Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911112 - Número de Diario 6
(L55A1P1oN006F19911112.xml)Núm. Diario: 6ENCABEZADO
LIV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS
Diputado Fernando Ortiz Arana
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
Año I México, D.F., martes 12 de noviembre de 1991 No. 6
SUMARIO
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Se toma nota de las modificaciones propuestas por varios diputados. Se aprueba.
INVITACIÓN
Del Congreso del Estado de Sinaloa para asistir a la sesión solemne en la que el ciudadano Francisco Labastida Ochoa, Gobernador Constitucional del Estado, rendirá su Quinto Informe de Gobierno. Se designa comisión.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
Oficio de la Cámara de Senadores por el que se comunican los nombramientos de funcionarios de la Colegisladora. De enterado.
PROPOSICIÓN
De la gran Comisión relativa a nombramientos de funcionarios de la Cámara de Diputados. Se aprueba.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Para la prestación y comparencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto y del Jefe del Distrito Federal. Se aprueba.
OFICIO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
LEY DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se remite la Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones de dicha ley. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
INFORME
Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se remite el informe del Ejecutivo Federal acerca del uso que ha hecho de las facultades concedidas en materia de Control de Cambios. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ANALISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO
PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
Participan en el primer turno de oradores los diputados:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática
Amador Rodríguez Lozano para rectificar hechos.
Eloí Vázquez para rectificar hechos.
Amador Rodríguez Lozano para rectificar hechos.
Adolfo Alonso Kunz y Bolaños para rectificar hechos.
Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista
Adolfo Alonso Kunz y Bolaños por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
José María Tellez Rincón por el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Fauzi Hamdan Amad por el Partido Acción Nacional.
Angel Aceves Saucedo por el Partido Revolucionario Institucional.
En el segundo turno de oradores toman la palabra los diputados:
Jorge Alfonso Calderón Salazar por el Partido de la Revolución Democrática.
Adolfo Alonso Kunz y Bolaños por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
Tomás Correa Ayala por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
RECESO
Continúan con la discusión los diputados:
Daniel de la Garza Gutiérrez por el Partido Acción Nacional.
Jorge Flores y Solano del Partido Revolucionario Institucional.
Rosa Albina Garavito Elías para presentar un punto de acuerdo.
A favor interviene el diputado Juan Campos Vega.
En contra toma la palabra el diputado Miguel Angel Yunes.
Juan de Dios Castro para rectificar hechos.
Miguel Angel Yunes Linares para contestar alusiones personales.
Juan de Dios Castro para contestar alusiones personales.
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez para rectificar hechos.
Amador Rodríguez Lozano para contestar alusiones personales.
Fauzi Hamdan Amad para rectificar hechos.
Guillermo Pacheco Pulido para rectificar hechos.
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa para rectificar hechos.
Rosa Albina Garavito Elías
Se somete a votación el punto de acuerdo presentado, se desecha.
SOLICITUD DE COMPARECENCIAS
Del diputado Héctor Ramírez Cuéllar para que comparezca el Secretario del Trabajo y Previsión Social y el Secretario de Comercio y Fomento Industrial.
Intervienen los diputados:
Juan Jacinto Cárdenas García para hablar en pro.
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna.
Jorge Alfonso Calderón Salazar para rectificar hechos.
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo para rectificar hechos.
José Camilo Valenzuela para rectificar hechos.
Se turna a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Reforma Agraria.
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
CAMARA DE DIPUTADOS
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO CARLOS ENRIQUE CANTU ROSAS
ASISTENCIA
El Presidente: -Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados, para conocer si existe el quórum estatutario.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Señor Presidente, se informa a la Presidencia que existen registrados previamente 358 diputados. Por lo tanto hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 10.55 horas): -Muchas gracias, señor Secretario. Se abre la sesión.
ORDEN DEL DIA
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: -Se va a proceder a dar lectura al orden del día.
« Primer Período Ordinario de Sesiones.- Primer Año.- LV Legislatura.
Orden del día
12 de noviembre de 1991
Acta de la sesión anterior.
El Congreso del estado de Sinaloa, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado, rendirá el quinto informe de gobierno, la que tendrá lugar el próximo 15 de noviembre.
Comunicación de la honorable Cámara de Senadores.
Proposición de la Gran Comisión, Nombramientos de funcionarios de la honorable Cámara de Diputados.
Acuerdo de práctica parlamentaria para la presentación y comparecencia de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Programación y Presupuesto y del Jefe del Departamento del Distrito Federal.
Iniciativas del Ejecutivo
De decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Informe sobre el uso de las facultades concedidas en materia de control de cambios.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se proporcionaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura, señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Rafael Fernández Tomás
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las diez horas con cincuenta y un minutos del día siete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia registrada de trescientos setenta y cuatro diputados, el Presiente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y la asamblea dispensa la lectura del acta de la sesión anterior, que fue repartida entre los coordinadores de los grupos parlamentarios. No habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que ha recibido una iniciativa del Ejecutivo Federal, por la que se reforma el artículo veintisiete constitucional y da lectura a dicho documento. En su oportunidad se turnará a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para hacer comentarios respecto a la iniciativa con la que se da cuenta, se conoce el uso de
la palabra a los diputados Rosa Albina Garavito Elías, del Partido de la Revolución Democrática; Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista; Jesús González Gortázar, del Partido Revolucionario Institucional; Teódulo Martínez Vergara, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Hugo Andrés Araujo de la Torre, del Partido Revolucionario Institucional; Juan Campos Vega, del Partido Popular Socialista e Israel González Arreguín, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional.
Para referirse a la misma iniciativa, solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado José Camilo Valenzuela, del Partido de la Revolución Democrática, quien presenta una proposición para convocar a un foro nacional. Se turnará en su momento a la Comisión de Gobernación y puntos Constitucionales.
Continúan expresando sus opiniones sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal, los diputados Alejandro Encinas Rodríguez, del Partido de la Revolución Democrática; Abundio Ramírez Vázquez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional y Carlos Enrique Cantú Rosas del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El Presidente informa sobre el turno que se dio a la iniciativa de reformas al artículo veintisiete constitucional y los diputados Jorge Moscoso Pedrero, del Partido de la Revolución Democrática y Patricia Terrazas Allen, del Partido Acción Nacional, suben a la tribuna para hacer una moción de procedimiento y para rectificar hechos respectivamente.
Desde sus respectivas curules, los diputados Cuauhtémoc Amezcua Dromundo y Jorge Calderón Salazar, se inconforman con el turno propuesto por la Presidencia, que toma nota de las proposiciones de los legisladores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Martín del Campo. del Partido de la Revolución Democrática, quien da lectura a un documento de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y solicita que se turne, en su momento, a la Comisión de Educación, turno que desde su curul, apoya el diputado Fernando Ortiz Arana.
Para analizar el Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari, en su capítulo de política exterior, hacen uso de la palabra los diputados Francisco Hernández Juárez, del Partido Popular Socialista y el Presidente, a las catorce horas con diecinueve minutos, decreta un receso.
A las dieciséis horas con tres minutos se reanuda la sesión y continúan en el análisis de referencia los diputados Francisco Felipe Laris Iturbide, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Odilón Cantú Domínguez, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Oscar Valero Recio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática;
Presidencia del diputado. Gabriel Jiménez Remus.
Luis Felipe Bravo Mena, del Partido Acción Nacional;
Presidencia del diputado. Rafael Fernández Tomás.
Alberto López Vargas, del partido Revolucionario Institucional, quien cierra el primer turno de oradores.
Se concede el uso de la palabra al diputado Juan Hernández Mercado, del Partido de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos que llamo delictuosos en Santa María Xalostoc, México. Se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Continúa el análisis de la política exterior del Tercer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.
Desde su curul, el diputado Adolfo Kunz y Bolaños, pide que se respete el acuerdo parlamentario y la sesión se suspenda a las dieciocho horas.
También desde su curul, el diputado Fernando Ortiz Arana solicita que se consulte a la asamblea sobre esta proposición y la asamblea, en votación económica la desecha.
Continúan en el análisis los diputados Martín Tavira Urióstegui, del Partido Popular Socialista; Cecilia Soto González, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Manuel Terrazas Guerrero, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; Elpidio Tovar de la Cruz, del Partido de la Revolución Democrática, quien propone que se solicite al ejecutivo federal los borradores del Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos de América.
El Presidente informa que al terminar el turno de oradores se pondrá a consideración de la asamblea la proposición.
Terminan con el segundo turno de oradores, los diputados Enrique Caballero Pedraza, del Partido Acción Nacional y Julieta Guevara Bautista, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidencia se pone a consideración de la asamblea la proposición del diputado Tovar de la Cruz y en votación económica se desecha.
Se da cuenta con una proposición de los coordinadores de los grupos parlamentarios, para la constitución de la Comisión de Régimen Interno y Concentración Política, integrada por los diputados Fernando Ortiz Arana, Diego Fernández de Cevallos, Rosa Albina Garavito Elías, Alberto Carrillo Armenta, Carlos Enrique Cantú Rosas, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, José Antonio González Fernández, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Pedro Ojeda Paullada, Gustavo Carbajal Moreno, Miguel González Avelar y Manuel Díaz Infante.
En votación económica, la asamblea aprueba la proposición.
Se da cuenta con una proposición de la Gran comisión con la propuesta de integración de comisiones y comités de la Quincuagésima Quinta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. La asamblea, en votación económica, aprueba que se dé lectura solamente a los nombres de los presidentes y secretarios y las listas completas se ponen a disposición de quienes deseen consultarlas.
Desde su curul, el diputado Eloy Vázquez López, solicita que se aclare el número de secretarías de las diversas comisiones y comités, por los que sube a la tribuna el diputado José Antonio González Fernández, del Partido Revolucionario Institucional, quien hace una explicación sobre la diversidad de número en las secretarías.
Solicita y se concede el uso de la palabra al diputado Emilio Becerra González, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos al respecto.
En votación económica se aprueba la proposición de la Gran Comisión y agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las veintiun horas con ocho minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes doce de noviembre de mil novecientos noventa y uno, a la diez horas.
« El Presidente: - La secretaría va a dar lectura a algunos agregados que en estos momentos se le están entregando, con referencia al acta anterior. Prosiga, señor secretario, por favor.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Esta Secretaría informa a este pleno que el acta de la sesión anterior que se distribuyó a los señores coordinadores y que se va a poner a consideración de éstos, tiene dos agregados: el primero de ellos se refiere al turno que dio la Presidencia a la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional. La aclaración en este punto es la siguiente: el turno de la Presidencia para formular el dictamen correspondiente es: a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Reforma Agraria. El segundo agregado al acta: es el que se refiere a la propuesta presentada por diputados del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática solicitando un debate nacional al rededor de la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional. En este punto la Presidencia acordó turnar la solicitud a las comisiones unidas que habrán de dictaminarse para que en el seno de las mismas se resuelva respecto a la solicitud mencionada.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - En la sesión del pasado jueves solicité y el Presidente de la sesión expresó su acuerdo en esto que la iniciativa del Ejecutivo Federal relativa al artículo 27 constitucional fuera turnada además de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y a la Comisión de Reforma Agraria, también a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el señor Presidente expresó un acuerdo explícito que debe estar en la versión estenográfica de la sesión del pasado jueves. Por tanto tiene efectos de ley la declaratoria que hizo el Presidente de la sesión y solicito formalmente que esta declaración que hizo el Presidente de la sesión anterior sea incorporada al acta para que la iniciativa sea turnada a comisiones unidas, entendiendo por comisiones unidas tres: Gobernación y Puntos Constitucionales, Reforma Agraria y Agricultura y Recursos Hidráulicos. Muchas gracias.
El Presidente: - Muchas gracias. Ruego a la Secretaría se consulte el acta anterior para ver el tenor de este acuerdo.
El diputado Fernando Ortiz Arana (desde su curul): - Yo quisiera respecto a lo planteado por el señor diputado, recordar que en la sesión anterior ya había dado turno el Presidente de la mesa directiva a la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional a una sola comisión, que era la de Gobernación y Puntos Constitucionales. Posteriormente hubo dos solicitudes:
una que fue a la Reforma Agraria comisiones unidas y una más que fuera a Agricultura y Recursos Hidráulicos.
El Presidente de la mesa, como ya había dado turno, comentó nada más que, en su oportunidad lo haría del conocimiento de esta asamblea. En este caso se ha aclarado en el acta que va a dos comisiones unidas; hay una tercera solicitud, por lo que yo le pediría a la Presidencia en todo caso, que consulte a la asamblea si es o no de enviarse también a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
El Presidente: - Señor secretario, consulte usted a la asamblea sobre estas propuestas.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Una petición explícita del diputado Jorge Calderón para que se consultara la versión estenográfica. Yo pienso que antes de poner a consideración deberia de revisarse la versión estenográfica, porque yo también subí a tribuna y planteé, además de eso, que las comisiones unidas consideran el que abriera a debate público nacional esta iniciativa; entonces pienso que antes de ponerlo a votación se debe de revisar la versión estenográfica.
El Presidente: - Consulte la Secretaría la versión estenográfica del acta que se lee, para ver los acuerdos realizados sobre este particular.
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles: - Por instrucciones de la Presidencia se va a consultar la versión estenográfica. Se toma nota.
Por instrucciones de la Presidencia, con estas dos adiciones se consulte a la asamblea si es de aprobarse el acta de la sesión anterior. Perdón, se consulta a la asamblea si es de aprobarse la propuesta del diputado, en el sentido de que se incorpore el trámite a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos...
El Presidente: - Señor diputado, tiene la palabra.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul): - Hemos solicitado que se revise el Diario de los Debates, como no está el Diario de los Debates, la versión estenográfica, para conocer del turno que el Presidente dio a esta iniciativa. En tanto no se consulte si el turno fue a las tres comisiones unidas, no podemos poner a consideración del pleno esta propuesta.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños (desde su curul): - Señor Presidente, yo propondría, para evitar confusiones, que se vote el acta en los términos que está, a reserva de hacer la aclaración, en caso de que proceda, en la siguiente sesión y no entretener más ésta; o sea, que se vote con las dos aclaraciones y que quede a reserva la consulta a la versión estenográfica, para que en caso de que proceda se incluya en la siguiente acta. Gracias.
El Presidente: - Señor secretario, consulte a la asamblea también sobre esta propuesta, antes.
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles: - Hay una propuesta antes.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz (desde su curul): - Señor Presidente, hace un instante usted acaba de ordenar que se revise, que se dé cuenta del acta de la sesión anterior para saber qué acuerdos se tomaron en ese asunto. Entonces eso es lo que se debe de cumplir y no pasar por alto su orden, para que el mayoriteo sea el que decida qué se va ha hacer de acuerdo al texto del acta.
Por lo tanto, solicito que se cumpla la determinación dada por usted hace un instante, de que nos remitamos a la versión estenográfica.
El Presidente: - Le voy a agradecer al señor secretario le dé lectura al artículo 30 del Reglamento en su fracción I.
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles:
"Artículo 30 ...
I. Acta de la sesión anterior para su aprobación. Si ocurriese discusión sobre alguno de los puntos del acta, deberá informar la Secretaría y podrán hacer uso de la palabra dos individuos en pro y dos en contra, después de lo cual se consultará la aprobación de la Cámara".
Servido, señor Presidente.
El Presidente: - Muchas gracias.
Está a discusión la aprobación del acta. Esta Secretaría instruyó que se consulte la versión estenográfica del acta anterior, pero esto bajo ninguna circunstancia es dilatorio, podrá aclararse en forma inmediata una vez que sea leída la versión estenográfica del acta correspondiente. Para abreviar tiempo, quisiéramos consultarlos a ustedes si es factible continuar con los asuntos en cartera, obviamente después de votar lo correspondiente al acta que está en discusión, sin
perjuicio de que en su momento, conforme a la propuesta de los señores diputados, pudiese aclararse el tenor de la versión estenográfica y consecuentemente orientarse la iniciativa correspondiente a las comisiones que se pretenden, o que conforme al acta anterior, se aclara quedaron orientadas.
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles: - En votación económica se pregunta a la asamblea si es de aprobarse la propuesta hecha por el Presidente.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarse... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: Continúe, señor secretario, con el orden del día.
INVITACIÓN
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Palacio Legislativo. - México, D. F.
La honorable Legislatura del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, se complace en invitar a usted a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Francisco Labastida Ochoa, gobernador constitucional del estado, rendirá su quinto informe de gobierno el día 15 de noviembre a las 11.00 horas en el "Teatro Pablo Villavicencio" declarado para este acto recinto oficial.
Culiacán Sinaloa noviembre 1991.»
El Presidente: - Para asistir al acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Víctor Manuel Gandarilla Carrasco, Domingo Alapizco Jiménez, Esteban Zamora Camacho, José Camilo Valenzuela, Cecilia Soto González, José Ramos González, Rigoberto Arriaga Ruiz y Jesús Octavio Falomir Hernández.
RATIFICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que en sesión pública ordinaria celebrada en esta fecha, fueron ratificados sus nombramientos como oficial mayor y tesorero de esta Cámara de Senadores, los señores licenciado Morelos Canseco Gómez y contador público Ricardo Augusto Trejo Hernández, respectivamente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 5 de noviembre de 1991. - Senadores secretarios: Oscar Ramírez Mijares y Alger León Moreno.» Trámite: - De enterado.
PROPOSICIÓN.
El secretario diputado Manuel Garza González:
«Honorable asamblea: Los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del pleno la propuesta del ciudadano Mario Alberto Navarro Manrique para el cargo de oficial mayor de la Cámara de Diputados.
El presente se suscribe en el recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos Ramos; Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Marcos Carrillo Armenta; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Enrique Cantú Rosas; Partido Popular Socialista, Cuahutémoc Amezcua Dromundo.»
«Honorable asamblea: Los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del pleno la propuesta del ciudadano Benjamín Hedding Galeana, para el cargo de tesorero de la Cámara de Diputados.
El Presente se suscribe en el recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; Partido Acción Nacional, Diego Fernández
de Cevallos Ramos; Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Marcos Carrillo Armenta; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Enrique Cantú Rosas; Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
«Honorable asamblea: Los coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas en la honorable Cámara de Diputados de la Quincuagésima Quinta Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración del pleno la propuesta del ciudadano Héctor González Pérez, para el cargo de director general de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
El Presente se suscribe en el recinto alterno de la honorable Cámara de Diputados a los doce días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y uno.
Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos Ramos; Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Marcos Carrillo Armenta; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Enrique Cantú Rosas; Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
Está a discusión la proposición.
La primera propone al ciudadano Mario Alberto Navarro Manrique, para el cargo de oficial mayor de la Cámara de Diputados.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie...Aprobada, señor Presidente.
La segunda, propone al ciudadano Benjamín Hedding Galeana, para el cargo de tesorero de la Cámara de Diputados.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie...Aprobada, señor Presidente.
La tercera, propone al ciudadano Héctor González Pérez, para el cargo de director general de Comunicación Social de la Cámara de Diputados.
Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie...Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - Encontrándose a las puertas de este recinto los ciudadanos Mario Alberto Navarro, Benjamín Hedding Galeana y Héctor González Pérez, se designa para que los introduzcan a fin de que rindan la propuesta de ley, a los diputados Carmen Bolado del Real, Alfredo Villegas Arreola y Martín Tavira Urióstegui.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadanos Mario Alberto Navarro, Benjamín Hedding Galeana y Héctor González Pérez: ¿protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se os ha concedido y guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión?
Los ciudadanos Mario Alberto Navarro Manrique, Benjamín Hedding Galeana y Héctor González Pérez: - Sí, protesto.
El Presidente: - Si no lo hiciereis así, la nación os lo demande.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández:
«Acuerdo de práctica parlamentaria para la presentación y comparecencia de los secretarios del ramo y del jefe del Departamento del Distrito Federal, en relación con las iniciativas de leyes de Ingresos y los proyectos de Presupuesto de Egresos para la Federación y para el Departamento del Distrito Federal, así como de la Miscelánea Fiscal.
Los coordinadores de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con el objeto de regular el trámite de la presentación en la Cámara de Diputados de las iniciativas de leyes de Ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; de los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal; así como de las comparecencias de los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto en sesión plenaria de la Cámara, del jefe del Departamento del Distrito Federal en sesión de la comisión respectiva, de acuerdo a lo previsto por los artículos 74, fracción IV, segundo Párrafo y artículo 93, segundo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, hemos llegado al siguiente
ACUERDO.
Primero. La Cámara, en sesión del día viernes 15 del presente mes, dará entrada a las iniciativas de leyes de Ingresos de la Federación y del Distrito Federal y de la Miscelánea Fiscal, así como a los proyectos de Presupuesto de Egresos de la Federación y del Distrito Federal.
Segundo. En la citada sesión se presentarán los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto para dar cuenta de las iniciativas arriba mencionadas, exponiendo sus motivos y explicando su contenido.
Tercero. Durante las presentaciones que se celebren en la sesión del día viernes 15 del actual, sólo tendrán lugar las intervenciones de los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto; por lo tanto, no habrá lugar a otras intervenciones diferentes a lo aquí acordado.
Cuarto. El día 19 del actual comparecerá ante la asamblea el ciudadano Secretario de Hacienda y Crédito Público, sujetándose a lo que se establece en el punto séptimo.
Quinto. El día 22 del actual comparecerá ante la asamblea el ciudadano secretario de Programación y Presupuesto, ajustándose igualmente a lo que se dispone en el punto séptimo.
Sexto. El día 28 del actual comparecerá ante la Comisión del Distrito Federal el jefe del Departamento del Distrito Federal, en los términos de los puntos anteriores subsecuentes.
Séptimo. Por lo que se refiere a las comparecencias ante la asamblea de la Cámara de Diputados de los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto los días 19 y 22, respectivamente, se sujetarán al siguiente procedimiento:
a) Harán uso de la palabra los oradores de los grupos parlamentarios en el orden siguiente:
Diputado del Partido Popular Socialista, diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado del Partido de la Revolución Democrática; diputado del Partido Acción Nacional y diputado del partido Revolucionario Institucional.
b) El secretario compareciente tendrá opción de hacer uso de la palabra al finalizar la intervención de todos los oradores de los grupos parlamentarios.
c) Las intervenciones de los ciudadanos diputados tendrán una duración máxima de 15 minutos.
d) La intervención del ciudadano Secretario correspondiente, tendrá una duración máxima de 30 minutos.
e) A continuación habrá un turno de intervenciones de preguntas y respuestas. La pregunta deberá formularse en un tiempo no mayor de cinco minutos y la respuesta no podrá tener un tiempo mayor de 10 minutos. Este turno de preguntas y respuestas se sujetarán al orden de preguntas y respuestas se sujetarán al orden siguiente:
Diputado del Partido Popular Socialista; diputado del Partido Popular Socialista; diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; diputado del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional; diputado del Partido de la Revolución Democrática; Diputado del Partido de la Revolución Democrática; diputado del Partido Acción Nacional; diputado del Partido Acción Nacional; diputado del Partido Revolucionario Institucional y diputado del Partido Revolucionario Institucional.
f) En el curso de las comparecencias no habrá lugar a ninguna otra intervención diferente a las aquí acordadas.
Octavo. El día 28 de noviembre comparecerá el ciudadano jefe del Departamento del Distrito Federal, ante la Comisión del Distrito Federal, sujetándose a los términos convenidos en los puntos sexto y séptimo que anteceden, y de acuerdo al orden del día que la misma comisión formule. En esta Comparecencia sólo tendrán derecho a intervenir los diputados integrantes de la Comisión del Distrito Federal.
Noveno. Las comparecencias de los ciudadanos secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto serán transmitidas en vivo por radio y televisión en cobertura nacional, y en particular la sesión en la que partidos políticos fijen sus proposiciones y formulen sus interrogantes.
México, Distrito Federal, a 12 de noviembre de 1991. - Partido Revolucionario Institucional,
Fernando Ortiz Arana; Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Cevallos Ramos; Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Marcos Carrillo Armenta; Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Carlos Enrique Cantú Rosas; Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
El Presidente. - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo parlamentario.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo parlamentario.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Continuamos el desahogo con los asuntos en cartera, señor Secretario.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República y para los efectos constitucionales, con el presente envío a ustedes iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, documento que el propio Primer Magistrado de la Nación propone por el digno conducto de ustedes.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 11 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Ante la necesidad de responder de forma inmediata a la demanda nacional para fortalecer el poder adquisitivo de los consumidores, producto de las medidas que han sido acordadas en la concertación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, el Ejecutivo a mi cargo ha expedido un decreto que exime parcialmente por un lapso de 50 días del impuesto al valor agregado, para quedar a nivel de 10% la tasa de dicha contribución.
El Ejecutivo a mi cargo, con la firme decisión de mantener una política económica que coadyuve de manera permanente al bienestar nacional, ha considerado conveniente proponer a ese honorable Congreso de la Unión el establecimiento de una tasa general única del 10%.
Esta propuesta se apoya en los logros alcanzados en el contexto general de la política económica que ha permitido fundamentalmente el saneamiento de las finanzas públicas y en general un comportamiento económico más racional.
Esta medida coadyuvará a fortalecer el poder adquisitivo de la población, principalmente la de menores ingresos, sin que la reducción de los ingresos públicos que se deriven de la propuesta, afecte los programas de desarrollo, modernización y ampliación de los servicios públicos que se tienen programados.
Por otro lado, se propone la desaparición del tratamiento diferencial que existe para las fajas fronterizas y zonas libres del país, tratamiento que tuvo su origen en la competencia férrea que dichas áreas enfrentan de bienes provenientes de los países vecinos y en su momento, de las menores tasas impositivas vigentes en ellos.
Ambas condiciones se han modificado sustancialmente y en la actualidad dichas regiones cuentan con un elevado nivel de competitividad de sus productos y en general con una economía fortalecida y con vecinos que han elevado sustancialmente el nivel de sus impuestos.
La reducción propuesta para la tasa general permitirá no sólo mejorar el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, sino que al unificarse su nivel en todo el país también se logrará un mejor control de la recaudación, inhibiendo prácticas evasivas y elusivas.
Por otra parte, el Ejecutivo Federal considera necesario precisar en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que la enajenación de alimentos que actualmente se encuentra gravada a la tasa general, se refiere a aquéllos que de cualquier forma se encuentran preparados para su consumo en el establecimiento o local en que se enajenen, inclusive cuando éstos no cuenten con lugares especiales para su consumo.
Asimismo, la presente iniciativa plantea la necesidad de continuar, por un año más, el tratamiento fiscal a los productores destinados a la alimentación y a las medicinas de patente, estableciendo que estos bienes estarán sujetos a la tasa del 0% para efectos del cálculo del impuesto.
Congruente con la propuesta de reducción en las tasas de este impuesto, se propone a ese honorable Congreso de la Unión eliminar la exención relativa al pago del impuesto por las enajenaciones que realizan algunas dependencias y organismos a favor de sus miembros, en sus tiendas, permitiéndoles recuperar el impuesto que se les traslade en sus operaciones.
Con el objeto de precisar las actividades que gozan del beneficio que se otorgó a los contribuyentes de ingresos y activos inferiores a 77 y 15 veces el salario mínimo respectivamente, se propone incluir dentro del mismo a los contribuyentes de los sectores agrícola, silvícola y pesquero que tienen la misma limitante de ingresos y activos.
Por otra parte, se propone incluir dentro de los servicios sujetos al pago de este impuesto, los derechos por el servicio, uso, suministro o aprovechamiento del agua, a fin de eliminar el trato diferencial que actualmente existe cuando estos servicios se prestan directamente por entidades públicas y cuando los mismos se prestan por entidades descentralizadas del mismo sector público y hacerlo congruente con la mecánica de aplicación de este impuesto que grava, tanto la prestación de los servicios que efectúan los particulares, como los que el Estado y sus organismos proporcionan, como son el servicio telefónico, los personales independientes, el de energía eléctrica, los de carreteras y los de transporte de personas por ferrocarril, entre otros.
Dentro de las medidas de simplificación administrativa que la presente iniciativa propone en materia del impuesto al valor agregado, destaca la relativa a considerar como estrictamente indispensables sólo aquellas erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines de impuestos sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto, siendo acreditable la proporción en que estas erogaciones sean deducibles.
Con igual objeto, se propone a esa soberanía, establecer que los pagos provisionales se presenten el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, medida que permitirá uniformar los términos del pago de contribuciones con otros ordenamientos fiscales en beneficio del contribuyente.
Se considera necesario precisar en la Ley del Impuesto al valor Agregado que las enajenaciones de oro se encuentran exentas, salvo cuando se realicen al menudeo con el público en general y cuando su importación no se haga en lingotes. Con esta medida se pretende precisar los conceptos y dar mayor seguridad a dicha actividad.
A fin de igualar el tratamiento fiscal aplicable a los intereses que se deriven de créditos otorgados directamente por proveedores de bienes y servicios de consumo, se propone gravar con el impuesto al valor agregado a los intereses provenientes de operaciones cuyo destino sea la adquisición de bienes o servicios de consumo.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal ha permitido desde 1980 evitar la múltiple tributación al suprimirse diversos impuestos locales y municipales. No obstante lo anterior, se ha convenido con las entidades que estás puedan gravar aquellos actos o actividades que están exentos del impuesto al valor agregado.
Sin embargo, el establecimiento de diversos gravámenes sobre los espectáculos públicos, especialmente de cines, teatros y circos, ha evitado su crecimiento y en ocasiones ha contribuido al cierre de estas fuentes de ingresos y de trabajo.
Congruente con el objeto de impedir que se siga lesionando el desarrollo de las actividades mencionadas y que los estados retengan esa fuente de ingresos, se propone la convivencia de uniformar un límite en los gravámenes locales y municipales, en consenso y con pleno respeto a la soberanía de los estados.
Por lo expuesto y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ese honorable Congreso de la Unión, por el digno conducto de ustedes, la siguiente:
INICIATIVA DE DECRETO QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Artículo único. Se reforman los artículos 1o., segundo párrafo; 2o. - A, fracción I, incisos a, y c, y último párrafo; 2o. - B fracción I, inciso C, y el último párrafo del artículo; 2o. - C; 3o., segundo párrafo; 4o., primer párrafo de la fracción I; 5o., segundo párrafo; 8o., segundo párrafo; 9o., fracción VIII; 15 fracción X, incisos c, y d; 20, fracción IV; 25, fracción III; 27, segundo párrafo y 41, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado; se adicionan los artículos 15, fracción X, inciso b, con dos párrafos y 41, con una fracción VI; y se derogan los artículos 2o,; 2o. - D y 4o, último párrafo, de la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado, para quedar como sigue:
Artículo 1o. ..
I a IV. ..
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores.
Artículo 2o. Se deroga.
Artículo 2o. A. ..
I. ..
a) Animales y vegetales que no estén industrializados, salvo el hule.
b). ..
c) Agua no gaseosa ni compuesta, siempre que se presente en envases mayores de 10 litros, y hielo.
d) a f). ..
Se aplicará la tasa que establece el artículo 1o. a la enajenación de los alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos.
II a IV. ..
Artículo 2o. B. ..
I. ..
a) y b). ..
c) Los que le sea aplicable la tasa del 0%.
II. ..
Se aplicará la tasa que establece el artículo 10. a la enajenación de alimentos a que se refiere el presente artículo preparados para su consumo en el lugar o establecimiento en que se enajenen, inclusive cuando no cuenten con instalaciones para ser consumidos en los mismos.
Artículo 2o. - C. Las personas físicas con actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general no estarán obligadas al pago del impuesto por dichas actividades, siempre que en el año de calendario anterior hayan obtenido ingresos por estas actividades y tenido o utilizado activos que no excedan, respectivamente, de una cantidad equivalente a 77 y 15 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año. El Valor de los activos se determinarán de conformidad con la Ley del Impuesto al Activo.
Asimismo, estarán sujetos a lo previsto en este artículo las personas físicas que se dediquen a actividades agrícolas, silvícolas o pesqueras, no obstante que la totalidad o parte de sus actos o actividades no las realicen con el público en general, debiendo reunir, en todo caso, los requisitos de los límites de ingresos y activos a que se refiere el párrafo anterior.
Los contribuyentes a que se refiere este artículo estarán obligados a recabar y conservar la documentación comprobatoria de las adquisiciones que efectúen.
Artículo 2o. - D. Se deroga.
Artículo 3o. ..
La Federación, el Distrito Federal, los estados, los municipios, así como sus organismos descentralizados y las instituciones públicas de seguridad social, tendrán la obligación de pagar el impuesto únicamente por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos, salvo en el caso de los derechos por el servicio, uso, suministro o aprovechamiento de agua.
Artículo 4o. ..
I. Que corresponda a bienes o servicios estrictamente indispensables para la realización de actos distintos de la importación. Por los que se deba pagar el impuesto establecido en esta ley o a los que se les aplique la tasa del 0%. Para los efectos de esta ley, se consideran estrictamente indispensables las agrupaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este último impuesto. Tratándose de erogaciones parcialmente deducibles para fines del impuesto sobre la renta, únicamente será acreditable el impuesto trasladado en la proporción en que dichas erogaciones sean deducibles para fines del citado impuesto sobre la renta.
II y III. ..
Ultimo párrafo. Se deroga.
Artículo 5o. ..
Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mediante declaraciones que presentarán ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del ejercicio, salvo que se trate de contribuyentes de la sección II del Capítulo VI del título Cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, quienes efectuarán pagos provisionales trimestrales por los mismos periodos y en las mismas fechas de pago que las establecidas para el impuesto sobre la renta.
Artículo 8o. ..
No se considerará enajenación, la transmisión de propiedades que se realicen por causa de muerte, así como la donación, salvo que ésta la realicen empresas para las cuales el donativo no sea deducible para los fines del impuesto sobre la renta.
Artículo 9o. ..
I a VII. ..
VIII. El oro, así como la joyería, orfebrería, piezas artísticas u ornamentales, cuyo contenido mínimo de dicho material sea del 80%, salvo cuando su enajenación se realice por comerciantes en ventas al menudeo y siempre que se trate de operaciones con el público en general.
Artículo 15. ..
I a IX. ..
X. Por los que deriven intereses que:
a). ..
b). ..
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no desarrollen actividades empresariales, o no presenten servicios personales independientes, o no otorguen el uso de goce temporal de bienes inmuebles. Tratándose de créditos otorgados a personas que realicen las actividades mencionadas, no se pagará el impuesto cuando los mismos sean para la adquisición de bienes de inversión en dichas actividades.
Tampoco será aplicable la exención previa en el primer párrafo de este inciso tratándose de créditos otorgados a través de tarjetas de crédito.
c) Reciban las instituciones de finanzas. las de seguros y las sociedades mutualistas de seguros, en operaciones de financiamiento, excepto tratándose de créditos otorgados a personas físicas que no gozarían de la exención prevista en el inciso anterior.
d) Provengan de créditos hipotecarios.
e) a i). ..
XI a XVI. ..
Artículo 20. ..
I a III. ..
IV. Bienes tangibles cuyo uso o goce sea otorgado por residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional, por los que se hubiera pagado el impuesto en los términos del artículo 24 de esta ley.
V. ..
Artículo 25. ..
I y II. ..
III. Las de bienes cuya enajenación en le país y las de servicios por cuya prestación en territorio nacional, no den lugar al pago del impuesto al valor agregado, salvo la de oro que no sean en lingotes, o se les aplique la tasa del 0% y las de bienes muebles usados únicamente cuando éstos sean de los mencionados en el artículo 2o. - A, fracción I, inciso e, y 9o., fracción III de esta ley.
IV a VI. ..
Artículo 27. ..
El valor que se tomará en cuenta tratándose de importación de bienes o servicios a que se refieren las fracciones II, III y V del artículo 24, será el que les correspondería en esta ley por enajenación de bienes, uso o goce de bienes o prestación de servicios, en territorio nacional, según sea el caso.
Artículo 41. ..
I. ..
II. La enajenación de bienes o prestaciones de servicios cuando una u otra se exporten o sean de los señalados en los artículos 2o. - A y 2o. - C de esta ley.
III a V. ..
VI. Espectáculos públicos consistentes en obras de teatro y funciones de circo o cine, que en su conjunto superen un gravamen a nivel local del 6% calculado sobre el ingreso total que derive de dichas actividades.
Queda comprendido dentro de esta limitante cualquier gravamen adicional que se les establezca con motivo de las citadas actividades.
DISPOSICIONES DE VIGENCIA ANUAL
Artículo único. Durante el año de 1992, se aplicará la tasa del 0% para calcular el impuesto al valor agregado por la enajenación e importación de productos destinados a la alimentación y medicinas de patente, con excepción de los mencionados en los incisos a, y b, de la fracción I del artículo
2o. - B. TRANSITORIOS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de lo previsto en el artículo 5o. que entrará en vigor el 1o. de enero de 1992, y el artículo 41, fracción VI que entrará en vigor el 1o. de abril de dicho año.
Segundo. El pago provisional correspondiente al mes de diciembre de 1991 se enterará el 17 de enero de 1992.
Tercero. El saldo a favor que, en su caso, se derive de la reducción de la tasa del 15% al 10%, que resulte en la declaración del pago provisional correspondiente al mes de noviembre de 1991, se podrá compensar contra cualquier otra cantidad que se esté obligando a pagar por adeudo propio o por retención a terceros, incluyendo sus accesorios derivados de impuestos federales correspondientes a dicho mes.
La cantidad del saldo a favor que no se hubiera podido compensar, podrá solicitarse en devolución.
No será aplicable lo previsto en este artículo por los actos o actividades sujetos a la tasa del 0%.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., a 11 de noviembre de 1991. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari."
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
INFORME
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez:
"Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaria de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
Anexo al presente envío a ustedes, para los efectos constitucionales, informe del Ejecutivo Federal acerca del uso que ha hecho de las facultades que tiene concedidas en materia de control de cambios.
Reitero a ustedes en esta oportunidad las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 11 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios..»
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Banco de México, el Ejecutivo Federal a mi cargo informa al honorable Congreso de la Unión, acerca del uso que durante el presente año ha hecho de las facultades que tiene concedidas en materia de control de cambios.
En virtud del decreto presidencial correspondiente, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer, el régimen de control de cambios quedó abrogado a partir de esta misma fecha. Las consideraciones en base a las cuales resolví abolir dicho régimen son las siguientes:
Al haber mejorado la situación y perspectivas de la balanza de pagos, se ha logrado la virtual igualación de los tipos de cambio del mercado controlado y del mercado libre, lo cual ha determinado la constitución de un mercado de cambios prácticamente unificado.
En las circunstancias referidas, deja de haber razón para mantener la dualidad de mercados de divisas establecidas por el decreto de control de cambios vigente desde el 20 de diciembre de 1982.
El control de cambios, no obstante todo lo que se ha simplificado, sigue implicando costos para los exportadores, las empresas de maquila, algunos usuarios de capital del exterior, los bancos y las autoridades financieras.
Sin lugar a dudas, la abrogación del régimen de control de cambios representan un estímulo adicional a los exportadores y a las empresas maquiladoras.
Por otra parte, las acciones llevadas a cabo a partir del año en curso hasta el día de ayer, estuvieron encaminadas a simplificar y compilar las normas aplicables, realizando ajustes y adiciones menores, con objeto de buscar la mayor seguridad jurídica en favor de los sujetos involucrados en las operaciones de control de cambios, así como evitar, en lo posible, el entorpecimiento de las actividades económicas objeto de dicho control, pero principalmente tuvieron como propósito ir preparando la medida a que me referí al inicio del presente informe. A continuación se describen las acciones más relevantes:
I. Disposiciones complementarias de control de cambios
Por acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial y del Banco de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 1991:
a) Quedaron exceptuadas del mercado controlado de divisas las exportaciones de mercancías cuyo valor no fue superior a cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América.
Lo anterior, en virtud de que las exportaciones por montos inferiores a la suma citada, realizadas fundamentalmente por empresas medianas y pequeñas, representan alrededor del 65% del número total de operaciones de exportación, pero generan poco menos del 9% de los ingresos de divisas por exportaciones no petroleras. Asimismo, para ajustarse al régimen de control de cambios, dichas empresas requerían incurrir en costos asociados a los trámites administrativos inherente, los cuales también implican costos para las aduanas e instituciones de crédito del país.
b) Se aumentaron los montos de divisas controladas que tanto exportadores como importadores podían utilizar para pagar los gastos asociados a sus operaciones.
c) También con el propósito de simplificar los trámites que el control de cambios obligaba a realizar a los usuarios de créditos en moneda extranjera otorgados por bancos mexicanos a plazo superior a 180 días, se liberó a dichos acreditados de la obligación que tenía de inscribirlos en el Registro del Crédito Externo Privado que lleva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
2. Resolución sobre regularizaciones extemporáneas en materia de control de cambios
A fin de propiciar que los exportadores, empresas maquiladoras y suscriptores de compromisos
de uso o devolución de divisas que no habían dado cumplimiento a sus obligaciones de control de cambios, acudieran en forma expedita a las instituciones de crédito del país a regularizar dichas obligaciones, por resolución del Banco de México publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de marzo de 1991, se les otorgó una reducción de un 85% en el costo de regularización .
3. Difusión de las medidas adoptadas en materia de control de cambios
Se continuó con la labor de difundir las disposiciones en materia cambiaria, celebrándose seminarios y pláticas, dirigidos a las empresas que participan en el comercio del país y al personal bancario que tiene a su cargo el trámite de operaciones con divisas.
Reitero a ustedes ciudadanos secretarios las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 11 de noviembre de 1991. - El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Carlos Salinas de Gortari.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
ANÁLISIS DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO
PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
El Presidente: - Quiero consultar a la Secretaría los nombres de los diputados que previamente se han registrado para hacer uso de la palabra en relación con el asunto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Por instrucciones de la Presidencia, se solicita a los señores diputados que han solicitado hacer uso de la palabra se sirvan levantarse y expresarlo.
El Presidente: - Se han registrado para tomar intervención en este asunto sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, los siguientes diputados: En la primera ronda o primer turno: por el Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas; por el Partido Popular Socialista: Héctor Ramírez Cuéllar; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana: Adolfo Kunz y Bolaños; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional: José María Telléz Rincón; por el Partido Acción Nacional: Fauzi Hamdan y por el Partido Revolucionario Institucional, Ángel Aveces Saucedo.
Se recuerda a los señores oradores diputados que conforme al artículo 103 del reglamento que norma la vida interna de esta Cámara de Diputados, sus intervenciones serán hasta por 30 minutos.
Tiene la palabra el señor diputado Alejandro Encinas, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con sus permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Como es de su conocimiento, el pasado domingo 10 de noviembre del año en curso, el gobierno federal ha suscrito, junto con representantes de otros sectores de la sociedad, un acuerdo para extender la vigencia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico hasta el día 31 de enero de 1993.
A reserva de que nosotros hagamos en una segunda intervención, la evaluación del impacto económico que la firma y la ampliación del pacto van a tener en la economía nacional y en la economía familiar, quisiera referirme en esta primera instancia a un asunto que desde nuestro punto de vista es de primer orden para la soberanía de esta legislatura y del Congreso de la Unión y para recuperar la dignidad del Poder Legislativo.
Como ustedes conocen, entre los puntos y compromisos que componen el documento a que estamos haciendo referencia, se encuentra la disminución de las tasas del impuesto al valor agregado, del 15% y del 20% a solamente el 10% a partir del día 11 de noviembre, con excepción de las franjas fronterizas y las zonas libres.
El compromiso gubernamental de la reducción de la tasa de impuesto al valor agregado, cuya conveniencia ya había sido planteada por el Partido de la Revolución Democrática en esta Cámara es, a nuestro juicio, una decisión ilegal y arbitraria.
La ampliación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, se ha suscrito violentando el orden constitucional y las leyes fiscales expedidas por el Congreso de la Unión, además de que representa una afrenta a la dignidad del Poder Legislativo, ya que el Ejecutivo Federal ha violado el principio de separación de poderes,
establecido en el artículo 49 constitucional. No es la primera vez que lo hace, no es la primera vez que lo denunciamos y no estamos dispuestos a que esto siga siendo una práctica del Ejecutivo Federal.
Las tasas del impuesto al valor agregado, aprobadas por el Congreso General en diciembre de 1990, desde nuestro punto de vista y con apego a derecho, están vigentes. Sólo un decreto del Poder Legislativo las puede modificar; el Ejecutivo Federal lo que tiene que hacer, en todo caso, es enviar una iniciativa de ley, como hoy lo ha hecho, a este Poder Legislativo, para que la soberanía del Congreso de la Unión pueda ejecutarla.
Si nosotros revisamos a la que hoy se le ha dado entrada en esta legislatura, encontraremos, en el primer párrafo, un reconocimiento expreso del Ejecutivo a esta violación. Es evidente que quieren tapar el pozo después del niño ahogado, pero sin embargo hay un reconocimiento explícito en el momento en el que el primer párrafo el Ejecutivo señala que han sido acordadas en la concertación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, "el Ejecutivo a mi cargo ha expedido un decreto que exime parcialmente por un lapso de 50 días del impuesto al valor agregado, para quedar a nivel del 10% las tasas de dicha contribución".
Esto, señores, es una violación a la ley y es una extralimitación de facultades del Ejecutivo Federal, ya que ésta es competencia exclusiva reservada al Poder de la Federación.
No está por demás recordarle al Ejecutivo, que no ésta facultado para modificar las tasas impositivas, cuya vigencia es anual. ¿Qué la aplicación de las leyes fiscales no es una facultad discrecional de la administración pública? El Ejecutivo Federal usurpa atribuciones, violando la garantía de legalidad establecida en el artículo 16 constitucional, invadiendo la esfera de competencia reservada al Poder Legislativo, en los artículos 72 y 73 de nuestra Constitución, conculcando el principio de la división de poderes y excediéndose y extralimitándose en las facultades que le otorga la fracción I del artículo 89 constitucional.
Con la reducción de las tasas del impuesto al valor agregado, de ejecución inmediata a partir del día 11 de noviembre, los secretarios de Estado que firmaron el convenio de prórroga del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, incurren en causas de responsabilidad. Ellos carecen de capacidad jurídica para comprometer los recursos fiscales; actúan tanto, excediendo el marco de sus atribuciones. El compromiso que firmaron estos representantes del Ejecutivo, es una violación grave a los planes, programas y presupuestos de la administración pública federal, en los términos de la fracción VIII del artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los servidores Públicos. En ello incurren en ilícitos penales, en primer lugar, por la usurpación de funciones públicas, ya que sin ser Poder Legislativo, se atribuyen ese carácter y realizan funciones de tal, violándose con esto el artículo 250, fracción I del Código Penal.
b) También es ilícito la coalición de servidores públicos para tomar una medida contraria a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1991; a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento, al Código Fiscal de la Federación y a la Constitución general de la República, conforme lo establece el artículo 216 del Código Penal.
Es un ilícito también, el uso indebido de atribuciones y facultades en los términos de la fracción I inciso c, del artículo 217 del Código Penal. En este sentido y a nuestro juicio, estos servidores públicos han cometido un ilícito e incurren en responsabilidad; por lo cual nosotros consideramos que la Procuraduría General de la República debe realizar una investigación para que, en su caso, una vez comprobados esos ilícitos, se proceda penalmente.
De haberse seguido los cauces penales, los cauces legales conforme lo establece la propia ley, la iniciativa presidencial de reducir la tasa del impuesto al valor agregado, no hubiera encontrado ninguna objeción por nuestra parte. Pero nuestra condición y dignidad de representantes de la nación, nos obliga a proponer a esta Cámara de Diputados, la adopción del siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Primero. Los integrantes de la Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión, manifiestan su inconformidad e indignación con el procedimiento seguido por el Ejecutivo Federal para reducir las tasas del impuesto al valor agregado, porque desobedece las leyes emanadas del Congreso de la Unión, invade la esfera de competencia del Poder Legislativo, atenta contra nuestra condición de representantes de la nación y trastorna la legalidad y el orden constitucional.
Segundo. Coincidiendo en la necesidad de hacer esa reducción a la tasa del
impuesto al valor
agregado, nos comprometemos ante el pueblo de México, a realizar las modificaciones que las leyes requieren para ese efecto.
Tercero. Como necesidad política de primer orden y para evitar futuras intromisiones de miembros del Ejecutivo Federal en los asuntos del Poder Legislativo, establecemos el compromiso de investigar, si hubiere denuncia, la responsabilidad política de los secretarios de Hacienda y Crédito Público, del Trabajo y Previsión Social, de Comercio y Fomento Industrial, de Agricultura y Recursos Hidráulicos, de Programación y Presupuesto y de Gobernación.
Recinto alterno de la Cámara de Diputados, a 12 de noviembre de 1991.»
Este es el punto de acuerdo que sometemos a su consideración.
Solamente quise hacer un agregado más: El día 24 de abril de 1990, en este mismo recinto, la fracción parlamentaria de la LIV Legislatura del Congreso de la Unión, presentó una iniciativa para modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que se redujeran exactamente estas tasas al 10%. Esta iniciativa fue rechazada por la mayoría del Partido Revolucionario Institucional, argumentando que no era posible hacer ajustes a las leyes fiscales a la mitad del ejercicio. Ese fue el argumento.
Y hoy solamente se hace esa modificación a la mitad del ejercicio presupuestal y fiscal, sino que también se hace en forma unilateral y totalmente ilegal, por parte del Ejecutivo Federal.
En ese sentido y con base en el artículo 58 del reglamento, dejamos este punto de acuerdo a su consideración, reservándonos un segundo turno, no solamente para ampliar sobre esta denuncia, sino también para dar nuestro punto de vista sobre el impacto económico del pacto. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor diputado Alejandro Encinas: ¿nos hizo usted el favor de entregarnos su propuesta por escrito?
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Sí, la entregué a la Secretaría.
El Presidente: - Muchas gracias, señor diputado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente: En términos del 58, pido la palabra para hablar en contra de la propuesta.
El Presidente: - Vamos a darle curso en principio, a la lectura del artículo 58, el señor secretario, para permitirnos normar el criterio que habrá de ser fundamento a seguir en el desarrollo de esta presentación. Por favor, señor secretario, lea el artículo 58.
El secretario diputado Manuel Garza González:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores, al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición.
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada.
El Presidente: - Señor secretario; señores diputados:
En estricto cumplimiento al tenor de este artículo 58 del reglamento, vamos a continuar con la lista y el orden de los oradores, para una vez concluidos, la exposición de los diferentes diputados que intervengan en el análisis de este asunto, pasaremos a discusión de inmediato todas y cada una de las propuestas que al respecto hayan surgido.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde se curul): - Con todo respeto para los oradores que están inscritos, son para hablar sobre el pacto; no para la propuesta. Por lo tanto, pido que se aplique el reglamento en términos del artículo 58 y se somete la propuesta del compañero Encinas.
El Presidente: - No hay dentro de el reglamento disposición alguna que nos obligue a darle curso en esta forma, no tenemos ningún inconveniente
en hacerlo, solamente pretendemos por economía procesal tratar de darle curso a las personas que habrán de tener intervención; sin negarle en ningún momento ni a usted, señor diputado, ni a ninguno de los presentes o ausentes si así lo quisiera, el tomar participación en la discusión y propuestas de este asunto.
El diputado Amador Rodríguez Lozano ( desde su curul): - Pido entonces la palabra para hechos.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, para hechos. Conforme a las disposiciones correspondientes del artículo 102, se recuerda al orador que tiene cinco minutos a su disposición.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
He solicitado la palabra para hechos, para rechazar de manera enérgica a nombre de la diputación priísta, las imputaciones realizadas aquí por el compañero diputado Encinas, en el sentido de que el titular del Poder Ejecutivo Federal se haya extralimitado y rebasado sus facultades constitucionales con motivo del decreto que eximió de contribuciones, expedido el día de ayer.
Por supuesto que esto tiene una explicación que es perfectamente razonable, primeramente tenemos qué ver que la parte relativa del fundamento jurídico de este decreto está fundado en el artículo 39 del Código Fiscal, fracción I, que me voy a permitir leer y que dice:
"Artículo 39. El Poder Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general, - ésta es una resolución de carácter general - , podrá fracción I, condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios."
Ese es el supuesto que nos ocupa en el caso del decreto expedido el domingo 10 de noviembre.
Por supuesto que aquí se alegó que hay una invasión a la competencia del Poder Legislativo y que se aplicaron facultades legislativas. Miren compañeros, éste es un tema muy discutido por la doctrina, en el sentido de que el Poder Ejecutivo tiene algunas facultades legislativas que son expresamente otorgadas por la Constitución, no por la legislación. La doctrina también de derecho administrativo, ha analizado muy bien este aspecto y conoce a este tipo de normas y disposiciones como las leyes marco, que son disposiciones que surgen en Francia, fundamentalmente con el propósito de que cuando se presenten circunstancias de carácter especial, de carácter extraordinario, que haga necesario que se tomen medidas con urgencia, que permitan evitar los problemas que, en todo caso, se tendrían que realizar con base en un proceso legislativo que normalmente tiene sus tiempos, le autoriza a los ejecutivos de todo el mundo este tipo de medidas de carácter extraordinario que son las leyes y disposiciones que se conocen como "leyes marco".
Este es el caso específico y clásico de una disposición de carácter "marco". Existen las facultades legislativas, por supuesto, en el artículo 73, que le corresponden al Congreso de la Unión, para poder imponer contribuciones que sean necesarias para el mantenimiento de la República. Pero existe en el artículo 39 fracción I, el Código Fiscal de la Federación, la facultad específica que en este caso es la aplicable.
De ninguna manera el titular del Poder Ejecutivo, rebasó sus facultades. Por lo contrario, aplicó una facultad puntual y específica que le otorga la legislación fiscal.
Por esa razón rechazamos las imputaciones realizadas aquí. Fue una norma, fue un acuerdo perfectamente apegado a derecho y, por lo tanto, estamos en contra también de la propuesta. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, por el Partido de la Revolución Democrática, el señor diputado Eloy Vázquez, hasta por cinco minutos, conforme a lo dispuesto por el artículo 112 del reglamento.
El diputado Eloy Vázquez López: - Bien He solicitado la palabra para hechos, para poder responderle al señor Amador en los términos de la Constitución.
El artículo 73 de la Constitución, en su fracción VII, establece como facultad del Poder Legislativo precisamente el hacer este tipo de decretos relacionados con los ingresos de la Federación.
¡Ningún otro artículo de la Constitución le da facultades al Ejecutivo para modificar leyes vigentes! ¡Existe una mención únicamente en el último párrafo del artículo 131, que se refiere a situaciones extraordinarias, pero relacionadas exclusivamente con el comercio exterior! No habla de ningún impuesto; se refiere a aumentar, disminuir, o suprimir cuotas de las tarifas de exportación e importación.
Por cierto que hubo un sector importante de los empresarios exportadores que solicitaron al Presidente de la República, hace algunas semanas, que se disminuyera la tasa del impuesto al valor agregado y ha habido pronunciamientos en relación con la exportación, pero no en relación con todo el comercio interno y la producción interna del país.
Y quiero decir también que el artículo que invoca el diputado que me antecedió, es por principio de cuentas de una ley reglamentaria que no puede estar por encima de la Constitución y además dice ese artículo expresamente que "el Presidente puede condonar o eximir", pero jamás dice "que pueda reducir una tasa modificando una ley", como puede ser el caso del artículo 1o. de la Ley del Impuesto al valor Agregado.
Es decir, se refiere a cuando el Presidente puede condonar a un particular o a un sector específico un impuesto concreto para estimular la economía, pero no está diciendo que pueda estar facultado para poder modificar la Ley del Impuesto al valor Agregado como fue lo que suscribió.
El señor Presidente de la república modificó el artículo 1o. ¿verdad?, y si el señor Presidente hubiera tenido facultades para suscribir ese convenio, que se comprometía a modificar el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no tendría por que haber enviado la iniciativa, como lo manda el día de hoy, tardíamente y posteriormente haber realizado ya el compromiso público. (Aplausos.)
Queremos decir, reiterar, que ha sido el partido de la revolución Democrática quien ha puesto, en primer lugar, el asunto del impuesto al valor agregado a discusión y ha planteado oportunamente su reducción.
Si la prepotencia del partido de estado fuera menor y hubiera modestia suficiente para razonar, en el momento que conviene legalmente, las propuestas que hace un partido opositor, nos hubiéramos ahorrado en este momento una discusión de este tipo. ¡El impuesto al valor agregado podría haber sido este año del 10% y el Presidente de la República no tendría que estar pasando en este momento por el cuestionamiento ¿verdad?, ni por defensas tan pobres como las de aquí se pueden venir a hacer, violatorias de la Constitución! (Aplausos.)
Tengo en mis manos la iniciativa que presentó el mes de abril, 24 de abril de 1990. Los suscribe la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y dice, en su iniciativa dice:
"Artículo 3o. Se reforma el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al valor Agregado en su segundo párrafo, para quedar como sigue:
El impuesto se calculará aplicando a los valores que señala esta ley, la tasa del 10%. El impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de dichos valores...". etcétera y sigue.
Esto demuestra ¿verdad?, que en ocasiones no es que seamos profetas o que queramos serlo, sino que sabemos preveer con cierta anticipación los movimientos que tendrá la economía.
¡Y señores de la mayoría, les pedimos modestia para cuando traigamos aquí nuestras propuestas y, sobre todo, que se nos escuche; porque no venimos aquí solamente a protestar! ¡Siempre que venimos, venimos con la propuesta por delante para que ustedes la reflexionen! ¡Esperamos que en el futuro sea distinto! Con permiso. (Aplausos).
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado?
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, conforme el artículo 102 del reglamento.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Nosotros no creemos que sea a través de la calificación burda, a través de la burla o de la mofa de los compañeros que hacemos uso de la palabra, como podemos hacer prevalecer nuestras razones.
No creemos que sea con discursos incendiarios, o llenos de argumentaciones políticas alejadas de la realidad jurídica, como se venga a tratar de convencer o razonar el argumento, para convencer a esta asamblea de nuestras propuestas.
Nosotros creemos que es válido y respetable y que todos tenemos la obligación de hacer que eso se respete, quienes vengamos a esta tribuna expresemos nuestras particulares opiniones y, por supuesto, nuestras posiciones partidistas.
Esa es la naturaleza y la riqueza de este Congreso, ésa es la naturaleza y la riqueza de una Cámara de Diputados. Pero no se trata, con la descalificación de un contrario, no se trata...
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Señor Presidente, ¿podría preguntarle al orador si acepta una interpelación?
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta usted una interpelación?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Al final, señor Presidente.
No se trata de venir aquí a tratar de descalificar de manera personal los argumentos que se presentan en la tribuna. En el caso que nos ocupa está perfectamente clara la discusión, la discusión es eminentemente jurídica constitucional, no es un debate o una polémica política, es un debate jurídico constitucional y ahí debemos de centrar nuestro debate.
El Presidente, por supuesto que tiene facultades, están en la fracción I del artículo 39 y no se trata de eximir de manera individual, como dijo aquí el orador que me antecedió en el uso de la palabra; se trata de tomar decisiones de carácter general que, por supuesto, en estos momentos estamos conociendo una iniciativa que viene a darle el trámite legislativo correspondiente, a una decisión de carácter administrativo, que tiene precisamente ese propósito; la ley marco tiene precisamente el propósito de darle al Presidente de la República las facultades extraordinarias para que pueda tomar decisiones que no afecten al contenido general de la economía. No solamente el artículo 131, fracción II de la Constitución le da facultades legislativas al Presidente de la República, lo mismo le da el artículo 29 constitucional, en caso de situación extraordinaria; lo mismo se le da en el caso del artículo 133, en el caso de los tratados internacionales.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - Señor diputado, ¿acepta una interpelación?.
El diputado Amado Rodríguez Lozano: - Al final, con mucho gusto.
Y, por supuesto, la facultad reglamentaria que está en el artículo 89, fracción 1.
En el caso que nos ocupa, el Presidente actuó en cumplimiento de una facultad que se encuentra específicamente en la fracción I del artículo 39, es la ley vigente: El Presidente de la República, en los términos del artículo 128 constitucional, tiene la obligación de respetar y hacer que se respeten la Constitución y las leyes; mientras esta fracción esté vigente, el Presidente puede ejercerla, porque es una facultad y una obligación que él tiene, por lo tanto actuó conforme a una norma expresa, aprobada por el Congreso de la Unión. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente: - ¿Va a aceptar las interpelaciones, señor diputado?.
El diputado Amado Rodríguez Lozano: - Sí, señor Presidente.
El Presidente: - Diputada Rosa Albina Garavito Elías.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Señor diputado Amador Rodríguez Lozano, no creo haber sufrido de ningún espejismo, como estoy segura ninguno de los diputados de esta asamblea, el haber visto y escuchado al compañero Eloy Velázquez fundar su intervención en la Constitución y en otras legislaciones; no creo haber tampoco sufrido de ningún espejismo, al no haber escuchado ninguna mofa. Mi pregunta es: ¿de dónde proviene de usted la acusación de mofa de parte del compañero Eloy Vázquez?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - De mi visión personal de las cosas, diputada.
(Risas.)
El Presidente: - Señor diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Compañero Rodríguez Lozano, mencionó usted textualmente casi, que era un trámite administrativo al cual hoy se le iba a dar el trámite legislativo correspondiente. Si es un acto administrativo y usted alega que está fundado, entonces ¿que caso tiene que conozcamos esa iniciativa si no es necesario?.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - No, son dos cosas distintas, diputado. Yo dije que el Presidente, en uso de las facultades que le otorga la fracción I del artículo 39, emitió un decreto a través del cual exime a las personas o a los mexicanos que caigan en ese supuesto,
parcialmente de un impuesto, en los términos del artículo 39 y que conforme a él en estos momentos, estamos conociendo la iniciativa de Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se sigue el trámite legislativo correspondiente.
Pero lo otro se trata de un momento extraordinario, precisamente para eso son estas facultades, para que se puedan realizar en el momento, cuando son necesarias y no se tenga que utilizar después de todo el proceso legislativo, con lo cual se tiene que, por supuesto, seguir los trámites correspondientes y exigir un cierto tiempo que la medida extraordinaria pueda subsanar.
El Presidente: - ¿Señor diputado, acepta usted una interpelación del diputado Alejandro Encinas?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con mucho gusto, tratándose del diputado Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Rodríguez (desde su curul): - Aprovechando que usted tiene un muy particular punto de vista, muy personal de las cosas, quizá preguntarle si a su juicio la firma del pacto no modifica el artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - No.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde la curul): - ¿Por qué?
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Me preguntó que no. Le dije que no.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños (desde su curul): - Para hechos, solicito la palabra.
El Presidente: - Tiene usted cinco minutos conforme al artículo 102 del reglamento.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños: - Con su venia, señor Presidente. Vayamos estrictamente al aspecto jurídico constitucional. El artículo 89 establece las facultades y obligaciones del Presidente y en sus incisos no incluye en ninguno de ellos la de legislar en materia fiscal. El inciso 20 expresamente señala las demás que le confiere expresamente esta Constitución. Consecuentemente, el titular del Ejecutivo se extralimitó en sus facultades y si el Código Fiscal de la Federación le da alguna atribución en este sentido, esa atribución no puede estar por encima del precepto constitucional.
Tampoco la podemos manejar como un caso de excepción que es lo que contempla la ley, se tomó una disposición de carácter general. Sobre esto se podría abundar mucho, afortunadamente para ustedes estoy afónico y me concreto a señalar que ésta es una violación al estado de derecho y una violación al sistema republicano. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - A continuación se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - Señor Presidente, compañeros diputados:
Por sexta ocasión consecutiva, el gobierno renueva la continuación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico y por sexta ocasión lo hace afectando los intereses populares.
Por sexta ocasión toman acuerdos al margen de los trabajadores, los dirigentes sindicales, los empresarios y el gobierno, presentándose una situación que lesiona muy seriamente los intereses de los obreros, los campesinos y los empleados.
Mientras se autoriza un aumento al salario mínimo del 14%, los precios de los hidrocarburos se elevan en un 55%, lo que es a todas luces desproporcionado y contraproducente, dado que el aparato productivo del país está íntimamente vinculado al suministro de energéticos y por lo tanto se trata de un incremento que repercute en forma inflacionaria en toda la economía nacional.
Desde que está vigente el pacto, se ha perdido el poder de compra de los salarios en un 67% y en igual período, el salario de los obreros industriales se ha demeritado en un 47%.
En los tres años de gobierno del presidente Salinas de Gortari, la pérdida del salario mínimo real ha sido del 30% y en lo que va de este año, ya acumula el 15% y lo supera.
Si lo tomamos en cuenta los cálculos oficiales en materia de inflación para el presente año, llegaremos a la conclusión de que en el mejor de los casos, la tasa inflacionaria con que cerrará este año, será cercana al 19%, por lo que habrá fracasado la política salarial antiinflacionaria.
Desde que está vigente el pacto, el frijol ha subido en un 548%; el azúcar en un 687%; el arroz un 386%; la tortilla un 275%; la leche un 267%, en tanto que los salarios, en términos globales,
solamente han subido un 84%. ¿En dónde está, nos preguntamos, la defensa del poder de compra real de los trabajadores?; ¿en dónde está la protección a los ingresos de obreros, de campesinos y empleados? Esta protección evidentemente no existe.
La situación se torna verdaderamente delicada, pues el 30% de la población económicamente activa de nuestro país, percibía hasta un salario mínimo y en el caso del Distrito Federal, el 40% de la población percibe hasta un salario mínimo.
Un día antes de que se firmara este pacto, se decretó un aumento a los transportes públicos en la ciudad de México y esto lesionó la economía de los trabajadores, porque el año pasado destinaban la tercera parte de su salario para el pago de transporte público.
No hay ninguna proporción entre los aumentos de precios de los bienes y servicios, tanto públicos como privados, con respecto al aumento de salarios, ya comentado.
El día de ayer el Taller de Estudios Económicos de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México dio a conocer que la canasta básica, que comprende 35 productos fundamentales, hasta el 30 de octubre tenía un costo de 24 mil 600 pesos, mientras que el aumento salarial acordado en el pacto es del 12%. Se considera que con el salario que están percibiendo los trabajadores hoy, apenas pueden comprar el 32% de los satisfactores que mostraban en el año de 1986.
La participación de los salarios en el ingreso nacional se ha reducido. En el año de 1976 en que llegó a estar en su nivel más alto representaba el 42% y hoy ha descendido al 26%, lo que revela que la política del pacto ha perjudicado fundamentalmente a los trabajadores de la ciudad y el campo.
Pero la riqueza que el pacto le ha quitado a los trabajadores, la plusvalía que los empresarios le han tomado, no se ha esfumado, no se ha perdido, se ha transferido al capital, a las grandes empresas nacionales y extranjeras.
Según lo publica la revista empresarial "Expansión", el comportamiento de las 500 empresas mexicanas más importantes ha sido todo lo contrario: crecimiento de sus utilidades, aumento de sus activos e incremento en sus ventas; todo lo contrario a lo que ocurre con el ingreso de los trabajadores.
El año pasado las 500 grandes empresas de nuestro país aumentaron su volumen de utilidad en un 6%, su productividad creció en 19%, productividad basada en una explotación intensiva de la mano de obra. Los activos se incrementaron un 41%. El crecimiento en sus ventas fue de 23% y así sucesivamente hasta llegar a una situación en la que son estas grandes empresas las que están obteniendo las mayores utilidades de nuestro país.
Se afirma que en el pacto se va a reducir el impuesto al valor agregado, demanda que hemos planteado en esta tribuna varios partidos políticos, pero el aumento, la reducción del 5% al impuesto al valor agregado es francamente simbólica. Resulta una ironía sangrienta, después de observar la pérdida salarial tan notable, una reducción de apenas el 5%. Consideramos nosotros que este impuesto debe ser revisado y en su caso debe ser derogado.
El gobierno, por la vía administrativa reduce el impuesto al valor agregado para homologar el sistema fiscal de nuestro país con el sistema fiscal de los Estados Unidos, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, pero el impuesto al valor agregado sigue siendo un impuesto atentatorio y discriminatorio a los consumos de la mayoría de la población.
Otra disposición que queremos comentar, es la eliminación que el gobierno hace del control de cambios. A partir de hoy la medida tomada en el año de 1982 se levanta y podrán ser expatriados todos los capitales que se considere conveniente por los industriales y por los comerciantes, de tal manera que está abierta la puerta para el saqueo de los recursos económicos de nuestro país.
En virtud de que el pacto lesiona la economía popular, afecta los niveles de ingreso de la población, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, por mi conducto y con base en los artículos 53 y 58 relativos al Reglamento del Gobierno Interior del Congreso, plantea a ustedes el siguiente
«PUNTO DE ACUERDO
Único. A efecto de explicar los motivos de la renovación del pacto y sus efectos en la economía popular, se solicita la comparecencia de los secretarios Arsenio Farell Cubillas, secretario del Trabajo y Previsión Social; del doctor Jaime Serra Puche, secretario de Comercio y Fomento Industrial.»
Hago esta presentación a nombre del Partido Popular Socialista. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado Adolfo Kunz y Bolaños, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Adolfo Alonso Kunz y Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
En el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana estamos realmente preocupados por la forma en que se han desenvuelto las políticas, principalmente la economía, en este país.
Hace un momento hablaba yo del rompimiento del estado de derecho y de la estructura republicana, pero nos estamos encontrando que se están tomando medidas concretamente y volviendo al impuesto al valor agregado, yo quisiera recordar que el presidente de mi partido señaló aquí la necesidad de establecer políticas más equitativas en materia de justicia social y su servidor, en la glosa del informe, mencionó que no se había hecho nada en materia de impuesto al valor agregado, que siendo un impuesto indirecto, golpeaba directamente a las clases más necesitadas.
Tal parece que tenemos una respuesta inmediata. No estamos en contra del fondo del problema porque nosotros mismos lo pedimos; o sea, nos parecía una tasa desproporcionada, que no coincidía con las afirmaciones del tercer informe, la del impuesto al valor agregado. Si había habido un factor entre tantos que incidiera en la inflación, ése era el incremento del impuesto al valor agregado, impuesto indirecto que, combinado con el impuesto directo, que es el de sobre la renta, gravaban en forma desproporcionada a nuestro pueblo y en especial a las clases más necesitadas.
Nos parece muy bien que el impuesto al valor agregado baje del 15% al 10%; lo que no nos parece es la estructura corporativista, paralela, que se está dando en nuestro país. Por un lado, tenemos la estructura formal con los niveles federal, local y municipal, la división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, una estructura republicana, diría yo muy completa desde el punto de vista teórico. Pero, por otro lado, tenemos organizaciones de carácter corporativista que están tomando las decisiones que deberían de adoptar las instituciones republicanas. Concretamente hemos hablado del Programa Nacional de Solidaridad que ignora la estructura y se maneja cupularmente, y ahora estamos viendo que el pacto, otra organización de carácter corporativo, está sirviendo como foro de negociación y de toma de decisiones. Lo que empezó como un acuerdo nacional para combatir la inflación, se ha institucionalizado al nivel de que ahora en esta Cámara de Diputados estamos haciendo labor de confirmadores de decisiones ya tomadas previamente. Esto realmente es preocupante para el funcionamiento democrático del país.
Por un lado, toda nuestra estructura democrática se ha puesto en duda durante el pasado proceso electoral. Ahora también el aspecto formal y la estructura republicana se ésta poniendo en duda. Esto es muy preocupante. Estamos convirtiéndonos en un país con instituciones y con leyes que aparentemente establecen un estado de derecho, pero paralelamente las decisiones se están tomando a través de organismos ajenos a las estructuras formales de nuestra República.
En tal virtud, nuestro partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, hace un enérgico llamado de atención a estas desviaciones que se están dando y que ahora se ejemplifican claramente con las medidas adoptadas en el pacto y solicita que esta Cámara manifieste, reclame, exija que se le respeten sus facultades establecidas claramente en nuestra Constitución. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera pedirles a todos su ayuda para que yo pudiera salir de algunas dudas.
La primera de ellas es: ¿qué es un diputado? Yo quisiera que esto se ampliara, porque el diccionario dice que es un ciudadano que se elige para venir al Congreso. Una cosa muy sencilla, pero al fin y al cabo está manifiesta en un diccionario. ¿Qué es lo que representa un diputado? ¿Qué es lo que tengo yo que hacer como diputado? Y aquí tenemos que ver que habiéndose cumplido la primera parte donde los ciudadanos mexicanos nos escogen a nosotros para venir aquí a defender sus intereses, llegamos aquí a la Cámara y aquí se nos nombra en algunas comisiones. Estas comisiones fueron la de Energéticos, la de Comercio, la de Transportes, etcétera; son 42 comisiones las que se han electo aquí; todos los diputados han quedado integrados en algunas de ellas. ¿Pero qué es lo que ha pasado?
Todos los señores diputados con el titulazo que tenemos, hemos tenido que ser informados por
los medios de comunicación, los que tendrían obligación de informarnos a nosotros primero. ¿Cómo es posible que podamos nosotros encontrarnos de la noche a la mañana que subió el precio del gas, que subió la gasolina, el diesel, la electricidad y el transporte? Esto perjudica al verdadero pueblo, al verdadero pueblo que nos hizo el honor de elegirnos a nosotros para venir a representar sus intereses. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Darnos por enterados, dar trámite a esto y vámonos tranquilos ... Yo no lo puedo hacer.
El que les habla es un obrero que ha vestido el overol 47 años y no sólo soy obrero por haber vestido el overol, sino porque pienso como obrero. De tal manera que no podemos seguir soslayando estas situaciones. O nos paramos de frente, señores diputados, o hagamos el ridículo de la historia; pasemos aquí como comparsas de las autoridades que pueden los del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico pasar por encima de nosotros y darnos a conocer ya nada más a través de los medios lo que se tiene qué hacer, ¡ya para qué nos paramos aquí!
Se informa a todo el mundo que se rebaja el impuesto al valor agregado; bien y después se nos manda aquí por parte del Presidente al honorable Congreso de la Unión, nos manda una propuesta cuando ya todos saben cómo va a quedar el impuesto al valor agregado. ¿Qué se hace ante esto? ¿Como va a quedar el impuesto al valor agregado? ¿Qué se hace ante esto? ¿Qué papelito estoy yo haciendo aquí, compañeros diputados? ¿Qué papel están haciendo ustedes aquí, compañeros diputados? No podemos seguir manejando esta situación, no podemos creer que el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico esté por encima de la calificación, de la representación del Congreso de la Unión; no es posible que funcionarios puedan tomarse las arbitrariedades de subir los precios como se les dé la gana y a nosotros enterarnos cuando ellos crean conveniente.
No podemos seguir en esa tesitura, tenemos nosotros qué buscar... es cierto que el gobierno federal ha sido más o menos eficiente en la consecución de algunas variables y macroeconómicas, como las tasas de interés, la inflación y el tipo de cambio. Jamás se ha propuesto recuperar específicamente determinando el porcentaje anual del salario, inmediatamente se augurará que los salarios en cuanto a costos aumentarán las presiones inflacionarias, pero en los 10 últimos años los salarios han sido aumentados y sí por el contrario, han sido aumentados los precios y no sólo con un costo a los empresarios; en esa materia los pactos de estabilidad y crecimiento económico nunca han sido favorables para los trabajadores; entonces ¿por que se sorprenden que sean impopulares más allá de los frágiles equilibrios macroeconómicos que tanto ha privilegiado al gabinete económico?, se encuentran al nivel de la vida de los trabajadores, que es cierto, la inflación reduce pero también reduce una estrategia económica que nunca se ha planteado como una de las metas concretas. Sigue pensándose como un subproducto o que es más, con los programas de solidaridad como una compensación o un alivio, nunca como un objetivo esencial a conseguir en el plazo razonablemente corto.
Aquí se viola la Constitución en su artículo 123, dice: "Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades nominales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos; los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas".
De tal manera que yo pido a la Federación que nos vayamos respetando, no queremos perderle el respeto al Ejecutivo, pero exigimos del Ejecutivo respeto para nosotros, para los que representamos al pueblo.
Con este motivo, nos adherimos a la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, para que se cite en esta Cámara a Arsenio Farell y a Serra Puche, para que nos den cuenta de todo esto. Y no podemos traer aquí al Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico porque son muchos, pero será necesario para saber qué criterio aplicaron a esto para encontrar qué era lo benéfico, cuando quieren terminar a través de una serie de maniobras, ya no con los salarios mínimos, sino con los salarios contractuales; se buscan las quiebras, se corre a los trabajadores, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde se quiere llevar al país? ¡No estamos dispuestos los obreros de este país a acatar estas disposiciones! ¿Lucharemos por lo que esté a nuestro alcance y conjuntamente con los partidos que estén en esta tesitura, marcharemos para hacer entender a quien sea necesario que se tiene que respetar al pueblo, porque el pueblo es el verdadero dueño de esta patria, porque el pueblo es el que gobierna a esta nación! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, por el Partido Acción Nacional, el señor diputado Fauzi Hamdan.
Se recuerda a los integrantes de esta legislatura la solicitud amable de volver a sus asientos y, a los asistentes, de guardar silencio, atención y respeto a la exposición del orador.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Estoy sinceramente, verdaderamente sorprendido de la coincidencia, lo cual fortalece a esta Cámara, de los muy distinguidos diputados que me han precedido en la palabra, en la que expresamente manifiestan su repudio, su indignación al procedimiento que se ha seguido en cuanto a la reducción del impuesto al valor agregado.
Yo quisiera, en consonancia con esos postulados y principios vulneradores de nuestra estructura básica constitucional, destacar básicamente cuatro aspectos relativos al Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento.
En primer lugar, ya es conocido, no solo en México, sino en todo el mundo, un principio que ha empezado a cobrar fuerza desde hace tres o cuatro décadas de las llamadas "concertaciones administrativas", que tienen un contenido altamente político, social y de mayor trascendencia en el ámbito económico.
No es extraño a nuestro país este tipo de "pactos" que han empezado también a tomar fuerza, básicamente desde 1977 con la llamada "alianza para la producción" y sexenio con sexenio se sigue fortaleciendo este esquema que logra o pretende lograr al menos tres finalidades fundamentales: el consenso y la adhesión, la explicación y motivación de las decisiones importantes y, por último, la participación activa, activa, subrayo, de todos los sectores involucrados en las grandes decisiones trascendentales de nuestro país.
Pero también es inusual que el órgano de representación del pueblo, del Estado, como ya lo apuntaba acertadamente el diputado que me precedió en la palabra, que esté al margen de estas decisiones fundamentales y la culpa, la culpa la tenemos nosotros.
Parece y por eso estoy regocijado, se los decía al principio, que ahora hay una amalgama de todos los presentes para fortalecer y dignificar las funciones de este órgano legislativo. Su función es crear el orden jurídico fundamental, al cual deben quedar supeditados y subordinados el órgano ejecutivo y el órgano judicial y nosotros mismos y al margen de nosotros, ajenos a esas decisiones, se trastocan los valores más fundamentales en el quehacer económico, social, cultural, etcétera.
¡Cómo no va a haber indignación, sorpresa, en un domingo 10, en el descanso, sobre decisiones tan importantes que la Cámara tendría que haber tomado en cuenta, desde antes, en proposiciones del Ejecutivo!
¡La agresión más fuerte sufrida por este Congreso a sus funciones, es la relativa al impuesto al valor agregado! Los diputados que me han precedido en la palabra, con diversos argumentos jurídicos, muchos de ellos muy sólidos, bien fundados, expresan las razones constitucionales por las cuales el decreto del Ejecutivo Federal reduciendo el impuesto valor agregado, ¡es abierta, clara transgresión a la Constitución!
Yo quisiera simplemente agregar dos o tres adicionales argumentos; rectificar algunas de las afirmaciones pronunciadas, con todo respeto, por el diputado del Partido Revolucionario Institucional y, lo más importante, ¡concientizar a esta Cámara de la vital función que tiene y a la cual no debe socavársele por ningún órgano de otra jerarquía, que la tienen igual los tres órganos fundamentales a nivel constitucional!
En primer término, ciertamente que la Constitución prevé el principio de reserva de la ley integral a favor del órgano legislativo, tanto Cámara de Diputados como Cámara de Senadores y solamente para dos casos de excepción, la Constitución, de manera clara, expresa, tajante y taxativa, permite que el Congreso de la Unión faculte al Ejecutivo para atender situaciones emergentes, extraordinarias, que lleguen a alterar la paz, tranquilidad y salubridad pública y esos casos son precisamente los del 29 constitucional, la llamada suspensión de garantías y el caso, en efecto, apenas reformado en la década de los cincuenta, la del 131 constitucional, en lo relativo a regular el comercio exterior.
Pero en ambas hipótesis y supuestos constitucionales, compete al Congreso de la Unión fijar las bases, condiciones y términos para el ejercicio de las mal llamadas facultades legislativas, que así se menciona en el artículo 49 constitucional. ¡Ni más ni menos! ¡Ni en exceso ni en defecto de estas dos materias, se le pueden conferir al Ejecutivo más facultades legislativas! ¡Ni puede el Congreso delegar sus facultades legislativas!
Sin embargo, compañeros, la mayoría de las leyes administrativas mexicanas, en donde realizan su
función el Ejecutivo Federal a través de la administración pública, se le confieren facultades discrecionales, casi absolutas, para legislar.
¡Y la culpa, repito y es el segundo punto que menciono y destaco, la tenemos nosotros porque no hemos ejercido escrupulosamente, con serenidad, con profundidad, esta función vital que enriquece y sostiene a la estructura del país!
Precisamente la culpa se nos está revirtiendo en este momento y la indignación crece, pero es por la misma función que hemos ejercido, delegatoria al Ejecutivo y uno de esos preceptos precisamente es este aniquilante 39, fracción I del Código Fiscal de la Federación que, en efecto, constituye un fundamento del titular del órgano ejecutivo para condonar total o parcialmente las contribuciones, que incluye naturalmente al impuesto al valor agregado, pero en circunstancias extraordinarias, emergentes y solamente para casos específicos, pero no para que en el mismo cuerpo de la exposición del considerando del decreto se diga que es para atender una situación de actividad y que de inmediato se presentará la iniciativa al legislativo; ninguna de esas hipótesis se dio para el 39, fracción I, primero, porque de acuerdo con los resultados del reciente tercer informe que rindió el Ejecutivo Federal a esta asamblea, la situación del país es de estabilidad, con un crecimiento del producto interno bruto superior al 4.5%; entonces, ¿qué razón de emergencia extraordinaria existía para emitir, expedir un decreto el domingo 10, directamente, sin intervención del legislativo, decretando la reducción generalizada del impuesto al valor agregado a los porcentajes de una tercera parte y de un 50%, respectivamente, de la tasa del 20% y del 15% que existen todavía? Esta circunstancia, naturalmente adolece en sí misma de una ilegalidad, porque ni siquiera se da el supuesto del 39, fracción I, por no existir esa situación extraordinaria.
Pero más grave aún es que el Congreso, en su función correspondiente, le delegó esta facultad, ya la misma delegación es inconstitucional, ya decía hace unos momentos, que sólo cabe en dos hipótesis constitucionales y que se reiteró esta limitación precisamente en 1934, apenas iniciado el período del presidente Lázaro Cárdenas, para que ya no hubiera las facultades extraordinarias para legislar al Ejecutivo, que cuatro décadas anteriores y durante casi todo el porfiriato se expidiera legislación extraordinaria directamente por el Ejecutivo, incluyendo todavía el Código de Comercio, que sigue vigente, expedido por facultades extraordinarias por el Ejecutivo.
Pero independientemente de esta circunstancia, suponiendo naturalmente, sin conceder, que fuera legítima y legal la decisión del Ejecutivo de decretar en situación emergente la reducción del impuesto al valor agregado y pasarnos la cuenta inmediatamente, a 48 horas, para que la ratifiquemos, resulta que además es inconstitucional por violación a la Ley de Ingresos de la Federación y al Presupuesto de Egresos de la Federación, aprobados para el ejercicio de 1991. (Aplausos.)
No cabe reducir el impuesto o ninguna contribución fijada por este Congreso, por las dos cámaras, sin que venga una modificación a la propia Ley de Ingresos de la Federación, ni tampoco cabe reducir el gasto público en las partidas presupuestales aprobadas de manera específica, totalizadora, para el ejercicio de 1991, aprobada por esta Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el año que rige, sin que también, conforme al 126 constitucional, debió haberse reformado también la ley misma para aumentar o disminuir los ingresos y egresos en función de la reducción del impuesto al valor agregado. De manera que, aun suponiendo que fuera el decreto legal, mas no constitucional, adolecería de dos transgresiones que violentan la Constitución: el 126, el 65, el 74, fracción I; consecuentemente, ahí está el sustento de la violentación del sistema constitucional.
Si queremos vivir un estado de derecho pleno, como ya lo había mencionado con antelación el diputado Kunz; si queremos mantener fortalecida a esta Cámara de Diputados y dignificarla, debemos ejercer con toda plenitud la función legislativa.
Por último, la diputación panista, desde hace varias legislaturas ya había presentado iniciativas de ley para reducir el impuesto al valor agregado. Nadie discute que en esencia, en el fondo, hay un consenso en la reducción del impuesto al valor agregado, nadie lo discute, pero deben respetarse las formas y procedimientos; a veces por la violación de las formas y procedimientos se trastoca el fondo de la esencia de la actividad de un pueblo, del Estado representado por estas cámaras.
La reacción panista presentó hace siete años una propuesta de reducción del impuesto al valor agregado cuando entonces era de 10%, para que quedase en 6% y en la LIV Legislatura, la antecesora a nosotros, presentó igualmente iniciativa de reformas al impuesto al valor agregado para que se redujera a la tasa que ahora se propone. De manera que resulta inconcluso señalar
que la esencia de la reducción del impuesto al valor agregado nadie la discute, creo en el consenso generalizado de esta Cámara; simplemente la indignación y el reclamo y la denuncia vienen de las formas y procedimientos que se han usado, pero, reconozcámoslo, la culpa, en cierta manera la hemos tenido nosotros, la facultad que le hemos delegado al Ejecutivo en las leyes ha sido abrumadora, ha descansado y ha provocado reclamos y arrepentimientos; ahora es tiempo de concientizarnos y con serenidad profunda y con patriotismo, ejercer la función con toda dignidad para enaltecer y dignificar a esta Cámara de Diputados. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado del Partido Revolucionario Institucional, Angel Aceves Saucedo.
El diputado Angel Aceves Saucedo: - Con su venia, ciudadano Presidente; honorable asamblea:
Saludo fraternalmente a los compañeros diputados de mi partido y con respeto a quienes militan dignamente en las fuerzas políticas de oposición. Se ha convenido una nueva etapa del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico. Con la firma de este documento se avanza en la continuidad de la estrategia económica que impulsa el gobierno federal, se avanza en la estabilidad con crecimiento sostenido. Rezagos, insuficiencias, existen, se reconocen, se plantean, preocupan, pero también ocupan para seguir adelante.
El pacto es un esfuerzo de concertación entre los sectores productivos y el gobierno federal y constituye, a mi modo de ver, un instrumento privilegiado para la negociación y el compromiso de los diversos agentes económicos.
Conviene hacer ahora algunas reflexiones sobre el contexto económico en que la firma de la nueva etapa del pacto se realiza. En el combate a la inflación se han obtenido resultados importantes; en 1991 ya se ha dicho, tenemos la inflación acumulada 13.9% al mes de octubre que es la más baja de los últimos 16 años. Se requiere sin embargo perseverar, se requiere un esfuerzo mayor, porque todavía la inflación es tres veces mayor a la que experimentan nuestros principales agentes comerciales y por ello la meta para el próximo año de llegar a un dígito, resulta buscable, es motivo o debe serlo, de esfuerzo.
La inflación inercial, aquella que se da cuando los nuevos contratos entre agentes económicos se dan con un piso que ahora se ubica entre 15% y 17%, se han combatido fundamentalmente con la concertación y con medidas conocidas como heterodoxas: controles de precios, políticas de ingresos.
En el terreno estructural, en el firme, sólo magos y poetas proponen seriamente programas de estabilización que no incluyan medidas de saneamiento a fondo de las finanzas públicas. En México se he hecho mucho y creo que se ha hecho bien en este renglón.
El saneamiento de las finanzas públicas se ha convertido en envión, en eje central de la política económica. Este proceso persigue dos propósitos básicos: primero, crear las bases macroeconómicas para sustentar la estabilidad y fortalecer la certidumbre de los agentes económicos, acorde con la idea de que la política fiscal y monetaria tiene como principal objetivo promover precisamente un entorno estable y predecible. En segundo lugar el saneamiento persigue concentrar los recursos del Estado en aquellas actividades de mayor impacto social, que redundan en forma directa en el aumento del bienestar de la población.
El déficit fiscal crónico que tanto afecta el crecimiento económico, es cosa del pasado. El déficit financiero del sector público como proporción del producto interno bruto, se ha venido reduciendo de manera consistente. En el período 1982 - 1988 el déficit fiscal promedio fue de 12.5% del producto interno bruto; en 1990 se redujo a 3.5% y se estima que para el presente año llegue a sólo 1.9%; esto es, 40% menor. Si tomáramos en cuenta ingresos extraordinarios, que son eso, ingresos extraordinarios, por la desincorporación mediante venta en este caso de empresas paraestatales, tendríamos un superávit de 10 millones de pesos.
De todos es conocido que a menor déficit, menor deuda y menores tasas de interés. El gobierno, al equilibrar sus finanzas, deja de presionar los mercados financieros y los recursos puedes ser canalizados hacia actividades productivas. La tasa líder del mercado, los Certificados de la Tesorería de la Federación, se redujo de 27% al 17%, de 1990 a 1991. Más importante: la tasa real de interés, aquella que resulta de restarle precisamente a la tasa inflacionaria, ésa pasó de 30% en el año pasado a 6% en el presente. Esto es una noticia que debe llevarnos a una reflexión positiva. Si la tasa real de intereses baja, la inversión productiva se ve estimulada y se aleja de la inversión puramente especulativa. Está sucediendo puesto que el crecimiento de la
inversión total en la economía, básicamente inducida por la privada, es cuatro veces más el crecimiento de la economía estimado para el presente año.
En forma especial quiero referirme a un proceso, el de desendeudamiento, primero en la deuda externa, puesto que es una realidad que las transferencias al exterior, esto es las transferencias de ahorro al exterior para pagar intereses y principalmente de la deuda, han disminuido, eran 6% y ahora nos acercamos al 2% y el año pasado fuimos importadores netos de capital. Estamos regresando a la pauta para un país en desarrollo que estaba viendo confiscados sus ingresos para poder crecer como debía serlo.
Un índice concreto, fácil de medir, es la proporción que representan el pago de intereses de la deuda sobre los ingresos totales en cuenta corriente. En sólo un año han disminuido del 35% al 17%.
Otra razón comprensible es que la deuda externa significaba, hasta hace sólo tres años, tres veces los ingresos en cuenta corriente y ahora significa solamente dos veces, según cifras internacionales no ubicadas en la dimensión.
En la apretada síntesis y para referirme al contexto, México ha incrementando su capacidad de pago, mejorando con ello la solvencia financiera del país. Efectivamente, a partir de 1988 la economía es más grande y la deuda es más pequeña. En el futuro la deuda, externa e interna, representarán un peso cada vez menor para el país.
El saneamiento de las finanzas públicas y me refiero a él porque es un instrumento fundamental del combate a la inflación y un programa de estabilización, ha descansado por un lado en la racionalización del gasto público y el fortalecimiento de los ingresos públicos.
Destacan acciones como la de incorporación de empresas públicas, la eliminación de subsidios injustificados por indiscriminados, por generales y la sustitución por subsidios dirigidos con rostro que vayan a quien realmente necesita.
La puesta en marcha de la reforma fiscal en la que ciertamente se ha empleado la base tributaria, aunque se ha experimentado un descenso en las tasas impositivas. El multiplicando, si así le llamamos, esas tasas impositivas ha disminuido, el multiplicador ha aumentado y de 1 millón 700 mil causantes de hace tres años tenemos ahora 3 millones y la recaudación en términos reales ha crecido 26%.
Ahora bien, para mantener la tendencia decreciente en la inflación, resulta necesario el conjunto de medidas incorporadas en la nueva fase del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, que serán mantenidas a lo largo del próximo año, lo cual redundará en un manejo adecuado de las expectativas que juegan en cualquier teoría sobre inflación, juegan las expectativas, que sobre índices inflacionarios tienen los diversos agentes económicos.
En este marco se anuncian los incrementos de los principales energéticos que provee el sector público: gasolina y electricidad. Esto se hizo, como resultado de concertación y como una expresión clara de realismo económico y de razones financieras. Es de justicia, sin embargo, enfatizar que en esta ocasión y tal vez por primera en forma precisa, se compensaban los innegables efectos restrictivos que sin duda tienen sobre el poder adquisitivo los incrementos de precios y tarifas, con disminuciones en tasas en el impuesto al valor agregado.
Al hacerlo así y abundaremos ahora, pensamos que además se subraya un efecto redistributivo. La gasolina, lo dicen estudios serios, nacionales e internacionales, para México, es un producto que es consumido en un 70% por grupos sociales de relativamente elevados niveles de ingresos.
Para ser más exactos y de acuerdo con estudios serios sobre impuestos, ingresos y gastos, es el 20% de los mexicanos más favorecidos el que absorbe casi tres cuartas partes de la demanda nacional de gasolina. Debemos ser cuidadosos y hablar en términos generales; no se ignora que hay mexicanos que son ricos en cilindrajes, en cilindros y tienen pocos ingresos y consumen gasolina. La estadística es general y es aceptada en términos de investigación económica.
Este efecto, que nadie niega, restringe el poder adquisitivo, tiene como contrapartida una disminución del impuesto al valor agregado, que es por definición un impuesto indirecto y que por lo tanto se considera regresivo; esto es, que su peso es mayor en la medida que descienden los niveles de ingreso. Esto es algo aceptado por elemental teoría de las finanzas públicas
Por eso, además de hacer más racional el crecimiento en el consumo de la gasolina en nuestro país, no hay que olvidar que el consumo en los últimos tres años creció al elevadísimo ritmo del 10% anual, esto es en comparación con la economía norteamericana, que no debe crecer su consumo de gasolina en los últimos cinco años, con crecimientos en el Japón de 1.5% anual y
en Europa de 0.8%. Ese consumo tiene un objetivo superior, ya que es sabido que hoy por hoy el más importante agente contaminante es precisamente el consumo de este combustible.
Otra consideración económica: el elevado consumo de gasolina obliga a importaciones que llegará a tener una cuantía este año de alrededor de 1 mil millones de dólares, 16% de todos los ingresos por la venta de bienes y servicios que genera la sociedad mexicana.
Si se pretendiera satisfacer internamente esta demanda, sería necesario construir instalaciones de refinación que requieren montos de inversión muy elevados y que absorberían recursos que obviamente deben destinarse a requerimientos sociales de mucho mayor prioridad.
Se dice, los que han estudiado el problema, que para satisfacer con producción interna nuestra demanda desproporcionada, se requeriría construir cada 18 meses una planta refinadora con un costo estimado de aproximadamente 2 mil 500 millones de dólares.
He aquí la búsqueda de ingresos mayores, es cierto, pero también de un objetivo de salud pública y que también afecta a la economía y a la política y a la sociedad, la preservación del ambiente.
Ahora bien y esto es evidente, las acciones que se emprenden tienen un costo para el erario que obviamente se recuperaron en otros renglones y algunos estudios señalan que la reducción de tasas en el impuesto al valor agregado podría significar disminuciones de ingresos para el gobierno de alrededor de 10 billones de pesos.
No olvidemos, por otra parte, que para subrayar el efecto compensatorio de la reducción de tasas se mantiene la tasa cero para medicamentos y alimentos, preservando así consumos vitales.
En resumen y cuidando la frase, aumentando el precio de la gasolina en general, subrayo en general, se cobra más a los que más tienen que son los menos, y disminuyendo la tasa del impuesto al valor agregado se fortalece el poder adquisitivo de los que menos tienen, que son los más. Subrayo, que es una afirmación en términos generales, porque no es extraño para mí que en muchos aspectos la gasolina para muchos fines también va al consumo de gente de ingresos relativamente bajos o bajos.
Consideremos ahora el incremento de los salarios mínimos. Se fijó un aumento del 12% con vigencia a partir del 11 de noviembre, que no obstante que no es lo que demandaban las organizaciones obreras, se ha dado por estos organismos todo el apoyo, lo que habla una vez más de una conciencia que nos merece aplauso.
Se reconoce que la restricción a los salarios constituye una medicina amarga, sin embargo es claro que no hay mejor defensa del salario que la eliminación de la inflación. Son preferibles las consecuencias previstas y planeadas de un programa de ajuste que impacte sobre los ingresos de los trabajadores, conforme a un límite y a un período cuidadosamente calculados, que las graves situaciones imprevisibles que supondrían para los trabajadores una inflación incontrolada.
Por otra parte, debemos recordar que la mayoría de los trabajadores urbanos rigen sus salarios por convenios contractuales, los cuales se negocian con absoluta libertad de los salarios mínimos. Estadísticas de especialistas, insisto, en congruencia fundamental, estadísticas elaboradas en el país y en el extranjero coinciden que en la actualidad, entre el 5% y el 8% solamente, del total de la fuerza de trabajo asalariada, esto en entre ocho y nueve millones, son sujetos a salario mínimo, el resto están dados por negociaciones en las mesas, de acuerdo a las condiciones de la economía como entorno y de la empresa en particular.
Debe señalarse también como un elemento de importancia en el combate a la inflación la disminución en el ritmo de deslizamiento en la paridad cambiaría, de 40 a 20 centavos por día, puesto que su efecto evidente deberá traducirse en menores precios relativos para las importaciones que el país realiza y consecuentemente en los costos.
Especial mención merece igualmente el acelerar la marcha el proceso de regulación, que ya ha rendido frutos en diversas áreas de producción y distribución de bienes y servicios.
Se anuncian ya programas específicos respecto a nuevos sectores económicos. Nosotros queremos subrayar aquí, el que habrá de anunciarse en la próxima semana, sobre el Programa de Bienes de Capital, bienes de producción, bienes que producen otros bienes, expresión de inversión y de formación de capital misma, valga la redundancia.
Reducción de impuesto al valor agregado, descenso en el ritmo de deslizamiento de la paridad cambiaría, de regulación y aplicación estricta de
la ley para quien viole los términos convenidos en esta nueva etapa del pacto, abren espacios para el incremento de precios en bienes y servicios, que ofrece el sector público, incremento orientado al alcance de objetivos múltiples y superiores que aquí se han enumerado.
Todo ello conforma una estrategia renovada de combate a la inflación, que ha tenido éxito, y se da en combinación, y esto resulta poco usual, con recuperación simultánea del crecimiento económico y creación de empleos, Crear empleos y buscar remunerarlos bien, son sin duda alguna la única vía para acceder a la mejor distribución del ingreso.
Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de mi partido y por todas estas razones, deben apoyarse estos nuevos esfuerzos de la sociedad y del gobierno, que contribuirán a traducir, eso es lo que opino, el mero crecimiento económico en verdadero progreso social.
Pero este apoyo es un apoyo que implica responsabilidad para quienes integramos esta Cámara. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad, permanecer vigilantes para que la reducción en las cargas impositivas, se repercuta realmente en beneficio de los consumidores. Para que, por otra parte, los ingresos provenientes de los incrementos en precios y tarifas, se apliquen con responsabilidad en las áreas del sector público que habrán de percibirlos. Esto es, que se ejerzan dentro de un marco de verdaderos programas de mejoría en la productividad y consecuentemente, en la producción. En pocas palabras, que los recursos obtenidos por Petróleos Mexicanos, por Comisión Federal de Electricidad, se canalicen a los fines para los que han generado.
Estamos seguros que el gobierno y los diferentes sectores cumplirán lo pactado; quienes integramos esta Cámara, lo demandaremos permanentemente a través de los mecanismos y usos establecidos al respecto. Muchas gracias.
El Presidente: - Señores diputados:
Han concluido su intervención los oradores diputados inscritos en este primer turno y representando a cada una de las agrupaciones políticas acreditadas en esta Legislatura. A continuación vamos a dar inicio al segundo turno de oradores.
Viene a esta tribuna representando al Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón.
Voy a agradecer a los señores diputados tomen sus asientos; a los asistentes a este acto, con orden, atención y respeto, sigan el desarrollo de este evento. Adelante, señor diputado Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
En nombre del Partido de la Revolución Democrática, quisiera presentar a su consideración algunos elementos de análisis sobre la reciente firma, la reciente firma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
Un primer elemento que quisiera destacar, es que en términos generales, estamos ante una consolidación de una estructura corporativa y monopólica de la economía y de la política y voy a explicar por qué:
Cuando se han presentado a la consideración de la opinión pública los distintos documentos en donde suscribe lo relativo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, no hay, como distintos oradores que me han antecedido en la palabra lo han precisado, una base constitucional en ellos; firma como testigo de honor, el licenciado Carlos Salinas de Gortari, como anteriormente lo hizo el licenciado Miguel de la Madrid.
Y sin tener en la estructura jurídica mexicana una inserción precisa las distintas personas que firman este documento, se dicta un conjunto de normas que pretenden regular la actividad económica. La Constitución general de la República es muy precisa en el establecimiento de funciones al Estado en lo que se refiere a la rectoría económica.
Pero tal como aquí se ha expuesto, hay decisiones que son facultad precisa de la Cámara de Diputados y que son abrogadas, perdón, se arrogan estas decisiones, este conjunto de representantes de diferentes sectores,. Ha habido ya algunas consideraciones relativas a la decisión sobre el impuesto al valor agregado y no quisiera abundar en este punto.
Lo que sí quisiera destacar es un elemento de consideración general. John Kenneth Galbrid en un texto clásico para el análisis de la política y la economía contemporánea, que es el nuevo estado industrial, analiza de manera crítica, como una tendencia que va socavando las bases de la democracia contemporánea en un conjunto de estados, precisamente esta tendencia a la suplantación de las facultades y las capacidades de decisión de los órganos legislativos y de los
parlamentos y la creación de estructuras monopólicas y corporativas que suplantan la soberanía y las estructuras democráticas.
Y la señora Robinson, Joan Robinson, una de las más brillantes economistas del mundo contemporáneo, en una dura polémica que a lo largo de años obtuvo contra teóricos, neoclásicos y neoliberales, precisó para aquellos que suponían en una teoría del equilibrio general con las fuerzas del mercado, que vivimos en una economía monopólica en donde no hay ajustes de precios en función de productividad y eficiencia y donde el cambio tecnológico no beneficia a grandes sectores de la población trabajadores, sino estábamos ante un mecanismo de regulación oligopólica y esto tiene directa importancia en la discusión sobre el impuesto al valor agregado.
Hay en la prensa de hoy un conjunto de declaraciones donde se afirma que el ingreso real de los trabajadores no debe ser calculado a partir de un aumento del 12%, sino, se dice, debemos pensar en un aumento del 17%, suponiendo que la reducción del 5% al impuesto al valor agregado, cuestionada en los mecanismos como se estableció, va a ser automáticamente transferida a los trabajadores. Esto es cuestionable por varios motivos:
Primero. Casi una tercera parte del ingreso de los trabajadores mexicanos, precisamente aquellos que son la población más pobre, está compuesta de alimentos que ya estaban exentos de la tasa del impuesto al valor agregado. Ese es un punto de capital importancia.
Pero un segundo punto es que en una estructura monopólica donde 37 miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios controlan el 22% del producto interno bruto y donde se da una extrema concentración no sólo del ingreso, sino de las decisiones económicas, no hay ninguna garantía precisamente por la ausencia de un conjunto de facultades regulatorias del Estado, de que esta reducción del 5% del impuesto al valor agregado efectivamente va a repercutir en una mejoría del ingreso de amplias mayorías de trabajadores.
Pero hay una razón adicional para prever una ausencia de mejora en los ingresos de los trabajadores y es el hecho de que como todos sabemos, la gasolina se incrementara en 55%, otro combustible también se incrementa en 25%, hay un aumento de poco más del 15% en energía eléctrica, otro aumento del 14% en otro segmento de la energía y el gas va a tener un aumento acumulado, de noviembre de 1991 a diciembre de 1992, del 34.9%; el diesel también va a tener un incremento acumulativo y más allá de discusiones sobre quién consume o no consume gasolina, quienes hemos estado atentos a la evolución de la situación económica del país desde hace varios años, sabemos perfectamente que hay un efecto de inflación inercial directamente inducido por el incremento en el costo de los energéticos y hay una pretensión de comerciantes, industriales y un conjunto de empresas monopólicas de directamente transferir al costo final de los productos el aumento en el costo de energéticos, llámase diesel, llámese gasolina o llámese energía eléctrica.
Hay pues una amenaza, una amenaza dada por los factores monopólicos de concentración económica en México, de que en las próximas semanas nos encontramos con una nueva escalada de precios que anule este incremento del 12% en términos de una mejoría al nivel de ingresos, que anule también esa supuesta reducción de precios que posibilitaría la reducción del impuesto al valor agregado en 5% para aquellos sectores que estaban tasados con esta tasa del impuesto al valor agregado.
Pero hay un elemento más que quisiera destacar antes de referirme a los salarios y es el problema de los precios agrícolas. Cuando varios diputados del Partido de la Revolución Democrática intervenimos en la glosa del informe, sostuvimos y lo ratificamos en este momento, de que en los últimos 10 años ha habido una pérdida de la capacidad adquisitiva de los productores agrícolas y lo sostuvimos en base a una comparación entre el índice de precios de los insumos agrícolas y el índice de precios de los productos agrícolas. Ha habido pues una caída de casi el 40% en promedio que se ha mantenido en los últimos años.
En anteriores concertaciones, aun cuando cuestionamos el mecanismo de concertación, pero en anteriores concertaciones al menos había referencia en este documento llamado pacto, a mecanismos de regulación mínima de los precios agrícolas; en esta ocasión, a pesar de que algunas personas que participan en las organizaciones campesinas lo firman, no hay ninguna referencia a un mecanismo de recuperación del ingreso en términos reales de los productores agrícolas, con ajustes de precios que permitan cubrir este 40% de pérdida del ingreso real de los productores del campo, ninguno. Y tampoco hay ningún compromiso de ninguno de los señores que firman este documento hacia cerrar las fronteras en los momentos que se están levantando cosechas, que ha sido de las formas más importantes para bajar
el ingreso real de los productores del campo, a través de la importación de granos subsidiados de Estados Unidos a precios de domping, afectando a productores en distintas áreas de la economía del país. ¡No hay ninguna! Ninguna observación a este respecto.
Por tanto, no solamente tenemos que preocuparnos respecto al efecto inflacionario que pueden generar los aumentos de energéticos, no solamente nos preocupa que en condiciones de una economía altamente monopólica la tentación a aumentar precios sea, esté presente en los grupos monopólicos, sino que no hay ninguna, ningún efecto favorable a los agricultores.
Y cuando hablamos de electricidad y cuando hablamos de gasolina y cuando hablamos de diesel, tenemos que recordar que una fracción fundamental de la agricultura mexicana es una agricultura mecanizada y que se mueve con energéticos. ¡Pague energía eléctrica por instalaciones agropecuarias! ¡Pague energía eléctrica por bombeo! ¡Paga gasolina para manejo de productos agrícolas! ¡Y pague diesel también para manejo de productos agrícolas! Y el gas y otros aspectos va a repercutir seguramente en un incremento muy importante en los insumos. No hay ninguna disposición, además, sin ninguna promesa, a un incremento del crédito al campo y para un incremento también de los apoyos diversos en la inversión pública para el desarrollo rural.
Se nos dice, se nos dice que con esta concertación se producirá un incremento del ingreso y del empleo. Veamos los datos: si tomamos como punto de partida el salario que existía en México, el nivel del salario mínimo que existía en México en enero de 1982 y este salario de enero de 1982 lo situáramos en un nivel del 100%, tendríamos que para octubre, para octubre de 1991, el salario mínimo de octubre de 1991 apenas es el 38.2% en términos reales, el 38.2% del salario que tenían los trabajadores mexicanos en enero de 1982.
Con este aumento del 12%, que aquí se presenta como el gran aumento, apenas habría una recuperación del salario de tres puntos porcentuales. Pero seguiríamos teniendo un salario que es el 41% del que teníamos en enero de 1982. Esto significa, brevemente, en términos reales, que con todo y el aumento del 12% y sin considerar la escalada de aumentos de precios de noviembre y diciembre, el salario es un 59% con todo y ese aumento del 12%, el salario real actual, apoyándonos en los índices nacionales de precios al consumidor que elabora el gobierno mexicano, el salario es un 59% más bajo del que teníamos en enero de 1982.
Pero alguien me dirá: hay que compararlo con el nivel que tenían los salarios al inicio de los pactos. Pues ahí también encontramos una situación absolutamente contraria a los intereses de los trabajadores. Si consideramos el salario de noviembre de 1987 como un salario 100, el salario mínimo de noviembre de 1987 como un salario 100, encontramos la sorprendente cifra de que el salario en octubre de 1991 era un 24% más bajo y con este aumento salarial que acaba de darse, apenas habría un aumento de seis puntos porcentuales. Pero aun así, suponiendo que tuviéramos cero inflación, suponiendo que tuviéramos cero inflación a partir de este momento, tendríamos que el salario mínimo real en noviembre de 1991 sería todavía 17% más bajo, 17% más bajo del que teníamos en 1987, cuando se inicia la firma de los pactos, particularmente el Pacto de Solidaridad Económica.
Y estoy en la mejor disposición a confrontar las cifras oficiales en las cuales me apoyo para fundamentar esta tesis de que incluso con ese miserable aumento del 12% del salario, sigue teniendo la población trabajadora de México una situación en la cual su ingreso real es 17% más bajo del que tenían en 1987.
Se dice, por otro lado; se dice, por otro lado, que no debemos preocuparnos por el nivel del salario. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores reciben otros salarios. Si nos apoyamos en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que no puede ser considerado como sospechoso de tener una posición crítica frente al gobierno, los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática son muy precisos, los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática son:
Que el 40% de los trabajadores mexicanos reciben el salario mínimo, el 40% de los trabajadores mexicanos y el 53% de los trabajadores de este país reciben menos de dos salarios mínimos. El 53% de los trabajadores recibe menos de dos salarios mínimos.
Por tanto y esto lo fundamentamos, el nivel de aumento que se ha dado al salario significa en una situación infrahumana a millones de personas en todo el país.
Hay otro elemento al que quisiera referirme, lo que se refiere a inflación inercial y a inflación estructural. Es cierto, es cierto que a través de estos esquemas de concertación monopólica y
corporativa ha habido una cierta disminución de la inflación inercial. Pero hay un elemento que quisiéramos destacar, que es el que se refiere a la inflación que tiene bases estructurales y es en el sentido de que todavía, pese a los pactos, en 1989 tenemos una inflación del 18%; en 1990 una del 30% y en 1991, precisamente por los aumentos que tendremos en noviembre y diciembre, es muy posible que tengamos una inflación del 18%.
En ausencia de una reordenación estructural del conjunto de la economía, no vemos de qué forma podrá darse una reducción a menos del 10% en 1992, a menos que haya una manipulación abusiva de los índices estadísticos para el establecimiento de los niveles inflacionarios.
Esta economía sigue importando más de 7 a 8 millones de toneladas de alimentos cada año; esta economía sigue teniendo una deuda externa de 94 mil millones de dólares; deuda externa total pública y privada; sigue cubriendo intereses, conservadoramente estimados para este año en 8 mil 500 millones de dólares y si sumamos a la deuda externa pública y privada los casi 10 mil millones de dólares de inversión extranjera en cartera, que representa una forma oculta de deuda externa, entonces tenemos una deuda externa total que no es de 94 mil millones de dólares, sino que es de 104 mil millones de dólares.
Y si al servicio de los intereses de la deuda externa, pública y privada, que es de casi 8 mil 500 millones de dólares, le sumamos las utilidades de la inversión extranjera en cartera en bolsa de valores, seguramente andaremos arriba de 10 mil millones de dólares en servicio global de la deuda externa, si incluimos en esto la inversión en bolsa de valores.
¿Dónde está, pues, la pretendida reducción de la deuda externa como porcentaje del producto interno bruto, preguntaríamos nosotros? Más aun, cuando ratifico y sostengo un argumento que expusimos anteriormente: si este año el producto interno bruto crece en un 4.8% como lo prevé el gobierno, apenas estaremos con un producto interno bruto en términos reales, que será poco más del 7%, un poco más del 7% de crecimiento respecto a 1981. Esta nación habrá requerido 10 años para que su producto en términos reales crezca arriba de un 7%, evidentemente no podemos compartir el optimismo en estos puntos.
Otro aspecto que se nos anuncia en este documento firmado por estos señores, es literalmente: "otros precios y tarifas de bienes y servicios públicos tendrán ajustes moderados". ¿Cuál será ese nivel de ajuste? ¿Qué impacto inflacionario tendrá y qué problemas va a generar? Evidentemente queda en la absoluta especulación.
Quisiera referirme a dos puntos que han sido analizados de manera precisa por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Uno de ellos se refiere al control de cambios y otro se refiere a la disminución del ritmo de deslizamiento cambiario.
Señor Presidente, con todo respeto, quisiera rogarle hacer un llamado de atención...
El Presidente: - En los términos del artículo 21, fracción II y fracción VIII del reglamento que norma la vida interna de esta Cámara de Diputados, solicitamos de los señores diputados tomen sus asientos en las curules correspondientes y de los asistentes, el orden y la atención correspondiente.
Continúe, señor orador.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera referirme al problema del control de cambios. Esta nación vivió una gigantesca crisis financiera macroeconómica en 1982, que determinó el establecimiento de un sistema de control de cambios. A partir de 1983 y 1984 se fue prácticamente desmantelando el sistema de control de cambios, que en muchas economías industrializadas de Europa, particularmente después de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los pilares de la política económica para favorecer su capitalización interna; no es una medida ni radical, ni socializante; es una medida de ortodoxia económica para mantener la capacidad de inversión, que correctamente conducida y regulada permite resultados adecuados.
La abrogación del control de cambio significa, en los hechos, dar facilidades para que en caso de que disminuya la rentabilidad de la inversión extranjera en el sector bursátil y financiero, repito esto y no quisiera ser profeta del desastre, quisiera que esto nunca sucediera en México, pero abrogar el control de cambios cuando tenemos más de 10 mil millones de dólares de inversiones en cartera en bolsa de valores y sector financiero, significa que en unas cuantas semanas pueden poner a temblar el conjunto de la economía del país, esos inversionistas que han depositado sus recursos en el sector financiero y si en unas
cuantas semanas sacan de esta nación esos 10 mil millones de dólares, esos 16 mil millones de pesos en reserva del Banco de México, prácticamente se esfumarían, creando una situación de desequilibrio económico gigantesco.
Pero otro punto que también preocupa, es lo que se refiere a la disminución del ritmo de deslizamiento cambiario. Reducir el ritmo de deslizamiento cambiario será mantener en los hechos un tipo de cambio sobrevaluado, que ha generado un gran crecimiento de las importaciones; baste recordar y apoyándonos siempre en cifras gubernamentales, que las importaciones de ser en el año 1987, 12 mil 223 millones de dólares, pasarán a ser 37 mil 165 millones de dólares en 1991, es decir. se multiplican por tres . En Cambio las exportaciones, en las cuales se presenta como el gran resultado de la política económica gubernamental, las exportaciones apenas tendrán entre 1987 y 1991 un pequeño incremento del 35%, pasando de 20 mil 656 millones de dólares, a 27 mil 915.
No quiero cansar a los señores diputados con cifras estadísticas, lo que quiero destacar es que hay un consenso entre numerosos especialistas, de que el peso mexicano está sobrevaluado y está siendo artificialmente sostenido un tipo de cambio sobrevaluado, a través de un superávit en balance de capitales, que está ocultando estas tendencias tremendamente deficitarias, tanto en balanza comercial, como en cuenta corriente, pero es un superávit en balanza de capitales que no está siendo sostenido por una posición efectivamente competitiva en el conjunto del mercado mundial, sino está siendo sostenido por altas tasas de ganancias que la inversión extranjera obtiene en bolsa de valores. Evidentemente, en el momento que hubiera una devaluación, el cálculo en dólares de lo que los inversionistas extranjeros obtendrían de ganancia en México, se modifica radicalmente y puede haber una gigantesca fuga de capitales.
Pero entonces estamos en un círculo vicioso. Tenemos un tremendo déficit de la balanza comercial y creciente, tenemos un tremendo déficit en nuestra balanza en cuenta corriente, lo estamos cubriendo con balanza de capitales, pero para mantener el superávit en balanza de capitales, requerimos mantener un tipo de cambio sobrevaluado, que a su vez presiona a un déficit de la balanza comercial y de la balanza en cuenta corriente. Entonces, estamos reproduciendo un esquema donde nos estamos haciendo adictos, como economía nacional, a una sobreinversión extranjera en el sector de bolsa de valores, para su superávit en balanza de capitales que desequilibra el conjunto de nuestra estructura económica nacional y esto, evidentemente que quizá les pueda parecer a nuestros estimados señores diputados, tecnicismos económicos; puede significar una amenaza de un desequilibrio financiero del tipo del que tuvimos en 1982, en caso de que se modifique la rentabilidad de la inversión extranjera colocada en el sector financiero.
Finalmente, hay una mención en unas cuantas líneas, en lo que se refiere al pacto, al equilibrio de las finanzas públicas, Ahí también hay que hacer ciertas precisiones. Evidentemente vendiendo todo lo vendible, dilapidando el patrimonio nacional que ha sido construido por décadas de lucha del pueblo mexicano, ha sido posible obtener un superávit efectivamente; se han vendido bancos y Teléfonos de México, se han obtenido casi 9.8 billones de pesos y bueno, es cierto que hay este superávit, pero nosotros nos preguntamos y lo hemos dicho varias veces: ¿qué va a suceder a esta nación cuando se le acaben al gobierno las empresas propiedad de la nación que son patrimonio del pueblo, qué va a suceder? ¿De dónde va a obtener un superávit en las finanzas públicas, cuando además en los hechos si quitamos a los ingresos gubernamentales los 9.8 billones que ha obtenido de venta de empresas públicas, nos encontramos con una cifra sorprendente y es que hay déficit, un déficit de 5.4 billones en los primeros seis meses de este año si seguimos estrictamente el informe de finanzas públicas presentado recientemente.
Entonces, por todo lo anterior no compartimos el optimismo, no creemos que la vía para una recuperación sostenida, justa y duradera, sea precisamente los mecanismos del pacto como éste que se ha firmado; ratificamos que se trata de documentos anticonstitucionales y reafirmamos la capacidad autónoma del Congreso de la Unión y la soberanía de los estados de la Federación para intervenir de manera decisiva en la regulación de la vida económica. Creemos que es otro el camino, no sólo cuestionamos la política económica gubernamental por una línea oposicionista; queremos una situación de economía estable y justa, mejoría del ingreso, queremos más exportaciones, queremos como lo dijimos anteriormente, un empresariado firme, democrático y sólido, basado en productividades reales y en competitividades reales; queremos la interdependencia; queremos que bajen los impuestos a los grupos populares, no sólo el impuesto al valor agregado, sino que bajen un conjunto de impuestos a los grupos populares y suban los impuestos a aquellos sectores parasitarios y monopólicos, particularmente del sector financiero y pensamos que el camino es otro, el camino
es retomar una estrategia de crecimiento estable, equilibrada, con relación agrícola e industrial intersectorial correcta y donde preservemos nuestra facultad como mexicanos de establecer nuestro propio sistema económico frente a aquellos que nos quieren convertir en una potencia económica subordinada.
Reafirmamos pues finalmente, la necesidad de un mecanismo de movilización social y popular para rechazar este miserable aumento del 12% y reafirmamos nuestra voluntad de concertar nuestro modesto esfuerzo con todas las fuerzas democráticas de la nación y con todas las fuerzas obreras y campesinas y populares del país, para buscar un desarrollo justo y un desarrollo sano en defensa de los trabajadores. Muchas gracias, señores. (Aplausos.)
El Presidente: - A continuación, tiene la palabra por el Partido Popular Socialista, el diputado Juan Campos Vega.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega (desde de curul): - Declino hacer uso de la palabra.
El Presidente: - Del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, viene a esta tribuna el diputado Adolfo Kunz y Bolaños.
El diputado Adolfo Alonso Kunz Bolaños: - Con su venia, señor Presidente:
A nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo que se ha dicho aquí en relación con la última etapa del Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
Ya en las intervenciones previas hablé de los aspectos formales y quisiera referirme ahora a algunos aspectos de fondo.
Se decía que el pacto es un esfuerzo de concertación entre el gobierno y los sectores productivos, pero no se dijo que este esfuerzo de concertación está basado fundamentalmente en el sometimiento de los asalariados, principalmente mediante el control de los sindicatos y en la ignorancia de los derechos de los consumidores y me refiero en forma primordial a los usuarios de los bienes producidos por los monopolios estatales, donde no existe opción para tomar otro bien sustituto o recurrir a otro proveedor. Aquí nos estamos encontrando con que se trata de conciliar los intereses de los productores, pero esto ha sido a costa fundamentalmente de los obreros y de los consumidores.
Un siguiente punto de reflexión se refiere a que las medidas adoptadas en el último acuerdo que, curiosamente ya se señaló aquí, fue difundido en domingo con mucha premura y con algunas explicaciones por parte de altos funcionarios, en entrevistas que se proyectaron en todos los canales, no contiene medidas antiinflacionarias; por un lado se baja un impuesto y sobre él volveremos y por otro lado se incrementan notablemente los precios de bienes producidos por el Estado y sobre los cuales también hablaremos, Pero no se adopta ninguna medida de carácter monetario y además se soslaya el incremento del circulante que se ha dado en los últimos meses y que muy posiblemente tenga relación con el pasado proceso electoral.
Decía yo que se baja un impuesto como el impuesto al valor agregado, disminución obligada ante la evidente contradicción de los hechos con lo que se afirma. Es claro que cuando se habla de competitividad con el exterior este impuesto resulta una demostración evidente de la falsedad de esa afirmación, ya que nuestros futuros socios comerciales tienen impuestos equivalentes con tasas bastante interiores a la que nosotros teníamos.
Tampoco podemos hablar de que sea un impuesto equitativo, porque si bien es cierto que es un impuesto regresivo, no por eso deja de gravar en forma directa a las clases menos capacitadas para cubrirlo.
Indudablemente que este cambio obligado en nada o en muy poco, contribuye a modificar el sistema fiscal injusto que padecemos los mexicanos y contradice los más elementales principios en materia tributaria.
En cuanto al incremento del precio de los energéticos, también tenemos algunos comentarios que hacer, porque aparte de esta concepción mágica que tenemos en México de que un día apareció la nación, fue creada con todos los problemas habidos y por haber, sin hacer nunca referencia a que en buena medida de las dificultades que padecemos hoy en día se debe a políticas equivocadas de gobiernos anteriores y a veces hasta parece que, sin cambiar el partido en el gobierno cambia radicalmente su política, lo cual resulta absurdo y más absurdo el que se hable como si las consecuencias que ahora padecemos hubieran sido producidas por gobiernos de otros partidos.
Estamos sufriendo en este momento una serie de problemas que no son más que consecuencia de gravísimos errores cometidos por gobiernos
anteriores y muchos de ellos también por el actual gobierno y vayamos al caso de los energéticos.
Se nos hace creer o se nos pretende hacer creer que el aumento de la gasolina está motivado por cuestiones de carácter ecológico, por cuestiones de deuda externa; no, señores. Si tenemos que importar la gasolina es, simple y sencillamente porque hasta este momento Petróleos Mexicanos está incapacitado para producir la que el país requiere, a pesar de que somos un país petrolero.
Se llega al descaro, en el material que se nos repartió, de comparar los precios de la gasolina con los de países latinoamericanos que no son productores de gasolina, sino importadores y con todo y todo, citando por ejemplo a Brasil, el nuevo precio de la magna es superior al precio que rige en Brasil, que es país importador de gasolina y no productor como el nuestro.
Estamos ante la evidencia y esto muy fácilmente lo pueden constatar los diputados que provienen de la zona fronteriza, que en este momento con los nuevos precios, nuestra gasolina es más cara que la de los vecinos y de menor calidad, lo que implica también otro tipo de costos.
Si hay ineficiencias en Petróleos Mexicanos, si Petróleos Mexicanos ha sido incapaz de cumplir la función para la que fue creado, habrá que analizarlo en su funcionamiento, habrá que estudiarlo, pero no podemos pasarle el costo a la población, inventándole aspectos financieros o de deuda externa, que vienen siendo las consecuencias de las corruptelas o de la mala administración o de la incapacidad o de la ineptitud de los responsables de este organismo, que fue creado para servir al pueblo de México y que ahora se está convirtiendo en uno de sus verdugos.
En materia ecológica también estamos escuchando falacias de primer año. Tal parece que aquí se nos plantea un modelo económico simplista, el kindergarden o la preprimaria de la teoría económica: si le subimos el precio a la gasolina va haber menor demanda de gasolina; si hay menor demanda de gasolina habrá menos contaminación, consecuentemente si queremos menor contaminación subámosle el precio a la gasolina.
Así planteado y para niños de kinder, está bastante claro el argumento, pero creo que es un poco más complicado. El mismo argumento se complica cuando dice que se le va a subir más el precio a la nova que a la magna para facilitar ante ese diferencial el consumo de la magna.
Yo hace pocos meses oía que se iba a buscar disminuir el precio de la magna para aumentar su consumo. A veces ya no entiendo.
Pero también oí que la mayoría de los automóviles en esta ciudad de México, que se toma como ejemplo, si utilizan gasolina sin plomo van a sufrir serios daños en los motores. Posiblemente esto era una cuestión de fe y no de tecnología y ya se cambió y como esto, hemos oído muchas cosas más.
Me acuerdo haber oído una explicación muy detallada, muy científica, muy técnica, mediante la cual nos explicaron, desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, la imposibilidad de mudar la Refinería de Azcapotzalco. Afortunadamente tuvimos elecciones y una mañana nos informaron que esa misma tarde la iban a cerrar, lo cual también nos hace dudar de todos estos planteamientos.
Concretamente, no podemos aceptar este argumento de carácter económico que viene a justificar el aumento de las gasolinas, que posiblemente compense o aun supere la disminución del impuesto al valor agregado, porque hay otros factores y éste ya es de preprimaria en materia económica, que habla de la oferta o de la demanda inelástica y en una ciudad como México que fue la que se utiliza de ejemplo en el documento que se nos entregó la demanda no va a responder, como se pretende, con una disminución, toda vez que no existe una alternativa de transporte; el principal consumo de gasolina es en automóviles particulares y mientras no exista una alternativa de transporte público eficiente, mientras no exista una política de planeación urbana integral que impida el crecimiento extensivo de la ciudad, mientras no exista la posibilidad de disminuir el transporte y de hacerlo en forma colectiva, la gente no tendrá otra opción que seguir consumiendo la misma cantidad de gasolinas y en el único que se va a traducir no es en una disminución de la contaminación, sino en una disminución del nivel de vida de grandes sectores de la población.
Estamos, pues, ante una serie de sofismas seudoeconómicos que vienen a tratar de justificar la incapacidad de lograr eficiencia en ciertos sectores de nuestra economía y, en buena medida, estamos ante la evidencia de que a pesar de los avances que aquí nos señalan en materia económica, que no debemos olvidar que estamos hablando de porcentajes y todo es relativo cuando disminuye la inflación, no estamos hablando
de que disminuyó el costo de la vida, estamos diciendo que ya está más lentamente, o sea, estamos jugando mucho con los conceptos.
Por eso, a nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, señalamos que la argumentación seudoeconómica que se ha esgrimido para justificar las últimas medidas adoptadas, no son aceptables y que debemos entrar realmente a los problemas de fondo, que mientras no se resuelvan ésos, no es con paliativos como nuestro país va a parar su empobrecimiento. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra, por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el señor diputado Tomás Correa.
El diputado Tomás Correa Ayala: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El Partido del Frente Cardenista, por mi conducto, va a hacer algunos comentarios acerca del sexto Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
El sexto Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico, se ha firmado en vísperas de la entrega al legislativo de los Criterios Generales de Política Económica, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para 1992.
Por tanto, bien puede concebirse como parte de la estrategia económica para el siguiente período fiscal, una estrategia que sigue teniendo en la concertación de los sectores sociales corporativizados, la mejor vía de acción para la estabilidad y el crecimiento económico.
El problema que pretende enfrentar el sexto pacto, no es como todavía hasta el cuarto se pretendía, el tránsito de una economía estabilizada por la concertación corporativa a una estabilización económica liberada, sino cómo frenar los impulsos inflacionarios de nueva cuenta.
El Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico tuvo éxito en frenar la hiperinflación, pero ha sido insuficiente para lograr la estabilidad de precios.
La economía ha seguido desconcertada pese a la concertación corporativa. Muchas ramas industriales, muchos sectores han eludido el pacto; los precios suben silenciosamente bajo el argumento del desabasto.
Una obviedad, sin dudad. Nuevas industrias evaden cumplir los acuerdos; muchos servicios incrementan sus tarifas.
El sexto pacto es el reconocimiento de facto de que la concertación no ha sido suficientemente aceptada y cumplida, pese a todas las declaraciones. Faltaría ver si son las características de la concertación y no el mismo método lo que está siendo cuestionado por los sectores sociales. Lo hemos dicho en otras ocasiones y hoy parece confirmarse; más que una concertación corporativa para la estabilidad, faltaría intentar un acuerdo para el desarrollo económico y social más allá de las cúpulas sindicales y empresariales.
El sexto pacto lo reconoce implícitamente en dos momentos: al anticiparse y extender su duración hasta el 31 de enero de 1993 y en el llamado para el Acuerdo de Productividad.
El período de vigencia del pacto, es el más largo intentado hasta la fecha. Esto no sólo prefigura un amplio horizonte de certidumbre para las decisiones económicas, sino más importante aún, es el inicio de una concertación de mediano plazo, de un acuerdo social más allá de las coyunturas; el Acuerdo para la Productividad es fundamental en una estrategia de largo alcance. Es un acuerdo para el crecimiento económico sano, e implica decisiones relevantes en materia de organización, inversión y planeación.
Por eso es necesario extender las propuestas del pacto no sólo en tiempo, sino también y sobre todo, en ámbitos de concertación. Cuando las decisiones de inversión, de organización productiva, de renovación tecnológica y de relaciones laborales, se incorpore en un acuerdo nacional para el desarrollo económico y social.
Entonces los pactos de estabilidad y crecimiento económico, cumplirán cabalmente sus propósitos.
Lo que el sexto pacto anuncia, es precisamente esto, el propósito no debe ser liberar a la economía de los acuerdos sociales, como se perseguía hasta hace unos meses, sino incorporar a la concertación más ámbitos y propósitos económicos y políticos. Deben revisarse, en consecuencia, no sólo los precios públicos, los minisalarios y el tipo de cambio, sino también la inversión, la productividad y los mercados. Debe ampliarse la concertación e incorporar democráticamente a todos los sectores y fuerzas sociales.
Quizá los propósitos del sexto pacto puedan cumplirse; es posible en el esquema de la concertación corporativa lograr mantener la inflación a las tasas actuales, y aun intentar una disminución para 1992.
Existen las condiciones macroeconómicas que lo harían posible: una alta reserva de divisas, un mayor flujo de recursos en el precio del petróleo, las tasas de interés etcétera. Sin embrago, en el corto plazo los efectos del incremento de los precios públicos, se agregarán a las variaciones estacionales para aumentar la tasa de inflación y su secuela se hará sentir por lo menos hasta el primer trimestre del año próximo.
Debe recordarse también que según estudios recientes, la mayor incidencia en el crecimiento del índice de precios, lo han dado los precios públicos, por el efecto de cascada y que la promesa de los empresarios de absorber los incrementos de costos, ha sido reiteradamente incumplida.
Por otra parte, el mismo crecimiento económico en buena medida por los obstáculos infraestructurales, ha propiciado aumentos de la inflación. Lo hemos señalado anteriormente en los dos últimos años.
Se ha revertido el superávit de la balanza comercial en buena medida por el efecto de la liberación indiscriminada del comercio exterior. El saldo de la cuenta corriente, es de más de 6 mil millones de dólares, que no pueden financiarse con inversiones extranjeras y regreso de capitales.
Si bien es cierto que ha podido atemperarse en los ingresos adicionales por el petróleo, de ninguna manera ha sido suficiente. Es el efecto combinado de las características de la renegociación de la deuda, el crecimiento económico y la liberalización comercial, que permiten importar indiscriminadamente, tantos bienes chatarra.
Por eso, si bien se apuesta a los dólares extra para aumentar la reserva y expedir, quizá, un poco el gasto social, el elevado déficit comercial no puede eliminarse con la promoción de las exportaciones no petroleras en un mercado internacional potencialmente deprimido.
La estrategia del gobierno mexicano ha sobrevalorado la relación con el exterior; es cierto que la liberalización comercial ha obligado a las empresas mexicanas a volverse más productivas y enfrentar la competencia con el exterior; no todas lo han logrado ni todas podrán hacerlo; en el proceso muchas han desaparecido y otras lo harán más temprano que tarde.
También es cierto que la eliminación de los subsidios ha aliviado el déficit fiscal y la transferencia injusta de recursos, pero ni todas las empresas se han reestructurado ni todas han logrado ventajas competitivas en el incremento de la productividad sustantivamente. En mucho se han visto favorecidas por el deterioro del salario real, que implica una transferencia implícita de recursos de los menos favorecidos a las clases proletarias.
La competitividad internacional no puede seguir basándose en la disminución de los ingresos de los trabajadores; en buena medida y para algunas ramas industriales, como la textil por ejemplo, los mismos bajos salarios son un impedimento para la elevación de la productividad.
Todavía hay un margen importante de capacidad ociosa que permitiría elevar la producción sin sobrecalentar la economía; hay divisas suficientes y disciplina fiscal, ¿por qué entonces no se contempla elevar los salarios en mayor medida que el magro 12% a los salarios mínimos, que ni siquiera alcanza a resarcir el deterioro del presente año? ¿Por qué dejar a los salarios contractuales el mismo nivel, aumentando su deterioro real y dejando para el próximo año un incremento que obviamente no compensará en nada lo ya perdido?
Si comparamos estos datos con las fabulosas utilidades que reportan algunos grupos capitalistas, nos damos cuenta que el reparto de la riqueza no es más que el resultado de la manera en que opera el sistema capitalista y el sacrificio mayor recae sobre las espaldas de los trabajadores. Para muestras basta un botón.
En el año de 1988 las ganancias de la burguesía fueron de 196.8 billones de pesos y en el año de 1989 se elevaron a 237.7 billones de pesos, mientras que los salarios a 22.5 millones de obreros fue en 1988 de 104 billones de pesos. Los obreros sólo percibieron 20.3 billones de pesos de aumento en 1989, mientras que la patronal prácticamente dobló sus ganancias en 1989; esto quiere decir que mientras a 22 y medio millones de obreros en el país se les pagaron por concepto de salarios en el año de 1989, 124.8 billones de pesos, empresas propietarios de 1 millón 200 mil establecimientos industriales, comerciales y de servicio, grandes, medianos y pequeños, obtuvieron ganancias de 337 billones 699 mil millones de pesos al año.
La firma del Acuerdo Nacional de Productividad representa una gran oportunidad para resarcir el deterioro salarial, elevar la calificación de la mano de obra y asumir con mayores ventajas los retos de competencia internacional. Este propósito que fue acordado el 27 de mayo en la fase del cuarto, marcha con lentitud y a oscuras.
Nuestra fracción parlamentaria ha propuesto en diferentes ocasiones la creación de consejos económicos productivos laborales, como organismos electos por la base trabajadora, con el fin de que mediante el cumplimiento de metas de productividad se eleven las percepciones de los trabajadores.
La Cámara de Diputados debe organizar una amplia consulta en donde se examine la situación de los trabajadores y las alternativas de superación de su nivel de vida; convocar a los trabajadores y empresarios y especialistas, con el fin de recoger los diferentes análisis y buscar salidas legales e institucionales a los problemas de deterioro salarial, productividad, empleo y reinversión productiva.
Esas son las proposiciones que la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, hace en relación a la firma del cuarto Pacto de Solidaridad. Por su atención, muchas gracias. (Aplausos.)
RECESO
El Presidente (a las 14.25 horas): - Señores diputados, con fundamento en el artículo 34 fracción a, de la Ley Orgánica de esta Cámara de Diputados, que norma la vida del Congreso también, se decreta un receso de 45 minutos, para continuar el desarrollo de estas actividades legislativas.
(Receso.)
(A las 16.15 horas): - Señores diputados: Atento a los señalamientos expresamente indicados en el artículo 34, fracción a, de la Ley Orgánica que norma las relaciones de esta Cámara de Diputados, esta sesión se reanuda y llamamos a esta tribuna al representante de Acción Nacional, al diputado Daniel de la Garza.
El diputado Daniel de la Garza Gutiérrez: - Habré de empezar, señor Presidente, señoras y señores diputados, habré de empezar, decía, por reiterar que mi partido, el Partido Acción Nacional, no está en contra de que el impuesto al valor agregado se reduzca, En su oportunidad, cuando discutimos la iniciativa de ley que hoy en primera lectura habremos de conocer, daremos nuestros puntos de vista muy específicos, espero convincentes, sobre el impuesto al valor agregado.
El domingo, día inhábil, casi al atardecer..., como que de repente usan las horas inhábiles para hacer cosas indebidas y eso pasó con la "concertación", concertación entre comillas, de la sexta etapa del pacto, señoras y señores diputados.
Aquí el diputado Partido Revolucionario Institucional señaló "que se ha convenido" y yo pregunto: ¿quiénes fueron los que convinieron? ¿Estaban autorizados a convenir? ¿Eran realmente legítimos representantes de sus cúpulas? y aquí hablo tanto de representantes de los trabajadores, como representantes de los empresarios. No necesito ahondar en ello. Su ilegitimidad ha sido señalada en los medios públicos de comunicación.
Estamos ante una "concertación" ilegítima.
Aquí el representante del Partido Revolucionario Institucional habló de un avance. Un Avance, preguntaría yo: ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde fue el avance? y no hay duda, fue un avance hacia la ilegalidad.
Aquí con claridad meridiana nuestro diputado Fauzi señaló que definitivamente estamos ante una serie de acuerdos que violentan nuestra ley fundamental, que es la Constitución y que nosotros tenemos la obligación de que se respete y sea respetada.
¿Cuál avance, señores diputados? ¿El avance de Pinochet? ¿Qué sería mejor, convertirnos, como hizo Pinochet, en un mero consejo o realmente queremos asumir nuestra profunda y grave responsabilidad, señalada en la propia Constitución de ser, señoras y señores, representantes de la nación?; ¡no títeres del Poder Ejecutivo! (Aplausos.)
"Se ha hecho mucho", señaló el diputado del Partido Revolucionario Institucional. Pero yo pregunto: ¿Se ha hecho mucho bien o mucho mal? y seguido se argumenta, haciendo comparaciones y claro, las comparaciones se hacen al corto plazo.
En el bache en que caímos es por culpa de quienes ostentaron el Poder Ejecutivo del partido, cuya minoría tiene este Congreso.
¡No es serio hacer comparaciones limitadas! ¡La comparación que deberíamos hacer es: dónde deberíamos estar! ¡Y ciertamente deberíamos estar en pleno desarrollo! ¡Deberíamos tener controlado el fenómeno inflacionario desde hace más de una década, como se tuvo varias décadas atrás y tener controlado el fenómeno inflacionario en un dígito! ¡El pueblo mexicano
ha sufrido el peor de todos los impuestos: la inflación más grande que ha tenido la historia de México! ¡Y ésa es culpa de los famosos gobiernos revolucionarios! (Aplausos.)
Comparemos, señores diputados, sobre todo en materia económica, con seriedad, con profundidad, no con demagogia.
Se habla, señoras y señores diputados, o se habló, de la creación de empleos y de que éstos deberían estar bien remunerados y se pretende echar una nube de humo sobre el problema de la remuneración, señalando, como lo han señalado los líderes espurios de los obreros, que ya los salarios mínimos no tienen importancia. Pues sepan, señoras y señores diputados, que de hace un año para acá, de noviembre de 1990 a noviembre de 1991, 12 meses solamente, los famosos salarios contractuales y ésos son datos del Banco de México, los tengo ahí en mi curul, bajaron un 25% y los salarios mínimos, también con datos del Banco de México, bajaron un 20%.
El pacto, señores diputados y esto no lo podemos permitir, lo está sufriendo la gran mayoría del pueblo mexicano, que apenas tiene para comer y para vestir. ¿Dónde está el avance?, ¿dónde está el famoso equilibrio económico?
Se habla y se habló, señores diputados, de unas finanzas equilibradas. Si tuviéramos finanzas equilibradas, ¿qué necesidad hubiere habido de aumentar los bienes y los servicios públicos? Hay una grave incongruencia; si tengo finanzas equilibradas, ¿por qué hago recaer en el pueblo mexicano estos aumentos tan onerosos en la energía y en los combustibles?
La legislatura anterior, señoras y señores diputados, con base en disposiciones constitucionales, en un famoso cargo que el argot lo calificó como el 1148, porque tengo entendido que se tomó a las 11 de la noche con 48 minutos; la legislatura anterior, decía, con base en disposiciones constitucionales, pidió una investigación a la Comisión Federal de Electricidad y la legislatura anterior, no es responsabilidad nuestra, esperemos que en su oportunidad esta Cámara acepte este tipo de investigaciones, negó, neutralizó la investigación a la Comisión Federal de Electricidad.
Se habla que se está quitando la grasa al gobierno y claro, se pone como ejemplo la venta de los bancos, la venta de las paraestatales. Pero hay una grasa, que yo no diría grasa, hay un cáncer, afortunadamente curable, que está incrustado en la mayoría de las dependencias públicas gubernamentales y destacan con ella dos: Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. No hay duda que estos dos organismos trascendentes, importantes, pivotes para el verdadero desarrollo económico de México, se operan con ineficacia y con corrupción; se operan con ineficacia porque es increíble que los mexicanos tengamos que importar gasolina, ¿cómo es posible que siendo México uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, tengamos que importar gasolina? y se argumenta, se argumenta demagógicamente, el término es duro, pero es real, que aumentó la gasolina porque ésta es usada por las clases altas.
Señores, un índice del desarrollo económico de un país es el aumento de los combustibles y aquí en México queremos desalentar el consumo de los combustibles, una verdadera incongruencia.
Se da un golpe, señores diputados, a través de esta sexta etapa del Pacto de Estabilidad para el Crecimiento Económico al pobre y dolido pueblo mexicano, un golpe en su economía, en su economía básica; tiene que pagar luz, el taxista tiene que pagar su gasolina, etcétera y después de este golpe seco a la economía del pueblo, se quiere dar un dulce, "te rebajo el impuesto al valor agregado en un 50%" y bien señaló aquí otro compañero diputado: la mayoría del pueblo mexicano, señoras y señores, no paga impuesto al valor agregado porque la mayoría del pueblo mexicano apenas si alcanza para comer y la comida no paga impuesto al valor agregado, la rebajada del impuesto al valor agregado es ilegal y además es demagógica. (Aplausos.)
Yo termino, señores diputados, yo termino haciendo uso de esta tribuna para hacerle una excitativa al señor Presidente de la República. Es importante, se señaló en esta tribuna, que ese Poder Legislativo, que esa Cámara integrada como lo dice la Constitución o representantes de la nación, adquiera, defienda su dignidad y que ni el Poder Ejecutivo se meta con nosotros ni nosotros nos metamos con el Poder Ejecutivo; con todo respeto, pero a la vez con toda energía, yo desde esta tribuna pido al Presidente de la República que no intermezclemos nuestras funciones; él las tiene muy claramente señaladas en la Constitución; nosotros también las tenemos.
Vale la pena aquí recordar la famosa frase del Benemérito de las Américas: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Procuremos, señores diputados, que se nos respete integralmente. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Jorge Flores Solano.
El diputado Jorge René Flores y Solano: - Con su venia, señor Presidente:
No cabe duda que los tiempos que estamos viviendo de recuperación en su conjunto nosotros los mexicanos, son por principio polémicos.
Sin pretender dar clases de ninguna manera, sí quisiera mencionar que las medidas de política económica tienen que tomarse cuando sean recomendables o convenientes; no pueden estar sujetas a temporalidad. Los planes o programas que las contienen sí por conveniencia administrativa, como son los presupuestos de ingresos y de gasto.
Esta Cámara, el Congreso, el Legislativo, ha dado dentro del margen de respeto que nos debemos los poderes, el marco de referencia jurídico dentro del cual el Ejecutivo ha actuado; ha actuado para la implantación de medidas económicas de acuerdo con la concertación de los sectores productivos. Esta fase del pacto, como el pacto mismo, no son más que un instrumento de la política económica, no la política económica misma.
La corrección de un grave desequilibrio en el sector de energéticos, que es el principal contenido de estas medidas del pacto, que requirió también la aplicación de otras medidas para hacer su impacto menos grave en la economía, como ha sido la reducción aquí mencionada del impuesto al valor agregado, en el cual algunos partidos han coincidido en lo benéfico de la medida y que beneficia indudablemente a amplios sectores de la población, incluso a aquellos afectados por el crecimiento de energéticos.
Por el lado del crecimiento de la demanda de gasolina y su impacto en la balanza de pagos, justifican esta medida porque considerando también su contenido correctivo de los problemas de contaminación que tenemos los mexicanos, no cabe duda que tenderá a racionalizar el consumo, aportando recursos para fomentar la oferta, sobre todo de anticontaminantes que por falta de plantas tenemos que importar. La construcción de plantas como la que se está haciendo para producir componentes oxigenados, requiere de importantes recursos. En los planes de Petróleos Mexicanos no estaba previsto un incremento tan grande como la demanda que hemos tenido, sobre todo en el último año, en 1989, en 1990, cercana o rebasando al 10% en materia de gasolinas y es indudable que aquí se generara también una tendencia a mayores importaciones y en general la presión que tenemos de importaciones que aquí en la mañana se presentó como preocupante, en parte obedece a este mismo crecimiento económico que hemos tenido durante el presente régimen.
Y esto es así; si nosotros analizamos el contenido de las importaciones, el 80% de las cuales son bienes de capital que el mismo proceso productivo requiere. Así, con esta medida, con el conjunto de medidas por un lado, de afectar a los que consumen estos energéticos, que no son los sectores productivos en su mayor parte, como en el caso de la energía eléctrica, que no es el sector del campo porque no hay su contenido para ellos, sino fundamentalmente en el consumo de gasolinas, indudablemente habrá su afectación para los que consumimos de ellas en mayor medida y tratándose de los particulares, la gente de más alto ingreso, sí tendrá repercusión, como aquí hemos reconocido, en los ingresos de gente que también utiliza este medio de transporte y que no es precisamente de los estratos más altos de nuestra población.
Pero por ejemplo mencionemos los taxistas. Para los taxistas y para los industriales y para el proceso productivo, la gasolina no es más que un costo, no es el precio mismo de todo el producto ni son todos los insumos que requiere la industria. Por esa razón hay que cuantificar su afecto en un verdadero contexto de lo que significa el energético dentro del valor del producto.
Con la reducción generalizada del impuesto al valor agregado que sabemos perfectamente que debido a su efecto negativo, porque es un impuesto indirecto, es un impuesto al consumo que afecta a los que más consumen, pues precisamente por eso tenemos un gran capítulo de sanciones para los que son los productos alimenticios y las medicinas, alguna de ellas las industrializadas y las medicinas están justamente a raíz de la creación del acuerdo de concertación, pero una parte importante también de los bienes que consume toda nuestra población contenidos en la canasta básica, será objeto de desgravación importante y afectará indudablemente, positivamente, el consumo de grandes y amplios sectores de nuestra población.
Alguna estadística de la encuesta ingreso - gasto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, nos señala que empezará a tener efecto esta combinación de la subida de energético con la baja del precio de las gasolinas alrededor del sexto decil en que se compone la población.
Por eso nosotros hablamos de que con esta medida se afectará en mayor medida a lo menos que más tienen y se beneficiará en mayor medida a los más que menos tienen, por eso hablamos de efectos redistributivos en este acuerdo de concertación.
No se soslaya que el Estado tenderá a recuperar la reducción que tendrá de la recaudación del impuesto al valor agregado por la vía de este mismo incremento a los energéticos, vía impuestos a Petróleos Mexicanos. Aunque no es precisamente el todo del sacrificio del impuesto al valor agregado, porque precisamente y es ahora, no antes, que hemos tenido un saneamiento de las finanzas públicas, que hemos tenido una reducción considerable de déficit, por cierto cercano al 2% del producto interno bruto que no contiene los recursos extraordinarios por el producto de la venta de desincorporación o desincorporación de empresas.
Ese saneamiento de las finanzas públicas hace factible que ahora estemos pensando en esta posibilidad de absorber el sacrificio sin afectar el gasto social, porque también ha habido una mayor madurez en lo que corresponde a la evolución administrativa del aparato recaudador.
Es cierto, que por una parte, tenemos ahora una mayor amplitud en la vigencia del pacto, 14 meses, poco más de 14 meses, pero esto también es importante hacerlo así ahora que tenemos más signos de recuperación para poder dar más seguridad a los factores económicos y provocar lo que deseamos de este acuerdo de concertación.
Las medidas se marcan dentro de lo posible, como hemos comentado y dentro de estas condiciones favorables. Así el tamaño de nuestras reservas internacionales nos permite un deslizamiento menor del peso.
Y yo diría que en materia de cultura política económica, nosotros requerimos ampliar esa cultura en estos acuerdos de concertación, para que los compromisos se cumplan.
No esperamos incrementos generalizados en los energéticos, por lo que he comentado y como ejemplo de ello en la misma firma del pacto, una parte importante de los concesionarios del transporte se han comprometido, no solamente no aumentar el efecto del consumo de los energéticos, sino a reducir el precio de sus servicios.
Por todo lo anterior, creemos que las medidas tomadas permitirán el crecimiento sostenido de la economía y buscar el control de la inflación, como hemos expresado aquí, a un dígito para el año de 1992 y continuar también con el fortalecimiento de las finanzas del Estado. Muchas gracias.
El Presidente: - Con esta intervención quedan concluidas las listas de oradores registradas para intervenir en dos turnos en este asunto sobre el Pacto de Estabilidad y Crecimiento Económico.
Al inicio de esta reunión, dos diputados, uno de ellos representante del Partido de la Revolución Democrática, Alejandro Encinas, y otro diputado del Partido Popular Socialista, Héctor Ramírez Cuéllar, hicieron propuestas relacionadas con el asunto que estamos tratando. Señalamos que esto habría de agotarse al término de los oradores que participarían en estas dos rondas; consecuentemente, en virtud de que se presentaron estas dos proposiciones que tienen que ver con las intervenciones de los oradores, vamos a solicitar al señor secretario que nos haga favor de leer los términos del artículo 58.
El secretario diputado Manuel Garza González:
"Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley, presentadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los siguientes trámites:
I. Se presentarán por escrito y firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos, si fuesen varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto.
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, refiriéndose al autor del proyecto o proposición.
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quien corresponda y en el segundo se tendrá por desechado.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul): - Quisiera retirar mi proposición, toda vez que se presentará otra que recoge el sentir de los grupos parlamentarios representados aquí en la Cámara. Entonces, quisiera retirar el que se ha presentado y que se presente el de alternativa.
El Presidente: - Perfecto.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Pido la palabra para presentar un punto de acuerdo.
El Presidente: - Adelante, diputada.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con su permiso, señor Presidente; señores y señoras diputadas:
Quiero presentar a ustedes un punto de acuerdo:
"Los que suscriben, coordinadores de los grupos parlamentarios que se firman al calce, comparecemos y decimos:
Que atentos al contenido del debate sustentado el día de hoy en esta tribuna, con motivo de las medidas tomadas por el Ejecutivo en materia económica y en especial con la desgravación parcial del impuesto al valor agregado por decreto presidencial, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso, sometemos a su consideración el siguiente
"PUNTO DE ACUERDO
Elévese una respetuosa pero enérgica protesta ante el Poder Ejecutivo Federal por lo que se estima violación a la fracción IV del artículo 74 y fracción VII del artículo 73 de la Constitución General de la República, por las medidas económicas últimamente adoptadas por dicho poder, sin la intervención del Congreso de la Unión y para su debida información, hágasele llegar un ejemplar del Diario de los Debates respectivo.
Firman, por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Diego Fernández de Ceballos; por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albino Garavito; por el grupo parlamentario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el licenciado Carlos Cantú Rosas; por el grupo parlamentario del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Alberto Carrillo Armenta; por el grupo parlamentario del Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo."
Lo dejo a la mesa para las consideraciones pertinentes. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Atento a la propuesta presentada por la diputada Rosa Albina Garavito Elías, con la representación de varias fracciones parlamentarias, solicito al señor secretario, en los términos de la fracción II del artículo 58 del reglamento, pregunte a la asamblea si hay oradores a favor y en contra y en este caso sería uno a favor y uno en contra.
El secretario diputado Manuel Garza González: - En los términos de la fracción II del artículo 58, se pregunta a la asamblea si hay oradores a favor de la propuesta hecha por los grupos parlamentarios Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. En contra.
El Presidente: - Su nombre, señor diputado, por favor... Juan Campos Vega.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - En contra.
El Presidente: - Este es el único caso en que el reglamento de la Cámara de Diputados y, obviamente la Cámara de Senadores, otorga orador a favor, en primer término. Esta es una excepción al resto del reglamento. Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, a favor.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Desde que se inició la práctica de la firma de este tipo de acuerdos, todos estamos conscientes de que en parte han servido para sustituir funciones que competen a los poderes constituidos.
Hoy, con el aspecto vinculado con el sexto, se hace esta cuestión más evidente, de ahí que un conjunto de diputados integrantes de diversas fracciones parlamentarias estemos solicitando la aprobación a este punto de acuerdo que recoge nuestro sentir en este sentido, pero creo que no podría quedar este asunto nada más en estos términos, hoy lo planteamos así porque es este hecho el que estamos discutiendo, pero pienso que habríamos de meditar un poco, si no en la práctica este tipo de pactos, también implican la cesión de algunas funciones del Ejecutivo hacia una serie de elementos que no tienen ninguna función de acuerdo con nuestro derecho constitucional para tomar este tipo de medidas en materia económica.
Uno puede tomar los acuerdos de pactos que considere convenientes, siempre y cuando sus decisiones sean estrictamente personales y que afecten lo que uno en un momento determinado puede hacer o dejar de hacer. Pero no es posible que siga sustituyendo a los poderes, particularmente
al Poder Legislativo, en una serie de cuestiones, por una serie de organizaciones y cúpulas que no son representativos de la sociedad en su conjunto, porque el poder, representativo del pueblo, es precisamente el que nosotros integramos, el Congreso de la Unión y particularmente esta Cámara de Diputados.
Nosotros queremos dejar muy claro que no sólo nos oponemos a esta atribución en torno al aspecto del impuesto al valor agregado, sino que en general consideramos que este tipo de concertaciones, como el pacto, deben desaparecer y que el Poder Legislativo debe tomar el papel que le corresponde para dirigir la política económica de nuestro país y vigilar la conducta del Ejecutivo. Muchas gracias.
El Presidente: - Viene a esta tribuna, para exponer su posición en contra, el señor diputado Miguel Angel Yunes Linares.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea:
Me he inscrito para participar en contra del punto de acuerdo, por una razón que considero válida y que encuentra su apoyo en los propios, en el propio texto de nuestra Constitución.
Si nosotros aprobáramos este punto de acuerdo, de alguna forma quienes lo proponen estarían actuando exactamente en el mismo sentido de lo que combaten. Y voy a tratar de explicarme. Quienes aquí han manifestado su oposición a que mediante un decreto se haya eximido del pago de un porcentaje determinado del impuesto al valor agregado, señalan que lo dispuesto en el artículo 39 de la ley citada, de la Ley de Ingresos, va en contra del postulado constitucional y que por lo tanto, el Presidente de la República no debe atribuirse o no debe ejercer facultades que sólo corresponden a la Cámara de Diputados.
Pero yo quiero recordarles, respetuosamente a quienes proponen este punto de acuerdo, que tampoco corresponde al Poder Legislativo decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una disposición legislativa. Hay autoridad competente para hacerlo y no somos nosotros; hay una autoridad judicial que debe decidir en el caso en que se combata la sola expedición de la ley o algún acto de aplicación de la misma.
Es un punto de acuerdo que no tiene, por tanto, fundamento constitucional ni político. El Ejecutivo, al dictar el decreto que ha sido debatido desde esta tribuna, actuó con estricto apego al principio de legalidad; tiene facultades, facultades que no se dio a sí mismo, facultades que le señaló el Congreso de la Unión en una ley que está vigente, que no ha sido combatida por la vía que corresponde combatir este tipo de disposiciones y que por lo tanto, tiene plena validez. El Ejecutivo, por tanto, actúa conforme a derecho.
Por último, quienes estén en desacuerdo con esta disposición jurídica, quienes estén en desacuerdo con este decreto, tienen todavía la posibilidad de acudir...
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Señor Presidente...
El Presidente: - ¡Dígame, diputado Calderón!
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - ¿Puedo hacer una interpelación?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Cuando termine, con todo gusto.
Quienes estén en desacuerdo con esta disposición, con este decreto, pueden acudir por vía de amparo, oponiéndose a que la tasa del impuesto al valor agregado se reduzca. Entonces la autoridad competente decidirá si es constitucional o es inconstitucional la disposición que aquí ha sido analizada y desde esta tribuna combatida.
Esa es nuestra opinión.
Con todo gusto a su interpelación, diputado Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Declino, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Realmente me deja sorprendido la afirmación que ha hecho el señor diputado Yunes. "No estamos facultados para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad".
Dice el diputado Yunes, a todos ustedes, señores diputados; a todos nosotros, "que no estamos facultados para decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad" y que si acaso
queremos saber si la conducta del Ejecutivo ha sido constitucional o inconstitucional, que se acuda al juicio de amparo para que sean los tribunales de la Federación los que determinan y en especial la Corte, que determine si la conducta fue constitucional o inconstitucional.
Caray, yo siento que toda autoridad, en los términos del 128, está obligada a ajustar su conducta a la Constitución general de la República, y díganme señores, ¿quién de aquí puede interponer amparo?, ¿con qué interés procesal?, ¿cuál de los señores diputados elegirá agravio personal directo y alegará interponer el amparo con el carácter de gobernado?, porque solamente el gobernado puede interponer amparo.
Y si bien es cierto, en un momento dado las personas morales de derecho público, que de acuerdo con el Código Civil para el Distrito Federal y para toda la República en materia federal, son en un momento dado los municipios, la Federación y los estados, en los términos del artículo 9o., de la Ley de Amparo podría interponerlo cuando se afecten sus intereses patrimoniales; no veo la manera, diputado Yunes, en que los señores diputados de las fracciones parlamentarias que firmaron la proposición podamos interponer el juicio de amparo. Pero eso es una cuestión de derecho.
El problema es si aquí, diputados de la nación, representantes de la nación, vamos a pertenecer impávidos ante una violación constitucional, aunque sea del Ejecutivo, diputado Yunes; aunque el peso de la figura presidencial pese en su ánimo, aunque el presidencialismo espere en este sexenio, como en todos los demás, pero más fuerte a la mitad del sexenio, con todo su peso y con toda su fuerza, pesando sobre la voluntad de la mayoría de esta Cámara que se niega a firmar y apoyar con su voto esta proposición, en virtud de la cual manifestamos nuestro repudio a que se viole la Carta Fundamental que ustedes y nosotros protestamos defender. (Aplausos.)
No es... no es señoras y señores de la Ley de Ingresos, será porque la Ley de Ingresos ya durante muchos ejemplos era el ejemplo clásico de la delegación de facultades por parte del Congreso al Ejecutivo Federal en materia de endeudamiento; es la indebida, la inconstitucional, la violación flagrante a la ley fundamental del país que el Congreso hizo al delegarle al Ejecutivo Federal en ese artículo del Código Fiscal la facultad de reducir.
Pero qué, ¿no dice la fracción IV de artículo 74 que discutiremos primero las contribuciones?, ¿no habla de presupuestos?, ¿qué una disminución del 5% no implica en términos de millones de pesos disminución a los ingresos de la Federación? y el Ejecutivo con un simple decreto va a dejar la atención de los millones de mexicanos que debían ser atendidos con esta disminución? ¿No existe un desequilibrio entre el ingreso disminuido y el presupuesto aprobado por la Cámara? ¿No existe esa falta de igualdad entre contribuciones y el presupuesto de gasto? ¿Y no exige la Constitución que sea el señor secretario el que venga aquí para plantearnos modificaciones?
Su fundamento es legal, pero hay algo que es la responsabilidad que constitucionalmente tenemos como diputados: la responsabilidad de hacer que se decrete una contribución o se modifique por el Congreso en los términos del artículo 73, facultad del Congreso.
Y si otra legislatura, por acatar la decisión del Ejecutivo en una ley secundaria, le delegó al Ejecutivo, eso no le quita la inconstitucionalidad. El legislativo no puede delegar, no puede ceder sus facultades al Poder Ejecutivo.
Entonces, señores, esta propuesta que estamos planteando ni siquiera agresiva, guardamos la atención que un poder debe a otro poder. ¡Nuestra protesta enérgica, pero respetuosa, al Ejecutivo Federal, para señalarle con toda la energía que puede adoptar una cámara independiente que se precie de tal! Y diputados de la nación que nos dicen: "¡no importa que sea inconstitucional, váyanse al amparo!".
¡No, diputados de la nación: A los que sí interesa y preocupa la violación de la Constitución, plantearle al Ejecutivo nuestra protesta enérgica ante la imposibilidad de control, en este momento, de la constitucionalidad por la vía de amparo, que nos pide el señor diputado de la mayoría que ejercitemos! ¡Por eso, señores, por eso, como diputados de la nación, respetuosos de la Ley Fundamental, de la Carta Magna que hace unos cuantos días usted, diputado Yunes, como yo, protestamos defender, debemos apoyar esta proposición! Gracias. (Aplausos.)
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente, para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra para alusiones personales, por un máximo de cinco minutos, el señor diputado Yunes, conforme al artículo 102.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente; señores diputados:
Conozco y respeto a Juan de Dios Castro. No coincido, sin embargo, con algunas de sus estrategias de debate, porque no corresponden a las de un diputado como él, conocedor del derecho y con argumentos suficientes, cuando menos los necesarios, para no emplear ni el sofisma ni la mentira.
El es un hombre de honor como lo soy yo y porque lo es, lo voy a invitar a que consulte la versión estenográfica de lo que yo dije y si en esa versión en algún momento afirmé que es la Cámara de Diputados o los diputados los que deben promover amparo. Y si en esa versión yo afirmé que no importa que la ley no sea constitucional, vendré a esta tribuna a reconocer la calidad de Juan de Dios Castro.
¡Y si no, que suba él y que reconozca que dijo una mentira desde esta tribuna! (Aplausos.)
Pero quiero también...
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación, señor licenciado, diputado Yunes?
Aceptada, señor diputado Castro.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - No la he aceptado, pero con todo gusto la acepto.
El Presidente: - Muy bien. Adelante, diputado.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor diputado Yunes: No necesitamos consultar la versión estenográfica para saber que usted manifestó, primero, que correspondía a los tribunales de la Federación el conocer de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Segundo, y que el medio era el juicio de amparo.
Si no le entendí correctamente que no fueran los señores diputados, que no estamos de acuerdo y no lo estaremos con la decisión del Presidente del procedimiento seguido para tomarla, dígame usted, ¿quién sería la persona o personas que en este momento pudieran interponer el juicio de amparo para resolver esa inconstitucionalidad?
Dado que lo mencionó, tuvo que haber un quejoso, tuvo que haber un agraviado y el amparo requiere, primero, instancia de parte y que tenga y sufra agravio personal y directo.
¿Quiénes serían, señor diputado?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Dos cosas, señor diputado Juan de Dios Castro. ¡La primera, no está en un examen de derecho de amparo. Es usted maestro, pero estamos en la Cámara de Diputados! (Aplausos.)
Sin embargo, le voy a responder. Venimos aquí a participar en un debate y sobre el tema del debate le respondo lo que usted guste y lo voy a hacer con todo gusto. Sin embargo, que quede perfectamente mi invitación a un hombre de honor, a que asuma esa calidad, como usted la tiene diputado Juan de Dios Castro.
¡Jamás dije ni que no importara que la disposición fuera inconstitucional, porque no la considero inconstitucional; ni dije tampoco que fuera la Cámara ni los diputados quienes debían promover el juicio de amparo! Dije, con toda claridad, que el Ejecutivo Federal al dictar este decreto basando su decisión, estaba basando el decreto, en una disposición legal vigente no combatida, que tiene plena validez y que por lo tanto se estaba ajustando al principio de legalidad. Eso fue lo que señalé.
Y dije también que, en última instancia, quien se viera afectado por esta disminución en la tasa del impuesto al valor agregado podía acudir a los tribunales competentes, para que decidieran si la disposición del Ejecutivo era o no constitucional.
¡Esa fue mi intervención! Yo reitero que estamos en contra de la propuesta, porque no tiene fundamento constitucional y porque es incongruente. Tenemos dentro de esta Cámara la responsabilidad, como lo dijo Juan de Dios Castro y creo que así lo hacemos todos, de acatar las disposiciones constitucionales. Y una disposición constitucional, muy clara y muy precisa, es que sólo podemos hacer aquello que nos faculta la ley a hacer.
Y yo le quiero preguntar: ¿en qué artículo la ley nos faculta a decidir cuando una disposición es constitucional o inconstitucional? Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado Alejandro Encinas. Atento a lo dispuesto por el artículo 102...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - ¡Señor, Presidente!
El Presidente: - ¿Dígame, señor diputado?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Para alusiones personales.
El Presidente: - Tiene la palabra, para alusiones personales, también con fundamento en el artículo 102 del reglamento y con un máximo de cinco minutos, el señor diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: Señor Presidente; señoras y señores diputados:
No puedo ante el último requerimiento del diputado Yunes, dejar de subir a esta tribuna. Dice que yo le diga, que yo le manifieste en qué artículo de la Constitución estamos facultados para resolver controversias constitucionales o señalar la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Yo digo que el señor diputado ha confundido el poder Legislativo con el Poder Judicial; sí tenemos facultades jurisdiccionales perfectamente limitadas, pero no para resolver el juicio de amparo, no para resolver una controversia constitucional. ¡Ah!, pero sí tenemos sentido común para poder determinar cuando una conducta del Ejecutivo o del Legislativo o incluso del Judicial, es violatoria de la Constitución; no tendrá la fuerza de intérprete de la Constitución, como lo tiene el Poder Judicial, yo cito un ejemplo: Cuando el Congreso empezó la mala práctica...
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - ¿Me permite una apelación?
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Ya dije que no necesita preguntarlo, yo las admito todas.
El Presidente: - Quisiera que tomaran en cuenta a la Presidencia de esta Cámara. Se prohiben los diálogos. (Aplausos.)
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Tiene la razón el señor Presidente, tiene él que aprobar la interpelación.
El Presidente: - Adelante con la interpelación, señor diputado.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor diputado y distinguido jurista Juan de Dios Castro...
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Quite los calificativos, señor diputado.
El diputado Miguel Yunes Linares (desde su curul): - Así lo considero y lo dije desde la tribuna y lo vuelvo a reiterar. ¿Desde cuándo el sentido común sustituye a las facultades jurisdiccionales de la corte?, sería la primera pregunta. Y segunda, que en términos de lo que yo considero una interpretación vale, ¡claro que tiene el Poder Legislativo facultades de interpretación!, es la interpretación original u originaria, como usted lo sabe perfectamente bien, pero no se trata del caso, nadie nos ha consultado. Muchas gracias. (Aplausos.)
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor diputado en primer término en derecho constitucional existe un tema amplísimo, citando a uno de los tratadistas de derecho constitucional más conocido, Tena ,por ejemplo, tiene un capítulo que nos habla de las defensas subsidiarias de la Constitución; entre estas defensas subsidiarias de la Constitución está precisamente el artículo 128; lo que determine el Poder Legislativo o lo que determine en esta materia el Poder Ejecutivo, desde el punto de vista jurídico no es la verdad legal , porque el único intérprete de la Constitución es el Poder Judicial Federal.
Dirá, luego entonces dirá el señor Diputado, luego entonces el licenciado Castro me da la razón, en el sentido que sólo a través del amparo pudiéramos conocer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto, desde el punto de vista de una controversia. Pero ciertamente, señor diputado, lo que aquí esperamos es esto, que cuando afirmamos que la decisión del Ejecutivo Federal violó el artículo 74 ,en relación con los presupuestos, cuando afirmamos que el Ejecutivo Federal violó el artículo 73, en relación con la aprobación de contribuciones ,ciertamente podemos afirmar que estamos dispuestos a ser convencidos de lo contrario.
Quizá la apreciación que nosotros hagamos no sea absoluta, pero de parte de la mayoría, ni cuando subió el diputado Aceves, después de la intervención del diputado Fauzi, dando la argumentación constitucional, ni usted cuando subió, recibimos un sólo argumento para desvirtuar el argumento de inconstitucionalidad y es precisamente en el debate que no impartimos el servicio jurisdiccional en el Poder Legislativo, en el debate de los argumentos dados, debe la mayoría, no nada más de los del Partido Revolucionario Institucional, sacar la conclusión de si la conducta del Ejecutivo violó o no violó la Constitución.
Yo no necesito acudir al juicio de amparo cuando veo a una autoridad administrativa, privar no es flagrante delito sin orden de aprehensión a
una persona privarla de su libertad , para decir que esa conducta es inconstitucional. No necesito acudir al juicio de amparo, ni necesito acudir a la controversia constitucional , me basta con parar la conducta de la autoridad con el texto de la Constitución para sacar la conclusión y eso es lo que hicimos en la proposición, vengan los argumentos para desvirtuar que no se violó el artículo 73 y que no se violó el artículo 74 de la Constitución. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, en los términos del artículo 102 del reglamento, el señor diputado Alejandro Encinas.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Yo creo que en primer lugar no se puede venir aquí a la tribuna a distorsionar lo que nosotros hemos planteado, como lo hizo aquí el diputado Yunes, porque efectivamente hay que aplicar el sentido común, pues el sentido común no puede sustituir a la ley y esta Cámara y el Ejecutivo tienen que apegarse al derecho.
Yo digo esto en primer lugar, porque nosotros no estamos en contra de la reducción al impuesto al valor agregado, no solamente no estamos en contra, sino desde el mes de abril de 1990 ante esta legislatura nosotros presentamos una iniciativa que justamente reducía el impuesto al valor agregado al 10%, pero ésa no es la discusión ni es el debate que hemos traído a esta tribuna, hemos traído aquí a la discusión la irregularidad y el agravio que el Poder Ejecutivo ha cometido en contra de la soberanía del Poder Legislativo. En primer término, porque el propio Ejecutivo no se apegó al artículo 89 fracción I de la propia Constitución donde está obligado a la exacta observancia de las leyes que el propio Ejecutivo promulga y debe ejecutar.
Nosotros sí fuimos a las versiones estenográficas, no a la del diputado Yunes sino a la del diputado Amador y la hemos leído con mucho interés y detenimiento. En su primera intervención el diputado Amador Rodríguez Lozano se refirió a que el artículo 39 le daba facultades al Presidente de la República para reducir las tasas de gravamen y la verdad es que una lectura rigurosa de este artículo señala que el Poder Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general dice, entre guiones el diputado Amador: esta es una resolución de carácter general, podrá, fracción I: condonar o eximir parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios.
Ya el diputado Eloy Vázquez en su intervención, señaló que no se trataba ni de una condonación ni de una exención del impuesto, sino de una reducción de la tasa de gravamen que modificaba el artículo 1o., de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Pero en su segunda intervención usted fue todavía mucho más allá y quisiera pedirle al señor Presidente instruyera a la Secretaría para que diera lectura a este párrafo de la versión estenográfica donde hace su declaración el diputado Amador Rodríguez Lozano para después continuar dando nuestro punto de vista.
El Presidente: - Señor Secretario, proceda en los términos del solicitante.
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez: - El documento referido dice así: "El Presidente por supuesto que tiene facultades, están en la fracción I del artículo 39 y no se trata de eximir de manera individual, como dijo aquí el orador que me antecedió en el uso de la palabra, se trata de tomar decisiones de carácter general que por supuesto, en estos momentos estamos conociendo una iniciativa que viene a darle trámite legislativo correspondiente a una decisión de carácter administrativo, que tiene precisamente ese propósito. La ley "marco" tiene precisamente el propósito de darle al Presidente de la República, las facultades extraordinarias para que pueda tomar decisiones que no afecten al contenido general de la economía".
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Muchas gracias.
Nos pusimos a revisar las facultades extraordinarias que se le otorgan al Presidente y bueno, efectivamente fuimos al artículo 49, el cual en primer término nos remite al artículo 29, bueno, nosotros no encontramos todavía problemas de invasión, de perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro, para que el Ejecutivo asumiera facultades extraordinarias.
También nos remitimos al artículo 131, al que se refiere la propia Constitución y éstas se reservan exclusivamente para medidas en el área del comercio exterior.
Yo en lo personal creo que es muy difícil venir aquí a defender lo indefendible, y la verdad es que usted manda una argumentación jurídica contraria a la que hemos hecho en esta tribuna, para demostrar la ilegalidad en la que el decreto del Ejecutivo ha modificado la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Se trata de una modificación anticonstitucional, está extralimitado en sus funciones
el Poder Ejecutivo, ustedes no han demostrado lo contrario y sería mejor que desprendiéramos de esta experiencia la necesidad de ejercer algunas de las facultades del Legislativo, no sólo para ver la observancia y cumplimiento de la ley, sino como en términos del artículo 73 de la propia Constitución en su fracción XXIX E, iniciar también los trabajos de concertación que debería de corresponder a este Poder Legislativo y no al Ejecutivo, para evitar el atropello a la división de poderes y a la legalidad en este país. Muchas gracias. (aplausos.)
El Presidente: - ¿Con qué objeto, señor diputado? Alusiones personales. Cinco minutos, señor diputado, conforme a lo dispuesto por el artículo 102 del reglamento.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Se ha comentado aquí en repetidas ocasiones, el artículo 128 constitucional, que se comentó, es una defensa subsidiaria de la Constitución pero es más, es la subordinación de todos los funcionarios públicos a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. Así dice el artículo respectivo. No solamente la subordinación a la Constitución sino también a les leyes que de ella emanen.
Este por supuesto que no es un debate fácil. Ya en 1946, cuando el maestro Fraga Ramírez fue ministro de la Corte se suscitó un interesantísimo debate respecto a este aspecto: ¿Puede una autoridad administrativa dejar de aplicar una ley por considerarla anticonstitucional? Fue la pregunta que se presentó en el seno de la Suprema Corte de Justicia.
El debate fue muy rico, un debate que sigue nutriendo a la doctrina, pero la conclusión fue "no". La autoridad ejecutiva está obligada a aplicar la ley , aun y cuando ésta pudiera ser anticonstitucional Por eso se llama Poder Ejecutivo, porque es el que ejecuta la ley.
En este caso hay antecedentes que prácticamente quienes litigan el derecho de amparo los conocen, el caso mas específico es el de la Ley de Profesiones, donde específicamente hay una disposición de la ley de Profesiones que les niega el registro de los títulos a aquellos estudiantes o aquellos profesionistas que sean extranjeros.
No se ha modificado la Ley de Profesiones, ¿y qué hace la Dirección General de Profesiones? le niega, siempre, el registro de título al profesionista extranjero porque la ley así lo demanda. Por supuesto que esto ya se ha convertido en un hecho cotidiano, sale de la oficina de la Dirección General de Profesiones, inmediatamente va y solicita la protección de la justicia federal y la justicia federal le otorga el amparo y tiene que otorgarle el registro al título. Esta es una realidad.
Aquí hay una facultad en el artículo 39 fracción I del Código Fiscal, es una facultad que le otorga al Ejecutivo de eximir o condonar contribuciones de manera parcial o general por una serie de circunstancias, ese es el hecho incontrovertible. Hay una facultad que el Presidente de la República tiene la obligación de aplicar.
Que puede ser que a muchos desde el punto de vista jurídico constitucional consideren que sea una invasión a la soberanía del Poder Legislativo. Puede ser que tengan razón, desde el punto de vista de la diputación priísta, no, ya explicamos y no voy a repetir aquí el debate de las leyes marco que en Europa cada vez más, por motivo de una serie de materias que por su apta movilidad y dinamismo no es posible expresar en una ley que tiene un procedimiento legislativo rígido y que está variando esa materia y que, por lo tanto, es necesario tomar medidas de carácter emergente, por lo que se establecen en una serie de disposiciones de carácter general y se le dan las facultades delegadas al Ejecutivo, no voy a comentar ese aspecto.
Desde nuestra perspectiva y estamos totalmente convencidos de ello, se utilizaron las facultades que se encuentran en la fracción I del artículo 39 de Código Fiscal. Y ésa es una realidad incontrovertible y, por lo tanto, los actos del Ejecutivo son apegados a legalidad. Muchas gracias.
El Presidente: - Señor diputado, a sus órdenes.
El diputado Fauzi Hamdan Amad (desde su curul): - Para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Para hechos tiene la palabra cinco minutos, señor diputado.
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Con su venia señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Se ha entablado un esgrima intelectual de gran altura para el análisis de derecho constitucional. Todos estamos aprendiendo, sin lugar a dudas, de las inapreciables afirmaciones de gran contenido teórico, no sólo del derecho constitucional mexicano sino también del derecho comparado.
Yo quisiera, al señor diputado que me ha precedido en la palabra, hacerle, si me lo permite, dos pequeñas rectificaciones de carácter técnico constitucional, que son vitales para entender el contenido y alcance del texto de nuestra Constitución suprema.
En primer lugar, existe la jerarquía de leyes previsto en el propio texto constitucional y aunque no estuviere expresamente previsto está implícito en la propia Constitución, me refiero al artículo 133 constitucional, que habla de que esta constitución, las leyes que de ella emanen y los tratados que estén de acuerdo con ella serán la ley suprema de la Unión y obliga, en un párrafo adicional, a que los jueces locales, califica de locales, se ceñirán a la Constitución General de la República, a pesar de lo que sus disposiciones locales digan en contrario. De ahí el señor diputados, se suscitó en la Suprema Corte el asunto que usted plantea en el año, no de 1946, si no me equivoco empezó en 1944 y los insignes maestros ministros de la Suprema Corte, el doctor Gabino Fraga y el doctor Felipe Tena Ramírez, eran dos de los mas destacados juristas y justipublicistas de ese entonces.
El proyecto del doctor Gabino Fraga hacía extensivo el respeto a la autoridad administrativa, pero solamente condicionado a cuatro casos: que la violación fuera flagrante, que no estuviere sujeta a controversia judicial, que no hubiere precedente de jurisprudencia definida de la Suprema Corte en un solo sentido y consecuentemente decía y concluía: cuando esa violación fuere flagrante, la autoridad administrativa estaba obligada a dejar de acatar una ley para respetar por encima de todo a la Ley Suprema, que es la que debe salvaguardarse. (Aplausos)
"Como la norma que nutre y alimenta a todo el sistema jurídico. Es lo que le da legitimidad a todo el orden que de ella emana, de manera que lo que indebidamente señalaba el señor diputado Juan de Dios Castro de que le fue delegada esa facultad al Ejecutivo, no justifica su constitucionalidad, pero además, suponiendo que fuere legal y constitucional el artículo 39 fracción I del Código Fiscal de la Federación, resulta...
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Naturalmente, cuando concluya con mucho gusto.
También es importante señalar que aun cuando fuere legal y constitucional el artículo 39 fracción I, tampoco se dieron los supuestos hipotéticos para que el Ejecutivo hubiese decretado la reducción general del impuesto al valor agregado, por dos razones sencillas: los supuestos hipotéticos del 39 fracción I que usted se sirvió leer parcialmente y que ahorita no traigo el texto íntegro para leerlo literalmente, pero cuyo contenido, alcance y concepto creo que todos los conocemos, es que se trata de condonar o eximir total o parcialmente de las contribuciones, tratándose de proteger alguna región o una actividad, o la circulación de productos, o en casos de situaciones catastróficas, se trata de situaciones de emergencia, extraordinarias y resulta que el PECE con "C", y pese a nosotros con "S", se decretó precisamente en contravención de ese precepto sin darse los supuestos hipotéticos de la norma, por que no había situaciones extraordinarias, al menos desde el punto de vista legal de los supuestos hipotéticos, sino sí había una situación de urgencia por razones políticas, en domingo 10 y en días inhábiles.
Y qué curioso que habiendo la intención que está plasmado atrás de esa iniciativa, dos días después nos someten a nuestra consideración precisamente las reformas atinentes a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, no sólo los ajustes de reducción a la tasa, sino otros pormenores en cuanto a los sujetos contribuyentes, de manera que se ve claramente que no hubo esa situación de emergencia y extraordinaria, que sí se ha dado históricamente. Ha habido casos históricos muy concretos, en 1964 ó 1965, no me acuerdo la fecha, en Irapuato, Guanajuato, con motivo de la inundación se eximió a esa zona, a esa municipalidad del pago del entonces impuesto de ingresos mercantiles, pero son situaciones concretas y aún así tampoco en casos de emergencia o perturbación grave podría hacerse ejercicio de esta facultad del artículo 39, porque para eso está, como lo mencionaba de manera más prolija y amplia en mi intervención de la mañana, el 29 constitucional que es el único caso que en esas situaciones extremas se puede conferir al Ejecutivo Federal las mal llamadas facultades extraordinarias para legislar, pero siempre y cuando, con base, con base en las facultades y autorizaciones concedidas por el Poder Legislativo. Y por último, para concluir: Las defensas subsidiarias a que hacía alusión el señor diputado Juan de Dios Castro, implica un instrumento y mecanismo adicional para salvaguardar esa ley suprema.
Sabemos cómo está el contenido del Título Cuarto constitucional; sabemos el régimen presidencialista que impera en el derecho mexicano; sabemos de esa medida, la casi irresponsabilidad
del titular del órgano Ejecutivo Federal, mas no así de los que le siguen en la condición jerárquica inmediata. Consecuentemente lo que se está puntualizando o reafirmando es:
Primero. Dignificar el órgano legislativo en su función primordial.
Segundo. Participar activamente como órgano de representación directa del pueblo o del Estado en las decisiones fundamentales y trascendentes.
Tercero. Si hay el medio preventivo para que no se vulnere la Constitución, el primero obligado a ver esta situación de Constitucionalidad, es el órgano Legislativo, antes que el Ejecutivo y antes que el propio Poder Judicial de la Federación. Muchas gracias.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, quisiera hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - ¿Acepta la interpelación?
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Sí
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Creo que usted ha confundido dos debates que se dieron precisamente en ese tema. Uno fue precisamente si podía una autoridad administrativa dejar de aplicar una ley por considerarla constitucional o no y la otra es referida a si los jueces locales podían declarar o conocer la inconstitucionalidad de leyes y actos. Son dos debates que usted confundió. Pero no es el caso, sino que usted cita una propuesta que hizo un ministro de la Corte, pero dejó usted, explicó de los cuatro supuestos por cierto, que nada más dijo tres, le faltó el otro supuesto que eran altos funcionarios del Poder Ejecutivo, ése era el otro supuesto del ministro que usted omitió. Pero usted olvidó algo muy importante, que es mi pregunta: ¿esta propuesta se aceptó o no y cuál fue la respuesta que dio el Poder Judicial a esta propuesta de este ministro?
El diputado Fauzi Hamdan Amad: - Muchas gracias. En efecto, el pleno de la Corte no aceptó el proyecto del ministro Fraga. Sin embargo, el hecho de que no sea aceptada la propuesta del ministro Fraga en ese entonces, no significa que sigamos con ciertas deficiencias en nuestra estructura constitucional para salvaguardar los derechos de los individuos, pero para eso está precisamente la labor del órgano legislativo, que si podemos prever y anticipar cualquier transgresión a la Constitución, somos los primeros que debemos acatarla. Pero ahí no esta el cuid, sino el sentimiento, el consenso de esta Cámara, definitivamente, es que se ha violentado en perjuicio de la función esencial e indelegable del Legislativo una actividad por invasión de esferas de competencia. Hay una indagación por esa razón. Y simplemente la propuesta de acuerdo es ésa: Elevar respetuosamente una propuesta para que el Ejecutivo Federal ya no reincida en otras ocasiones con invasiones de competencia a esta Cámara.
Da la impresión, señores diputados, como si estuviésemos subordinados al Ejecutivo Federal, cuando ya se ha reiterado y ampliado de manera vehemente que somos tres órganos fundamentales de la estructura del Estado, colocados en la misma jerarquía, con actos de colaboración para determinadas funciones, pero jerárquicamente iguales. Son, finalmente, los órganos primarios y fundamentales de la Constitución. Si no nos respetamos, en lo fundamental, no cabe desde luego, una actividad que enaltezca y dignifique a esta Cámara.
Yo nada más quisiera, como corolario de esto, mencionar algo que creo que fue el sentir general. Cuando el señor diputado Fernando Ortiz Arana dio respuesta al informe del Señor Presidente de la República, sentimos en general, una gran complacencia. Fue una respuesta de gran altura, de gran calidad, porque fue objetiva, con brevedad; una respuesta sustanciosa, que sentimos que nos estaba precisamente retornando al lugar que merece la Cámara de Diputados. Por eso pensábamos, o pensamos todavía, que tendremos la respuesta del grupo mayoritario priísta. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos, el señor diputado Guillermo Pacheco Pulido.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Con su permiso, señor presidente, señores vicepresidentes; señores secretarios, compañeras y compañeros diputados, señores de los medios:
Yo creo que aquí, dentro de un concepto global en todas las ideas que se han pergeñado, que se han venido exponiendo, hay un consenso indiscutiblemente general que debemos tomarlo como base de nuestra presencia, no como una amenaza o como un insulto, cuando se dice que alguien viola el 128 constitucional, porque protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y a veces parece que alguien no quiere darse cuenta de que se viola la Constitución y parece que alguien quiere echarle la culpa a otra persona de que se está aceptando que se viole la Constitución.
Yo quisiera señalar, estoy aquí convencido de que todos estamos expuestos a que se respete la Constitución, es el fundamento primario, esencial y natural por el que demandamos el voto de la población; por el que estamos vinculados con la nación, por la que estamos indiscutiblemente relacionados con la voluntad popular. Y con esa convicción de que todos sentimos la responsabilidad de respetar la Constitución, solicité el uso de la palabra para encauzar, en mi concepto, los lineamientos que aquí se han señalado.
Yo creo que la soberanía y la dignidad de este Congreso y la soberanía y dignidad de los que la representamos, ha sido respetada absolutamente por el señor Presidente de la República y ha sido respetada por cada uno de los secretarios de Estado que aquí se han señalado.
Y yo quisiera decir esto porque, sobre todo los compañeros abogados que nos han antecedido en el uso de la palabra, han señalado una cosa muy importante: "el principio de legalidad ". La legalidad implica que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les faculta; y es incuestionable y lo han reconocido los compañeros de las diversas fracciones parlamentarias, que hay una facultad en el Código Fiscal, en el 39 fracción I. No es de discutir si es una facultad delegada , si congresos anteriores hicieron mal o bien en dar esa facultad.
Hay una ley, una ley escrita en el código, en la fracción I que determina la facultad del Poder Ejecutivo para poder eximir del pago de diversos impuestos cuando lo estime pertinente, dentro de las circunstancias que se refiere el artículo 39 mencionado.
Entonces vamos llegando a la primera situación., hay facultad legal para que el Presidente pudiera dictar un decreto, con el debido respeto, ¿si hay una interpelación para que pudiésemos ampliar ese tema?, pero creo que todos hemos coincidido, hay una facultad legal en el 39 fracción I del Código Fiscal y el Presidente de la República, de acuerdo con el principio de legalidad , ha fundamentado su decreto en esa ley; ahí hay una facultad. Luego entonces, no podemos decir que se esté violentando la Constitución, que se esté violentando el estado de derecho, cuando la autoridad, en especial el Ejecutivo Federal, se ha fundamentado en una ley escrita.
Podríamos nosotros, entonces, entrar un poco más a esto. Se hablaba hace un instante que este 39 fracción I, no encaja dentro del decreto que expidió el señor Presidente. Yo quisiera señalar que si leemos el 39 en su fracción I, en una de sus partes habla de la actividad expresa de la realización de una actividad en la producción 1990 de productos, ¿qué es lo que es el impuesto al valor agregado?, pues es el resultado de la producción y venta de estos productos. Esto es, para fundamentar mas aún la actitud del Presidente en el decreto que se expidió.
Este decreto, a su vez...
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Nada más para ilustrar el debate y ya que por Acción Nacional se ha dicho que ese 39 habla de situaciones extraordinarias, el orador, no se si de buena o mala fe, se refiere únicamente a una parte. ¿Por qué no se permite que se lea literalmente el artículo 39 y los casos de excepción para que así podamos saber quién miente y quién dice la verdad? El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Yo la aceptaría, nada más para que encajara dentro de la plática que estamos señalando, yo quisiera también aclarar. No tenemos por qué encajonar este tema a si son facultades extraordinarias o no del Presidente, nadie ha dicho aquí que estemos hablando de las facultades del 29 a del 131 constitucional, éstas no son facultades extraordinarias, son facultades normales que da un reglamento; entonces el Presidente no está haciendo uso de ningunas facultades extraordinarias, porque esto no se refiere a facultades extraordinarias.
Tienen razón cuando dice: "La Constitución expresamente dé esas facultades", pero esto no encaja dentro de esas facultades extraordinarias ni se hizo uso de esas facultades extraordinarias.
Yo creo que si leemos un poco, a reserva de que lo lea la Secretaría, nada más quiero hacer una ligera mención, en la mañana algún diputado la hizo; no es el momento de discutir, desde luego, la iniciativa del señor Presidente, pero como citaron los párrafos primeros, ahí está creo yo mucho del fondo de esta solución.
El Presidente dice que el Ejecutivo a su cargo expidió un decreto que exime parcialmente por un lapso de 50 días un impuesto al valor agregado, etcétera. Y luego dice: "Esto es para coadyuvar de manera permanente", aquí es donde está la situación legal. El Presidente hizo uso de la facultad a que se refiere este artículo 39 y expide su decreto, decreto que no se trata que ahora convalide la Cámara, no tiene qué ver nada ese decreto con la nueva iniciativa del decreto.
El Presidente manda esta iniciativa que es autónoma, con respeto al Congreso para que se le dé el trámite legal, tan es así que el decreto del Presidente es transitorio por 50 días, el mencionado decreto del domingo; si este Congreso no aprueba la iniciativa del Presidente regresaríamos a la misma posición que tenía el impuesto al valor agregado hasta el día domingo.
Entonces si nosotros analizamos el decreto primero del Presidente , no esta iniciativa, es un decreto transitorio que en uso de sus facultades del 39 expidió, no es una ley, el Presidente de la República no expidió ninguna ley, es un decreto con base en esto y es un decreto que como él mismo señala, tiene efectos transitorios, las leyes tienen el carácter de permanente y como lo dice el Presidente, él envía una iniciativa para que tenga el carácter de permanente; y no olvidemos que el señor Presidente de la República, igualmente, fundamenta su primer decreto en el 28 constitucional, en el Plan Nacional de Desarrollo en las mismas facultades que va teniendo para ir regulando la economía y tomar las medias necesarias y urgentes, medidas necesarias y urgentes, no leyes, porque la ley la dicta el Congreso y en eso estamos de acuerdo, la única situación real a la que nosotros debemos llegar es que el decreto que expidió el Presidente fue con fundamento en el Código Fiscal, actuó conforme a principio de legalidad. No hay ninguna violación la Constitución.
Dentro de ese orden de circunstancias yo creo que la actitud que hemos asumido aquí en defensa de la Constitución pues es justa, es válida, pero debemos llegar también a la conclusión de que la autoridad que representa el Poder Ejecutivo ha actuado conforme al principio de legalidad y que no se ha violentado en ningún momento al estado de derecho.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Señor Presidente, para hechos.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa (desde su curul): - Para hechos también señor Presidente.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - ¡Ah, para hechos!
El Presidente: - No ha concluido el orador. Y conforme el artículo 102, 103, y 104, ningún orador podrá ser interrumpido en el uso de la palabra. Se prohibe el establecimiento de diálogos y obviamente para hechos estamos en la mejor disposición una vez que concluya su intervención.
El diputado Guillermo Pacheco Pulido: - Yo quisiera, para concluir, que con toda honestidad constitucional hagamos esa relación entre el 39 del Código Fiscal, del principio de legalidad y estaremos entonces en conciencia legal, aceptando que no hay ninguna violación a la Constitución, que no se ha roto el orden constitucional y que fundamentalmente el Presidente de la República ha respetado la dignidad y la soberanía de este Congreso. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, el señor diputado.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Gracias señor Presidente:
La proposición que hacen todos los partidos representados en esta Cámara, salvo uno, lo que procura es que el Ejecutivo se apegue, que nosotros mismos manifestemos ese apego a un principio elemental de división de poderes, que entre otras cosas, en la Constitución establece que no podrán reunirse en una misma persona dos poderes distintos.
Y si la Constitución establece como facultad exclusiva del Congreso el establecimiento de contribuciones, facultad exclusiva de Congreso, significa que el Ejecutivo no tiene competencia constitucional para manifestarse en esta materia.
Ese es un argumento toral, sobradamente explicado, que impide aceptar como válido el otorgamiento de facultades que se alegan en el Código Fiscal. Pero independientemente de ese argumento, ha quedado aquí claro, como dijo el diputado Fauzi Hamdan, que no se surten los supuestos del Código Fiscal...
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - ¡Señor Presidente!
El Presidente: - ¡Permítame señor diputado, por favor! ¿Dígame usted señor diputado?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Es para poder hacerle una interpelación.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Sí como no.
El Presidente: - Sí la acepta, señor diputado. ¡Adelante!
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Perdone, diputado Calderón. De manera muy breve. ¿Cuál es la contribución que
establece el Ejecutivo?, acudo a su expresión, de acuerdo a lo que usted señala se viola la Constitución porque el Ejecutivo ha establecido una contribución violando los términos constitucionales. ¿Cuál es? Perdón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Correcto. El impuesto al valor agregado, que es una contribución, diputado Yunes, es facultad exclusiva del Congreso su establecimiento, la tasa que sea es facultad exclusiva del Congreso. ¡Es ésa diputado Yunes! El Presidente no tiene facultades de establecer ningún impuesto, del 10, del 20%, del 5% o del 10%. ¡Esa es la facultad que está violando precisamente.
¡No puede reunirse en una misma persona dos facultades y no puede el Ejecutivo desarrollar una facultad que le compete al Congreso!
Aun en el supuesto de que ejerciera facultades previstas en el Código Fiscal, dice esta fracción I: "Condonar o eximir, condonar además implica que el impuesto sea cierto, determinado, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, no es el caso, una rama de actividad, tampoco el caso, la producción o venta de productos, no se especifica, la realización de una actividad, tampoco es el caso, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias".
¡No se surte ninguna de las hipótesis que condicionan, en todo caso y en el supuesto de que fuesen válidas, las atribuciones del Presidente, según la fracción I del Código Fiscal! Pero en esencia lo que se pretende , señores, evitar, es lo que aquí el diputado Amador Rodríguez Lozano vino a decir por la mañana: ¿ De qué se trata la iniciativa que vamos a conocer en un momento? Se trata, según sus propias palabras, de una iniciativa que viene a darle trámite legislativo correspondiente a una decisión de carácter administrativo. Eso es lo que dice el diputado Rodríguez Lozano.
Yo creo que el "congreso, señores diputados, no está para darle trámite legislativo a decisiones que se toman con anterioridad. ¡En todo caso es el Ejecutivo el que debe darle trámite ejecutivo a las disposiciones legales que emanen del Congreso! Porque bien dijo...(Aplausos.)
Lo que está diciendo el diputado Rodríguez Lozano es que el poder Ejecutivo es éste, es decir, por qué hemos de ser las cámaras de Diputados y senadores los ejecutores de otras decisiones de otros poderes. ¡No, señores, el Poder Ejecutivo debe estar en Palacio Nacional y allá se debe dar trámite administrativo a las decisiones legislativas que se tomen aquí! ¡Pero no debemos darle aquí trámite legislativo a las decisiones administrativas que se están tomando en otra parte!
El propósito de esta proposición es precisamente eso: restituir dignidad al Congreso de la Unión. Porque además esta duda acerca de la validez del decreto presidencial, la tiene yo creo que el propio Presidente o Secretario de Hacienda; porque si estuviese completamente seguro de la validez de su decreto, no estaría enviando una iniciativa como ésta, que hace referencia a modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigentes desde noviembre. ¡Si estuviese seguro de la vigencia legal del decreto, dejaría que transcurrieran los 50 días de ese plazo y ordinariamente en la iniciativa de Ley de Ingresos para el próximo año incorporaría esas reformas!
¡Pero no es así! ¡Se expide un decreto de validez o legalidad dudosa, pero al mismo tiempo se manda la iniciativa para que se le dé entrada en este Legislativo, por si las dudas, por si el decreto no pega o no está bien sustentado!
Una de dos: o el decreto es válido y en consecuencia es necesaria esta iniciativa o bien el decreto es ilegal y no tiene validez y lo único que tiene validez es la iniciativa que nosotros hemos de conocer y dictaminar.
De tal manera, señores, que se trata de eso precisamente: dignidad para el Poder Legislativo. Que implique también dignidad para el Poder Ejecutivo como ejecutor de las leyes que emanen de este Congreso, e implica también dignidad para el poder público y dignidad para México.
Eso pedimos.
El Presidente: - Tiene la palabra, para hechos, la diputada Rosa Alvina Garavito.
La diputada Rosa Alvina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente:
Yo vengo a hacer una petición a la mayoría en esta Cámara: Les vengo a pedir que no continúen defendiendo lo indefendible. Tenemos dos horas dando la mejor argumentación todas las fracciones parlamentarias de la oposición, con la Constitución y con la ley en la mano, evidenciando, una vez mas, de qué manera esta cultura presidencialista, en la cual está sumido nuestro
país y la cual ustedes están avalando con esa actitud de no escuchar argumentos, cuánto está dañando, como dijo el diputado que me antecedió en la palabra, a la dignidad de este Poder Legislativo.
Y, señores, si a ustedes les parece poco la manera en que se afecta a la dignidad de este Poder Legislativo, yo les quiero recordar, porque seguramente se les olvida, en tanto, como lo hemos venido repitiendo es esta tribuna: sus curules no están respaldados por votos verdaderos, que lo que se está ofendiendo no son las personas solamente que estamos ocupando aquí un curul, a lo que se está ofendiendo es a la soberanía popular.
Nosotros nos hemos dado a la tarea y la mejor evidencia es que la oposición en su conjunto está suscribiendo un punto de acuerdo que quisiera, porque seguramente se les está olvidando, se los quisiera volver a leer, si me lo permite la Secretaría y si me lo permite el Presidente.
(Desorden.)
Simplemente estamos levantando nuestra más enérgica protesta por la anticonstitucionalidad con la que se condujo el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo en este fin de semana, una vez más, suscribe la renovación de un pacto para el cual ha estado haciendo uso del poder corporativo que el régimen de partido de Estado que padecemos le está otorgando. Pero no solamente eso, para llevarlo a efecto aprueba una serie de medidas que, como hemos venido argumentando aquí fehacientemente, están violando la Constitución y ni siquiera están bien fundamentadas en las leyes que ustedes están alegando.
¡Señores, empecemos a cambiar este país y para empezar a cambiar este país, empecemos a tener relaciones dignas entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo¡ ¡Sabemos lo que significa el peso de una cultura presidencialista que nos tiene ahora sumidos en esos inmensos desafíos y retos a los cuales no se ha permitido dar paso¡ El Colegio Electoral, que acabamos de celebrar en este recinto, dio muestra fehaciente de todos estos vicios de la cultura presidencialista. Cuando la mayoría votaba sin escuchar argumentos, lo único que estaba haciendo era continuar con una consigna del Poder Ejecutivo: vótese a contrapelo de la ley, ésa es la discusión que tenemos ahora; se ha argumentado lo suficiente en términos legales y en términos constitucionales.
Yo hago un llamado, una vez más y siempre lo haremos y nunca nos cansaremos de ello, para que se reconsidere sobre esta consolidación que ustedes están haciendo sobre la cultura presidencialista que tanto está dañando al tránsito de nuestro país a una efectiva modernidad que no puede hacerse, señores, sin democracia. Por favor, lo estamos argumentando de la mejor manera todos los partidos de oposición; no se hagan sordos a esta argumentación, no se afanen en seguir defendiendo lo indefendible. Recuerden, nuestro punto de acuerdo tiene la suavidad de pedir con respeto que se eleve la más enérgica protesta; necesitamos empezar a cambiar esas relaciones, si no yo les pregunto: ¿para qué estamos en esta Cámara de Diputados?. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: - Conforme a las diversas expresiones aquí formuladas, se han escuchado varios oradores, diputados, para hechos y para alusiones personales, y una vez agotadas estas intervenciones, volvemos a nuestro asunto de origen, que es la propuesta de la diputada Rosa Albina Garavito Elías, en representación de varias fracciones parlamentarias y sobre las cuales se les estaba dando curso conforme al artículo 58 del reglamento, en sus fracciones I y II.
Solicito al señor secretario, una vez que ya ha agotado el orador a favor y el orador en contra, solicito al señor secretario nos haga el favor de darle curso a la fracción III del artículo 58.
¿Sí diputado?
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (desde su curul): - Quisiera yo pedirle que la votación se haga nominal, por favor.
El Presidente: - La propuesta del señor diputado, conforme al artículo 148, tendría vigencia, cabida, curso o seguimiento, si está respaldada por cinco diputados y por escrito. Bien, dé curso a la petición del señor diputado, señor secretario, por favor.
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez: - Se va a proceder a tomar la votación nominal.
(Desorden.)
El diputado Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): - Señor presidente, no hay solicitud por escrito apoyada por cinco diputados, como está solicitado en el reglamento, por lo cual le pido respetuosamente a la Presidencia que la Secretaría tome la votación económica. (Aplausos.)
El Presidente: - Voy a agradecerle al señor secretario nos haga el favor de leer los términos del artículo 148 del reglamento.
El secretario diputado Alejandro César Jáuregui Robles:
"Artículo 148. Las votaciones serán precisamente nominales:
I. - Cuando se pregunte si ha o no lugar a aprobar algún proyecto de ley en lo general;
II. - Cuando se pregunte si se aprueba o no cada artículo de los que compongan el indicado proyecto o cada proposición de las que formulen el artículo, y
III. - Cuando lo pida un individuo de la propia Cámara y sea apoyada por otros cinco. También serán nominales en el caso del artículo 152."
El Presidente: - No hay requisito indispensable de formular esta petición por escrito, sino exclusivamente el estar apoyada por cinco elementos o cinco miembros, sin embargo, a mayor abundamiento, señor secretario, algunos diputados me han hecho llegar este documento formal por escrito también, cumpliendo y dando satisfacción a todos. (Aplausos.)
Procedemos a darle curso a la votación nominal, señor secretario, en los términos del 147.
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles: - En votación nominal, se pregunta si se admite la discusión a proposición. La propuesta será puesta a discusión.
(Votación.)
El secretario diputado Manuel Garza González: - Señor Presidente, por la afirmativa 142 votos; porque se deseche 257 votos. Desechada, señor Presidente.(Aplausos.)
SOLICITUD DE COMPARECENCIAS
El presidente: - El señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar, en los términos del artículo 58 en sus diversas fracciones, presentó en esta sesión proposición con punto de acuerdo sobre asuntos relativos a la comparecencia de un secretario de Estado ante esta Legislatura.
En los términos del artículo 58, señor secretario, agradecemos a usted darle curso a esta proposición.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Señor Presidente, a la letra dice: "Con fundamento en lo que establece el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 53, 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Partido Popular Socialista por mi conducto presenta el siguiente punto de acuerdo:
Unico. Se solicita la comparecencia de los ciudadanos Arsenio Farell Cubillas, Secretario del Trabajo y Previsión Social y del doctor Jaime Serra Puche, Secretario del Comercio y Fomento Industrial, para que ante esta soberanía expliquen las razones y fundamentos de las medidas de carácter económico que han motivado la renovación del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, así como sus efectos en la economía popular.
Dado en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los 12 días del mes de noviembre de 1991; por la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, firma el señor diputado Héctor Ramírez Cuéllar".
El Presidente: - En los términos del artículo 58, esta proposición con solicitud de punto de acuerdo está debidamente formulada por escrito y ha sido leída conforme el reglamento lo señala. En los términos de la fracción II del mismo artículo, se pregunta a la asamblea si hay oradores registrados a favor. Podría ser uno.
Su nombre Señor diputado, por favor.
Juan Jacinto Cárdenas García. Oradores en contra. Señor diputado Lerdo de Tejada.
Tiene la palabra el orador a favor de esta proposición. El artículo 58 y para proposición es el único caso de excepción que el reglamento señala que el orador debe ser en pro.
Yo quiero recordarle que el artículo 104 prohibe los diálogos y quiero solicitarle al señor secretario nos haga el favor de leer a ustedes la fracción II del artículo 58.
El secretario diputado Everardo Gámiz Fernández:
"Artículo 58. Fracción II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose el autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión."
El Presidente: - Sólo era la fracción I, señor diputado. Tiene la palabra el orador en pro.
El diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles (desde su curul): - Para una moción de orden. El artículo 95 nos dice que llegada la hora de la discusión se leerá la iniciativa, proposición como es este caso y el artículo 98 nos señala los miembros de la Cámara hablarán alternativamente en contra o en pro, comenzando por el inscrito en contra. Esta disposición tiene la razón de ser de que alguien que no esté de acuerdo con la proposición pase a señalar sus motivos y tendrá el orador a favor el tiempo suficiente y conocerá los motivos y las argumentaciones que tenga el orador en contra de la proposición.
Esta es la razón de ser y por eso pido que hable primero el orador que se inscribió en contra.
El Presidente: - El artículo 19 del reglamento señala que la determinación de esta Cámara será consultada en casos de confusión como el que en estos momentos se presenta.
Tiene la palabra el orador en pro, diputado Juan Jacinto Cárdenas García.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Señoras y señores diputados:
No importa el orden, el desorden no va alterar los resultados, de todas maneras no hay argumento para impedir realmente, legalmente, que compareciera en esta Cámara de Diputados los mencionados secretarios de Comercio y de Trabajo y Previsión Social.
Veamos, si hay algún secretario cuya actitud ha sido más dañina a los intereses de la clase obrera, ha sido precisamente el Secretario de Trabajo y Previsión Social, Arsenio Farell Cubillas. Los hechos son incontrovertibles, se le designó para continuar en este puesto, precisamente porque es un eficaz, un inflexible ejecutor de la política antiobrera de los dos últimos gobiernos de la República.
No es necesario abordar mucho para recordar aquí la intromisión grosera que ha hecho en la vida interna de las organizaciones sindicales, no es necesario traer muchos datos estadísticos para señalar que ha sido el que puntualmente ha contenido las luchas de la clase obrera por su reivindicación.
Ahora, se viene aquí a plantear como timbre de orgullo del gobierno, el haber abatido la inflación acumulada hasta octubre, al 13.9%, pero no se dice sobre que bases se ha logrado. Sobre la base de la miseria cada vez más profunda de la clase trabajadora, sobre la base de conculcar los derechos fundamentales de la clase obrera, hace en la práctica, prácticamente nugatorio el derecho de huelga y muchas otras conquistas de la clase trabajadora.
El pacto que recientemente se acaba de firmar es el vivo ejemplo de cómo la clase obrera ha tenido que ser sometida y la declaración del dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Fidel Velázquez así lo señala. Si ustedes leen la declaración en que dice que por disciplina la clase obrera aceptó la firma del pacto. ¿Qué se entiende con esto?
Que en el fondo no están de acuerdo y no puede estar de acuerdo la clase trabajadora con un instrumento que ha sido la vía para su mayor pobreza, para su mayor explotación.
Nosotros consideramos que es necesario que el Secretario de Trabajo y Previsión Social venga a explicar aquí por qué la actitud abiertamente en contra de la clase obrera, por qué se abandona la facultad del derecho de tutelar los intereses de la clase obrera para equilibrar las relaciones obrero - patronales.
Creemos necesario que el pueblo reciba a través de sus representantes una explicación al respecto, pero no sólo eso sino por la amenaza de la afirmación o de la promesa de abatir al 1% o a un dígito la inflación del próximo año. ¿qué significa esto? La continuación de una política de contención salarial y aquí quienes han venido a decir que el objetivo del gobierno es distribuir justamente la riqueza, con esta amenaza se confirma que es falsa la afirmación, puesto que la vía para distribuir la riqueza a través del salario y a través de los impuestos y si se sigue conteniendo el alza salarial se está condenando a la clase trabajadora a sufrir más en sus condiciones de vida material y espiritual.
Todavía más: se dice que para justificar la firma del pacto, que las medidas de política económica deben tomarse en los momentos más convenientes, pero no se precisa convenientes para quien. ¿A quién conviene un pacto en el que realmente los únicos obligados son los obreros? ¿O acaso la clase empresarial se ha comprometido realmente? Ahí están las propias declaraciones de los dirigentes de la cúpula empresarial, en las que afirman con cinismo que van a recomendar a sus agremiados para que no repercuta en los precios el problema de la raquítica alza salarial del 12%.
Entonces, yo creo y mi partido insiste precisamente, para que comparezca el Secretario de Trabajo y Previsión Social, para que explique para quién son convenientes los pactos que se han firmado reiteradamente.
Todavía otra cuestión más sobre el sector de comercio: los precios. Ustedes, todos ustedes les consta que aun cuando no se aplica el aumento salarial raquítico del 12%, los precios se han disparado en los hechos, sin esperar ninguna autorización para que así procedieran, en consecuencia, por los daños que ha producido a la clase obrera la política gubernamental sustentada en los pactos, reiteramos que es necesario que estos secretarios de Estado vengan a esta representación popular a dar una explicación al pueblo de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el señor diputado Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Vengo aquí a la tribuna a señalar las razones por las cuales mi partido considera que la petición realizada no es válida y por lo tanto la votaremos en contrario.
Hay dos razones principales: la primera se refiere a la fundamentación jurídica, la segunda podríamos señalar que es la motivación de la solicitud. Nuestra Constitución es clara con respecto a las comparecencias de los secretarios del despacho y básicamente plantea tres puntos principales: los dos primeros se dan en el artículo 93 constitucional y se refiere a la facultad de la cámara de citar a un secretario bien cuando se vaya a discutir una ley o se estudie un negocio. Creemos que ninguno de estos dos casos son los que se han planteado en la propuesta presentada por el compañero Ramírez Cuéllar.
El tercer caso se refiere básicamente a la facultad de la cámara, con base en el artículo 74 fracción VI constitucional, que es precisamente la presentación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Fuera de estas atribuciones que son conocidas dentro de nuestro sistema como de índole parlamentaria, no existe ningún otro motivo o posibilidad de citar a un secretario de Estado.
Por lo que se refiere a la motivación del punto de acuerdo solicitado, éste nos señala que es el de venir a explicar los propósitos de la firma del pacto, el cual hemos estado discutiendo aquí toda la mañana. Es indudable que el pacto forma parte de la política económica global del gobierno de la República y por lo tanto el próximo día 15, precisamente por disposición constitucional, vendrán los secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto, como lo señala el 74 en su fracción IV, a explicar la estrategia económica del Ejecutivo para 1992. Ese creemos que será el momento para despejar las dudas que han planteado precisamente los compañeros y recordar que de conformidad con el acuerdo que esta mañana fue aprobado por esta asamblea y sometido por los coordinadores de las fracciones parlamentarias, llegamos precisamente a acordar la mecánica, con base en la cual las comparecencias señaladas se llevarán a cabo.
Por lo tanto, consideramos que a través de éstas quedará más que satisfecha la solicitud hecha y que el punto de acuerdo solicitado no tiene por lo tanto propósito ni objetivo y lo votaremos en contra. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Señor secretario, una vez agotado el turno de los oradores, a favor y en contra, consulte a la asamblea...
El diputado Heli Herrera Hernández (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hacer una propuesta.
(Desorden.)
El Presidente: - Estamos dentro de una propuesta, señor diputado.
El diputado Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): - Para una moción, señor Presidente. Estamos en trámite de resolver la votación sobre una propuesta anterior. Yo solicitaría a la Presidencia que agotaremos el trámite y posteriormente dar entrada a la siguiente propuesta.
El Presidente: - Adelante, señor secretario.
El secretario diputado Manuel Garza González: - En votación económica, se pregunta si se admite...
El Presidente: - Momento, señor secretario, por favor.
El diputado Heli Herrera Hernández: - Es sobre la misma propuesta.
El Presidente: - Señor diputado. Era desde abajo.
El diputado Heli Herrera Hernández: - En términos del artículo 148 solicitamos atentamente se vote de manera nominal esta proposición y firman los diputados Héctor Ramírez Cuéllar, Heli Herrera Hernández, Cuauhtémoc Amezcua, Francisco Hernández Juárez y Juan Campos Vega, señor.
El Presidente: - En torno a lo dispuesto por el artículo 148, solicito al señor secretario dé curso y solicité la votación de cada uno de los integrantes de esta Cámara de Diputados.
El secretario diputado Manuel Garza González: - Vamos, en votación nominal, a preguntar si se admite la discusión de la proposición...
Señor Presidente, rogaría a usted solicitara orden a la sala, porque nos es complicado recibir la votación.
El Presidente: - Señores diputados: En los términos del artículo 21 fracción II y VIII del reglamento, así como lo concerniente al 162 del mismo precepto invocado, solicitamos a ustedes ocupar sus lugares, guardar silencio y atender esta votación. Continúe, señor secretario.
(Votación.)
El secretario diputado Manuel Garza González: - Señor Presidente; votaron por la afirmativa: 124 votaron porque se deseche; 260.
Desechada, señor Presidente.
El Presidente: - Señores diputados: Con referencia al asunto tratado esta mañana al inicio de la presente sesión, relativo a las confusiones existentes en la versión estenográfica, se concluyó, se acordó por esta Presidencia el constatar directamente el tenor de la versión estenográfica. La misma va a ser leída para ustedes, la parte correspondiente y consecuentemente el señor secretario, posteriormente, dará cuenta de lo conducente.
Consultada la versión estenográfica, consta que sólo se turnó inicialmente a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y que en las solicitudes para turnar a otras comisiones, el Presidente de la mesa expresó que la Presidencia toma nota de su observación y de su solicitud. En consecuencia, no determinó el turno a otras comisiones, por lo que procede consultar a la asamblea respecto a la solicitud del ciudadano diputado Jorge Calderón, a efecto de que ésta determine si también se turna a las comisiones de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
Consulte la Secretaría a la asamblea si...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Señor Presidente, para hechos.
El Presidente: - Cinco minutos, señor diputado, conforme al artículo 102 del Reglamento.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Muy breve, señor Presidente. Con su venia:
Las actividades agrícolas tienen, como es evidente, una base territorial y quienes hemos tenido a lo largo de nuestro desempeño profesional una actividad vinculada con las actividades agropecuarias y quienes somos hijos de agricultores, provengo de una familia de varias generaciones de agricultores sinaloenses; mi padre, mi abuelo fueron agricultores y ganaderos toda la vida; sabemos que está indisolublemente vinculada la actividad agropecuaria propiamente dicha, de la estructura legal de tenencia de la tierra. No pueden disociarse, no se puede hacer ningún análisis de los procesos productivos agrícolas si no se toman en cuenta los impactos que en la tenencia de la tierra tienen precisamente las estructuras productivas.
Por tanto, con base en los efectos multisectoriales que la reforma propuesta por el Ejecutivo Federal tiene en los procesos de producción agrícola y considerando la directa competencia que aquellos que participan en la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos de esta LV Legislatura tiene en lo relativo a esta reforma constitucional, nuevamente rectifico y propongo al pleno de esta asamblea, que cuando se examine esta iniciativa de reformas, sea con base en las comisiones unidas, considerando comisiones unidas no solamente Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, sino precisamente a la Comisión de Agricultura. Es más, que un simple problema de procedimiento, es mucho más que un problema de procedimiento, es reafirmar la pertinencia de que los productores agrícolas, independientemente de las formas específicas de tenencia de la tierra en las cuales se apoya en su actividad agropecuaria, tengan facultades en esta consulta nacional que deberemos procesar, es insistir que esos productores agrícolas y quienes están en esta comisión de la Cámara, tengan la posibilidad de que el debate que se dé en torno al 27 constitucional, no sólo sea un debate jurídico y legal, sino tenga qué ver directamente con el problema de la estructura de producción agrícola y de producción pecuaria.
Por eso una vez más llamo a este pleno a que considere favorablemente la petición de que sea
incorporada a comisiones unidas, que analice propuesta del 27 constitucional, la comisión precisamente de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, para una moción de orden y cito el artículo 18 del reglamento, en relación con el artículo 19.
El señor Presidente de la cámara, cuando se recibió la iniciativa de ley del Ejecutivo, tomó una decisión; no puede tomarse la consulta si no fue cuestionado en su momento. Nada más.
El Presidente: - Gracias por su aclaración, señor diputado. Consulte a la Secretaría a la asamblea, si aprueba que también se turne a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Reitero mi moción de orden, señor Presidente. Mire usted, al margen de que comisiones tan numerosas implicarían dificultad para un análisis de la iniciativa, ése no es el problema; el problema es que el Presidente de la Cámara ya habría tomado su decisión, en el momento no fue cuestionado, sino más adelante se presentó una propuesta para que se incorporara de nuevo a otra comisión.
Siento que si no fue cuestionado en su momento, el Presidente de la Cámara no ha lugar a ser consulta.
El Presidente: Tiene la palabra para hechos el señor diputado Cuauhtémoc Amezcua.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La sesión del jueves 7, todos recordarán, también el señor diputado Juan de Dios Castro, fue una sesión que en mucho se condujo fuera de las normas regulares, no sólo las establecidas por la Ley Orgánica y el Reglamento en vigor, sino también por la práctica parlamentaria; empezando por la forma en que entró la iniciativa, en que se dio cuenta de ella y el turno que dio el señor Presidente fue en momentos en que todavía no estaban constituidas ninguna de las comisiones, todo esto se fue haciendo como parte de ese proceso caótico y también se fueron haciendo las aclaraciones y reclamaciones sobre la marcha.
En efecto, se hizo un turno a una comisión todavía no constituida, se hizo la aclaración con respecto a que no había comisiones constituidas, se hizo la aclaración también pidiendo comisiones unidas, inicialmente dos, proposición de un servidor, comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria.
Esta proposición de comisiones unidas, dos, a mí me parece que es procedente, creo que debiera quedar en estos términos de estas dos comisiones unidas; no tanto ya por el argumento formal de la decisión del Presidente, dado que como decíamos, ésa se tomó en medio de una sesión en extremo irregular, sino en función, sí, de la posibilidad de discutir en un escenario no excesivamente numeroso, pero que sí implique a la comisión principalmente afectada como ha sido lo tradicional en estas cosas; cuando hay reforma constitucional se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y aquella otra a la que directamente se alude o se afecta, que en este caso es Reforma Agraria.
En esa virtud, yo pediría que quedara el turno exactamente a esas dos comisiones. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos el señor diputado José Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Me parece inexplicable que reconociendo las irregularidades con que se llevó a cabo la discusión de esta iniciativa de reformas al artículo 27 y reconociendo la indiscutible interrelación que hay hoy, entre esta iniciativa y la problemática de la agricultura en su conjunto, se pretenda excluir a partir de un problema meramente de carácter operativo a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos del considerando de comisiones unidas que han de debatir en torno a este asunto.
Pienso que esto empieza ya a mostrar, al igual que las irregularidades con las que fue presentada la iniciativa, una tendencia a reducir el debate, a limitarlo, a tratar de darle la celeridad que reclaman quienes están interesados en ella y a tratar de eludir la importancia de ampliar el debate empezando por su discusión en comisiones.
Creo que éste, es el punto de vista de la necesidad de someter a debate más amplio, más cuidadoso, más rico, esta iniciativa, debiera de ser la preocupación central que privara en todos nosotros, quienes habremos de resolver en última instancia sobre un problema que incumbe a la suerte de este país y en especial a la población del campo mexicano.
Me parece que por ello, nosotros debiéramos de modificar la resolución de reducir el debate sólo a la Comisión de Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria y empezar a mostrar, desde hoy, que queremos abordar este debate con toda la amplitud que merece y que deben de privar en este debate no los considerandos operativos, sino los considerandos del interés nacional, de la enorme trascendencia que esta reforma tiene y la importancia de que en este debate participemos el máximo de los diputados integrados a las comisiones referidas al tema y posteriormente y junto a ellos el conjunto del pueblo mexicano y, en particular, de quienes tienen que ver con las actividades del campo mexicano.
Yo llamo a la reflexión de esta Cámara de Diputados para que empecemos a mostrar desde hoy si nos preocupa la amplitud y la profundidad del debate o si va a privar en nosotros la preocupación por hacerlo operativo para que lo más rápida y aceleradamente se imponga éste, que a nuestro entender y según todos los comentaristas, aparece como un verdadero "madruguete" en el conjunto de reformas que esta Cámara de Diputados habrá de considerar.
Dejo a su consideración estas reflexiones, pero creo que desde hoy tenemos que demostrar o mostrar como Cámara qué actitud vamos a asumir ante la primera iniciativa de profundidad que nos está llegando a iniciativa del Ejecutivo y que además, pareciera ser, va a ser una verdadera cascada de iniciativas las que se nos van a empezar a imponer. Gracias.
El Presidente: - Esta Presidencia, en consecuencia, ratifica el turno de la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria. Y solicita a la Secretaría consulte a la asamblea si aprueba que también se turne a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en votación económica.
El secretario diputado Sergio César Alejandro Jáuregui Robles: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba que también se turne a la Comisión de Agricultura y Recursos Hidráulicos la iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... No se aprueba, señor Presidente.
El Presidente: - Agotada la lista de oradores, continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
ORDEN DEL DÍA
El secretario diputado Alejandro Luévano Pérez: - Señor Presidente, se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
14 de noviembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Coahuila y Querétaro.
El Departamento del Distrito Federal, invita a los actos cívicos que con motivo del 81 aniversario luctuoso de don Aquiles Serdán, tendrá lugar el 19 de noviembre y del 69 aniversario luctuoso del licenciado Ricardo Flores Magón, que tendrá lugar el 21 de noviembre.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.>
El Presidente (a las 19.15 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo jueves 14 de noviembre, a las 10.00 horas.