis alimentaria de este país, la causa de que estemos importando más de 10 millones de toneladas de alimentos, no es de ninguna manera la estructura jurídica y de formas asociativas. La causa es que en los últimos 10 años la inversión pública para desarrollo rural ha disminuido en un 61%; la causa es que el crédito al sector agropecuario ha disminuído en los últimos 10 años en un 45%; y la causa es que los precios medios del sector agropecuario mexicano, son 40% más bajos de lo que eran hace apenas 10 años. Ninguna agricultura del mundo, ninguna, puede sobrevivir cuando se está pagando a los agricultores un 40% más bajo. No hay forma. Y menos aún se puede sobrevivir cuando se importan granos subsidiados de los Estados Unidos y otros países y no hay, por tanto, sector productivo mexicano que pueda competir con maíz, frijol, trigo y arroz, con sorgo, soya, cártamo, estos productos, vendidos a precios de domping en el momento en que se está levantando la cosecha, ha habido luchas heroicas de los soyeros y luchas heroicas de trigueros y otros productores.
Se dijo hace apenas unos días que somos autosuficientes por 13 millones de toneladas maiceras. Falso. Este país consume entre 14 millones y 14 y medio millones toneladas de maíz. No somos autosuficientes. Y en todo caso, si se pretendiera esa supuesta autosuficiencia, sería sobre niveles de consumo alimentario per capita de los productores verdaderamente muy bajos.
Nosotros desde esta tribuna, desde esta tribuna lo queremos decir claramente, rechazamos enfáticamente este intento de reformas constitucionales que pretende acabar con la obligación del estado de realizar el reparto agrario.
Por otro lado, se está pretendiendo incorporar elementos de derecho mercantil dentro de las estructuras ejidales. Este es otro aspecto que hay que destacar. En numerosas investigaciones, en numerosos estudios, se ha reflejado que existe un proceso de concentración de la tierra en manos de los propios liderazgos caciquiles de los ejidos.
Establecer legalmente el derecho a la concentración y a la venta de la tierra dentro de los ejidos, significa violar lo que fue el espíritu del Constituyente de 1917, que posteriormente se recoge en la Ley Federal de Reforma Agraria, cuando establece que esta propiedad ejidal es inalienable, imprescriptible, inembarcable e intransferible, según lo establece el artículo 52 de la Ley Federal de Reforma Agraria.
Nosotros hemos sostenido en diversas ocasiones...
El Presidente: - Señor diputado. Perdóneme.
No lo estoy interrumpiendo por gusto, lo que quiero pedir es que dejen de estar distribuyendo las síntesis de los diarios porque están distrayendo la atención de una importante intervención del compañero. Así que, por favor, compañero, deje de distribuir, yo sé que es su trabajo, pero le pedimos que se siente y no distribuya la síntesis.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez (desde su curul): - Señor Presidente. Le pido a usted que deje de interrumpir a los oradores.
El Presidente: - Aceptado, compañero diputado.
Continúe con la palabra, diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - En los hechos, legalizar estos mecanismos de concentración de la tierra dentro de los ejidos, significa prácticamente, aunque no se quiera reconocer de manera explícita: Uno. Incorporar el derecho mercantil dentro del derecho agrario anular propiamente las luchas históricas del pueblo mexicano. Dos. Lo que es más importante, significa prácticamente legalizar procesos extremadamente graves que existen de concentración de las tierras dentro de los ejidos, pero que hasta este momento eran procesos ilegales.
Un modesto servidor de ustedes, en diversas investigaciones, a lo largo de años, ha hecho estudios de campo en diversos ejidos del país que muestra un grave proceso de concentración de las tierras, no sólo en manos transnacionales y empresas privadas, en manos de líderes y caciques campesinos que se apropian ilegalmente de las tierras ejidales usando diversas formas de poder político y de coacción. Y esta reforma lo que pretende es legalizar los mecanismos de concentración de la tierra dentro de las propias estructuras ejidales.
Y otro punto finalmente, de extraordinaria gravedad, es lo que se refiere a la facultad de sociedades mercantiles para dedicarse a la explotación agropecuaria. Que no se nos diga como en la exposición de motivos, que como ya no existe anonimato en las llamadas sociedades mercantiles, eso impide la reconstitución del latifundio.
En los hechos eso significa un cambio histórico de capital importancia dentro de la estructura legal mexicana y del proceso productivo.
Nosotros estamos convencidos finalmente, que es perfectamente posible recuperar la autosuficiencia alimentaria con altos niveles de consumo por cada habitante de esta nación. Y que el ejido adecuadamente organizado de manera cooperativa, con autonomía y libertad, es capaz de alimentar a una población de más de 100 millones de habitantes de este país, conjuntamente con las formas comunales y de pequeña propiedad.
Lo que está en crisis no es la estructura de producción ejidal, sino lo que ha sucedido es una política deliberada de autoridades gubernamentales de reducir los apoyos a la producción ejidal para después decir, el ejido es ineficiente, después de que se le ha golpeado de manera sistemática y ahora proponemos una reforma que en los hechos prácticamente está desmantelando conquistas históricas de la Revolución Mexicana.
Por ello es que estudiaremos con cuidado lo que aquí se está proponiendo, pero llamamos desde esta alta tribuna de la nación, a las organizaciones campesinas a las organizaciones de productores, a uniones de ejidos, a asociaciones rurales de interés colectivo y a las auténticas organizaciones de la pequeña propiedad, para que manifiesten bajo diversas formas y diversos mecanismos, una postura de defensa a lo que fue el espíritu original del Constituyente de 1917 y pugnemos en estas condiciones por una reforma del ejido sí, pero una reforma de sentido democrático y de base popular. Y pugnemos por recuperar la autosuficiencia alimentaria y el bienestar campesino, pero en base a un compromiso del Estado de
apoyo a los productores del campo. Ningún campo repito eso puede sobrevivir en condiciones de competencia desleal como la que se está sometiendo frente al capital extranjero.
Y rechazamos el intento de reconstruir modernos latifundios bajo estas propuestas de reforma legal que prácticamente están significando acabar con uno de los postulados fundamentales de la reforma agraria mexicana y de la Revolución Mexicana. Muchas gracias.
El Presidente: - Muy bien compañero Jorge Calderón. Tiene la palabra la compañera diputada Patricia Terrazas.
La diputada Patricia Alina Terrazas Allen (desde su curul): - Declino hasta el debate.
El Presidente: - Tiene la palabra el compañero Teódulo Martínez.
El diputado Teódulo Martínez Vergara: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas: compañeros diputados:
La discusión de esta propuesta del Ejecutivo en relación a modificar algunos párrafos del artículo 27 constitucional, significa que nosotros tenemos que analizarlo profundamente.
Para nosotros, militares del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que de alguna manera convivimos con los campesinos de este país y que para nadie de nosotros es desconocido la forma en que los campesinos de México hicieran la Revolución, para ver sus aspiraciones o para tener un pedazo de tierra con que satisfacer las necesidades de su familia.
Consideramos que es muy importante que antes de otra cosa, de aprobar o desaprobar esta iniciativa de ley, se abran debates, discusiones y por lo menos así lo propone el Frente Cardenista.
No estamos en contra, no estamos en favor, sino hasta que nosotros lo discutamos internamente y desde luego, que no sean unos cuantos quienes decidan por los campesinos, sino que en base a consultas a los campesinos, que sea a ellos a quienes les consultemos lo bueno y lo malo que pueda traer cualquier iniciativa de ley que el Ejecutivo envíe a este honorable Congreso de la Unión. Es muy importante, por muchas razones.
Quienes han sufrido las agresiones del campo, son los campesinos; quienes se mueren en la lucha por la tierra, son los campesinos; quienes están en las cárceles, son los campesinos y no nosotros. Nosotros los representamos y los ayudamos podemos ayudarlos mejor si nosotros con gran responsabilidad política y moral, nos juntamos con ellos y convivimos con ellos.
Y es cierto, hay una gran miseria en el campo; hay abandono en el campo, hay rezago agrario.
El hecho de que se modifiquen algunas fracciones del artículo 27 constitucional, no quiere decir que se le quite la inspiración a un pueblo campesino a tener un pedazo de tierra. Búsquense los medios necesarios para satisfacer el hambre de los campesinos de México.
Y por esa razón nosotros vamos a discutir, vamos a analizar y sobre esa base, vamos a luchar porque se haga mejor, porque se hagan mejor las cosas en función de hacerle justicia a los campesinos.
Si a alguien se le merece hacer justicia en este momento, es al campesino. Si en alguien hay que poner la atención, en este preciso momento y en esta discusión, en esta iniciativa de ley, es a los campesinos.
Y por esa razón nosotros vamos a discutirlo antes que cualquier otra situación. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos el diputado Hugo Andrés Araujo.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Con su permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros:
Nos parece sumamente importante la preocupación que ustedes y nosotros los priístas, tenemos alrededor de los problemas del campo.
Hace unos días insistíamos nosotros en lo fundamental que era impulsar cambios sustanciales en la realidad que están viviendo los campesinos y las organizaciones campesinas. Bienvenida la iniciativa porque coloca la discusión sobre el campo mexicano en el centro del debate de esta cámara; bienvenida la inquietud de todos y cada uno de nosotros, porque nos obliga a tocar, a escuchar, a analizar los puntos centrales de un debate que estaba ya presente en la sociedad.
Para los priístas ésta es una consecuencia directa e inmediata de nuestra insistencia, en que la reforma al campo tenía que estar sustentada también en cambios legislativos. Nosotros apoyamos la iniciativa, pero estamos abiertos a la discusión, al análisis, como toca en el quehacer de esta asamblea, a través de las comisiones.
Nos parece fundamental que revisemos los puntos históricos del desarrollo agrario, pero también
compañeras y compañeros, nos parece central que discutamos cuál es la situación actual del campo y lo que los campesinos no nos van a decir, ya nos dijeron y nos lo dijeron y nos lo dijeron porque hemos estado discutiendo y analizando cómo tenemos qué conjuntar éste paquete de reformas a otro paquete fundamental de transformación de la política hacia el campo, de la reforma constitucional, los cambios hacia la participación social que conjugue la reforma legislativa, con más recursos, más inversión, más apoyo al campo, pero sobre todo, con más participación campesina.
Se consolida el planteamiento de la permanencia del ejido y la comunidad, habrá qué profundizar en ello, pero nosotros consideramos que es un paso adelante.
A la discusión sobre el reparto, nosotros estamos prestos a buscar la solución de rezago, a discutir a fondo qué significa rezago y la solución del mismo, a ir a fondo en lo qué haya que ordenar para que tengamos resultados para todos los núcleos de solicitantes; pero también a no despertar falsas expectativas, a precisar qué hay para repartir, qué ha solicitado y cómo lo vamos a resolver.
Sobre la parte jurídica de tribunales agrarios, es una demanda que muchas organizaciones hemos impulsado y que consideramos permitirá entender no solamente reforma agraria como reparto pero sino como un planteamiento más integral.
En efecto, creo que a todos nos preocupa prácticas subterráneas no contempladas en la ley de muchos de nuestros compañeros, pero no será que la realidad nos está rebasando y la búsqueda de ellos, de formas de articular su desarrollo económico está representando nuevos planteamientos, ¿qué no podían ser apreciados en el 17? Reflexionemos sobre eso, habrá oportunidad de discutirlo y de analizarlo.
Creemos que es necesario pensar en la activación del campo, que es fundamental considerar que será necesario encuadrar estas propuestas en el marco de la realidad campesina y estamos abiertos al diálogo, a la discusión, al análisis y a que esto tenga el mejor resultado para los campesinos de México. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, compañero diputado Hugo Andrés Araujo. Han solicitado el uso de la palabra, para hechos y tiene la palabra, en primer lugar, el diputado Juan Campos Vega.
A continuación pidió la palabra el compañero Israel González Arreguín y, finalmente, el diputado Camilo Valenzuela.
Diputado Juan Campos Vega, tiene usted la palabra.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente: Voy a ser breve. Y por ello, con fundamento en el artículo 104 del Reglamento, le pediría no me interrumpiera, ya que sus interrupciones causan más daño que el que creen remediar.
Sólo quiero precisar unas cuestiones y ratificar la postura de mi partido en torno a este problema.
Yo creo que no es todavía el momento para que entremos al fondo de la discusión de esta importante polémica iniciativa.
En este momento creo que debemos precisar los mecanismos que vamos a utilizar para analizarla concienzudamente, para incorporar al mayor número de los interesados en este tema, que son los campesinos de México, en la discusión y el análisis de esta iniciativa.
No quiero polemizar. Pero sí quisiera recordarle al primer orador del Partido Revolucionario Institucional que cuando nosotros hablamos de que aquí se está dando un proceso de "reprivatización", partimos de conceptos distintos a los que él vertió en esta tribuna.
Precisamente el primer párrafo del artículo 27 constitucional es de que define que "la propiedad originaria de las tierras y aguas de nuestro país son de la nación". Y si el objeto de esta iniciativa es entregárselo a los particulares, estamos hablando de un proceso de "reprivatización" que el Partido Popular Socialista no comparte y que estoy seguro que las fuerzas democráticas, de dentro y de fuera del poder público, tampoco van a compartir.
También me llamó la atención que viniera aquí a la tribuna a repetir la tesis alemanista de que los ejidos colectivos eran copia de coljoses, porque con ese planteamiento tergiversado de la realidad destruyeron los ejidos colectivos que habían en nuestro país.
Nosotros estamos conscientes de que el ejido colectivo es una forma de organización de los campesinos mexicanos que les ha servido para elevar su productividad, para poder utilizar de manera más adecuada los adelantos de la ciencia y de la técnica en el campo. Por eso nosotros
pensamos que este proceso debe mantenerse también junto con la defensa de la propiedad del ejido.
Nada más esas dos precisiones, compañeras y compañeros diputados y reiterarles nuestro deseo de que esta iniciativa se analice profundamente en comisiones, en audiencias públicas, en foros, en todas las formas que sean necesarias para que aquí, cuando vengamos a tomar la decisión definitiva, sea en bien de nuestra patria y del pueblo de México, particularmente de sus campesinos. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, compañero diputado Juan Campos Vega. Tiene la palabra, para hechos, el compañero diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín: - Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas; compañeros diputados; señoras y señores:
Los cardenistas no estamos de acuerdo en elevar a rango constitucional el derecho a la pobreza.
Por ello, creemos que es responsabilidad de todos analizar a fondo la iniciativa, propiciar en todo el país una profunda consulta para que los campesinos, los campesinos del zurco, participen con su determinación en la aprobación o en el rechazo.
Nosotros sostenemos que hay tierras que repartir todavía en México. Y eso nadie lo puede negar; nadie puede, por decreto, aprobar que termina el reparto agrario. ¡Hay miles de hectáreas, más de 300 mil, expropiadas a los narcotraficantes y que no se han repartido, que no se han entregado a los campesinos! Hay elementos fundamentales que debemos debatir profundamente. Es necesario enderezar el tipo de relación en el campo, que sólo beneficia a los traficantes de los productos agrarios, a los intermediarios, que se quedan con el producto del esfuerzo del trabajo de las familias campesinas.
Hay muchas cuestiones superadas, pero enormes rezagos, que sólo pueden resolverse con una profunda disposición.
Nosotros sostenemos que no tan sólo no debe seguir el reparto, sino que debe avalarse con mayor garantía de crédito y asesoría técnica efectivos. Con una planificación seria en el campo.
Hay mucho por hacer, pero fundamentalmente con conciencia debemos realizar esa profunda consulta con los productores del campo, con el propósito de que se evite que por error cometamos arbitrariedades en contra de los productores del país, en contra de esa base fundamental del desarrollo económico de la patria.
Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, compañero diputado Israel González Arreguín. Tiene la palabra, para hechos, el compañero diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Con su permiso, señor Presidente: La iniciativa que de manera inmediata, al inicio de esta Legislatura, ha hecho llegar el Ejecutivo Federal, preocupa sobre manera a todos los mexicanos y las mexicanas que sabemos la situación que vive nuestra patria y que vive el campo.
Preocupa, en primer lugar, porque pareciera que esta legislatura va a ser sometida a una dinámica de reformas que tendrán, sobre todo y ante todo, como prioritario lo que desde este gobierno se considera necesario reformar para abrirle paso a un rumbo económico y social que a 10 años de estarse imponiendo a nuestra patria, ha generado nuevos problemas y ha agudizado otros que vienen de lustros atrás.
Y preocupa también, porque encara de manera directa e inmediata una reforma contra una de las instituciones históricas de nuestra patria, que ha estado siendo sometida a una intensa ofensiva de descapitalización y de desintegración, y que a esta alturas, más allá de lo que diga y de lo que hayan dictado las leyes, vive una situación verdaderamente crítica, cuya propia existencia está amenazada.
La nueva reforma que algún orador vino aquí a tratar de minimizar, no va a hacer sino abrir más el camino para que la realidad nos siga rebasando, la realidad de que los grandes empresarios de este país y ahora, con el Tratado de Libre Comercio, también los tiburones del capital transnacional, puedan entrar a agredir, desarticular todavía más el ejido y a las comunidades rurales.
El caso reciente del tratamiento a los productores de soya del noreste da una idea de cuál es la realidad de nuestro ejido. El noreste del país, particularmente Sinaloa y Sonora, son de las zonas agrícolas más productivas de nuestro país, pues de 1989 a la fecha el precio de soya ha perdido 176 mil por tonelada; en lugar
de crecer los precios de los productos agrícolas para tratar de ponerlos en condiciones, a todos los agricultores, de enfrentar el encarecimiento de los insumos, de la maquinaria, hasta de nuevos impuestos con que se les ha gravado, se ha seguido cerrando la tenaza de contención de lo precios de garantía y en estas condiciones no sólo los ejidos, muchos, muchos agricultores sinaloenses, han dejado de sembrar sus tierras en este ciclo que acaba de pasar, fueron muchas miles las hectáreas de tierra de riego en Sinaloa que ha dejado de sembrarse, algunas dedicadas a las ganaderías y otras transitoriamente esperando nuevos ciclos en que se pueda sembrar variedades que les permitan aspirar a obtener alguna ganancia.
En estas condiciones en que ya está el campo mexicano particularmente ese campo, esas regiones más productivas, venir a llevar a cabo estas reformas, es en realidad aproximarnos a darle el tiro de gracia a, particularmente al ejido, pero también a muchos pequeños y medianos empresarios del campo.
Por la enorme importancia que tiene esta iniciativa, yo quiero proponer a esta cámara, especialmente a todos los que nos sentimos agraristas, un punto de acuerdo para que junto a la iniciativa del Ejecutivo se envíe a discusión a las comisiones respectivas una moción para que considere y traiga a esta cámara una propuesta para abrir a debate nacional esta reforma, porque lo que está en juego son intereses nacionales e intereses de un sector muy considerable de nuestra sociedad, porque no sólo afecta a la población que directamente trabaja y vive en el campo, sino que afecta también a toda la población que gira alrededor del efecto multiplicador que la agricultura tiene sobre el conjunto de la economía y de la sociedad de nuestro país, y éste es un aspecto que no hay que perder de vista.
Y pienso que es muy importante este debate nacional, porque creer que el problema del ejido o de la agricultura se debe de ver sólo alrededor propiamente del campo, es desconocer que si hemos de elaborar una propuesta real para sacar adelante la agricultura mexicana no para concentrarla más en unas cuantas manos y abrirla también a la penetración del capital extranjero, es que si realmente pretendemos ayudar a fortalecer el ejido y las comunidades lo que habremos de tener presente es que esa propuesta tiene que ser global y tiene que comprender no sólo problemas de crédito ni de asesoría técnica, tiene que comprender las industrias, las ramas de la industria productora de insumo y de maquinaria por un lado y por otro lado, todo el proceso de comercialización y de industrialización que hasta hoy han sido factores beneficiados con la descapitalización a la que se ha sometido la agricultura mexicana cuando menos desde mediados de la década de los sesentas.
Por eso yo propongo y voy a dejar por escrito, señor Presidente, a esta Legislatura, una moción para que envíe junto a la iniciativa del Ejecutivo, una propuesta para que se considere la conveniencia y la forma para abrir a debate nacional tan importante y trascendente discusión. Gracias. (Aplauso.)
El Presidente: - Muchas gracias, compañero diputado Camilo Valenzuela. La Presidencia recoge su observación y en su momento su solicitud la turnaremos oportunamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Tiene la palabra, el compañero diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Creo que quedó claro para todos en esta Legislatura la trascendencia que tiene esta iniciativa que el Ejecutivo ha mandado a esta Cámara de Diputados. Cada uno de los oradores que me ha precedido en el uso de la palabra ha resaltado su importancia y la necesidad de discutir a fondo las reformas del 27 constitucional.
Nosotros queremos discutir a fondo no solamente esta iniciativa sino el conjunto de reformas que el artículo 27 constitucional amerita, no solamente para atender los problemas sustantivos que hoy enfrenta el campo mexicano sino para atender problemas incluso en la propia iniciativa hoy deja de lado, como es por ejemplo el de la orientación en cuanto a la explotación del beneficio social de los recursos naturales.
Son una gran cantidad de temas que tenemos que discutir. Evidentemente tenemos diferencias y tenemos proyectos confrontados, tenemos concepciones distintas de cómo debe darse la enajenación por ejemplo de tierras ejidales dentro del propio sistema ejidal. Queremos analizarlo, eliminar la incertidumbre que crea esta reforma que remite en gran medida a la Ley Reglamentaria muchas de sus aplicaciones, porque la sola reforma constitucional no precisa con claridad el carácter de las reformas a la Ley Reglamentaria y cómo se instrumentarían estas reformas,
tanto en lo que se refiere a la enajenación de tierras ejidales, lo que se refiere a figuras y formas de asociación con el capital privado, lo que se refiere a infinidad de aspectos que hoy se tocan.
Por eso creemos que esta a discusión no puede deducirse a realizarse en el recinto legislativo, ni puede ser una discusión clandestina en las comisiones de esta Cámara.
Creemos muy importante y aquí lo proponemos de manera formal a los diputados de esta Legislatura, en particular a la mayoría del Partido Revolucionario Institucional, a que el Poder Legislativo, a través de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Reforma Agraria y de Agricultura y Recursos Hidraúlicos, tome la iniciativa y convoque a un debate nacional sobre la reforma del 27 constitucional.
No podemos legislar al vapor una reforma de esta magnitud; se requiere la participación de más allá de los legisladores de los agentes productivos y de los agentes sociales que tienen en el campo mexicano su actividad fundamental. No podemos legislar sin atender el reclamo de las organizaciones productores y las organizaciones sociales del sector rural, por eso los emplazamos y los invitamos a que este debate nacional, a iniciativa del Legislativo se realice a la brevedad y en tanto esto no se realice, no dictaminemos sobre el particular en las comisiones de esta Cámara . Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Muy bien, compañero Camilo Valenzuela. (Desorden.)
Perdóneme, perdóneme compañero Alejandro Encinas.
Quiero decirles a los compañeros que han hecho a la Presidencia la moción y esta observación, que no es fácil para un diputado en una primera ocasión estar presidiendo, ¿sí? Se lo digo con toda honestidad. Estamos haciendo el mejor esfuerzo. (Aplausos.)
Tiene la palabra, para terminar la lista de oradores que se han inscrito para hablar por hechos, el compañero diputado Abundio Ramírez.
El diputado Abundio Ramírez Vázquez: - Con su permiso, señor Presidente; honorable Cámara de Diputados; compañeros diputado de las diferentes fracciones:
Subí a esta tribuna movido por el interés y por el sentimiento que tenemos algunos diputados o muchos de los diputados que estamos aquí, por el interés y el sentimiento que tenemos por el campo mexicano.
Quiero hacer un llamado, sobre todo a los compañeros de la fracción mayoritaria, a que esta iniciativa de ley se discuta y se analice como debieran de hacerse todas las iniciativas. No podemos en una votación de cinco minutos terminar, porque el fondo de la reforma al 27 constitucional es ésta, terminar con la lucha que dieron millones de compatriotas, abuelos nuestros, abuelos de ustedes y que fue el motivo principal de la Revolución Mexicana y a la más importante del Siglo XX en México, en Latinoamérica.
Ciertamente mi partido, yo como diputado creo que debe de modificarse el artículo 27 constitucional, pero modificarse en el mismo sentido que dijo el señor Presidente de la República es decir, así lo mencionó en relación a la educación, se mantiene la educación primaria gratuita y obligatoria y se apoyará la educación media y la educación superior. Yo creo que en ese mismo tenor, conforme dijo en el Informe, debiera de hacerse este artículo tan importante para los mexicanos, para México, para el futuro de nuestros hijos, de nuestra patria.
El Tratado de Libre Comercio pensamos que es necesario que se realice, sobre la base de que mejore las condiciones de vida de los mexicanos, no que mejore las condiciones de vida de unos cuantos.
A mí me gustaría que esta tribuna, así como lo hizo un camarada del partido oficial, Hugo Andrés, hace unos momentos, los camaradas de La Laguna diputados por el Partido Revolucionario Institucional, por el Partido Acción Nacional y por los diferentes partidos plurinominales o de mayoría, que se subieran a decir lo que dicen los campesinos en La Laguna, en Coahuila y en Durango que es donde nos ha tocado convivir con ellos y ellos no están de acuerdo en que se abran las puertas para la que se dice que no va a ser pero de hecho va a ser, la puerta para que unos cuantos acaparen muchas parcelas, muchas más de las parcelas ejidales que ya tienen ahora.
Pensamos, pienso que debemos hacerlo más que como diputados o dirigentes de una central o de un partido, camaradas diputados, debemos de hacerlo con sentido democrático y como mexicanos. Yo creo que aquí no nos deben de
dividir ni las siglas ni las organizaciones campesinas, nos debe de unir el interés nacional.
¿Cuál es el interés nacional? El interés nacional es primero que cualquier organización política.
A nombre de nuestra fracción y del mío propio, pedimos que esto se discuta con mucha calma y que se lleve a consenso nacional, que se discuta con los campesinos, que se les convoque a ver si ellos van a estar de acuerdo en que votemos o modifiquemos. Creo yo que la modificación conviene para que se modernice el ejido, pero con créditos, para que se compacten las superficies en los ejidos y para que haya más productividad, porque finalmente creo, o esto se dice en la Prensa y en la iniciativa, lo que se pretende es que haya productividad para estar a la altura del Tratado de Libre Comercio que está por firmarse en el próximo año.
Entonces, pues, compañeros, no se vale, creo aquí y es una decisión histórica que vayamos a ganar por mayoría la modificación a un artículo de trascendental importancia. Creo yo, y hago un llamado a todos los camaradas de las diferentes fracciones, quien debe de ganar es México, quienes deben de ganar son los campesinos.
No sigamos dando pauta para que miles de campesinos anualmente se vayan al norte del país y que hasta los masacren y asesinen en la frontera y sobre todo en la entrada de la frontera norte con Estados Unidos. Yo creo que eso nos debe de dar pena, nos debe de dar vergüenza a los diputados que decimos ser representantes populares.
No puede seguir tolerándose que muchos compatriotas nuestros se les siga tratando como animales en la frontera norte. Y ésta es una secuela, esto ese en consecuencia de que no hay empleo y de que el campo no produce lo que debiera de producir y hay muchos campesinos que dejan en renta la tierra y se van a Estados Unidos.
Podemos evitar el rentismo, porque se dijo hace unos momentos también, lo que se va hacer es formalizar lo que ya se está haciendo de hecho.
Lo que se está haciendo de hecho hay que corregirlo pero de fondo y esto es con crédito a los campesinos y no abrir la puerta al rentismo y al acaparamiento, porque si no lo que vamos a dejar para el futuro inmediato, modernos hacendados con grandísima o con muchos miles o cientos de hectáreas de tierra.
Y yo quiero finalizar con lo siguiente, que todos los que estamos aquí en esta Cámara hagamos conciencia de ello y, que en los diferentes estados de la república todos conocemos los problemas agrarios que hay. Que en los estados de la República si fuera posible que vayamos a visitar donde hay latifundios simulados y yo los voy a llevar, porque me ha tocado estar como a muchos compañeros en Coahuila y en Durango, donde hay miles de hectáreas que son propiedad ejidal, como es el distrito ejidal de Xilitla, municipio de Viesca, Coahuila, en la comarca Lagunera, que la tienen los muchos, diecinueve supuestos pequeños propietarios.
Para modificar la Ley, primero, hay que hacer que se cumpla la que tenemos. Gracias.
El Presidente: - Muy bien, compañeros Abundio Ramírez. Para hechos, tiene la palabra, el diputado Carlos Enrique Cantú Rosas.
El diputado Carlos Enrique Cantú Rosas: - Señor Presidente; señores diputados que con profunda atención, en un momento en que a futuro habrá de relatarse esta sesión como trascendente e histórica para México entero, los aquí presentes recibimos con sorpresa, algunos más allá de la misma, la información con referencia a la presentación de este proyecto de reforma al artículo 27 constitucional.
Sin duda este tema habrá de ser profundamente debatido, no solamente en el concierto nacional sino más allá de nuestras fronteras, en donde millones de mexicanos tienen que salir del país en busca de oportunidades que en el suelo patrio les son negadas, porque los gobiernos de la República llevaron al país al peor desastre económico que registra la historia nacional.
Es un proyecto de iniciativa que golpea directamente en la columna vertebral de los dolores sociales del pueblo de México. Es un proyecto de reforma a la parte medular de la llamada Revolución de 1910, sobre la cual muchas generaciones no solamente hemos transitado sino hemos transcurrido nuestra vida entera y hoy, de la noche a la mañana, mediante una reforma constitucional, cortada al gusto de intereses ajenos al país se pretende desvirtuar el camino de la Revolución.
Estamos aquí inmersos ya en la apasionante discusión de asunto. Probablemente como estrategia fundamental del grupo mayoritario fue presentado en esta tribuna siguiendo esta estrategia, cuando el propio artículo 56 y 60 del reglamento que norma la vida interna de esta fracción y este grupo parlamentario señala determinantemente que toda iniciativa del Ejecutivo Nacional debe turnarse de inmediato a las comisiones correspondientes.
Parece ser que por estrategia el grupo mayoritario ha pretendido que aquí, todos inmersos en el dolor social que este asunto nos ocasiona, expresemos nuestros agobios para conocer anticipadamente cuáles serían los elementos que tendrían que combatir en el desarrollo de comisiones.
Siento particularmente que este asunto, de profunda trascendencia nacional, por todas sus implicaciones sociales, por todas sus implicaciones económicas y por todo lo que le rodea, por todo lo que representa el pasado, el presente y el futuro de México entero, debe turnarse en forma inmediata a comisiones, para que sin limitación de tiempo, de esfuerzo, de análisis, de estudio correspondiente, se dictamine conforme a la voz autorizada no solamente de quienes venimos aquí en funciones de representantes populares, sino concretamente de aquellos que a distancia, con las manos encallecidas o la espalda flagelada por el ardiente sol, habrán de ser finalmente los que resulten beneficiados o perjudicados con esta determinación del Ejecutivo Nacional.
La propuesta señor Presidente, es que conforme al artículo 56 y conforme al artículo 60, se remita esta iniciativa a comisiones y sin limitación de tiempo, esfuerzo, estudio o análisis, se determine fundamentalmente pensando por encima de soberbias, de egolatrías, de intereses del grupo dominante o del resto de los partidos que aquí nos encontramos, pensando fundamentalmente en el común determinador que a todos nos ha traído a esta Cámara: preocuparnos por el presente y el futuro del pueblo de México. Muchas gracias.
El Presidente: Muchas gracias compañero diputado Cantú Rosas.
Quizá porque no nos escuchó bien en aquel momento o no estaba en la sala, quiero informarle nada más que como marca el Reglamento Interior de la Cámara de Diputados, una vez que dimos lectura a los proyectos de reformas que nos envió el Ejecutivo, de inmediato la Presidencia informó que se estaba turnando a comisiones, justamente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, pero qué bueno, así lo entiende la Presidencia, que a pesar de haber sido turnado de inmediato como así se dictamina en el Reglamento Interno de comisiones, se logró abrir este debate en que los compañeros diputados pidieron hacer el uso de la palabra por hechos, porque eso nos da la magnitud de las reformas que se están presentando.
Para hechos, tiene usted la palabra.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero: - Compañeros integrantes de la LV Legislatura:
Se ha hecho la propuesta de que la iniciativa de reformas al artículo 27 pese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Hasta este momento tal comisión desconocemos en el pleno de la cámara que haya sido integrada.
No existe esta comisión todavía funcionando ni aprobada por el pleno de la cámara, por lo tanto me parece prudente que se establezca una suspensión al planteamiento que se está haciendo hasta en tanto, en el siguiente punto se conozca la integración de las comisiones.
Me parece que esta comisión está aún integrándose y quizá no sea procedente, salvo que me equivoque, porque veo algunas caras que así lo señalan, que se suspenda el planteamiento que hace el Presidente de la mesa.
¿A qué comisión va esta iniciativa, si todavía no queda integrada formalmente y aprobada por el pleno la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales?
El Presidente: - Como aclaración, si me permite, señor diputado, al diputado que hizo la intervención sobre el procedimiento, quisiéramos señalar que tiene usted toda la razón. Según el orden del día, hasta hoy en la tarde se van a integrar, después del debate de política exterior, las comisiones aquí en la plenaria. Sin embargo, yo dije en su momento que en su oportunidad, así fue la plenaria. Sin embargo, yo dije en su momento que en su oportunidad, así fue la palabra que use, en su oportunidad se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Usted tiene toda la razón. Este es un documento que estará listo para ser entregado en la tarde a la comisión que vaya a ser aprobada por todos ustedes.
La compañera Terrazas y el compañero Cuauhtémoc Amezcua, tiene la palabra.
La diputada Patricia Alina Terrazas Allen: - Compañeros y compañeras diputadas:
El Partido Acción Nacional, viendo la trascendencia de la iniciativa que hoy se presenta, nos obliga a revisar con todo detenimiento la propuesta que hoy se pone a consideración del Congreso.
Consideremos que el problema del campo es tan grande y tan profundo, que existe tal rezago en la justicia y la aplicación de la justicia social y que necesitamos todos y todo el pueblo de México, aplicar una verdadera justicia dentro de
la ley. Por tal razón y considerando estas realidades, nosotros, el Partido Acción Nacional nos proponemos a revisar con plena responsabilidad la iniciativa y aportar a la misma y a la opinión pública nuestros puntos de vista. Existe en ella elementos verdaderamente positivos, más sin embargo dada la trascendencia e importancia de ellos, es posible dar una contestación sin reflexionar atinadamente con absoluta responsabilidad. Muchas gracias.
El Presidente: - Muy bien, compañera diputada Patricia Terrazas. Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Me permito solicitar corrección de turno. La práctica parlamentaria ha hecho que las iniciativas de ley o de reforma constitucional, en este caso, se turnen a ambas comisiones, la de Gobernación y Puntos Constitucionales y aquella de la materia concreta de que se esté tratando.
Esta trata de la reforma agraria por encima de cualquier otra cosa. Si sólo se turnara a Gobernación, implicaría habernos adelantado prácticamente a desaparecer hasta la Comisión de Reforma Agraria, lo cual me parece un exceso. Creo que el turno debe de ser a Comisiones Unidas de Reforma Agraria y Gobernación y Puntos Constitucionales. En ese sentido mi petición por favor.
El Presidente: - Muy bien, compañero Cuauhtémoc Amezcua, la Presidencia toma nota de su observación y de su solicitud.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra, el compañero diputado Jorge Calderón Salazar.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Sobre el mismo punto. Considerando el impacto multisectorial que esta iniciativa tiene en el conjunto de la actividad agropecuaria del país, propongo formalmente que en el momento que se constituyan estas comisiones, la iniciativa sea turnada a Comisiones Unidas, pero no sólo a Reforma Agraria, sino también a la de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. Podría argumentar esto si fuera necesario.
El Presidente: - Muy bien, compañero diputado. La presidencia ha tomado nota de su intervención, de su solicitud. Hoy en la tarde, o sea, en la noche, ya tendremos integradas las comisiones, si es voluntad de toda la asamblea.
¿Algún compañero quiere hacer uso de la palabra para hechos? Queremos entonces ubicar la reunión. La reunión la habíamos iniciado con un orden del día y ese orden del día después del acta anterior y antes de dar paso al análisis en política exterior del informe Presidencial.
DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente : - Compañeros: una propuesta. ¿Para una propuesta o para hechos? El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Una proposición.
El Presidente: - Sí, compañero, tiene usted la palabra, diputado Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Tuve que hacerlo así porque no es del punto anterior, no es el que se refiere a la reforma constitucional que se está proponiendo como iniciativa, sino de otro punto.
Una comisión representativa de la comunidad politécnica, que vinieron en una manifestación desde algún punto de la ciudad hasta las afueras de este recinto legislativo, presentó a varios diputados de distintas fracciones aquí presentadas, un diagnóstico a través de un documento, dirigido al licenciado Fernando Ortiz Arana, un diagnóstico de la situación en el Instituto Politécnico Nacional, que no voy a leer sino la parte sintética de una serie de puntos que son urgentes desde el punto de vista de esta comisión, que se presentó y que son los siguientes:
1. Ellos plantean la derogación inmediata del anticonstitucional aumento de cuotas en el Instituto Politécnico Nacional.
2. El aumento al presupuesto del Instituto Politécnico Nacional y en particular para la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, dadas las desastrosas condiciones, es decir, para cumplir las condiciones mínimas de estudio recomendadas por la Organización Educacional Científica y Cultural de las Naciones Unidas.
3. La elección democrática de autoridades y órganos de gobierno.
4. La formación de una comisión de estudiantes y profesores que deciden el uso y destino del presupuesto.
5. La solución inmediata a los problemas más urgentes de la comunidad politécnica.
6. La desaparición del cuerpo de seguridad del Instituto Politécnico Nacional.
Ellos argumentaron ante esta comisión de varios diputados, que han tratado de canalizar sus inquietudes y demandas a través de los mecanismos existentes en su institución y en la Secretaría de Educación Pública, pero que no han tenido cabida.
Escuchaba la información de esta comisión de estudiantes, varios parlamentarios estuvimos consultando entre si por parte del Partido de la Revolución Democrática, hacemos la propuesta de un punto de acuerdo, que dejo a la Secretaría para que sea sometida a la consideración del pleno. Gracias.
El Presidente: - Bien compañero, diputado Jesús Martín del Campo. Ha sido presentado por él un punto de acuerdo y quiero pedirles como procedimiento, quiero pedirle al secretario que nos hiciese favor de leer el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.
El secretario diputado Manuel Garza González:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
1. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
Hablarán una sola vez dos miembros de la cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
3. Inmediatamente se o preguntará a la cámara, si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda y en segundo se tendrá por desechada."
El Presidente: - Compañero diputado Martín del Campo, aquí está por escrito el punto de acuerdo de usted. Si le parece prudente, podemos hacer que se turne de inmediato a la Comisión de Educación de la honorable Cámara de Diputados.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Señor Presidente.
Pido que se le dé lectura.
El Presidente: - Evidentemente. Vamos a darle lectura y se quiere abrir un turno de oradores en favor y en contra, lo marca el artículo 58, ¿sí? Vamos a darle lectura. Yo le quiero pedir al señor secretario que dé lectura al punto de acuerdo que presentó el diputado Jesús Martín del Campo.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se propone el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Unico. Se turne a la Comisión de Educación de la honorable Cámara de Diputados, la solicitud aquí presentada en nombre de representantes de la comunidad del Instituto Politécnico Nacional, para su conocimiento y análisis.
Por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, diputado Jesús Martín del Campo.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Para una aclaración. Me indican que apoyan la propuesta de punto de acuerdo. Entonces para que se agregue por escrito.
El Presidente: - Cómo no. tome nota la Secretaría, la presidencia está tomando nota de lo mismo.
Una vez que ha sido presentado por el compañero diputado Martín del Campo este punto de acuerdo, la Presidencia con fundamento en el artículo 8o., párrafo tercero de la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el acuerdo parlamentario suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidos representados en esta honorable Cámara de Diputados, la sesión de hoy estará destinada al análisis del Tercer Informe Rendido por el licenciado Carlos Salinas de Gortari, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a: Política Exterior...
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Señor Presidente. Discúlpeme, hay una solicitud de un punto de acuerdo. Yo le ruego a usted que con base en el artículo 61, como es una petición de particulares, acuerde la Presidencia turnar a la Comisión de Educación, como lo han estado solicitando.
El Presidente: - Sobre el punto de acuerdo, señor secretario, pídase, someterse a consideración, en votación económica, hemos señalado que hay un punto de acuerdo presentado y leído por el secretario. Hemos dicho que este punto de acuerdo se está pasando a la Comisión de Educación. Es facultad del Presidente turnarlo a la Comisión de Educación. ¿Está bien? (Aplausos.)
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Señor Presidente: Una moción de Procedimiento. Yo pregunto si es posible que esté fungiendo un vicepresidente, que suple al Presidente de la Cámara que está presente en estos momentos en la Cámara y que además hace uso de la palabra.
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO POLÍTICA EXTERIOR
El Presidente: - Bien, compañeros: Está claro que hay un procedimiento avalado por todos los coordinadores de que la Presidencia sea colectiva. habrá quien lo pueda hacer mejor, que tenga mayor experiencia; habrá quien lo podemos hacer de otra manera.
El caso es que el día de hoy aprobamos un orden del día. Habíamos avanzado en el orden del día cuando se presentó este proyecto.
Por hechos intervinieron 14 oradores. pasamos en ese momento, como decíamos, a darle la palabra al primer orador que va a intervenir para analizar la parte de política exterior del Tercer Informe del Presidente de la República, que es el diputado Francisco Hernández Juárez.
Tiene la palabra, el diputado Francisco Hernández Juárez.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es conveniente y útil recordar que los principios fundamentales de nuestra política internacional, la no intervención en los asuntos internos de un país por cualquier otro y el derecho de autodeterminación que le asiste a todos los pueblos para organizarse y adoptar el régimen social que más convenga a sus intereses, tiene profundas raíces en nuestra historia. Se remonta desde la lucha de nuestro pueblo encabezado por Cuauhtémoc, para rechazar la conquista de los españoles se sustenta en los ideales de libertad, de justicia, de independencia y soberanía de nuestros héroes de la guerra de Independencia encabezados por Hidalgo y Morelos...
El Presidente: - Perdóneme usted, aunque algunos compañeros no les guste que interrumpa, pero quien tiene la facultad y además la observancia de lo que pasa en la asamblea, que soy el Presidente por decisión de ustedes.
Pido, por lo tanto, porque es muy obvio desde éste lugar, que los compañeros diputados se sienten, es muy importante la intervención del compañero en éste punto del análisis del informe presidencial; y pedimos que se sienten los compañeros, que si alguien no quiere estar sentado salga del recinto y que los invitados guarden silencio. Siga usted, señor diputado.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Decía que los principios que he mencionado se sustentan en los ideales de justicia, de independencia y soberanía de nuestros héroes de guerra de independencia encabezada por Hidalgo y Morelos, expresadas en el documento conocido, como sentimiento de la nación o 23 puntos para la Constitución formulada en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813.
Se forja con un profundo sentimiento patriótico y nacionalista de los mexicanos que luchan en contra de la intervención norteamericana de 1847, cuando nos arrebataron más de la mitad de nuestro territorio.
Por último, nuestra política internacional, con la conducta se forja también con la conducta ejemplar de don Benito Juárez y el pueblo mexicano frente a la invasión francesa en 1862 y frente a los traidores internos. Adquieren estos principio de norma permanente de nuestra conducta y se refleja en el principio de no intervención con su apotegma: "Entre las naciones como entre los individuos, el respeto al derecho ajeno es la paz".
El mayor número de amenazas y ataques a nuestra soberanía nacional provienen de los Estados Unidos, los mexicanos tenemos presente la intervención del embajador Henry Line Wilson en los acontecimientos de la decena trágica que culminó con el asesinato de don Francisco I. Madero y José María Pino Suárez y la imposición del traidor Victoriano Huerta, con quien el gobierno norteamericano manipuló descaradamente nuestra política interna.
En la memoria de los mexicanos se conserva la artera invasión yankee del Puerto de Veracruz, en abril de 1914, así como su acción punitiva sobre nuestro territorio al perseguir a Francisco Villa.
La Doctrina Monroe formulada por el Presidente de los Estados Unidos, Jim Monroe en el año de 1823, es la que ha inspirado esa política intervencionista y hegemónica no sólo contra México sino contra todos los países de América Latina.
El actual gobierno de los Estados Unidos, como los anteriores, sigue aplicando brutalmente la política de intervención militar y económica contra todos los países de América y el mundo que no se someten a sus dictados.
Ahí están los casos de Santo Domingo, República Dominicana, Granada, Panamá, Nicaragua, El Salvador, Corea, Vietnam, el Medio Oriente y Cuba.
Todos estos actos bélicos políticos y económicos contra los pueblos en vías de desarrollo, están encaminados a destruir los procesos democráticos y revolucionarios en donde quiera que se dan, para confirmar definitivamente la unipolaridad a la que ha aspirado a lo largo de su historia ese país.
Ante estos embates imperiales, el pueblo mexicano, conducido por sus mejores hombres ha resistido heroicamente y ha contribuido a formular principios y normas universales que cuando se aplican permiten la convivencia pacífica, la ayuda sin condiciones ventajosas para una parte, el respecto entre los pueblos y naciones y el derecho de autodeterminación.
Las ideas de Morelos, los principios juristas y la doctrina Estrada, deben estar presentes en la política internacional de nuestro país y que hoy deben ser de consenso nacional, porque difícilmente algún gobierno puede apartarse de él porque está saturado de patriotismo y nacionalismo revolucionario; y que si se aplica patrióticamente, como he dicho, pueden influir en nuestro desarrollo interno y externo.
Esta política internacional, compañeros diputados, forma parte de la personalidad de México en el ámbito latinoamericano y del mundo.
Los gobiernos democráticos, revolucionarios y antiimperialistas de México se han inspirado en esta política internacional histórica, algunos con ciertos titubeos, producto de la guerra fría o de su conformación ideológica.
El presidente Salinas abordó el tema del nacionalismo y al respecto dijo: "Este es el nacionalismo que define a nuestra Constitución en su artículo 3o.", y continúa diciendo: "Nos exige la comprensión de nuestros problemas, el aprovechamiento de nuestros recursos, la defensa de nuestra independencia política, el aseguramiento de nuestra independencia económica, la continuidad y el acrecentamiento de nuestra cultura".
También demanda contribuir a la mejor convivencia humana, apreciar la dignidad de la persona y de la familia y robustece la convicción del interés general de la nación.
De este modo, la Constitución demanda conocernos mejor, proteger apegos, perseguir metas y fomentar convicciones, sin exclusivismos y sin hostilidades hacia otras naciones. Esa es la manera como reconocemos nuestro camino y lo distinguimos del ajeno y como decidimos educar a las generaciones futuras de mexicanos.
Estos conceptos definitorios de nuestra política interior y proyectado como política exterior de México, el Partido Popular Socialista los valora porque son los principios torales que han dado respetabilidad a México en los diversos organismos internacionales. Pero hay mucho qué hacer para que estos principios que nuestro gobierno ha sostenido sean más congruentes.
Hay otra afirmación importante en el informe que señala que: "Para nosotros la defensa de la soberanía y el estado nacional no es algo anacrónico, sino un principio toral de sobrevivencia".
Y en seguida afirma refiriéndose a la intervención extranjera en nuestra política interna: "Pero el día en que México entregue decisiones políticas internas a árbitros externos, habrá puesto en entre dicho su soberanía. Por eso no podemos aceptar que se pretenda dirimir nuestras diferencias políticas en el extranjero".
Compañeros diputados: ésta es la postura reiterada del Partido Popular Socialista. Estamos de acuerdo también que el nacionalismo de la última década de este siglo sea democrático, participativo, productivo y promotor de la justicia en la realización del interés nacional.
Compañeras y compañeros diputados: El partido Popular Socialista ha valorado positivamente la política exterior activa del gobierno mexicano en América Latina, Centroamérica y el Caribe y en los diversos organismos internacionales y regionales como la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), en donde nuestro canciller Fernando Solana ha llevado las posiciones de México a favor de la paz, a favor del arreglo pacífico de los conflictos, la defensa de los principios de no intervención, de la autodeterminación de los pueblos.
Coincidimos con sus afirmaciones producidas en la 21 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, realizada en Santiago de Chile, a principios de junio pasado al declarar que "No está de acuerdo en convertir a la Organización de Estados Americanos en supervisora o vigilante de la conducta política de nuestros países. Que la OEA debiera ser el organismo promotor de la paz, la justicia y la colaboración para el desarrollo continental, a partir del dialogo y el consenso".
Compañeros: La política internacional de México se ha manifestado vigorosamente con la Primera Cumbre Iberoamericana realizada durante los días 18 y 19 de julio pasado, en la ciudad de Guadalajara, con la presencia de los jefes de estado y de gobierno de todos los países de América Latina y con la presencia del Rey de España y el Presidente de Portugal.
Esta reunión no fue del agrado del gobierno de los Estados Unidos de América, porque el gobierno mexicano en un acto de decisión soberana convocó, sin discriminación, a sus hermanos latinoamericanos para discernir sobre sus problemas y aspiraciones comunes, para estrechar su relaciones económicas, políticas, sociales y culturales. En fin, para sentar las bases de una verdadera integración de América Latina, como lo soñaron Bolivar, José Martí y otros prohombres de este continente nuestro.
Ahí estuvo el Presidente de Cuba, Fidel Castro, contra los deseos del gobierno de Estados Unidos , que pretendió sentar al gobierno cubano en la silla de los acusados. No fue así, afortunadamente.
El gobierno mexicano, con respeto y dignidad, dio todas las atenciones a Fidel Castro, como a los demás jefes de estado. Y el pueblo mexicano expresó su amistad y solidaridad con Cuba.
El balance de esta histórica Cumbre de Guadalajara es altamente satisfactorio, porque en ella se afirmaron los principios de soberanía, de no intervención y autodeterminación de los pueblos. El respeto al derecho internacional. La solución negociada de los conflictos. La paz y el desarme completo. El apoyo a las luchas contra el colonialismo. La transferencia de tecnología con propósitos altamente sociales, intercambios y colaboración en actividades científicas y culturales Se analizaron los efectos negativos de la deuda externa y el deseo ferviente de la integración de América Latina en un futuro próximo.
Mi partido, el Partido Popular Socialista, está satisfecho por este acontecimiento integracionista.
Otro hecho importante, de envergadura integracionista también y soberanía de política exterior que da cuenta el Presidente en su informe del 1o. de noviembre, es el de la Reunión de los Presidentes de México, Colombia y Venezuela, Grupo de los Tres, realizada en la Isla de Cozumel el 23 de octubre de 1991, a la que fue invitado por el presidente Salinas de Gortari, el comandante Fidel Castro.
Los presidentes Carlos Salinas de Gortari, de México; César Gaviria, de Colombia; y Carlos Andrés Pérez, de Venezuela, analizaron los avances alcanzados sobre los aspectos de integración económica, así como de cooperación económica, cultura y científico - técnica de los tres países de Centroamérica y el Caribe. Examinaron asimismo los acontecimientos recientes que afectan a la estabilidad de la región y expresaron su coincidencia de pugnar por la pronta reintegración de la nación cubana en el seno de la familia latinoamericana. Ese encuentro de los tres, con la presencia de Fidel Castro en Cozumel, tiene el alto valor de contribuir a romper el aislamiento y el bloqueo que el imperialismo yanqui ha impuesto a la hermana República de Cuba desde hace 30 años, para ahogar su revolución.
Asimismo, esta reunión, como la de Guadalajara, son pasos firmes que se dan para lograr la integración latinoamericana - caribeña. El Partido Popular Socialista saluda este paso trascendental que reafirma una vez más nuestra soberanía.
Estos son los hechos positivos de nuestra política internacional, compañeros diputados y que el Partido Popular Socialista considera que deben mantenerse y profundizarse. Mi partido, como siempre, reconoce los hechos positivos del gobierno, pero también manifiesta con energía su rechazo a las medidas contrarrevolucionarias, como las de hoy, y que son proimperialistas y contrarias a los intereses del pueblo, que vulnera los intereses de la Nación en su conjunto. Por eso, rechazamos la firma del Tratado de Libre Comercio, la inversión extranjera indiscriminada en sus aspectos, que nos pueden conducir a mayor independencia económica, financiera y comercial.
Compañeros legisladores, nuestra historia nos enseña que sólo la unidad de las fuerzas patrióticas, nacionalistas, democráticas, revolucionarias y antiimperialistas, han hecho posible mantener nuestra soberanía e independencia y que nos arma para superar los múltiples problemas que hoy existen. El partido Popular Socialista invita a todas esta fuerzas a actuar juntos para el bien de nuestros hijos, del pueblo y la nación mexicana. Muchas gracias. (Aplausos.)
RECESO
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado.
Son las 14:00 horas con 19 minutos, se decreta un receso de una hora. (Receso.)
(A las 16:05 horas): - Se reanuda la sesión. Tiene el uso de la palabra, el diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, compañero Francisco Felipe Laris Iturbide.
El diputado Francisco Felipe Laris Iturbide: - Con su permiso, señor Presidente; muy respetables señoras y señores diputados de esta Cámara:
Voy a tratar de concretar mi tema sobre dos aspectos de la política internacional mexicana, la crítica, según su etimología griega, te critique es el arte de juzgar. El líder de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, diputado Carlos Enrique Cantú Rosas, en su intervención del día 1o. dijo: "El diálogo y la crítica son elementos indispensables en una nación que aspira a la democracia".
Sí señores, la sana crítica es necesario, es fundamental en las normas de derecho, tanto para promulgar leyes como para corregir los errores que vienen a ser, medicamente hablando, el principio de una enfermedad que puede llegar a ser mortal si no se atiende.
Dentro de los sistemas filosóficos existe un critisismo que tiene por base la duda racional donde interviene fundamentalmente Emmanuel Kant en 1909 y siguientes años.
No debe pues considerarse insana la crítica que hago, por dura que sea, mi partido es portador de mensajes sanos y respetuosos. Montesquieu explica con mediana claridad la división de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Al Poder Legislativo se le debe considerar como el representante del pueblo, es decir, como la autoridad ordenadora; al Poder Ejecutivo, como la autoridad ejecutora encargada, aunque esto sea redundancia, que en derecho no estorba, de ejecutar las leyes y disposiciones emanadas por el Poder legislativo, en este caso el Congreso de la Unión.
Por lo anterior, entre otras facultades del Congreso y dentro de este, la muy honorable Cámara de Diputados es la encargada de analizar, sin adulaciones, las acciones del Ejecutivo marcadas en el Informe Presidencial.
Años ha, que por nacionalización entendíamos el levantar murallas alrededor de nuestras ciudades y pueblos para protegernos de ataques y enviar la entrada de extranjeros como en China, como en España, Italia, etcétera. No obstante, este concepto ha ido cambiando y hoy por hoy, con el sentido de globalización apoyado por la comunicación y conocimiento de otros mundos a través de ondas de luz o rayos lasser, se vive una modernidad que tiene que ser evolución.
Los pueblos de muy lejanas tierras tiene comunicación y contacto con nosotros y nosotros con ellos, pero si no atendemos a una política internacional correcta, estaremos, señores, en peligro de perder nuestra soberanía, en perder nuestros derechos o de sacrificar nuestros bienes.
Con la premisa anterior y habiendo estudiado con atención el informe del 1o. de noviembre último, rendido ante esta honorable cámara por el mandatario de la Nación, me permito abordar la glosa del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, respecto a la política internacional.
Se llevó a cabo en Guadalajara la Primera Cumbre Iberoamericana, con 23 jefes de estado provenientes de 21 países, 19 de América Latina, España y Portugal, examinándose los principales asuntos económicos, sociales y culturales de la región; la voluntad política de avanzar en la integración latinoamericana, así como la vigencia del derecho internacional público, constituyéndose la Conferencia Latinoamericana de jefes de Estado de Iberoamérica y de cómo se reunirá anualmente.
A este respecto, debemos de reconocer que el Poder Ejecutivo cumplió demostrando la fuerza de concertación, al invitar a México a todos los jefes de Estado con la esperanza de realizar el vigente pensamiento de Bolívar, la unión de los países iberoamericanos.
Pero cabe preguntar cuál fue el costo económico, el desgaste político, social, cultural y cuáles son
los beneficios que en esencia se obtuvieron y en el futuro se obtendrán, porque al hablar que examinaron los principales asuntos económicos, sociales y culturales de la región, la voluntad política de avanzar en la integración latinoamericana, así como la vigencia del derecho internacional, señores, eso no dice nada, porque el derecho internacional está vigente para aquellos pueblos de buena voluntad.
Los principales asuntos económicos de que se habla serán tal vez el pago de nuestra crecida deuda externa, así como también los principales asuntos sociales y culturales de nuestros países, se pueden y deben tratar todos ellos a nivel de cancillerías, porque México no es en estos momentos el país de la riqueza ni el cuerno de la abundancia, es el país donde en sus 80 y pico millones de habitantes, el 80% vive en condiciones oprobiosas, un 10% en mediana situación y el resto con los bienes de todos.
No fueron pues en este renglón y menos con la importancia que se menciona en el informe, suficientes los datos que se aportan para dar a conocer adecuadamente al pueblo de México que como ya se dijo, es el pueblo el mandante y quien otorga el poder al mandatario, de ahí nombre de primer mandatario. Insisto, con esos datos no conoció el pueblo, el mandante, la forma de solución de los graves problemas que en la Primera Cumbre Iberoamericana y de la concentración de la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado ahí se trataron.
Es el momento oportuno para mencionar cómo se han cambiado en este momento la serie de circunstancias y las condiciones. Cómo es posible que ahora estemos hablando del primer Mandatario como mandante y del primer mandante como mandatario.
Fuimos enterados de la reunión en Guatemala, de la visita a Belice, de la formalización del establecimiento de una comisión binacional México - Belice, de límites y cooperación fronteriza, de acuerdo amplio de inversión y comercialización, de la presencia del canciller mexicano a la toma de posesión de Haití, de la participación en el convenio económico regional, realizado en Jamaica de la preferencia de México para reestructurar la unidad del Caribe.
De las relaciones con Cuba que son fluidas y respetuosas, en razón de la entrevista de nuestro Presidente con su homólogo cubano durante la Cumbre Iberoamericana, donde se firmó un convenio para incrementar las relaciones comerciales y financieras y a fin de suscribir un convenio sobre el transporte aéreo No sabemos cúal es el contexto de estos convenios que marcan en esencia la incrementación de las relaciones comerciales y financieras con otros países. Aunque el pueblo cubano nos merece un gran respeto por su espíritu de independencia y nacional, no obstante que en la actualidad haya variado este concepto.
Seguimos preguntando, ¿que costo van a representar para México esos convenios? ¿Cuánto van a incrementar nuestra deuda interna y externa? ¿Que beneficios sociales, culturales y políticos se nos aportan? Son preguntas inquietantes del pueblo de México y más aún cuando vemos que el señor director de Petróleos anuncia un superávit de 300 millones de dólares y cuando con margen a la inversión, es el más bajo interés sin contar la disminución de las reservas actuales.
Pero además vemos que hubo otra Cumbre de Tuxtla Gutiérrez en el mes de enero, a la que asistió como invitados los mandatarios de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, que allí se suscribió un Acuerdo General de Cooperación, con el compromiso común de conservar y fortalecer al diálogo en San José y un Acuerdo de Complementación Económica con miras a la confrontación a más tardar en 1996 de una zona de libre comercio en estas naciones.
A este respecto debemos de ser informados, tenemos que ser informados positiva o negativamente, pero realmente de los resultados que produjeron estas acciones.
Por otra parte , se nos informa que en septiembre pasado el Primer Mandatario de México visitó Chile y con el Presidente de esta nación firmó un Tratado de Libre Comercio, Confieso, en lo personal, que no conozco ni siquiera la fecha de la firma de dicho convenio, menos su contenido y soy representante del pueblo.
Y tampoco la aprobación que, de acuerdo con la Constitución Política de México, debe otorgar al mandatario el Senado de la República.
Señores diputados, después de haber pasado por el cedazo o cadalso, como calificara el dirigente nacional de nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, señor licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas, referente al Colegio Electoral y ya siendo nosotros representantes del pueblo, considero que tenemos el compromiso de llegar hasta el sacrificio para cumplir con nuestra obligación jurada o protestada, es igual.
Podríamos decir del colegio actual parafraseado al poeta que "Hay aves que cruzan al pantano
y no manchan su plumaje", nuestro plumaje es de esos.
Es necesario, además, analizar un grave problema que cae bajo el círculo del derecho internacional y que no se contempla sino someramente por la autoridad ejecutora.
El narcotráfico, esta materia con relación al individuo debe tratarse a nivel de la Organización de las Naciones Unidas en el marco del derecho internacional público.
Dentro de la doctrina de derecho internacional público y dentro de los elementos teóricos del problema, cabe preguntarse, si el individuo es o no, sujeto de derecho internacional. Cuestión discutida frecuentemente, existiendo sobre el particular don concepciones contrapuestas:
a) La concepción positiva, y
b) La concepción de la doctrina realista.
Por lógica, la primera concepción niega esta personalidad al Estado para exigir responsabilidad al sujeto, o sea, al individuo. En cambio, la realista las faculta.
Sin entrar al análisis de estas dos doctrinas, la moderna práctica internacional ha confirmado la creciente importancia que desde los dos puntos de vista se trata como tal al individuo, independientemente de su pertenencia a una colectividad estatal. Así como nos habla del problema Rosseau de Francia, internacionalista, Paz Barnica, Honduras, internacionalistas, Juan del Rosal, penalista, España, etcétera.
Así vemos, en primer lugar que en derecho internacional existen normas aplicables directamente a los particulares y que afectan al individuo, primero en su vida, prohibiendo la piratería, reglas sobre el empleo de gases tóxicos y asfixiantes según el Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, normas que regulan el uso de los submarinos, Protocolo de Londres del 6 de noviembre de 1936, reglas para la protección y represión del genocidio del 9 de diciembre de 1948, juicios de Núrenberg, por Rusia, Estados Unidos, Inglaterra y Francia.
Segundo, en su trabajo. La parte 13 del tratado de Versalles que instituye la Organización Internacional de Trabajo.
Tercero en su libertad. Prohibición de la trata de negros y de la esclavitud según el acta de Bruselas del 2 de julio de 1890 y Convenio de Ginebra del 25 de septiembre de 1926 prohibición de la trata de blancas, Convenio del 4 de mayo de 1910 y 30 de septiembre de 1921 y posterior 2 de diciembre de 1949.
Cuarto, en su moralidad. Reglamentación y prohibición del tráfico de estupefacientes, convenios del 19 de febrero de 1925, 13 de julio de 1931 y 26 de junio de 1936, Protocolo del 11 de diciembre de 1946, represión de circulación de publicaciones obscenas, Convenio del 12 de septiembre de 1923.
Esta concepción, que a mi juicio es la realista, halla su auge en la Declaración Universal de los Derechos del Hombres, adoptada por la asamblea de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Reconociendo que este enunciado de principios todavía se ha de complementar con la puesta en pie de una garantía condicional de los derechos así proclamados, no obstante en la actualidad la jurisprudencia interna reconoce, para la superioridad de esta declaración sobre las leyes internas que le sean eventualmente contrarias.
México debe, en consideración a lo anterior y con la gran capacidad de concertación que ha demostrado tener, suscribir conjuntamente con todos los miembros de la Organización de las Naciones Unidas, no sólo en tratados bilaterales con Iberoamérica, para que al igual que el genocidio, el tráfico de blancas, la compra - venta de esclavos, la piratería, el tráfico de moneda falsa, el genocidio, sea considerado el narcotráfico como un delito internacional, sin pérdida de la soberanía de los estados miembros, pues mientras no exista un tratamiento universal, no podremos acabar con el problema, porque seguirá habiendo compradores y vendedores en todo el mundo.
El señor Presidente de la República, en su informe menciona que en materia de narcotráfico se recogió un tonelaje tal de drogas equivalente al valor de la deuda externa y eso nos preocupa, y eso nos hace pensar ¿Cuál fue el valor de lo que no se recogió y en que medida está siendo utilizado México para producir o para que sea el conducto de venta de dicho producto? Con la afirmación anterior, hecha por nuestro Primer Mandatario, no a mandante, necesario es que revise la autoridad ejecutora los tratados que a la fecha ha firmado sobre el narcotráfico y que estos se suscriban dentro de los organismos de las Naciones Unidas o sea de las instituciones especializadas que ahí dependen.
Insisto en que no se quede en la contemplación mínima del problema, mediante negociaciones bilaterales, que además, lo hemos visto por desgracia, no se llegan a respetar.
Para concluir son nuestra postura de oposición, respetuosa y firme, en busca de la verdad, de mi partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, referente a este tema, afirmo: con relación a las reuniones habidas con el grupo de mandatarios iberoamericanos, del Portugal y España, las reuniones de los ocho, después la de los tres, que fueron cuatro, a las entrevistas y visitas a diferentes países europeos, asiáticos, americanos que todos estos actos sean valorados en su aspecto económico, político y social, comparándose con los resultados obtenidos y que esperamos éstos no lleguen a ser como los del Grupo Contadora y otro más que tuvimos en regímenes pasados, desde 1957 a la fecha. Es, pues, señores diputados, urgente que no aplaudamos única y exclusivamente lo que nos manifiesta la autoridad ejecutora. Recordemos que la alabanza en boca propia es vituperio. No olvidemos que tanto los señores parlamentarios, de mayorías como de minorías de esta LV Legislatura, representamos por igual, todos, al pueblo; que no representamos a la autoridad ejecutora y que el pueblo es el que exige a todos sus representantes el justo y cabal cumplimiento de nuestras obligaciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado.
Tiene el uso de la palabra, a nombre del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el compañero diputado Odilón Cantú Domínguez.
El diputado Odilón Cantú Domínguez: - Con su anuencia, señor Presidente, con su permiso, señores diputados aquí presentes:
A nombre y representación del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hago uso de la palabra en torno a la glosa de la política exterior del Tercer Informe presentado a esta soberanía, para hacer un análisis en materia de política exterior, del informe presentado por el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Debemos partir de lo que tradicionalmente ha sido la actitud de México con respecto a la comunidad internacional.
El informe plantea la postura de seguir abogando en favor de un orden internacional, basado en el derecho como forma de armonizar la defensa escrupulosa de la soberanía, dando atención a los problemas globales.
Las concepciones de nacionalismo que ahora se vierten, requieren de una profunda reflexión, toda vez que las grandes transformaciones mundiales, en su mayoría ya no violentas, coinciden, primero que nada, en las modificaciones económicas, en el intercambio comercial, para integrarse a una etapa superior de desarrollo, y a las nuevas corrientes comerciales y financieras internacionales.
El informe del Presidente de la República, es un llamado a los mexicanos que sientan las bases principalmente para un cambio de mentalidad; no es un informe clásico de mitad de sexenio, es un documento que se sale de la línea tradicional.
Se trata, pues, más que nada, de un informe político que marca directrices y rumbos, para enfrentar el inevitable proceso de cambios y de transformaciones mundiales. Pretenden en el fondo crear una nueva concepción, una nueva fuerza para enfrentar los retos nacionales por varias décadas.
Mi partido no tiene miedo a las coincidencias y reconoce los avances logrados en política exterior.
Pero también tiene legítimo derecho de marcar diferencias y de discutirlas en el momento y circunstancias que así lo ameriten.
La serie de reformas planteadas por el Ejecutivo se veían llegar; coincide con los tiempos de cambio que vive el mundo. Se pretende de este modo hacer una revolución social sin derramar una gota de sangre.
En este contexto, los países ven en México a una nación dispuesta a reunir los elementos que nos coloquen en el concierto de las naciones en desarrollo; debemos prepáranos con una ofensiva propositiva para los grandes retos del Siglo XXI.
Las reformas propuestas por el Ejecutivo Federal deberán ser de avanzada, que propicien el cambio práctico. En estos momentos se ha superado en parte la situación económica y ahora, además de la modernización de ésta, viene la segunda etapa que la completa y que consiste en una etapa eminentemente política.
El informe presidencial implica un llamado a la discusión entre los grupos políticos y las organizaciones sociales, para sumarse al gran esfuerzo del cambio haciendo a un lado la irreflexiva opinión de todo contra todo. Y que contribuyan con propuestas alternativas.
Existen grupos interesados en lo interno y en lo externo para debilitar la resistencia nacional, sobre todo los que aspiran a violentar el estado social que guarda nuestro país en estos momentos.
Grupos comprometidos dentro y fuera de México, interesados principalmente en que el Tratado de Libre Comercio en particular y los acuerdos comerciales con Chile, Venezuela, Japón y otros, respondan a sus intereses de grupo y no a los intereses de la gran mayoría.
México debe propugnar como lo ha hecho hasta ahora, por la libre autodeterminación de los pueblos. Y deberá seguir manteniendo una actitud recia y sólida ante quienes violan los derechos de los pueblos.
Deberá mantener pues, su política de mediador entre los grupos que enfrentan diferencias internas en sus países, especialmente en los pueblos hermanos de Latinoamérica.
México debe concentrarse a buscar reza el informe que la Organización de los Estados Americanos, se constituya en instrumento de apoyo efectivo a los Estados miembros, para superar la pobreza extrema y las desigualdades tecnológicas que hoy limitan la integración económica, la seguridad continental y la plena soberanía.
No debemos adoptar el papel de buscadores, toda vez que la autoridad moral con que cuenta México lo coloca en una posición de exigir que la Organización de Estados Americanos, cumpla con las funciones para las que fue creada.
A nuestro parecer debiera plantearse y exigirse la inmediata salida de la sede actual en Washington, de este organismo internacional que debiera ser rotativo en los países que conforman dicha organización.
Indiscutiblemente que la política exterior de México, los cambios internos, la mentalidad de diálogo y la concertación, han permitido que en el extranjero, especialmente los países más desarrollados, nos vean con ojos diferentes y que tengamos un poder de convocatoria.
Desde luego hay quienes nos ven como el "cuerno de la abundancia", del que quisiera llevarse la abundancia y dejarnos lo demás. Que nos ven con un signo de dólares. México debe ser precavido y sus legisladores en consecuencia para evitar ser botín de los poderosos.
Estamos a punto de cumplir 500 años de lo que los miramonistas o iturbidistas, han dado en llamar la gran conquista de México lo que los desesperados e impacientes por encontrar una respuesta lógica, llaman: El encuentro de dos mundos. O lo que los historiadores, confundidos con la química o la física, llaman; el descubrimiento de América; pero que nosotros llamamos única y exclusivamente, la expansión del capitalismo europeo, a costa de grandes masacres.
Hago esta referencia porque por razones por demás históricas y ya geográficas, tenemos que abrir nuestro intercambio comercial con los países centro, sudamericanos y del Caribe, en su totalidad. Con estos países tendemos a una integración latinoamericana que ciertamente ya se dieron los primeros pasos con La cumbre de Guadalajara.
Y aunque existen aún grandes diferencias, hemos mantenido permanentemente un intercambio cultural, porque nuestras raíces son comunes.
Una muestra de esto, son las concertaciones de acuerdos económicos, sociales y deportivos. Así también hemos mantenido la confraternidad por herencia genética; hemos unificado criterios en la investigación y en la medida de las posibilidades, en la innovación tecnológica.
En suma, los países de Centro, Sudamérica y el Caribe, ven en México a un país hermano.
Pero no al hermano mayor que ostenta paternalismo, interdependencias, intromisiones políticas, sino que nuestro país se ha merecido la autoridad moral como punta de lanza de los países ya señalados.
Sustento a título personal, la tesis de que no está lejana la posibilidad de que borremos fronteras con Centro, Sudamérica y el Caribe. No es descabellada esta idea. Por eso no debemos adoptar un nacionalismo que permita superar, debemos adoptar un nacionalismo que permita superar nuestras diferencias y defendernos conjuntamente de los constantes asedios de los países altamente desarrollados.
América Latina es una sola, por razones históricas, por razones geográficas, por razones culturales, por encima de sus fronteras. América Latina habla el lenguaje que hablamos todos.
Mientras exista la lucha de clases, América Latina será una sola.
No es posible que México tenga la posibilidad de materializar una política exterior exitosa si no tiene las bases firmes que garanticen una autoridad moral fincada en la seguridad de un pueblo puesto de pie y solidario; pero que sabe
que tuviese en un momento dado, resultado el problema de hambre, vivienda, educación, etcétera. Que despierta la confianza en un liderazgo serio, que no establezca concesiones a los poderosos en detrimento de los débiles. Estamos por el derecho de todos los pueblos, a su autodeterminación. Manifestamos nuestro apoyo decidido a Nicaragua, El Salvador, Guatemala y a los países árabes; pero en particular, al pueblo de Cuba, que merece respeto. No podemos permitir que se sacrifiquen a los pueblos del mundo por el decreto del que se sienten ser el policía del universo.
Aprovecho la ocasión para recordar que hoy se cumple el LXXIV aniversario de la Revolución de octubre de 1917. Fecha en que el partido bolchevique toma el poder. Un homenaje para aquellos que demostraron que el gobierno de los trabajadores sí se puede establecer.
Los que ayer lucharon por cambiar las relaciones de trabajo, evitando la explotación del hombre por el hombre y que hoy han renunciado a sus principios y suponen el fracaso de la ciencia que demostró con hechos que sí se puede redimir a los trabajadores les decimos: "Los Bolcheviques sembraron la semilla. Quienes gobernaron después, equivocaron la marcha. Y ahora estamos ante el fracaso de un modelo autoritario que no era el socialismo".
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, sostiene su permanente actitud cardenista y no renuncia a sus principios socialistas frente al capitalismo salvaje, frente al avasallamiento del capitalismo imperialista norteamericano - alemán y japonés. Seguimos manteniendo nuestra exigencia de que salgan los "rambos" de los territorios que no les pertenecen, impidiendo la libre autodeterminación de los pueblos.
Hoy se debate el concepto del nacionalismo y bienvenida la propuesta, pero debemos alertar al mundo del surgimiento del nazismo, pues el ejemplo más claro de su existencia y expansión lo representan los sanguinarios acontecimientos en que han perdido la vida muchos coterráneos en la frontera con Estados Unidos, bajo los criminales atentados de estos grupos paramilitares.
El nacionalismo debe ser integración y se deben tomar precauciones para que este tipo de grupos no sienten sus reales en cualquier parte del mundo.
México se verá en los fines de éste siglo y en consecuencia a la llegada del Siglo XXI, estar preparado para no quedarse en el rezago. Los cambios mundiales son una realidad, en la medida en que seamos capaces de estar inmersos en este proceso de cambios, seremos capaces de estar a la altura de los requerimientos de nuestros tiempos. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Damos las gracias, al diputado del Frente Cardenista, Odilón Cantú Domínguez.
Tiene el uso de la palabra por el Partido de la Revolución Democrática, el compañero diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Señor Presidente; señoras y señores diputados; compañeros de esta Quincuagésima Quinta Legislatura:
Un dato significativo en el III Informe de Gobierno, al igual que en los dos anteriores, radica en el intento de registrar las corrientes y coordenadas en que se desenvuelve la escena internacional contemporánea.
La exposición acerca de la actividad internacional del país en éste ámbito, toma como punto de partida aspectos que se desprenden del concepto de interdependencia y la extensión, a escala planetaria de números procesos productivos, resultado a su vez del avance de la ciencia y la tecnología, el surgimiento de nuevos polos de desarrollo tecnológico e industrial y las transformaciones, en volumen y composición del comercio internacional.
Consigna, asimismo, el fin de la bipolaridad como característica predominante en la política mundial, la desintegración del campo socialista en Europa Central y Oriental y la prolongada y peligrosa inestabilidad de la Unión de Estados Soberanos, hasta hace poco Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Reconoce la formación de grandes conjuntos y espacios de integración regional e inclusive algunos de los efectos sociales y culturales de todas estas transformaciones casi siempre presididas o acompañadas de una demanda de participación asociada con la revolución democrática en nuestro tiempo.
La política exterior de México ocupa con toda razón un espacio destacado en amplitud y atención en el conjunto del informe, su comentario, sin embargo, tropieza con varias dificultades, la primera es que a pesar de la extensión en numerosos e importantes temas, la información inexistente o insuficiente. Sería indispensable, por ejemplo, saber algo más del objetivo cumplido en la visita de Estados
a la Unión Soviética y los asuntos que se trataron en los encuentros con los dirigentes de ese país; lo mismo puede decirse de otras entrevistas como la que se sostuvo con el Papa Juan Pablo II; de lo contrario serían no políticas nacionales sino intranscendentes relaciones personales o públicas.
En segundo lugar, el tema internacional se desprende de una plataforma conceptual que le da sustento y que en éste caso recayó en el nacionalismo mexicano y su prolongación de actuación en el tiempo.
En consecuencia, no podrá abordarse éste asunto en espacio tan breve y me limitaré a un par de comentarios.
Hay, por lo menos, dos líneas explicativas de las razones por las que la cuestión del nacionalismo ocupó un lugar sobresaliente en el Informe. Una la interpreta como una especie de "compensación"
frente a una tendencia real que rectifica la orientación gubernamental como clara y abiertamente favorable a la "transnacionalización".
Otra, señala que la preocupación es producto de una intensa experiencia en el ejercito del poder y que ha llevado al titular del Poder Ejecutivo a una identificación mayor con el pueblo y sus aspiraciones.
Por mi parte y sin entrar a una polémica sin solución, subrayo los hechos: El primero es que hasta hace poco tiempo a quienes reivindicábamos como vigente y válida la perspectiva nacionalista adaptada a las condiciones actuales y a las necesidades del presente, se nos descalificaba y anatematizaba como anacrónicos o premodernos.
Estaríamos así no tanto frente a una rectificación o a un reconocimiento implícito e involuntario, sino a una disputa más en el terreno ideológico.
El segundo y que es fundamental, es que no se trata de una vuelta de tuerca ni de ningún viraje.
El proyecto neoliberal requiere de una racionalización y sustentación en el campo de las ideas.
Si se examina bien y detenidamente el planteamiento, se podría confirmar que el nacionalismo que se invoque y preconiza tiende a reforzar en otro piso o nivel la misma tesis de la modernidad y de la reforma del estado que ha venido postulándose como premisa y propósito esencial del gobierno.
Tanto la privatización de la economía, como la inserción de la economía global que pasa por el Tratado de Libre Comercio en la zona norte del Continente, intentan tener ahora una más amplia fundamentación.
En la perfección que se presenta no aparece un diagnóstico de nuestro tiempo ni siquiera una mirada integral sobre el mundo actual. No es un problema de espacio sino de enfoque y, sobre todo, de visión auténtica crítica.
Lo importante es comprender y situar el lugar de cada quien, de cada país, en esas transformaciones para después determinar una orientación e impulsar orientaciones políticas conforme a esas conclusiones.
El rasgo primordial del pensamiento tecnocrático, recibe la ausencia de conciencia histórica y de sentido crítico. Se inclina y desliza por una óptica lineal y, sobre todo, por un pragmatismo incapaz de procesar la información y analizarla más allá de la simple consignación de los datos. Su conclusión, es invariablemente la misma. La realidad se encarga de señalar los caminos y no hay más posibilidades que someterse a su lógica, sin que sea misma realidad sea objeto de análisis o de mayor reflexión precisamente lo que podría permitir, la búsqueda de caminos alternativos, el simple registro estático conduce inexorablemente por la ruta del conformismo, la resignación y el sometimiento.
Un solo ejemplo para ilustrar lo anterior: El nuevo orden económico internacional que se proclama, deja fuera de consideración nada menos que a dos terceras partes de la humanidad, a las que se les asigna, en el mejor de los casos, un papel receptivo. Como horizonte les ofrece una gradual y posterior incorporación a la dinámica internacional condicionada a que acepten las reglas, se sujeten a los criterios prevalecientes y estén, de esa manera, en condiciones de recibir los efectos secundarios, los excedentes que del arrastre dejan en el camino las grandes empresas y los países altamente industrializados.
La tarea principal, entonces consiste en buscar espacios propios en donde ese papel mimético se convierta en función activa que tienda a construir líneas y posibilidades alternativas.
El gobierno del país ha seguido el primer derrotero, pero ha procedido con eficacia, como un ejemplo de buen comportamiento reconocido más allá de nuestras fronteras para reproducir las determinaciones y las señales provenientes de los centros en que se concentra el poder económico y político a nivel internacional.
Así sucedió primero con los llamados "ajustes estructurales" impuestos por los organismos financieros y con posterioridad con la implantación de las medidas, orientaciones, reglas y
políticas del neoliberalismo hoy en boga. Aunque al retórica sostenga lo contrario, México transita por la línea neoliberal y es inexacto que sus fuentes de inspiración surjan de la entraña y de la historia misma del país. Evítense disquisiciones inútiles y más bien repasemos las principales líneas de los programas de gobierno, una a una comparándolas con las principales recomendaciones del neoliberalismo:
Adelgazamiento de un Estado obeso. Reducción del déficit fiscal, por la vía de la también reducción del gasto social. Transferencia a los particulares de responsabilidades primordiales que antes correspondían al Estado. Desregulación de los procesos de actividades económicas y sociales.
Privatización de la economía en operaciones, que por cierto no tienen la transparencia que se afirma y han dado como resultado la formación de una nueva oligarquía. Desmantelamiento y desincorporación del sector público de la economía. Privatización de los servicios sociales y por encima de todo exaltación del mercado, de la libertad de empresas y de libre comercio en la economía nacional y en las relaciones con el exterior.
Incluso la atención de algunos problemas sociales, como el de la pobreza extrema, están contemplados en esa visión, tanto mejor si se sustituye o se oculta con ellas la ausencia de una auténtica política social y se difiere, para un tiempo indefinido, el propósito deliberado de repartir y distribuir con equidad y justicia lo que la sociedad genera y produce.
El neoliberalismo prácticamente destruido en lo que en los países capitalistas avanzados se identificó como el Estado de Bienestar, entre nosotros se trata de ese proceso, pero en una especie de neoporfirismo adaptado a ciertas características nacionales y peculiares, dado que el desmantelamiento se dirige a lo que hace todavía algunos años se refería como la obra de los gobiernos de la Revolución Mexicana.
La tesis del Tercer Informe, que continúa a la del Estado justo, frente el Estado propietario, sostiene que estamos regresando al espíritu primigenio, a los principios originales de la Revolución; a todos menos, desde luego, al del sufragio efectivo y no se sabe si tampoco a su complemento: la no reelección.
Ahora se asegura que la democracia sin adjetivos, la justicia social sin destinatarios ni mecanismos específicos, la igualdad como ejercicio retórico y la defensa de la soberanía nacional, al margen de todo contexto, fueron los ideales de nuestra Revolución.
Por esa línea de razonamiento se podría llegar a concluir que la bondad, la armonía o el equilibrio e incluso la belleza, fueron los problemas que se propuso atender este proceso de principios de siglo.
Lo que se afirma ahora ya se presenta como Revolución, no tiene nada que ver con lo que hace poco se subrayaba como señales de identidad de nuestro proceso histórico, plasmadas, nada menos que en los artículos 3o., 27, 123 e incluso 130 de la Constitución, que no por azar coinciden con los que ahora el Titular del Poder Ejecutivo se propone modificar, al amparo de una supuesta superación de mitos y paralizantes tabúes.
En el Informe se afirma que la participación de México en el exterior se ha transformado de manera significativa en los años recientes. el país, sigo citando, relativamente aislado de las tendencias europeas, ausente de los foros de cooperación en la Cuenca del Pacífico, avanzando poco en la integración de Latinoamérica, distanciado de los Estados Unidos, conocido en el mundo sobre todo por el gran deudor, ha dado una vuelta decidida, activa y dinámica a su presencia y a su capacidad de acción.
Esta cadena de afirmaciones son solo verdades a medidas que carecen de sustento, pero sirven como plataforma para explicar el comportamiento del país y su política exterior en los años recientes.
El cambio real se ha dado más bien en otros términos. México ha tenido y aún conserva un gran prestigio internacional gradualmente diluido, que deriva de un perfil propio y de una búsqueda constante por afirmar su independencia, su soberanía e identidad, así como por su activa solidaridad con las causas y reivindicaciones de otros pueblos identificados con nuestras luchas históricas.
Con no pocas vacilaciones y recaídas profundas, nuestro país ha sido siempre visto como un país progresista e incluso en ocasiones como un modelo a tomar en cuenta para enfrentar los problemas del desarrollo e incluso de organización política.
En el pasado tomó y promovió iniciativas de importancia regional e internacional y en circunstancias adversas dejó claro testimonio de dignidad e independencia de criterio. En los últimos
años se han trastocado esos valores y nuestro país ha jugado un papel de avanzada, pero en un sentido diametralmente inverso.
Los gobiernos mexicanos en los últimos años han aceptado desempeñar en papel activo en la implantación neoliberal, asumiendo una especie de mediación de sus prescripciones hacia terceros países; en lugar de una búsqueda, difícil pero consistente por continuar a enriquecer nuestra trayectoria nacional, adaptada a los nuevos tiempos, ha terminado por convertirse en un eslabón de segundo a tercer piso puesto al servicio de esa restauración.
En el informe hay algunas claves que nos permiten entender con mayor precisión esta cuestión.
En dos ocasiones por lo menos, se hace una referencia a nuestra vecindad con una potencia hegemónica, agudizada ahora con la unipolaridad prevaleciente en el mundo. Se afirma que la confrontación es artificial o controlable, cuando que deriva precisamente de la naturaleza de los sujetos en la relación; la fórmula entonces es sencilla: renunciar a nuestra perspectiva y asimilar los de la potencia hegemónica, siendo complaciente con su comportamiento y habrá desaparecido toda fuente de fricciones y, en efecto, subordinando los intereses del país a ese objetivo, comprometiendo lo que es en verdad valioso, como es la idea misma de nación, su seguridad e incluso su independencia.
Nos congratulamos por la celebración de la Primera Cumbre Iberoamericana que se llevó a cabo en nuestro país, en el mes de julio pasado y no por casualidad, en los días en que tenía lugar el proceso electoral.
En la declaración de principios de nuestro partido, señalamos que uno de los propósitos primordiales de México en sus relaciones con el exterior, radica en la formación y concreción del viejo anhelo de construir una comunidad latinoamericana de naciones. El hecho de que la iniciativa para celebrar esa cumbre sea del gobierno español, que la promovió asociada con el V centenario en 1992, es un dato ilustrativo pero que no la demerita, como tampoco la decisión de crear una conferencia de jefes de Estado y de gobierno, de carácter permanente. La convocatoria y el resultado de la cumbre son positivos y, en cierta forma, también la declaración que se suscribió en esa oportunidad.
No debe dejar de mencionarse, sin embargo, lo lamentable que resultó la participación del representante de Panamá, esto es, el de un gobierno surgido de una intervención militar externa y la ausencia de otros, como Haití, que si no podía asistir o ser invitado en la agenda de la reunión, era indispensable tratar su situación, como señalamos entonces y comprobamos lamentablemente poco después.
De la cumbre no surgieron compromisos o lineamientos que puedan guiar la conducta individual y colectiva, mediante un planteamiento propio frente a los procesos y dilemas políticos y económicos que se viven hoy en día; como se dijo insistentemente a más de los 21 participantes de América Latina y de la península ibérica, hubo otro que se hizo visible en los resultados, al lograr que de la conferencia no surgiera ninguna referencia o alusión a los temas de seguridad en la región o asumiera un enfoque crítico de los fundamentos en que descansa la iniciativa para las Américas. No negamos el valor del foro, ni tampoco la importancia que eventualmente pueda tener en la construcción de un nuevo orden internacional, pero llama la atención y no puede dejar de subrayarse, la ausencia de compromisos y del contenido en los acuerdos alcanzados.
Se señala en el III informe, que la estrategia fundamental de la política exterior consiste en la diversificación de las relaciones y vínculos internacionales del país; en oposición a esa lógica, lo más contrario a la diversificación está representado precisamente por la negociación y suscripción del Tratado de Libre Comercio, hacia donde se dirige el mayor esfuerzo, el interés primordial gubernamental y que indefectiblemente concentrará aún más estas relaciones de intercambio económico que ahora ocupan alrededor del 75% de los montos totales.
Parece entonces, que el acercamiento hacia los países de la Cuenca del Pacífico y de Europa occidental está destinado sobre todo a fortalecer ese eslabón mediador que el gobierno de México está dispuesto a cumplir en la reestructuración del orden internacional. De pasada, hay que decir también que es discutible el argumento que opone la formación de zonas de libre comercio a los de integración. Si ha habido potencias hegemónicas en el mundo, han sido precisamente las europeas con una historia permanente y fluctuante de conflictos y guerras. La soberanía no se compromete más en una y en otra situación, a México le interesaría en cambio que la libre movilidad de la mano de obra quedara contemplada en un acuerdo.
Frente a América Latina son mayores la inconsistencia y la ambigüedad, ningún país pone en duda sus identidades, sólo que de ellas derivan proyectos de acciones políticas. Hemos invertido
los términos frente a la iniciativa para las Américas; en lugar de plantear y proponer un esquema propio y concertado con América Latina, nos convertimos tácitamente en sus principales agentes y promotores. Como se sabe, esa iniciativa está montada en cuatro pilares: el primero, son recomendaciones y condicionamientos para poner en práctica las políticas de ajuste que sostienen los organismos financieros internacionales.
El financiamiento se reduce a la creación de un fondo para programas especiales, de 300 millones de dólares anuales aportados por Japón, los países europeos y los Estados Unidos en partes iguales.
Como señalan los estudios del sistema económico latinoamericano, América Latina destina esa cantidad diariamente sólo por concepto del pago de intereses a la deuda externa. En la iniciativa no hay un verdadero planteamiento de reducción o amortización de la deuda externa, sino un programa gradual y selectivo a la manera del más que insuficiente Plan Brady; el cuarto pilar es el comercio. En el fondo, la clave de la integración que se anuncia desde Alaska hasta la Patagonia y dentro de la cual gravita el existente ya entre Canadá y los Estados Unidos y el trilateral en cuya confección participa nuestro país.
Dentro de esa misma cadena debe incluirse el que México suscribió recientemente con Chile y los que se preparan, con otros países de la región; México se ha convertido así, en un promotor activo del interés continental norteamericano y no, como sería deseable e indispensable, en auspiciador de las condiciones más favorables para sí mismo y para la región, frente a las tendencias integracionistas que se viven en el mundo.
En el caso de los Estados Unidos, su proyecto de hegemonía a escala internacional de control y seguridad regional, es un objetivo explícito, pero para nosotros es inadmisible que nos concretemos a reproducir esos intereses sin destinar ningún esfuerzo serio a ampliar nuestro margen de negociación y la capacidad de acción y de comportamiento autónomo.
Hemos llegado a aceptar una de las tesis más peligrosas y perjudiciales de las grandes potencias en las relaciones internacionales y que está representada por el bilateralismo que se contrapone a la unidad de acción y concertación multilateral para al menos atemperar las asimetrías en el trato entre países profundamente desiguales.
El gobierno de México no sólo no ha hecho aportaciones en la búsqueda de alternativas que favorezcan a mayor y más sólida presencia internacional y regional de América Latina, sino que ha tenido una gran responsabilidad en la disolución y desviación de los esfuerzos de pacificación en Centro América, en el Consenso de Cartagena, relativo a la deuda externa y en la formación del mecanismo de consulta y concertación política, ahora conocido como Grupo de Río.
Renunciamos a tener una visión propia para atender los asuntos políticos y los conflictos regionales con la disolución del Grupo de Contadora y bloqueamos la posibilidad de una acción concertada como base del proceso de integración entre los países de América Latina y su diálogo conjunto, en una especie de círculos concéntricos con los Estados Unidos.
Algo similar está ocurriendo con el caso de Cuba.
No se trata aquí de solicitar que actuemos todos con sentido de solidaridad hacia un país hermano que, como los demás de América Latina, forma parte de nuestros afectos y afinidades, según se dice en el informe. Cada mexicano y cada una de nuestras organizaciones y partidos políticos ha fijado su posición y su actitud frente a los procesos que enfrenta Cuba, pero como país, estamos obligados a tener una política y fijar una posición, una posición de estar, que no es difícil establecer si se actúa con sentido de congruencia.
Frente a Cuba debemos exigir y propiciar simplemente que se aplique el derecho. Se trata de los principios que se han modelado en la historia del país y que figuran en la Constitución Política de México y, aún más, son piedra angular de la organización internacional y del sistema interamericano.
El bloqueo económico no es una práctica o facultad que puede ejercer impunemente cualquier país. No nos referimos siquiera al principio cardinal de las Naciones Unidas, recogido en la cooperación internacional para el desarrollo; tenemos presentes los señalamientos del derecho económico internacional, que establecen y prescriben que nadie está facultado para tratar, mediante presiones, de doblegar, forzar u orientar la voluntad de otros países. El bloqueo económico que se impuso a Cuba desde hace más de tres décadas y que se ha querido extender a otros países y a numerosas empresas, debe cesar y suspenderse.
Pero, además, uno de los principios principales del derecho internacional contemporáneo se refiere a la abstención del uso de la amenaza y del uso de la fuerza en las relaciones internacionales.
Hacia Cuba, a lo largo de todos estos años, e intensificadas en los últimos tiempos, se han dirigido numerosas amenazas.
No es solamente la arrogancia del poder, sino algo que está configurado e incluso tipificado en las normas de convivencia y en el derecho internacional. Corregir esta situación es una obligación esencial, no hacia Cuba nada más, sino por respeto a nosotros mismos.
El clima de distensión y entendimiento que hoy se subraya como el principal cambio en las relaciones internacionales debe trasladarse también a la región. En todo caso, no podemos ser cómplices de procesos que pueden desembocar en situaciones similares a las que los países de América Latina han conocido a lo largo de su historia y que en la época más reciente se presentaron en Granada, en 1983; en Centro América por cerca o más de una década incluso y en Panamá desde diciembre de 1989.
Para los países relativamente más débiles, la mejor defensa, a veces la única, frente a la prepotencia y el intervencionismo, es la exigencia de un comportamiento generalizado acorde con el derecho. El expediente reciente del gobierno de México es, o bien deficitario o por lo menos ambivalente. Así se comportó frente a los conflictos en Centro América, proporcionó bases y elementos justificatorios que hicieron posible la intervención militar norteamericana en Panamá.
Es hora de corregir graves y peligrosos errores.
La reunión en Cozumel entre los cuatro países del Caribe, que no figura por cierto en el informe, puede ser el comienzo.
El conflicto que tuvo lugar en el Golfo Pérsico y que está en el origen de la nueva paz americana, sólo merece un par de líneas en el informe y sólo para recordar la condena que se hizo a Irak por la anexión de Kuwait. En este punto específico hubo una alta coincidencia, por más que resultara indispensable también tomar en consideración el legado colonial y los comportamientos de los países productores y exportadores de petróleo, en función desde luego de los intereses de las grandes potencias.
El gobierno de México nunca sometió a un análisis riguroso la publicidad y el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ni tampoco, carente de iniciativas, secundó algunas que entonces se presentaron y tendían a atemperar el conflicto.
De inmediato se alineó y ofreció ampliar la plataforma de exportación del petróleo, seguramente destinada a la reserva estratégica norteamericana. Se ofreció más adelante, a enviar tropas mexicanas a esa región y sólo la prudencia de última hora puso límite a la sinrazón.
Nunca contribuyó a poner de manifiesto que en el origen del conflicto está el interés de las grandes potencias, en particular de los Estados Unidos por controlar y disponer de recursos fundamentales para la consolidación del nuevo orden internacional que poco después se anunció y que está diseñado para fortalecer los intereses hegemónicos.
No hubo una sola reacción o reflejo favorable hacia nuestra propia seguridad en el presente y en el futuro en relación con nuestros recursos naturales, fue tal vez la primera demostración de la promesa de formar parte del primer mundo y no se observó al menos una conducta digna y discreta como la tuvieron otros países, entre ellos algunos latinoamericanos.
No es de extrañar así que todo los temas relacionados con los intereses y aspiraciones del mundo en desarrollo no aparezcan en el informe o si acaso diluidos en los anexos; según éstos, Nelson Mandela por ejemplo, nunca estuvo en México ni el mundo en desarrollo y los países pertenecientes al movimiento no alineado del sur, buscan un lugar siquiera mínimo en la actual reestructuración mundial.
Tampoco hay preocupación, ya no digamos compromiso, frente a los conflictos regionales y en relación con procesos que anuncian grandes y muy lamentables desintegraciones nacionales.
No hay diversificación, en un sentido estricto, que derive nuestra comunicación con Europa, de la que no hemos extraído como experiencia, al menos modalidades que orienten e impulsen la transformación económica y social. Conocer más de cerca al menos la llamada modernización, con rostro humano, que subyace en numerosas propuestas social - demócratas.
De la relación con Canadá debemos aprovechar, para no repetir, la experiencia en muchos sentidos desastrosa, que ha significado su acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos.
Se pretende llevar la distorsión más lejos: el gobierno, el Poder Ejecutivo del país, que presume de haber promovido y ser autor de una apertura comercial hacia el exterior no negociada e indiscriminada y de estar abierto a todas las corrientes
del pensamiento y de los intercambios a partir de su nacionalismo es, no obstante, autocrático y cerrado, cuando no le conviene o exhibe su naturaleza autocrática.
Se firmó hace tiempo, por cierto, un acuerdo de entendimiento en materia laboral con los Estados Unidos de América sin consulta y discrecionalmente y eso, en su opinión, no afecta en nada la soberanía, en cambio ha suscrito y ratificado los principales pactos internacionales y regionales en materia de derechos humanos y abarcan no sólo los derechos fundamentales, sino también otros sociales y económicos y, desde luego, los civiles y los políticos.
Su cumplimiento no depende exclusivamente de lo que opinemos nosotros, sino que están sujetos a compromisos y prácticas internacionales perfectamente establecidos.
No significa lo anterior, como con dolo se sugiere en el informe...
El Presidente: - Señor diputado, un minuto por favor.
El diputado Oscar Ricardo Valero Recio Becerra: - Estoy terminando.
El Presidente: - Se está pidiendo orden a la sala y a los compañeros, porque la forma de silbar es una forma corriente de trato en la asamblea. Decirle, compañero Valero nada más, que lleva 39 minutos, que sigue en el uso de la palabra y pedirle a los compañeros que no usen esa forma de expresión.
El diputado Ricardo Valero Recio Becerra: - No significa lo anterior, como con dolo se sugiere en el informe, que las decisiones políticas internas corren el riesgo de ser arbitrarias en el exterior, como tampoco de dirimir esas diferencias en el extranjero ni enajenar la soberanía nacional, es un asunto tan sencillo como cumplir con determinación con un compromiso no taxativo y aceptar una práctica generalizada que evite el ocultamiento de realidades, como es el caso de la falta de democracia en el país y por lo tanto de violación de los derechos humanos.
Cuando exista entre nosotros un verdadero estado de derecho, leyes electorales justas e imparciales, un régimen competitivo, igualitario, de partidos políticos, en suma, un estado de derecho confiable y que a todos proporcione seguridad y certeza, como ocurre en los países democráticos, esa observación internacional no tendrá razón de ser.
Preservar a la patria, como se dice en el informe, es responsabilidad de todos pero no necesariamente el camino elegido es el mejor y menos aun el único para lograrlo.
Este Congreso de la Unión tiene como responsabilidad, procurar siempre congruencia y esa fidelidad con la historia nacional que evocaba Ramón López Velarde. Además, de someter a reflexión crítica y serena todas las cuestiones, evitando la incondicionalidad del pasado, debe tomar sus propias determinaciones e iniciativas.
El Tratado de Libre Comercio le ofrece una nueva oportunidad y no me refiero al ofrecimiento de recibir información sobre el curso de la negociación, sino de cumplir el mandato del artículo 123 referido a la constitucionalidad de las leyes, que son materia del mismo tratado directa o indirectamente y que equivalen a una nueva institucionalidad social y política de la República.
Además de lo que hagamos en materia de reforma de Estado, donde, por cierto, casi toda está pendiente, este congreso, en todo caso la Cámara de Diputados, podría tomar la iniciativa para asegurar que los símbolos patrios sólo sean utilizados por los poderes de la Unión y de que en esta hora de integración adoptemos como parte de nuestra identidad, el nombre de la República de México que nos distingue y determine en el concierto internacional como nación en verdad independiente y soberana. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Ricardo Valero, del Partido de la Revolución Democrática.
Tiene el uso de la palabra, el representante del Partido Acción Nacional, diputado Luis Felipe Bravo Mena.
El diputado Luis Felipe Bravo Mena: - Señor Presidente; honorable asamblea:
La política exterior de un Estado frente a otros estados o entidades internacionales es, en estricto sentido, una estrategia encaminada a alcanzar metas específicas, definidas en términos de intereses nacionales.
La política exterior de un país puede ser consecuencia de la iniciativa del mismo Estado o bien una reacción a las iniciativas emprendidas
por otros estados. Entre los principales casos en el proceso de conformación de una política exterior, podemos citar los siguientes:
Primero. La conversión de las consideraciones de los intereses nacionales en metas y objetivos específicos.
Segundo. Contar con un diagnóstico de la situación nacional e internacional, relacionadas con las metas políticas.
En tercer lugar, el análisis de la capacidad del Estado para lograr los resultados deseados y, por último, el desarrollo de un plan para utilizar la capacidad del Estado para tratar los factores variables, a fin de poder alcanzar esas metas.
Con este marco teórico iniciamos el análisis del capítulo de política exterior del III informe de gobierno presentado ante esta soberanía por el Ejecutivo Federal.
En el Tercer informe de gobierno del Presidente Salinas de Gortari, se hace referencia de los objetivos del Estado mexicano, que busca en la política exterior, aplicada por el Ejecutivo Federal y se identifica fácilmente en el documento la presencia de una estrategia para conseguir los objetivos marcados como intereses nacionales.
El Presidente sostiene que, cito: "la modernización es una estrategia para cambiar, en respuesta a nuestras necesidades y al ritmo del mundo, pero su objetivo superior es asegurar la permanencia soberana de México". Hasta aquí la cita.
El Ejecutivo se pregunta, cito: ¿qué demanda el interés nacional en el mundo contemporáneo? Y a continuación responde: no quedar al margen de los nuevos procesos integradores del mundo, de las grandes corrientes de intercambio y de los recursos, porque eso sería debilitarse y sucumbir.
Que la voz de México influya más en las decisiones internacionales, que inevitablemente afectarán a nuestra nación y por ello nuestro país cuida lo esencial y abre novedosos y mejores y definidos vínculos económicos con los nuevos polos de desarrollo social.
Busca también, continúa el Ejecutivo, la promoción de la participación de México en nuevos foros internacionales y, por último, contar con organismos multilaterales, cuya fuerza puedan contribuir a causas humanitarias, pero rechazando que se les den facultades para intervenir en los asuntos de las naciones.
En el anexo, estos objetivos nacionales se expresan de la siguiente forma, cito: "Preservar la soberanía, apoyar el desarrollo económico y pacífico del país; promover la cooperación internacional y la cultura mexicana en el exterior, así como fortalecer y ampliar la imagen de México en otras naciones. La estrategia para conseguir esos objetivos son presentados así, cito: a los cambios en el entorno mundial y para coadyuvar al desarrollo del país, se responde con una mayor diversificación de las relaciones y con el progresivo acercamiento a los nuevos bloques regionales, tanto con los que muestran un gran dinamismo, con los que México comparte historia y cultura".
El Presidente enseguida da cuenta de una muy intensa actividad internacional, personal y de su gobierno, guiada por las pautas de la estrategia antes descrita. Hemos de reconocer que de acuerdo a su concepción y a la estrategia, las acciones reportadas por el Ejecutivo a esta soberanía, correspondientes al último año, guardan coherencia y son consistentes con la estrategia.
La realización de la Primera Cumbre Iberoamericana y su institucionalización en la Conferencia Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, el fortalecimiento de los vínculos de México con los países del área latinoamericana y del Caribe, a la que se le define en el anexo como "relación prioritaria" y consecuentemente la participación en múltiples foros regionales, así como la consecución de planes cuyos objetivos es la integración económica latinoamericana, como son el Tratado de Libre Comercio México - Chile, la suscripción del acuerdo de complementación económica con miras a más tardar en 1996, de una zona de libre comercio entre México y los países centroamericanos y paso semejante estado con Venezuela y Colombia.
Se nos informó también que en un mundo de creciente interdependencia que tiende a una clara globalización de los procesos económicos, se busca mantener un nivel óptimo de relaciones desarrolladas con el propósito de consolidar el comercio y atraer inversiones; que por ello se inició un proceso de acercamiento con los poderosos países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que se están verificando negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio México - Canadá - Estados Unidos, que se firmó el acuerdo marco de cooperación con la comunidad europea, para mejorar el intercambio en las áreas comerciales, financiera y tecnológica; que se busca un acuerdo general de cooperación México - Francia y que
se celebró ya la primera reunión de la Comisión Mixta Económica con la República Federal de Alemania.
Asimismo se nos reporta que México busca incrementar sus intercambios con los países de la Cuenca del Pacífico y que por ello nuestro país ya ingresó a la Conferencia de Cooperación Económica de la zona y se han intensificado los contactos y la firma de convenios con los países ribereños del Océano Pacífico.
En el ámbito multilateral, el tercer informe da cuenta de la participación de México tanto en el sistema de las Naciones Unidas, como dentro de la Organización de Estados Americanos, en la que nuestro país impulsa la idea de que es necesario revaluar el papel de este organismo en el ámbito hemisférico y de que la agenda del mismo, debe incluir los problemas económicos básicos que preocupan a las naciones americanas.
Al tiempo de que se nos entera de que México suscribió el convenio de renovación del sistema interamericano el pasado mes de junio en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos celebrada en Santiago de Chile, se nos pone al tanto de que el gobierno, a nombre de México, desconoció que la Comisión Interamericana de Derechos humanos, tuviera facultad para tratar cuestiones electorales, bajo el criterio de que son facultad exclusiva de cada Estado.
Comentarios de Acción Nacional al informe.
Acción Nacional considera que el fenómeno de la globalización y el surgimiento de un nuevo sistema internacional policentrista, impone un doble esfuerzo a nuestro país. Por un lado, conservar nuestra identidad nacional; por el otro tener éxito en esta etapa de desarrollo económico internacional que se traduzca en el bien ser, en el bien hacer y en el bien estar de todos los mexicanos. Lograr estos tres bienes exige actuar de inmediato en el frente interno y en el frente externo; ambos interactúan y se complementan.
México tiene ante todo las necesidades de alcanzar la justicia, la satisfacción de las necesidades humanas espirituales y materiales de todos sus habitantes. La cultura mexicana no podrá alcanzar su mejor y más alta expresión en la miseria y en el atraso de los mexicanos. Una cultura frustrada por la pobreza puede ser además fácilmente avasallada por culturas de quienes se desenvuelven en mejores condiciones de vida.
La permanencia, el brillo, el esplendor de lo mexicano depende del esfuerzo que hagamos los propios mexicanos para cultivar nuestros valores en un marco de prosperidad general.
La posición geográfica privilegiada que tiene México, lo capacita para diseñar un camino propio dentro de la globalización y dentro del policentrismo, diferente a las fórmulas hasta ahora experimentadas en otras regiones y en otros países. Podemos y debemos celebrar acuerdos, tratados, convenios en distintas direcciones, sin adoptar compromisos exclusivos y excluyentes con uno solo de los bloques en formación, ni casar nuestro destino al norte, sur, al Atlántico o al Pacífico.
Las fuerzas y debilidades que tiene el país frente a las nuevas realidades del entorno internacional, nos permiten desplegar una estrategia internacional de no integración única, sino lograr una posición de eslabón multidireccional dentro del policentrismo.
Pero esto requiere no sólo de una adecuada estrategia diversificadora de las relaciones y de las opciones, requiere en forma urgente, acompañar este despliegue de política exterior con un conjunto de medidas de carácter interno, políticas económicas, educativas y sociales, para que pueda fructificar luminosamente para todos los mexicanos.
En lo interno, es preciso no demorar más la instrumentación de instituciones que garanticen la estabilidad política democrática. En la política internacional, además de la diversificación y de la multidireccionalidad, el gobierno debe empeñarse en promover la creación de parlamentos internacionales que coadyuven al mejor entendimiento y la expedición de la más eficaz legislación que favorezca la justicia, la complementación y la paz entre todos los pueblos.
Es necesario que el Estado mexicano impulse la reestructuración de los organismos multilaterales, que con representaciones, no sólo de gobiernos, sino también de los pueblos, canalicen denuncias, conflictos y le den cauce a situaciones graves, como instituciones de primera instancia internacional.
Consideramos necesario, además, reiterar que toda negociación de acuerdos y tratados que suponga pertenencia a un bloque o a una zona comercial, debe ser sometido a riguroso estudio en todas sus fases por el Congreso, e invitamos a esta Cámara de Diputados a que rescate las facultades que la Constitución le otorga para participar en la formulación de estos mismos tratados.
No obstante que la Cámara de Senadores tiene la facultad exclusiva de aprobar los tratados celebrados por el Ejecutivo, dada la naturaleza y la amplitud de materias que se concentran en los acuerdos de libre comercio, es incuestionable que la Cámara de Diputados debe participar activamente en todas las fases de la negociación de dicho tratado, proponiendo para este propósito la creación de una comisión especial encargada de conducir, por cuenta de esta Cámara de Diputados, todas las negociaciones y auscultaciones con la colegisladora, con el Ejecutivo Federal y los sectores de la economía.
Atento a que la regulación del comercio exterior compete originalmente al Congreso de la Unión, en los términos del artículo 131 constitucional y a pesar de que año con año al Ejecutivo Federal se le conceden facultades absolutas para regular la materia de comercio exterior, dado el cambio radical en la política económica en estas materias y considerando adicionalmente como consecuencia de los acuerdos de libre comercio, que tendrán que reformarse o crearse nuevos ordenamientos leales, la Cámara de Diputados debe intervenir, ya, desde ahora, en todos los procesos formativos de estos acuerdos.
Por último, el tema de la democracia no puede quedar fuera en un análisis de política exterior.
Una onda expansiva democratizadora ha derribado ya totalitarismos y autoritarismos, por todos los rumbos del mundo. Los regímenes que se resisten a transformarse en verdaderas y auténticas democracias representativas, sufren los efectos no sólo de condena moral sino de carácter, incluso, económico.
El Presidente Salinas de Gortari dijo en su Tercer Informe, que la participación de México en el exterior se ha transformado de manera significativa en los años recientes. México, dijo , era conocido en el mundo, sobre todo, por ser el gran deudor, ahora tiene una nueva imagen y ha dado una vuelta decidida, activa y dinámica a su presencia y a su capacidad de acción.
No compartimos semejante entusiasmo.
Es verdad que en materia económica el país tiene una nueva imagen, conquistada en parte por la política económica que aplauden los países desarrollados y los medio neoliberales; y por otro lado, por cuantiosísimos recursos destinados a la publicidad en el extranjero y al pago de lobistas y cabilderos en las principales capitales de occidente.
Pero en materia política la imagen y el prestigio de México deja mucho qué desear. México probablemente ya no sea el país de la gran deuda ante los ojos de muchos observadores, superficiales por cierto, pero es el país del fraude electoral y esa es la imagen que tenemos en el mundo. (Aplausos.)
Vergüenza nacional constituye ya el grueso expediente de condenas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dirigido al gobierno mexicano por violentar los derechos políticos fundamentales de los mexicanos, ahí está ya, por lo menos seis condenas que se dan cuenta luego en la Asamblea General de Naciones Unidas.
Motivo de sonrojo gubernamental fue la propuesta que se presentó en el parlamento europeo hace apenas unas semanas, para que se incluyera dentro del acuerdo marco de cooperación con la comunidad europea, una cláusula en la que el gobierno mexicano debería obligarse a acelerar la instauración de la democracia representativa auténtica en México y tuvo el embajador mexicano que ir a dar explicaciones a la gente del parlamento europeo para que se retirara esa propuesta de cláusula.
Pena y lástima por nuestro México se experimenta cuando en los principales periódicos del mundo, cuando se reportan acontecimientos electorales de México, se hace con un tono burlón y de sorna, convirtiendo elección y trampa en un sinónimo y nos comparan con los peores países o más atrasados en materia política.
Señoras y señores diputados: La declaración de Guadalajara signada en la muy comentada Cumbre Iberoamericana por todos los jefes de Estado y de gobierno asistentes y por ende por el presidente Salinas de Gortari, ahí se comprometen a promover el fortalecimiento de la democracia y del pluralismo en las relaciones internacionales.
En el pasado mes de junio, además, en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, celebrada en Santiago de Chile; México, con muchas resistencias por cierto, firmó un documento cuyo nombre completo es:
"Compromiso de Santiago por la democracia y la renovación del sistema interamericano", en el que los gobiernos signantes se comprometen a conceder especial prioridad a fortalecer la democracia representativa como expresión de la legítima y libre manifestación de la voluntad popular y su determinación a adoptar un conjunto de procedimientos eficaces y oportunos y expeditos, para asegurar su promoción y defensa.
En esta misma reunión se aprobó otra resolución para que todos los gobiernos del área impulsen
en sus sistemas educativos la formación y la participación cívica de todos los educandos y formarlos en el comportamiento de una democracia representativa. "Ciertamente de esto nada nos informó el Ejecutivo".
Nosotros, Acción Nacional, exige que se cumplan todos estos compromisos firmados ya en acuerdos internacionales.
Señores legisladores: El talón de Aquiles de la política exterior mexicana, es la "política interior", en particular, la ausencia de un auténtico régimen de democracia representativa en nuestro país.
Los intereses nacionales que se promueven y defienden con la política exterior, sufren un daño real, efectivo, en la medida que se sigue demorando una reforma política que nos ponga a tono con los grandes tonos mundiales.
¡La democracia no produce dólares, decía Enrique Krauss. La democracia produce dignidad! ¡El gobierno de México y su política exterior, para ser exitosas requieren de dignidad! Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Agradecemos al diputado del Partido Acción Nacional, Luis Felipe Bravo Mena, su intervención.
Y está en el uso de la palabra el representante del Partido Revolucionario Institucional, diputado Alberto López Vargas.
El diputado Alberto López Vargas: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Es para mi un honor dirigirme a esta honorable asamblea, con el fin de hacer algunas reflexiones en torno al Tercer informe del Presidente de la República, licenciado Carlos Salinas de Gortari, particularmente sobre la política exterior mexicana.
Trataré, en el transcurso de mi presentación, dar respuestas a algunas inquietudes que se han presentado el día de hoy sobre este tema.
La política exterior mexicana, la conduce el Presidente de la República observando los principios plasmados en el artículo 89 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estos principios, como la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación para el desarrollo y la lucha por la paz y la seguridad internacional.
La política exterior mexicana ha sido fiel a estos principios constitucionales. En los hechos podemos mencionar algunos ejemplos, en los que ha quedado demostrada la aplicación de estos principios.
En el anexo del Tercer informe de gobierno se establece que con el apego a los preceptos constitucionales que norman su política exterior, México desconoció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuviera facultad para tratar cuestiones electorales, ya que son de exclusiva competencia de cada Estado.
Por otra parte, intervino destacadamente en la nueva reunión de la Comisión Interamericana para el control de abuso de drogas en San Juan del Río, en la cual México destacó que el combate internacional al narcotráfico jamás debe librarse en menoscabo del principio de no intervención en los asuntos internos del Estado.
Esto me gustaría, pues, en respuesta al compañero diputado Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en el sentido de que propone que en el seno de las Naciones Unidas reglamente, se trate este aspecto sobre el narcotráfico.
Ante las Naciones Unidas la actual política exterior también ha defendido sus principios constitucionales. El Secretario de Relaciones Exteriores, el licenciado Solana, ha defendido el principio de la igualdad jurídica de los estados, señalando que México no coincide con interpretaciones que indican y anacrónico el respeto a sus derechos soberanos.
En otro orden de ideas manifiesta la preocupación del gobierno de México en el sentido de que existe una peligrosa tendencia en los foros internacionales a promover, sobre la base de pretendidos valores universales, iniciativas que vulneren principios tan fundamentales como la autodeterminación de los pueblos y la no intervención.
Al asegurar el valor de estos principios y su vigencia en México, nos dice el presidente Salinas, "cumplimos con nosotros mismos, con nuestra aspiración histórica y con el mundo al que pertenecemos".
Con base en sus principios históricos de política exterior, México busca una mayor participación
en un mundo cada vez más interdependiente.
Caracterizado por cambios vertiginosos, el poder internacional se transforma y afecta inevitablemente la política interna de los países; ésta, a su vez, repercute sobre la naturaleza y estructura misma del sistema internacional.
En el horizonte se vislumbran serios riesgos de la inestabilidad, dado que persisten fenómenos como la carrera armamentista, el resurgimiento de aspiraciones nacionalistas amenazan con revivir conflictos que se consideraban superados.
Por otra parte, con el resquebrajamiento del mundo bipolar surge una mayor competencia por recursos tanto financieros como materiales. Los grandes movimientos migratorios plantean problemas que exigen una solución adecuada y un asunto tan trascendental como es el de los derechos humanos, exige una atención inmediata y justa.
La extrema pobreza que padece más de la mitad de la población del planeta, requiere de mayor comprensión y solidaridad de todos los países.
De no corregirse la disparidad entre Norte y Sur, corremos el riesgo de tener mayor inestabilidad en las relaciones internacionales.
En lo económico el cambio ha sido igualmente intenso. La integración comercial ha abierto nuevas posibilidades productivas. Sin embargo, existen tendencias proteccionistas que amenazan con sabotear los esfuerzos por liberar el comercio.
Ante este panorama, la pregunta que se hace el Presidente de México es muy relevante: ¿Qué demanda el interés nacional en este mundo contemporáneo? Demanda una política exterior más activa, una política de transformación pero que al mismo tiempo conserve nuestras tradiciones, valores históricos y costumbres.
Por ello, el Presidente lo denomina "un cambio esencialmente nacionalista". El nacionalismo es el que marca una vez más el camino. Un nacionalismo que fortalezca a la nación y no la añoranza de fórmulas y rezagos de otros tiempos que en el contexto del mundo actual lejos de robustecerla, la debilitan; la hacen más vulnerable, menos viable.
Concebido de esta manera y aplicado al contexto internacional, el nacionalismo mexicano de nuestros tiempos tiene que modificar sus expresiones para hacer frente a los retos de la interdependencia, asegurando primordialmente la defensa de nuestra soberanía. Es el nacionalismo que define el artículo 3o. constitucional como una demanda para contribuir a la mejor convivencia humana, sin exclusivismos y sin hostilidades hacia otras naciones.
En este sentido, el ejercicio de la soberanía exige una mayor participación en un mundo cada vez más interdependiente. Sólo así podremos fortalecer nuestro proyecto nacional y alcanzar los objetivos del desarrollo y bienestar que nos hemos propuesto.
México está dispuesto a contribuir decididamente en los cambios que transforman al mundo.
Por ello se abre a todas las vertientes de una vida internacional diversa y compleja. Por ello promueve nuevas formas de entendimiento político, operación económica y colaboración multilateral. Por ello favorece la concertación y la solución negociadora de los conflictos.
La diversificación se demuestra a través de algunos hechos que me permito enunciar. México, a través de los foros internacionales, de sus diferentes posiciones en las diferentes reuniones, en las visitas que el Presidente de la República ha hecho a diferentes países en el mundo, las posiciones que ha adoptado México ante el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, por ejemplo; el rechazo absoluto a la intervención militar en Haití; la posición respetuosa con Cuba; las visitas a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a los países de la Europa Oriental; los esfuerzos por abrir el comercio internacional; la organización de la Cumbre Iberoamericana realizada en Guadalajara; todos estos esfuerzos demuestran la diversificación de la política exterior de México.
Y en relación a la Cumbre Iberoamericana me permito decir que sí fue una iniciativa de México.
Los viajes del Presidente a los diferentes países latinoamericanos, así como la designación de un embajador especial para visitar e invitar a cada uno de los presidentes latinoamericanos, es una prueba de que es una iniciativa de México, así como la organización misma de este evento tan importante.
El clima de respeto y mejor entendimiento que se ha logrado, ha propiciado un cambio de actitud en algunas naciones, como las europeas, Estados Unidos y Canadá. En este sentido, México ha podido reestructurar su deuda externa en plazos, montos y tasas de interés que garanticen mayor viabilidad al proyecto de desarrollo de México.
Por otra parte, la confianza en México ha vuelto
a renacer en términos financieros, como ejemplo de ello es el retorno a los mercados de dinero y capitales internacionales, por parte de empresas públicas y empresas privadas mexicanas.
Vemos como el cambio de actitudes ha resultado ser uno de los grandes impulsos en el mejoramiento de las relaciones con otros países. la actitud respetuosa del gobierno de los Estados Unidos hacia México y una disposición ajena a mitos y prejuicios, han permitido cambiar nuestras complejas y difíciles relaciones, al destacar las coincidencias y aprender a dirimir y respetar nuestras diferencias; dice el primer mandatario mexicano.
Compañeras y compañeros diputados, permítanme, en obviedad del tiempo, hacer algunas conclusiones en relación al análisis de la política exterior contenida en el III Informe del señor Presidente de la República.
Podremos concluir que la política exterior ha sido fiel a sus principios históricos plasmados en la Carta Magna. México diversifica sus relaciones externas, a través de una mayor participación en el ámbito internacional, para fortalecer el proyecto nacional, defender la soberanía y mejorar los niveles de vida de los mexicanos.
Por otra parte, la política exterior del Ejecutivo Federal ha sido activa, realista y visionaria. Se han intensificado las relaciones con diversos países y los foros internacionales correspondientes, manteniendo siempre el diálogo y la concertación como principios torales; ha sido una política inteligente que reconoce las realidades del mundo contemporáneo; y ha sido visionaria porque sus acciones no sólo están comprendidas para resolver problemas inmediatos, sino que preparan el camino para las futuras generaciones.
La política exterior de la actual administración ha sido firme y decidida en sus acciones, asegurando siempre el respeto a nuestra soberanía. aprovechando las coyunturas internacionales.
También ha sido respetuosa con los intereses de otras naciones en los diferentes foros multilaterales.
Las acciones de nuestra política exterior han sido congruentes con los objetivos de nuestra política interna apoyándose mutuamente para alcanzar el grado de complementaridad necesario.
Compañeras y compañeros legisladores, el Presidente de México ha sabido encontrar en la política exterior el punto de equilibrio entre la audacia y la prudencia; audacia para insertarse oportunamente en el contexto internacional, para tomar iniciativas que hasta hace poco hubiesen parecido utópicas y prudentes porque no han transgredido los principios tradicionales de la política exterior mexicana. Muchas gracias.
(Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Alberto López Vargas, del Partido Revolucionario Institucional. Hay una petición de palabra de un compañero diputado sobre una petición de particulares, le estamos concediendo la palabra.
El diputado Juan Hernández Mercado: - Con su permiso señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En el Partido de la Revolución Democrática traemos a esta tribuna la voz de 170 familias de la colonia Santa María Xalostoc, quienes después de haber sido despojadas de todos sus bienes materiales, habérseles reprimido con la caballería, los ganaderos y la política municipal de Ecatepec, de Morelos, habérseles negado el auxilio y la protección de la justicia, se han visto en la penosa necesidad de pedir asilo político a la Embajada de los Estados Unidos de América, por la falta de garantías y respeto a la propiedad privada, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, sobre todo, por la impunidad con que cuentan los policías del Municipio de San Cristóbal Ecatepec para violar con el mayor cinismo los derechos humanos y la vida.
Desde el 21 de octubre del presente año, las 170 familias tomaron posesión en calidad de compradores de un predio ubicado en las calles de Pedro Moreno e Ignacio Allende de la colonia Santa María Xalostoc en el municipio de Ecatepec, estado de México y el viernes 25 de octubre pasado, fecha en que decidieron cercarlo, se presente el señor Pedro Hernández León quien dijo ser Jefe de la Dirección de Gobernación y ordenó a la policía municipal y estatal que no permitiera el acceso de ninguna de nuestras pertenencias ni de material de construcción, para lo cual se solicitó la orden expedida por autoridad competente, diciendo este que él era quien daba las órdenes.
Ante esa violación de nuestras garantías se nos ofreció un diálogo con el señor Pedro Hernández, Director de Gobernación y con Vicente Corremies, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos. Sin embargo, después se nos envió un emisario para decirnos que el Presidente se encontraba ocupado y que el señor Jorge Rodríguez
nos visitaría por la tarde, y efectivamente. llegó el director de Gobernación con toda la impunidad característica de los caciques, acompañado de granaderos, policía montada, pipas de agua y más de 40 patrullas y panels y con el monólogo amenazante, por que no se puede considerar diálogo al ser rodeado por el aparato represivo, se dio exigiéndonos que nos saliéramos o de lo contrario nos iban a desalojar.
Antes esta situación le exhibimos los recibos por concepto de enganche de la compra de terreno a la Compañía Vi Art, S.A. Ante esta evidencia documental los señores Jorge Rodríguez, Pedro Hernández, Leobardo Sánchez, todos funcionarios de Gobernación nos dieron dos horas de plazo para desalojar.
Nosotros contestamos que nos mostraran la orden por escrito girada por juez o alguna autoridad competente, que ordenara el desalojo, documento que nunca presentaron.
Después de intimidar y provocar a los colonos se retiraron diciendo: que después volverían a desalojarnos. Para dejar constancia se dirigieron peticiones por escrito al Presidente Vicente Coss y al gobernador de la entidad, licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, en los que se solicitaban los permisos correspondientes para conectarse a las tomas de agua y drenaje, se nos incluyera en un programa de Pronasol para la edificación de nuestras viviendas y exigíamos el cese de todo tipo de represión y el respeto a las garantías otorgadas por nuestra Constitución.
Hasta el momento no se nos ha contestado por escrito, la respuesta fue un operativo de desalojo ordenado por Vicente Coss y dirigido por Jorge Hernández Rodríguez, director de Gobernación; la licenciada Griselda Amador; Pedro Hernández León, funcionarios todos ellos de Gobernación y los comandantes de la Policía Municipal Lorenzo Torres Pinzón y Raúl Chávez Hernández, quienes acompañados por unos 200 elementos de la policía municipal, la montada, los granaderos, empezaron a rodear el predio que habitábamos y que abarca una superficie total de 34 mil 135 metros cuadrados y sin advertir ni mostrar ninguna orden y, esto es muy importante, no mostraron orden judicial expedida por autoridad competente, de motu propio decidieron actuar, empezaron a tirar a la barda de nuestro terreno y después destruyeron totalmente nuestras viviendas de cartón, madera y plástico esta situación hizo que pidiéramos a los señores Jorge Rodríguez, Pedro Hernández y a todas las demás autoridades, el mandamiento escrito por la autoridad para desalojarnos.
Ante esta petición se dio la represión, echándonos los caballos, dándonos de macanazos, robando y destruyendo todas nuestras pertenencias, desde del dinero que teníamos guardado para el gasto de la semana, hasta las cucharas, cazuelas y demás utensilios, dejándonos absolutamente en la miseria.
Para esto, poseemos cerca de 200 fotografías donde se ve el operativo y se ve lo que dejaron en ruinas únicamente ese intento de consolidar una vivienda digna y decorosa que promete nuestra constitución pero que está muy lejos de nuestras manos, y para los 57 millones de mexicanos que no alcanzan el salario mínimo, es un suelo casi imposible.
Para exigir se nos hiciera justicia, acudimos a la agencia del ministerio público de Xalostoc en piso, donde la titular, licenciada Rosa María Aldana, se negó a iniciar la averiguación previa.
Ante la evidente falta de garantías, se optó por marchar a la Procuraduría General de la República y solicitar una audiencia con su titular, pero sólo nos atendió el licenciado Gerardo Perdomo Cueto y no se inició tampoco la averiguación Previa, aduciendo que no era de su jurisdicción, solamente se tomó una declaración al licenciado Rogelio Pérez, para solicitar la intervención del procurador en los ilícitos.
Ante la negativa de hacerles justicia a las 170 familias, se dirigieron a la embajada de los Estados Unidos a solicitar asilo político y asimismo elaboraron una denuncia de hechos dirigida al Procurador de Justicia del estado de México, en donde se solicita que inicie la averiguación previa en contra de Vicente Coss, Jorge Rodríguez, Pedro Hernández León, Lorenzo Torres Pinzón, Raúl Chávez Hernández, Rosa María Aldana, Leobardo Sánchez y demás autoridades municipales o estatales que se encuentren involucradas, consignando a todos los responsables y exigiendo la reparación y pago de los daños y perjuicios provocados, por haberlos despojado del terreno que compraron y dejarlos sin ninguna propiedad.
El día de ayer, a solicitud de estas familias, me constituí en el predio para corroborar lamentablemente el estado de excepción en el cual habita la gran mayoría de los mexicanos.
El jefe de la Dirección de Gobernación y la Policía Municipal de Ecatepec, se toman la justicia por cuenta propia, olvidan que existen autoridades y cauces legalmente constituidos. Al pedirles, después de que se presentaron los colonos,
que mostrasen la averiguación previa que existía en contra de esas personas, dijeron que ellos obedecían órdenes de una autoridad superior.
Al pedirles identificación a las personas que mandaban el operativo, éstas se negaron a darla.
El actuar sin una orden judicial que funde y motive esto, constituye una violación a las garantías individuales y a los derechos humanos, tan mencionados a últimas fechas. Lamentablemente, parece que se están constituyendo en letra muerta, como hay otras tantas en nuestra Constitución.
En el operativo de desalojo, montado e implementado por la Policía Municipal, quiero hacer constar el ocultamiento de nombres, en especial de los oficiales que dirigían el operativo, al no portar la placa correspondiente ni el gafete con su identidad, lo cual pone en duda que sean miembros de un cuerpo de seguridad legalmente constituido. El portar un uniforme y tal vez tener el corte reglamentario, no es garantía de que quien se encuentre dentro de ese uniforme sea realmente parte de una corporación.
Esto es un Estado pleno de ilegalidad y que no debe constituirse, no es factible que ante una representación y una investidura de la cual nos encontramos todos cubiertos, se oculte y se presente este tipo situaciones.
Cuando se les pidió personas que se hablara por la radio para saber quién estaba instrumentando el desalojo del día de ayer, dijeron:
nosotros recibimos órdenes y ordenen en este instante a los ganaderos y a la montada avanzar contra las personas que se encontraban en el predio.
Y no termina ahí el operativo, azuzaron a los chavos "banda" que se encontraban en esa zona para que colaborara con ellos, incorporaron judiciales y había la orden, si se podía, de llegar a disparar.
Esto no demuestra en ningún momento dado una legalidad. No demuestra que se cumplan con los procedimientos y las condiciones de derecho.
La negativa sistemática proporcionar los nombres o nombre demuestran la impunidad del aparato represivo.
Todo lo anterior, deja de manifiesto la violación de los derechos humanos y de las garantías individuales.
En este mismo recinto, en el pasado Tercer Informe, el Ejecutivo apuntó: "Desde el inicio de mi gobierno he señalado que ninguna forma de impunidad será tolerada, a que nadie está por encima de la Ley, ni tiene en su aplicación prebenda alguna para violar los derechos humanos." La pregunta que se haría desde este recinto: Lo que él dijo, ¿es únicamente palabrería? O está dispuesta esta Legislatura o convertir en realidad lo que aquí se apuntó.
Pero tal parece que lo que se hace, contradice a lo que se dijo, la represión a los más pobres, a los que no tienen para sobornar a las autoridades, a los que no tienen para comprar el derecho.
Y lamentablemente ahí se encuentran más de la mitad de nuestra población. En Xalostoc es prueba de ello.
Por todo lo expuesto, señalado y fundado en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos proponga el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Se turne la presente a las comisiones de Justicia de Gestoría y Quejas y de Derechos Humanos, para que se realice la investigación correspondiente y se de seguimiento a la denuncia presentada ante el Procurador General de Justicia del estado de México.
Asimismo, hacemos responsables a las autoridades, de lo que pueda ocurrir con las personas en su integridad física.
En estos momentos hay una persona, un niño, que falleció a consecuencia del desalojo del día de ayer.
Tenemos fotografías, donde estos señores, haciendo uso de su prepotencia, lesionaron a una menor de edad y a ocho personas.
Por lo tanto, presento el punto de acuerdo y dejo lo aquí mencionado para que se conteste.
Gracias.
El Presidente: - Agradecemos su intervención, compañero diputado, así como la presencia en este recinto de 40 personas de Xalostoc y en atención a las cuales dimos entrada ahora a esta petición de particulares.
Le pidió al señor secretario que con base y fundamento en el artículo 61 del Reglamento Interno del Congreso, turne esta petición de particulares en su oportunidad a las comisiones de Justicia, de Información, Gestoría y Quejas y Derechos Humanos.
Sí, compañero, diga.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños
(desde su curul): - Expide un acuerdo en el sentido que las sesiones duren de las 10 de la mañana a las seis de la tarde. Todavía no empieza su segunda vuelta de expositores en relación a la glosa del informe, por lo cual solicitaría que en los términos del acuerdo se suspendiera la sesión y se continuara el siguiente día, que sería el martes, según lo acordado. Gracias.
El Presidente: - Bien, hay una proposición. Hay otra palabra pedida.
El diputado Fernando Ortiz Arena (desde su curul): - Señor Presidente.
Efectivamente como apunta el compañero diputado Kunz se había suscrito un acuerdo para que las sesiones se iniciaran a las 10 de la mañana y concluyeran a las 18 horas. Sin embargo, también se acordó que agotaríamos en cada uno de estos días de sesiones el orden del día consistente en particular en el análisis del Tercer Informe de Gobierno.
Estamos ya en lo que corresponde a Política Exterior; ya hemos analizado una primera ronda de operadores en esto. Yo rogaría en todo caso al Presidente, que consulte a la asamblea si es que decide la asamblea continuar con la sesión, o bien suspenderla como solicita el compañero Adolfo Kunz.
El Presidente: - Señor secretario, consulte por favor en forma económica a la asamblea si está de acuerdo, en primer lugar por la propuesta presentada por el diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en el sentido de suspender las sesiones a las seis de la tarde.
Evidentemente estamos hablando de esta sesión, que es la última sesión donde estamos glosando el informe del Presidente de la república.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica a la asamblea, si es de aprobarse la propuesta del Partido Auténtico de la Revolución mexicana de que se suspenda esta sesión.
Los que estén por la afirmativa, favor de expresarlo poniéndose de pie...
Los señores diputados que estén por la negativa, favor de expresarlo poniéndose de pie...
Desechada la propuesta, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, señor secretario. Se desecha la propuesta y tiene la palabra el representante del Partido Popular Socialista, compañero diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Odilón Cantú Domínguez (desde su curul): - Señor Presidente, yo sugiero que los oradores se apeguen estrictamente al acuerdo establecido de media hora, toda vez que ha habido oradores que rebasen el tiempo señalado.
Esto obviaría tiempo. (Aplausos).
El Presidente: - La presidencia toma nota de la propuesta del diputado del Frente Cardenista, y le pide a los seis oradores que a continuación intervendrán, que se ajusten a los 30 minutos que está señalado el reloj.
Tiene la palabra, a nombre del partido Popular Socialista el diputado Martín Tavira Urióstegui.
Se ruega orden y silencio en la sala antes de que empecemos a escuchar a nuestro compañero diputado del Partido Popular Socialista.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; señoras y señores diputados: Hemos dicho que una de las características del informe presidencial es la de ser polémico. Es una de sus virtudes, porque propicia la confrontación de tesis, económicas, sociales, políticas y aún diríamos filosóficas.
El informe arranca con el tema del nacionalismo, que da para mucho, para discutir el papel y la relación de México con el mundo y abordar el asunto de la vía de nuestro país para superar sus problemas y mantenerse como nación.
El nacionalismo sólo puede darse en la nación, diría Perogrullo. Nación y nacionalismo sólo son categorías y realidades si surge de un proceso histórico, pero en nuestro país decir proceso histórico significa lucha revolucionaria. México se ha ido forjando como nación gracias a sus revoluciones. Cada movimiento revolucionario ha sido un arquitecto en la edificación de la nación.
Además, cada revolución ha sido siempre, ha ido siempre a la conquista de la independencia total del país, desde la insurgencia hasta la Revolución Mexicana, pasando por la Reforma.
Quienes protagonizaron las hazañas del pueblo, sabían que mientras el país estuviera subyugado, no podía ser cabalmente una comunidad de territorio, de vida económica y de cultura.
Vicente Lombardo Toledano, dijo, refiriéndose a la nación: "Es sobre todas las cosas, una organización colectiva e independiente, con capacidad plena para desarrollar sus propias cualidades
y decidir libremente el rumbo de su destino. Una nación que no reúne estas condiciones, o que las ve menguadas, sólo puede considerarse como una nación embrionaria y como una nación oprimida".
La plenitud de una nación se da dentro de los marcos de la verdadera y efectiva independencia.
Por todo ello, conservar viva la herencia revolucionaria de nuestra nación y defender su independencia, es vigorizar su personalidad. Destruir esa herencia, es mirar las bases de la nación mexicana.
Es cierto que el nacionalismo es una categoría dinámica, y que tiene que manifestarse de acuerdo con los cambios históricos, pero hay elementos esenciales que perdura, si se pierden se pierde la nación y desaparece el nacionalismo.
En ninguna etapa de la historia revolucionaria de México, nuestros conductores trataron de aislarse del mundo, recogieron las ideas universales y las incrustaron en nuestra realidad, como dijera José Martí, pero en función de nuestros intereses propios.
Sin embargo, las ideas que han impulsado las transformaciones progresivas de nuestro país, no han sido ideas puramente abstractas, sino siempre llenas de un profundo contenido social.
Es verdad que no el lenguaje se expresan las ideas y claro, las palabras deben ser precisas y tener significado unívoco en todo razonamiento.
Pero tampoco las palabras tienen un poder mágico. Quizá es cuestionable, quizá es cuestionable que se siga sosteniendo que fue el liberalismo, aunque se agregue el concepto social, el que ha alumbrado el camino de México.
Como sabemos, el liberalismo, la libre competencia, en el campo de la economía, fue la primera etapa del desarrollo capitalista. De ahí que la naciente burguesía se pronunciara por la libre concurrencia, también en el terreno de las ideas, y considerara al estado como simple guardián del orden. Es decir, esa clase social en sus orígenes, prohijo una doctrina que contribuyera a destruir las restricciones propias del régimen feudal.
Nuestro país, sometido a la brutalidad de un colonialismo saqueador y esclavizante, tenía que dar respuesta firmes y radicales en el terreno económico - social para demoler la estructura impuesta por la metrópoli.
Pudiéramos decir que ante las posiciones liberales criollas, se levantó la corriente democrático - popular de Hidalgo y de Morelos. Los documentos de ambos conductores, pero especialmente los sentimientos de la nación, de Morelos, constituyen los antecedentes de las garantías sociales que habían de plasmarse en la Constitución de 1917.
El llamado movimiento liberal, surgido después de consumada la independencia del país, tampoco se basada en la fórmula "dejar pasar, dejar hacer".
Recogió las ideas políticas de su tiempo, pero hincó su pensamiento en los problemas de la nación. Los liberales no predicaron un estado abstencionista, sino un estado interventor en los diversos aspectos de la vida del país. Es estado que emanó de las leyes de reforma y de la Constitución de 1857, intervino para destruir el poder económico, político y educativo de la iglesia católica, con el fin de desarrollar las fuerzas productivas de la nación y darle nuevas orientaciones al pueblo para que pudiera participar en la construcción del país.
Ponciano Arriaga, en el Constituyente de 1856-1857, había de sostener en su voto particular, que de nada servían los derechos del hombre en forma abstracta, si el pueblo seguía viviendo en la miseria, sin disponer de medios de sustento y de progreso.
La reforma comprendió que los derechos del hombre sólo serían una realidad si el Estado intervenía en favor del desarrollo social: educación, salud pública y obras de beneficio colectivo.
Toda esta secuencia de ideas y de transformaciones revolucionarias, pertenecen a lo que Lombardo Toledano llamó doctrina democrática opuesta a las tesis medievales de la supremacía de la iglesia frente al Estado.
La Revolución de Reforma, no calcó el liberalismo europeo; estipuló en la Constitución de 1857 que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. Pero afianzada en el poder, le dio rumbos precisos a la educación, para que las ideas más avanzadas de aquel tiempo, coadyuvaran a entender mejor los valores propios y surgiera una conciencia nacional maciza e indestructible.
De los escombros del estado medieval en México, tenía que surgir un estado nacional celoso de su integridad y de su independencia.
Un pueblo que había guerreado contra el colonialismo y contra las invasiones extranjeras, tenía que ser nacionalista; tenía que buscar los caminos para que su desarrollo económico no
fuera impuesto desde fuera. De ahí los grandes debates naciente burguesía mexicana tenía que buscar los caminos para no ser barrida por la penetración del capitalismo extranjero. El libre cambismo y el proteccionismo son las corrientes que discuten la vía mexicana para su industrialización durante el primer siglo del México independiente.
Esteban de Antuñano, había de diseñar planes de desarrollo industrial con propuestas nacionalistas que sorprenden hoy en día. Hasta un Lucas Alamán, cerebro de los conservadores, partidario de las instituciones coloniales, opuesto a la federación, al sistema representativo y a los ayuntamientos electivos, según la conocida Carta Santa Ana en 1853, primer representante de los capitales extranjeros en México. Sin embargo, impulsó la intervención del Estado en el desarrollo industrial del país. ¿Por qué habría que investigar más a fondo esta posición política de un personaje que hablaba del crecimiento económico sin destruir la relación social productiva de la etapa colonial? La Revolución Mexicana tenía que resolver una de las contradicciones que maniataban al país para su desarrollo independiente. La nación explotada por los consorcios extranjeros y el imperialismo. Rescatar las riquezas que estaban en manos del extranjero, fue prioridad indiscutible.
Por ello el Constituyente de Querétaro consignó en el artículo 27 de la Carta Magna, que las riquezas del suelo y del subsuelo, pertenecen a la nación. De esta base jurídica había que arrancar la política de nacionalizaciones, para que el país fuera el beneficiario exclusivo de esas fuentes. Lázaro Cárdenas y el movimiento obrero, abrieron la primera brecha en el camino de expulsar los enclaves imperialistas en nuestro país. Otros gobiernos habían de continuar la obra.
La Revolución forjó un Estado que fuera capaz de enfrentar a las fuerzas económicas del exterior. Por eso fue tomando en sus manos las ramas fundamentales de la economía, de la producción y de los servicios que la llamada iniciativa privada no hubiera sido capaz de poner bajo su responsabilidad.
El Estado mexicano se hizo de las palancas de la economía para preservar y afianzar la independencia económica de la nación. El fortalecimiento del Estado den la economía tenía pues, dos grandes objetivos: descolonizar al país y llevar la justicia social a las masas populares. Afirmar, como se hace hoy, que la creciente intervención del Estado en la economía es un obstáculo para el crecimiento y la expansión del bienestar, es cometer un error histórico y un error lógico, una petición de principio, porque se pretende argumentar tomando como premisa mayor un juicio cuya veracidad no está demostrada.
El proceso de descolonización del país está incuestionablemente dentro de la filosofía del nacionalismo. Nacionalismo que se vuelve revolucionario cuando la riqueza rescatada se pone al servicio de las mayorías.
El Presidente de la República ha dicho en su informe: "Históricamente el impulso del nacionalismo ha sido la respuesta a un desafío externo". Hoy, ese desafío está en riesgo de quedar fuera, al margen de los procesos integradores del mundo, de las grandes corrientes del intercambio y de los recursos. Eso sería debilitarse y sucumbir. No será cerrando nuestras puertas, pretendiendo ignorar lo externo, como seguramente, como aseguramos mayor independencia económica en un mundo interdependiente.
México cuida lo esencial y abre novedosos, y mejor definidos vínculos económicos con los nuevos polos de desarrollo mundial en los cuales se encuentra la capacidad financiera, comercial, científica y tecnológica.
Nadie ha dicho que México se aísla de la economía mundial. Pero el Partido Popular Socialista ha advertido que el imperialismo ha adquirido nuevas modalidades sin que pierda su esencia; concentración y centralización del capitalismo a escala mundial, internacionalización de los proceso productivos, como consecuencia del control que ejerce un reducido número de corporaciones gigantescas sobre la economía mundial; agudización de las contradicciones interimperialista y las del imperialismo con los países dependientes, contradicción que da lugar a una nueva división del trabajo, a la regionalización de los mercados y a la formación de los bloques económicos.
Dentro del mercado de la regionalización de los mercados, está la política del imperialismo norteamericano por hacer de América Latina, la zona natural de su hegemonía comercial.
De ahí la iniciativa de Las Américas, el engendro del señor Bush. Estados Unidos busca consolidar su dominio sobre México y América Latina porque es una potencia que está en franco regulamiento frente a los otros dos ejes de los bloques económicos; Japón y Alemania.
Aquí está el fondo de tantos esfuerzos por arrastrar nuestro país a la política de regionalización
del comercio bajo la egida de Norteamérica. La interdependencia entre Estados Unidos y América Latina no puede darse. Se dará, sí, la dependencia económica, política, científica, tecnológica y cultural de nuestros países; no puede haber libre comercio entre desiguales. La poderosa económica del vecino del norte va a barrer con el capital nacional.
Frente a la iniciativa de las Américas, nuestro nacionalismo nos obliga a demandar un nuevo orden económico internacional, hoy olvidado por nuestros gobiernos. La interdependencia tenemos que buscarla entre iguales, especialmente con nuestros hermanos de América Latina, con quienes debemos buscar la integración económica política, social, científica, tecnológica, cultural y aun educativa.
El Partido Popular Socialista reconoce que la Cumbre Iberoamericana de Guadalajara ha sido un paso trascendental en el camino por la unidad de América Latina sin tutelajes externos.
Esta es la ruta trazada por nuestros grandes paladines. Con el Congreso anfitriónico de Panamá, realizado en 1826, Simón Bolívar quiso sentar las bases para que nuestros pueblos con historia, geográfica y anhelos comunes, pudieran forjar juntos su grandeza e independencia definitiva.
El ideal bolivariano sigue latiendo en la conciencia de los pueblos latinoamericanos y continuará impulsando todos los esfuerzos tendientes a integrar a nuestras naciones.
Dos Hechos le dan raigambre histórica a la Cumbre:
Se realizó sin la convocatoria ni la representación del gobierno de Washington y no fue convertido en un tribunal que pretendiera juzgar a la Cuba socialista y a sus dirigentes.
La Declaración de Guadalajara, documento final de La Cumbre, reafirmó los principios esenciales del derecho internacional, el respeto a la soberanía, la integridad y la independencia de los estados, la igualdad soberana entre ellos, la no intervención en la autodeterminación de los pueblos, la institucionalización de la conferencia de jefes de estado y de gobierno.
Su realización anual, podrá llevar al subcontinente a su integración en un proceso ascendente si se elaboran agendas que respondan a los intereses propios de América Latina.
La Cumbre Iberoamericana constituye un mito en la dignificación de nuestros países para marchar sin tutores. Latinoamérica abrió las puertas a Cuba para ampliar con ella sus relaciones comerciales y diplomáticas. Pensamos que el aislamiento de la patria de Martí, respecto de sus hermanos, ha pasado a mejor vida. Cuba socialista es una realidad que hay que valorar a la luz de las normas y los principios del derecho internacional. Nadie tiene derecho de exigirle a su pueblo y a su gobierno que abandone el camino que han emprendido como condición para reintegrar al seno de su entorno natural.
Cuba ha hecho de un derecho que está implícito en el principio de autodeterminación de los pueblos: El derecho a la revolución.
Este desafío legítimo, frente a la potencia más agresiva de la historia, es el que no perdonan los regímenes de Washington. De ahí los castigos y las represalias y, fundamentalmente, el bloqueo económico impuesto a la isla caribeña desde hace más de 30 años.
La carta de las Naciones Unidas, en su artículo 1o. párrafo II, dice: Los propósitos de las Naciones Unidas son:
"Fomentar entre las naciones relaciones y amistad, basadas en el respeto al principio de igualdad de derecho y a tomar medidas adecuadas para fortalecer la paz universal".
En su artículo 2o. párrafo IV, expresa: "Los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado en cualquier otra forma o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas".
Por otra parte, la Resolución 21/31 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, dice en sus partes relevantes: "Ningún estado tiene derecho de intervenir directa o indirectamente y sea cual fuere el motivo en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada sino también cualquiera otra forma de ingerencia o de amenaza tentatoria de la personalidad del estado o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen están condenados.
Ningún estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro estado, a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos u obtener de él ventajas de cualquier orden".
Estas normas de vigencia universal, señoras y señores diputados, obligan a todos los estados a su acatamiento. En consecuencia, la política del gobierno norteamericano contra Cuba viola flagrantemente mandatos esenciales del derecho internacional; el bloqueo impuesto por el imperialismo yanqui contra la patria de Martí constituye el delito de agresión económica, contrario a la letra y al espíritu de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de múltiples resoluciones de su Asamblea General, relativos a principios torales de la convivencia internacional que México ha defendido a lo largo de su historia.
La política del gobierno estadounidense tiene su base en la "ley de la selva", porque carece de derecho alguno para dictar normas que prohiban relaciones comerciales de terceros países con Cuba, so protexto de que las empresas que la realizan son subsidiarias de consorcios norteamericanos. Es verdaderamente inaudito y un burdo atropello contra la soberanía de los estados, que el país del norte pretende imponerles normas.
En la agenda del 46 período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, está incluido el asunto del bloqueo de Estados contra Cuba.
Esperamos que el gobierno de México, siguiendo la trayectoria de la política internacional que le ha dado dimensión universal a nuestro país, esté al lado del derecho y de la moral y al lado del país hermano que hoy habla y combate por todos nuestros pueblos.
Intensificar las relaciones económicas, diplomáticas y culturales con Cuba, exenta del frío cálculo financiero, conllevaría gestos de solidaridad y de defensa para toda América Latina. Cuba tiene con qué responder ante el intercambio; posee recursos y productos de alta tecnología que puede ofrecer a cambio de elementos que la naturaleza no le dio.
El Partido Popular Socialista celebra la reunión del Presidente Fidel Castro con el Grupo de los Trece. En Cozumel. Este hecho da bases para esperar que se extiendan lazos de amistad y de vínculos económicos con Cuba, sin condiciones que afecten su derecho a la libre determinación.
José Martí dio la vida, para impedir a tiempo, con la independencia de Cuba, que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan con esa fuerza más sobre nuestras tierras de América.
Como lo dijo en su testamento político: "Hoy por hoy Cuba representa, como en la época del héroe de Dos Ríos, un muro de contención para hegemonía norteamericana".
En esta hora de asechanzas para nuestros pueblos, es urgente que América Latina proclame su fraternidad por todos los confines del mundo. "Los árboles - dijo Martí - se han de poner en fila para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuerdo y de la marcha unida. Y hemos de andar en un cuadro apretado, como la plata en las raíces de los Andes".
El derecho internacional, señoras y señores diputados, el derecho internacional de nuestro tiempo lo han hecho los pueblos, que han sufrido el yugo de la dominación extranjera y que han combatido por su liberación nacional.
¡México ocupa un lugar de honor en estas gestas, por hacer respetar el derecho ajeno y cimentar así la paz! Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Martín Tavira, del Partido Popular Socialista.
Tiene el uso de la palabra la diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
La Diputada Cecilia Soto González: - Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En esta segunda intervención abordaré en representación del partido Auténtico de la Revolución Mexicana, un aspecto ausente en el Tercer Informe del licenciado Salinas de Gortari, pero que a nuestro juicio debió haber sido mencionado extensamente.
Durante el desarrollo de la guerra del Golfo Pérsico, el gobierno de la República, sabedor de que lo precios del petróleo eran sensibles, una situación extremadamente inestable, creó lo que hoy conocemos como el Fondo de Contingencia.
Tuvo una actitud cauta, al no engolosinarse con los altos precios del energético, sabedor de que podrían bajar en cualquier momento.
Sin embargo, a pesar de que el tema del Tratado de Libre Comercio es un tema más trascendente aún que nuestras exportaciones petroleras, en el Informe del Titular del Ejecutivo, no existe párrafo alguno que explique a esta soberanía qué plan de contingencia ha desarrollado el gobierno de la República, en la eventualidad de que la firma y ratificación del Tratado se prolongue en
más de los cálculos previstos o más, se frustren.
El equipo experto, responsable de cuidar la imagen presidencial, está por cierto uno de los artículos no petroleros con más éxito allende en la Frontera, ha realizado un trabajo impecable en la promoción de las expectativas del Tratado de Libre Comercio. Se ha convencido a buena parte de la opinión pública, de la imperiosa necesidad del Tratado de Libre Comercio y de que con éste nuestros males pasarán a ser sólo un recuerdo del pasado.
El Partido Auténtico, ante este Tratado, como bien lo dijera nuestro coordinador parlamentario el 1o. de noviembre, ni exclama horrorizado ¡Vade retro Sanata! ni comparte el entusiasmo desbordante de nuestros negociadores. Aquí la forma es el fondo y por la forma en como se está negociando, con prisa, evitando una auténtica consulta nacional, apostando a este proyecto y sólo a este proyecto, encontramos serios problemas quizá más problemas que soluciones.
Decía que no existe en el informe un sólo párrafo que nos alerte sobre la existencia de un Plan de Contingencia, en caso de que las condiciones políticas en los Estados Unidos cambien abruptamente y retrasen, congelen o impidan la firma y/o la ratificación del tratado. Al parecer el gobierno mexicano ya tiene su candidato para las próximas elecciones en los Estados Unidos.
Debemos recordar que el Tratado de Libre Comercio compromete a la nación por generaciones y que la existencia de un plan alternativo sería condición necesaria para fortalecer a los actuales negociadores. No estoy hablando de un ejercicio teórico, quisiera traer al pleno una noticia que, desde mi punto de vista, fue ignorada ayer en la prensa nacional y que es de suma trascendencia para las actuales negociaciones.
La prensa de ayer informó del resultado de las elecciones senatoriales en el estado de Pensilvania. Aquí contendía un amigo muy cercano al Presidente Bush, exprocurador de Justicia, Ricard Tomburg, que a su vez también fuera gobernador de Pensilvania; cometía contra un obscuro candidato demócrata; las encuestas predecían o daban 44 puntos a Tomburg por arriba de su contrincante demócrata como ya dije, un personaje relativamente oscuro en la política norteamericana, basó su campaña en dos asuntos: crítica al desmoronamiento del sistema de seguridad social en los Estados Unidos y el ataque al Tratado de Libre Comercio con México. Pese a todas las expectativas, el candidato demócrata ganó y se considera este evento como el termómetro que marcará la próxima contienda electoral en los Estados Unidos, que se inicia en febrero con las primarias de New Hampshire.
El gobierno mexicano está empeñado en tener un borrador para este diciembre, de tal manera que el Ejecutivo norteamericano pueda enviar al Congreso el 1o. de enero este borrador, se tenga tres meses en donde el congreso examine este borrador, haga correcciones, sugerencias, lo regrese el 30 de abril al Ejecutivo para que se firme por los tres países, después se regrese nuevamente a un período de 90 días legislativos en los Estados Unidos que significan aproximadamente de ocho a nueve meses, lo que significa que se empalme por completo la discusión legislativa del Tratado de Libre Comercio con las elecciones norteamericanas.
Es claro que el reciente éxito que tuvieron los demócratas, precisamente enarbolando como campaña una política de protección industrial a su planta laboral y la oposición al Tratado de Libre Comercio con México tal como se está negociando, será una carta que usarán los demócratas muy probablemente para retrasar la firma del Tratado y más aún su ratificación para después de las elecciones, de tal manera que un nuevo Congreso norteamericano probablemente con una mayoría demócrata sería el que revisaría este Tratado y no sabemos qué Ejecutivo Federal sería el que estaría en este caso en el cargo.
Nos estamos ciñendo así al calendario electoral norteamericano, quizá esto sea una muestra del nuevo nacionalismo mexicano, no nos estamos ciñendo a las necesidades del debate nacional sino a la imperiosa necesidad de tener un borrador del Tratado para el 30 de diciembre de este año.
Al ceñirnos a este calendario electoral fuera de nuestras fronteras ¿qué fue lo que sucedió? el Presidente de la República sugirió al Senado de la República que realizara una consulta pública para analizar la relación de México con los bloques comerciales en el mundo.
Sólo después de que la prensa norteamericana dio a conocer que es estaban realizando pláticas entre las autoridades de México y las de los Estados Unidos con el objeto de buscar un Tratado de Libre Comercio. El senado tomo inmediatamente la sugerencia al presidente y se dedicó a organizar mesas de discusión en las que se presentaron trabajos hechos al vapor. Las miles de cuartillas que el Senado recibió condujeron extrañamente a una sola conclusión: la conveniencia
de firmar un Tratado de Libre Comercio con los Estado Unidos.
El Senado dio a conocer al Presidente las conclusiones de la consulta apenas unas horas después de que eta había terminado. El equipo negociador mexicano no se constituyó entonces a través de una instancia intersecretarial sino que se concentró en la realidad totalmente en la Secretaría de Comercio, la unidad negociadora que se estableció a finales de 1990 tenía tras de si a un llamado Comité Asesor formado por representantes de todos los sectores; sin embargo dicho Comité ha resultado totalmente ineficaz y no ha significado una vía de expresión de la opinión de la sociedad civil y respecto al Tratado, en la práctica sectores tan importantes como el laboral y el campesino se han quedado fuera de la negociación, incluso el propio sector empresarial organizado en la Coese tuvo que elaborar monografías y propuestas virtualmente contra el tiempo lo que implicó una escasa consulta al interior de cada sector.
El resultado es que sólo las cúpulas empresarias han participado en la definición de las grandes líneas de la negociación y regularmente bajo los lineamientos de la propia Secretaría de Comercio.
No resulta cierto que se haya realizado una amplia consulta como lo dijera por cierto el diputado Rodríguez Prado; por el contrario, incluso hasta en el propio sector empresarial en las Bases de las Cámaras desde luego, existe una amplia insatisfacción debido a la forma en que se ha manejado la negociación.
Peor ¿de dónde vienen estos ánimos proteccionistas de los votantes norteamericanos que tanto van a influir en nuestra vida nacional? Provienen de que la realidad de la recesión en la economía norteamericana es ya inocultable. Se nos habla de que al ingresar al Tratado de Libre Comercio ingresamos al mercado más grande del mundo pero no se nos dice que ese mercado sufre una aguda crisis y que el debate entre los expertos norteamericanos, que incluyen a varios premios nobeles, no es cuándo va a terminar sino éste es una rescisión o una genuina depresión, con consecuencias superiores a las de los treinta, pues la economía norteamericana se encuentra asentada sobre bases más endebles en este momento.
En este sentido se compromete a toda la nación con una economía que produce una tonelada de acero con el doble de energía que lo produce la economía japonesa; con una economía que en los cuarenta tenía 75% de su fuerza laboral dedicada a la industria y hoy tiene 75 su fuerza laboral dedicada a los servicios; con una economía cuya planta industrial está caracterizada por la obsolescencia industrial. Nos preguntamos:
¿por qué apresurar el matrimonio de la única hija que tenemos, con el vecino rico? Parece no importante al gobierno que el candidato al matrimonio se vea ojeroso, débil, con signos de una enfermedad peligrosa. ¿No será mejor primero esperar a que se haga el IDSA? ¿No será mejor esperarnos a conocer el diagnóstico de lo que pasa realmente en la economía del vecino del norte?
Algunos economistas dirán que es mejor aprovechar la crisis de la economía norteamericana.
Dirán que precisamente por esta crisis las empresas huirán a México buscando abatir costos.
Esto es probable que sea cierto. Sin embargo, si aceptamos estas condiciones de integración con la economía norteamericana, estamos conminados a recibir empresas que no traigan tecnología nueva, sino que vengan a instalar maquinaria ya depreciada en los Estados Unidos, a que vuelva a sufrir un ciclo de depreciación aquí en nuestro país. Y más importante, estamos condenando a nuestra nación a usar como único instrumento de atracción de capitales, el ya infame conocido nivel tan bajo de los salarios mexicanos, como se sabe, uno de los más bajos del mundo.
Pasaré a explicar de dónde viene la prisa del gobierno del licenciado Salinas de Gortari por firmar este tratado: La economía se ha vuelto a vista a las expectativas del Tratado de Libre Comercio y las cifras del sector externo proporcionadas por el titular del Ejecutivo, explican claramente esto.
Es cierto que en el corto plazo el sector externo ha dejado de ser un problema, pero no lo ha sido por la reducción en el pago de intereses, ya varios ponentes en la sección de glosa de la parte de economía demostraron cómo seguimos pagando intereses extraordinariamente altos, alrededor de los 8 mil 500 millones de dólares y que no se explica por qué los intereses siguen aproximadamente en este rango si la negociación fue tan extraordinaria y se redujo tanto el monto de la deuda; sino sobre todo por las enormes entradas de capital especulativo que se han dirigido hacia la compra de cetes o de la bolsa de valores.
El déficit de la cuenta corriente, que representa las operaciones regulares de la economía, será este año cercano a los 11 mil millones de dólares, la cifra más alta de la historia. Pero no debemos preocuparnos, entre las cosas grandes y maravillosas
que escuchamos, escuchamos que eso es algo bueno; es más, se debería sacar un anuncio en la televisión que dijera: "Compre productos importados, están ayudando a que no exportemos capitales".
El informe argumenta que esta magnitud no es problema, debido a que la cuenta de capital, cuyo superávit puede llegar a los 18 mil millones de dólares, será aún mayor debido a que las importaciones crecientes trae consigo su propio financiamiento.
Si se tratara de un financiamiento de largo plazo o de inversión extranjera directa que echara raíces en la economía nacional, efectivamente el argumento sería válido; y sin embargo, en la medida que ha venido en forma de capital de corto plazo e inversiones financieras, el dinero que viene del exterior tiene un carácter extremadamente volátil, que hace que siga existiendo un riesgo importante en el sector externo.
En este sentido es importante revisar nuevamente las cifras de las reservas que nos ofreció el ciudadano Presidente. Se nos habla de que tenemos las reservas más altas de la historia, se nos dijo también pero no con la suficiente claridad, que para hacer esta cuenta de las reservas se sumaron manzanas y peras. Es decir, del fondo de contingencias se separaron los dólares que no estaban destinados a las reservas, que no tienen origen exportaciones y sumaron a las reservas.
Si quitamos alrededor de tres mil millones de dólares que provienen del fondo de contingencias las reservas no son las mayores de la historia.
Pero además hay otra manera de medir el pacto de las reservas. Las reservas más altas de la historia no alcanzan más que comprar cinco meses, 10 días, de importaciones. Esto es un saldo desfavorable si lo compráramos con la capacidad de compra de las reservas de 1987 que alcanzaban a cubrir las importaciones de 13 meses. Entonces serán las más altas de la historia pero son mucho más débiles que las de 1987.
Para que este estilo de crecimiento sea viables, es decir, el estilo basado en el crecimiento, en la llegada de abundante capital exterior, en el medio plazo tienen que cumplirse dos condiciones: ofrecer a los inversionistas externos rendimientos muy superiores a los que pueden encontrar en otros mercados. Y aquí el gobierno se condena a no poder bajar las tasas de interés hasta donde deberían bajarlas y por lo tanto a mantener una tasa de inflación importante especulativo en toda la economía y mantener una imagen satisfactoria para los inversionistas externas que desean ganancias de corto plazo.
Hace algunos meses David Mulford formuló declaraciones que ponen al desnudo la imagen que los funcionarios norteamericanos tienen de las economías de América Latina. Mulford declaró que los países de América Latina tenían que adelgazar, maquillarse y vestirse de manera atractiva, en caso de que desearan atraer al capital extranjero.
En el caso del sector externo de la economía mexicana, el hecho de que hayamos abierto aceleradamente nuestras fronteras comerciales, produjo una explosión de las importaciones que, junto con una deficiente renegociación de la deuda externa, obligan al país a arreglarse y maquillarse para conseguir, por lo menos, es decir, subir las tasas de interés, cambiar las leyes, etcétera, para conseguir, por lo menos, 12 mil millones de dólares al año, simplemente para impedir que las reservas internacionales se deterioren.
El estudio del crecimiento obliga a buscar capital de corto plazo, que es el único que puede llegar en cantidades suficientes. Es importante que recuerden, compañeros legisladores, que de la cantidad de dinero que ha llegado este año, seis mil millones aproximadamente corresponden a capital invertido en cartera, en Bolsa de Valores, etcétera, y solamente mil 200 millones en inversión extranjera directa.
El hecho de que en el segundo trimestre de 1991 sólo haya llegado dinero fresco de la inversión extranjera directa por 42 millones de dólares, quiere decir que más allá de las promesas, los inversionistas foráneos aún no siente que las condiciones en México les permitan comprometer volúmenes cuantiosos de recursos a largo plazo en proyectos productivos.
De hecho la negociación del Tratado de Libre Comercio conduce a que se genere un impasse en las inversiones directas, ya que los empresarios están a la espera de que haya señales claras para comprometer recursos en México.
El argumento de que la estrategia gubernamental era la única posibilidad , es falaz. Es cierto que el modelo proteccionista ya no era sostenible, pero existían las condiciones para efectuar una apertura mucho más gradual. Los términos en los que México negoció su entrada al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, le permitían niveles arancelarios mucho mayores...
El Presidente: Se ruega a los compañeros diputados que tomen asiento y que guarden silencio en atención a la compañera diputada que está haciendo uso de la palabra. Continúe diputada.
La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: - Sin embargo estos fueron hechos completamente de lado y a partir de 1987 se lanzó una apertura unilateral y México abrió sus fronteras comerciales sin exigir reciprocidad a sus socios comerciales, particularmente a los Estados Unidos.
Si hubiera puesto en práctica una estrategia de apertura comercial ordenada, si se hubieran utilizado las condiciones que el gobierno mexicano obtuvo cunado ingresó al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio y que le permitían el manejo de aranceles hasta de 50%, si se hubiera logrado una renegociación de la deuda que hubiera implicado ahorros efectivos mayores y menos propaganda, señores del gobierno, la economía podría estar creciendo a tasas del 5% como lo hace ahora, sin necesidad de generar un déficit de la cuenta corriente de proporciones tan grandes como el que se tiene en la actualidad y que impelen a la búsqueda de capitales especulativos para conseguir las divisas que permitan financiarlos.
Es cierto que es necesario reordenar el comercio con los Estados Unidos, país con el que tenemos las dos terceras partes de nuestro intercambio, pero es factible diseñar una estrategia de negociación que permita obtener mayores ventajas para el país. Primero, sería recomendable no negociar un Tratado de Libre Comercio en sí, sino lograr un tratado comercial que implicara negociaciones sectoriales que se fuera integrando de acuerdo a la convivencia de los 12 países y con el objeto de permitir en México una discusión más amplia.
Por otro lado, es absolutamente imprescindible que se amplíen las instancias de negociación y decisión del tratado, es necesario que no sea solo la Cámara de Senadores la que intervenga en su discusión sino también los diputados, debido a que habrá modificaciones a las leyes que implicarán la participación de la Cámara.
Es factible buscar una más sana interrelación con la economía norteamericana, pero no manejada por un grupo de negociaciones que en la mayor parte de los casos han estado desvinculados de los sectores por los que tendrán que negociar y que se sepa sólo han producido memorándums.
Más allá de la simetría general que la economía mexicana tiene frente a la norteamericana, son las condiciones de la negociación específicamente las que generan una mayor vulnerabilidad para nuestro país.
Otro factor que debilita la negociación, es que pese a lo que se dice en el discurso, en la práctica el gobierno le está apostando todo al tratado y no existe una estrategia contingente, por ejemplo la ausencia de inversión japonesa demuestra que las relaciones con otras regiones económicas siguen siendo muy limitadas.
Los norteamericanos han exigido que las reglas de origen, por ejemplo aplicables a los productos que entrarán en el Tratado de Libre Comercio sean estrictas, lo que restará interés a inversionistas europeos y orientales para comprometer sus capitales. Se habla de que los negociadores norteamericanos están exigiendo un componente regional del 65%. Esto implicará necesariamente una supeditación exclusiva a la economía norteamericana y que marginaremos las inversiones japonesas y europeas.
Se asiste a las conferencias de la Cuenca del Pacífico, se firman acuerdos, se visita a los países europeos, pero en la práctica se les está ahuyentando de la región.
La estrategia de negociación ha conducido a que el gobierno se vea obligado a firmar el tratado, pues de no hacerlo cambiarían violentamente las expectativas y con ello se generaría una crisis financiera en el país.
La estrategia de negociación que se sigue ahora puede revertirse y todavía conduce a que los costos de no firmarlo sean mayores que los de firmarlo, cediendo con aspectos fundamentales de la economía y por supuesto de nuestra soberanía.
Debe cambiar la estrategia de negociación y debe haber esfuerzos reales y no solo cosméticos para desarrollar estrategias contingentes. En ese sentido el Partido Auténtico considera inaudito que el señor Secretario de Comercio, Serra Puche, a la menor provocación corra a explicar a los legisladores norteamericanos los alcances del Tratado de Libre Comercio y que sin embargo aquí se haya evitado que la LIV Legislatura convocará a una consulta pública. En este sentido, señor Presidente, quiero informarle que en cuanto se constituyan las comisiones, mi partido va hacer una propuesta al pleno, en la primer sesión, para que acuda la Comisión de Comercio el Secretario de comercio, Serra Puche.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, compañera diputada Cecilia Guadalupe Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Tiene el uso de la palabra el compañero diputado del Frente Cardenista, Manuel Terrazas Guerrero.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Abordo esta tribuna en representación del grupo parlamentario del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. Pretendemos establecer en esta intervención la opinión de nuestro grupo parlamentario en torno a los que consideramos debe subrayarse y destacar en un primer plano, con relación a algunos de los aspectos sustanciales en política exterior, que se contienen en el Tercer Informe del Presidente Salinas de Gortari, presentado por éste al Congreso de la Unión el primero de noviembre.
Nuestro plan se acorta en virtud de lo que sabemos es un acuerdo parlamentario, de coordinadores y me someto convencido a ese acuerdo.
En el informe presentado al Congreso de la Unión por el Presidente de la República, las partes y las referencias a la política exterior, ocupan un espacio considerable y se les presta con toda razón una atención sobresaliente.
Lo informado al Congreso en todo el informe, no hubiera sido posible, a nuestro juicio, sin el desempeño de las acciones y el despliegue de la política del gobierno en el campo de las relaciones internacionales. En todas estas partes y referencia, se establece como hilo conductor y de manera expresa y reiterada, el planteamiento del nacionalismo y su expresión concreta de soberanía en la conducción, los actos y las iniciativas en materia de relaciones internacionales.
Se asume así un compromiso que obliga al Presidente de la República para cumplirlo, a profundizar y desarrollar la política exterior de México en las nuevas y complejas condiciones de hoy.
La política exterior de la que se da cuenta el Tercer Informe del presidente Salinas de Gortari, no sólo no puede desvincularse, sino que es expresión directa, a nuestro juicio y respetando otras opiniones, es expresión directa e inseparable de la política interior, económica y social, en sus aspectos esenciales y más sobresalientes.
En efecto, su instrumento fundamental se expresa precisamente de una u otra manera en la utilización de la política exterior para conseguir los fines de la política interior.
La política exterior de México en las actuales condiciones del mundo, en el que se inserta cada vez más nuestro país, eleva su valor y evidencia su importancia y significación favorable a los intereses nacionales y su contribución a la causa general de los demás pueblos, para resistir, enfrentar y avanzar en medio de una situación en la que la coyuntura, destacada por la hegemonía militar de los Estados Unidos, no le es precisamente favorable a los pueblos.
En medio de una situación que les ofrece a los distintos países signos adversos muy poderosos, derivados de una unipolaridad que es objetiva, pero que no existe sola, ya que además enfrenta profundas contradicciones, está generando crecientemente factores antagónicos, se enfrenta a ella la fuerza y la potencialidad del socialismo que está en pie, que vive y actúa y ejerce influencia todavía poderosa, y más aún en la realidad de las relaciones internacionales, en la República Popular China, en Vietnam, en Corea del Norte, en Cuba. No olviden los que baten palmas por la muerte del socialismo o aquéllos a quienes vence la desesperanza, la angustia, la frustración o aquéllos que de plano desertan o claudican de sus convicciones, la realidad internacional no caracterizada precisamente y únicamente por la hegemonía militar y derivada en política, de los Estados Unidos.
Es verdad que en este último año se han producido cambios enormes, inimaginables hasta hace poco tiempo, son una realidad, marcan el inicio de un nuevo período histórico, con nuevas correlaciones de fuerza, con nuevas tendencias de desarrollo. Puede depararnos nuevas convicciones y conmociones.
Confiamos en que éstas sabrán ser afrontadas por los pueblos y que éstas tendrán la fuerza necesaria para encontrar los caminos de su actuación victoriosa.
El contenido y las definiciones que encierran los planteamientos sobre política exterior del informe presidencial, hay que ubicarlos precisamente en el marco de los profundos cambios producidos en los dos o tres últimos años de la situación internacional.
Ha surgido una nueva realidad cuyos términos y efectos ejercen también influencia en nuestro país. No le son ajenos, ni menos pueden ser ignorados por nadie. Los cambios producidos en el mundo en los últimos años, han determinado un mundo unipolar que hoy presenciamos. Se dan y se mezclan a la vez una serie de hechos
y acontecimientos que van desde la retirada unilateral del ejército soviético de los países de Europa Oriental y la disolución del Tratado de Varsovia, mientras siga existiendo con toda su estructura y poderío, el Tratado del Atlántico Norte y los Estados Unidos llevan adelante diversos planes de preparación militar hasta las grandes campaña ideológicos que preconizan una supuesta y quimérica desaparición de la lucha de clases a nivel internacional, el fin de las ideologías y la supuesta, la llamada desideologización de las relaciones internacionales.
No puede dejarse de recordar cómo la Guerra del Golfo Pérsico desarrolló y fortaleció la unipolaridad militar y política, hegemonizada por los Estados Unidos a pretexto de la errónea e injustificada ocupación y anexión de Kuwait por Irak, lo cual al señalarlo como hecho grave, no nos llevó ni nos lleva ahora, a disminuir la solidaridad con el pueblo iraquí y la condenación de la brutal y bárbara masacre realizada por las fuerzas armadas de los Estados Unidos, a fin de establecer el enclave militar en el Medio Oriente y amedrentar al mundo con el despliegue descomunal de la fuerza militar que llevó a cabo la acción contra Irak.
Sobresale el proceso que determinó la desaparición de los estados socialistas del Este europeo y el debilitamiento y las perspectivas negativas para propios y extraños, quiérase o no, de los crecientes peligros de desintegración de la Unión Soviética.
Es cierto, hay que asumirlo tal cual, este proceso ha constituido un verdadero desastre político para todos los pueblos y las fuerzas democráticas y progresistas. No sólo para los socialistas y comunistas, a consecuencia del cual se produce un extenso realineamiento global de fuerzas tanto económicas, políticas, como militares, desde el que se ha dado a consecuencia desde lo que se dio a consecuencia de la derrota del fascismo en la Segunda Guerra Mundial.
En el análisis y la necesaria, indispensable extracción de conclusiones y enseñanzas que se derivan de los acontecimientos, una gran responsabilidad de todos, indudables serán sus alcances cuando se saquen esas conclusiones.
Tomamos también en cuanta la presencia en ese marco internacional del hecho de que en la economía mundial se desarrolla la tendencia a la formación de grandes bloques económicos que concentran el mayor volumen del comercio, las finanzas y la tecnología; Estados Unidos, los países de la Comunidad Económica Europea y el Japón y los países asiáticos, por él influenciados.
Los países subdesarrollados se ven marginados cada vez más y tienden a agudizarse las contradicciones entre los distintos bloques que se han configurado. Conviene considerar también, sin olvidar, que la situación de los Estados Unidos, con una economía, cierto, la mayor del mundo, pero fuerte y cada vez más competida, que ha entrado en una nueva recesión y demuestra la agudización de sus problemas estructurales.
Cobra en ese sentido destacada significación, la afirmación del informe presidencial acerca de que la estrategia fundamental del país, debe ser las relaciones y la necesidad de profundizarlas con todos los países, sin excepción; estratégica correcta y acertada, precisamente en estas condiciones de las cuales hemos apuntado algunos rasgos fundamentales.
Es necesario destacar también, igualmente que en todos los foros internacionales, no sólo en el marco de las Naciones Unidas, proponiendo iniciativas y soluciones a los problemas globales del mundo actual y el establecimiento de un nuevo orden económico internacional y soluciones políticas a los conflictos regionales y la consolidación de la paz, con la base en el fortalecimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de las necesidades de su democratización, empezando por el Consejo de Seguridad, representa también un necesario y obligado escenario para la actuación de la política internacional de nuestro país.
Es de advertir también que, en el panorama que hoy se presenta en el mundo, se producen los intentos encaminados a imponer a un modo político y social único y una artificial uniformidad entre los distintos estados que generan múltiples tentativas de socavar y desfigurar la autodeterminación de los pueblos y la vulneración de los principios de soberanía y de independencia nacional.
Esta política, digámoslo claro, la política exterior de México inequívocamente, sin regateos ni eufemismos, en esas condiciones internacionales que son el marco obligado para valorarlas, sienta bases, establece compromisos que obligan seriamente y abren nuevas perspectivas de ampliación, de profundización y recuperación plena de las mejores tradiciones, de una mayor iniciativa, de nuevas posibilidades en la política exterior mexicana; el papel fundamental debemos decirlo, va a depender de la acción de las fuerzas democráticas y populares de nuestro país, de
su sensibilidad, de su comprensión, de su agilidad para encontrar el hilo de los acontecimientos y las tareas fundamentales que de ellos se derivan.
Se impone al tratar de analizar y valorar los distintos planteamientos y aspectos de política exterior, las diferentes fases de esta política, tanto como miembros en lo individual como de un cuerpo colegiado como es la Cámara de Diputados, plantearnos algunas cuestiones.
Por eso mismo un poco del planteamiento respecto a esas características de la situación internacional. ¿Corresponde o no a los intereses nacionales, democráticos y soberanos del pueblo mexicano la orientación y la práctica de la política exterior? ¿Es congruente frente a ese panorama, es continuación y expresión de la política interior? Está en la dirección correcta de lo que necesita y puede impulsar con éxito el pueblo mexicano y alcanzar resultados favorables para sus objetivos presentes y sus perspectivas futuras ahora en las condiciones internacionales prevalecientes, aun en el marco del análisis más objetivo y crítico, contrastando lo afirmado por el Presidente de la República, ante el congreso establecido una confrontación básica con las postulaciones que en materia de política exterior se plantea cada partido, con la práctica de las acciones concretas en lo fundamental, con lo actividad en lo externo realizadas por los conductos gubernamentales correspondientes. La respuesta a las cuestiones anteriores tienen que ser afirmativas, repito, habida cuenta de lo que cada partido considere insuficiente, fallo, contradictorio, modificable con las propuestas debidas.
Dado el papel que juega la política exterior contenido en sus objetivos y en el cuadro de la situación internacional actual, sus desafíos y posibilidades es importante, diríamos, es un reclamo que se proyectaría favorablemente para la nación en su conjunto establecer con mayor concreción y precisión las valoraciones que al respecto exigen los distintos partidos. Sería políticamente muy positivo, en el orden de las responsabilidades que asume cada fuerza nacional ante el conjunto de factores que se engloban en la política exterior de México.
Nos parece que esta es una manera efectiva de enfrentar los grandes desafíos de una situación internacional llena, literalmente, de amenazas y riesgos, sobre todo, para la soberanía nacional.
De los rasgos que caracterizan la situación internacional actual y de las definiciones y términos con que en el informe del Presidente de la República, que liga reiteradamente la política exterior a la soberanía, puede desprenderse la conclusión de que las presiones, los peligros y las amenazas de la actual situación , sobre todo llevan directamente a la soberanía nacional. Lo que hoy está en riesgo, lo que principalmente peligra, dado los rasgos de la situación internacional, son la soberanía de los pueblos.
Decir soberanía nacional es tanto como decir soberanía popular y entender sobre todo a ésta como el derecho inalienable a la autodeterminación nacional.
Esta es la importancia de la conclusión que nosotros consideramos necesaria, de ser dictaminada por todos en este ángulo, en esta apreciación.
Señala el Presidente de la República con énfasis en su informe: Proseguimos ampliando y profundizando nuestras relaciones con las naciones caribeñas.
Participamos en la conferencia económica regional en Jamaica, aumentando la presencia en esta área, que es nuestra tercera frontera.
Esperamos que las reformas iniciadas en Cuba, pronto permitan una dinámica de mayor acercamiento con América Latina y también un clima de menores dimensiones con los Estados Unidos".
En esa apreciación coincidimos, dice Salinas de Gortari, los presidentes del Grupo de los Tres en la reunión realizada recientemente en Cozumel.
Cabe aquí destacar el alto valor que adquiere el hecho importante, trascendente, relativo a la invitación, a iniciativa de México, del doctor Fidel Castro presidente de Cuba, en dicha reunión.
Y adquiere alto valor porque Cuba sigue siendo bloqueada, se intensifican las amenazas sobre Cuba, hoy sobre Cuba arrecia la amenaza de agresión armada de los Estados Unidos y no podemos soslayarlos, no podríamos dejar de mencionarlo con firmeza.
En su propio interés y asumiendo una vez más su vocación solidaria, es base esencial de la política exterior que responde a los más profundos intereses nacionales la defensa, en lo que a México y a su pueblo corresponde de la plena, de la total soberanía de Cuba.
El pueblo cubano ha resistido y resiste heroicamente más de 30 años de agresiones, bloqueos y toda clase de acciones hostiles de parte de los Estados Unidos. Hoy esta política, a tono con la línea del gobierno de los Estados Unidos de aprovechar para sus fines la situación internacional y el debilitamiento de las posiciones internacionalistas y de los compromisos económicos
de la Unión Soviética, aumentan su agresividad contra el país hermano y con la intensificación del bloqueo, las amenazas de ataque militar contra Cuba. Debe terminar el criminal bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y devolverse a sus legítimos dueños el territorio ocupado por la base norteamericana de Guantánamo.
El pueblo cubano y su dirigencia revolucionaria siguen dando un ejemplo alto de firmeza, al mismo tiempo que de decisión y para decidir su proceso de rectificación, cambios y renovación profundos, pero con autonomía propia, en función de sus intereses y no de los intereses de otros países.
Vale la pena recordar aquí una parte de lo que han dicho y resuelto en su último congreso, muy reciente, los comunistas cubanos: "El mundo ha cambiado, hoy los enemigos de los pueblos se sienten más poderosos que nunca, pero la verdadera fuerza, la que impondrá una mañana mejor, la que no podrá jamás ser derrotada, es la voluntad de independencia, de libertad y desarrollo de los pueblos como principio básico rector de nuestra política exterior, dicen los cubanos, el IV Congreso enarbola, una vez más, las palabras del compañero Fidel Castro: ¡No nos doblegaremos jamás a la exigencia y al chantaje imperialistas! ¡Nosotros no perseguimos intereses chauvinistas, nosotros no comerciamos con nuestra política internacional, nosotros estamos dispuestos a resistir digna y abnegadamente los años que sean necesarios de bloqueo imperialista, si otros transigen, si otros se dejan sobornar, si otros traicionan, Cuba sabrá mantenerse como ejemplo de una revolución que no claudica, que no se vende, que no se rinde, que no se pone de rodillas".
Y este ejemplo es también para nosotros los mexicanos y es también en las condiciones de los nuevos desafíos el caso de México. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: Agradecemos al compañero diputado del Frente Cardenista, Manuel Terrazas Guerrero, su intervención.
Tiene la palabra el compañero diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: Señor Presidente; compañeros legisladores:
En el informe que rindió a esta soberanía el licenciado Salinas de Gortari, al abordar las relaciones México - Estados Unidos afirmó: "La actitud respetuosa del gobierno de los Estados unidos hacia México y una nueva disposición ajena a mitos y prejuicios, han permitido cambiar nuestras complejas y difíciles relaciones, al destacar las coincidencias y al aprender a dirimir y respetar nuestras diferencias".
¿Qué quiere decir el titular del Ejecutivo cuando habla de una disposición ajena a mitos y prejuicios? ¿Es posible, en la compleja relación México - Estados Unidos, plantearse el borrón y cuenta nueva, como lo afirma en su informe? Nosotros pensamos que esto no es posible, las lecciones políticas que debemos extraer de algunos de nuestros acuerdos anteriores con los Estados Unidos son inequívocas. Nuestro país perdió cuando los gobiernos se arrogaron la representación de los mexicanos, dando la espalda a los auténticos intereses de nuestro pueblo. Analicemos sólo algunos ejemplos ilustrativos de esto que estamos afirmando.
Veamos el Tratado Mc Lane - Ocampo, firmando en el año de 1859, al refugiarse en Veracruz el gobierno juarista, después del autogolpe de Estado de Comonfort.
El interés de este grupo de liberales por obtener el reconocimiento rápido del gobierno de los Estados Unidos, lo llevó a tomar una decisión precipitada: poner a discusión con los Estados Unidos una vieja concesión del derecho de tránsito por Istmo de Tehuantepec, adicionándola con las líneas de Nogales a Guaymas y de Mazatlán a Puerto (?) Camargo.
Con este acuerdo se cedía soberanía a cambio de reconocimiento diplomático, una vez obtenido éste, hubo que añadir una convención anexa a dicho tratado, para remediar el problema de soberanía perdida de los mexicanos, cuyo gobierno ciertamente alcanzó su objetivo inmediato.
Es hasta el año de 1937, que los aspectos más lesivos de este tratado fueron anulados. El general Lázaro Cárdenas, al rendir su III Informe al Congreso de la Unión, el 1o. de septiembre de 1937 señalaba: "México, aunque siempre respetuoso de los tratados, ha pugnado por modificar aquellos que en alguna forma pueden ser lesivos para su libertad o su soberanía. A este respecto debo informar al honorable Congreso, que el 13 de abril próximo pasado se firmó en Washington, entre nuestro embajador y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, un convenio que deroga el artículo 8o. del Tratado de Límites suscrito por México en 1853. El artículo suprimido concedía al gobierno norteamericano
el libre tránsito de personas y cosas por el Istmo de Tehuantepec y prevenía un arreglo para el paso de tropas y municiones de los Estados Unidos, siempre que el gobierno de este país tuviera ocasión de enviarlas a una parte de su territorio a otra situada en el lado opuesto del continente".
Otro tratado lesivo para nuestro país, lo constituyó el Tratado De la Huerta - Lamond, firmando en 1922, también producto de la urgencia de obtener el reconocimiento de los Estados Unidos.
El Presidente Alvaro Obregón, por medio de su secretario de Hacienda, Adolfo De la Huerta, suscribió una serie de acuerdos para arreglar temporalmente los problemas de la deuda externa.
Particularmente con los Estados Unidos la deuda se atendió, pero quedaron pendientes otras dos demandas norteamericanas: la reparación de los daños causados por la lucha armada en los bienes de sus ciudadanos, radicados en nuestro país y la interpretación no retroactiva del artículo 27 constitucional. Una urgencia financiera llevó a Alvaro Obregón a pagar caras sus prisas, que además resultaron estériles.
El reconocimiento diplomático solamente lo obtuvo hasta 1924, después de firmar los Tratados de Bucareli, en los cuales, prácticamente se le dio la razón a los norteamericanos en esas dos exigencias. Por esas ironías de la historia, en 1923, De la Huerta encabezó una rebelión contra Obregón, llamándolo "entreguista y proimperialista" por la suscripción de estos tratados. La ironía proviene de que De la Huerta había tenido participación activa en los tratados que después criticaba.
Alvaro Obregón, al abrirse las sesiones del Congreso en el 1o. de septiembre de 1922, señalaba:
"En mi mensaje leído hoy, hace un año, en este mismo recinto, señale concretamente las actitudes asumidas por los gobiernos de Washington y de México ante el problema de la normalización de sus relaciones políticas como siguen:
Actitud de gobierno americano. Abstenerse de reconocer al gobierno actual de México y de reanudar con él sus relaciones diplomáticas, mientras no cuente con las garantías que en su concepto son necesarias para la seguridad de los derechos adquiridos legalmente por los ciudadanos americanos en nuestro territorio, antes de la vigencia de la Constitución de 1917. El Departamento de Estado de Washington propuso al efecto, desde el 27 de mayo de 1921, el proyecto de un tratado de amistad y comercio, con estipulaciones conducentes a tal fin".
En esta cita del informe de Alvaro Obregón queda claro cómo el gobierno de los Estados Unidos metía en un solo paquete el reconocimiento de su gobierno y las garantías pedidas y concedidas en los Tratados de Bucareli, junto con la suscripción de un Tratado de Libre Comercio.
Dentro de su entreguismo, Obregón ponía ciertas condiciones para el tratado de comercio y amistad con los Estados Unidos. En su informe del 1o. de septiembre de 1924, el caudillo informaba: "Debo finalmente informar, con relación a las diversas negociaciones efectuadas con los Estados Unidos, que durante la estancia del embajador Warren en esta ciudad, se cambiaron impresiones sobre la convivencia de celebrar un tratado de amistad y comercio con el vecino país del norte, habiéndose declarado por México que en principio se acepta la idea de la celebración de dicho tratado, siempre que se parta de la base de establecer una libertad absoluta entre el comercio de ambos países y se deroguen las numerosas restricciones que en forma de embargo impiden en la actualidad la exportación de muchos de nuestros productos a la República del Norte.
La negociación quedará pendiente hasta en tanto pueda el gobierno americano decidir según sus declaraciones, las declaraciones de su embajador, acerca de la política que sobre materias semejantes adopte aquél país.
Si destacamos estos hechos históricos es con el fin de salirle al paso a frases rimbombantes supuestamente modernizadoras para enfrentar la compleja y difícil relación con nuestro vecino del norte. Nuestro partido ha planteado en todos los tonos posibles que sólo un gobierno con consenso nacional es garantía de que los intereses de la nación serán salvaguardados; no nos oponemos a la firma de un Tratado de libre Comercio sino en las formas y métodos que el actual grupo gobernante está empleando en las negociaciones; pero sobre todo nos preocupa bastante que tras la suscripción del Tratado de Libre Comercio se estén dando pasos atrás en la política exterior de nuestro país que durante algún tiempo fue el punto de consenso de los mexicanos.
En realidad lo que el señor Salinas de Gortari evitó informar es que el objetivo fundamental de su gobierno es la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá, al que se le considera como la garantía del éxito del proyecto de crecimiento hacia afuera de la economía mexicana. Todo lo demás, unipolaridad,
intervencionismo militar en los subsistemas regionales, etcétera, es lo de menos.
A los ojos de la élite política actual Estados Unidos ha dejado de ser visto como un problema para la seguridad mexicana y gracias a la crisis económica iniciada en 1982 ha pasado a ser visto como la gran solución al problema de la viabilidad económica de México, sólo la unión subordinada con el poderoso del norte nos salvará y sobre todo salvará a los individuos de intereses del grupo que conforman la élite nativa. Los tecnócratas neoliberales que hoy tienen en sus manos el poder político de México, plantean la modernización por la vía del mercado; es decir, del capitalismo sin trabas internas o externas. La tecnocracia en el poder ve con entusiasmo la posibilidad de que una fuerza externa, la fuerza del capitalismo norteamericano, sea el ariete que rompa en mil pedazos los intereses creados que se oponen a la desaparición de una tradición dañina; estatismo y populismo y ponga de una vez por todas en el camino del progreso material, a una sociedad renuente a la modernización como la mexicana.
El actual grupo en el poder ha decidido hacer de la crisis de la clase política pos revolucionaria un oportunidad y para ello han lanzado por la borda el viejo populismo nacionalista mexicano cargado de una retórica antiimperialista y en su lugar han puesto una definición del interés nacional que requiere para materializarse de un estrechamiento de los vínculos políticos y económicos con la gran potencia del norte. Al punto, el Tratado de Libre Comercio con América del norte es sólo el primer paso en un camino que tiene como meta lo que apenas ayer se consideraba como el destino a evitar: la absorción de la economía mexicana a la norteamericana.
En esta concepción, se pretende desechar el nacionalismo histórico por un impreciso nuevo nacionalismo, así lo expresa el licenciado Salinas cuando afirma; "Históricamente el impulso de nacionalismo ha sido la respuesta a un desafío externo; hoy ese desafío está en riesgo de quedar fuera, al margen de los nuevos procesos integradores del mundo, de las grandes corrientes del intercambio y de los recursos, eso sería debilitarse y secumbir".
Es una excelente respuesta de uno de los más importantes teóricos del nacionalismo mexicano, el doctor Arnaldo Córdoba que escribía ayer en un diario capitalino los siguiente: "Nunca he entendido por qué Salinas considera que nuestro nacionalismo histórico fue una reivindicación de nuestro ser nacional, que entraño por definición la cerrazón frente al mundo, la riposidad frente a los poderosos que siempre nos habían dominado y la negociación al cambio radical de nuestras estructuras económicas y sociales".
En realidad jamás fue así, ni Carranza ni Cárdenas se cerraron frente al mundo. El primero ordenó a sus tropas batir la caballería de Pershing en El Carrizal, porque habíamos sido inválidos. El segundo esperaba en El Ebano un telegrama del presidente Calles, que el ordenara incendiar los pozos petroleros si los estadounidenses no invadían, pero ambos como presidentes buscaron siempre arreglar pacíficamente nuestras diferencias con Estados Unidos y nunca desistieron del esfuerzo por encontrar una plataforma de principios y de programas que nos permitieran un trato justo en nuestras relaciones con el gran vecino del norte.
Pero si en la óptica de la tecnocracia mexicana la firma del Tratado de Libre Comercio es vista como la salvación, al grado de organizar el año pasado en Monterrey una concentración al presidente norteamericano, donde se coreó el estribillo de "Bush, amigo, el pueblo está contigo", paralelamente el interés estadounidense en los mercados y materias primas de nuestra región, empezaron a articularse. De ahí la propuesta de la actual administración norteamericana, denominada "La iniciativa de las Américas", de la cual firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte es sólo un primer paso.
Hoy en día cualquiera que analice en detalle los programas de acción aplicados en México por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, concluirá que el proceso que lleva al Acuerdo de Libre Comercio, así como la privatización y extranjerización de la reserva mineral, la banca y partes sustanciales de la industria petroquímica y petrolera, arrancó con la firma de la Carta de Intención signada en el Fondo Monetario Internacional de 1982.
Paulatinamente, el proceso de toma de decisiones en materia de política económica, se ha desnacionalizado; la política de inversión extranjera y de comercio exterior, así como la desnacionalización y desincorporación de empresas públicas, han sido procesos que responden a las necesidades temporales y materiales de Washington, expresadas por medio de sugerencias con gran fuerza persuasiva, por medio del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial.
Asimismo, el proceso de incorporación de la petroquímica y de Petróleos Mexicanos y lo
central del sector energético dentro del aparato empresarial norteamericano y también mexicano, aunque como socios menores por su falta de capital y tecnología, además de constituir un objetivo para seguridad nacional de los Estados Unidos, es también sin duda un excelente negocio.
La proximidad geográfica de la cuarta reserva mundial localizada sobre el territorio y aguas mexicanas y la enorme ventaja estratégica que ofrece, porque nuestra reserva petrolera y Estados Unidos no median las largas y vulnerables líneas de comunicación marítimas, ayudan a explicar la insistencia del gobierno norteamericano de incorporar nuestros inmensos recursos petrolíferos y nuestra industria petroquímica, en el contexto de las relaciones explicitadas en el Tratado de Libre Comercio y que ya en los hechos están siendo sometidas a programas de desregulación y privatización.
El Partido de la Revolución Democrática y otras fuerzas patrióticas de nuestro país, hemos planteado que en los términos en que se están conduciendo las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, significan una mayor integración no sólo económica sino política a los Estados Unidos.
Este gobierno todos los días no insiste en que las negociaciones se efectúan respetando la soberanía del país, que la Constitución de la República no está en la mesa de las negociaciones; sin embargo, todos los días también la terca realidad nos indica otra orientación.
Como prueba de lo anterior recordemos que en mayo de este año, una prestigiosa semanal de nuestro país, público un memorándum confidencial del embajador de los Estados Unidos, John Dimitri Negroponte, dirigido al gobierno de su país, donde sitúa las coordenadas exactas de la visión norteamericana. Este documento confidencial, refutado por la cancillería mexicana pero nunca desmentido por la parte norteamericana, plantea algunos argumentos. Y dice: "Primero.
La dimensión política exterior. México está en el proceso de cambiar drásticamente la sustancia e imagen de su política exterior. Ha ido de una visión ideológica nacionalista y proteccionista a una visión de los problemas mundiales más pragmática y competitiva hacia afuera. El factor de obligó a ese cambio fue el fracaso de la política previa para responder a las necesidades del pueblo mexicano, pero el mejor y más responsable liderazgo político fue claramente un factor indispensable".
Más adelante, el embajador Negroponte, al dirigirse a sus superiores, asegura: "Desde una perspectiva de la política exterior un Tratado de Libre Comercio institucionalizaría la aceptación de una orientación estadounidense de las relaciones exteriores de México. Sólo piensa en como esto contrasta con comportamientos pasados, previamente como ahora 60 ó 70% de los negocios mexicanos era con los Estados Unidos, pero si nos escuchaban en un debate en la Organización de Naciones Unidas o discutiendo en Centroamérica hubieras pensado que éramos archienemigos.
El hecho de que la mayor parte de los tratos de México con el exterior eran con Estados Unidos fue enmascarado cuidadosamente a través de varios mecanismos de defensa. En cierta manera la adopción de un Tratado de Libre Comercio nos ayudaría a poner de forma abierta y legítima lo que muchos sienten debería ser la relación de México y Estados Unidos hace mucho tiempo."
Esta es la apreciación del embajador norteamericano sobre los cambios en la orientación de la política exterior mexicana.
En defensa de la soberanía y de los intereses nacionales, el Partido de la Revolución Democrática se ha pronunciado insistentemente por la creación de un tratado continental de desarrollo y comercio que impulse el crecimiento y el bienestar de los países involucrados, sobre la base de un orden económico internacional más justo y estable.
Además de este Tratado Continental de Desarrollo y Comercio tendría que incluir necesariamente una verdadera solución al encadenamiento tributario que sufren nuestras naciones y que se expresa en el alto condicionamiento y selectividad de las negociaciones en el esquema de Brandy; y en el mantenimiento de un pesado servicio de la deuda externa que todavía enfrentan las naciones latinoamericanas.
En el caso de México ya se ha mencionado en esta tribuna el hecho de que después de la renegociación de la deuda externa que culminó en febrero de 1990, el país aún ha debido sostener un pago anual de intereses del orden de los 9 mil millones de dólares. Además, ni los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ni los gobiernos miembros del Club de París, han reducido un centavo al saldo de la deuda, cuando en los mercados secundarios se cotiza a menos del 50% de su valor nominal, ni tampoco han disminuido
las tasas de interés de la deuda mexicana o de los restantes deudores latinoamericanos.
Son fáciles de comprender las enormes desventajas con las que México llegará al Tratado de Libre Comercio si se sigue por la ruta que el gobierno ha impuesto hasta este momento. El país deberá contender en los mercados norteamericano y canadiense con obvias desventajas productivas en su planta industrial, en el desarrollo científico y tecnológico, en el desarrollo de la capacidad productiva agropecuaria, en la fuerza del mercado interno y muchos otros aspectos más, pero adicionalmente tendrá que ingresar a este extremo nivel de competencia, cargando como nación con el peso de una deuda externa que, si bien, ha sido parcial e insuficientemente disminuida en lo que al saldo de la banca comercial se refiere es aún muy significativa, sumando los saldos acumulados por los organismos internacionales y los gobiernos de los países miembros del Club de París.
Es decir, el gobierno pretende que la nación sea capaz de tensar al máximo el desarrollo de su capacidad productiva y competitiva y que, además, se mantenga pagando en sus términos actuales una pesada deuda externa que tiene mucho de inequitativa.
Esta es una de las razones importantes por las cuales el Partido de la Revolución Democrática insiste en la creación de un Tratado Continental para el Desarrollo y el Comercio que incluya entre sus elementos la necesidad de que la deuda externa sea reducida sustancialmente tanto en su saldo y su servicio como condición para que las naciones latinoamericanas puedan acceder progresivamente a la más moderna competitividad internacional en su propios mercados y en los mercados más desarrollados de Estados Unidos y del Canadá.
El gobierno, sin embargo, continúa dando pasos acelerados a las negociaciones que pretenden concluir en el ya próximo 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio, sobre la base de lo que unilateralmente ha establecido el propio Ejecutivo, que no incorpora las legítimas preocupaciones expresadas por mi partido y otros partidos de la oposición y las emitidas a diario por múltiples y diversos voceros de la sociedad civil mexicana, empresarios, investigadores universitarios, líderes sindicales, etcétera.
En su Tercer informe de gobierno, el licenciado Salinas de Gortari ha anunciado que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio han llegado a una nueva fase al iniciarse la revisión de los textos de lo que constituirá el acuerdo.
El Partido de la Revolución Democrática ha insistido en que la enorme trascendencia de los asuntos que serán probablemente incluidos en el Tratado de Libre Comercio, obligan la participación directa no sólo del Senado de la República, sino de la Cámara de Diputados y del Congresos General.
Es obvio que el enlace de lo que se negocia puede afectar la legislación hoy vigente en una cantidad importante de esferas de la vida nacional, es por lo tanto manifiesta la competencia, el derecho y más aún, la obligación de la Cámara de Diputados de participar e incidir en las negociaciones.
El propio Salinas de Gortari ha reconocido en el Tercer informe de gobierno que los acuerdos que se toman influirán por muchos años en el desenvolvimiento económico del país, al señalar su opinión de que los negociadores actúan con seriedad, responsabilidad y profundo patriotismo.
Es demasiado lo que está en juego para confiarlo a la mucha o poca responsabilidad y patriotismo de un pequeño número de funcionarios públicos. La nación en su conjunto debe establecer las bases de ese tratado, debe conocerse al detalle y seguido paso a paso para evaluar, a través de sus representantes y expresiones de todas las corrientes políticas e ideológicas del país lo que debe ser su sustancia y eso no ha ocurrido en México. La llamada amplia consulta pública realizada por el Senado y señalada por Salinas como elemento dador de legitimidad de origen al inicio de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, con todo el respeto que merece ese cuerpo que adolece de la grave falta de pluralidad política que todos conocemos, fue un foro superficial realizado al vapor, que además en sus conclusiones no incorporó los elementos críticos, que a pesar de todo se virtieron en la apresurada consulta pública.
En la LIV Legislatura, el Partido de la Revolución Democrática presentó a la consideración de la plenaria una iniciativa de modificaciones a tres artículos de la Constitución , para que se quede explícitamente establecido en el texto de la Carta Magna lo que hoy es espíritu, que los tratados y acuerdos internacionales tienen que ser obligatoriamente sometidos a la aprobación del Congreso, y por lo tanto de las dos cámaras.
Desgraciadamente esta iniciativa sufrió la misma suerte que la de la mayor parte de las iniciativas de la oposición presentadas a la legislatura pasada.
El Presidente: - Compañero diputado, discúlpeme usted. Queremos hacer una exhortación a los compañeros diputados a que bajemos el tono de las conversaciones, porque evidentemente no se está pudiendo escuchar correctamente al compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática.
Continúe diputado.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Desgraciadamente, decíamos, esta iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática sufrió la misma suerte que la de la mayor parte de las iniciativas de la oposición presentadas en la Legislatura anterior; no se discutió en comisiones ni a favor ni en contra, se le aplicó la famosa ley de "la congeladora".
En virtud de lo que he expuesto hasta ahora y con fundamento el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de la Unión, la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propone a esta soberanía el siguiente punto de acuerdo.
Voy a dar lectura a este punto de acuerdo que proponemos:
«Ciudadano Rafael Fernández Tomás.- Presidente de la Cámara de Diputados.- Presente.
Considerando que existe consenso entre todos los partidos políticos representados en esta Cámara de Diputados de la idea de que la firma de un Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá afectará el comportamiento de la economía del país durante el período de largo plazo, esta misma idea ha sido expresada por el titular del Ejecutivo, licenciado Carlos Salinas de Gortari, en su Tercer informe de gobierno. El titular del Ejecutivo ha dejado establecida su voluntad de ampliar la información sobre el Tratado de Libre Comercio, a las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados.
Importantes aspectos de la vida nacional que serán incorporados a la negociación del Tratado de Libre Comercio, corresponden a áreas legislativas de competencia de esta Cámara de Diputados.
Con el fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, los abajo suscritos, integrantes de la LV Legislatura proponemos a esta soberanía el siguiente
PUNTO DE ACUERDO
Uno. Se solicite atentamente al titular del Ejecutivo, ciudadano Carlos Salinas de Gortari, el inmediato envío de los borradores del Tratado de Libre Comercio, que han comenzado a ser analizados por los negociadores representantes de los gobiernos de México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá, para el conocimiento y discusión de esta soberanía.
Dos. Se invite al titular de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ciudadano Jaime Serra Puche, para que considere, conjuntamente con esta soberanía, los más recientes avances de las negociaciones.
Dando el Recinto Alterno de la Cámara de Diputados, el 7 de noviembre de 1991.» Dejo entonces este punto de acuerdo, para que se le dé trámite de acuerdo con el reglamento de esta soberanía. Muchas gracias.
El Presidente: - El señor diputado ha recogido el punto de acuerdo que usted está señalando, dado que estamos terminando ahora la lista de oradores, queremos sugerirle a usted y a todos los compañeros diputados, que terminemos la lista de oradores, que terminemos el orden del día y vamos a someter a consideración este punto de acuerdo al mismo día de hoy.
Tiene la palabra: Le agradecemos al compañero diputado del Partido de la Revolución Democrática, Elpidio Tovar de la Cruz, al compañero diputado Enrique Caballero Peraza, del Partido Acción Nacional.
El diputado Juan Enrique Caballero Peraza: -Con su venia, señor Presidente, compañeros diputados.
Nuestro partido, acción Nacional, de su primera plataforma legislativa de 1943, se preocupó por la parte de la política exterior de nuestro país.
Nuestra filosofía se reflejo en aquella ocasión desde entonces por la preocupación, por la identidad nacional, y nuestro destino como país.
En las subsecuentes plataformas principalmente en la de 1949, se hace patente y explícita nuestra preocupación como partido político, por el orden internacional y la paz, sin dejar de mencionar la vinculación con Iberoamérica para obtener un régimen de derecho en las relaciones internacionales, basado en la igualdad jurídica y el respeto a la identidad, al patrimonio físico y moral de las naciones y su libre determinación interna, basado en la dignidad de la persona humana, y principalmente en la autenticidad de la representación política del pueblo y el servicio del bien común.
Si bien es cierto que las transformaciones se están dando, en ocasiones los cambios se suceden sin la plena conciencia o sin un plan definido que articule la acción interna con los que se realizan en la política exterior. Estas transformaciones debemos conocerlas, distinguirlas o por lo menos suponerlas, para que sirvan de marco de referencia en el tránsito de México, para que así vivamos un papel protagónico y entendamos cuál es la comunidad en la que está inserto.
Es indudable que existe una creciente tendencia en el mundo, buscando en la democracia representativa, la solución a muchos conflictos.
Es notorio que una multitud de países de todas partes del mundo, estén cambiando de régimen.
En los países del antiguo bloque comunista, las reformas del Estado hacia la democracia, han significado cambios sustanciales en el régimen del partidos, pues muchos de ellos han pasado del partido único o bien partido de Estado, hacia un juego más libre de agrupaciones políticas y de participación ciudadana.
Mientras más países se sumen a los sistemas democráticos, el orden internacional se transformará por el nuevo determinante de naciones en sistemas más justos. Cada país puede aportar o trata de detener la democracia. A su vez, si cambia el orden internacional, los países tendrán que sumarse a este movimiento.
En lo concerniente al informe presentado por el titular del Poder Ejecutivo en lo referente a política internacional, en esta segunda oportunidad que tiene el Partido Acción Nacional, quisiera hacer una muy especial mención en un punto que por su relevancia hemos considerado que requiere de un análisis particular.
Cito textualmente las palabras del mensaje político del Presidente:
"Reconocemos la necesidad de contar con organismos multilaterales cuya fuerza pueda contribuir a causas humanitarias.
Pero no podemos aceptar que se pretenda dárseles facultades para intervenir en los asuntos internos de otras naciones.
Hoy, los actos políticos internos son observados y comentados desde el exterior. Pero el día en que México entregue decisiones políticas internas árbitros externos, habrá puesto en entredicho su soberanía. Por eso, no podemos aceptar que se pretenda dirimir nuestras diferencias políticas en el extranjero". Texto del informe.
Nosotros estamos de acuerdo en que no debe haber injerencia externa que funja como árbitro que dirima controversias en el ámbito interno.
Sin embargo, esto no debe significar el desconocimiento de tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado de la República que nos obliguen a respetar los derechos humanos, incluyendo claro está, los derechos políticos que se encuentran reiteradamente suscritos por México, como ejemplo podemos citar a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, la cual fue llevada a cabo en noviembre de 1979, y ratificada por el gobierno mexicano hasta el 3 de abril de 1982 con declaraciones interpretativas y reservas tales como la no obligación de adoptar o mantener en vigor una legislación que proteja la vida a partir del momento de su concepción. Dicha reserva, por cierto, no consideramos que sea del todo civilizada, ya que el derecho humano primordial, es el derecho a la vida.
Afortunadamente los tiempos han cambiado desde 1982 y esperamos que en éste, como en algunos otros temas, se puedan realizar cambios torales a nuestra constitución, que nos permitan signar sin reservas este pacto mencionado.
Podemos remontarnos a la Carta de la Organización de los Estados Unidos Americanos, la cual fue suscrita en Bogotá en 1948 y luego modificada mediante el protocolo de Buenos Aires, de 1970, de la cual México es Estado miembro.
Dicho sea de paso, la Organización de los Estados Americanos, es la asociación regional de naciones, más antigua del mundo que persiste, ya que su origen se remota a la primera conferencia internacional americana que se realizó en el distrito de Columbia en 1890. En dicha carta, en su artículo 2o., nos dice a la letra:
"La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales, de los cuales sólo mencionaremos dos:
Afianzar la paz y la seguridad del continente; promover y consolidar la democracia representativa."
Este último, es el que ahora nos ocupa.
No podemos admitir un concepto equívoco, asilacionista y anacrónico de soberanía que justifique la ignorancia que la sola convivencia entre los pueblos; engendra de hecho y de derecho, obligaciones para todos ellos. No es válido escudarse en conceptos desviados de autodeterminación.
La política exterior de México, debe servir a la causa de la democracia auténtica y de la paz verdadera. Rechazar cualquier falso pacifismo y cualquier simulación de democracia y ayudar a la organización y fortalecimiento de instituciones que hagan posible la paz y la justicia internacional.
Considero que es por ello que el gobierno mexicano, en el Pacto de San José, previamente mencionado, se compromete a lo siguiente:
En el artículo primero, a respetar los derechos, libertades y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole; origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Para los efectos de la convención, personas es: todo ser humano.
Existe un compromiso muy claro, señalado en el artículo 2o. del mismo Pacto que menciona:
"Si el ejercicio de los derechos y libertades ya mencionados no estuviesen garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados parte se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarios para hacer efectivos tales derechos y libertades."
En el artículo 23, sobre los derechos políticos se menciona lo siguiente: Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: De participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente, o por medio de representantes libremente elegidos; de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de electores. Y, tómese nota, de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país.
A este respecto, no creo definitivamente que el derroche manifiesto que se observa en algunas campañas del partido de Estado, el uso indiscriminado y lacerante de recursos públicos, en ocasiones y la manipulación que se realiza a los colores de nuestra bandera, que es retorcida en la búsqueda de una mezcla amorfa e incongruente de patria, partido y ahora solidaridad como programa de gobierno, nos ponga en condiciones de igualdad.
Tal vez haya quien piense que el Pacto de San José está muy bien allá en Costa Rica. Pero creo que el sentido común nos indica, sin duda, que las características de los derechos del hombre, reconocidos expresamente en este documento y en decisiones que la historia ha recogido, son valores de trascendencia personal y social, anteriores y superiores a la legislación positiva y que, por ser universal, deben incorporarse a la legislación de todos los países.
A este punto, derechos carentes de garantía para ser respetados y con un mínimo de seguridad jurídica, serían derechos declarativos.
Es por ello que el Pacto de San José, en su artículo 33 señala como instancias competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados - partes, a dos organismos:
Uno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro: La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Así que no hay razón para sorprendernos que existan instancias internacionales de protección de derechos humanos y a ellos se recurra por violaciones de los mismos.
Es entendible, claro está, que las resoluciones que se han dado de parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de hecho del sistema político mexicano y, específicamente, de algunas legislaciones electorales de los estados y como ejemplo podemos citar:
Chihuahua 1986, Durango en el mismo año y Nuevo León en 1988, produzca cierta molestia a quienes quisieran que la imagen internacional de México, en lo electoral, fuera nítida y sin mancha. ¡Nosotros también quisiéramos eso!
Nuestro país afortunadamente ha mejorado su imagen en lo internacional. Hay una aparente recuperación económica, pero desgraciadamente la imagen en algunos sectores de la opinión pública internacional, es la de México, el país donde todavía no se respeta de una manera total la voluntad popular. Y es motivo de vergüenza que nos comparen con las últimas dictaduras sobrevivientes del hemisferio.
México no debe ser ya el país del fraude electoral Debemos de quitarnos ese estigma y estoy seguro que con la cooperación de todos nosotros, quienes integramos la LV Legislatura, podremos conformar una legislación clara para la cual, antes que nada, deberá de existir voluntad política de respeto a la misma en su aplicación.
El Partido Acción Nacional, desde su fundación, ha sostenido que ningún gobierno, ningún estado o grupo de estados puedan invocar la autodeterminación para exportar subversiones, para justificar la violación de derechos humanos en contra de sus propios pueblos o para cometer injusticias, mediante el abuso de su prepotencia militar o económica. Y no pueden condenarse las justas actuaciones de autoridades internacionales, imparciales, no unilaterales, competentes y previamente establecidas en defensa de los derechos humanos, cuando las exijan el bien común de un pueblo.
Esta posición del partido, señores, no es nueva de ninguna manera, la sustentamos desde 1939 y, curiosamente, encaja de una forma exacta con el momento que ahora ocupa nuestra atención.
Por todo lo anterior, además de la respetabilidad y la fuerza moral avaladas por el derecho internacional que tienen todos los compromisos internacionales avalados por México, en estos casos la obligatoriedad es absolutamente jurídica y política, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución, el cual establece que "ésta misma, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la unión".
En esta materia, es inaceptable la negativa del Presidente a la utilización de estas instancias perfectamente legales. El gobierno y las instituciones deben de ser congruentes y consecuentes con la realidad política del México cambiante.
Ahora que estamos tratando de abrirnos al mundo, será necesario la aceptación de los tratados internacionales mencionados y de otros que tendrán que crearse para el apropiado equilibrio entre los países.
En un afán de congruencia con el universo de las naciones, consideremos que no basta con visitas de cortesía entre jefes de estado. Para lograr la integración de los pueblos las relaciones deben de profundizarse y existir a todo nivel, incluyendo en ellas a los poderes Legislativo y Judicial.
La comunidad internacional ha tenido una clara participación cuando se ha violentado el estado de derecho y la soberanía de un pueblo. Ya el Presidente hizo mención de la invasión de Kuwait. Pero la soberanía no siempre es violentada desde el exterior. El agente agresor o represor puede encontrarse en casa; la violación a la soberanía se presenta también cuando el pueblo, que es su titular, se le impide autodeterminarse políticamente.
Es por ello que consideramos y así quedó plasmado en nuestra plataforma política, que México debe no solamente aceptar las recomendaciones de organismos internacionales, sino convertirse en promotor de la creación de organismos multilaterales y supracionales de tercera generación, que tengan representación de los pueblos y no exclusivamente de gobiernos, donde los mismos se interrelacionen por afinidades ideológicas y de objetivos comunes, donde se termine el anacrónico derecho de veto del que gozan las superpotencias en las Naciones Unidas, con el fin de que Latinoamérica y finalmente la humanidad toda, en un mundo donde exista la concordia, la paz y la buena voluntad, pueda participar al lado de sus hermanos en la búsqueda y consecución del bien común universal. Para lograr que vivamos todos en una democracia plena, gozando de la correcta administración de la justicia, en el marco irrenunciable de la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muy bien, compañero. Agradecemos al compañero diputado de Acción Nacional, Enrique Caballero Peraza, su intervención.
Y está en el uso de la palabra, para cerrar el turno de oradores de este punto por el Partido Revolucionario Institucional, la diputada Julieta Guevara Bautista.
La diputada María de la Luz Julieta Guevara Bautista: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Las relaciones internacionales han sufrido una transformación tan profunda y acelerada en los últimos años, que han obligado a todos los países a replantear su política exterior. Países de ideologías y niveles de desarrollo diferentes están transformados sus económicas y suprimiendo obstáculos, a fin de sustentarse, competir y hacer prevalecer sus intereses en la nueva relación internacional en gestación.
Se trata de reconocer y asumir una nueva realidad internacional y de participar en ella. Una nueva realidad internacional que a partir de una revolución tecnológica ha integrado pueblos distintos y distantes en una sola tierra, a un mismo tiempo y destino. Y por primera vez en una historia que será desde ahora verdaderamente universal.
Los pueblos del mundo, unidos por la creciente internacionalización de numerosos procesos sociales
y enlazados por complejas redes de comunicación, que hacen posibles extraordinarias cadenas de producción y de comercio, tanto como exactos sistemas financieros que integran nuevos bloques económicos y aún políticos, hoy también tienen que compartir problemas y esperanzas.
Problemas que como la contaminación o el narcotráfico no pueden hallar solución eficaz dentro de las fronteras nacionales. Esperanzas de tener acceso al portentoso avance científico y tecnológico, para construir una sociedad mundial en la que la cooperación internacional los libre de la miseria y de la ignorancia.
Así, la política exterior de México ha tenido que considerar esta creciente interdependencia planetaria.
Por esto, es distintos foros el Ejecutivo Federal ha manifiesto su decisión de aprovechar los cauces que puedan abrirse a nuestro desarrollo y contrarrestar las tendencias de servidumbre tecnológica, económica, ideológica y cultural que puedan provenir de la nueva escena internacional.
Simultáneamente a este proceso globalizador, el mundo recibió con beneplácito el fin de la guerra fría y con preocupación el posible desequilibrio del poder a nivel mundial.
La distensión entre la dos potencias que habían venido compitiendo por la hegemonía mundial, trajo la posibilidad de una mayor libertad en las relaciones internacionales, alejadas ya de actitudes excluyentes entre bloques, así como la oportunidad de que los enormes recursos antes gastados en la carretera armamentista, se dirigieran a promover el mejoramiento de las condiciones de vida. En contraste, apareció el riesgo de que tras el pretendido fin de las ideologías, se trate de imponer una de ellas y de que los recursos liberados sirvan para agravar la dependencia y explotación económica de los países en vías de desarrollo.
Son tiempos de riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades que han sido estimados también por una política exterior, cuya formulación y práctica torna cada vez más intrincadas.
De igual modo, la misma dinámica mundial ha originado nuevos centros de decisión financiera, que junto con la lucha por los mercados internacionales, han traído como resultado la aparición de nuevos polos y regiones de desarrollo.
La política exterior, por lo tanto, ha tenido que tomar en cuenta estas nuevas relaciones de poder y encarar el reto de la multipolaridad, que parece ser la perspectiva futura de la situación mundial. Ha sido necesario, en consecuencia, ajustar nuestro quehacer internacional a la conformación de estos nuevos polos de poder, que probablemente caracterizarán este fin de siglo.
Dentro de este contexto internacional y como país en vías de desarrollo, la política exterior de México ha debido considerar el hecho lacerante e insoslayable de la creciente desigualdad entre países pobres y países ricos.
La última década que para el mundo industrializado fue de progreso, para los países en desarrollo ha sido de años perdidos, años en que por diversos motivos, como la deuda externa, se han deteriorado los niveles de vida, de modo que el magro desarrollo logrado en muchos de esos países es sólo un recuerdo.
Por eso, es importante que nuestra política exterior coadyuve eficazmente a la recuperación de nuestra capacidad de crecimiento, el nuestro y el de los demás países en desarrollo.
Es así que globalización, distensión, multipolaridad y desigualdad creciente entre países ricos y pobres, con los factores más relevantes del proceso de la transformación mundial, un proceso de transformación que abre nuevas puertas, pero cancela viejas opciones, que sustenta nuevos sueños, pero revive pesadillas. Este es el panorama internacional que el Ejecutivo ha tenido que considerar.
Siempre la política exterior y la política interior de un país han sido facetas de un mismo proceso: la política. Si el mundo se ha hecho más interdependiente, también hoy existe mayor interdependencia entre la política exterior y la política interior, no puede explicarse la una sin la otra, o mejor dicho, ambas han de estar encaminadas a los mismos fines.
Por eso, las reformas planteadas por el presidente Carlos Salinas de Gortari, en lo interno y en lo externo, son parte de una misma estrategia.
Por eso, todos los países para sobrevivir han tenido que adaptarse a las transformaciones mundiales.
De algún modo, la historia del hombre puede contemplarse como un proceso de integración creciente que va de la familia a las naciones y en el cual un grupo o un país inicia el cambio que al difundirse a los demás los vigoriza o los aniquila.
Nuestro país se origina a partir de un conjunto de cambios mundiales que culminó con la conquista y la dominación colonial. Otra oleada de
transformaciones mundiales también propició nuestra independencia nacional, junto con la de los demás países latinoamericanos. Después tuvimos que hacer frente a los fenómenos mundiales del colonialismo y del imperialismo; más tarde, un nuevo contexto internacional permitió nuestra Revolución y favoreció nuestro desarrollo nacionalista y popular. Nuestra crisis más creciente fue provocada por una situación en la cual los factores externos desempeñaron un papel importante.
Cito la anterior, porque hoy ante una nueva, profunda y más rápida transformación del mundo, hemos tenido que cambiar. Nuestro modelo de desarrollo relativamente cerrado, antes orientado hacia el mercado interno y con pretensiones de autosuficiencia, ahora dirigido hacia el mercado mundial.
Hemos abandonado el proteccionismo como defensa de la economía nacional para estar en posibilidad de abrirnos al comercio internacional que parece ofrecer mejores opciones.
Nuestro desarrollo antes basado en el crecimiento del sector público ahora tiene que apoyarse en un mayor dinamismo del sector privado que aún debe mostrar más flexibilidad al cambio y capacidad de innovación, cualidades requeridas por la nueva competencia mundial, sin haber resuelto graves problemas sociales ahora nos vemos comprometidos en una lucha por la productividad.
Nuestro culto al pasado ahora busca congruencia con nuestro afán por conquistar el futuro, pero de todos los cambios quizá el más radical ha sido nuestra perspectiva del futuro, nuestras expectativas basadas en una sociedad estacionada, en la estabilidad y obsesionada con la seguridad. Como lo expresa delicadamente Paul Valéry, "lo malo de nuestro tiempo es que el futuro ya no es lo que era".
Ante una marejada de grandes cambios hay poco margen de decisión pero la opción más peligrosa es quedar fuera de la transformación mundial, no incorporarse a la dinámica mundial, no incorporarse a la dinámica mundial, esto podría significar como ha sido una de las lecciones de la historia, nuestra desaparición como estado o como nación. Por eso el presidente Salinas de Gortari ha insistido en que México ha decidido cambiar para seguir siendo México. Esta es la única manera en que podemos enfrentar los retos del exterior; a la transformación mundial respondemos transformando.
Nuestra política exterior ha sido siempre un instrumento para la defensa de nuestra soberanía; sus principios son resultado de nuestra historia, algunos surgieron de nuestras luchas libertarias del siglo pasado, son herencia de Juárez; otros son producto de la Revolución; legados de Carranza, de Fabela, de Estrada.
En la Constitución se plasman sus principios rectores, Autodeterminación de los Pueblos, No Intervención, Solución Pacífica de las Controversias, Igualdad Jurídica de los Estados, Cooperación Internacional para el Desarrollo y Proscripción de la Amenaza o del Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacionales. A estos principios elevados a rango constitucional se agregan otros que ha consagrado nuestra tradición política, como la Defensa de los Derechos Humanos, la Soberanía sobre los Recursos Naturales, la Defensa y Práctica del Derecho de Asilo, la Justicia Económica Internacional, el Pluralismo Ideológico, la Lucha por una Práctica Democrática en la Toma de Decisiones de la Comunidad Internacional y la Solidaridad Latinoamericana.
Todos son principios que se fueron conformando a lo largo de nuestra experiencia histórica, en ello se funda la consistencia y continuidad de nuestra política exterior, son parte del consenso nacional.
Los principios no han cambiado, han cambiado y seguirán cambiando sus objetivos y sus estrategias, para irse adecuando al ritmo de la transformación mundial y de nuestro propio desarrollo.
Cambiarán y seguirán cambiando para aprovechar oportunidades favorables a nuestro fortalecimiento como nación y para prevenir las amenazas que desde el exterior puedan poner en riesgo nuestra soberanía.
Ha sido la cambiante realidad internacional y nacional la que históricamente nos ha exigido el ajuste o la renovación de objetivos, estrategias y prácticas de nuestra política exterior. Así, cuando surgimos a la vida independiente, el aislamiento y una política defensiva, parecieron ser nuestras mejores armas para la sobrevivencia.
Al triunfo de la Revolución, estuvimos empeñados en asegurar la inviolabilidad territorial y el reconocimiento diplomático.
En el pasado inmediato, cuando nos concebimos como un país capaz de un desarrollo relativamente cerrado, nuestros objetivos y estrategias estaban orientadas a la posibilidad del conflicto y a la defensa física de nuestras fronteras y de nuestros recursos.
Hoy que estamos inmersos en la búsqueda de un desarrollo basado en la inserción adecuada dentro de la economía mundial, nuestros objetivos
y estrategias llevan implícitos la cooperación y la complementariedad internacionales, en una política exterior que transita de la defensa a la acción.
De este modo, como señala el Plan Nacional de Desarrollo, la acción internacional de México no se define por las opciones estériles de la oposición y el conflicto, sino que se empeña en fomentar la cooperación económica, el diálogo multilateral y la actividad bilateral.
Seis son los objetivos que actualmente persigue nuestra política exterior: preservar y fortalecer la soberanía nacional; apoyar el desarrollo económico, político y social de México; proteger los derechos e intereses de los mexicanos en el extranjero; utilizar la cultura mexicana como elemento de identidad nacional y de presencia de nuestro país en el mundo; proyectar una imagen positiva de México en el exterior; apoyar y promover la cooperación internacional en todos sus aspectos.
Así, el gobierno de la República ha postulado una política exterior activa, que no sólo busca participar en el acontecer internacional, sino también en las grandes decisiones que orientan al mundo.
Hay un esfuerzo constante por tomar iniciativas económicas, técnicas, financieras, culturales, que consoliden, multipliquen y proyecten los logros internos de la modernización nacional.
La diversificación de las relaciones políticas y económicas, la negociación responsable de la deuda externa, la promoción de condiciones externas más favorables a nuestro desarrollo, el apoyo a todo esfuerzo de distensión y de paz, el esfuerzo por lograr relaciones comerciales justas y libres, la identificación de intereses coincidentes con otros países, la participación en los foros multilaterales y el combate al narcotráfico.
Por otra parte, conforme a una perspectiva geográfica, se han estrechado nuestros vínculos con los países con que compartimos fronteras y por razones históricas y de comunidad social y cultural, con las naciones latinoamericanas.
Asimismo, se han considerado prioritarias las relaciones de los países sostenemos mayor intercambio comercial y cultural, así como los nuevos espacios en proceso de integración.
También se han prestado particular atención a las naciones con las que hay coincidencias políticas especiales. Además, el gobierno de México ha desplegado una intensa actividad en los organismos multilaterales, porque se confía en su eficacia como agentes concertadores de paz y en su capacidad para la codificación progresiva del derecho internacional.
Señor Presidente; compañeros; he tratado de hacer una evaluación cualitativa de los fundamentos de la política exterior, que dan sentido a los actos concretos y circunstanciados de los cuales el Ejecutivo Federal da cuenta en los anexos de su III Informe de Gobierno.
Preferí este tipo de evaluación hoy que la política exterior es parte de una estrategia general de desarrollo como un conjunto de decisiones y acciones consistentes entre si y congruentes con otros ámbitos de la política gubernamental.
Ciudadanos diputados, la perspectiva de la dinámica mundial, en la que se funda la política exterior de México, no es ninguna. Se está consciente de que si ahora se privilegia la colaboración entre países, no es porque haya desaparecido los intereses sino por que resulta más racional y conveniente para todos, aprovechar las ventajas mutuas.
Se está consciente de que la cercanía y la velocidad de los cambios dificultan el análisis sobre la profundidad real, el sentido y las causas de las transformaciones actuales.
Se ésta consciente de que hoy, como todo el mundo, caminamos unidos a la seguridad, a la incertidumbre, a los riesgos. Pero a pesar de estas limitaciones estamos convencidos de la necesidad de cambio y a diferencia de otros países que no pudieron responder oportunamente a los desafíos, nosotros hemos sido capaces de montarnos en la ola de la transformación y de abrir algunas brechas para salir del subdesarrollo y sobre todo de la condición en que nos había sumido la crisis.
En suma, ciudadanos diputados, consideramos que la política exterior diseñada Por el Ejecutivo Federal ha tenido el mérito de la oportunidad, porque fue capaz de avizorar las grandes tendencias de nuestro tiempo. Ha sido realista, porque con base en las condiciones objetivas del mundo actual ha fijado propósitos viables sin menoscabo de sus principios. Ha sido nacionalista, porque ha contribuido eficazmente a reafirmar nuestra voluntad de pertenecer a esta colectividad que es México y ha sido también profundamente humanista, porque ha tenido como centro y finalidad al ser humano y su bienestar, que es el sustento de la democracia en su sentido esencial. Muchas gracias.
El Presidente: - Agradecemos a la diputada Julieta Guevara Bautista, del Partido Revolucionario Institucional, su intervención.
Queremos informar a la asamblea que ha quedado agotada la lista de oradores y pido al señor Secretario que consulte a la asamblea, en votación económica, si es de aceptarse el punto de acuerdo propuesto por el diputado Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea si la propuesta hecha por el ciudadano diputado Elpidio Tovar de la Cruz, se acepta o no.
Los que estén porque se acepte, sírvanse manifestarse...
Los que estén porque no se acepte, sírvanse manifestarse... Desechada, señor Presidente.
POSPOSICIÓN
El Presidente: - Muchas gracias, señor secretario.
Esta Presidencia informa que en el transcurso de la sesión, los coordinadores de los grupos parlamentarios presentaron una proposición.
Sírvase la Secretaría dar cuenta con ella, por favor.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Honorable mesa directiva de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura: Los coordinadores de los grupos partidistas solicitamos a la Presidencia de la mesa directiva, presente al pleno la propuesta para la constitución de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, en los términos del acuerdo que suscribimos con el carácter ya mencionado y que se acompaña al presente.
Nuestra solicitud es con el propósito de que leído que sea el acuerdo, se someta al pleno para que éste determine acerca de su aprobación.
Firman: por el Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; por el Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos; por el Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; por el Frente Cardenista, Alberto Carrillo Armenta; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Enrique Cantú Rosas; por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
Se va a dar lectura al acuerdo.
"Acuerdo de los coordinadores de los grupos parlamentarios para crear la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Considerando.
Que la expresión de las diferentes corrientes, resultantes del pluralismo político que caracteriza a la Cámara de Diputados debe encauzarse en un foro normal y estructurado de análisis y discusión, que concrete el pensamiento de los grupos parlamentarios en acciones que coadyuven al óptimo ejercicio de sus funciones legislativas, políticas y administrativas.
Segundo. Que para la mejor atención de los asuntos parlamentarios, es conveniente la presencia de un órgano de gobierno de la Cámara que funja como enlace, apoyo y coordinación de los grupos parlamentarios, a la vez que en su integración refleje la composición plural de la Cámara.
Tercero. Que el artículo 50 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Cámara de Diputados contará con el número y tipo de comisiones que requiera para el cumplimiento de sus atribuciones.
Cuarto. Que el artículo 70 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos dispone que cada Cámara podrá aumentar o disminuir el número de las comisiones.
Quinto. Que en virtud de los anterior, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados consideran necesaria la creación de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de conformidad con el siguiente acuerdo:
Unico. Se constituye la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados integrada por diputados de los diversos grupos parlamentarios, que fungirá como instancia de gobierno, a fin de optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y administrativas que tiene a su cargo la propia Cámara.
La comisión estará integrada por los siguientes diputados: Fernando Ortiz Arana, Diego Fernández de Cevallos, Rosa Albina Garavito Elías, Alberto Carrillo Armenta, Carlos Enrique Cantú Rosas, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Antonio González Fernández, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Pedro Ojeda Paullada, Gustavo Carbajal Moreno, Miguel González Avelar y Manuel Díaz Infante.
El presente acuerdo se suscribe en el recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados.
de la LV Legislatura, a los 7 días del mes de noviembre de 1991."
En votación económica, se pregunta si se aprueba la proposición.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Señor
Presidente, ha sido aprobada la propuesta de la Gran Comisión, por mayoría.
INSTALACIÓN DE LAS COMISIONES DE TRABAJO
El Presidente: - Muchas gracias, señor secretario.
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera pendientes de esta asamblea, por favor.
El secretario diputado César Alejandro Jáuregui Robles: - A continuación voy a dar lectura a un comunicado que dirige a esta honorable asamblea el Presidente de la Gran Comisión.
"La Gran Comisión de esta honorable Cámara, en uso de las facultades que le otorgan los artículos 47, fracción IV; 50, 51, 52, 53, 54, 65 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite proponer a la consideración de la honorable asamblea, a los siguientes diputados para integrar las comisiones y comités, para el desempeño de los trabajos de este cuerpo legislativo.
Atentamente.
Fernando Ortiz Arana, Presidente; José Antonio González Fernández, secretario y César Augusto Santiago Ramírez, secretario.
Comisiones y comités:
Gobernación y Puntos Constitucionales: Presidente, César Augusto Santiago Ramírez; secretarios:
Juan de Dios Castro Lozano y Salvador Valencia Carmona.
Marina: Presidente, José Fausto de los Palos Solano; secretarios: Rubén Pabello Rojas y Guillermo Mercado Romero.
Patrimonio y Fomento Industrial: Presidente, José Rodolfo Treviño Salinas; secretarios: Enrique Sada Fernández, Juan Sigfrido Millán Lizárraga y Julio César García Hernández.
Agricultura y Recursos Hidráulicos: Presidente, Rafael González Pimienta; secretarios: J. Jesús González Gortázar, Arnulfo Vázquez Ramírez y Crescencio Pérez Garduño.
Asentamientos Humanos y Obras Públicas: Presidente, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez; secretario, Gustavo Nabor Ojeda Delgado, Gonzalo Cedillo Valdez y Rodrigo Alejandro Nieto Enríquez.
Salud: Presidente, Humberto Gómez Campaña; secretarios, José Ramírez Román, Roberto Soto Prieto y Guillermo Flores Velasco.
Reforma Agraria: Hugo Andrés Araujo de la Torre; secretarios, Lydia Madero García, José Merino Castrejón, José Escobedo Domínguez y José Ramos González.
Pesca: Presidente, Israel González Arreguín; secretarios, José Antonio González Curi, Servando Antonio Hernández Camacho, Miguel Sotelo Burgos y Hugo Sergio Palacios Laguna.
Programación y Presupuesto: Presidente, María de los Ángeles Moreno Uriegas; secretarios, Alfredo Lujambio Rafols, Eloy Cantú Segovia y Salvador Robles Quintero.
Hacienda y Crédito Público: Presidente, Angel Aceves Saucedo; secretarios, José Antonio Gómez Urquiza de la Macorra, Jorge René Flores y Solano y José Socorro Velázquez Hernández
Comercio: Presidente, Javier Garduño Pérez; secretarios, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Silvestre Fernández Barajas, Alfonso Rivera Domínguez y José de Jesús Berrospe Díaz.
Comunicaciones y Transportes: Presidente, Francisco José Dávila Rodríguez; secretarios, Manuel Monarres Valenzuela, Lorenzo Duarte García y Jorge Oceguera Galván.
Educación: Presidente, Roberto Madrazo Pintado; secretarios, Fernando Estrada Sámano, José Guadalupe Rodríguez Rivera, Jesús Saravia Ordóñez, Hildebrando Gaytán Márquez, Layda Elena Sansores San Román.
Trabajo: Presidente, Rigoberto Ochoa Zaragoza; secretarios, Roberto Castellanos Tovar, Sebastián Guzmán Cabrera y José María Téllez Rincón.
Turismo: Presidente, Raúl Velasco Gómez; secretarios, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Fernando Navarrete Magdaleno, Estanislao Pérez Hernández, Gladys Ethel Guadalupe Cano Conde.
Relaciones Exteriores: Presidente, José Antonio González Fernández; secretarios: Enrique Gabriel Jiménez Remus, Rodolfo Becerril Straffon, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra.
Justicia: Presidente, Fernando Francisco Gómez Mont Urueta; secretarios, Jaime Ignacio Muñoz y Domínguez, Juan José Castillo Mota.
Defensa: Presidente, Ramón Mota Sánchez; secretarios, José Antonio Valdivia, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz.
Departamento del Distrito Federal: Presidente, Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna; secretarios, Gonzalo Altamirano Dimas, Benjamín González Roaro, Amado F. Treviño Abatle.
Energéticos: Presidente, Pedro Ojeda Paullada; secretarios, Félix Miguel Osorio Marbán, Juan Manuel Huezo Pelayo.
Seguridad Social: Presidente, Miguel Angel Sáenz Garza; secretarios, Trinidad Reyes Alcaraz, Jorge Torres Castillo, Rafael Fernández Tomás.
Régimen y Prácticas Reglamentarias: Presidente, Miguel González Avelar; secretarios, Alejandro Ontiveros Gómez, Raymundo Cárdenas Hernández, Sergio César Alejandro Jáuregui Robles.
Ciencia y Tecnología: Presidente, Gabriela Guerrero Oliveros; secretarios José de la Herrán, Enrique Edgardo Jacob Rocha, Enrique Rico Alzate.
Corrección y Estilo: Presidente, Alvaro Salazar Lozano; secretario, Armando Romero Rosales Bienes de Consumo y Servicios: Presidente, Francisco José Saucedo Pérez; secretarios, Claudio Guerra López, Alberto Jiménez Arroyo.
Ecología y Medio Ambiente: Presidente, Miguel Angel Yunes Linares; secretarios, Fernando Roberto Ordorica Pérez, Cecilia Guadalupe Soto González, Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara.
Información, Gestoría y Quejas: Presidente, María Esther de Jesús Scherman Leaño, secretarios, Alfredo Villegas Arreola, Domingo Alapizco Jiménez, Alejandro Luévano Pérez.
Radio, Televisión y Cinematografía: Presidente, Oscar Pimentel González, secretarios, Silva Pinal Hidalgo, Miguel Ernesto.
Enciso Clark, Julio Alemán, José Eulogio Bonilla Robles.
Derechos Humanos: Presidente, Amador Rodríguez Lozano, secretarios, Víctor Martín Orduña Muñoz, Guillermo Jorge González Díaz, Héctor Ramírez Cuéllar.
Asuntos Fronterizos: Presidente, Guillermo Hopkins Gámez; secretarios, Rubén Raymundo Gómez Ramírez, Jesús Madrazo Martínez de Escobar, Oscar Leubert Gutiérrez, Héctor Morquecho Rivera.
Artesanías: Presidente, Adolfo Alonso Kunz y Bolaños; secretarios, Ignacia García López, Vitalicio Cándido Coheto Martínez.
Cultura: Presidente, Luis Dantón Rodríguez Jaime; secretarios, Martín Tavira Urióstegui, María de la Paloma Villaseñor Vargas, José de Jesús Martín del Campo Castañeda.
Deporte: Presidente, Sandalio Alfonso Sáinz de la Maza Martínez; secretarios: Felipe de Jesús Muñoz Kapamas y Domingo Alberto Martínez Reséndiz.
Fomento Cooperativo: Presidente, Pablo Emilio Marcial Madero Beldín, secretarios: José Antonio Aguilar Bodegas y Alfonso Godinez y López.
Población y Desarrollo: Presidente, Blanca Ruth Esponda Espinoza; secretarios: Jorge Uscanga Escobar y Demetrio Santiago Torres.
Administración: Presidente, Manuel Díaz Infante; secretarios: Daniel de la Garza Gutiérrez, Fernando Rodríguez Cerna y Jesús Humberto Zazueta Aguilar. Bibliotecas: Presidente, Francisco José Paoli Bolio; secretarios: Graciela Larios Rivas y Carlos González Durán.
Comité de Asuntos Editoriales: Presidente, María de la Luz Julieta Guevara Bautista; secretarios:
Javier Centeno Avila y Juan Ignacio Torres Landa García.
Comisión de Vigilancia: Presidente, Laura Alicia Garza Galindo; secretarios: Luisa Alvarez Cervantes y Porfirio Camarena Castro.
Comisión Jurisdiccional: Presidente, Guillermo Pacheco Pulido; secretarios: Juan Moisés Calleja García, Jorge Mendoza Alvarez, Diego Heriberto Zavala Pérez y Cesáreo Morales García.
Comisión de Asuntos Indígenas: Presidente, Efraín Zúñiga Galeana; secretarios: José Feliciano Moo y Can, A. Irma Piñeiro Arias y Samuel Fernández Avila.
Vivienda: Presidente, Manuel Jiménez Guzmán; secretarios, Jesús Molina Lozano, Javier Marcelino Colorado Pulido, Raúl Pardo Villafaña y Martha Patricia Ruiz Anchondo.
Ganadería: Presidente, Arturo de la Garza González; secretarios: Julián Luzanilla Contreras, José Francisco Moreno Barragán y Romero Flores Leal.
Bosques y Selvas: Presidente, Gustavo Carvajal Moreno; secretarios: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Juan José Castro Justo, Rigoberto Arriaga Ruiz, José Ascensión Orihuela Bárcenas y Miguel Angel León Corrales.
Por último, voy a señalar que los miembros de las comisiones antes mencionadas son aquellos diputados que las diferentes fracciones partidistas propusieron para ser considerados. Cada una de las fracciones parlamentarias tendrá a su disposición una copia completa de las comisiones para su edificación y en su caso, los ajustes que correspondan.
En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la propuesta de la Gran Comisión...
El diputado Eloy Vázquez López (desde su curul): - Señor Presidente: Pido la palabra para hechos.
Quiero hacer una pregunta señor Ortiz Arana o a quien realizó la formulación de esta propuesta, en el siguiente sentido: Encuentro en la propuesta que algunas comisiones tienen dos secretarías, otras tienen cuatro, otras tienen tres.
Tales diferencias me parece que debieran ser por lo menos explicadas, por quien formuló la propuesta, porque además se me hace muy raro que varias de las secretarías que tienen cuatro secretarios, no sean presididas por alguien que sea miembro del partido de la mayoría.
¿Quisiera yo saber cuáles son las razones por las cuales hay estas diferencias?
El Presidente: - Sí, señor diputado. Tiene la palabra el señor diputado González Fernández José Antonio.
El diputado José Antonio González Fernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Con mucho gusto, compañero diputado. Como es de su conocimiento, en las diversas legislaturas, se han aprobado, partiendo de una propuesta de la Gran Comisión las diferentes comisiones y su integración.
Es esta ocasión, en la formulación tanto de la integración como en las mesas directivas de las diversas comisiones, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, todos ellos, estuvieron de acuerdo en que se hiciera un esfuerzo para racionalizar el trabajo de las comisiones y que además se procurara contar en su integración, como en las mesas directivas, con una pluralidad de sus miembros.
Era difícil que todas las comisiones, como ha sucedido, a lo largo de la historia parlamentaria y en las diversas legislaturas, que tuvieran el mismo número de comisiones, por diferentes razones:
Cargas de trabajo, número de integrantes, etcétera.
En esta ocasión los coordinadores de las fracciones parlamentarias, todos ellos, revisaron no solamente las mesas directivas, sino también la integración de las comisiones.
Es por ello que se ha presentado a la consideración, por parte de la Gran Comisión, después de recibir la propuesta de todos los coordinadores de las fracciones parlamentarias esta mesa directiva y como el secretario ha dicho, está a disposición, a partir de este momento y una vez que se vote, de todos los diputados la integración total de las comisiones. Muchas gracias, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Para hechos, tiene usted la palabra.
El diputado Emilio Becerra González: - Señor Presidente de la Cámara de Diputados; compañeros diputados.
Por los términos del dictamen y de la intervención del diputado José Antonio González Fernández, resulta evidente que se quiere desnaturalizar la partición de los diputados y el funcionamiento de la Cámara.
La Constitución establece, en su artículo 51, que: "La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación, electos en su totalidad cada tres años". Esto quiere decir que cada diputado, en lo individual, es representante de la nación. Y por lo mismo en este pleno se tienen
que tomar las decisiones que van a afectar a la nación. Y el pleno, cada diputado tiene que emitir su voto. Y los votos, las deliberaciones y las acciones tienen que sujetarse a la Constitución, a la Ley y al reglamento. A menos que aquí se quiera consagrar algo que de algún modo está implícito en las actuaciones del Colegio Electoral y en algunas otras actividades que hemos tenido estos días: que los acuerdos parlamentarios están de Facto derogando la ley o el reglamento, lo que de ninguna manera es aceptable.
Aquí no se ha dado ninguna explicación del por qué una comisiones tienen más diputados, otras menos y otras todavía más. Si todas las comisiones, por lo que establece el artículo 55 de la Ley Orgánica, dice así: "Las comisiones ordinarias se integran por regla general con 17 diputados electos por el Pleno de la Cámara a propuesta de la Gran Comisión, procurando que en ellos se encuentren representados los diferentes grupos parlamentarios".
Esto, dice: "por regla general con 17 diputados".
Porque hay algunas comisiones que tienen 20.
Hay algunas que tienen otro número. Preso es muy clara la disposición, dice: "electos por el Pleno de la Cámara".
Y aquí se dice: "El Presidente de la comisión es fulano o se propone a fulano". "Los secretarios son fulano y zutano". ¿Bueno, y quiénes son los demás miembros integrantes de la comisión? "No, pues eso ya después les dirán los coordinadores de los grupos parlamentarios".
Señores, eso es hacer a un lado la representatividad de cada diputado, que es representante de la nación y disminuir la representatividad que cada diputado tiene. Y va a resultar que al rato ya no se necesitan deliberaciones del Pleno de la Cámara, sino deliberaciones o en la Gran Comisión o en algún otro lado y ya nada más se llega y se dice: "Pues como fulano y zutano son los representantes de los diputados, que equivaldría a aceptar una figura jurídica que dejaría en segundo término la alta representatividad que tienen cada diputado, yo creo que no podemos aceptar ni votar esta propuesta hasta que no se digan todos los nombres década uno de los diputados, ya que las comisiones se forman con 17 o más.
Y aquí sí nada más nos dicen tres o cuatro, pues entonces estaríamos aceptando unas comisiones incompletas y estaríamos abdicando de una responsabilidad de la que yo no estoy dispuesto a abdicar. Gracias.
El Presidente: - Bien, señor diputado.
Si nadie tiene ninguna otra intervención, queremos señalarles que esta Presidencia está obligada a someter a votación una proposición de la Gran Comisión relativo a la integración de las comisiones de Trabajo de esta Legislatura.
Por lo tanto, pido a la Secretaría que en votación económica se pregunte si se aprueba la proposición de la Gran Comisión.
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez - Antes de pasar a la votación, voy a señalar las personas que se proponen para integrar la Comisión de Investigación Legislativa.
Presidente: Abraham Talavera; secretarios: Diego Zavala y Cesáreo Morales. Ahora sí, en votación económica se consulta a la asamblea si es de aprobarse o no esta propuesta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día 12 de noviembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Invitación del Congreso del Estado de Sinaloa, a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado, rendirá su Quinto Informe de Gobierno, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Proposición de la Gran Comisión de nombramientos de funcionarios de la honorable Cámara de Diputados.
Iniciativas Del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto para reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introduce la figura de los discapacitados.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 21.10 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo martes 12 de noviembre a las 10 de la mañana.