Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911203 - Número de Diario 13
(L55A1P1oN013F19911203.xml)Núm. Diario: 13ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre se 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D.F., martes 3 de diciembre de 1991 No. 13
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Sin discusión de aprueba
DECESO DEL DIPUTADO GONZALO GUAJARDO HERNÁNDEZ
Se guarda un minuto de silencio
TOMA DE PROTESTA
Del diputado Rafael Aviña Bátiz.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
NOMBRAMIENTO
De la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Estettner para desempeñar el cargo de cónsul honorario de noruega en Guadalajara, Jalisco.
PRESTACIÓN SE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Méndez Pantoja para prestar servicios en la embajada de Tailandia en México.
PROPOSICIÓN
AGRESIÓN A PERIODISTAS
Presentada por el diputado Arturo Fuentes Benavidez.
Toman la palabra los diputados:
Rogelio Villarreal Garza
Pablo Emilio Marcial Madero Beldín
Esteban Zamora Camacho
Eloy Cantú Segovia
Se desecha.
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Debaten los diputados:
Andrés Barba Barba
Carlos Morales Villalobos
Enrique Gabriel Jiménez Remus
Fernando Francisco Lerdo de Tejada Luna
Felipe Calderón Hinojosa
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO RIGOBERTO OCHOA ZARAGOZA
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría haga del conocimiento de esta Presidencia el resultado del cómputo de asistencia del registro de firmas de los diputados para conocer si existe el quórum estatutario.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Señor Presidente: Hay una asistencia de compañeros diputados en número de 380. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.15 horas): - Se abre la sesión.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada Irma Piñeiro Arias:
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
3 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Protesta del ciudadano diputado Eduardo Rafael Aviña Bátiz.
El Congreso del Estado de Tlaxcala, invita a la sesión solemne en la que la ciudadana Beatriz Paredes Rangel, gobernadora constitucional del estado, rendirá el Quinto Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 7 de diciembre.
El Congreso del Estado de Tabasco, invita a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Salvador J. Neme Castillo, gobernador constitucional del estado, rendirá el Tercer Informe de Gobierno, que tendrá lugar el 8 de diciembre.
El Departamento del Distrito Federal, invita al acto cívico que con motivo del XIII aniversario luctuoso del ex Presidente de la República, licenciado Emilio Portes Gil, tendrá lugar el 10 de diciembre.
Oficio de la honorable Cámara de Senadores, por el que se comunica la mesa directiva para el mes de diciembre.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con los que se remiten los informes de labores de la Secretarías de: Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Urbano y Ecología; Defensa Nacional; Hacienda y Crédito Público; Marina y Salud, correspondiente al período comprendido de 1990-1991.
Comentarios sobre el IV aniversario mundial de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.
Dictámenes de primera lectura
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para aceptar y usar la condecoración Cívico Militar General en Jefe "Francisco Esteban Gómez", que le otorga la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos del estado de Nueva Esparta de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, para desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja, para prestar servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia en México.»
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se entregaron copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores
de los grupos parlamentarios, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura del acta, Señor Presidente.
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de sesiones ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Legislatura.
Presidencia del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con veintiocho minutos del día veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de trescientos noventa diputados registrados, el Presidente declara abierta la sesión.
En virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copia del acta de la sesión anterior, la asamblea dispensa la lectura a ese documento y, posteriormente, no habiendo quien haga uso de la palabra, se aprueba en sus términos en votación económica.
El Presidente informa que se encuentran a las puertas del salón de sesiones los invitados especiales a la conmemoración del trigésimo aniversario de la fundación del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y designa a una comisión para que los introduzca y los acompañe hasta los lugares especialmente reservados para ellos.
Para referirse a dicha conmemoración, hacen uso de la palabra los diputados Gabriela Guerrero Olivares, del Partido Popular Socialista, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología y Enrique Rico Arzate, secretario de la misma comisión, quien presenta un documento que se turna a la Comisión de Comunicaciones y Transportes.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado José María Téllez Rincón, del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, para rectificar hechos sobre el mismo tema.
Terminando el acto protocolario, el Presidente agradece la presencia de los invitados de honor y la comisión designada los acompaña hasta las puertas del recinto.
Se da lectura a una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del décimo octavo aniversario luctuoso del Presidente Adolfo Ruiz Cortines. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados.
Hace uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro Lozano, del Partido Acción Nacional, quien presenta iniciativa de reformas a la Ley de Amparo. Se turna a la comisión de Justicia.
Una comunicación del Congreso del Estado de Oaxaca, por la que informa de diversos actos relacionados con su actividad constitucional. De enterado.
La Secretaría da lectura a una comunicación de la Cámara de Senadores por la que informa de la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores, e invita a una comisión de diputados para asistir a dicha sesión. Se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores.
Se da cuenta con una minuta del Senado de la República, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner pueda desempeñar el cargo de Cónsul honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco. Se turna a al Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Otra minuta de la colegisladora, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo Menes Pantoja pueda prestar sus servicios en la embajada de Tailandia en México. Se turna a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Para comentar diversos aspectos de la contaminación ambiental en la ciudad de México hacen uso de la palabra los diputados Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática; René Bejarano Martínez, del mismo partido, quien presenta un documento con diversas propuestas y acepta una interpelación del diputado Fernando Estrada Sámano; Manuel Díaz Infante, del Partido Revolucionario Institucional
quien contesta a una interpelación del diputado Estrada Sámano; Francisco Dorantes Gutiérrez, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para rectificar hechos; René Bejarano Martínez, para presentar una propuesta de pronunciamiento; y para rectificar hechos, los diputados Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional y Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional.
El Presidente turna la documentación presentada a las comisiones de Ecología y del Distrito Federal y, en votación económica, la asamblea admite a discusión la proposición del diputado Bejarano Martínez y se turna a las mismas comisiones.
Sube a la tribuna el diputado Juan Cárdenas García, del Partido Popular Socialista, quien solicita la comparecencia del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ante la comisión respectiva.
En contra hace uso de la palabra el diputado Francisco Dávila Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la asamblea desecha la proposición de votación económica.
Para comentar los procesos electorales en los estados de Veracruz y Tabasco, se concede el uso de la palabra a los diputados: Manuel Huerta Ladrona de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática.
Presidencia del diputado Raymundo Cárdenas Hernández
Domingo Martínez Reséndiz, del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Pabello Rojas, del Partido Revolucionario Institucional; Manuel Huerta Ladrón de Guevara, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos;
Presidencia del diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Continúan en el debate sobre los procesos electorales de Veracruz y Tabasco, los diputados Manuel Laborde Cruz, del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana; Domingo Martínez Resendiz, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos; Helí Herrera Hernández, del Partido Popular Socialista, para rectificar hechos; Arturo Sandoval García, del Partido de la Revolución Mexicana; Eloy Vásquez López, del mismo partido; Miguel Angel Yunez Linares, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos; Eloy Vásquez López, del Partido de la Revolución Democrática, para rectificar hechos y contestar una interpelación del diputado Yunez Linares y también para rectificar hechos, los diputados Jesús Madrazo Martínez, del Partido Revolucionario Institucional; Julio Cesar García Hernández, del Partido de la Revolución Democrática y René Bejarano Martínez, del mismo partido.
Solicita y se concede el uso de la palabra, al diputado Servando Hernández Camacho, del Partido Auténtico de la Revolución Democrática, quien denuncia hechos en los municipios de Matamoros, Tamaulipas y, para referirse al mismo asunto, el diputado Manuel Muñoz Rocha, del Partido Revolucionario Institucional.
Por instrucciones de la Presidencia, la secretaría recoge la votación nominal por cédulas, para elegir la mesa directiva del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno y, después de realizado el escrutinio y cómputo respectivos, resultan electos, por trescientos cuarenta y dos votos, los diputados Rigoberto Ochoa Zaragoza, como presidente; Felipe Calderón Hinojosa, José Camilo Valenzuela, Javier Centeno Ávila, Adolfo Kunz Bolaños y Martín Tavira Urióstegui, como vicepresidente; Domingo Alapizco Jiménez, Ana Teresa Aranda Orozco, Irma Piñeiro Arias y Juan Hernández Mercado, como secretarios; José María Téllez Rincón, Estanislao Pérez Hernández, Rigoberto Arriaga Ruiz y José Ascención Orihuela Bárcenas, como prosecretarios.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos, citando para la que tendrá lugar el próximo martes tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno, a las diez horas.»
El Presidente: - Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta y consulte si algún diputado desea hacer alguna observación y, si es así, que se sirva manifestarlo.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Está a consideración de la asamblea el acta. ¿Hay algún coordinador que desee hacer observaciones a la misma?...
No habiendo quien haga uso de la palabra, continuamos con el orden del día.
Se consulta a la asamblea en votación económica, si se aprueba el acta.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo....
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo.... Aprobada el acta, señor Presidente.
DECESO DEL DIPUTADO GONZALO GUAJARDO HERNÁNDEZ
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos.
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Señor Presidente; señores diputados:
He pedido pasar a esta tribuna únicamente para informar a usted, señor Presidente y a los señores diputados, el deceso de nuestro compañero diputado federal, el doctor Gonzalo Guajardo de Hernández, que perteneciera a la bancada parlamentaria del Partido Acción Nacional.
Y quiero rogar a todos ustedes un minuto de silencio por nuestro compañero fallecido. Gracias.
El Presidente: - Se suplica a la asamblea ponerse de pie.
(Se guarda un minuto de silencio.)
TOMA DE PROTESTA
El Presidente: - Se encuentra a las puertas de este recinto el diputado Eduardo Rafael Aviña Bátiz, diputado electo.
Se designa en comisión para que lo acompañen en el acto a rendir la protesta de ley para entrar en funciones de diputado a los siguientes diputados: Enrique Chavero Ocampo, Enrique Gabriel Jiménez Remus y Fernando Ortiz Arana.
La secretaria diputada Irma Piñeiro Arian: - Se suplica a la comisión cumplir con este encargo.
Se ruega a los presentes ponerse de pie.
El Presidente: - Ciudadano Eduardo Rafael Aviña Bátiz. ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión?
El Ci udadano Rafael Aviña Bátiz: - ¡Sí, protesto!
El Presidente: - Sí así no lo hiciereis, la nación os lo demande. (Aplausos.)
INVITACIONES
La secretaria diputada Irma Piñeiro Arias:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D.F.
La honorable Cámara de Diputados del estado de Tlaxcala, invita a usted al Quinto Informe de Gobierno que ante la LIII Legislatura rendirá la ciudadana Beatriz Paredes Rangel, gobernadora constitucional del estado, el sábado 7 de diciembre a las 11.00 horas en el auditorio "Adolfo López Mateos" del centro expositor, municipio de Tlaxcala declarado recinto oficial para ese efecto.
Diciembre de 1991.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Cámara, se designa a los siguientes diputados: Héctor Ortiz Ortiz, María de los Ángeles Moreno Uriegas, Alvaro Salazar Lozano, Silvia Pinal Hidalgo, Pedro Ojeda Paullada, Martín Tavira Urióstegui, Luis González Pintor y Javier
Colorado Pulido.
Continúe la Secretaría.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Ciudadano Presidente de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. - México, D.F.
La LIII Legislatura del honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, tiene el honor de invitar a usted, a la sesión solemne en la que el ciudadano licenciado Salvador J. Neme Castillo, gobernador constitucional de Tabasco, rendirá su Tercer Informe de Gobierno, en el teatro "Esperanza Iris" de esta ciudad, declarado para tal efecto, recinto oficial, el día 8 del presente, a las 11.00 horas.
Villahermosa, Tabasco, diciembre de 1991.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de la Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Jesús Madrazo Martínez Escobar, Gladys Ethel Guadalupe Cano Conde, Héctor Argüello López, Mario Rubicel Ross García, Roberto Madrazo
Pintado, Juan José Rodríguez Prats, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Samuel Moreno Santillán y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Departamento del Distrito Federal.
Ciudadano diputado Fernando Ortiz Arana Presidente de la honorable Cámara de Diputados. - Presente.
El Departamento del Distrito Federal, por conducto de esta dirección general, ha programado la ceremonia cívica conmemorativa del XIII aniversario luctuoso del licenciado Emilio Portes Gil ex presidente de la República. Que tendrá lugar el día 10 de diciembre a las 11.00 horas, ante la tumba que guardan sus restos en el Panteón Francés de la Piedad, ubicado en la avenida Cuauhtémoc 408 esquina Viaducto.
Por tal motivo, de la manera más atenta me permito solicitar tenga a bien girara sus respetables indicaciones a efecto de que un representante de esa honorable Cámara de Diputados que usted preside, asista a la ceremonia de referencia.
Agradezco las atenciones que se sirva prestar al presente y le reitero con mi reconocimiento, las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
Director de Acción Cívica, doctor Vicente de la Cruz Santiago.»
El Presidente: - Para asistir a este acto en representación de esta Cámara de Diputados, se designa a los siguientes diputados: Juan José Castillo Mota, Eduardo Trejo González, Manuel Muñoz Rocha, Alberto Celis Velasco y Alfredo Castañeda Andrade.
OFICIO DE LA COLEGISLADORA
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para conocimiento de esa honorable colegisladora, tenemos el honor de comunicar a ustedes que esta Cámara, en sesión ordinaria de esta fecha, eligió la siguiente mesa directiva que funcionará durante el mes de diciembre próximo.
Presidente, senador Artemio Iglesias Miramontes; vicepresidentes, senadores Gustavo Salinas Iñiguez y Diodoro Carrasco Altamirano.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 1991. - Senadores secretarios: Salvador Sánchez Vázquez y Germán Sierra Sánchez.»
Tramite: - De enterado.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORMES DE LABORES
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a usted en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 28 noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado, y túrnese a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar a su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, correspondiente al período de 1990-1991.
Reitero a usted en su oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado, y túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en al artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de la Defensa Nacional correspondiente al período de 1990-1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado, y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión. la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 26 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado, y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Marina correspondiente al período 1990-1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado, y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
La misma Secretaria:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la Memoria de Labores realizada por la Secretaría de Salud, correspondiente al período 1990-1991.
Reitero a usted en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, distrito Federal, a 28 de noviembre de 1991. - El secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado, y túrnese a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Presidente: - Honorable asamblea: Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Guillermo Flores Velasco, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hacer comentarios sobre el Cuarto Aniversario Mundial de la Lucha contra el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida.
Tiene la palabra... ¿No se encuentra?
En vista de que no está presente el diputado anotado, en los términos del reglamento posponemos su intervención.
Continúe la Secretaría.
DICTÁMENES DE PRIMERA LECTURA
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez:
«Honorable asamblea:
A las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer párrafo; VII, XV y XVII y deroga las fracciones X a XIV y XVI, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el ciudadano licenciado Carlos Salinas de Gortari, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Estas comisiones con fundamento en los artículos 72, 73, fracciones XXIX - C, XXIX - E, XXX y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se abocaron al análisis y estudio de la presente bajo los siguientes
ANTECEDENTES
La iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remitida por el Ejecutivo Federal en uso de las facultades que se le otorga el artículo 71, fracción I de la Constitución Política, fue presentada ante el pleno de esta Cámara de Diputados el pasado 7 de noviembre de 1991.
La Presidencia de la mesa directiva conforme al reglamento turnó la iniciativa materia del presente dictamen a las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria de la honorable Cámara de Diputados.
Habiendo examinado la iniciativa mencionada y la exposición de motivos que la acompaña y teniendo presente la evolución jurídica, política, económica y social del campo en el ámbito nacional, las comisiones con fundamento en el artículo 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, acordaron realizar una serie de audiencias públicas que se llevaron a efecto en el seno de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria con sede en este recinto legislativo, a las que invitó a participar a intelectuales, expertos en materia agraria, dirigentes de organizaciones, de pequeños propietarios, ejidatarios, comuneros y funcionarios de las secretarías de la Reforma Agraria y Agricultura y Recursos Hidráulicos y de otras dependencias que ilustraron el criterio de los legisladores respecto a la iniciativa presentada por el Presidente de la República.
Durante el desarrollo de estas audiencias y en los trabajos de las comisiones unidas que dictaminan, los diferentes partidos políticos hicieron aportaciones que se incluyen en el presente en la inteligencia de que en los puntos en que no se logró consenso, procederán a presentarlos ante el pleno y que sus planteamientos deberán ser recogidos como parte de este dictamen.
Asimismo, es relevante destacar que en dos ocasiones se reunió un grupo plural integrado por diputados y senadores, para intercambiar puntos de vista sobre esta iniciativa de reformas, encontrándose una gran convergencia en los problemas y planteamientos analizados.
Con base en lo anterior, quienes suscribimos nos permitimos presentar las siguientes consideraciones en relación con este dictamen.
CONSIDERACIONES
Las luchas por la justicia y reivindicación de libertades en el campo han marcado nuestra historia y contribuyeron a definir los propósitos comunes de nuestra sociedad. La Revolución Mexicana nació en el campo y movilizó, luego, a la nación. La Constitución de 1917 recoge los anhelos justicieros de los campesinos y los integra a los derechos sociales que ella establece para todos los mexicanos. Nuestra norma fundamental consagra la propiedad de la tierra y la regulación de ésta, como instrumentos que han de permitir un mejor logro de los fines superiores del Estado: libertades, democracia, justicia y soberanía. Alentados por la fuerza de nuestro nacionalismo y en el horizonte de la Constitución, los mexicanos realizamos las grandes tareas que demandaba la construcción del México contemporáneo.
Hoy, al iniciarse esta década que nos lleva al Siglo XXI, enfrentamos otros desafíos. México supera los 82 millones de habitantes. La sociedad ha urbanizado y los nuevos mexicanos que se integran a la acción común demandan empleo y oportunidades. Las situaciones de pobreza extrema son intolerables. Existen todavía viejos problemas sin resolver cuando estamos ya ante las nuevas demandas por una mejor calidad de vida. En el contexto mundial, la globalización económica y la competencia por los mercados no exigen encontrar caminos inéditos para engrandecer el país.
Ante esos desafíos la modernización de México es un imperativo social. Una modernización para lograr una sociedad más justa y con mayores niveles de bienestar. Una modernización fincada en las libertades y en la democracia. Una modernización sustentada en nuestro nacionalismo y que ha de poner los nuevos cimientos económicos del país en un contexto mundial de rápidas transformaciones.
En este proceso de modernización, el campo exige una nueva respuesta para brindar mayores oportunidades de bienestar a sus habitantes, aumentar la productividad y dar bases sólidas a nuestra economía. En el campo hemos de abrir las puertas a los factores del cambio. Un cambio deliberado y atento a la experiencia de nuestra historia. Un cambio que fortalezca y renueve nuestra identidad, nuestra soberanía y nuestro nacionalismo.
Los mexicanos queremos que el cambio se asocie con progreso. Aspiramos a una reforma social que garantice a todos los satisfactores esenciales, servicios de calidad y un ingreso más elevado y mejor distribuido. Aspiramos a una nueva relación política democrática y madura, a una vida pública fincada en los principios éticos y morales que demanda nuestra sociedad compleja, diferenciada y plural. Quienes menos tienen exigen las reformas con mayor urgencia. La dirección principal del cambio es, por ello, la que le otorga el sentido de justicia.
No queremos cambiar para borrar el pasado, como sucede en otras latitudes, sino para actualizarlo. Hemos de dar al cambio en México nuestro perfil y nuestra medida. Hemos de imprimirle el sello de nuestro nacionalismo. La modernización nacionalista y popular ha de dar contemporaneidad a nuestra memoria y a nuestros valores, a la raíz y razón de México. Así construimos el futuro de la nación en este mundo de rápidas y desafiantes transformaciones.
El campo hoy nos exige una nueva actitud y una nueva mentalidad. Nos pide profundizar en nuestra historia y en el espíritu de justicia de la Constitución para preservar lo valioso que tenemos. Reclama una clara y precisa comprensión de la realidad y sus perspectivas futuras para guiarnos en lo que debe cambiar. Requiere una respuesta nacionalista, renovadora de las actitudes, que efectivamente impulse la producción, la iniciativa y creatividad de los campesinos, el bienestar de sus familias y, sobre todo, proteja nuestra identidad compartida. Por eso, es preciso examinar el marco jurídico y los programas que atañen al agro para que sean parte central de la modernización del país y de la elevación productiva del bienestar general.
Lo que hemos hecho en la historia nos permite hoy dar pasos nuevos en el campo. Los campesinos
demandan una mejor organización de su esfuerzo en una perspectiva clara y duradera, que efectivamente los beneficie y que contribuya a la fortaleza de la nación. La sociedad justa del siglo XXI a la que aspiramos no puede construirse si perduran las tendencias actuales en el medio rural.
I. La Constitución: Justicia y libertades en el campo
La Constitución de 1917 funda el Estado mexicano contemporáneo. En ella se recogen las aspiraciones individuales y colectivas del pueblo mexicano. Sus ordenamientos fijan los propósitos de la acción colectiva: libertades garantizadas, democracia, justicia social, progreso y bienestar para todos, independencia y soberanía de la nación.
I.1 La Constitución de 1917; guía de la construcción del México contemporáneo
La Constitución de 1917, al fijar los propósitos nacionales, da sentido al esfuerzo de los mexicanos. En su vigencia se ha construido el estado de derecho que da seguridad a nuestras libertades y permite dirimir los conflictos preservando la paz social. Sus normas, al conciliar los intereses individuales con el interés general, han permitido el desarrollo de la sociedad plural y compleja ante la que ahora nos encontramos.
El trabajo individual y colectivo forja la grandeza de la nación. Hemos construido un país en el que el progreso es obra de todos los mexicanos y la justicia debe medirse por el nivel de vida de la población.
La Constitución consagra los derechos sociales que han modelado a la nación, haciendo corresponder libertades y justicia. Su espíritu hace compatibles los derechos individuales y los de los grupos más desprotegidos.
En el campo, nuestra norma fundamental ha atendido a los reclamos de justicia, restitución, y defensa de la tierra que conformaron la memoria y la experiencia campesina. Cuando se cerraron las opciones y las instancias de la gestión pacífica, los pueblos campesinos se incorporan a la Revolución para restaurar la justicia y la razón en el campo mexicano. Ese fue el origen y propósito del artículo 27 constitucional.
I.2 El artículo 27 y la justicia en el campo
El artículo 27 estableció la propiedad originaria de la nación y la facultad de la misma para imponer a la propiedad las modalidades que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los recursos naturales para una distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación. Ordenó la restitución de las tierras a los pueblos, incorporando la ley del 6 de enero de 1915. A partir de este principio se inicio el proceso de nuestra reforma agraria, gesta de magnitud y alcances extraordinarios.
El artículo establece las distintas formas de propiedad en el campo, conciliando los intereses de los diferentes actores rurales y dando satisfacción a amplios segmentos del pueblo que durante largos años lucharon por tener acceso a la tierra. Los propósitos de esta norma fueron acabar con el latifundio, restituir tierras a los pueblos o dotarlos de éstas y, en forma simultánea, promover el desarrollo de la pequeña propiedad. El reparto agrario se transformó en instrumento de justicia para los grupos comunitarios, los ejidatarios y los pequeños propietarios. Al mismo tiempo se abrieron nuevas vías al desarrollo en el campo y al bienestar de sus habitantes.
I.3 La reforma agraria en la historia nacional
Nuestro nacionalismo en el campo ha encarnado para cada tiempo y contexto las respuestas que sustentaron la capacidad de enfrentar los nuevos retos que se presentaban. Las luchas agrarias tuvieron siempre los claros propósitos de liberar al campesino y a su familia de distintas formas de servidumbre; de preservar tradiciones y formas de vida en la comunidad; de convertir la pasión por la legalidad en instrumento de transformación y progreso. Nuestra historia agraria, sus experiencias y realizaciones, son el marco para la nueva transformación.
Hay que remontarse a nuestra historia para encontrar los orígenes de las formas de propiedad de la tierra existentes en México. En nuestro país confluyeron corrientes que provenían del encuentro y fusión de dos culturas diferentes: la del mundo ibérico y las autóctonas. A lo largo de los tres siglos de dominación colonial, las formas de propiedad indígena fueron reconocidas, en parte, a través del marco jurídico español. Una de éstas era la cumunal, dentro de la cual se encontraba el ejido que se refería a las tierras de uso común. La Corona transmitió la propiedad comunal a los asentamientos, pueblos y villas fundadas por los colonizadores.
Dentro del marco jurídico de las Leyes de Indias, se protegían las tierras de las comunidades
indígenas y se les asimilaba a la figura de las tierras comunales de los poblados españoles. Paralelamente, se gestó un proceso de concentración de la propiedad de la tierra, en donde la iglesia y las familias criollas más poderosas fueron los principales beneficiarios. Como resultado de ello, la hacienda se transformo paulatinamente en la forma dominante de propiedad.
En las décadas que precedieron en la guerra de Independencia, indios, mestizos y castas, resentían un gran descontento por las injusticias de que eran objeto, en particular, por los despojos de tierras o las restricciones para acceder a éstas. Los escritos de los primeros héroes de la Independencia son un testimonio de ello: Hidalgo y Morelos dieron voz a la demanda de los pueblos indígenas y emitieron decretos donde se ordenaba la entrega de tierras a los indios. La guerra de Independencia rompió los vínculos de la Nueva España con la Corona española para dar paso a un país soberano.
Durante la primera mitad del siglo XIX, a pesar de la precaria situación política del país y los constantes levantamientos militares y luchas civiles, la gran propiedad rural se consolidó. A partir de la reforma juarista, a mediados de ese siglo, se expide la Ley Lerdo que ordena la desamortización de los bienes de todas las corporaciones, fuesen órdenes religiosas o comunidades indígenas. Con esta medida se pretendía activar la circulación de la propiedad territorial y sentar las bases para la formación de una sólida clase media rural que vertebrase a la sociedad mexicana.
No obstante, dos décadas más tarde, durante el porfiriato, la libre circulación de la propiedad territorial que permitió la Constitución de 1857, no pudo impedir que el proceso de concentración de la propiedad territorial siguiese avanzando, mientras que las comunidades veían sus tierras disminuidas al mínimo indispensable para proveer a su subsitencia. La propiedad se polarizó entre el minifundio y el latifundio, tendencia que se consolidó durante las tres décadas del porfiriato. En el México de principios del siglo la tierra era prácticamente la única fuente de riqueza, pero su concentración en manos de muy pocos propietarios era fuente de injusticia y representaba un obstáculo para el desarrollo de la nación. Destruir el latifundio improductivo se volvió una prioridad nacional para el cambio.
En la mesa central, en donde se encontraban los centros poblacionales más antiguos y grandes del país, la presión por la tierra y los conflictos en torno a ella alcanzaron la mayor tensión a principios del siglo XX. Los largos siglos de despojo contra los productores de las comunidades no fueron suficientes para borrar de su memoria colectiva el recuerdo de las tierras que legítimamente tenían derecho a poseer. La lucha de Emiliano Zapata fue un eslabón de ese reclamo ancestral. Sus principios esenciales fueron reforma, libertad, justicia y ley; en ellos se inspiró el Plan de Ayala.
Al término del período armado de la Revolución Mexicana, el Constituyente de 1917 recogió en el artículo 27, estas aspiraciones de justicia agraria. La estructura de la propiedad sufrió modificaciones profundas, la tierra repartida permitió una redistribución del ingreso que favoreció a los productores campesinos.
Durante los años de reparto agrario, se dotó de tierra a más de 2 millones 600 mil ejidatarios en 26 mil ejidos y se restituyó o dio reconocimiento a 2 mil comunidades pobladas con 400 mil comuneros. En estas propiedades se configuraron las áreas que permiten el fortalecimiento de la vida en comunidad y las necesarias para el desempeño de las actividades productivas de sus integrantes. También surgió el ejido colectivo para evitar que el reparto agrario fraccionase unidades productivas ya existentes.
Además, 1 millón de pequeños propietarios también se beneficiaron con la Reforma Agraria. Las políticas económicas del sector público orientaron recursos para fincar la producción rural, construir obras de riego y crear mecanismos para regular la producción y el abasto, proveer de insumos a la producción agrícola y de servicios básicos a la población rural.
El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos sociales más vinculados con nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vitalidad transformó de raíz la estructura propietaria del territorio nacional. Dio prosperidad a la patria y justicia a los campesinos: los liberó de la hacienda, reafirmó las raíces de su orgullo, restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del ejido y se consagró en la Constitución y en las leyes del país. Sin embargo, pretender en las circunstancias actuales que el camino debe seguir siendo el mismo de ayer, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguieron la Reforma Agraria y la Revolución Mexicana. Ese extraordinario proceso es y seguira siendo motivo de orgullo en nuestra historia. Pero hoy, debemos emprender nuevos caminos.
Hoy, como en 1917, es objetivo fundamental del Estado mexicano llevar bienestar a la población
rural. Hacia este debe orientarse el marco jurídico. Si bien en su tiempo el reparto de tierras fue el instrumento para lograrlo, hoy se ha agotado. Es imprescindible que el esfuerzo se concentre en la provisión de instrumentos viables para el bienestar campesino. El marco jurídico debe garantizar seguridad, justicia y libertad tanto a ejidatarios y comuneros como a pequeños propietarios. Seguridad en la tenencia de la tierra, libertad en la toma de decisiones y justicia en sus relaciones. Es imperativo establecer las condiciones jurídicas necesarias para que fluya la inversión al campo y poder ofrecer a todos sus habitantes los niveles de bienestar que merecen.
Necesitamos cambiar no porque haya fallado la Reforma Agraria. Vamos a hacerlo porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica económica y de vida social en el campo, que la misma Reforma Agraria contribuyó a formar y que reclama nuevas respuestas para lograr los mismos fines nacionalistas. Necesitamos un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir opciones productivas para ofrecer nuevas oportunidades que protejan la vida en comunidad, como la quieren los campesinos de México.
II. Las nuevas condiciones para la justicia y la libertades en el campo
II.1 Los nuevos problemas
La presión sobre los recursos territoriales es uno de los problemas de mayor gravedad que enfrenta México. En 1917, la sociedad mexicana alcanzaba apenas, los 10 millones de habitantes. En contraste, en 1990 llegamos a 81.2 millones. La población nacional observó un crecimiento alrededor del 800%, mientras que la cantidad de tierras con que cuenta nuestro país ha permanecido inalterable.
El Estado mexicano, a través de gobierno sucesivos, ha restituido, dotado, ampliado, reconocido y titulado tierras a un amplio número de beneficiarios y en extensiones sin precedente en las reformas agrarias emprendidas en otros países. Sin embargo, los demandantes de tierra representan todavía un número significativo, debido a que, pese a nuestro rápido proceso de urbanización, es aún relativamente alto en porcentaje de nuestra población rural: en 1990, de los 81.2 millones de población, el 70% se clasificaba como urbana y el 30% como rural. La población rural actual es 2.3 veces superior a la población total de México en 1917.
El incremento demográfico en el campo, la limitación de las tierras y las dotaciones ya realizadas en las décadas pasadas, hacen imposible la continuación del reparto agrario. Por ello, para que pueda seguir guiándose por los principios constitucionales, la Reforma Agraria ha de transitar hacia una nueva etapa. En la actualidad, el reparto agrario masivo es imposible. La realidad lo demuestra.
La culminación de esta etapa de la Reforma Agraria exige resolver el rezago agrario existe mediante un programa de acción inmediato. Debe darse fin a la incertidumbre.
Otro gran problema deriva de la anterior situación; el de los alimentos. ¿Cómo alimentar a una sociedad que ha visto crecer a su población en un 800%, de 1917 a la fecha y cuenta con la misma extensión territorial explotable? ¿Cómo alimentar a 83 millones de mexicanos si nuestros niveles productivos son menores, en múltiples casos, a la medida internacional? ¿Cómo garantizar justicia y libertad a los campesinos y a todos los mexicanos si no somos capaces de asegurar los alimentos básicos para nuestra subsistencia?
Si queremos alimentar adecuadamente a las mayorías de nuestra población, es menester incrementar drásticamente la productividad agrícola. Si las cosas permanecen como hasta ahora, no podemos alcanzar ese propósito de justicia. Se requieren cambios a fondo que aseguren la aplicación de políticas agropecuarias que incrementen substancialmente la productividad. Sólo el 17% de las 196 millones de hectáreas que componen el territorio nacional, son aptas para la agricultura. Necesitamos idear mecanismos que permitan que, con 33 millones de hectáreas, seamos capaces de elevar el bienestar campesino, garantizar el abasto alimentario interno, proveer de materias primas a la industria, genera divisas y que propicien una redistribución más justa del ingreso nacional. En las circunstancias actuales, lograr estos objetivos supone al financiamiento adecuado en calidad y cantidad, nuevas posibilidades de asociación y la introducción de los avances tecnológicos a los procesos de transformación y comercialización agropecuarios. Los hombres del campo y la sociedad en su conjunto reclaman estas medidas.
Además, si no aplicamos nuevas respuestas a los problemas del campo, seguiremos propiciando la devastación ecológica de una buena cantidad de la superficie territorial. En la actualidad, al no encontrar la inversión canales adecuados para financiar proyectos productivos de largo plazo, se orienta a una sobreexplotación de los
recursos naturales que daña el equilibrio ecológico. Esto se debe fundamentalmente a la falta de incentivos suficientes.
Las nuevas formas de aprovechamiento de los recursos naturales, vigentes desde hace tiempo en otras partes del mundo, deben ser incorporadas al campo mexicano. Nuestro territorio posee recursos variados y ricos, tales como bosques y selvas tropicales, litorales con vocación acuicola, zonas de recolección de plantas silvestres, territorios atractivos al turismo, yacimientos minerales, que han de ser aprovechados en su enorme potencial productivo y generador de riqueza. La sociedad mexicana, con el apoyo del Estado, también debe comprometerse en estas nuevas formas de producción.
La preeminencia del minifundio en el campo mexicano, hace imposible incrementar su productividad en niveles tales, que se garantice la plena justicia social para los pobladores más desprotegidos del campo y se aseguren alimentos para toda la población mexicana. El minifundio es consecuencia de la sobrecarga demográfica sobre los recursos territoriales, de la obligación constitucional del Estado de repartir tierras y de la débil vocación agrícola del territorio mexicano.
La ley vigente prohibe en algunos casos y reprime en otros las posibilidades de asociación, estimulando la estructura minifundista de tenencia. Hoy, el minifundio obstaculiza el desarrollo de México y representa una amenaza para su futuro contra lo que comúnmente se piensa, no sólo un problema ejidal y comunal. En la actualidad el 58.9% de las unidades productivas agrícolas ejidales, comunales o privadas, tienen una extensión de cinco o menos hectáreas, y el 33% se ubica en el rango de cinco a 20 hectáreas. Esta situación ha llevado a que en múltiples regiones, el minifundio ya no permita siquiera la autosuficiencia de la familia del productor, menos aún la producción para el mercado. Margen de autonomía restringido, incapacidad de organizarse y asociarse con vistas al largo plazo, estancamiento, deterioro técnico, producción insuficiente, baja productividad, relaciones de intercambio desfavorable para sus poseedores y niveles de vida inaceptables, son elementos que, en su conjunto caracterizan al minifundio mexicano en la actualidad.
Es menester crear las condiciones necesarias para que estos productores agrícolas puedan asociarse y aprovechar todos los recursos técnicos, de capital y humanos, en la explotación de sus tierras. En la actualidad y debido al avance tecnológico, la productividad de la tierra está directamente vinculada con la escala de la unidades de producción en algunos cultivos específicos. La introducción de tecnologías apropiadas, sólo es viable su capital público, privado y el sector social se unen para adoptar proyectos agrícolas modernos que contemplen el uso eficiente de los medios técnicos que incrementen la productividad del suelo y del trabajo humano.
La débil incorporación de tecnologías no afecta solamente la explotación de suelo y la productividad, tiene que ver, también, con los procesos del transformación y comercialización de los productos agropecuarios. En una economía moderna el campo no puede ser fuente de riqueza para sus habitantes si no le incorporamos los avances tecnológicos y organizativos actuales. El minifundio no permite, por sus características la utilización de estas técnicas, ni atrae capitales en las proporciones requeridas. El aprovechamiento de las innovaciones en el campo es una de las tareas a emprender por la actual generación de mexicanos.
Las necesidades de inversión para la modernización integral del campo son enormes y la inversión pública es insuficiente para llevar a cabo esa gran tarea. La inversión privada, hoy está llamada a sumarse a esta nueva etapa de transformación del campo.
Finalmente, es necesario reconocer que aunque el marco jurídico vigente movilizó durante décadas la fuerza productiva del campo, exige ahora una reestructuración acorde con los actuales objetivos estratégicos de la nación mexicana. La obligación constitucional de repartir tierras aunque ya no existe la disponibilidad de éstas y la falta de condiciones que propician la asociación de los hombres del campo con terceros, son aspectos jurídicos que han de superarse para abrir nuevos canales a la justicia y a la productividad en el campo.
Como lo expresa la iniciativa "la realidad nos muestra que cada vez es más frecuente encontrar en el campo prácticas de usufructo parcelario y de renta, de asociaciones y mediería, inclusive de venta de tierras ejidales, que se llevan a cabo al margen de la ley". El carácter ilegal de estas acciones ha obrado en demérito de los campesinos. La realidad y presión económica rebasan frecuentemente el marco jurídico.
Por otra parte, en las dos últimas décadas la producción ha crecido menos en promedio que la población. En la crisis reciente el sector
agropecuario fue uno de los más afectados por la inestabilidad económica, la incertidumbre cambiaria y la inflación.
La baja productividad agrícola genera pobreza extrema y marginación: se calcula que el 40% de la población rural es pobre en extremo trátese de ejidatarios, comuneros o jornaleros agrícolas. En 1990, la población mexicana económicamente activa era de 22.2 millones de personas, de las cuales el 27% pertenecen al sector primario. Este porcentaje contribuye únicamente con el 8% del producto interno bruto del país, lo cual propicia que los ingresos del sector rural sean tres veces menores que los del resto de la economía. La pobreza extrema de amplios grupos campesinos compromete el desarrollo nacional. Nuestra identidad se fortalece sobre la base de una más equitativa distribución del ingreso, no en la desigualdad y la pobreza.
11.2 Las nuevas oportunidades: horizonte de la transformación del campo
Los principios de justicia y libertad exigen un nuevo paradigma de producción en el campo, cuyo pilar fundamental es la amplia posibilidad de asociación de los ejidatarios con terceros, de los pequeños propietarios entre ellos mismos y del capital con unos y otros. Así se podrá elevar el ingreso de los hombres del campo, al mismo tiempo que aumenta la productividad agrícola.
Las reformas propuestas, por ello, atienden a dos perspectivas complementarias. La que busca adecuar la norma a los procesos sociales en marcha y la que se preocupa por abrir vías a la acción común para las próximas décadas.
El fin del reparto agrario permite prever el inicio de una nueva etapa de esfuerzo para la producción. La asociación de ejidatarios y comuneros entre sí o con terceros hará atractiva la inversión en la agricultura. La introducción de nuevas tecnologías permitirá que el campesino obtenga lo necesario para su consumo, produzca alimentos, materias primas y hasta bienes industrializados. Las reformas propuestas abren estas oportunidades. De la iniciativa de los diversos actores involucrados y de lo atinado de las políticas públicas dependerá su aprovechamiento.
Las facilidades a la inversión privada en el campo abren otro horizonte de posibilidades que incluye la captación de ahorro del sector. La modernización agropecuaria requiere de grandes recursos para lograr sus propósitos de hacer justicia a los campesinos, para darles mayor bienestar y de dar bases de firmeza a la economía del país. La inversión pública sola no es suficiente para desempeñar esta tarea. Otras fuentes de inversión deben sumarse a este empeño nacional. La inversión pública debe complementarse con la inversión privada y con la participación de los productores. Para la modernización integral del campo, la disponibilidad de financiamiento y las posibilidades de asociación son fundamentales, al igual que los procesos competitivos y eficientes de comercialización y transformación.
El reconocimiento a la definitividad de los derechos del ejidatario sobre su parcela es uno de los grandes objetivos de la reforma. El ejidatario gozará de seguridad en su tenencia.
Los tribunales agrarios que deberán ser autónomos y de plena jurisdicción para impartir una justicia pronta, expedita, de una manera sencilla y cercana a los propios interesados, eliminarán demoras y arbitrariedades, propiciando el establecimiento de una nueva relación entre los hombres del campo y las autoridades competentes.
Hoy en día, sólo la cooperación social hará posible al superación de los rezagos y la derrota de las adversidades. El nuevo horizonte de la modernización del campo contempla el esfuerzo conjunto de ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, inversionistas, banca y gobierno de la República.
11.3 La modernización del campo
Una de las lecciones que podemos sacar de los acontecimientos mundiales de los últimos años, es que aquellas naciones que no emprenden soberana y responsablemente la reforma de sus instituciones públicas y privadas y la modernización de sus fundamentos productivos, verán ensancharse sus diferencias con las naciones desarrolladas. En nuestro país, desde hace varios años y en particular en los tres últimos, se han emprendido acciones que buscan transformar las estructuras económicas que son sustento del desarrollo nacional. La desincorporación de empresas públicas, el restablecimiento del sistema mixto de la banca, la apertura de nuestras fronteras al intercambio comercial, son algunas de las acciones emprendidas para abrir cauces a las nuevas iniciativas de la sociedad.
Llegó el momento de incorporar decididamente el campo a la modernización nacionalista y popular de México. Es un reclamo de los ejidatarios, los indígenas, los pequeños propietarios y de la sociedad en su conjunto. No podemos defraudarlos.
Hemos de darles respuesta. Como legisladores es nuestro deber y de él hemos de dar cuenta ante la nación. Como lo afirma la iniciativa presidencial, "Nuestro nacionalismo no puede quedar atado a formas de asociación o de producción determinadas. Está vinculado con fines superiores: soberanía, justicia, democracia y libertad".
En el marco de las reformas al artículo 27 de la Constitución, las políticas que habrán de impulsar la modernización agraria, contemplan acciones que, por un lado, aseguran la permanencia de las formas de vida comunitarias de los campesinos mexicanos y, por el otro, satisfacen la necesidad de elevar la eficiencia en la producción. Una mayor justicia en el campo es un objetivo social que hemos de alcanzar si queremos edificar las nuevas bases económicas de la nación.
Por ello, la mayor autonomía de los ejidatarios en la toma de decisiones, no implica el desamparo. Se protege el ejido, el área común de la vida ejidal y las tierras de las comunidades indígenas. No conviene al interés general mantener formas caducas e inapropiadas que propician injusticias e inhiben la productividad agrícola.
Se promueve la asociación de los ejidatarios y comuneros, no su subordinación. Las leyes de fomento agropecuario deben, en consecuencia, contemplar medidas que compensen la asimetría entre ejidatarios, comuneros y agentes externos, en los procesos asociativos para la producción y comercialización.
Las reformas y las políticas correspondientes, son la respuesta nacionalista a las necesidades, demandas y aspiraciones de los hombres del campo que son las de la nación mexicana. Las reformas no confunden medios con fines. Si se quiere que la justicia en la libertad sea una práctica cotidiana de los hombres del campo, es imperativo emprenderlas. La sociedad mexicana demanda justicia y libertad.
III. La construcción de un nuevo orden jurídico para el futuro de la justicia y las libertades en el campo mexicano
III. 1. Un nuevo orden jurídico para la potencialidad social en el campo
Las transformaciones que ha experimentado la sociedad mexicana y su sector rural, sin ser homogéneas, han propiciado un desfase entre la realidad y el marco jurídico. En nuestros días, la norma debe reconocer las nuevas condiciones existentes y guiar los cambios que vendrán. Debe atacar los problemas de corto plazo y emprender la construcción del marco jurídico que le permita a la sociedad mexicana cruzar venturosamente el umbral del Siglo XXI.
En esa perspectiva, esta reforma eleva a rango constitucional el reconocimiento y la protección de la propiedad ejidal y comunal. Así, con nueva seguridad y certidumbre, ejidatarios y comuneros tendrán mayor presencia en el desarrollo nacional. Igual importancia reviste la reforma en lo que toca a la protección de la integridad territorial de las comunidades indígenas.
Las reformas que se proponen al artículo 27 constitucional no traerán, mecánicamente, transformaciones súbitas en la agricultura mexicana, ni el mejoramiento inmediato del nivel de vida de los pobladores de las zonas rurales. Son parte de un todo, son componentes de una reforma más amplia de la sociedad mexicana y de sus instituciones jurídicas, políticas, económicas y sociales. Este proceso abarca aspectos laborales, económicos, tecnológicos, productivos y sociales; las reformas abren nuevas vías a las potencialidades de la sociedad mexicana en el campo. Con un marco jurídico actualizado mediante la regulación estatal adecuada y la participación decidida de nuestros campesinos, inversionistas y organismos públicos, es posible llevar a buen término la modernización de la agricultura mexicana.
La Constitución consagra la justicia en libertad como fundamento de la convivencia pacífica entre los individuos y grupos que conforman a la nación mexicana. Esa es la premisa de su concepción en 1917 y la que hoy inspira las reformas propuestas. El nuevo marco jurídico y las políticas adecuadas y eficaces que se habrán de aplicar en el campo tiene un sólo propósito: elevar la calidad de la vida social de los mexicanos, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ellos y dando seguridad a los frutos de su esfuerzo.
Justicia, libertades y trabajo son los fundamentos de la modernización del campo mexicano. Las reformas dan fe de la capacidad de decisión de los hombres del campo ensanchan los ámbitos de su iniciativa y reconocen que la vinculación de ellos y las comunidades con la tierra, ha de descansar sólo en su experiencia, sus necesidades y sus responsabilidades plenamente asumidas.
El nuevo marco jurídico hará que libere toda su potencialidad la relación entre justicia, libertades y trabajo que ha de darse en las tierras de México. La reforma protege los derechos sociales,
elimina el paternalismo, ratifica la dignidad integral de la persona y abre nuevas vías a los esfuerzos individuales y colectivos.
El reconocimiento de las nuevas potencialidades de la sociedad campesina y la supresión de las normas que las inhiben, no implican el abandono de las responsabilidades sociales del Estado en el campo. El Estado refrenda su responsabilidad de defender los derechos de los campesinos. Una concepción pública de la justicia constituye el rasgo fundamental de una comunidad humana bien ordenada.
III. 2 Asociación con libertades para la producción
La asociación de diversos factores productivos e institucionales en el campo sólo es instrumento modernizador si está fundada en libertad y justicia. El fin de la sociedad es promover el bienestar de quienes la componen, tanto en su dimensión individual como en la colectiva. Es indispensable, por ello, que la conciliación de los diversos intereses individuales y grupales, se alcance preservando las libertades en un marco equitativo para todos.
Para lograr que libertad y justicia sean una realidad plena para todos y cada uno de los habitantes de las zonas rurales marginadas de México, se requiere convocar a la acción a diversas fuerzas y actores. En la acción conjunta habrán de encontrar las soluciones que hagan posible la extensión del bienestar a todos aquellos que hasta ahora no han disfrutado de sus beneficios.
Para que esta actividad conjunta se traduzca en acciones eficaces de modernización, es necesario que los campesinos inicien esta nueva etapa de la reforma agraria con mayor autonomía, pero con derechos sociales protegidos y políticas que hagan fructificar su tenacidad probada y su trabajo.
Libertad de los campesinos para determinar su futuro y productividad para dar contenido a la justicia social, son los dos grandes criterios que inspiran las modalidades de asociación de productores que impulsa la reforma al artículo 27 de la Constitución. En la autonomía, son los campesinos quienes ahora avanzarán en su propia reforma, construyendo su propio futuro sin paternalismos y sin más limitación que los derechos de los demás.
Por ello, además de reafirmar la seguridad en la tenencia de la tierra, el nuevo orden jurídico abre vías a la iniciativa de los productores en el campo. Asimismo, promueve el cambio y la modernización reconociendo nuevas formas de asociación que estimulen la creatividad de los diferentes actores sociales. Con el fin del reparto agrario, la pequeña propiedad ya no necesitará certificar su inafectabilidad.
Las reformas crean condiciones que posibilitan la asociación de los factores, productivos en el campo. El elemento productivo más disperso y atomizado es la tierra, por eso, la reforma propicia formas de asociación que compacten los precios para la producción.
Con esos propósitos, las comisiones unidas recogieron la preocupación de que las nuevas sociedades mercantiles no excedan los límites que se fijen a la superficie total que puedan poseer.
Para lograr la modernización y la capitalización del campo, es indispensable ampliar las facilidades para el uso racional de la tierra. Conviene, por ello, hacer posible la participación de las sociedades por acciones en la producción y en la propiedad rurales. La reforma permite la constitución de sociedades mercantiles y establece los límites generales para su funcionamiento. La ley protege al campesino de la concentración indebida y de la especulación con la tierra.
Al contemplar estas modalidades de asociación, las reformas no pretenden anular la vida ejidal y comunal; por el contrario, la confirman como uno de los aspectos irrenunciables de nuestro legado histórico. Con esto se reconoce a los campesinos como titulares con capacidad plena para decidir entre ellos las pautas que seguirán a fin de aprovechar las potencialidades de sus parcelas y lograr mejores niveles de vida. Se protege así la integridad de los pueblos indígenas, las áreas comunes de los ejidos y el territorio donde habitan sus moradores, con lo cual lograremos abrir nuevas posibilidades de aprovechamiento de las áreas que todavía no han sido parceladas, los grandes agostaderos ociosos y los bosques, en beneficio de ejidatarios y comuneros.
El área parcelada del ejido podrá enajenarse entre sus miembros y sus poseedores podrán asociarse, ceder su uso a terceros o mantener la situación actual. Será la mayoría calificada la que otorgue el dominio de las parcelas a sus titulares. Los ejidatarios que deseen mantenerse como tales recibirán apoyo y el Estado mantiene su compromiso de protegerlos. Serán ejidatarios y comuneros quienes determinen los medios para construirse un nuevo modo de vida que les permita incrementar su bienestar. En la libertad,
las reformas habrán de permitir que todos los mexicanos saldemos una deuda histórica: la de hacer justicia a los campesinos.
III. 3. La ratificación de la filosofía política de la Revolución Mexicana en la reforma del artículo 27
El espíritu contenido en la Constitución de 1917 y en particular en el artículo 27, se fortalece con estas reformas. Cambiamos para seguir siendo fieles a los principios. A diferencia de otras naciones, al cambiar no negamos nuestra historia, sino que la recuperamos para fortalecer nuestra identidad. Pero recordemos: la identidad se fortalece en la justicia y el bienestar, no en la pobreza.
La Constitución de 1917 define principios, no se encadena a medios. Si en el pasado el reparto agrario fue el instrumento necesario para el logro de la justicia social, en nuestros días ese medio es ya inaplicable. Las reformas ratifican el espíritu de justicia del artículo 27. Los constituyentes de Querétaro nos legaron la norma fundamental de la nación, no quisieron atarnos a los medios. El nacionalismo de hoy, manteniendo principios y valores, ha de encontrar los nuevos instrumentos de la justicia en el campo.
La sociedad mexicana de este fin de siglo es compleja y moderna. Exige libertades y mayor participación. El campo no puede ser la excepción. En él, por eso, hemos de abrir nuevos caminos a las potencialidades de los grupos sociales y los individuos que ahí forjan su destino. Las reformas se inscriben en el proceso de la reforma social de la modernidad. Son reformas para la nueva sociedad; una sociedad que ha tomado la iniciativa y que exige respuestas adecuadas a los nuevos desafíos que enfrenta el país. Esas son las premisas que inspiran las reformas al artículo 27 constitucional.
Cambiamos porque la inmovilidad es, en nuestros días, atentar contra los intereses de la sociedad. Cambiamos porque en este tránsito de México al Siglo XXI queremos encontrar los mejores medios para alcanzar, en nuevas condiciones, los propósitos de la nación.
Ante el fin de un ciclo de actuación estatal, la sociedad asume nuevas tareas. El Estado por su parte, ratifica sus responsabilidades ante la justicia y actualiza los instrumentos que han de permitirle alcanzar mejor ese propósito.
Sociedad participativa y Estado justo son los elementos fundamentales del presente y futuro de la realidad nacional. Se dejan de lado los problemas de cantidad y tamaño del aparato estatal, para centrarse en los problemas de calidad, fomento de las libertades y la impartición de justicia.
El objetivo de esta reforma es la modernización del campo, sin soslayar el principio de la justicia. No hay modernidad sin libertad y no hay justicia sin libertad. Por ello, cambiamos para ser modernos, para ser justos; adecuamos los medios a los fines. Tenemos la certeza de que cada situación y cada circunstancia histórica exigen nuevos instrumentos. Justicia y libertad son así, los principios que animan esta reforma. No se trata de modernizar por modernizar, sino de adecuarnos a la nueva realidad para ofrecer oportunidades a quienes hoy no las tienen.
La modernización de la sociedad mexicana no admite el rezago de sus habitantes más desprotegidos. Una sociedad bien ordenada sólo es tal, si está diseñada para promover el bien de sus miembros; y la promoción de este bien será factible si su regulación está inspirada en una concepción que combine justicia y libertad.
Hoy justicia social es aumento de los niveles de vida, seguridad en la tenencia de la tierra, aumento de la productividad y reconocimiento de la plena capacidad ciudadana de nuestros campesinos; es introducción de tecnología apropiadas y conservación del equilibrio hombre - naturaleza. El objetivo es lograr que libertad y justicia sean valores permanentes en el campo. Así con la participación de todos, haremos que el campo se ponga a tiempo con las exigencias de la modernización.
Ese es el propósito de las reformas. El derecho se conforma con dos ingredientes: una realidad a la que se pretende modificar y un criterio axiológico conforme al cual se debe conducir el cambio. Del equilibrio que se observe en la combinación de estos dos elementos dependerá que la norma jurídica sea eficaz y que cumpla los fines que el legislador concibió. La reforma no pretende legalizar una realidad injusta y tampoco se intenta diseñar un deber ser ajeno a nuestra historia y a nuestra voluntad de cambio.
Concebimos un derecho que sustentado en la realidad permita cambiar a ésta con fundamento en los valores de libertad y justicia.
LAS REFORMAS
Consecuentes con todo lo anterior, ratificando la filosofía política de la Revolución Mexicana
y fieles a la inspiración justiciera y libertaria del constituyente de 1917 y con vista en la iniciativa propuesta por el Ejecutivo, plenamente congruentes con los requerimientos de los hombres del campo mexicano, tomando en consideración los puntos de vista de los participantes en las audiencias públicas convocadas por estas dos comisiones, recogiendo las propuestas de los partidos políticos y en la inteligencia de que las que no alcanzaron consenso serán planteados ante el pleno de esta cámara, estas comisiones unidas manifiestan:
Estamos de acuerdo en que el párrafo tercero del artículo 27 constitucional cambie el concepto de "pequeña propiedad agrícola en explotación", por el de "pequeña propiedad rural", con el objetivo de que con un concepto más amplio, todas las tierras, cualquiera que sea su uso, sean aprovechadas por sus legítimos tenedores, considerando que, en la medida en que sólo un porcentaje limitado de ellas, son aptas para un uso agropecuario productivo, ha de fomentarse su aprovechamiento en otros usos.
Se propone derogar el texto del párrafo tercero del citado artículo, la referencia a la "creación de nuevos centros de población agrícola con tierras y aguas que le sean indispensables" y lo relativo a "los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población tendrán derecho a que se les dote de ellas...", también se propone la derogación de las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV, XVI y la derogación del primer párrafo de la fracción XV. Se hace en razón de que estos ordenamientos preveían lo relacionado a las solicitudes de dotación y distribución de tierras y agua, a los órganos competentes que fueron creados para cumplir con el reparto agrario, sus facultades y obligaciones, los procedimientos para aplicar las leyes secundarias, así como el derecho a indemnización que tenían los pequeños propietarios afectados y lo relativo a la responsabilidad en que podían incurrir las comisiones mixtas por irregularidades realizadas y tal derogación se justifica, ya que en nuestra realidad el reparto agrario es imposible de continuar y al no existir tierras que repartir, es necesario fomentar nuevas formas de producción y rentabilidad para la gente del campo.
Con ello se refuerza el principio de seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, tanto en su carácter ejidal, como comunal y de pequeña propiedad, ya que al no existir más tierra que repartir, el Estado tiene la obligación de otorgar a las diferentes modalidades de la tenencia de la tierra seguridad y tutela jurídica a sus derechos y formas de producción.
Se considera necesario que en la fracción XVII se mantenga, exclusivamente, el caso del fraccionamiento de predios que excedan a la pequeña propiedad, se obliga al propietario a enajenar el excedente en un plazo de dos años y que de no cumplirse con lo ordenado, se procederá a la venta mediante pública almoneda. La razón de esto contempla los casos en que aún existan predios que excedan los límites de la pequeña propiedad.
Para garantizar la impartición de justicia y de finitividad en materia agraria, se establece en el texto constitucional, en la fracción VII, tribunales agrarios, de plena jurisdicción. Ellos estarán dotados con autonomía para resolver, con apego a la ley federal y de manera expedita, entre otros, los asuntos relativos a la tenencia en ejidos y comunidades, las controversias entre ellos y las referentes a sus límites. Con ello, se sustituye el procedimiento mixto administrativo jurisdiccional con un nuevo sistema de plena jurisdicción y autonomo que funcionará conforme determine la ley reglamentaria, para impartir justicia agraria pronta, expedita y cercana a los interesados.
En las fracciones V y VII se establecen condiciones para facilitar la reactivación de la producción y su crecimiento. Se precisan asimismo, los cambios que atraigan y faciliten la inversión. Se requieren seguridad y nuevas formas de asociación donde imperen equidad y certidumbre; se mantienen los límites de la pequeña propiedad, pero se superan las restricciones productivas del minifundio, para lograr mediante la asociación, las escalas de producción adecuadas.
En el primer párrafo de la fracción XV se suprime la frase "en explotación". Esta supresión se justifica porque es congruente con la modificación del párrafo tercero, en el que se cambió el concepto de "pequeña propiedad agrícola en explotación" por el de "pequeña propiedad rural".
También se considera procedente la inclusión del término "bosque" en el segundo párrafo de esta misma fracción XV, junto a la de "monte o agostadero en terrenos áridos". Con lo que se define claramente la pequeña propiedad forestal, propiciando así el establecimiento de plantaciones industriales o regeneradoras modernas que requieran de extensiones suficientes para ser rentables.
Asimismo, estamos de acuerdo en que en el último párrafo de esta fracción XV se suprima la expresión "a la que se le haya expedido certificado de inafectabilidad", en virtud de que con la derogación de la fracción XIV ya no se expedirán certificados de inafectabilidad. También estamos de acuerdo en que en dicho párrafo se suprima la expresión "no podrá ser objeto de afectaciones agrarias", puesto que, de aprobarse la modificación constitucional ya comentada, ese supuesto ya no se presentará.
Para lograr los cambios que promueve la capitalización del campo, consideramos que es pertinente la reforma de las fracciones IV y VI del artículo 27. Con esta modificación se permite la constitución de sociedades mercantiles en el agro y asimismo se establecen los criterios generales a los que se sujetarán.
Es necesario destacar que con el nuevo texto propuesto por el Ejecutivo Federal, en las sociedades mercantiles las aportaciones de sus socios no podrán exceder a los límites de la pequeña propiedad, para evitar prácticas de acaparamiento, combatir la ociosidad de la tierra y estimular la capitalización del agro. Como resultado de las aportaciones recibidas de los partidos, líderes campesinos, intelectuales y académicos, se consideró pertinente incluir en la iniciativa, de manera expresa, el límite de superficie que puedan tener las sociedades mercantiles dedicadas a la actividad rural, para aplicar el mismo principio que informa a toda la materia agraria de impedir concentraciones excesivas perjudiciales al interés general.
En consecuencia, por lo que hace a la fracción VI, se suprime la prohibición genérica a las corporaciones civiles para poseer, tener en propiedad o administrar bienes raíces.
La comisión considera que la reforma a la fracción VII incluye las disposiciones que protegen y fortalecen la vida comunitaria de los ejidos y comunidades; reconoce la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y vincular que deseen establecer entre ellos para aprovechar su territorio. También se fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Se protege, asimismo, la integridad territorial de las comunidades indígenas. El texto de esta fracción funda la nueva etapa de la reforma agraria mexicana. En el se establece la distinción entre la base territorial del asentamiento humano y la tierra para las actividades productivas del núcleo ejidal y comunal en el ámbito parcelario. En esta misma fracción se mantiene la jurisdicción federal en todas las cuestiones de límite de terrenos comunales y ejidales, creando los tribunales de justicia agraria dotados de autonomía y plena jurisdicción.
En los artículos transitorios de esta iniciativa, se determina la ley aplicable al momento que entre en vigor esta reforma.
Por lo que se refiere a justicia agraria, se turnarán a los tribunales los expedientes de los asuntos aún pendientes de resolución. Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículo 72, 73, fracciones XXIX - C, XXIX - E, XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 64 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, las comisiones que suscriben se permiten someter a la consideración de este honorable pleno el siguiente
PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Artículo único. Se reforman el párrafo tercero y las fracciones IV, VI, primer párrafo; VII, XV y XVII y se derogan las fracciones X a XIV y XVI, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Artículo 27. .................................................................
...............................................................................
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los
ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.
...............................................................................
I. a III. ......................................................................
IV. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto.
En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la equivalente a veinticinco veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades y establecerá los medios de registro y control necesarios para que las tierras propiedad de la sociedad se ajusten en relación con cada socio a los límites de la pequeña propiedad.
V. ............................................................................
VI. Los estados y el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos.
...............................................................................
VII. La ley reconoce y protege la propiedad ejidal y comunal de la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas.
La ley protegerá la integridad territorial de los pueblos indígenas.
Considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, la ley protegerá la base territorial del asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para el nivel de vida de sus pobladores.
Considerando el respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, la ley regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, trasmitir sus derechos parcelarios entre sí; igualmente fijarán las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela.
La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la ley reglamentaria.
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades, en los términos que la ley reglamentaria señale. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia agraria la propia ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción.
VIII. y IX. ...................................................................
X. a XIV. Se derogan.
XV. Se considerará pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas de riego o humedad de primera o sus equivalentes en otras clases de tierra.
Para los efectos de la equivalencia se computará una hectárea de riego por dos de temporal, por cuatro de agostadero de buena calidad y por ocho de bosque, monte o agostadero en terrenos áridos.
Se considerará, asimismo, como pequeña propiedad, la superficie que no exceda del 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón, si reciben riego de avenida fluvial o por bombeo; de 300 cuando se destinen al cultivo de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao o árboles frutales.
Se considerará pequeña propiedad ganadera la que no exceda de la superficie necesaria para mantener hasta quinientas cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor, en los términos que fije la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos.
Cuando debido a obras de riego, drenaje o cualesquiera otras, ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad se mejore la calidad de sus tierras, aunque se cambie el uso de las mismas, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aún cuando, en virtud de la mejoría obtenida, se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fije la ley.
XVI. Se deroga.
XVII. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, en sus respectivas jurisdicciones expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento de las extensiones que excedan los límites señalados en la fracción XV de este artículo, de acuerdo con las siguientes bases:
a) El excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro de un plazo de dos años contados a partir de la notificación correspondiente.
b) Si transcurrido el plazo el excedente no se ha enajenado, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda.
Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia, determinando los bienes que deben constituirlo, sobre la base de que será inalienable y no estará sujeto a embargo ni a gravamen ninguno;
XVIII. a XX. ..................................................................
TRANSITORIOS
Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo segundo. A partir de la entrada en vigor de este decreto y en tanto no se modifique la legislación reglamentaria en materia agraria, continuarán aplicándose sus disposiciones, incluidas las relativas a las autoridades e instancias competentes y a la organización interna de los ejidos y comunidades, siempre que no se oponga a lo establecido en este mismo decreto.
Artículo tercero. Los comisarios ejidales continuarán funcionando de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
Artículo cuarto. La Secretaría de la Reforma Agraria, el Cuerpo Consultivo Agrario, las comisiones agrarias mixtas y las demás autoridades competentes, continuarán desahogando los asuntos que se encuentren en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas y creación de nuevos centros de población, de conformidad con las disposiciones legales que reglamenten dichas cuestiones y que estén vigentes al momento de entrar en vigor el presente decreto.
Los expedientes de los asuntos arriba mencionados, sobre los cuales no se hayan dictado resolución definitiva al momento de entrar en funciones los tribunales agrarios, se pondrán en estado de resolución y se turnarán a éstos para que resuelvan en definitiva, de conformidad con las disposiciones legales a que se refiere el párrafo anterior.
Los demás asuntos de naturaleza agraria que se encuentren en trámite o se presenten a partir de la entrada en vigor de este decreto y que conforme a la ley que se expida deban pasar a ser de la competencia de los tribunales agrarios, se turnarán a éstos una vez que entren en funciones para que resuelvan en definitiva.
Sala de Comisiones de la honorable Cámara de Diputados, México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 1991.»
Trámite: - Primera lectura.
La diputada Lydia Madero García (desde su curul): - Pido la palabra.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Lydia Madero García (desde su curul): - Yo quisiera que leyera lo que está acotado al lado, para que pase a discusión al pleno de la comisión, por favor, o sea, no aceptó como está, se le aceptó para que pase a su discusión al pleno de la Cámara.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Eloy Vásquez López, por cinco minutos.
El diputado Eloy Vázquez López: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados; señoras y señores que nos honran con su presencia en esta histórica ocasión:
Tal vez después del Constituyente de 1917, esta sea la primera vez que esta Legislatura discute el fundamento de la nación y lo hace con tanta prisa. La Constitución mexicana surge como resultado de una revolución desarrollada a lo largo de siete
años por el pueblo mexicano, en la lucha por el respeto al voto, en la lucha contra la reelección y en lucha por la tierra.
Esa Constitución, a pesar de que su artículo 27 fue discutido a lo largo de dos grandes jornadas. En primer lugar, fue el último artículo de la Constitución que se discutió, se aprobó después de una discusión a las tres de la mañana del día 31 de enero de 1917. Es decir, con la aprobación del artículo 27 constitucional se establecía el pacto nacional que da origen al México contemporáneo. Con él se cerraba justamente el proceso de formulación de un nuevo país que se proponía una nueva sociedad industrial, una nueva sociedad agrícola y una nueva sociedad mexicana democrática.
Dice Pastor Roa: "El propósito fundamental que teníamos los diputados de Querétaro interpretando el sentimiento unánime de los revolucionarios, todos, era el de que la legislación mexicana quedará establecido como principio básico, sólido e inalterable, que sobre los derechos individuales a la propiedad estuvieran los derechos superiores de la sociedad".
Eso es justamente, justamente lo que viene aquí a modificarse con el dictamen que se acaba de leer por la Secretaría. Precisamente la Constitución de 1917 se contrapone a la Constitución de 1957, en el sentido de que mientras la de 1957 reconocía los derechos de los hombres individuales, la de 1917 como sociedad organizada otorgaba garantías individuales. Es decir, la de 1957, la de 1857, corrijo, para el Diario de los Debates, 1857 planteaba que la sociedad era un conjunto de individuos, individuos, que tenían derechos naturales.
En cambio, la de 1917 concibe a la nación como un todo, como una sociedad organizada que otorga a sus individuos garantías individuales.
Y justamente el artículo 27 es lo que va a condensar el por qué la propiedad originaria de la nación se le dan modalidades específicas en la propiedad privada.
Esto, por lo que se refiere a lo que se ha estado pregonando en torno a la libertad que se otorga a los ejidatarios, ¿En qué sentido están negadas las libertades de los ejidatarios? No existe, dentro de la Constitución, ninguna libertad del ejidatario que esté negada, porque el ejidatario, el ejido mismo es la libertad de la nación organizada para la producción agrícola y agropecuaria, es el colectivo...
El Presidente: - Perdone usted. Solicitó usted la palabra para hechos, en los términos del 102 se le ha terminado su tiempo. Le ruego que termine.
El diputado Eloy Vásquez López: - A lo largo de distintos periodos presidenciales se han hecho modificaciones al artículo 27, ninguno de ellos ha cuestionado de fondo ese aspecto, el aspecto del consenso nacional en torno a la supremacía de la sociedad sobre los individuos, es hasta hoy cuando se viene a subvertir ese principio. Y queremos decir que con la prisa que se tiene y con el impedimento, en un momento dado, de discutir y con el ajuste que se le hace al tiempo, porque si se tratara de un secretario de Estado se le dejaría todo el tiempo del mundo, no podemos permitir que se apruebe una iniciativa así.
¡En esa misma forma como se coarta el derecho de expresión de los representantes de la nación, se ha coartado el derecho de todos nosotros a conocer el contenido puntual de las propuestas que se hacen por parte de quienes participaron en los foros! ¡Es verdad!, ¡es verdad!... Señor Presidentes...
(Desorden.)
El Presidente: - Le ruego que termine por favor diputado.
El diputado Eloy Vásquez López: - Vengo a nombre de los campesinos oaxaqueños, cuyos bosques que abarcan 296 mil 235 hectáreas pueden caer, si se aprueba la iniciativa como está, en manos de 15 empresas sociedades mercantiles. Y quiero decirles que en Oaxaca, con las empresas papeleras hemos tenido que luchar, porque no solamente se han apropiado de tierras y bosques, sino que también de comunidades enteras y se han convertido en algunas zonas, como en Tuxtepec y en la costa, en señores de horta y cuchillo y han intromisado los cacicazgos, regionales, ¡y eso es lo que la iniciativa está legitimando!
Por eso, nosotros hemos planteado que el debate nacional se abra y salga de aquí, de los marcos de esta Cámara de Diputados. ¡No es posible que después de que 40 personas vienen, independientemente de la capacidad de cada una de ellas, a expresar su opinión, se deje fuera a los 40 millones de interesados, que seguramente los hay, en este tema! ¡Necesitamos sacar a debate al nivel de todo el país y no basta con que las legislaturas locales discutan una iniciativa que ya se apruebe aquí! ¡Necesitamos ir allá, escuchar a los campesinos, no sólo a sus dirigentes y
después venir y discutir serenamente, analizando en forma juiciosa, para establecer lo que vale la pena, el consenso nacional nuevo en torno a la cuestión agropecuaria.
¡El Partido de la Revolución Democrática lo ha dicho, que se opone de manera mecánica o de manera irracional a estas reformas!, ¡queremos cambios en el 27, tenemos propuestas puntuales, las vamos a hacer, pero queremos que sea un debate nacional, en donde participemos todos y principalmente los campesinos¡ (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos tiene la palabra el diputado Miguel Angel León Corrales, le ruego se sujete por favor al 102.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - La Constitución Política de 1917 tiene como primera característica ser producto de un movimiento armado; aún antes de 1910 y hasta la finalización del movimiento armado, este movimiento cobró varios cientos de miles de vidas, por cierto principalmente de campesinos. El Constituyente de 1917 recogió en el artículo 27 las demandas de la principal corriente social del movimiento armado. Podemos afirmar pues, que el artículo 27 constitucional es, sin duda, una de las columnas vertebrales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El primer paso de la actual legislatura consiste en cambiar radicalmente, no en reformar, repito, en cambiar radicalmente el artículo 27 constitucional. La iniciativa trastoca por completo el complejo cúmulo de relaciones de todo tipo que hoy existen en el campo mexicano y con esto en la práctica se transforma el contenido global de nuestra Constitución.
¿Por qué la prisa? ¿Cuál es el trasfondo de la prisa salinista por transformar la Constitución? En efecto, existe una enorme prisa por hacer a un lado el proyecto revolucionario de principio de siglo, cuya meta directa era la justicia social y en el trasfondo de todo esto se encuentra la imposición del proyecto neoliberal como eje de nuestra Constitución.
La iniciativa para cambiar el artículo 27, "de facto" transforma el pacto social emanado de la Revolución Mexicana al cambiar radicalmente uno de los principales aspectos de este pacto social y se pretende aprobar la iniciativa sin tomar en cuenta a los poseedores de los 106 millones de hectáreas que se encuentran en manos de ejidos y comunidades, sin tomar en cuenta la opinión de los 27 mil ejidos y 2 mil comunidades que existen en este país.
Se dice que el Constituyente de 1917 conformó el artículo 27 en tan sólo dos días, pero lo hizo después de un debate nacional de varios años que incluso se dirimió con las armas; y esta legislatura pretende transformar el artículo 27 con un remedo de debate nacional. Vinieron aquí a la Cámara de Diputados 43 expositores, la mayoría mecánica de esta legislatura hizo el vacío con las exposiciones. En ningún momento las comisiones unidas que trabajaron la discusión en torno al 27, leyó conclusiones que tengan que ver con este supuesto debate nacional. La mayoría mecánica no lo tomó en serio.
En ningún momento en la lectura que se acaba de hacer de la iniciativa, las comisiones unidas que trataron este punto dan la más mínima cuenta de propuestas, puntos de vista y planteamientos que se hicieron en este debate. El Constituyente de 1917 armó el artículo 27 después de una revolución, la LV Legislatura pretende cambiar este artículo después de un remedo de debate nacional. Los ejidatarios y los comuneros en ningún momento han sido tomados en cuenta.
Por esa razón, el Partido de la Revolución Democrática estamos en contra de la manera como se pretende implementar la aprobación del dictamen, no por cuestiones administrativas de métodos, sino porque consideramos incorrecto que un artículo como el 27 sea transformado sin un debate nacional que tome de manera clara en cuenta a la nación. (Aplausos.)
El Presidente: - ¿Con qué objeto? Para hechos tiene la palabra, de acuerdo con el artículo 102 cinco minutos.
El diputado Enrique Arzate: - Compañeras y compañeros:
Se llegó a un acuerdo parlamentario de que se consultaría la reforma del artículo 27 constitucional a nivel nacional, fundamentalmente a los campesinos y como prueba fehaciente de que no se cumplió el acuerdo, tengo en mi poder el resultado de la consulta a los campesinos de la zona sureste del estado de Guanajuato, agrupados en las uniones de ejidos "Ideas y Progreso 1991", "Artículo 27 Constitucional" y "Tierra y Libertad", la cual viene acompañada de firmas de comisariados ejidales, con sellos y firmas de productores, debido a que no se han podido presentar, en virtud de que no se cuenta hasta la fecha con los apoyos económicos acordados.
Con al anterior se demuestra que es necesario la consulta nacional, prueba por lo que no ha concluido este debate.
Compañeros y compañeras: Si mal no recuerdo, el secretario de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, profesor Carlos Hank González, cuando ocupó la Secretaría realizó una consulta nacional, distrito por distrito, para estructurar el programa para la modernización del campo. ¿Por qué ahora no?
No se puede votar el dictamen mientras no se consulte a los campesinos de este país, ya que no existe el consenso y debe ser mediante un referendum nacional, para que sea el pueblo de México quien decida sobre estos cambios, que son fundamentales para la vida política, económica y social del país. Sabemos que no existe la figura de referendum, por lo que se considera necesario su legislación.
Los cambios que se proponen para modificar nuestra idea de nación por medio esta iniciativa, no pueden ser aprobados si no existe el consenso nacional que ya se ha mencionado y no la forma caricaturesca que se realizó en días anteriores en este recinto, que ocupó para ello menos de 30 días de consulta. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos y le hacemos la misma recomendación a ajustarse a los cinco minutos del 102.
El diputado Josafat Arquimides García Castro: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes partes de nuestro estado de Guerrero y queremos decirle con toda sinceridad que existe una gran preocupación y un gran malestar en el sector campesino guerrerense.
Hemos deducido que éste, al igual que el gobierno anterior, no ha sabido o no ha querido considerar los intereses específicos del campesinado explotado, por lo que en ningún momento ha dado muestras de tener la mínima disposición de dar solución a los problemas agrarios, por el contrario, pretende dar una salida global, antipolar, antidemocrática y que viola la esencia del ideario revolucionario y constituyente, porque pretende acelerar el proceso de proletarización con un consecuente fortalecimiento del capital privado, dentro de un marco de corporativización que fortalece al capital del estado, quien responde a las presiones de los capitalistas nacionales y extranjeros que imponen su hegemonía en y al grupo en el poder, además responden a las condiciones que le imponen los países neocolonialistas como requisito para firmar el Tratado de Libre Comercio.
La crisis que se vislumbra en el desarrollo de la producción agrícola, ha dado lugar a la confrontación de dos proyectos que intentan solucionarlo. Un proyecto es elitista, proimperialista y represivo, que hasta ahora tiende a tomar la batuta valiéndose de una ilegítima mayoría que tiene en este recinto parlamentario. El otro proyecto es pluralista, amplio, nacionalista y de corte progresista, al que se pretende doblegar por encima de las fuerzas sociales que lo sustentan.
La historia nos ha demostrado que la trayectoria de la reforma agraria en México ha respondido y ha dependido esencialmente de dos factores fundamentales: primero, de la correlación de fuerzas que presionan al Estado, el cual, según el momento, responde en uno y otro sentido, haciendo malabarismos para sostener el proyecto presidencialista. El segundo, de la capacidad de lucha y organización de los grupos campesinos que demandan y exigen de tierras.
También los hechos nos han demostrado que este pueblo sensato, humilde y callado, se puede convertir en una gran fuerza capaz de derrumbar los diques de la explotación, de la miseria y de la prepotencia, más aún, cuando se trata de defender el único patrimonio que tienen los campesinos para medio subsistir él y su siempre numerosa familia.
Con excepción del gobierno cardenista, los regímenes emanados, entre paréntesis, de la revolución, han tenidido siempre a escamotear el reparto frenando, limitando, entregando cerros áridos y desiertos, levantando doble piso a lo ya dado, emitiendo leyes y juicios como el amparo agrario, certificados de inafectabilidad ganadera, entregando papeles sin tierra, solapando latifundios, protegiendo caciques, ignorando asesinatos o cometiéndolos, ampliando la extensión inafectable, etcétera, etcétera.
En síntesis, el gobierno priísta se ha encargado de promover que, en general, en el último de los casos ha aprovechado. Difícilmente en un discurso priísta hace falta un elogio a la gran labor agraria, sin importarles las grandes contradicciones históricas de conjugar, en un mismo principio, el ideario de Zapata y la demagogia de sus autores intelectuales de su asesinato.
Señores diputados, podía justificarse el hecho de que se legisle a vapor las iniciativas de los presupuestos de ingresos y egresos, así como todo lo relacionado al área fiscal, por tener que entrar estas iniciativas en vigor en 1992. Pero no es aconsejable que legislemos con celeridad iniciativas
como la del 27 por la trascendencia que representa a mediano y largo plazo. Además considero que tenemos suficiente tiempo para seguir analizando y discutiendo esta iniciativa.
Aceptemos la propuesta de promover foros representativos donde participen, quienes en realidad trabajan la tierra y que sean ellos, los campesinos, quienes decidan sobre todo lo relacionado a la iniciativa de la reforma del 27. Muchas gracias.
El Presidente: - ¿Con qué objeto, diputada?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Para hechos, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos.
Esta Presidencia tendrá toda la paciencia para escuchar a los oradores y desde luego estamos seguros que la asamblea no aceptará ninguna provocación. Tiene la palabra.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Gracias, señor Presidente; señoras y señores diputados:
El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, junto con otros partidos, en su momento hizo la solicitud para que esta iniciativa de la cual somos conscientes de que trastocará absolutamente la actividad económica y social del campo, fuese sometida a un amplio debate nacional.
No entendemos por qué la mayoría en esta Cámara se sigue obstinando en hacer pasar una iniciativa de esta importancia como si fuese cualquier otra cosa, una iniciativa que pasará al vapor.
Es responsabilidad y es obligación del Partido de la Revolución Democrática, de hacer un nuevo llamado a esta mayoría y a este pleno de la Cámara, para que asuman la responsabilidad que tendrán para el futuro del país, de seguir con este procedimiento. Quisiéramos por un momento que ustedes se imaginasen más allá de las órdenes que tienen del Poder Ejecutivo, por hacer pasar esta iniciativa a como dé lugar, por hacerla pasar para crear las condiciones de la negociación del Tratado de Libre Comercio, porque han sido esas las demandas que los grupos financieros económicos más importantes del país, los grupos financieros internacionales encabezados por Rockefeller desde 1983 en la visita que hace a México, solicita ya que la única manera para que la crisis económica del país se resuelva, es que se abra a la inversión extranjera, sectores que la Constitución hasta ese momento no permitía.
Sabemos también que es una solicitud del Banco Mundial, en una de sus recomendaciones en mayo de 1989, cambiar la legislación y cambiar las restricciones en la Constitución que protegen al sector social como un pilar de desarrollo y de protección al campesino y a la nación.
Quisiéramos que ustedes recordaran que la estipulación que se encuentra en el artículo 27 constitucional es fruto no de una consulta de dos semanas, no de los estudios que ustedes pudiesen haber hecho en los últimos años; es producto de la primera revolución social del Siglo XX en el mundo, la primera que reconoce los derechos sociales de los trabajadores, la primera que reconoce que vivimos en una sociedad de desiguales y que es obligación del Estado aspirar a la igualdad protegiendo a los desiguales.
Lo que se está haciendo con esta iniciativa es la privatización del ejido; no solamente la privatización del ejido.
Señores de la mayoría, sean ustedes conscientes del país que están construyendo con el permiso y la autorización que se hace ahora de los latifundios.
Queremos hacer un último llamado porque consideramos que esa es nuestra responsabilidad como partido. No venimos aquí a hablar a nombre solamente del Partido de la Revolución Democrática, venimos a hablar a nombre de los millones de campesinos y de productores del campo, a los cuales no se les dio la oportunidad de ser escuchados sobre lo que constituirá su futuro como familia, como individuos, como ciudadanos y el futuro de la nación. Les hacemos un último llamado, señores de la mayoría, para que reconsideren esto. Si tan seguros están de que no habrá ningún rechazo social a su iniciativa, no entendemos por qué no se abre el debate fuera de esta Cámara, con todo el tiempo y los recursos necesarios para que los ciudadanos y las organizaciones sociales y los distintos sectores, nos hagan llegar esta iniciativa.
No puede ser, como decía ayer un diputado de la mayoría, que si en el Constituyente de 1917 bastó un día para su discusión, ¿hoy porqué no lo podemos hacer? Que a ustedes se les olvide que esa discusión tenía detrás a un millón de muertos que sacrificaron su vida por un mejor país, que sacrificaron comodidades, que sacrificaron todo, que se lanzaron a la revolución, ahora ustedes quieran borrar de un plumazo y
hacer equiparar este remedio de consulta con lo que fue, repito, la primera revolución social del Siglo XX.
Es entonces nuestra obligación hacer de nuevo un llamado a todos ustedes, para que se reconsidere la propuesta de ampliar este debate nacional, para que también se abran los medios de comunicación para el debate que se dé en la Cámara.
Por todas estas razones, señores diputados y diputadas, el grupo parlamentario de Partido de la Revolución Democrática, como una medida de presión y en espera de que ustedes lo reconsideren, haremos la toma de la tribuna por 60 minutos, a fin de que se hagan estas consideraciones.
(Desorden.)
RECESO
El Presidente (a las 13.43 horas): - En mi carácter de Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 77 constitucional y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en vista de la actitud asumida por el grupo parlamentario del Partido De la Revolución Democrática de impedir que se continúe con el desarrollo de la sesión, convocada y acordada por el pleno de esta Cámara, tengo a bien acordar que los trabajos que se encuentran en el orden del día aprobado por el pleno de esta soberanía, se continué desarrollando en el auditorio número cinco, que se encuentra ubicado en el primer piso de este recinto. Rogamos trasladarnos a ese lugar.
Presidencia del diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza
El Presidente (auditorio número cinco, 14.00 horas): - Se reanudan los trabajos de esta sesión y se ruega a la Secretaría continué con los asuntos en cartera.
CONDECORACIONES
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez;
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe "Francisco Esteban Gómez" que le confiere la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos del estado de Nueva Esparta de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III, del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe "Francisco Esteban Gómez, que le otorga la Sociedad Venezolana de Implantodonólogos del estado de Nueva Estarta de Venezuela.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1991. - César Augusto Santiago Ramírez, presidente: Juan de Dios Castro Lozano, secretario; Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Porfirio Alarcón Hernández Cuahutémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Alberto Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Antonio Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo Jorge González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alonso Kunz y Bolaños Benigno López Mateos Cuahtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo
Aispuro, Juan Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zuñiga Galeana.»
Trámite: - Primera lectura.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen, el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1991. - César Augusto Santiago Ramírez, presidente: Juan de Dios Castro Lozano, secretario; Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octaviano Alaniz, José Porfirio Alarcón Hernández Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Alberto Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González Pedro de León Sánchez Rodolfo Antonio Echeverría Ruiz Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo Jorge González Díaz, José Antonio González Fernández Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alonso Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Juan Ramiro Robledo Ruiz Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar Ricardo Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares Jorge Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: Primera lectura.
NOMBRAMIENTO
La secretario diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de
la Peña Stettner, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega, en Guadalajara, Jalisco.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega, en Guadalajara, Jalisco.
Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 1991. - César Augusto Santiago Ramírez, presidente; Juan de Dios Castro Lozano, secretario: Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Porfirio Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Alberto Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortes García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Antonio Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo Jorge González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alonso Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo, Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zuñiga Galeana.»
Trámite: Primera lectura.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 26 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja, para prestar servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia, en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 27 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Tailandia, en México, serán como jardinero, y
c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado B del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja, para que pueda prestar sus servicios como jardinero en a Embajada de Tailandia en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - México,
Distrito Federal, a 29 de noviembre de 1991. - César Augusto Santiago Ramírez, presidente; Juan de Dios Castro Lozano, secretario; Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octaviano Alaniz Alaniz, José Porfirio Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Alberto Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto Marcos Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez Rodolfo Antonio Echeverría Ruiz, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Cevallos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, José Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo Jorge González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín Ernesto Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique Gabriel Jiménez Remus, Adolfo Alonso Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Aviles, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo y Meltis, Juan Ramiro Robledo, Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime. Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther de Jesús Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: Primera lectura.
PROPOSICIÓN
AGRESIÓN A PERIODISTAS
El presidente: Honorable asamblea:
Oportunamente pidió el uso de la palabra el compañero Andrés Barba Barba, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia.
Se concede la palabra al diputado Andrés Barba Barba.
El diputado Fernando Estrada Samano (desde su curul): - Señor Presidente , le preguntaría si fuera posible que él interviniera inmediatamente después del siguiente punto del orden del día.
El Presidente: Esta Presidencia no tiene ninguna objeción y por tanto se concede el uso de la palabra al diputado Arturo Fuentes Benavidez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una denuncia.
El diputado Arturo Fuentes Benavidez: - Con permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
El texto que voy a leer, es un punto de acuerdo que lo signa la fracción panista del estado de Nuevo León y dice así, viene dirigido a la LV Legislatura:
«Honorable Cámara de Diputados: La prensa nacional ha dado cuenta en los últimos días, de la renuncia del señor Jesús Cantú Escalante, a la dirección del periódico El Porvenir de Monterrey, Nuevo León.
La renuncia de un director de un periódico, en sí misma no sería motivo de mayores consideraciones, sino fuera porque en el caso que nos ocupa el mencionado señor Cantú, da a conocer como causa que lo obligaron a dejar la dirección que venía desempeñando durante una década, las presiones, amenazas y hostigamientos de que fue objeto.
Efectivamente, señores diputados, en el caso que nos ocupa se puede advertir, según lo narró el señor Cantú Escalante, con motivo del desempeño de su trabajo, sufrió amenazas telefónicas y escritas; agresiones físicas a los miembros de su familia y muchas otras formas de intimidación que finalmente lo imposibilitaron a la realización de sus labores periodísticas.
Más aún, narra el agraviado, con todo tipo de detalles: lugares, fechas, funcionarios y diálogos, la forma como se le prisionó para renunciar.
Lo anterior nos lleva a concluir que se trata de una renuncia que dista muchos de ser libre y voluntaria del director de El Porvenir. Que de ninguna manera se trata de una decisión personal por así convenir a sus intereses, en un ambiente de
libertas y justicia, la denuncia pública del señor Cantú Escalante, nos hace suponer fundamentalmente que una vez más se golpea en México a la prensa libre; que una vez más los intereses del grupo gobernante están por encima de las garantías constitucionales y que una vez más, los derechos del pueblo de México a ser oportuna y verazmente informado, no se respetan.
La lista interminable de periodistas agredidos y muchas veces asesinados en este país, precisamente por ejercer libre y valientemente su profesión, es de todos conocida, como también lo es el alto grado de impunidad que ha favorecido a los agresores.
Señoras y señores diputados: Nosotros como representantes del pueblo de Nuevo León, no podemos ser insensibles ante este tipo de acontecimientos y ello motiva a los diputados panistas noeloneses que formamos parte de esta legislatura, a solicitar al pleno de la cámara el siguiente.
PUNTO DE ACUERDO
Turna el texto de esta intervención con las diferentes notas periodísticas que aquí acompaño, que es la editorial de El porvenir del día 25 de noviembre, el artículo que publica el periódico El Norte del martes 26; la revista Este País de este mes de noviembre.»
Turno este texto de esta intervención de las diferentes notas periodísticas, que dejo en manos de la Secretaría, a las comisiones de Derechos Humanos y de Información, Gestoría y Quejas, para los efectos legales conducentes.
Señoras y señores diputados: La modernidad de México requiere de una prensa libre, Los mexicanos libres requieren de una prensa libre. Cuando tomamos la protesta nos comprometimos a respetar la Constitución. En las manos de ustedes está para que México sea modernista, como dice nuestro primer mandatario. Muchas gracias por su atención.
El Presidente: - Para nombrar el criterio de la asamblea, se ruega a la Secretaría dar lectura al artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
Artículo 58. Las proposiciones que no sean iniciativas de ley prestadas por uno o más individuos de la Cámara, sin formar los que la suscriben mayoría de diputación, se sujetarán a los trámites siguientes:
I. Se presentarán por escrito firmadas por sus autores al Presidente de la Cámara y serán leídas una sola vez en la sesión en que sean presentadas. Podrá su autor o uno de ellos si fueren varios, exponer los fundamentos y razones de su proposición o proyecto;
II. Hablarán una sola vez dos miembros de la Cámara, uno en pro y otro en contra, prefiriéndose al autor del proyecto o proposición, y
III. Inmediatamente se preguntará a la Cámara si admite o no a discusión la proposición. En el primer caso se pasará a la comisión o comisiones a quienes corresponda y en el segundo se tendrá por desechada."
El presidente: - Ruego a la Secretaría proceda a dar lectura al planteamiento que hace el señor diputado Fuentes Benavidez.
La secretaria diputada A, Irma Piñeiro Arias: - LV Legislatura. Honorable Cámara de Diputados. La prensa nacional ha dado cuenta en los últimos días de la renuncia del señor Jesús Cantú Escalante...Perdón.
"Punto de acuerdo. Turnar el texto de esta intervención con las diferentes notas periódisticas que dejo en manos de la Secretaría, a las comisiones de Derechos Humanos, de Información Gestoría y Quejas, para los efectos legales conducentes."
El Presidente: Se pregunta a la asamblea si alguien quiere hacer uso de la palabra.
Tiene la palabra el compañero diputado Rogelio Villarreal.
El diputado Rogelio Villareal Garza: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
El periódico El Porvenir es en nuestro estado uno de los más antiguos. Es un importante elemento en la historia periodística de Nuevo León. Es un periódico analítico, periódico objetivo, es un periódico crítico que durante muchos años se ha desenvuelto en su oficio periodístico de formar opinión junto con otros periódicos de Nuevo León, que lo hace en igual forma tales como: El Norte, El Diario, El Extra, El Sol, Tribuna, La Moneda, La razón, etcétera todos en un ambiente de libre expresión. Siempre.
se ha expresado sin cortapisas de ninguna especie.
Efectivamente, la semana próxima pasada, el director del periódico El Porvenir expresó su renuncia y entre sus expresiones se encontraba algunas afirmaciones personales de tipo verbal respecto a presiones para su renuncia.
Sin embargo, son razones de orden familiar, son razones propias de la empresa de las que fundamentalmente condujeron al director a presentar la renuncia.
Nosotros consideramos, estamos en desacuerdo con el punto de acuerdo, precisamente porque es un asunto que compete exclusivamente a la empresa, al consejo de administración; ellos tendrán que ver los puntos de la renuncia; ellos tendrán que ver los puntos de la renuncia y su denuncia, su denuncia, es una denuncia que no tiene ninguna fundamentación, simplemente se basa en expresiones que recibió, dice él, en forma verbal.
Consideramos que en Nuevo León existe un ambiente de libertad de expresión, que lo hacen y que lo usan toda la prensa, todos los periódicos, todos los medios de información en nuestro estado.
Por esas razones y porque consideramos que es un asunto netamente familiar y muy personal de la empresa, estamos en desacuerdo con este punto,
El Presidente: - En pro, tiene la palabra el diputado Madero.
El diputado Pablo Emilio Marcial Madero Beldín: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
¿No es un asunto familiar! En el editorial que publicó, la carta que publicó en el periódico el señor Cantú Escalante, puntualiza las razones que le obligan a tomar esa determinación y ahí hay una afirmación muy seria. O sea, recibió alguna, él dice que después de alguna publicación de una carta que puntualiza en estos documentos que se entregaron a la Secretaría, fue citado ahí en la Oficina respectiva de la Presidencia, para hablar con el encargado de estos asuntos, quien le dijo que esto, es decir, que había reglas a las que había que sujetarse, pero que si él tenía otras reglas, también podían jugar con las reglas que el tuviera. O sea, era una amenaza.
Y dice, efectivamente, al hacer otra publicación que no era del agrado d este señor, entonces sufrió la empresa, sí, es una empresa que no vive de subsidios sino de lo que vende, sufrió la agresión económica al tener represalias que incidieron fuertemente en la economía de la empresa.
Ahora, lo que está pidiendo el diputado Fuentes Benavidez, no es que se vote aquí en un sentido o en otro, sino que se turne a comisiones y se investigue. Si tenemos temor que se investigue en comisiones el atropello a la libertad de prensa, ¿caray! está muy grave la situación.
Yo por eso los invito a que no tengamos miedo a que se investigue. Nada más es lo que está proponiendo el diputado Fuentes Benavidez.
Sería muy grave que esta diputación tuviera temor a que se investigara una denuncia tan concreta como la que se está presentando en esta tribuna. Muchas Gracias.
El presidente: Tiene la palabra, el diputado Esteban Zamora Camacho.
El diputado Esteban Zamora Camacho: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados, compañeros periodistas:
Tenía que llegarse el momento, porque es cuestión crucial de nuestra vida nacional, que en esta tribuna se debatiera sobre la libertad de información y se ha dicho aquí en México y se dijo que en Monterrey, hay libertad de información y yo diría por conocimiento, por experiencia personal, que es cierto.
Afortunadamente México no es una dictadura, pero sí es una dictaminada y las libertades públicas, la de información entre otras, hay que defenderlas furiosamente a veces, día con día y en el momento en que los mexicanos cedamos en la defensa de nuestras libertades y de los derechos humanos, vamos de cabeza a la dictadura total, por eso es importante que en estos momentos no se cierre a debate esta asamblea, bajo el pretexto muy superficial de que se están debatiendo cuestiones internas de una empresa no señores, es la libertad de expresión la que va de por medio.
Y voy a coincidir con lo que ha dicho mi compañero Pablo Emilio Madero. Los diputados de la mayoría, antes les decíamos "mayoría mecánica, ahora es ante "mayoría cibernética", se pondría en evidencia si se cierran a que las comisiones que se han señalado entren a investigar. Yo creo que no debemos prejuzgar, no podemos
decir, éste es un asunto cerrado, se trata de la cuestión de la familia de los Cantú y que los Cantú se arreglen. Porque en la medida en que los mexicanos nos desentendamos de los problemas de los demás, porque esto no me llega y esto no me toca, cuando dejemos de ser solidarios, en la acepción correcta de solidaridad entonces sí este país se nos desbarataría en las manos y precisamente lo que nos ha mantenido, lo que no ha hecho salir a flote después de esta crisis, ha sido la gran solidaridad entre mexicanos.
Si me permite la asamblea, voy a hacer unas consideraciones brevísimas sobre la situación general que vive el país en materia de libertad de expresión y de información.
Hay un estudio, se los recomiendo a los señores diputados que estén interesados en el tema, escrito por un periodista muy estudiosos, muy acucioso, que se llama Carlos Moncada; es un libro que se encuentra en el mercado, se llama "Periodistas Asesinados".
El estudio de Carlos Moncada es una relación a los casos en los que la represión ha llegado al máximo, es decir, al sacrificio de periodistas, pero entre el hostigamiento, entre las tentativas de ablandamiento y el asesinato de periodistas, hay toda una gama de formas de represión.
Carlos Moncada analiza aproximadamente 100 casos de periodistas asesinados, desde la época de don Porfirio hasta nuestros días, él terminó su estudio en noviembre de 1990 y por desgracia y esto debe hacernos que nos mantengamos en un estado de alerta y que no desechemos las denuncias contra la libertad de información pretextando que son asuntos de familia, después de terminado el estudio de Carlos Moncada, ha habido casos dolorísimos como el de Gabriel Venegas, que todavía no se investiga suficientemente y el doctor Víctor Oropeza, en Ciudad Juárez Chihuahua.
Ser periodista en todos los niveles, desde la dirección y descendiendo hasta el trabajo diario en perseguir la información en las fuentes, sigue siendo en nuestro país un oficio muy peligroso. Ciertamente en la lista de periodistas asesinados que se ha hecho pública, que no es total seguramente, hay muchos casos en las que el oficio del periodista o la profesión, si ustedes quieren, no tuvo qué ver con la causa del asesinato, pero hay muchos, desgraciadamente, en que el trabajo del periodista fue lo que lo llevó al sacrificio.
En el estudio a que he hecho referencia, mi estado, Sinaloa, ocupa el primer lugar en periodistas sacrificados en lo que va del siglo, del porfiriato a la fecha, empanzando por el asesinato de José Valadés, en Mazatlán.
Y uno de los casos más tristes dolorosos, más recientes, fue el de Manuel Burgueño Orduña, un periodista asesinato en su casa, en Mazatlán, en presencia de su familia y lo hizo para nosotros los reporteros más dolorosos el asesinato de nuestro compañero, fue la actitud del subprocurador de Justicia, entre comillas muy entre comillas del sur de Sinaloa; que tuvo la desvergüenza de decir que ese señor andaba buscando cumpulsivamente la muerte por la forma en que escribía.
Nosotros presionamos y el infeliz ese de cuyo nombre no quiero acordarme, a pesar de que fue mi compañero en la universidad, fue puesto de patitas en la calle. Pero no es una compensación completa al agravio sufrido por la sociedad porque el asesino intelectual de Manuel Burqueño Orduña, todavía no ha sido identificado y el asesino material, el presunto responsable que fue aprehendido y llevado a la cárcel, se fugó a los pocos días de estar en prisión.
Entonces pues, el problema de la libertad de expresión, el problema de el atropello a derechos humanos, cometidos en la persona de periodistas es serio y es grave. Por eso es necesario que esta asamblea se pronuncie por poner en manos de las comisiones, como se ha solicitado, este caso y yo diría todos los demás que están pendientes, para que se investigue.
No damos el espectáculo de cerrar los ojos y como asamblea, enterrar la cabeza en la arena ante un problema serio.
En consecuencia, señores diputados, creo que es pertinente la solicitud, el apoyo en nombre de la fracción parlamentaria de mi partido, de que el caso denunciado por el compañero Fuentes Benavidez, se lleve a las comisiones y sea investigado para que en todo caso, no quede ninguna duda al respecto. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: Tiene la palabra el diputado Eloy Cantú Segovia, para hechos.
El diputado Eloy Cantú Segovia: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Definitivamente un común denominador a todos nosotros, es que estamos a favor de la libertad de expresión, un derecho constitucional que todos queremos cotidianamente ver respetado.
He pasado a la tribuna por una preocupación. Aquí se ha establecido por los oradores de Acción Nacional una situación que merece ser aclarada. Se han establecido analogías entre casos que ellos han planteado, en donde se pueden considerar conductas que se han tipificado como delitos y donde hay instancias legales para perseguir a través de la acción penal a quien realmente traslade el orden jurídico con una situación que es totalmente diferente.
En el caso de la renuncia del director general del periódico El Porvenir, no hay una denuncia, no hay un delito, no hay una acción penal a perseguir, no hay una sustancia jurídica por la cual se pueda proceder ante tribunales o inclusive en los casos en que esta Cámara debe intervenir.
Por ello, yo quiero solicitar a esta Cámara que tenga a bien votar en contra de esta propuesta, porque realmente no estamos en presencia de una situación que tenga mérito jurídico para que intervenga esta Cámara; y reitero las razones que se han expresado por el compañero diputado Rogelio Villarreal, son las razones que nosotros compartimos, fueron el propósito por el cual el licenciado Jesús Cantú Escalente renunció a dicha dirección general.
Y en estas razones no hay ninguna de orden jurídico ni de orden legal ni de orden penal que dé lugar a una investigación. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea si se admite o no a discusión la proposición.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica, se pregunta si se admite a discusión la proposición.
Los que estén por la afirmativa, ponerse de pie...
Los que estén por la negativa, pónganse de pie... Desechada, señor Presidente.
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
El presidente: - De conformidad con lo que dispone el artículo 29 del reglamento, se concede la palabra al diputado Andrés Barba Barba, del Partido Acción Nacional, para prestar una denuncia.
El diputado Andrés Barba Barba: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
En esta ocasión soy portavoz de un grupo de ciudadanos chihuhuenses que presentan ante ustedes la denuncia que a continuación voy a leer:
En el estado de Chihuahua, en general y en Ciudad Juárez en particular, es asombrosa la magnitud alcanzada por la violencia durante los últimos años. Y en especial durante los últimos meses, en que destaca el número de asesinatos perpetrados con armas de fuego.
No sólo las calles, plazas y terrenos en despoblados son lugares donde se han cometido homicidios, Los estacionamientos de centros comerciales, las oficinas de trabajo y aún los domicilios particulares se han tornado en sitios de ejecución.
Prolijo sería enumerar a ustedes los diversos casos de homicidio de los últimos 24 meses, donde no sólo se han perdido vidas de personas presuntamente involucradas en actividades ilícitas, sino aun de personas de reconocida honorabilidad que incluyen al sacerdote Guillermo Madrigal, torturando y muerto en su domicilio junto a un joven matrimonio. Así como al también joven Juvencio Dante Morales, muerto en los separos de la aduana fronteriza y al articulista antes mencionado, doctor Víctor Manuel Oropeza, torturado y asesinado en su consultorio.
Casos que se suman a los registrados hace más de un año, como lo fue el asesinato de la periodista Linda Bejarano, o la desaparición de un sicólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, todos ellos muertos en condiciones y por motivos aún no totalmente esclarecidos, pero ciertamente injustos y brutales.
Durante los últimos tres meses han ocurrido numerosos asesinatos, tan sólo 20 de ellos cometidos en los últimos 15 días. Se incluye en dichos sucesos a un agente de la Policía Judicial Federal, acribillado cuando salía de su casa; a un excomandante de Aduanas, ametrallado en su vehículo en el estacionamiento de un centro comercial; a un joyero encontrado muerto a bordo de su automóvil; a dos personas asesinadas el pasado fin de semana en la habitación de un hotel y a un empresario en bienes raíces y su empleado muertos en su oficina. Todos ellos asesinados con armas de fuego y con tiro de gracia.
Como usted comprenderán, señores diputados, el incremento de la violencia y sus continuas manifestaciones, han rebasado ya el límite de lo tolerable, la sociedad juarense se encuentra no sólo desconcertada, sino indignada e irritada,
pues se siente víctimas del clima de inseguridad y de violencia máxima.
Esto como en ninguna otra época y lo peor sin protección eficaz de las autoridades competentes. Por lo tanto, respetuosa y atentamente solicitamos a esta honorable Cámara de Diputados se acuerde el siguiente punto:
Requiere del ciudadano gobernador del estado de Chihuahua informe a este representación nacional respecto del avance en las investigaciones de los hechos antes mencionados y del problema preventivas que su gobierno está instrumentando.
Asimismo , solicitamos sea turnado este asunto a la Comisión de Gestoría y Quejas.
¡Señores, el don de la vida es también el derecho más preciado por el ser humano! Por eso les pedimos que den respuesta a éste, que es un reclamo popular. Por su atención gracias. (Aplausos).
El Presidente: - En los términos del artículo 58 se pregunta a la asamblea si hay algún orador en contra.
Tiene usted la palabra, diputado Carlos Morales.
El diputado Carlos Morales Villalobos: _Con el permiso de usted, señor Presidente: compañeros diputados:
Hemos escuchado con atención lo manifestado por un diputado de Acción Nacional.
La seguridad pública y la procuración de justicia en el estado de Chihuahua, ha sido y seguirá siendo en todo momento un compromiso para atacarla hasta sus últimas consecuencias. El señor gobernador, licenciado Fernando Baeza Meléndez, ha girado instrucciones desde el inicio de su gestión para atacar hasta sus últimas consecuencias todo lo relacionado con el narcotráfico y sobre todo, para proteger la integridad física y patrimonial de todos los ciudadanos des estado de Chihuahua.
Esto lo hemos visto reflejado, sobre todo, en las instrucciones giradas a la procuraduría del estado y a todas las dependencias que de él emanan. Hemos visto cómo nos hemos modernizado; hemos estado presentes en la integración de los consejeros de seguridad pública del estado, donde forman parte muchos de los partidos que aquí se encuentran presentes.
En los municipios, de la misma manera, se ha contado con la presencia de organizaciones, asociaciones y organismos empresariales para estar al pendiente del desarrollo de la seguridad pública, no única y exclusivamente en Ciudad Juárez sino en todo el estado. Que si bien es cierto que tenemos nosotros actos delictuosos, los tenemos en todo el país, con la normalidad que esto lo permite.
En plano internacional ha venido objetando la postura de muchas otras personas para atacar estos preceptos. Nosotros en el estado de Chihuahua y en el país estamos concientes del esfuerzo que se ha realizado por atacar la violencia.
Lo que se ha manifestado hace unos momentos efectivamente puede considerarse de que sea necesario realizar investigaciones, pero esto está en poder de la autoridad competente y como tal se debe de manejar el respeto a la autonomía y soberanía de los estados, en este caso para el estado de Chihuahua.
Por lo tanto, nosotros consideramos que no es oportuno ni estamos de acuerdo en que se cite el señor gobernador del estado de Chihuahua a que venga a ser cuestionado en momentos en que realmente se ha respetado la soberanía y la autonomía de los estados.
Por lo tanto, nosotros consideramos que no es oportuno ni estamos de acuerdo en que se cite al señor gobernador del estado de Chihuahua a que venga a ser cuestionado en momentos en que realmente se ha respetado la soberanía y la autonomía de los estados.
En Chihuahua se ha combatido la delincuencia se cuenta con todos los organismos judiciales. Asimismo se está pendiente de la modernización de todos los cuerpos de procuración de justicia. Muchas gracias.
El Presidente: tiene usted lo palabra, diputado Jiménez Remus.
El diputado Enrique Gabriel Jiménez Remus: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En la primera proposición que se sometió a la atención de esta asamblea por parte de mi compañero diputado Fuentes, no se pedía que esta asamblea emitiera un juicio anticipado sobre los hechos denunciados. Simplemente que se abriera la posibilidad reglamentaria para que una comisión o comisiones conjuntas investigaran los hechos denunciados por mi compañero diputado.
Mi compañero diputado también estaba en Zamora, hizo una reflexión seria el peligro que puede representar para todos los mexicanos el hechos de que la libertad de expresión se vea en alguna forma amenazada.
Y yo pienso que flaco favor le hicieron ustedes señores compañeros diputados de la mayoría a su compañero diputado Otto Granados, al negar la investigación de la imputación del señor director de que se trata, el señor Cantú y ante la negativa de la mayoría porque este asunto se investigara. Bueno, pues yo espero que, por honor, Otto Granados en los próximos días presente una acusación penal en contra del señor Cantú por difamación por calumnias o por otro delito que se le parezca.
¿De lo contrario, quedará firme la versión de Cantú; en agravio del periodismo nacional y de la libertad de expresión de México. (aplausos.)
Pero este antecedente lo traigo a colocación, por que nuevamente un diputado de Acción Nacional pide que entre a funcionar, por su propia naturaleza, una comisión de la Cámara para que investigue lo que está sucediendo en el estado de Chihuahua y quizá en otros estados de la República.
Y viene un diputado del Partido Revolucionario Institucional a decirnos que se viola la soberanía que no acepta que se cite a Fernando Baeza gobernador constitucional, porque él ha dado intrusiones precisas a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se abata la criminalidad en el estado de Chihuahua.
Caray, pues hablando otro leguaje, diputado Nosotros no estamos pretendiendo convertirnos en policías de Chihuahua. Nosotros sabemos y respaldamos la autoridad estatal de cualquier estado de la República. ¿Pero dígame usted, señor diputado, por favor, si existe alguna disposición que impida que el Congreso de la Unión, concretamente la Cámara de Diputados solicite informes!
¿No estamos prejuzgando lo que sucede en Chihuahua! ¡No queremos someter en el banquillo de los acusados a Fernando Baeza! ¡Qué informe! ¡y si la mayoría priísta sigue con esta mecánica de negar la participación de los diputados y el funcionamiento natural de la comisiones de esta. Cámara , señores, yo les aseguro que esto no puede funcionar así! y que habrá una distancia enorme entre lo que se dice de la participación democrática de todas las fuerzas de este Congreso, con el hecho que se demuestra con esta negativa pertinaz, en juicio de los intereses del pueblo de México! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Para hechos, tiene la palabra el diputado Fernando Lerdo de Tejada.
El diputado Fernando Francisco Lerdo de Tejada: - Con su permiso, señor Presidente compañeros diputados:
Es evidente que el sentir de esta Cámara es el respeto a la soberanía de los estados y en esos hay acuerdo creo que unánime de todas las fracciones parlamentarias.
El planteamiento que ha venido a hacer a esta tribuna Gabriel Jiménez Remus, cambia algunos aspectos fundamentales y nos da una nueva orientación respecto de la solicitud que ha venido a hacer a esta tribuna el compañero del Partido Acción Nacional.
Consideramos que hecho así, no se viola la soberanía de los estados por la situación de que esta soberanía conozca, dentro de sus facultades constitucionales y sin prejuzgar sobre los hechos, los elementos que en la tribuna se han venido a señalar.
Creemos, por lo tanto, que resulta conveniente que dentro de las facultades expresamente determinadas a esta Cámara, las comisiones correspondientes conozcan de los mismos, en los términos que se ha solicitado.
Sí dejamos claro que no se trata, en ningún momento, de prejuzgar, ni tampoco de citar ni de informar, sino de conocer hechos que aquí dentro de las facultades constitucionales de que estamos investidos.
Por lo anterior, la fracción de nuestro partido considera conveniente que la petición solicitada pase a la comisiones correspondientes. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría si se admite o no la proposición.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se consulta a esta asamblea si se admite a discusión esta propuesta.
Los que estén por la afirmativa sírvase manifestarlo...Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: Túrnese a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Continúe la secretaría con los asuntos en cartera.... Tiene la palabra el compañero diputado Felipe Calderón.
El diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa: - Señor Presidente; señores diputados:
Evidentemente sorprendido, hace uno momentos cuando se presentó el incidente en el recinto original de la Cámara de Diputados, escuché con atención el acuerdo de la presidencia en el sentido de trasladar la sesión a este otro recinto o a este otro salón.
Desde luego debo advertir que si bien es cierto no estoy de acuerdo con el procedimiento observaba por algunos diputados en este sentido de tomar la tribuna, cuando observa ello recordaba yo que el artículo 27 constitucional ha sido reformado varias veces y en las reformas que sufrió allá en la década de los treinta, a propósito de lo que alegaba quienes protestaban con este acto hace un momento, en esas reformas no hubo propiamente discusión ni debate. Todos los argumentos, si ustedes revisan el Diario de los Debates correspondiente a esas reformas, son laudatorios del Presidente de la República.
Ningún argumento se escuchó en aquella Cámara, en contra e inclusive hubo un debate en que ni siquiera discusión se presentó.
Ciertamente entonces no son congruentes esos argumentos con los que hoy se vino a esgrimir acerca de la falta de discusión o de debate, respecto de las reformas que estábamos analizando, cuando menos a la luz de otras reformas ya habidas a propósito del mismo artículo.
Pero tampoco estoy satisfecho con el trámite que se dio, de continuar la sesión en este salón. Por lo menos pido que, en los términos del reglamento, podría pedir que se discutiera este trámite y para ello hubiera necesitado pedir recabar el apoyo de dos compañeros y quiero hacerlo entonces, no lo quiero hacer así, quiero hacerlo a título personal; creo que el Presidente está sometido también al voto de la mayoría de la Cámara que preside y que cuando menos para tener la certeza de que los acuerdos tomados posteriormente a este acto, que yo considero sin fundamento, por lo menos explícito, se verifique mediante el pase de lista el quórum, para tener la certeza, cuando menos en actas, de que los acuerdos tomados por la Cámara en este salón son apegados a lo que dispone la Ley Orgánica la Constitución y el reglamento.
Pido, no en términos del 19, sino en términos de 106, que se verifique el quórum antes de declarar terminada la sesión.
El Presidente: - En los términos del artículo 106 del Reglamento Interior de esta Cámara, proceda la Secretaría a verificar el quórum. El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se procederá a pasar lista de asistencia a los señores diputados.
Señor Presidente, hay una asistencia de 325 diputados en esta sesión. (Aplausos).
El presidente: Valga este punto para hacer una reflexión antes de continuar.
Decía yo al inicio de la asamblea que el orden y la diciplina agregada a la responsabilidad, no se riñea con la democracia ni con la práctica de ésta. A reserva de proponerlo formalmente en otra asamblea, en la próxima, yo quiero apuntar la convivencia de que se apalique rígidamente la fracción XVII del artículo 21, el artículo 37, el 47, 48, 49 y 50 inclusive, así como el artículo 162, para sancionar las faltas de asistencia, para sancionar el abandono de este salón de sesiones,
Continúe la Secretaría con los asuntos en cartera.
(Aplausos.)
ORDEN DEL DÍA.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias. - Señor Presidente , se han agotado los asuntos en cartera.
Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión. «Primer Período Ordinario de Sesiones. -
Primer año. - LV Legislatura.
Orden del día.
4 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Oficio de la Secretaría de Gobernación.
Con los que se remiten los informe de labores de las secretarías de Gobernación, Comercio y Fomento Industrial, Contraloría General de la Federación; Energía, Minas e industrial Paraestatal, Pesca, Programación y Presupuesto y Relaciones Exteriores, correspondientes al período comprendido de 1990 - 1991.
Dictámenes a discusión.
De las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo 27
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, discusión y votación del dictamen en lo general.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe "Francisco Esteban Gómez", que le otorga la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos del estado de Nueva Esparta de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja, para prestar servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia, en México.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 15.21 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 4 de diciembre a las 100.00 horas.