Legislatura LV - Año I - Período Ordinario - Fecha 19911204 - Número de Diario 14
(L55A1P1oN014F19911204.xml)Núm. Diario: 14ENCABEZADO
LV LEGISLATURA
PODER LEGISLATIVO FEDERAL
DIARIO de los DEBATES
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Registrado como artículo de segunda clase en la Administración de Correos, el 21 de septiembre de 1921
PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
Dip. Rigoberto Ochoa Zaragoza
RECINTO LEGISLATIVO
CENTRO MEDICO NACIONAL
DIRECTOR DEL DIARIO DE LOS DEBATES
Héctor de Antuñano y Lora
AÑO I México, D. F., miércoles 4 de diciembre de 1991 No. 14
SUMARIO
ASISTENCIA
La Secretaría informa que hay quórum.
SE ABRE LA SESIÓN
ORDEN DEL DÍA
Se da lectura
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
Toman la palabra los diputados:
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo
Raymundo Cárdenas Hernández presenta propuesta
Se aprueba el acta en sus términos
Respecto a la propuesta del diputado Raymundo Cárdenas Hernández toman la palabra:
José Camilo Valenzuela
José Antonio González Fernández
José Camilo Valenzuela para contestar alusiones personales
Hildebrando Gaytán Márquez para rectificar hechos.
Miguel Angel Yunes Linares
Raymundo Cárdenas Hernández para rectificar hechos.
José Camilo Valenzuela
Rigoberto Ochoa Zaragoza
Miguel Angel Yunes Linares
José Camilo Valenzuela
Miguel González Avelar para rectificar hechos.
José de Jesús Martín del Campo Castañeda
Emilio Becerra González
Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, para rectificar hechos.
René Juvenal Bejarano Martínez
Se desecha la propuesta
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE
Con proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la Ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
MONEDAS CONMEMORATIVAS
ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Con proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del vigésimo aniversario del programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
D ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
Con proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del D aniversario del encuentro de dos culturas. Se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
OFICIOS DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
INFORMES DE LABORES
Siete con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Gobernación; de Comercio y Fomento Industrial; Contraloría General de la Federación; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Pesca; Programación y Presupuesto y Relaciones Exteriores. Se turnan a las comisiones correspondientes.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
Suscrito por los coordinadores de los grupos parlamentarios para la votación de los dictámenes de las solicitudes de permisos relativos a prestación de servicios, de condecoraciones y nombramientos. Se aprueba.
Toma la palabra el diputado José Camilo Valenzuela para rectificar hechos.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para aceptar y usar la que le confiere la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda para aceptar y usar la que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTO
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco. Se aprueba y pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja para prestar servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia, en México. Se aprueba y para al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL
De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de la Reforma Agraria con proyecto de decreto que reforma el dicho artículo.
Toma la palabra el diputado Jorge Tovar Montañez para presentar moción suspensiva. Se acepta para su discusión.
En torno a esta moción debaten los diputados:
René Juvenal Bejarano Martínez para hablar en pro.
Juan José Rodríguez Prats en contra
José de Jesús Martín del Campo Castañeda para rectificar hechos
Eloí Vazquez López para rectificar hechos.
Martín Tavira Urióstegui para rectificar hechos.
Tomás González de Luna para rectificar hechos.
Juan José Rodríguez Prats para rectificar hechos.
Juan Jacinto Cárdenas García para rectificar hechos.
Raymundo Cárdenas Hernández para hablar en pro.
Miguel Angel Yunes Linares, para hablar en contra.
José María Téllez Rincón, para rectificar hechos.
Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.
Carlos González Durán para rectificar hechos.
Rigoberto Arriaga Ruiz
Se desecha la moción suspensiva propuesta.
Para fijar las posiciones de cada partido y presentar votos particulares toman la palabra los diputados:
César Augusto Santiago Ramírez
Hugo Andrés Araujo de la Torre
Diego Fernández de Cevallos Ramos
Jorge Alfonso Calderón Salazar
Alberto Marcos Carrillo Armenta
Romero Flores Leal
Juan Gualberto Campos Vega
Intervienen en la discusión del dictamen en lo general los diputados:
Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez para hablar en contra
Efraín Zúñiga Galeana, para hablar en pro.
Rodolfo Toxtle Tlamani presenta voto particular.
Héctor Ramírez Cuéllar para hablar en contra.
Israel González Arregín para hablar en pro.
José Camilo Valenzuela para hablar en contra.
Jorge Zermeño Infante para razonar su voto.
Jorge Torres Castillo para hablar en contra.
Pedro Ojeda Paullada para hablar en favor.
Martín Tavira Urióstegui para hablar en contra.
Juan de Dios Castro Lozano para razonar su voto.
Miguel Angel León Corrales para hablar en contra.
Gonzalo Cedillo Valdez para razonar su voto.
Hildebrando Gaytán Márquez para hablar en contra.
Agustín Basave Benítez
Carlos González Durán para hablar en contra.
Juan Ramón López Tirado para hablar en contra.
Jorge Modesto Moscoso Pedrero para hablar en contra.
Amador Rodríguez Lozano para hablar en pro.
Héctor Morquecho Rivera para hablar en contra.
José Ramos González para hablar en pro.
Raymundo Cárdenas Hernández para hablar en contra.
Cristóbal Arias Solís
J. Jesús González Cortázar para hablar en pro.
Elpidio Tovar de la Cruz para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar
José de Jesús Martín del Campo Castañeda para hablar en contra.
Juan Jacinto Cárdenas García
Javier Guerrero García para hablar en pro.
José María Téllez Rincón para rectificar hechos.
Luis Raúl Alvarez Garín para hablar en contra.
Juan Manuel Huezo Pelayo para hablar en pro.
Josafat Arquímides García Castro para hablar en contra.
Melquiades Morales Flores
Enrique Rico Alzate para hablar en contra.
Manuel Terrazas Guerrero para hablar en pro.
Emilio Becerra González
Juan de Dios Castro Lozano para rectificar hechos.
Emilio Becerra González
Rosa Albina Garavito Elías para rectificar hechos.
René Juvenal Bejarano Martínez
Rafael Fernández Tomás para hablar en pro.
Eloí Vázquez López, para hablar en contra.
Rufino Rodríguez Cabrera
Francisco Hernández Juárez para rectificar hechos.
Cuauhtémoc López Sánchez Coello para hablar en pro.
Javier Centeno Avila
Rosa Albina Garavito Elías
Gustavo Carvajal Moreno
Emilio Becerra González para rectificar hechos.
Jorge Alfonso Calderón Salazar para rectificar hechos.
René Juvenal Bejarano Martínez para hablar en contra.
Cesáreo Morales García
Se aprueba en lo general el dictamen
ORDEN DEL DÍA
De la próxima sesión. Se levanta la sesión.
DEBATE
PRESIDENCIA DEL DIPUTADO FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA
ASISTENCIA
El Presidente: - Ruego a la Secretaría dar cuenta con la asistencia de señores diputados.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Hay una asistencia de 437 legisladores. Hay quórum, señor Presidente.
El Presidente (a las 11.16 horas): - Se abre la sesión. Proceda la Secretaría a dar lectura al orden del día de esta sesión.
ORDEN DE DÍA
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día
4 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Minutas
Con proyecto de decreto, que adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la ley que aprueba la adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su ejecución.
Con proyecto de decreto, que establece las características de la Moneda de Plaza Conmemorativa del XX aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Con proyecto de decreto, que establece las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Oficios de la Secretaría de Gobernación
Con los que se remiten los informes de labores de las secretarías de: Gobernación; Comercio y Fomento Industrial; Controlaría General de la Federación; Energía, Minas e Industria Paraestatal; Pesca; Programación y Presupuesto y Relaciones Exteriores, correspondientes al período comprendido de 1990 - 1991.
Dictámenes a discusión
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para aceptar y usar la condecoración Cívico - Militar General en Jefe "Francisco Esteban Gómez", que le otorga la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos, del estado de Nueva Esparta de Venezuela.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, para desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco.
De la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja, para prestar servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia, en México.
De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria con proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, discusión y votación del dictamen en lo general.»
El Presidente: - Gracias, diputada secretaria.
ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
El Presidente: - En virtud de que se han entregado copias del acta de la sesión anterior a los coordinadores de los grupos parlamentarios, consulte a la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez (desde su curul): - Quisiera pedir que se leyera el acta. señor Presidente.
El Presidente: - Quisiera saber si la Secretaría tiene a cuenta el acuerdo parlamentario de dispensa de lectura de las actas, primero y segundo,
si el diputado que hace la petición conoce el contenido del acta de la sesión anterior. Si puede dar lectura por favor al acuerdo si lo tiene el señor secretario.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - No lo tenemos a la mano, señor Presidente.
El Presidente: - Correcto. ¿Se entregó, pregunto a la fracción del Partido de la Revolución Democrática, se les entregó copia del acta de la sesión anterior?
La diputada Rosa Albina Garavito Elías(desde su curul): - Sí, señor Presidente.
El Presidente: - También preguntaría si tiene alguna objeción acerca del contenido del acta.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Señor Presidente, el acta de la sesión celebrada el día 3 de diciembre de 1991, aquí está firmada por las seis fracciones parlamentarias que fue recibido este documento.
El Presidente: - Tengo el recibo del acta entregada a los partidos; sin embargo por cumplimentar la petición del Diputado, dado que el reglamento aún vigente señala la lectura del acta, proceda la Secretaría con la lectura, a la brevedad posible
. El diputado Benjamín Avila Guzmán (desde su curul): - Señor Presidente, una moción. ¿Los acuerdos son para respetarlos o para que cuando nos convenga sí y cuando nos convenga no? Yo tengo entendido y si usted me indica otra cosa admitiré que estoy equivocado, que el acuerdo parlamentario fue suscrito por todas las fracciones parlamentarias. Si los señores coordinadores de las fracciones parlamentarias no le dan a conocer los acuerdos que han suscrito a sus compañeros diputados de fracción, es cuestión de ellos señor Presidente, por eso yo propongo que se continúe como se ha venido haciendo en relación con el acta y que se sujete la Cámara y la directiva a esos acuerdos parlamentarios. No conviene que los violemos cuando queramos. (Aplausos.)
El Presidente: - Quisiera haber ahorrado tiempo a usted diputado. La moción de orden es procedente si no existiera un artículo en el reglamento que prevé la lectura del acta. De cualquier manera voy a pedir a la Secretaría, con fundamento en el artículo 30 del reglamento, que dé lectura al acta de la sesión anterior en obvio de tiempo y si habrá una discusión al respecto, espero que será obviada con esta lectura.
El secretario diputado Domingo Alpizco Jiménez:
«Acta de la sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, celebrada el día tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno, correspondiente al Primer Período de Sesiones Ordinarias del Primer Año de Ejercicio de la Quincuagésima Quinta Legislatura.
Presidencia del diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza
En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con quince minutos del día tres de diciembre de mil novecientos noventa y uno, con una asistencia de trescientos ochenta diputados, el Presidente declara abierta la sesión.
La Secretaría da lectura al orden del día y, en virtud de que los coordinadores de los grupos parlamentarios han recibido copias del acta de la sesión anterior, la asamblea dispensa la lectura a dicho documento y no habiendo nadie que haga uso de la palabra, lo aprueba en sus términos en votación económica.
Solicita y se le concede el uso de la palabra al diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional, quien comunica a la asamblea el deceso del diputado federal Gonzalo Guajardo Hernández, miembro de su grupo parlamentario.
La asamblea guarda un minuto de silencio en su memoria.
El Presidente informa que se encuentra a las puertas del salón de sesiones el diputado federal Eduardo Rafael Aviña Bátiz y designa una comisión para que lo introduzca y lo acompañe en el acto de rendir su protesta de ley. Terminado el acto protocolario, el diputado Aviña entra en funciones de inmediato.
La Secretaría da lectura a dos invitaciones de los congresos de los estados de Tlaxcala y Tabasco, a las sesiones solemnes en las que sus gobernadores rendirán su quinto y tercer informe de gobierno, respectivamente. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados en dichos actos.
Una invitación del Departamento del Distrito Federal, al acto cívico conmemorativo del decimotercer aniversario luctuoso del ex presidente de la República Emilio Portes Gil. Se designa comisión para representar a la Cámara de Diputados
Un oficio de la Cámara de Senadores, por el que informa de la elección de la mesa directiva para el mes de diciembre. De enterado.
Para continuar con el orden del día, la Secretaría da lectura a varios oficios de la Secretaría de Gobernación, con los que remite los informes de labores de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Desarrollo Urbano y Ecología, de la Defensa Nacional, de Hacienda y Crédito Público, de Marina y de Salud, correspondientes al período mil novecientos noventa y uno. Se turnan a las comisiones correspondientes.
Se da primera lectura al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma el artículo veintisiete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para rectificar hechos en relación con este dictamen, se concede el uso de la palabra a los diputados Eloy Vásquez López, Miguel León Corrales, Enrique Rico Arzate, Josafat García Castro y Rosa Albina Garavito Elías, todos del Partido de la Revolución Democrática. La diputada Garavito, informa que su partido tomará la tribuna de la Cámara de Diputados por sesenta minutos y se produce desorden en la sala.
El Presidente, conforme a los ordenamientos de los artículos treinta y cuatro de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y veintiuno del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que en virtud de la situación, los trabajos de esta sesión continúen en el auditorio número cinco de este mismo recinto legislativo.
A las trece horas con cuarenta minutos se abre un receso.
A las trece horas con cincuenta y cinco minutos se reanuda la sesión en el auditorio cinco
Se da la primera lectura a dos dictámenes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, con proyectos de decreto que conceden los permisos constitucionales necesarios para que los ciudadanos Mira Yasinovsky y Jesús Hernández Ojeda, puedan aceptar y usar las condecoraciones que les confieren los gobiernos de Venezuela y los Estados Unidos de América, respectivamente.
Otro dictamen de la misma comisión, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega en Guadalajara, Jalisco. Es de primera lectura.
La Secretaría da cuenta con un dictamen de la Comisión y Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se concede el permiso constitucional necesario para que el ciudadano Arturo Menes Pantoja pueda prestar sus servicios en la Embajada de Tailandia en México. Es de primera lectura.
Hace uso de la palabra el diputado Arturo Fuentes Benavides, del Partido Acción Nacional, quien denuncia lo que llamó presiones y amenazas en contra del director del periódico El Porvenir, que lo obligaron a renunciar a su cargo, y hace una proposición.
Por instrucciones de la Presidencia se da lectura al artículo cincuenta y ocho del reglamento y se concede el uso de la palabra a los diputados Rogelio Villarreal Garza, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Pablo Emilio Madero y Esteban Zamora Camacho, del Partido Acción Nacional, en pro; Eloy Cantú Segovia, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
En votación económica se desecha la proposición del diputado Fuentes Benavides.
El Presidente concede el uso de la palabra al diputado Andrés Barba Barba, del Partido Acción Nacional, quien denuncia lo que calificó de violencia generalizada en el estado de Chihuahua y hace una proposición.
Para expresar sus opiniones sobre este asunto, hacen uso de la palabra los diputados Carlos Morales Villalobos, del Partido Revolucionario Institucional, en contra; Gabriel Jiménez Remus, del Partido Acción Nacional y Fernando Lerdo de Tejada, del Partido Revolucionario Institucional, para rectificar hechos.
La asamblea acepta la proposición y se turna a la Comisión de Información, Gestoría y Quejas.
Hace uso de la palabra el diputado Felipe Calderón Hinojosa, del Partido Acción Nacional, para expresar sus opinión respecto al cambio de salón para los trabajos de esta sesión y pide que se verifique el quórum.
Por instrucciones de la Presidencia, la Secretaría para lista de presentes y anuncia la presencia
de trescientos veinticinco diputados. Hay quórum legal.
El Presidente hace una reflexión respecto de la necesidad de que el reglamento se aplique con energía en lo que se refiere a las faltas de asistencia de los señores diputados.
Agotados los asuntos en cartera y no habiendo nadie más que haga uso de la palabra, la Secretaría da lectura al orden del día de la próxima sesión y el Presidente clausura la de hoy a las quince horas con veintiún minutos, citando para la que tendrá lugar mañana, miércoles cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y uno a las diez horas.»
El Presidente: - Gracias, señor secretario. Ruego a la Secretaría poner a consideración de la asamblea el acta. Si algún diputado desea hacer una observación a la misma, sírvase manifestarlo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra.
El Presidente: - Con todo gusto, diputado Amezcua. Si me permiten, estamos en aprobación del acta, substanciando el trámite, con todo gusto concederé el uso de la palabra.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Es con relación al acta.
El Presidente: - Tienen la palabra, el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Es necesario fijar nuestra atención en un hecho que por la primera ocasión ocurre y que sienta o sentaría un pésimo precedente si lo dejáramos caminar sin llamar nuestra atención sobre él.
En el acta que se acaba de dar lectura, se puede leer, en la página cuatro, que el Presidente de la Cámara en la sesión de ayer, fundamentando su decisión en los artículos 21 de Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tomó la decisión de que se trasladaran los trabajos de esta Cámara a un local distinto de aquel que está señalado para sus funciones.
De la lectura de ambos mandatos reglamentarios, queda perfectamente claro que ni el 21 del reglamento ni el 34 de la Ley Orgánica, conceden al Presidente ninguna Facultad que se parezca ni remotamente a la de poder trasladar los trabajos a un local distinto, a un local de comisiones, así esté dentro del recinto general de esta Cámara. Se trata entonces de un lamentable exceso en las funciones del Presidente, extremadamente lamentable, que ojalá no vuelva a ocurrir porque vulnera la respetabilidad, la seriedad y la dignidad de esta elevada representación del pueblo mexicano.
Como táctica podría ser discutible, como táctica parlamentaria, pero de ninguna manera como una decisión, puesto que ésta totalmente al margen de las normas jurídicas en vigor. El propio reglamento señala sanciones graves para un Presidente cuando se excede en sus funciones. Yo simplemente plantearía, como llamada de atención, el que no vuelva a ocurrir.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares(desde su curul): - ¿Señor Presidente, quisiera que el orador aceptara una interpelación?
El Presidente: - ¿Diputado Améxcua, acepta una interpelación?
El diputado Cuauhtémoc Amzcua Dromundo: - Con todo gusto, diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Compañero diputado Amezcua:
Usted señala que el Presidente de la Cámara se excedió en sus funciones reglamentarias al determinar que toda vez que mediante el uso de la fuerza física se había impedido el debate en esta tribuna, continuáramos el mismo en otra, ubicada dentro de este mismo recinto parlamentario, toda vez, como usted sabe, el decreto mediante el cual se señala que este recinto alterno no se refiere a este salón, se refiere al edificio donde nos encontramos, se refiere a todas las instalaciones.
Mi pregunta va en este sentido: Si usted considera que el Presidente se excedió en sus facultades reglamentarias, ¿no considera que se excedieron en sus derechos parlamentarios quienes impidieron ayer el debate, apoderándose indebidamente de la tribuna? (Aplausos.)
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Con todo gusto doy respuesta a su pregunta, señor diputado Yunes. Mire usted, en primer lugar, quiero dejar sentado que el Partido Popular Socialista no participó de la acción ni comparte la decisión de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática. En segundo lugar,
quiero decirle que la práctica de tomar la tribuna, no es ésta la primera ocasión en que se ejerce, en la anterior LIV Legislatura ocurrió innumerables ocasiones y ha ocurrido muchas otras veces a lo largo de la vida parlamentaria de México. No está en la Ley Orgánica, no está en el reglamento, de algún modo discutible o no, cuestionable o no, si está en la práctica parlamentaria de nuestro país. Pero en cambio, ésta es la primera ocasión en que un Presidente se toma una atribución que en ninguna parte tiene escrita ni hay antecedente en ninguna sesión que se recuerde o que se tenga registrada, para trasladar los trabajos a otro local. (Aplausos.)
Me dice, usted: "Es dentro del propio recinto alterno". Pues yo le diría: Tampoco en el Palacio Legislativo de San Lázaro, tampoco en la vieja Cámara de Donceles; tampoco en ninguno de los recintos que a lo largo de la historia ha ocupado la representación popular, jamás se ha trasladado a una sala de comisiones dentro del propio recinto, el trabajo de la plenaria. Es un pésimo precedente. Ojalá nunca vuelva a ocurrir.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas.
Hago la advertencia que suplico a los señores diputados que hablarán respecto del contenido del acta, que precisen el punto de redacción de aquélla, al que se quieren referir. Y si es otro procedimiento, entonces procedamos primero a la aprobación.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández - Gracias, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Leyendo la versión estenográfica de la sesión del día de ayer, veíamos que la última intervención del Presidente, se refería a el orden y la disciplina que se debieran guardar por los diputados y por los grupos parlamentarios.
Leemos la proposición de que se apliquen rígidamente, dice, algunos de los artículos del reglamento especialmente aquellos que aducen o que se refieren a el orden, a la sanción a los diputados faltista, etcétera.
Y uno se pregunta de qué orden y de qué disciplina está hablando el Presidente de la Cámara. Tal vez se refiera al orden de que hablaba el lema porfirista; tal vez se refiera al orden que hay en los organismos monolíticos que están muy alejados de la realidad nueva de México, que están muy alejadas de la realidad de este Congreso.
Nosotros creemos que ya nos debiéramos acostumbrar todos, a una nueva práctica parlamentaria; que ya no nos asuntemos de distintos procedimientos que surgen de congresos vivos, de cámaras de diputados que se tienen respeto a sí mismas y que existen hoy por hoy en muchos países democráticos del mundo. Yo no sé si al Presidente de la Cámara, si estuviera en el parlamento japonés o en el chileno o en el italiano, tal vez le daría un infarto cuando ve lo que hacen los diputados.
Creemos ciudadanos...
El Presidente: - ¿Permite una interpelación, diputado?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Cómo no.
El Presidente: - Proceda, diputado Rodríguez.
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor diputado ¿a su juicio la nueva práctica política que beneficia el desarrollo parlamentario y la dignidad de esta Cámara, es no presentar argumentos e impedir el debate tomando la tribuna?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Nosotros venimos a esta Cámara a tratar de implementar las nuevas práctica. Sabemos que este reglamento es obsoleto. Muchas de las cuestiones reglamentarias que están aquí, no se han cumplido. En este reglamento no están contemplados por ejemplo que haya cinco vicepresidentes. En este reglamento está contemplado que las comisiones se forman en la sesión siguiente al día de la instalación.
Hay muchísimas cuestiones que estamos decidiendo con acuerdos parlamentarios. Y en eso, nosotros estamos firmes. Sostenemos que de consenso entre los grupos parlamentarios, podemos arribar a nuevas prácticas. Pero resulta que un acuerdo parlamentario que fue el debate sobre el 27, finalmente no fue cumplido en sus términos por la mayoría, porque ese debate no fue como se había acordado; amplio en sentido de sus participantes y con las facilidades.
El Presidente: - ¿Acepta, diputado Cárdenas una interpelación?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Sí, sí vamos a aceptar. Termino sólo la contestación a la interpelación del diputado Amador.
Sostenemos que el acuerdo parlamentario de hacer un debate general sobre el artículo 27 no fue cumplido por la mayoría y por eso nuestra protesta del día de ayer. ¡Adelante, señor diputado!
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Con todo gusto. Usted sabe que nuestra ley orgánica y nuestro reglamento interior permiten los acuerdos parlamentarios si éstos en general tienen como objetivo mejorar las formas de discusión en la Cámara, facilitar la libre expresión de los diputados y hacer posible que entre todos nosotros, entre los 500, 499 representantes de la nación la expresión pueda ser libre, se pueda formular sin limitación alguna. Ese es el sentido de los acuerdos parlamentarios a los que usted hace referencia. Inclusive el acuerdo parlamentario, en nuestro concepto, muy positivo, de que existan cinco vicepresidencias y que la Presidencia sea rotativa. Pero yo le pregunto a usted:
¿Estaría de acuerdo en una reforma a nuestra legislación orgánica y a nuestro reglamento en la cual se establezca como práctica parlamentaria la toma de la tribuna para violentar un derecho constitucional a la libre expresión? ¿Esa sería su proposición. diputado Cárdenas?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Yo creo que la proposición sería que todos los grupos parlamentarios lleguen a acuerdos ante cualquier manifestación de descontento o de desacuerdo y no con medidas autoritarias como las que dictaminó el Presidente. No hizo ningún esfuerzo por llegar a ningún acuerdo diputado Yunes; ningún esfuerzo hizo el Presidente. Antes al contrario. Dice la versión estenográfica, que antes de que hablara la compañera Rosa Albina Garavito, ya el Presidente estaba alentado a la asamblea de que no cayera en provocaciones. Este es un prejuicio que no es admisible en quien dirige los trabajos de esta Cámara.
Cuando un diputado está presidiendo las sesiones, no puede actuar con prejuicios y lo que demostró el señor Ochoa Zaragoza, fue un prejuicio y eso se demostró también en su intervención final.
Quiero señalar, por último, hacer una proposición.....
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente: Pregunte al orador si aceptar una interpelación.
El Presidente: - Compañero Cárdenas: ¿acepta una interpelación, nuevamente del diputado Yunes?
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández ¡Cómo no!
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Sólo para rogarle que dé respuesta a mi pregunta. El estaría de acuerdo o propondría que en nuestra nueva legislación se estableciera como práctica parlamentaria la toma de tribuna, toda vez que él señaló que es una práctica parlamentaria. Esa es mi pregunta, ojalá y la pueda responder.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández - Yo señalaría, insisto, en que cualquier manifestación que se da en la sala de sesiones, en una reunión, cualquier manifestación que demuestre falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios sobre procedimientos, el acuerdo reglamentario debería de ser que se hagan intentos para buscar acuerdos. Eso es lo que yo plantearía y eso es lo que no hicieron.
Se está expresando el autoritarismo que caracteriza al organismo corporativo del cual procede el Presidente de la Cámara; son métodos inaceptables en esta Cámara. Eso podrán hace allá donde no hay quien levante la mano por temor al despido, por temor a las represalias, con las cuales dominan en este país, en muchos sindicatos. (Aplausos.)
Esos métodos, señores, no los vamos a aceptar en esta legislatura y espero que se erradiquen de cualquier parte de la situación nacional.
Voy a terminar...
El diputado Benjamín Avila Guzmán (desde su curul): - ¿Acepta una interpelación?
El Presidente: - Diputado Cárdenas, termine y pregunto de una vez si acepta una interpelación del diputado.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández - No, no la acepto. Señala nuestra propuesta:
"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados venimos a presentar la proposición de que se reemplace al Presidente de la mesa directiva, Rigoberto Ochoa Zaragoza, quien dejó de observar las
prescripciones de la Ley Orgánica y el reglamento.
Fundan y motivan esta moción, los siguientes hechos y preceptos legales:
En la sesión que tuvo lugar el día de ayer 3 de diciembre, el Presidente de la mesa de debates, violando la Ley Orgánica y el Reglamento que rigen los trabajos de esta Cámara, sin fundamento legal alguno y arrogándose facultades que no le otorgan estos ordenamientos, decretó el traslado de los trabajos de esta Cámara, a un lugar distinto del salón de sesiones de este órgano legislativo.
Esta determinación la llevó a cabo, violando de manera flagrante lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley Orgánica y 21 del Reglamento, preceptos que establecen las obligaciones y las facultades de la Presidencia de la mesa directiva, entre las cuales no se contempla la de trasladar los debates del pleno de la asamblea a un lugar distinto al salón de sesiones del recinto cameral.
La resolución emitida por la Presidencia de la mesa directiva se realizó entonces sin ningún fundamento legal, excediéndose en las facultades que expresamente le señalan los ordenamientos citados.
Por lo anterior, es procedente el reemplazo de la Presidencia de la mesa directiva, en los términos establecidos por el artículo 22 del Reglamento Interior."
Por lo antes expuesto y fundado, solicitamos que previo el trámite de ley, se apruebe en sus términos la moción precisada en el cuerpo del presente escrito.
Terminaría señalando que nos acogemos al principio de legalidad general, que plantea que ninguna autoridad puede ejercer funciones más allá de las que tiene expresamente establecidas en los ordenamientos legales. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Se han registrado para hacer consideración al respecto del acta de la sesión pasada, los diputados Camilo Valenzuela y Rosa Albina Garavito.
Pregunto si van a hacer rectificación de hechos de la asamblea o van hacer alusiones relacionadas con la moción que se presenta.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul)d - Es para la moción y cedo mi turno al diputado Camilo Valenzuela.
El Presidente: - Correcto, es para la moción, muy bien. Terminadas las consideraciones sobre el acta y reserva de sustanciar la moción en su momento, pregunte la Secretaría a la asamblea en votación económica, si aprueba el acta de la sesión anterior.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Con las observaciones de los diputados, se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo....
El Presidente; - Está a votación el acta, señores.
(Desorden.)
No hay observaciones. Es pertinente la aclaración, señor secretario. Se hicieron expresiones pero no se pidieron rectificaciones sobre el contenido del acta.
Entonces le pido que someta a votación el acta de la sesión anterior, en los términos en que ha quedado leída en la asamblea.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se consulta a la asamblea en votación económica, si se aprueba el acta que ha sido leída en la mañana.
Los que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo.... Aprobada, señor Presidente.
El Presidente: - En los términos del artículo 22, consulto a la Secretaría si la moción que se presenta, ¿por qué diputados está suscrita?
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Hay una propuesta firmada por compañeros del Partido de la Revolución Democrática, que ustedes acaban de escuchar....
(Desorden.)
El Presidente: - No señor, si está apoyada por quien hace la moción y dos diputados más; es lo único que pregunto.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Señor, está firmada por tres diputados.
El Presidente: - Correcto. Gracias.
En los términos del artículo 22, consulte la Secretaría si algún diputado desea hablar en pro o en contra de la moción.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la asamblea si se registran oradores en pro y en contra del documento aquí presentado....
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
El día de ayer de desafortunado proceso de discusión del artículo 27 constitucional, que de manera acelerada se presentó a esta Cámara, antes siquiera de constituir sus comisiones y que de manera todavía más acelerada y deficiente se pretende probar, generó el día de ayer un incidente que para nosotros es significativo de los problemas que el país enfrenta y que esta Cámara va a continuar reflejando.
Nos preocupa que la mayoría en esta Cámara muestre una gran sensibilidad para los deseos y decisiones que toma el Ejecutivo Federal y que muestre muy poca preocupación e incluso temor a oír, a escuchar los deseos, las aspiraciones, las pretensiones de la mayoría de los mexicanos y, en particular, de la mayoría de la población rural que va a ser la principal afectada por la reforma en curso.
Nos preocupa que se venga aquí, en ánimo de porra de fútbol, a plantear la gran preocupación, porque ayer no se permitió el desarrollo normal de la sesión de la Cámara y que se muestre nula preocupación por tratar de abrir un debate en el que participen los principales actores de este artículo 27 y los principales afectados por ese artículo 27.
Nos preocupa que fundados en un reglamento, que todos reconocemos anacrónico, se pretenda justificar el curso de un debate de una iniciativa tan trascendente para escamotearle al pueblo, para escamotearle al pueblo, la posibilidad de participar en esta discusión.
Y nos preocupa que se pretenda hacer creer a la opinión pública que la mayoría de los campesinos, de los agricultores de México, están apoyando la iniciativa, reeditando formas que, en otros tiempos, se practicaron en este país y que en los últimos años había sido criticado también por las esferas oficiales como ritos populistas.
¡Nos referimos a esa reunión de dirigentes agrarios, que a través de la presión política, del cohecho o del interés personal, se reunió en Los Pinos para tratar de manifestar un apoyo, que esta iniciativa no tiene porque no ha sido sometida al debate nacional y porque no se sabe realmente cuáles son las posiciones que hay en el seno del pueblo de México!
Y nos preocupa que a esta conducta, que a esta actitud que le niega el derecho a la mayoría de los mexicanos para expresarse en torno a un problema, se venga también aquí, el día de ayer, a tratar de imponerla con una conducta del Presidente de la Cámara, particularmente alejada de lo que plantea y lo que debiera de ser la práctica parlamentaria, en donde se supone que se viene a oír, a escuchar razones y a tomar decisiones fundadas.
El día de ayer el Presidente de la Cámara inició una conducta parcial, desde el manejo de los tiempos para la petición de participaciones con base en referencias de hechos. Se adopta, en torno al manejo de los tiempos de las participaciones, una conducta muy parcial; se es muy flexible cuando la mayoría considera que no hay ningún problema y en lugar de cinco minutos hemos registrado aquí participaciones de más de media hora y no ha habido ningún problema. ¡Pero cuando el punto es espinoso y cuando el Presidente forma parte de la Mayoría, que considera el punto espinoso, asume una actitud tan estricta que pareciera que realmente se defiende de fondo la legalidad!
¡Desde ahí empezó el Presidente a acosar a los participantes! ¡Y cuando la compañera Rosa Albina Garavito, coordinadora de nuestra fracción parlamentaria, iba a hacer uso de la palabra, el Presidente cometió, cometió el agravio de juzgar que la compañera iba a hacer una provocación y alertó a la mayoría contra esa provocación!
¡Estaba claro que la conducta del Presidente no era la de tratar de contribuir a que se desarrollaran bien, de manera correcta y adecuada, los debates de esta Cámara! ¡Estaba claro que el Presidente de la Cámara formaba parte ya de un acuerdo que había tomado la mayoría, para reaccionar ante una previsible medida que el grupo parlamentario iba a tomar!
¡Lejos estaba el Presidente de plantarse en su papel, de Presidente del conjunto de los diputados! ¡Era claro que el Presidente venía aquí a jugar un rol como miembro de una mayoría y no como Presidente del conjunto de la Cámara de Diputados!
¡Por eso empezó, desde el manejo de los tiempos y posteriormente a calificar las participaciones de los compañeros y a empezar a preparar el ambiente para la medida que su fracción parlamentaria había preparado de antemano!
Posteriormente, en el desarrollo de la sesión, en un salón que no es el salón de sesiones de la Cámara y esto es muy importante para los diputados que han tratado de justificar en declaración, la idea de que la Cámara se puede reunir, según lo considere el Presidente: en las escaleras o en cualquier salón, ¿sí? Posteriormente el Presidente procedió" a sacar la sesión de su salón" y ahí dice afuera: "Salón de sesiones" y, en las notificaciones, en los acuerdos, en todo lo que aquí se toma, dice: "Tomado en el salón de sesiones de la Cámara de Diputados".
¡El Presidente, sin consultar, sin consultar a la Cámara, decidió sacar la sesión de su salón, de su salón oficial, para llevarlo al salón de sesiones de comisiones! ¡Aquí el señor Presidente violó el reglamento, continuando con una conducta no de Presidente, sino de miembro de una fracción parlamentaria que había decidido previamente una conducta!
Por eso, compañeros, nosotros creemos que si no queremos que cada Presidente que esté ahí, se conduzca según los acuerdos de su fracción parlamentaria, importándole muy poco lo que establece la ley orgánica y los reglamentos, estos anacrónicos u otros nuevos, debemos proceder a empezar a sentar un verdadero precedente parlamentario: ¡que los presidentes de la Cámara, que la mesa directiva de la Cámara, sea la mesa directiva del conjunto de la Cámara de Diputados y no una prolongación para que tal o cual fracción parlamentaria defina acciones que sean empleadas desde la Presidencia o desde parte de la directiva de esta Cámara!
¡Este es el problema central que queremos plantear y por lo cual hemos venido a presentar esta moción a ustedes! ¡Independientemente de las diferencias que tenemos en torno al artículo 27 con muchos otros diputados; independiente de eso, creemos que lo que necesitamos como diputados es empezar a defender la necesidad de que la Cámara y particularmente la conducción de la Cámara, no sea corporativizada, como esta corporativizada la vida política de este país!
¡Lo que queremos es que la subordinación de nuestro Congreso de la Unión y en particular de la Cámara de Diputados, a las decisiones del Ejecutivo, no se prolongue hasta subvertir la función de la mesa directiva de manera tan burda como se hizo el día de ayer!
Lo que queremos es que si en realidad se quiere modernizar la práctica parlamentaria, que si en realidad se quiere recuperar la dignidad de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión, empecemos, cuando menos, compañeros, por exigir que la conducta de quienes presiden esta Cámara, no sea la conducta que se determina por una fracción parlamentaria, sino la que responde a la vigilancia y al cumplimiento de la ley reglamentaria y del reglamento.
Sabemos que el debate y la disputa en torno al 27 va a continuar, va continuar en esta Cámara, va a continuar en el Senado, va a continuar en las legislaturas locales y va a continuar en las calles y en la prensa, aunque esté limitada la apertura de los medios para la exposición de las posiciones que se oponen las decisiones e iniciativas del gobierno.
El día de ayer la mayoría priísta volvió a mostrar, aún en la reunión que posteriormente se llevó a cabo en otro saló, que no el de la Cámara de Diputados, cuán indispuesta está para atender reclamos que pongan en juego a alguna de las personalidades del actual Ejecutivo Federal.
Cuando un compañero del Partido Acción Nacional planteó la denuncia de la agresión a un diario; a un director de un diario de Monterrey, se lanzaron contra esa iniciativa; dejaron pasar la de Chihuahua, porque en ello se dice, es claro, no está implicado el secretario de prensa de la Presidencia, como lo está en el caso de Nuevo León y porque a Nuevo León se le ha dado una relación especial con quien ejerce el Ejecutivo en este país. Esta actitud de subordinación extrema al Ejecutivo Federal, es también la que nos está llevando a meter el debate, la dinámica de la Cámara de Diputados, en una lógica que puede y va a seguir generando mayores conflictos.
Creemos, compañeras y compañeros, especialmente compañeros de la mayoría, que si hemos de convivir tres años en esta Cámara y si realmente queremos que esta Cámara sea una Cámara que empiece a transitar a una práctica parlamentaria distinta, entre otras cosas, lo mínimo que necesitamos es que se deje de cuidar puntos y comas de la imagen de quien ejerce el Poder Ejecutivo y que se respeten las leyes
y reglamento mínimos que la decencia legislativa reclama.
Por ello, yo quiero reiterar el reclamo de que esta Cámara de Diputados reemplace el señor Presidente de la actual mesa directiva, porque de otra manera vamos a estar muy lejos de atender lo que plantea el artículo 33 de la Ley Orgánica, para la mesa directiva, que es: "Preservar la libertad de las deliberaciones, cuidar de la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de esta ley de reglamentos y los acuerdos que apruebe la Cámara". Muy lejos está de este artículo la conducta del señor diputado Ochoa Zaragoza y pienso que es indispensable que si hemos de arribar a una nueva práctica parlamentaria, si hemos de avanzar para renovar las conductas y los reglamentos que norman la práctica parlamentaria de esta Cámara, debemos de sentar un precedente.
Reitero, entonces, a todos ustedes, la petición de que reemplacemos al diputado Ochoa Zaragoza de la Presidencia de la directiva, para bien de la Cámara, para bien de la decencia de la Cámara y para bien de la práctica parlamentaria que habremos de llevar todos. Gracias.
(Desorden.)
El Presidente: - Señores diputados, por favor. Pido atentamente a los diputados respeto en las expresiones que se vierten respecto de cada orador.
Tiene la palabra el diputado González Fernández.
El diputado José Antonio González Fernández: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Qué bueno que el día de ayer presidió la sesión Rigoberto Ochoa Zaragoza y qué bueno que tomó el acuerdo que estamos hoy a destiempo, por cierto conforme a la legalidad que usted invocó, compañero Camilo Valenzuela, discutiendo. Qué bueno que tomó el acuerdo el diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza para demostrar una vez más, que la fracción mayoritaria de esta LV Legislatura está por la libertad de expresión y para que continuara el debate en otro salón de sesiones. (Aplausos.)
Yo le voy a pedir al señor secretario que dado que ha habido aquí una serie de contradicciones y afirmaciones que no son ciertas, haga favor de leer algunos acuerdos de artículos que para ir por orden, pues la moción que ha presentado la fracción del Partido de la Revolución Democrática, independientemente que la vamos a discutir, sí quisiera pedirle, señor Presidente, si no tiene inconveniente, que leyera la Secretaría los artículos 18 y 19 del Reglamento del Congreso.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias;
"Artículo 18. El Presidente en sus resoluciones estará subordinado al voto de su respectiva Cámara.
Artículo 19. Este voto será consultado cuando algún miembro de la Cámara reclame la resolución o trámite del Presidente, previa una discusión en que podrán hablar dos individuos en pro y dos en contra, lo cual se podrá hacer siempre que no haya mediado votación en el mismo negocio y se adhieran a la reclamación por lo menos dos de los individuos presentes."
El diputado José Antonio González Fernández: - Muchas gracias. No solamente es a destiempo su moción, sino que además hubo una petición del compañero vicepresidente del Partido Acción Nacional, Felipe Calderón, usted recordará, para que se constatara el quórum donde continuamos sesionado, se constató el quórum, seguimos sesionando y también en palabras del que hoy preside la sesión, es validada aún más la decisión que tomó el Presidente.
Pero también usted ha hecho mención a que esto no es solamente el recinto para sesionar, este salón; yo quisiera recordar el Diario Oficial.... el Diario de los Debates de agosto 28 de 1989, cuando se tuvo que tomar la decisión para que sesionáramos aquí en este Centro Médico, en qué términos es el acuerdo y en qué términos se considera que es el recinto legislativo.
Señor Presidente, si no tiene inconveniente, le pediría a la Secretaría que leyera el acuerdo de la Presidencia en relación al recinto, por favor.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: "La Presidenta: En consecuencia se declara recinto oficial de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, por el tiempo que resulte necesario hasta en tanto sea posible utilizar sus instalaciones en el Palacio Legislativo, la Unidad Cultura y de Congreso "doctor Ignacio Morones Prieto" del Centro Médico Nacional siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social
ubicada en la Avenida Cuauhtémoc número 330, México, Distrito Federal."
El diputado José Antonio González Fernández: - El recinto, compañero diputado, es todo el Centro Médico que estamos ocupando. (Aplausos).
Si leyéramos el 36 ó el 34 de la Ley Orgánica y el 21 del reglamento veremos con sobra, desde nuestro punto de vista, que el acuerdo que tomó el Presidente tienen fundamentación legal para obrar como obró. Hay muchas fracciones de las que se desprende su actitud y su decisión, pero lo importante en que centremos esta discusión, intervención, en torno precisamente al acuerdo que tomó el señor Presidente; entonces le pediría finalmente a la Presidencia que recordáramos textualmente el acuerdo del Presidente, Rigoberto Ochoa Zaragoza
El Presidente: - Proceda la Secretaría a dar lectura al acuerdo tomado ayer.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - "Acuerdo del Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, en relación a la toma de tribuna por el Partido de la Revolución Democrática. En mi carácter de Presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 77 constitucional y en uso de las atribuciones que me confiere el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 21 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en vista de la actitud asumida por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de impedir que se continúe en el desarrollo de la sesión convocada y acordada por el pleno de esta Cámara, tengo a bien acordar que los trabajos que se encuentran en el orden del día aprobado por el pleno de esta soberanía, se continúen desarrollando en el auditorio número cinco, que se encuentra ubicado en el primer piso de este recinto alterno de la Cámara.
El diputado José Antonio González Fernández: - Muchas gracias. Gracias, señor Presidente.
Aquí lo importante, diputado Valenzuela, es que como dijo el señor Presidente en su acuerdo, el Partido de la Revolución Democrática impidió que se continuara desarrollando la sesión, impidió que se continuara conociendo el orden del día, impidió que se continuara con la sesión y por lo tanto impidió que siguiéramos debatiendo, que hiciéramos uso libre de la expresión que todos queremos.
Yo creo, señor diputado, que debemos de reconocer que la toma de tribuna ni es práctica parlamentaria, ni es antecedente parlamentario, que coarta el derecho de expresión y que estas actitudes no las avalamos...
El Presidente: - Diputado González Arteaga, una interpelación.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez (desde su curul): - Ha hecho usted referencia a la toma de tribuna; quisiera conocer su opinión acerca de este antecedente. ¿Sabe usted que cuando se calificó la elección presidencial que declaró Presidente electo al señor licenciado Carlos Salinas de Gortari, el Partido Revolucionario Institucional tomó la tribuna y el secretario de entonces, el ex diputado José Mural, leyó atropelladamente el dictamen y al grito de Salinas, Salinas, Salinas, los presuntos diputados de entonces del Partido Revolucionario Institucional, presentes todos en la tribuna, impidieron que se pudiera discutir y debatir?
Quisiera conocer su opinión acerca de este hecho, quisiera saber si usted avala o no la conducta de los ex diputados del Partido Revolucionario Institucional, más usted que conoce que en la anterior legislatura varias veces fue tomada la tribuna y cuando menos una vez más el Partido Revolucionario Institucional la tomó y que si eso no es antecedente de práctica parlamentaria y también quisiera saber cuál es su opinión acerca de los chiflidos que sus compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional acostaban hacer... como éstos y si esto también es práctica parlamentaria que usted convalida y plantea y esos gritos propios de las asambleas de los líderes charros.
(Desorden.)
El Presidente: - Orden en la sala, por favor.
El diputado José Antonio González Fernández: - Lástima, señor diputado, que no me preguntó que si también consideraba que era válida, la grosería que escuché aquí del diputado, que tampoco avalo.
(Desorden.)
Mire, lo que yo sé y lo que yo avalo, es lo que se ha dado en esta legislatura. Nada ni nadie y ningún diputado del Partido Revolucionario Institucional; más que su partido, ha impedido
el debate; nada ni nadie ha tomado la tribuna; nada ni nadie ha coartado la libertad de expresión, sino por el contrario, hemos procurado proponer, a través de nuestro coordinador de diputación, a otros coordinadores y también se ha dado a la inversa, que cuando el reglamento o la ley es omisa o pudiera complementarse para que la práctica parlamentaria y el debate sea más rico, se propongan al pleno diversos acuerdos; pero nunca para coartar la libertad de expresión que aquí es lo más respetado y respetable.
Y cuando el Presidente de la mesa directiva actúa tratando de cumplir fielmente el compromiso que tenemos todos para debatir sin cortapisa y a la brevedad posible o con los tiempos que se juzguen convenientes, cualquier iniciativa como es el caso del 27 constitucional, repudiamos y reprobamos actitudes como las que ustedes tomaron. No las compartimos ni las vamos a validar nunca, estamos por la libertad de expresión y estamos por la decisión que el Presidente tomó ayer, porque lo que hizo fue continuar con la sesión y permitir la libertad de expresión.
Por eso, señor Presidente, me parece que la moción que se ha presentado es improcedente y por lo tanto no solamente...
El Presidente: - ¿Aceptaría dos interpelaciones que se le hacen, diputado González?
El diputado José Antonio González Fernández; - No, ya no.
El Presidente: - Correcto, muy bien.
El diputado José Antonio González Fernández: - Rechazamos la moción presentada y apoyamos firme y convencidamente la actitud de nuestro Presidente de la Cámara. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín del Campo. Sin embargo si el diputado Martín del Campo está de acuerdo en que responda a alusiones personales, procede el diputado José Camilo Valenzuela.
Y suplico, a los señores diputados de todos los partidos, que nos abstengamos de proferir exclamaciones que pueden ir en demérito del debate. Se está discutiendo un punto que es interesante y puede ser transcendente para futuros trabajos de la asamblea y creo que es conveniente que se analice con seriedad y que participemos en este tenor en el mismo.
Adelante, diputado José Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Lástima que el diputado González Fernández no haya aceptado la interpelación, Mi interés era preguntarle, por qué eludía referirse al calificativo que el diputado Ochoa Zaragoza, estando presidiendo, profirió ante el previsible discurso, ante el discurso que él creía iba a proponer nuestra compañera Rosa Albina Garavito. Es una práctica que se dio en esta Cámara, ligada a este hecho, está todavía fresco, pero no dijo nada acerca de ello.
Es evidente que de parte de los compañeros de la mayoría se insiste en tratar de justificar conductas, actitudes, imposibles de justificar. Pueden avalar la conducta del diputado Ochoa Zaragoza el día de ayer, apoyados en su mayoría y pueden, como lo están haciendo, aparecer aquí defendiendo el derecho de expresión cuando se lo están negando a la mayoría de los mexicano y especialmente a la mayoría de los campesinos.
Pueden venir aquí a defender la racionalidad del debate parlamentario cuando niegan el derecho de expresión, de ser escuchados, a la mayoría de las víctimas de la iniciativa de reforma al artículo 27. ¿Donde cabe esta incongruencia? y no importan los gritos ni los silbidos, es una incongruencia evidente.
Y más incongruente es de parte de un Ejecutivo Federal que vino en el reciente informe a decir que estaba abierto el diálogo para la transición a la democracia y lo que nos ha venido a imponer a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Unión, son iniciativas de reformas a artículos fundamentales, sin dar posibilidades de debate a la sociedad mexicana.
Y ciertamente que se puede decir que la Constitución autoriza al Ejecutivo para enviar iniciativas en cualquier tiempo. Pero un Ejecutivo que tenga un mínimo respeto por una Cámara de Diputados, no la hace que entre a la discusión de una iniciativa cuando ni siquiera tiene constituidas sus comisiones para darle curso.
Y un Ejecutivo que realmente es congruente con su supuesta apertura para el diálogo y para oír a los mexicanos, no va y se escuda en actos como los que ha estado haciendo en Los Pinos, apoyado en la coerción política y en el cohecho, para tratar de eludir el debate nacional que están reclamando sectores sociales y no sólo campesinos; el día de hoy un conjunto de intelectuales, de especialistas ligadas al campo, insisten en este problema.
Y una mayoría de una Cámara de Diputados que se considera digna y que realmente se
preocupa por el respeto a la Constitución o por la apertura y la necesidad de una transición a la democracia, no se escuda en el vacío, en la ausencia, en esta Constitución, de reglamentos para trastocar los fundamentos de un proyecto nacional en el que se fundó esta Constitución para tratar de evitar un debate nacional.
Incluso y en esto llamo a los compañeros del Partido Acción Nacional que han avalado el curso que en este debate nos ha impuesto la mayoría, no es tampoco propio de un partido que ha luchado tanto tiempo por tratar de impulsar la transición a la democracia, que apoyado en ese vacío constitucional, avale que se dé curso a reformas tan profundas como éstas y justifique que se excluya a la mayoría de los afectados de la posibilidad de opinar, menos aún de participar en esta decisión.
Compañeras y compañeros, yo pienso que no bastan discursos, que no bastan argumentos y habilidades de tribuna para tratar de justificar lo injustificable, ni el curso del debate en torno al 27 constitucional que se nos ha impuesto por el Ejecutivo Federal, avalado por la mayoría de esta Cámara, puede justificarse en vacíos jurídicos y en reglamentos anacrónicos, ni la conducta del diputado Ochoa Zaragoza puede justificarse tampoco con razones de una mayoría que no quiere oír ni quiere escuchar el tremendo embrollo en que se está metiendo a este país.
Creo además, compañeras y compañeros diputados, que debemos de tener presente que este debate sigue adelante y que el conflicto se va a agudizar. Yo no sé qué van a hacer las marchas de campesinos que vengan cuando esté la ley en el Senado; no vamos a tener nosotros el paquete, pero el país sigue y los intereses de este país siguen estando en juego.
Yo no sé como van a reaccionar tampoco los sectores afectados, cuando llegue esta iniciativa a las cámaras locales, cómo van a reaccionar y qué conflicto se va a generar y qué consecuencias va a tener para las aspiraciones democráticas de este país. Yo no sé, compañeros, si estemos pensando que en este país hay mucho material inflamable por la tremenda miseria y la agudización de las contradicciones y que Caracas puede empezar a ser un anuncio de lo que puede pasar en este país, si no en torno a esta iniciativa, en torno a extras. Este es el tamaño de la responsabilidad que tenemos, compañeras y compañeros y no el intento de justificar una conducta irresponsable, inadecuada, ilegal, arbitraria, del diputado que ayer presidió esta sesión.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Cómo no, diputado Yunes, pero si me permite, está registrado para hechos el diputado Gaytán, antes.
Diputado Gaytán, en los términos del 102, por cinco minutos exclusivamente, tiene el uso de la palabra.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente: Señoras y señores diputados:
He solicitado el uso de la palabra para fijar la posición de mi partido respecto de este asunto.
Nosotros hemos luchado siempre porque la Cámara de Diputados sea el órgano respetado, honorable que es y que así debe ser reconocido por todo el pueblo de México. Nos interesa la dignidad de esta Cámara.
Es por eso que cualquier asunto que tenga que ver con los trabajos de sus integrantes, cuando esos trabajos son vulnerados y afectan a la dignidad del Congreso y en especial de la Cámara, debe ser motivo de esta reflexión que se está llevando a cabo.
Aquí hay dos hechos que se han estado entrelazando, pero hay que dilucidar, hay que separarlos. Uno es el de las prácticas parlamentarias que se ejercen de muy diversa manera; el otro es el de la decisión que se tomó para sesionar fuera de la sala de sesiones.
Es cierto que éste es el recinto alterno de la Cámara de Diputados, pero toda el área tiene establecidos perfectamente para qué va a ser cada uno de los distintos espacios y el único espacio del recinto, que lo constituye la sala de sesiones, es precisamente este lugar. Y hay que recordar que hay muchos hechos que, para que tengan validez, deben llenar el principio de la solemnidad: Sesionar la Cámara en el pleno de la Cámara, exactamente en el sitio que se le ha destinado, es cumplir con el principio de solemnidad, sin el cual se vulnera el propio desarrollo, el trabajo de la Cámara de Diputados. Entonces aquí se ha sentado un grave precedente. No se puede señalar que podemos, como pleno de la Cámara, ir a cualquiera de las áreas; cada una tiene su función de ser, en el sótano está el comedor, en otros espacios están salas de sesiones y más afuera está el estacionamiento o la plaza pública, etcétera. Pero de todos el único lugar
para sesiones de la plenaria, es éste el recinto, la sala de sesiones. Y no se puede tomar una decisión como la que hizo, que vulnera, que perjudica la honorabilidad y la dignidad de la Cámara de Diputados. Por eso nosotros vamos a votar a favor de la proposición que se ha presentado aquí.
El Presidente: - Diputado Yunes, tiene el uso de la palabra.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Qué grave, qué lamentable que de los calificativos hayamos pasado a las acusaciones; que grave que Camilo Valenzuela haya venido a esta tribuna a señalar que a los campesinos se les obligó, mediante la coerción política y mediante el cohecho, a apoyar una iniciativa de reformas a la Constitución. Es una acusación muy grave, diputado Valenzuela y esa acusación es lo que les ha hecho perder la confianza que algunos mexicanos todavía tenían en ustedes. Porque señalar que las organizaciones campesinas, que en ejercicio pleno de su libertad se reunieron con el Ejecutivo Federal o con quienes se hayan querido reunir, mediante el cohecho o mediante la coerción política, es una acusación que no lastima a las organizaciones campesinas, que lo lastima a usted como diputado, que no debiera utilizar esta tribuna para formular ese tipo de acusaciones.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Señor Presidente, para hacer una interpelación al orador.
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con todo gusto.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Por el bien del país, por el bien de la calidad política de este país, de esta cultura, a nosotros como partido nos gustaría mucho que el diputado Camilo Valenzuela se hubiese equivocado en su apreciación; nos gustaría también que el diputado Yunes contribuyera a esta cultura política a que nos aclarara esta cuestión. ¿Estaría usted en condiciones, Diputado Yunes, de mostrarnos las actas de las asambleas, en las cuales los campesinos, representados por los 200 líderes que firmaron el acuerdo en presencia de Salinas de Gortari para apoyar esta reforma, manifestaron ellos ese acuerdo, o fue simplemente la presencia de estos líderes, de los cuales no sabemos y tenemos todo el derecho a dudar por la práctica política en este país, si realmente están representando a quienes dicen representar? ¿Está usted en condiciones de presentar esas actas de asamblea?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con todo gusto, diputada, yo estoy en condiciones de presentar todo aquello que sean hechos propios y lo haría en el momento en que usted lo considere.
Si fuera dirigente de una organización campesina, ¡Claro que presentaría el acta de asamblea y estoy seguro que los dirigentes las tienen! Usted tiene derecho a dudar; a lo que no tiene derecho, ni usted ni Camilo Valenzuela, es a acusara los campesinos de que se prestaron a un cohecho para apoyar una reforma. Eso es un delito también, diputada y debiera venir Camilo Valenzuela a esta tribuna a disculparse con los dirigentes campesinos, a quienes acusó de aceptar la coerción y el cohecho para apoyar una reforma. Eso no es debido.
Yo creo que en nuestro régimen de libertades, en nuestro régimen de libertades amplias, diputada, tenemos derecho a dudar; a lo que no tenemos derecho es a acusar sin fundamento.
En nuestro régimen...
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con todo gusto, señor Presidente. Si es una interpelación, con todo gusto; si es una interrupción, no acepto nada. El diputado Eloy Vásquez López (desde su curul): - Usted en este momento se arroga la representatividad de los dirigentes campesinos que suscribieron...
(Desorden.)
¿Sabe usted que muchos de esos dirigentes campesinos que suscribieron ese documento, en este momento están cuestionando que ni una sola de las modificaciones que ellos propusieron, aparecieron en el dictamen y que por lo tanto se consideran sorprendidos? ¿Estarían ustedes dispuestos a que la consulta fuera más a fondo y a que en un momento dado, todo lo que existe en el dictamen pudiera estar a revisión y en un momento dado, pudiéramos someter a referendum a nivel de todo el país, dentro de los campesinos, si aceptan o no las modificaciones?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Claro que estamos dispuestos al debate y claro que no somos nosotros quienes tomamos la tribuna para impedirlo. Aquí estamos precisamente para debatir, aunque nos hemos visto obligados a adelantar un poco el debate, pero aquí estamos los diputados del Partido Revolucionario Institucional, dispuestos a convencerlos con nuestras razones; pero también dispuestos a que ustedes nos convenzan con sus razones, no con sus tomas de tribuna ni con sus calificativos, ni con sus acusaciones. (Aplausos.)
Este debate se ha provocado por una toma de tribuna y yo quisiera recordar que estamos de alguna manera debatiendo una proposición del Partido de la Revolución Democrática para sustituir a quien conduce los trabajos de esta Cámara. No fuimos nosotros quienes evitamos el debate; no fuimos nosotros quienes nos opusimos a que desde esta tribuna se discutiera la procedencia o no, de lo que ustedes el día de ayer argumentaban. No hemos sido nosotros quienes estamos cerrados al diálogo y a la posibilidad de debatir. Repito, estamos aquí precisamente para eso. Pero no se puede debatir cuando no hay razones; no se puede debatir cuando se viene aquí, yo creo que de manera irresponsable, a señalar que los campesinos que firmaron un manifiesto de apoyo son delincuentes porque permitieron que se les cohechara, esa no es una razón, ese no es un argumento, eso no puede fundamentar una posición política.
No puede ser de ninguna manera un buen antecedente para el debate, el que se venga aquí, repito, de manera irresponsable, a presentar acusaciones. Nosotros vamos a debatir con razones, con las razones de la mayoría que aunque duden también son razones. Y son las razones de la mayoría del pueblo de México. Vamos a debatir con nuestros argumentos. Vamos a debatir con nuestros conocimientos. Lo que no vamos definitivamente a hacer, es a proferir calificativos, ni mucho menos a formular acusaciones sin fundamento.
Bien dice un distinguido pensador mexicano, Jaime Sánchez Susarrey: "Con esas actitudes el Partido de la Revolución Democrática, lo que está practicando es un suicidio homeopático". No se suiciden, compañeros del Partido de la Revolución Democrática.
El Presidente: - Si me permite, diputado Camilo Valenzuela, el diputado Cárdenas había pedido la palabra para hechos. No existiendo en el reglamento prelación de ambas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Con permiso, señor presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:
El diputado González Fernández subió a esta tribuna para intentar justificar la decisión tomada ayer por la Presidencia, que es, efectivamente, lo que está en debate.
Pidió que la Secretaría leyera los artículos 18 y 19, a los cuales nadie se ha referido ni nadie se ha sustentado en ellos.
Supuestamente la Presidencia se sustentó en los artículos 34 de la Ley Orgánica y 21 del reglamento, pero si tuviéramos todos los diputados, los compañeros de la prensa, el cuidado de leer las funciones de la Presidencia, que están establecidas en el 34 y en el 21, verán que no hay ninguna disposición que autorice a la Presidencia a tomar la decisión que tomó.
Yo creí que González Fernández iba a buscar un sustento legal y que nos lo iba a presentar. No lo hizo. No lo van a poder hacer porque no existe ningún sustento legal para cambiar el salón de sesiones.
Quiero señalarles que, efectivamente éste es el recinto alterno del Congreso, todo esto. Pero el Congreso sesiona con sus, o la Cámara de Diputados, perdón, tiene salas de comisiones y tiene sus recintos o sus espacios para los grupos parlamentarios ¿Qué dirían, compañeros, si un día el Presidente dice: "Nos vamos a sesionar al local que ocupan las oficinas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática"? ¿Sería válido eso sólo porque estamos en la misma área? Compañero, ¡Eso no se sustenta en ningún lado!
Si ustedes ven por ahí el proyecto de dictamen sobre el 27, que nos repartieron ayer, verán que al final dice "sala de comisiones" y cuando salen de aquí ya los documentos aprobados dice "sala de sesiones". Esta es la sala de sesiones y el Presidente no tenía en ningún lado autoridad para cambiar el salón de sesiones.
Yo diría, compañeros, que se deben de aducir los artículos pertinentes.
González Fernández vino aquí a tratar de darnos gato por liebre. Nosotros no sustentamos nuestra proposición, ni en el 18 ni en el 19, sino en el artículo 22 y por ello, yo rogaría a la Presidencia que autorice a la Secretaría para que dé lectura al artículo 22 de nuestro reglamento.
El Presidente: - Proceda la Secretaría.
El secretario diputado Domingo Alpizco Jiménez:
"Artículo 22. Cuando el Presidente no observase las prescripciones de este reglamento, podrá ser reemplazado por el vicepresidente o por el que hiciere sus veces, pero para esto se requiere que alguno de los miembros de la Cámara presente moción, que se adhieran a ella por lo menos dos de los miembros presentes y que ésta, después de sometida a discusión, en que podrán hacer uso de la palabra hasta dos individuos en pro y dos en contra, sea aprobada en votación nominal."
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor secretario.
Como se ve, el artículo 22 nos autoriza a presentar esa proposición y no fijar ningún límite de tiempo. Estamos en tiempo y forma, de acuerdo con el reglamento.
Los artículos 18 y 19 a los que se refirió González Fernández, se refieren a cuando un compañero o varios diputados quieren impedir que surta efecto una resolución de la Presidencia. Eso no es lo que estamos haciendo ahorita.
Si hubiéramos querido que la sesión continuara ayer aquí, entonces sí deberíamos habernos acogido a estos artículos y decir que esa decisión era ilegal, estaba fuera de lugar. Pero no es eso lo que estamos haciendo hoy; estamos haciendo una proposición para reemplazo del Presidente, de acuerdo al artículo 22.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Yo quiero aclararle al diputado Yunes, que ayer no interrumpimos ningún debate; ayer no había debate en esta Cámara que ayer había primera lectura y la intención era que el dictamen de las comisiones unidas pasara por aquí como pasan los asuntos de trámite tradicional.
Sin embargo, lo que está en curso no es un asunto de trámite, no es un problema accesorio, es un problema, ha sido y es un problema fundamental en la historia, en el presente y en el futuro de este país; éste es el problema que la mayoría de los diputados priístas no han querido entender y le han querido dar el trato de un problema de trámite y están metiendo a este país en un embrollo que quién sabe donde vaya a terminar.
Yo creo que hablar de presión y de cohecho en este país no es ninguna novedad; si algo ha caracterizado y caracteriza un régimen presidencialista autoritario y corporativo, es la presión y el cohecho.
El diputado Yunes quiere venir a decirnos que los que se reunieron en Los Pinos con una estatua de Zapata al lado o al frente, tenían el acuerdo de sus asambleas y que yo ofendo a los campesinos cuando digo que quienes estuvieron ahí fueron a avalar una determinación presidencialista que se nos pretende imponer al Congreso de la Unión, al pueblo todo, eludiendo la mínima discusión, la mínima posibilidad de expresión a la que tenemos derecho los mexicanos, cuando se van a tomar medidas en las que se está determinando nuestra suerte y la suerte del país.
El diputado Yunes quiere venir a justificar aquí una práctica con la que se ha pretendido legitimar la exclusión de la mayoría de la ciudadanía mexicana de las decisiones que determinan la suerte de nuestra patria, eso es lo que se quiere venir a seguir haciendo.
Por eso es que los reclamos de transición a la democracia, por eso es que los llamados al diálogo, a los acuerdos, a los consensos para la democracia nunca son escuchados en este país y nunca damos un paso serio para la transición a la democracia.
Yo tengo aquí el manifiesto que salió de ese "cuchupo" que se hizo en Los Pinos y, ¿Saben quién es la responsable de la publicación, de los costos de este manifiesto? ¿Acaso son las organizaciones o los supuestos representantes campesinos que estuvieron ahí? ¡No! Es la Secretaria de la Reforma Agraria. (Aplausos.)
Pero si ahondamos más en las características de quienes fueron a afirmar eso ¿Quién me puede decir que Silerio Esparza es campesino?, ¿Quién me puede decir que Silerio Esparza representa a los campesinos de este país?, ¿cuándo lo nombraron los campesinos? ¡Todos sabemos cómo se nombran los representantes de la Confederación Nacional Campesina: Se imponen al margen de las decisiones de los campesinos y hace muchos años que no hay un campesino al frente de la dirección de la Confederación Nacional Campesina!
Este es un hecho real de este país y es un hecho, compañeros, que está metiendo a la vida política de nuestra patria en una dinámica sumamente peligrosa. Y no sólo pecan de ceguera los que pretenden justificar todas estas prácticas y que se sigan desarrollando y justificando, ¡Pecan de irresponsabilidad!
Este país ha sufrido en los últimos 10 años una ofensiva tan brutal y tan intensa contra las condiciones
de vida de las clases populares, que Caracas no es un referente lejano. Caracas y lo demostró en 1988, entre otras cosas, es algo, es un fantasma, es un ánimo que se está desarrollando en nuestra patria. ¡Atendámoslo a tiempo, compañeros!
Una de las grandes responsabilidades de esta LV Legislatura, es entender este tiempo político que nos ha tocado vivir. Y yo creo, compañeros, que entre la gente más insensible para estos reclamos de este tiempo, se encuentran personas que, como el diputado Ochoa Zaragoza, no respetan ninguna reglamentación ni atiende a la responsabilidad que se le dio en la Cámara de Diputados el día de ayer. ¡Por eso necesitamos reemplazar al diputado Ochoa Zaragoza y encauzar a esta Cámara a que atienda a los tiempos y las responsabilidades políticas que nos ha tocado vivir! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Está registrado el diputado Ochoa Zaragoza... diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares (desde su curul): - Es para alusiones.
El Presidente: - Si acepta, el diputado Ochoa Zaragoza, con todo gusto...
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza (desde su curul): - Es para alusiones también mi intervención.
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza: - Señor Presidente; honorable asamblea:
Yo no sé si los diputados que han venido a esta tribuna, de la oposición, sientan o crean que son los únicos que tienen el valor para venir a expresar sus verdades.
¡Lo que sí sé, en cambio, es que seguramente ellos ignoran que nosotros también nacimos hombres y tenemos el suficiente valor para venir a defender nuestros principios!
Pero a lo que he venido a esta tribuna es para decirles lo siguiente: Yo soy un modesto obrero. Mi planta está en "Cigarrera La Moderna". hace poco que dejé de ir a trabajar para atender otros compromisos.
Por lo tanto, estimo que mi modesta persona...
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - ¿Me permite hacer una interpelación?
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza: - ¡No se la acepto!
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): .¿Cuánto gana el diputado?
(Desorden.)
El Presidente: Orden. Prosiga diputado Zaragoza.
El diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza: - Yo no merezco que esta asamblea, que la honorable Cámara de Diputados debata tanto tiempo por mi modesta persona. Creo que hay otros puntos, que hay otros asuntos nacionales de mayor interés. Por lo tanto, vengo a asumir aquí mi responsabilidad totalmente y a pedirle a la asamblea que continuemos con los trabajos que son de interés nacional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, el diputado Yunes.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente:
Honorable asamblea: He solicitado hacer uso de la palabra para alusiones personales, pero más bien mi intervención será en defensa propia, porque aquí ya el diputado Valenzuela amplió su acusación: Ya los que son objeto de coerción y participan en el cohecho no son sólo 200 dirigentes campesinos, que en su concepto participaron en un "cochupo" en Los Pinos; no, yo también me formé, según él dijo, en las prácticas de la coerción y del cohecho.
Yo le voy a pedir a Camilo Valenzuela, con base en ésto que debiera respetar porque es diputado, y que es el reglamento de la Cámara, con base en el 107, que retire sus acusaciones y que satisfaga a quien lastimó con su acusación Y le voy a pedir, en caso de que Camilo no lo haga, a la Presidencia de esta Cámara que ordene que se inserten y que se aseguren como el reglamento lo señala, esas acusaciones, para que yo proceda como se debe de proceder. (Aplausos.)
Porque, señores, si en esta Cámara vamos a permitir, vamos a aceptar, que se rompan las normas mínimas de convivencia y vamos a permitir y vamos a aceptar que en nombre del dogmatismo y de la intolerancia se nos vengan a formular acusaciones como las de Camilo Valenzuela, entonces sí el país estará en un grave riesgo. Y yo no voy a permitir que Camilo Valenzuela ni nadie, sin fundamentos, sin argumentos y sólo con el hígado, sin la razón, me formule acusaciones de esta naturaleza.
Lo conmino a que las retire y en caso contrario, señor Presidente, pido que se dé el trámite del 107.
Quiero, también, referirme a dos o tres de sus planteamientos. Y habrá oportunidad durante éste y todos los días que sean necesarios, de entrar al fondo de este debate.
El ha dicho, por una parte, que se excluye a las grandes mayorías o a la gran mayoría de mexicanos de este debate. Y, por otra parte, ha dicho, en una de sus primeras intervenciones, que se debate en la calle, que se debate en las plazas y que se va a continuar debatiendo. Claro, él lo reconoce: Hay debate. Lo ha habido: Hoy, ayer, hace meses, hace muchos años. Y el debate no se lleva a cabo entre cuatro paredes: El debate se realiza, se desarrolló, en todos aquellos lugares donde los ciudadanos mexicanos, libres como somos, decidimos discutir las cuestiones que le interesan a la patria. Pero lo que es más importante: Ese debate se refleja en los medios masivos de comunicación. Está presente todos los días.
Y todo lo que decimos, fuera de aquí o aquí, incluso las inconsecuencias de Camilo Valenzuela, ¡Mañana tendrán cabida en los medios de difusión nacionales! ¡Eso es un debate nacional, quiera o no lo quiera Camilo Valenzuela!
Vamos a seguir debatiendo, pero para debatir habría que partir de una base...
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Señor Presidente: Deseo le pregunte al orador si puedo hacerle una interpelación.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con todo gusto al terminar.
El Presidente: - Con todo respeto, señor diputado del Partido de la Revolución Democrática, el Presidente tiene la facultad de aceptarlas y después preguntarle al orador.
En este caso, vista la expresión del orador, voy a esperar a que termine para hacerle la pregunta. En los términos del artículo en que usted funda su petición de que lo interrumpa, está la atribución del Presidente de denegar u otorgar la interpelación. Le suplico su comprensión. (Aplausos.)
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Gracias, señor Presidente.
Vamos a debatir hoy, mañana y durante tres años, pero una de las condiciones esenciales para el debate es que no asumamos como práctica ni el dogmatismo ni la intolerancia. Dogmatismo e intolerancia son enemigos de la democracia. Y el debate sólo puede darse en la democracia.
No puede ser, no puede de ninguna manera aceptarse que todo aquello que no esté de acuerdo con lo que nosotros sostenemos esté reñido con la verdad o con la razón del pueblo.
No puede de ninguna manera aceptarse que todo aquello que no convenga a los intereses personales o a los intereses de un grupo minoritario, sea contrario a los intereses de la nación. Pero mucho menos puede aceptarse una actitud dogmática, una actitud intolerante, que a base de carecer de razones, quiere convencernos con calificativos y quiere convencernos con acusaciones; ése, señores, no es debate, es una riña y los priístas no vamos a participar en la riña a la que Camilo Valenzuela nos convoca, vamos a participar en un debate con razones, con argumentos, con fundamentos, no vamos en ningún momento y es compromiso de los priístas, a injuriar a nadie, ni acusar a nadie, ni a calificar actitudes, vamos a razonar, vamos a dar nuestra verdad, vamos a argumentar y esperamos reciprocidad.
Habremos, en su momento, seguramente cuando este punto de acuerdo se vote, habremos de debatir y esperamos corresponder a lo que el pueblo de México espera de nosotros, que éste sea un debate de altura. La mayoría parte de una base clara, no es sinónimo mayoría de razón absoluta, ni es sinónimo minoría de equivocación total, hay razones válidas en la mayoría y hay razones válidas en las minorías; sobre esa base los invitamos a debatir, sobre esa base los invitamos a analizar este asunto que seguramente es del interés de la nación; y un nuevo llamado a los compañeros del Partido de la Revolución Democrática: Hay que alejarse del dogmatismo, de la intolerancia, del calificativo y de la acusación, repito, eso no nos lleva...
El Presidente: - Diputado Yunes, ha concluido su tiempo, le suplico terminar y también le pregunto de una vez si aceptará una interpelación que le han formulado previamente.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Voy a concluir, señor Presidente. Asumir el dogmatismo, la intolerancia, el calificativo y la acusación sin fundamentos, no nos llevará a nada positivo y hay algo, compañeros diputados de todos los partidos, que nos debe unir, hay un punto de convergencia y ese punto de convergencia es el bien de México, y para lograr el bien de México la vía más adecuada es la razón y no la intolerancia. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado Yunes ¿Acepta la interpelación que le iba a formular el diputado Martín del Campo?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Sí, señor Presidente.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda (desde su curul): - Quiero preguntar al diputado Yunes ¿Si estaría de acuerdo en que retiren sus compañeros del partido todas las injurias y calificativos que desde el día de ayer y en la sesión de hoy han lanzado contra compañeros del Partido de la Revolución Democrática, de igual manera que lo hace para exigir que retire una serie de afirmaciones el compañero Camilo Valenzuela, para que en rigor sea pareja su actitud.
Segundo: Si sabe y si reprueba él, el que haya presiones desde altas esferas gubernamentales para la prensa, como el caso que se ventiló el día de ayer acerca de un funcionario del periódico El Porvenir y que también se reflejan a veces en cómo, sin responsabilidad de los trabajadores de la prensa, pero desde arriba, desde las cúpulas, se refleja también en cómo se manejan las notas acerca de los debates en este recinto parlamentario, ¿Si él reprobaría ese tipo de presiones que vienen desde Comunicación Social de la Presidencia, para inducir o manejar cómo se dan los debates en distintos ámbitos políticos de este país?
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con todo gusto, señor diputado.
Yo repruebo los calificativos y las acusaciones, vengan de quien vengan, no sólo cuando vienen de la oposición; estoy en desacuerdo. Soy un ciudadano que cree que en la libertad se puede debatir, se puede convenir y se puede consensar y creo también que ofender desde esta tribuna o no en esta tribuna, ofender en lo personal, afecta la forma que nos hemos dado de gobierno democrático, libre, representativo pero, sobre todo, afecta a la convivencia pacífica entre los mexicanos.
Respecto a su segunda pregunta, le quiero decir que la prensa y los medios se defienden solos y se defienden bien; todos los días al leer las páginas de los periódicos encontramos ahí reflejado, muy claro, lo dispuesto por el artículo 6o. de la Constitución, no necesito de ninguna manera hacer la defensa de los medios, ellos como el ejercicio cotidiano de su actividad se defienden y se defienden bien. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela en los términos del 107, corresponde a la Presidencia instar en su persona a retirar las expresiones a que ha aludido el diputado Yunes, yo cumplo con ese requerimiento reglamentario.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Pues lo felicito, señor Presidente, por cumplir con lo que manda el reglamento, creo que todos los presidentes debieran de hacer lo mismo y es que lo estamos reclamando. Es muy fácil venir a llamarse ofendido y amenazar con tomar medidas contra quienes venimos a debatir a esta Cámara, cuando se tiene detrás al Estado, cuando se tiene detrás un sistema de partido que ha hecho de la presión, de la amenaza, de la represión y no sólo del chantaje y del cohecho una de sus prácticas principales.
Yo he sido víctima de la práctica de este sistema, yo estuve tres años y medio, la última vez en la cárcel sin ser sometido a juicio, sin haber recibido sentencia y liberado a los tres años y medio pidiéndome perdón diciéndome que vas para afuera y eso es un hecho de los muchos que se dan en este país, no sólo de presión y de cohecho, de represión. Y recibí torturas no sólo al ser detenido tres veces en la cárcel, volví a ser torturado y me mueve la risa que el diputado Yunes se sienta tan ofendido por modales y no atienda a lo esencial de lo que está ofendiendo, de lo que está dañando, de lo que está agrediendo él, su fracción, su gobierno a nuestra patria.
Me parece, compañeras y compañeros que este debate en torno al proceder del Presidente de ayer de esta Cámara, está sacando, nos está llevando a un debate de más fondo. ¿Quién desconoce los recursos inconmensurables que se usaron de parte del partido oficial en el reciente proceso electoral? ¿De dónde salieron esos recursos en los que se asentó la campaña de derroche tan extremo que se desplegó de parte del partido oficial?
El Presidente: - Exhorto al orador en los términos que se hace la moción a procurar ceñirse al tema o al requerimiento que se ha hecho.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Estoy en el tema de la alusión del diputado Yunes contra mí y compañeros diputadas y diputados, creo que si no atendemos a estos temas de fondo que están detrás de este debate de hoy y de lo de ayer y van a seguir estando en los próximos que vamos a seguir dando, entonces no hay posibilidad de que nos pongamos de acuerdo, de que atendamos razones, porque yo digo ¿Qué
razón puede asistir a una mayoría y a un gobierno que intenta llevar a cabo una reforma contra uno de los artículos fundamentales de la Constitución que emergió de una revolución, excluyendo una vez más de toda posibilidad de expresión y de decisión a la mayoría de los mexicanos?, ¿Qué razón puede haber, qué razón se puede esgrimir para llevar a cabo esa imposición a la nación, de una reforma que forma parte de un proyecto y de otra serie de reformas que están ya amenazándonos de volvérnoslas a imponer en la Cámara y de volvérsela a imponer al pueblo de México, sin dar posibilidad de que el pueblo de México opine, debata y mucho menos decida? ¿Qué razón se puede esgrimir que no sea la razón de Estado, que no sea la razón presidencialista, que no sea la razón corporativa, que no sea la razón antidemocrática? ¿Qué razón se puede exponer, compañero?
Yo digo, esta es la profunda falta de respeto que sí debiera de merecer mayor preocupación por el diputado Yunes y por la mayoría, tomando en cuenta además que la situación de nuestro pueblo está ya muy tensa y desesperante. Esa es la preocupación y la razón y el respeto que requerimos tener, porque si no, compañeras y compañeros, no sólo va a haber aquí problemas en la Cámara, que en última instancia son problemas en un vaso de agua, comparados con lo que puede haber en concentraciones urbanas de la magnitud de la zona metropolitana y comparado con las situaciones que puede haber en otras ciudades y regiones de nuestra patria.
El problema no es de detalle ni es de sensibilidad personal; el problema es de fondo y pido, señor Presidente, que se traiga la versión estenográfica para leer mis expresiones...
El Presidente: - Por favor, concluya diputado Camilo Valenzuela. Adelante, Camilo Valenzuela, concluya. Prosiga, diputado Camilo Valenzuela o retírese de la tribuna, por favor.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Yo pido, señor Presidente, que se traiga la versión estenográfica para precisar mis expresiones y ver qué retiro de lo que haya ofendido al diputado Yunes, pero pediría al diputado Yunes que a ver qué retira de los problemas de fondo con los que nos está atropellando y está hiriendo no sólo nuestra sensibilidad.
El Presidente: - ¿Concluyó, diputado Camilo Valenzuela?
Tiene la palabra el diputado González Avelar, para hechos.
El diputado José Miguel González Avelar: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Tengo el honor de presidir la Comisión de Régimen, Reglamento y Prácticas Parlamentarias y hemos tenido ya al menos un par de sesiones, en el curso de las cuales con la representación de casi prácticamente todas las fracciones parlamentarias, hemos adelantado algunas ideas, con objeto de perfeccionar el desarrollo y la conducción de los trabajos de la Cámara.
Nadie podría negar que tanto nuestra ley como nuestro reglamento, tiene algunas obsolescencia derivadas a veces simplemente por la modificación de la Constitución, a veces por la práctica o por los usos parlamentarios que se han ido modificando.
Estamos pues en la comisión en conjunto, lo digo así, espero que no se me contradiga en esto, estamos dispuestos y aceptamos que hay necesidad de perfeccionar las prácticas parlamentarias.
El día de hoy, sin embargo, hemos venido escuchando una serie de contradicciones y de objeciones al procedimiento que se siguió el día de ayer para hacer posible la continuación de nuestra sesión.
Yo creo sinceramente que se puede en efecto discrepar sobre el trámite que en particular tuvo la moción y la propuesta que la mayor parte de los diputados aceptamos para poder continuar la sesión, pero me parece que entrar en un debate específico a propósito de tales o cuáles disposiciones aplicadas o no correctamente el día de ayer, ignora un hecho que es de una trascendencia mucho mayor. El hecho importante es que se impidió la continuación de los trabajos de la Cámara por una medida que ha sido llamada, en esta tribuna, práctica parlamentaria en proceso de configuración o práctica parlamentaria en proceso de asimilación.
Ha dicho algún otro de los compañeros de mi partido, que no podemos aceptar esa práctica y yo creo que en efecto no debemos, porque ésta sí es la esencia del tema.
El verdadero problema a debatir es: ¿Hasta qué punto es legítimo, es posible y puede la Cámara aceptar que se interrumpan de una manera total los trabajos de conducción de la Cámara?, ¿Si es posible que un diputado, tres, 20 ó 50 puedan interrumpir el trabajo?, entonces discutamos eso, porque ésta es la causa de lo acusado. Todo
lo que sucedió después de eso son acontecimientos que ciertamente palidecen frente al hecho esencial.
La Cámara no pudo trabajar, el Presidente, que de acuerdo con el artículo 33 de la ley orgánica, está obligado a preservar la libertad de las deliberaciones, a cuidar la efectividad del trabajo legislativo y aplicar con imparcialidad las disposiciones de la ley y reglamentos, tiene que poder tomar alguna medida.
Yo creo que ni esta Cámara ni ninguna vería o podría soportar con paciencia que un grupo de personas le permitieran dejar de funcionar. Esto contradice, en esencia, la función y la naturaleza de la Cámara de Diputados. Es éste un parlamento, donde hay, justamente, que parlamentar y que hablar y si un diputado o varios, o toda una fracción, tiene el derecho, sea porque se los demos en el reglamento o por práctica parlamentaria, de interrumpir nuestros trabajos, entonces estamos aviados.
Lo que hay que discutir es, si puede o no puede, una fracción parlamentaria, interrumpir el trabajo de la Cámara.
Se puede discutir sobre si el recinto es exactamente éste u otro anexo. Yo estoy por cierto seguro de que si hubiese un incidente en que se viera comprometida la dignidad de la Cámara, aun en los recintos de comisiones o en el comedor o en cualquier otra parte, protestaríamos todos como una sola voz, porque todo este conjunto en el que nos movemos y trabajamos, es el recinto de la Cámara de Diputados. Pero estoy de acuerdo que se puede discutir.
Y, sin embargo, ¿Qué hace, entonces, el resto de la Cámara cuando se le impide trabajar? ¿Hay alguna acción, algún recurso, alguna manera de evitar eso o no lo hay?
Ayer tuvimos el lapso de 60 minutos que se nos dio para poder desplegar aquí una actitud que impedía el trabajo de la Cámara. Pudieron haber sido dos horas, ocho, 10 días, 20 días o todo el período de sesiones, llevando a sus extremos la actitud.
Entonces, en una palabra y en resumen, pues no quiero excederme en el tiempo, el verdadero problema es, si se puede o no se puede, interrumpir así el trabajo de la Cámara y si dejamos inerme a la directiva de la Cámara, cualquiera quienes sean las personas que la ocupan, para tomar alguna medida dentro de las posibilidades que da el reglamento y de lo que su buen juicio. les aconseje , para poder continuar el trabajo constitucional que tenemos encomendado.
Estamos discutiendo, digo, finalmente, una proposición acerca de la sustitución del Presidente de la Cámara. Yo creo que se ha olvidado cuál es el verdadero origen del problema. Los convido a no participar, a mis compañeros de partido, en un asunto que nos está alejando completamente del origen causal de todo el problema que se debate y los convido a que en los términos del 115 la Presidencia preguntara si el asunto de la sustitución del Presidente, está suficientemente discutido y, si es el caso, pasáramos a votar.
Yo, por mi parte, pido, desde aquí, el apoyo completo para el Presidente de la Cámara de Diputados.
El Presidente: - Le agradezco.
Esta Presidencia tiene registrado al diputado Martín del Campo en pro de la proposición.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Yo estoy antes. Desde hace mucho tiempo pedí la palabra.
El Presidente: Tiene usted razón, diputado Becerra. Los diputados Becerra y Cuauhtémoc Amezcua están registrados para hechos, les voy a dar el uso de la palabra inmediatamente después del diputado Martín del Campo y les ofrezco una disculpa.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Con su permiso, señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Después de una intervención envalentonada, de carácter machista, del diputado Ochoa Zaragoza, que dijo que aquí cuentan sólo los que nacieron hombres y no las que nacieron mujeres, que también son diputadas y también pueden intervenir, después de una intervención enjundiosa, aparentemente rigurosa y respetuosa del buen orden que hizo el diputado Yunes y que dijo que reprobaría esas actitudes de sus compañeros de mayoría y no sólo en los de la oposición y después de una elegante intervención del licenciado González Avelar para intentar decirnos que es causa lo que no es causa de esta discusión y distorsionar la propuesta que tenemos, quiero reiterar que para nosotros lo que está de fondo no es un asunto de trámite, no es un asunto formal; no es cierto que lo que está de fondo es si debemos cuidar que la Presidencia opere con buen juicio cada que se le antoje y pueda transgredir
la norma en uso de ese aparente buen juicio al que apelaba el licenciado González Avelar.
Si nos vamos a atener a esa regla que acaba de proponer el licenciado González Avelar, deben cancelarse todas las discusiones y los diputados sólo debemos preguntar a los presidentes si a su buen juicio debemos estar aquí o no debemos estar aquí y debemos trasladar al comedor, para que en medio de los platillos que nos sirvan podamos decidir las cosas que se deben decidir en este salón de sesiones.
Me parece que es totalmente procedente la propuesta que el Partido de la Revolución Democrática ha hecho, de remover de sus cargos al diputado Ochoa Zaragoza en lo que se refiere a ser parte de la mesa directiva, porque lo que queremos romper y ése es el telón de fondo, señor licenciado González Avelar, y los otros diputados que han intervenido para tapar un error que ahora la mayoría quiere cubrir con un suficiente número de intervenciones, que cometió el señor Ochoa Zaragoza.
El telón de fondo es que cuando son presidentes algunos miembros del partido mayoritario, se olvidan que son presidentes de la Cámara que está integrada por 500 diputados de todas las fracciones parlamentarias; que no son presidentes de un partido y que no deben actuar por consigna del jefe del Ejecutivo en ninguna de las actividades que tienen al frente de esta Cámara.
El telón de fondo es que se quiere dar un cerrojazo presidencial a la discusión que ha propuesto el Partido de la Revolución Democrática y creo que toda la oposición, respecto a este tema de interés nacional que efectivamente rebasa el asunto personal del diputado Ochoa Zaragoza, qué bueno que lo reconoce y es el asunto de que no se ha llevado a la práctica algo que prometen aquí en el discurso los diputados priístas que es estar abiertos y ser tolerantes y escuchar a todos los sujetos sociales involucrados en este tema de interés nacional que es el del ejido.
Que no nos vengan con que se puede sustituir el debate que propuso la Cámara, con una reunión publicitaria que se hizo en Los Pinos, medida política, sí, medida de albazo, para que aquí pudiera tener eco y pudiera tener cabida la idea de que ya se debe suspender el debate, porque algunos firmaron con Salinas un remedo de lo que fue el Plan de Ayala, por lo tanto creo que es, insisto, totalmente procedente la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, para que sea removido de su cargo en la directiva el diputado Ochoa Zaragoza.
Hay la idea de que los del Partido de la Revolución Democrática lo que queremos impedir es el debate. Lo que queremos impedir es el cerrojazo y por eso no nos vimos obligados a anunciar y a efectuar la toma de la tribuna, que también han hecho los del Partido Revolucionario Institucional y a la que no se han referido o han querido eludir los compañeros del Partido Revolucionario Institucional que pasan a cuestionar nuestra medida y no la de sus propios compañeros en la legislatura anterior. El licenciado González Avelar dice que no se debe sentar ese precedente y deberá entonces hacer una mención explícita a que sus compañeros de partido se equivocaron cuando tomaron esa medida en la legislatura anterior.
Si vamos a llegar a ese acuerdo, que también se cuestione a los diputados de la legislatura anterior pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional.
Pero tampoco debemos dejar que se siente precedente para que un Presidente en esta Cámara pueda cambiar el recinto.
Pese al uso de algunos recursos aparentemente legales que hizo el licenciado González Avelar, es falso que pueda considerarse el salón de sesiones de la Cámara de Diputados, el comedor o cualquier otra área y tampoco se puede asociar a un asunto de riesgo, que implicaría abandonar la sala de sesiones y posponer las sesiones y cambiarlas después de un acuerdo. No tiene nada qué ver con lo que ayer sucedió.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática, nos oponemos a que se siente precedente. Creo que la mayoría de compañeros de la oposición también estarán de acuerdo: No debe sentarse este precedente de que un Presidente se brinque el reglamento y se brinque la Ley Orgánica. Además en la afirmación de que la decisión que tomó el Presidente de la Cámara ayer, está apoyado en artículos de la Ley Orgánica y del reglamento, como ha dicho otro compañero mío, ese apoyo no resulta verdadero, es un apoyo falso, es un falso fundamento, y por lo tanto la acusación y la petición que hace el Partido de la Revolución Democrática resulta consistente.
Pido al Presidente que autorice a la Secretaría para que lea íntegramente los artículos a los que hizo mención el Presidente en la sesión del día
de ayer, en los que apoyó su decisión de trasladar incorrectamente las sesiones a otro lugar diferente al que está considerado como salón oficial de sesiones. Es el 31 de la Ley Orgánica y 22, 21 del reglamento.
El Presidente: - Proceda la Secretaría, con la advertencia o con la atención al orador, de que el tiempo consumido será en demérito del propio ponente.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
"Artículo 21. Son obligaciones del Presidente:
I. Abrir y cerrar las sesiones a las horas señaladas por este reglamento;
II. Cuidar de que así los miembros de la Cámara como los espectadores guarden orden y silencio;
III. Dar curso reglamentario a los negocios y dictar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuanta a la Cámara;
IV. Determinar qué asuntos deben ponerse a discusión, prefiriendo los de utilidad general, a no ser que, por moción que hiciere algún individuo de la Cámara, acuerde ésta dar preferencia a otro negocio;
V. Conceder la palabra, alternativamente, en contra y en pro, a los miembros de la Cámara, en el turno en que la pidieren;
VI. Dictar todos los trámites que exija el orden de la discusión de los negocios;
VII. Declarar, después de tomadas las votaciones por conducto de uno de los secretarios, aprobadas o desechadas las mociones o proposiciones a que éstas se refieran;
VIII. Llamar al orden, por sí o por excitativa de algún individuo de la Cámara, al que faltare a él;
IX. Firmar las actas de las sesiones luego que estén aprobadas, así como también las leyes que pasen a la otra Cámara y las que se comuniquen al Ejecutivo para su publicación;
X. Nombrar las comisiones cuyo objeto sea de ceremonia;
XI. Anunciar, por conducto de los secretarios, al principio de cada sesión, los asuntos que se van a tratar en la misma y al final de ella el orden del día de la sesión inmediata, y ordenar que la Secretaría dé el mismo aviso a cada una de las secretarías de Estado, siempre que se vaya a tratar algún asunto que sea de su competencia.
Bajo ningún concepto se podrá levantar una sesión sin antes haberse hecho conocer a la asamblea el orden del día para la siguiente sesión, salvo el caso a que se refiere el artículo 109.
XII. Firmar, en unión de los secretarios, los nombramientos o remociones de los empleados que haya acordado la Cámara respectiva, conforme a la fracción III del artículo 77 constitucional;
XIII. Firmar los nombramientos o remociones que haga la Cámara de Diputados de los empleados de la Contaduría Mayor de Hacienda;
XIV. Citar a sesiones extraordinarias, cuando ocurriese algo grave, ya por sí o por excitativa del Ejecutivo o del Presidente de otra Cámara.
XV. Declarar que no hay quórum cuando es visible su falta, o hacer que la Secretaría pase lista cuando aquél sea reclamado por algún miembro de la Cámara;
XVI. Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten dictamen si han transcurrido cinco días después de aquél en que se turne un asunto y, si no fuere suficiente, la emplazará para el día determinado y si ni así presentare el dictamen, propondrá a la Cámara que se pase a otra comisión, y
XVII. Obligar a los representantes ausentes a concurrir a las sesiones, por los medios que juzgue más convenientes, en los casos en los que se tratare de asuntos de interés nacional.
Artículo 34. El Presidente de la mesa directiva hará respetar el fuero constitucional de los miembros de la Cámara y velará por la inviolabilidad del recinto parlamentario.
Son atribuciones del Presidente:
a) Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del pleno.
b) Dar curso reglamentario a los negocios y determinar los trámites que deban recaer en los asuntos con que se dé cuenta a la Cámara.
c) Conducir los debates y las deliberaciones del pleno.
d) Cumplimentar el orden del día para las sesiones, tomando en consideración las proposiciones de la Gran Comisión y de los grupos parlamentarios.
e) Requerir a los diputados faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y proponer, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan, con base en el artículo 63 constitucional.
f) Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo para ello.
g) Solicitar el auxilio de la fuerza pública en los términos que establece el artículo 12 de esta ley.
h) Firmar con los secretarios y en su caso el Presidente de la Cámara colegisladora, las leyes, decretos y reglamentos que expida la Cámara o el Congreso.
i) Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara.
j) Presidir las sesiones conjuntas del Congreso General.
k) Representar a la Cámara ante la colegisladora y en las ceremonias a las que concurran los titulares de otros poderes de la Federación.
l) Las demás que se deriven de esta ley, del Reglamento Interior y de Debates y de las disposiciones o acuerdos que emita la Cámara."
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Gracias.
Como se ve, leyendo extensamente y en su totalidad el texto de los artículos en que se fundamentó la decisión del Presidente en la sesión de ayer, hay carencia suficiente de este fundamento, por lo que además, formalmente tampoco procedería la determinación que tomó el Presidente. Cuando se dice que fue de acuerdo con la Cámara, fue porque el grupo mayoritario acostumbra disciplinarse de esa manera y cubrir a sus compañeros cuando cometen errores como en este caso son evidentes y no están apoyados en la reglamentación a la que ahora aluden muchos compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Me parece que además de las cuestiones que subjetivamente aquí manejó el diputado Yunes, tienen un tono amenazante, tienen un tono de chantaje. Por eso hice mi interpelación cuando él intervino. ¿De qué se trata? ¿De que a cada persona que intervenga cuestionando la política que siguen los del Partido Revolucionario Institucional se le va a amenazar con que se le levantarán no sé qué sanciones y se le someterá al juicio del partido mayoritario? ¿Es esa la idea de tolerancia que el propio diputado Yunes de manera contradictoria manejó en su intervención? ¿Ninguno de los diputados de la oposición podemos hacer críticas a la política que sigue el partido mayoritario y al Ejecutivo que es de este partido mayoritario también, porque recibiremos entonces amenazas o chantajes como las que el diputado Yunes ha hecho?
Pido al licenciado Avelar, que también en tiempo y forma y por los procedimientos adecuados, someta a la votación de acuerdo a los procedimientos, insisto, de este pleno, la propuesta que hace de que se agregue un párrafo que diga que se pueden cambiar las sesiones del recinto oficial a buen juicio, según el buen juicio de quien esté presidiéndolas.
Si eso no es lo que él propone, que retire la idea de que lo que está causando esto es que el Partido de la Revolución Democrática, exige que de veras se sea consecuente en el planteamiento discursivo que han hecho los del partido mayoritario de que están dispuestos a que haya un debate nacional.
También hemos cuestionado y lo reitero en ésta mi intervención, que no fue considerada ninguna de las opiniones divergentes respecto a la iniciativa del 27 que fueron presentadas por investigadores, por representantes de grupo campesinos y por los propios diputados de la oposición en las sesiones de audiencia pública que fueron convocadas para el efecto. No hay ninguna de las propuestas que cuestionan de fondo la iniciativa que lanza la Presidencia a esta Cámara y por eso creemos que es un asunto totalmente inadecuado el de cómo y esto es de fondo, se presentó el dictamen por parte de los del grupo mayoritario en esta Cámara.
Por ello, simultáneamente a nuestra queja y a la petición de que sea removido de su cargo el diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, estamos exigiendo a los de la mayoría, en esta Cámara, que sean consecuentes con su discurso, que no teman al debate nacional, que no sólo estén de acuerdo con los actos publicitarios en Los Pinos y que de veras se vaya a los 27 mil ejidos de este país y que de veras podamos confrontar si las actas que dice poseer el diputado Yunes existen, en apoyo del manifiesto que de manera ficticia se firmó en días pasados en Los Pinos.
Creo que más que todos lo discursos enjundiosos que hoy hicieron los compañeros de partido, de Ochoa Zaragoza, que son respetables en la medida que son leales compañeros de partido y están dispuestos a tapar errores de los mismos compañeros de su partido, que en este día tomen una decisión trascendental que nos permita ver a los de la oposición que no viven bajo la inercia de subordinarse a las determinaciones del Ejecutivo, en lo que en materia de iniciativa se refiere y en lo que a lealtades mal entendidas, en cuanto a tapar errores de sus compañeros, se refiere también y acepten que sea removido de su cargo el señor Ochoa Zaragoza y acepten también que el debate se lleve a cabo en todos los ámbitos de la nación para que tenga un verdadero consenso social el asunto de la iniciativa de reformas al 27. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Becerra, por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Emilio Becerra González: - Compañeras y Compañeros diputados: Tal pareciera que el caso que se está discutiendo aquí no es el de Ochoa Zaragoza, sino el de Miguel Angel Yunes. Pero desafortunadamente algunas de sus intervenciones no han sido lo acertadas que normalmente son.
El decía que nuestro partido, citando a un escritor equis; se está suicidando a pausas. Pues yo le dijera que el suicidio a pausas tiene remedio y es reversible. Pero su partido ya ni existe; de 1982 en adelante se murió y quienes ahora se ostentan con la camiseta del Partido Revolucionario Institucional, no es más que la mortaja, porque están defendiendo proyectos y programas históricos de otro partido y más les valdría ponerse esa camiseta, como veremos a través de las reformas al 27 constitucional al 3o. al 130 y algunas otras más que ya se nos anunciaron.
El diputado Florencio Salazar Adame (desde su curul): - Señor Presidente: Pregunte al orador si me acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación, señor diputado?
El diputado Emilio Becerra González: - Con mucho gusto.
El diputado Florencio Salazar Adame (desde su curul): - Señor diputado Becerra: ¿Aceptó usted la notaría de un gobernador priísta para dar fe de la mortaja en la que vive el Partido Revolucionario Institucional ahora?
El diputado Emilio Becerra González: - Debo decirle al compañero diputado que los hechos públicos hacen prueba plena, aunque no se invoquen. Es un hecho público que el Partido Revolucionario Institucional ya está en el panteón de la historia, cuando menos el que nosotros conocimos y también debo decirle que yo hice algo que la gente del Partido Revolucionario Institucional no se atreve a hacer. Yo la notaría que obtuve a través de un juicio de amparo que gané y se me otorgó en cumplimiento de una ejecutoria de amparo que algunas personas distinguidas de su partido lo conocen y no quiero dar nombres.
Ahora bien, es cierto, en lo que aquí se ha mencionado...
(Desorden.)
El Presidente: - Un momento compañero Becerra. Yo suplico a los diputados de todos los partidos nuevamente guardar respeto a los oradores y no incurrir nuevamente en este tipo de prácticas que lo único que generan es una respuesta igual de otro partido. Suplico respeto a los oradores y podamos concluir esta discusión.
El diputado Emilio Becerra González: - Quería yo expresar en relación con la intervención del diputado Ochoa Zaragoza, sedicente trabajador de planta de una cigarrera, que ojalá y no quiera quedarse de planta en la Presidencia de esta Cámara de la Unión, que evidentemente las razones que se han invocado para pedir su destitución, están más que justificadas; cuando él fungió como presidente de una de las comisiones del Colegio Electoral expresaba que los de la oposición, él nos denominaba "emperadores", porque únicamente veníamos a crear problemas a su partido y al Ejecutivo y yo creo que un señor con este criterio, que él sí es un "emperador de la democracia", no puede continuar al frente de la Presidencia de la Cámara; además también es un hecho de todos conocido y hasta se publicó en la prensa, que retó a golpes y estuvo a punto de írsele encima al diputado Gárate, del Partido Acción Nacional y, yo me pregunto, ¿Es ese señor de los mejores hombres que tiene el Revolucionario Institucional, para proponerlo como Presidente de la Cámara? ¿Con esos méritos o con ese criterio, es como nos imponen estos presidentes?; afortunadamente yo no voté por él y no estuve aquí en esta reunión.
Pero hay más... Llega a tal grado la forma de manejar las sesiones del diputado Ochoa Zaragoza,
que cuando yo le pregunté acerca de un documento que llegó ahí por las artes, a las que se refería el compañero Camilo Valenzuela y le dije que explicara correctamente cómo llegó ese documento ahí, me dijo que: "Por intermedio del espíritu Santo". Ya es hasta "metafísico" este señor.
Y además como está acostumbrado a tratar con la gente de la Confederación de Trabajadores de México; que todavía hay mucha gente respetable ahí, en la base y no la dirigencia, hablaba ayer de que creía que nosotros éramos de la Confederación de Trabajadores de México, que nos va a descontar el salario, que nos va a excluir de las sesiones.
Señor Ochoa, la Cámara de Diputados afortunadamente no es la Confederación de trabajadores de México. Yo le daría el consejo que para que usted pueda presidir a gusto, aprueben la propuesta de nosotros de eliminarlo y se vaya a presidir las asambleas de la Confederación de Trabajadores de México.
Y para que entienda el lenguaje que estamos utilizando, yo pido que se apruebe la propuesta del Partido de la Revolución Democrática y se le aplique la cláusula de exclusión a Ochoa Zaragoza.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, del Partido Popular Socialista, para hechos.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Desde los inicios de los trabajos del Colegio Electoral y posteriormente al instalarse esta Cámara, la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista planteó con toda claridad su decisión de contribuir a que se elevara la calidad del debate y su decisión de impulsar el diálogo entre todas las fuerzas políticas del país; éste sigue siendo el espíritu que mueve al Partido Popular Socialista.
En este espíritu conviene precisar un par de opiniones que se han planteado aquí en torno al asunto que se está debatiendo. Se está debatiendo un hecho al que en primer término me referí yo mismo en esta tribuna, no hay sustento jurídico para la decisión que tomó el Presidente de la Cámara el día de ayer, fue una decisión atropellada y que atropella la dignidad del Congreso; no podemos estar expuestos a que en cualquier momento se le ocurra, a cual Presidente, que se traslade la sesión al estacionamiento de esta Cámara, que también forma parte del recinto parlamentario, pero que está muy lejos de tener la dignidad y la mística que sólo tiene la sala de sesiones. Es un hecho que no tiene precedentes, que nunca había ocurrido y que nunca más debe volver a ocurrir, eso debe quedar muy claro.
Se ha tratado de enredar el asunto hablando de la causa de lo causado, como decía nuestro amigo el diputado González Avelar y bueno, se invoca que los compañeros del Partido de la Revolución Democrática habían tomado la tribuna y que esto impedía el debate, lo iba a impedir por una hora y quizá hubiera sido un mal menor; hoy hemos perdido varias horas discutiendo la infortunadísima decisión de Ochoa Zaragoza, pero el problema si se quiere buscar qué había detrás, causa de lo causado, bueno, también habría que ir un poquito más atrás.
Yo también externé esta opinión con mucha procuración en varios momentos de la discusión del artículo 27. Este es un tema de enorme profundidad. Los temas a discusión, según su tamaño, según su peso, según las fuerzas que están involucradas, según una serie de cuestiones históricas, jurídicas, políticas, económicas, requieren determinados tiempos, mayores o menores, que no se pueden atropellar de manera voluntarista.
Yo externé mi preocupación porque por parte del Poder Ejecutivo y su partido, había interés en llevar esto mucho más aprisa de lo que permitía la maduración de la discusión misma y ya había yo advertido sobre actitudes no sólo críticas, sino que rebasaban en mucho el lenguaje de debate digno, de debate elevado en que incurrieron secretarios de Estado que empezaron a colgar calificativos, queriendo herir o molestar a quienes discrepábamos de esas opiniones.
Pues esta precipitación, en todo caso, sería la causa de la causa de lo causado, si se quiere ir por allá. Pero no es el caso. ¿Para qué enredar una discusión? Simplemente lo que preocupa al Partido Popular Socialista es que no vaya a quedar como precedente y que nunca más se vuelva a incurrir en una actitud tan grave, como en la que incurrió el Presidente el día de ayer.
Lo demás, todo se puede discutir: ¿Se valen o no las tomas de tribuna? Lo podemos ver; hay instrumentos, hay mecanismos, tenemos esa comisión ya aprobada por el pleno de esta Cámara, donde estamos los coordinadores de
todas las fracciones parlamentarias para ver esto y ver otras cosas.
Ayer mismo se pudo haber buscado una salida reuniendo rápidamente a esta comisión, buscando alguna otra forma más institucional y no una decisión tan grave que ha ocasionado toda esta discusión y que es mucho más grave que la discusión misma y que el tiempo que le hemos dedicado.
Entonces, yo quisiera llamar la atención nuevamente, para no desviarnos hablando de 20 temas a un tiempo. El hecho muy grave fue la decisión, muy infortunada, que tomó lamentablemente el compañero Ochoa Zaragoza, quien en lo personal merece todo mi respeto, como dirigente obrero merece todo mi respeto, lamentablemente alguien lo orientó muy mal y le recomendó una decisión que fue catastrófica, verdaderamente catastrófica. Lo lamento mucho. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Avila, para hablar en contra de la moción.
El diputado Benjamín Avila Guzmán (desde su curul): - Señor Presidente, en vista de que se ha debatido mucho y se prolongó esta discusión, declino mi intervención y quisiera que preguntara a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Presidente: - Muy bien, diputado. Únicamente queda el registro del diputado Bejarano y concluyendo él voy a someter a votación el asunto.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - He pedido el uso de la palabra para hacer alguna rectificación de hechos, sobre el manifiesto campesino que yo llamo, en lo personal, el manifiesto de la "indignidad".
Conozco, cuando menos un caso, que contradice las afirmaciones hechas aquí en esta tribuna, en el sentido en que existe consulta y consenso de parte de los que firmaron ese manifiesto con el texto ahí suscrito y con el manejo político publicitario que se hizo de él.
Yo participé hace algunos años en la fundación de la Unión General Obrera Campesina y Popular. Cuando vi por la televisión, con esa sutileza que acostumbran los programas que maneja la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia, la imagen del compañero ingeniero Margarito Montes Parra, firmando ese manifiesto y sonriéndole al Presidente, no pude menos que evocar el rostro de su hermano, recientemente asesinado en la que esa organización tiene su asiento.
Y recordé que otros dirigentes de esa organización no compartían su punto de vista y que esa organización nunca discutió ni aprobó lo ahí firmado. Que otro dirigente nacional de la dirección colectiva de esa organización, el compañero Luis Javier Valero Flores, estuvo firmando en sentido contrario el llamado "Pacto de Anenecuilco", apenas unos días antes.
Y que el compañero José Luis Díaz Moll, el otro integrante de la dirección colectiva de esa organización, tampoco estaba de acuerdo.
Y que en el desplegado firmado por la Secretaría de la Reforma Agraria, pagado por la Secretaría de la Reforma Agraria, aparecía como la dirección nacional de la Unión General de Obreros y Campesinos de México.
Y eso tiene que ver con la coerción y el cohecho del que aquí se ha hablado, porque es una práctica de Estado la búsqueda de apoyo, sobre todo de quienes vinieron de la oposición.
Recuerdo que conocí a Gustavo Gordillo, en el Partido Mexicano de los Trabajadores. El era el Secretario de Relaciones Campesinas del Comité Nacional y también recuerdo la muerte de Pedro Beltrán, en la Huasteca hidalguense y fui de los que defendí el que se aclarara ese asesinato y recuerdo el programa de acción del Partido Mexicano de los Trabajadores, de entonces y el texto de ese programa de acción reclamaba la desaparición del amparo agrario y reclamaba la defensa del ejido.
Ahora han pasado años y las tesis contrarias son apoyadas por algunos de los que en el pasado, algunos en el pasado reciente opinaban en sentido contrario.
No podría decir, no hay razones suficientes, ni claridad suficiente de si fue por convicción o por conveniencia. Pero lo que sí está claro es que hay certeza de que cuando menos algunas de las organizaciones no fueron consultadas. Que hay una campaña implementada desde el Ejecutivo; que hay una decisión implementada desde el ejecutivo de imponer acelerada y precipitadamente, en el marco de la firma del tratado de libre comercio, una reforma constitucional.
Y que los adjetivos vinieron y aquí se discutieron de un secretario de estado, que llamo a quienes opinamos en sentido diverso, llamó "nuevos refaccionarios",
y que no tuvo capacidad de sustentar, con tesis, sus afirmaciones.
Y que esta campaña fue manejada también "para aquellos que no tuvieron miedo" y que las palabras del titular del Ejecutivo fueron ésas, parafraseando las del general Zapata: "El que no tenga miedo que pase a firmar"
Ese fue el marco en el que se instrumentó ese manifiesto y habrá qué ver sus resultados.
Pero tiene que quedar muy claro que lo que aquí se debate no es la figura del sedicente, modesto, trabajador de la industria cigarrera...
(Desorden.)
El Presidente: - Diputado Bejarano: Su tiempo ha terminado y le suplico concluir.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Voy a concluir.
Que lo que aquí se debate es, finalmente, la soberanía del Congreso y la capacidad del Congreso para rescatar su dignidad y que desafortunadamente una mayoría, que sigue siendo ilegítima, que sigue practicando fraudes, quiere implementar a toda prisa una reforma constitucional prácticamente por consigna. Muchas gracias.
El Presidente: - Agotado el turno de oradores, proceda la Secretaría a recoger, en los términos del artículo 22, en votación nominal, la votación de la asamblea respecto de la moción presentada.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación nominal se va a tomar, por la afirmativa, la compañera Piñeiro y por la negativa un servidor, diputado Alapizco.
Lo que vamos a someter a votación es en que se reemplace el Presidente de la mesa directiva, diputado Rigoberto Ochoa Zaragoza, moción presentada por el diputado Raymundo Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática.
Rogamos a la Oficialía Mayor haga los avisos que estipula el artículo 61 del reglamento.
(Votación.)
Señor Presidente, 329 compañeros, diputadas y diputados han votado por que no proceda la moción, 46 a favor y 40 abstenciones.
La secretaríía diputada A. Irma Piñeiro Arias: Desechada, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Continúe la Secretaría con el siguiente asunto del orden del día. Y en futuras ocasiones, pidiera más, quedaran debidamente registradas las abstenciones, cuando la votación fuera nominal ,para poder verificarlas.
MINUTAS DE LA COLEGISLADORA
LEY QUE APRUEBA LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCIÓN.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución. Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1991. - Senadores secretarios: Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA UN CUARTO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4o. DE LA LEY QUE APRUEBA LA ADHESIÓN DE MÉXICO AL CONVENIO CONSTITUTIVO DEL BANCO DE DESARROLLO DEL CARIBE Y SU EJECUCIÓN.
Artículo único. Se adiciona un cuarto párrafo al artículo 4o. de la Ley que Aprueba la Adhesión de México al Convenio Constitutivo del Banco de Desarrollo del Caribe y su Ejecución, para quedar en los siguientes términos:
"Artículo 4o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De igual manera, el Banco de México, cubrirá, con la garantía del gobierno federal, el equivalente
a 5 millones de dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente a la tercera reposición adicional, de capital al citado fondo especial de desarrollo, mediante cuatro pagos anuales, iguales y sucesivos a partir de 1992."
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, 3 de diciembre de 1991. - Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
MONEDA CONMEMORATIVA DEL XX ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que establece las características de la moneda de plata conmemorativa del vigésimo aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1991. - Senadores secretarios: Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA MONEDA DE PLATA CONMEMORATIVA DEL VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE
Artículo único. Se autoriza la emisión de una moneda de plata con valor nominal de 100 pesos, conmemorativa del vigésimo aniversario del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros);
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura;
c) Contenido: Una onza troy de plata pura;
d) Peso: 31.103 gramos (treinta y un gramos ciento tres miligramos), equivalente a una onza troy de plata pura;
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más;
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.210 (doscientos diez miligramos), en más o en menos. Por conjunto de mil piezas, 6.641 gramos (seis gramos seiscientos cuarenta y un miligramos), en más o en menos, y
g) Canto: Estriado:
Los Cuños serán:
Anverso: Al centro el Escudo Nacional en relieve escultórico, circundado con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos". El marco liso.
Reverso: Una escena de la fauna marina característica de las costas de la península de Baja California, que muestra una ballena acompañada por un banco de peces, llevando en el campo superior la leyenda 100 pesos, el año de acuñación, el símbolo de la Casa de Moneda de México y la mención del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El marco liso.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de senadores. - México, Distrito Federal, 3 de diciembre de 1991. - Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretarios: Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo, y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
MONEDA CONMEMORATIVA DEL D ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Cámara de Senadores. - México, D.F.
Ciudadanos secretarios de la honorable Cámara de Diputados. - Presentes.
Para los efectos constitucionales, tenemos el honor de remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto que establece las características de las monedas conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas.
Reiteramos a ustedes las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración.
México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1991. - Senadores secretarios: Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.»
«MINUTA PROYECTO DE DECRETO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS MONEDAS CONMEMORATIVAS DEL D ANIVERSARIO DEL ENCUENTRO DE DOS CULTURAS
Artículo primero. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de 10 mil pesos, conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 65.0 mm (sesenta y cinco milímetros);
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
c) Peso: 155.515 g (ciento cincuenta y cinco gramos quinientos quince miligramos), equivalente a 5 (cinco) onzas troy.
d) Contenido: 5 (cinco onzas troy de plata pura).
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.940 g (novecientos cuarenta miligramos); por conjunto de 100 piezas, 9.500 g (nueve gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfica, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda " 5 onzas de plata" y debajo de éste, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de una escena de la Piedra de Tizoc, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Piedra de Tizoc" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfica, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "10 mil pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfica cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "5 onzas de plata" y debajo de ésta, la leyenda de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de la Pirámide de El Tajín, perteneciente a la cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en la zona de El Tajín, llevando debajo la leyenda "Pirámide de El Tajín" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfica, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "10 mil pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "5 onzas de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de la Pirámide del Castillo perteneciente a la cultura maya y que se encuentra en Chichen - Itzá, Yucatán, llevando debajo la leyenda "Pirámide del Castillo" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto
lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "10 mil pesos". El marco liso.
Artículo segundo. Se autoriza la emisión de 12 monedas de plata con valor nominal de 100 pesos, conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 40.0 mm (cuarenta milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
c) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos ciento tres miligramos), equivalente a 1 (una onza troy).
d) Contenido: 1 (una onza troy de plata pura).
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.175 g (ciento setenta y cinco miligramos): por conjunto de 1 mil piezas, 1 g (un gramo), ambas en más o en menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de un guerrero águila, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda "Guerrero Águila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Brasero Efigie, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda "Brasero Efigie" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de Huehuetéotl, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda "Huehuetéotl" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
IV. Para la cuarta moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de Xochipilli, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Xochipilli" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
V. Para la quinta moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una
gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la onza de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y de bajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de una escena del bajo relieve de El Tajín, relativa al juego de pelota, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Bajorrelieve de El Tajín" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. La Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
VI. Para la sexta moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de una Carita Sonriente, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Carita Sonriente" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "100 Pesos". El marco liso.
VII. Para la séptima moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Anciano con Brasero, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Anciano con Brasero" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
VIII. Para la octava moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de la Palma con Cocodrilo, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Palma con Cocodrilo" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
IX. Para la novena moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta la ley de la moneda. El marco liso. Reverso: Una reproducción de Chaac - Mool, pieza perteneciente a la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Chaac - Mool" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
X. Para la décima moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Dintel 26, pieza perteneciente a la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Dintel 26" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
XI. Para la décima primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una
gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de la Lápida de la Tumba de Palenque, pieza perteneciente a la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Lápida de Palenque" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
XII. Para la décima segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1 onza de plata" y debajo de ésta, la leyenda de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Mascarón del Dios Chaac, pieza perteneciente a la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Mascarón del Dios Chaac" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "100 pesos". El marco liso.
Artículo tercero. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de cincuenta pesos, conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 33.0 mm (treinta y tres milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de plata pura.
c) Peso: 15.552 g (quince gramos, quinientos cincuenta y dos miligramos), equivalente a 1/2 (media) onza troy.
d) Contenido: 1/2 (media onza troy de plata pura).
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.183 g (ciento ochenta y tres miligramos); por conjunto de mil piezas, 3.500 g (tres gramos quinientos miligramos), ambas en más o en menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de un Guerrero Águila, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda "Guerrero Águila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "50 pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda " 1/2 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de una escena de bajorrelieve de El Tajín, relativa al Juego de Pelota, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Bajorrelieve de El Tajín" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de el Tajín. En el exergo, la leyenda "50 pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los grifos mayas. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de Chaac - Mool, pieza perteneciente a la cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Chaac - Mool"
y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "50 pesos". El marco liso.
Artículo cuarto. Se autoriza la emisión de tres monedas de plata con valor nominal de veinticinco pesos, conmemorativas de D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 27.0 mm (veintisiete milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimas) mínimo de plata pura.
c) Peso: 7.776 g (siete gramos setecientos sesenta y seis miligramos), equivalente a 1/4 (un cuarto) de onza troy
d) Contenido: 1/4 (un cuarto) de onza troy de plata pura.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.106 g (ciento seis miligramos); por conjunto de mil piezas, 2.0 (dos gramos), ambas en más o en menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de plata" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de un Guerrero Águila, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo del Templo Mayor, llevando debajo la leyenda "Guerrero Águila" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de la Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "25 pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de plata" y debajo de ésta la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de una escena de bajorrelieve de El Tajín, relativa al Juego de Pelota, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Bajorrelieve de El Tajín" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "25 pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1/4 de onza plata" y debajo de esta la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de Chaac - Mool, pieza perteneciente a la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Chaac - Mool" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "25 pesos". El marco liso.
Artículo quinto. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de mil pesos, conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 34.5 mm (treinta y cuatro punto cinco milímetros).
d) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos ) mínimo de oro puro.
c) Peso: 31.103 g (treinta y un gramos, ciento tres miligramos) equivalente a 1 (una) de onza troy.
d) Contenido: 1 (una) de onza troy de oro puro.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.060 g (sesenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 1/2
g (medio gramo), ambas en más o menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del relieve Jaguar Piedra de los Soles, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Jugar Piedra de los Soles" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "1 mil pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Hacha Ceremonial, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Hacha Ceremonial" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1 mil pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos" al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso. Reverso: Una reproducción de la figurilla de un personaje o gobernante (de Jaina), pieza de la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Personaje de Jaina" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1 mil pesos". El marco liso.
Artículo sexto. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de quinientos pesos conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 29.0 mm (veintinueve milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.
c) Peso: 15.551 g (quince gramos quinientos cincuenta y un miligramos). equivalente a 1/2 (media) de onza troy.
d) Contenido: 1 (una) de onza troy de oro puro.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.040 gr (cuarenta miligramos); por conjunto de mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o en menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del relieve Jaguar - Piedra de los Soles, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Jaguar Piedra de los Soles" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "500 pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Hacha Ceremonial, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Hacha Ceremonial" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "500 pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1/2 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de la figurilla de un personaje o gobernante ( de Jaina), pieza perteneciente a la Cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Personaje de Jaina" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "500 pesos". El marco liso.
Artículo séptimo. Se autoriza la emisión de tres monedas de oro con valor nominal de doscientos cincuenta pesos, conmemorativas del D aniversario del Encuentro de Dos Culturas, de acuerdo con el inciso c, del artículo 2o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos, con las características que a continuación se señalan:
a) Diámetro: 23.0 mm (veintitrés milímetros).
b) Ley: 0.999 (novecientos noventa y nueve milésimos) mínimo de oro puro.
c) Peso: 7.776 g (siete gramos, setecientos setenta y seis miligramos), equivalentes a 1/4 (un cuarto de onza troy).
d) Contenido: 1/4 (un cuarto) de onza de troy de oro puro.
e) Tolerancia en ley: 0.001 (un milésimo) en más.
f) Tolerancia en peso: Por unidad, 0.225 g (veintidós y medio miligramos); por conjunto de mil piezas, 1/2 g (medio gramo), ambas en más o menos.
g) Canto: Estriado.
Los cuños serán:
I. Para la primera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del relieve Jaguar Piedra de los Soles, pieza perteneciente a la Cultura Mexica y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Jaguar Piedra de los Soles" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los ornamentos de la Piedra de Tizoc. En el exergo, la leyenda "250 pesos". El marco liso.
II. Para la segunda moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieve de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción del Hacha Ceremonial, pieza perteneciente a la Cultura Centro de Veracruz y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Hacha Ceremonial" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la Casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en entrelaces de relieves de la zona de El Tajín. En el exergo, la leyenda "250 pesos". El marco liso.
III. Para la tercera moneda:
Anverso: El Escudo Nacional con la leyenda "Estados Unidos Mexicanos", al cual rodea una gráfila, cuyo diseño se basa en los glifos mayas. En el exergo, la leyenda "1/4 onza de oro" y debajo de ésta, la ley de la moneda. El marco liso.
Reverso: Una reproducción de la figurilla de un personaje o gobernante (de Jaina), pieza la
cultura Maya y que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia, llevando debajo la leyenda "Personaje de Jaina" y a los lados, el año de acuñación y el símbolo de la casa de Moneda de México. A este conjunto lo rodea una grafila, cuyo diseño se basa en glifos mayas. En el exergo, la leyenda "250 pesos". El marco liso.
TRANSITORIO
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Salón de sesiones de la honorable Cámara de Senadores. - México, Distrito Federal, a 3 de diciembre de 1991. - Senadores: Artemio Iglesias Miramontes, Presidente; secretario: Oscar Ramírez Mijares y Salvador Sánchez Vázquez.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público.
El Presidente: - Proceda la Secretaría con el siguiente asunto.
OFICIOS DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN
INFORMES DE LABORES
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizada por esta propia Secretaría correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, Distrito Federal, 29 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretario de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México. D. F., 29 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizada por la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D.F., 29 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretario de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración y atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 29 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores de la Secretaría de Pesca, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 29 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - Recibo y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
El mismo Secretario:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizada por la Secretaría de Programación y Presupuesto, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida.
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., 29 de noviembre de 1991. - El Secretario, Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado y túrnese a la comisión correspondiente, para su conocimiento.
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
«Escudo Nacional. - Estados Unidos Mexicanos. - Secretaría de Gobernación. - Dirección General de Gobierno.
Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. - Presentes.
En cumplimiento de lo ordenado por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, me permito presentar por su digno conducto al honorable Congreso de la Unión, la memoria de labores realizadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores, correspondiente al período de 1990 - 1991.
Reitero a ustedes en esta oportunidad, las seguridades de mi consideración atenta y distinguida,
Sufragio Efectivo. No Reelección.
México, D. F., a 29 de noviembre de 1991. - El Secretario Fernando Gutiérrez Barrios.»
Trámite: - De enterado y túrnese a las comisiones correspondientes para su conocimiento.
ACUERDO DE PRACTICA PARLAMENTARIA
El Presidente: - En los términos manifestados por la Secretaría, ruego a la Secretaría también el dar cuenta de la asamblea con el acuerdo que suscriben los coordinadores de los grupos parlamentarios que integran la LV Legislatura. El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
«Acuerdo para regular el dictamen de los asuntos para autorizar a los ciudadanos mexicanos para prestar servicios oficiales a gobiernos extranjeros; para aceptar o usar condecoraciones extranjeras, para admitir títulos o funciones del gobierno de otro país.
CONSIDERANDO
Primero. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, apartado B, fracciones II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad del Congreso Federal o de su Comisión Permanente autorizar a los ciudadanos mexicanos prestar servicios oficiales a gobiernos extranjeros, para aceptar o usar condecoraciones extranjeras y para admitir títulos o funciones del gobierno de otro país.
Segundo. Que el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 60, segundo párrafo, establece que a la comisión legislativa correspondiente podrá formular dictamen, resolviendo varias de las solicitudes a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 37 constitucional.
Tercero. Que la Cámara de Diputados, la comisión legislativa correspondiente a que se refiere el considerando anterior, es la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Cuarto. Que los asuntos a que se refiere el primer considerando son actos materialmente de carácter administrativo.
Quinto. Que la aprobación de los asuntos a que se refieren los puntos anteriores por el pleno de la Cámara de Diputados, resulta ser un trámite que, por la lectura de los mismos consume un tiempo determinado que podría ser aprovechado en el análisis o trámite de otro tipo de iniciativas.
Sexto. Que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en las que están presentados todos los grupos parlamentarios, elaborarán un análisis acucioso de cada uno de los asuntos que nos ocupan.
Séptimo. Que en virtud de lo anterior, los coordinadores de los grupos parlamentarios, previa aprobación del pleno, han decidido suscribir el siguiente
ACUERDO
Primero. Los asuntos a que se refiere el artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, serán dictaminados por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Segundo. La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales los analizará y dictaminará elaborando un dictamen por asunto que se trate y lo presentará al pleno de la cámara para su aprobación; y
Tercero. El pleno de la Cámara aprobará o rechazará, en su caso, el dictamen de que se trate, en votación económica.
El presente acuerdo se suscribe en el recinto alterno de la Cámara de Diputados, a los cuatro días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y uno. - Por el Partido Revolucionario Institucional, Fernando Ortiz Arana; por Partido Acción Nacional, Diego, Fernández de Ceballos; por el Partido de la Revolución Democrática, Rosa Albina Garavito Elías; por el partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, Alberto Carrillo Armenta; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por acuerdo Carlos Enrique Cantú Rosas; por el Partido Popular Socialista, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo.»
El Presidente : - Consulte la Secretaría, en votación económica, si es de aprobarse este acuerdo.
El mismo Secretario: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se aprueba el acuerdo.
Los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Aprobado el acuerdo.
En los términos del artículo 107, tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Compañeros diputados: En el debate que ha ocupado el mayor tiempo de esta sesión el diputado Yunes pidió a su servidor que retirara una expresión. Lejos ha estado de nuestro ánimo ofender, ni al diputado Ochoa Zaragoza, a quien hemos cuestionado por una conducta ante los incidentes de ayer, ni al diputado Yunes, ni a nadie más con quienes hemos debatido y quiero referir lo que en opinión del diputado Yunes debe de ser reiterado, por considerarlo ofensa personal.
Expresé lo siguiente: "Yo creo que hablar de presión y de cohecho en este país no es ninguna novedad, si algo ha caracterizado y caracteriza un régimen presidencialista autoritario y corporativo es la presión y el cohecho. El diputado Yunes en estas prácticas quiere venir a decirnos... etcétera."
Yo retiro esta expresión que personaliza el problema donde me refiero al diputado Yanes y mantengo todo lo demás. Espero que la sensibilidad de nuestro diputado Yunes que le movió a rechazar esta acusación, lo mueva también a ayudarnos a combatir estas prácticas. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Continué la Secretaría con los dictámenes a discusión.
DICTÁMENES A DISCUSIÓN
CONDECORACIONES
El secretario diputado Juan Hernández Mercado:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscriben le fue turnada por estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto, que concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para que pueda aceptar y usar la condecoración Cívico Militar General en Jefe "Francisco Esteban Gómez", que le confiere la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos del estado de Nueva Esparta de Venezuela.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a consideración de la honorable asamblea, el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único: Se concede permiso a la ciudadana Mira Yasinovsky, para que pueda aceptar y usar la condecoración cívico militar General en jefe "Francisco Esteban Gómez", que le otorga la Sociedad Venezolana de Implantodontólogos del estado de Nueva Esparta de Venezuela.
Salas de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1991. - César Augusto Santiago Ramírez, Presidente; Juan de Dios Castro Lozano, Secretario; Salvador Valencia Carmona, secretario; José Octavio Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Sherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Velero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Galeana.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Jesús Hernández Ojeda, para que pueda aceptar y usar la condecoración Medalla de Servicios Meritorios, que le confiere el gobierno de los Estados Unidos de América.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 27 de noviembre de 1991. - Presidente, Cesar Augusto Santiago Ramírez; secretario, Juan de Dios Castro Lozano; secretario Salvador Valencia Carmona; José Octavio Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomas Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum Y Efraín Zúñiga Galeana.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
NOMBRAMIENTO
La secretaria diputada Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable Asamblea: A la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que suscribe
le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega, en Guadalajara. Jalisco.
La comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado B, del artículo 37 constitucional, se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Luis Manuel de la Peña Stettner, para que pueda desempeñar el cargo de Cónsul Honorario de Noruega, en Guadalajara, jalisco.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 28 de noviembre de 1991. - Presidente, César Augusto Santiago Ramírez; secretario, Juan de Dios Castro Lozano; secretario, Salvador Valencia Carmona; José Octavio Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Azanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G. Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Benigno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Migue Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Scherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Ildefonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zuñiga Galeana.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
La secretaria Ana Teresa Aranda Orozco:
«Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Honorable asamblea: En oficio fechado el 26 de noviembre del año en curso, la Cámara de Senadores remite el expediente con la minuta proyecto de decreto que concede permiso al ciudadano Arturo Menes Pantoja, para prestar servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia en México.
En sesión efectuada por la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el día 27 de noviembre, se turnó a la suscrita comisión para su estudio y dictamen el expediente relativo.
CONSIDERANDO
a) Que el peticionario acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada del acta de nacimiento;
b) Que los servicios que el interesado prestará en la Embajada de Tailandia, en México, serán como jardinero, y
c) Que la solicitud se ajuste a lo establecido en la fracción II del apartado B, del artículo 37 constitucional.
Por lo expuesto, esta comisión se permite someter a la consideración de la honorable asamblea, el siguiente
PROYECTO DE DECRETO
Artículo único. Se concede permiso al ciudadano Arturo Meneses Pantoja, para que pueda prestar sus servicios como jardinero en la Embajada de Tailandia, en México.
Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, México, Distrito Federal, a 29 de noviembre de 1991. - Presidente, Cesar Augusto Santiago Ramírez, secretario, Juan de Dios Castro Lozano; secretario, Salvador Valencia Carmona; José Octavio Alanís Alanís, José Alarcón Hernández, Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, Cristóbal Arias Solís, José Anzanza Jiménez, Luis Beauregard Rivas, Carlos Enrique Cantú Rosas, Gustavo Carbajal Moreno, Alberto M. Carrillo Armenta, Juan José Castillo Mota, Javier Centeno Avila, José Alberto Cortés García, Eduardo Cristerna González, Pedro de León Sánchez, Rodolfo Echeverría Ruiz, Alejandro Encinas Rodríguez, José Guadalupe Enríquez Magaña, José Escobedo Domínguez, Diego Fernández de Ceballos Ramos, Ramón Ferrari Pardiño, Luis Alberto Fuentes Mena, Rosa Albina Garabito Elías, Manuel Garza González, Ernesto Gil Elorduy, Tomás González de Luna, Guillermo González Díaz, José Antonio González Fernández, Rafael González Pimienta, Fauzi Hamdan Amad, Joaquín E. Hendricks Díaz, Fidel Herrera Beltrán, Manuel Jiménez Guzmán, Enrique G, Jiménez Remus, Adolfo Kunz y Bolaños, Beningno López Mateos, Cuauhtémoc López Sánchez Coello, Jorge Mendoza Alvarez, Guillermo Mercado Romero, José Merino Castrejón, Melquiades Morales Flores, Cesáreo Morales García, Miguel Angel Murillo Aispuro, Juan Antonio Nemi Dib, Rigoberto Ochoa Zaragoza, Pedro Ojeda Paullada, Nicolás Olivos Cuéllar, José M. Olvera Acevedo, Alejandro Ontiveros Gómez, Fernando Ortiz Arana, Tomás Osorio Avilés, Rubén Pabello Rojas, Guillermo Pacheco Pulido, Raúl Pardo Villafaña, Crescencio Pérez Garduño, Oscar Pimentel González, Jesús Ramírez Guerrero, Froylán Ramírez Lara, Leonel Reyes Castro, Gilberto Rincón Gallardo, Juan Ramiro Robledo Ruiz, Fernando Rodríguez Cerna, Luis Dantón Rodríguez Jaime, Amador Rodríguez Lozano, Horacio Sánchez Unzueta, María Esther Sherman Leaño, Manuel Solares Mendiola, Edmundo Sosa López, Jorge Uscanga Escobar, Oscar Valero Recio Becerra, Miguel Angel Yunes Linares, Jorge Zermeño Infante, Idelfonso Zorrilla Cuevas Nahum y Efraín Zuñiga Galeana.»
Trámite: - Segunda lectura.
Está a discusión el proyecto de decreto... No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo...
Aprobado el proyecto de decreto.
Pasa al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL *
El Presidente: - El siguiente punto del orden del día es la segunda lectura del dictamen relativo al proyecto de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Proceda...
El diputado Roberto Madrazo Pintado (desde su curul): - Señor Presidente, yo le solicito a la Presidencia consulte a la asamblea si es de dispensarle la lectura de este asunto que nos ocupa, referente al artículo 27, la segunda lectura.
El Presidente: Mantengo aquí el conocimiento de que el dictamen ha sido impreso y distribuido ya entre los ciudadanos diputados. En consecuencia, ruego a la Secretaría consulte a la asamblea acerca de la dispensa de lectura al dictamen, planteada por el diputado Madrazo.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se pregunta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Se dispensa la lectura al dictamen, señor Presidente.
El Presidente: - En consecuencia...
¿Sí, diputado?
Tiene el uso de la palabra. Si me permite únicamente declarar iniciada la discusión, para suspenderla.
Está a discusión en lo general y tiene el uso de la palabra el diputado del Partido Popular
*Este dictamen fue publicado en el Diario No. 13 del día 3 de diciembre de 1991.
Socialista, Jorge Tovar, en los términos del artículo 110 del reglamento. El diputado Jorge Tovar Montañez: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
La reforma al artículo 27 constitucional propuesta por el titular del Poder Ejecutivo de la Unión no es una simple reforma constitucional, es un cambio radical a principios que surgieron de un proceso revolucionario y que está en la base de la sociedad mexicana contemporánea.
Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, consideran que un asunto de gran trascendencia, como lo es la modificación sustancial del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no debe ser resuelto en un tiempo tan breve, sobre todo si tomamos en cuenta que no se ha realizado una amplia consulta nacional y, lo que es más grave, que no se ha tomado en cuenta el sentir de los ejidatarios, comuneros, jornaleros y auténticos pequeños propietarios.
Grave a irresponsable sería también, a juicio nuestro, aprobar una reforma constitucional, donde cuestiones esenciales se dejan de lado, para establecerlas en la ley secundaria, cuando los que asumimos la responsabilidad de decidir, desconocemos el sentido de las reformas que nos habrán de proponer en el proyecto de modificaciones a la Ley Reglamentaria del artículo 27, lo que implica el alto riesgo de que no sean modificaciones por la Cámara de Diputados si persiste la vieja deformación, de convenir al Presidente de la República en turno, en mandante y no en mandatario del pueblo, con lo que se usurpan las funciones del poder legislativo.
Los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, quieren dejar claramente expuesto, que no son contrarios a la modernización del campo ni a las modificaciones de las leyes, incluyendo la propia Constitución, pero que consideran que todo ello puede realizarse sin olvidar o contraponer tales medidas a los postulados que constituyeron y aún constituyen el alma de la Reforma Agraria mexicana.
Ambos grupos parlamentarios consideramos que la tenencia ejidal y comunal debe seguir siendo el pilar fundamental de la Reforma Agraria, a condición de que se les otorgue crédito oportuno y barato y asistencia técnica para que incrementen su producción, utilizando los avances tecnológicos, capacitando a sus integrantes para utilizarlos y retomar así su papel, de elemento importante para el desarrollo de México y el aseguramiento de la soberanía nacional.
Nuestra postura no es contraria a la existencia de la propiedad privada agrícola, la cual consideramos necesaria cuando se trate del productor directo, aunque ocupe mano de obra asalariada.
A lo que nos oponemos esa la privatización del ejido, a la formación de nuevos latifundios, a la presencia de nueva cuenta del capital extranjero en el campo mexicano y al peligro que todo esto encierra.
Con la convicción patriótica de este atentado contra la Carta Magna aún puede ser evitado si se les explica a los campesinos las consecuencias reales de esta decisión y ellos nos aportan, sin intermediarios, sus verdaderos anhelos y esperanzas, nuestros grupos parlamentarios, con fundamentos en lo que disponen los artículo 109, 110 y 111 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan una moción suspensiva de la discusión del dictamen sobre la iniciativa presidencial de reforma al artículo 27 constitucional, en los siguientes términos:
"La Cámara de Diputados de la LV Legislatura del Congreso de la Unión por considerar que esta iniciativa, dada su transparencia y relevancia jurídica, política y económica, requiere ser sometida a un amplio debate nacional, con todos los recursos y el tiempo necesario, así como la apertura de los medios de comunicación que permitan a todos los sectores del país dialogar entre sí, acuerda suspender el debate sobre la iniciativa de reformarse al artículo 27 constitucional y encomendar a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, la organización del debate nacional que motiva la suspensión del debate cameral.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los cuatro días del mes de diciembre de 1991. Diputada Rosa Albina Garavito, coordinadora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo, coordinador del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista. "Muchas gracias.
El Presidente: - Pido a la Secretaría dé lectura al artículo 110, para ilustrar la determinación que se va a tomar enseguida.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Artículo 110 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos: En caso de moción suspensiva, se leerá la proposición y sin otro requisito que oír a su autor si la quiere fundar y algún impugnador si lo hubiere, se preguntará a la Cámara si se toma en consideración inmediatamente. En caso afirmativo se discutirá y votará en el acto, pudiendo hablar al efecto tres individuos en pro y tres en contra, pero si la resolución de la Cámara fuese negativa, la proposición se tendrá por desechada.
El Presidente: - En consecuencia instruyo a la Secretaría pregunto a la Cámara Si es de tomarse en consideración inmediatamente la moción suspensiva presentada por el diputado Tovar.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - En votación económica se pregunta si se toma en consideración la moción suspensiva presentada por el diputado Jorge Tovar, del Partido Popular Socialista.
Los legisladores que estén porque se acepte, sírvanse manifestarlo...
Los legisladores que estén porque se deseche, sírvanse manifestarlo... Aceptada, señor Presidente.
El Presidente: - Se abre el registro de tres oradores máximo respecto a la moción y tres en contra.
Tiene entonces el uso de la palabra, en virtud de que el artículo 110 literalmente dice que hablaban tres individuos en pro y tres en contra, específicamente y debo decir contra la opinión personal, pero dice tres oradores en pro y tres en contra, tiene el uso de la palabra el primer orador en pro de la propuesta, el diputado René Bejarano, que se inscribió en primer término.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados de esta legislatura:
Todavía sin que terminaran de instalarse las comisiones de esta Cámara, se presentó una iniciativa con la prisa que conlleva el tratar de aprobarla lo más pronto posible. Esta fue discutida con muy poco tiempo y en muy malas condiciones y en desigualdad.
En este recinto comparecieron especialistas, dirigentes, en un escaso número, y su discusión no fue como hubiéramos querido debidamente canalizada en los diversos medios de comunicación. Hubo especialmente un programa de televisión, de un día domingo, en el cual desafortunadamente sólo se escucho prácticamente una versión sobre el asunto, una opinión.
La reglamentación que la ley establece para que los partidos políticos se expresen a través de los medios de comunicación, ha permitido, por ejemplo, que esta discusión se haga y se trasmita en horas en que prácticamente la audiencia es insignificante. En un canal oficial, a las 11.30 de la noche de un día domingo, se presenta un programa en donde los partidos políticos dan su opinión con un diseño desafortunado y sin la posibilidad de que efectivamente se pudiera debatir.
Desafortunadamente el debate no ha tocado en las partes más involucradas en ello. Ciertamente diversos analistas, estudiosos, periodistas, se han pronunciado al respecto, pero desafortunamente esta opinión ha estado atravesada con una campaña implementada desde el Ejecutivo, que desgraciadamente impide que el debate se dé objetivamente, con reuniones de coerción hacia las legislaturas, con manifiestos amañados, publicados indebidamente por una autoridad que no tiene facultades para promover una discusión o una postura política de ese tipo.
Desafortunadamente también los millones de mexicanos involucrados no han tenido un canal para expresar sus puntos de vista.
No se trata, como pudiera decirse aquí, de una táctica dilatoria de algo que seguramente, si las condiciones siguen siendo las mismas, se verá mecánicamente aprobado. Se trata de una discusión de fondo. Se ha planteado por ejemplo, la opción de un período extraordinario de sesiones. Los artículos que pretenden modificarse en esta legislatura, como es el caso del 17 como será el caso del 130, del 24, del 5 y del 3, son artículos que tocan la columna vertebral de la Constitución.
Si no hay una discusión a fondo, apresurada, no estamos sino ante una imposición, que es la continuación de la imposición del fraude electoral del 18 de agosto.
No compartimos el criterio de imponer, sobre la base de la premura de la firma del Tratado de Libre Comercio, al legislativo una dinámica que atenta contra su soberanía.
En un debate reciente, en esta misma legislatura propusimos que el Secretario de Comercio compareciera en esta tribuna y que explicara el contenido de las negociaciones, de los proyectos que
Se están discutiendo y de sus alcances. La mayoría ilegítima de esta Cámara votó en contra y no compareció.
Se está llevando a cabo una negociación y lo que nosotros percibimos es que hay una negociación que se publica y otra que se mantiene en secreto. ¿Por qué la prisa de aprobar esto sin la debida discusión? La razón tal vez es que hay compromisos ya establecidos para modificar el marco constitucional y que la prisa para firmar el Tratado de Libre Comercio pueda hacerse en el mes de marzo o abril o a mediados del año entrante.
Esa es la razón de fondo y por eso es que nosotros pensamos que si va a haber una modificación sustancial de la Constitución, ésta debe ser bien discutida bien analizada.
En términos cronológicos no modifica sustancialmente un mes o dos, el contenido de las reformas. Difícilmente se podrá decir que es problema de urgencia y que no puede esperarse al mes de enero para aprobarlo o modificar o rechazar esta iniciativa.
Lo que se sucede es que hay un principio de autoridad y a las iniciativas que presenta el Ejecutivo rápidamente se le da curso, en tanto que otras iniciativas que puedan presentar partidos o diputados, como ha sucedido en el pasado, no se dictaminan, éstas nunca se discuten y finalmente no se aprueban.
Desafortunadamente este poder sigue continuando la práctica de aceptar sin discusión las iniciativas que el Ejecutivo tiene. Se hizo un remedio de discusión. Prácticamente el dictamen aparece casi en los mismos términos en que se presentó la iniciativa. La táctica que se pretende imponer hoy, de una discusión desgastante, de una discusión continua, que incluso se pretende hacer sin recesos, sin mediar horas de descanso, el es para imponer finalmente una iniciativa que modifica substancialmente contenido de la Constitución.
Y no es, como se ha dicho, que queremos preservar lo que está establecido en la Constitución. Hemos dicho y lo vamos a demostrar, que tenemos nuestra propuesta así en el 27 como en otros artículos. Pero debe haber una adecuada discusión; no debemos permitir que la presión de fuera de este Poder, la presión del aparato del estado se cierna sobre nosotros y nos meta en dinámicas de trabajo que no convienen al Legislativo y no convienen al país.
Por eso es que las fracciones parlamentarias del Partido Popular Socialista y del Partido de la Revolución Democrática, someten a este Pleno de la Cámara de Diputados, una propuesta de moción suspensiva que permita la discusión se haga en los mejores términos; que las diversas posturas se clarifiquen; que como se ha dicho la concertación abra caminos y no sea la voluntad presidencial la que termine por imponerse. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan José Rodríguez Prats, en contra.
El diputado Juan José Rodríguez Piats: - Con su permiso, señor Presidente:
Estamos en una nueva faceta de una discusión que ya se añeja en el seno de la Cámara de Diputados: La verdadera representatividad. ¿Qué es un representante popular? ¿Qué camino adopta nuestra Constitución Política para modificar sus textos legales y concretamente nuestra Carta Magna? ¿Es acaso el concepto de representación tan restringido como para cada decisión se tenga que ir a consultar a los representantes para ver cuál es su voluntad? ¿o el representante popular debe asumir el trascendental, el vital papel de legislador? Esta ambigüedad en el término de representación, que inclusive en algunos idiomas hasta tienen diversos términos para significarlas, se ha dado en el Congreso Mexicano, desde el principio de nuestra vida independiente.
En 1924 precisamente cuando se discutía si nuestra República iba a ser una República federalista o centralista, se vino el gran debate de consultar, de posponer la discusión y se dio una intervención tajante, exacerbada e inclusive con términos alterados, en Fray Servando Teresa de Mier, cuando dijo que asumiéramos como legisladores, nuestra responsabilidad porque él no iba a un congreso como lacayo ni como mandadero, sino para tomar decisiones y darle cuerpo legal al proyecto de nación que en ese momento surgía a la vida independiente.
En 1857, se discutió lo que es hoy nuestro artículo 135, o sea, el constituyente permanente. Ahí se dio un gran debate participando tal vez las mentes más brillantes de esta generación liberal: Melchor Ocampo, Francisco Zarco, el mismo Guillermo Prieto. Y Francisco Zarco se opuso al esquema de la democracia directa; habló y propuso precisamente, el esquema hoy planteado en el 135. Habló de que el congreso permanente pudiera tener dificultades para conocer las grandes iniciativas, por una razón fundamental que
esgrimía Francisco Zarco: Actualizar el derecho a la altura de las aspiraciones del pueblo de México, que el derecho siempre condujera a la realidad y no que el derecho siguiera a la realidad; que fuera esa realización del gran Plan Liberal, de esa frase de José María Luisa Mora, que la sabiduría del gobernante precisamente consiste en precaver las revoluciones de su tiempo y hacerlo como gobernante que prescribe no como gobernante que cede.
he ahí el gran contenido de esta reforma. Estamos conduciendo al cambio, no simplemente vamos a la cresta de la ola.
La solución mexicana es muy clara y me remito al Diccionario Jurídico Mexicano que precisamente define a la representación, como el acto de representar o la situación de ser representado; sustituir a otro o hacer sus veces. Y aquí hay tres grandes corrientes, de las cuales de alguna forma en esta tribuna, se ha hecho mención: La teoría del mandato, considera al representante como un procurador sometido y limitado por las instrucciones de sus representados. El representante no tiene voluntad propia, sino que exclusivamente el medio a través del cual los representantes expresan su voluntad política. Es la visión contractual y privativista de la representación política.
La teoría organista alemana sostiene que los representantes son un órgano de Estado. Desde esta perspectiva, el pueblo y el parlamento o congreso, son órganos primarios y en su función de cuerpo electoral, tiene como principal objetivo crear al parlamento. Este deviene así, órganos secundarios del Estado, representa al pueblo de manera inmediata y su actividad es considerada como voluntad del pueblo.
Y la tercera teoría clásica de la representación a la que se acoge precisamente el derecho mexicano, señala que de acuerdo a la cual el representado no está limitado por ninguna clase de mandato, es independiente de sus representados, no presenta ningún distrito o circunscripción electoral en particular, sino que es representante de toda la nación. Los representantes son pagados por el Estado; no existe ningún tipo de responsabilidad entre el representante y representado salvo la política. El representante crea y no meramente repite la voluntad de la nación.
Así, señores, no tan sólo se refleja la voluntad política del pueblo mexicano, sino que se crea la voluntad política del órgano mexicano.
El actual artículo 51 de la Constitución establece que la Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la nación electos en su totalidad cada tres años.
En lo anterior disposición nuestra Constitución asimila la tesis clásica de la representación al establecer que los diputados son representantes de toda la nación y no exclusivamente del distrito electoral que lo eligió.
De tal Suerte, dice el doctor Jorge Carpizo, que se puede definir a la representación como la relación de una persona con otra o varias, en virtud de la cual la voluntad de la primera se considera como expresión inmediata de la voluntad de la última, de suerte que jurídicamente aparecen como una sola persona.
El artículo 135 es correlativo del artículo 39 y del artículo 41. Definitivamente el artículo 39 señala, que la soberanía nacional radica en el pueblo y el artículo 41, dice que para su ejercicio lo deposita en los poderes de la Unión.
Está perfectamente claro cuál es el concepto de la representación y repito, no hay ningún vacío constitucional, se han tomado la grandes decisiones en esté cuerpo colegiado y de aquí han partido las grandes directrices del cambio, que repito, conduce a la realidad, no va a la zaga de la realidad.
Se ha visto en la filosofía política mexicana, en la filosofía de la Revolución, precisamente al derecho como instrumento de cambio, precisamente el derecho que no es mero reflejo de una realidad preexistente, porque entonces sería superfluo, el derecho o la ley son siempre algo que añadimos a una espontaneidad suficiente, es la corrección de lo roto, estímulos a lo que no es aún pleno, son pues incitaciones; la ley tiene que suscitar nuevas realidades, la ley ha sido antes y lo será cada vez más creadora, la ley es siempre más o menos reforma y por lo tanto, suscitadora de nuevas realidades.
Aún aquel gran pensador, aquel gran mexicano que fue Vicente Lombardo Toledano, que tuvo una conformación marxista, reconoció éste atributo del derecho, reconoció esta posibilidad de promover el cambio del orden y de la estabilidad. Decía Vicente Lombardo Toledano: "Es verdad que el derecho no constituye la estructura fundamental de la sociedad humana, que es sólo el resultado, la proyección en el terreno de las leyes de la estructura económica. Pero es cierto también, que el derecho influye sobre la organización económica y contribuye a alcanzarla y a orientarla para que alcance los objetivos indicados, por los intereses del pueblo y la nación".
Pero agrega Vicente Lombardo Toledano: "Yo no soy de los que creen en la perfección de las leyes ni en su vigencia perenne, las leyes son el resultado de una conciencia colectiva en un momento determinado del proceso histórico, son efecto y no causa, aun cuando las leyes pueden actuar sobre la base de las cuales partieron y contribuir a la transformación del conjunto de las instituciones sociales; por eso hay qué revivir periódicamente las leyes para mejorar y también para hacerles adiciones, a condición de que todo el proceso se inspire en el futuro y no pretenda ser el pasado para regresar a él".
Aquí se han hecho algunas objeciones al trámite que se ha seguido en el debate nacional. Yo afirmo que ningún tema ha estado tan presente en el debate nacional como el asunto de la tierra, ha inspirado nuestras luchas, ningún partido ha dejado de considerar entre sus programas y entre sus principios y su plataforma ideológica, algunas referencias, algún proyecto, sobre cómo contemplar el problema de la tierra.
Pero aquí noto una incongruencia, cuando se habla que llevemos el debate a cada ejido, precisamente señores, la iniciativa, lo que está propiciando es que esos ejidos sean los que decidan su futuro, la reforma está hablando de que la asamblea de ejidatarios tendrá la posibilidad de decidir si continúan como están, con las características actuales del ejido o si dan el cambio para dar la posibilidad a cada ejidatario, de declarar y de obtener el dominio pleno, o sea, la escritura con todos los atributos de la propiedad de cada una de las parcelas.
Yo aquí encuentro una contradicción y se ha hablado aquí de congruencia. Se dice y se critica un estado avasallador; se habla de un estado cooperativista. Pero, por otra parte, se oponen a una iniciativa que precisamente lo que busca, señores, es abrir espacios políticos a la sociedad civil.
Siento que este es precisamente el contenido humanista de la iniciativa del señor Presidente Carlos Salinas de Gortari. Ahí está reflejado en otras palabras el problema de la política, que no es decir qué hacer los hombres, sino crear un contexto que le permita a ellos mismos encontrar qué hacer y cómo crear más. No se tratar de imponer finalidades, sino de ayudar a los hombres a realizar las suyas y descubrir nuevas.
El tiempo de los médicos de la política y de sus ordenanzas se ha cumplido, ya no existen pacientes sino seres humanos libres en busca de consejo. El psicoanalista ya no analista, tan solo ayuda al analizado. ¿Cuando se resignará el político a comprender que su tarea no es más sagrada que los otros profesionistas y que está como ellos, al servicio de sus semejantes?
La iniciativa, señores, recoge el viejo reclamo campesino de "ellos decidir su destino".
Se habla aquí de que no hemos recibido la Ley Reglamentaria. Apelo simplemente a un principio de derechos; un sistema jurídico tiene que ser un sistema que algún filósofo de derecho, inventando algún término, hablaba de completitud. Tiene que estar perfectamente entrelazado para evitar contradicciones, lagunas y redundancias.
Precisamente la iniciativa parte de ir integrando el derecho mexicano sin contradicciones, inclusive las contradicciones axiológicas o las contradicciones de valores que la filosofía política ha inspirado en la conformación de la Constitución General de la República.
Aquí se dijo que se entregaría los ejidatarios a los tiburones, que saldrían las fuerzas del mercado.
Yo creo que hay una concepción un tanto romántica del ejido de pensar que pueda ser un gehtto o una protección del México profundo o que se puede ahí tratar de aislarse y no entrar a un mundo accidental.
Señores, decía algún filósofo que "el mal que se hace no se hace por el mal en sí mismo, sino por el bien que se pretende hacer". Aislar al ejido, pretender marginarlo, significaría condenarlo permanentemente a la miseria.
Yo, a nombre de mi partido y con una elemental congruencia, con nuestros documentos fundamentales, me opongo a la segregación y a la marginación de cualquier grupo de mexicanos.
Aquí se ha sentido una especie de miedo a la libertad, ¡Esa impresión he tenido! De ver al hombre no en plenitud y aquí recuerdo un párrafo excelente de Ignacio Ramírez, cuando en el Congreso de 1857 se defendía los derechos individuales. Ignacio Ramírez exclama: "¡No se quiere la elección directa, porque el pueblo puede exaltarse! ¡Se rechaza el juicio por jurado, porque el pueblo puede excederse! ¡Se tiene horror al derecho de asociación, porque el pueblo puede extraviarse! ¡Inspira miedo el derecho de petición, porque el pueblo puede desmandarse! Pero a este paso, si no se ha de dejar al pueblo
ningún derecho, si todos habrán de quitársele por precaución, debe suprimirse la república ya que los tiempos, los tímidos, no ven ni comprenden lo que es el pueblo".
Creo que la frase es vigente y la recoge perfectamente la iniciativa del señor Presidente y el dictamen correspondiente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
Mi partido asume la responsabilidad histórica del debate que hoy se inicia. Y recuerda esa gran idea, esa gran idea que sacudió la ciencia política y que al decir de Kant vino a ser tan importante como la Ley de la Gravedad de Newton, la Ley de la Voluntad General de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau hablaba de limar las desafinidades para concebir un proyecto colectivo que se reflejaba en la ley y ahí habla de la figura del legislador. El legislador que debe tener sensibilidad social, que debe conocer la realidad a la que pretende transformar, que viene animado por un voto popular y que como representante va a asumir una responsabilidad para transformar una nación en aras de valores inspirados en la filosofía política y en la filosofía histórica de ese pueblo.
¡Ese es el legislador! ¡El que asume una responsabilidad y viene a exponer un criterio, porque está convencido en el estudio, porque está convencido en el espíritu democrático, para alcanzar el bienestar social y la distribución del ingreso!
Se ha acusado a esta Cámara, se ha acusado a mí partido, insistentemente, de hacer la reforma por presiones externas. Yo creo que es exactamente lo contrario: La iniciativa busca incrementar la productividad.
Y yo pregunto, señores: ¿A quién beneficia que México no produzca alimentos? ¿A quién beneficia que el campo permanezca estancado en la crisis en que está? ¡Beneficia a los grandes transnacionales para que nos sigan vendiendo alimentos! ¡Beneficia a los que no quieren un país soberano para que sean sometidos...
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Una interpelación.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Al final, compañero...
Para que sean sometidos a la fuerza de los poderosos.
Esa es la razón, el empeño, que no quieren que el campo produzca. ¡Cómo pretenden defender la soberanía de un país que no puede producir alimentos!
La iniciativa recoge un proyecto integral de desarrollo y resucita también el viejo principio de Ponciano Arriaga, manifestando en el voto particular, cuando Ponciano Arriaga, manifestando en el voto particular, cuando Ponciano Arriaga dice: "Más que la declaración, más que el título de propiedad, es el trabajo y la producción la que le da la naturaleza a la propiedad. Busquemos un campo productivo, que eso contribuirá a fortalecer la soberanía".
¡Sí tenemos prisa porque salga la reforma! La reforma ha creado expectativas; todo derecho lo hace. La reforma ha generado inquietud; todo cambio lo hace. La reforma ha generado riesgos; desde luego que sí y los asumimos. Por eso tenemos prisa. Ha habido inquietud en el ejido; tenemos que ir a orientarlos de qué es lo que estamos discutiendo y cuáles son los caminos de desarrollo del ejido y del desarrollo y de la nueva política agraria hacia el campo.
Dos últimas reflexiones. Hemos entrado en alguna guerra de calificativos y yo quisiera recordar aquí una definición que da el ex presidente de mi partido, Jesús Reyes Heroles, de lo que es un revolucionario y del deber que tiene un revolucionario. Y Reyes Heroles dice:
"El primer deber de un revolucionario es conocer la realidad, saber los intereses que se entrelazan en ella, establecer qué intereses de la sociedad apoyan el avance y cuales resisten. El primer deber de un revolucionario es conocer la realidad, buscar las tareas que puedan unir y subordinar a ellas, las que puedan dividir, romper esquemas y abstracciones y afianzarse únicamente en los grandes ideales, lanzando por la borda aquello que repele la realidad. El primer deber de un revolucionario es conocer la realidad, estar conscientes de que los momentos que vive México, la tarea primordial es una lucha nacional, una lucha porque México puede seguir determinado su propio destino. El primer deber de un revolucionario es conocer al realidad, estar conscientes de que los momentos que vive México la tarea primordial es una lucha nacional, una lucha porque México puede seguir determinando su propio destino. El primer deber de un revolucionario es conocer la realidad, la cual descarta la aventura fantasiosa que pugna por una utopía que no existe; es evitar sacrificios inútiles al pueblo y lograr eficacia en al acción revolucionaria.
¡Ese es el primer deber que nos debe inspirar en los debates que hoy se inician: El conocer la realidad, para saber cómo transformarla!
Y con todo respeto, sin ánimo de pontificar, sin ánimo de poseer la verdad, yo quisiera dar lectura a una idea de un hombre de izquierda, a una idea de un hombre que modificó prácticas viciadas en política, había una vez un hombre que se aventuró en un ideal personal y se comprometió en un respeto a sus convicciones. Michael Roucard decía:
"La izquierda no es brillante, eficaz y victoriosa más que cuando su mensaje es de vocación universal; más cuando se presenta proponiendo para todos y no oponiéndose". Recordemos, la República fue un combate de izquierda; el sufragio universal fue combate de izquierda; los derechos del hombre son siempre un combate de izquierda; la justicia social es siempre un combate de izquierda; algunos de estos combates están definitivamente ganados, otros en vías de serlo, todos han sido dolorosos, largos, todos han implicado reveses temporales, pero la clave es siempre la misma, la izquierda, cuando su proyecto vale para todos, pierde cuando ella se defiende oponiéndose.
Y le agrego a esto unas palabras de un gran mexicano y un gran hombre de izquierda, Carlos Pereyra, cuando decía: "El mero antigobierno no inscrito en un proyecto político nacional, poco contribuye al desarrollo de la democracia".
Por todo lo anterior señores, concientes de que es una reforma que efectivamente abre una nueva perspectiva en la historia de México, conscientes de su profundo contenido humanista, de su congruencia con los documentos en nuestro partido, de su congruencia con las soluciones que se han planteado a las necesidades colectivas de México, vengo aquí a manifestar nuestro rechazo a esa moción suspensiva. !Entremos a debatir, asumamos el papel de legisladores y, como representantes, vayamos después, dignos, convencidos, a explicar a nuestros representados el gran cambio de México y el gran camino hacia la justicia social! Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Perdón, había una interpelación pendiente del diputado Becerra. Pregunto al orador ¿Si la acepta?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Sí, señor Presidente.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Compañero diputado:
Reconoce usted y así lo afirma en su intervención, que hay crisis en el campo mexicano, mi pregunta es: ¿Sabe usted de qué partidos son los funcionarios de los distintos gobiernos que han sumido en crisis al campo mexicano?
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Mi partido es autocrítico compañero, mi partido revisa sus tesis internas y sus hombres. Claro que ha habido errores y ha habido problemas, pero sí quiero decirle una experiencia que yo tuve y fue personal: Estábamos en una reunión del café en Costa Rica y se hablaba, por parte de un funcionario, de lo que significaba el café en Costa Rica y decía ese funcionario que Costa Rica había buscado en el siglo XIX su desarrollo y había incursionado en la madera, en la minería, en el caso y no había logrado un auténtico desarrollo hasta que encontró al café.
Ese funcionario decía que Costa Rica había logrado la independencia en España sin disparar un solo balazo, había tenido tres guerras civiles, una duró un día, otra una semana y otra un mes y solamente se había involucrado en un conflicto internacional, pero que la gran revolución del café les había permitido pasar de productores a empresarios de un país de aldea a un país integrado que había salido a conquistar mercados extranjeros y había logrado divisas, que había logrado organización y terminó con una frase que me agradó mucho, dijo que cuando se tomaba una café con grado producido por Costa Rica, se impulsaba el sistema democrático mexicano.
En el camino de regreso, venía yo leyendo el trabajo de un antropólogo que hizo de lo que significaba el café en una comunidad en Oaxaca, Panixtlahuaca y que hablaba de que el café surgió como una riqueza y que pronto fue invadida la tierra comunal y que al rato surgió el cacique y que después vino el intermediario y termina en una página patética, culpando al café , que había sido el gran fermentador de todos los males entonces me ha convencido que hay muchos problemas estructurales tan arraigados en la sociedad mexicana, que no es sencillo simplemente mandar gente a la guillotina. Yo no podía culpar al café de los problemas de esa comunidad, el café es una fuente de riqueza, ¿Por qué en esas sociedades significaban cosas tan diferentes?, ¿Por qué en una motivaba el desarrollo y la distribución del ingreso y en la otra suscitaba a la descomposición social y resquebrajada la estabilidad política de esa comunidad?
¿No son las cosas tan sencillas como para poner en el banquillo a los malos y otros ostentarse
como buenos; si así fuera, sería fácil marcar a los malos con alguna estrella y ya sabríamos a qué atenernos! Pero existe una gran y compleja historia, un gran cultura, problemas que tenemos que superar todos juntos y problemas que, hoy aquí, se inician en una discusión apasionada para definir un proyecto nacional hacia el campo.
No sé si contesté su pregunta, compañero. Muchas gracias. (Aplausos).
El Presidente: - Bien, se han registrado para hechos el diputado Martín del Campo y el diputado Eloy Vázquez y tiene la palabra el primero de ellos por cinco minutos.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Buena parte de los argumentos del diputado que me antecedió en el uso de la palabra podrían ser utilizados para apoyar la necesidad de hacer la moción suspensiva que ahora presenta el Partido de la Revolución Democrática junto con el Partido Popular Socialista.
Ha tocado algunos asuntos que quiero debatir en este momento; en la primera parte de la intervención, el diputado Prats habla de teoría de derecho y de la represión y hace uso de un gran número de citas de teóricos al respecto, pero se le olvida mencionar el contexto real en el que nosotros nos encontramos, la representación política no existe en estado puro ni se puede sustraer directamente de las páginas de algún diccionario de política o del discurso de algún político o teórico. La representación que nosotros estamos debatiendo es la que existe en la realidad mexicana y aquí hay un vicio de origen para el conjunto de propuestas que se presentan aquí como iniciativas que es la existencia de un régimen de partido de estado que tiene como una de sus derivaciones la casi supresión del ejercicio legislativo por la subordinación pertinaz que hay del ejercicio del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo y en la forma mexicana que no se sustrae de ninguna teoría ni de ningún diccionario que es el presidencialismo más absoluto que hay en la historia mexicana en los últimos años.
Por ello no estamos hablando de una representación plena ni estamos debatiendo sólo conceptos en abstracto sino realidades políticas, este régimen de partido de estado ha conllevado a una prevención permanente de la política es que el Legislativo no puede rechazar, no puede discutir ampliamente una iniciativa del Ejecutivo porque hay una consigan que se convierte en una cuestión dominante aunque en el interior de cada uno de los diputados, aún del partido mayoritario exista la idea de que se está tomando una determinación inadecuada o que se está generando una prisa que es inadecuada para las necesidades sociales de este país.
Esta perversión de la política debe ser combatida y para ello contribuiría el hecho, de que nosotros aceptemos la moción suspensiva que ahora se presenta por dos partidos.
Por otra parte nos dice el diputado que por qué los representantes que en este caso no lo somos en un sentido pleno ni absoluto, siempre la representación es relativa, tenemos que hacer consulta de cuestiones tan importantes como la de la iniciativa de reforma al artículo 27. Debió mencionar, recomiendo, el diputado del Partido Revolucionario Institucional que hay modernas teorías sobre el consenso y la consulta a amplios sectores de la sociedad civil refuerzan la posibilidad de un consenso verdadero no de un consenso artificial y publicitario como el que se quiso llevar a cabo con el evento en Los Pinos recientemente. Por ello también entonces es exagerada la idea de que la consulta supone renunciar a la representación que se tiene como diputados una vez que se es reconocido como tales. Llevar el debate a los ejidos es efectivamente abrir el debate a un sector importante de la sociedad civil a un sector que siempre ha sido intermediario y del que se ha hablado sin consultarlo realmente. Todos sabemos, el compañero diputado del Partido Revolucionario Institucional reconoció que hay errores en su partido, que buena parte de la conducta de las organizaciones y los dirigentes de las centrales campesinas oficiales ha sido una conducta que en el propio Partido Revolucionario Institucional está siendo tachada de arcaica, que en el propio Partido Revolucionario Institucional está siendo reconocida como una inercia burocrática que ha impedido que hablen los verdaderos sujetos sociales en el campo, en el conjunto de la sociedad el corporativismo viene siendo combatido por todo mundo y algunos miembros de Partido Revolucionario Institucional están de acuerdo en que hay que abatir las formas de dominación corporativa que impiden incluso una verdadera modernización de la economía y de la política en este país.
Por ello es importante que se abra el debate con los ejidatarios y no con quienes representan o dicen representar los intereses de los ejidatarios; no es necedad por ello hablar de si hay actas que nos permitan suponer que de veras fueron consultados los ejidatarios cuyos representantes estuvieron en un acto en Los Pinos.
Se habla aquí de que hay occidentalizar la sociedad mexicana. Ese sí es punto de vista extraño, un punto de vista europeocéntrico, occidentocéntrico y no sabemos quiénes representan occidente, si los del gabinete, si los que están impulsando el aceleramiento de la firma del Tratado de Libre Comercio, si los empresarios bancarios o quiénes representan a occidente y quiénes a oriente. Nosotros sólo hablamos de los campesinos mexicanos que quizá tengan un pasado...
El Presidente: - Diputado Martín del Campo le suplico concluya, por favor..
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - ...Occidental según algunas teorías, del origen del hombre americano, de Paul Rivet y otros, pero no estamos refiriéndonos a un orientalismo cultural de ninguna otra clase. No nos oponemos a la modernización en el campo, nosotros queremos que se siga el debate porque tenemos una propuesta de renovación, de revolución en el medio rural mexicano, En esta propuesta debe discutirse que esta nueva sociedad rural mexicana debe contemplar la supresión del tutelaje hacia los campesinos, para avanzar en una verdadera autosugestión en el terreno de la política de la economía y de la cultura.
Nosotros queremos que se discuta una propuesta que tenemos, en que hay que trascender lo agrario en la reforma del artículo 27 para que se ubique en un contexto social más amplio y que se creen nuevos espacios productivos que superen las ataduras actualmente existentes. Nuestra propuesta va en el sentido de que haya en la transformación en el campo un sentido cada vez menos agrario.
El Presidente: - Diputado, su tiempo ha terminado, le pido que concluya , por favor.
El diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Termino ya, señor Presidente.
Que haya un sentido cada vez menos agrario y cada vez más agropecuario pero con fuerte contenido de justicia social.
No estamos en un antigobiernismo, es una falacia lo que han dicho muchos diputados del Partido Revolucionario Institucional, entre otros el que me antecedió en el uso de la palabra cuando hacía alusión a una cita de Pereyra y de otros escritores políticos, porque el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Popular Socialista presentamos esta moción suspensiva para abrir un debate y que se escuche cuál es nuestra propuesta y no sólo la negativa a la iniciativa existente. Muchas gracias.
El Presidente: - Hay una interpelación pendiente, diputado, si desea usted responder la interpelación.
El Diputado Juan José Rodríguez Prats (desde su curul): - Si usted habla de un Poder Legislativo tan deteriorado, tan sometido por un Poder Ejecutivo, por una cultura política, por las prácticas viciadas, por qué no asume su papel de legislador y propone analizar la iniciativa y sugerir las modificaciones correspondientes.
El Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda: - Claro, asumí mi papel de legislador y creo que el tiempo que hemos tenido es insuficiente y que los del partido mayoritario en esta Cámara sólo escuchan el punto de vista de vista de su propio partido; no han escuchado con atención el punto de vista de otros partidos, entre ellos el mío y tampoco de algunos representantes de la comunidad de investigadores que estuvieron ya aquí y de algunos representantes campesinos que aun perteneciendo a organizaciones llamadas oficiales, tienen un punto de vista crítico respecto a la iniciativa y me parece que sí, el grupo mayoritario está renunciando a su papel de legislador cuando no modifica en nada la iniciativa del Ejecutivo y reproduce este vicio de subordinación del que yo hablaba en mi intervención.
No sé si le queda respondida su pregunta, compañero.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Vázquez, está registrado también el diputado Martín Tavira y... su nombre, por favor, diputado. Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, en cinco minutos, el diputado Eloy Vásquez.
El diputado Eloy Vásquez López: - Por hoy yo quiero decir... bueno, gracias, señor Presidente y quiero decir, compañeros, que me parece muy confuso el discurso del diputado Rodríguez Prats en relación con la izquierda. Yo quisiera un poco, si es posible, que él nos actualizara en qué es lo que es la izquierda en México hoy. Realmente creo que vale la pena, si él está escribiendo un nuevo tratado sobre la geometría política nacional, porque ahora resulta que desde su óptica, el cambio que propone el licenciado Salinas es un cambio de izquierda, según lo que yo llegué a entender y si es así, entonces va a terminar diciendo que la izquierda hoy está representada por las sociedades mercantiles, lo cual sería una
innovación muy interesante para la teoría económica.
Yo creo que hay una confusión en el sentido de que se cree que la propuesta del Partido de la Revolución Democrática es una propuesta sectaria, no está el diputado Yunes, pero ¡Ha!, sí está presente, perdón, estaba agachado, pero le quiero decir que escuché con atención varios calificativos que él se sirvió mandarle a la oposición. Es bastante prolífico para hacerlo, bastante generoso, a pesar de que critique que se utilicen los calificativos.
Pero hay uno que me llama la atención, se nos dice, dogmáticos. No hay nada más impreciso que llamar dogmática a la izquierda mexicana que lleva 20 años, por lo menos, haciendo propuestas sobre el desarrollo agropecuario del país y muchas de ellas retomadas en propuestas gubernamentales. Yo quiero decir que, por ejemplo, de los 10 puntos que presenta Salinas de Gortari, varios han sido demandas de la izquierda y eso es innegable, esto es innegable.
¿Dónde está el dogmatismo de la izquierda? Si ha sido la izquierda, la izquierda que se agrupa hoy con otras corrientes dentro del Partido de la Revolución Democrática, la que ha aportado para el campo mexicano gran parte de lo que hoy o puede ser un proyecto de modernización.
Y ya pasaremos en el segundo capítulo de esta historia a las propuestas concretas y ya discutiremos la Ley Reglamentaria y ya iremos a discutir las leyes para el fomento de la agricultura y ahí se va a probar la capacidad que tiene el Partido de la Revolución Democrática y las fuerzas que se agrupan en contra de la iniciativa para hacer propuestas con imaginación, porque son resultado de estudios acuciosos de intelectuales, como los que hoy le mandan un mensaje al presidente Salinas y que son intelectuales a los que no se les hizo caso al formular la propuesta, ni al formular el dictamen.
Precisamente quien actúa con dogmatismo es aquél quien no acepta que se modifique un procedimiento que mantiene privilegiado al poder ejecutivo por encima del legislativo.
¿Qué puede pasar si las propuestas que se están procesando para modificar el 27, en lugar de meterlas en lo particular, las metemos en el dictamen a partir del debate y de la discusión? ¿Por qué tiene que pasar en el dictamen inmaculada la propuesta del Presidente y después ya se menciona, en la prensa y en varias partes, Andrés Araujo lo dijo hoy en la prensa, va a tener modificaciones? ¿Por qué darle al Ejecutivo esa garantía, ¿Verdad?, de que tiene que pasar inmaculada su propuesta? Es un rito, es un tributo, que el Poder Legislativo no puede darle a un poder que es igual a él.
Si tenemos propuestas vamos a discutirlas con toda serenidad. Si tenemos propuestas y las podemos contrastar y las tenemos, démonos el tiempo. Hemos reiterado, tenemos propuestas y hay sectores sociales interesados en hacerlas. Se requiere el tiempo suficiente, démoselo, eso es todo. No podemos llegar a consensos que quizá hagan más sólida la aprobación de la propuesta que hace el ejecutivo.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Martín Tavira, por cinco minutos.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente; honorables miembros de esta Cámara:
Hay tesis, afirmaciones que no pueden pasarse por alto. A pesar de que vamos a entrar a fondo de las reformas, de cualquier manera el Partido Popular Socialista desea hacer algunas aclaraciones al diputado Prats, fundamentalmente.
El ha dicho que ahora la reforma reconoce a los ejidatarios y a los comuneros su derecho de propiedad sobre la tierra y que éste reconocimiento es un avance en la historia de la tenencia de la tierra. ¿Por qué? Porque ahora los campesinos tienen plena responsabilidad para decidir sobre su parcela y el núcleo ejidal es el autorizado para, en su Asamblea General, dictar las medidas que considere convenientes.
Quiero decir que el artículo 27 constitucional, contiene la tesis de la propiedad originaria de la nación, del suelo, dl subsuelo y lo que está también por encima del suelo. Esta propiedad originaria no es copia de ninguna tesis antigua, como se pretende afirmar. Algunos consideran que esta tesis del artículo 27 constitucional fue copiada de la época de la Colonia, de la tesis patrimonialista de la Corona, pero eso es falso. En el fondo de esta declaración, de esta tesis, está la defensa de la integridad territorial, de la Independencia y de la soberanía de la nación, de manera que si se le entrega a los núcleos ejidales y comunales la propiedad de la tierra, desde luego que va a estar esta nueva situación en las leyes del sistema capitalista. Ninguna ley jurídica va a poder frente a las leyes de la economía, a las leyes del sistema capitalista.
De lo que se trata es de proteger a los núcleos ejidales y a los núcleos comunales.
El otro día, recuerdan ustedes que en las comparencias habló un señor, creo que se apellidaba Unánime, me parece, con el cual tuvimos cierta discusión, porque dijo que había terminado el momento de ver a los campesinos como menores de edad sujetos a tutela y que debíamos estudiar muy bien lo que decía el Código Civil sobre la tutela y la curatela, la tutela para proteger a los menores, la curatela para proteger a los débiles mentales y que los campesinos ni eran menores de edad ni eran tampoco débiles mentales. Estas apreciaciones son absurdas, compañeros diputados, porque cuando nosotros decimos que la ley, la Constitución protege a la parte débil de la sociedad, no estamos hablando de los conceptos del derecho civil; hablamos de los conceptos económicos, sociales y políticos.
Hemos dicho y repetido, que la Constitución de 1917 reconoce la existencia de clases y la lucha de clases y precisamente porque reconoce la existencia de clases, protege a la parte débil, protege a los campesinos frente a los terratenientes. Esta protección es irrenunciable.
Todos sabemos, los que hemos estudiado un poco la Constitución o la Ley Federal del Trabajo, o la Ley de Reforma Agraria, que estos derechos son irrenunciables. El obrero no puede renunciar a la seguridad social, ni puede renunciar al salario mínimo, como tampoco el campesino, con derecho a la tierra puede renunciar a ella; son derechos irrenunciables estipulados en la Carta Magna. De manera que la tesis del compañero diputado Prats, con todo respeto, no corresponde al espíritu de la Constitución. Eso es todo. Gracias.
El Presidente: - Está registrado para hechos el diputado González de Luna.
El diputado Tomás González de Luna: - Quería referirme a la propuesta que se ha hecho por parte de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista, su moción suspensiva.
En relación a esta propuesta de ellos, yo quiero manifestarme personalmente en contra por lo siguiente: En las argumentaciones de algunos de los compañeros diputados de estas fracciones, se ha mencionado que estamos presos de un partido de estado, de un régimen presidencialista, de una serie de realidades políticas que afectan a la vida institucional del país. En algunos de estos aspectos quizá podemos manifestar una opinión concordante al respecto.
Así también podemos señalar que en la iniciativa presidencial, que constituye motivo de discusión, hay una serie de aspectos que pueden ser observados, que pueden ser criticados, que pueden ser mejoradas, etcétera. Pero lo que no creo que sea prudente es que este órgano, el Poder Legislativo, se pueda abstraer de su responsabilidad de entrar al análisis una iniciativa que tenemos ya en nuestras manos.
Creo que los más producente es que las diferentes fracciones parlamentarias entremos a la discusión seria y racional de cada uno de los aspectos de la iniciativa. Por supuesto que muchos de los elementos mencionados por la iniciativa presidencial son criticables y estimo que esos aspectos deber ser enterados a discusión; que hay otros sectores de la sociedad sumamente interesados y que serán beneficiados o perjudicados con la medida, sin duda que los hay y creo que estos sindicatos, organizaciones campesinas otros sectores de la sociedad, tendrán los medios adecuados para hacer saber sus puntos de vista a la sociedad de lo que piensan acerca de esta iniciativa.
Pero, así como ellos, nosotros tenemos la obligación y el conducto adecuado para hacer saber nuestros puntos de vista.
A mí me parece que no podemos caer presas de medidas de hecho o bien algunas medidas dilatorias que impidan la reflexión del Congreso de esta Cámara de Diputados sobre el texto de la reforma, incluso, algunas de las referencias laterales que han hecho algunos compañeros diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, son referencias que tocan algunos de los aspectos de la iniciativa.
Si bien en la iniciativa se trata de trastocar al carácter social del derecho presente en el artículo 27 y se trata de trasladar éste a un ámbito propiamente del derecho privado, pues entremos a la discusión y sin duda que la discusión podrá, en un momento dado, mejorar el carácter de la iniciativa.
Yo me manifiesto porque las diferentes fracciones parlamentarias asumamos nuestra responsabilidad y entremos a el debate de manera seria en cada uno de los apartados que están presentes en la iniciativa con todas las argumentaciones que han dado diferentes personalidades: Intelectuales, dirigentes políticos, dirigentes agrarios, etcétera. Muchas gracias.
El Presidente: - En el uso de la palabra, el diputado Juan José Rodríguez Prats, por cinco minutos.
El diputado Juan José Rodríguez Prats: - Muy breve. Solamente para referirme a alguna de la expresiones, alguno de los comentarios que hizo el diputado Martín Tavira, a reserva de que en el debate del 27 constitucional aclaremos lo que son los derechos sociales y los derechos individuales dentro del gran capítulo de los derechos humanos y la forma en que pueden ser compatibles y ser protegidos por el Estado.
Si quiero aclarar que el principio de que el Estado podrá, o la nación podrá modificar o darle las modalidades a la propiedad, sí surge en el 17, pero las características del ejido de no embargable, no transmisible, aparecen en la Ley del Patrimonio Ejidal de 1925, inclusive, en el actual texto del artículo 27 no se señalan cuáles son las características de la propiedad ejidal; son dos cosas diferentes, por una parte y, por otra parte, el antecedente de que en la Reforma Agraria, en las reformas agrarias no se entreguen en propiedad las tierras, ni siquiera es de la Colonia, hay antecedente en la revolución de los Graco en Roma, precisamente la disposición de no entregarle en propiedad la tierra, por el temor de que la enajenaran. Solamente esas declaraciones. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Cárdenas, por cinco minutos, para rectificar hechos.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su venia, señor Presidente; señoras y señores diputados:
Desde su intervención anterior, el diputado Rodríguez Prats ha hecho una serie de afirmaciones que reconozco corresponden a la concepción neoliberal que ahora defienden.
Hablan en términos de transformar revolucionariamente la vida nacional, pero con un contenido totalmente ajeno a la concepción de la Revolución Mexicana, que con las armas en la mano plasmaron los campesinos, las masas populares en la Constitución.
Hoy se quiere apresurar la discusión de una cuestión fundamental, de una cuestión que va a cambiar la estructura de la sociedad mexicana; el simple hecho de transmitir el dominio de la parcela ejidal al ejidatario, cambia radicalmente toda la estructura de la sociedad mexicana, por eso queremos una discusión más prolongada y queremos, sí, consultar al pueblo. No es un hecho cualquiera en que como legisladores podemos tomar decisiones; es un hecho que va a cambiar la realidad nacional.
Se dice que acudiendo a la afirmación del constructor de mi partido, el derecho contribuye a transformar la realidad y es cierto, lo dijo aquí y en muchas ocasiones en todos lados. Pero Vicente Lombardo Toledano hablaba de una transformación revolucionaria y aquí lo que se está planteando en la iniciativa, no es una transformación revolucionaria, sino totalmente reaccionaria.
Se pretende regresar al pasado, a encasillar de nuevo a los peones agrícolas, a volverlos a la condición de parias que tuvieron antes de la Revolución. No puede ser eso una transformación revolucionaria y por eso reclamamos que se haga una consulta seria al pueblo de México, para decidir realmente cuál debe ser su futuro y aquí, de una vez rechazo una cuestión que subyace en lo esencial de la reforma y que el diputado Rodríguez Prats ha venido a defender: Rechazo que hasta ahora las masas campesinas hayamos alcanzado nuestra mayoría de edad. Siempre hemos tenido las mismas facultades que todos ustedes, lo que pasa es que no se quiere reconocer que determina las diferencias en el campo, es la fuerza social, la fuerza económica y que por eso es necesario, fue necesario que desde el poder, desde el Estado, se tutelara sus intereses de las masas débiles de la sociedad.
Por eso, nosotros rechazamos y creemos que es el mayor insulto que se pueda haber lanzado desde el Poder Ejecutivo a las masas campesinas, el de considerar que en alguna época hayan sido disminuidos mentales o inmaduros mentalmente.
Por eso reclamo, demando de esta soberanía una actitud más seria para tratar el asunto que va a transformar la vida de toda la sociedad de México y que va, si se aprueba la iniciativa, como se pretende, de manera apresurada, va a sumir al campo mexicano en nuevas confrontaciones estériles, improductivas y a poner en riesgo la integridad de la nación.
Por eso rechazamos muchas afirmaciones que aquí se han hecho y reclamamos mayor sensibilidad de la fracción parlamentaria mayoritaria para acudir a la opinión del pueblo; no es cierto que los representantes siempre actúen y decidan sin consultar a sus representados, siempre ha habido necesidad, en cualquiera de las esferas en donde haya un representante, de consultar
a quien representa, la voluntad de quien representa y, sobre todo, en una materia tan trascendental y que va a cambiar toda la realidad nacional.
Bien, el diputado Rodríguez Prats dice que los revolucionarios debemos actuar conociendo la realidad y es cierto, pero aquí, él ha demostrado desconocer o pretende desconocer la realidad que opera en el campo mexicano. El propiciar que la tierra quede al libre juego de la oferta y la demanda va a conducir, repito, de nuevo, a los ejidatarios pobres, a los 24 mil ejidatarios que, excluyendo a los que son ricos, en una situación de miseria, porque no se podrán defender ante la fuerza del capital que desde ahora mismo, antes de que se apruebe la iniciativa, ya están sobre las tierras, presionando para que las viudas vendan sus parcelas, presionando para que los ejidatarios vendan su parcela.
Por estos hechos, yo demando, en nombre de mi partido, nuevamente, una mayor sensibilidad para acudir sin temor a la opinión real de las masas campesinas, para resolver un problema tan trascendental como es éste. Muchas gracias.
El Presidente: - El siguiente orador registrado es el diputado Raymundo Cárdenas, en pro de la moción.
El diputado Francisco Javier Saucedo (desde su curul): - (Solicita verificación de quorum).
El Presidente: - Bien, en atención a su petición, diputado, el artículo 106 se refiere a una declaratoria de quórum, de falta de quórum cuando es evidente y una de pase de lista cuando es dudosa. Es el mismo caso, diputado, yo le comentaría aquí al diputado Camilo Valenzuela, de su partido, si realmente hay duda acerca de la integración de quórum en el pleno. De cualquier manera, para no incurrir en una falta a su petición y también para no incurrir en una dilación del trámite, yo le pediría, si es tan amable, de que termine la discusión y al momento de la votación, pediría a los secretarios que verificarán si hay existencia legal del quórum.
Tiene la palabra el diputado Raymundo Cárdenas.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados;
La propuesta de moción suspensiva para este debate, fue respondida con toda una argumentación acerca de la representación y acerca de las funciones de los legisladores.
Yo creo que los demonios que tiene el compañero que hizo toda esa argumentación y contra los cuales combate, surgieron y nos da oportunidad de hablar sobre algunos temas que son fundamentales.
Yo creo, compañeros que todo lo que argumentó el ciudadano Rodríguez Prats, intenta dar claridad, desde su punto de vista, sobre la legitimidad de la decisión que se va a tomar en relación con el artículo 27 constitucional.
Por eso nos hizo toda una explicación, sobre la representatividad de los diputados, teorías que dan sustento a la práctica parlamentaria en Alemania, en Francia o en Italia; pero que, a mí juicio, gente tan estudiosa como él y algunos otros, podrían aportar mucho si nos dijeran ¿Eué piensan de la función de un legislador, en un sistema o en un régimen de partido de Estado? Yo no creo que las teorías que dan sustento a los sistemas democráticos de algunos países europeos, puedan servir para justificar hoy la representación, la sobrerrepresentación del Partido Revolucionario Institucional en esta Cámara y todos los procedimientos que están tras esa elección.
Todas las teorías de la representación a las que aludió Rodríguez Prats, tienen como fundamento el voto libre y en este país no se puede decir, ciudadanos, que los representantes populares de la mayoría, provenientes de un partido que ha pervertido el sentido del voto y que lo ha convertido en un trámite más que hay que correr para tener obras públicas, no se puede decir que un partido, insisto, que ha perdido el sentido del voto, tenga la representatividad y toda la autoridad para actuar como legisladores de la nación.
Creo que las deficiencias reconocidas y las no reconocidas en el padrón y en todo nuestro sistema democrático, quitan todo sustento al uso de las teorías de la representación que sostienen a los sistemas democráticos de otros países.
Yo pienso, compañeros, que está tan en duda la legitimidad de las acciones o del sentido de la votación que aquí se va a producir, que el Presidente de la República ha tenido que buscar otras fuentes de legitimidad. Yo no entiendo de otro modo las grandes campañas de prensa que se han instrumentado alrededor de este asunto, los desfiles que hicieron el 20 de noviembre
distintos gobernadores, son sus correas de transmisión con las que dominan al movimiento campesino; no se entiende de otra manera, insisto, el acto de Los Pinos, en el cual con urgencia y señalando es un asunto de estar con el Presidente o contra el Presidente, les piden la firma de apoyo a distintos dirigentes de organizaciones sociales.
Le piden la firma de apoyo a sectores que nunca consultaron; ni a estudiantes ni a maestros; le piden la forma de apoyo a los exsecretarios de la Reforma Agraria, que fueron nombrados por los mismos, titulares del poder y que están circulando en todo el sistema del poder público en México.
Esa es la búsqueda de legitimidad que aquí se expresa en el discurso de Rodríguez Prats. Yo no creo, compañeros, que vayan a lograr su intención, no se va a poder legitimar un cambio tan trascendental de la Constitución, con un debate que aquí demos hasta muy avanzada la noche, o hasta la madrugada del día de mañana.
Finalmente, el asunto de lo que se trata aquí, es un llamado, yo lo decía nuestra coordinadora ayer, un último llamado a la mayoría: Necesitamos sensibilidad política, queremos que se expresen realmente las fuerzas que se supone están representadas en los firmantes del desplegado de Los Pinos.
Finalmente, también, ciudadanos, creo que no es el momento de dar aquí un debate que viene desde hace mucho entre la concepción de democracia directa y de democracia indirecta. No se trata aquí de descalificar las propuestas de que haya un debate más amplio, de que los medios de comunicación, por primera vez en este país, se pongan a disposición de todas las expresiones políticas que tienen algo que decir sobre este asunto, de todas las expresiones sociales.
El debate en el que Fray Servando Teresa de Mier hizo la declaración a la que hizo referencia Rodríguez Prats, se dio en el siglo pasado, alrededor del federalismo. Era un asunto en el cual los pueblos de distintas regiones del país estaban exigiendo una mayor participación y finalmente se impuso esa exigencia de los pueblos.
Pero en aquel tiempo, ciudadano, no había ni televisión, ni la radio, ni los medios que hoy tenemos para consultar a la gente, ni las facilidades, para que ésta exprese toda su voluntad.
Sostenemos, ciudadanos, que se podría instrumentar todo un gran debate nacional con presencia en todos los estados de la República, que nos permitiera arribar a conclusiones mejores para toda la nación. Si no hay esa sensibilidad política, yo creo que irremediablemente el pueblo se los demandará. Gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra en contra, el diputado Miguel Angel Yunes Linares.
El diputado Miguel Angel Yunes Linares: - Con su permiso, señor Presidente, compañeros diputados:
Yo quisiera que hiciéramos un esfuerzo para orientar el debate y para darle curso a la moción que ha sido presentada, de tal forma que en términos de nuestro Reglamento pudiéramos posteriormente se iniciara el debate en lo general.
Por ello, procuraré referirme sólo a la moción suspensiva que se discute. El argumento fundamental que se esgrime, es la necesidad de un debate nacional para que este asunto, esta reforma al artículo 27 de la Constitución, pueda ser discutida, pueda ser analizada y pueda ser ventilada en todos los ámbitos, incluso se señalaba aquí que era necesario hacerlo en los 26 mil ejidos del país.
Este, como se advierte, no es un argumento que se refiriera al fondo de la iniciativa del 27. Pero tampoco puede ser tomado como un argumento ligero, que vaya sólo a la forma de la discusión.
Yo entiendo el porqué Rodríguez Prats vino a esta tribuna a hablar de las teorías de la representación y vino a esta tribuna a referirse a la calidad que tenemos de representantes de la nación. Lo entiendo, en la medida en que este cuestionamiento, en la medida en que la moción suspensiva no cuestiona sólo el trámite; cuestiona la estructura misma del poder representativo de la Federación.
Se ha dicho que no podemos ni siquiera entrar a la discusión y por eso se presenta esta moción, ni siquiera entrar a la discusión de un tema fundamental para la vida del país, si antes no llevamos a cabo un gran debate nacional en el cual se expresen todas las opiniones, en el cual se escuchen todas la voces y que después de que este debate se lleve a cabo, podemos nosotros discutir.
Yo quisiera partir del supuesto de que no se hubiera llevado a cabo ningún debate nacional sobre este tema. Quisiera suponer que es un tema
inédito, que es un tema que no se ha discutido ni en esta Cámara, ni en los foros universitarios, ni en los centros de reunión, ni en las organizaciones políticas, sino que de repente, por generación espontánea, se presenta una iniciativa ante esta Cámara para dar inicio al movimiento del poder constituyente permanente; se presenta una iniciativa que no tiene nada qué ver con nada que se hubiera de discutir.
Quisiera partir, quisiera que me permitieran partir de este supuesto. Aun en este caso, aun un este supuesto, aun suponiendo que ningún debate nacional se hubiera llevado a cabo, nosotros formamos parte del poder representativo de la Federación. La República, por voluntad del pueblo, es una República representativa, democrática y federal y el pueblo, según lo señala la Constitución, ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión. Poderes de la Unión de los cuales formamos parte importante.
No es pues ningún atentado constitucional el que esta Cámara discuta una iniciativa de reforma y no lo es porque tenemos una calidad que el propio artículo 51 de la Constitución nos reconoce y nos señala como representantes de la nación. Y como tales debemos asumirnos.
Sería atentar contra este carácter representativo el suponer que cada asunto que llegara a esta Cámara debiera ser consultado de manera directa al pueblo de México o a los 26 mil ejidos, como aquí se señaló. Quiero hacer un paréntesis e insistir que estoy en un supuesto teórico en el cual no se hubiera llevado a cabo ningún debate.
Sería un error pretender que el poder representativo tuviera que preguntarle a cada uno de los ciudadanos si está de acuerdo con un reforma determiada. Pero bien, esto podría ser entonces un cuestionamiento no al artículo 27 que discutimos, sino a los artículos 39, 40 41 y 51 de la Constitución, que establecen que la nuestra es una democracia representativa y habría entonces que preguntarse ¿Qué es lo que se propone?
¿Se propone que vayamos a un sistema representativo distinto? ¿Se propone que vayamos a una democracia directa? ¿Se propone que modernicemos nuestro sistema representativo? Ese sería seguramente el tema de muchas otras discusiones.
Podríamos pensar en que los tres momentos estelares o los tres planteamientos estelares en este presupuesto de un nuevo sistema de gobierno, que no fuera representativo, que fuera de consulta directa al pueblo. Los tres presupuestos podrían ubicarse históricamente, en mi concepto, de la siguiente manera:
Uno: Volver al Siglo V antes de Cristo, a la democracia directa ateniense; el otro: Volver al concepto marxista de la democracia, probablemente al de la comuna de París y, el otro: Podría ser el que los teóricos de la ciencia política están desarrollando en este momento y que se refiere a la democracia del Siglo XXI, la democracia en la cual los ciudadanos pueden emitir su opinión y esta opinión se capte por un cerebro electrónico y quede resuelto el problema de la democracia.
Pero bien, éstos son planteamientos teóricos; nuestra realidad es totalmente distinta y es distinta no por ser un capricho del Partido Revolucionario Institucional de sus militantes o de sus diputados; es distinta por una decisión histórica, por una decisión que tiene sustento jurídico y político y por una decisión que, por si fuera poco, está plasmada en nuestra Constitución. Hay en la Constitución un señalamiento claro, preciso, que no deja lugar a dudas; los diputados no somos comisarios en el concepto marxista, no somos tampoco mandatarios en el concepto del derecho civil; somos representantes de la nación.
Pero hay algo más y hay algo que probablemente se haya olvidado de manera voluntaria. Entre esta soberanía popular que se deposita en el pueblo y que se ejerce por medio de los Poderes de la Unión, hay una institución, una institución intermedia, que es la que permite el contacto con el pueblo y el poder público y son los partidos políticos. No por circunstancia el Constituyente decidió que la figura de los partidos políticos quedara precisamente señalada en el artículo 41 de la Constitución y que se precisara en esa disposición de nuestra Carta Magna, que los partidos Políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; repito, no es una circunstancia, es algo deliberado; los partidos políticos, como entidades de interés público se ubican ahí, porque de alguna manera contribuyen a que ese ejercicio de la soberanía sea más directo.
Se dice que no ha habido debate, se dice que es necesario ampliar el debate. Yo quisiera recordar aquí que este debate ni se inicia, ni concluye con la iniciativa de reformas al artículo 27, es
un debate de muchos años, yo diría de siglos. Aquí se han hecho citas importantes, del siglo pasado, del Constituyente de 1957, de 1917 y el tema de la tierra y del campo está presente en todos los debates cotidianos.
Se dice que es insuficiente este debate, que hay premura por aprobar la disposición. Yo no lo creo, yo creo que hay un debate amplio que, repito, ni se inicia, ni concluye con esta iniciativa de reformas.
Leía esta mañana el documento que contiene la síntesis de prensa, hay 42 artículos sobre la reforma al artículo 27 Constitucional y decía Raymundo Cárdenas, con toda la razón, que los medios de comunicación facilitan el debate, que en el siglo pasado no teníamos ni radio, ni televisión, ni prensa escrita con las magnitudes, con el alcance, con la cobertura que tenemos el día de hoy. ¡Claro que sí tiene toda la razón Raymundo! En el siglo pasado no teníamos esta ventaja; en este siglo podemos debatir y podemos ser actores en el debate, activos o pasivos, podemos participar en la discusión, podemos escuchar, podemos ver, podemos leer y de alguna manera estamos participando en el debate. Hay un debate amplísimo hay asuntos que se han discutido desde hace muchos años y que no se agotaría su discusión en un mes más; no hay prisa alguna, hay, por el contrario, deseo de debatir, deseo de analizar, deseo de ir al fondo de las cuestiones.
Aquí mismo se planteó algo que demuestra con claridad, en primer lugar, que hay debate y, en segundo lugar, que la consulta que se propone a todos los mexicanos, como una vía previa, como un procedimiento previo para discutir en esta Cámara, que esta consulta no se ha llevado a cabo, ni siquiera por el partido que plantea la moción suspensiva. Porque decía el compañero Martín del Campo lo siguiente, decía: "Que se continúe el debate porque tenemos una propuesta que queremos que se discuta"; una propuesta yo entiendo, es un documento serio, fundado con argumentos y él señalo una nada más de esos argumentos, él dijo, queremos un campo transformado, menos agrario y más agropecuario. Sería muy fácil cuestionar esta moción suspensiva preguntándole a Martín del Campo cuándo platicó con los 26 mil dirigentes de los comisariatos ejidales del país para hacer esa propuesta, pero no se trata de eso, porque nosotros estamos totalmente de acuerdo en que nuestra calidad de representantes de la nación tenemos el compromiso de saber, cuando menos de manera elemental, qué es lo que la nación quiere, por un parte; pero por la otra, como militantes de los partidos políticos, como militantes de organizaciones que tienen qué ver con la vida política del país, tenemos definiciones también muy concretas respecto de la realidad nacional, tenemos definiciones que son las que ofertamos al electorado en las etapas político - electorales, tenemos definiciones que no las consultamos en los 26 mil ejidos, sino que parten de un análisis de la realidad nacional, sino que parten del estudio y de la discusión.
Tengo a la mano las proposiciones de la declaración de principios del Partido de la Revolución Democrática respecto del campo y yo les aseguro que no fueron comentadas en los 26 mil ejidos del país y no era necesario que lo fuera; es un partido de pensar y que plantea una forma de hacer las cosas y es muy respetable su posición. Nosotros tenemos también la nuestra ya la discutimos en la XIV asamblea Nacional y definimos qué es lo que proponíamos para el campo y qué es lo que queremos que en el campo de lleve a cabo. Luego entonces no es nuestro concepto, desdeñable la necesidad de escuchar lo que se opina, fuera de estas cuatro paredes, que tan criticadas han sido por quienes consideran que el debate sólo aquí se debe dar.
No es así, hemos escuchado la opinión de todos los que han querido opinar sobre este tema, pero no nada más aquí en el salón verde a espalda de donde nos encontramos, no; hemos escuchado también la opinión que se ha vertido a través de la prensa, a través de la radio, a través de la televisión, en las universidades, en los centros de educación superior y esta opinión a la que no nos podemos sustraer ni los autores de la iniciativa ni los que vamos a dictaminar, ni los que vamos a discutir, ni los que en su caso vamos a votar en uno u otro sentido, estas opiniones son escuchadas y claro que norman nuestro criterio.
Yo quiero terminar señalando lo siguiente: La posición de nuestro Partido fue claramente definida en la reunión que tuvimos de comisiones unidas donde se aprobó el dictamen. Estamos dispuestos a seguir encontrando consensos en el debate, pero debe debatirse con razones, con argumentos, sin calificativos, sin injurias sin ofensas; el debate puede llevarnos a conciencias importantes, vamos a buscarlas, no se resuelve nada presentado una moción suspensiva, no debemos dejar en suspenso la solución del problema del campo. Muchas gracias. (aplausos.)
El Presidente: - Ha solicitado el uso de la palabra el diputado Rincón, para hechos y posteriormente la diputada Rosa Albina Garabito.
El diputado José María Téllez Rincón: Nos hemos llevado toda la mañana en un debate en que sosteniendo posiciones cada quien por su lado, sin tener la razón, nos hemos llevado bastantes horas para encontrara que solución, ninguna, que las cosas sigan cual están y ahorita volvemos otra vez a iniciar esto no sé cuántas horas puede durar para que nosotros podamos tener un consenso de qué es lo que queremos y hacía dónde vamos.
Cuando se propone un a suspensión, una moción de suspensión, está estipulado dentro de los reglamentos que rigen esta Cámara, que es el tiempo que se requiere para consultar los diputados todo aquello que necesiten para tener una posición aquí y no venir a dar posiciones personales, porque hay diputados que se toman esa facultad, hay diputados que a título personal se pueden parar en esta tribuna y decir lo que les venga en gana y votar lo que ellos quieran.
El diputado no es eso, compañeros, el diputado se debe a la gente que votó por ellos, el diputado tiene una obligación de recibir consenso de la gente que hizo honor de elegirlo, la gente que hizo el honor de elegirnos.
A mí en esto que concierne al campo, para desgracia mía yo no tengo ningún conocimiento, la única tierra que tengo yo es 1.50 metros por .90 centímetros, Jardines del Recuerdo y eso es todo lo que tengo yo ahí de propiedad.
Así es que en esto podría yo también tomar una posición, aquella que me viniera en gana y venir aquí ante ustedes a votar exclusivamente levantando el dedo, que eso no me causa ningún esfuerzo, ninguno, compañeros, pero ¿Qué hacer a este respecto?, ¿Por qué lo de la moción suspensiva? porqué nos da tiempo de consultar a los que nos eligieron, nos da tiempo de entenderlo los que no sabemos, yo me declaro como no sabedor de las cosas del campo y nos da tiempo a nosotros de despejar serias dudas que se tienen a este respecto.
A mí me confunde ver la prensa llena de firmas, donde los campesinos aprueban la propuesta presidencial y a páginas enteras ellos alaban esto y por el otro lado he visto en la televisión, con lágrimas en los ojos, a los campesinos porque van a perder su tierra y esto no lo digo yo porque no lo conozco, lo dicen ellos y creo que aquí hay más de cuatro que han visto esta situación.
¿Qué hacer a este respecto? ¿Por qué, me pregunto yo, de esta premura, cuando el campo ha durado tantos años en el abandono? ahora tenemos nosotros 15 días para sacar esto y vámonos a aventarlo rápidamente ¿Por qué esto? ¿Qué, hay algún compromiso que cumplir?, ¿Qué, hay una fecha que se tiene que llegar a algún término y que nosotros no la conocemos, o al menos yo no la conozco?, si el campo ha estado en ese abandono, ¿Por qué ahora tenemos que sacarlo rápidamente?
Nos hemos visto en la necesidad, lo de la fracción parlamentaria del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, que de votarse esto este día, en lo general, cinco de nosotros votaremos en contra. (Aplausos.)
Y ¿Qué será esto, compañeros? La duda que nos queda a nosotros para poder salir de esta situación y encauzarnos hacia algo que quizá cuando se llegue a discutir en lo particular, nosotros tengamos ya opción de dar todas nuestras propuestas que hemos estado trabajando todos los días, créanmelo, que hemos estado trabajando todos los días con el afán de que nuestras propuestas fueran llevadas a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y aparecieran en ella; no aparecieron, compañeros.
No aparecieron, hemos leído con cuidado, esto. Termino, señor Presidente, muchas gracias.
El Presidente: - La diputada Rosa Albina Garavito, para rectificar hechos por cinco minutos.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Yo no quiero dejar pasar por alto el tema, el concepto y el sentido que la mayoría priísta le está pretendiendo dar a la demanda de debate nacional sobre la importantísima reforma que están presentando el Partido Popular Socialista y el Partido de la Revolución Democrática, que fundamenta nuestra moción suspensiva.
Me parece que es totalmente demagógico y se los digo con todo respeto y espero que no lo tomen como descalificación; es un concepto de cómo se argumenta, es demagógico que la mayoría priísta venga a hablar a esta tribuna de su respeto por el debate y venga a sostener que, gracias ese respeto por el debate, pueden ahora hacerse estas reformas.
¿Quién puede negar que el tema del campo es un tema debatido ampliamente a lo largo y a lo ancho de la República desde hace muchos años atrás? Pero, señores, aquí no estamos solicitando que se discuta sin fin; aquí lo que estamos solicitando, es que se discuta con un sentido, con
el sentido de sacar conclusiones y que estas conclusiones puedan validar, puedan servir para consensar sin mayor problema una que puede ser la más importante de las reformas que se han hecho en los últimos años.
Si ustedes aceptaran el debate, el que realmente escucha, el que sirve para discernir, el que sirve para razonar, el que sirve para contraponer argumentos, para confrontar ideas contra hechos y hechos contra hechos, entonces se habrían preocupado al menos por dos cuestiones: este país en los últimos años ha tenido oportunidad de sacar conclusiones para poder definir qué país queremos. La primera oportunidad que ha tenido y que por desgracia ha perdido, gracias a las características del régimen del partido de estado que hace del fraude una razón de estado, la cual se vino a exhibir con todo detalle en el Colegio electoral pasado, gracias a esa característica se perdió la oportunidad de que el mayor discernimiento que una sociedad puede hacer, con el mayor respeto de los ciudadanos entre sí, entre organizaciones sociales, para con el estado, escuchando razones, haya sido la pérdida de la oportunidad y haber respetado el voto que los ciudadanos depositaron en las urnas.
Detrás de ese voto existía una argumentación de qué país se quería. Se estaba avalando o no a una serie de plataformas políticas de los partidos. No se respetó ese voto, entonces se perdió una oportunidad, maravillosa, diría yo, la única que en una sociedad moderna se puede dar para sentar las bases de una convivencia plural y democrática. Se perdió esa oportunidad.
Por eso el Partido de la Revolución Democrática en esta tribuna y en otras muchas ha estado insistiendo que este país lo que necesita, primero, es la reforma democrática, para después, en esa convivencia civilizada, poder tomar las decisiones necesarias, las que la ciudadanía pueda definir, escuchándonos entre todos, escuchándonos también a ustedes, si ustedes nos demuestran que es un partido avalado en votos y no un partido como dependencia del gobierno, también así, escuchándonos entre todos.
Se perdió esa oportunidad en las elecciones. Ese es el debate y ése es el tipo de argumentos y ésas son las calificaciones que se tendrían que escuchar. No tenemos por qué temer a las calificaciones, al contrario, detrás de una calificación hay un juicio muy respetable del ciudadano que lo sostiene. No se respetó el juicio y la calificación de los ciudadanos acerca de qué país se quería; por lo tanto se ignoró el debate fundamental de este país. Esa oportunidad se perdió.
El Partido de la Revolución Democrática no está aquí ni en ningún lugar, solamente para hacer reclamaciones y lo ha demostrado en todos los casos. Está también y ha estado siempre para hacer las propuestas que no profundicen la crisis a la que se está conduciendo por estas prácticas del régimen de partido de estado. Esta es una de ellas, adoptar y aprobar una moción suspensiva sobre un debate sustancial para el destino del país.
Estoy por terminar. Un momentito. Gracias.
El Presidente: - Silencio, señores diputados. Respeto, señor. Si quiere hacer uso de la tribuna, pida la palabra (Aplausos.)
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - La segunda muestra del tipo de debate al que se quisiera suscribir el partido de la mayoría, que es totalmente sustancial, no por los argumentos, sino por el destino que se da, es ese remedo de debate que se hizo en este recinto cerrado. Si por lo menos ése se hubiese respetado en la manera en que se había acordado, entonces habríamos nosotros notado una muestra de voluntad política, de que algo está cambiando en esta Cámara, que esa dignidad del Poder legislativo a la que tanto se está aludiendo, sirve para efectivamente defender los intereses sociales y los intereses nacionales. Por desgracia no fue el caso.
¿Qué fue lo que sucedió en este debate, compañeros?
El Presidente: - Diputada Garavito...
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Estoy a punto de terminar; le solicito, si es tan gentil, un minuto solamente para concluir la idea.
El Presidente: - Adelante, diputada.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Lo que sucedió en este debate es que se escuchó, pero con una posición de oídos sordos. Si se hubiese atendido al debate, yo y otros muchos, lo menos que habríamos esperado es una conclusión.
¿Cuáles son las conclusiones de ese debate?, ¿cuándo se presentaron? Nunca, compañeros; el viernes 29 de noviembre, intempestivamente se declaró suspendido el debate, sin ni siquiera un acto de clausura, mucho menos con un documento de relatoría que levantara las conclusiones de ese debate. No nos engañemos, no en ése debate, el diálogo de sordos, el que
no escucha razones, el que estamos nosotros alegando para venir a fundamentar nuestra moción suspensiva; así que yo hago un llamado a la mayoría priísta para que no venga con el argumento demagógico de que se ha escuchado el debate nacional acerca del campo por muchos años, porque ¿quién les adjudicó a ustedes el derecho de haber sacado conclusiones acerca de ese que es uno de los principales debates que ustedes no quieren escuchar? Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán, para hechos, por cinco minutos y le suplico apegarse al reglamento.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros.
Me permití solicitar el uso de la palabra para precisar el carácter de la moción suspensiva. El dilema es éste: o tomamos una decisión con opinión pública o atropellando el derecho a la opinión pública, tomamos una decisión por una mera opinión del público.
La opinión pública se funda en razonamientos y en conocimientos; es estable; viene de un pasado y va a un porvenir; enriquece la comprensión de los problemas sociales; verifica una comunicación cara a cara, interpersonal; funge como el tribunal de la sociedad. Contra ese tribunal no pueden prevalecer prepotencias falsas, porque es el único tribunal insobornable.
La opinión pública la hacen los que pueden opinar, porqué están destinados con su historia y tienen respeto de ella.
La opinión pública gravita normativamente sobre el gobierno; el gobierno democrático es sensible a la opinión pública; la sociedad se realiza a través de la opinión pública por la vigencia de sus ideales y valoraciones; la opinión pública la expresan voceros fieles y representativos. Son representativos aquellos que proponen a la sociedad aquello que la sociedad espera, no lo inesperado para la sociedad.
Por lo tanto, en la opinión pública se gana el tiempo; se gana el tiempo porque se transita con acierto en horizonte histórico que nos pertenece.
La opinión pública busca conocer, comprender y decir la verdad; es la conciencia ciudadana con valentía cívica: obliga al gobierno a tomar decisiones y forma lo que se llama el valor democrático de la opinión pública. La democracia es en este aspecto el gobierno de la opinión pública mediante un régimen de partidos políticos y una conciencia social abierta para el bienestar del pueblo.
Segundo asunto para que definamos lo que está en cuestión en esta proposición suspensiva. ¿Cuál es el gobierno representativo? Aquí se estuvo cuestionando esto. Lo es el buen gobierno; no el mal gobierno. Y ¿cuál es el buen gobierno? El que llega al poder en forma legítima, toma las riendas de la conducción de la convivencia para proteger y defender a la sociedad; el gobierno que está controlando por la sociedad civil; que gobierna mediante la discusión y no por la represión; el que respeta las leyes y las instituciones; el que permite un régimen de opinión pública y no de una opinión de simple escenografía; el que respeta los valores democráticos, realiza ideales y valoraciones sociales; el sensible a los requerimientos y necesidades sociales; el que respeta las asambleas deliberantes, fomenta la iniciativa individual en lo económico, político y social; actúa en una planificación limitada para evitar abusos y rezagos; oye todas las voces y razona con ellas; obra con veracidad; respeta los derechos humanos; es estable, honesto, tolerante; gobierna para servir a la sociedad; es representativo porque hace lo que la sociedad espera y su jerarquía social se funda en ser un gobierno con un prestigio bien ganado.
Compañeros, tenemos 300 años en la Colonia de despojo a los pueblos y a las etnias del país; una vida independiente que modificó la institución del ejido que nos viene desde la herencia indígena.
El Presidente: - Le recuerdo su tiempo, diputado.
El diputado Carlos González Durán: - Sí.
Cambia entonces esto y evoluciona. Pero el tema de que se va a tratar, como se ha dicho reiteradamente, es un tema esencial. Es aquel tema en el que no solamente está en juego el desarrollo agropecuario del país o el bienestar de los campesinos, sino que está en juego la misma soberanía nacional.
¿Quién tiene la tierra y para quién se tiene la tierra en México?; ese problema debe ser meditado con reflexión. Por lo tanto, la moción suspensiva entiende que la exposición de motivos es una, la propuesta legislativa es otra. Los 10 puntos de desarrollo económico para el campo, no penetran en la propuesta legislativa y el pacto con supuestos representantes campesinos, tampoco entra en la propuesta legislativa.
Hay pues aquí un divorcio de lo que se dice y una propuesta que está en contra del interés nacional, en contra del interés popular. Por eso exigimos autenticidad de la conciencia mexicana, que opine el pueblo, que se oiga al pueblo. ¿Por qué tanto miedo de que el pueblo toma la palabra? Es todo.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rigoberto Arriaga.
El diputado Rigoberto Arriaga Ruiz: - Con su permiso, señor Presidente; señoras, señores diputados:
Indiscutiblemente esta iniciativa de ley para reformar el artículo 27 de nuestra Constitución enviada por el Ejecutivo, ha cimbrado al país. La opinión pública nacional está atenta a lo que aquí se está debatiendo.
Al aprobarse el dictamen, a partir de esa fecha comenzará a conformarse un México distinto en lo social, en lo económico y en lo político. Un México totalmente distinto al que nosotros conocemos, que es producto de la Revolución Mexicana.
Quiero hacer algunas reflexiones sobre esta iniciativa de ley. Uno de los compañeros diputados que me antecedió en el uso de la palabra decía: que él no conoce el campo. Yo quiero expresarles, señoras y señores diputados, que yo sí conozco el campo. No de ahora; hace 30 años. Provengo de familias campesinas, soy ejidatario en Sinaloa y lo digo con mucho orgullo. Sé cómo piensan mis compañeros ejidatarios; sé cómo viven y cuáles son los anhelos de los campesinos que no tienen un pedazo de tierra.
Hoy se intenta, con esta iniciativa, concluir el reparto agrario en México. Hace 30 ó 35 años, se intentó también dar por concluida la primera etapa de la Reforma Agraria, que es la entrega de la tierra a los campesinos mexicanos. Fue en el gobierno de Ruiz Cortines cuando el entonces Presidente de México a través del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, cuyo titular, Cástulo Villaseñor, manifestó a los campesinos de México que en este país no había tierra que repartir ya a los campesinos, ni campesinos que estuvieran demandando un pedazo de tierra.
Ante esas declaraciones, del jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, un gran mexicano, un gran patriota y agradezco a uno de los señores diputados del Partido Revolucionario Institucional que no hayan mencionado en esta tribuna, me refiero al ideólogo de mi partido, a Vicente Lombardo Toledano, quién, ante esas declaraciones del ingeniero Cástulo Villaseñor, convocó a un grupo de líderes campesinos para analizar la gravedad de las declaraciones de Cástulo Villaseñor.
Se llegó a la conclusión en aquellos años, que en México sí existía problema agrario; que había millones de hectáreas que repartir a los campesinos y campesinos que la estaban demandando.
Fue Vicente Lombardo Toledano, en aquellos años, el que aconsejó a los dirigentes campesinos que se dieran a la tarea de organizar a los campesinos sin tierra, para que éstos con sus movilizaciones, hicieran cambiar el lenguaje del gobierno.
Cientos de miles de campesinos fueron organizados por elementos de mi partido, el Partido Popular Socialista, los que hicieron posible, con sus movilizaciones y sus luchas, que el entonces candidato a la Presidencia de la República, el licenciado Adolfo López Mateos, en la ciudad de Tepic, Nayarit, reconociera que en México sí había tierras que repartir a los campesinos y campesinos que la estaban demandando.
Y nuevamente el gobierno de Adolfo López Mateos comienza a entregar las tierras a los campesinos que la demandaban.
Los posteriores, gobiernos también hicieron lo mismo. El gobierno anterior, pocas fueron las tierras que entregó a los campesinos mexicanos.
En este gobierno, creo que no se han entregado ya tierras a los campesinos. Nosotros reconocemos que masivamente el reparto de la tierra en México ha concluido, masivamente. Pero, sigue existiendo el acaparamiento de las tierras, fundamentalmente en los distritos de riego.
En el noreste del país, existe el latifundio familiar, concentraciones de tres, cuatro mil hectáreas de tierra, en una familia y esto lo saben los compañeros diputados de Sinaloa, miembros de la Confederación Nacional Campesina; cómo agricultores de procedencia extranjera acaparan las mejores tierras en la costa de Culiacán.
Voy a señalar sólo un hecho: en el sur de Sonora cuatro o cinco familias acaparan cientos, miles de hectáreas y voy a dar un solo nombre y que mis compañeros diputados de la Confederación Nacional Campesina de Sinaloa me desmientan. En el sur de Sonora existe una famoso latifundista,
conocido en todo el noreste del país: Reynaldo Ramos Marcor.
Este señor en el norte de Sinaloa, detenta en una sola unidad topográfica 800 hectáreas de riego. ¡Ah!, pero aparecen a nombre de muy pequeños propietarios, entre comillas, propietarios de 15, de 20, de 30 hectáreas, pero todo el mundo en Sinaloa lo conoce, los campesinos lo saben perfectamente bien que el propietario es este señor Reynaldo Ramos Marcor. El que tuvo el atrevimiento de demandar a la Secretaría de la Reforma Agraria y a su propia organización, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa. Prepotente y soberbio este señor en el gobierno de Ruiz Cortines, cuando se pretendió acabar con el acaparamiento de las tierras en Sonora y en Sinaloa, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa donó al gobierno de Luis Echeverría la cantidad de 40 ó 50 hectáreas, a efecto de no ser investigados y afectados en sus tierras.
De esas 40 ó 50 mil hectáreas, este señor Reynaldo Ramos proporcionó 3 mil hectáreas. Pero sale el gobierno de Echeverría y entra el gobierno del licenciado López Portillo y este señor, como decimos los ejidatarios, se raja y exige al gobierno la devolución de esas 3 mil hectáreas. Tres mil hectáreas que ya estaban en poder de campesinos por la vía ejidal, lo que hacía imposible a la Secretaría de la Reforma Agraria satisfacer la petición de Reynaldo Ramos.
Y ante esa negativa de la Secretaría de la Reforma Agraria, este latifundista demanda a la Secretaría de la Reforma Agraria y a su propia organización, la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa y le gana el pleito a la Secretaría de la Reforma Agraria, en primera instancia y en primera instancia se declara que la Secretaría de la Reforma Agraria tiene que pagarle a este señor más de 100 mil millones de pesos. ¡Más de 100 mil millones de pesos!
Su organización de Sinaloa lo expulsa de su propia organización porque también la demanda era contra la Confederación de Asociaciones Agrícolas del estado de Sinaloa.
Como este hecho, señores diputados, hay muchos en el noroeste del país, y al poner fin al reparto de las tierras en México, miles de campesinos sin tierra, que ahorita están ubicando sus hogares a las orillas de los canales, a las orillas de los canales, porque ya en las zonas urbanas ejidales ya no hay lotes para satisfacer su demanda, que están viviendo en chozas miserables de cartón a la orilla de los canales, hay miles de campesinos sin tierra a la orilla de los canales. Cuando esos campesinos se den cuenta que se ha modificado la ley y que no podrán ya demandar del gobierno la entrega de la tierra, ¡cuidado con estos miles de campesinos hambrientos!
No olvidemos que cuando los más humildes que sostienen la pirámide social se mueven, como se movieron antes de la Revolución Mexicana, esta pirámide social puede temblar y podemos sufrir serias consecuencias.
El campesino mexicano es amante del progreso y de la paz. Pero un campesino hambriento, un campesino que no tiene para dar el sustento a su familia y que no ve ninguna perspectiva, que no habrá ninguna perspectiva de alcanzar un pedazo de tierra a que tiene derecho; esos miles de campesinos, señores diputados, pueden tomar actitudes muy serias que mañana las vamos a lamentar.
Aquí se ha hablado mucho de que si es privatización de la tierra, que si no lo es; que si se privatiza el ejido tal y como está en la iniciativa de ley, que va a volver nuevamente el latifundio de este país. Ha sido una lucha constante de la propiedad social. Los ricos agricultores siempre han expresado, siempre han criticado al ejido.
El ejido no produce, dicen ellos. Los campesinos no saben trabajar la tierra, expresan. Los campesinos son flojos.
Y esta política del actual gobierno que encabeza el señor licenciado Salinas de Gortari, está política económica equivocada, equivocada, la estamos viendo en la práctica en los ejidos. Se ha descapitalizado al campos mexicano, totalmente descapitalizado.
¡Cómo no se va a descapitalizar el campo, cuando nosotros los que sembramos arroz y tenemos el arroz, abren las fronteras para que los industriales compren arroz a otros países!
¡Cómo no nos va a descapitalizar, si cuando tenemos el frijol soya: el gobierno abre la frontera para que los industriales compren la pasta de soya!
Estas medidas del gobierno son parte de un todo. Hace tres o más años se comenzó a preparar esto a lo que hoy estamos por llegar: reformar el artículo 27 de la Constitución.
Desde cuando se declaró que paulatinamente, de que paulatinamente iba a desaparecer la
Aseguradora Agrícola y Ganadera y el Banco de Crédito Rural, a partir de ahí se inició todo este proceso al que hoy estamos llegando a su final.
La conformación del Congreso Agrario Permanente fue parte también de este plan: controlar a los líderes de las centrales campesinas para que llegado el momento se sumaran en respaldo a esta iniciativa que hoy tenemos a la vista.
Se habla de que los ejidos no van a desaparecer, que les van a poner un "candado" que le pongan en la ley reglamentaria para que los campesinos, obligados o presionados, no comiencen a separarse de ella, tener en propiedad privada 10 hectáreas, por muy fuerte "candado" que se le ponga, repito, los acaparadores de las tierras, los que tienen los recursos económicos, tendrán "ganzúas" para abrir esos "candados" y que los campesinos les entreguen las tierras.
Sinceramente, señores diputados, analicemos esta situación, proyectémonos de aquí a 15 ó 20 años lo que puede suceder en este país. ¡No podrá haber certidumbre jurídica para los propietarios privados de la tierra, mientras existan millones de campesinos que no la tienen!
¡Cuando los campesinos sin tierra se den cuenta de esto, cuando los miles de campesinos se den cuenta que bajo el punto de vista legal no podrán adquirir un pedazo de tierra, esos campesinos las van a invadir!, ¡óigase bien!, ¡y las cárceles se van a llenar de campesinos sin tierra y quizá los panteones de los dirigentes sin tierra!
¿Qué pasará, señores de aquí a 15 ó 20 años?, ¿seguiremos viviendo en paz como hasta este momento? ¡Permítanme dudarlo!, ¿sinceramente, permítanme dudarlo!
Se ha pedido, la compañera Garavito ha pedido una y mil veces, cuantas ocasiones ha venido a esta tribuna, a pedir reflexión a los señores diputados. Indiscutiblemente que los compañeros diputados que han opinado en contra de esta iniciativa de ley, así como nosotros, los diputados del Partido Popular Socialista, vamos a resolver nuestra responsabilidad histórica. Los que van a votar a favor del dictamen de esta reforma, los campesinos mexicanos, de aquí a hace 15 ó 20 años, se van a acordar de ustedes, señores, se van a acordar de ustedes.
Yo también, como otros compañeros, ¡vamos a consultar a los campesinos sin tierra para que ellos digan si hay o no hay tierras qué repartir todavía en México! ¡Vamos a pedirle a los ejidatarios que si ellos ven algún peligro en esta iniciativa, porque esa consulta que se ha hecho, que aquí se ha expresado, ha sido a nivel de comisariados ejidales se les ha hecho ver las bondades de esta iniciativa, pero se les ha ocultado el fondo de esta iniciativa!
¿Por qué no preguntar a los ejidatarios, primeramente explicarles el contenido de esta iniciativa y luego preguntarles su opinión?, ¿por qué?
Señoras y señores diputados: la fracción parlamentaria del Partido Socialista los llama todavía, a una cuantas horas de que enterremos el ejido, a la reflexión. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la moción suspensiva presentada por el Partido de la Revolución Democrática y apoyada por diversos diputados.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta o se desecha la moción suspensiva presentada por las fracciones parlamentarias del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Popular Socialista.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Desechada, señor Presidente. (Aplausos.)
El Presidente: - Bien. Está a discusión en lo general la iniciativa.
¿Sí, diputado?
El diputado Amador Rodríguez Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, con fundamento en el artículo 108 del reglamento, yo quisiera que antes de que se iniciara el debate en lo general, fundamentara el dictamen el presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
El Presidente: - Con fundamento en el artículo 108, le voy a pedir a la Secretaría que le dé lectura. Antes voy a darle el uso de la palabra, como se solicita, al presidente de la comisión que dictaminó, pero quiero advertir a la asamblea acerca de el registro de oradores que se ha hecho llegar a esta Presidencia.
Para fijar la posición de cada partido y presentar votos particulares, en su caso, se han inscrito los siguientes diputados: Por el Partido Revolucionario Institucional, el diputado Hugo Andrés Araujo; por el Partido Acción Nacional, el diputado Diego Fernández de Cevallos; por el Partido de la Revolución Democrática, el diputado Jorge Calderón Salazar; por el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, el diputado Teódulo Martínez Vergara; por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el diputado Romeo Flores Leal y por el Partido Popular Socialista, el diputado Juan Campos Vega.
Y para la discusión del dictamen se han inscrito los siguientes diputados de los diversos partidos políticos: en contra: Camilo Valenzuela, Jorge Torres Castillo, Alejandro Encinas, Miguel León, Patricia Ruiz, Carlos González Durán, Jorge Moscoso, Ricardo Valero, Raymundo Cárdenas, Cristóbal Arias, Martín del Campo, Raúl Alvarez Garín, Héctor Ramírez Cuéllar, Gilberto Rincón Gallardo, Arquímedes García, Martín Tavira Urióstegui, Elpidio Tovar, Enrique Rico, Ramón López Tirado, Hildebrando Gaytán, Octaviano Alanís, Emilio Becerra, Héctor Morquecho, Eloy Vásquez, Rufino Rodríguez, Juan Cárdenas, Rosa Albina Garavito y René Bejarano.
Y en pro, los siguientes diputados: Efraín Zúñiga Galeana, Jorge Zermeño, para razonar voto, Israel González Arreguín, Pedro Ojeda Paullada, Juan de Dios Castro; para razonar el voto: Rafael González Pimienta, González Cedillo, Amador Rodríguez Lozano, Salvador Valencia, Miguel Angel Yunes, Javier Guerrero, Jesús González Gortázar, Alberto Carrillo, José Merino Castrejón, Horacio Sánchez, Agustín Basave, Romeo Flores, Melquiades Morales, Cuauhtémoc López Sánchez, José Ramos, José Merino Castrejón, Manuel Pozos Castro, Juan Manuel Huezo Pelayo, Manuel Muñoz, Tomás González Luna, Benjamín Avila, Rafael Fernández Tomás, Gustavo Carbajal y Cesáreo Morales.
Tiene el uso de la palabra, por la comisión, el diputado César Augusto Santiago, en los términos del artículo 108.
El diputado Gilberto Rincón Gallardo y Meltis (desde su curul): - Para presentar un voto razonado, por favor.
El Presiente: - Lo voy a registrar en los votos, de acuerdo con su discurso de hace un momento, si me permite, diputado César Augusto, lo voy a anotar como voto particular, es así en su petición; ¡tiene usted un voto particular? Correcto, muy bien.
Adelante, diputado César Augusto.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
A esta generación de mexicanos le ha tocado el privilegio de vivir con la convicción de que la Constitución Política de la República constituye un instrumento, el mejor de todos, para provocar y lograr la concordia social primero y el avance y el progreso de la sociedad en consecuencia.
Todos sabemos que la Constitución Mexicana contiene aportaciones a la teoría constitucional en cuando que presenta una larga elaboración y concreción normativa sobre los derechos sociales. Desde 1917 el Constituyente creó una teoría constitucional nuestra importante por eso, por ser nuestra, por constituir una aportación de México a la elaboración constitucional contemporánea. Logramos que las cuestiones centrales de nuestra convivencia, los derechos, los reclamos de la sociedad, las garantías y los enunciados políticos que queremos preservar, quedaran incluidas en nuestro texto constitucional como creación legal superior que los ubique en la dimensión que en la conciencia mexicana legítimamente deben tener.
De habernos sujetado siempre a un clasicismo constitucional ortodoxo, jamás hubiéramos logrado que la Constitución tuviera artículos como el 27 o el 123. De ahí hemos transitado por 14 reformas que al artículo 27 constitucional se han realizado a través del tiempo.
Es importante hacer estas afirmaciones, yo creo, no porque presuma que los señores diputados no las comparten o conozcan, por el contrario, pero sé muy bien que todos entienden la naturaleza de nuestra Constitución y la categoría del artículo que ahora discutimos, lo reafirmo, para que de ahí, como en las 14 veces anteriores, reconozcamos íntegramente en nuestra responsabilidad política la representación popular que ostentamos ante la nación y demos por tanto sustento a la razón de nuestras coincidencias para explicar con amplitud nuestras discrepancias.
Por eso, no es válido que al acometer un proceso de discusión constitucional, algunos privilegien lo accesorio para rehuir el debate de fondo,
busquen explicaciones en el procedimiento o justificaciones políticas como estrategia partidaria, para no entrar a la esencia y a la discusión puntual de las reformas.
Por supuesto que existen cuestiones que pueden ameritar una precisión que sólo se logra a través del debate libre. La comisión plural que elaboró el dictamen, sostiene claramente por ejemplo, que la reforma no está dirigida a privatizar el ejido y mucho menos a prohijar los latifundios; explicamos en el texto del dictamen las razones que sostienen nuestra afirmación, no hemos escuchado argumentos que contradigan esas afirmaciones.
En este asunto por ejemplo, también sólo ha habido exclamaciones o estribillos como respuesta.
A las afirmaciones razonadas, esperamos réplicas y argumentos razonados también de quienes no están de acuerdo. Queremos al fin ser consecuentes primero con la representatividad popular que ostentamos y segundo, con la seriedad de participar en acciones que implique el traducir los problemas y demandas de una sociedad exigente en una norma de jerarquía constitucional.
Sería, pensamos, faltar a la tradición jurídica y a la responsabilidad política que ostentamos, si en vez de discutir los temas torales del dictamen, prefiriésemos o la pirotecnia partidista o las posiciones irreductibles.
Escuchamos, por decisión de las comisiones, a expertos, intelectuales, politólogos, dirigentes campesinos y servidores públicos conectados con el tema. Preguntamos y recibimos sus aportaciones con la idea de ampliar nuestro debate, no de relegar o abdicar jamás de nuestra responsabilidad y representatividad. No los escuchamos para que ellos decidan por nosotros; los escuchamos para darle mayor sustento, mayor claridad, mayor justificación a nuestro debate y a nuestra visión final, lo hicimos porque era útil hacerlo y es nuestra convicción ahora que la argumentación de nuestro dictamen tiene fortaleza, porque recogió lo que nos pareció valioso de esas intervenciones.
Un grupo de trabajo fue discutiendo los fundamentos de la iniciativa, con las aportaciones que recibimos de todos quienes quisieron hacerlo y en jornadas de fructífero intercambio se fue construyendo una elaboración que pensamos ahora explica muy bien el porqué de las reformas.
Acordamos poner un gran énfasis en nuestra voluntad para lograr consensos y uno muy importante, por supuesto, es el haber decidido todos proponer cuestiones concretas en el debate en lo particular, porque estamos conscientes todos de que estas precisiones o modificaciones tendrían necesariamente que convocar a la participación integral de la Cámara.
Buscar primero los acuerdos generales sobre el espíritu y la razón central de la reforma, para darle su justificación política, su racionalidad jurídica y su legitimidad social. Si estamos de acuerdo en eso, pensamos, la convocatoria para la discusión particular será más productiva, más útil, más eficaz en la línea de los grandes objetivos de la reforma.
Hasta aquí, señores, el procedimiento para construir el dictamen, pero, ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la línea de congruencia jurídica que yace detrás como sustento general de la reforma?...
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz (desde su curul): - ¿Me permite el orador una interpelación?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - A usted y a los demás compañeros diputados, con todo gusto; les ruego permitir que yo termine mi texto, con todo gusto.
Pero ¿cuáles son las razones? ¿Cuál es la línea de congruencia jurídica que yace detrás como sustento general de la reforma? ¿Cuáles son los temas? ¿Cuál es la realidad que pretendemos cambiar y en qué medida? ¿Cómo queremos motivar ese cambio? ¿Por qué ahora? ¿Por qué con estas normas? ¿Por qué en este contexto y con estas decisiones? Aquí y no en otro lado, está la esencia del debate en lo general.
Bien, nosotros creemos que hay una congruencia entre el proyecto agrario de 1917y está será, si ustedes la aprueban, la quinceava modificación al artículo 27 constitucional. Nosotros pensamos que es la misma línea de argumentación que justifica la inclusión inicial del 27 en 1917 y que explica también las conclusiones de ahora.
Hoy, como ayer, pretendemos que nuestro marco normativo no se convierta en un obstáculo para las libertades y la justicia en el campo mexicano. Tiene lógica revisar el desarrollo histórico de nuestro sistema agrario. Tiene lógica, porque permite explicar que nunca ha habido una puntualización de los medios, se insiste, puntualización de los medios, con la pretensión de que éstos sean finales, inmutables y perfectos.
Siempre ha habido una búsqueda de cómo lograr que los medios concreten mejor los valores supremos que den justicia y que den libertades en el campo. Ha sido siempre una discusión sobre los medios, sobre las formas, sobre los procedimientos. Siempre hemos estado de acuerdo en que es imprescindible buscar, dar libertad, seguridad, oportunidades y garantías en el campo, mucho menos ahora podemos poner en duda estos valores que nos han mantenido cuestionados como nación desde hace muchos años.
Casi yo creo que es una reiteración innecesaria el afirmar que en 1917, cuando se concibió el sistema agrario constitucional, de lo que se trataba era de dar justicia a una población enorme que no podía aportar su trabajo por la concentración de la tierra y la problemática económica y social que ésta generaba.
Ahí era claro que el diseño normativo tenía que romper ese obstáculo, tenía que abrir por la ley, la participación de quienes demandaban tierras, libertades, orden y justicia. La norma de 1917 se los dio. En 1934 fue necesario perfeccionar ese diseño inicial de acuerdo con las condiciones de ese momento.
Cuando en 1934 se propusieron los cambios, nadie dijo que fueran una traición al espíritu de 1917; se reconoció que era para responder a las nuevas condiciones de la sociedad de ese tiempo y buscar que los medios para la justicia agraria fueran más eficaces.
Por cierto, señoras y señores diputados, ahí, en esa reforma, se establecieron cuestiones sobre la individualidad dentro de los ejidos que nunca han estado en práctica. En muchos casos varios enunciados de esa norma sólo quedaron impresos en la letra de la Constitución, pero tampoco eso debe ser motivo de crítica, porque fue una concepción normativa orientada a transformar la realidad en el campo mexicano.
¿Pero cuáles han sido los ejes centrales en todo este proceso? Por más de 30 años se han discutido dos aspectos centrales: reparto agrario y relaciones entre los sujetos de la tenencia de la tierra. Ellos han constituido los objetos y sujetos del debate, para buscar al final cómo se puede otorgar mayor justicia y libertades en el campo.
A través de los años, estos ejes del debate han interactuado de acuerdo a condiciones que la sociedad toda ha impuesto las relaciones en el campo, por eso en el dictamen se explica primero cómo la Reforma Agraria dotó a más de 2 millones 600 mil campesinos en 26 mil ejidos y restituyó o dio reconocimiento a 2 mil comunidades pobladas por 400 mil comuneros. Una Reforma Agraria que ha confiado a ejidatarios y comuneros la mitad del territorio nacional. Por supuesto que ha tenido éxito.
Nadie puede afirmar que ha fracasado el reparto agrario. Fue una medida eficaz. Ahora sostenemos que ya no lo es más y éste es el asunto a considerar. Nosotros creemos que la norma no puede ser un coto en que por obsecación normativa o en el peor de los casos por demagogia, busquemos su inmutabilidad. Los hombres del campo han discutido este asunto por largos años, por eso el dictamen explica una relación entre norma, exigencia social y valor.
Pretendemos que de ahí, encontrar la jerarquía normativa que dé su legalidad y la expectativa para ser derecho positivo.
El dictamen sustenta que las características de la geografía nacional, la calidad de las tierras de nuestro país, la vocación de las distintas áreas del territorio nacional, la tremenda explosión demográfica de nuestro país, han hecho que el reparto agrario ya no tenga condiciones viables para continuar. Las consecuencias de su persistencia, también están analizadas en el dictamen: disputas interminables, sobreposición de linderos, conflicto entre ejidos contra ejidos, ejidos contra comunidades; comunidades contra comunidades; pequeños propietarios contra ejidatarios y todos con la justa pretensión de encontrar más tierra, como si fuese un proceso que nunca tuviera fin.
Se han ido complicando los problemas agrarios, porque siendo la norma justa ya carece de materia. Por eso en el dictamen se afirma con valor que hay que buscar la conclusión de este medio que fue útil para sustituirlo por otro que sea útil también ahora.
Por otra parte, las relaciones entre los sujetos en el campo ha constituido un debate de muchos años, que se ha dado siempre entre los hombres del campo. No hay problema para certificar la voluntad de los hombres del campo para seguir aportando su trabajo como lo hicieron en 1917 o en 1934. Todos estamos de acuerdo en que los hombres de la tierra tienen una vocación de trabajo, voluntad probada para seguir arando la tierra y dando de comer a los mexicanos.
Todos estamos de acuerdo también en que no se ha hecho plena justicia a ellos, los hombres del campo mexicano. Al final no es un problema de falta de voluntad o de decisión para trabajar,
sino, digámoslo claro, es un problema de los instrumentos y de las posibilidades reales que la ley hasta ahora les ha permitido disponer.
No es justo calificar peyorativamente la acción del Estado para promover con sus propios instrumentos el desarrollo de los hombres del campo. Lo cierto es que la norma, que sólo permite esa relación, ya no puede seguir siendo igual. Los hombres del campo lo han dicho en los hechos, han buscado cómo asociarse entre sí, han buscado cómo aprovechar su fuerza y su experiencia en otras áreas territoriales aunque no sean las propias, en el peor de los casos, han motivado que abandonen sus tierras, no por ociosidad, no por desinterés, sino porque ya no tienen medios para seguir aportando.
Por eso se proponen nuevas relaciones en el campo: fortalecer y ampliar la autonomía de los campesinos y darle los medios para que puedan asociarse para capitalizar el campo, para aprovechar nuevas tecnologías o la reimplantación de los grandes logros de la investigación agrícola mexicana y aprovechar así otra vez el enorme potencial de los hombres del campo.
Las nuevas relaciones en el campo que proponemos, son así una actualización de los medios para provocar mayor justicia y mayores libertades en el campo. Pero estas reformas que aparecen como interactivas ante las condiciones de la sociedad en nuestros días y en el contexto de que nuestro país se desarrollo como nación soberana, no proponemos hacerlas negando nuestra historia o renegando de nuestros valores y tradiciones constitucionales, repito, lo que queremos hacer en la más pura línea de nuestro desarrollo histórico y en el ortodoxo respeto a los valores de siempre, que han estado presentes en todas las transformaciones jurídicas que hemos dado a través del tiempo al campo mexicano.
Discutimos esto, demos las razones que justifiquen las precisiones del dictamen y debatamos con libertad aquí; hablemos con claridad de las aportaciones que en la más pura línea de otorgar libertad y justicia al campo, señala el dictamen que proponemos. Aquí están algunas de esas aportaciones:
Se reitera que la propiedad de tierras y agua corresponde originariamente a la nación, la cual tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público. Este precepto de fundamental importancia está incólume. La reforma propone reconocer en el texto constitucional, como nunca antes, las formas de propiedad de largo raigambre histórico en nuestro país: el ejido, las tierras de las comunidades indígenas y la pequeña propiedad. ¿No estaba antes en la norma constitucional suprema? Proponemos ahora darle ese nivel, darle esa jerarquía, como cuestiones fundamentales que debemos seguir preservando.
En la propuesta está de más la necesidad de proteger el área de los asentamientos ejidales, las tierras comunes de los ejidos, los poblados, en donde a veces hay mayor número de campesinos que en los ejidos mismos.
Propone el dictamen que todos reconozcamos puntualmente la realidad del campo mexicano y sus actores, sus necesidades, sus aspiraciones, sus problemas, pero también sus errores; los problemas en la administración de la justicia en el campo; los conflictos para que en una valoración general busquemos los nuevos métodos para superar la situación actual y abrir causes a las nuevas potencialidades.
Por eso propone la iniciativa la inclusión de párrafos sobre la justicia agraria, sobre la forma de cómo concluir con procedimientos que den mayor justicia en la tramitación agraria.
Hay además, yo creo, puntos de convergencia fundamentales. Sostenemos la fidelidad a principios y valores concretados en el artículo 27 constitucional; el reconocimiento de la Constitución como la norma que da seguridad y abre vías a los esfuerzos de los hombres del campo para convertir la tierra en fuente de justicia.
Hay acuerdo, cuando menos eso creo, en torno a los problemas y dificultades del campo, pese a la diversidad de interpretaciones que puedan darse en torno a ello, de la reiteración y de la finalidad a la inspiración constitucional y del rigor en el análisis y explicación de los problemas, habremos de llegar sin duda a convergencias en cuanto a los instrumentos.
Yo creo que no debemos tener temor a los acuerdos; no desconfiemos de las posibles convergencias que podamos alcanzar en la búsqueda de nuevos instrumentos consagrados por la norma para alcanzar en el campo mayor justicia en la libertad, habremos de ir más allá de la inmediata retórica partidista, para abrir así el camino al derecho como instrumento de cambio, de cohesión y de seguridad en la acción de los mexicanos en el campo. Este espíritu y esta convicción animan el dictamen que hoy las comisiones respectivas proponen a la aprobación en lo general al pleno de esta Cámara de Diputados.
Señoras y señores diputados: con gran cuidado hemos llevado al registro de lo que los señores diputados de todos lo partidos han expresado en relación con esta iniciativa. Muchas cuestiones interesantes se han planteado, algunas otras no tanto, en mi opinión, anecdóticas muchas, no siempre en el sentido de la discusión central.
¿Que por qué no hicimos foros regionales? ¿Que por qué no celebramos una especie de referendum o censo campesino? ¿Que si en el Constituyente de 1917 tan sólo se discutió en 24 horas? ¿Y si estuvo la iniciativa inactiva por 15 días? ¿Que si en 1934 hubo o no hubo realmente debate? Por supuesto, algunos afirmaron prácticamente que no. Muchos argumentos más apologéticos que de crítica real o de discusión del proyecto. En fin, hemos escuchado razones, opiniones, pero también esquemas partidistas o publicitarios. Todos han sido expuestos con gran libertad y las hemos escuchado todas con gran respeto.
Hoy, señoras y señores diputados, por encima de todo esto está la responsabilidad histórica de resolver un asunto vital para la vida nacional, que sólo toca a nosotros diputados a la LV Legislatura al Congreso de la Unión.
Quienes firmamos el dictamen sostenemos que hay bases suficientes que justifican histórica y políticamente el proyecto y por eso el dictamen es una convocatoria para lograr el consenso en lo general. Por supuesto, que en lo particular y asimismo lo reconoce el dictamen, todos los partidos tendremos interés y espero que también voluntad, para aportar y construir; para buscar cómo enriquecemos un texto que tendrá que ser definitivo en la vida del país.
Tendremos que hacerlo. Pero siempre buscando que la propuesta no riña ni pierda el espíritu ni trastoque el sentido de justicia inmerso en el proyecto general. Que creemos que aprobar esta iniciativa, ratificará el fortalecimiento de una línea ideológica sustentada en principio revolucionario que para no morir cambia y se transforma. Revolución que no avanza se detiene y se muere.
Aquí dejamos la convocatoria para que la discusión que se inicia construya, fructifique y sea útil a la patria. Queremos pedir el apoyo de la asamblea para que después de la discusión apruebe este dictamen y permita así a los mexicanos de hoy, que sigamos siendo congruentes con nuestra Constitución, con nuestra historia, con la lucha y con las aspiraciones para concretar más libertad y más justicia en el campo para bien de México. Esto es todo. (Aplausos.)
Presidente: - Diputado César Augusto Santiago, ¿acepta usted la interpelación que iba a formular el diputado Alanís?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Con todo gusto. Claro.
El diputado José Octaviano Alaniz Alaniz (desde su curul): - Señor diputado, en su intervención usted aludió a que se tomó por consenso algunas partes de los intelectuales que asistieron a la consulta.
¿Podría usted citar esas fuentes y decirnos en qué parte se encuentra en el dictamen que propone? Por ese lado.
Usted habla en su disertación, de pluralismo. Señor, ¿está usted de acuerdo en que pongamos por los menos para el 27 constitucional, el pluralismo? Si es así, lo voy a felicitar y, si no lo voy a condenar, pues lo contrario sería demagógico, porque para mí, pluralismo tiene que ser usado para tomar decisiones políticas entre todos y no imponerlas.
Somos una Cámara integrada por varios partidos; en todo caso podríamos consentir sin rebatirle, que es una Cámara integrada con diversos partidos, sin practicar el pluralismo. En esa virtud, señor diputado, quisiera que me ilustrara sobre el pensamiento que tiene usted sobre ese concepto y darme, o darnos, la información de cuál parte que se tomó por consenso en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, por lo menos, se encuentra en el cuerpo del dictamen que vos estáis proponiendo.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Señor diputado Alaniz, señoras y señores diputados:
Ya se advierte que será un debate difícil. Más todavía, cuando quien pregunta se contesta a sí mismo y saca sus propias conclusiones antes de escuchar el menor comentario de con quien está debatiendo; será difícil así.
Yo no dije nunca que por consenso se hubiesen adoptado partes de la exposición de los señores en el texto del dictamen. Lo que dije lo repito y es fácil. Acordamos escuchar a diferentes personas que opinaban en términos del reglamento sobre la iniciativa en discusión. Por acuerdo de las comisiones, eso sí, por consenso, se construyó un grupo de trabajo, plural también, en el que participaron quienes así lo quisieron hacer y en este grupo nos instalamos por varios días en sesión permanente para escuchar, para tener un
intercambio que fuera útil. Yo creo que todos pensamos que en esto hay que construir y con esa voluntad abrimos ese espacio que fue muy fructífero y muy útil; yo creo que hay que repetirlo y ahí los compañeros de todos los partidos que quisieron opinar, opinaron y recogimos por consenso de los del grupo, expresiones que están inmersas en el cuerpo del dictamen. Esa es mi afirmación y por supuesto que con gusto podremos identificar en el texto del dictamen, esas observaciones.
El diputado Enrique Rico Alzate (desde su curul): - ¿Me permite una pregunta?
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - Si la autoriza el señor Presidente, con gusto.
El Presidente: - Adelante, señor diputado.
El diputado Enrique Rico Alzate (desde su curul): - Señor diputado César Augusto Santiago:
Le pregunto únicamente si usted estuvo presente en la comparecencia de los invitados del día 26 de noviembre de 1991.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - ¿Si estuvo presente quién?
El diputado Enrique Rico Alzate (desde su curul): - ¡Usted!
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: - ¡Ah!, si estuve presente yo. Compañeros: yo estuve presente, pero no creo que sea muy importante para la asamblea si efectivamente concurrí o no, pero sí estuve. Ignoro cuál sea la conclusión de la pregunta. ¿Era para checar la lista de asistencia, compañero?
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Hugo Andrés Araujo.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A estas alturas del debate nacional y del debate de esta Cámara, bien vale hacer unas precisiones.
Nuestro partido quiere dejar claros los principios jurídicos fundamentales que se mantienen en el artículo 27 constitucional:
"Primero. La propiedad de las tierras y aguas corresponden originariamente a la nación, la cual puede constituir la propiedad privada."
Párrafo segundo. "Expropiaciones por utilidad pública e indemnización".
Párrafo tercero. "La nación podrá imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público".
Párrafo cuarto. "La nación tendrá el dominio directo de todos los recursos naturales".
Párrafo quinto. "La nación es propietaria de las aguas de los mares territoriales de acuerdo con el derecho internacional".
Párrafo sexto. "El dominio directo de los recursos es inalineable e imprescriptible, no se concesionará el petróleo".
Párrafo séptimo. "La nación aprovechará los combustibles nucleares".
Fracción I. "Sólo los mexicanos tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones. En la franja de 100 kilómetros en frontera y 50 en playa, no podrán adquirir los extranjeros el dominio directo sobre las tierras y aguas".
Fracción VI. "Leyes de la Federación y los estados determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada. Los límites de la pequeña propiedad agrícola - ganadera. Las medidas para la expedita y honesta impartición de justicia agraria, el Estado será el promovente para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar".
Remarcamos esto, porque en el proceso de idas y venidas de este debate de repente se olvida lo fundamental. Pero también nuestra fracción parlamentaria quiere destacar lo siguiente:
El ejido y la comunidad se fortalecerán; no se privatizará el ejido ni se acabará con el régimen de la comunidad rural. La vida comunitaria se fortalecerá. Estamos con este cambio legislativo impulsando la libertad de los ejidatarios y la democracia desde la base.
Queremos dejar claro que nuestro dictamen apoya la iniciativa para reconocer la autonomía del productor. Pero rechazamos el latifundio como forma de propiedad. Insistimos en que para nosotros hay, en esta iniciativa, una limitación a la intervención estatal a cambio de un fortalecimiento de las organizaciones de productores.
En efecto, se propone cerrar el reparto agrario, pero se insiste en terminar el rezago.
Por lo tanto, para nosotros, en nuestro dictamen, se recoge el fortalecimiento de la libertad y la justicia. Para los priístas es fundamental señalar que apoyamos el presente dictamen, porque estamos convencidos que con él va a permitirse un proceso de reactivación del campo con participación social, con nuevas formas de asociación y nuevas formas de organización.
Y queremos señalar que lo hacemos, no solamente por estar en nuestros documentos básicos, sino por estar convencidos que las cosas en el campo no pueden seguir igual. Para nuevos problemas, requerimos nuevas formas de atacar los problemas en el campo.
Y, quizá, aquí valga en algo, que en muchas ocasiones se omite. No es únicamente una propuesta de varios partidos, sino también las luchas campesinas de los últimos años nos ha mostrado que en esta iniciativa encuentran respuesta a muchas de sus demandas.
Es por eso que nuestra convicción para discutir con ustedes, primero en lo general y después en lo particular, lo hacemos porque creemos que así fortalecemos el compromiso con los hombres y las mujeres campesinas.
Y dado que aquí se ha cuestionado toda la representación firmante del reciente manifiesto, quisiera recordar, a muchos de nuestros compañeros diputados, que en los últimos 10 años una demanda reiterada de las organizaciones campesinas fue en el sentido de buscar mayor autonomía para el productor; fue en el sentido de insistir que los ejidatarios deberían ser quienes decidían qué producir, cómo producirlo, dónde producirlo. Pero además, que no bastaban esas decisiones, que era necesario trabajar para que ellos controlaran, además, el proceso de transformación de sus productos, para que controlaran el proceso de comercialización.
Luego entonces para nosotros es algo ya presente en la lucha campesina. No es algo que viene únicamente producto de la iniciativa. En la iniciativa se concreta una demanda de mayor libertad para los ejidatarios, de mayor libertad para los comuneros. Pero además se reconoce que junto con este proceso de libertad, se debe participar en el fortalecimiento de los núcleos de población. En el campo ya no solamente hay ejidatarios, a más de 70 años de iniciado el proceso de reforma agraria, nos encontramos que los núcleos de población alrededor de los ejidos son muchas veces más grandes que los propios ejidos. Para ellos también esta iniciativa lo señala, lo reconoce y les da un espacio.
Es necesario insistir que la libertad para organizar la producción se combina con el reconocimiento a la organización de los pobladores avecindados del campo.
Pero también muchos de los movimientos recientes insistieron en la democracia. Nosotros creemos que en esta iniciativa va a ser necesaria la consulta regular y permanente de los miembros de la comunidad, a los miembros del ejido. Ya no habrá una mecánica cerrada y sí, debemos reconocer que una desviación en el proceso llevó a que muchas veces los ejidatarios no se reconociesen en su asamblea.
Por eso, porque nosotros creemos que esos movimientos que han reclamado la democracia en el ejido, participación en las uniones de ejidos, mayor libertad para decidir, están reflejados en esta iniciativa.
Pero una lucha presente es también la que busca que muchas de las funciones del Estado, tutelares, paternalistas, después, deban pasar a manos de la organización campesina. Es también un aporte de esta iniciativa, el reconocer autocríticamente que el proceso de exagerada participación estatal llevó a frenar la iniciativa campesina, la producción en el campo.
Por eso, nosotros aceptamos que es necesario aprovechar la propuesta y dimensionarla, combinando la libertad para los ejidatarios y los comuneros, con la transferencia de funciones, la transferencia de tareas para las organizaciones campesinas, de tal manera que haya autonomía de orden técnico, autonomía de orden financiero, autonomía para la comercialización y para que los productores decidan sus propias cosas.
En efecto, quizá para quienes formamos en la lucha por la tierra, resulte complejo y difícil reconocer que este reparto tenía que tocar a su fin. Pero asumimos, desde esta tribuna, el compromiso de luchar para que el rezago pendiente sea atendido en forma general.
Lo que fue un avance en la organización social, en la construcción de un ejido en los años 30, fundamentalmente acotado para la producción agrícola, poco a poco resultó limitado, cuando éste tuvo otras actividades como las pecuarias, como las actividades en torno a la minería, a la acuacultura, al turismo, etcétera. Por eso, nosotros consideramos que el impulsar, el
Desarrollar al interior del ejido formas de asociación más flexibles, menos intervenidas, más regulares, en base a la voluntad de la asamblea ejidal, es un elemento fundamental.
Hay un elemento también central y es señalar que para las organizaciones campesinas hace mucho que llegó el mercado al campo; que entendemos la iniciativa como una forma de regular las relaciones con el mercado, con el capital; que entendemos la iniciativa como una forma de concretar el apoyo puntual del Estado, para permitirnos tratos equilibrados y justos, con el capital. Pero reconocemos que es necesario combinar ambos tipos de recursos, los recursos de los productores del campo, los recursos del Estado y los recursos del capital privado.
No vamos con esta iniciativa a comenzar con los tratos en el campo, no vamos con esta iniciativa a iniciar las primeras asociaciones, éstas ya están, ya están con resultados diversos, pero sí todas ellas con la necesidad de que haya un marco jurídico que las regule y les dé facilidad para desarrollarse.
Luego entonces, si nosotros aceptamos que los que aquí estamos y discutimos, lo hacemos buscando fortalecer los mejores intereses campesinos, vayamos compañeros a discutir esta iniciativa recogiendo la experiencia de la lucha social, recogiendo las puntualizaciones que el movimiento campesino ha hecho y aunque resulte difícil reconocerlo, bien vale insistir que en las fuerzas campesinas se da más tolerancia y pluralidad. Por eso quizá alguno de nuestros compañeros no entiendan que el manifiesto fue producto de una consulta entre los responsables de las organizaciones económicas, algunas pertenecientes a organizaciones de productores de múltiples militancias; tampoco entiendan que después de puntualizaciones y discusiones largas el Congreso Agrario Permanente, una parte mayoritaria, aceptó firmar este desplegado.
Pero a pesar de eso, a pesar de los señalamientos hechos en el manifiesto, esto no imposibilita a los miembros de estas organizaciones a tener una posición crítica. Esto no limita a los miembros de estas organizaciones a suscribir distintos planteamientos en diferentes documentos.
Valdría la pena buscar varias de las convergencias que tiene el documento que aquí nos presentaron la mayoría de los miembros del Congreso Agrario Permanente y el manifiesto. Yo creo que sería por lo menos falto de respeto a las organizaciones considerar en forma simplista el cochupo y que un acuerdo tras bambalinas fue lo que resolvió este manifiesto.
Consideró que las organizaciones de productores de este país están discutiendo y viendo con atención cada uno de los puntos de la iniciativa, quizá reconociéndose en muchos de ellos, aceptando puntualmente donde consideran avances y marcando las acotaciones que proponen para la ley reglamentaria. Pero lo que sí es importante, compañeros diputados, es que saquemos esta discusión del terreno de la sorpresa, del terreno del invento y pasemos a ubicar en esta iniciativa en términos generales una que corresponde a la lucha, a la demanda de las organizaciones campesinas; conozcámoslas o no las conozcamos, conozcamos el campo o no lo conozcamos, yo creo que todos los aquí presentes tenemos que estar atentos a que esta discusión puntualice los puntos de convergencia y divergencia, pero reconozcamos en toda la discusión el interés fundamental de las organizaciones.
Por eso nuestro partido quiere señalar que la iniciativa la entendemos no como una solución totalizadora a los problemas del campo, mal haríamos si así lo creyéramos, la entendemos como aquella que al promover libertad y justicia permite reactivar la actividad productiva en el campo, pero también entendemos que debe ir emparejada a fondo una reforma de las instituciones del sector agropecuario, un trato distinto entre los operadores institucionales y los organismos campesinos que debe modificarse, además del marco institucional, las políticas de fomento al sector agropecuario.
Y en efecto, los 10 puntos recogen no problemas secundarios, sino algunos problemas nodales para los campesinos de México. Pero no son suficientes; es necesario además de responder al problema de carteras vencidas o al problema de la creación de un fondo para las empresas de solidaridad, buscar que el conjunto de políticas al campo cambie.
Pero también reconocemos que no solamente basta que cambien los otros; que es necesario que las organizaciones de campesinos y de productores nos transformemos, que establezcamos una nueva forma de funcionar más democrática, más participativa y más puntual.
Y entendemos que en esta iniciativa está resuelto lo general, como corresponde a un cambio en el marco constitucional y que habrá que impulsar la precisión en la leyes reglamentarias.
Entendemos entonces, compañeros diputados, que al iniciar este debate, debemos conducirnos,
como lo han dicho todos los compañeros que nos antecedieron, con base en los intereses supremos de los pobladores del campo.
El Presidente: - Si acepta el orador, el señor diputado.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Sí, compañero.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín (desde su curul): - Yo quisiera hacer dos preguntas de la situación previa y dos para el futuro: si nos quisiera comentar qué peso le da a las restricciones del gasto público en inversión y en las instituciones que tienen que ver con el campo en los últimos años, que supongo que tienen un peso muy alto en el deterioro que se observa en el campo, pero quisiera conocer su opinión y lo mismo respecto a los precios agrícolas en general y los precios de garantía.
Y hacia el futuro, ¿qué esperan de la compactación que se pueda dar, en particular en ejidos, qué estiman ustedes que se pueda crear con las nuevas disposiciones?.
Y una pregunta más particular: ustedes como dirigentes campesinos ¿qué les recomiendan a los ejidatarios, vender o no vender?
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - Con mucho gusto, compañero Raúl Alvarez.
Yo como ustedes y creo que todos nuestros compañeros de la coordinación campesina, estamos preocupados por el decremento que fue sufriendo la inversión al campo. Creo que en efecto lo importante en este momento no sería comparar la situación que hoy guardamos, con los referentes que hacía un compañero suyo, de los años 1960 - 1970, creo que lo importante es que hay dos compromisos del Ejecutivo: uno, continuar el proceso de incremento de la inversión al campo, que en una situación de recursos escasos todavía es limitado y, segundo, buscar que esos recursos tengan una aplicación directa y no queden en los intrincados caminos de la burocracia.
Respecto a los precios, estamos frente a un proceso de apertura económica. En ese proceso de apertura estamos con dos tipos de precios. Se han conservado precios de garantía para el maíz, para el frijol y el trigo y el resto de los precios son concertados.
Quiero expresarle que las organizaciones campesinas hemos demandado que se mantengan esos precios de garantía, aunque entendemos que es parte del subsidio estatal al campo, pero reconocemos que no estaríamos en condiciones de un precio de concertación abierto.
Y además, dentro de las demandas de las organizaciones campesinas, está el planteamiento de subsidios complementarios semejantes a las de los otros países. Está el que se usen los aranceles en beneficio de nuestros compañeros productores, porque como lo dijo el compañero Arriaga, es necesario buscar que el proceso de apertura esté regulado por una intervención estatal a favor de los productores locales.
Pero entendemos que esta situación no puede subsidiarse permanentemente también y que entonces es necesario desarrollar un proceso de transferencia tecnológica, un proceso de incrementar la producción y la productividad en el campo, que nos coloque en condiciones de competitividad.
Yo estoy convencido que es una necesidad el proceso de compactación en el ejido, pero debe ser no en una forma perversa o secreta; debe ser producto de las convergencias que hay en la vida y en la producción cotidiana de los últimos años que tienen los productores. Ha tenido no todo el éxito que quisiéramos el colectivismo, yo fui organizador de varios ejidos colectivos.
Pero convencer y mantener el mismo entusiasmo en el conjunto de los compañeros no resulta fácil, aun así yo sería un defensor de esta forma y me congratulo que permanezca en la Constitución, porque creo que los compañeros campesinos tienen el derecho, los que son ejidos colectivos, de conservarse como tales.
Pero también dejemos flexibilidad para que algunos, con la mejor experiencia de los grupos solidarios productivos de muchas regiones, se asocien. Se conjunten primero entre ellos y eso permita elevar la productividad que en muchas regiones donde se cuenta solamente con una hectárea o hectárea y media no sería posible hacerlo.
Entonces yo creo que tendremos más opciones productivas si logramos esas formas de compactación voluntaria, pero subrayo: voluntaria y producto del acuerdo de cada lugar entre los miembros de esa comunidad; otros optarán por continuar parcelados y debe respetárseles. Yo creo que ya no tenía capacidad la asamblea general y menos el comisariado, de decidir cómo se producía y cómo se organizaba.
Ahora bien, yo considero que al flexibilizar el funcionamiento del ejido, hay la madurez en los ejidatarios para decidir qué es lo que mejor conviene a sus intereses. Tienen, Raúl, más experiencia... déjeme terminar, compañero, tienen más experiencia que nosotros para proteger sus intereses.
Yo quiero señalar y reconocer que hay un gran cariño de los campesinos hacia la tierra y que eso mismo llevará a las organizaciones sociales a que busquemos fortalecer e impulsar el ejido. Ese es nuestro compromiso, pero también reconocer que en donde la mayoría de ejidatarios decida quedar en libertad para enajenar, aceptarlo.
¿Por qué nosotros en la ciudad sí tenemos derecho y ellos en una permanencia de situación tutelada no tienen derecho? Yo creo que en efecto, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso, hablo en el sentir de quienes estamos trabajando en el campo, será ese fortalecimiento de la propiedad ejidal.
El Presidente: - Adelante, diputado Becerra, con la súplica de que la pregunta y la respuesta sean con el tiempo que ha transcurrido.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul) - Señor Presidente, no prejuzgue y concrétese a sus funciones.
(Desorden.)
Me permito preguntar al orador si todo lo que aquí ha manifestado hasta ahora fue parte de alguno de sus discursos en su campaña política en algún ejido, y que especifique en que ejido usted les propuso este planteamiento que ahora propone a la plenaria. Gracias.
El diputado Hugo Andrés Araujo de la Torre: - En los últimos 20, 25 años, en mi quehacer político en las organizaciones sociales, nos hemos comprometido, no solamente en mi campaña, a impulsar el fortalecimiento de la democracia, de la justicia y de la libertad en el campo.
Si lo que usted me dice es que si yo ya conocía la iniciativa, no la conocía, y por lo tanto no tenía la capacidad de adivinar y de presentarlo como programa en los ejidos que visité. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Diego Fernández de Cevallos, del Partido Acción Nacional. (Aplausos.)
El diputado Diego Fernández de Cevallos Ramos: - Con su autorización, señor Presidente.
Al iniciarse el debate en lo general del proyecto que ha remitido el Ejecutivo para reformar el artículo 27 de la Constitución, Acción Nacional fijará, con toda claridad su posición con tres propósitos fundamentales, el primero para mejorar la iniciativa, el segundo para fundamentar su voto y el tercero para dejar una vez más, su testimonio político.
Respetaremos plenamente las opiniones y las decisiones de todos los señores diputados y al mismo tiempo reclamamos el respeto pleno y absoluto a nuestros planteamientos y a nuestras decisiones. Es lo menos que podemos exigirnos y exigirles, si en verdad merecemos el calificativo de demócratas.
Claro, la responsabilidad de nuestra conducta es de todos y de cada uno de nosotros. Deseamos que más allá de los intereses partidarios prevalezca el bien de la nación, por todos motivos, pero sobre todo porque tocamos el tema del campo y el campo toca la entraña misma de la patria y ahí es donde duele, donde más duele, porque hay años, décadas y siglos de humillación, de miseria y de oprobio.
Ojalá, señores diputados, seamos capaces de respetarnos como hombres, como ciudadanos, como políticos. Creo que es la única forma en que podamos todos estar en aptitud de presentar ideas, de escuchar argumentos y de tomar decisiones responsables.
El debate debe ser franco, directo y duro, así lo reclama la materia. Ojalá no sea soez, ojalá no sea mezquino.
Esta intervención les ruego la tomen unida a la de mis compañeros Jorge Zermeño y Juan de Dios Castro, por cuanto las tres intervenciones conforman, integran un todo.
Precisado lo anterior, creo pertinente recordar que Acción Nacional tiene más de medio siglo señalando al pueblo de México que tres son sus principales problemas: el primero, el de la democracia política; el segundo, el cultural y el tercero, el del campo.
Hoy nos corresponde debatir lo concerniente al campo, pero hemos de insistir que sin democracia política toda construcción será sobre arenas, todo esfuerzo caerá al vacío, todo estará perdido, todo será para mal de México.
Creemos, además que si el pueblo de México no llega ya de lleno a la cultura, a la ciencia y a la técnica, México seguirá siendo tierra de dominación y suelo miserable de parias.
Urge, señoras y señores, que esos dos problemas, íntimamente vinculados al del campo, sean atendidos responsable y generosamente por todos nosotros.
Creemos que en tanto no se dé un campo y un campesino libres, fuertes y prósperos no habrá grandeza nacional.
Señor diputado: Hemos de dejar constancia y reclamar que Acción Nacional no se une, no se adhiere, no se prende ni se cuelga a la iniciativa presidencial. Tenemos muchos años de reclamar para México los postulados fundamentales a los que ahora se les da lectura en la propuesta del Presidente. (Aplausos.)
La iniciativa del Ejecutivo Federal rectifica rumbos; cambia radicalmente la posición del gobierno; recoge planteamientos que todos ustedes han oído a través de décadas. Hasta el lenguaje es parecido, es coincidente.
Unos breves ejemplos: La iniciativa del señor Presidente dice que los cambios deben de ser para proporcionar mayor certidumbre en la tenencia y en la producción para los ejidatarios y pequeños propietarios. Que el propósito es de liberar al campesino y a su familia, de distintas formas de servidumbre, el respeto y el apego a las formas de vida en comunidad.
Dice la iniciativa que todo; todo, a partir de la libertad y voluntad de los productores del campo. Creo que algo ha dicho al respecto Acción Nacional. Reconoce también la plena capacidad de los ejidatarios de decidir las formas que deben adoptar y los vínculos que deseen establecer entre ellos, para aprovechar sus territorio. También fija el reconocimiento de la ley a los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas. Creo que algo les recuerda a ustedes.
Y estos cambios atienden a la libertad y dignidad que exigen los campesinos. Esa palabra dignidad, ciertamente es moderna en el lenguaje oficial.
Dice la iniciativa que a ellos, a los ejidatarios les corresponde resolver la forma de aprovechamiento de sus predios, dentro de los rangos de libertad que ofrezca nuestra Carta Magna. y observen la capacidad y dignidad de los campesinos, su importancia y la de sus organizaciones, su decisión, requieren apoyo y no paternalismo.
El respeto a libertad de los productores rurales, la protección de sus comunidades y el reconocimiento pleno de su autonomía. Algo dijo de esto también Clouthier en su campaña presidencial.
Dice la iniciativa que como apoyo al empeño, a la decisión democrática y a la libre iniciativa de los propios hombres y mujeres del campo. Podríamos seguir. El dictamen hecho por las comisiones, también, afortunadamente, usan ese lenguaje. No hay modernidad sin libertad y no hay justicia sin libertad.
Dice también el dictamen: una sociedad bien ordenada sólo es tal, si está diseñada para promover el bien de sus miembros y la promoción de este bien, será factible si su regulación está inspirada en una concepción que combine justicia y libertad.
Nuestro lema de propuesta muy reciente y muy difundido, que luchamos y convocamos a todos a luchar por la democracia para la justicia en la libertad.
Por supuesto que no estamos quejándonos del lenguaje de la iniciativa, ni hay enojo. Se trata de consideraciones, son simples comentarios.
Nosotros podríamos decir al leer la iniciativa presidencial, simple y llanamente que más vale tarde que nunca.
Entendemos por lo demás, señores de la mayoría, que les puede resultar a muchos de ustedes difícil, escuchar de pronto el contexto y contenido del documento. Ciertamente después de escuchar y de vivir más de 70 años de demagogia y de populismo, de agrarismo interesado y de participar en una forma o en otra y muy de cerca en indescriptible corrupción en materia agraria, no es fácil seguramente para muchos de ustedes, leer en la iniciativa que el señor Presidente dijo que siempre sí. Pero esa penitencia no paga el destrozo nacional, ni paga el daño a tantos seres humanos, ni se recobran tantas vidas perdidas por mala política oficial en materia agraria. Esa cuenta no se salda con sólo una iniciativa.
Bajo nuestra perspectiva, no negamos el valor del texto de la iniciativa. Reconocemos expresamente lo que significa para el Ejecutivo Federal enviar una iniciativa que pretende romper de cuajo, mitos y tabúes, que enfrenta directamente a una corrupta burocracia política que ha hecho
del campo desolación, miseria y muerte. Es valiosa, es valiente la iniciativa. El Partido Acción Nacional no se suma a ella. La iniciativa toma planteamientos de Acción Nacional.
Pero hallamos en ella insuficiencias que hoy apuntamos aquí en lo general y que mañana reclamaremos en lo particular.
Un breve enunciado: aceptamos lo que ya recoge el dictamen, de que las sociedades que se dediquen a actividades agropecuarias, tengan limitada por la Constitución, la superficie y coincidimos en los términos del dictamen.
Exigimos además lo que no prevé la iniciativa, que un socio no pueda serlo de varias sociedades, si sus aportaciones en conjunto, rebasen el límite de la pequeña propiedad.
Exigimos contundencia en la titulación de la parcela, en la medida que lo decida libremente el campesino, porque estamos en contra de la burocracia, de la burocracia agraria que ha sido negativa para el país; estamos en contra, por supuesto de los caciques y además de una nueva posible forma que nos preocupa, que sería el control campesino vía Programa Nacional de Solidaridad. Exigimos también que la iniciativa recoja una de nuestras propuestas, que se refiere a que haya derechos preferenciales para el caso de venta de las parcelas, de manera que se beneficien los familiares del enajenante o los miembros del ejido o los habitantes de su comunidad.
Queremos y exigimos que se iguale en sus derechos, el ejidatario con el pequeño propietario, porque no hay razón moral, política o económica, que permita al pequeño propietario tener superficies que le son vedadas al ejidatario. Esa propuesta para nosotros es de primer nivel, como exigencia de justicia.
Reclamamos también que los tribunales agrarios que ya toca la iniciativa, no sólo sean de plena jurisdicción, sino que tengan una independencia y separación clara del Ejecutivo Federal.
Señores Diputados: Hablemos con la verdad. La iniciativa presidencial no es la respuesta, no es la solución a un modelo político agrario agotado. No es ahí donde nosotros vemos el valor y la trascendencia de esta iniciativa. Un programa político agotado, sería aquél que cumpliendo a cabalidad para lo que fue hecho, las circunstancias lo rebasen. Y el programa político que hemos vivido, padecido y sufrido, repartió la tierra como exigencia de justicia, pero también creó dominación, sujeción y oprobio político. No fue suficiente nunca ese modelo, porque si bien repartió las tierras como exigencia de justicia, ni en tiempo ni en forma satisfizo las exigencias básicas de una sociedad que quería rápido el cambio; rápida y justa la distribución para que pudiera en la paz, en la seguridad, en la certeza y en el orden, empezara el pueblo a producir para los campesinos y para toda la nación.
Nosotros jamás hemos protestado por el reparto de tierras, sino por la forma en que se hizo con agravio para todos y porque adicionalmente los tiempos y los métodos de ejecución fueron de atropello, de inseguridad y de crimen. Esa es la propuesta de reclamo que presenta nuevamente Acción Nacional.
Por otro lado, nosotros creemos, señores diputados, para concluir en esta intervención parte de nuestra toma de posición, que la tierra es, sin lugar a dudas, la entraña misma de la patria y que esta entraña no puede seguir en adelante, mancillada.
¡Es tiempo ya de que todos, más allá de miserias humanas y de posiciones partidarias, hagamos un gran esfuerzo por levantar al campo mexicano, por elevar a los campesinos y por salvar la dignidad internacional de México!
¡No podemos debatirnos en la ruindad y en el encono de posiciones facciosas, en vez de buscar en un gran empeño de todos levantar la cara para mirar de frente y con amor nuestros campos de la patria!
¡Reclamamos ante todo, por supuesto, que haya en el debate en lo particular la opción, la perspectiva, el deseo de mejorar esta iniciativa! ¡Seremos duros en este debate, porque creemos que no estamos luchando por las tesis meramente de Acción Nacional, porque creemos que esos cambios la mejoran y al mejorar la iniciativa, mejoran el futuro de México!
Creemos, para concluir señores diputados, que Acción Nacional históricamente ha querido y pelea por la unión libre, permanente y fecunda del hombre por la tierra. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón Salazar, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Con su venia, señor Presidente:
En nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, deseamos
presentar en esta sesión de discusión sobre la propuesta de reforma al artículo 27 constitucional nuestro voto particular en contra del dictamen presentado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, en relación precisamente a esta iniciativa de reformar al artículo 27 constitucional.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, votará en contra de este dictamen porque, tanto en su contenido como en el procedimiento seguido para su aprobación, se vulneran principios fundamentales del pacto social establecido en la Constitución de 1917.
La cancelación del reparto agrario, la privatización del ejido y la intervención de las sociedades mercantiles en la propiedad y producción rural, rompe con bases fundamentales sobre las que se construyó el Estado mexicano.
Consideramos que esta iniciativa de reformas constitucionales, es una etapa más de un sueño eurocéntrico, podríamos decir, ya sustentado por los liberales en 1857, de pretender aplicar a las condiciones de una sociedad con una herencia indígena, comunal y comunitaria una estructura de propiedad de la tierra basada en la pequeña propiedad mercantil familiar que no corresponde a nuestra herencia y a nuestras tradiciones.
No estamos ante una discusión de matices del debate de problemas agrarios. Esta discusión se dio ya en 1857 en el Constituyente. Y la decisión tomada en el Constituyente de 1857 de aprobar la desamortización de las tierras comunales de los pueblos con la utopía, en una visión típicamente eurocentrista de crear esta utópica clase media rural que sería la base de un proceso de integración nacional, terminó en lo que todos sabemos: el 97% de la propiedad de la tierra en México estaba en manos de menos del 1% de la población en 1910 y cerca de la mitad del territorio nacional, bajo diversas formas y modalidades, estaba a principios del siglo XX en manos de empresas extranjeras, bajo una serie de formas de expropiación y atropello a los derechos históricos que pueblos y comunidades habían adquirido sobre sus tierras desde hace cientos de años.
En las condiciones históricas de un país con esta herencia comunal, pero a su vez con una estructura latifundista que heredamos desde la época colonial, decretar la desamortización de las tierras comunales significó no solamente la consolidación del latifundio, fue mucho más que eso; fue la desarticulación del proyecto república y de integración nacional.
Y no se trata solamente de un proceso que se acelera en el porfiriato, la República restaurada ya expresa una dinámica de expropiación acelerada de las tierras comunales de los pueblos.
Y lo más grave es que este gigantesco error histórico cometido por los Constituyentes de 1857, significó una grave regresión en nuestro proceso de integración nacional como una nación soberana.
La desarticulación de nuestra estructura productiva adquiere, hacia principios del Siglo XX un nivel tal: los problemas de empobrecimiento y de explotación inícua de gigantescas masas de trabajadores que actuaban y trabajaban como peones en las haciendas, adquiere características críticas y origina el movimiento armado de 1910. Este movimiento, tal como todos sabemos, fue un movimiento por la restitución de las tierras de los pueblos y de las comunidades y por la dotación de estas tierras.
Pero fue también un movimiento para realizar las tareas históricas de integración nacional y de constitución de una república soberana e independiente, que la propia independencia y la reforma había dejado inconclusa.
La gran importancia histórica del pacto social establecido en el Constituyente de 1917 y particularmente la importancia fundamental de los 18 millones de hectáreas entregadas a ejidatarios y comuneros en el período de gobierno del general Lázaro Cárdenas, es que fue la reforma agraria el reconocimiento de los derechos de los pueblos sobre sus tierras y la constitución de esos ejidos fue la base de nuestra integración nacional.
Y tareas históricas que habían quedado inconclusas desde principios del siglo XIX de creación de una república independiente y soberana, pudieron ser culminadas gracias precisamente a la reforma agraria, el reparto agrario.
En este sentido, el ejido y la comunidad, la restitución de las tierras comunales a los pueblos, la destrucción del poder de los latifundios y el que la nación recuperara esta mitad del territorio que estaba en manos extranjeras, fue vital para que este país pudiera constituirse como una república, con capacidad efectiva de tener un control territorial y una integración nacional.
En ese sentido podemos decir que la obra agrarista de Lázaro Cárdenas del Río, en el período que va de 1934 a 1940, es la culminación de un proceso de construcción de una república
independiente y soberana. ¡Y no podía haberse construído esa república, no podía haberse construído un México independiente y soberano, sin un proceso de reconocimiento de los derechos de los pueblos y de las comunidades a la tierra y sin una dinámica de expropiación de los latifundios y de esa clase terrateniente que desde hace muchas décadas minaba, precisamente las bases constitutivas de la legitimidad del poder republicano de México!
Por eso es que defender la reforma agraria, defender el derecho de los pueblos y comunidades a la explotación en común de la tierra, defender el ejido; es mucho más que defender una simple conquista histórica de la Revolución Mexicana; es mucho más que defender un anhelo de justicia social que reconoció el Constituyente de 1917; es reconocer la base misma del proceso de integración nacional y republicana que nos permite vivir en la patria que hoy vivimos.
Una república que a principios de siglo estaba destruída por un poder latifundista, que se erigía como un poder rival frente al poder legalmente constituido. Una república dominada por un puñado de empresas transnacionales que controlaban los recursos fundamentales de la nación, sólo era una república legalmente constituída, pero que carecía de las bases fundamentales para el ejercicio de un poder político otorgado.
¡Y es éste, éste, uno de los problemas fundamentales de la iniciativa de reformas constitucionales que está presentándose a la consideración del pleno de esta cámara de diputados! ¡no sólo se trata de dar marcha a atrás en el pacto social establecido en el constituyente de 1917! ¡no sólo se trata de una regresión fundamental a postulados esenciales del constituyente! ¡lo que está en juego, en un contexto en que 100 empresas, 100 empresas transnacionales, agrícolas y agroindustriales, controlan la tercera parte de la agricultura mundial; lo que está en juego es que al abrir la posibilidad de constitución de sociedades mercantiles que sean propietarias de tierra, sin poner ninguna condicionante en el texto preciso constitucional que se somete a consideración; sin poner ninguna condicionante que excluya a los extranjeros de la propiedad de las tierras que las sociedades mercantiles van a tener, si no se establece este tipo de condicionantes, si no se establece un límite preciso a la asociación de sociedades mercantiles, bajo la forma de consorcios denominados "holdings", esto puede significar de nueva cuenta un gigantesco proceso de desposesión de las tierras, de las comunidades y de los pueblos en condiciones nunca vistas, porque a finales del siglo XX el poder de las empresas monopólicas transnacionales agroindustriales, es de tal magnitud, que una sola empresa denominada "Unilever", tiene un valor total de ventas de su producción agrícola y agroindustrial, igual al 10% del producto interno bruto de la República mexicana; una sola empresa y otras empresas como la Coca - Cola, la Kraft y otras más, tienen una cifra de negocios que oscila entre el 2%, el 3% y el 4% de nuestro producto interno bruto.
Esa es la magnitud de la confrontación que se va a dar entre los pueblos y comunidades que entran a un proceso de privatización de sus tierras y empresas transnacionales agroindustriales, de las cuales no observamos que exista ninguna voluntad de tener un mecanismo de control y regulación y a las pruebas nos remitimos.
El día de hoy un alto funcionario de la República, el señor Fernando Sánchez Ugarte, subsecretario de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, dice claramente que es voluntad del gobierno de la República abrir en mayor medida nuestra economía a la inversión extranjera, en áreas no tradicionales y además de anunciar áreas como termoeléctricas y otras más, lo dice claramente y lo argumenta, que es lo peor, habla del campo; da ya prácticamente como aprobada esta iniciativa de reformas constitucionales.
Otra vez el sueño eurocéntrico del Siglo XIX, de querer crear una clase media rural basada en la pequeña propiedad y en los hechos, ante un complejo de empresas transnacionales que dominan la tercera parte de la producción agrícola mundial, enfrentamos a una clase campesina de 2.7 millones de ejidatarios descapitalizados, con severos problemas de financiamiento, crédito y ausencia de apoyo, ante un complejo de empresas transnacionales que pueden apropiarse en un plazo récord de las mejores tierras, aguas, bosques y recursos naturales de la nación.
No es un problema de que los campesinos no quieran vender sus tierras; no es un problema de que ellos deseen seguir siendo productores. Si los precios agrícolas bajan en un 45% en los últimos años, si la inversión pública para el desarrollo rural se desploma, en base a un 60% en los últimos 10 años; si el gasto rural en términos per capita es hoy 71% más bajo de lo que era hace 10 años y si hoy los productores agrícolas pierden al momento de sembrar, porque al levantar su cosecha y venderla no cubren sus costos de producción y si del otro lado damos libertad a las empresas transnacionales agroindustriales, para que constituyan sociedades mercantiles que se apropien de los mejores recursos de la nación,
no solamente estamos favoreciendo una gigantesca expropiación de las tierras comunales de ejidos y de comunidades, estamos favoreciendo la desarticulación de la República y la desintegración de nuestro proyecto nacional.
Es mucho más, por lo tanto, que un debate doctrinario o sobre problemas constitucionales. Lo que está en juego, igual que en el período de gobierno de Lázaro Cárdenas e igual que en los procesos de discusión que se dan posteriormente, es la preservación de la República, la preservación de nuestra integridad territorial y de la base en la cual nos apoyamos para el ejercicio de nuestras facultades soberanas de autogobierno como nación y como república.
En las condiciones actuales, en que existe una dinámica de concentración acelerada de la riqueza en nuestro país, donde 37 señores, integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, controlan el 22% del producto interno bruto, no solamente estamos ante el peligro de que un puñado de empresas transnacionales se apropie de las mejores tierras y recursos de la nación, también tenemos consorcios gigantescos que pueden, en un plazo histórico también muy breve, apropiarse de esos recursos naturales.
Entendemos y escuchamos argumentos, que ha habido discursos, numerosos diríamos, de funcionarios, altas autoridades del Ejecutivo Federal y líderes campesinos que coinciden con la propuesta del Ejecutivo Federal, que prometen que no habrá expropiación de tierras ejidales y comunales, sabemos que hay declaraciones también de que se mantiene la integridad de las tierras comunales y ejidales y hay numerosas promesas de que se llamará a los ejidatarios a no vender sus tierras. Pero lo que estamos aquí discutiendo no es un problema de lo que tal o cual discurso establece, sino de lo que el texto de reforma constitucional que está a consideración de esta soberanía precisa y ese texto de reformas no establece ningún límite a la constitución de "holdings" o consorcios mercantiles, ninguno; no establece tampoco una reglamentación específica que preserve la integridad de las tierras comunales y ejidales, son promesas en exposición de motivos y son promesas de una ley reglamentaria confusa y nebulosa; no hay tampoco ninguna precisión de que se preservará el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras ejidales en manos de los ejidatarios.
Tampoco hay ninguna precisión al respecto y no hay tampoco ninguna promesa en el sentido de una política integral de revisión de los excedentes de tierras en manos de viejos y nuevos latifundistas para entregar esos excedentes a los campesinos antes de dar por terminado el reparto agrario. Es una discusión absurda y bizantina decir que habiendo en México equis población, no se puede entregar las tierras a todos ellos; entendemos evidentemente que esta nación requiere un campo ordenado, pacífico, basado en una sólida clase campesina coexistiendo con una pequeña auténtica propiedad y con la comunidad y entendemos que este reparto agrario debiera culminar, pero, dar por cancelado el reparto agrario, incluso cancelar el mecanismo que antes tenía el gobierno mexicano para supervisar las extensiones indebidas que eran los certificados de inafectabilidad, significa en la práctica legalizar las tierras excedentes que están en manos de viejos y nuevos latifundistas que dispondrán de dos largos años para convertir las tierras excedentes, en sociedades mercantiles por acciones que pueden tener hasta 2 mil 500 hectáreas de riego; 5 mil de temporal o 20 mil de bosques o de tierras de agostadero y lo más grave, es que un consorcio de 20 empresas puede tener hasta 50 mil hectáreas de riego a 100 mil de temporal o hasta 400 mil hectáreas de bosques.
Estamos entonces ante una dinámica de cambios legales y constitucionales que mucho más allá de lo que están imaginando líderes campesinos, funcionarios y legisladores pueden modificar esencialmente en un nivel que no están imaginando muchos de los funcionarios que proponen la reforma, las bases constitutivas del modelo de desarrollo rural en nuestro país.
Efectivamente, este modelo durante años ha estado basado en el corporativismo y esto ha sido una crítica histórica del movimiento campesino; baste señalar que ya en los años veintes, José Guadalupe Rodríguez, Ursulo Galván y Primo Tapia cuestionaron los intentos de control gubernamental sobre organizaciones campesinas y llamaron desde la vieja Liga Nacional Campesina a la preservación de la explotación comunal de las tierras de los ejidos y comunidades de la autonomía y autogestión campesina.
No son demandas nuevas, es un aparato de Estado que ha bloqueado esas demandas pero esta nación tiene una referencia, ésa es fundamental de un modelo de desarrollo rural alternativo y esta referencia es el cardenismo.
Contra aquellos que postulan que los que defendemos el ejido y la comunidad y el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras comunales, vemos hacia el pasado, quisiéramos decirles que hubo un momento histórico
en esta nación en que las disposiciones constitucionales establecidas en el artículo 27 fueron cabalmente cumplidas y ese momento fue precisamente el período del gobierno del general Lázaro Cárdenas.
Y algunas ideas que hoy se nos presentan como novedosas no solamente fueron ideas, fueron realidad en un modelo de desarrollo rural alternativo; 471 ejidos colectivos se crearon en el cardenismo, 18 millones de hectáreas fueron entregadas a más de 750 mil ejidatarios, pero, ¿qué es más importante? De cara al siglo XXI, mostramos que tenemos un modelo propio de integración de sistemas agroindustriales, comerciales, de autofinanciamiento y de crédito del sector social campesino.
No necesitamos copiar modelos extranjeros, nuestros modelos están en la Laguna, en Lombardía y Nueva Italia; en Los Mochis, en la expropiación de tierras y la constitución de ejidos colectivos que se dio en los valles del Yaqui, Mayo y en Mexicali. En esas formas avanzadas de organización social donde se combinaba explotación agrícola, sistemas agroindustriales de propiedad ejidal, sistemas de comercialización y crédito de propiedad ejidal; en esas formas de integración de cadenas productivas regionales y sectoriales, de propiedad social campesina está la base de nuestro propio proyecto social campesino, de organización integrada de procesos productivos.
Hoy se habla de la apropiación del excedente por manos campesinas. Pues esto no era un proyecto, el cardenismo lo realiza y fue destruido sistemáticamente por un poder corporativo que negó la importancia de estas formas cooperativas.
Se habla de que se requiere autorizar las transferencias de dominio al interior de un ejido, para que de esta manera se creen economías de escala que favorezcan la productividad, pues esta nación, hay que decirlo, señores legisladores, tiene ya un modelo propio para creación de economías de escala y eficiencias productivas y de nuevo es el modelo cardenista. ¿Por qué lo decimos? porque la única forma de superar el carácter estéril de ese minifundio que no permite la creación de sistemas tecnológicos avanzados, es la creación de formas cooperativas, precisamente de asociaciones productivas del sector social, tanto de primer nivel como es ejido y comunidad, como de segundo y tercer nivel.
Esa es la vía específica y por si hubiera alguna duda, se crea en este país, en 1971, en la Ley Federal de Reforma Agraria y posteriormente en la Ley de Crédito Agrícola, dos figuras asociativas que curiosamente esta iniciativa de reformas constitucionales no recoge, a pesar de que son de vital importancia en un nuevo modelo de desarrollo rural de cara al Siglo XXI, que son precisamente las uniones de ejidos y las sociedades de solidaridad social, formas asociativas polivalentes flexibles, amplias, que permiten la creación de complejos agroindustriales y agrocomerciales en manos de ejidatarios y comuneros, que facilitan la creación de grandes consorcios productivos integrados, eficientes y avanzados, en manos del sector social y, lo que es más importante, en las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC), está una figura jurídica de vital importancia para la asociación, entre auténticos pequeños propietarios nacionalistas y ejidatarios, en procesos de comercialización y desarrollo agroindustrial, en beneficio para los productores.
Ya tenemos ese marco social y constitucional, porque esas leyes, la Ley Federal de Reforma Agraria y la formación de uniones de ejidos, dan precisamente la base para un modelo alternativo de desarrollo rural. Pero no basta, evidentemente, un esquema de este tipo, se requiere el compromiso gubernamental de dar apoyos al campo y lo que es más importante en un contexto de globalización, se requiere establecer un sistema agrícola propio con precios, con subsidios, con aranceles, con créditos y con apoyos para infraestructura de desarrollo rural, que permita crear una agricultura sólida y próspera.
Con las actuales formas de propiedad y de tenencia de la tierra, dígase lo que se diga, esta nación hizo un milagro agrícola. Durante casi 20 años, de la década de los cuarentas a los sesentas, expertos agrícolas de todo el mundo venían a nuestro país a estudiar nuestros sistemas productivos, e híbridos mexicanos de maíz y de trigo, producidos en tierras ejidales del noroeste y del noreste eran exportados a todo el mundo. Como ejemplo una revolución verde, donde en base a esta sólida estructura de propiedad ejidal, podíamos realizar una revolución agrícola y agroindustrial.
El problema no estuvo en la forma de tenencia de la tierra, sino que desde los años setentas se inicia una política sistemática de desestímulo a la producción agropecuaria; se castiga al productor con bajas reales de precios que impiden su capitalización y se crea una situación favorable a la penetración de empresas transnacionales agroindustriales, que en solamente 25 años han controlado el 20% del total de la industria alimentaria de esta nación y, lo que es más grave,
a partir de los años setentas se crea una muy seria dependencia alimentaria, que empezó con algunos cientos de miles de toneladas de importaciones de alimentos, hasta llegar a una situación en la cual, hoy, uno de cada tres kilos de alimentos que consume nuestro país son importados.
Pero lo más grave es que si los niveles de consumo real, los niveles de consumo per capita de alimentos que existían en nuestro país a fines de los setentas se aplicaran al año 1991, no tendríamos que importar un tercio de nuestras necesidades de alimentos, tendríamos que importar la mitad de todos los alimentos, ¿por qué? porque nuestra infraestructura productiva del orden de 19 millones de toneladas, no es suficiente para alimentar esta población.
Pero la experiencia de esos años, de esos años extraordinarios en que el sistema ejidal respondió al reto de alimentar esta nación, nos muestra que con 30 millones de hectáreas en explotación, que convirtiendo tierras ganaderas que indebidamente están amparadas por certificados de inafectabilidad, convirtiendo esas tierras ganaderas en tierras agrícolas en manos de ejidatarios y culminando el reparto agrario podemos ampliar nuestra frontera agrícola a 30 millones de hectáreas. Es absolutamente realista y con un gobierno comprometido con los intereses de los productores agrícolas, podemos ampliar en quince ó 20 años nuestras tierras de riego a diez millones de hectáreas y podemos alimentar con justicia, con bienestar, con apoyo a los productores, a más de 100 millones de personas. Es posible esto y estamos convencidos de ello.
Pero con esta política privatizante que se pretende aplicar, con esta idea de permitir la penetración de empresas transnacionales y de consorcios monopólicos en el campo, con estos gigantescos topes que se han puesto a las sociedades mercantiles y con el hecho de que no hay prohibición expresa a la constitución de consorcios o "holdings", se abre el camino a formas extremadamente amplias de neolatifundismo, pero, además, se está cancelando la facultad constitucional del Estado de realizar el reparto agrario. Y cuando nos referimos a esto, es cancelar un pacto social fundamental establecido en el Constituyente de 1917.
Un aspecto que no quisiera dejar de tocar, antes de presentar algunas propuestas específicas, es el que se refiere a dos documentos del Banco Mundial que claramente definen una línea privatizante y transnacionalizante para la agricultura mexicana. Uno de ellos es un documento del año de 1989, donde establece un conjunto de recomendaciones de política económica transnacionalizante que ha sido fielmente aplicada por el gobierno mexicano.
Pero hay otro documento de apenas el 29 de mayo de 1991, es un documento para un crédito por 400 millones de dólares para un ajuste estructural y directamente el texto, sin ningún rubor, presenta un conjunto de recomendaciones que están exactamente en la línea de las medidas legislativas propuestas en la modificación del artículo 27 constitucional, en un texto en inglés donde se presentan las medidas de política económica que el gobierno mexicano se instrumentará.
Se habla de apertura comercial, privatización de empresas paraestatales del sector agropecuario, reducción del peso del sector social, favorecer la intervención de empresas extranjeras en el sector agrícola y agroalimentario mexicano y disminución, lo puedo someter posteriormente a la consideración de los diputados que quieran examinarlo, hay un compromiso común del Banco Mundial y el gobierno mexicano, de disminución del gasto público en desarrollo rural en términos reales, es precisamente el punto B del Protocolo de Negociación de ese crédito entre México y el Banco Mundial, donde hay, repito a ustedes, textualmente, una revisión del gasto gubernamental en programas para apoyo a desarrollo rural.
Hay pues una grave afectación de soberanía, cuando se aceptan recomendaciones del Banco Mundial, que están en una dinámica de privatización y de apertura de nuestros mercados.
Nosotros hemos sostenido en varias ocasiones que aunque no se quiera reconocer explícitamente, este proceso de privatización está en una dinámica tendiente a crear condiciones favorables para la firma del Tratado de Libre Comercio. Quizá muchos legisladores consideran que se trata de simples argumentaciones ideológicas y no miden la magnitud de lo que significa integrar nuestro sistema agrícola al sistema agrícola norteamericano, en condiciones en que prácticamente en ninguno de los granos básicos tenemos capacidad para ser competitivos con el sistema agrícola norteamericano y en donde nuestras exportaciones agrícolas y en donde nuestro sistema industrial, no tienen capacidad para dar empleo, justo y remunerado, a esos millones de campesinos que saldrían del campo, por el doble efecto de la privatización de las tierras ejidales, la penetración de las empresas transnacionales en el sector agrícola y por el efecto de la ruina
del campo que está provocando un apertura comercial irresponsable e indiscriminada, que está destruyendo las bases mismas del campo mexicano.
En estas condiciones, nuestra negativa a suscribir a apoyar esta propuesta de reformas constitucionales, se fundamenta, no sólo...
El Presidente: - Suplico a los señores diputados escuchar a los oradores que están fijando la posición partidista. Adelante.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - En estas condiciones, para terminar, nuestra negativa ante esta propuesta de reformas constitucionales, no sólo se apoya en una revisión de nuestra historia nacional y del proyecto republicano independiente que constituimos. No sólo se apoya en la defensa del pacto social establecido en el Constituyente; no sólo se apoya en la herencia histórica imborrable de Lázaro Cárdenas y de ese proyecto modernizante que fue destruido por políticas contrarrevolucionarias como las que aplicó Miguel Alemán y otros gobernantes.
Se apoya también, en la defensa de la integridad republicana de México; se apoya también en la defensa de la independencia y la soberanía nacional, porque queremos seguir siendo un pueblo donde los mexicanos seamos dueños de nuestras tierras, aguas y bosques, porque queremos seguir siendo un pueblo con capacidad de autogobernarnos; porque queremos seguir siendo un pueblo donde los problemas fundamentales de la vida nacional se decidan en este Congreso de la Unión y no en Washington y no en el Congreso de los Estados Unidos.
Queremos el ejercicio efectivo de nuestra soberanía y nos oponemos a la entrega de los mejores recursos de la nación y a la destrucción de nuestra base agrícola y productiva y de la herencia histórica de millones de campesinos. Queremos preservar la República, queremos preservar la independencia, queremos preservar la soberanía y eso exige mantener la prohibición de las sociedades mercantiles a ser propietarias de grandes extensiones de tierra, eso exige preservar la facultad constitucional del Estado para continuar realizando el reparto agrario hasta terminar con el último latifundio y neolatifundio y eso exige preservar el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las tierras ejidales, oponiéndonos enérgicamente a cualquier intento de privatización o mercantilización del ejido.
Lo que está en juego es precisamente un proyecto alternativo de desarrollo nacional, basado en independencia, en justicia y soberanía. En ese sentido, nuestra fracción parlamentaria ratifica en esta alta tribuna de la nación, su oposición enérgica a esta propuesta de reformas constitucionales y entrega por mi conducto a la Secretaría y voto particular del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en contra de esta iniciativa de reforma.
Democracia ya, patria para todos. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Alberto Carrillo Armenta, del Partido del Frente Cardenista.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: - Señor Presidente: honorable asamblea:
En nombre de la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, vengo a esta tribuna a razonar nuestro voto favorable en lo general, el proyecto de decreto que hoy discutimos para reformar, por iniciativa presidencial, el artículo 27 constitucional, columna vertebral fundamental de la convivencia y de las instituciones nacionales.
Después de estudiar la iniciativa presidencial en el seno de nuestra fracción y durante los trabajos de una conferencia nacional de nuestra organización campesina, en la que cerca de mil delegados debatieron amplia y libremente y luego de escuchar con atención diversos argumentos de los ciudadanos que participaron en las audiencias de información y en el seno de las propias comisiones de esta Cámara, responsables del dictamen que hoy discutimos, hemos reforzado nuestra convicción de que debatimos hoy una reforma legislativa de alcances históricos que conserva con mucha precisión los postulados esenciales de nuestra doctrina constitucional sobre la propiedad territorial y la distribución justa de la riqueza y al mismo tiempo introduce modificaciones para cambiar radicalmente estructuras sociales y productivas en el campo mexicano, desde hace 25 años en crisis permanente.
Como decía el general Lázaro Cárdenas: "gracias a la Revolución Mexicana en el país vivimos una etapa histórica en lo que son posibles, lo mismo que la revolución pacífica, la contrarrevolución silenciosa, dependiendo de la correlación de fuerzas políticas y sociales y de la medida en que éstas pesan en las decisiones del Estado".
Para algunas fuerzas representadas en esta Cámara, e incluso para algunos elementos de la
mayoría legislativa, aunque no quieran confesarlo, las reformas que hoy discutimos son continuación de las contrarreformas alemanistas, introducidas en al artículo 27 constitucional en diciembre de 1946, hace exactamente 45 años, reformas negativas que sentaron las bases para la protección legal y política de la propiedad privada empresarial en el campo, en perjuicio de la propiedad social de los campesinos, ejidatarios y comuneros de la nación mexicana en su conjunto, cuyo resultado más evidente es la actual situación de pobreza extrema y bajo nivel productivo que privan en el campo mexicano.
Quienes asumen esta conclusión como premisa, ya resolvieron de antemano su voto en contra. Advierten en la iniciativa que discutimos una similitud de propósitos con la reforma alemanista, pero mucho más reaccionaria, según ellos, por cuanto se fundamenta por el Ejecutivo en la necesidad de modernizar la producción rural de dar certeza a la tenencia de la tierra, cancelando de manera radical el reparto agrario y de facilitar las condiciones para que la inversión privada y sus instrumentos de las sociedades mercantiles, lleguen al campo y entonces los campesinos o le den la bienvenida convirtiéndose en socios suyos, o bien en vendedores arrendatarios de sus tierras y en muchísimos casos de su fuerza de trabajo.
Los diputados que se oponen a la reforma cometen un error de lógica: dar por probada la cuestión, que es precisamente el centro de debate. Los cambios profundos que se propone la iniciativa, son para que los campesinos y la nación avancen o para que retrocedan.
Se trata esencialmente de una reforma que rectifica, aunque no se diga así, la desviación alemanista, o bien es una contrarreforma que continúa y profundiza un camino reaccionario.
Nuestros compañeros que se oponen a la iniciativa, cometen igualmente un error de perspectiva: discuten un asunto concreto que reclama el conocimiento y la valoración de hechos reales en el terreno de lo abstracto, de la comparación mecánica de dos textos constitucionales, el vigente y el que se propone.
Sí uno dice que los núcleos de población que carezcan de ejidos, serán dotados por el gobierno de tierras y aguas en cantidad suficiente y el nuevo texto suprime de tajo esa declaración, la conclusión es obvia, la conclusión es lógica, según ellos: reaccionarios, están despojando de un derecho histórico a los campesinos. Miran los textos pero no miran la realidad.
No se han dado cuenta nuestro compañeros opositores que en la realidad del reparto agrario hace mucho que no existe; que se reparten papeles para regularizar posesiones; que de vez en cuando se reparten tierras incautadas a narcotraficantes o se compran pequeñas superficies, con el fin de ejecutar simbólicamente resoluciones presidenciales o resolver a quintas conflictos sociales. No se dan cuenta que el reparto que un día fue una verdadera conquista, que permitió reactivar la producción del campo, elevar las condiciones de vida, el papel social y político de los campesinos, se ha transformado en un sistema casi de servidumbre que mantiene en la miseria a la mayoría de las familias del campo, pero sobre todo que condena a los campesinos a una miseria todavía peor: la miseria política, la miseria moral del paternalismo y del burocratismo.
La clase trabajadora y la nación, no se fortalecen cuando millones de sus mejores hombres están otra vez reducidos a la condición de peones, unos con tierra y otros sin ella; unos y otros esperando inútilmente que el gobierno les envíe justicia en forma de precios justos o apoyos a la producción o bien en forma de reparto de tierras.
La nación se debilita cuando esta fuerza productiva permanece atada por concepciones que la alejan de la realidad, de sus verdaderos intereses y de las condiciones reales en que se puede dar una lucha victoriosa por la defensa de sus intereses.
La nación se debilita cuando la producción rural se estanca; cuando dependemos del extranjero para el abasto de granos básicos, cuando la fuerza que nos ha resultado en reiteradas ocasiones, garantía de la defensa de la soberanía nacional, la clase campesina, permanece con sus potencialidades productivas inhibidas; cuando esta situación alienta a los enemigos del pueblo para desempolvar viejas tesis, viejas concepciones que en esencia pretenden borrar de un plumazo las conquistas de la revolución con el supuesto argumento de que los mejores ejidos, y los mejores trabajadores campesinos de los ejidos son los que no existen
¿Y quiénes se benefician de esta situación? Ya ni siquiera el gobierno. La gran insurgencia cívica de 1988, demostró que la paciencia campesina tiene un límite, que el control mediante el engaño no es eterno; que la paciencia limitada a la larga se revierte contra sus promotores y beneficiarios iniciales. La situación actualmente sólo es aprovechada por los sectores de la economía que se siguen beneficiando el intercambio desigual
en contra de los productores y consumidores del campo y de la ciudad, pero, sobretodo, de las mafias anticampesinas y antinacionales integradas por caciques, funcionarios, empresarios voraces, dirigentes desleales que se organizan regionalmente para medrar con las necesidades de los campesinos y desviar en su interés particular los propósitos y recursos de los programas de fomento a la producción rural.
Esta situación también favorece los intereses estratégicos del país más poderoso de la tierra al cual le preocupa la posibilidad de que México arribe al siglo XXI como una nación moderna, pujante económicamente, en pleno proceso de reconstrucción democrática de su vida nacional, con un pueblo políticamente organizado y sólidamente unido alrededor de sus sueños de emancipación nacional y social. Pero entonces en pleno proceso de realización al contar en el país con mejores condiciones sociales y materiales para cumplirlas y en un mundo con una nueva situación favorable a las transformaciones sociales, mediante la movilización pacífica de los pueblos.
Por el contrario, el imperialismo prefiere tratar con un país limitado en su desarrollo por las debilidades de su agricultura y potencialmente fracturado en sus estructuras políticas, por la incapacidad de satisfacer los justos reclamos de su población campesina. Es decir, si un tercio de los ciudadanos distribuidos por el territorio nacional, esta posición es congruente con la lógica del imperialismo, pues en el futuro, en el futuro de nuestros privilegios, el futuro de sus privilegios, está en relación inversa a nuestro progreso como pueblo y como nación. No pensar en esta cuestión fundamental, compañeros y abogar conservadoramente porque la situación del campo se mantenga igual, equivale a perder el más elemental sentido de la realidad.
Los compañeros que no comprenden la justeza esencial de la iniciativa presidencial, pueden afirmar que no son conservadores, que están inconformes con la situación del campo y que desde su perspectiva, la defensa de los intereses campesinos y de la nación, abogan por transformaciones profundas que favorezcan a los campesinos pero no al capital. Que el Estado aporte las inversiones y los apoyos necesarios, pero que no convierta las parcelas ejidales en mercancías. Que mantenga a los campesinos protegidos y alejados de la selva del mercado capitalista. Que se mantengan en compartimientos estancos, por un lado la propiedad privada y por otro lado la propiedad social. Esta posición fue justa en su tiempo fue compartida por nosotros y por eso votamos nosotros en contra de las reformas propuestas por el presidente José López Portillo, en la Ley de Fomento Agropecuario.
Esta posición justa la sostuvo incluso el general Lázaro Cárdenas poco antes de morir. Sin embargo, la justeza de una concepción no es eterna; la realidad en su constante desarrollo se encarga de darle o quitarle vigencia.
Sobre esta cuestión, otra vez la discusión en abstracto oscurece el debate. Pareciera que nuestros compañeros están tratando de detener la humedad en el corral, cuando en la cocina hasta la mano del metate flota.
Pareciera que pretenden detener, como pieles rojas, con conjuros y flechazos, el tren del capitalismo para que no penetre en el campo, pero este tren incontrolado por nosotros, ya hizo estragos en nuestras siembras y en las condiciones de vida y trabajo de nuestros campesinos.
La alternativa no es capitalismo sí o capitalismo no; ni el campo ni en la nación entera. El capitalismo es una realidad histórica que ahora no podemos sustituir, por más que la neguemos doctrinariamente, sigue produciendo sus efectos y más depredadores en la medida en que ignoremos su lógica y no nos organicemos para gobernarla, para reducir sus impulsos antisociales y aprovechar al máximo las oportunidades que abre para lograr mejores condiciones de producción, de vida y de trabajo.
No renunciamos a nuestra lucha histórica por conquistar un sistema social más justo, incluso socialista, avanzado por la vía nacional abierta por el cardenismo. Simplemente reconocemos que la lucha hoy, se tiene que dar en condiciones reales que existen en nuestro país y en el mundo y no en las condiciones idílicas o idealizadas de algunas formulaciones doctrinarias.
La realidad nos dice que el mercado capitalista domina a la producción en el campo mexicano, incluso la producción más humilde de autoconsumo, de subsistencia y es que en el campo opera un intenso mercado negro que abarca una amplia gama de operaciones, sobre todo de bienes y servicios; las parcelas se venden, las parcelas se compran, se rentan, se hipotecan y se pierden, lo mismo que los derechos de agua, los créditos, los insumos subsidiados, la asistencia; los servicios de representación y gestión, se compran al mejor postor y en infinidad de casos, hasta los servicios de funcionarios públicos se tasan y se pagan monetariamente.
Negociantes individuales y empresas mercantiles, se mueven como peces en el agua en este río
revuelto. Solamente los comuneros, los ejidatarios y los minifundistas pobres llevan las de perder. Comprar pocas veces pueden y les va mal; vender, rentar o hipotecar, no pueden legalmente y por lo tanto, si lo hacen, les va peor.
Nuestros campesinos sujetos a protección del Estado, padecen todas y cada una de las inconveniencias del mercado y están inhabilitados para participar en él con igualdad de oportunidades.
Es hora, por lo tanto, de que se rompan las cadenas que limitan la capacidad productiva de nuestros campesinos que salvaguardando la integridad territorial de las comunidades y de los ejidos, se les dote de facultades plenas para incursionar en el mercado de la tierra, de los productos de los servicios, entre otros, de la fuerza de trabajo, con plenas garantías, sin discriminaciones y sin falsos proteccionismos.
Por todo ello, es justo, como lo propone la iniciativa presidencial, que la nación establezca en el texto constitucional, las reglas básicas del mercado rural, desamortizando la parte parcelada de la propiedad ejidal, definiendo los límites y los alcances de las operaciones sobre la tierra, precisando el papel y los límites de las sociedades mercantiles dedicadas a la producción rural, democratizando y desburocratizando el funcionamiento de ejidos, comunidades y reconociendo a estas entidades, su carácter de propietarios sociales plenos y no solamente como simples usufructuarios de las tierras dotadas o reconocidas.
Es justo, por lo tanto, combatir el lastre del minifundismo estimulando la compactación de predios, por la vía de compra o renta de parcelas, o mediante la asociación entre productores con iguales o distintos tipos de propiedad. Y es correcto que se prohiban los latifundios al mantener los límites actuales de la pequeña propiedad y al establecerse por las comisiones dictaminadoras, los máximos de tierra que es permitido controlar a una empresa mercantil.
Pero lo más importante es que la iniciativa presidencial revela un trabajo extremadamente cuidadoso de microcirugía histórica. En el afán de eliminar las normas que impiden la reorganización productiva del campo e introducir nuevas que permitan condiciones de libertad y justicia para los campesinos y modernización de la producción rural, permitiendo la recapitalización y la tecnificación del campo, se mantiene intacto el núcleo doctrinario que le da sustento material a la soberanía nacional.
Decía el general Lázaro Cárdenas en su discurso, en la entonces Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo, el 23 de septiembre de 1966: "El derecho originario de la nación sobre las tierras y aguas, el de transmitir el dominio de ellas a los particulares para constituir la propiedad privada, el concomitante de poder imponer a éstas las modalidades que dicte el interés público, incluyendo la expropiación por causa de utilidad pública y el derecho inalienable, imprescriptible que la nación tiene sobre sus recursos de subsuelo y de los mares territoriales, todo ello estatuye una doctrina cuya aplicación dinámica ofrece la perspectiva del desarrollo independiente del país dentro de la organización de una sociedad con derecho a disfrutar plenamente de sus bienes materiales y culturales que el pueblo mexicano produce con su trabajo y a su contínua superación intelectual, técnica y científica"
Y es precisamente, señores diputados, ese conjunto de principios históricos el que la reforma que hoy discutimos deja intacto. No se cambian principios esenciales, solamente se hace una aplicación dinámica de esta doctrina, como dijera el general Cárdenas, a las condiciones y exigencias de nuestro tiempo y del futuro del Siglo XXI.
El valor principal de la propuesta salinista que aquí discutimos, es que postula a los productores rurales como los sujetos y los protagonistas principales de la producción y de la vida social en el campo, al dotarlos de plena propiedad y libertad para decidir su destino colectivo como productores.
El Presidente expresa un alto grado de confianza en los campesinos, en su capacidad productiva, en su patriotismo, en su potencialidad social como fuerza impulsora de la modernización nacional.
Quienes hoy se oponen a las reformas porque contiene ésta un determinado grado de concesiones al capital privado, tampoco entienden la apertura comercial, la firma del Tratado de Libre Comercio ni la privatización de las empresas paraestatales, ni la invitación al capital privado internacional para que inviertan en nuestro país. Tampoco hubieran entendido la nueva política económica con que Lenin protegió al naciente estado soviético; o tampoco entienden la política de Fidel Castro, de invitar al capital extranjero y privado a invertir en un país socialista.
La verdad es que no está en los medios o en los procedimientos que se adopten para resolver los problemas económicos del país, la esencia revolucionaria o contrarrevolucionaria de una política económica. No es la forma, sino el contenido lo más importante.
Quienes vaticinaron la incapacidad del actual grupo gobernante para contener la crisis económica y la inevitabilidad de su transformación en crisis política se equivocaron.
Al no reconocer la efectividad de algunas medidas adoptadas por el gobierno para gobernar la crisis, entre otras, el hecho de propiciar mediante concesiones el retorno de capital jugado involuntariamente y de manera explícita, sostienen la tesis de que da lo mismo tener estos capitales aquí financiando, por ejemplo, la construcción de carreteras o de autopistas que especulando en la bolsa de Nueva York, lo cual es absolutamente falso.
La reconstrucción nacional de la cual nosotros somos abanderados, requiere que la nación se despoje de todos sus lastres, que active todos sus recursos, que se ponga en movimiento el gran potencial de la clase trabajadora del campo y de la ciudad, liberándola de la pobreza económica y al mismo tiempo de la pobreza espiritual que se expresa en la falta de educación, en la falta de organización política y de libertad ideológica. Que ponga igualmente la riqueza que hoy acaparan como propiedad privada los capitalistas mexicanos y extranjeros en gran parte generada por el trabajo de nuestro pueblo y los recursos de nuestra nación.
No es hora de espantar a los inversionistas extranjeros ni privados, sino de atraerlos. Lo importante es fijar en la Constitución y en la ley reglamentaria las normas que protejan los intereses de la nación, de las comunidades campesinas, frente a posibles o acostumbrados abusos.
Otros tiempos llegarán cuando nuestro pueblo esté fortalecido el grado de convertirse en pueblo gobernante, capaz de dotar a la nación de un gobierno propio, profundamente popular, sobre la base de contar una situación nacional - internacional favorable, tomaremos entonces otras decisiones, también de carácter histórico y ajustaremos cuentas pendientes con los poderosos de hoy, que ahora son imprescindibles en la economía nacional y en la producción rural y qué no sepan conciliar su interés privado con el interés superior de la nación y del pueblo.
Señores diputados:
La contrarreforma de Miguel Alemán fue parte de una estrategia, hoy reprobada por la realidad. Para modernizar el país por la vía de la industrialización subsidiada impuso tres cargas que hundieron económica y socialmente al campesinado mexicano.
Primero, redujo a simples agentes económicos a los campesinos, despojándolos del papel de protagonistas políticos del primer nivel conquistado en el régimen revolucionario del General Lázaro Cárdenas.
Segundo lugar, los convirtió en productores de segunda, de subsistencia, desviando los apoyos legales y económicos hacia la agricultura empresarial.
Y finalmente en tercer lugar, instituyó en la política económica su creciente empobrecimiento, a través de mecanismos diversos para drenar recursos del campo a la industria.
La reforma que propone el Presidente Salinas también es modernizadora y también implica concesiones a la agricultura empresarial y al capital privado. Pero lleva como rasgo esencial el reconocimiento a comunidades y ejidos, de los campesinos y comuneros como protagonistas principales de la producción y de la vida social en el campo. Dotándolos de propiedad, autonomía y mecanismos modernos de organización, para organizar su propia producción y defender sus intereses con la dignidad de iguales.
Con Miguel Alemán se institucionalizó el anticardenismo. Ahora es posible revivir la confianza de las instituciones nacionales en sus campesinos y convertir a los campesinos en sujetos principales.
El reparto agrario ahora no sólo es un engaño, es un verdadero viacrusis, altamente costoso para los grupos demandantes de tierra y frustrante por sus mismos resultados.
Con la reforma que discutimos, se democratizarán los mecanismos para la redistribución de la tierra. Los campesinos organizados podrán conseguir tierra en el nuevo mercado, transparente y regulado por la ley. Se mantiene además la vía más corta para la redistribución de la tierra, que es la vía cardenista: la expropiación por causa de utilidad pública. Incluso, con las reformas, surgirán otras vías para la redistribución de la tierra, como la posible vía laboral. Será concomitante la organización sindical de los trabajadores del campo y con ella frente a los patrones omisos o morosos se demandará el aseguramiento y, en su caso, la adjudicación de los predios rurales en pago de prestaciones posiblemente adecuadas.
Finalmente, hay que afirmar categóricamente que la iniciativa presidencial siendo justa, es perfectible. En la discusión en lo particular
precisaremos nuestras propuestas: cómo establecer el derecho del pueblo mexicano a niveles dignos de nutrición; la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria de la nación y en consecuencia declarar la producción pública como de interés nacional. Es necesario prohibir constitucionalmente que las empresas mercantiles dedicadas a la producción rural desvíen su objeto social, desviándose a la especulación inmobiliaria. El principio de voluntariedad para que la comunidad y el ejido permitan la entrada o salida de sus miembros mediante la venta de parcelas, debe extenderse para que los ejidos indígenas puedan asumir el régimen de comunidad para que campesinos propietarios puedan libremente asociarlos y a optar por formas de organización ejidal o social de producción.
Es indispensable desalentar la ganadería extensiva y el recurso a ella para encubrir simulaciones agrarias. Es indispensable fijar un tope máximo al número de hectáreas dedicadas a la ganadería, independiente del número de cabezas de ganado. No podemos seguir premiando la ineficiencia y la simulación. Tampoco puede dejarse sin freno la destrucción de bosques tropicales para convertirlos en páramos ganaderos de bajo rendimiento.
Es necesario introducir una cláusula que imponga la propiedad rural la obligación de mantenerse funcionando productivamente, independientemente de que se trate de una explotación agrícola, pecuaria, forestal, turística o minera; establecida la cláusula constitucionalmente en la ley reglamentaria, se puede lograr la hazaña jurídica de precisar con detalle la normatividad necesaria. El país no puede darse el lujo de mantener recursos, ociosos ni por asomo el 27 constitucional puede dejar espacio para la especulación con la propiedad rural.
No podrá impedirse la acumulación ilegal de predios rústicos, si no se establece un registro o padrón de pequeños propietarios. Si se omite esta norma, se estará fomentando el fenómeno ya existente de pequeños propietarios de muchas pequeñas propiedades, es decir, latifundistas encubiertos.
Sería de una gran injusticia, que una vez aprobado el nuevo texto constitucional, los nuevos campesinos que ya lograron demostrar su derecho, porque tienen resolución presidencial, mandamiento gubernamental o dictamen positivo del cuerpo consultivo agrario, fueran sometidos...
El Presidente: - Diputado Carrillo, le suplico que concluya en cuanto pueda, porque ha terminado su tiempo.
El diputado Alberto Marcos Carrillo Armenta: - En un momento más... que los campesinos que tienen avanzado grado de tener dictamen positivo, fueran sometidos a trámites ante nuevos tribunales agrarios. Por eso, proponemos que el ejecutivo, mediante una institución dotada de facultades extraordinarias, resuelva en un plazo de seis meses el rezago agrario.
Honorable Cámara de diputados:
La iniciativa que propone el Presidente Carlos Salinas es congruente con nuestra historia, plantea mecanismos viables para reactivar la producción económica en el campo y ofrece nuevas posibilidades de libertad y justicia a los mexicanos que más lo necesitan y que más han aportado a la construcción de nuestro país.
Como lo ha juzgado la dirección nacional de nuestro partido, esta iniciativa contiene el camino justo para organizar la redistribución democrática de la propiedad de la tierra y, por ello, la posibilidad de una distribución más equitativa de sus productos y beneficios. Se inicia con ello una reforma de alto contenido democrático que desatará el desarrollo de fuerzas productivas en el campo, estimula la capitalización y la producción, la modernización de las relaciones de producción y distribución entre campesinos, lo que elevará su papel político y social en la vida nacional.
México enfrentará con éxito los retos de la modernidad, movilizando a sus fuerzas económicas y sociales, para superar los rezagos que lastran el proceso de la vida nacional.
Por lo anterior, nosotros, que representamos el programa histórico del general Lázaro Cárdenas para la emancipación nacional y social de nuestro pueblo, quienes aspiramos a conquistar un siglo XXI una patria nueva, soberana, independiente y feliz, votaremos a favor del decreto que reforma el artículo 27 constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Romeo Flores Leal, del partido Auténtico de la Revolución Mexicana.
El diputado Romeo Flores Leal: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
Frente a la trascendencia histórica de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 27 constitucional, el Partido Auténtico de la Revolución
Mexicana acude a esta tribuna a precisar su posición y a razonar su voto.
El problema agrario ha sido una constante en la historia de México. La colonización, basada en buena medida en el despojo de la tierra a los pueblos indígenas fue el inicio de una estructura social injusta, que alcanzó su culminación a principios de nuestro siglo, en que la propiedad de la tierra se concentró en unas pocas manos, como consecuencia del decreto sobre colonización y compañías deslindadoras expedida en 1883. Para 1910 había 622 mil propiedades de las cuales el 70% tenía menos de cinco hectáreas, en tanto que tan sólo 10 mil eran mayores a mil hectáreas con el agravante que las 110 mayores ocupaban el 15% del territorio nacional.
La Revolución Mexicana fue la respuesta popular, la población mayoritariamente campesina más del 70% en 1910 ante la miseria, la injusticia y la desesperanza y no teniendo ya nada que perder, incendió al país en un reclamo de libertad y de igualdad tanto para la sociedad en general como para cada individuo en particular. La Constitución de 1917 plasmó en su artículo 27 de la respuesta exigida, en un país de economía agrícola cuya riqueza principal era la tierra, la única solución viable resultaba ser el reparto de la misma, con objeto de dotar a cada familia de un patrimonio que le garantizara el trabajo y consecuentemente la satisfacción de sus necesidades.
Igualmente se hizo necesaria la prohibición de detentar latifundios, como medida precautoria y la de crear una estructura administrativa que asegurara el apoyo estatal a los ejidatarios y pequeños productores. Desde entonces, han pasado ya 74 años y la realidad en nuestro país ha cambiado. México no es ya un país agrícola ni su población es mayoritariamente campesina, la industria y los servicios se han desarrollado a costa del sacrificio y el esfuerzo del campo mexicano; en el presente la mayor parte de los mexicanos vivimos en zonas urbanas, más del 70% en 1990 sin embargo tenemos tres veces más población dedicada a las actividades que en 1917; la realidad del campo es muy diferente a la planeada por nuestros constituyentes; el ejido, principal legado de la revolución en materia agraria, ha sido desvirtuado por la falta de apoyo estatal, ya que se ha creado una enorme burocracia que desvía los apoyos financieros y que obliga a los campesinos por falta de recursos a emigrar a las ciudades y también a los Estados Unidos.
Igualmente se ven hostigados por latifundistas encubiertos por grandes capitales y por muchos seudo líderes; la demagogia, la falsa reforma agraria, la corrupción burocrática han hecho del campo un lugar inseguro, lo que se demuestra con los 116 mil certificados de inafectabilidad pendientes de resolver y los 34 mil expedientes agrarios esperando en el cuerpo consultivo agrario el que con su indecisión se burla de la esperanza de miles de campesinos.
Igualmente la política agropecuaria ha sido equivocada, lo que se comprueba con las mismas estadísticas oficiales que nos demuestran una tendencia negativa en promedio de variación anual real en este sector en los últimos cinco años. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana está consciente de la problemática del campo, en lo general y en el ejido en particular, por lo que en el punto cinco del capítulo de Reforma Agraria de nuestra Declaración de Principios, hace un diagnóstico y propone la reestructuración y depuración de las dependencias oficiales que atienden al campo, erradicando la corrupción, la ineficiencia y la irresponsabilidad, a la vez que se apliquen las leyes a los ejidos que abandonen o no cultiven sus tierras. Propone igualmente en términos generales que el campesino sea tratado como mayor de edad, que tome parte de las decisiones que le incumben y que no sea usado políticamente. Por ello hemos propuesto desde hace siete años una reestructuración general del campo por medio de la elaboración de una política integral que promueve su desarrollo.
La iniciativa que ahora votaremos puede ser la reforma integral que nosotros hemos propuesto, pero tenemos dos importantes reservas al respecto: en primer lugar creemos que los interesados debieron ser considerados mediante una consulta del alcance nacional. Los foros organizados por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con la participación únicamente de políticos, académicos y dirigentes, de ninguna manera nos permiten conocer el sentir de los auténticos hombres del campo. Estamos seguros que los ejidatarios no conocen la propuesta y mucho menos sus consecuencias, por benéficas que puedan ser.
En segundo lugar, resulta difícil precisar en este momento los reales alcances de este cambio. Si no tenemos cuidado en su reglamentación existirá la posibilidad de perder lo logrado y perjudicar en lugar de favorecer a los ejidatarios. Si volvemos a los latifundios, a la especulación, incrementaremos la migración y la pobreza y esto, señores diputados, es inaceptable.
El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana demanda las siguientes modificaciones:
Debemos limitar claramente la extensión máxima que podrán adquirir las sociedades mercantiles. Esta propuesta ya fue incorporada en el presente dictamen.
Debemos establecer los porcentajes que dedicará la banca comercial al fomento de las actividades agropecuarias.
Debemos también reglamentar la participación del gobierno en la adquisición de las reservas territoriales para el desarrollo urbano de tierras ejidales.
También atribuir a nuestra Cámara del Diputados la facultad de ratificar las propuestas de magistrados al tribunal Federal Agrario.
También precisar que los propietarios de terrenos que excedan los límites señalados en la Constitución, deberán fraccionarlos en un plazo de un año, contado a partir de que el propietario reciba la notificación de la autoridad, así como establecer que en la transferencia de dominio de la parcela, los ejidatarios con derechos reconocidos tengan derecho al tanto, para darles preferencia en esta operación.
También debemos señalar, señores diputados, la necesidad de que las controversias entre ejidatarios y sociedades mercantiles, sean conocidas por el Tribunal Federal Agrario y no por los tribunales del fuero común.
Así también, asegurarnos de que todas las decisiones que tomen los ejidatarios en relación con la propiedad o uso de sus tierras, estén apegadas a la letra y al espíritu de la Constitución.
Posiblemente no podemos esperar que en este momento se tenga una idea precisa del resultado de las adiciones y modificaciones al artículo 27 constitucional, pero debemos estar seguros que en todo caso las decisiones quedarán en manos de los involucrados y que existirán limitantes para evitar posibles abusos.
Por lo mismo, en nombre del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana y consciente de la trascendencia histórica de esta decisión, manifiesto que nuestro voto será afirmativo en lo general, pero queda condicionado a que en la discusión en lo particular y en la elaboración de la ley reglamentaria, se establezcan mecanismos que limiten la acción de los particulares en materia agraria, así también como proteger a los campesinos y que permitan a los interesados tomar libremente sus decisiones, sin que exista posibilidad de que éstas les sean impuestas.
Considerando lo anterior, asumimos el compromiso de vigilar, como partido político nacional, que los postulados defendidos por los revolucionarios, sean esenciales para elaboración de una nueva política agraria, que permita a nuestros compatriotas, los campesinos mexicanos, en la tierra que los vio nacer y crecer, el acceso a mejores y mayores niveles de bienestar. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Muchas gracias, diputado Romeo Flores. Tiene la palabra el diputado Juan Campos Vega, del grupo parlamentario del Partido Popular Socialista.
El diputado Juan Gualberto Campos Vega: - Compañeras y compañeros diputados, voy a proceder a dar lectura al voto particular que por mi conducto presenta el Partido Popular Socialista:
El grupo parlamentario del Partido Popular Socialista no comparte el contenido de la iniciativa de decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución ni el proyecto de dictamen formulado por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, ya que éste avala en su totalidad la esencia de la propuesta presidencial.
Por tanto, en uso del derecho que nos otorga el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, emitimos el siguiente voto particular:
El proyecto de reformas al artículo 27 constitucional contiene los siguientes elementos:
1. Da por concluido el reparto agrario; en consecuencia, cancela la creación de nuevos centros de población y en la práctica establece la nueva afectación, con lo cual legaliza los latifundios existentes.
2. Otorgar a las sociedades mercantiles por acciones el derecho a ser propietarias de terrenos rústicos, con lo que establece la posibilidad de que organizaciones de este tipo, sean de capital nacional o extranjero, puedan adquirir las tierras que requieran para desarrollar su actividad agrícola, ganadera y forestal y establece el número máximo de socios que será de 25 y con ello propicia también la creación de nuevos latifundios.
Introduce, como punto tres, la figura de propiedad ejidal y comunal, la posibilidad de ejidatarios y comuneros de asociarse entre sí o con terceros y la de rentar sus tierras. En el caso de los ejidatarios transmitir sus derechos entre sí y las condiciones a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar, al ejidatario, el dominio sobre su parcela, lo que ocasionará que el ejido se vaya reduciendo.
4. Desaparecen los organismos administrativos vinculados con el aspecto agrario y lo sustituye con los tribunales respectivos.
5. Establece para el fraccionamiento de los latifundios un plazo de dos años después de la notificación para que el propietario lo venda y si éste no lo hace se proceda a subastarlo.
Esos son los aspectos esenciales y, por tanto, los que más preocupan al Partido Popular Socialista: el que se refiere a la conclusión del reparto agrario, el que establece la posibilidad de transformar el ejido en propiedad privada y los que propician la creación de nuevos latifundios.
No podemos olvidar que la Revolución Mexicana fue, ante todo, una revolución contra la concentración de la tierra y contra la presencia de capitalistas extranjeros, que tenían numerosas propiedades y ocupaban muchas de las tierras de mejor calidad. Dichas haciendas, propiedad de nacionales y extranjeros, habían crecido a costa de las tierras de las comunidades indígenas, de las de los pueblos e inclusive de las de los pequeños propietarios rurales.
Por ello, el Constituyente de Querétaro estableció que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación. Ordenó el fraccionamiento de los latifundios, la restitución de las tierras arrebatadas a las comunidades, la dotación a los núcleos de población que las hubieren tenido y limitó la participación de los extranjeros en el aprovechamiento de los recursos naturales del país.
Por eso la reforma agraria de México significó la destrucción de los latifundios y al mismo tiempo la defensa del territorio nacional frente al extranjero, fue una medida antifeudal y antiimperialista. De no haber sido así, nuestras mejores tierras estarían en manos de extranjeros.
La esencia de las tesis contenidas en el artículo 27 son:
Los campesinos tienen derecho al usufructo de la tierra, lo cual constituye una garantía colectiva o social. En consecuencia, el Estado está obligado a entregarla a los campesinos para formar sus ejidos; los campesinos tienen entonces el derecho de reclamar la tierra, lo cual constituye no una demanda contra los terratenientes, sino un derecho propio, unilateral y por tanto la Secretaría de la Reforma Agraria tiene el deber de entregar la tierra a los campesinos y no erigirse en juez entre éstos y los propietarios particulares.
Contra todas estas tesis progresistas y revolucionarias, atenta la parte de la iniciativa que declara terminando el reparto agrario. Por ello se le puede calificar sin temor a equívocos, como una tesis reaccionaria y contrarrevolucionaria, porque mira al pasado y trata de favorecer a quienes se han opuesto a nuestro desarrollo con independencia.
Precisando otro aspecto, vale la pena comparar el valor jurídico y social del ejido y la propiedad particular. El primero es el derecho al usufructo de la tierra, por ello es inalienable, imprescriptible, inembargable e intransmisible, mientras que la otra significa el derecho de venderla, de ponerla en el comercio, de enajenarla en cualesquiera de las formas, porque se tiene el derecho de propiedad, porque se tiene el dominio sobre ella.
Mientras el primero es un derecho de máxima utilidad pública, la otra es una concesión que el gobierno otorga en nombre de la nación y por tanto puede ser expropiada para imponerle las modalidades que dicte el interés público.
La propuesta presidencial, al plantear la posibilidad de que el núcleo ejidal pueda otorgar al ejidatario el dominio sobre su parcela y a facultarlo a transmitirla a otro ejidatario, en la práctica acaba con la diferencia entre el ejido y la propiedad particular y propicia con su inclusión en el mercado la creación de nuevos latifundios y la presentación en el campo mexicano, de nueva cuenta, en grandes proporciones, de capital extranjero, particularmente norteamericano.
A esta nueva concentración en manos de capitalistas nacionales y extranjeros de la propiedad agraria, contribuye la medida que permite la participación de sociedades mercantiles en el agro.
Por todas estas razones, el Partido Popular Socialista considera que la iniciativa favorece a la gran propiedad agrícola frente al ejido, permite la presencia del capital extranjero en el campo mexicano y atenta contra los postulados esenciales del artículo 27 constitucional, producto de
la Revolución Mexicana, por lo que a diferencia de la reforma agraria, a la que calificamos de antifeudal y antiimperialista, esta contrarreforma puede ser calificada de procapitalista y proimperialista, porque pone en peligro la soberanía nacional.
Frente a nuestros argumentos se podrá decir que estamos en contra de la modernización del campo. Nada más alejado de la realidad. Al Partido Popular Socialista le interesa que las tierras se exploten, que no permanezcan inactivas, que se aprovechen racionalmente; queremos que se desarrollen sus fuerzas productivas, que se utilicen los avances científicos y tecnológicos, que se capitalice al campo, pero estamos seguros de que todo ello se puede y se debe hacer sin que la tierra salga nunca del dominio de la nación, que el derecho del campesino a usar la tierra y no su propiedad, es la vía para liberarlo de la servidumbre y la miseria en la que ha vivido.
Por ello pensamos que es el usufructo y no la propiedad de la tierra el que forma la espina dorsal de una reforma agraria verdaderamente moderna y democrática que pudiera sintetizarse en los siguientes puntos:
1. Determinar la extensión de la pequeña propiedad agrícola en cada uno de los estados de la República y repartir sus excedentes preferentemente a los campesinos con derechos a salvo;
2. Declarar nulos los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera;
3. Organizar la ganadería intensiva y construir ejidos ganaderos;
4. Organizar los ejidos para que a la vez sean agrícolas, ganaderos e industriales;
5. Canalizar obligatoriamente el crédito privado al ejido, con el aval del Estado;
6. Aplicar el artículo 123 constitucional a los trabajadores agrícolas;
7. Capacitar a los campesinos para organizar y administrar los ejidos y manejar su maquinaria;
8. Que el Estado produzca la tecnología y maquinaria que el campo requiere, así como los demás insumos;
9. Impedir que haya terrenos incultos, sean propiedad particular o ejidal;
10. Aprovechar científicamente los bosques ejidales, y
11. Realizar obras de infraestructura para dotar a los ejidos y comunidades del agua que requieren.
Con éstas y otras medidas de carácter similar, el Partido Popular Socialista considera que se garantizarían dos de los objetivos fundamentales a los que aspira toda la nación: mantener su independencia y elevar el bienestar de su pueblo.
El otro camino, el de la iniciativa y el del dictamen, conseguirán lo contrario, y sería vigente entonces la afirmación del maestro Vicente Lombardo Toledano, que expresara que un país cuyo pueblo no es dueño de la tierra sobre la que nace, sobre la que vive y de la cual se sustenta, es un país que ha perdido su soberanía, su libertad y su decoro.
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, a los 4 días del mes de diciembre de 1991. La fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista.
Antes de entregar a la Secretaría el voto particular de mi partido, concluiré haciendo un breve comentario.
Desde que fue presentada la iniciativa presidencial los primeros días de noviembre, este proyecto de decreto para modificar en sentido negativo el artículo 27 de la Constitución, se produjo una gran expectación y lógicamente también se produjo ya el debate, fuera y dentro del recinto parlamentario.
Los partidos verdaderamente democráticos y progresistas, de inmediato no dudamos en calificar la iniciativa presidencial como una iniciativa con carácter marcado antinacional y antipopular, como un proyecto verdaderamente reaccionario.
Por la otra parte, el gobierno de la República, utilizando profusamente los medios de comunicación, intenta convencer al pueblo y particularmente a los campesinos mexicanos, que esta iniciativa tiende a resolver sus problemas, que esta iniciativa va a contribuir a elevar el nivel de vida de las masas rurales de México, que éste es un proyecto modernizador y quienes se oponen a él son los nuevos o simplemente los reaccionarios.
Durante todos esos días, desde la presentación de la iniciativa presidencial hasta la fecha, ese debate se ha ido agudizando; inclusive, un secretario de Estado, en el discurso oficial conmemorativo de un aniversario más de la Revolución
Mexicana, trató de descalificar con calificativos a todos los que combatimos la política neoliberal del gobierno.
Hoy y lo digo sinceramente, debemos agradecer al diputado Diego Fernández de Ceballos, su sinceridad, sinceridad que no siempre es característica de los militantes de su partido, el partido tradicional de la derecha, el partido que surgió al amparo del fascismo, el partido que surgió para combatir al gobierno de Lázaro Cárdenas.
Qué bueno que nos vino a decir aquí el coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional, que tanto la iniciativa como el dictamen, están inspirados en muchos de sus aspectos, en los principios de doctrina del Partido Acción Nacional.
Después de esa intervención, que por momentos fue casi un regaño de la mayoría de parte del coordinador del Partido Acción Nacional, difícil será, para los diputados del Partido Revolucionario Institucional, venir a esta tribuna a decirnos que su proyecto es progresista, si ha sido evidenciado como un proyecto inspirado por las tesis de la reacción.
Nosotros hemos sostenido que en el seno del partido del gobierno, en el propio gobierno, siempre ha habido dos corrientes. Ha habido elementos progresistas, aquí los hemos reconocido todos, su máximo exponente, Lázaro Cárdenas; hemos dicho también que hay elementos reaccionarios, siempre los ha habido, su máximo exponente, en aquel entonces, Miguel Alemán; ahora ya está en duda ese mérito. Pero seguimos sosteniendo que hay dentro del partido del gobierno, elementos progresistas. Claro, se ha incrustado un grupo profundamente reaccionario que es el grupo neoliberal y que ahora dirige desde Palacio Nacional, la ofensiva reaccionaria y contrarrevolucionaria.
Nosotros vemos que cada vez hay mayores coincidencias ideológicas y programáticas entre ese grupo que detenta el poder y el grupo reaccionario que aún no lo tiene, pero que aspira a él. Sin embargo, hemos de hacerlo como siempre, hemos de insistir, aunque sean unos cuantos, aunque no estén organizados, aunque no hayan querido todavía dar la batalla, hemos de invitar a todas las corrientes progresistas, no sólo a las de fuera del poder público, también a las de dentro del poder público, también a las fuerzas progresistas del Partido Revolucionario Institucional, que estamos seguros todavía los hay, para que den la pelea dentro de sus organizaciones y fuera de ellas, para que juntos las fuerzas democráticas de México podamos detener este proyecto contrarrevolucionario. Muchas gracias.
El Presidente: - Diputado, ¿va a entregar el voto particular o no? Diputado Campos...
Agréguese al expediente los votos particulares recibidos en esta ronda de oradores y publíquese en el Diario de los Debates, los respectivos votos particulares.
Continúa la sesión. En el siguiente turno está registrado como orador en contra el diputado Alejandro Encinas y tiene el uso de la palabra.
El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Quisiera llamar su atención a la idea de hacer un esfuerzo serio para que el debate que estamos desarrollando hoy sobre la reforma al 27 constitucional, no sólo pongamos la atención que merece esta discusión, sino que hagamos un esfuerzo para encontrar la voluntad política para poder escucharlos y para poder confrontar nuestros puntos de vista.
Claro que lamentablemente la tónica a partir de la cual se ha realizado el debate en la Legislatura, ha sido una tónica muy desafortunada. Hemos opinado, hemos discutido, pero no nos hemos escuchado y creo que eso no solamente es un elemento que entorpece nuestro trabajo, sino hace que pierda sentido la discusión en este órgano legislativo.
Cuando compareció ante las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, el titular de la Secretaría de Agricultura, el profesor Hank González, nosotros insistimos en tratar de romper la dinámica en la que se había encajonado la discusión sobre la iniciativa presidencial. Se decía que quienes estaban en contra de esta iniciativa, eran los nuevos reaccionarios y quienes estaban a favor eran los progresistas, los que estaban en contra del inmovilismo y creo que ésa es una lógica muy desafortunada promovida desde el propio Ejecutivo para promover su reforma.
Decíamos ese mismo día, que durante más de 10 años, a lo largo de la década de los 80 y a raíz de las grandes movilizaciones campesinas de 1976, las organizaciones campesinas, los investigadores de la problemática rural, el propio Estado, iniciamos un proceso de reflexión sobre
los problemas del México rural y había un obstáculo serio para entrar al análisis profundo de la vida del campo mexicano, el debate se había ideologizado y otra vez era un debate entre los reaccionarios que atentaban contra el ejido y los revolucionarios que se apegaban al discurso ideológico de la revolución de 1910.
Sin embargo, el debate dio resultados importantes y creo que acabamos con muchos mitos y tabúes. Acabamos con la falsa idea de que el ejido era improductivo, por el problema de la tenencia de la tierra; acabamos con el mito de la falta de eficiencia de la propiedad privada, pero fundamentalmente acabamos con un mito de fondo: el problema de la disyuntiva de estatización o privatización y llegamos a una conclusión muy clara, el que el problema fundamental en el campo mexicano no radicaba en la forma de tenencia de la tierra, sino en el impacto que había desarrollado la crisis económica en el México rural.
Y de ahí empezamos a elaborar y a formular propuestas y creo que la paternidad y el patrimonio de las propuestas en torno a la discusión del campo Mexicano, no puede atribuírsele prácticamente nadie; ha sido un debate muy rico, en el que todos hemos aportado la necesidad de avanzar en ejes fundamentales de la reforma rural, partiendo fundamentalmente de la lógica de la apropiación campesina del proceso productivo; lo que significaba necesariamente, avanzar en una democratización de la vida rural, que rompiera con el aparato corporativo con que se había constituido al ejido, para hacer de éste un órgano de representación campesina y una unidad productiva viable y en eso estamos todos de acuerdo.
Sin embargo hoy el debate se ha tipificado de nueva cuenta y quienes hemos defendido al ejido, se nos ha planteado que estamos defendiendo reminiscencias del pasado, que nos oponemos a los cambios. Yo sí quisiera destacar que si alguna corriente política e ideológica en este país ha estado preocupada por la transformación del campo mexicano, no es solamente la izquierda mexicana, sino todas aquellas corrientes democráticas en la sociedad rural que pugnan en lo fundamental por la autonomía del movimiento campesino y no reclamamos paternidad, reclamos que se nos escuche y que no se caiga en el error del etiquetamiento en la discusión.
El debate nacional efectivamente no es nuevo, es un debate que transcurre prácticamente en toda la historia desde la constitución de nuestro país. El propio general José María Morelos ya hacía referencia a la necesidad de desarrollar una producción agrícola que garantizar a el sustento de la vida nacional, como uso de los ejes básicos de la soberanía y la autodeterminación de nuestro pueblo.
Ponciano Arriaga, en el Constituyente de 1857, de la misma manera defendió la necesidad de mantener bajo el dominio de la nación, el territorio y las aguas. Fue Ponciano Arriaga justamente quien defendió la vieja idea del zapatismo, de que la tierra es de quien la trabaja.
Sin embargo y en eso quiero ser muy claro, en la iniciativa que estamos discutiendo hoy, toca aspectos nodales, no del discurso ideológico de la Revolución Mexicana, sino de las bases sobre las cuales se han sustentado el Estado y la sociedad mexicana. Y en función de eso, nosotros no estamos planteando regresar al pasado; estamos planteando confrontar proyectos ideológicos y proyectos de nación distintos y es ahí donde está la discrepancia.
Evidentemente la iniciativa recoge algunos planteamientos de las organizaciones campesinas y de los partidos políticos; la idea de reconocer a nivel constitucional la figura del ejido y la comunidad, el de otorgar mayor autonomía al ejido y al movimiento campesino, el de la creación de los tribunales agrarios. Esas no son demandas nuevas, son demandas que se han reivindicado a lo largo de una década y qué bueno que se reconozca.
Sin embargo creemos que es insuficiente y no solamente eso, sino que otras medidas que se adoptan en la propia iniciativa, atentan contra las bases por las que se ha estructurado el campo mexicano y ha logrado no solamente crear una sociedad muy diversa y plural, sino una sociedad que ha logrado darle cohesión y estabilidad política a nuestro país.
Desde la propia Ley General Agraria de Villa, la propia Ley Agraria Zapatista, tanto la de 1915, fue reconocido siempre la necesidad de evitar la concentración de tierras porque éste era un elemento que inducía a la confrontación política y a los estallidos sociales en el campo mexicano. Sin embargo la Constitución de 1917 no superó ese problema y la reforma que presenta hoy Salinas de Gortari, tampoco resuelve el problema de concentración de tierras.
Tanto en el Constituyente de 1917 como en la iniciativa, se sigue manteniendo una figura que permite la legalización de los latifundios en nuestro país, la propia fracción XV en su último
párrafo, estable claramente: "Cuando debido a obras de riego, drenaje, cualesquiera otras, ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad que mejore la calidad de sus tierras, aunque se cambie el uso de las mismas, seguirá siendo considerada como pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mejoría obtenida se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos de esta ley".
Y con base en esta fracción del artículo 27 constitucional, se han mantenido y constituido grandes extensiones territoriales en nuestro país y la iniciativa nos coloca todavía en una situación más difícil. El sólo hecho de la creación de las sociedades mercantiles y la posibilidad de que éstas sin restricciones al establecimiento de consorcios conocidos por "holdings", puedan concentrar extensiones que pudiera representar la posibilidad de que sólo un "holding" en empresas forestales pudiera explotar toda la explotación maderera del estado de Chihuahua o toda la explotación ganadera del estado de Chiapas, nos preocupa y es una cuestión que creo que es el problema central de esta iniciativa.
El problema de las sociedades mercantiles, no es un problema que se nos someta por primera vez a discusión en el Poder Legislativo. En la Constitución de 1857, en el párrafo segundo se establece con toda claridad: "Ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o en bienestar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio y objeto a la institución".
Este apartado fue ampliamente discutido en el legislativo de 1857 y obligó a crear una reforma en esa misma legislatura para precisar con mayores detalles. Sin embargo en 1901, el 14 de mayo, el gobierno de Porfirio Díaz hizo una modificación de fondo a este articulado y creo que a raíz de ello se ha creado el problema sustancial de la vida rural en nuestro país.
La reforma porfirista, señalaba con toda claridad, las corporaciones e instituciones civiles que no se encuentren expresados en el párrafo anterior, que es similar al que yo me refería, podrán adquirir y administrar, además de los referidos edificios, los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre los que se requieran para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos y limitaciones que establezca la ley federal, que al respecto expida el Congreso de la Unión.
Por primera vez en la Constitución Mexicana, se establecía la posibilidad de que sociedades mercantiles pudieran adquirir terrenos rústicos y ésta fue la base fundamental a partir de la cual se constituyeron los grandes latifundios y las grandes haciendas en el porfiriato.
Por eso tanto en el proyecto de Carranza en 1917, como en el decreto del Constituyente de 1917, se decidió impedir a las sociedades mercantiles tener acceso a la propiedad de terrenos rústicos y curiosamente la iniciativa presentada a esta Cámara en noviembre de este año, por el Ejecutivo Federal, coincide en lo sustancial con la propuesta del porfiriato.
Si nosotros analizamos con seriedad y detenimiento la redacción de ambos artículos, el problema fundamental radica en darle acceso a las sociedades mercantiles, a la propiedad y explotación de terrenos rústicos.
Lo que dijo Fernández de Cevallos fue muy claro en su intervención, respecto a los candados que deberían de imponerse a este tipo de sociedades, pero creo que no es suficiente.
Yo creo que la tarea del legislador en estos momentos, es tratar de hacer un esfuerzo mayor por evaluar el posible impacto que esta reforma tiene al abrir tanto al capital nacional, como al capital extranjero; ya que estas sociedades mercantiles no delimitan a los inversionistas nacionales la posibilidad de avanzar en amplias concentraciones de tierra.
Hay otros elementos que junto con esta reforma tienen una misma lógica, es el caso del finiquito del reparto agrario, los cuales hemos reiterado, no debería de aparecer la figura jurídica del reparto, porque a nuestro juicio y de acuerdo a los propios transitorios de la iniciativa del Ejecutivo, existen todavía tierras susceptibles de reparto, tanto por latifundios simulados, como por tierras dedicadas al cultivo de estupefacientes, como por tierras que están hoy bajo jurisdicción y propiedad del gobierno federal, que deberían ser sujetos de reparto.
Hay otros problemas sustanciales, como la posible concentración de tierras dentro del propio ejido, al abrir la posibilidad de que una persona, un miembro del ejido, pueda concentrar diversas hectáreas sin limitación alguna. Creo que nosotros debemos hacer un esfuerzo no solamente por regular o reglamentar estas partes de la iniciativa, sino un esfuerzo serio y profundo por modificar un aspecto fundamental: el de garantizar que el latifundio no solamente
está prohibido en nuestra Constitución, sino que se minen las bases sobre las cuales el factor fundamental de la desestabilización social y política en el campo puede regenerarse y prender nuevamente la mecha en el campo mexicano. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en pro, el diputado Efraín Zúñiga Galeana.
El diputado Efraín Zúñiga Galeana: - Con su permiso, señor Presidente; compañeros diputados:
He venido a pronunciarme en favor del dictamen porque considero que esta iniciativa introduce reformas importantes para la renovación del campo de México, para su transformación.
Reconocemos aquí que hay crisis en el campo y que hay pobreza en el campo y que tenemos que intentar una salida para los campesinos. Nos pronunciamos por este dictamen, porque consideramos que la reforma se mantiene leal a las luchas de los campesinos de México, a las luchas históricas, a las luchas del agrarismo nacional.
El problema de la tierra ha estado presente a lo largo de los eventos más importantes de la historia de México. Lo mismo en las luchas de Hidalgo y de Morelos, que en las luchas de los hombres de la reforma o de las luchas de quienes hicieron la Revolución Mexicana. La lucha por la tierra justifica la historia nacional. Historia, hombres y tierra se han venido fundiendo en un gran sentido nacional.
Nosotros consideramos que es urgente dignificar la vida de los campesinos y dignificar la vida en general del campo de México. Por eso aquí queremos afirmar que la iniciativa se pronuncia por la libertad y por la justicia y consideramos que este lema no es un lema de ningún partido político actuante en la actualidad. El lema de la libertad y la justicia, lo confiesa el propio Presidente de la República, autor de esta iniciativa, lo ha recogido del ideario de Zapata, de las luchas de la Revolución Mexicana. Por eso si algún partido dice que el lema de libertad y justicia es de él, seguramente que ese partido debe ser de inspiración zapatista.
Nos parece que mantiene esta iniciativa el propósito de mantener en el campo los propósitos fundamentales que dieron origen al movimiento del agrarismo, al movimiento de la reforma agraria. Este momento, esta iniciativa, introduce reformas para hacer avanzar el agrarismo mexicano y para hacer avanzar la reforma agraria mexicana.
Sabemos perfectamente bien que el ejido no ha sido el mismo a lo largo de la historia nacional. Surgió conceptualmente en los siglos pasados, producto del derecho español, de las leyes de Indias y el ejido estaba considerado como tierras, no de uso común, sino tierras que estaban en principio a la salida de los pueblos, que tenían fines recreativos. Después el ejido fueron tierras de uso común y ha venido evolucionando hasta que en 1912 lo considera Luis Cabrera, en el famoso discurso del 12 de diciembre , en esta misma Cámara de Diputados.
No fue, pues, el ejido producto de los planteamientos de Villa o producto de los planteamientos de Zapata, porque el ejido no surgió en el fragor de la batalla de la Revolución, sino tuvo su origen, el ejido, en el parlamento de la Revolución.
El ejido fue, en siglos pasados, fue distinto y en la Revolución Mexicana tuvo concepciones distintas.
Recordemos que el mismo Luis Cabrera tuvo diferencias con el reparto masivo de Cárdenas porque consideró Luis Cabrera que el había hablado del ejido como una parte de tierra que iba a servir para complementar el salario de los peones de las haciendas.
Ahora el ejido de esta iniciativa es distinto. Es un nuevo ejido, es un ejido moderno; pero sigue siendo revolucionario. Coincido con Alejandro Encinas de que aquí todos necesitamos pronunciarnos en defensa del ejido, pero la iniciativa no desaparece al ejido, no lo proscribe, no lo cancela; lo hace vivir y están equivocados quienes inscritos en corrientes ideológicas contrarias al ejido, piensan que los campesinos de México, que los ejidatarios, van a poner en venta los ejidos o que vamos a permitir que se cancelen los ejidos.
¡El ejido vivirá, estará presente en la lucha de los ejidatarios y del movimiento campesino de México! ¡El ejido seguirá siendo escuela de libertad, de democracia, instrumento de redención y de liberación de los campesinos!
¡Por eso aquí, nosotros coincidimos con quienes se pronuncian por el ejido, pero también decimos que la iniciativa no va contra el ejido! ¡Efectivamente establece la posibilidad del dominio de la parcela, pero eso no es tampoco bandera de ningún partido político; es producto de la historia del agrarismo mexicano!
¡Recordemos que el propio Código de Cárdenas, el de 1934, le daba al ejidatario la propiedad
individual de la parcela! ¡No es pues una bandera o un programa de un partido político actual! ¡Nosotros consideramos que en el empeño de la libertad en favor de los ejidatarios, es justo que la iniciativa reconozca la posibilidad de obtener el dominio de la parcela! Porque nosotros consideramos que es un avance importante de la nueva reforma agraria mexicana.
Comparto con Alejandro Encinas que necesitamos luchar en contra de la concentración de la tierra. Mi partido, mi organización, el sector campesino de mi partido se pronuncia en contra de la concentración de la tierra, ¡No permitiremos nuevos latifundios en México! ¡El latifundio es una etapa concluida en la historia nacional y no volverá! ¿La constitución de sociedades mercantiles servirá para capitalizar el campo, para el avance tecnológico en el campo, para compactar tierras; pero las sociedades mercantiles no servirán para reconstituir el latifundio!
Por eso aquí nosotros nos pronunciamos, definitivamente, porque en el Diario de los Debates de este memorable debate de esta iniciativa, en el Diario de los Debates en donde se están analizando los puntos de esta iniciativa, en el Diario de los Debates de esta LV Legislatura, quede perfectamente bien asentado que mi partido, el Partido Revolucionario Institucional, se pronunció históricamente contra el latifundio!
¡No permitiremos que renazca el latifundio, porque a mi organización le ha costado la vida de sus militantes! ¡Nosotros hemos luchado por la tierra, nosotros hemos luchado por la justicia campesina y por la libertad campesina siempre y no vamos a permitir, en ninguna parte del país, que vuelvan a levantarse los latifundios y que las sociedades mercantiles sirvan, como sirvieron en el porfiriato las compañías designadoras, para hacerse dueñas del territorio nacional!, ¡no lo permitiremos.!
Nosotros consideramos que esta iniciativa es una visión nueva, un horizonte productivo nuevo, un propósito de redención campesina. Nosotros, los que hemos luchado por la tierra y por la justicia campesina, no podemos negar las llagas que hay en el campo, las heridas que sangran; no podemos negar que ha habido corrupción en el campo, que ha habido negligencia, que ha habido indiferencia, pero frente a todas estas llagas y frente a todas estas heridas, nosotros, los nuestros, los que han militado en la Confederación Nacional Campesina, han dado su vida en muchas partes del país, en Veracruz, en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en Oaxaca, la lucha de los campesinos contra las lacras que nos han azotado. Somos amigos del gobierno, compañeros del gobierno, pero no necesariamente en el movimiento campesino estamos dispuestos a perdonar errores.
Venimos aquí, a analizar esta iniciativa, a pronunciarnos en favor del debate como hombres libres; no como lacayos. No asumimos en esta tribuna ninguna actitud complaciente, ni queremos aquí pensar en que esta iniciativa va a servir para sepultar el agrarismo; el agrarismo vivirá, la lucha de los campesinos va a seguir adelante, vamos a luchar en defensa del ejido y vamos a pedir que el rezago agrario termine y que antes de que termine el reparto agrario, se entreguen las tierras susceptibles de entregar, que están pendientes en todos los expedientes agrarios que todavía no se han concluido.
Por eso, aquí compañeros, nosotros queremos afirmar, el movimiento campesino, los diputados de extracción campesina, que no estamos aquí en actitud claudicante, que consideramos esta reforma agraria como una reforma agraria revolucionaria y que no servirá para que nosotros nos inscribamos en la contrarrevolución de la tierra en México, ¡Vamos a seguir avanzando por el camino de la libertad y de la justicia!, ¡vamos a defender al ejido! ¡No creo, no lo considero aquí, que se vayan a vender los ejidos; al contrario, la iniciativa reconoce al ejido, le da protección al ejido y yo estoy seguro que muchos campesinos de México no van a permitir que se cambie el régimen ejidal, no se van a vender los ejidos, que no se confunda a la clase campesina de México, porque ellos tendrán libertad para decidir su patrimonio ejidal, su ejido, su amor por la tierra, su amor por el trabajo!
Nosotros pensamos que la reforma al artículo 27 constitucional no lo resolverá todo, tendremos que luchar para que sean vigentes sus principios. El movimiento campesino ha pedido, no solamente una reforma a la Constitución, ha pedido una nueva Ley de Reforma Agraria, ha pedido un nuevo orden jurídico en el campo, ha pedido una nueva Ley de Crédito. ¡Nosotros nos hemos pronunciado porque se acabe el paternalismo en el campo y lo hemos concretado el paternalismo, porque hemos luchado contra él! ¡No queremos ya que el gobierno se meta con nosotros en los ejidos, que nos deje en libertad para que nosotros luchemos por la justicia! ¡No queremos más que nos convoque para elegir nuestros representantes o que nos digan cuánto tenemos que cobrar por las tierras expropiadas de los ejidos o cuánto tenemos que cobrar cuando rentamos nuestro pastos o cuando comprometemos la explotación de nuestros bosques!
Queremos una ley que acabe con el paternalismo, pero el movimiento campesino ha luchado porque el gobierno no quede lejos del campo, que no se quede de plano indiferente ante el problema del campo; nosotros queremos que las autoridades, que el gobierno, que el Estado mantenga la rectoría del proceso agropecuario, que induzca la agricultura, que la gobierne con el propósito de que el trabajo sobre la tierra tenga mejores resultados.
La reforma es una iniciativa del Presidente, pero se ha convertido en una reforma campesina, porque todo el movimiento campesino ha apoyado esta reforma. La reforma iniciada por el Presidente aquí para reformar la Constitución y el artículo 27, es sólo el principio; tenemos que irnos a todo el marco jurídico, pero aquí hagamos el compromiso de hacer avanzar la reforma agraria mexicana, de hacer avanzar el agrarismo mexicano y ratificamos aquí la decisión de nosotros de la Confederación Nacional Campesina, la que dirige Maximiliano Silerio, ejidatario de Rodeo, del ejido de La Yerbabuena, en el estado de Durango, líder campesino nuestro, al que queremos y respetamos esa Confederación Nacional Campesina, el sector agrario del Partido Revolucionario Institucional, seguirá luchando en el campo de México contra los caciques, por mejores precios, para los campesinos, por el respeto al ejido, porque no se reconstituya el latifundio, seguiremos luchando contra los acaparadores de cosechas, contra los enemigos de los campesinos, porque aquí nada ha pasado, el agrarismo ni está claudicante ni está muerto, seguiremos avanzando para bien de los campesinos y para bien de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Antes de seguir la ronda de oradores, había solicitado permiso para utilizar la tribuna, a fin de exponer su voto particular, el diputado Rodolfo Toxtle Tlamani, a quien le concedemos el uso de la palabra.
El diputado Rodolfo Toxtle Tlamani: - Con su permiso, señor Presidente, honorable asamblea; compañeras y compañeros diputados:
Los diputados abajo firmantes dejamos constancia por este medio de nuestro voto particular, en cuanto al dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Agricultura y de Reforma Agraria, sobre la iniciativa del Ejecutivo Federal para reformar el artículo 27 constitucional.
Votamos en contra del dictamen y votaremos en lo general en contra de la iniciativa de reforma, porque no compartimos algunos de los argumentos que los fundamentan, porque no responden a la realidad que ha vivido el campesino mexicano, desde el término de la revolución hasta la fecha.
Estamos conscientes que hay crisis en el campo y que hay necesidad de cambiar incluso con medidas drásticas, pero consideramos que ninguna reforma política podrá resolver por sí misma los problemas del campo sin la socialización de una reforma si no se compromete a los actores principales, que son los campesinos, para iniciar una profunda reforma política y social.
La causa de la grave crisis agrícola y de la dependencia alimentaria que padece la nación, no reside en la estructura jurídica del ejido ni en las formas de tenencia de la tierra; la principal causa de esta crisis reside en la aguda descapitalización del campo, que en lo fundamental es resultado de la política económica neoliberal instrumentada en la pasada y presente administración, que redujo sustancialmente la inversión pública orientada al desarrollo rural.
Asimismo nos preocupa que se decrete administrativamente el fin del reparto agrario, pues consideramos que el derecho de los pueblos a la tierra es producto de la Revolución Mexicana, que le costó al pueblo más de un millón de vidas. Esta es la forma que los campesinos se dieron para participar en la construcción del estado contemporáneo.
La revolución agraria realizada en el período gubernamental del general Lázaro Cárdenas y la elevada inversión pública en desarrollo rural realizada durante casi tres décadas, permitieron que en este lapso el ejido contribuyera de manera decisiva al logro de la autosuficiencia alimentaria y apoyara un acelerado crecimiento económico.
El reparto agrario debe mantenerse vigente en la Constitución, hasta que se presente a la sociedad una detallada información de los predios que han sido confiscados a los narcotraficantes; los latifundios que se exceden en sus dimensiones que marca la pequeña propiedad, que son acumulación de provecho, fraccionamientos simulados o latifundios disfrazados.
Estamos convencidos que el fin del reparto debe darse terminado el rezago agrario, por medio de planificación zonal que permite la participación de los solicitantes y sus organizaciones y discutir programas de industrialización de los productos agrícolas, para poder realmente ofrecer
un programa de creación de empleos y con ellos bienestar social a la población.
Por otro lado, consideramos excesivo el plazo de dos años que se propone para que los latifundistas deban deshacerse de sus excedentes. Este plazo debe eliminarse y estas tierras sobrantes se deben dar a quienes aún no tienen acceso a ella; es decir, los expedientes de rezagos deben ser resueltos como lo marcan las normas constitucionales y legales vigentes y no poner como condición la aplicación de esta ley, hasta que se hagan las reformas constitucionales.
Vemos con preocupación que las reformas a la fracción IV del artículo referido establezcan: las sociedades mercantiles por acciones, podrán ser propietarias de terrenos rústicos. Esto abre la puerta a un proceso de concentración de la tierra muy peligrosa para los pequeños productores, que los pondría en las mismas circunstancias que existían en el porfiriato, ya que desafortunadamente la iniciativa no establece ninguna limitación o prohibición expresa a la participación de empresas transnacionales agropecuarias en estas sociedades y, en consecuencia, de la posibilidad que estas multinacionales se apoderen en pocos años de importantes extensiones de tierra en las regiones más codiciadas del país.
Por eso consideramos que el ejido debe continuar siendo inalienable e imprescriptible, se debe preservar en toda forma el patrimonio de los campesinos; no es expropiando a los campesinos como se resuelve la productividad de la tierra. La titulación de las parcelas provocaría a corto plazo que los campesinos sean expulsados de su medio.
Nos preguntamos: ¿cuál es la razón para que se le dé celeridad a las modificaciones al 27 constitucional? Su debate se debe prolongar hasta alcanzar un amplio consenso nacional.
La aplicación mecánica de la mayoría parlamentaria, podrá sacar adelante cualquier propuesta, pero esto no garantizaría la estabilidad que el país requiere para iniciar una nueva fase de desarrollo.
Finalmente, antes de entregar esta solicitud de voto particular a la Secretaría, quisiera recordarles a los señores compañeros diputados de la fracción parlamentaria mayoritaria, las palabras que algún día dijera su líder ideológico, aquel gran visionario, don Jesús Reyes Heroles: "No despierten a la raza bronca, puede ser peligroso".
Atentamente.
México Distrito Federal, a 4 de diciembre de 1991. - Diputado José María Téllez Rincón, Rodolfo Toxtle Tlamani, diputado Javier Centeno Avila y Nicolás Olivos Cuéllar.
Señor Presidente, solicito a usted que nuestro voto particular sea insertado en el Diario de los Debates.
El Presidente: - De conformidad, diputado, con su petición, agréguese al expediente el voto particular presentado y publíquese íntegro en el Diario de los Debates.
Tiene el uso de la palabra para hablar en contra del dictamen, el diputado Héctor Ramírez Cuéllar, del Partido Popular Socialista.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Popular Socialista, felicitamos al grupo de diputados que hoy ha subido a esta tribuna y que ha asumido una actitud digna, patriótica, revolucionaria. Compartimos los juicios del grupo de diputados que por conducto del diputado Toxtle Tlamani, han intervenido. Coincidimos con sus puntos de vista y apoyamos su digna posición patriótica y agrarista.
Señor Presidente, compañeros diputados:
Uno de los aspectos centrales de la iniciativa del Presidente en materia, agraria es el relativo al otorgamiento del dominio directo de la parcela al ejidatario, para que pueda disponer libremente de ella. Con esta proposición, El Presidente de la República, está atentando, gravemente en contra de la naturaleza histórica, jurídica, política y social del ejido, que ha sido fruto genuino de la revolución, pero que tiene sus raíces más profundas en la sociedad prehispánica, sobre todo en el conjunto de tierra que pertenecía a la comunidad, al pueblo, denominadas "altaplalli".
Las tierras agrícolas de los "calpulli", hay que recordar al Presidente de la República, estaban divididas además en parcelas y éstas eran asignadas a los jefes de familia para que las usufructuaran y las transmitieran de padres a hijos. Si una parcela no se cultivaba por dos años consecutivos, el indígena perdía el derecho de uso y si una familia abandonaba el "calpulli", la parcela volvía al plan y se asignaba de nuevo a otra persona. Esta forma de usufructo y de explotación de la tierra que arranca desde la primera etapa de nuestra nación...
El Presidente: Un momento, por favor, diputado. Suplico a los señores diputados tomar su asiento y guardar el respeto posible al orador que está en el uso de la tribuna.
El diputado Héctor Ramírez Cuéllar: - ...Y que ha subsistido hasta hoy, está en serio peligro de descomponerse si se introduce la propiedad privada, su concepto, naturaleza, mecanismos, en tierras que siempre han sido de uso colectivo y de uso común de los pueblos.
La propuesta del Presidente, que avala el dictamen, sobre el carácter del ejido, se aparta por completo de nuestra tradición jurídico - constitucional, niega las disposiciones que sobre esta materia tuvieron los distintos planes revolucionarios, los discursos de los diputados del Congreso de Querétaro que, en general, le dieron al ejido una enorme importancia, no sólo como unidad productiva, sino también como célula de relación comunitaria.
El Presidente y los que lo apoyan, le da la espalda a uno de los aspectos más avanzados que tuvo la Carta Magna de 1917, al postular la privatización de las parcelas a través de su venta o renta a empresarios particulares. En este sentido, Salinas, se coloca al lado del ex presidente Miguel Alemán, que abandonará el ejido desde el punto de vista del crédito, la tecnología, el riego y que favoreciera el crecimiento de la propiedad privada al entregar a estos propietarios las superficies agrícolas de mejor calidad.
Salinas, en la historia de México, se coloca exactamente en el extremo opuesto de Lázaro Cárdenas, a la derecha, que fue el Presidente que más ejidos constituyó a través de una dotación de más de 20 millones de hectáreas y que estimuló la creación de los ejidos colectivos en distintas regiones de nuestro país.
Los partidarios de la iniciativa del Presidente afirman, como lo hace el senador, Miguel Alemán Velasco y otros diputados que han subido a esta tribuna, del Partido Revolucionario Institucional y del Partido del Frente Cardenista, que el ejido fue un mito, una bandera política, que entró de contrabando a la realidad socioeconómica, a la legislación agraria nacional y que lo que hace Salinas es volver al espíritu originario de la Carta Magna de 1917.
Trataré de demostrar la falsedad de estos argumentos haciendo las siguientes reflexiones.
Desde la presidencia de Madero, que no se caracterizó por su convicción de enfrentar la excesiva concentración de la tierra que existió durante el porfiriato, los revolucionarios Juan Sarabia y Antonio Días Soto y Gama, le exigieron a Madero la expropiación de las tierras cercanas a los pueblos para crear ejidos y aquí aparece la palabra ejido y fijaba los límites a la propiedad privada.
Quiero recordar a los salinistas que utilizan en forma demagógica la figura histórica de Emiliano Zapata, que en el artículo 7o. del Plan de Ayala, hay una referencia muy clara a la expropiación mediante indemnización de los monopolios, de los poderosos propietarios y cito textualmente: "a fin de que los pueblos y ciudadanos obtengan ejidos". Esto lo quiero señalar, porque algún elemento que quiere hacer méritos ante el Presidente, se atrevió a decir, creo que fue el hijo del propio general Zapata, que Zapata nunca había peleado por el ejido. Que lea el Plan de Ayala de su padre. Dice: "Para que los pueblos y ciudadanos obtengan ejidos, colonias, fundos legales, para pueblos o campos de sembradura".
Quiero recordar a los herederos de Zapata, que Salinas utiliza como marionetas de la publicidad de su gobierno, que el general Zapata en su Plan de Ayala señala, cito textualmente: "que los predios que el gobierno ceda a comunidades o individuos, no son enajenables ni pueden gravarse en forma alguna, siendo nulos todos los contratos que tiendan a contrariar esa disposición".
Y dice Zapata a mayor abundamiento: "Solo por herencia legítima pueden transmitirse los derechos de propiedad de los terrenos fraccionados y cedidos al gobierno a los particulares".
La iniciativa del Presidente también ignora otro antecedente programático de la Revolución Mexicana, me refiero al programa del Partido Liberal de 1906, que señaló que el Estado debiera dar tierras a quien quisiera cultivarlas, sin más condición de dedicarlas a la producción agrícola y no venderlas. ¡Y no venderlas!
El diputado Luis Cabrera, cuyo discurso ya mencionara aquí el compañero diputado Alejandro Encinas, referente al discurso del 3 de diciembre de 1912, que prácticamente es un proyecto de ley agraria, primero se pronuncia por la reconstitución y dotación de ejidos a los pueblos y pide que se declare esto de utilidad pública. Y después, en el artículo 2o. del proyecto de Luis Cabrera, pide se faculte el Ejecutivo y hago una cita textual para que la lean los señores que apoyan el proyecto de Salinas, que; "...expropiar los terrenos necesarios, a efecto de reconstituir los ejidos a los pueblos que los hubiesen perdido".
Se dice que el presidente Salinas, al plantear la privatización de las tierras ejidales, se está inspirando en las tesis que se manejaron durante el Congreso de Querétaro. Nada más falso, falso por completo.
El 25 de enero de 1917, fue presentada al Congreso la iniciativa referente a la propiedad en la República Mexicana, cuya exposición de motivos refuta prácticamente toda la iniciativa del Presidente de la República y señalaré algunos de esos considerandos. Los diputados que ahora traiciona el jefe del país, consideraron que: los derechos del dominio durante la época de la Colonia, eran concedidos a los españoles y se dividían en individuales y colectivos, en tanto que los derechos otorgados a los indios, eran dados a la comunidad y revestían la forma de propiedad privada restringida. Agregaban los diputados constituyentes: En la época de la Independencia prevaleció la propiedad privada plena y perfecta, tal y como se encuentra en algunos pueblos de Europa. Esa legislación favorecía a las clases más altas, descendientes de los españoles peninsulares, pero dejaba sin amparo y protección a los indígenas.
Siguiendo en esto, los diputados del Congreso de Querétaro, el pensamiento de don Andrés Molina Enríquez, los padres de nuestra independencia, afirmaron y cito textualmente: "...que el derecho de propiedad absoluta del rey ha pasado con ese mismo carácter a la nación; que ésta tiene el derecho pleno sobre las tierras y aguas de su territorio y sólo reconoce y otorga a los particulares el dominio directo".
La Constitución de 1917, jamás otorgó el dominio directo en los ejidos y en las comunidades agrarias, sólo otorgó el dominio directo a la propiedad privada. Pero todavía más, los padres de nuestra Carta Magna, que el presidente Salinas está derogando en la práctica, señalaron que la nación debería tener en todo tiempo la posibilidad de regular el estado de la propiedad total. Esto lo señalamos porque el Presidente abandona una de las funciones básicas para regular la propiedad, que es el fraccionamiento de las tierras afectables y la aplicación del procedimiento de expropiación para afectar estas tierras.
Al referirse a la propiedad privada de las corporaciones y de las comunidades dueñas de sus tierras, les denominaron propiedad privada restringida, o sea, que tanto los ejidatarios como los comuneros, no podían disponer libremente de las tierras, sino que tenían un dominio sobre ellas, particularmente restringido y por lo tanto no les consideraron la potestad para manejar libremente esos recursos naturales.
A mayor abundamiento, el diputado Navarro, que ése sí era gran revolucionario, dijo: "que para evitar abusos, que la nación sea la única dueña de sus tierras, que no las venda, sino que nada más las dé en posesión a los que puedan trabajarlas" y advertía: "De otra manera, a la larga volverán esas tierras a formar las grandes propiedades y la propiedad privada volverá a ser acaparada por unas cuantas manos".
El diputado Navarro, se pronunció porque el Estado vendiese pedazos de tierra. Pero con la condición de que esos terrenos pasaren de padres a hijos y que no se acapararan por particulares dichas tierras.
El diputado Bojórquez, que al igual que muchos otros diputados, era partidario de la pequeña propiedad, dijo en un acto de sinceridad, "que el dominio pleno debía darse a la pequeña propiedad privada". pero el diputado Bojórquez, jamás se refirió a que ese tratamiento también se diese a los ejidos y a las comunidades.
El presidente Salinas está promoviendo con la privatización de las parcelas ejidales, la compra y la renta de parcelas, por parte de los capitalistas extranjeros y aquí coincido con la preocupación de otros diputados, al no establecer en el dictamen ninguna restricción adicional a los extranjeros, salvo las que ya se encuentran en el propio artículo 27.
Hay que recordar que varios diputados en Querétaro, entre ellos el diputado Jara, el diputado Terrones, el diputado Enríquez, que ya no le dicen nada al grupo gobernante en este momento, plantearon su preocupación por el dominio de las tierras por parte de extranjeros y fue parte del debate que hubo en torno al artículo 27.
Esa preocupación de los Padres de la Carta Magna, ahora prácticamente no existe, porque el capital extranjero podrá comprar libremente las parcelas que considere más convenientes. Ni siquiera y aquí sí debo reconocer, que la Constitución no estableció el carácter de las tierras ejidales como lo conocemos hoy en día, pero ni siquiera la Ley del Patrimonio Parcelario, dictada en el año de 1925 por el general Calles, ley que fuera profundamente individualista, porque obligó a los ejidos que constituía el general Calles con la dotación de tierras, ni siquiera esa ley, repito, profundamente individualista, habló de otorgar el dominio directo a los ejidatarios.
Quiero recordar a los diputados de la Confederación Nacional Campesina, que han mencionado esta Ley del Patrimonio Parcelario, que esta ley estableció que las tierras ejidales eran inalienables e imprescriptibles, que los derechos agrarios se adjudicaban a los núcleos de
población y no a los ejidatarios; que el ejidatario podía ser privado de su parcela, si intentaba venderla o hipotecarla y que en esta ley decretada por el presidente Calles, las tierras ejidales se reservaron para uso común y se estableció la prohibición de gravamen alguno.
Por lo tanto, el otorgamiento del dominio de las parcelas a los ejidos, no tiene precedentes en la historia revolucionaria de nuestro país y aquí planteamos una diferencia de fondo con la intervención del diputado del Partido del Frente Cardenista que vino a hablar a favor de la iniciativa. No hay procedente en la historia revolucionaria, ni en los planes revolucionarios, ni en la Constitución de 1917, para otorgar el dominio directo de las parcelas. Esta tesis es una novedad en el orden jurídico de nuestro país y obedece a la necesidad de abrir el campo al capital privado y al capital nacional.
Tan no existe ningún antecedente ni histórico ni jurídico, que los autores del dictamen, no presentaron ninguna fundamentación sobre el dominio directo de las parcelas y no lo presentaron porque simplemente no existe.
Otorgar el dominio directo de la parcela, tiene el deliberado propósito de culminar por el proceso que se iniciara en la época del ex presidente Miguel Alemán, de abandono de la producción ejidal y comunal y se está elaborando la base a un individualismo a ultranza, a lo que algunos llaman "La Revolución de las Libertades" y a la apertura que tiene nuestra economía con respecto al capital extranjero y al capital nacional. Obedece fundamentalmente a razones económicas y no a razones jurídicas aunque se atropelle la Constitución.
Con la entrega del dominio directo de las parcelas, se llega a un punto muy elevado de una política que desde la época de Alemán, se caracterizó por negar tierras de buena calidad a los ejidos; por entregar las mejores tierras a la pequeña propiedad y a la gran propiedad; por no otorgar créditos baratos y oportunos; por no entregar maquinaria; por entregar fertilizantes a precios muy elevados; por no construir obras de riego, excepto la de los valles de Sinaloa y Sonora y en forma contraria, por privilegiar ya desde la época de Miguel Alemán, la agricultura privada de tipo capitalista, de la que un breve grupo de productores determina el tipo de cultivo, la producción, los precios y aquí vino el diputado Zúñiga a decir, que los productores quieren que se les dé libertad para que produzcan lo que consideren más conveniente, o sea, para que no se sujeten a ningún plan agrícola nacional.
Con la entrega del dominio directo de la parcela, se está desintegrando, porque si un ejidatario vende su parcela, legalmente hablando, se ausenta del ejido, en ese momento se desvincula de los planes de producción del propio ejido, en ese momento se separa de la sociedad agrícola del ejido y si ese ejidatario abandona la zona urbana, entonces en la práctica se está produciendo la pulverización del ejido.
El Presidente en sus 10 puntos, habla de que sólo se mantendrá el carácter inalienable del ejido en la zona urbana y en la zona de uso común, pero eso no viene en la iniciativa que estamos comentando; esa restricción sólo se pronunció en el discurso del Presidente, pero no viene en el texto constitucional que la mayoría va a aprobar.
De tal manera que aquí el problema está en que si los ejidatarios venden sus parcelas, se desintegrará por lo menos, en el mejor de los casos, la zona parcelada de los ejidos.
Pensamos nosotros que el Partido Popular Socialista no es ejidalista, en el sentido de que para nosotros el ejido no es la única forma de tenencia de la tierra y probablemente en muchos casos no sea ni siquiera la más importante, pero esta forma de tenencia de la tierra que ha venido arraigándose desde la sociedad prehispánica, que pasó por los avatares de la colonia, que sufrió los embates de la independencia, que experimentó los ataques de las compañías deslindadoras y que hoy en día demuestra tener un gran potencial productivo, porque genera la mitad de los alimentos que consume nuestro pueblo, es un modo de tenencia de la tierra, es un modo de usufructo de la tierra que hay qué mantener, que hay qué preservar como un valladar frente a la expansión de la empresa privada capitalista.
No compartimos la posición fatalista del diputado del Frente Cardenista, que vino a decirnos aquí que el capitalismo ha llegado y que no podemos detenerlo; nuestra obligación revolucionaria es detener el avance del capitalismo, si es que somos consecuentes con nuestro pensamiento revolucionario y el ejido y la comunidad son valladares que tenemos para detener el avance del capitalismo.
Por eso nosotros no podemos aceptar que se entregue el dominio directo a las parcelas, ya que de esta forma el ejido será en el futuro próximo o muchos ejidos, un recuerdo o una añoranza.
Cuando un elector de mi distrito me pregunte a mí, ¿cuál fue el sentido de mi voto?, ¿si voté
a favor o en contra de esta iniciativa?, yo podré decir con una gran satisfacción, que hablé en contra y que voté en contra y que aunque era minoría, voté por la permanencia del ejido en la realidad, en la práctica; no en el discurso. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, en pro, el diputado Israel González Arreguín.
El diputado Israel González Arreguín: - Con la venia, señor Presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados:
Así como dijo el poeta: "Rompiendo las cadenas que los ataron durante largo tiempo, los esclavos crean la historia", así también es necesario, en ocasiones, romper los mitos para poder afrontar la realidad.
Los dogmas son los peores enemigos de los pueblos. Hay quienes desde una presunta posesión revolucionaria plantean aquí retrocesos de siglos. Hay quienes dicen defender la posición de un partido, que se llama "popular" y se apellida "socialista" y que quieren detener lo que irremediablemente la historia debe acelerar para que termine más pronto.
La iniciativa del Ejecutivo Federal de reforma al artículo 27 constitucional, significa la propuesta de transformación más profunda en materia agraria, desde el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917.
El Presidente de la República e importantes funcionarios públicos han señalado que la iniciativa de cambios constitucionales puede ser complementada con otras propuestas provenientes de los partidos políticos nacionales representados en esta Cámara de Diputados.
Tal disposición del Ejecutivo, nos parece positiva, porque posibilita la incorporación de los criterios, de las organizaciones sociales del campo y de todas las fuerzas interesadas en reforzar los aspectos progresistas de la iniciativa de ley.
Atendiendo a la disposición del Ejecutivo de enriquecer la iniciativa, nosotros consideramos que hay muchas propuestas para la modificación al proyecto del Ejecutivo que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consideramos que ésta es la mejor manera de apoyar la iniciativa de cambios constitucionales en materia agraria.
A nuestro parecer, no está en duda de que el campo precisa de cambios y de que su consecución requiere de un nuevo marco legal, principalmente de índole constitucional. Pero tales modificaciones deben ser orientadas más claramente para beneficio de los campesinos, los productores rurales y para el desarrollo democrático del país.
Arribar a la sociedad justa del Siglo XXI, que se refiere la iniciativa en su exposición de motivos, implica variaciones sustanciales en la estrategia del desarrollo nacional, con una economía rural tan atrasada resultaría utópico alcanzar tal empeño. Por ello, la reforma al marco jurídico agrario la entendemos dentro de las necesarias reformas del proyecto de reconstrucción de la nación. No habrá modernización nacional con atraso rural. El proyecto económico de superación de la crisis ha venido siendo limitado por la persistencia de una crisis estructural, que data de cinco lustros.
La reconstrucción de la economía y sociedad social es una condición necesaria para el proyecto de desarrollo nacional sostenido. Producción y democracia deben ser, es el binomio del cambio rural. Los sujetos principales de tales transformaciones deben ser los productores rurales. El Estado está obligado a promover las condiciones para el desarrollo rural integral, tal como lo manda la fracción XX del artículo 27 constitucional.
Estamos convencidos de que también se respeta la historia, cuando se reconocen los cambios y se precisan los desafíos de la nación. Sin un crecimiento sólido y sostenido de la inversión productiva en el campo, no se podrá superar la crisis económica rural, pero la elevación de los niveles de la inversión deben ser compartidos por el capital privado, el sector público y el sector social.
La participación de la inversión extranjera debe regularse de acuerdo a lo que determina la ley reglamentaria y el Estado debe asegurar el carácter complementario e innovador de ésta.
Así entendemos lo que significa un programa integral de apoyo al campo.
El espíritu del artículo 27 que nos legaron los Constituyentes de Querétaro, es una obra filosófico - política de gran trascendencia. En este postulado los diputados dedicaron sus mayores esfuerzos, modificando radicalmente la iniciativa del proyecto de Venustiano Carranza. Esos legisladores concibieron al artículo 27 como el más importante de todos cuantos contenga la Constitución.
Su inserción en el Capítulo I, de las garantías individuales, ha provocado reservas dentro de ciertos especialistas del derecho constitucional. En efecto, pareciera que forma más bien parte de las garantías sociales. Sin embargo, el constituyente histórico piensa en el individuo de un modo innovador y democrático. Concibe al individuo en un sentido social dentro de la existencia de plenas relaciones democráticas y otorga a la nación el derecho que permita la felicidad de ese nuevo individuo.
Reconociendo y propiciando todas las formas de propiedad, establece la preeminencia de la nación sobre todas ellas. No podía ser de otra manera. En la Carta Magna tenía que consagrase la penosa experiencia de un siglo de vida independiente; las potencias extranjeras que nos seguían agrediendo y las plutocracias desplazadas debían tener claro que en el México revolucionario primero era la nación.
Por esto, quedó establecido en el primer párrafo del artículo 27, que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares.
Desde sus comienzos en el artículo 27 se reconocía y se respetaba la propiedad privada en el agro, pero aquella propiedad individual territorial que excediera los márgenes necesarios, fue considerada como ilegal. Además el texto constitucional estableció las bases legales del fraccionamiento del latifundio.
Los antecedentes más inmediatos de este artículo 27, fueron la ley del 6 de enero de 1915, promulgada por Venustiano Carranza y, en cierta parte, los postulados del Plan de Ayala. Sin embargo, una mejor comprensión de este artículo nos obliga a la reconstrucción histórica del problema agrario desde los orígenes mismos de la nación.
En 1805, Manuel Abad y Queipo, expuso el panorama de la agricultura en la Nueva España...
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul): - Señor Presidente, ruego a usted que haga una moción la Presidencia, exhortando a los señores para que pongan atención al orador.
El diputado Israel González Arreguín: - Consideraba al territorio como agrícola y daba cuenta a los lacerantes problemas de entonces. A su parecer, las tierras estaban mal divididas y concentradas en unos cuantos propietarios, decía Manuel Abad y Queipo: "Una forma individual, opuesta en gran medida a la división y que por tanto siempre ha exigido y exige en el dueño facultades cuantiosas". Este personaje hablaba en nombre de los labradores y comerciantes de Valladolid, externando su gran preocupación por el carácter improductivo de las haciendas coloniales, afirmó y, lejos de desmembrarse las haciendas, se han aumentado de mano en mano, aumentando, por consiguiente, la dificultad de sostener y perfeccionar su cultivo y aumentando también la necesidad de recurrir para uno y otro objeto a los caudales piadosos con que siempre se ha contado, aun para las adquisiciones.
A muy poco tiempo del inicio de la gesta insurgente, a decir de Abad y Queipo, los pueblos quedaban sin propiedad y el interés mal entendido de los hacendados no les permitió, ni les permite todavía, un equivalente por medio de arrendamiento y los pocos arrendatarios que se toleran en las haciendas, pretenden o dependen definitivamente del capricho de los señores.
El estado de concentración territorial era la razón misma de la improductividad agrícola, no existían los recursos de apoyo suficiente para hacerla producir, a pesar de ello, el latifundio continuaba, el pequeño y mediano agricultor no podían prosperar; aparte del problema de concentración territorial por las onerosas causas derivadas de diezmos y alcabalas. Quizá el exponente más preclaro del agrarismo insurgente fue el generalísimo José María Morelos y Pavón, correspondiente, en cierto modo, al diagnóstico de Abad y Queipo, al presentar su proyecto para confiscación de intereses europeos y americanos adictos al gobierno.
En Jalisco, el 2 de noviembre de 1813, afirmó: "Deben también inutilizarse todas las haciendas grandes, cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos de dediquen por separado a beneficiar un corto terreno que pueda asistir con trabajo e industria y no en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando millares de gente para que cultiven por fuerza de la clase de gañanes o esclavos, cuando puedan hacerlo como propietarios de un terrero limitado, con libertad y beneficio suyo y del público".
En Morelos encontramos no sólo propósito de justicia y medidas para fortalecer la causa por la independencia; existían profundas tesis para hacer más productiva la actividad agropecuaria.
Tales pensamientos se plasmarían más adelante en la Constitución de Apatzingán de 1814. Así, los artículos 34 y 35 consagrarían el derecho del individuo a la propiedad y establecía el reparto agrario cuando un individuo contara de una menor porción de la que posea y exija la pública necesidad.
En las primeras declaraciones constitutivas del México independiente, fueran éstas del efímero imperio o de la joven república, no se encuentran determinaciones radicales para encarar el problema agrario. En el célebre voto particular de Ponciano Arriaga sobre el derecho de propiedad regulado en el proyecto de la Constitución de 1856, emitido en la ciudad de México el 23 de junio, encontramos fuertes comunicantes con el agrarismo de Morelos y respecto al problema agrario de Abad y Queipo.
Para don Ponciano Arriaga no existía duda de que se habían cometido grandes abusos en el ejercicio del derecho de propiedad, en una exposición que rebasó las ámbitos parlamentarios se propuso valorar la monstruosa división de la propiedad territorial. Permítasenos hacer una cita extensa de su pensamiento:
"Mientras pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso; crecida mayoría de ciudadanos gime en la más horrenda de las pobrezas, sin propiedad, sin hogar, sin industria y sin trabajo. Ese pueblo no puede ser libre ni republicano y mucho menos venturoso, por más que 100 constituciones y millares de leyes reclamen derechos abstractos, teorías bellísimas pero impracticables, en consecuencia, el absurdo sistema económico de la sociedad.
Poseedores de la tierra hay en la República Mexicana que en fincas de campo o haciendas rústicas ocupan, si se puede llamar ocupación, lo que es inmaterial y puramente imaginario, una superficie mayor que la que tienen nuestros estados soberanos y aún más dilatada que la que alcanzan alguna y algunas naciones de Europa."
Para este liberal radical, el absurdo en el derecho de propiedad atentaba contra la ampliación misma del derecho, la vitalidad de la nación estaba truncada por el latifundismo improductivo, no podía darse la racionalidad capitalista en el estado que guardaba la distribución de la tierra rural, la misma noción de ciudadanos libres era contradecida, según Arriaga, por la manera de vivir de los labriegos rurales.
En una visión crítica de marcada cepa agrarista, la Constitución liberal de 1956, Arriaga proponía la correspondencia de derechos con los hechos positivos, por ello, desde una posición minoritaria y previsoria decía: "La Constitución debiera ser la ley de la tierra, pero no se constituye ni se examina el estado de la tierra". Proponía una reforma agraria caracterizada por las siguientes líneas maestras: "El derecho de propiedad se confirma y perfecciona por medio del trabajo y la producción". La posesión de fincas rústicas implicaba la definición precisa de linderos; si los particulares no cercaban, lo haría el gobierno, adjudicándose derechos de propiedad en favor de la hacienda federal, los terrenos no cultivados, deslindados o cercados, se considerarían baldíos.
Consideraba que la compra - venta de pequeñas propiedades rurales estarían exentas de impuestos, prohibía las adjudicaciones de terrenos a las corporaciones religiosas, sugería el reparto de tierras a rancherías, congregaciones y pueblos que carecieran de ellas; planteada la entrega de tierras abandonadas a denunciantes, mediante indemnización; recomendaba la excención de impuestos a pequeños propietarios rurales.
En la propuesta agrarista de Arriaga, encontramos un diagnóstico certero y visionario, un adelanto a la Ley de Desamortización de la Reforma y un antecedente relevante del mismo artículo 27 de Querétaro. El desarrollo económico del país era frenado por la concentración de la propiedad territorial. La alternativa en este enfoque liberal era la pequeña agricultura, sin la comercialización de tierras no se podía dinamizar la agricultura y resolver los problemas del erario público.
La Ley de Desamortización de Bienes de Manos Muertas, promulgada por Ignacio Comonfort el 25 de julio de 1956, vino a confirmar una parte de razón a Ponciano Arriaga: adjudicaba en propiedad todas las fincas rústicas y urbanas de corporaciones civiles y eclesiásticas a sus arrendatarios. De tal movimiento, el gobierno obtendría beneficios fiscales, pero en el espíritu de la ley, se afectaba a todo tipo de comunidades, incluyendo las indígenas. Se les consideraba así por su duración perpetua e indefinida.
Esta ley de desamortización permitió la comercialización de los bienes del clero, aunque en ella se apoyaron también quienes despojaron los bienes de los pueblos indígenas; impulsó la circulación mercantil de las grandes propiedades del clero, pero paradójicamente se convirtió en base de nuevas modalidades de latifundio rural.
Con las leyes rurales del porfiriato, como el Decreto de Colonización y Compañías Deslindadoras, en 1883 y la Ley de Ocupación y Enajenación de Terrenos Baldíos, en 1894, se intentaba comercializar y dinamizar la producción rural; paradójicamente se sentaban las bases del movimiento de 1910.
Este repaso histórico puede darnos importantes lecciones. Para una Reforma Agraria no es suficiente concentrar el acento en la obtención del lucro y promover la circulación de la propiedad rural. Un sector importante del liberalismo y desde luego la dictadura de Díaz, impulsaron tales fines. A nuestro parecer, la Reforma Agraria debe impulsar producción y distribución de la riqueza generada. He ahí la gran enseñanza del cardenismo revolucionario.
En la fracción parlamentaria del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, recurrimos a la historia, no para intentar reevitar mecánicamente experiencias, tampoco porque queramos ignorar nuestro presente y los desafíos del porvenir. Abrevamos de la historia porque estamos seguros de que hay añejos ideales justicieros por cumplir, porque sabemos que para avanzar en una modernización nacionalista, es imprescindible reconstruir la nación, que reestructurar el campo forma parte de las metas necesarias para arribar a una nueva sociedad más justa.
En el artículo 27 de la Constitución se encuentra el modelo de regulación estatal de la tierra y los recursos naturales; en particular se definen las formas y relaciones de propiedad, las atribuciones y obligaciones del Estado, los límites mínimos de dotación y máximo de la pequeña propiedad y los procedimientos e instancias administrativas de la política agraria.
El modelo constitucional de regulación agraria está construido a partir de un principio de filosofía política: la propiedad originaria de la nación y su facultad para derivar la propiedad privada comunal y ejidal; la demarcación de áreas y zonas de atención exclusiva del Estado, un postulado de justicia social, el reparto agrario y los límites de la pequeña propiedad y los procedimientos jurídicos administrativos de resolución, al conformar un modelo de regulación basado en la propiedad originaria de la nación y concebir a las otras formas de propiedad como derivadas, es decir, otorgadas estatalmente en base a un conjunto de consideraciones y restricciones, es muy clara.
La preocupación primordial del Constituyente fue la justicia social, particularmente la resolución de los conflictos que dieron origen y continuidad a la Revolución Mexicana.
En la iniciativa presidencial se cuestiona la vigencia de este modelo regulador, después de más de 70 años de reforma agraria, es evidente que las condiciones han cambiado, precisamente porque durante todo este tiempo, con variantes mínimas, el campo mexicano se ha transformado, se ha formado y desarrollado, al amparo del modelo constitucional.
Es tiempo de revalorar los avances propiciados por el modelo, pero también de reconocer sus límites y contradicciones, en la perspectiva de un diagnóstico objetivo de la situación del campo, tanto en lo relativo a la producción y productividad como de los ingresos y su distribución.
La elaboración de este diagnóstico histórico y político, económico y social, jurídico y administrativo, es una condición indispensable para valorar la iniciativa de reformas y discutir en su justa dimensión los cambios propuestos. Cerrarse a ello es una falacia, a menudo se generan falsos debates o polémicas irreductibles por sobrevalorar las reformas y perder de vista el contexto en que se hacen y la lógica integral del artículo que se cuestiona.
Tan importante es lo que permanece, como lo que se intenta modificar, sólo así se puede captar si las modificaciones implican transformaciones completas del dispositivo jurídico o son precisamente reformas, cambios en las prioridades, modos e instrumentos de atención a la luz de los problemas y los procesos contemporáneos.
¿Por qué modificar el artículo 27? La pregunta refiere solamente el aspecto jurídico y legislativo de un programa más amplio. La transformación productiva del sector rural y la elevación del nivel de vida de sus productores. El diagnóstico en que se basa la propuesta recoge los problemas observados desde hace más de 20 años, justo cuando se observó la tendencia decreciente de la productividad agrícola y los límites estructurales del modelo de regulación agraria.
Hoy, por fin se cuestiona un modelo de intervención estatal en un sector primario que hace mucho tiempo mostraba signos de agotamiento, ¿o acaso las tomas de carreteras de los campesinos en Guanajuato, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero, en todas partes de la República, no era una expresión de que estaba reventando esta situación que oprimía el desarrollo del campo?
En la iniciativa presidencial se destacan muy claramente los puntos básicos de la problemática rural...
El Presidente: - Diputado, le recuerdo que se ha concluido su tiempo y le suplico que termine su intervención.
El diputado Israel González Arreguín: - En seguida termino.
Descapitalización, resultado de la enorme transferencia de recursos, hecha durante la industrialización, pero también de la insuficiente inversión en el campo, incertidumbre jurídica por la obligación constitucional de otorgar la tierra al que lo solicite en un contexto de incremento demográfico y limitaciones de tierras; minifundio que inhibe la inversión y la productividad propia de estancamiento, deterioro técnico y muy bajos niveles de vida; rentismo y mediería, formas ilegales, pero respuestas de sobrevivencia ante los escasos ingresos.
El breve diagnóstico de la situación prefigura las líneas básicas de un programa de reforma estructural al campo mexicano, del cual la presente iniciativa es su condición necesaria pero no suficiente. En pacas palabras...
El Presidente: Le voy al diputado González que concluya, y a los diputados respeto al orador también.
El diputado Israel González Arreguín: - La reforma propuesta recompone los objetivos constitucionales y en base a los lineamientos que resultan del diagnóstico, propone derogar, modificar e incorporar algunas disposiciones o elementos de un nuevo modelo regulador.
Nuestras propuestas en concreto, de modificación hechas por nuestro partido son, las voy a enunciar y dejaré aquí la propuesta ampliada, a fin de que se adhiera el Diario de los Debates:
Adición al tercer párrafo, elevando a rango constitucional la soberanía alimentaria.
A la fracción IV, adicional al texto propuesto, la regulación de la participación de socios extranjeros.
Adicionar al párrafo tercero de la fracción VII, el otorgamiento al núcleo familiar, el dominio de la parcela ejidal.
Adicionar un párrafo sexto a la propuesta del Ejecutivo, dando preferencia a los ejidatarios la adquisición de los predios rústicos enajenables por el Estado.
Modificar el párrafo cuarto de la fracción XV, estableciendo límites de 2 mil 500 hectáreas a la pequeña propiedad ganadera.
Modificar el párrafo quinto de la fracción XV prohibiendo el cambio de uso del suelo forestal, agrícola o ganadero.
Adicionar al sexto párrafo de la fracción XV, en el que se considera de interés público el funcionamiento y actualización del padrón nacional de pequeños propietarios.
Se propone modificar el texto propuesto de la fracción XVII, precisando un año para la enajenación de excedentes y su venta al sector social y la acción pública para la denuncia de latifundios.
Se propone la adición de la fracción XXI en donde se prohibe...
El Presidente: - Yo propongo, señor diputado, que las proposiciones que está haciendo, observando, que son determinaciones específicas del artículo 27 se propongan en el debate en lo particular y reitero la petición de que concluya su intervención porque se agotó su tiempo.
El diputado Israel González Arreguín: - De acuerdo, señor Presidente. Muchas gracias (Aplausos.)
El Presidente: - Antes de conceder el uso de la palabra el siguiente orador, quiero pedir una disculpa. En el registro de oradores original estaba registrado mi compañero el diputado Jorge Zermeño y enseguida el diputado González Arreguín. Sin embargo, en la determinación definitiva del listado de oradores fue invertido ese orden por el personal de la Oficialía Mayor, seguramente por un error, por lo que pido una disculpa.
Tiene la palabra el diputado Camilo Valenzuela, en contra.
Señor diputado Valenzuela, si me permite un momento.
Señores diputados, en los términos del artículo 109 que prescribe que ninguna discusión puede suspenderse a menos que se llegue la hora que el reglamento fija para hacerlo. En virtud de que ha llegado esa hora y que se ha hecho del conocimiento de esta Presidencia que los
coordinadores de los partidos han llegado a un acuerdo de reducir voluntariamente el número de intervenciones y que éstas tengan un máximo, cada una, de 10 minutos, en los términos de lo que se me ha puesto aquí en la mesa, con estas consideraciones y otras relativas al acuerdo de coordinadores a la discusión en lo particular, más espaciada y detallada los días de mañana y pasado.
Con esas consideraciones, suplico a la Secretaría que ponga a la consideración de la asamblea si acuerda prorrogar esta sesión en los términos del artículo 109.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Aclaro que la coordinación del Partido Popular Socialista no ha hecho ningún compromiso en ese sentido.
El Presidente: - Le agradezco la aclaración, diputado Cuauhtémoc Amezcua. Antes de someterlo a votación, no sé si se haya omitido otra fracción Correcto.
Pido a la Secretaría entonces que consulte a la asamblea si en los términos del artículo 109, es de prorrogarse esta sesión por el acuerdo de la Cámara.
El secretario diputado Domingo Alapizco Jiménez: - Se consulta a la asamblea, en votación económica, se pregunta si se continúa con la discusión, en los términos de los acuerdos parlamentarios.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo... Aprobado, señor Presidente.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Camilo Valenzuela, en contra.
El diputado José Camilo Valenzuela: - Compañeras y compañeros diputados, con su permiso, señor Presidente:
En este debate que acabamos de iniciar en esta Cámara, se aprecia, tanto en la ausencia de una gran cantidad de diputados como en el ambiente, que las condiciones para el debate son poco favorables y en el curso de las participaciones que se han dado, hemos venido escuchando en lo esencial una serie de actos de fe de parte de algunos, en que la iniciativa no va a generar la privatización del ejido, no va a generar la concentración de la tierra, no va a generar un empeoramiento de las condiciones de vida de la población del campo, sino que por el contrario, va a permitirnos atacar los graves problemas, las lacras, las heridas, las llagas, dicen algunos, que durante tanto tiempo se han incubado en el campo mexicano y que de manera tan grave e intensa hoy se padece.
Parte de esta fe está fincada en que la ley reglamentaria va a establecer muchas de las limitaciones, de las prevenciones y a dictar medidas para que esto se concrete.
Me llamó la atención la participación del diputado Hugo Andrés Araujo, quien trata de tranquilizarnos leyéndonos la permanencia del artículo 27 de la propiedad originaria de la nación. Pero, compañeros, en la Constitución está establecido el salario remunerador y pareciera que desde que se estableció el salario remunerador, ha servido de sombrilla para empujar una ofensiva que tiene hoy los salarios reales de nuestra población muy alejados de la idea del salario remunerador.
Y me llama la atención la participación del diputado Zúñiga, quien no hace ningún análisis concreto de la problemática del campo, ni de los factores económicos y políticos que van a determinar, como lo han estado determinando, el curso de la vida del campo.
En estos días hemos comentado con algunos dirigentes agrarios del Partido Revolucionario Institucional nuestro temor y nuestras convicciones de que esta iniciativa va a ampliar el campo para que las fuerzas económicas que determinan el curso real de la situación de nuestro país, impongan su poder e impongan sus reglas. Los compañeros nos decían de después de los 10 puntos de Salinas, están más tranquilos, porque va a haber más apoyo financiero para el campo; porque va a haber más recursos para que los campesinos ya no se vean obligados a rentar, como se han visto obligados y, que los que venderán la tierra, serán los flojos. Nada más.
Yo le quiero decir que la mayoría de los campesinos que rentan la tierra, la inmensa mayoría, la rentan por determinación de la situación económica y que van a ser también los factores de poder económico los que van a determinar la venta de las tierras. Es cosa de imaginarnos el escenario económico en el que se está llevando a cabo esta reforma. La banca privatizada, la banca de desarrollo rural, moribunda, en proceso de liquidación y el presupuesto público destinado al campo, en constante disminución, con todo y que la necesidad de darle un poco de oxígeno
sobre todo a los dirigentes agrarios oficiales y a otros que quieran entrarle a la jugada, para que avalen la reforma en curso y la banca privatizada no va a dar crédito a los campesinos; la banca privada va a exigir garantías para dar crédito y los rentaparcelas, no van a querer seguir cargando ciclo tras ciclo una renta, si tiene la posibilidad de comprar la tierra para sacudirse la necesidad de cubrir una renta y van también a recortar, van a elevar la presión sobre los campesinos para que vendan su tierra y los mismos factores que han venido obligando a los campesinos a rentar, los van a obligar a vender, los van a obligar a vender tierras y la suerte de los pequeños propietarios no va a ser distinta en el marco de una agricultura descapitalizada, sometida a precios de garantía que están eliminando la rentabilidad de la agricultura, los pequeños propietarios han estado dejando de sembrar, incluso en aquellas regiones en donde se considera la agricultura mexicana más rentable, porque no tiene sino el riesgo de acumular más pérdidas.
Cuando la agricultura mexicana esté en manos de los que sostienen los resortes de los que tiene los resortes de la economía en su poder, entonces van a empezar a exigir protección ante el Tratado de Libre Comercio y la apertura del mercado nacional a la importación de productos agrícolas de Estados Unidos, van a empezar a exigir subsidios, van a empezar a exigir las medidas de apoyo que ahorita se dice que hay que eliminar porque eso es populismo y es economía ficción.
Pienso, compañeros, que el proceso de proletarización que han venido viviendo los campesinos, se va a intensificar y que tiene razón el gobierno de Salinas, cuando plantea la necesidad de preocuparse por tratar de sindicalizar al número creciente ése va a ser el efecto central, la proletarización de los campesinos y la ruina de muchos pequeños y medianos productores, para acumular la tierra en unas cuantas manos. Lo demás son promesas.
Y la concentración de la tierra genera autoritarismo. En Sinaloa aún esos modernos agricultores que usan tecnología avanzada y producen hortaliza para la exportación, tienen prácticamente peones acasillados. Les voy a referir un caso concreto, el caso de Francisco Chavarría, que tiene el empaque de hortalizas en el poblado de Batamote, en ejido de Guasave y que para entrar a los galerones en donde se alojan los obreros agrícolas, se requiere autorización de cuerpos armados que controlan ahí. Para sacar una mujer, una obrera agrícola que está por dar la luz, hay que sacarla en peso porque no se permite que entre un vehículo a esos galerones. Y este mismo señor, impone ya como condición a los ejidos, para rentarles la tierra, que la compacten 500 o más hectáreas, si no, no renta. Eso es una práctica que han venido imponiendo los señores poderosos del dinero, aun con esta actual legislación que tenemos.
Es a ese proceso a lo que se le quiere abrir paso con esta reforma legislativa y el Estado mexicano que de estado benefactor que contribuía a redistribuir el ingreso se convirtió desde principio de los ochenta en estado concentrador de recursos para garantizar altas ganancias al capital usurero a través del servicio de la deuda interna y externa, ese Estado mexicano que está modernizándose para ser justo, va a continuar en esta dinámica, como lo expresa el Presupuesto de Egresos y de Ingresos que está en debate en esta Cámara y ahí no hay la propuesta de un incremento considerable de la inversión hacia el campo, de tal manera que es una promesa falsa y ahí no hay la propuesta de recortar las partidas, para garantizar altas ganancias al capital usurero, como se hace con otras partidas y ahí no hay la propuesta concreta de tomar medidas para que un país petrolero como el nuestro, proporcione fertilizantes baratos a los agricultores. Ahí hay la propuesta de seguir el proceso de privatización y de liquidación de empresas nacionales para seguir haciéndose de recursos que permitan seguir garantizando altas ganancias al capital usurero en nuestro país. Ahí lo que existe es la continuación y profundización de una política para seguir empobreciendo y proletarizando a la mayoría y seguir concentrando la riqueza en un pequeño grupo de grandes empresarios nacionales en creciente asociación y subordinación con el capital extranjero.
En conclusión, en el gobierno mexicano no está la preocupación por garantizar a la agricultura mexicana condiciones para un desarrollo con justicia y libertad, sino la preocupación por quitarle trabas al capitalismo salvaje que requiere manos libres para hacer en el campo con la agricultura, con la propiedad de la tierra, lo que ha hecho con la riqueza en su conjunto, de este país: concentrarla en unas cuantas manos a costa del empobrecimiento masivo, la proletarización y la marginación social más extrema y eso genera descomposición social, genera narcotráfico, genera bandas paramilitares en nuestras serranías, genera todo, menos justicia y libertad. A eso vamos y desafortunadamente el debate que se nos había prometido iba a ser muy profundo y muy racional, no vemos condiciones para que se dé en esta Cámara. Gracias.
El Presidente: - Tiene palabra el diputado Jorge Zermeño.
El diputado Jorge Zermeño infante: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Por la importancia y enorme trascendencia que tiene para los mexicanos la reforma al artículo 27 constitucional, el grupo parlamentario de Acción Nacional, considera necesario señalar su postura en lo general frente a esta iniciativa.
Desde la fundación del Partido Acción Nacional hace más de medio siglo, nuestro partido en sus principios de doctrina señala lo siguiente: "El más grave, quizá, de los problemas nacionales, es el del campo y no será resuelto, antes se verá constantemente agravado por los métodos insinceros y de mero interés político que hasta ahora se han empleado al respecto.
Es un problema primordial de nuestra economía, pero es sobre todo un problema de elevación humana".
Reclamamos desde entonces el establecimiento y la afirmación de relaciones de justicia y armonía, el aprovechamiento de las riquezas y de las posibilidades del campo en cada región de México, mediante la adecuada conservación y explotación de la tierra, ejecución de obras de captación y alumbramiento de aguas.
Señalamos también en nuestros principios de doctrina, la necesidad de proporcionar a los campesinos crédito oportuno, suficiente, acceso ordenado a los mercados y la liberación del usurero y del intermediario, comprador a término o burócrata opresor.
Reclamamos también en nuestros principios de doctrina, la adopción de una organización tutelar, generosa y responsable, para dar orientación y eficacia en el trabajo, la adopción de medidas necesarias para dar preparación especial y elementos técnicos y materiales a los campesinos mexicanos, que haga posible una vida digna y en condiciones más humanas.
Señalamos también desde 1989, la exigencia de que cada familia campesina, inclusive la del ejidatario, tenga la posibilidad de obtener en plena propiedad la tierra que sea capaz de hacer producir eficazmente.
En un documento aprobado en la XX Convención Nacional, celebrada en el año de 1969, documentos "Por un cambio democrático de las estructuras", referente al problema, señalamos en ese entonces: "Los hechos que acontecen en el campo mexicano de un cambio profundamente innovador de las estructuras rurales, a pesar de lo que señala la propaganda oficial, intencionada y triunfalista".
No pretendemos, como nos imputan algunos párvulos de la política, reconstruir las haciendas o los latifundios, ni volver a las tiendas de raya; demandamos para resolver el problema del sector agropecuario, la elevación humana del campesino, un régimen justo y seguro de tenencia de la tierra, el impulso de su productividad económica y la integración complementaria, positiva y necesaria del sector agropecuario con el resto de la economía nacional e internacional, preferentemente en los procesos de industrialización.
Las soluciones del problema agrario no se mueven entre la trágica disyuntiva de productividad sin justicia ni dignidad humana para los campesinos o de justicia y dignidad sin productividad. Esta falsa disyuntiva que flota en el ambiente, no se ha originado por la dotación de recursos naturales ni por culpa de los campesinos; su origen está en la intromisión y manejo de la vida rural o intereses y ambiciones políticas.
No es posible que la reforma agraria dé sus frutos de liberación humana y de progreso económico, cuando se promueve y realiza sólo en la medida exacta en que no suponga cambios en las estructuras del monopolio político.
Siempre los regímenes totalitarios, confesos o vergonzantes, han encontrado en el sector agropecuario el mayor obstáculo para sus propósitos de dominio.
Todos estos señalamientos tienen por objeto, a nuestro juicio, satisfacer las exigencias de una verdadera justicia social para los hombres y mujeres del campo, que han sido ampliados en múltiples documentos, plataformas, tesis e iniciativas de ley que Acción Nacional ha presentado a la consideración del pueblo de México desde su fundación.
Hemos insistido en la terminación del reparto agrario, iniciado desde 1915, porque durante este largo y azaroso período de 76 años, el reparto no cumplió con los fines de una verdadera reforma agraria, como son: el fomento a la producción, la conservación y preservación de los recursos agropecuarios, no mejoró la agricultura ni satisfizo las auténticas aspiraciones de justicia social planteadas durante el período de la Revolución
Mexicana. La verdad es que desde su inicio se tomó como una bandera política, logró destruir los grandes latifundios, las grandes y medianas propiedades y, en general, todas las unidades productivas, sin crear nada, sin que sustituyera tales unidades.
En estas circunstancias, la inseguridad en la tenencia de la tierra, se convirtió en un grave problema que ha contribuido a la descapitalización, a la ineficiencia y a la atomización en la tenencia de la tierra en México y como consecuencia, a la improductividad en el campo mexicano.
En la exposición de motivos presentada por el Ejecutivo se pretende justificar todos los errores cometidos por la denominada reforma agraria, asentándose el objetivo del Estado mexicano, para llevar bienestar a la población rural, tenía como instrumento el reparto de tierras. La misma exposición de motivos señala, aunque en forma tardía, que este instrumento ya se ha agotado. Reconoce también en la exposición de motivos la necesidad de un cambio, porque estamos ante una realidad diferente, dice, que nos muestra en las propias cifras oficiales que solamente un 17% de las 196 millones de hectáreas que componen el territorio nacional son aptas para la agricultura.
En estas condiciones, se requiere de un enorme esfuerzo e imaginación para incorporar en forma racional tierras ahora improductivas al desarrollo nacional.
Tal como lo afirmó nuestro coordinador, el diputado Diego Fernández de Cevallos, haremos en lo particular propuestas que mejoren la iniciativa y, entre ellas, aparte de las que ya fueron enunciadas, por supuesto que tenemos interés que en la Constitución se establezca la necesidad de que la ley reglamentaria regule la inversión extranjera.
Nos preocupa, por otra parte, la manipulación y el control político que han padecido los campesinos, dadas las condiciones de miseria e ignorancia en que viven millones de compatriotas.
No se vale en estos tiempos un nuevo engaño. Si hay sinceridad en la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional, deben establecerse mecanismos claros en la propia ley que permitan al ejidatario o al comunero decidir con plena libertad, conocimiento sin presiones de ninguna especie, cuál será la forma de tenencia de la tierra que adopten.
Señalamos que hay en la iniciativa omisiones, falta de claridad en algunos aspectos que deben ser completados en esta iniciativa de ley. No es la hora de una confrontación ideológica de antaño. Tampoco es la hora de una nueva etapa de demagogia revolucionaria o antirrevolucionaria. Nosotros pensamos que es la hora de la verdad y que ésta debe prevalecer sobre cualquier tendencia, cualquier partidarismo o cualquier convenio internacional y la verdad en este momento para México, aquí y ahora, es que, por una parte, existe un minifundismo ejidal y no ejidal improductivo; que hay también una pequeña propiedad minusválida y hospitalizada por la política agraria adversa; que hay también una sobrepoblación rural que debe disminuirse y canalizarse humana y racionalmente a otras áreas de la producción de bienes y servicios; que existen grandes recursos naturales erosionados y destruidos, falta de producción y productividad para satisfacer las necesidades del pueblo de México y que nuestra función como diputados, representantes de la nación, es la de procurar el bien común para los ejidatarios y comuneros, para los jornaleros del campo que viven en la miseria, para los minifundistas y los propietarios. En fin, para que todos los hombres y mujeres que viven en el campo encuentren mejores alternativas de asociación, de organización para la producción, de capacitación, de crédito oportunos, esto es, de todos aquellos que contribuyan a liberarlos de una vez por todas de la manipulación política de cualquier signo y para que todos los mexicanos, independientemente del partido al que pertenezcamos, procuremos sin demagogia, sin falsas razones de estado y sin ningún complejo de inferioridad internacional, luchemos por el bien de México. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Torres Castillo, en contra.
El diputado Jorge Torres Castillo: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
En la historia de México se encuentran presentes, a partir de la invasión española en 1521, dos instituciones a través de la cuales el hombre se ha relacionado con la tierra: el derecho de posesión con finalidad social indígena y el derecho de propiedad privada español - occidental.
Y así se inicia una confrontación entre dos culturas, que ha marcado los hitos a lo largo de estos últimos 500 años. Dos divisiones en conflicto permanente: la indígena mexicana y la occidental. La primera para una producción al
servicio del pueblo mexicano y la segunda, al servicio del individuo y su ambición de riqueza.
Para el español de entonces y el occidental de ahora, la propiedad es: esta en mí tierra. Para el indígena de ayer, como para el indígena y el campesino de hoy el derecho a la tierra se precisa en la expresión: yo soy de esta tierra.
En la tierra de Anáhuac, lugar escogido a lo largo de milenios, para hacer en su seno sucesivas y trascendentales culturas, ha visto cómo sus ocupantes, simples hombres mortales, pero de una sabiduría visionaria, como los olmecas, los teotihuacanos, los toltecas y los aztecas, levantaron y consolidaron instituciones como el calpulli y su altepetlali, cuyos frutos se destinaban a los enfermos, a los ancianos, a los caminantes y en general al beneficio colectivo.
El Anáhuac ha visto cómo estas instituciones milenarias fueron decapitadas por el invasor español. Imponiendo en su lugar el régimen de la propiedad privada, que aparte de la especulación y el lucro instituye la esclavitud, la encomienda y la hacienda.
Luego del despojo, los excesos constitucionales a la propiedad privada produjeron la primera gran concentración de la propiedad de tierras en México y con ello el detonante básico de la guerra de independencia de 1810.
José María Morelos en su proyecto para la confiscación de intereses de europeos y americanos, de fecha 2 de noviembre de 1813, ordenaría que deben inutilizarse todas las haciendas grandes, cuyos terrenos laboríos pasen de dos leguas cuando mucho, porque el beneficio positivo de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo e industria y no en que un solo particular tenga mucha extensión de tierras infructíferas, esclavizando millares de personas.
De la Independencia para acá, se puede afirmar que la preocupación insurgente se centró en la consolidación de la independencia política. Dejando para otro momento el régimen jurídico de la tierra, con lo que los grandes terratenientes, con su derecho de propiedad privada individual escaparon de las leyes, cubriéndose además con el principio de inviolabilidad, para escapar también de las leyes...
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Señor Presidente, moción de orden.
El Presidente: - Un momento, diputado.
Aceptada, señor diputado Becerra. Suplico a los diputados tomar sus asientos y guardar silencio por respeto a los compañeros que están en uso de la tribuna. Prosiga, diputado.
El diputado Jorge Torres Castillo: - Es en ese tiempo en que se registra la segunda gran concentración de la propiedad de la tierra, cuando el clero se adueña de la mayor parte de las tierras y aguas del país. Para corregir estos excesos de la propiedad privada, el Constituyente de 1857, en el artículo 27, niega la capacidad legal a las corporaciones civiles o eclesiásticas, para adquirir en propiedad o administrar bienes raíces, instrumentándose este mandato en las leyes de reforma.
Con la promulgación de las leyes de colonización y la presencia en nuestro territorio de las compañías deslindadoras, surge la tercera gran concentración de la propiedad de la tierra, que llega a su máxima expresión en el porfiriato. En el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, se suscriben posiciones de los campesinos frente a los latifundistas y se advierte que se confiscarán los bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura actual y lo que se produzca se aplicará al cumplimiento del capítulo de tierras, especialmente a restituir a los yanquis, a los mayas y otras tribus, comunidades o individuos, los terrenos de que fueron despojados.
En el Plan de San Luis se demanda la restitución de las tierras a sus antiguos poseedores. Y Emiliano Zapata, en el Plan de Ayala, sentencia que los hacendados, científicos o caciques que se opongan al plan, se les nacionalizarán sus bienes, agregando que se aplicarán las leyes de desamortización, según convenga, pues de norma y ejemplo pueden servir las puestas en vigor por el inmortal Juárez, a los bienes eclesiásticos que escarmentaron a los déspotas y conservadores que en todo tiempo han pretendido imponernos el yugo ignominioso de la opresión y del retroceso.
Esta tercera gran concentración de la propiedad de la tierra, más la reelección del Porfirio Díaz, desencadenaron la revolución social de 1910. La Constitución de 1917 es el verdadero fruto de ese gran movimiento social y el artículo 27, junto al 123, son su espina dorsal, gracias a la conciencia, visión, gallardía y patriotismo de un puñado de mexicanos, que en su tiempo asumió su responsabilidad histórica al lado de México, de sus campesinos y trabajadores y de frente a los intereses capitalistas y occidentales. Ese
puñado de mexicanos que conformó el Constituyente de Querétaro, recibió, como esta Legislatura, una iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, pero a diferencia de aquella iniciativa enviada por Venustiano Carranza, que fue modificada de manera sustancial, hasta que se supo interpretar la necesidad sustancial y social de los hombres campo, esta legislatura sólo ha sido capaz, hasta este momento, de introducir modificaciones, reformas y adiciones a la exposición de motivos, pero incapaz de modificar un solo signo ortográfico del proyecto de decreto, que pretende, desde su perspectiva occidental y de integración a los Estados Unidos de América, imponer de un plumazo la cancelación del reparto agrario, la implantación de un latifundismo moderno y capitalista, al autorizar a las sociedades mercantiles operar en el campo y la entrega del ejido al gran capital nacional e internacional.
La materialización de los contenidos del artículo 27 constitucional, se producen en diferentes lugares y momentos, pero en la comarca lagunera de Durango y Coahuila, fue el 6 de octubre de 1936, fecha inolvidable del reparto agrario, que por ciento constituyó un vigoroso y ejemplar acto político del gobierno mexicano del general Lázaro Cárdenas del Río, mediante el cual se expropió, por causas de justicia social, de la manos de los señores feudales, de los terratenientes, latifundistas y hacendados porfiristas, las tierras de aquella comarca, para entregárselas a los campesinos que ya la trabajaban mediante la forma jurídica del ejido.
De esta manera, se restituye a México y los mexicanos de la Laguna uno de los factores de la producción, es decir, la tierra y al mismo tiempo dentro del régimen del ejido, pudo ajustarse el trabajo de los ejidatarios beneficiados en una línea que fortaleció la soberanía de México sobre la producción agrícola nacional.
El reparto agrario en La Laguna como acto político de gobierno nace de la necesidad de devolver al pueblo lo que al pueblo pertenece, recuperando para México una considerable superficie agrícola que se encontraba en unas cuantas manos, por cierto mayoritariamente extranjeras. El reparto agrario de La Laguna constituyó un voto de confianza del gobierno para el pueblo mexicano, mismo que desde ese día contó no sólo con alimentos suficientes para sus hijos, sino con libertad económica para transmitirla a sus herederos. Ese sí fue un verdadero acto de libertad, de independencia económica y laboral para los ejidatarios y de justicia social para el Estado.
El reparto agrario de Cárdenas nació de múltiples necesidades del pueblo que se encontraban a la vida de todos, pero que sólo pueden ser contempladas y entendidas por los hombres que gobiernan cubiertos con la piel de su pueblo, porque el gobierno en un estado de derecho debe ser para el pueblo y no para sus apariencias, mucho menos para servir a los enemigos del pueblo. Los fundamentos del reparto agrario en La Laguna los encontramos en la justicia social, valor fulgurante de nuestra Carta Magna, del mismo modo el reparto agrario parece haberse inspirado en aquel principio que reza: "que el pueblo de México no será democráticamente independiente mientras sus recursos pertenezcan a unas cuantas manos y menos cuando dichas manos son extranjera".
El reparto agrario en La Laguna fue un acto bueno, honesto y mexicano
El Presidente: - Diputado, le recuerdo que han transcurrido sus 10 minutos y ojalá y pueda abreviar su intervención.
...Fue un acto bueno, honesto y mexicano, de un Presidente que sin demagogia se instaló en la milpa nacional y desde ahí junto a los campesinos sembró semillas en las instituciones que como el ejidal lagunero habrían de producir bienestar económico y material, libertad, justicia social, independencia y soberanía nacional.
En La Laguna, como en el resto del país, los jornaleros agrícolas son explotados, la miseria es alarmante y es en este momento cuando aparece una iniciativa que es un nuevo paso inconsulto de este gobierno presidencialista y autoritario. Allá los campesinos ignoran el texto de esta iniciativa, pero temen que algo grave está por suceder; ante el temor de llevar esta iniciativa a la consulta de los campesinos..
El Presidente: - Señor diputado, le recuerdo nuevamente su tiempo.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez (desde su curul): - Usted nos informó que había recibido la indicación de que había habido un acuerdo parlamentario que era voluntad, nunca conocimos ni el texto ni sabemos que haya sido firmado, en todo caso como es voluntario y como no ha sido leído ni sabemos que exista por escrito tal acuerdo, simple y sencillamente los oradores tienen derecho a usar los 10 minutos como recomendación o usar el tiempo que marca el reglamento, mientras no exista un acuerdo parlamentario por escrito firmado por las fracciones parlamentarias, lo cual entiendo no existe y usted sólo mencionó que era una sugerencia de una cuestión voluntaria, por lo que le pido atentamente que permita que el compañero concluya su intervención.
El Presidente: - Diputado Bejarano, lo primero es que si usted observa con detenimiento lo que mencioné, es que habría una restricción voluntaria; es decir, completamente libre, de oradores, en el sentido de que no se le pedía restringir a ningún partido ni orador hacer uso de la tribuna si ya estaba registrado en ese punto y lo que sí mencioné es que la otra parte del acuerdo era la limitación del tiempo a 10 minuto. Independientemente de la existencia o no de texto, tengo uno que se me hizo pasar aquí, pero la limitación de tiempo de 10 minutos fue sometida a consideración de la asamblea y se votó en el momento de acordar la prórroga. De cualquier manera yo entiendo la vigencia del reglamento y permitiré la continuación del orador hasta que termine su intervención. Sí me permitiré recordar cuando transcurra ese lapso, para poder ordenar la discusión. Mi intervención no es obstaculizar la discusión ni menos originar una polémica desde mi punto de vista innecesaria; el orador puede continuar en el uso de la palabra en los términos de la moción que se hizo.
El diputado Jorge Torres Castillo: - Ante el temor de llevar esta iniciativa a los campesinos, a escuchar la voz de los campesinos y frente a la inminente aprobación de un dictamen sometido a la orden presidencial, me permito preguntar:
¡Será capaz la mayoría de esta Legislatura de impulsar con estos cambios la expulsión de millones de compatriotas del campo y de orillar a muchos ejidatarios a vender sus parcelas?
¡Será capaz la mayoría de esta Cámara de promover con las reformas al 27 constitucional el desempleo, la legislación del rentismo parcelario, el abaratamiento de la mano de obra de los jornaleros y llevar mayor miseria al campo?
¡Será capaz de echarse tierra a los ojos para no ver que aún existen latifundios abiertos y simulados y que las sociedades mercantiles se convertirán, como en el pasado, en verdugos de los campesinos y se establecerán como latifundios modernos y capitalistas?
¡Será capaz de permitir y facilitar la siguiente concentración de la propiedad de la tierra en unas cuantas manos, ignorando los peligros intrínsecos que ello conlleva?
¡Será capaz esta honorable Legislatura y su mayoría, de persistir en la frivolidad para aprobar un dictamen que ignora las opiniones disidentes y desprecia toda una experiencia histórica y el sentir de los favorecidos o afectados por esta iniciativa, que son los campesinos?
Compañeras y compañeros diputados: el México de ayer, el México del campo, el México social, el México independiente, el México de Juárez, el México de Villa y de Zapata, el México de Cárdenas, el México moderno, el México milenario, espera de nosotros una respuesta digna y a la altura de nuestro tiempo; espera de nosotros responsabilidades histórica, visión hacia el futuro y, sobre todo, patriotismo. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para rectificar hechos, por cinco minutos, el diputado Cuauhtémoc Amezcua, del Partido Popular Socialista.
El diputado Cuauhtémoc Amezcua Dromundo (desde su curul): - Declino, señor Presidente.
El Presidente: - Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra para hablar en favor, el diputado Pedro Ojeda Paullada.
El diputado Pedro Ojeda Paullada: - Señor Presidente; compañeros diputados:
Por la restricción que nos hemos impuesto, debo ser muy breve y creo realmente que eso resulta altamente benéfico para el debate, no porque no pudiéramos repetir aquí cuidadosamente todas se han venido discutiendo, sino porque como ustedes saben bien, los que tuvimos la oportunidad de participar en la elaboración del dictamen, hemos hecho un esfuerzo por varios días para compendiar, concentrar, de una manera concreta, de un manera inteligible, la suma de aportaciones que recibimos.
Debo referirme, por lo tanto, a un párrafo que aparece en los antecedentes del dictamen y que
dice: "Durante el desarrollo de estas audiencias y en los trabajos de las comisiones unidas que dictaminan, los diferentes partidos políticos hicieron aportaciones que se incluyen en el presente, en la inteligencia de que en puntos en que no se logró consenso, procederán a presentarlos ante el pleno y que sus planteamientos deberán ser recogidos como parte de ese dictamen.
Por supuesto que no nos hubiéramos atrevido a poner esto aquí, de no existir conciencia y seguramente que de ello participa la voluntad colectiva de esta Cámara, de que habrá la oportunidad por cada uno de los partidos y también individualmente por cada uno de los diputados, de plantear en lo particular, cuestiones que a todos nos interesan y que seguramente representan, no sólo una fuerte corriente de opinión, sino algo que seguramente será considerado con una atención muy concreta por todos nosotros cuando se estudie este dictamen en la particular.
Por lo tanto, solamente me referiré a un par de cuestiones que, a mi juicio, no se han traído acá como referencia válida para este asunto. En primer término, la referencia formalista, si se quiere ver así, pero al fin y al cabo cierta, de que vivimos con un sistema nacional de planeación. Que éste obligó al Presidente de la República a presentar, antes de que se cumpliesen seis meses de su gestión, un Plan Nacional de Desarrollo. Que para realizarlo fue necesario cumplir otro requisito también que en nuestra estimación se cumplió ampliamente, que fue precisamente el de hacer consultas públicas sobre todos los temas que contiene ese Plan Nacional de Desarrollo.
Que a partir de ahí y tanto aquí en el Congreso de la Unión con los informes trimestrales, con las comparecencias de los secretarios, con el informe presidencial, se tiene una secuencia clara de los hechos acontecidos en los últimos tres años, y de entre de ellos se destaca que el señor Presidente de la República ha realizado giras de trabajo con los campesinos en todo el país, durante todo el tiempo, con una intensidad que no necesito exagerar, para decir que verdaderamente sorprendente, tanto en el número de sus participantes directas con los campesinos como por la profundidad en el tratamiento de los temas correspondientes.
También han tenido que trabajar con el mismo ánimo sus colaboradores en el Ejecutivo Federal, lo han hecho en cumplimiento de su deber, pero con una convocatoria expresa e intensa del jefe del Ejecutivo Federal y también a ustedes les consta que los líderes campesinos de cualquiera de las corrientes ideológicas han trabajado también de manera muy intensa durante este trienio.
Si eso no fuera suficiente, habría que sumarle el trabajo que el Presidente de la República realizó durante toda su campaña presidencial y la que se realizó en esta jornada que concluyó el 18 de agosto, que dio nacimiento a esta LV Legislatura.
Por lo tanto, se puede decir, para no hablar de referencias anteriores, que cuando menos hay cuatro años ininterrumpidos de intensa y clara labor de análisis de la realidad nacional en relación con el campo y que se han hecho todo tipo de planteamiento como para que tengamos la plena certidumbre de que realmente la iniciativa presidencial ha recogido un conocimiento palpable, claro, de la realidad nacional.
Hace pocos días, el 15 de noviembre, los secretarios de Hacienda y Crédito Público y de Programación y Presupuesto, presentaron también, en cumplimiento de la ley, los Criterios Generales de Política Económica y las iniciativas correspondientes de Ingresos y de Presupuesto de Egresos. Sabemos los avances que ha habido en el ajuste de la economía, realizados con gran sacrificio del pueblo mexicano y sabemos también plenamente los alcances y posibilidades actuales del erario, así como que existe la decisión política de apoyar al límite de las posibilidades al desarrollo agropecuario del país.
Por lo tanto, repito, dejaríamos bien claro que lo que aquí estamos haciendo es del conocimiento individual de cada uno de los diputados y de toda la opinión pública nacional y que por lo tanto podríamos afirmar que quienes no hubiesen podido conocer la realidad en la materia antes cualquier circunstancia, ahora, especialmente los que recibimos el voto popular, sí la hemos palpado con todo el drama que ello significa.
También debemos entender que las realidades que conocemos, indudablemente que tienen causas y consecuencias y que debemos actuar desde luego, no con una audacia meramente, sino con un profundo y sereno conocimiento de causa, en favor de todo aquello que sirva para defender los objetivos nacionales de soberanía, de justicia, de libertad y que esto, en materia agraria, es permitir, como lo están demandando airadamente los líderes agrarios y los campesinos mismos en toda la nación, la oportunidad de su autodeterminación.
Ciertamente también se ha determinado poco frente a la importancia del tema, en relación con la prevalencia del minifundio como de los obstáculos fundamentales para nuestro desarrollo y aquí tomamos por igual el minifundio en el ejido y la comunidad, como también el minifundio del pequeño propietario.
Lo dice la exposición de motivos y lo dice también el dictamen. Más del 91% de los predios agrícolas de este país, incluyendo en ellos los ejidales, los comunales y las pequeñas propiedades, tienen menos de 20 hectáreas de superficie. Desde luego sabemos que aún habrá algunas tierras que repartir. También hemos analizado la existencia de un rezago que se resolverá conforme a la legislación actualmente en vigor.
También sabemos que la iniciativa incluye también la venta de excedentes y que no se permitirá el latifundio en ninguna de sus formas y sabemos también que el apoyo al ejido y a la comunidad queda garantizado, así como que también la presencia de sociedades mercantiles y de capital en el campo, ya no puede extrañar a nadie, porque nadie, a mi juicio, podrá ostentar tampoco que se puede trabajar sin capital.
Así pues, solamente quisiera insistir en que la convicción personal que he adquirido a lo largo del conocimiento concreto de esta cruda realidad nacional, y específicamente lo que hemos realizado en más de un mes de inmenso trabajo, de intensa relación, nos mueve a pedir que precisamente todos los que participamos en esta alta responsabilidad de definir nuestra postura, aceptamos las nuevas realidades, pero no como una consecuencia fatal para perder alguno de nuestros principios, sino al contrario, como punto de referencia para encontrar nuevos caminos que nos permitan ganar nuestros objetivos, que son el de la justicia para el campesino, de la libertad con defensa de nuestra soberanía y, después luego, reconociendo la necesidad de que el trabajo de los campesinos tenga un justo reconocimiento social y una justa contraprestación a su esfuerzo. Muchas gracias.
El Presiente: - Tiene el uso de la palabra, para hablar en contra, el diputado Martín Tavira Urióstegui.
El diputado Martín Tavira Urióstegui: - Señor Presidente, honorable miembros de la Cámara de Diputados.
Alguien dijo en esta tribuna el día de hoy que la justicia y la libertad están fuera de los partidos políticos o deben estar fuera de los partidos políticos. Pero nosotros en el Partido Popular Socialista sostenemos que la libertad y la justicia son categorías históricas, tienen siempre un contenido concreto frente a la realidad concreta. ¡Qué es justicia para los trabajadores y para los campesinos? Justicia para los trabajadores es el derechos de huelga; justicia para los campesinos es el derecho de la tierra. Ya no funciona aquel viejo concepto que nos enseñaron nuestros profesores en la escuela de derecho, de que justicia es dar a cada quien lo suyo, vieja concepción de la cultura griega: darle a los esclavos lo que merecen como esclavos: dar a los hombres libres lo que merecen como hombres libres; dar a los patricios lo que merecen como patricios y la libertad, libertad siempre de quién y frente a quién, no libertad en abstracto. ¿Libertad de las potencias imperialistas para saquear a los pueblos, o libertad de esos pueblos para liberarse de las potencias imperialistas! ¿Libertad de los trabajadores para hacer valer sus derechos frente a los poderosos, o libertad de los poderosos para aplastar a los débiles!
¡Es libre el hombre que tiene su miseria espiritual? ¡Es libre el hombre que no sabe leer? ¡Es libre el hombre que no tiene que comer? Dice una frase romántica que los indios son libres como las olas que tiene el ancho mar. Pero esos indígenas que viven en la extrema pobreza, ¡de qué tienen libertad?
Ahora bien, hay dogmas y principios, señores diputados; los dogmas son fórmulas muertas, impuestas a los demás como principios de autoridad, pero los principios, especialmente los principios revolucionarios, son otra cosa; son el resultado de un proceso, siempre, de un proceso social, de la práctica social, del esfuerzo de la humanidad para transformar la sociedad y para transformar la naturaleza.
De manera que una cosa son los partidos dogmáticos y otra cosa son los partidos que se basan en principios conquistados por la lucha de los pueblos. México tiene su pueblo, principios conquistados por el esfuerzo de tantas generaciones que dieron la vida por ellos.
Un partido político que carece de principios siempre va dando palos de ciego, porque no tiene idea, directrices firmes. Pero un partido que tiene principios, es un partido que tiene siempre un horizonte claro y tiene la perspectiva bien definida hacia dónde quiere ir.
Señor Presidente; señoras y señores diputados: la lucha por la tierra en nuestro país forma parte de la personalidad de México, es decir, de nuestra
nación. Al respecto, Vicente Lombardo Toledano escribió: "su apego profundo a la tierra y su sentimiento de dominio sobre todo lo material que la tierra representa, ha desempeñado la principal fuerza motriz en las grandes luchas que el pueblo mexicano ha librado en las tres revoluciones trascendentales de nuestra historia y en su resistencia a la intervención del extranjero en su vida interior".
Y enriquecía sus tenis con estas otras ideas: "De la tierra depende la felicidad o la miseria perpetua del pueblo. De la tierra depende la posibilidad de cambiar el carácter económico, social, político y cultural de nuestro país y de ella depende que México sea en el futuro, ya que hoy por desgracia sólo lo es a medidas, una nación soberana, autónoma, respetable y respetada".
Hemos dicho que las ideas universales y la experiencia de otros países sólo pueden penetrar en nuestro suelo si funden con nuestras necesidades, con la idiosincrasia pueblo. En suma, con nuestro desarrollo histórico, por eso las copias extralógicas de experiencias ajenas, son desastrosas para nuestro país y para todos los países del mundo.
No debemos asombrarnos con el desarrollo agrícola de otras latitudes y tratar de imitar lo que en ellas han hecho sus habitantes, si su camino histórico es distinto al nuestro. México tiene una vía propia para resolver sus problemas de carácter agrario. Esa vía arranca de nuestro pasado indígena que forma parte fundamental de nuestro ser nacional y se prolonga en los tiempos debido a la obra de las revoluciones de México.
Decía Morelos en "Los Sentimientos de la Nación", con gran sabiduría: "que los estados mudan costumbres", es decir, "no permanecen estáticos y, se transforman sin cesar. Pero hay principios, categorías y conquistas que deben permanecer, porque son inherentes a la propia existencia de la nación". Precisamente entendemos que la política es el conocimiento y la estrategia para dirigir a la sociedad hacia etapas más avanzadas a partir de lo que han construido las generaciones precedentes.
La conquista de nuestro país en el siglo XVI, destruyó gran parte del legado indígena. Pero las culturas autóctonas tenían tanta falta en su ser social, que no pudo arrasarlas en forma total. De nuestras culturas indígenas quedan instituciones que los tres siglos de coloniaje no pudieron destruir. Una de ellas es la comunidad. El gobierno metropolitano reconoció su estructura a través de normas, pero a pesar de ellas, los despojos estuvieron a la orden del día, así lo reconocieron personajes apegados al gobierno extranjero, como el virrey Martín de Mallorca, quien en la ordenanza expedida el 23 de febrero de 1781, reconocía los abusos contra los pueblos indígenas.
El obispo de Valladolid, Manuel Abad y Queipo el mismo que excomulgó al Padre de la Patria, reconocía en 1804 la tremenda concentración de la tierra que había en la Nueva España: 10 mil haciendas y 20 mil propietarios.
La Revolución de Independencia dio su aporte a la cuestión agraria. Hidalgo y Morelos, por medio de decretos, desplegaron toda su energía para reconstruir las comunidades indígenas ordenando que les fueran devueltas sus tierras.
Morelos puso límites a la propiedad de la tierra; ordenó el fraccionamiento de los latifundios y definió desde aquel entonces, lo que debía ser la pequeña propiedad. El beneficio de la agricultura consiste en que muchos se dediquen con separación, a beneficiar un corto terreno que puedan asistir con su trabajo.
En 1821 terminó la guerra por la Independencia, pero la revolución, la revolución. Por eso había de continuar la batalla por destruir la estructura heredada de la Colonia, fundamentalmente la concentración de la tierra.
La Revolución de Reforma sólo destruyó una parte de esa estructura feudal: el latifundismo eclesiástico. Pero el Congreso Constituyente de 1856 - 1957, se oyeron voces avanzadas como la de Ponciano Arriaga, que clamaban para ir al fondo del problema agrario, en su famoso voto particular del 23 de junio de 1856, habló claramente de dotar de tierra a los pueblos. Propuso en forma concreta: "los pueblos, congregaciones y rancherías deberán ser dotadas de tierras, debía indemnizarse al propietario anterior y repartiéndose los solares entre los vecinos, ascenso enfitéutico". Es decir, no se otorgaba la plena propiedad de la tierra.
La Revolución Mexicana tuvo que enfrentarse a un latifundismo que lindaba en las relaciones feudales y aun esclavistas. Las leyes de colonización y deslinde dictadas durante el porfiriato, llevaron la concentración de la tierra a una situación muy particular en el mundo; las haciendas se tragaron a los pueblos y la extensión de los latifundios podían igualarse a la de los países de Centroamérica y de Europa.
Pero nuestro movimiento social no ignoró el pasado agrarista; tomó de él lo mejor y lo proyectó hacia el porvenir. La restitución de las tierras a las comunidades indígenas, como en la época de Morelos, tenía que ser una demanda sustancial. Dotación de tierras a los pueblos que carecieran de ellas, tomándolas de las propiedades vecinas y fraccionamiento de los latifundios para construir la pequeña propiedad, fueron las tres categorías agrarias alrededor de las cuales giró la lucha por la tierra.
Claro que tenía que haber diferencias en los objetivos agraristas de los combatientes revolucionarios. La estructura económica - social era distinta en el norte del país y en el sur; había un desarrollo desigual entre ambas regiones del país.
En el norte, las relaciones capitalistas en el campo se habían desarrollado y había surgido un proletariado rural. Los vaqueros constituían un sector que sobrepasaba en su nivel de vida a los campesinos que laboraban en las haciendas.
Dice Lombardo: "Había un proletariado rural que a veces vaquero, a veces ladrón de ganado, por hambre, a veces gambusino, a veces minero".
Esto explica que los caudillos del norte surgieron de una diversidad de clases y sectores sociales y también explica la formación de los ejércitos victoriosos que le rompieron la espina dorsal al Ejército Federal, como la División del Norte, al mando de Francisco Villa.
Los planes y la leyes agrarias del norte, más bien ponían el acento en la destrucción de los latifundios para construir la pequeña propiedad, como la Ley Agraria de Villa de 1915 o el Pacto de la Empacadora o Plan Orozquista de 1912.
En cambio en el sur, en donde había despojos a los pueblos y a las comunidades y se había enseñoreado la servidumbre por deudas, la demanda era la restitución de tierras y la dotación de ejidos, como claramente se establece en el Plan de Ayala del 25 de noviembre de 1911 o en la Ley del 6 de enero de 1915.
Claro, la reforma agraria fue un proceso que se fue afinando, conforme la revolución se afianzaba y las masas campesinas formulaban nuevas demandas, se distinguen en varias etapas.
En la primera. El objetivo era darle un pedazo de tierra al peón, para que completara sus ingresos de supervivencia.
La segunda. Dotar de tierra a los poblados y restituir a las comunidades, sus áreas.
En la tercera. Emprender a fondo el desmantelamiento de los latifundios, con el fin de entregar la tierra a los peones y jornaleros, para construir ejidos en las zonas más ricas del país, organizando el trabajo colectivo, con asistencia técnica y crédito.
Esa es la etapa de Lázaro Cárdenas, durante la cual se entendió con fidelidad el sentido profundo de la reforma agraria emanada de la revolución.
A esta misma etapa corresponden las luchas obreras en el campo, recordemos la huelga de los campesinos de la comarca lagunera, exigiendo contrato colectivo único de trabajo; estos obreros agrícolas dirigidos por la Confederación de Trabajadores de México, hicieron estallar la huelga de manera intransigente. Lombardo Toledano recuerda cómo el general Cárdenas negoció con los trabajadores la entrega de la tierra, que sea la voluntad de los campesinos la que los campesinos la que decida qué debe hacerse en este caso: si se impone el contrato colectivo a los terratenientes, a los hacendados laguneros, o se entrega la tierra a los campesinos y el gobierno cardenista obedeció la voluntad del campesinado de la comarca lagunera y los latifundios fueron entregados a los campesinos. Es que Cárdenas entendió como ningún otro gobernante después de 1917, cuál era el drama del campo de México y cómo hacer del campesinado un sector dueño de su destino, emancipado, amo y señor de sus tierras.
¡Quién ha dicho, señoras y señores diputados, que el ejido debía quedarse en la situación de simple área de cultivo? Nuestro partido, el Popular Socialista, por voz de su guía y fundador, habló de un nuevo ejido, éste sí realmente moderno, que pudiera ser ganadero, minero, agroindustrial o turístico. ¡Quién ha dicho que el campesino mexicano es incapaz de grandes empresas y que se resigna a su pobreza permanente? La revolución quiso al campesinado sin amos, sin capitalistas que lo explotaran, que se llevaran la plusvalía al extranjero; la revolución quiso que el ejido fuera el pivote de la producción, para que el país tuviera autosuficiencia alimentaria, la revolución quiso que el ejido mirara básicamente hacia el mercado interno, a efecto de que la nación no dependiera de coyundas que no sujetaran a la producción extranjera de los centros del poder económico.
En fin, el ejido es creación de la historia revolucionaria de México, forma parte del ser nacional;
su desmantelamiento pondrá en grave peligro la propia integridad territorial del país. Por la vía capitalista las inversiones extranjeras penetrarán por todos los poros del suelo nacional y nadie sabe cuál será el futuro que nos depara, enredados en los lazos que nos tiendan los magnates del exterior.
No es verdad que los Constituyentes de Querétaro hayan seguido la doctrina patrimonialista de la etapa colonial, al fijar el concepto de que la propiedad pertenece originariamente a la nación, en el dispositivo 27 de la carta Magna.
Había una experiencia: las tierras, aguas y el subsuelo de México, estuvieron en gran parte bajo el dominio extranjero; era urgente rescatar nuestras riquezas y entregarlas a la nación, para forjar un escudo frente a la penetración neocolonial.
Hoy ese legado histórico está en peligro de perderse, de aprobarse las reformas constitucionales propuestas por el Ejecutivo Federal.
Como dijo Benito Juárez, señoras y señores diputados: "Nadie podrá librarse del juicio tremendo de la historia". Las generaciones venideras que heredarán un legado de luchas pedirán cuentas, seguramente, a quienes el día de hoy alegremente se afanan en cancelar un vía que el pueblo mexicano ha venido construyendo con su esfuerzo, su sacrificio y su sangre. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para razonar su voto, el diputado Juan de Dios Castro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Si uno pudiera encontrar lo que hay que decir cuando todas las palabras se han levantado del campo como palomas asustadas.
Este debate sobre el artículo 27 de la Constitución, lo inicio con una expresión, una expresión de un alto funcionario federal, pronunciada en aquel sexenio mesiánico: "El campesino está organizado para votar, pero no está organizado para producir".
Y esa frase, señoras y señores diputados, refleja la historia del campesino en México. ¡En qué forma ha parado la política agraria del gobierno? ¡Cómo se ha cumplido el propósito sustancial de la Constitución de 1917?
¿Un sexenio después otro altísimo funcionario, nada menos que el Ejecutivo Federal, llorando en el Congreso pedía perdón a la clase marginada de México! Y entre esa clase a los millones de compatriotas nuestros que viven escasamente en condiciones de infrahumana justicia con lo poco que les queda de la explotación de sus parcelas en forma colectiva.
El problema agrario, señoras y señores diputados, implica estos factores: el hombre, su relación con la tierra, es decir, el régimen de propiedad y, por último, la producción.
No se nos diga, como alguien dijo en estos días, que íbamos del brazo del partido oficial en esta iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución.
¡Que ha hecho, qué ha hecho, señoras y señores, en estos tres aspectos, en relación con estos tres problemas fundamentales el gobierno y el partido de la mayoría desde que se ha realizado la reforma agraria por los regímenes emanados de la revolución?
Vayamos con el hombre, primero. ¡El campesino como campesino, ha sido técnicamente preparado? ¡Tiene libertad política? ¡Tiene todas las libertades para que el hombre no sea un pedazo de hombre? Evidentemente que no. El campesino hasta ahora, para el régimen, ha sido una pieza en el engranaje de las imposiciones y de la perversión política del mexicano. (Aplausos.)
Vayamos al segundo factor: la vinculación del hombre con la tierra. ¡Lo ha resuelto el gobierno? Evidentemente que no. Aquí se han dado antecedentes sobre la situación del ejido.
Bueno, señores, Zapata hablaba del ejido; pero Zapata también hablaba de dar propiedad a los ciudadanos, en el Plan de Ayala. Y Madero, en el Plan de San Luis, en el artículo 3o. del Plan de San Luis, hablaba de la posibilidad de dar tierra en propiedad y de adjudicarla en propiedad.
Y en la revolución, en esa ley preconstitucional del 6 de enero de 1915, elaborada por un revolucionario, quien dijo "haber recibido el más alto honor de su vida al hacer sido propuesto como candidato presidencial de Acción Nacional", Luis Cabrera, incorporada al artículo 27 de la Constitución, hablaba "del pleno dominio de la tierra", adjudicarla "en pleno dominio". Y eso en castellano, señores, es ¿propiedad privada!
Y en 1920, cuando se promulga la Ley de Ejidos en el período de Alvaro Obregón, se habla del ejido solamente "como régimen transitorio". Pero claro señores, claro, no se podía dar la propiedad
al campesino mexicano, porque dándola sería libre.
Nosotros queremos ver a la gente del campo como a una clase fuerte, activamente fecunda de pequeños propietarios rurales. Una visión del campo no simplemente como paisajes y ternura, sino como un orden justo y fecundo, como cambio de libertad, de dichas y de dignidad para el hombre. Vemos señores en el campo la columna vertebral de la patria.
Y estamos y vamos a votar en lo general en favor de la iniciativa. ¿Recoge esta viejísima y cara bandera de Acción Nacional, establecida desde la fundación del partido? No en su integridad todas las banderas, como dijo alguien. Abre la posibilidad para que el campesino tenga la tierra en propiedad; pero ya lo dijo nuestro coordinador. La mejor ley del mundo: la tierra en propiedad al ejidatario con las posibilidades y expectativas que abre la iniciativa del artículo 27 constitucional, la posibilidad de que el ejido transfiera el dominio a los ejidatarios sobre su parcela, no será, no será señores, suficiente para resolver el problema del campo, porque la sola tierra no es suficiente para resolver uno de los más graves problemas del país, que es fundamentalmente de elevación humana.
¿La solución está en una palabra: tacto! Tierra, agua, crédito, técnica y organización necesita el régimen, si verdaderamente quiere resolver el problema del campo, instrumentar una serie de medidas adicionales.
El ejido, el ejido se ha dicho aquí, ha sido el reparto agrario durante décadas. De 1916 a 1991 han repartido señores, 108 millones o más de hectáreas en el país, cerca de la mitad del territorio nacional; susceptibles de cultivo 29 millones de hectáreas han repartido territorio nacional.
El informe presidencial rompe el mito, el tabú del reparto agrario, reconoce por primera vez en la historia de las luchas agrarias del país, el hecho de que el reparto hecho por el sistema se hizo y llegó a ser con propósitos estadísticos.
¿Y la producción señores?, ¡los que nos han atacado?, ¡los que han atacado a los que estamos en favor del pro, siendo también parte de la oposición? ¡Cuál es el resultado de la producción del ejido? Del 100% de los ejidos, señoras y señores, solamente el 15%, el 15% tiene, señoras y señores, la productividad suficiente para el abasto y el mercado, y el ingreso per capita suficiente, equiparable a un obrero calificado o equiparable a una persona con grado de licenciado, y del 85% restante el 25% puede llegar a producir, con apoyo y financiamiento sostenido y eficaz por parte del gobierno y el 60% restante, ni con apoyo sostenido puede llegar a ser productivo, porque la permanencia del ejido que prevé la iniciativa, requiere algo más señoras y señores, la redistribución de la tierra para combatir el minifundio en el ejido que todavía prosiga con esta iniciativa presidencial.
Se ha agotado mi tiempo. Podrá, señoras y señores dar más datos, por la gravedad de la hora no tenemos más remedio que gritar estas cosas, precisamente porque esta hora es grave, porque es la hora del balance de la larga historia de explotación y miseria en el campo, por eso, porque ésta, ésta señores es la hora del esfuerzo, de la liquidación, del sacrificio y del riesgo, pero también de aquí en adelante, de aquí en adelante si el gobierno es sincero para atacar el problema del campo, es la hora de las posibilidades, de los deberes, es la hora de la verdad de México, del bien de México, de la salvación de México. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Miguel León, para hablar en contra.
El diputado Miguel Angel León Corrales: - El ejido es una forma de propiedad y explotación de la tierra, emanado directamente del Constituyente de 1917. En el artículo 27 quedó establecido con claridad que la tierra y los recursos naturales de México son propiedad de la nación y que su explotación y beneficio deben favorecer a todos los mexicanos.
A través del ejido varios millones de mexicanos pudieron poseer tierra por vez primera. Nadie puede negar que el ejido se ha convertido en una unidad económica, política, social y cultural, que es parte fundamental del México actual. El ejido es un patrimonio común de un centro o grupo de población, por eso el ejido es mucho más que una simple unidad de producción, es también un continente de vida social en el campo en el cual subsiste y se produce un vasto sector de la sociedad rural mexicana.
El ejido por tanto no es sólo un pedazo de tierra que se hace producir, es el asiento y es el hogar de una parte muy importante de la sociedad mexicana. Nos encontramos hoy de cara a una iniciativa de ley que pretende trastocar por completo esta realidad ejidal, que nos presenta la reforma a nombre de una crisis de vastas proporciones en el campo, que nos dice que nuevas realidades demandan una reforma de fondo; se
afirma en la exposición de motivos de la iniciativa de ley, que la proporción de habitantes en el campo ha permanecido alta en relación con su participación en el producto.
Así, la fuerza de trabajo que labora en el campo alrededor de la cuarta parte de este país, genera menos del 10% del producto nacional. Se afirma que el minifundio representa estancamiento y deterioro que se traduce en producción insuficiente, baja productividad, relaciones de intercambio desfavorable y niveles de vida inaceptables.
Se nos informa que desde hace un cuarto de siglo el crecimiento promedio de la producción agropecuaria ha sido inferior al de la población, lo cual ha provocado que una parte importante de los alimentos esenciales que consume el pueblo mexicano tuviese que adquirirse fuera de nuestras fronteras. Puesto que la iniciativa significa cambios que van a reducir drásticamente la superficie ejidal en beneficio de la propiedad privada, puesto que lo que trae consigo la iniciativa no significa en lo más mínimo el debilitamiento de la propiedad privada de la tierra, al contrario, la iniciativa le abre las puertas de par en par a la expansión de lo que se ha llamado en México pequeña propiedad, queda claro entonces que para el Ejecutivo de esta nación la culpa de esta amarga realidad en el agro mexicano la tiene el ejido.
En la propuesta de reforma se habla de realizar los ajustes que demande la circunstancia nacional, pero los ajustes se encaminan en detrimento de la superficie del ejido y a favor de la propiedad privada. Se asocia el deterioro de la producción agropecuaria con las formas de tenencia de la tierra y se atribuye exclusivamente a la forma de propiedad ejidal y comunal ese deterioro. Pero en este país, así como existen ejidos improductivos, existen pequeñas, medianas y grandes propiedades privadas también improductivas y así como existen propiedades privadas productivas existen también ejidos rentables con rendimientos agrícolas de primer orden tanto en los orientados al cultivo de granos básicos como los orientados al cultivo de hortalizas.
El ejido, situado en condiciones de igualdad en riego, infraestructura y crédito frente a la pequeña y grande propiedad, puede obtener rendimientos similares o superiores a éstas y nadie puede negar que la producción ejidal ha demostrado en innumerables momentos y condiciones ser la más racional y redituable de nuestro campo y a la que mejor contribuye además a la conservación y equilibrio de los ecosistemas.
No estamos negando con esto en el ejido hoy enfrenta graves problemas de productividad y rentabilidad, pero las dificultades del ejido no son el producto directo de su forma de tenencia. Estas dificultades se encuentran enmarcadas en un deterioro global de la producción agropecuaria que incluye también a la propiedad privada y en todo caso ese deterioro global es el producto directo de la política agropecuaria implementada por los regímenes priístas durante varias décadas.
Lo que no dice la exposición de motivos del proyecto de reformas salinista, es que primero durante la época de desarrollo con la estabilidad y después cuando esa estabilidad y ese desarrollo se terminaron, el Estado mexicano ha venido implantando un modelo de desarrollo agropecuario que ha conducido a la polarización del agro mexicano.
En ese modelo fue abandonado por completo el proyecto de ejido, surgido de la reforma agraria producto de la Revolución mexicana. La reforma agraria contenida en el 27 está planteada en términos que van más alla del reparto de la tierra, significaba crear en los ejidos condiciones para hacer producir la tierra, riego, crédito, asesoría técnica, educación, capacitación, energía eléctrica, caminos, condiciones adecuadas de comercialización.
Se dice hoy que el Estado ya cumplió con su obligación de repartir la tierra. Nosotros sostenemos que aún existen latifundios en este país; pero aun a reserva de que esto esté a discusión, cuando cumplió el Estado con los otros aspectos de la reforma agraria, aparte de un reparto de la tierra incompleto.
Exceptuando el sexenio de Lázaro Cárdenas, período tras período, en mayor o en menor medida, el ejido ha sido abandonado a su suerte y la política agropecuaria se ha canalizado a la búsqueda de la rentabilidad en la propiedad privada.
Trastocar pues las modalidades de tenencia de la tierra, no es la piedra de toque, la panacea que va a dar fin a la crisis del campo mexicano, ni la solución a los graves y variados problemas que vive el agro mexicano, la solución se encuentra en la política del Estado hacia la inversión, hacia el riego, el crédito, los precios de garantía, la asistencia técnica, entre otros. ¿Va a cambiar el régimen salinista estas políticas?
La inversión del Estado para el campo se ha venido deteriorando profundamente en la última década. En el documento denominado "Diez
Puntos para la Libertad y la Justicia al Campo Mexicano", se plantea como una base de la reforma que en cada año de la administración salinista, crecerán en términos reales los recursos para el campo.
Pero pregunto: qué entiende el Ejecutivo por términos reales, si para recuperar el nivel de inversión pública en el campo que existía en 1980, se requeriría hoy invertir la suma de 50 billones de pesos y aquí se nos ha presentado, en este recinto, la suma de más de 9 millones de pesos como la gran solución para los problemas del agro mexicano. Si a principios de los 80 con ese nivel de inversión no se resolvieron los problemas, a principios de esta década, con una gravedad acentuada de la problemática, menos aún.
La política de infraestructura hidráulica ha sido canalizada durante varias décadas, sólo hacia ciertas zonas de alta productividad agrícola, ubicadas en el norte del país y con una clara tendencia a favorecer la propiedad privada.
El ejido y la comunidad, de los cerca de 100 millones de hectáreas que poseen, sólo 20 millones son potencialmente susceptibles de ser dedicadas a la agricultura, y de estas hectáreas, sólo 3 millones son de riego. Estos 3 millones de hectáreas significan solamente el 16.3% de la superficie irrigada de este país. El proyecto salinista que hoy se nos presenta, ¿va a cambiar esta política?
Leo a continuación una serie de datos que reflejan claramente a qué situación ha llegado el ejido con la política agropecuaria: el 37.6% de ellos carecen de crédito, el 54.4% carecen de asistencia técnica, la inversión estatal en fomento agropecuario declinó, en la década pasada, en más del 70%; el saldo de crédito agropecuario otorgado por la banca de desarrollo, la que atiende al ejido, se contrajo 55.3% en términos reales, de 1980 a 1989; los precios de garantía disminuyeron en términos reales en más del 40% entre 1980 y 1989; en el 26% de los ejidos la tecnología es rudimentaria, en el 48% la tecnología es intermedia o combinada, sólo el 23% de los ejidos posee tecnología moderna, en el 58% no existe un solo tractor. En caso las dos terceras partes de los ejidos no se usan semillas mejoradas, etcétera, y, sin embargo, a pesar de lo anterior, aportan la mayor proporción de granos básicos, oleaginosas y un considerable volumen de materias primas para la agroindustria.
Se estima que entre el sector ejidal y comunal producen el 65% del total nacional del maíz, frijol y arroz. Aportan el 40% del total nacional triguero, producen el 70% de la caña nacional.
Para resumir, señor Presidente, se me acabó el tiempo, solamente quiero afirmar lo siguiente: estas son nuestras razones para estar en contra, tanto de la propuesta de reforma como de la manera en que a toda prisa se está sacando la iniciativa.
Se nos ha dicho aquí que nosotros tenemos como práctica de debate el dogmatismo y la intolerancia, pues bien, aquí están nuestras razones.
Para el Ejecutivo el apoyo a la iniciativa constituye una posición progresista y revolucionaria. Los otros, los que estamos en contra, somos reaccionarios. Entendemos perfectamente lo que significa el progreso para Salinas, lo mismo que en lo referente al campo significaba para Porfirio Díaz, entregar la tierra a los inversionistas de dentro y fuera del país, asociar a los campesinos pobres con los dueños del dinero en esta nación, impulsar el latifundismo.
Y aún así, Carlos Salinas de Gortari afirma que su iniciativa parte de un respeto a la lucha de Zapata. La tesis zapatista es muy clara: "La tierra para quien la trabaja". Salinas quiere entregar la tierra a quien no la trabaja.
La contrarreforma salinista al igual que la porfirista, concentradora de la tierra y la riqueza, va a constituirse en el origen y fuente de explosiones sociales agrarias en los años por venir, que cargarán junto con los efectos de su economía depredadora y depauperante en su débito histórico que seguramente van a pagar.
Y de nada sirve a los campesinos de este país, que, uno tras otro, los diputados priístas se suban a afirmar que el campo no se privatiza. Y tampoco de nada sirve si la iniciativa sale del Partido Acción Nacional o sale del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.
El Presidente. - Tiene el uso de la palabra el diputado Gonzalo Cedillo, para razonar su voto.
El diputado Gonzalo Cedillo Valdez: - Con su venia, señor Presidente; compañeros diputados:
Los tres últimos sexenios en el gobierno de México han registrado notoriamente un proceso de crisis que mantiene el país, a la sociedad y a sus recursos, en una situación de incertidumbre que fluctúa entre la inflación, devaluación, recesión y constantes fracasos de planes y programas que proceden de un desarraigo y de la
imposición, de un conjunto de respuestas y soluciones inspiradas o emitidas de modelos extranjeros.
El campo y la tenencia de la tierra en México no pueden escapar a tales oleajes y turbulencias económicas, políticas y jurídicas. El campo mexicano está en crisis, es una afirmación muy común en el comentario de especialistas, los gobernantes, los medios de comunicación, los legisladores y la opinión pública.
El gran pretexto y engaño que los regímenes posrevolucionarios han empleado abusando siempre del sentido semántico del término de la llamada reforma agraria, que con el argumento de acabar con el latifundismo han creado incertidumbre en la tenencia de la tierra y empobrecido hasta la miseria a millones de campesinos.
Al ser incosteable sembrar actualmente, los campesinos, ejidatarios, comuneros, minifundista o pequeños propietarios, dejan sin cultivar las tierras, por lo que éstas se erosionan y se vuelven improductivas.
De 1960 a la fecha se calcula que se han perdido más de 8 millones de hectáreas de tierra cultivables gracias a la erosión. Sin embargo, los regímenes denominados tecnocráticos de 1970 a la fecha, han tenido una actitud de indecisión en ocasiones y en otras de manipulaciones demagógicas para sostener y prolongar el sistema ejidal como figura jurídica agraria del sentido social y de control político.
El reparto agrario no es más que un instrumento político de manipulación, cuyo costo social es la miseria en que se encuentran los campesinos, se crearon bancos oficiales, comisiones y empresas paraestatales como el Banco Ejidal de Fomento Agropecuario y el Banco Nacional de Crédito Rural, mismos que no cumplieron con sus objetivos.
En el régimen del licenciado Miguel de la Madrid Hurtado, comprendido entre 1982 y 1988, modificó los artículos 25 y 26 constitucionales. En 1983, se había comprometido a garantizar jurídicamente un sistema de desarrollo y planeación democrática que efectuase la aplicación de esas inquietudes, pero a lo largo de su gestión se demostró que el gobierno, por mucho que quiso planificar la economía, no pudo remediar males seculares en el sistema político y en la historia del país, pues los tres sexenios anteriores demostraron fehacientemente que si la administración pública no fue capaz de poner en orden su estado financiero, se le cuestionó si podría tener la capacidad de plantear la situación y perspectivas económicas de los sectores integrantes del país.
Pero en 1988 sucede lo inesperado; al asumir la Presidencia de la República, el licenciado Carlos Salinas de Gortari planteó una directriz política que de pronto le quitó la bandera y las causas políticas a partidos y representantes de corrientes ideológicas diversas. Eso significó la ruptura de patrones políticos de comportamiento que tradicionalmente eran predecibles en lo relativo al sistema oficial y al partido en el poder, como en el caso de esta iniciativa de reforma del artículo 27 constitucional, que envió a esta honorable Cámara de Diputados, donde entre otros puntos de iniciativa en el campo y la creación de un Tribunal Agrario entre otras acciones.
Tomando como base en la actualidad, existe mucho descontento y poca credibilidad del sector campesino hacia las autoridades agrarias, específicamente en la Secretaría de la Reforma Agraria, la que ha dejado mucho que desear en su cometido, aunque esto es un producto de la corrupción y especialmente de los intereses creados.
Cabe notar que se han erogado fuertes cantidades de presupuestos en estos sectores de la población y en la administración pública federal encargada de los problemas del campo y hasta la fecha no se han obtenido resultados favorables a los intereses de los campesinos, como lo fue el programa que se realizó en el período sexenal del entonces Presidente de la República, el licenciado José López Portillo, en el que también se destinó un presupuesto considerable para abatir igualmente el rezago agrario, que entre las medidas que entonces se tomaron fue la firma de convenios entre la Secretaría de la Reforma Agraria y los gobernadores de los estados, con una derrama importante para financiar la contratación de personal técnico y administrativo, en algunos casos sin experiencia y la creación de órganos desconcentrados del Cuerpo Consultivo Agrario denominado salas regionales y estatales, así como oficinas coordinadores dependientes de las delegaciones agrarias.
Es importante señalar que en ese programa se inició una demagógica irresponsable actitud de algunos ex gobernadores, ya que se inicio una competencia para terminar apresuradamente con el rezago agrario y ser los primeros en izar la bandera blanca que simboliza la conclusión
del rezago agrario, con el fin de quedar bien con el Ejecutivo Federal en turno, lo que provocó que en muchos casos no se hicieran correctamente los trabajos de primera instancia, tales como el levantamiento del plano del radio legal de afectación, el análisis de todos y cada uno de los predios ubicados en ese radio, los datos del Registro Público de Propiedad, entre otros, provocando así que sea menos expedita la justicia agraria, ya que al remitirse el expediente a la segunda instancia del Cuerpo Consultivo Agrario, manda hacer de nueva cuenta los trabajos técnicos informativo ya realizados.
Esas acciones de dichos ex gobernadores lo confirmó el Secretario de la Reforma Agraria, el licenciado Víctor Cervera Pacheco, en la cual en su comparecencia que tuvo el 19 de noviembre en el recinto alterno de esta honorable Cámara de Diputados, ante las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, donde manifestó en la audiencia de información, que el reparto agrario adolece desde sus orígenes algunos efectos y errores que se fueron acumulando a lo largo de los años, incluso señalo que algunas resoluciones fueron publicadas después que habían sido ejecutadas por las autoridades agrarias y entre otros casos fueron ejecuciones masivas y entregas simbólicas y virtudes que, al pretender hacerse efectivas no correspondieron a la realidad muchas de ellas, además de lo que expresó en su última reunión con los delegados agrarios de esa dependencia federal, que con motivo de las reformas del artículo 27 constitucional se llevó a cabo y donde informó que contarían con mayores apoyos administrativos, humanos y técnicos, para que puedan llevar a cabo sus tareas con mayor celeridad y eficacia, dado que el abatimiento al rezago agrario implican un esfuerzo adicional.
Ante tales hechos observados con esas experiencias pasadas, son motivos de preocupación de nuestra fracción parlamentaria parmista, lo que nos hace adoptar algunas reservas respecto al dictamen de la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, presentadas por las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, además de que consideramos que dichas reformas que se pretenden aprobar, no fueron lo suficientemente discutidas con la importancia que se merece, dada la trascendencia histórica de su contenido y sus repercusiones en la economía nacional, además de que su apresuramiento podría ser lamentable si no se estudia con mesura, serenidad y se realiza una consulta más amplia que recoja el auténtico consenso del hombre del campo, ya que esta iniciativa es uno de los grandes retos con que esta LV Legislatura se está enfrentando.
Es necesario señalar que el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, en su nueva era, a pugnado porque el ejido y la comunidad se modernicen para hacerlo más productivo y competitivo y, sobre todo, que permita elevar el nivel de vida de los campesinos.
Por tal motivo razonamos nuestro voto en lo general, porque dentro de la iniciativa recoge el espíritu del Constituyente y el anhelo de millones de campesinos.
Reservamos en lo particular el análisis que daremos a algunas fracciones que consideramos son de importancia fundamental, pues de ello dependerá que nuestra labor legislativa no pase inadvertida.
Por eso, su estudio y problemática no menguarán la muy compleja decisión de lo que quiere y a dónde quiere ir nuestro pueblo campesino. Muchas Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Hildebrando Gaytán Márquez, en contra.
El diputado Hildebrando Gaytán Márquez: - Señor Presidente, señoras y señores diputados:
La iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional, cuyo dictamen hoy nos ocupa, se refiere a uno de los problemas más importantes de la nación, el problema de la propiedad y explotación de la tierra, núcleo de la Revolución mexicana.
También es de considerarse esta reforma, a diferencia de las que se han hecho al artículo 27, que tuvieron todas ellas el objetivo de reafirmar y agilizar el reparto agrario, el desarrollo de la vida rural y sobre todo ampliar el dominio de la nación sobre nuevas áreas de los recursos naturales. Todas esas reformas, salvo aquella que introdujo al Amparo Agrario, fueron en el sentido de la Revolución Mexicana. Esta que hoy analizamos, es la primera que se presenta desde el área del Ejecutivo, no sólo en sentido opuesto a la lucha histórica de 1910, sino que cala precisamente en la esencia de los que constituye la reforma agraria, para trastocar la respuesta que dio la revolución y colocar como nuevo eje de la vida del campo, tanto en la tenencia de la tierra, como en las relaciones de producción las propuestas de los enemigos de la revolución.
El tema eso es fundamental, del trato que ahora se dé a este problema, depende no sólo la producción del campo, sino el futuro de la nación.
El problema de la propiedad de la tierra, incide de manera determinante en el modo concreto del sistema económico, la organización social y la vida política de la nación.
La reforma que se propone al artículo 27 enrumba al ejido hacia su desintegración. El ejido como obra del Constituyente de 1917 no fue una medida improvisada ni circunstancial. Como culminación victoriosa de un vigoroso movimiento armado, la Constitución debía dar una respuesta definitiva al acaparamiento de tierras y a los atropellos por la masa campesina.
Los Constituyentes tomaron en cuenta toda la experiencia de nuestro pueblo que desde los primeros años de la conquista española, a causa de las encomiendas dictadas por la Corona, hasta el porfiriato con las leyes que se promulgaron en este régimen para favorecer los reclamos del imperialismo inglés y norteamericano, sufrieron el despojo de sus tierras y fueron sometidos a condiciones de esclavitud. Por eso el Constituyente condensó esta experiencia histórica en una institución que garantiza el usufructo de la tierra a los campesinos y al mismo tiempo impide todo nuevo acaparamiento de tierra. Esto se consiguió con el ejido. Persona moral que recibe un patrimonio rústico que queda fuera del mercado y considerado el propio ejido sujeto a un régimen jurídico de protección por el Estado. Esta disposición ha sido tan certera que gracias a elle fue posible destruir la estructura feudal del país, impulsar el desarrollo rural, ampliar el mercado interno y desarrollar la industria nacional. Pero no se trata de medidas que sólo por su estructura funcional impulsen el trabajo de la gran masa rural, se deben principalmente a que están respaldadas por una filosofía social que les da sentido y dirección.
En el artículo 27, a igual que en el 3o. y en el 123, subyace una forma de vida, un determinado tipo de relaciones sociales y de valoración de los problemas del país. En estos preceptos constitucionales está concretizada la filosofía de la Revolución mexicana que entre algunos de sus aspectos más importantes, menciono los siguientes: el agrarismo, el nacionalismo, la liberación del hombre y la distribución justa de la riqueza. Aquí está plasmada la revolución, la filosofía de la revolución y éstos son elementos inseparables que constituyen en todo único y que han dado impulso, vigor y razón de ser a las instituciones creadas por la revolución y también una orientación social a los trabajadores que intervienen en ella, creando un firme sentimiento de integración nacional, de progreso y de impulso al desarrollo propio del país.
Por eso los campesinos de México y de esto han dado pruebas durante décadas, organizados en los ejidos, no sólo han sido fuente de la producción agropecuaria, sino también por la estructura y funcionamiento de éstos, de los ejidos, pueblos creados por la revolución, han sido una fuerza social de avanzada inbuída por un claro nacionalismo, defensora de la revolución y sus realizaciones.
En la reforma al artículo 27 se modifica la esencia del ejido al suprimir a su patrimonio, las características de inalienable, inembargable e imprescriptible, en especial las tierras destinadas al cultivo y situar las parcelas en el nivel de la propiedad privada.
Otra de las reformas consiste en el papel relevante que se otorga a las sociedades mercantiles para que se asocien con los ejidatarios en la producción agrícola en sustitución de la participación del Estado.
¿Cómo podemos ubicar nosotros desde el punto de vista de las corrientes político - ideológicas en voga a estas decisiones? las ubicamos dentro de la política neoliberal que es totalmente opuesta al nacionalismo de los países de América Latina que han estado en lucha por su desarrollo propio.
La privatización, el control de la economía a la empresa privada, que en este aspecto del campo serían las sociedades mercantiles, los "holdigns" para acaparar las empresas transnacionales y el retraimiento de la intervención del Estado en la economía, como otro de los factores de la política neoliberal.
Esta política ha avanzado en otras áreas y hoy toma rumbo, esa es la propuesta que comentamos, para la vida del campo.
El golpe que recibirá el agrarismo mexicano, repercutirá en toda la filosofía de la revolución. Será un golpe al nacionalismo.
Se menciona que ahora se va a sustentan un nuevo nacionalismo, pero de esta concepción, no hemos recibido ninguna de las características que lo definan o contenga. Pero el nacionalismo, para un pueblo que trazó una ruta por medio de la cual alcanzar la satisfacción de sus problemas y no quedar sometido al capital extranjero del imperialismo, suprimir este nacionalismo es poner en peligro toda la estructura, la soberanía y la independencia de la nación.
Las medidas que se toman en el rango de lo que se llama la modernización, tienen la
característica de suprimir lo que creó la Revolución mexicana, desde instituciones y ahora vemos hasta el rumbo histórico.
¿Hasta dónde se piensa llegar por este camino? Nosotros sustentamos que dentro de la etapa actual del mundo, de la propia globalización económica, la vía de la Revolución mexicana sigue vigente y claudicar en ese camino y aceptar como se está haciendo, con las características del sistema económico, político y social del capitalismo clásico que opera en la metrópoli, es decir, en Estados Unidos, conlleva a perder la soberanía, conlleva a perder la personalidad de México y a perder nuestra identidad histórica y cultural.
Pero eso es grave para el Partido Popular Socialista esta iniciativa y por eso estamos manifestando nuestro voto en contra.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Agustín Basave.
El diputado Agustín Basave Benítez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
Siempre ha creído que el pasado puede a veces explicar el presente, pero nunca determinar el futuro. Con esto quiero decir que cuando se fundamenta una argumentación en consideraciones históricas, está deben situarse en su verdadera dimensión, sin subestimarlas desde luego, pero sí sobrevalorarlas, al grado de caer en el inmovilismo.
De la historia debemos aprender a no repetir errores y sobre todo a valorar la necesidad del cambio, de la continua transformación que precisamente hace posible a la historia. Sin embargo, cuando se habla de cambios es menester distinguir entre fines y medio; y en el caso de la Revolución mexicana, particularmente, eso es lo que hace la diferencia.
Nuestros ideólogos revolucionarios lo tuvieron muy claro, sus objetivos eran la democracia y la justicia social, para alcanzarlos se echarían mano de los instrumentos que probaran ser útiles en su momento, atendiendo siempre al dinamismo del proceso de avance de la nación. Y es que un sistema emanado de una revolución no puede ser estático, no puede fetichizar las herramientas empleadas para construir el modelo del país deseado; mucho menos cuando la petrificación de los medios obstaculiza el logro de los fines.
Libertad y justicia son los objetivos que se trazó nuestra Revolución y libertad y justicia, fueron, son y serán los objetivos del agrarismo mexicano.
Ahora bien, si no es válido recurrir en este caso a la historia para caer en el inmovilismo, menos aún lo es hacerlo sin precisar los dichos y los hechos de los precursores de la revolución agraria. Por eso y para demostrar que la iniciativa a discusión se inscribe en la tradición agrarista mexicana y coincide con los mismos fines que dieron origen a este movimiento, quiero referirme a los tres ideólogos que a mi juicio constituyen la columna en la que se apoya tanto la ley del 6 de enero, como el artículo 27 de la Constitución.
No voy a remontarme a Baddi Keith y a Morelos en razón del tiempo, voy a concretarme en quienes definieron los objetivos, los tres grandes objetivos de nuestro movimiento agrario, me refiero desde luego a Ahuistano Luis Orozco, Andrés Molina Enríquez y Luis Cabrera.
Orozco estaba preocupado como la mayoría de los agraristas, por la miseria en el campo, por la marginación y explotación del campesino, pero a él como a jovellanos lo movía el problema de la improductividad del agro, el problema de la improductividad del campo mexicano. Para él el latifundio era malo porque era improductivo fundamentalmente.
Para Molina Enríquez en cambio, hay una variable aún más importante que la de la justicia social, el latifundio es malo porque además de ser improductivo, es injusto. Molina Enríquez como buen evolucionista, empezando para más señas, constituyó, creó una correlación entre los modos de propiedad, los modos de tenencia de la tierra y la evolución de las sociedades; para él el modo de tenencia más primitivo era la propiedad comunal y el más evolucionado, el más avanzado era la pequeña propiedad privada; el ejido era una propiedad, un modo de tenencia de la tierra intermedio. Pero independientemente de su consideración evolucionista tenía muy claro cuál era el objetivo de su reforma agraria, de la que él preconizaba y ése era el de elevar el nivel de vida de los campesinos mexicanos, distribuyendo la tierra y destruyendo el latifundio.
Ciertamente en los años treinta, el pensamiento moliniano sufrió una transformación muy profunda, cuando el jilotepequense renuncia al positivismo y abraza el relativismo cultural que aprendió de Franz Boes. Pero aún en esa época, en ésa su segunda época, Molina sostiene su gran
prioridad: hacer lo que sea necesario para elevar el nivel de vida del hombre del campo.
Por último, Luis Cabrera añade un tercer ingrediente, fija el tercer gran objetivo. Sin renunciar a los dos primeros, él establece la importancia de la inestabilidad que provoca la gran concentración de la tierra. El habla entonces de la necesidad de fomentar la estabilidad y la paz social de país, gracias a una reforma agraria profunda, vasta. Para él, el latifundio es malo, porque además de ser improductivo y de ser injusto provoca inestabilidad.
Más que interpretar a Cabrera, quiero citar una breves líneas del multicitado discurso que pronunció el 3 de diciembre de 1902 en la Cámara de Diputados, cuando él sostiene que la insurrección tiene una causa económica y dice textualmente:
"La población rural necesita complementar su salario. Si tuviese ejidos la mitad del año trabajaría como jornalero y la otra mitad del año aplicaría sus energías a esquilmarlos por su cuenta. No teniéndolos se ve obligada a vivir seis meses del jornal y los otros seis meses toma el rifle y es zapatista".
Y añade: "Mientras no sea posible crear un sistema de explotación agrícola en pequeño que sustituya a las grandes explotaciones de los latifundios, el problema agrario debe resolverse por la explotación de los ejidos como medio de complementar el salario del jornalero".
De esa manera, con esta aportación de cabecera, se completan los tres grandes objetivos, las tres grandes metas que persigue el agrarismo mexicano: productividad, justicia y estabilidad y paz social.
Quisiera, si me lo permiten, concluir con una reflexión. Si algo nos ha enseñado esta vertiginosa era finisecular, es que los dogmas sólo provocan violencia y destrucción. No es verdad que hayan muerto las ideologías, es la curiosa obsesión ideologizada, no tiene fundamento alguno.
Pero precisamente por eso, porque por el futuro es inevitable, debemos desdogmatizar el debate.
En esta época, en la que la sensatez adquiere tintes revolucionarios, en la que la cordura no está reñida con la audacia, regatear el cambio es, simple y sencillamente, ignorar el signo de los tiempos.
Se dice que no podemos permitir que se traicione supuestas tradiciones agraristas. Se dice que no podemos permitir una presunta desviación de la ideología revolucionaria. Se dice, en suma, que no podemos modificar el artículo 27 de la Constitución Mexicana.
Y yo creo, compañeras y compañeros diputados, que lo único que no podemos permitir es que continúe la miseria en el campo y que México no sea capaz de producir los alimentos que necesita. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos González Durán, en contra.
El diputado Carlos González Durán: - Con su venia, señor Presidente.
Honorable asamblea: En la revolución mexicana los campesinos, los obreros y las clases medias fueron victoriosas. El diseño del Estado mexicano se instituyó para atender el problema educativo, el problema obrero, la reforma agraria. Pero estas tres clases victoriosas son hoy traicionadas por el régimen; el régimen acaudilla auténticamente la contrarrevolución. ¡Se pone al servicio de los extranjeros, se pone al servicio del gran capital y desvía la política nacional en una subordinación de una integración dependiente!
¿Qué es la dependencia? El sistema capitalista no es un sistema de países en un mismo nivel de desarrollo. El capitalismo central nos tomó ventaja y obra con ventaja. Nos produce esa desigualdad el atraso tecnológico, la subordinación del mercado interno al mercado externo, el intercambio desigual, las diversas formas de acumulación; porque entre ellos el ritmo de rendimiento del capital es más rápido. La dependencia financiera, comercial, industrial, tecnológica.
¿Cómo llegaron al capitalismo y cómo llegamos nosotros al capitalismo? Ellos, con madurez histórica, con un capitalismo de bienes de capital. Nosotros, con un capitalismo de bienes manufactureros.
El costo del transporte de nuestras mercancías las deja en una situación de debilidad competitiva. La superioridad económica de los países del capitalismo central se traduce en un dominio político y económico en nuestro perjuicio. Padecemos un parasitismo de los países del capitalismo central y somos parasitados en ese intercambio desigual.
La fuerza de expansión de los países centrales es más poderosa y la nuestra es una debilidad.
Las industrias maquiladoras es nuestro signo de avance. Pero esas industrias y ese crecimiento elaboran una riqueza que se va a las matrices.
Carecemos de una verdadera integridad de autodeterminación de nuestro proceso productivo. El atraso tecnológico se opone al adelanto tecnológico de ellos. Producen mucho, pagan bien, fortalecen su mercado. Nosotros pagamos poco, producimos poco y se debilita nuestro mercado.
Dentro de este marco extremo opera un proceso, ese proceso se llama: la enajenación.
El problema del campo no está separado del problema de la ciudad. Es lo mismo, son sus dos caras. ¡Cómo es posible que si la capital del país, si las principales ciudades de México están padeciendo un modelo de desarrollo que es destructivo del derecho de la ciudad?
El derecho de la ciudad significa el derecho al suelo urbano. La Reforma Agraria significa el derecho al suelo rural. Pero el ejido tiene una historia. La historia en su pasado nos deja situacionados. Ante el presente somos situantes y ante el porvenir tener que decidir nuestro horizonte.
La ciudad en sus basuras y en su smog se desintegra. No es lo mismo un hogar, una casa individualizada, que un departamento en un fraccionamiento. No es lo mismo transitar en una calle, advertir la belleza, el arte que da anchura a la vida; a transitar en un vehículo masivo, apachurrado, achicado y encimado.
(Desorden.)
¡No es lo mismo convivir cara a cara con respetos humanos, a convivir a codazos, atropellando el respeto de los prójimos!
¿Este modelo, cómo ha surgido? Este modelo ha surgido por que se ha instituido el valor de la mercancía sobre el valor de uso.
El calpulli estableció en la cultura indígena de aztecas, chalcas, xochimilcas, tlahuicas y tlaxcaltecas, una inteligencia superior a la nuestra, modernizada. Para ellos, la tierra no era solamente el objeto de trabajo; para ellos la tierra era digna de respeto, ellos veían en la tierra a la madre tierra, la trataban con un respeto sagrado y ponían la semilla esperando que ella, sin violentar su proceso, diera el resultado y el cuidado fue un cuidado enorme, las primeras mazorcas eran pequeñas, pero la devoción de los indígenas produjo la cultura del maíz, que es el sustento de nuestra raíz histórica.
Pero para ellos la tierra era propiedad del hombre, pero no es un sentido egoísta, exclusivista ni individualista, sino en la propiedad de las familias; el calpulli era el conjunto de familias conocidas, que disfrutaban del uso de un derecho real, de aprovechamiento para el progreso de los mismos núcleos de población. Esta forma humana de valores morales y sociales, tuvo que ser respetada en la legislación de Indias, cuando se habló del fundo legal.
Fue en una medida legislativa torpe., en la desamortización de los bienes de las corporaciones, cuando sufrieron despojos y una cadena de despojos, esa cadena de despojos se protagonizó, en primer término, por los conquistadores, ellos fueron los que crearon el origen de las castas y las desigualdades sociales: El español, encima del criollo; los dos anteriores encima del mestizo; los tres anteriores encima del indígena; los dichos encima del negro el castizo, el mestizo con el español con negro mulato con español morisco; morisco con español chino; chino con india salta pa'tras, salta pa'tras con mulato lobo; con china jíbaro, jíbaro con mulato albarazado, albarazado con negro cambujo; cambujo con india zambaigo; zambaigo con loba calpa mulato; calpa mulato con cambujo tentenelaire con mulato no te entiendo y no te entiendo con india ¡ahí te estás!
¡Qué es este proceso? Este proceso se llama soterramiento y ¿qué es el soterramiento? El que vive el hombre es objeto de una consideración objetiva, para darle libertad a las cosas y esclavitud al hombre.
Esta viciosa interpretación creó pues el proceso de enajenación, la enajenación es el despojo, ese despojo es lo que pretende el proyecto de Carlos Salinas de Gortari, es un nuevo soterramiento; no es la justicia no es la libertad, la libertad se presenta como posibilidad de posibilidades, no se realiza si no se vencen los obstáculos, como emancipación y no llega a su término si no se cristaliza en un autorealización.
¿Cuál es la libertad que se ofrece a los indígenas y campesinos? La libertad que se les ofrece es que entren en contratación y en sociedad con los señores del dinero, con los señores del dinero de aquí, con la oligarquía nacional y con los señores del dinero de afuera, con los soranes.
¿Y qué es un contrato justo y legal? Un contrato justo y legal es aquel que celebran hombres iguales, con buena fe, con reciprocidad, con correspondencia, con correlación para su recíproco
bienestar. Y ¿qué proyecto de contratación y de asociación se ofrece para un pueblo abandonado, cuando los dos últimos regímenes han desviado la política social de redención popular, de educación, salubridad, vivienda, seguridad social? La enajenación es la pérdida de nuestro ser, por no controlar las condiciones de las que depende el ejercicio de nuestra libertad, es enajenación objetiva como despojo o desposeimiento y soterramiento; es un enorme abanico en la enajenación económica que quiere decir no vivir, no trabajar para vivir, sino vivir para trabajar.
Es política como masificación, clientelismo, corporativización, opresión, paternalismo, ausentismo, abstencionismo; falta de participación con iniciativa libre, quiere decir la enajenación política también se continúa con una enajenación en el trabajo, se pretende que el campesino que trabaja en lo suyo se convierta en un peón que va a trabajar en el negocio de otros; se pretende entonces una enajenación técnica, se pretende que la elección del trabajo, la plasmación de las capacidades humanas, el carácter gratificante del trabajo, la retribución justa y el justo reconocimiento y el provecho individual y social, lo que esta iniciativa pretende en la enajenación del trabajo campesino, eso es lo que pretende, darle libertad a la tierra como mercancía, para esclavizar al campesino y volverlo a regresar a épocas de esclavitud, de servidumbre y de humillación distante en el aire.
Es una enajenación técnica donde las máquinas van a gobernar al trabajador, es un parasitismo, es una enajenación de deshumanización porque se despoja al trabajo inventado en el calpulli con valores sociales y morales por un simple carácter económico, es una minoración, masificación, aislamiento, parasitismo, es una cosificación, es un fetichismo, es un consumismo, consumo masivo de lo que no necesitan, consumo masivo para producir lucro, consumo masivo para producir lucro, consumo masivo para obtener artículos efímeros; la enajenación urbana y debo insistir en esto, radica en lo siguiente:
La ciudad debe existir para dar vida, para respetar la dignidad de los habitantes y la dignidad de los visitantes, pero el espíritu de especulación qué anima este proyecto, ese espíritu de lucro, de egoísmo y de individualismo, se inspira en el capitalismo salvaje, el capitalismo tiene sus virtudes, tiene sus vicios, ¿cuáles son sus virtudes?: el orden, la organización, el aseo, sobre todo femenino, no está mal; el ahorro, la puntualidad, la laboriosidad, la diligencia, el espíritu de empresa y de progreso técnico, todo esto está muy bien, pero lo que está muy mal y no debe ser la suerte del campo mexicano, es el egoísmo, el individualismo, la indiferencia a los requerimientos humanos, el espíritu de competencia desenfrenada, el afán de lucro sin medida, el exclusivismo y el olvido de los respetos humanos, el afán de opresión, sojuzgamiento, explotación, o sea, la guerra de todos contra todos.
Se dice que el socialismo no es transitable, pero la moral socialista sí es transitable siempre y cuando se realice a través de la democracia. El socialismo tiene vicios y esos vicios, algunos de ellos, nosotros los padecemos como la partidocracia, el colectivismo, el burocratismo y el estatismo.
El Presidente: - Diputado González, atentamente le pido que trate de abreviar.
El diputado Carlos González Durán: - El reglamento me concede media hora y media hora voy a hablar.
(Desorden)
El socialismo rescata la virtud de la fraternidad humana, el compañerismo, el apoyo reciproco, la solidaridad, el afán de emancipación. la liberación social, el espíritu de igualación, la supresión de ventajas y privilegios, el altruismo, el respeto de la dignidad humana, la práctica de una democracia social.
Pues bien, compañeros, estamos haciendo una ley y somos el parlamento mexicano y este parlamento tiene una historia y la historia es lo que tenemos y lo que somos y sobre la historia debemos tener un fervoroso respeto.
Ponciano Arriaga, cuando se discutió la Constitución de 1857, se preguntó cuál es el origen de la propiedad y se contestó: la tenencia de las cosas. Pero aquella tenencia que perfeccionamos a través del trabajo y que nos permite apropiarnos del mundo, en un resultado fecundo individual y social. Véase que los indígenas y véase que el ejido, el ejido desde la Colonia significa también un trabajo con sentido social y moral, no es una simple mercancía, es un valor moral, digno y respetable.
Pues bien, la deuda exterior. ¿Por qué tenemos tantos problemas económicos? Pues tenemos tantos problemas económicos, porque manejándose las cosas en nuestra patria como se manejan, a oscuras y a escondidas de la Cámara de Diputados, se contrajo una deuda enorme
que desquició el equilibrio financiero del Estado mexicano y esa deuda enorme es hoy un tributo gravoso que impide la realización de la política social y para impulsar un crecimiento de exclusivo beneficio de la oligarquía gobernante se pretende llevar el mismo modelo de desarrollo capitalista salvaje al campo.
Pero sépanse, compañeros y con esto voy a terminar, sepan lo siguiente: atropellar al campesino, a la herencia moral y social del ejido y del calpulli, no es solamente soterrar de nuevo a nuestros hermanos; es debilitar el suspenso, el vigor de la estabilidad de Estado mexicano; es pérdida de soberanía, es subordinación a la dependencia.
Por lo tanto, el Partido de la Revolución Democrática no traiciona los ideales históricos de la Revolución Mexicana, al revés, el Partido de la Revolución Democrática retoma y reconduce, en cambio y en fidelidad histórica y moral, esos sagrados valores.
¿Por qué es que están aquí los héroes de la Revolución Mexicana? Porque cuando rendimos la protesta todos y cada uno de nosotros, dijimos que guardaríamos la Constitución. El principal deber que tenemos como representantes del pueblo es ser guardianes y custodios de la Constitución. Si por una mayoría mecánica si por una votación dócil y disciplinada y reflexiva se aprueba una ley que contradice la trayectoria y la definición del Estado mexicano, los ideales de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917 no perderán vigencia, pertenecen al alma de México y México los rescataría como sea necesario.
¡Patria que debemos defender y que no debemos permitir que se atropelle y se convierta en una simple y vulgar mercancía!
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, el diputado Ramón López Tirado, en contra.
El diputado Ramón López Tirado: - Señores diputados...
El Presidente: - Orden, por favor, señores diputados.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - Desde que llegué a esta Cámara he llevado sorpresa tras sorpresa. Estuve en el Colegio Electoral y ahora en estas reuniones, para quienes venimos de provincia, encontramos en este recinto cosas increíbles.
Aquí se habla de democracia, de respeto a las leyes. Se habla también de moral y de moral política y lo más curioso, es que quienes hablan es estos términos, son precisamente los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, quienes de sobra sabemos, ni respetan la democracia, no la practican, ni respetan las leyes y menos respetarán la moral política.
En la provincia se vive de otra manera y es para nosotros otro mundo, otro mundo muy diferente al que aquí se vive. Qué lejos están los mexicanos de provincia de entender lo que es un Colegio Electoral o lo que es esta democracia de la que aquí se habla e incluso la inmensa mayoría de los mexicanos nada saben de este Poder Legislativo, porque este Poder Legislativo ha sido siempre sumiso al Poder Ejecutivo a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. De hecho, para el común de los mexicanos no existe tal Poder Legislativo.
Los diputados, para la mayoría de los mexicanos, no son gente respetable ni gente de fiar. Para los mexicanos de provincia y para el común del pueblo, el diputado es solamente un hombre que viene aquí a levantar la mano para aprobar lo que el Ejecutivo dispone y esa fama de irresponsables la hemos ganado, la han ganado nuestros antecesores.
El Presidente: - Compañero López Tirado, permítame.
Compañeras y compañeros diputados, entendemos lo difícil de la situación en la que estamos discutiendo, sin embargo, rogamos a todos conservar el mínimo respeto para que este difícil debate pueda continuar.
Adelante, compañero.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - Sí, señores, vamos a hablar...
El Presidente: - Permítame otra vez, compañero. La mesa insiste: o establecemos condiciones para llevar a cabo este debate, o habrá que considerar la improcedencia de seguirlo desarrollando. Los compañeros que quieran hacer uso de la palabra, pidan la palabra, hagan la moción que consideren. Hay procedimientos establecidos, pero que por favor conservemos el mínimo de condiciones para continuar este difícil debate.
Adelante, compañero.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - Sí, señores diputados, yo comprendo la molestia que les causan mis palabras. A nadie nos gusta que
nos digan la verdad y en este caso hay que decirla. El desprestigio pesa muy fuerte sobre los diputados, por su proclividad a la asunción y al servilismo al Poder Ejecutivo, siempre prepotente, siempre avasallador e inhumano.
La imagen pública de un diputado en el pueblo mexicano, es la de un hombre taimado que viene a levantar solamente la mano, pero muy diligente para aprobar todo lo que mande el Presidente. Se convierte así la diputación en un trampolín político para acceder a mejores puestos, de tal manera que todos aquellos personajes que vemos aquí desesperados, hiperactivos, pronto serán recompensados por el patrón y enviados a puestos más jugosos, haciendo de la Cámara sólo un escalón. Este es el grave problema de este Poder Legislativo.
Señores diputados, no puede seguir esta Cámara en estas condiciones. No es posible que un solo hombre a capricho e impulso personal, domine a toda una nación: no es posible que todos los mexicanos estemos sujetos a decisiones unipersonales, dictatoriales, de un solo individuo, que es lo que sucede. Esa es la razón de que aquí haya desesperación por acordar de ya esta iniciativa. Hay que quedar bien con el patrón.
El Presidente: - Compañeras y compañeros, hay que evitar transformar esto en un circo. Se supone que estamos discutiendo.
Compañeras y compañeros, considero que si la Cámara de Diputados sigue transformándose en un circo, debiéramos de discutir si tiene caso continuar el debate. Pienso que el compañero está haciendo un esfuerzo, aunque está enfermo, para tratar de exponer sus puntos de vista. Puede gustarles o no, pero se supone que aquí hay posibilidades de exponer esos puntos de vista. Está por terminar y pedimos respeto, el mínimo respeto para continuar este debate.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - Bien, señores diputados, si buscamos el respeto y el reconocimiento de los mexicanos de hoy y del mañana, debemos cumplir con lealtad, con pasión, con entrega absoluta, a los reclamos de soberanía, justicia e igualdad de los mexicanos.
Si hoy nos entregamos a designios y consignas del capital explotador y voraz, que se enseñorea, que no tiene patria ni escrúpulos, e insaciable busca nuestras riquezas, pronto seremos basura despreciable, merecedores del escarnio, el desprecio y el insulto de nuestros compatriotas.
Si actuamos como serviles mandaderos de los dueños del dinero, que insolentes y soberbios imponen sus deseos y caprichos, caeremos en la deshonra y en la indignidad.
Tal parece que nos hubiéramos convertido en adoradores absolutos del Becerro de Oro, olvidando los verdaderos valores de humanidad, porque en esta moda modernizadora no encontramos al hombre como un fin, sino como un medio para que unos cuantos acumulen riquezas insultantes. Véase si no todos los privilegios son para el capital: bajos salarios, nulas prestaciones, altos precios, adecuación de las leyes. Con esto queda claro que en esta política se ha perdido el camino, engolosinados en altas ganancias, grandes reservas, pegadores puntales e idóneos clientes, hemos olvidado al ser humano y su bienestar como centro y único fin de la lucha histórica de la humanidad.
Esta adecuación de leyes acelerada y humillante para muchos, inhibe la reflexión, el análisis, el estudio reposado y tranquilo, pero lo peor, imposibilita la consulta que recabaría la opinión y la aprobación de los mexicanos, a quienes aquí representamos.
El Presidente: - Concluya, compañero; se le ha agotado el tiempo.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - En esta dinámica se inscribe la reforma al 27 constitucional. Pero es voz pública que pronto llegarán a este recinto otras iniciativas que reforman los artículos 130, 123, 3o. y otros. Todas estas reformas son para adecuar nuestras leyes, nuestra Constitución, a intereses oligárquicos y consorcios financieros internacionales, que históricamente han ambicionado adueñarse de nuestros recursos naturales y del trabajo y el esfuerzo de los mexicanos.
La iniciativa tiene un destinatario, pues, que es el gran capital; deja una víctima que es el campesino. El gobierno, siguiendo una estrategia muy bien definida, ha implementado la quiebra, primero de las empresas, para luego malbaratarlas, dilapidando el esfuerzo y el trabajo de los mexicanos, que contribuyeron para la compra de esas empresas. En esa misma linea ha puesto al campo mexicano; también en los últimos años ha provocado esta crisis, no es casual; ha descapitalizado el campo y ahora por haberlo descapitalizado, lo quiere vender...
El Presidente: - Lo conminamos a que concluya, compañero.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - En esta encrucijada encontramos una iniciativa que
definitivamente va contra los intereses más sagrados de los campesinos. El gobierno, pues, provoca la quiebra de todo el campo artificialmente: cuando los campesinos están cosechando sorgo, traen sorgo de Estados Unidos y lo venden mucho más barato que el que cosechamos; cuando cosechamos frijol sucede lo mismo; cuando arroz, también; frijol soya. Todo, pues, ha sido premeditado. Sin embargo, el gobierno culpa al campesino, culpa a los productores de esta quiebra. Pero lógicamente cualquier individuo puede ver con claridad que ha sido una quiebra provocada artificialmente.
La iniciativa, pues, se da como respuesta, nadie la acepta o la aceptan muy pocos; luego lanza 10 puntos que nada cambian la iniciativa y sin embargo, sí cambian la opinión de muchos líderes.
Y es que en esta iniciativa de ley y en estos 10 puntos, el Ejecutivo de la nación, olvida una figura causante también de esa quiebra, olvida a la corrupción. La corrupción que es un cáncer en esta sociedad y que ningún país por las mejores leyes que haga, por los mejores reglamentos, con la mejor Constitución, puede progresar si la corrupción corroe todas las prácticas sociales y corroe cualquier sustento legal que puede tener una nación. A eso, no se refiere el Ejecutivo en ningún momento y nosotros creemos que esta lacra social, tiene mucho que ver en que los dirigentes populares de las organizaciones, hayan aceptado finalmente la iniciativa.
Esto resulta claro para nosotros, pero seguramente tiene mucho que ver en este asunto. Alguien se ofendió mucho porque se habló de esas prácticas que todos conocemos ya que en este caso no quedaron fuera seguramente para poder llegar a aprobar esta iniciativa.
Por último, señores, en esta iniciativa y para su aprobación, se han hecho teatros, se hacen teatros en el poder, Los Pinos...
El Presidente: - Compañeros, el reglamento de media hora.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - Y ahí se pone a Zapata como testigo de esta conjura.
El Presidente: - Permítame, compañero diputado.
Hay un acuerdo al que los diputados pueden o no sujetarse.
La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde su curul): - ¿Entonces para qué lo calla? Déjelo continuar.
El Presidente: - Permítame, compañera. Es muy aficionada a gritar constantemente en la asamblea. Si el compañero diputado no se quiere someter a ese acuerdo, el reglamento, cuando llegue a agotar el reglamento, entonces actuará la mesa; antes no hay atribución para que la mesa proceda.
Habremos de cuidar cumplir el reglamento, por mucho que algunos compañeros desearían que no se cumpliera. Concluya compañero.
El diputado Juan Ramón López Tirado: - Sí, señores. Ante la intransigencia que aquí se ha presentado para poder seguir reflexionando sobre esta iniciativa, solamente diré que ese teatro que se ha realizado en Los Pinos para tratar de engañar a los mexicanos, poniendo a Zapata como testigo de esta infamia, no tiene de ninguna manera, aceptación en la inmensa mayoría del pueblo y seguramente si Zapata viviera, volvería a agarrar las armas para defender a los campesinos de que les arrebaten una vez más sus tierras. Muchas gracias, señores.
El Presidente: - Tiene la palabra en contra, el diputado Jorge Moscoso.
El diputado Jorge Modesto Moscoso Pedrero: - Compañeros diputados; Compañeras:
En la una de la mañana; ya no hay oradores a favor de la iniciativa, puros oradores en contra.
Hasta estos momentos, sí me gustaría que hubiera algunos oradores a favor, para aclarar algunas interrogantes concretas que quiero plantear.
En primer lugar, el debate de hoy ha sido difícil, ríspido, pero todos coincidimos que es una debate histórico. Es un debate histórico, porque a partir de esta reforma que se está proponiendo, el rumbo del país, puede ser otro.
Hemos señalado que las propuestas centrales de la reforma del artículo 27 constitucional, tiene tres aspectos centrales que se han comentado largamente:
El primero, la declaración del fin del reparto agrario.
El segundo, la legalización de la venta de las parcelas y su renta y asociación con terceros.
Y el tercero, la participación de las sociedades mercantiles en el campo.
Hay otros elementos que son importantes, pero no son los principales. Esta propuesta de reforma al artículo 27 constitucional, se ha dicho que es el resultado del análisis realizado en el campo mexicano, que casi casi es demandada de los campesinos realizar estas reformas que se están proponiendo.
Por primera ocasión, al presentarse la lectura de la iniciativa cuando tuvo su entrada en la Cámara, escuchábamos por primera ocasión, estos tres planteamientos centrales.
Nunca antes y lo afirmé en la reunión de comisiones y se dijo que mentía, ninguna organización campesina había planteado estos problemas, en los términos de la propuesta de reforma al artículo 27 y siendo claros, quienes sí habían planteado estas propuestas y han sido consecuentes con ese planteamiento, son los compañeros del Partido Acción Nacional, pero en el Partido Revolucionario Institucional no existían esos planteamientos, ni Salinas lo había planteado.
Como prueba de ello voy a permitirme leer una declaración de Salinas, del 23 de marzo de 1988, en una reunión celebrada en la sierra tarahumara, dice: "Lo que requerimos es revisar el marco legal, no el 27 constitucional, sino las leyes que de él se deriven, porque las nuevas organizaciones están demandando claridad y sencillez en la ley y que corresponda la ley a esa nueva realidad y que la promueva para hacer que se reconozca".
Precisamente porque decíamos que estas reformas no tenían un consenso nacional, era la propuesta de ampliar la discusión. Porque en el campo hay inquietud, hay inquietud por esta reforma, hay confusión por esta reforma.
Para el Partido de la Revolución Democrática, es inaceptable que se pueda plantear que el reparto agrario ha concluido sin que la comisión dictaminadora pueda demostrar que no hay tierras qué repartir.
No hay en el cuerpo del dictamen un análisis de la situación de la propiedad de la tierra en toda la República. Evidentemente que la situación de la tenencia de la tierra en toda la República varía de estado a estado; desconocemos una investigación de catastro rural del Registro Público de la propiedad.
Algunos líderes de organizaciones que estuvieron precisamente en la reunión de Los Pinos, de que tanto se ha hablado, como Alvaro López, coordinador del Código Agrario Permanente, dice que... voy a leer textual: "Jorge de la Vega Domínguez, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional y ex secretario de Agricultura y Embajador en Canadá, acusó, tiene escrituradas 20 mil hectáreas en San Fernando, Tamaulipas, dice Alvaro López, Javier García Paniagua, ex secretario de la Reforma Agraria, ex jerarca nacional priísta, posee 2 mil hectáreas en el Tecuán, la Huerta, Jalisco y en el Registro Público de la Propiedad sólo anota 800 hectáreas.
Señaló al ex presidente municipal de Reynosa, en tres unidades de esa región acaparan más de 40 mil hectáreas; a los dos hermanos López Bravo, quienes en Reynosa y San Fernando, son dueños de más de 30 mil hectáreas. Arturo Villarreal Guerra, hermano de actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, tiene un latifundio en El mante, de 10 mil hectáreas. El industrial Alejo Peralta, tiene escrituradas a su nombre 1 mil hectáreas de riego, de su Rancho Pastajé, en Ixtlahuaca. El ex gobernador de Tamaulipas, dice Alvaro López, Emilio Martínez Manatou, en la Isla de la Presa Vicente Guerrero, tiene 1 mil 500 hectáreas y otras 3 mil hectáreas que conforman un rancho. El ex gobernador de Campeche, Abelardo Carrillo Zavala, en su rancho el Siete Copas, detenta 5 mil hectáreas, que deben ser objeto de reparto entre los campesinos solicitantes de la región".
Esto dice el dirigente del Consejo Agrario Permanente.
En las comparecencias escuchamos de otros dirigentes que hablaban de este tipo de acaparamiento de propiedad.
Creo que lo correcto con respecto a estas denuncias, es que la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, solicite la información a las autoridades de las entidades federativas con respecto a los hechos que aquí se mencionan. Pero además la Comisión de la Reforma Agraria debió haber hecho un estudio a profundidad del estado que guarda la propiedad de la tierra en el país.
Si la misma iniciativa está reconociendo al dar un plazo de dos años a aquellos que tengan excedentes para que fraccionen, evidentemente y aquí se ha dicho, que hay tierra todavía afectables, susceptibles de afectación.
Sin embargo, en este caso, que son 32 mil expedientes agrarios y que suman varios millones
de mexicanos que están solicitando tierras para trabajarlas, el cuerpo de la iniciativa de la ley no establece con mucha claridad cómo va a resolverse este problema del rezago agrario. Lo único concreto que está planteado es que en 30 días, a partir de una reunión en donde Salinas de Gortari instruyó al Secretario de la Reforma Agraria, deberá presentarse un programa para culminar el rezago en materia agraria. Pero la iniciativa no tiene un trabajo de análisis profundo en el cuerpo de la exposición de motivos con respecto a la propiedad de la tierra.
A mí me parece que sí hay acaparamiento, conozco de este acaparamiento y si en realidad se intenta proteger el interés de los mexicanos, de estos mexicanos que son cerca de 4 millones, no se puede cancelar esta posibilidad de reparto sin que la Cámara investigue a fondo estas denuncias y otras que se podrían hacer por las organizaciones en cada entidad federativa.
En el caso de las transformaciones que se están planteando al ejido, evidentemente que tendrán repercusiones de diversa naturaleza, porque los ejidos, al igual que la problemática agraria en las entidades federativas, es diferente. Hay ejidos agrícolas, ganaderos, forestales, mineros, turísticos. Hay ejidos semiurbanos y hay ejidos que son habitados principalmente por comunidades indígenas.
En este sentido, al plantearse el pleno dominio de la parcela, en la iniciativa y en la exposición de motivos se establece que por acuerdo de las dos terceras partes de la asamblea los ejidatarios podrán solicitar el pleno dominio sobre sus parcelas.
Al respecto, en una de las comparecencias me quedó muy gravada la opinión de una de las ponentes, cuando dijo que "esta propuesta olvidaba a la mujer campesina".
En los términos en que la actual Ley Federal de la Reforma Agraria regula la posesión y la transmisión de derechos de los ejidatarios, se establece que la parcela es una unidad familiar. Al tratarse del pleno dominio de la parcela, evidentemente que la titulación está planteada en favor del jefe de la familia y en este caso no se asegura, no se asegura que sea un patrimonio familiar, en los términos que actualmente la ley contempla, incluso, para resolver controversias sobre el usufructo de las parcelas.
Pero hay un problema más: se ha dicho y desde el informe se señalo que es evidente que en México y en los ejidos se rentan las parcelas.
Es una práctica común y este planteamiento de que es una práctica común, reconoce que los actuales poseedores de las parcelas, los que hoy están en posesión porque las compraron, aunque no se puede vender, carecen del certificado de derechos agrarios. No lo podían tener, porque estaban comprando en forma ilegal.
Al plantearse el problema del pleno dominio, estoy visualizando una gran división en las familias y en los ejidos. Porque ¿a quién se le va a acreditar el pleno dominio? ¿Cuáles van a ser los criterios que la autoridad va a tomar en cuenta para acreditar? ¿El certificado de derechos agrarios de aquel que ya vendió su parcela? ¿Cómo se va a resolver un nuevo litigio que se va a establecer en la disputa por la unidad de producción?
Pero además, además la actual Ley Federal de la Reforma Agraria plantea que no es posible el acaparamiento de las parcelas. Hoy, queda abierto; queda abierto de tal manera que un ejidatario por la vía que se considere, cualquiera que ésta sea, podrá acaparar parcelas.
En este sentido también no se ha dicho, pero al establecer la titulación de la posesión de las parcelas van a adquirir otros compromisos, ya en lo que se refiere a impuestos traslativos de dominio, a impuestos prediales, en relación con el banco, con la aseguradora y van a tener un tratamiento equivalente y manejado en los términos de los códigos civiles.
Finalmente, la iniciativa que se nos propone ha planteado ya los topes que se le imponen a la pequeña propiedad, a las sociedades mercantiles. Estos topes son 2 mil 500 hectáreas de riego; 7 mil 500 hectáreas para cultivos como café, algodón, frutales; 12 mil 500 hectáreas para ganadería y 20 mil hectáreas para los bosques. Esto por cada sociedad mercantil.
Me estoy imaginando la región que conozco, en donde 25 propietarios de fincas cafetaleras van a constituir una sociedad mercantil de 7 mil 500 hectáreas de café. 25 propietarios. Me estoy imaginando regiones en donde los ranchos ganaderos están controlados ene regiones por familias y estas familias evidentemente se van a constituir en sociedad mercantil. Se ha planteado que la búsqueda de capital para el campo y la llegada de este capital permitiría mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
Y que la vía para que aquellos campesinos que solicitan tierra y que no van a tener acceso a ella, para que tengan mejores condiciones de
vida, será la sindicalización y en ese sentido, creo que es fama pública que hay estados de la República en donde las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas son tales que no se respetan sus mínimos derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución general de la República. Que se impide su organización, su sindicalización.
De tal manera que los sindicatos no se pueden crear por decreto, ni por voluntad presidencial. En cada sociedad mercantil, siempre, el interés del patrón será evitar que se constituya una organización sindical que reclame un salario justo y estamos abriendo aquí otro tipo de conflictos que no se están visualizando con claridad.
Quiero concluir, señalando que es muy claro que la vía para el desarrollo del futuro del campo que se está planteando en esta reforma, no es la vía emanada del Constituyente de 1917, no es la continuidad de la lucha del movimiento campesino mexicano. Esto es otra cosa y debe decirse con toda claridad, esto que se está planteando es un nuevo pacto social del Estado mexicano con el capital, esto es para nosotros muy evidente y muy claro; los principales elementos de la reforma es privilegiar el capital sobre el sector social y como nosotros decimos, a veces, cuando platicamos con la gente: "si en el mismo corral metemos al lobo y a la oveja, el lobo se come a la oveja". Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, en pro.
El diputado Amador Rodríguez Lozano: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La reforma al artículo 27 constitucional tiene un objetivo fundamental: superar el conjunto de trabas que hoy impiden el desarrollo del campo con libertad y justicia social; romper inercias tiene un significado social y político, destruye controles, favorece a reagrupamientos, limitadores fomenta libertad y justicia y potencia responsabilidades.
Una reforma de la envergadura de la que estamos hoy analizando, es tanto norma como programa, una disposición para el presente y hacia el futuro. La iniciativa parte de un diagnóstico socio - político actual, se fundamenta en realidades económicas insoslayables y se nutre de la matriz ideológica de la Revolución Mexicana; viene a ser nueva propuesta de pacto social entre el campesino y el Estado, que involucra directamente al conjunto de la nación.
Como se ha escrito, las reformas a la Constitución no obedecen a que haya poco respeto por ella, sino todo lo contrario, la Constitución es reformada porque se cree en ella, porque se presume que la respetan, no soló los destinatarios del poder, sino sobre todo los detentadores. Las Constituciones también se reforman, unas veces para dar cauce a las fuerzas que se imponen y buscan la legitimación de sus pretensiones, una más para salir del paso de desviaciones que han venido generando la práctica del derecho constitucional, otras para producir nuevos estilos de organización; éstas, entre otras, son las razones que animan el dictamen que estamos discutiendo.
Reformar nuestra Constitución entraña una alta responsabilidad, actualizar los principios del movimiento insurgente, que aún hoy son la base de la identidad del país; la reforma constitucional viene a dar certidumbre a las formas de propiedad decantadas por el proceso de la Reforma Agraria.
El dictamen de reforma al artículo 27 reafirma el derecho de la nación de dar a la propiedad las modalidades que dicta el interés público, pero al tiempo la propuesta es clara: fin al reparto agrario masivo, seguridad jurídica a la posesión de la tierra, reglas precisas y democráticas para el campo, libertad y justicia para el campesino, tres formas de propiedad: ejidal, comunal y pequeña propiedad; en ello estriba la verdadera fortaleza de la reforma.
Ahora existe y lo podemos constatar en este dictamen, la disposición animosa por estimular el sector rural mexicano, el ejercicio pleno de su libertad, no soló en lo individual, sino en lo colectivo, no soló en lo productivo, sino en lo creativo; se busca un verdadero renacimiento del campo mexicano, una real dinamización de la economía. Se trata de que miremos hacia el sector rural, no con una actitud de relativa condescendencia, sino con un compromiso histórico que por muchos años se delegó al texto legal y luego al olvido. Tenemos la obligación todos los de liberar al agro mexicano de sus ancestrales ataduras, de rubricarle no en la dimensión del sector rústico, sino en igualdad ciudadana. Tres son los puntos, como dijo el diputado Moscoso, más discutidos; primero, el fin del reparto agrario como instrumento de la distribución de la riqueza; segundo, la elevación a rango constitucional de la propiedad ejidal y comunal y, a la vez, como una de sus consecuencias, la plena vigencia de los derechos ciudadanos del ejidatario y comunero en relación al conjunto de la propiedad social.
Tercero, la apertura de canales legales para la intervención del capital privado en el campo y como consecuencia el establecimiento de un espacio de acción legal para el desarrollo del capital en la producción y apropiación de los recursos del campo.
La sociedad agraria no está formada en el presente por una masa de campesinos pobres, sojuzgados por un pequeño puñado de hacendados; nuestra sociedad rural es un mosaico complejísimo de relaciones en donde conviven multitud de conductas en el área de la producción. Este complejo tejido conforma la base de categorías sociales distintas y algunas de ellas presentan fuertes antagonismos en su relación. No son las reformas que propone el dictamen un borrón y cuenta nueva a la vida legislativa de la nación; se mantienen los elementos trascendentales del Constituyente de 1917, es una reafirmación de los principios generales que conforman nuestra Ley Fundamental. En el campo mexicano actual se han generado una serie de prácticas informales, una especie de economía subterránea que opera y articula a multitud de elementos sociales y que son hoy parte de la estructura social, una estructura social que no se parece en nada a la que dio origen la revolución de 1910; la mediería, la renta de parcelas, la usura, la subocupación, el pago en especie y el acaparamiento, entre otras, tienen en estructura social y en parte las normas vigentes, un campo de cultivo que da lugar a cacicazgos, enriquecimiento comercial, descapitalización de los sectores minifundistas y corrupción burocrática. El minifundio y en general de la desarticulación de unidades corruptivas opera en contra de la productividad agrícola en general.
Su efecto social es también directo al interior de la unidad de explotación, el núcleo familiar debe encontrar en otras actividades sus medios de vida que la tierra no les puede dar, ésta se presenta cada vez más como complemento y no como centro de reproducción social. Más grave es el caso de ejidatarios que formando teóricamente parte de una gran unidad de producción, en muchas ocasiones sufren el mismo proceso que los minifundistas; en ambos casos son presas de situaciones que los obligan a entrar a relaciones desiguales con entidades comerciales de carácter informal, en desventaja rentan sus parcelas y aceptan condiciones límites por parte del arrendatario.
Si el objetivo de la reforma que estamos analizando fuera favorecer a acaparadores o apoyar la agrupación de tierras, no sería necesaria una transformación al artículo 27; la situación existe desgraciadamente y en las condiciones actuales permite a quien acapara o renta, una rápida capitalización y al ejidatario o al pequeño propietario pobre, una vía rápida a las filas del subempleo.
La reforma no pretende legalizar ésta u otras prácticas; considero que el dictamen de basa en reconocer el movimiento real del proceso subproductivo y sobre éste intenta proyectar y encauzar la transformación hacia un modelo nuevo que atendiendo al espíritu de Constituyente de 1917, dé libertad, justicia e igualdad sociales, sean la vía de formas justas de organización de la producción alternativa.
Formar nuevas unidades de producción, más amplias, compactando la tierra al interior del ejido si regionalmente es posible y articulando esfuerzos entre ejidatarios y terceros es el objetivo que se propone. Por ello se hace hincapié en la certidumbre de la propiedad de todos. Con derechos plenos los campesinos pueden optar por modificar la forma en que trabajan la tierra, participar en nuevos proyectos de producción, crear estructuras más eficientes, la certidumbre sobre su propiedad será el apoyo a su identidad, que permitirá que la reorganización social tenga un contenido democrático. Repito, la reforma que se dictamina no legalizará prácticas; intenta, sí, orientar procesos que de seguir el curso actual, no sólo favorecen a los que más tienen, sino que además no garantizan mayor productividad.
Por supuesto que el impacto de una reforma como ésta no puede ser uniforme, primero, por que el ámbito social del campo es complejo, y, segundo, porque en última instancia éste dependerá de los campesinos.
El Estado no se retira del agro, su injerencia será mayor, pero dejando atrás el paternalismo y dando paso a la promoción social de la producción; el Estado respalda a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, pero no debe tutearlos. Proteger no es lo mismo que limitar.
El fin del reparto agrario masivo no es el fin de la Reforma Agraria, ni mucho menos de su fuerza motriz, la distribución de la riqueza agraria. El arraigo del campesino a la tierra y el bienestar de su familia, no se puede reducir a una promesa escrita en la ley, ni a los instrumentos económicos o sociales que el Estado sea capaz de promover y poner al servicio del sector rural, sino fundamentalmente al desarrollo y estímulo de su propia potencialidad de trabajo y asociación.
El proyecto social que contiene el dictamen de reformas al artículo 27, se basa en redistribuir riqueza, y por lo tanto, en crear, ésta, a partir de nuevas formas de asociación y financiamiento. Es el financiamiento la entrada de recursos frescos,, de flujos de capital al campo, un problema que encierra a nuevos elementos y actores sociales diferentes.
Es natural que despierte suspicacia a la intervención del capital privado en el campo. Las limitaciones que nuestra Constitución mantiene al respecto son resultado de una experiencia histórica. En muchos sentidos la Constitución de 1917 es una derivación de la respuesta de los campesinos ante la intervención salvaje del capitalismo en el campo. Esta experiencia no debe repetirse; sin embargo, tampoco puede plantearse en la situación actual una reactivación de la economía de la agricultura y una distribución de la riqueza, sin atender a la necesidad de nuevos y crecientes recursos que, por otra parte, los campesinos no tienen y el Estado no puede canalizar en los volúmenes necesarios.
Por otra parte, existen realidades que es importante no dejar de lado. El capital ya participa en la agricultura de hoy. En muchos casos las experiencias han dejado en beneficio para el productor, pero las experiencias negativas por desgracia también son muchas. La introducción del capital deriva en acaparamiento de cosecha, distorsión de aparatos productivos, modificación de formas de producción y comercio especulativo, cuando no usura.
Negar la participación de sociedades mercantiles reglamentadas, con límites precisos como la reforma lo establece, es seguir permitiendo que la participación real, la que tienen en estos momentos, siga orientada en principios estrictamente comerciales, invirtiendo poco, especulando y sobre todo sin una orientación de carácter nacional.
La reforma promueve la participación del capital bajo reglas claras. Aquí, insisto, no se trata de legalizar la especulación o las prácticas que son un hecho cotidiano, puesto que éstas no han llevado a la reactivación de la economía y sí a distorsiones productivas que afectan al conjunto del sistema nacional.
Se pretende crear un ámbito de acción para el capital, que lo articule al conjunto del sistema reproductivo y no simplemente, como hasta ahora, a participar desordenada y especulativamente en las fases últimas del circuito productivo.
La formación de empresas rentables y eficientes en el campo, es una prioridad para la nación, pero la verdadera prioridad es que la riqueza que surja de las actividades productivas, se distribuya, genere bienestar, permita consolidar nuestra soberanía, que no puede estar fundada en nostalgias y con un presente de miserias. La potencia de la nación debe medirse por el bienestar de las mayorías.
De aprobarse este dictamen, el ejidatario podrá estar en condiciones de igualdad con los pequeños propietarios; su esfuerzo y dedicación le abrirán la posibilidad de tener una mayor movilidad económica y social en las estructuras rurales; el dominio que habrá de ejercer sobre su parcela permitirá, además se satisfacciones, la misma certidumbre y seguridad de la tenencia de la tierra, que se considerará en los pequeños propietarios. Un permanente estado de tranquilidad en el ámbito rural, será la base que habrá de producir un óptimo desarrollo socioeconómico.
La reforma al 27 constitucional permitirá la libertad de los ejidatarios, de su organización y la posibilidad de que sean ellos los que decidan su futuro como productores y como propietarios.
Este aspecto, la posibilidad de que el sector social pueda decidir la venta de sus parcelas, se ha colocado como el centro de la discusión. Algunos, llevando al extremo sus argumentos, afirman que dadas las condiciones de pobreza, la mayoría de los ejidatarios llevarán a una venta indiscriminada de parcelas y por consecuencia al acaparamiento y al neolatifundismo. Me parece que existe otra posibilidad y es por la que yo me inclino.
La mayor libertad, la más preciada para todos, es la capacidad personal de decidir el futuro. Esta libertad potencia nuestras capacidades y es el factor fundamental para crear riqueza social. La autonomía, la desburocratización de las instancias que presionan al ejido, permitirán que esta forma superior de organización productiva despliegue todas sus potencialidades.
En suma, la reforma al artículo 27, permite proseguir la tarea que el Constituyente de 1917 se planteó: "Libertad y justicia para los campesinos".
En lo económico, la iniciativa obre posibilidades para el desarrollo agrícola, en lo político crea las bases para que el movimiento campesino tenga un papel protagónico en la vida de la nación.
La libertad plena de los ejidatarios, la certidumbre sobre la propiedad, la posibilidad de tener dominio pleno de la parcela que posibilita la reforma, no será el preludio de la fatal desaparición de esta institución.
Los núcleos ejidales que han logrado prosperidad económica, tienen en la reforma un apoyo que incentiva su capacidad productiva. La nueva libertad representa posibilidades reales de reactivar su vida comunitaria, democratizar sus órganos de gobierno y replantear su apoyo productivo.
Aquí, como en todos los ámbitos sociales, los efectos del cambio social democrático tienen más posibilidades de apuntalar la organización comunitaria que desintegrarla.
Francamente estoy seguro que al dotarlos de libertad para decidir su propio futuro, los campesinos de México no van a malbaratar su tierra.
No olvidemos que el ejido es un producto de la lucha de los hombres del campo y que nadie se los dio gratuitamente; es el resultado de un triunfo histórico de los campesinos de México.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Héctor Morquecho, en contra.
El diputado Héctor Morquecho Rivera: - Señor Presidente, con su permiso; señoras y señores diputados:
Exactamente el voto de mi partido será en contra de este dictamen sobre las reformas al artículo 27 constitucional. Estas son las reflexiones, los planteamientos, los fundamentos de mi partido.
Señoras y señores diputados. ¿Qué nos ha enseñado la historia tocante a este asunto que hoy se está debatiendo? Nos enseña la historia que el reparto de la tierra, como todos sabemos, surgió de la Revolución Mexicana. Fueron las grandes masas de campesinos las que lucharon por destruir la estructura feudal y liquidar el régimen porfirista que propició una concentración insultante de la tierra, al grado que el 95% del territorio nacional estaba en manos del 1% de la población.
Por eso se explica que concluido el movimiento armado, la primera medida revolucionaria de grandes dimensiones fue la destrucción de las haciendas y el reparto de la tierra por la vía ejidal, para evitar una nueva concentración de la tierra en pocas manos, a fin de impedir que resurgiera la concentración que generó la agudización de las contradicciones que condujeron, finalmente , al enfrentamiento armado.
Han transcurrido 81 años, pero si hoy permitiésemos, compañeros diputados, que se volviese a presentar la concentración de la tierra en pocas manos y dejásemos que el control de nuestra economía volviera a pasar a manos del capital extranjero, estaríamos atizando precisamente las dos contradicciones que nos condujeron en el pasado reciente al mencionado movimiento armado conocido como Revolución Mexicana.
¿Qué conclusión podemos obtener de esta enseñanza histórica? La primera es que el gobierno de la República tiene la obligación de desarrollar el campo mexicano, impulsando al ejido, rodeándole de todo tipo de estímulos, precisamente para crear todas las condiciones indispensables para la productividad; es decir, se planteó no una opción para el gobierno, sino una obligación histórica.
Por eso, cuando desde los propios sectores oficiales se condena al ejido y a los ejidatarios, llamándole al ejido entidad improductiva y a los ejidatarios hombres carentes de creatividad, estos voceros oficiales, sin quererlo, se hacen en realidad una autocrítica, porque la obligación del gobierno, deriva del mandato del pueblo, es precisamente convertir al ejido en el núcleo central de la actividad agropecuaria, haciéndolo productivo por excelencia, como resultado de la intervención del Estado, proporcionando insumos, tecnología, créditos, asesoramiento y todos los requerimientos para el desarrollo del ejido.
Sobre esa base debemos hacer esta también breve reflexión: ¿cuál ha sido el proceso de la distribución de la tierra? El territorio nacional cuenta con un total de 197 millones de hectáreas; se ha repartido un 53% en la forma social de la propiedad; es decir, 104.7 millones de hectáreas en ejidos y comunidades, un 34%; es decir, 67 millones de hectáreas están asignadas a la forma privada de la tenencia de la tierra.
Ciertamente se destruyó el latifundismo, pero se creó al mismo tiempo el minifundio. Esto es un afán democrático de dar tierra al mayor número de solicitantes, pero ha sido ineficaz desde el punto de vista productivo, pues es evidente que la producción en grandes extensiones de tierra reduce costos y permite incrementar la misma productividad y en sentido inverso, la pulverización de la extensión de tierra presenta obstáculos serios para ese propósito.
Lo que debió hacerse es distribuir la tierra a los campesinos, pero manteniendo la unidad productiva en grandes extensiones, a través de empresas ejidales de producción que unificasen el esfuerzo personal de cada uno y aprovecharan el sentido extensivo e intensivo de la actividad agrícola. Por ejemplo, en la zona central del país es en la que se encuentra casi el 50% total de ejidatarios de nuestro país; también concentra las parcelas ejidales más pequeñas, puesto que más del 56% de los ejidatarios de esta región tiene parcelas de menores a cuatro hectáreas, algunas de ellas son apenas unos cuantos surcos.
Por otra parte, en la zona del Pacífico norte, que comprende los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y parte de Nayarit, se concentra menos del 15% de los ejidatarios del país y de ellos más de la tercera parte tienen parcelas de 10 hectáreas o más.
Pero el minifundio no es privativo del ejido, también se presenta en la forma privada de la tenencia de la tierra, pues del total de la tierra privada en México, el 1% de los predios posee las tres cuartas partes del total de tierras asignadas, evidentemente en parcelas de 50 y hasta mil hectáreas o más.
En cambio, el 67% de todos los predios privados, posee apenas el 1.0% del total de la propiedad privada del país.
Tocante a la tierra de labor, este problema del injusto reparto es más notorio, pues el 77% de los predios, los de menos de cinco hectáreas, abarca apenas el 10.8% de la tierra de labor no ejidal, en tanto que el 4.1% de los predios comprende el 63% de la tierra de labor, en predios de más de 50 hectáreas, casi todos encubiertos bajo la forma de la pequeña propiedad.
En este sentido, en este proceso, ¿cuál ha sido la política del Estado mexicano en el campo? Cada vez que el Estado mexicano ha cumplido con su obligación de proporcionar al ejidatario y al pequeño propietario la inversión necesaria para poner a su alcance el crédito barato y oportuno y permitirles el acceso a fertilizantes, insumos, tecnología etcétera, como lo demuestra el surgimiento bajo estos aspectos del llamado "milagro agrícola mexicano", en el que una vez consolidado el reparto de la tierra y sentadas las bases del agrarismo por parte del gobierno del general Lázaro Cárdenas, entre los años comprendidos de 1940 y 1966, la tasa de crecimiento del producto interno agrícola, de la actividad agrícola, fue superior al 6% anual y lo mismo ocurrió en los años de 1976 a 1981, cuando el crecimiento agrícola registró un indicador semejante del 6% anual. Es decir, En estas etapas mencionadas, la agricultura nacional satisfizo las necesidades internas de alimentos y de materiales para la industria alimentaria de nuestro país.
Asimismo, no es casual que en esos años de registrase un mejoramiento continuo de los niveles alimentarios de la población, como tampoco es casual que en eso años hubiese grandes excedentes agrícolas para la explotación. Esto sin duda se debió al factor importante de la aplicación de una política de precios de garantía, que estimularon la inversión productiva en el campo.
Sin embargo, nos hacemos otro cuestionamiento, en virtud de las nuevas condiciones que han aparecido en el campo mexicano. ¿Qué ha sucedido en los últimos años en el campo? Se ha registrado una caída en la tasa de crecimiento; es decir, la tasa de crecimiento a partir de la década de los sesenta, que tenía una tasa promedio anual del 3.8%, en la década de los sesenta, bajó a 3.3%, en los ochenta, a 1.3% bajó y, en 1989. bajó a menos 0.8%.
En los otros renglones relativos a los precios de garantía, según los Datos del Programa Nacional de Solidaridad, a los datos relativos al gasto público en el desarrollo rural, ha venido bajando también el rendimiento en la producción agrícola, todo esto debido a la política neoliberal que ha implementado en los últimos años el gobierno federal. Esta política neoliberal se ha venido instrumentando con los propósitos ya señalados por otros partidos, por otras fuerzas, en el sentido de crear las condiciones para quebrar la vida del ejido y para someter nuestra soberanía nacional y ponerla de rodillas frente al capital extranjero, en lo que se refiere en este caso a la producción agrícola.
Por esa razón, siendo evidentes las condiciones de miseria, de insalubridad, de pobreza, de carencias de los servicios más elementales, es que el Partido Popular Socialista, ha hecho ya diversas propuestas al través de otros compañeros en esta tribuna, en esta misma sesión y consideramos que el esquema que ha presentado el Partido Popular Socialista, constituye un aspecto importante con el que se coinciden otras fuerzas avanzadas de nuestra patria. Pero ¿cuales son los otros efectos para que concretamente con el motivo de esta reforma que se está planteando están afectando o afectarán la vida de nuestro país?
Quiero señalar una cuestión fundamental. Si esta reforma se aprueba, se va a profundizar la
contradicción principal que existe en nuestro país, que consiste en la contradicción entre México y el imperialismo Extranjero. México será más dependiente del exterior y se convertirá por la vía del saqueo ahora agrícola en exportador noto de capital. Esto por la vía de las sociedades mercantiles, se conformarán por esta vía la figura de los latifundios corporativos. De esta manera el capital extranjero tendrá participación en proyectos de inversión en el campo. Participarán los bancos extranjeros en favor de las empresas transnacionales, para dominar y manipular la industria alimentaria nacional.
Como lo han expresado otros compañeros diputados, las fuerzas económicas del exterior, organizadas en consorcios financieros monopólicos, alimentarios y del comercio, van a encontrar y han manifestado que solamente están esperando la aprobación de esta reforma al 27 constitucional, para efectos de manipular sus esfuerzos y aprovechar la mano de obra barata de los campesinos y bajo el pretexto de las asociaciones que se han planteado, convertir a los campesinos mexicanos en peones agrícolas y a nuestra nación, en una colonia del imperialismo norteamericano, Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado José Ramos, a favor.
El diputado José Ramos González: - Propuestas de la fracción del Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional al decreto que reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
1. Una toma de posición sobre la iniciativa Presidencial, implica: Discutir al diagnóstico de la situación del sector rural, contrastándola con la que nuestro partido ha elaborado; discutir los objetivos y líneas de acción propuestas; discernir sus posibilidades, límites, insuficiencias y/o contradicciones; para valorar la traducción jurídica, constitucional y reglamentaria, de la policía pública.
2. El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional ha señalado ya su toma de posición respecto a la iniciativa de reformas al 27 constitucional; en lo general hemos dicho votaremos a favor. Pero esto no implica ni una aceptación puntual de la propuesta, ni mucho menos, ausencia de explicaciones técnicas, políticas, económicas, e incluso históricas, que fundamenten nuestra posición. Por el contrario, votar a favor, en nuestro caso, significa estar en lo fundamental de acuerdo, pero señalando, también, lo que nos parecen insuficiencias y límites de la iniciativa en función de un diagnóstico propio de la realidad agraria, y de un conjunto de propuestas específicas que señalaremos en su momento, y que por ahora nos interesa aclarar su fundamentación teórica - política.
3. Los considerandos de la iniciativa presidencial se apoya en un diagnóstico general que destaca: La descapitalización del sector primario; la incertidumbre jurídica; minifundio, improductividad y pobreza extrema; rentismo, mediería y venta ilegal de parcelas.
Nos parece que en lo general estos problemas son fácilmente aceptados por todos. Podrán discutirse las causas y, con mayor razón, las líneas de solución y su traductibilidad jurídica, pero todos los consideramos definitivos.
La cuestión, entonces, es reconsiderar el diagnóstico; es decir, encontrar problemas no considerados o subvalorados, porque de ahí se derivarán elementos críticos y/o adicionales a la propuesta.
4. Nosotros consideramos que el diagnóstico si bien es correcto en lo general, también es insuficiente. No considera, por lo menos, dos aspectos a nuestro parecer centrales, en el presente, pero sobre todo, en el porvenir rural, y de la sociedad entera. Nos referimos a la cuestión de la soberanía nacional y a la cuestión ecológica.
5. Por esto, es que aún estando de acuerdo en que la justicia y la libertad son objetivos importantes, habría que agregarles el de la soberanía y la ecología, para completar la propuesta del Ejecutivo y otorgarle un cariz nacionalista y protector de los recursos bióticos.
6. Después de señalar nuestros agregados al diagnóstico y a la modificación de los objetivos, nos parece importante destacar los puntos de acuerdo y de critica en lo referente a los lineamientos y su expresión jurídica. En este punto señalaremos las imprecisiones e insuficiencias, en el aspecto de la descapitalización, la soberanía y la ecología, a fin de responder más plenamente a los objetivos que aparecen en la iniciativa y los que hemos agregado.
7. La Descapitalización
Encargar los restos de la productividad en le campo implica una más adecuada combinación de factores productivos. se necesita definir, en visiones estratégicas del desarrollo rural, no tan sólo las dimensiones ideales de las porciones territoriales
que requieren unidades productivas eficientes. Conviene definir estrategias de productividad y de competencia que consideren los contextos de la globalización comercial. En nuestra opinión el problema del minifundio rural, tanto ejidal como de pequeña propiedad, representa una arista de las dificultades para la acumulación de capital en el agro; existen además, problemas desinversión y de un gran atraso tecnológico. Por eso nos preocupa que el debate en torno a la cuestión agraria se concentre en el problema del minifundio.
Reconocemos la necesidad de modificar la legislación agraria. Lo sostenemos porque los problemas y los retos del país son en gran medida distintos a los de hace dos décadas, para no referirnos a los de 1917. Las distintas modalidades de asociación entre diversas formas de propiedad no son favorecidas en el marco jurídico vigente. El proyecto del Ejecutivo intenta resolver esta cuestión. Sabemos que es muy complejo buscar formas de asociación entre distintas formas de propiedad y no somos ingenuos; entendemos sus riesgos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que es difícil modernizar el agro en este contexto legal.
La capitalización implica transformar la ley en materia agraria. Pero también deben generarse condiciones favorables para que las actividades rurales sean productivas, lucrativas y no exacerben las desigualdades sociales y los desequilibrios regionales.
Las tendencias modernas del Estado significan inversión sustantivas en el desarrollo de la inversión estatal productiva. En el campo se aprecia claramente este fenómeno. No hay recursos estatales suficientes para sostener procesos productivos rurales ineficientes por plazos tan largos. Su sostenimiento ha implicado, como todos sabemos, beneficios para caciques y funcionarios corruptos. Los campesinos se benefician cada vez menos de esos subsidios estatales. La lógica de la inversión estatal en el campo debe cambiar para ser productiva.
Pero en estos cambios la mayor participación de la inversión privada es fundamental. A nuestro parecer sería un error y un desacato a la norma constitucional que el Estado dejara de regular y de promover el desarrollo rural integral. La última fracción del artículo 27 es muy clara cuando señala que para alcanzar el tipo de desarrollo rural aludido se buscan como propósitos: la generación de empleos y garantizar a la población campesina el bienestar y su incorporación en el desarrollo nacional.
A nuestro parecer, la propuesta del Ejecutivo se enriquecería si desde ahora se incorporasen:
Definiciones precisas en materia de productividad agrícola;
Formas claras de protección al sector agrícola conforme a las que operan en los grandes países industriales, y
Un compromiso claro de avanzar hacia la soberanía alimentaria.
La meta fundamental de la iniciativa de buscar la, transformación en el campo con un sentido integral, implica definiciones estratégicas que rebasan las fronteras de un sexenio. Los riesgos deben ser considerados. Se busca que las actividades rurales, en particular las agrícolas, sean rentables. El campo debe ser un negocio productivo y no un espacio de especulación inmobiliaria, o de pobreza inaceptable.
Soberanía alimentaria
La creciente importación de granos básicos, que aparecen en el diagnóstico, no es sólo un problema de balanza comercial, o insuficiencia productiva, es una cuestión de seguridad y soberanía nacional.
Es un problema macroeconómico la cuestión de la producción insuficiente de alimentos y materias primas, y seguramente un problema de divisas la importación necesaria para mantener niveles de oferta compatibles con el nivel de precios, sin embargo, analizar así el problema es quedarse en un nivel economicista del problema. La cuestión no radica, tampoco, es insistir en las ventajas comparativas en hortalizas y otros productos agrícolas para financiar la importación de los granos básicos, pues esta sería una solución volátil que depende de la evolución de los términos de intercambio internacionales y el nivel de reservas nacionales. La soberanía alimentaria es una cuestión de seguridad nacional, el gobierno mexicano no debe ni puede permitirse el lujo de depender de variables económicas coyunturales la alimentación del pueblo.
Por esta razón consideramos de primordial importancia la elevación a rango constitucional del derecho a niveles de nutrición adecuados y de interés público la producción de granos básicos.
9. Un desarrollo rural con respeto a la ecología.
Sin duda, en la época en que se discutió y redactó la Constitución mexicana la preocupación por
los problemas del medio ambiente era inexistente, y de lo que se trataba era de remediar los problemas de la acumulación excesiva de riqueza y de tierras, de ordenar los conflictos de clase, y dirigir el desarrollo económico y social a partir de la intervención pública.
Hoy, más de sesenta años después, las cuestiones de la justicia social permanecen y las de la producción también, pero ya se han utilizado hasta agotarlos los métodos tradicionales en los que la izquierda confiaba solucionarlos. Ya hemos hablado de esto al tratar los límites del estado inventor. Pero además de los problemas hasta cierto punto tradicionales han aparecido otros nuevos: el más importante es el de la ecología.
Signo de su tiempo, el artículo 27 se construyó con una lógica redistributiva donde la problemática se centraba en la propiedad y regulación estatal de la tierra y los recursos naturales desde una perspectiva social y racionalista que considera la naturaleza como un objeto o un arsenal a disposición y dominio del hombre.
Sin embargo, los límites de esta concepción han llegado. Son evidentes los problemas ecológicos, por lo que se precisa repensar las formas de propiedad no solamente en función de la producción y la justicia, sino también de la ecología. El artículo 27 debe reconstruir sus postulados incorporando a la naturaleza como un sistema equilibrado del cual el hombre es una de sus partes.
En el texto vigente esta preocupación está subsumida como una de las consideraciones en la regulación de la propiedad privada; pero en la iniciativa no se destaca ni como un problema específico, ni muchos menos en una línea de atención en las modificaciones.
Si ésta es una reforma con miras al próximo siglo, debiera considerarse que entonces el problema mayor será el de la ecología y a él deberán referirse todas las regulaciones sociales. Sin duda la propiedad estará en función de la protección del capital ecológico y no sólo de la eficiencia y de la equidad social. Muchas Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Raymundo Cárdenas, en contra.
El diputado Raymundo Cárdenas Hernández: - Gracias, señor Presidente; ciudadanas y ciudadanos diputados:
Se ha estado repitiendo una y otra vez por parte de quienes hablan a favor el dictamen, que hay una búsqueda de desarrollo del campo, con justicia social y con democracia.
Lo mismo dijo Echeverría, los mismo ha dicho López Portillo y lo mismo dijo Miguel de la Madrid y siempre han dicho lo mismo. Han ofrecido la justicia social y han hecho campañas electorales con los recursos estatales que les han permitido tener una imagen ente los más empobrecidos de este país, que los lleva a vender su voto por migajas del pastel que otros se comen.
El desarrollo con justicia social, los proyectos que nos ha dado, que ha puesto en práctica el Partido "Revolucionario de Acción Nacional...", perdón, Revolucionario Institucional, ese modelo ha producido una sociedad de 80 millones de mexicanos, de los cuales 40 millones están en la pobreza, 17 m millones en la extrema pobreza y en los últimos 10 años la participación de la remuneración de asalariados del ingreso nacional disponible, han pasado de 40.6% al 28.8%; mientras que el excedente de explotación, la tajada de los amigos de Salinas ha pasado de 53.8% a 64.02%.
Eso en los últimos 10 años en la mayor parte de los cuales ha estado implementándose el proyecto que hoy es glorificado en esta tribuna.
Mientras se ofrece desarrollo en el campo con justicia social, tenemos una población que se empobrece rápidamente, que tiene servicios de salud cada vez más deficientes, tenemos una población en donde el servicio educativo mayoritario o para las mayorías es ineficiente totalmente, debido principalmente a la corporativización del Sindicato de Maestros y a la reducción de la participación estatal en el apoyo a la educación.
Las desigualdades son evidentes, pero también la exitosísima política del Partido Revolucionario Institucional - gobierno ha producido desigualdades regionales que dan pavor. Mientras que la producción industrial, los empleos, pero también los problemas que ello conlleva, se concentran en unos cuantos polos de desarrollo, como la capital del país, Monterrey y Guadalajara, extensas regiones del país viven en la marginación y ésta se profundiza cada vez más.
Cuando los distintos oradores suben a ofrecer este desarrollo social, desarrollo con justicia social y democracia, me puse a pensar qué le dice
esto a los distintos segmentos del pueblo mexicano. A los 37 miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios que controlan el 22% del producto interno bruto y a los capitalistas extranjeros, se les dice: el campo es suyo, vayan a invertir a las mejores tierras, confiamos en ustedes para el desarrollo de México.
Pero qué le dice esta política y esta propuesta a los millones de campesinos, a los millones de pobres que no tienen para subsistir. ¿Cuál es la oferta que hacen los políticos oficiales para pueblos como el de la entidad de que provengo, de Zacatecas, que son eminentemente agrarios? Provengo de una entidad y la pongo como ejemplo porque creo que es representativa de otras regiones subdesarrolladas, más el subdesarrollo de todo el país, en donde más del 50% de la población económicamente activa vive del campo, trabaja en el campo.
Pero sin embargo y a pesar de tener una tasa de natalidad superior a la medida nacional, en Zacatecas la población total no crece y no crece porque la gran mayoría de la juventud se está "escurriendo" por todos los canales que llevan al país del norte. Y es así que la mayoría de los zacatecanos tenemos ramas de nuestra familia instalada en California, en Texas, en distintos estados de la Unión Americana. ¡Hay más población de Zacatecas en la zona conurbada de Los Ángeles, que en la capital del estado!
Esta migración pavorosa, la ha provocado una política que desde el Estado privilegió la constitución de los centros de desarrollo concentrados y marginó a regiones enteras. ¿Cómo se iba a desarrollar mi entidad si durante años los excedentes de la producción agrícola se han ido a subsidiar la industrialización del país? ¿De qué ha servido que Zacatecas sea el principal productor de frijol y que haya producido grandes volúmenes de frutales de duraznos y de vid en los últimos años? ¿De qué ha servido que hagan campañas publicitarias ostentosas para decir que en Zacatecas se está cumpliendo para lograr una autosuficiencia alimentaria?
A las zonas frijoleras de Sombrerete ha ido Salinas de Gortari a llenarse la boca diciendo que "los campesinos zacatecanos están siendo correspondidos por el gobierno". Pero habría qué ver, habría qué ver por qué se ha producido en Zacatecas y a dónde se ha ido esa riqueza.
Está claro que en Zacatecas, pese a que los últimos gobiernos han estado insistiendo en que impulsarían su desarrollo armónico industrial, no ha logrado transformar la distribución de la población económicamente activa en los distintos sectores. Sigue estando la mayoría de los zacatecanos en el campo. No hay transformación estructural y si a esto se le considera como un índice adecuado, no hay desarrollo.
Esto es uno de los resultados de la política agropecuaria de gobierno: marginar a entidades completas y los escasos avances de la agricultura en Zacatecas no se deben ni mucho menos a la política oficial.
Hay estimaciones que han hecho investigadores serios, que hablan de que a Zacatecas han llegado por vía de dólares que envían nuestros compatriotas en Estados Unidos, una cantidad igual a todo el producto agropecuario de Zacatecas.
Muchos ciudadanos de Zacatecas quieren a su patria chica, quisieran arraigarse y han traído sus escasos ahorros para invertirlos en su tierra y abrirse la vía para un día regresar a su país y así hicieron caso al gobernante Pámenes Escobedo, que los condujo a que invirtieran plantando vid, pero la política del monopolio de Pedro Domecq está haciendo que ahora estén destruyéndose los viñedos con la desilusión profunda de los agricultores.
Y lo mismo pasa hoy con los durazneros de las zonas de Jeréz, especialmente, que le creyeron al gobierno, que le creyeron a Genaro Borrego cuando fue a Estados Unidos a tratar de convencerlos de que su país estaba abierto para ellos y que ahora, a la hora de comercializar el durazno, ven que su gobernador no hace nada para cerrar la puerta a los duraznos de California o de otros estados de la Unión Americana, que bajan el precio de sus cosechas de manera brutal.
A esos ciudadanos, a todos esos no les dice nada su demagogia de que van a producir el desarrollo con justicia social, porque ellos, lo que no quieren es vender su tierra, quieren tener una raíz; lo que les ofrecen los señores de la mayoría en esta sesión, es: vende tu tierra, empléate como asalariado aquí y eso no lo van a hacer, porque preferirán irse a ganar unos cuantos dólares más.
Aumentará la emigración de mexicanos hacia el norte y vamos a ver aumentar el número de familias resquebrajadas, el número de mujeres que se quedan en su casa cuidando la tierra, mientras que el campesino empobrecido va en tiempos de secas a buscar el sustento, empleándose en los peores trabajos al otro lado de la frontera; van a aumentar las mujeres solas. Yo
invitaría, ojalá que tengan oportunidad de ir a la zona semidesértica de Zacatecas, para ver el drama a lo que han conducido las políticas tan exitosas de los gobernantes.
No les creemos su promesa de que habrá desarrollo con justicia social; lo que habrá es una mayor concentración de riqueza; habrá apropiación de las mejores tierras y para algunas entidades, como la mía y la pongo como ejemplo, donde la mayor parte de las tierras son de mala calidad y con bajas cuotas de precipitación pluvial, ahí los que se van a apropiar de la tierra son los caciques de siembre, porque el capital habrá de ir a donde haya las mayores ganancias y entidades completas como Zacatecas y otras que están en la misma situación, tendrán un gravísimo problema para insertarse al desarrollo nacional, en caso de que esto se diera en algunas regiones.
Y también queremos decir que menos les creemos que vaya a haber desarrollo en el campo con libertad y democracia. ¿Cómo habrá ciudadanos... voy a terminar, compañero, espero que tenga paciencia... cómo creer que tengan la intención de generar un proceso de desarrollo con democracia, cuando en estos tres años del gobierno salinista no ha habido un solo avance democrático?, porque lo que ocurrió en San Luis y en Guanajuato, son las maneras modernizadas de hacer lo mismo que hacía el cacique Gonzalo N. Santos: el dedazo, la imposición, eso es lo que hay. ¿Cómo creer que habrá democracia en un régimen de partido en donde el Congreso abdica de su función fiscalizadora del gasto, en donde la mayoría tiene la mayoría también en las contadurías mayores de Hacienda y en las comisiones de vigilancia, porque no se atreven a permitir que en los congresos estatales y en el congreso nacional pudiera la oposición encabezar y tener mayoría en las comisiones de vigilancia y no lo permiten porque el mecanismo privilegiado que se ha utilizado para concentrar la riqueza es la corrupción y ejemplo de ello es la riqueza de Carlos Hank González, que ahora nos promete desarrollo social con democracia. Pamplinas. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra, para hablar en contra...
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul): - Hay compañeros registrados en la lista; 26 compañeros oradores, a un promedio de 20 minutos que se está tardando cada uno de los oradores, yo estoy estimando que a esta reunión le faltan todavía hasta las 10.40 de la mañana; faltan como ocho horas; si la ajustamos a los 10 minutos, terminaríamos a las 7.00 de la mañana. Yo quiero transmitir una cosa: estamos en un debate histórico, en un debate de una gran trascendencia, me parece una vergüenza que se esté legislando al vapor a las 3.00 de la mañana en las condiciones en que estamos, compañeros.
El Presidente: - Lo escuchamos. Tiene la palabra el diputado Cristóbal Arias, para hablar en contra.
El diputado Cristóbal Arias Solís: - Señor Presidente; ciudadanos legisladores:
Estamos frente a una iniciativa de reforma al artículo 27 que contempla una nueva reforma agraria. La iniciativa del Ejecutivo, sin embargo, es de lamentar que no llegue a este recinto parlamentario precedida de opiniones o de consultas; no se registra ni en su campaña política para la Presidencia de la República, planteamiento parecido al que se contiene en esta iniciativa. No registramos en las propuestas de las plataformas electorales de los partidos en el reciente pasado proceso electoral del 18 de agosto, pronunciamiento similar a esta iniciativa y más lamentable todavía, como ha sido repetido en diversas ocasiones en esta tribuna, es la ausencia de un verdadero debate nacional que involucre no únicamente a los representantes del Congreso de la Unión, sino a los sectores y a los factores de la propia producción.
Muy saludable hubiera sido para el propio Ejecutivo y para la mayoría en este recinto haber aceptado que sin prisas y en el período de sesiones que fuera necesario de los tres años que corresponden a esta legislatura, se hubiese llegado con una propuesta que recogiera los puntos de vista, no únicamente de los partidos o de los representantes de algunas organizaciones sociales agrarias, sino de vastos sectores de la sociedad interesados en este grave y delicado problema.
La única coincidencia que podemos tener quienes aquí debatimos, es nuestra coincidencia común en el atraso y en la pobreza que existe en el campo mexicano, que afecta a las diversas formas de tenencia de tierra, pero principalmente a las denominadas del sector social, ejido y comunidad, pero no excluye, por supuesto a la auténtica pequeña propiedad. Nuestras divergencias serían entonces las diversas propuestas o alternativas para buscar solución al grave, profundo y complejo problema agrario de nuestro país.
Sin embargo, la iniciativa del Ejecutivo no se modifica en nada sustancial, por el contrario,
se confirma la voluntad de esta mayoría en ratificar la iniciativa del Ejecutivo.
Nos preocupa que no obstante que en dicha iniciativa se sigue contemplando aún el derecho que tiene la nación de ser la propietaria originaria de las tierras y aguas, nos preocupa sin embargo la modificación que reforma para cancelar el reparto agrario.
Nos preocupa que no obstante que efectivamente se preserva el derecho que tiene la nación de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, sin embargo, tal pareciera que en los hechos, el Estado mexicano se arroga el derecho de imponerle a la propiedad social agraria, ejido y comunidad y aún a la propia auténtica pequeña propiedad, las modalidades que dicte el interés particular.
No estamos de acuerdo en la cancelación que se hace del derecho de los pueblos, de los núcleos de población a seguir solicitando que se amplíen sus ejidos, que se les dote de tierras, que se les restituyan tierras, que se creen nuevos centros de población. Sabemos, es cierto, que de administraciones anteriores, de hace muchos años, en los hechos se han negado a seguirse afectando superficies que rebasan los límites que establece la Constitución a la propiedad privada.
Pero eso no significa que por ello hayan dejado de existir propietarios particulares que acumulan abierta o simuladamente superficies que exceden de los límites de la ley. Nuestra actual estructura jurídica, como lo establece el artículo 27 constitucional, permite, con un mínimo sentido elemental del derecho, que se refleja en la realidad, la acumulación, a nombre propia o de interpósitas personas, de superficies que van más allá de lo establecido por la Constitución y las leyes reglamentarias y el derecho que establece el propio 27 constitucional a seguir ejerciendo la acción legal de denunciar y solicitar la investigación de predios susceptibles de investigación, para que sean aceptados y entregados a los núcleos solicitantes es la limitante, es lo que contiene en parte para evitar acumulaciones.
He sabido también que en la propia ley reglamentaria de la Ley Federal de Reforma Agraria se establecen procedimientos especiales para la investigación de los fraccionamientos simulados, para la investigación y cancelación de certificados de inafectabilidad, porque presume de acuerdo a la estructura jurídica del artículo 27 constitucional que, no obstante haber concluido el masivo reparto de las tierras, principalmente en regímenes que cumplieron con los compromisos establecidos en el pacto social revolucionario que se consagró en la Constitución que nos rige y que se plasmó en el artículo fundamental, que es el 27.
Aquí en esta tribuna, en diversas instancias gubernamentales, en el debate reducido que se llevó en este recinto, se escucharon voces de dirigentes campesinos y de campesinos que siguen señalando nombres y apellidos que detentan superficies que no se han querido tocar por los intereses creados.
Se pretende entonces, con esta reforma al 27, dar por concluido de manera definitiva y absoluta el reparto, pero eso podrá quedar en el papel, en el texto del 27 en sus modificaciones, pero no en la realidad y hay una realidad terca que no está presente aquí pero si está presente y lo saben muy bien quienes están en las dependencias del sector agropecuario, en las comisiones agrarias mixtas, en las direcciones de la Secretaría de la Reforma Agraria, en las oficinas del Cuerpo Consultivo Agrario, donde siguen deambulando grupos de presión social, grupos de campesinos que siguen yendo y viniendo de sus pueblos a las instancias gubernamentales a seguir insistiendo en que se les procure y se les imparta la justicia agraria a que tienen derecho.
Esa es una realidad que conocen mejor que nosotros quienes manejan las cifras, las estadísticas de estas dependencias. De los miles de expedientes con dictamen negativo del Cuerpo Consultivo Agrario, atrás de esos dictámenes están miles de campesinos de diversos poblados de nuestro país que no tienen alternativa si no es el reparto de la tierra con instrumentos para hacerla producir, que no tienen alternativa en el campo y no tienen alternativa en la ciudad.
Hemos escuchado intervenciones importantes de representantes de la mayoría en este recinto parlamentario y hemos escuchado autocríticas que reconocen desviaciones, que reconocen errores, que reconocen equivocaciones en la aplicación de la política agraria en nuestro país por diversas administraciones pasadas, que condujeron al desplome y a agudizar la crisis agrícola que se prolonga por muchos años en nuestros país.
Hemos escuchado autocríticas que reconocen de la ineficiencia, del burocratismo y de la corrupción de impera en el campo, pero no estamos de acuerdo con sus puntos de vista para sacar del atraso del subdesarrollo y de la marginación en que se encuentra nuestro campo, con una iniciativa que a pesar de énfasis de algún orador o algunos oradores hicieron, de que no es para
legalizar la realidad existente ante lo que ellos, sin afirmarlo implícitamente lo aceptan, del fracaso de las políticas agrarias de las últimas administraciones, no creemos que ésta sea la salida, la solución al problema del campo. Pensamos que es una falsa salida creer que va a ser la economía de mercado en el campo mexicano la que va a venir a salvar de la crisis profunda en que se encuentra nuestro campo.
Si se reconoce que efectivamente existe rentismo, que existen empresas nacionales o representantes de empresas trasnacionales en el campo, se va a legalizar lo que de hecho está existiendo, se está dando en nuestro país, pero que no ha dado los resultados esperados. Es el espejismo, es la ilusión que aquí quisiera que eso fuera lo que trajera la solución a los problemas que afectan al campo.
Hoy, a quienes hemos llegado aquí e invocamos algo que no se puede borrar con una iniciativa, nuestras raíces históricas, nuestras raíces ideológicas, el producto de una lucha de nuestros antecesores y que está plasmada, como decía hace un momento, en la Constitución, se quiere descalificar llamándolos dogmáticos o nostálgicos del pasado.
Sin embargo, quienes ayer todavía defendían las diversas formas de la tenencia de la tierra, la pequeña propiedad, el ejido y la comunidad, acudían a estas raíces históricas e ideológicas que hoy desprecian y que nosotros seguimos sosteniendo. Pensamos que ese desprecio no corresponde, ese desprecio de hoy no corresponde al discurso de ayer.
Estamos de acuerdo en que debemos de proponer alternativas viables para resolver los problemas del campo; estamos de acuerdo en que debemos democratizar y modernizar el campo. Nos pronunciamos porque siga superviviendo y armonizándose las formas diversas de tenencia de la tierra, hoy amenazadas con esta iniciativa, con esta iniciativa que incluye lo que antes se prohibía: las sociedades mercantiles que serán quienes puedan ahora acumular y concentrar derechos de propiedad y los mayores beneficios de las tierras de pequeños propietarios, de ejidatarios y comuneros.
No consideramos que ésta sea la vía, la solución para resolver la crisis del campo. No creemos que tenga que ceder nuestro país, una crisis agrícola relacionada con la propiedad o con la posesión de la tierra. No es una crisis de propiedad de las diversas formas de tenencia de la tierra al que han llevado a la descapitalización y al desplome de la producción, han sido las desviaciones en las que ha incurrido el Estado en las políticas agrarias en nuestro país, que hoy pretende, con esta iniciativa, renunciar a su obligación constitucional, a la obligación constitucional de promover, de apoyar decididamente al campo, en lugar de elevar a rango constitucional una importante cantidad del presupuesto al que debiera de obligarse sustancialmente por ley en montos altos y suficientes y por tiempo necesarios, para poder sacar del estancamiento al campo mexicano, considera que es la empresa la que va a resolver el problema y el Estado de desentiende de ello.
Señor Presidente, le ruego me permita continuar y le solicite a la asamblea me permitan continuar.
El Presidente: - Exhorto al orador, de la manera más atenta, a que limite de manera, prudente su intervención a la asamblea que le permita terminar su intervención. Le quedan siete minutos para concluir los 30 reglamentarios.
El diputado Cristóbal Arias Solís: - Hubiéramos querido escuchar de quienes tienen conocimiento y experiencia dentro del gobierno en las cuestiones agropecuarias, la posibilidad de haber planteado que se revisaran y revitalizaran las distintas figuras legales de asociación para la producción entre el sector social agrario; hubiéramos querido escuchar de ellos planteamientos también para revisar otro tipo de figuras legales de asociación para la producción entre el sector social agrario, la propia pequeña propiedad con particulares, que no pusieran en riesgo la desintegración de nuestras formas de tenencia de la tierra ni el acaparamiento de la misma. Sin embargo, todas estas disposiciones que existen legalmente, no han sido consideradas por ninguno de quienes representan al sector agrario del partido oficial, sino que se han sumado adhiriéndose incondicionalmente a la iniciativa del Ejecutivo.
Habría que darse tiempo en todo caso para explorar otros mecanismos de asociación y de inversión de particulares en el campo que no fuera los que contempla esta iniciativa.
Ello, de aprobarse, va a legitimar lo que estudiosos de los propios problemas agrarios que se encuentran en el lado oficial, han llamado el actual neolatifundio o latifundismo moderno o industrial, que rebasa en su predominio al latifundio antiguo; el neolatifundismo mexicano ya es una realidad que desde los sesenta se ha impuesto en nuestro país, es una empresa orientada a la sociedad industrial, su actividad agrícola
persigue una utilidad en términos financieros. No están contemplados ahí los ejidatarios, los comuneros ni los pequeños propietarios minifundistas o pequeños propietarios arruinados. Su objetivo está en los distritos, en las unidades de riego, donde el Estado ha invertido en infraestructura hidráulica, en caminos, en luz, en comunicación, en bodegas; no está en los ejidos temporaleros, que son las mayoría de los 27 mil que existen en nuestro país. No está contemplando este proyecto de iniciativa, los miles y miles de ejidos de agostadores cerriles de mala calidad, ni a los miles y miles de pequeños propietarios con tierras de mala calidad. Es selectivo, es en aquellas zonas compactadas ya con los recursos canalizados de hace muchos tiempo, en las unidades, en los distritos de riego, donde existen fuertes inversiones, que es donde se concentra el capital particular.
Aquí no está contemplado que puedan ser beneficiarios de este proyecto la mayoría de los campesinos y como ha dicho un estudioso del derecho agrario, un investigador agrario del gobierno, Arturo Barman, este proyecto, aun cuando él ahora está en otra posición, de aprobarse va a poder colocar en un plano de igualdad a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios ¿qué van a ser las sardinas frente a los tiburones, que serán los representantes del gran capital nacional y trasnacional?, por supuesto serán devoradas las sardinas.
¿Qué queda entonces? ¿Cuál es el proyecto que queda para la inmensa mayoría de los campesinos? El rentismo, el bracerismo, la emigración a las ciudades y el Programa Nacional de Solidaridad, para asistirles socialmente. Estas modificaciones constitucionales trastocan toda la piedra angular del sistema jurídico, social y económico de nuestro país. No se está viendo hacia adelante, sino se está viendo el presente, con falsas expectativas, que van a complicar la de por si ya complicada y aguda situación que vive en el campo que puede ser explosiva.
Por ello, nosotros reiteramos nuestra posición de oponernos a una iniciativa que no hace más que legalizar lo que ya existe en la realidad y que no está resultando satisfactorio para la mayoría de los campesinos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para hablar en favor, el diputado Jesús González Gortázar.
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Señor diputado Presidente; compañeros diputados:
Hemos sido partícipes de una sesión maratónica y lamentablemente hasta en este momento, no hemos escuchado un solo argumento sólido en contra de la iniciativa presidencial. (Aplausos.)
Se ha hablado...
De saltapatrás y tentenelaire; de que van a tomar la carabina 30 - 30, de que estamos en este momento ante fantasmas de control monopolístico de las transnacionales; se ha hablado, en fin, de situaciones subjetivas, de puntos de vista casuísticos y de una total falta de seriedad y de honestidad política, porque no han entrado en materia de discusión.
La iniciativa presidencial que nos ocupa, viene a resolver siguiendo la línea tradicional de la Revolución Mexicana, el problema del campo nacional, en vísperas del Siglo XXI. Antes el enemigo fue el latifundio y los derrotamos; hoy el enemigo es el minifundio y la descapitalización y los vamos a derrotar. Para ello se requiere de una mentalidad abierta, de un conocimiento profundo de la realidad del campo y sobre todo, de dejar a un lado el interés partidista, de dejar a un lado el afán protagónico de primas donnas y entrar de lleno al análisis de lo que nos ha enviado Salinas de Gortari. (Aplausos.)
Esta iniciativa a nadie perjudica y sí tiende con seriedad y patriotismo a resolver una situación que indigna a todos los buenos mexicanos. El ejido permanece. El ejido asciende a categoría de constitucional, como asciende el ejidatario a la categoría de un adulto capaz de llevar las riendas de su destino, capaz de labrar su futuro en una forma seria y responsable.
El ejidatario continúa teniendo el apoyo del estado revolucionario. Se compromete el gobierno en la Constitución, a seguir velando por el progreso del campo. No hay aquí en esta acción ninguna presión extranjera, como alguien ha venido a decir; hay que recordar las palabras de Foster Dulles: "Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses" y el interés de Estados Unidos es seguirnos vendiendo de 8 a 10 millones de toneladas de alimentos al año, como acontece en la actualidad. La reforma, por el contrario, busca retomar la soberanía alimentaria, busca que nosotros produzcamos los alimentos que demandan 82 millones de bocas nacionales. País que vive de comida extranjera, hipoteca su soberanía...
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¿Me permite una pregunta?
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Con gusto.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - ¿Que piensa usted de las recomendaciones formuladas desde 1989 por el Banco Mundial, para impulsar una acelerada política de apertura comercial y de integración de nuestra economía agrícola a la de los Estados Unidos? y ¿qué piensa del documento de 29 de mayo de 1991 del Banco Mundial, en donde se da financiamiento al gobierno para que prosiga con esa política de entrega de nuestros recursos naturales a los Estados Unidos y se profundice ese esquema de importaciones agroalimentarias que usted está criticando?
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Estimado diputado: Usted oyó llover y no supo por dónde. Lo que recomendó el Banco Mundial, fue una apertura de la economía mexicana y es algo que estamos haciendo, pero no por esa recomendación, sino porque no podemos ser una isla en el planeta; tenemos que estar insertados en la economía internacional y por ello, al igual que otras 100 naciones entre ellas la Unión Soviéticas, están tratando a través del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, encontrar una forma de liberalizar el comercio y que haya menos barreras y que haya menos barreras para que pueda haber una reactivación, sobre todo en el campo.
Recuerde usted muy bien que han sido la Comunidad Económica Europea (CEE) y Japón, quienes más mantienen las barreras tratando de proteger a sus productores agropecuarios.
Nosotros lo que buscamos es abrir las puertas, es abrir la frontera para que los productos de México salgan al exterior, capta divisas, mejorar nuestra balanza y con ello, mejorar la situación económica y por ende, mejorar el nivel de vida de los mexicanos.
Yo le ruego a usted que se concentre en esta recomendación y de ninguna manera vea, revolver una cosa con otra.
Estado Unidos lo que quiere es mantener la clientela; lo que quiere la iniciativa presidencial, es retomar la soberanía, que seamos un pueblo digno, que seamos un pueblo que se alimente a sí mismo hasta donde sea posible...
La diputada Rosas Albina Garavito Elías (desde su curul): - Señor Presidente, pregunte al orador si acepta una interpelación.
El Presidente: - Diputado Gortázar, ¿acepta una interpelación de la diputada Garavito?
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Con gusto.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Ya que el señor diputado presume de un argumentación sólida y descalifica la argumentación que los diputados del Partido de la Revolución Democrática hemos dado en contra de la iniciativa, quisiera que sólida, sólidamente, repito, me argumentara ¿de qué manera el país garantizará la soberanía alimentaria cuando Estados Unidos nos lleva una ventaja de 40 veces, señor diputado, en la producción de granos básicos?
El diputado J. Jesús González Gortázar: - Precisamente es lo que tratamos de evitar, que nos lleve esa ventaja. La iniciativa busca modernizar el campo, busca por medio de la asociación, que alcancemos la economía de escala, busca dar firmeza y solidez a la inversión, al trabajo solidario, a la entrega plena a hacer producir la tierra.
Y yo no presumo de tener documentación. Lo único que hay es una diferencia entre quienes somos rancheros de corazón, con aquellos que son agraristas de café. (Aplausos.)
Por ello, porque conocemos, porque conocemos el campo y porque respetamos a nuestros compañeros apegándonos a los 10 minutos que fueron convenidos, solamente queremos dejar aquí la postura seria de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, que no estamos actuando ni por imposición, sino por convicciones de que, por el bien de México, por el bien de su agricultura y, sobre todo, de sus campesinos, habremos de votar, duélale a quien le duela, en pro de la iniciativa que reforma el 27 constitucional. (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Elpidio Tovar de la Cruz.
El diputado Elpidio Tovar de la Cruz: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Se ha planteado aquí por el diputado que me antecedió en la palabra, que la reforma al artículo 27 pretende defender la soberanía nacional y la soberanía alimentaria, negando que esta iniciativa obedezca a los dictados de la banca internacional.
Voy a probar que esta iniciativa y el ritmo a que ha sido sometido este debate, para aprobarla
de manera inmediata y acelerada, obedecen a los dictados de la banca internacional.
Tengo en mis manos un documento que prueba cuál es el verdadero origen de las medidas que están siendo adoptadas en el campo, medidas que vienen ya de años atrás y que hoy tienen una culminación con las reformas que se pretenden al artículo 27 constitucional.
Este documento fechado el pasado 29 de mayo, se denomina Reporte y Recomendaciones del presidente del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a los directores ejecutivos, sobre una propuesta de créditos segundo o de crédito dos, de ajuste para el sector de agricultura por un monto equivalente a 400 millones de dólares, para Nacional Financiera, con la garantía del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.
Este expediente está integrado por un conjunto de documentos, entre los cuales se encuentran un par de cartas de compromiso, firmadas por el ciudadano Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda; el profesor Carlos Hank González, secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, secretario de Programación y Presupuesto.
Son sorprendentes e indignantes los contenidos que uno encuentra en este conjunto de documentos. En ellos, como ustedes podrán apreciar, los funcionarios citados establecen una serie de compromisos con el Banco Mundial, que exceden por mucho las facultades que les otorga la ley. En ellos se propone desmantelar el sistema establecido de regulación, de las metas de producción de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.
En efecto, el gobierno mexicano se comprometió a entregar al Banco Mundial a más tardar el 30 de septiembre de este año, un estudio que cito textualente: "Identifique los procesos, legislación y regulación que dan a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y otras entidades gubernamentales, el poder de establecer, coordinar y hacer obligatoria las metas de producción".
Se compromete también conforme a los resultados de este estudio, a presentar un plan de acción satisfactorio que elimine y desmantele los procesos y regulaciones que obligan a cumplir dichas metas.
Por otro lado en esta carta, voy a leer textualmente la carta que envía Aspe Armella, dice: "Con relación al segundo préstamo sectorial agropecuario, AXAL II, son las siglas de este préstamo: hubo un AXAL I, que planteó al gobierno de México una serie de condiciones a cumplir para poder dar el segundo préstamo, adjunto al presente me permito enviar a usted la carta de política, de productividad y crecimiento agrícola, suscrita por el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, profesor Carlos Hank González, así como la correspondiente al Programa Nutricional y Alimentario, suscrito por el secretario de Programación y Presupuesto, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, quienes son los responsables de coordinar la instrumentación de las políticas descritas por cada uno de ellos".
En estas cartas señalan algunas de las condiciones que fueron planteadas por el préstamo actual uno y señalan: uno. La exclusión del sistema de precios de garantía de los siguientes productos: arroz, trigo, sorgo, cebada, soya, semilla de algodón, cártamo, girasol, copra, ajonjolí. Esto implica que los precios se fijan por las condiciones prevalecientes en el mercado y que el Estado se retira de la comercialización de los mismos.
Y junto a esto plantean, como punto segundo, eliminación de los permisos previos de importación de carne de ganado, bovino y porcino, arroz, sorgo y soya, oleaginosas y de gran parte de los insumos agrícolas.
Eliminación de los permisos de exportación, entre otros, para carne, ganado en pie, café y tabaco. Abolición de las restricciones a la entrada de la industria de maíz y tortilla. Supresión de las prácticas restrictivas de la exportación, que garantiza el poder monopólico a ciertas organizaciones de productores, la procuración de la Compañía de Subsistencias Populares, incluyendo la reducción de las compras de granos y oleaginosas y se plantea también la eliminación de 17 agroindustrias que menciona también en esta carta, las 17 agroindustrias que eliminaron cuando el Banco Internacional solamente les pedía la eliminación de 15 agroindustrias; es decir, excedieron la petición del propio Banco Internacional.
Está claro que los dictados del Banco Internacional han determinado en la política agraria en este país. También señalan ahí que enviarán iniciativas, iniciativas de modificación a las leyes del campo mexicano, respondiendo a los intereses dictados por el Banco Internacional.
Este documento está aquí a la vista para que puedan consultarlo o compararlo los grupos
parlamentarios, de cómo se está establecido la línea de la banca internacional para determinar los cambios profundos en el campo mexicano, que afectarán a millones de agricultores.
Por eso estamos aquí planteado el rechazo a este dictamen, el rechazo a este dictamen que atenta contra la soberanía y la independencia nacional. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Calderón, por cinco minutos y le pido que se sujete al reglamento en ese sentido.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Solamente para precisar algunas ideas en torno a la intervención del diputado González Gortázar.
Si fuera consecuente con esta crítica a la importación de 8 ó 10 millones de toneladas de alimentos, tendría que asumir la responsabilidad del gobierno de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas de Gortari, en la destrucción de nuestro sistema agrícola y en la apertura irresponsable de las fronteras agrícolas en México, afectando a millones de productores del campo.
Eso no es producto de un cataclismo o de un ciclón. Es una política deliberada y sistemática seguida durante 10 años para destruir nuestro sistema agrícola, con el cuento de que nos conviene más importar granos subsidiados a precios especulativos, que destruye nuestra agricultura, en comparación de lo que sería el fortalecimiento de nuestro sistema agrícola.
Este país requiere y lo han dicho las organizaciones campesinas, no solamente acabar con el latifundismo, sino requiere precios agrícolas, subsidios, aranceles y capacidad de producción con nuestros propios sistemas productivos.
De ninguna manera podemos, en aras de supuestas oratorias, aceptar que nuestro gobierno esté siguiendo fanáticamente indicaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que están significando aperturas irresponsables.
Cuando se habla de la Comunidad Económica Europea y qué bueno que habló de la Comunidad Económica Europea y se habla de los Estados Unidos, estamos hablando de sistemas donde los últimos años están subsidiando a la agricultura de Estados Unidos con más de 130 mil millones de dólares y estamos hablando de una compañía agrícola, como la europea, en que los subsidios son de 170 mil millones de dólares en los últimos años y mientras que en nuestro país no solamente se subsidia la agricultura, sino los precios agrícolas están 40% por abajo de hace apenas unos cuantos año y el crédito agrícola está a un 50% más abajo de hace unos cuantos años y la inversión pública para desarrollo rural está un 70% abajo en términos reales, por habitantes, de lo que era hace 10 años.
En estas condiciones, ¿quién es el responsable de que estemos importando 10 millones de toneladas de alimentos? Quien tiene la culpa de que esta nación no tenga la autosuficiencia alimentaria, son precisamente esas políticas antinacionales del gobierno, una política objetivamente a favor de un esquema de integración económica a Estado Unidos, que está destruyendo nuestra soberanía y nuestra independencia.
Y qué bueno que habló de la negociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque precisamente uno de los puntos nodales fundamentales de esta reforma constitucional que está en juego, son recomendaciones no sólo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, recomendaciones de los negociadores norteamericanos en el contexto de las negociaciones de Tratado de Libre Comercio, para que se liberalicé el mercado de capitales en el sector agrícola mexicano y se facilite el acceso del capital extranjero.
Hay testimonios de Carla Hill precisos, que no admiten ninguna duda, de exigencias que se han formulado desde hace un año para que se permita el libre acceso de capitales al mercado agrícola norteamericano y Carla Hill ha dicho de manera tajante que Estados Unidos busca que la inversión extranjera, particularmente norteamericana en México, sea considerada como nacional y eso se establezca en un tratado que tenga rango constitucional.
Y eso significa, lisa y llanamente, si el Tratado de Libre Comercio establece el tratamiento como "nacionales" a los inversionistas norteamericanos y canadienses, las sociedades mercantiles por acciones que se quieren legalizar, estarían facultadas para estar constituidas por empresas transnacionales norteamericanas que pueden tener la facultad legal de apropiarse de millones de hectáreas en base precisamente a ese esquema de coinversiones y de libertad de inversión extranjera.
No estamos inventando ninguna acusación irresponsable. Lo estamos apoyando en los protocolos que hasta este momento existen de negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Lo estamos apoyando en el esquema de subsidios gigantescos que recibe la agricultura norteamericana y en
un esquema donde muchos trabajadores han dicho "no al Tratado de Libre Comercio, no a un esquema de integración irresponsable a la economía de los Estados Unidos y no a esa reforma irresponsable del artículo 27 constitucional". Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo, en contra.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Jesús Martín del Campo Castañeda: - Comienzo mi intervención reiterando ante todos ustedes, compañeros diputados, que los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, en absoluto nos oponemos a un cambio en el conjunto de las relaciones sociales, políticas y económicas de este país y específicamente en el conjunto de las relaciones sociales en el campo, que están involucradas en el artículo 27 de la Constitución.
Sólo que también, reitero, el cambio que nosotros proponemos no debe ser a ciegas, ni simplemente guiado por el estado visceral de un reunión a estas horas, que más que por unanimidad puede aprobar...más que por consenso, pueden aprobar por cansancio.
Nosotros queremos que cambie la situación en el campo. Nada peor que mantener en el engaño a los campesinos de este país, bajo la subordinación de caciques que estuvieron apoyados por el régimen de partido de Estado y por las organizaciones corporativas dominantes en el medio rural.
Nada peor que mantener a los campesinos en el engaño de intermediarios del Banco Nacional de Crédito Rural y de otras mediaciones existentes para subordinarlos. Nada peor que seguir consumando la explotación de los campesinos en los procesos de comercialización que han dañado bastante a los productores directos en el campo, tanto ejidatarios como pequeños propietarios.
No tenemos una concepción romántica o romanticista del campo, como aquí dijeron algunos compañeros priístas. Tampoco, como dijo algún compañero del Partido Acción Nacional, tenemos una idea paisajística del campo, porque además el campo está tan depredado que no amerita por ahora paisajes ni concepciones paisajísticas.
Yo digo que de igual manera que no todos los mexicanos que hoy cuidan rebaños de ovejas llegarán a presidentes como el gran Benito Juárez, tampoco todo ejidatarios que ahora tenga relaciones mercantiles por esta pretendida mercantilización acelerada que supone la iniciativa, se van a volver empresarios a la "Rockefeller" o se van a volver los agricultores de Estados Unidos o de Europa, que es la pretensión implícita que tienen en algunas argumentaciones simples que han dado aquí compañeros.
Simples también como el compañero Jesús González Gartazar, que aunque es ranchero de corazón y es aplaudido y felicitado por agraristas de café, también de su partido, que no nos ha argumentado de fondo cómo vamos a sacar con simples declaraciones de buena fe, de ranchero alma grande, justiciero, al país de la grave crisis que reconoce su partido y el nuestro también. (Aplausos.)
Las condiciones concretas del desarrollo capitalista en la fase actual en nuestro país, no permiten ni un asalariamiento pleno de los campesinos que han venido siendo despojados de la tierra o desplazados de la actividad como campesinos, hacia el jornalerismo en el norte del país o fuera del país; las condiciones de desarrollo no permiten que se les asalarie plenamente, de manera que no podemos pensar que la salida será que una vez que no puedan producir en parcelas de ciertas áreas del país, porque no lo permiten las condiciones, ni habrá inversión suficiente, el paraíso será un asalariamiento pleno de todos los campesinos, que serán desplazados o despojados de sus parcelas, por un crecimiento del interés empresarial, en el que los tiburones devorarán a las sardinas.
No hay condiciones, es un mentira, es otra más, sería utópico pensar que todos los campesinos gozarán ahora de Seguro Social, empleo permanente y todas las prestaciones que los sindicatos pelean cuando se trata de gente sindicalizada en la rama industrial. En el campo sabemos que esto es falso, en el campo y para los jornaleros que andan como golondrinos y que son millones en este país, que proceden de diversas areas rurales de nuestro país, que van a Estados Unidos y al norte de Sinaloa, de Sonora y California, sabemos que su destino es andar de un lugar a otro, que ningún patrón empresarial, aunque sea ranchero de buen corazón, les va a dar todas las seguridades sociales necesarias permanentemente, por la naturaleza de los cultivos y por la tendencia mecanización de muchas de las actividades empresariales en el campo.
De manera que estamos frente a esta paradójica, difícil y dramática situación que todos conocemos. Aunque no todos seamos rancheros de corazón o todos seamos campesinos, todos lo conocemos, que ni siquiera se logran las
condiciones de jornaleros con derechos plenos, ni tampoco se han generado condiciones favorables para que haya una revinculación de quienes han salido de sus parcelas ejidales o como pequeños propietarios que no tienen condiciones para producir adecuadamente, ni por la autosubsistencia, ni para el mercado.
Entonces, estamos ante condiciones dramáticas. Frases simples, frases intimidatorias o acusatorias de la oposición, de que son los nuevos reaccionarios que se oponen al progreso y todo esto, no contribuirán tampoco a sacar a los campesinos verdaderos de corazón o de no corazón, de la situación crítica en la que se encuentran.
Sabemos, por los datos de que disponemos, de que los ejidatarios producen en el país el 48% del producto agropecuario y que los pequeños propietarios producen aproximadamente el 51.8%, a esto hay que agregarle que hay una gran producción para la autosubsistencia de los ejidatarios, lo que nos permite suponer que forman parte del grupo principal de productores directos en el campo, a los que hay que considerar como los sujetos principales a los que se debe destinar recursos sin intermediación burocrática y política.
Los miembros del Partido de la Revolución Democrática, creemos que es necesario ampliar la frontera agrícola y crear las condiciones para que se culmine un reparto agrario, no por una decisión burocrática de que ya no es posible hacer ningún reparto en este país. Se tienen los estudios técnicos, se tienen las condiciones de demostrar que hay posibilidades de desarrollar todavía una fase importante de reparto agrario, cubriendo el rezago existente y tratando de que se resuelva en problemas para buena parte de los dos y medio millones de solicitantes de tierra que existen en el agro mexicano.
Nosotros creemos que en la iniciativa de fondo, como hemos venido sosteniendo, aunque no les guste a los compañeros del Partido Revolucionario Institucional, hay un exceso en la argumentación para descalificar las propuestas de la oposición y que este exceso, como hemos venido sosteniendo, se debe a que hay la consigna de que esta misma semana debe salir el asunto, como un regalo de preposadas para los mexicanos, de que lograron sacar la tarea de que a toda costa debe salir aprobada la iniciativa, aunque diga lo que diga la oposición.
Y nosotros simplemente queremos que se nos dé oportunidad en varias sesiones más, de hacer nuestros planteamientos acerca de los límites que debemos tener las sociedades mercantiles que se propone existan en la iniciativa de reforma al 27, que se permita también hacer propuestas acerca de cómo deben conservarse los recursos naturales y garantizarse la conservación de los mismos, a partir de la autoorganización de las comunidades rurales. No están contemplados asuntos tan importantes como los derechos humanos, pese a que se reconoce que es en el medio rural en este país donde más crímenes impunes contra los campesinos se cometen, en muchos casos crímenes de carácter político contra quienes disienten de la dominación de algunas centrales oficiales o de algunos líderes caciquiles.
Creemos que tampoco está suficientemente tratado el asunto de los ejidos en las zonas urbanas y del impacto que tendrá esta mercantilización de las tierras ejidales en estas áreas urbanas que por el crecimiento de la mancha urbana no han tenido una salida regular, simplemente han tenido en los procesos expropiatorios que no han dejado satisfechos a todos los ejidatarios ni tampoco a los nuevos habitantes de esta zona, que de manera irregular se van poblando. Entre otras cuestiones éstas nos parece que son importantes y que deben ser debatidas con la mayor apertura y que no podrán ser descalificadas con oratorias emotivas en esta madrugada y que reiteramos que el cambio se debe dar, pero no debe ser a ciegas y que está en juego la soberanía del país, por una serie de elementos que nos permiten afirmar que el Tratado de Libre Comercio y las condiciones que imponen desde Estados Unidos y Canadá no permitirán un libre desarrollo de la agricultura en este país, sino una mayor sujeción y un destino peor que el que ahora tienen los jornaleros. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Cárdenas.
El diputado Juan Jacinto Cárdenas García: - Con su permiso, señor Presidente; señoras y señores diputados:
La primera gran tarea que la Revolución mexicana se propuso cumplir, fue sin duda alguna la de satisfacer las legítimas aspiraciones de las masas de campesinos de mejores condiciones de existencia. Para tal fin, la revolución inicia la Reforma agraria como vía para que los campesinos, para que los peones acasillados comenzaran a salir de la dramática situación de verdaderos parias con que arribaron al Siglo XX, situación creada por la brutal explotación a que fueron sometidos durante varias centurias, hasta llegar a condiciones de verdadera esclavitud en el largo período de feroz dictadura impuesta por
el régimen de Porfirio Díaz, durante el cual vivían y morían en las grandes haciendas con sus derechos conculados no sólo por el hacendado, el ranchero y el latifundista, sino por los gobiernos local y central, con una precaria salud que les garantizaba un promedio de vida inferior a 30 años, sin derecho a la educación y carentes de toda pertenencia, ya que hasta su propia vida y la de sus descendientes dependían del amo. En suma, la reforma agraria se propuso sacar a las empobrecidas masas campesinas de su desamparo y devolverles la dignidad y la libertad a que tenían pleno derecho mejorando en forma constante su nivel de vida.
Por estos grandes objetivos la reforma agraria no podía haberse quedado, después del triunfo de la revolución, en su primera etapa, que consistió en la entrega de una pequeña parcela a los trabajadores del campo, que al no cambiar su condición de asalariados, nunca pudieron trabajar para ellos, porque no tuvieron tiempo para hacerlo. Tampoco podía haberse estancado en su segunda etapa, cuya esencia fue la restitución y dotación de tierras a las comunidades rurales, para que dejaran de ser peones asalariados y trabajaran para su propio beneficio. Esta segunda etapa tampoco cumplió con las aspiraciones de los campesinos, porque la mejor tierra no se repartió, debido a que estaba en manos de extranjeros y nacionales poderosos económicamente.
Por esta razón, hubo de pasar a la tercera etapa, en particular durante el período del presidente Lázaro Cárdenas, en la que se repartieron las tierras de mejor calidad del territorio nacional.
Los resultados obtenidos en los ejidos del Yaqui, del Mayo, del Valle de Mexicali, del Valle de Juárez, de Delicias y los de La Laguna, en el norte del país, o en las tierras del Soconusco, de Chiapas, de Tabasco, de Yucatán, de Quintana Roo, en el sur, durante sus primeros años de existencia, hicieron posible una notable mejoría en las condiciones de existencia de los campesinos y en la ampliación del mercado interno, dando un poderoso impulso a la industrialización de nuestro país.
La marcha de la reforma agraria propició así el surgimiento de la escuela en el campo, la construcción de caminos mejores para una comunicación más amplia, llevar al campo agua potable para mejorar la salud, el surgimiento de instituciones de carácter revolucionario, como la Escuela Nacional de Agricultura y las normales rurales para la educación de las nuevas generaciones de hombre del campo.
Fue la existencia del ejido, el reconocimiento de los terrenos comunales, el respeto a la verdadera pequeña propiedad, lo que nos permitió a muchos campesinos tener la oportunidad de acceder a estudios superiores en las escuelas normales, en el Instituto Politécnico Nacional y en las universidades del país.
Los enemigos de la revolución sin embargo, nunca dejaron de trabajar para socavar las bases de la reforma agraria, con objeto de derrumbar su obra. Con el régimen de Miguel Alemán, recibiría un duro golpe la reforma agraria, con el amparo agrario y los certificados de inafectabilidad agrícola y ganadera. La campaña reaccionaria contra el trabajo colectivo en los ejidos, impulsada por las fuerzas reaccionarias encabezados por el Partido Acción Nacional se exacerbó, impulsando al gobierno alemanista a abandonar a los ejidatarios.
Por eso la reforma agraria no pasó así a su siguiente etapa, que debía consistir en el flujo de crédito oportuno y barato, en la garantía de agua suficiente para riego, en la asistencia técnica y con fertilizantes para los campesinos.
Este paulatino abandono de que venía siendo objeto el sistema ejidal y aun auténtica pequeña propiedad, cobró mayor fuerza con la política neoliberal que ha aplicado el gobierno mexicano desde 1982 a la fecha y sus consecuencias fueron cada vez más evidentes: el arrendamiento parcelario, la emigración de los campesinos hacia las grandes ciudades, muchas tierras sin cultivar.
Más dramático aún es el hecho de que los jóvenes campesinos carentes de tierra, sin perspectivas ya de estudios, emigran en las peores condiciones hacia Estado Unidos, en busca de trabajo.
Siendo ésa la situación del campo y las condiciones materiales de los ejidos empobrecidos, que son la inmensa mayoría de un total de 27 mil que existen, resulta abiertamente demagógico que el Poder Ejecutivo, para dar sustento a su política de contrarreforma en el campo y tergiversando la realidad, considere que llegó el momento de reconocer que el ejidatario, que los poseedores de la tierra comunal, son mayores de edad, por lo que, entre comillas, haciendo a un lado falsos paternalismos, se les debe dar plena libertad para decidir qué hacer con su parcela.
El Partido Popular Socialista, una vez más lo planteó, rechaza de forma categórica la idea que subyace en ese planteamiento de que en el pasado los campesinos habíamos sido menores de
edad y peor aún, con nuestras facultades diminuidas.
Señoras y señores diputados, el problema del campo no es un problema biológico o de madurez, mental; es un problema económico y por lo tanto, social y consecuentemente político.
Así lo entendieron las fuerzas revolucionarias, no los nuevos revolucionarios, en particular así lo entendieron los Constituyentes de Querétaro y lo plasmaron en la Constitución y lo proyectaron a las responsabilidades del Estado revolucionario, el que surge de la revolución y está legitimado por el movimiento revolucionario del país.
Y el problema consiste en el hecho simple de que en el sistema capitalista que se iba conformando en México, bajo la tremenda influencia del capital norteamericano, los campesinos carecían de fuerza económica, de capital bastante, de técnica moderna y de organización social sólida como para enfrentarse a las fuerzas del mercado y salir adelante como factores del desarrollo nacional y también en su aspiración de una vida mejor.
Por esa razón surge el carácter tutelar del Estado, no por falsos paternalismos, para dirigir su acción en la creación de esas condiciones económicas y sociales para equilibrar los factores de la producción.
La pregunta que hay que responder no es si los campesinos tienen o no mayoría de edad, concepto que si no tuvieran profundo contenido reaccionario no pasaría de ser una expresión frívola, por ambigua y superficial. Si los campesinos en las condiciones de hoy en día tienen la capacidad económica y poseen la experiencia técnica o han alcanzado un elevado grado de organización política; independiente y unitaria, como para actuar con posibilidades de no sucumbir ante la oligarquía nacional ó ante los monopolios norteamericanos que denominan el mercado mundial de la industria alimentaria.
Enfocar de manera biológica el problema del campo como se hace en el dictamen a discusión, es sólo una manera de pretender ocultar el problema central. Tender una cortina de humo frente a lo principal que es, ante la apertura de nuestro mercado y frente a la perspectiva de flujo incontrolado de capital norteamericano hacia nuestro país, dejar a los ejidatarios pobres sin apoyo económico y organizativo del Estado, no tendrán libertad para decidir el destino de su parcela, simple y sencillamente se verán presionados por las fuerzas del mercado a venderla.
No será su edad biológica sino su situación económica lo que determinará el destino final de su parcela.
Las propias declaraciones de funcionarios públicos constatan que se va a privilegiar la llegada del capital norteamericano. Fernando Sánchez Ugarte, acaba de revelar que de aprobarse la reforma de 27 constitucional, el capital extranjero tendrá opción de participar en proyectos productivos en el campo mexicano.
El contenido mercantil con que se trata el problema, tanto en los discursos de los neoliberales como en la cuestión de motivos del dictamen y que se reflejan en las reformas al artículo 27, no puede ocultarse, pues su intención declarada es la de acabar con el minifundio, no entregando más tierras a los que menos tienen, sino creando las condiciones jurídicas y económicas, para que los ejidatarios minifundistas desaparezcan mediante la venta de su parcela.
Y aquí se ha venido a tratar de explicar que no se van a vender las parcelas. Si se trasmite el dominio de la parcela ejidal, la venta de ella y la pulverización del ejido es segura. De otra manera, ¿para qué se trasmite el dominio si no va a poder vender?
Este es uno de los objetivos declarados, haciendo a un lado de manera interesada porque no lo desconocen, lo que la tierra significa para el campesino, tratando de ignorar que el ejido, con su característica actual, ha sido el factor de unidad y de paz en el campo y que ha salvado nuestra patria.
Las incongruencias de esta postura ideológica de los neoliberales se constatan cuando apoyan la reprivatización del ejido, con el planteamiento de que los campesinos ya han alcanzado la mayoría de edad y se decide dejar la tierra al libre juego de la oferta y de la demanda, mientras que por otro lado otorgan todo tipo de ayuda, créditos, obras de infraestructura, modernización tecnológica, a los grandes industriales, financieros y comerciantes, que son los que concentran el mayor poder económico del país.
En suma, con lo que establece la iniciativa de reforma, de que se podrá trasmitir al ejidatario el dominio de su parcela, de aprobarse, haría nugatorias todas las demás previsiones, como la supuesta protección constitucional del ejido y
echa por tierra las intenciones de ofrecer justicia y libertad a los campesinos.
Y aquí quiero resaltar una cuestión que ha quedado muy clara en esta sesión: la complacencia del Partido Acción Nacional a esta política del gobierno. Yo reconozco que por primera vez, el Partido Acción Nacional tiene razón en cuanto a lo que aquí afirmó el jefe de su fracción parlamentaria, de que el Presidente de la República recogió y está realizando el programa profundamente reaccionario de su partido, un programa concebido precisamente para enfrentarse al programa de la Revolución Mexicana. (Aplausos.)
Este mismo hecho es la prueba más contundente de la posición de franca colaboración del Partido Acción Nacional con el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari; se decir, queda una vez más evidenciada la falsa oposición del partido banquiazul. (Aplausos.)
Poner en claro de que ha venido a denunciar siempre el Partido Popular Socialista, el carácter reaccionario de la política económica y social del gobierno, fue lo valioso de la intervención de Fernández de Cevallos.
Pero, por otra parte, resulta amenazante, porque de modo enfático demandó mayor contundencia en la iniciativa, reclamó de inmediato entregar a los ejidatarios el título de su propiedad; amenazante porque el gobierno ha demostrado su afán de ir más adelante que Acción Nacional.
Señores del Partido Revolucionario Institucional, la derecha no se conformará con las concesiones que ahora se le otorgan, sino hasta que se le entregue todo el poder. La responsabilidad será de ustedes. (Aplausos.)
El Partido Popular Socialista rechaza con toda firmeza la imputación que se le hace de que se opone a la transformación del campo. Mi partido, a lo que se opone es a la desaparición del ejido; si eso sucede, si desaparece el ejido, centenares de miles de campesinos serán condenados a volver a la condición de parias de la que la reforma agraria los había sacado.
Las nuevas generaciones de hombres del campo verán canceladas sus perspectivas de un futuro mejor y la paz social alcanzada se deteriorará para dar paso a nuevos y más profundos conflictos y lo que es peor aún, es el riesgo en que se pone a la integridad nacional.
El Partido Popular Socialista ha propuesto, ha demandado desde hace mucho tiempo la transformación revolucionaria del campo, organizando a los ejidatarios, apoyándolos con créditos oportunos y baratos, con asistencia técnica, dando paso a la asociación de ejidatarios, auténticos pequeños propietarios y el Estado, para crear grandes complejos agroindustriales que permitan aprovechar al máximo los productos agrícolas, ganaderos y forestales, con lo que se elevarían las condiciones de vida, de los campesinos, se afianzaría la paz en el campo y se fortalecería la integridad de la nación.
Tengan la seguridad, las fuerzas democráticas y también las reaccionarias, de que aún es vigente el pensamiento de Benito Juárez: en México, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para hablar en favor, el diputado Javier Guerrero.
El diputado Javier Guerrero García: - Quiero, en primer lugar, reconocer que el proyecto de iniciativa que el Ejecutivo presenta a este Poder Legislativo, existen preocupaciones legítimas derivadas del diagnóstico que contienen la misma alrededor de la situación que prevalece en el campo. Preocupaciones legítimas que, sin lugar a dudas, participamos o en las que coincidimos con algunos de los oradores que han hecho uso de esta tribuna durante el debate en cuestión.
Decir que creo que no hay evidentemente una concepción romántica, como decía el compañero Jesús Martín del Campo, ni en las afirmaciones del Partido de la Revolución Democrática, ni tampoco en el diagnóstico que establece de manera puntual la iniciativa y que recoge con tanta exactitud el dictamen de las comisiones respectivas.
Creo que la iniciativa del proyecto de reformas al artículo 27 constitucional, no se da tampoco en lo general o en lo abstracto. Pienso que hay ahí señalamientos importantes sobre los problemas económicos y sociales que envuelven la situación del campo y de quienes habitan en él.
Es importante en ese sentido que yo pueda expresar algunos argumentos y algunos elementos de lo que, a mi juicio, pueden aportar algunos aspectos al debate.
Es una argumentación recurrente por parte de algunos compañeros de la oposición, diputados de la oposición, particularmente de las fracciones del Partido de la Revolución Democrática y del
Partido Popular Socialista, que giran en torno a la tenencia de la tierra.
Se dice que la iniciativa promueve la privatización y, por lo tanto, fortalece el latifundio e impulsa un proceso de reconcentración de la tierra. Sin embargo, también se dice en argumentos complementarios y centrales, que el problema del campo o del agro mexicano no es un problema de tipo de tenencia solamente, sino también de productividad, argumento en el cual nosotros coincidimos, ya que es totalmente respaldable la argumentación de que la descapitalización y la falta de tecnología, así como del apoyo en fomento son los problemas fundamentales en la caída del sector.
Creo que la discusión no debe de sentarse solamente en el terreno de la propiedad de la tierra, sino además en los aspectos fundamentales que definen el desarrollo del campo. Esto es, en el terreno social, económico y político que nos plantee, como lo hace la iniciativa precisamente, salidas viables para la transformación productiva y organizativa del campo mexicano.
El proyecto de reforma constitucional, establece caminos para modificar a fondo las relaciones económicas y políticas prevalecientes en el campo. Esta reforma preserva la propiedad social sobre la tierra y esto es claro, más, incluso en el aspecto de la propiedad de las comunidades indígenas y en el aspecto del área social de la población urbana y del área comunal de los ejidos; incide en el área parcelada, pero, como ya lo dije, preserva las áreas comunes y los espacios de convivencia.
Creo que es una verdad evidente y así lo expresan tanto la iniciativa como el dictamen que hay problemas en el campo, que la presión demográfica tiene sumido al campo en problemas de atraso y de bienestar y también que la tierra repartible en el campo tiene una limitante física. También es una realidad que el minifundio no es, desde ningún punto de vista, rentable económicamente, ya ni siquiera como unidad de autosuficiencia. Sin embargo, hay otros elementos que definen también la realidad y los problemas que enfrenta el campo.
El agrarismo en México debe de verse, en su perspectiva y en su proyección histórica, como una corriente que reivindique los derechos y las posibilidades que tengan los mexicanos que ahí habitan, de acceder a mejores condiciones de vida y a una vida digna. Creo también que existen problemas de carácter social y económico como la migración, preocupación que compartimos aquí con el compañero Raymundo Cárdenas, que definen de manera muy precisa la problemática que existe en el campo.
Siento que la iniciativa no propone soluciones mágicas. La iniciativa recoge problemas, los precisa y establece líneas para actuar con voluntad y de manera muy definida, alrededor de esos problemas.
En ese sentido, creo que nadie sostenemos que de la noche a la mañana los campesinos se van a convertir en empresarios. Creo que la propia iniciativa plantea que hay la necesidad de un proceso que vaya transformando actitudes y estableciendo las condiciones propicias para que la actividad económica y la y la actividad productiva del campesino de desarrolle.
Las reformas constitucionales no van a ser aplicadas en un espacio abstracto. Creo que las reformas constitucionales van a tener un impacto directo en la organización y en la dinámica del comportamiento del campesino y creo que son los campesinos, son las organizaciones campesinas, el otro elemento importante que habrá de orientar y darle contenido real y sustantivo al sentido de las reformas constitucionales. Pienso que hay muchos aspectos que tienen que seguir siendo discutidos. Algunos en la discusión en particular en esta misma propuesta de reforma constitucional, discusión en lo particular que tendremos el día de hoy y probablemente el día de mañana y creo que habrá otros aspectos que tendrán que ir precisándose en la discusión reglamentaria.
Pero creo también que existe un bloque importante de aspectos que tendrán que irse discutiendo y construyendo, ahí con los actores fundamentales de la reforma, que tendrán que ser los campesinos y ahí todos nosotros, los militantes de partido, todos los que estamos comprometidos con una militancia social, tendremos mucho qué hacer y tendremos una serie de tareas para darle a esta reforma la orientación que el futuro de México reclama. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra, para rectificar hechos, el diputado José María Téllez Rincón.
El diputado José María Téllez Rincón: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros:
Para mi compañero que acaba de hablar, "la burra no era arisca; los palos fueron los que la volvieron". Esta situación de toda la palabrería
que hemos oído esta tarde, la hemos oído muchos años para nuestros compañeros campesinos. Sin embargo, su situación no ha mejorado.
Nosotros lo dijimos al mediodía, que se nos diera opción de estudiar esto a fondo; de que esto viniera ya más resuelto para no abrir un debate de este tamaño y llevarnos todas las horas que ya tenemos.
Cuando una ley es buena, no necesita mucha discusión. No se necesita hablar mucho de ella para hacerla buena. Es buena y sencillamente lo reconoce el pueblo. No crean que el pueblo es tonto. No crean que el pueblo no se da cuenta. Esto realmente debe de verse con toda la proyección. Dimos un voto razonado y no por eso se vaya a entender que estamos en contra de la modernización de la producción o de la productividad. Es todo lo contrario, queremos que el campo nos dé de comer, queremos que el país se enriquezca con el trabajo de los campesinos, porque serán los campesinos los que sacarán de la miseria a este país, serán ellos los que nos den los productos de exportación para tener divisas suficientes para poder comprar todo lo que los mexicanos necesitemos.
Nosotros hemos visto cómo los campesinos se quejan y dice uno de los dirigentes campesinos:
"Pero lo que no se dice, afirma el dirigente campesino, es que toda esa realidad es producto de una estrategia gubernamental que se ha agudizado en los últimos 15 años. Lo que siempre se ha querido, es ahorcar económicamente a los ejidatarios para que no quede otra cosa que asociarse con el capital, convirtiéndose de esta manera en peones de sus propias tierras, pues quien da el dinero es quien dice qué sembrar, cómo sembrar y a qué hora sembrar". El dominio sobre el ejido, prácticamente se pierde, compañeros.
Yo quiero dejar de manifiesto aquí mi posición, porque para mí es importante que ésta se sepa. Para mí, la tierra mexicana es como factor de la producción, deberá de ser propiedad real y formal de los mexicanos, cualquiera que sea el signo de los tiempos y mientras este país y este pueblo existan, como nación y como Estado. Muchas gracias, compañeros.
El Presidente: - Tiene la palabra la diputada Patricia Ruiz, en contra... ¿No se encuentra?
Tiene la palabra el diputado Raúl Alvarez Garín, en contra.
El diputado Luis Raúl Alvarez Garín: - Compañeras y compañeros:
Yo quisiera comentar algunas cosas; hay muchos cabos sueltos en esta discusión y creo que seguir algunos de ellos sería muy provechoso, pero también hay algunas cosas que no se han mencionado y que me parece importante comentarlas.
Hay una, me parece que una fórmula podría ayudar a comprender una situación. Se dice, el reparto agrario en el pasado, fue necesario; no fue suficiente. En la actualidad, el reparto agrario, creo que se pueden dar una cantidad de argumentos de que es necesario y que hay una serie de consecuencias, si esto se suspende. No voy a señalarlo exhaustivamente pero sí recordar, se ha señalado la existencia del latifundio, de diversas maneras. Hay referencias al rezago agrario, pero creo que también se podría ver en términos que es equivalente de tres y medio millones de campesinos solicitantes, sin tierra, que la están demandando.
Además existen compromisos, porque hay resoluciones no ejecutoriables. Además creo que el criterio fundamental que es el de dotar de una parcela, de tierras suficiente para asegurar la subsistencia, no se ha cumplido. Pero que este criterio de tierra suficiente es histórico y se modifica con la técnica y en consecuencia es un motivo de discusión.
Finalmente creo que en el momento en el que se ha pretendido y hoy de nueva cuenta se establecería esta situación, si se decreta que el reparto se ha suspendido ante la realidad existente de desigualdades, de latifundios, de solicitantes, el sentimiento de injusticia se expresa de inmediato, tomando acciones.
Creo que todas las personas, los campesinos que creen tener derechos y hay muchas situaciones conflictivas, ejidos con linderos superpuestos, reclamaciones sobre latifundios simulados, criterios relativos, de pequeñas propiedades, que puede ser que sean pequeñas propiedades realmente, pero que frente a situaciones de desigualdad y de injusticia absoluta, se reclama. Esto de inmediato se ha dado y no veo por qué no se vuelva a dar, una salida de tratar de asegurar las cosas a las que se creen tener derecho, procediendo con los métodos campesinos, tradicionales, que son las invasiones.
Hay situaciones previas. No es casual y creo que hay qué reflexionar en esto, que en los movimientos rurales, armados, guerrilleros, de los años de fines de los cincuenta y principios de los sesenta, tenían como protagonistas maestros rurales; que durante un tiempo fueron los encargados
de organizar a los campesinos para solicitar la tierra y para hacer toda la tramitación; parecían movimientos ingenuos, porque en algún caso le declaraban la guerra solamente al gobernador, porque había traicionado la política general y en ese estado no se procedía al reparto agrario.
Pero también en 1977, cuando López Portillo habló de la bandera blanca en el campo, la respuesta campesina fue una oleada de invasiones, hubo 2 mil invasiones en el año de 1977, las hubo en Chiapas, en Veracruz, en Hidalgo, en Morelos, en Jalisco, en Sonora, en Sinaloa, prácticamente en todo el país.
Y si se ve el mapa de acciones, de fuerza con la que el régimen resolvió esta situación, es exactamente el mismo, se reprimió en Chiapas, en Veracruz, en Hidalgo, en Oaxaca, en Sinaloa, en Sonora.
La pregunta que yo me hago es: ¿el clima político que hoy existe en el país es un clima favorable para proceder a una reforma, como la que proponen, que lejos de buscar la seguridad que pretenden, puede tener efectos exactamente contrarios?
Porque el argumento de la injusticia es muchísimo más fuerte que el de la supuesta legalidad y más cuando esta legalidad, no lo olvidemos, está cuestionada, está doblemente cuestionada, está cuestionada en las elecciones de 1988 y en las de 1991 y por cierto va a ser un tema a debate en 1994.
Entonces yo la pregunta que hago es: ¿es el tiempo político? ¿Tienen todas las condiciones favorables para salir rápidamente de una situación de inseguridad generalizada? ¿Lo que ustedes pretenden es vedar condiciones de seguridad en el campo, que puede tener resultados exactamente contrarios a lo que pretenden? Yo creo que sí, creo que conviene que oigamos estas razones vistas de una manera muy tranquila, podríamos decir que no o que sí, conviene que oigamos.
Yo pretendo dar algunos argumentos nuevos que no se han dado. Creo que lo que se pretende es dar condiciones de seguridad, que es cuestionable; puede no lograrse, porque las condiciones políticas del país no son favorables, pero tampoco lo son las condiciones económicas con las que se pretendería.
Al principio decía que la fórmula es, para ordenar los pensamientos, el reparto, es necesario, pero no es suficiente.
Ahora, la parte de no suficiente puede tener dos vías: la privada, que se propone, o la pública. Sin embargo, a mí me gustaría que comentáramos un poco el nivel de las inversiones que se pretende y qué es lo que se puede esperar de este tipo de propuestas.
El diputado del Partido Acción Nacional, Juan de Dios, mencionó una serie de cifras que proporcionó Carlos Tavotey, del cuál es la distribución de los ejidos en función de su rentabilidad, el 15% de los ejidos tienen la rentabilidad alta, un 25% a 30% de los ejidos podrían tener una rentabilidad suficiente con inversiones y en un tiempo muy breve y, el otro, el 60% tendría condiciones difíciles para salir adelante en breve tiempo.
Sin embargo, suponiendo que se aprobaran estas reformas, ¿qué es la evolución esperada? Es la pregunta que yo le hice al diputado del Partido Revolucionario Institucional, Andrés Araujo, para tratar de imaginar qué es lo que puede suceder y, en primer lugar, creo que todos admitiríamos que por criterio de rentabilidad las pretensiones de compra van sobre los ejidos que actualmente son rentables y son los que tendrían presiones. Los otros tampoco están descartados, pero por otras razones, por razones de especulación y se puede crear un clima de descontrol de toda la situación agraria, precisamente por razones de especulación.
¡El programa financiero que hoy se ofrece es suficiente para reactivar la situación en el campo? A pesar de que hay dos años de buenas lluvias, yo lo dudo. Son montos bastante pequeños, cuando se ve el tamaño, las dimensiones del problema. Para 20 millones de hectáreas cultivables, lo que ofrecen apenas alcanza a 450 mil pesos por hectárea.
Cuando se piensan las inversiones que se necesitan en el campo, pues sí creo que es muy fácil darse idea de las dimensiones con ejemplos que todos los tenemos a la mano. Cuando aquí se dicen las cifras creo que no se aprecia suficientemente la magnitud del problema. Pero 20 millones de hectáreas que se quieren capitalizar, ¿qué significa eso en términos de inversión? ¿Cuánto por hectárea? Cualquiera de los que manejen precios unitarios, cualquier cifra, porque es la tabla de los 20 millones, ¿verdad? 20 millones por un millón por hectárea son 20 billones, por dos, son 40 billones. ¿Cuánto le van a meter al campo? ¿y cuándo se va a expresar la tal capitalización?
Cuando nosotros decimos que son 52 billones lo que se necesita, bueno, estamos hablando de
más de todos los derechos que paga petróleos Mexicanos, mucha más que eso, todos divididos al campo. Ahora, ¿es cierto que la iniciativa privada va a dar ese volumen? No es cierto.
¿Es cierto que la iniciativa privada tiene criterios de largo plazo? No. Van a entrar a tratar de expoliar, a tratar de sacar ganancias y además no se olvide que no hay un clima de seguridad. Entonces, ¿cuáles son esas inversiones esperadas?
Otra parte del problema. Yo creo que conviene oír una parte del problema que tiene que ver con el empleo, porque no solamente no se le da solución a 6.5 millones de solicitantes de tierra que son jornaleros, que la están demandando, sino que además va a haber expulsión de campesinos hoy adscritos a una parcela. Pero además, si llevamos el razonamiento al extremo, si alguien de aquí está pensando con estos modelos de agricultura norteamericana de que se resuelva la situación del campo con el 3% de la población, con el 3% de la población asignada al campo, lo que habría sería trabajo para medio millón de campesinos, para medio millón de campesinos. Lo que quiere decir que del campo tendrían que moverse 23 millones de los que hoy residen en el campo y otro tanto más de los que puedan crecer en el transcurso de este proyecto. Veintitrés millones de personas que serían desplazadas por este proyecto. Para eso no hay solución, ninguna; no han dicho una sola palabra que garantice problemas de empleo, una sola.
A mí me parece que es un proyecto, así lo califiqué, irresponsable, porque está abriendo una caja de conflictos extremadamente agudos que muchas veces se han resuelto por procedimientos, como los que hemos mencionado y que las condiciones políticas para manejarlo son difíciles. Creo que la solución más prudente era que pensáramos en otra secuencia de desarrollo de los problemas. Por ejemplo, sería muy importante que nosotros primero tomáramos la resolución de apoyo real al campo y por cierto hay recursos. Porque los secretarios de Hacienda nos han informado que hay un superávit que no está asignado y que quieren utilizarlo discrecionalmente para ver si pagan o no pagar la deuda y a ver cómo manejan el flujo de dinero.
Y ese dinero se puede utilizar para el campo de inmediato y lo podríamos votar ya. Para el campo, para la educación y para la salud, primero. Porque eso sí tenemos, tiempo político para asignarlo. Pero para hacer un desorden en el país, a mí me parece que es muy arriesgado. Desde luego el riesgo es de ustedes.
Hay más elementos. Ustedes están discutiendo que le quieren dar la libertad al campesino de vender y aquí muchos compañeros han mencionado cómo se hacen distintas transacciones. ¡No es cierto que estén dando el derecho a los ejidatarios a vender; al contrario, están queriendo legalizar el derecho de compra! ¡Que no se cuestionen las compras! ¡Eso es lo que pretenden!
Lo que hoy hay de transacciones internas en los ejidos, eso no tendría ninguna importancia; se está dando. ¡Pero lo que quieren es que capitalistas inviertan!
Ahora, ¿cuáles son los capitalistas que van a invertir? ¿Los mexicanos? Pues por muchos empresarios mexicanos que haya, para el tamaño de las inversiones, eso no va a funcionar. Lo que va a funcionar son los capitales extranjeros; esos sí. Esos sí tienen el volumen y yo quiero ver a estos empresarios mexicanos, tan fuertes aquí en la tribuna, compitiendo con las transnacionales en el campo, en los negocios. ¡A ver si pueden resistir cuando tengan los controles de las semillas, de los fertilizantes y de todas las cosas! ¡A ver si es cierto que pueden resistir ese tipo de presiones! (Aplausos.)
Entonces lo que nos están planteando... La perspectiva es transnacionales en el campo: en todos los terrenos fértiles, rentables, en donde hay inversiones, en donde hay riego y, por otro lado, en la zona depauperada: los caciques ejidales.
Ahora esos dos sectores sociales, transnacionales y caciques acaparadores, ¿son funcionalmente compatibles. Bueno, ustedes piensan que así pueden gobernar al país. Parece que no es tan fácil.
A mí me parece que sería muy importante que pudiéramos reflexionar con más calma sobre este tipo de problemas que van apareciendo en la discusión y que creo que a todos nos ayudan a entender las consecuencias de lo que se está discutiendo. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Manuel Huezo Pelayo, en favor.
El diputado Juan Manuel Huezo Pelayo: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
La reforma a la Constitución es indudablemente un suceso histórico. La reforma a la que nos referimos el día de hoy, votar en pro de lo general, es votar a favor de los campesinos mexicanos,
es cumplir con el que hacer que nos tiene aquí o que me tiene aquí como legislador.
El Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional se ha pronunciado desde tiempo atrás y así lo hace constar en su programa de acción, porque el estado de México impulse la producción en el campo, tomando muy en cuenta a su principal sujeto histórico: el campesino. Buscando siempre que su condición de vida se eleve sustancialmente.
En nuestro programa de acción señalamos que es urgente realizar las reformas legales y promover una legislación avanzada que asegure que estas medidas se lleven a cabo en el marco de legalidad constitucional.
Para nuestro partido la iniciativa de reformas enviadas por el Ejecutivo, se inscribe dentro de las demandas que por mucho tiempo hemos enarbolado. En lo general las reformas al artículo 27 constitucional responden a las propuestas y expectativas de los frentistas, en materia agraria.
Nuestro partido no considera que la privatización del campo sea la solución a los problemas de producción agropecuaria. Siempre hemos creído que antes de requerir títulos de propiedad para producir, los campesinos requieren de maquinaria, créditos, organización, tecnología y, sobre todo, democracia.
Aprobamos la iniciativa de reformas, porque propone elevar a rango constitucional la forma de propiedad ejidal y comunal. Con lo que éstas ya no serán sólo formas de tenencia, derechos limitados de uso, definidos en la regulación agraria; por la reforma, el ejido y la comunidad serán de ejidatarios y comuneros y serán éstos quienes decidan sobre la parte del terreno que les corresponde, la iniciativa obliga a los campesinos a privatizarse, sino que les reconoce la mayoría de edad para decidir libremente.
Por lo demás, la dotación de mayores apoyos al campo seguirá siendo punto de vigilancia y de lucha de los frentistas. Estaremos pendientes del ofrecimiento presidencial de que con la reforma habrá más crédito y capitalización en el campo, así como de que en el caso del ejido, el gobierno no esperará pasivamente que el capital privado fluya, sino que comprometerá recursos presupuestales crecientes al campo, para fortalecer la infraestructura, la tecnología, el crédito, los apoyos e insumos y los mecanismos de comercialización.
Mi partido siempre se ha pronunciado en contra del latifundismo, pero también del minifundismo y así lo hacemos explícito en nuestro programa de acción. Por ello, coincidimos con la iniciativa de reformas en su propósito de revertir el minifundio y evitar el regreso al latifundio. Los cardenistas luchamos por la democracia de los ejidos y comunidades, que garanticen que el agro se imponga a los intereses de la mayoría, a los cacicazgos corruptos, coludidos, o los explotadores del campo.
Los legisladores frentistas estamos comprometidos con la plataforma electoral que presentamos a la ciudadanía en los pasados comicios federales; en ella, manifestamos nuestro rechazo a que se deje de apoyar con créditos a los ejidos y comunidades con cartera vencida en el Banco Nacional de Crédito Rural, porque esta política conduce a la desaparición del ejido simuladamente y porque la mayoría de las veces la insolvencia de los campesinos es responsabilidad de las instituciones que se dedican al campo.
Por eso, nos congratulamos del pronunciamiento presidencial, en el sentido de no permitir que el endeudamiento sea un motivo del temor para los ejidatarios y que para tal propósito se resuelva la cartera vencida con el Banco Nacional de Crédito Rural y se aumente el financiamiento al campo.
Mi partido tiene como preocupación permanente que existan las condiciones necesarias para la preservación, dignificación y seguridad de las posesiones territoriales de los pueblos indígenas. La iniciativa de las reformas explícita la protección de la ley a la integridad de los pueblos, permitiéndoles mantener el patrimonio, que las generaciones han reclamado y han defendido.
En nuestro programa de acción nos pronunciamos por otorgar al campo la más alta prioridad, tomando en consideración que la autosuficiencia alimentaria es un problema de seguridad nacional. Para nadie es ajeno que el campo mexicano, hasta hoy, ha perdido la apuesta de la productividad y que existen evidentes obstáculos a las formas de producción agraria.
Por eso, mi partido se ha pronunciado y lo reitera por mi conducto, porque se promulgue una legislación avanzada que unifique y reglamente las formas de propiedad y explotación de la tierra y que deseche todas las trabas y ataduras que se han ido acumulando en leyes anteriores.
Ya no es concebible que un país como el nuestro no alcance la autosuficiencia en la producción de alimentos derivados de la agricultura. La insuficiencia alimentaria es ya una cuestión de
soberanía, que mucho debe sus causas a la conservación de innumerables ataduras que limitan el potencial productivo y, por consiguiente, el mejoramiento del nivel de vida de los campesinos.
En mi partido estamos conscientes del rezago que existe en materia agraria y de las nocivas consecuencias que éste tiene para el proceso productivo, para las relaciones entre los núcleos de población de ejidatarios y comuneros y para la seguridad de la tenencia de la tierra. En consecuencia, aprobamos que la reforma proponga la creación de tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, por lo que se avanzaría en la rapidez jurídica para resolver rezagos agrarios y en general en la administración de justicia en el campo.
Señores legisladores, mi partido quiere subrayar en esta tribuna que su declaración de principios tiene trazada su línea en cuanto a transformaciones legales se refiere; en el documento aludido advertimos textualmente lo siguiente: nuestro partido declara la obligación de observar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y luchar porque se respeten las leyes e instituciones que de ella emanen, manteniendo siempre de pie el derecho del pueblo a modificarlas, enriquecerlas o transformarlas, en correspondencia con su progresiva evolución social y jurídica.
Es nuestra responsabilidad respetar las leyes, pero es nuestro compromiso, como representantes del pueblo, mantener su derecho a modificarlas, adaptándolas a la nueva realidad del país; responsabilidad y compromiso son propósito y guía de los frentistas; responsabilidad y compromiso son principios rectores de nuestra tarea legislativa; aceptamos la responsabilidad de conducirnos en el marco de la legalidad y asumimos el compromiso que implica no pretender que las leyes sean inmutables; al respaldar en lo general la iniciativa de reforma al artículo 27 constitucional, los frentistas estamos tranquilos, la responsabilidad y el compromiso que adquirimos en las urnas están siendo cumplidos. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra para hablar en contra, el diputado Arquímides García.
El diputado Josafat Arquímides García Castro: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
En el transcurso de más de 16 horas que llevamos debatiendo en torno a la reforma al 27 constitucional, se han vertido argumentos muy valiosos que no es aconsejable prestarles oídos sordos, pues sería muy lamentable que por considerar sólo la actitud prepotente de que por más argumentos que se manejen, se apeguen a la consigna de aprobar la reforma a como dé lugar. El riesgo es pues participar en este debate y enterarse de que es como estar predicando en la inmensidad del mar y arando en el desierto. Pero esto no nos preocupa, porque el verdadero debate se dará cuando participen los actores de esta acción; el debate y la respuesta más contundente se dará en el campo, se dará cuando se demuestre la gran capacidad de movilización que tienen los campesinos y que tendrán que manifestarse en contra de actos y acciones que lesionan sus intereses más sensibles.
Aquí podrán imponerse una prepotente e ilegal mayoría, podrá imponer una reforma que es producto de la exigencia del amo a quien sirven, pero jamás podrán imponer la fuerza de la razón y de la justicia porque jamás podrá defenderse lo indefendible, porque jamás podrá justificarse lo injustificable y porque jamás podrán doblegar y engañar a un pueblo valiente, heredero de los ideales más puros y patrióticos.
El día 7 de noviembre, el Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión las propuestas de la reforma al artículo 27 constitucional y desde este momento nuestra fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, planteó que se llevase a cabo una amplia consulta popular. Esto no fue aceptado, al contrario, esa consulta fue boicoteada porque nunca se proporcionaron los recursos necesarios para el traslado de ponentes desde la provincia a este recinto parlamentario. Además, intempestivamente la consulta se suspendió el día 29 de noviembre, sin haber resolutivos ni conclusiones y las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, el día 2 de diciembre aprobaron el dictamen, sin ocultar su sometimiento al Ejecutivo Federal, porque salvo la limitación que ponen a una sociedad mercantil en lo relativo a la extensión máxima de tierras que pueden tener, el dictamen aprobado es idéntico al propuesto por el Ejecutivo.
A nosotros, los integrantes de la LV Legislatura, nos ha tocado vivir un gran momento histórico. Yo los invito, señores diputados, a que lo vivamos con dignidad y decoro. No permitamos que un mezquino interés particular, esté por encima del interés social y general de la nación; no permitamos que se destruya el patrimonio de la familia mexicana, que dejará desamparados a miles de familias campesinas humildes y marginadas.
Recordemos que los hechos nos han enseñado que en México la reforma agraria nunca ha sido una dádiva del gobierno en turno; se ha dado a través de las derrotas sucesivas a la clase terrateniente. La primera se dio en el marco de la revolución de 1910; otra derrota la sufrieron los carrancistas que pretendían imponer una separación entre los cambios políticos y la estabilidad del viejo modelo de cosas; otra derrota sufrieron los grupos sonorenses que pretendían mantener intocables por la reforma agraria, las tierras de los terratenientes nacionales y extranjeros; otra derrota la sufrieron durante el gobierno cardenista. Después de 1940, los campesinos hoy se enfrentan a las pretensiones de los neorevolucionarios, que quieren un desarrollo agrícola basado en el impulso a la burguesía agraria neolatifundista.
Las movilizaciones campesinas y su gran preocupación, demostraba en las diversas luchas que han enfrentado en defensa de sus tierras, se deben a causas reales y documentales y no sólo a caprichos o inventos de agitadores irresponsables, como pretenden hacernos creer los ideólogos de los nuevos revolucionarios, y estas causas, entre otras, son:
Primero. Que sigue existiendo el latifundio en diversas regiones del país. Ahí están los casi 90 millones de hectáreas que están en manos de terratenientes ganaderos, propiedades que están amparadas por certificados de inafectabilidad; otras, aunque afectadas, están protegidas por amparos agrarios otorgados por jueces corruptos.
Segundo. La existencia del neolatifundismo en las zonas más productivas del país. Para nadie es desconocido que los latifundistas concretan miles de hectáreas en los prestanombres y en los miembros de sus familias.
Tercero. Otra causa es la protección gubernamental, en ocasiones hasta ilegal, a los latifundistas y neolatifundistas. Los mecanismos legaloides implementados son: la Ley de Amparo, los certificados de inafectabilidad, las exclusiones de propiedades privadas dentro de tierras comunales, etcétera.
Los mecanismos ilegales que podemos mencionar, son la negativa de las delegaciones agrarias de ejecutar resoluciones presidenciales dotatorias. Retraso en los trámites de resolución. Negativa de cancelar certificados de inafectabilidad aun cuando se hayan reunido todas las causales de ley etcétera, etcétera, etcétera.
Cuarto. Invasiones de tierras ejidales promovidas por caciques, por compañías madereras o por los propios gobernantes, por actitudes represivas o vengativas y además la construcción de carreteras, obras hidroeléctricas, aeropuertos etcétera, que también son causas que afectan las tierras ejidales y comunales.
El gobierno argumenta que ya no hay tierras que repartir y pretende cancelar el reparto de la tierra. Los campesinos afirman que sí hay todavía millones de hectáreas de tierra que se deben repartir. Que fueron afectadas por resoluciones presidenciales y que deben pasar de inmediato a sus manos. Que existen otros tantos millones de hectáreas que las han declarado legalmente afectables, además de las tierras ganadas al narcotráfico. Las tierras embargadas por el Banco Nacional de Crédito Rural y, las tierras ociosas en manos de los ganaderos que las disfrazan como agostaderos.
Esas tierras deben ser repartidas a los campesinos que las están exigiendo.
De aprobarse esta propuesta sin un análisis serio y profundo, tomándonos todo el tiempo que sea necesario para detectar las limitaciones que la propuesta pudiera tener, en la práctica eso significaría que se está legalizando la formación de neolatifundios. Se estaría consolidando el poderío de los caciques, que por diversos medios, la mayoría de ellos ilegales, se han apoderado de grandes tierras ejidales, condenando a grandes núcleos de la población rural a la más extrema pobreza.
Cumplamos responsablemente con nuestro papel de legisladores, defendiendo los postulados elementales que establecieron los Constituyentes de 1917 en el texto original del artículo 27, el cual establece el pleno dominio de la nación sobre la tierra, agua y recursos naturales, da plena personalidad jurídica y garantías al ejido y a la comunidad y consagra la obligación y facultad constitucional de realizar el reparto agrario.
La iniciativa propone que la fracción IV del artículo referido establezca que: las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos y dejan una ley reglamentaria a definir la regularización de la estructura de capital y su mínimo de socios.
Sin embargo, es preciso destacar que la redacción textual de la fracción IV legaliza el neolatifundismo y fortalece el proceso de concentración de la propiedad territorial en pocas manos.
Otro aspecto de capital importancia es que la iniciativa no establece limitación o
prohibición expresa a la participación de empresas transnacionales agropecuarias en estas sociedades y en consecuencia deja abierta la posibilidad de que estas multinacionales se apoderen, en pocos años, de grandes extensiones de tierras en todas las regiones del país.
Esto significa que la gigantesca obra histórica del reparto agrario de la Revolución Mexicana está hoy amenazada por la creciente penetración de empresas transnacionales en el campo mexicano y lo más grave es que con las reformas propuestas se da plena libertad a esas empresas, para que controlen los sistemas agrícolas y agroindustriales, acentuando la independencia alimentaria y limitada seriamente la soberanía nacional.
Según la iniciativa, la extensión de tierra de la que podía ser propietaria una sociedad mercantil, será la equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción XV de este artículo. Ahora bien, considerando que en la fracción XV del artículo se mantiene la disposición de considerar pequeña propiedad agrícola la que no exceda de 100 hectáreas de riego o sus equivalentes en otras clases de tierra, siendo equivalentes a una hectárea de riegos de temporal, cuatro de buen agostadero y ocho de bosques, monte o agostadero árido. Esto significa que legalmente una sociedad mercantil puede ser propietaria de 2 mil hectáreas de riego, 5 mil hectáreas de temporal, 10 mil hectáreas de buen agostadero, 20 mil hectáreas de bosque, monte o de otro tipo de agostadero, 3 mil 750 hectáreas de tierras dedicadas al cultivo del algodón y 7 mil 500 hectáreas de explotaciones de plátano, caña de azúcar, café, henequén, hule, cocotero, vid, olivo, quina, vainilla, cacao y árboles frutales.
Por otra parte, es importante resaltar que en la iniciativa no se establece ninguna limitación a la constitución de consorcios de empresas mercantiles, lo cual deja abierta la posibilidad de que se formen complejos empresariales integrados por un conjunto de sociedades mercantiles agropecuarias asociadas, que podrán tener el control de enormes extensiones de tierras. Basta señalar a título de ejemplo, que un consorcio de este tipo, compuesto por 20 sociedades mercantiles, podría ser propietario de 50 mil hectáreas de riego, 100 mil hectáreas de temporal, 200 mil hectáreas de buen agostadero, 400 mil hectáreas de bosque o de otros tipos de agostadero, o de acuerdo con los límites de la pequeña propiedad ganadera, podrá tener el terreno que requiera mantener 250 mil cabezas de ganado mayor o su equivalente en ganado menor.
Como se ve, la modificación propuesta cambia de manera fundamental el marco legal del campo mexicano y pretende destruir conquistas históricas de la revolución de 1910; da sustento legal a la preservación de viejos y nuevos latifundios y da seguridad jurídica a consorcios monopólicos, agrícolas y agroindustriales para crear gigantescas empresas agropecuarias.
Señor Presidente, de acuerdo con el reglamento tengo media hora y quiero hacer uso de ella. Yo pido respeto a los compañeros.
El Presidente: - Así es, diputado; de acuerdo con el reglamento tiene usted media hora. Le notifico nada más que le quedan a usted cuatro minutos de la media hora de que dispone y le suplico que en atención al orador se le respete en el uso de la palabra y en atención a esta asamblea también.
El diputado Josafat Arquímedes García Castro: - Terminaré, señor Presidente. Además, ¿cuál es la preocupación de ustedes, señores priístas? Se pueden ir a descansar y regresar al final a cumplir con su cometido que es levantar el dedo.
Por otra parte, la redacción propuesta para la fracción VII, en el sentido de que la ley definirá las formas en que los campesinos podrán asociarse entre sí o con terceros y otorgar el uso de sus tierras, trasmitir sus derechos parcelarios entre sí y fijará las condiciones conforme a las cuales el núcleo ejidal podrá otorgar el dominio sobre su parcela, crea una base legal para la mercantilización y privatización encubierta del ejido; da rango constitucional a disposiciones que facilitan la renta, venta y trasferencia de tierras ejidales y prácticamente autoriza la agricultura de contrato, que ha sido una de las vías que han utilizado las empresas trasnacionales para controlar segmentos importantes de la producción agrícola y agroindustrial de nuestro país.
En los hechos, se trata de una propuesta para adecuar el marco legal del sector rural a las exigencias formuladas por los representantes de los Estados Unidos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio y de esta forma eliminar obstáculos a la penetración trasnacionales en la agricultura.
Una vieja demanda campesina ha sido liberar al ejido de las diversas formas de control estatal que a lo largo de décadas propició un corporativismo rural que ha sido fuente inagotable de rapiña y corrupción y campo fértil para la existencia y reproducción del caciquismo.
Reiteramos la necesidad de cambiar aquellos preceptos jurídicos que impiden la autogestación campesina y obstaculizar el desarrollo autónomo e integral de ejidatarios y ejido. Sin embargo, las reformas propuestas, contrariamente a lo expuesto en la exposición de motivos, no representan ningún avance en la verdadera liberación campesina; aumenta su inseguridad al mantenerse la discrecionalidad e imprecisión de sus derechos y facultades y deroga varios párrafos y las fracciones X, XI, XII, XIII, XIV y la XVI, que dan un claro marco jurídico a las instituciones y procedimientos para el reparto agrario. En suma, deja en total desventaja a cientos de miles de ejidatarios, ante un conjunto de empresas capitalistas, agroindustriales y agrocomerciales y se mantiene para satisfacción de viejos y nuevos terratenientes, la antidemocracia y anticipadamente celebran las reformas propuestas porque garantiza la defensa de sus intereses.
Aceptamos el reto de los nuevos tiempos y estamos listos para participar en las grandes movilizaciones que emprenderemos en defensa del campo, bajo la premisa fundamental de la defensa de los intereses campesinos, de la consolidación de sus formas organizativas y bajo la premisa de Zapata de que la tierra es de quien la trabaja, democracia ya y patria para todos.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Melquiades Morales, para hablar en favor.
El diputado Melquiades Morales Flores: - Señor Presidente, señores diputados:
La iniciativa de reformas al artículo 27 de la Constitución mexicana, es en verdad histórica y constituye la base para una reforma campesina con profundo carácter revolucionario; alienta la participación de los campesinos para que desarrollen su gran potencial y accedan con mejores herramientas a óptimos niveles de bienestar.
Nosotros, los priístas, saludamos la reforma con optimismo, porque obedece a toda una rica tradición histórica y nacionalista, sienta las bases para la modernización del campo y anuncia la verdadera liberación de los campesinos.
Rechazamos, por el contrario, el que esta iniciativa sea atentatoria a sus intereses, y mucho menos que constituya para ellos una derrota o una traición.
Tenemos fundadas esperanzas que con estos nuevos instrumentos legales, los campesinos como siempre habrán de derrotar al catastrofismo y al inmovilismo.
La lucha por la tierra y el hombre que la trabaja, han perfilado la historia de nuestro país. Existe un hilo conductor que parte de la organización agraria mexica y las instituciones que nos trajo el conquistador, hasta nuestros días, en que la constante ha sido y es, la búsqueda afanosa por mejorar las condiciones de vida de los campesinos.
En el Mundo prehispánico, existía una organización agraria incipiente donde a excepción del calpulli, las tierras las trabajan los mayeques y mazehuales en beneficio de los señores. En el calpulli, que quiere decir barrio de gente conocida o linaje antiguo, que también tiene de muy antiguo sus tierras y términos conocidos según definición de Durán, se le asignaba al jefe de la familia una superficie siempre que perteneciera al barrio. La propiedad era comunal, pero el usufructo era privado y lo gozaba quien estaba cultivándola.
También existía el altepetlalli, porción de tierra en las afueras de los pueblos de disfrute comunal. Instituciones las dos, que son el antecedente de las concepciones modernas de comunidad y ejido, las cuales son reguladas por las leyes vigentes con las variantes propias de la realidad rural mexicana y la influencia de las instituciones del derecho español.
Los pueblos indígenas fueron arrasados por el conquistador, destruyendo su cultura, su religión, su organización política y social con las excepciones de las voces sinceras de los varones, quienes como Fray Bartolomé de las Casas, Benavente, Vasco de Quiroga y otros, se opusieron a esta situación injusta. De esta manera el problema de la tenencia de la tierra se inicia en el curso del Siglo XVI y se fue agravando con el transcurrir de los siglos para influir en el surgimiento de la lucha por la Independencia.
En la reforma, las voces de los liberales Ponciano Arriaga, Zarco, Ramírez, atisban con excepción sentido social, el problema de la tierra y apuntan soluciones que más tarde en el siguiente siglo, habrían de contemplarse en el artículo 27 de la Constitución vigente.
El liberalismo social de estos connotados liberales, que no se concretó en la Constitución de 1857, sí se logró y con creces, consignar en la Constitución vigente. Las ideas de los Flores Magón, de Zapata, Villa, Luis Cabrera y otros, se plasmaron en el artículo 27 para dar cumplimiento a una aspiración legítima y justa de compatriotas nuestros que desde lejanos tiempos, vinieron
luchando por la posesión de la tierra y por su bienestar.
La reforma agraria mexicana tiene sustento pues entre otros antecedentes, en el Plan de Ayala, la ley del 6 de enero de 1915 y por supuesto en el artículo 27 de la Constitución actual, de tal manera que en este artículo este proceso tan importante para nuestro país, se hace programa y se concreta primero en la restitución de tierras y aguas a los pueblos despojados en épocas anteriores y al mismo tiempo con la dotación a los que carecían de ella.
La entrega de la tierra pues, ha sido sin duda alguna, detonante para el desarrollo económico social del país y fundamentalmente para su estabilidad política y así lo reconoce la iniciativa y no arroja por la borda las lecciones de la historia, la vieja deuda con los hombres del campo se ha cumplido. Pero aún no podemos decir que la añeja aspiración de mejorar sus niveles de bienestar se ha logrado plenamente. Y es con esta iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional de la Carta Magna, enviada por el Presidente de la República, la que sin desconocer las bondades de lo que llamamos la primera etapa de la reforma agraria, hoy emprende con valor su etapa superior para que el campesino acceda al ejercicio y goce pleno de la libertad y de justicia.
Quienes venimos de los ejidos y comunidades, tenemos una idea viva de los problemas que viven las familias campesinas; sabemos que la cosecha no alcanza para satisfacer sus necesidades, que familias enteras emigran a las ciudades y al extranjero en busca de mejores oportunidades; que los hijos de quienes recibieron la tierra, ya no caben en la parcela ni en el solar urbano, porque ya no la hay y la que hay es pobre y está pulverizada y no produce suficiente para vivir.
Lo que nos impele a reconocer que hay pobreza y atraso que nos duelen y nos impulsa a tomar actitudes honestas y responsabilidades serias para dar respuesta leal y sincera a la difícil situación del campo mexicano. Sentimos, por ello, que la reforma al artículo 27 constitucional es en un parteaguas histórico, porque permitirá entrar a la etapa superior de la reforma agraria, por la que los campesinos asuman con plenitud sus derechos sobre la tierra y decidan, sin paternalismos de ninguna naturaleza, su propio futuro y el de la nación.
El espíritu contenido en la Constitución de 1917 y en particular en el 27, se fortalece con estas reformas.
Cambiamos para seguir siendo fieles a los principios; la Constitución define estos principios, no se encadena a los medios.
Si en el pasado el reparto agrario fue el instrumento eficaz y necesario para el logro de la justicia social, en nuestros días ese medio es ya inaplicable.
Las reformas ratifican el espíritu de justicia del artículo 27 de la Carta Magna.
Quienes aducen que la reforma propiciará la existencia de los latifundios, la propia iniciativa en la fracción XVII dispone que será el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales que expedirán leyes que establezcan los procedimientos para el fraccionamiento de las extensiones que excedan los límites señalados en la fracción XV de este artículo.
Señala que el excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro de un plazo determinado y en caso de que éste no cumpla, la venta deberá hacerse mediante pública almoneda.
El contenido de esta fracción es el mejor mentís para quienes afirman que la iniciativa propiciará los latifundios. Como aquel de que al permitirse a las sociedades mercantiles puedan ser propietarias de terrenos rústicos, se fomentará también en la concentración de tierras. Y nada es más inexacto, porque el mismo dictamen señala ya, que éstas no podrán adquirir en propiedad, tierras de mayor extensión que la equivalente a 25 veces los límites señalados a la propiedad en la fracción XV del propio artículo 27.
La necesidad de compactar superficies para hacer más rentable la tierra y el trabajo, como se practica en los complejos agroindustriales de los países socialistas, como por ejemplo, en Bulgaria, o como existen en las agriculturas de tipo empresarial como en Estados Unidos y Europa, deberán ponerse en práctica...
El Presidente: - Diputado Morales, lo exhorto de la manera más atenta al límite del acuerdo parlamentario. Le ruego de la manera más atenta ajustarse al tiempo del límite del acuerdo parlamentario.
El diputado Melquiades Morales Flores: - Como no, señor Presidente.
Deberán ponerse en práctica aquí en México, de acuerdo a nuestra realidad y condiciones, con objeto de garantizar la soberanía alimentaria, la
capacidad de autogestión de ejidatarios y comuneros y una nueva relación de nuestra agricultura con el mercado interno y externo.
Tampoco está fuera de duda que la iniciativa preserva las figuras del ejido y comunidad e incluso las eleva a rango constitucional, tal y como se observa en la fracción VII del artículo de referencia. De manera que la impugnación en el sentido de que el ejido va a desaparecer, no tiene fundamento alguno y sí en cambio es una falacia aseverar que así suceda.
Lo que sí puede dar lugar a su desaparición o deterioro está en el desgaste acumulado y cada vez más acelerado, en la persistencia de las tendencias actuales y a la reproducción de sus rigideces y sobre todo a su pobreza.
Estas son el verdadero peligro para su continuidad y por tanto éste, como la comunidad, exigen su transformación para fortalecerse.
La iniciativa propicia la posibilidad de que estas dos formas de propiedad social rompan viejas y nuevas ataduras y liberen el potencial del conjunto y los individuos que la integran; ellos y solamente ellos, los campesinos, serán dueños de su destino y definirán su futuro sin la presencia del Estado paternalista que tanto daño ha propiciado en el medio rural.
Los ejidos y comunidades conservan el carácter inalienable, imprescriptible sobre los bienes de uso común, la iniciativa reconoce esta herencia que ha permitido mantener la cohesión de sus miembros y la propia existencia de estas dos figuras históricas.
La protección a la integridad territorial de los pueblos indígenas, propicia un desarrollo mejor de las comunidades que a través del tiempo han sostenido una lucha por su existencia y la reforma presidencial así lo reconoce.
Ahora el Ejecutivo propone en la iniciativa un nuevo pacto nacional, se trata de decirles a los ejidatarios que ellos y los comuneros tienen su propiedad consagrada a nivel constitucional, pero también les señala a los pequeños propietarios que su propiedad también está garantizada en la Constitución, siempre y cuando no exceda en los límites fijados por la ley, siempre y cuando no caigan en el latifundio que la historia y nosotros rechazamos con energía y se trata de decirles a los campesinos que son libres y que ya no hay tutela paternalista del Estado.
En cuanto a las asociaciones, creemos firmemente en la capacidad de los campesinos para asociarse entre sí y con otros agentes externos y otorgar el uso de su tierra; aprovechar el potencial de sus recursos y de esta manera generar viene que redunden en una mejor calidad de vida.
Al respecto, existen diversos tipos de asociación de ejidatarios con propietarios y aún con empresarios, que han dado magníficos resultados. Hoy la iniciativa reconoce la necesidad de inyectar recursos que el gobierno no puede satisfacer a través de este tipo de asociaciones.
Quienes objetan esta medida ponen en duda la capacidad de los campesinos, que en todo momento han dado muestras de madurez y de firmeza, cuando de sus derechos se trata. Ellos no son menores de edad ni mucho menos mexicanos de segunda, para no permitirles decisiones que les afectan, tanto en lo individual como en lo colectivo.
En cuanto al paso trascendental que señala la iniciativa, de que los ejidatarios podrán transmitir entre sí sus derechos parcelarios y de que podrán adquirir el dominio sobre sus parcelas, con el consentimiento del propio núcleo ejidal, es sin duda una decisión histórica.
Al respecto, la parcela en nuestra legislación vigente es de uso particular, pero la ley prohibe el arrendamiento, la subdivisión, la cesión de derechos, la venta y otra serie de prohibiciones que en la vida real se da cotidianamente, de manera clandestina y a veces con la complacencia de algunas autoridades.
Con esta medida, el legislador no hará más que reconocer la realidad y orientarla; el derecho reconoce y reglamenta los fenómenos sociales que a diario suceden.
La iniciativa no propone, ni el Estado promueve, que se titulen las parcelas ejidales; la iniciativa crea las condiciones para que los campesinos decidan lo que crean más conveniente.
Con el dominio individual de la parcela, el ejido no se destruye, porque se mantienen vigentes los otros dos elementos que lo integran, como son la zona urbana y los bienes ejidales, como los bosques, aguas, los recursos minerales.
Hay quienes consideran también que al otorgarle el dominio a los ejidatarios habrán de aparecer o fomentarse otro tipo de latifundismo. La ley es clara al respecto, toda la superficie que exceda del límite legal se fraccionará de acuerdo con lo que establece la propia iniciativa, el latifundio
es del pasado y nuestra legislación lo prohibe terminantemente.
Por todo lo anterior, señores diputados, me permito solicitarles, a nombre de los diputados de mi partido y con todo respeto, la aprobación de este dictamen en lo general, con la seguridad de que con ello estamos fincados las bases para una nueva sociedad rural, moderna, donde los campesinos y sus familias vivan plenamente con su libertad y con justicia. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - El siguiente orador es el diputado Enrique Rico, en contra.
El diputado Enrique Rico Alzate: - Con su permiso, señor Presidente:
Desde hace mucho tiempo el sector agrícola enfrenta un problema doble: Primero, la necesidad de aumentar la producción para satisfacer la demanda creciente de productos alimenticios. Segundo, la necesidad de aumentar los ingresos rurales con el fin de satisfacer las necesidades básicas de los campesinos.
El general Lázaro Cárdenas planteaba la edificación económica de México y la fundamentaba la industria pesada, ligera y el desarrollo de la agricultura. Entendía que la industrialización, como una correlación proporcional en el desarrollo de la industria y la agricultura, concepción para consolidar nuestra independencia económica y política.
La Revolución Mexicana, bajo la presión de las masas campesinas que en ella participaron, logró que el campesino saliera del estado de miseria en que lo mantenían y se trató de dotar no en todos los casos, de un patrimonio cuyos productos pudieran satisfacer las necesidades de una familia. Nace así en el país el ejido y la pequeña propiedad agrícola.
El ejido creado como una institución de carácter provisional, no se le confiere el papel de una mejor producción agrícola, se le asigna una misión supletoria de nuestra economía: completar el salario de jornalero y una existencia efímera.
Nadie en la hora actual que conozca la historia de México y que esté inspirado en servir con lealtad a su patria, puede pensar en la desaparición del ejido. Quienes así pretendan, expondrán al país a una lucha aún más sangrienta que la que originó el reparto de las haciendas.
Existen estudios que nos demuestran que los ingresos rurales han disminuido en términos reales.
La aplicación de éstos se debe buscar en la naturaleza de la producción campesina. Con mayor fuerza se arremete actualmente contra el campesino por parte de quienes no han comprendido que la producción agrícola no es una actividad compuesta por un número de elementos aislados, sino que hay que comprender como un sistema económico y social complejo.
Los elementos son los siguientes: fuerza de trabajo, tecnología, recursos naturales, organización social de la producción, ingresos y niveles de vida. Estos elementos cruciales que deben de tomarse en cuenta, si es que se quiere considerar un cambio social económico que beneficie a la población rural.
Es evidente y ha sido publicada la literatura correspondiente, que el 60% de los núcleos agrarios no presentan posibilidades de incorporarse al proceso productivo eficiente en las condiciones actuales, por lo que el apoyo para el desarrollo rural integral ahora no es una inventiva de Salinas de Gortari, es un reclamo desde hace mucho tiempo para la producción de excedentes.
Es claro lo que sucede en nuestro país: a los ejidos mal dotados y a los minifundistas particulares se les ha obligado a cumplir económicamente de satisfacer la demanda social de amplias capas de la población, por lo que se hace necesario un cambio de rumbo en el desarrollo rural integral, sus adecuaciones a las leyes y un mayor apoyo económico a todos los productores sociales de este país.
En la mayor parte de los municipios rurales del país aún se vive en el colonialismo, lo cual habla elocuentemente del retraso económico, la incultura, la miseria de los pueblos. Es decir, que existe una gran desigualdad en el desarrollo.
Es necesario que todos los ejidos y comunidades cuenten con los servicios de salud, drenaje, luz, agua potable, educación, comunicación terrestre, telefonía, en fin, mejorar la calidad de vida de los habitantes, actividad que tiene que realizar cada uno de los municipios, instancia fundamental de esta Federación y que actualmente el Programa Nacional de Solidaridad ha tratado de borrar.
Por lo que se está desarrollando, no se considera al municipio y cabe recordar que hay antecedentes históricos en la Colonia, donde los reyes nunca autorizaron a los cabildos a repartir tierra. Solamente en la ley de 1680 tuvieron facultades para repartir tierras baldías los cabildos municipales de La Habana y la pequeña villa de Torú, en la provincia de Cartagena de Indias.
Existen muy pocos municipios en el país que cuentan en su estructura con alguna dependencia conocida como desarrollo rural integral. Estancia elemental para organizar la vida del campo desde este ámbito, en donde los campesinos puedan exponer sus problemas no solamente de improductividad, sino también agrarios y de control político que realizan los caciques y dirigentes de algunas centrales agrarias.
Es preocupante la desarticulación que va a sufrir la vida regional municipal con la modificación al artículo 27 constitucional, ya que con esto se busca la concentración y centralización de la propiedad. Existiendo para ello las condiciones propicias, es decir, la acumulación de provecho en pocas manos.
Como consecuencia se tendrá una alta migración de campesinos a las zonas urbanas municipales, a las grandes ciudades de México y, sobre todo, hacia los estados de Norteamérica.
En lo fundamental, la acumulación no depende de la propiedad sobre la tierra, sino la apropiación del proceso productivo. En diversos municipios hemos propuesto cambiar las relaciones sociales, económicas y políticas del campo. Siendo entre otras, ampliar el concepto de reforma agraria por la reforma rural; poner fin a nefastas manifestaciones de maniobrerismo, clientelismo y corrupción oficiales; facilitar a los campesinos su organización y no encasillándolos en formas organizativas, burocráticas y no funcionales.
Que la prevalencia del ejido sea no como nostalgia, compañeros, sino que como el reconocimiento de que éste es un producto histórico y que el desarrollo agrario tiene que surgir de la experiencia y no de la ideología. Fomentar un verdadero desarrollo rural integral, en base de capacitación, organización, formulación de proyectos productivos por los propios campesinos, proporcionar apoyos económicos necesarios y comercializar los productos.
Lo anterior se demuestra que no es necesaria tal reforma, ya que el día 26 de noviembre se presentaron a la audiencia dichas personas dedicadas a la alta producción en el campo. También se demuestra que no se tomó en cuenta ninguna participación y no era con el objetivo de pasar lista al compañero César Augusto Santiago, sino que retomara lo que a continuación, cito textualmente lo anotado en la versión estenográfica de la sexta audiencia de información celebrada en las comisiones unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria.
El licenciado Alfonso Romo Garza, presidente del consejo de empresas La Moderna y del Pulsor Internacional, dijo: "Me voy a concretar a darles una evidencia real que estamos ahorita llevando a cabo en Cigarrera La Moderna y lo que hemos llevado a cabo ya por muchos años, por muchos años, subrayo, con bastante éxito en el campo mexicano".
El licenciado Alberto Santos Hoyos, presidente del consejo Promotor Agropecuario Aceres, dijo: "Entendí que aquí a comparecer ante usted para contestar algunas preguntas o dudas que tuvieran en relación a nuestra experiencia en el proyecto de Vaquerías, estado de Nuevo León. Se logró una utilidad de 3 mil 200 millones de pesos; 3 mil 200 millones de pesos para los inversionistas. Esto nos dio un promedio aproximadamente de 5 millones de utilidades para el productor".
También se presentó el ingeniero Abelardo Sánchez Guzmán, director general de Cítricos de Huimanguillo, y dijo: "El problema actual de nuestros campesinos es que tienen la tierra, pero no tienen los recursos ni la capacidad administrativa que les permita aplicar técnicas financieras. De esta manera, vamos a poder hacer un verdadero equipo entre los hombres del campo y los de las empresas".
(Desorden.)
Voy a terminar compañero, si me permite, por favor.
Con lo que se requiere hacer es aumentar la explotación del campesinado o simplemente desalojarlo de sus propiedades, siendo probable que ocurran conflictos políticos y sociales en muchos municipios del país.
Hay que tener mucho cuidado compañeros; si actualmente existen latifundios, revisemos en qué municipios, en el futuro serán más y éstos siempre van a significar un conflicto en potencia, ya que se encuentran ligados a una estructura social jerárquica, rígida y no democrática.
Compañeras y compañeros diputados: No permitamos que se pervierta el principio político que dio origen al Estado mexicano. La Constitución queretana de 1917, tiene por origen un carácter democrático y no oligárquico. Los exhorto a que reflexionemos sobre esta causa, primera que dio origen al Estado mexicano; no permitamos que lo sustantivo se convierta en adjetivo, no permitamos que la democracia se convierta en un adjetivo y la oligarquía en sustantivo. Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)
El Presidente: - En uso de la palabra, el diputado Manuel Terrazas, en favor del dictamen.
El diputado Manuel Terrazas Guerrero: - Compañero Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En los últimos años nuestro país, sin ninguna duda y en esto hay plena coincidencia de todos los diputados que han intervenido en este debate, que sin duda es un debate histórico, ha sufrido una larga y grave crisis en el problema agrario y en el problema agrícola de México. Y también ha habido conciencia plena, en el sentido de que esta crisis que afecta en todos los órdenes las relaciones sociales, políticas y económicas en el campo, requiere de medidas a fondo, de soluciones y transformaciones que puedan obtener una superación, si no de la totalidad del problema, sí de una buena parte del mismo.
Junto a la grave crisis agrícola y agraria en nuestro país, se presenta, al mismo tiempo, la necesidad de la modernización de la agricultura mexicana. En las condiciones en que se encuentra la agricultura mexicana, los campesinos y el movimiento campesino de México, no es posible, de ninguna manera, avanzar, ya no digamos en un programa de modernización, sino en ningún programa de democratización del movimiento campesino y de la situación de los campesinos.
Con relación también a esta misma situación, tenemos que decir que hasta ahora no se había presentado ninguna alternativa, ninguna proposición de fondo frente a la situación del campo mexicano y en los últimos 10, 15, 20 años posiblemente desde las reformas alemanistas y el Congreso Agrario de Toluca hace cerca de 30 años casi, ni el movimiento campesino ni el movimiento democrático, ni la izquierda revolucionaria de nuestro país, ni el Congreso de la Unión, en ningún momento y ni menos los gobiernos anteriores habían presentado un programa de soluciones que tuviera seriedad, que tuviera profundidad y que representara atacar a fondo los problemas, esa es una realidad que hay que decir. En cuanto a la izquierda mexicana que el gobierno de Salinas de Gortari le ha sacado la iniciativa, ha tenido mayor iniciativa y no ha habido una proposición, un programa, un planteamiento.
Hay que decir que en esta misma sesión de la Cámara de Diputados no hay sino la objeción de fondo, es cierto, los planteamientos de rechazo, es cierto pero de ninguna manera nadie ha sido capaz de presentar un programa relativo a la crisis de la agricultura mexicana y eso tenemos que reconocerlo, porque si es verdad que la reforma al artículo 27 constitucional va a determinar profundas transformaciones, si no es cierto que va a partir de la reforma a colocarlo todo en una situación nueva, sí habrá profundas transformaciones y una de las transformaciones más importantes, más serias se van a dar sin duda alguna en el movimiento campesino, en el movimiento democrático y en el movimiento popular y de la izquierda de nuestro país. Esto indica, esto obliga a que haga un esfuerzo la izquierda, si no es capaz de adecuarse a las nuevas condiciones, no será posible de ninguna manera desarrollo alguno del movimiento democrático y del movimiento campesino y la iniciativa histórica van a seguirla teniendo otras fuerzas sociales.
Nos encontramos indudablemente ante una reforma capitalista, esa es una reforma capitalista, una reforma capitalista a la que se unen elementos importantes de carácter social y democrático que indica que no es posible ya que ante las necesidades de desarrollo del capitalismo en un país como el nuestro, se ignore la fuerza del movimiento popular, se ignore la tradición histórica del movimiento revolucionario de México y por eso nosotros afirmamos que la reforma al artículo 27 constitucional es una reforma, la única solución que tenemos que responde a las necesidades del campo y que además tiene elementos de carácter democrático y progresista.
Nosotros afirmamos que no se puede analizar la reforma del artículo 27 constitucional propuesta por el Ejecutivo si no es en función de considerar la línea principal, la tarea principal del movimiento democrático y revolucionario en nuestro país; si es la línea principal está en el centro, la lucha por la democracia nosotros tenemos que analizar, la reforma al artículo 27 constitucional tiene algo que ver, tiene vinculación, se relaciona de alguna manera; hay expresión concreta de la lucha por la democracia de nuestro país, nosotros afirmamos que sí, afirmamos que el artículo 27 constitucional tiene que reformarse en función no sólo de la transformación del ejido sino de garantizar un ejido democrático, un ejido de comunión voluntaria de los campesinos al mismo tiempo que permita que el movimiento campesino se arme para enfrentar la nueva situación: el financiamiento privado, la participación de las asociaciones, la libertad del campesino para disponer de su tierra plenamente. Nosotros nos preguntamos, ¿es posible luchar por la democracia sin darle la libertad al campesino de disponer de su tierra plenamente, a estas alturas después de la Revolución de 1910 - 1917?
En 1991 el campesino que no pueda tener libertad y al mismo tiempo la libertad como expresión de la democracia, nosotros decimos que de ninguna manera es posible adecuar las directivas y las consignas de lucha por la democracia, si no es en función precisamente de dar democracia y de llevar la democracia al campo.
Por otra parte, nosotros consideramos: ¿es posible aprobar una reforma al artículo 27 constitucional, declarando o considerando que en nuestro país se cancela el derecho de los campesinos a la tierra? Nos preguntamos, ¿la reforma al artículo 27 cancela el derecho a la tierra en México? Nosotros afirmamos que no se cancela el derecho a la tierra en México, finaliza y culmina en las condiciones sabidas por todos, el reparto obligatorio y masivo de la tierra por el Estado, pero afirmamos que no se puede interpretar la reforma al artículo 27 constitucional, considerando que se cancela el derecho de los campesinos a la tierra, cambian las vías de la lucha por la tierra y nosotros decimos que los rezagos que deben repartirse en preferencia a los campesinos, sobre la base de la preferencia a los mismos, sobre la base del cuánto, etcétera, de la expropiación que se mantiene, que también la sindicalización, la lucha por la sindicalización es con vías o para hacer válido el derecho a la tierra de los campesinos en nuestro país.
Aquí se ha recordado la gesta de los trabajadores laguneros en 1936. El 6 de octubre de 1936 se dio el reparto histórico en La Laguna, ¿producto de qué? producto de que los trabajadores agrícolas, los peones agrícolas de La Laguna, se lanzaron a la huelga, producto de que ante la decisión del gobierno de lanzar la represión, mantuvieron con firmeza su decisión del contrato colectivo; un día antes del reparto de la tierra, los principales dirigentes de los trabajadores agrícolas en huelga, se enfrentaron con el general Cárdenas, el general Cárdenas les pidió a los principales dirigentes que levantaran la huelga, que él iba a resolver los problemas, pero que si no la levantaban, al día siguiente el ejército intervendría en todas las haciendas en huelga. Se regresó la representación encabezada por los entonces dirigentes del Partido Comunista Mexicano en La Laguna; esperaron al día siguiente la ocupación de las haciendas, la intervención del ejército y la realización de una gran represión, de una sangrienta represión; se mantuvieron firmes y resultado de esa firmeza, de su lucha, se dio el reparto a la tierra en decreto del 6 de octubre de 1936.
Esto quiere decir que pasa ahora a ser el factor fundamental para que el derecho a la tierra se haga realidad, la lucha y la firmeza, la unidad y la acción del movimiento de masas de los trabajadores agrícolas, las luchas de los sindicalistas en el campo, pasa a ser una vía fundamental para lograr que el derecho a la tierra se mantenga.
Pensamos también, compañeras y compañeros, que toca a la izquierda plantearse la coincidencia con la iniciativa del Presidente Salinas. Coincidimos plenamente con Diego Fernández de Ceballos, en el sentido... No nos adherimos a la propuesta de Salinas, no nos sumamos en la propuesta de Salinas, coincidimos con la propuesta de Salinas, desde una posición de clase, desde una posición propia, apoyando y coincidiendo en aquello que es programa de la izquierda y al mismo tiempo con una posición crítica.
Tampoco nos adherimos ni nos sumamos a la posición de Acción Nacional, coincidimos con Acción Nacional y si éste es un debate histórico y hay coincidencia con Acción Nacional, hay que decir que la coincidencia entre los distintos grupos que plantean la necesidad de una reforma profunda, democrática en el campo, es una coincidencia histórica. Y que junto a esa coincidencia histórica hay sus libros también para que en la legislación, pero empezando ya desde ahora en los distintos aspectos secundarios y en las distintas fracciones de la ley, esta reunión haga profundas modificaciones.
De esta manera podemos afirmar que se va a crear una nueva situación en el campo, nuevos retos para todos, nuevos desafío en primer término para el movimiento campesino, que ya no podrá actuar en las mismas condiciones. Tiene que plantearse nuevas tareas y tiene que reeditar, en primer término, la izquierda, su programa frente a la nueva situación del campo.
Con esos criterios queríamos nosotros hacer esta intervención. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Emilio Becerra, en contra.
¡Silencio, por favor señores diputados! Respeto por favor al orador señores diputados.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar (desde su curul): - Muy respetuosamente quisiera rogarle que haga un llamado a esta asamblea a que se comporte el conjunto de los que estamos presentes en ella con el debido decoro y el respeto al orador. Hay una norma básica de nuestra convivencia en esta LV Legislatura que debe ser respetada, de respeto, repito, al orador. Por favor, le ruego.
El Presidente: - En términos solicitados se pide a la asamblea, de los oradores, un respeto recíproco. Un momento, diputado Calleja o lo que sea, ¿desea hacer uso de la palabra? Le repito, que venga a la tribuna y la solicite. Y sí pido, una vez más a la asamblea, respeto al orador y también a los oradores respeto a la asamblea.
El Diputado Emilio Becerra González: - Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy y ante la expectación despertada por el tema a debate y sin la seguridad de que efectivamente fuera posible debatirlo, pensaba yo que para que mi intervención fuera la que corresponde a un representante de la nación, tenía que preparar no solamente lo que iba a decir, sino el estado de ánimo a pesar de las condiciones en que ella se diera y a pesar de la hora en que esto pudiera ocurrir.
Eran aproximadamente las ocho y media de la mañana y me dirigí hacia el Monumento de la Revolución. Cuando yo llegaba a ese monumento tan representativo de nuestra historia, de nuestra ideología, de nuestros programas, vi algo que fue premonitorio: se encontraban ahí varios trabajadores de limpia o de alguna oficina del Departamento del Distrito Federal demoliendo las bases de las asta banderas en que se colocaron las enseñas de cada entidad federativa este pasado 20 de noviembre y a partir de ese momento empecé a pensar que el partido oficial de ese modo trataría el día de hoy de demoler las bases ideológicas de sustentación de la Revolución Mexicana.
Mientras yo recorría y pensaba en ese monumento, se acercaron algunos ejidatarios del estado de Hidalgo. Les pregunté yo si estaban de visita y me dijeron que sí, que era la primera ocasión que venían al Distrito Federal y que ellos querían conocer cómo era ese famoso Monumento a la Revolución y todavía ahí se encuentra un gran mural con, en el centro presidiendo, la imagen de Zapata y además se hace referencia a las luchas agrarias de manera pictórica.
Yo les preguntaba a ellos que de qué partido eran y dijeron que eran del Partido Revolucionario Institucional. Y les pregunté si estaban de acuerdo con estas reformas, ya que yo veía en la televisión y en la prensa todas esas adhesiones de los líderes campesinos y todo. Y me contestaron que francamente ellos no sabían nada, que porque era costumbre del gobierno y de sus dirigentes engañarlos, que ellos tenían la intuición de que eso no era bueno desde el momento en que el gobierno le estaba dando tanta publicidad, pero que de alguna manera ellos se encontraban ahí de visita.
Cuando ellos se retiraron, seguí yo meditando en el significado de esta situación, y créanlo o no, hay situaciones extrasensoriales que me dieron el convencimiento de que era indispensable hacer mención a esto.
Pero también, mientras yo me encontraba pensando en eso, apareció por ahí un espíritu chocarrero de un tal Chirinos, que este 20 de noviembre tuvo la osadía de llamar reaccionarios a quienes nos oponemos al entierro y a las exequias de la Revolución Mexicana, y yo simplemente quiero decirle a este señor, que es presidenciable en su partido, que el epíteto de reaccionarios tiene que fundarse en causas objetivas y no simplemente en un juego de niños de quien le dicen primero a otro algo es el que gana el juego. Aquí no se trata de quién le dice primero reaccionario al otro, sino de quién se comporta como reaccionario.
Y evidentemente este debate es muy complicado, porque hay quienes quieren verlo únicamente desde el lado de la economía y hay otros, quienes además de analizar el aspecto económico también lo vemos desde el lado de la ideología.
Con motivo de la caída de los regímenes del Este y con motivo también de la batalla del Golfo Pérsico, los imperialistas, sobre todo los americanos, dicen que ya se acabó la ideología, que ya llegamos al fin de la historia y cuando se llega al fin de la historia ya no importa ni el presente ni el futuro y lógicamente mucho menos el pasado. Pero sin embargo a todos aquéllos que creen que es llegado el fin de la historia, yo quiero recordarles que hay algunas cosas que todavía están presentes y que están vigentes.
Por principio de cuentas que no se les olvide que el movimiento de 1910 tuvo como bandera "sufragio efectivo no reelección" y que en el Colegio Electoral nos dimos cuenta de que ya el "sufragio no es efectivo" y que con estas reformas y otras más que pretende llevar a cabo quien hoy ejerce el Poder Ejecutivo, está buscando también dejar de lado la "no reelección". Eso y las demás reformas que se nos anunciaron el día 1o. de noviembre, pretenden poner el fin del compromiso histórico de un partido que antes se llamó Nacional Revolucionario, que ha cambiado de nombres, pero que parece ser que ya solamente existe en los libros.
Y para confirmar eso es evidente que ese partido, que tiene un compromiso determinado, no lo cumple y ahora está llevando a cabo el programa histórico de otro partido. Y por eso yo me permitiría recordar a los del partido de estado,
y todavía partido oficial, que a la hora de votar esta propuesta de reforma constitucional, si llegan a votarla en sentido afirmativo, yo los denominaría y los denominaré, mientras dure este LV Legislatura, "panistas tricolores". Y ello es así porque estarán instrumentando a cabalidad el programa histórico del Partido Acción Nacional y se estarán comportando como panistas convencidos y leales; y también ello motivará, si así llega a suceder, que se repongan las fracciones parlamentarias y que se pasen a la bancada y al liderazgo de Diego Fernández de Ceballos.
Para nadie es una novedad que el programa de gobierno de Carlos Salinas, tiene la forma y el fondo del programa histórico del Partido Acción nacional. Desde siempre el Partido Acción Nacional ha luchado por la solidaridad, por el solidarismo y por cualquier derivación de esa palabra. Y ahora el programa más caro del actual gobierno se llama "solidaridad". Y aquí estamos discutiendo por lo pronto la privatización del ejido, pero después viene la privatización de la educación y viene el reconocimiento de la iglesia, algo que durante 50 años ha sostenido el Partido Acción Nacional. Ellos sí son congruentes, los panistas tricolores no lo son y yo les sugeriría que se quitaran lo tricolor y se volvieran simplemente panistas.
El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente, quiero preguntarle al diputado Becerra si acepta una interpelación.
El Presidente: - ¿Acepta una interpelación, diputado Becerra?
El diputado Emilio Becerra González: - Acepto las interpelaciones que sean, siempre y cuando no se tomen en cuenta para el tiempo que estoy utilizando, de lo contrario aceptaré la interpelación al concluir mi intervención.
El Presidente: - ¿Es decir, la acepta al concluir la intervención, diputado?
El diputado Emilio Becerra González: - O la acepto en este momento si se me descuenta el tiempo de la interpelación y la contestación.
El Presidente: - Adelante, diputado Yunes.
El diputado Miguel Ángel Yunes Linares (desde su curul): - Señor Presidente, estaría de acuerdo en que se descontara el tiempo para que tuviera más tiempo para sus ocurrencias el diputado Becerra, porque hasta este momento no ha entrado al tema que está a debate, que son las reformas al artículo 27 constitucional. Pero mi interpelación es en el sentido siguiente: usted que tiene tanta experiencia en cambio de ideologías, porque ya aquí ha quedado claro que estuvo primero en el Partido Acción Nacional, después en nuestro partido y ahora en el Partido de la Revolución Democrática. ¿Con su intervención está planteando acaso su vuelta al Partido Acción Nacional? Muchas gracias.
El Presidente: - ¡Silencio, por favor! señores diputados.
El diputado Emilio Becerra González: - Quiero decirle yo al diputado Yunes, que como él bien lo sabe, yo nunca he cambiado de ideología. Podré haber cambiado de partido, es muy cierto, pero de ideología jamás. Siempre me he mantenido en la ideología de la honestidad, del combate a la corrupción, de patriotismo y del nacionalismo. Y cuando me he dado cuenta de que yo me mantengo en esa trinchera y mis correligionarios me han apuñalado de la espalda, me doy cuenta de que quienes se han cambiado de trinchera son las otras personas y no yo.
Y quiero además, continuando mi intervención y para ilustrar al diputado Yunes sobre estos cambios de programa, que en el cierre de campaña del presidente municipal de Valle de Santiago, un ejidatario de aquéllos con quienes los del partido de Estado casi nunca conviven aunque dicen representar y conocer, hacía el comentario de que ya se parecía tanto el Partido Revolucionario Institucional con el Partido Acción Nacional y que el Partido Revolucionario Institucional tenía tal interés en satisfacer al Partido Acción Nacional, que le iba a pasar como aquél que le dio de comer pan al perro ajeno. Perdió el pan y perdió el perro.
Espero que no le suceda eso a los panistas tricolores y al diputado Yunes. Pero hay algo más que aquí recuerdo yo, hace algunos días cuando se discutía...
El Presidente: - Silencio por favor, señor diputado. En la medida que se le interrumpa al orador, ciertamente se le priva de su derecho del tiempo al que tiene derecho. Yo suplico que le permitan continuar y terminar su exposición en el término reglamentario.
La diputada Layda Elena Sansores San Román (desde su curul): - Señor Presidente con todo respeto de conformidad con el artículo 105, el señor está fuera de tema.
El Presidente: - Señorita, haga usted la moción. Le agradezco que haga la moción pero no grite desordenadamente desde el fondo de la asamblea. Yo con todo gusto atiendo la moción, pero de manera ordenada.
Prosiga, diputado Becerra.
El diputado Emilio Becerra González: - Señor Presidente, continuaré cuando haya orden en la sala.
Decía yo que recuerdo cuando se discutía la elección de Tabasco y Veracruz, que el diputado Yunes hizo mención de algo que me parece que es aplicable a él y a los miembros de su partido. Pidió una moción y dijo que la había denominado moción para hechos, porque el reglamento no establecía otro tipo de mociones para hacer uso de la palabra, pero que verdaderamente su moción debería de haberse llamado moción de congruencia. Y a eso es a lo que yo me quiero referir.
Quisiera yo saber si el diputado Yunes y sus demás correligionarios, hasta aquel tiempo antes del 18 de agosto, cuando se dirigieron a pedir el voto de sus electores, les pidieron que votaran por ellos...
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul): - Señor Presidente...
El Presidente: - Diga, diputado.
El diputado Rafael Fernández Tomás (desde su curul): - Quiero hacerle, con todo respeto, con base en el artículo 105 del reglamento, que ponga usted en orden al orador; lleva 10 minutos hablando de todo menos del tema.
El Presidente: - Señor diputado: Con el debido respeto también voy a exhortar al diputado Becerra que se refiera a la iniciativa, aunque ciertamente se ha referido a una propuesta que en el debate ha parecido hecha por un partido y asimilada por otro. El tema está referido en el debate; y yo le pido a la asamblea que permitan continuar y terminar al orador, porque en su defecto, vamos a perder más tiempo disponible para tratar el tema a debate. Ciertamente exhorto al diputado Becerra a que haga mayor puntualización de la iniciativa en el entendido de que se ha respetado desde esta Presidencia, las exposiciones en el orden o en el desorden de argumentos que lo hayan expresado todos los oradores de cualquier partido.
El diputado Emilio Becerra González: - Muchas gracia, señor Presidente:
Ningún candidato del Partido Revolucionario Institucional, hasta donde yo sepa, y en una anterior intervención del dirigente máximo de la Confederación Nacional Campesina en esta Cámara, dijo que efectivamente, él no le había ofrecido a sus electores la privatización del ejido porque todavía no sabía que eso iba a suceder. Y ni él ni ningún miembro del Partido Revolucionario Institucional utilizó como lema de campaña la privatización del ejido ni tampoco las relaciones de la iglesia con el Estado, ni el reconocimiento jurídico de la iglesia ni tampoco la privatización de la educación.
Quien yo recuerdo que en su programa de campaña y en sus ofertas a los electores hizo estos planteamientos, fue el Partido Acción Nacional.
Entonces la congruencia es sostener los ofrecimientos que uno hace a los electores. Y aquí tiene vigencia lo que el diputado Rodríguez Prats hablaba de que aun cuando en la teoría moderna no existe la obligación técnica y jurídica de cumplir los compromisos, pero que políticamente sí se debe cumplir.
Y también recuerdo que decía César Augusto Santiago, en el Colegio Electoral, que la moral política en esencia consiste en respetar la palabra "empeñada". Si la bancada del Partido Revolucionario Institucional se comprometió ante sus electorales a respetar esa palabra "empeñada" y también su candidato a Presidente, cuando fue candidato en 1988, nunca habló de privatizar el ejido, nunca habló de privatizar nuevamente la banca, nunca habló de todas las cosas que ahora está haciendo. Y entonces de dónde les viene autoridad moral, que ya es mucho pedir, pero sobre todo dónde está la congruencia entre lo que dicen y lo que hacen. Si no se comprometieron a algo y ahora lo instrumentan, señores, habrán ustedes engañado descaradamente a sus electores.
Aquí recuerdo que antes de morir el ingeniero Clouthier, decía que su programa de gobierno se lo había robado Carlos Salinas, que porque todo lo que él había propuesto en su campaña, era lo que estaba proponiendo e instrumentando Salinas; y entonces aquí me surge este cuestionamiento:
¿Quién fue el verdadero ganador de 1988, fue Salinas o fue Clouthier? Porque cómo es posible que si Salinas ganó, esté instrumentando el programa de Clouthier.
Y quizá eso se debe que a la fecha los paquetes electores de 1988 todavía se encuentran en San
Lázaro y no ha sido posible que nadie los revise como debe de ser y por ello yo he insistido una y otra vez, que esta Cámara tiene qué tomar una decisión cuanto antes, porque sino cuando menos el vencedor moral habrá resultado el ingeniero Clouthier.
de alguna manera aquí estamos ante una mentira: o les mintió Salinas a sus electores, al decirles una cosa y hacer otra cosa o mintió al dar unos resultados que no son los adecuados.
Y por lo tanto, yo creo que ante esas condiciones, como han dicho algunos compañeros que hicieron uso de la palabra, no está legitimado ni el actual Ejecutivo ni los actuales miembros de la Cámara, para llevar a cabo una reforma de esta envergadura, porque además debemos recordar que al protestar cada uno de los diputados, se comprometió a desempeñar leal y patrióticamente el cargo; evidentemente esa lealtad se refiere a la lealtad con los electores, porque no tendría ningún sentido que un partido o un candidato presentara una plataforma y al llegar al poder instrumentara otra. Eso sería el fraude más grande que pudiera soportar cualquier pueblo.
Ahora bien, Diego Fernández de Ceballos tuvo una intervención excelente desde su punto de vista, muy congruente y ahí sí hubo la congruencia de 50 años, pero yo creo que la argumentación de Diego Fernández de Ceballos es la argumentación más impecable para que la bancada del Partido Revolucionario Institucional vote en contra de esa iniciativa, porque si votan a favor estarán haciendo suyos todos esos argumentos de Diego y automáticamente más les convendría pasarse a la bancada de este lado, para que efectivamente haya la congruencia que exigía el diputado Yunes.
Específicamente, entrando en mayor detalle a esta iniciativa, está claro que la disposición de sus parcelas, la privatización de las parcelas y el abandono del campo, es el castigo que el gobierno infrige y pretende infrigir a los campesinos mexicanos, por haber repudiado con su voto en 1988 al partido de Estado.
El diputado Cristóbal Arias Solís (desde su curul): - Para una moción de orden, señor Presidente:
Con mucha propiedad el señor diputado Calderón, nos pidió respeto y debe ser recíproco.
Sistemáticamente el orador, al referirse a mi Partido Revolucionario Institucional, lo ha venido llamando de muchas maneras, el Partido Revolucionario Institucional - gobierno, el partido oficial, etcétera. Y yo le quiero recordar que en razón de respeto, sabe él el nombre de nuestro partido, porque nosotros también podríamos llamarlo de muchas maneras, al de él.
Sistemáticamente también ha intentado descalificarnos en la legitimidad que ostentamos como diputados y hace extensiva también esta descalificación a altos funcionarios egresados de nuestro partido y que han conquistado legítimamente esa posición.
Finalmente. Yo también fui al Monumento a la Revolución en esa ocasión y me tocó platicar con unos campesinos y ellos me dijeron que su partido, era el partido de los hijos de... Cárdenas. Muchas gracias.
El diputado Emilio Becerra González: - Espero que ese llamado al respeto del candidato... perdón del diputado.
(Desorden.)
No implique una amenaza de que me va a acusar, etcétera, como ya se está haciendo costumbre en el partido de Estado. Y que si él quiere calificar a mi partido, que pida permiso a sus dirigentes para ver si le conceden el uso de la palabra, se suba a la tribuna y aquí lo califique como él considere que es la manera respetuosa en que debe de calificarlo.
El Presidente: - Diputado Becerra, ahora sí le recuerdo que su tiempo, compensado en los términos que usted solicitó, se ha terminado. Le pido que concluya su exposición por favor.
El diputado Emilio Becerra González: - Bueno, voy a concluir, señor Presidente. De los términos de la iniciativa del Ejecutivo resulta claro que esta iniciativa, como decía acertadamente el diputado Cristóbal Arias, tiene su origen en las presiones del Tratado de Libre Comercio. Aquí hay un párrafo que es una verdadera joya y dice así en la página dos:
"La decisión de cambiar para responder a las necesidades y demandas del país está tomada, es nuestra". Claro, aclara que es nuestra para que no vayan a decir que le ordenaron allá Bush y compañía. No sucede en el vacío ni en el aislamiento, está incierta en una transformación mundial de inmensas proporciones. Es nuestra pero está inserta en una transformación mundial. Yo creo que aquí está clarísimo. Y luego dice ahí: no podemos ni queremos quedarnos fuera de
ese gran proceso. Sumándonos a él en los términos y condiciones que escojamos, impediremos que se nos imponga. O sea, antes de que se nos imponga abiertamente, pues decimos que lo aceptamos y que es de nosotros.
El Presidente: - Diputado Becerra.
El diputado Emilio Becerra González: - Sí, estoy por concluir, señor Presidente.
También es evidente que los propietarios privados siempre han podido disponer de sus tierras y que esta reforma y el dominio a los ejidatarios tiene el único fin y el único objetivo perverso de desposeer a los ejidatarios de las mejores tierras, porque los propietarios siempre han podido vender. Sin embargo, hay algunas todavía tierras buenas de ejidatarios y ésas son las que tienen en mente las compañías trasnacionales y los grandes capitalistas mexicanos. Y como de momento no se puede adquirir legalmente esa propiedad, esa reforma tiene como única finalidad desposeer a esos ejidatarios y después dejarles todavía las peores tierras y seguir manteniendo la idea de que el ejidatario y el ejido es improductivo porque ya se les despojó de lo mejor que tenían.
Y ni siquiera muchas veces es necesario que se transfiera la propiedad. Ahí tenemos el caso de la República Centroamericana, que durante muchos años la United Frut Company ha estado dominándolos y con contratos de arrendamientos a 20 y a 30 años haciendo lo que quiere y no solamente explotando esas tierras, sino además manipulando a los gobiernos de esos países.
Y es fama que esas famosas repúblicas bananeras, sus dirigentes responden a las órdenes de los dueños de las compañías. Ese es el futuro para México que se pretende con esa iniciativa y que de ninguna manera podemos ni queremos aceptar, porque además hay otra cosa muy grave, se dice que se quiere...
El Presidente: - Señor diputado, por respeto a la asamblea, que también la asamblea le debe respeto a usted, entiendo, pero por respeto a la asamblea sujétese al reglamento, el tiempo ha terminado y le pido que concluya definitivamente.
El diputado Emilio Becerra González: - Estoy por concluir, señor Presidente.
(Desorden.)
Lo más grave y la ofensa mayor para los campesinos de México es que en esta reforma se legaliza el latifundio, se dice que no va a haber latifundio pero que las compañías o las sociedades mercantiles van a poder tener hasta 2 mil 500 hectáreas. Y no se nos olvide que esas 2 mil 500 hectáreas no van a ser propiedad de los socios en lo individual, sino van a ser propiedad de la sociedad equis, como se llame, que es una persona moral, o sea, que un solo dueño va a ser dueño cuando menos de esas 2 mil 500 hectáreas. Y como no se puede decir que una sociedad anónima tenga tantos dueños, sino que la propiedad de la sociedad anónima es propiedad de la sociedad independiente de quienes sean sus socios. Aquí se está cometiendo una grave ofensa cuando se dice que al mismo tiempo que se constitucionaliza al ejido y a las comunidades, también se constitucionaliza el latifundio. Y no sólo, sino que se le quita una palabra a la ley que es una ofensa a los campesinos...
El Presidente: - Diputado Becerra: Le pido por favor que deje la tribuna. El tiempo se le ha agotado y otros oradores tienen derecho a hacer uso de la palabra. (Aplausos.)
El diputado Emilio Becerra González: - Estoy concluyendo, señor Presidente.
(Desorden.)
En la reforma ya no se habla de tierras en explotación...
(Desorden.)
La legislatura actual...
(Desorden.)
El Presidente: - Diputado Becerra:
El diputado Emilio Becerra González: - Estoy concluyendo, señor Presidente.
(Desorden.)
El Presidente: - Yo le pido que dé por terminada su intervención. Creo que hemos atendido sus argumentos y entendido su posición. Les suplico que dé por terminada su alocución y deje la tribuna para que ejerzan su derecho otros oradores registrados, de su mismo partido, inclusive.
(Desorden.)
El diputado Emilio Becerra González: - Una vez que concluya, señor Presidente.
Yo decía...
(Desorden.)
Que en la Constitución...
(Desorden.)
El Presidente: - ¡Silencio, por favor!
El diputado Emilio Becerra González: - Se habla de pequeña propiedad en explotación y en la reforma ya no se habla de propiedad en explotación. Ahora será propiedad en especulación.
Y quiero concluir, recordando la intervención del Senador Muñoz Ledo, en Rancho Nuevo, Veracruz, cuando él decía que el general Cárdenas le entregó un pedazo de tierra a cada campesino...
(Desorden.)
Se le entregó su parcela a cada campesino para que fuera una trinchera en defensa de la patria.
Y si ahora les queremos quitar esas trincheras a los campesinos estaremos reduciendo el ámbito de la patria. Y no en balde también.
(Desorden.)
Al protestar como diputados dijimos que íbamos a desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputados.
Y me permito recordarles sobre todo a los diputados panistas tricolores que ahí se dice: "La Patria es Primero". Este es un asunto en que está de por medio la superviviencia de la patria. ¡Privatizar el ejido y mercantilizar la propiedad del suelo patrio es atentar contra lo más sagrado de la mexicanidad!
¡Democracia ya! ¡Patria para todos! (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás, en pro.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Señor Presidente, para hechos.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Juan de Dios Castro, para hechos.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano: - Señor Presidente; señoras y señores diputados:
Al inicio de este debate cada uno de los partidos fijó sus respectivas posturas, en relación con la iniciativa de reformas enviadas por el Ejecutivo. Hemos advertido que la Presidencia, aunque quien asume el cargo del Presidente, es miembro de mi partido, nosotros hemos calificado su actuación como impecable; ha aplicado el reglamento, ha realizado y ejercido su función con absoluto respeto a la libertad de expresión de todos y cada uno de los miembros de las fracciones parlamentarias.
Yo aprecio al señor Becerra, que ha tenido actitudes, desde el Colegio Electoral, acordes a su postura de diputado de oposición y yo comprendo la pasión que él y sus compañeros de partido han puesto al oponerse a esta iniciativa enviada por el Presidente de la República. Pero como diputado de la nación, como miembro de esta Cámara, yo siento que no puede continuar una situación como la que hemos presenciado en la último intervención, ni puede repetirse.
Se ha ejercido el derecho hasta donde marca el reglamento, pero que un diputado, revelándose abiertamente contra las disposiciones reglamentarias, haciendo caso omiso de lo que marca el reglamento, de las muy atentas peticiones de parte del Presidente de esta Cámara, transformando la sesión en una franca anarquía y revelándose contra todo ordenamiento, yo siento que no es serio.
La argumentación planteada por la oposición que representa, no es una argumentación que estemos en posibilidades de contestar, que podríamos en un momento dado dar respuesta a cada uno de sus argumentos, pero continuar en el uso de la palabra después de que el Presidente reiteradamente le ha manifestado que se está violando el reglamento, que se le ha dado la media hora, más de la media hora que el reglamento señala y adopta la actitud que ha adoptado el señor diputado Becerra; yo siento que queda en la responsabilidad de cada uno de los miembros de su partido, de la señorita coordinadora, a quien apreciamos mucho, de cada uno de los señores diputados que se oponen a la iniciativa presidencia; pero lo que menos podemos pedir es que las subsecuentes intervenciones se hagan dentro de los márgenes que el reglamento permita, para poder llevar a cabo un debate serio y responsable de esta iniciativa, que ustedes mismos han calificado como trascendental para la vida de México. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para alusiones personales.
El Presidente: - Ya había otorgado el uso de la palabra al diputado Fernández Tomás.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - El reglamento me autoriza, antes que nadie, para hablar para alusiones personales. Está usted violando deliberadamente el reglamento.
El Presidente: - Consulte la Secretaría a la asamblea, si la asamblea, en votación económica, ratifica la resolución del Presidente.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - Pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Le voy a conceder el uso de la palabra en seguida al diputado Fernández Tomás, diputado.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se consulta en votación económica a la asamblea, si se concede el uso de la palabra...
(Desorden.)
El Presidente: - Se ratifica la resolución de trámite tomado por la Presidencia.
Voy a conceder el uso de la palabra a los miembros de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, pero yo considero que la actitud del diputado Becerra descalifica la posibilidad de pensar que se someta al reglamento si hace nuevamente uso de la tribuna.
Diputado Becerra, le voy a conceder el uso de la palabra, apelando a su honestidad que invocó en su discurso anterior para que se apegue a los términos reglamentarios. Proceda en el uso de la palabra para alusiones personales, por cinco minutos.
El diputado Emilio Becerra González: - Compañeras y compañeros diputados:
No puede haber un doble rasero ni puede tomarse una decisión en un caso y otra en otro; si se consigue la versión escenográfica se verá que el Presidente la había concedido ya el uso de la palabra al diputado que iba a hablar en este momento y cuando el diputado Juan de Dios Castro dijo, para hechos, a pesar de que ya le había concedido al otro diputado, dijo: "ah, sí" al diputado Juan de Dios Castro; ahí sí no se puso tan estricto de sí había concedido ya el uso de la palabra a otro diputado.
El Presidente: - Señor diputado Becerra, dos observaciones: en primer lugar seguí la misma regla, ya habiendo otorgado el uso de la palabra a un orador, otorgársela a usted; no me puede reprochar eso y, segundo, ha pedido usted la palabra para responder alusiones personales y pido que las responda y se refiera expresamente a esas alusiones, en los términos del reglamento. (Aplausos.)
El diputado Emilio Becerra González: - Decía el diputado Juan de Dios Castro que había habido algunos llamados respetuosos y que había habido una excelente conducción de la Presidencia y que yo me había excedido; quizá hay algo que el diputado Juan de Dios Castro no sabe: cuando yo me subo a la tribuna, como el reloj está marcando únicamente 10 minutos, yo traigo mi propio reloj; además con despertador, que está marcado para los 30 minutos y este reloj cumplió los 30 minutos a las seis de la mañana con cuatro minutos y, para esa hora ya había recibido yo dos o tres reconvenciones del Presidente, o sea que no era exacto que yo ya hubiera agotado el tiempo reglamentario, pero además, el Presidente había ofrecido y por eso yo acepté las interpelaciones durante mi intervención, que ese tiempo se me descontaría; en esas condiciones, me someto al cassette que debe de haber de esto, a que se tome tiempo y se verá que yo nunca hablé más de 30 minutos.
Por lo tanto, soy respetuoso del reglamento, he cumplido con él, seguiré cumpliendo con él y no por el hecho de que haya interpretaciones prejuzgadas o arreglos de tiempo como malos árbitros de fútbol, voy a aceptar que estoy violando el reglamento. Exijo respecto al reglamento a todo el mundo, del Presidente para abajo. Gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Adelante, diputada. Tiene la palabra por cinco minutos, diputada Rosa Albina Garavito.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Vengo a suscribir los argumentos de nuestro compañero Emilio Becerra, a pesar de la hora, a pesar del cansancio, a pesar del desgaste que la mayoría priísta esta en esta Cámara no quiso evitar aun cuando lo solicitamos para un punto de acuerdo, tuve el cuidado de tomar el tiempo.
El compañero Becerra no se excedió de esos 30 minutos, me extraño mucho de parte del compañero Felipe Calderón, porque de la misma manera que el diputado Juan de Dios Castro hace un reconocimiento a su excelente desempeño como Presidente, me extraño muchísimo
que en este caso y es mi impresión, se hiciese eco de la satanización que la mayoría priísta, seguramente molesta por la argumentación del tema, en tanto se está calificando el carácter histórico del proyecto que sustenta la iniciativa del 27; repito, que el diputado Calderón, quizá haciéndose eco de ello, o quizá también por el cansancio, puedo conceder esa duda, hay estado hostigando al compañero en la petición de que terminara su intervención.
Me parece que el compañero Becerra hizo una intervención en tema, la hizo bien sustentada y en tiempo, por lo tanto, yo pido a esta asamblea se considere las condiciones anormales en las que estamos discutiendo, el cansancio, pero que eso no sea pretexto para descalificar a nadie. Gracias.
El Presidente: - Para ilustración de la asamblea, únicamente y como explicación a la misma, voy a leer las anotaciones que tengo en mi mesa: el diputado Jesús González Gortázar hizo uso de la palabra a las 2.52; el diputado Tovar a las 3.01; el diputado Calderón a las 3.08; el diputado Jesús Martín del Campo a las 3.13; el diputado Juan Cárdenas a las 3.23 el diputado Javier Guerrero a las 3.40; el diputado Raúl Alvarez a las 3.54; el diputado Huezo Pelayo a las 4.09; el diputado Arquímides García a las 4.21; el diputado Melquiades Morales a las 4.42; el diputado Elpidio Tovar a las 4... perdón; el diputado Manuel Terrazas a las 5.13; el diputado Enrique Rico a las 5.00; el diputado Emilio Becerra hizo uso de la palabra a las 5.21; a las 6.00 de la mañana que aludió él habían trascurrido ya más de 40 minutos, según la contabilidad que ciertamente con mucho cansancio, después de casi 18 horas de estar en la Presidencia tengo, pero he tenido la precaución de respetar el tiempo, especialmente de los compañeros del Partido de la Revolución Democrática, a pesar de que había sido enterado, posiblemente fui mal informado, de que por voz de su coordinadora habían acordado o por lo menos ofrecido tratar de ajustar el tiempo a un lapso menor del reglamento.
Sin embargo y desde la primera observación que se me hizo, procuré respetar el tiempo, según desde luego lo iba registrando yo, en suplencia del registro que no hizo la Oficialía ciertamente. Tengo que atenderme a mis propios registros y además tengo que actuar conforme a los mismos. Si el diputado Becerra u otro diputado considera que estoy llevando mal el tiempo, en el momento en que yo haga la primera excitativa, le suplico que me lo haga saber, pero de otra manera, yo sí entiendo un claro desacato en los comportamientos y cualquiera que haya sido la realidad, yo pido a la asamblea que dé por subsanado o aclarado este incidente por ambas partes.
Por mi parte, no pretendo, de ninguna manera, hacer una exposición o una conducción magnífica o buena, sino simplemente, como el propio diputado Becerra me lo pidió, me limito a cumplir mis funciones. (Aplausos.)
Proceda la Secretaría con el siguiente orador, el diputado Bejarano Martínez.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Según lo que yo he calculado, estaremos sesionando tal vez entre dos o dos horas y media más; tal vez menos, tal vez más y quiero referirme precisamente a ese tipo de gritos, eso es lo que faltó mencionar.
Quiero pedirles a todos ustedes, de la manera más atenta, que si estamos pidiendo que nos atengamos todos al reglamento, por favor cesen los gritos anónimos de tiempo, los gritos anónimos de tema; las porras y las mociones que en todo caso, en términos del reglamento, sólo son facultad del propio Presidente. Ninguno de los compañeros tiene posibilidades de hacer mociones de orden, más que de solicitarla en todo caso, a que el Presidente la haga, pero no interrumpir a los oradores con gritos o incluso insultos y esto ya se convirtió en una práctica de ese tipo.
Es una sesión tensa, una sesión en la que todos estamos sometidos a múltiples presiones, pero creo que todavía podemos remendar el camino, falta la conclusión de este debate, falta la votación y es muy importante que recuperemos el sentido y la dignidad de estas sesiones.
Por eso solicito, de la manera más atenta, a todos los compañeros de todas las fracciones, incluida la mía, que se abstengan de proferir gritos, porras, insultos o mociones que en todo caso no proceden. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Rafael Fernández Tomás, para hablar en favor. Y perdón por las interrupciones reiteradas.
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Señor Presidente, con su permiso, quiero notificarle que voy a hacer uso de mis 30 minutos, aunque no era mi intención, quiero anunciarlo a la Presidencia y a los compañeros diputados.
Hace unos segundos, unos momentos, el orador que me antecedió en la palabra expresó en esta
tribuna algunas concepciones muy personales. Yo soy un modesto legislador, que he militado toda mi vida en un solo partido. Que he sido fundador de ese partido con seis gentes más y que he aprendido en mi partido que cuando la mayor parte de los compañeros me hacen alguna observación, de inmediato entiendo que el que está fallando soy yo. Cuando el orador que me antecedió expresa en esta, tan alta tribuna, que en los tres partidos donde ha estado, el problema ha sido los integrantes de los tres partidos, ni siquiera merece una respuesta en ese sentido.
Y además, lo más importante, por respeto a esta Cámara, no podemos rebajar el debate al nivel que se acaba de bajar. Yo no olvido ese tema, en su momento estaremos aquí, ya lo dijimos, tres años; en su momento habrá respuestas para muchas cosas que se dijeron hoy, pero aquí hay un respeto del Partido del Frente Cardenista para todos los compañeros diputados, porque hoy se está discutiendo aquí, en este recinto alterno de la Cámara de Diputados, la más importante modificación constitucional, posiblemente de los últimos 40 años.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): - ¿Me permite una interpelación?
El Presidente: - ¿Acepta?
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Con mucho gusto.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías (desde su curul): ¿A quién concretamente se refiere con haber rebajado el debate?
El diputado Rafael Fernández Tomás: - Al diputado que no sé cuál es su nombre, el de los lentes, obviamente. Ya le acepté la interpelación, no tengo más que responderle, compañera.
Quería yo señalar, compañeros, lo siguiente. Estamos hoy no importa si son las 6.25 de la mañana, pero nosotros decíamos que este debate, es un debate trascendental, porque está en juego de lo que aquí se desprenda el futuro de 22 millones de mexicanos y el futuro de una clase social tan importante en la historia de nuestro país, como son los campesinos.
Yo he pedido la palabra para hablar en pro del dictamen y ni a mí ni a ningún militante de mi partido le asusta cómo nos quieren criticar, porque en determinado momento, de acuerdo con la línea del partido, podamos coincidir con otro partido. Eso además ni es nuevo, porque desde hace 18 años que fundamos el partido así ha sucedido.
Nosotros entendemos que en este momento se está enviando por parte del Ejecutivo, ya alguien lo dijo aquí, no hay otra alternativa a discutir, solamente la que presentó el Ejecutivo, hemos recibido una iniciativa del Ejecutivo para reformar el 27 constitucional, que me parece que es de la máxima importancia y de la máxima trascendencia y quisiera pensar, yo he escuchado a todos los oradores, como creo que en general nos escuchamos todos, que lo primero que se me ocurre pensar es que quizá si esta reforma no viene ahora, los días del ejido estarían contados y entonces estaríamos reclamándonos todos por qué no a tiempo hicimos lo necesario para evitar el gravísimo problema que tiene el campo y eso me parece que es muy importante retocarlo.
Yo oía al diputado Ramírez Cuéllar, no sé si está ahora aquí, que a él le había costado trabajo tomar una decisión y yo quiero decirles, queridas y queridos compañeros diputados, que a mí me costo mucho trabajo tomar la decisión, me costó mucho trabajo, porque en los 18 años de militancia en mi partido, la modesta colaboración que he tenido ha sido en el trabajo con los campesinos y he tomado la reforma agraria dos veces con los campesinos y hemos tomado Tabacos Mexicanos y hemos tomado el Instituto Mexicano del Café en Jalapa muchas veces y esas caras curtidas de los campesinos mexicanos han sido las que más han enseñado en este país, mi país, que escogí siendo hijo de refugiados españoles, con mucho orgullo, lo escogí porque este país le dio acogida a mis padres y porque el pueblo mexicano y el general Cárdenas permitieron que mis padres rehicieran su vida y que yo naciese, por eso soy orgulloso de ser mexicano, y además orgulloso de formar parte de un partido que es heredero del general Lázaro Cárdenas del Río.
Yo quiero decirles que sí me costó mucho trabajo; no es tarea fácil para un luchador social, por modesto que sea, como yo, estar en contra o estar en favor del dictamen en general de esta iniciativa.
Pues quiero decirles que lo primero que pensé el día de ayer, recordando lo que más quiero, a mis hijos y pensando que mi mano como la de todos nosotros, mi mano no va a contar, porque aquí la composición de la Cámara, un voto no desequilibra la votación final, pero el levantar la mano es la conciencia y en un debate de este tipo, cualquiera de nosotros cuando levantamos
la mano tenemos que estar conscientes de qué es lo que hacemos.
Para mí era muy importante el levantar la mano, como la levanté y el tomar la posición como la que tomé y entonces, ¿qué es lo que vi pasar en primer lugar? Dije: bueno, yo lo que no quiero es que se mantenga la situación en México, como existe actualmente en el campo. En el campo en México hoy existe una profunda miseria entre los campesinos, ejidatarios y sobre todo los jornaleros. El 80% de sus ingresos son menores de 800 mil pesos al mes; de 22 millones sólo el 27% tiene trabajo.
Vemos las emigraciones constantes, desde que yo era un chamaco de cinco años o 10 años, desde los años cuarenta, yo ya oía a mis padres lo de las emigraciones de los campesinos a los grandes centros urbanos y posteriormente ya los veía yo irse a los Estados Unidos.
¿Por qué tenían que buscar fuera del país lo que el país debía darles, por lo menos el sustento? ¿Por qué emigraban los campesinos, por qué emigran los campesinos?
Y en el caso extremo que alguien tocó aquí muy bien sobre Sinaloa, se hablaba de los jornaleros, que si hay algún caso patético en el campo es el de los jornaleros, que un compañero del Partido de la Revolución Democrática con mucha razón señalaba el grado de indefensión que tienen hoy ante los capataces y ante los dueños de empresas y de sociedades mercantiles, quizá, en Sinaloa.
Y yo vengo de Yucatán y me pregunto si en algún sitio puede haber tanta miseria como la que hay entre los campesinos yucatecos. Eso no lo quiero para mi país y eso es algo que todos los mexicanos creo que nadie lo queremos y que tenemos que enfrentarlo. Ahora, ¿cómo lo enfrentamos? Porque hay ese punto. Pero permítanme decir tres puntos más que me parecen importantes en la situación actual: aquí hay un paternalismo del Estado. El Constituyente de 1917 creó en una carta, que bien se decía, permitía apoyar a los menos favorecidos; cuando la relación no es entre iguales, es relación entre desiguales; la Carta Magna jugaba un papel.
¿Pero en qué degeneró en México esa actitud del Constituyente? Degeneró en un paternalismo del Estado para manipular a los campesinos.
Yo decía que lo que en un principio fue el apoyo a los campesinos en 1917, se convirtió con el tiempo en un paternalismo del Estado, fue un paternalismo del Estado mexicano para manipular al campesino y lo manipuló a través de la Secretaría de la Reforma Agraria y de los aliados que existían junto con la reforma agraria y una de las grandes quejas que se han escuchado aquí, es cuando hablamos de que no hemos logrado tener una auténtica democracia política y por ésa queremos luchar. Pues justamente uno de los elementos que impiden la democracia política en el país, ha sido la manipulación de los campesinos y yo lo digo delante de la mayoría priísta, lo digo delante del jefe de la mayoría priísta.
Soy un hombre convencido, como nuestro partido, que mientras el partido de Estado no haga una reforma a fondo, no podrá sustentar los avances que están realizando en otras áreas. También nosotros tenemos, los demás partidos, que hacer lo mismo, todos tenemos que perfecciona la democracia. Pero uno de los elementos por el cual se ha mantenido la antidemocracia, ha sido la manipulación en el campo por parte del Estado.
La entrega de la tierra, compañeros, quiero decirles, que la entrega de la tierra, las resoluciones que han quedado pendientes, se están entregando puros papeles. Yo he llegado a ver en Los Pinos, cómo después de 50 años de carga los campesinos las constancias que les deban en la Reforma Agraria, yo he visto firmas de resoluciones presidenciales en Los Pinos y en el instante que salían del despacho del Presidente, y llegaban al despacho del oficial Mayor de la Presidencia, un veracruzano, cuyo nombre no quiero comentar en este momento, lo primero que hizo este hombre fue agarrar el teléfono, llamar al latifundista, también Veracruz, y decirle: "Ya firmó el Presidente; ampárate". Y el señor, el latifundista se amparó y los campesinos otra vez 50 años para volver a empezar.
Y esa lucha la hemos sabido, queridos compañeros, por los que aquí lo dijeron, respetamos a todos los que luchan pero aquí, marchas aquí en México y luchas con los campesinos, creo que el Frente Cardenista las ha dado, muchas peleas, en muchos momentos y eso nos permite tener una experiencia de entender que si bien es muy importante comprender que va a ser necesario repartir las tierras que todavía hay, lo que sí es necesario es que con toda claridad se le plantee al campesino que ya no va haber nuevas tierras para nuevos núcleos.
Y finalmente, del México que no quiero, del México que creo que no queremos, está el México de la crisis alimentaria, de la crisis en el campo. Todos hemos manejado y todos sabemos que
el año pasado tuvimos que pagar 5 mil millones de dólares, 5 mil millones de dólares, para importar 8 millones de toneladas de grano. Eso significa no solamente una gran sangría, tres veces de lo que entra por turismo en 1991 y casi el 60% de lo que entra por venta de petróleo al extranjero, sino que en el mismo campo para poder cubrir en la exportación de grano, tendríamos que exportar algodón, café, tomate, sembrados en 3.1 millones de hectáreas de riego que son la mitad del riego total que hay en el país.
Estas son algunas generalidades conocidas, repetidas, quizá con toda seguridad en este momento. Este es el México por el cual yo creo que luchar por cambiarlo. El gran problema sería: ¿cómo hacemos para cambiarlo? Porque nadie esta acuerdo con esto. ¿Cómo hacemos para cambiarlo? y quiero, compañeros y me quiero referir a un diputado del Partido Revolucionario Institucional, al compañero aquél que tiene el vaso, sí, a ese compañero, porque dijo una frase muy afortunada, porque dijo: "El futuro hay que inventarlo". El futuro hay que inventarlo como en 1917 y como en muchas partes de la historia del país, los que estaban en ese momento en el presente, el futuro tuvieron que inventarlo.
Y hoy, en el marco mundial, hay una serie de fenómenos y de cambios tan trascendentales que si no tenemos imaginación para enfrentar los problemas locales, difícilmente podemos tener claridad para hacerlo.
Yo le decía a la gobernadora de Yucatán hace unos días, en una conversación le decía: "Quién se iba a imaginar que el Partido Comunista de la Unión Soviética iba a caer en un día". "Quién iba a pensar que Croacia y Eslovenia con Alemania y parte de los países que se están desprendiendo de la Unión Soviética, puedan formar un bloque como el que están formando". No quiero profundizar en esto.
Hay acontecimientos en el mundo tan diferentes, que hay que usar la imaginación, porque todos están usando la imaginación en el mundo, porque están cambiando las cosas a una velocidad, el ritmo de aceleración de la civilización es tan grande y tan acelerado, que el que no logre inventar el futuro, va a quedar tristemente olvidado en el pasado.
Y creo que el mérito de esta iniciativa del Presidente de la República, con el cual discrepamos y se lo hemos dicho a él en Los Pinos y le hemos dicho: Señor Presidente, en esto coincidimos y en esto no coincidimos con ustedes y tenemos el derecho, porque la política finalmente es eso. Nosotros valoramos de la iniciativa del Presidente Carlos Salinas de Gortari, primero, la decisión por tomarla; porque no era fácil tomarla. Muchos otros presidentes siempre dejaron este problema marginal, problema que yo mantengo que si no se enfrenta, el propio ejido se destruiría de esa manera.
¿Qué ventajas tiene, en nuestra opinión, qué ventajas tiene, tiene las reformas? Yo las he sintetizado en cinco puntos y el último de los puntos está dirigido al jefe de la fracción mayoritaria.
En primer lugar, esta decisión, está iniciativa está liberando fuerzas que están en el campo. Fuerzas que existen en el campo, están liberando fuerzas sociales y están liberando fuerzas productivas. Con el respeto a los compañeros panistas, porque es tema que algunas ocasiones parece ser que no teníamos coincidencia.
Yo nada más quiero dar esta información porque siempre se ha subestimado al ejido. En México los ejidatarios tienen el 40% del territorio y tienen el 48.1% de la producción, los ejidatarios.
Y la pequeña propiedad tiene el 38% del territorio y el 51.8% de la producción, a pesar de que todos sabemos que un hijo de ejidatarios, por como estaba, tenía una serie de dificultades muchos más profundas y más grandes, que los pequeños propietarios, porque muchos ejidatarios nos decían a nosotros, es que cuando quiero ir al banco, no a la bola de ladrones, no a la bola de ladrones del Banco Nacional de Crédito Rural y otras empresas del Estado. No. Cuando quería ir al banco le decían: "Oiga y ¿dónde están sus escrituras"? Decía: Ahí es donde me sumé a los grupos privados, porque sí le dan crédito y las tierras de la iniciativa privada tenían crédito y tenían tecnología y tenían fertilizantes y a pesar de todo, los ejidatarios de este país producen lo mismo que los pequeños propietarios y además, nadie esta en contra de los pequeños propietarios. En este momento en el país tenemos que saber ser inteligentes para unir todo lo que tenemos, todo lo que nos une; lo que nos desune dejarlo a un lado y avanzar, porque está en juego en México, como en muchos países del mundo y el diputado Cantón lo dijo un día en su intervención, está en juego o puede estar en juego la soberanía nacional.
Y el problema que tenemos ahora, el problema que tenemos en México cuando nosotros tuvimos que importar 8 millones de toneladas de granos,
eso puso en peligro, nos debilitó, debilitó nuestra soberanía.
Por eso yo decía que quiero una ventaja de la reforma es que libere fuerzas productivas y fuerzas sociales que ya están en el campo.
Segundo. Protege al ejido y a la comunidad. Yo soy un hombre convencido de que protege al ejido y a la comunidad, porque el ejido ahora puede ser como era anteriormente.
Yo tengo aquí a un compañero ejidatario, que le pedí que en su intervención hablase de cómo se siente el ejidatario ahora... pero el ejidatario tiene la misma situación que tenía antes más otra más y al elevar a derecho constitucional, a nivel constitucional el derecho al ejido, creemos que se ha fortalecido el ejido en México, tiene personalidad jurídica propia, que nos lo pedían mucho y lo piden los ejidatarios en muchas partes del país. Ya hay una democracia en el ejido.
Yo me pregunto lo siguiente, porque con toda honestidad, compañeros, quiero decir que la principal limitación, el principal argumento que se ha dado aquí en contra de la reforma, uno de los principales y yo respeto a gente estudiosa, se lo he dicho al compañero Calderón; hay gente estudiosa en otros partidos, no piensa igual que nosotros; qué más da, por algo no pensamos todos igual, qué bueno. Pero son gente estudiosa y nos han ayudado.
Yo decía que el punto central es el siguiente. Es que si se hace esto, va a entrar el capitalismo, va a entrar en el campo, como si de repente llegasen las transnacionales que están siendo pedidas en todas partes del mundo; las inversiones extranjeras, llegasen las transnacionales a querer comprar tierras en México de inmediato o el propio capital nacional.
Y me pregunto una cosa y es uno de los méritos de esta iniciativa: si el Estado subestimó al campesino para utilizarlo y paternalistamente lo manejó durante mucho tiempo a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, éste es un elemento de liberación de los ejidatarios y de los campesinos, al darles su propia personalidad jurídica y no se trata como algún compañero legítimo planteando legítimamente las cosas, no se trata de un problema biológico; nadie subestima en lo absoluto. Si de alguien tenemos que aprender nosotros, es de los campesinos.
Pero ustedes piensan que los campesinos son tan tarugos en México para no saber qué hacer; de repente yo he estado asombrado, sentado aquí viendo una serie de intervenciones de salvadores, de salvadores de ejidatarios, de salvadores de ejidatarios y estamos diciendo que por qué no vienen los ejidatarios. Yo lo respeto, no digo, lo respeto, pero también discrepo. Es decir, los ejidatarios no son tan tontos; si se les explica bien, si les explican bien , los ejidatarios lo van a entender y los campesinos también y creo, creo con sinceridad, se lo digo a Fernando Ortiz Arana, con todo el respeto que me tiene y a los compañeros diputados del Partido Revolucionario Institucional, que han cometido un error, que yo se los he dicho, pero soy un modesto diputado, pero yo se los dije. Es el siguiente: aceleraron esto, lo precipitaron, desde mi modesto punto de vista, ¿Por qué? Porque creo que no hay suficiente información en el campo todavía uniforme, aunque están haciendo, por ejemplo la reunión de comisariados ejidales que va a haber aquí en la ciudad de México, es muy importante, pero lo que está sucediendo es que en un momento dado pueden aprovecharse los campesinos, a darle una información deformada de lo que estamos aprobado entre nosotros y ya me imagino lo que decía un compañero de ahí de Tabasco, ya me imagino el campesino que se le da una información incompleta y se dice que ya no tienen tierras por repartir, que se acabo el regazo agrario y claro, va a estar violentísimo furioso y tiene razón con que puede tener un costo social, pero ya se lo dijeron a las comisiones conjuntas, se los dijo aquí un investigador, Calva, les digo, atención, no aceleren demasiado, porque esto puede tener un costo social y yo sí creo que eso puede suceder. Sería una crítica que hacía.
Yo creo compañeros, creo en los ejidatarios y no es un problema de creer o no creer, yo podría decir que son las relaciones del mercado, pero creo que la gente que tiene su tierra va a saber perfectamente, por lo menos es lo que yo he auscultado en mi modesto tiempo que tengo como legislador en la zona del golfo, de donde he salido diputado; los ejidatarios saben más de lo que nosotros nos imaginamos y el día que sepan realmente las ventajas que les abre el artículo 27 constitucional, lo que ahora existe, lo que existen las sociedades mercantiles y los tienen así y no se pueden defender, cuando es ese momento ellos sepan los alcances del 27, creo que los que van a entenderlo mejor van a ser los ejidatarios.
Ya será otro problema, como alguien decía, ya no será un problema nuestro, nuestra responsabilidad es histórica, el día de hoy, con nuestra votación: ya será en las calles, en los pueblos, en los ejidos del país la reacción de los campesinos
y será obligación de los partidos políticos ir a hablar con los campesinos a explicarles los alcances de la reforma al 27.
También se capitaliza el campo, se aumenta la producción, lo que significa más soberanía.
Quiero terminar con lo siguiente. El día de hoy estamos discutiendo en lo general el dictamen que nos pasaron las comisiones conjuntas de Gobernación y Puntos Constitucionales y Reforma Agraria, al pleno. Hemos hablado con toda libertad, yo he sido testigo como todos, que aquí ha hablado todo el mundo y ha dicho lo que ha querido, quizá no hemos tenido más capacidad muchos de poder hacerlo mejor, pero hemos tenido un debate que a mí me enorgullece, porque creo que esto es lo que requiere el país, avanzar así en el plan de la concordia y la discusión del debate de las ideas, que eso es muy importante, es un avance de todos nosotros.
Pero mañana, y en esos dos minutos 40 segundos que me quedan, mañana vamos a entrar... hoy vamos a entrar al debate en lo particular, y en el debate en lo particular, creo que todos los partidos, tenemos posiciones concretas y creo que el Partido Revolucionario Institucional tiene 23 proposiciones concretas y si no mal escuché, yo respeto a Pedro Ojeda Paullada, por que hace 20 años lo conocí siendo él Procurador y yo representante del movimiento estudiantil, y la primera ocasión que nos sentamos en la Procuraduría, fue un enfrentonazo después del 10 de junio, después de los Halcones. Y desde entonces ha sido un hombre que he respetado, porque él me supo respetar.
Y en su intervención de hace un rato, Ojeda decía, es que posiblemente haya elementos que van a surgir en el debate en lo particular, de una gran corriente que podemos unificar.
Confío en que se den esos elementos y lo que sí quisiera plantear, porque es muy importante es lo siguiente.
Si nosotros es este instante, si se cierran a los intereses de los latifundistas, porque aquí hay latifundistas. Si se cierran a los intereses de los latifundistas, puede suceder lo siguiente: yo, nosotros planteamos en el partido y daremos nuestro voto particular, pero en lo general recogemos de la iniciativa, que tenemos... hay dos años para repartir los excedentes de la pequeña propiedad.
Quisiéramos que se cumpliese por parte del Ejecutivo y el canal para el Ejecutivo ahí está, y lo digo delante de todos; ojalá el Ejecutivo y toda la Cámara, haya la fuerza y la sensibilidad para entregar las tierras en estos dos años a los campesinos, que se la merecen porque ya tienen sus expedientes integrados.
Por eso, compañeros, yo agradezco mucho la atención de todos ustedes y quiero como expresidente y sabiendo lo que se siente estar ahí, yo quiero felicitar al compañero porque me parece que ha hecho un trabajo muy limpio, es su primera oportunidad y creo que ha hecho un trabajo muy bueno y lo felicito. (Aplausos.)
El Presidente: - Gracias, diputado.
Tiene el uso de la palabra el diputado Eloy Vásquez, en contra.
El diputado Eloy Vásquez López: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
En primer lugar, quiero referirme también a lo que dijo el compañero del vaso y me parece que tenemos una diferencia. Yo tenía entendido que a pesar de que pudo haber habido y, desde luego, la hubo una lucha por la libertad y la justicia en la Revolución mexicana, el lema del maderismo era: "Sufragio efectivo, no reelección" y el de Zapata, era: "Tierra y libertad".
Y justamente lo que hizo, ya se ha dicho aquí, que una gran cantidad de pobladores del campo se fuera a las armas, fue la tierra. La lucha por la tierra que se les había sido despojada en diferentes etapas de la historia nacional, cuyos capítulos se han escrito aquí no voy a abrumarlos por decirlo.
Quiero decir solamente que el hecho de que se abra la posibilidad de la privatización del ejido con esta iniciativa, no quiere decir, no establece, ni se colige de ahí que vaya a pasar el próximo mes, tampoco en el próximo año y quizá en los próximos cinco años, porque el despojo de las tierras comunales, de las poblaciones, de las tierras colectivas son un despojo que se fueron dando a través de siglos y desde el México independiente a través de décadas.
Es probable que la actual generación de dirigentes campesinos, varios de ellos que han hablado es esta tribuna, estén convencidos de que la filosofía actual sea y la mística en las comunidades la de que los campesinos no venderán sus tierras y probablemente sea así. Pero eso no garantiza que existiendo la posibilidad en el futuro, esto no llegue a concretarse como ha sido
en todas las partes del mundo en que se ha abierto esta posibilidad, llegue a concretarse la acumulación de grandes extensiones de tierra. Esto es lo que nos preocupa y por cierto eso fue puntualmente la preocupación central de lo que vino a decir aquí el investigador José Luis Calva, que ya fue citado acá ...él no dijo que con motivo de que alguien fuera a informarle a los campesinos el campo se iba a convulsionar. Dijo que "con motivo de esta concertación iba a haber fuertes emigraciones del campo mexicano hacia las ciudades y hacia el extranjero y que esos emigrados al no encontrar perspectivas de trabajo en las ciudades y en el extranjero por la crisis que existe actualmente, la recesión en Estados Unidos, regresarían a pelear sus derechos patrimoniales familiares y eso sería lo que convulsionaría el campo mexicano. Además del gran problema de desempleo que se crearía en las grandes urbes".
¿Pero de dónde sale esta preocupación? Es que esto de la acumulación de tierras, de la gran concentración agrícola en México, se dio a través de leyes. Como por ejemplo la Ley de Colonización de 1883, que en su artículo 2o., establecía que se podían comprar por un colono 2 mil 500 hectáreas para colonizar. Esa cifra es coincidente. ¿verdad?, con la que aquí se ha discutido en relación con la dimensión que puede tener una sociedad mercantil.
Y nosotros tenemos que la Ley de Terrenos Baldíos el límite que autorizaba en 1883, el límite máximo que autorizaba la ley era de 5 mil hectáreas, o sea, el doble de lo que aquí se está autorizando. Sin embargo, en el catastro para efectos de impuestos existían extensiones hasta de 50 mil hectáreas, violatorias de la ley, que se lograban a través de diferentes mecanismos y "chicanas", de las cuales muchos de los que están aquí pudieran asesorarnos y explicarnos los que tienen relación con el derecho mercantil.
Porque las sociedades mercantiles pueden realizar una serie de transacciones, mediante las cuales se pueden establecer "holdings" a nivel de terrenos agrícolas, a nivel de bosques y a nivel de todos los terrenos del país y precisamente ése es otro de los problemas principales que hemos debatido aquí. Queremos ponerle límites a las sociedades mercantiles para que puedan adquirir terrenos, si los van a adquirir. Que se establezca expresamente en la Constitución la prohibición de la existencia de "holdings" agrícolas. No podrán hacerse asociaciones de sociedades mercantiles para explotar terrenos. Que exista prohibición de que sociedades mercantiles con capital extranjero puedan comprar tierras mexicanas, por lo menos aquellas que sean de origen ejidal o comunal y en donde los ejidatarios pudieran haber decidido que serían del dominio pleno de sus parcelas.
Y, además, planteando que ningún ejidatario ni ningún particular pueda acumular, ni por la vía del traslado de dominio, ni por la vía del arrendamiento, más de 50 hectáreas de origen ejidal o comunal. ¿Cuál es la preocupación que existe en torno a esto? ¿En qué se fundan estas propuestas?
En que en México existen una gran cantidad de extensiones agrícolas hoy explotadas, que son de microejidos en donde las unidades productivas son de dos hectáreas o menos y sobre todo estas tierras, que se encuentran en estados como Oaxaca, Guerrero, el estado de México y algunos otros, son tierras de temporal en donde las condiciones de vida de los campesinos los puede sumir con mayor facilidad en una situación que tengan que vender, arrendar o les sean embargadas sus tierras, una vez que tengan el pleno dominio de ellas. Por eso, para corregir esa preocupación...
El Presidente: - Perdón diputado. Suplico orden en la sala para escuchar al orador.
El Diputado Eloy Vásquez López: - Gracias, Señor Presidente.
Para corregir esa preocupación justamente, es que tenemos propuestas como ésta.
Nos preocupa, dentro de la iniciativa, el hecho de que se cierre la posibilidad de establecer asentamientos humanos a partir de la dotación en el futuro. Sabemos, por lo menos en el estado de Oaxaca, existen alrededor de 3 mil poblaciones pequeñas y caseríos que aparecen y desaparecen temporalmente y cambian incluso de ubicación geográfica, esto nos lo puede documentar el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; de censo a censo han venido variando la ubicación de pequeñas microlocalidades, que son asentamientos temporales que van estableciendo los pobladores del campo y esto lo hacen a partir de tierras ejidales o tierras comunales.
Si estas tierras llegaran a estar en manos de la propiedad privada o de alguna sociedad, estaríamos imposibilitados constitucionalmente, para poder hacer frente a un problema de las zonas rurales de todo el país, que consiste en que esas personas tengan habitación y tengan todo lo necesario para vivir y para instaurar un
asentamiento humano específico. Esa omisión, incluso, podría equiparse con otra legislación que se estableció anteriormente en nuestro país.
Y aquí quiero establecer una diferencia con quienes han venido a decir que las leyes o la propuesta a la iniciativa, podría equipararse o tener parangón con las leyes porfiristas Quiero decirles, entre ellos al diputado Encinas, han dicho que son iguales y yo quiero establecer una discrepancia con él, porque no es con el porfirismo con quien tienen relación, por lo menos en lo que corresponde a los asentamientos humanos; es con un decreto que expidieron el 30 de julio de 1853 y que firma Antonio López de Santa Anna, en donde dice que "toda congregación de familias establecida en cualquier título o carácter, en terreno perteneciente a dominio particular, no podrá erigirse ni solicitar se le erija en población políticamente organizada, sin que primero haga constar el expreso y libre consentimiento del propietario del terreno".
Y el artículo 2o., dice: "Faltando el requisito de que habla el artículo anterior, ninguna autoridad tomará en consideración las solicitudes que sobre el particular se hicieran". Si nosotros borramos de la Constitución toda mención a la posibilidad de dotar de tierras a los solicitantes para nuevos asentamientos humanos, poblados de nueva creación, estaremos en espíritu, estaremos exactamente en las mismas condiciones que establece ese decreto de Santa Anna; a ese nivel se ha llevado la situación de la tierra en este país y en esa propuesta del Ejecutivo, ¿por qué?, porque si las compañías, sociedades mercantiles, llegan a tener la propiedad de las tierras hoy ejidales que por ejemplo en Oaxaca significan el 50% de la exención explotada pero que significan el 80% de los bosques y de las tierras no ocupadas, entonces estarán las tierras en donde puedan asentarse nuevos asentamientos en manos totalmente de particulares van a ser asentamientos exclusivos para sus trabajadores que ya conocimos en el pasado y eran los acasillamientos en donde se tenía a los peones.
La ley no puede negarle la posibilidad a grupos de familias de establecer nuevos asentamientos humanos porque en México tenemos libertad de tránsito establecida por la Constitución y en las tierras que son propiedad de la colectividad, en tierras que son propiedad de la nación todos podemos en un momento dado, contando con los derechos originarios llevar nuestro asentamiento en un lugar en donde coincidamos o por lo menos ese derecho lo deben tener aquellos que son comuneros y aquellos que son ejidatarios y a eso no se refiere la iniciativa porque solamente habla de los asentamientos humanos ya establecidos.
En otro sentido nosotros tenemos un argumento dado aquí en el sentido de que la iniciativa propicia la productividad, la justicia y la paz social; se dice correspondiente con el espíritu de la ley del 6 de enero de 1915.
Señores, la productividad es un concepto que tiene muchas aristas y en esencia el campo no sólo requiere productividad, el campo de México ha sido productivo y en ocasiones lo que ha faltado son los canales de comercialización, son los canales para realizar esa mercancía que se produce en el campo y que después se queda desperdiciada o acumulada en manos de determinados grupos de acaparadores y esos aspectos de la justicia social que tiene que ver con la distribución del ingreso, con la comercialización, con los aspectos de elevación justamente de la productividad son aspectos que no se tocan porque la fracción del artículo 27 que se refiere a las responsabilidades del gobierno para dotar al campo y que es la última fracción de ese artículo, para dotar al campo de los recursos necesarios para su desarrollo, esa fracción de ese artículo, para dotar al campo de los recursos necesarios para su desarrollo, esa fracción no se toca y no se instaura en ella aquellos aspectos que en otras vías se plantean publicitariamente y que no sabemos si tendrán concreción en la ley o no y ya en la práctica sabemos las intermediaciones que se dan en la estructura de la administración pública para que los recursos que finalmente que se están en forma demagógica se están anunciando que se destinarán al campo, terminen reducidos a menos de la mitad o quizá a la tercera parte después de sufrir todos los acopios que tiene que hacerse en la estructura dentro de la administración pública federal. Además el otro aspecto que es fundamental, el de la tecnología y el de la investigación necesaria para dotar el campo de los proyectos productivos y de los expedientes técnicos, porque está probado y se ha probado en muchos gobiernos estatales que están autorizados los recursos pero no hay quien formule los expediente técnicos y entonces el dinero es regresado íntegro a Programación y Presupuesto y se trata solamente de un ejercicio interno que realiza la administración pública, en donde dice: dotamos de tantos billones al campo, pero los productores fueron ineficaces para poder solicitárnoslos en los términos de la ley y entonces el dinero se regresa y el campo se queda igual que siempre.
Por lo tanto también tiene que haber dentro del artículo 27, una mención expresa a que se estimulará la investigación en el campo, se
estimulará la organización y se estimulará la capacitación.
Creemos nosotros que la propuesta que hace el Presidente es insuficiente, no reúne todos los requisitos de lo que se requiere para el campo mexicano y sí establece riesgos y peligros para que se propicie el acaparamiento de las tierras y para que sean despojadas comunidades enteras, porque si vamos a ver los ejidos de Oaxaca que son pequeños, podrá haber acaparamientos que agrupen hasta 20 ó 30 localidades en una sola compañía que las explotará y entonces nosotros no podemos aprobar de manera simplemente superficial una situación así, tenemos que votar en contra y lo haremos en atención a las luchas que el pueblo mexicano ha librado por la restitución de las tierras que originariamente pertenecieron a los pueblos de este país, votaremos en contra el dictamen y exhortamos a las demás fracciones a que, después de este debate que ha sido amplio, en donde hemos expuesto nuestros argumentos, aquellas fracciones que no quieran en un momento dado avalar esta situación pero que tengan el compromiso de hacerlo, que por lo menos se abstengan para que en el futuro podamos hacer una evaluación más objetiva de la actitud que cada uno guarda realmente en el fondo y además, sería muy importante que nosotros, el próximo debate que demos, sea un debate amplio y sin restricciones, sin que haya cortapisas y que podamos llegar, yo deseo, a los mayores consensos posible en beneficio del campo mexicano, de la economía de nuestro país y sobre todo de las condiciones de vida de los mexicanos que viven en las zonas rurales. Muchas gracias.(Aplausos.)
El Presidente: Tiene el uso de la palabra el diputado Rufino Rodríguez.
El diputado Rufino Rodríguez Cabrera: - Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados.
Efectivamente mi partido, el de la Revolución Democrática, se ha estado pronunciando en contra de estas reformas al artículo 27 constitucional. Eso no significa que estemos en contra de que este artículo sea reformado; es más, nosotros hemos estado, junto con el Movimiento Campesino Independiente, desde hace más de 10 años, luchando para que se reforme el artículo 27 constitucional, pero no de la manera como se está planteando.
Uno de los argumentos más utilizados para justificar estas reformas, es aquel argumento que nos dice que la escasa productividad del agro mexicano y la depauperación de los ejidos de los campesinos, se debe a los ejidos y se debe al gran fraccionamiento de la tierra en nuestro país.
Yo quiero hacer sólo algunas consideraciones que tiendan a demostrar que la responsabilidad del fracaso del campo mexicano es exclusivamente responsabilidad del gobierno. Para eso, sólo hablaré de la realidad del campo que personalmente conozco y es lo que ocurre en el Istmo de Tehuantepec, es decir, en la parte oaxaqueña del Istmo de tehuantepec.
Desde la construcción de la presa Benito Juárez que supuestamente beneficiaría a 54 mil hectáreas aproximadamente con el distrito de riego 19 se inicio es esta región oaxaqueña un proceso que ha traído miseria y abandono al agro istmeño.
Finalmente, esta presa, por las ineficiencias de su administración y de su concepción, solamente benefició en su mejor momento a un poco más de 24 mil hectáreas.
La construcción de esta presa que menciono y su distrito de riego fue muy costosa y al Istmo de Tehuantepec sólo le trajo el abandono de prácticas campesinas tradicionales en perjuicio de la población general así como impactos negativos a la ecología de la región.
Con las prácticas tradicionales de los campesinos obtenían hasta una tonelada y doscientos kilos aproximadamente de maíz, de un maíz criollo de la región que le llamamos el chapalote.
Actualmente el promedio de producción es esta región no llega siquiera a los quinientos kilos por hectárea.
Esta historia reciente a que me estoy refiriendo, comenzó con la instalación de una famosa Comisión Coordinadora para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Se pretendió con esta comisión darle impulso a la producción agropecuaria del istmo. Uno de sus más grandes proyectos, tal vez el más importante, fue el impulso masivo del cultivo del arroz, por ello, también, instalaron en Juchitán una planta beneficiadora. Esta planta beneficiadora de arroz casi inmediatamente se convirtió en un gran elefante blanco, con sus toneladas de maquinaria y de equipo muy especializado, que casi inmediatamente también quedó inutilizado y por lo tanto inservible.
En los sesudos cálculos de las dependencias oficiales al diseñar sus planes y proyectos de
desarrollo, se les olvidó considerar los fuertes vientos de la región y eso trajo el fracaso para estos proyectos.
Con este proyecto del cultivo masivo del arroz sólo trajo, como consecuencia, que las tierras que antes eran de excelente calidad, se volvieran inservibles porque se ensalitaron y con esto se impidió que se siguiera cultivando el maíz entre otras cosas. Actualmente, o tienen pasto o tienen huizaches.
Pero ahí no para el asunto. Muchos años más tarde instalaron la refinería de Salina Cruz. La justificación para instalar esta refinería en esta ciudad y puerto de Salinas Cruz, fue que se trataba de un puerto por el que se tendría acceso a los mercados de la Cuenca del Pacífico, sólo que existía y existe otra razón poderosa que no fue ni es reconocida, y esta razón es la existencia de la presa Benito Juárez.
Aunque tanto la Secretaría de Agricultura como Petróleos Mexicanos declara que el gasto de agua que la refinería tiene no es importante, lo cierto es que más del 30% del total de la capacidad de almacenamiento de la presa es utilizada por la refinería, lo que trae como consecuencia que se destine menos agua para riego de los cultivos.
Actualmente es muy común, es una práctica muy común, que los campesinos istmeños tengan que realizar acciones de presión para que se les autorice a utilizar el agua para el riego de su cultivo. Curiosamente el cultivo que menos posibilidades tiene de conseguir agua para riego es el maíz.
Más tarde volvieron a plantear la realidad del istmo y decidieron instalar un ingenio azucarero más en la región y le pusieron el simbólico nombre de Ingenio José López Portillo.
Este ingenio, que tiene capacidad para moler la producción que se obtenga de 18 mil hectáreas de caña de azúcar aproximadamente. Actualmente su capacidad de molienda es muy poca y la razón es fácil de conocer. El distrito de riego sólo autoriza a que se rieguen aproximadamente seis mil hectáreas de caña de azúcar, y claro también el riego que se da para la caña de azúcar va en detrimento de los cultivos básicos.
Todo esto que estoy refiriendo refleja para nosotros, los istmeños, mala planificación, pésima ejecución y corrupta administración de los proyectos de desarrollo del agro en el Istmo de Tehuantepec, y ahora pretenden decirnos que la baja productividad es responsabilidad de los campesinos.
Compañeros diputados, para nosotros es más que claro que la responsabilidad del fracaso en el agro mexicano es única y exclusivamente del gobierno mexicano.
En el terreno jurídico, de la situación jurídica de la tierra, también ahí los funcionarios tienen alguna responsabilidad, alguna. En el año de 1964 un decreto presidencial restituyó y ratificó 64 mil hectáreas de terrenos comunales para la comunidad de Juchitán y sus anexos. En esas fechas que se estaba concluyendo la construcción de la presa Benito Juárez que he mencionado, se calculaba que la agricultura y la ganadería tendría un gran impulso en la región. Lo que ocurrió fue que se dio un repentino acaparamiento de grandes extensiones de tierra de buena calidad es muy pocas manos.
Al mismo tiempo que se ratificaban los bienes comunales de Juchitán, éstas fueron revertidas al régimen ejidal, generando con esto muchísimas confusiones en todo el Itsmo de Tehuantepec.
En el año de 1977, y no quiero dejar de mencionar esto, debían realizarse elecciones de autoridades internas en la comunidad de Juchitán. Tres años antes, debo aclarar, la organización a la que he pertenecido la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, le había ganado las elecciones de comisariado de bienes comunales al Partido Revolucionario Institucional, y el Presidente del comisariado era un campesino poseista, que al frente de su responsabilidad había estado denunciado el acaparamiento de tierras y había estado luchando permanentemente en contra de este acaparamiento.
En esta fecha, un comando del Ejército Mexicano secuestró a quien pensaban sería nuestro candidato a presidente del Comisariado de Bienes Comunales, el profesor Víctor Pineda Henestrosa, dirigente campesino, luchador incansable en contra del acaparamiento de tierras, se encuentra desaparecido desde esa fecha y el acaparamiento pervive en el Istmo de Tehuantepec.
Los apellidos Marín Pineda, Bustillo Villalobos y Roncagle entre otros, son identificados con este acaparamiento de tierra, es decir con el neolatifundismo Ellos tienen en su poder las tierras que todavía deben ser repartidas en el Itsmo de Tehuantepec. No nos pueden decir a nosotros que en el istmo oaxaqueño no que hay tierras por repartir; nosotros se la señalamos, ustedes las toman y ya veremos a quién meten al bote por invasores de tierras.
Pero que quede bien claro, nosotros estamos en contra de este tipo de reformas, no estamos en contra de reformar el artículo 27. Nosotros queremos que se reforme para que se acabe con el rezago agrario, queremos también que el reparto agrario termine, pero queremos que termine entregando las tierras, no diciendo que ya no hay y que los latifundios queden tal y como está.
El Movimiento Campesino Independiente ha pedido que se reforme el artículo constitucional para que desaparezca el amparo agrario que permita el acaparamiento de tierras y latifundios. Hemos demandado que se reforme el artículo 27 para que se termine con las atribuciones de la Secretaría de Reforma Agraria, que le permite mantener a ejidos y comunidades sin autoridades internas. Esto le ha permitido a los funcionarios, intervenir en la vida interna de los ejidos y manipular en más de una ocasión y aquí hay algunos compañeros diputados que han intervenido directamente en la manipulación de elecciones de autoridades internas en ejidos y comunidades.
Hemos demandado también que se reforme el 27, sí, pero en beneficio y defensa del campesino y del agro mexicano.
Considero compañeros que las reformas planteadas por el Ejecutivo Federal, van a trabajar directamente en contra de nuestro país, por esa razón considero una obligación personal invitarlos a que voten en contra de la reforma. Nuestro grupo parlamentario lo hará así, en congruencia de los planteamientos que ha venido sosteniendo el Movimiento Campesino Independiente desde hace más de diez años. Gracias.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - (desde su curul): - Señor Presidente, pido la palabra para hechos.
El Presidente: - Tienen la palabra para hechos, diputados.
El diputado Francisco Hernández Juárez: - Señor Presidente, compañeras y compañeros diputados:
Los defensores de la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional, no han dicho con claridad el verdadero propósito que encierra esta iniciativa a debate.
La iniciativa propone entregar el dominio de su parcela al ejidatario, es decir entregársela en propiedad. Con esta iniciativa se abre el camino a la concentración de la tierra de manera excesiva.
El Partido Popular Socialista reafirma una vez más el peligro que encierra esta reforma y ya hemos dicho que con ello se cancela la entrega de la tierra a los campesinos. Está a la vista el problema, ¿qué se va a hacer con más de 32 mil expedientes que están en los archivos de la Secretaría de la Reforma Agraria? Esos expedientes, compañeros, fueron promovidos por las centrales campesinas existentes, empezando por la Confederación Nacional Campesina
Yo creo que al formular una solicitud de dotación de tierra lo hayan hecho así sin ningún fundamento. Tuvieron que señalar el predio afectable, su ubicación, su dueño, su extensión. Todas las centrales hicieron lo mismo. Tienen sustento esas solicitudes.
La reforma, compañeros, la reforma que concluyó con la Constitución de 1917, abrió la posibilidad de ampliar en el mapa nacional la existencia de tierras ejidales y tierras comunales. Cuando este en vigencia, si es que se aprueba esta iniciativa, esta reforma, va a empezar el proceso contrario: se va a reducir el mapa de las tierras ejidales y comunales y se va a ampliar el mapa de las tierras de la iniciativa privada, de propiedad privada, nacionales y extranjeros. Ese es el gran peligro.
Aquí se ha argumentado de que se trata de capitalizar el campo, de modernizarlo. Nosotros estamos de acuerdo, pero no para beneficio de una minoría, ni mucho de extranjeros.
Nosotros sabemos que los inversionistas van a tratar en todo tiempo de explotar a los campesinos, de convertirlos en parias, como eran en la época porfirista, como eran el siglo pasado. Eso va a suceder compañeros. Otros alegan que vamos a tener más producción agropecuaria, vamos a lograr mayor productividad Todos sabemos que la gran agricultura compañeros sirve para producir granos complementarios a la agricultura de los Estados Unidos. No producen granos para alimentar a nuestro pueblo. Todos sabemos compañeros, que esto va a ser negativo.
El Presidente: - Le pido que concluya Diputado, se ha agotado su tiempo.
El Diputado Francisco Hernández Juárez: - Medio minuto, compañero.
Todos sabemos compañeros que si cedemos en este punto de meter esta figura de privatizar el
ejido y las tierras comunales, las cosas van a cambiar totalmente, se ha argumentado compañeros mil cosas pero no se ha dicho que esta reforma va en contra de los intereses de los campesinos de México y va a favorecer a los capitalistas y extranjeros. ¡Mucho cuidado, compañeros. Va a haber problemas! El problema se está planteando por ustedes mismos si aprueban esta iniciativa.
Por lo que toca al Partido Popular Socialista seguiremos encabezando la lucha de los campesinos de México para mejorar sus condiciones de vida. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Cuauhtémoc López Sánchez, en pro del dictamen.
El diputado Cuauhtémoc López Sánchez Coello: - Con su venia, señor Presidente muy buenos días compañeras y compañeros diputados:
Voy a referirme no a los últimos temas tratados, porque éstos ya han sido reiterativos en sus temas. Algunos de ellos desde el día en aquella sesión en que se le dio la primera lectura a la iniciativa.
Creo que durante estas prolongadas horas, ya se han aclarado los planteamientos que han sido formulados por aquellos que están en contra del dictamen que hoy estudiamos.
Voy simplemente a aclarar algo que se ha afirmado y sostenido aquí, en el sentido de que los candidatos del Partido Revolucionario Institucional, no están facultados, no fueron oportunamente presentados a consideración de los electores, los puntos que hoy se completan en la iniciativa que estamos discutiendo.
Se dice que ni la plataforma electoral de nuestro partido, ni durante las campañas, se tocaron los temas que hoy tratamos. Yo quiero desmentir lo anterior, apoyándome en los términos de la plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional, que se produjo como resultado de la XIV Asamblea Nacional, en la cual se recogieron los planteamientos vertidos por los priístas en cuanto a los principales problemas que ahí se trataron y al respecto, me voy a permitir dar lectura a algunos de los puntos contenidos en dicha plataforma. Al respecto, el partido se propone:
Uno. Mantener y reafirmar el ejido y la comunidad como forma de tenencia social de la tierra y de apoyar su desarrollo productivo con autonomía.
Dos. Promover las acciones que incrementen y fortalezcan la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra comunal, ejidal y privada.
Tres. Agilizar la impartición de justicia en el campo, promoviendo la creación de una Procuraduría Federal Agraria, etcétera y los tribunales.
Con esto queda totalmente desvirtuado por una parte, que hayamos propuesto y aceptemos la privatización del ejido y por otra parte no hayamos hecho planteamientos que hoy se recogen en la iniciativa y que precisan la postura de nuestro partido frente a la reforma que hoy estamos analizando.
Comparezco ante esta honorable asamblea para apoyar el dictamen que ha sido formulado por las comisiones unidas, en relación a la iniciativa de reformas al 27 constitucional.
Cada vez se hace más perfectible la desconexión que existe entre el derecho y las realidades sociales que hoy vive el mundo y nuestro país. De ahí la necesidad de adecuar nuestro orden jurídico a las cambiantes situaciones que plantea el presente y el futuro de México.
En el momento en que vivimos, concluye la realidad del pasado, su deber ser y el futuro eminente. Es un momento coyuntural en que debemos recoger la visión de quienes nos precedieron, para vitalizar y proyectarla hacia el futuro.
Estamos aquí para discutir y aprobar, en su caso un asunto que interesa a toda la nación; preservar garantías a la propiedad y fijar las bases para hacerla más productiva, en beneficio de la población campesina y de la economía nacional.
La iniciativa respecta la voluntad del Constituyente, por lo que no toca lo que es fundamental: la propiedad originaria.
Nos referimos al cauce que debe tener la propiedad en el campo para incorporarla al desarrollo nacional, esa porción del territorio que ha tenido en el orden jurídico, una camisa de fuerza que ha frenado su aprovechamiento.
Queremos recoger del pasado los mandatos sobre la propiedad, tal como han llegado hasta nosotros y permitir que en condiciones nuevas quienes la trabajen la hagan producir, es para su beneficio y para el bienestar de la nación.
En el espíritu del Constituyente de 1917, mandatados por ellos, precisamos en el marco de
la norma fundamental, las modalidades que está exigiendo el interés publico de acuerdo con los avances alcanzados con la legislación vigente y los cambios que ya se han producido en la sociedad y en la economía.
La genialidad del Constituyente de 1917, consistió básicamente en enfrentar los problemas de su tiempo y proyectar normas de carácter general y abstractas para el futuro.
Las reglas dictadas en Querétaro, recogieron la realidad y la problemática de su época. Pero también previeron mecanismos al señalar en el texto del artículo 27 constitucional, como las modalidades que a la propiedad dicte el interés público; imponer a la propiedad, las modalidades que dicte el interés público.
Es de explorado derecho que el concepto de interés público se vincula estrechamente a la dinámica social, por lo que al que al disponerlo así el constituyente, facultó a las nuevas generaciones de mexicanos para que pudieran enfrentar y resolver los problemas de su tiempo sin violar el texto original de nuestra constitución.
Es en esta perspectiva que podemos entender las diversas modificaciones que ha sufrido el artículo 27 constitucional que en un proceso permanente de adecuación del marco jurídico, a la realidad y a la actividad de toda la comunidad.
La visión del Constituyente plasmado en las normas jurídicas que emitió complementadas con las modificaciones que se hicieron a la Constitución, fueron las bases de la Reforma Agraria que alcanzó, dentro de lo posible, el reparto de tierras, con lo que se satisfizo uno de los ideales de la lucha social de 1910 , en el capítulo de justicia agraria.
El Constituyente al plantearse como problema de justicia agraria, el reparto de tierras, trató de cumplir con las demandas sociales de su tiempo y por ellas recogía el reclamo de Emiliano Zapata, plasmado en la Ley Agraria de 1915, de reforma, libertad, justicia y ley.
En esa línea distintos gobiernos de la revolución, hasta nuestros días han ajustado sus actos a la norma jurídica.
Los latifundios como forma de propiedad ya no existen. En Modelo de reparto masivo de tierras ha agotado sus posibilidades.
Señores legisladores, hoy no podemos continuar con un reparto masivo de tierra por que ya no las hay, pero al no haberse logrado que con dicho reparto se alcanzaran niveles de producción que beneficiaran al nivel de vida de los campesinos y el equilibrio de la vida nacional, el mandato del Constituyente sigue siendo válido, mandato que consiste en crear las condiciones económica y jurídicas que permitan un mayor nivel de vida y mayor desarrollo nacional.
Lo que visto de otra manera, significa que en nuestro presente y nuestra realidad se han producido cambios de gran profundidad, que hacen necesario adecuar la norma jurídica para que el derecho, recogiendo la realidad del entorno actual al cual va dirigido, consolida los avances alcanzados y orienta las acciones encaminadas a que se cumpla cabalmente el propósito del Constituyente de 1917, de generar mayor bienestar para todos los mexicanos y particularmente de quienes viven de la tierra.
Hoy las condiciones del campo son tan complejas y más de una vez el derecho las ha enmarañado, por lo que necesitamos de nuevas precisiones, nos urge abrir cauces y brechas para la productividad rural y sobre todo que el campesino goce de derechos plenos que le permitan fortalecer su decisión en todos aquellos, aspectos que le incumben y le afectan.
Recordamos que de los 80 millones de mexicanos que somos en 1990, la población económicamente activa es de 22.2 millones de personas, de las cuales el 26.6% pertenecen al sector primario y éstos solamente contribuyen con el 7.52% del producto interno del país, lo cual propicia que los ingresos del sector rural son tres veces menores de los del resto de la población.
La conclusión a que llegamos, es que la pobreza extrema de ese 30% de la población rural compromete el desarrollo nacional; pero además nos preocupa como nos ocupa, no únicamente la población rural nos preocupa y no debe de ocupar además el resto de la población del país, cuyos alimentos y materias primas para su subsistencia y para el trabajo de la industria, deben de importarse de otros países.
La norma jurídica es el instrumento que usa el hombre para regular su vida cotidiana y de evitar el conflicto permanente, por eso debe de adecuarse y proyectarse a la realidad que lo rodea. Norma jurídica que sea un obstáculo para nuestro proyecto de vida colectiva, debe de perder vigencia; requerimos que el instrumento legal diseñe fórmulas que permitan avanzar, crecer, producir con mayor libertad y mejor justicia.
Los abogados en general y los legisladores en particular, conforme a sus funciones y atribuciones, debemos ser normas que promuevan y faciliten el progreso y bienestar de todos los mexicanos, no que lo obstruyan, debemos editar normas que fortalezcan la libertad, con equidad y justicia.
Ya no somos un país eminentemente rural, la sola cifra de que más de la mitad de la población vive en ciudades, no dice que nos hemos ido transformando de una sociedad rural a una sociedad urbana, por ello, la norma jurídica tiene qué ponderar la constante del crecimiento nacional y redefinir las modalidades que el Constituyente previó de acuerdo con el interés público y ¿cuál es el interés público que debemos preferir?
Recientemente el Presidente de la República expresó ante diversos campesinos, que tenemos qué encontrar caminos que vislumbren bienestar para los habitantes pobres del campo, se rediseñen las bases del crecimiento rural, que debemos de fortalecer nuestro sector primario y en suma, que volvamos atractivo el campo frente a la ciudad, porque la migración del campo a la ciudad, ya se dio y debemos de revertir este fenómeno negativo que impida entre otras cuestiones, el flujo de mexicanos hacia el extranjero.
Los estados nacionales de hoy no son ajenos al contexto internacional, México nunca ha sido ajeno y no puede serlo ahora, al influjo que ejerce al ámbito internacional.
En el terreno económico es más clara la integración mundial de que somos objeto. En este aspecto, no podemos negar que tenemos que prepararnos con un sistema productivo, rural fuerte que dé respuesta a los desafíos de todos los mexicanos sin detrimento de nuestro nacionalismo.
El reto que enfrenta la iniciativa de reformas al artículo 27 constitucional, parte de la premisa de que la norma fundamental debe de responder a la problemática de nuestro tiempo, que las reglas dictadas deben ser disposiciones que puedan ser obedecidas y concretadas en leyes reglamentarias, pero que sean respuestas a las necesidades que vivimos, de no ser así vamos a crear preceptos que de antemano serán letra muerta que no nos ayuden en nada a resolver nuestras carencias.
El campo mexicano, por las distintas vocaciones del suelo, no puede dedicarse exclusivamente a la agricultura. Sus posibilidades de crecimiento están en abrirlo a otras formas de explotación económica. El habernos encerrado en esta idea ha patrocinado que la instrumentación de reparto de tierras, muchas de ellas no tengan posibilidades productivas, han propiciado que el campesino no cuente con los recursos necesarios, para su explotación ni con formas de asociación que le permitan mejorar sus niveles de ingreso.
En defensa del dictamen, quiero concluir, en el presente afrontamos el compromiso de que México y particularmente los campesinos, requieren libertad, justicia, democracia y soberanía; que para creer necesitamos libertad para que podamos construir una democracia en la que impere la justicia y con ello se fortalezca nuestra ciudadanía. Todo ello sustentado en niveles de bienestar individual y colectivo, asegurado por un orden económico y jurídico caracterizado por nuestro nacionalismo. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene la palabra el diputado Javier Centeno Ávila.
El diputado Javier Centeno Ávila: - Compañeros diputados; señor Presidente, con su venia:
Les pido a todos ustedes un poco de tolerancia, sé que están inquietos por esta jornada agotadora, sin embargo, creo que faltamos solamente cinco oradores y les pedimos atención; sólo cinco oradores tenemos todos el mismo derecho de opinar que ustedes y daremos por concluida esta sesión.
Compañeros: Yo espero que seamos tolerantes que no siga este diálogo de sordos en el cual cada quien define su propia posición y no se percibe ningún cambio.
Coincido con el compañero Raúl Alvarez Garín, en el sentido de que la solución a la problemática agraria de México es tan compleja que no se va a resolver por decreto, sino con la participación democrática de los campesinos.
Hemos confrontado en estas 20 horas de discusión dos posiciones, dos formas de leer la realidad mexicana, dos formas de interpretar al agro mexicano. Las diferencias que existen son válidas y tendrán que resolverse a la luz de la correlación de fuerzas el día de hoy en esta Cámara y el día de mañana en cada comunidad campesina.
Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa de ley que reforma el artículo 27 constitucional,
debido a que pretende privatizar el ejido, cancela el reparto agrario y legitima la intervención de las sociedades mercantiles anónimas en el agro mexicano y abre la posibilidad de la inversión extranjera. Trataremos punto a punto cada uno de ellos.
El ejido para nosotros es una cuestión fundamental. El ejido es parte de la entidad nacional, si bien su origen es español, era una parte de tierras para solaz, recreo, de los habitantes de un pueblo, en México adquirió un significado social profundo. El debate acerca de su conformación y desarrollo reviste la mayor importancia en la época actual, en la que el imperialismo, particularmente el norteamericano se ha apoderado de sectores dinámicos y estratégicos de nuestra economía.
La lucha ideológica que se libra hoy en la Cámara, es trascendente para la sociedad mexicana. Precisamente al abordar el problema de la propiedad, se toca uno de los problemas más discutidos en todas las épocas, tanto en lo filosófico, como en lo económico y en lo jurídico.
De las relaciones de propiedad existentes se derivan el edificio social correspondiente a una determinada sociedad. De ahí la importancia de discutir este punto.
En la Constitución mexicana se reconocen tres tipos de propiedad: la comunal, la ejidal y la privada. El ejido es una forma de propiedad social que ha permitido, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, el desarrollo agrícola de México.
La iniciativa pretende revertir la propiedad colectiva del ejido en propiedad privada, ya que se le considera un obstáculo para el desarrollo del capitalismo actual.
Diversos especialistas agrarios coinciden que el atraso del campo mexicano se debe a múltiples causas: faltas de agua, faltas de tecnología, poca inversión, etcétera y no exclusivamente a la forma de la tenencia de la tierra.
El ejido ha demostrado ser tan productivo como la pequeña propiedad. ¿Por qué se le va a privatizar? Sostenemos que el ejido debe continuar siendo inembargable, imprescriptible e inenajenable. Defenderlo ahora es también defender la soberanía nacional.
La reforma constitucional debería preservar en todo momento el patriotismo de los campesinos.
Señores diputados de la mayoría: No es expropiando a los campesinos como se va a resolver el problema en el campo. El dar seguridad jurídica al agro mexicano no significa necesariamente privatizar al ejido. El abrir la posibilidad al capital extranjero para invertir en el campo mexicano, pone en riesgo serio nuestra soberanía.
También votaremos en contra de esta iniciativa, porque legitima el fin del reparto agrario. Propone determinar por decreto el derecho a obtener tierra. Se pretende por medio de un plumazo borrar años de lucha, lo cual es totalmente injustificado.
Se habla de que se va a luchar por la justicia y la libertad en el campo. Formalmente todos somos libres para invertir, para obtener bienes y riquezas, pero resulta que los trabajadores no tienen capital. Así es que serán los empresarios y los grandes capitalistas, los dueños de las nuevas unidades agrícolas y no los trabajadores del campo.
Señores diputados del Partido Revolucionario Institucional: la historia no los absolverá, la responsabilidad de privatizar al campo recaerá sobre sus hombros. Hoy tienen la mayoría, pero no la razón. ¡Venceremos!
El Presidente: - En el uso de la palabra diputada Rosa Albina Garavito Elías.
La diputada Rosa Albina Garavito Elías: - Con su permiso, señor Presidente.
Dentro de algunos minutos o en el transcurso de esta mañana se someterá a votación en lo general el proyecto de dictamen de la iniciativa que envió el Ejecutivo para reformar el 27 constitucional.
Quiero dejar constancia de las condiciones en las que este debate se desarrolló; quiero dejar constancia también, del diálogo de sordos que ha caracterizado desde que inició sus trabajos esta legislatura; también el debate de esta importantísima reforma.
Así, como se ha comportado esta Cámara de Diputados, caracterizada por su mayoría priísta.
En esta votación, votarán a favor un grupo de diputados congruentes con su proyecto que han defendido a lo largo de más de 50 años, pero votarán también a favor un grupo de diputados, la mayoría de esta Cámara, en forma totalmente incongruente con su origen en el proyecto de la revolución de 1910. Será ésa su responsabilidad, ellos sabrán cómo justificarse ante sí, mismos.
La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática ha sostenido, con diversos argumentos, por qué votará en contra de este dictamen en lo general. Tres son las razones fundamentales:
El Partido de la Revolución Democrática está en contra de la privatización del ejido. El Partido de la Revolución Democrática está en contra del diagnóstico que se arroga el Poder Ejecutivo para dictaminar que el reparto agrario ha finalizado en este país. El Partido de la Revolución Democrática está también en contra de que se legalice, como lo hace esta iniciativa, el latifundio; no voy a argumentar las tres razones, me quiero concentrar en la primera.
Quiero dejar una última reflexión a esta mayoría para ver si una vez que salen de esta Cámara o en algún momento o quizá cuando ya no les quede más remedio por la crisis que se provocará en este país, por la crisis social, por la crisis política y por la crisis económica, porque su privatización, su proyecto privatizador del ejido es lo más reaccionario y lo más conservador y lo más aberrante en los linderos del Siglo XXI.
Quiero hacer la reflexión con ustedes de cómo están dando marcha atrás a la historia en este país, cómo están regresando a un intento de pacto social del tipo del Siglo XIX, de un proyecto liberal. Y se los voy a argumentar en términos económicos y eso quiere decir que voy a fundamentar aquí cuál fue el carácter revolucionario de haber hecho la Reforma Agraria en México, cuyo pilar fundamental fue el ejido y la propiedad social.
Gracias a que en México se instituyó la propiedad social y gracias a la política de fomento que por varias décadas el Estado asumió hacia el sector agropecuario, incluyendo a este tipo de propiedad, pudimos como mexicanos gozar de un crecimiento económico inédito en cualquier país de América Latina y quiero decirles a ustedes que esa estabilidad en los precios y que ese crecimiento permanente, que esa generación de empleos, que esa generación de divisas para poder financiar las importaciones que el sector industrial requería, que esa oferta de mano de obra oportuna para ese sector industrial que crecía, que esa capacidad de mantener poder de compra sin aumento de los precios y sin inflación, fue gracias a la propiedad social, a esa que ustedes ahora están enterrando y eso no es por arte de magia, yo no sé si ustedes se han preguntado cuál es la diferencia, aparte del nombre, en qué consiste la diferencia, cómo funciona la propiedad social y la propiedad privada.
Es muy sencillo, señores: cualquier producto generado en la esfera de la propiedad privada, exigirá una renta absoluta, que es el impuesto que el propietario le impone a la sociedad por un simple hecho: por el hecho de ser propietario, por esa cualidad, que ahora ustedes le van a dar legalmente a los que ya eran latifundistas en este país, a los caciques, que ahora lo serán también legalmente. Esa concentración de la tierra, esa privatización del ejido, quiero decirles a ustedes que la sociedad pagará un costo muy alto y ese costo es el impuesto, repito, que el propietario individual le cobra a la sociedad por simplemente poseer, tener un título de propiedad.
Es obvio, señores, que México pudo crecer como creció, es obvio que México pudo generar eso que se llamó el milagro económico mexicano, porque gracias a la lucha de los campesinos, muchos de los cuales están sus nombres inscritos en esta tribuna, no tuvieron el interés mezquino de exigirle ese impuesto a la sociedad, lo único que exigieron fue tener un pedazo de tierra para trabajarla, no mercantilizaron la tierra sólo exigieron el uso y el usufructo de la tierra y eso, señores, se denominó propiedad social, se denominó ejido; allí está la explicación de que por más de 30 años México no haya tenido inflación, allí está la explicación de que una vez que este sector social entró en crisis porque se generalizó el rentismo, porque se generalizaron todas estas formas privadas de apropiación que ahora ustedes están legalizando, porque no tuvieron mayor imaginación para modernizar este país más que legalizar lo que señores de la iniciativa privada, los inversionistas privados habían ya estado haciendo en el campo.
Eso que para ustedes ahora nos viene aquí a presumir como el gran campo, como la gran audacia, como la gran forma de insertarnos en el mundo, señores, eso ya estaba presente y por ese motivo se generó la crisis de la cual México todavía no puede salir.
Si uno analiza las estadísticas del sector agropecuario, nos damos cuenta que no fue una crisis generalizada, lo que se dio fue una reconversión de cultivos, hay una reconversión en la utilización de las superficies que evidencia con claridad que una vez que se fue desmantelando el ejido por esa desprotección, porque al ejidatario no le quedó más remedio que abandonar o rentar sus tierras, por ese acaparamiento ilegal que hoy ustedes legalizan, gracias a eso se empezó a una reconversión en los cultivos, esa reconversión a lo que llevó fue a convertirnos en un país que es una de los principales importadores de granos.
Aquella virtud el milagro económico mexicano de ser exportadores de granos, de generar tecnologías en la producción de granos que incluso ustedes exportaban como fue el caso del maíz, esa balanza comercial agropecuaria superavitaria fue gracias al ejido, fue gracias a la productividad del sector social que está documentada en una serie de estudios, eso es lo que ustedes ahora están desmantelando, el milagro económico mexicano no fue tal, el milagro económico mexicano se sustentó en la revolucionaria medida de repartir el suelo mexicano en diversas formas de propiedad, no negar a la propiedad privada su presencia en el campo pero hacer pilar del desarrollo económico el sector social.
Esa experiencia, si realmente ustedes quisieran ser imaginativos, si realmente ustedes quisieran estar recuperando esa experiencia para ver hacia el año 2000, tendrían que estar postulando la recuperación del ejido, el fortalecimiento también de la propiedad privada pero no el desmantelamiento del ejido. De esta manera señores diputados de la mayoría que incongruentemente van a votar, que van a votar de una manera reaccionaria, conservadora, de una manera que alce la mirada, voltee la mirada hacia el Siglo XIX en lugar de ver hacia el Siglo XXI.
Eso que van a hacer ustedes va a impedir todo lo que el sector social por su forma de producir, posibilitó en este país. Por eso les estoy yo diciendo como última reflexión de esta mañana tempranera que gracias a su votación en este país se va a agudizar el problema de la balanza comercial agropecuaria, el ranchero de corazón que vino aquí a presumirnos que gracias a la apertura se va a garantizar la soberanía alimentaria, le quisiera yo recordar que otros rancheros quizá de más corazón como son los de los países desarrollados, en diciembre de 1990 en la Ronda de Uruguay celebrada en Bélgica no permitieron la apertura de sus fronteras, solamente México, más papista que el Papa, que se traga las recetas de esos organismos financieros internacionales, fue ahí a defender la apertura y fue ahí a ofrecer que en México no había problema para generalizar esa apertura, no había competencia desleal porque no había subsidios y no los habrá para el campo. Eso que ningún país desarrollado lo ha permitido para sus economías, ni siquiera el mercado común europeo que está a punto de firmarse ahora en 1992, eso es lo que ahora ustedes se dan el lujo de hacer, cuando dentro de un poco vayan a votar esta iniciativa. ¿Para qué? Para crear las mejores condiciones de esa apertura que se exige con el Tratado de Libre Comercio.
Entonces, señores de la mayoría , sean ustedes conscientes de que su iniciativa es la iniciativa más conservadora y la iniciativa más reaccionaria, la que ve, repito, hacia el Siglo XIX.
Yo sé la historia de los proyectos de muchos diputados del sector obrero en esta Cámara. Yo como investigadora en la universidad los he seguido con bastante interés y había ahí gérmenes de proyectos realmente interesantes. Estaba el proyecto de la creación de empresas sindicales, de generalización del sector social, también para beneficio de los trabajadores asalariados, no solamente de los campesinos.
Si ustedes hubieses tenido realmente imaginación, si realmente hubiesen tenido audacia, tendrían que haber revisado la experiencia histórica del ejido en el campo, habrían encontrado que fue esa la clave del éxito del milagro económico y se habrían atrevido a exigir un nuevo pacto social, efectivamente, un nuevo pacto social que extendiera la presencia del sector social.
Aquí no solamente son los diputados campesinos los que están claudicando de ese proyecto que defendió los intereses nacionales y los intereses sociales. Ahora esos intereses no serán cumplidos porque nunca el mezquino interés privado velará y no tenemos porqué exigírselo, tiene libertad de que así sea, pero el Estado, el que realmente gobierna previendo un proyecto de nación viable, no puede quedarse en el mezquino interés privado. Ustedes no van a poder conciliar ese tipo de intereses.
Estaba ese proyecto de parte del sector obrero, lo presentaron en 1981 como programa de gobierno de Miguel de la Madrid. ¿Saben qué fue lo que consiguieron?, consiguieron la reforma del capítulo económico de la Constitución, consiguieron la reforma al artículo 25, al 26 y al 27, donde se dio la derrota política que hoy ustedes no son capaces de ponerse de pie y reclamar, porque lo único que han hecho es gestionar esa crisis sin recibir nada a cambio.
Se elevó a rango constitucional la obligación de la rectoría económica del Estado, sin que ustedes hayan conseguido la reglamentación de ese artículo 25. Nosotros, la oposición, el Partido de la Revolución Democrática, siendo consecuentes con un proyecto social vamos a recuperar ese proyecto y vamos a exigir que se reglamente cuáles son las áreas que corresponden a la propiedad social, a la propiedad privada y a la propiedad estatal.
Y viendo hacia el año 2000, hacia el Siglo XXI, vamos a proponer que el sector social es el más
revolucionario y el más moderno, porque no le impone por el lado del campo el impuesto de la renta absoluta y para empresas sindicales, por ejemplo para la producción de alimentos, tampoco exigirá la ganancia extraordinaria que exige el capitalista privado. Ahí hay una coincidencia en el sector social entre el interés de los trabajadores y el interés nacional, no se da en el caso del sector privado.
Eso es a lo que ustedes están renunciando, algo que incluso por su experiencia histórica tenían entre las manos y lo han dilapidado y estoy segura que a precio muy barato. Seguramente se van a arrepentir y muy pronto. Gracias.
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Gustavo Carbajal Moreno.
El diputado Gustavo Carbajal Moreno: - Con su permiso, señor Presidente. Les pido, en primer lugar, una disculpa, andamos mal de la voz, pero no quisimos dejar de estar presentes en este debate, simplemente porque queremos dejar aclarados algunos puntos que nuestro partido reconoce y plantea en el artículo 27 constitucional.
Los partidos políticos, los oradores que han usado esta tribuna, han defendido todos con lealtad y honestidad sus principios, sus plataformas y lógicas.
El partido Revolucionario Institucional es un partido que está reformándose continuamente, es un partido que está adecuando si va adelante de las condiciones del mundo y del país y tiene que buscar, precisamente, esta renovación para el Siglo XXI.
Se ha manejado mucho la privatización del ejido. El ejido en el cuerpo constitucional no se privatiza sino al contrario se reconoce en el cuerpo de la Constitución como una forma real de la tenencia de la tierra. No va a desaparecer, ni el ejido ni la comunidad, pero además se plantea el proteger la integridad también territorial de los pueblos indígenas.
Este proyecto está planteando la libertad que el campesino va a tener para poder asociarse, vender cuando el ejido lo quiera o buscar cualquier forma de organización entre los propios ejidatarios.
Hemos visto que la población del país ha crecido mucho. En 1910 éramos 10 millones de mexicanos, pasan 40 años para que en 1950 seamos 20 millones y en otros 40 años vamos de 20 a 82. Es un problema de productividad, es un problema real, de justicia, también, darle a los compañeros del campo medios de trabajo, por un lado y un pago adecuado por sus productos.
La asociación entre los campesinos se requiere, como se requiere también entre los pequeños propietarios, con campesinos o con las comunidades. La tecnología moderna requiere, cada vez más, el uso de fertilizantes, de maquinaria, de tecnología, para poder aumentar la productividad de la tierra, bajando los costos de operación.
En el campo mexicano no hay una lucha de clases. El pequeño propietario, el ejidatario y el comunero han podido convivir a lo largo de muchos años. Si tomamos en cuenta que el 70% de los pequeños propietarios de este país tienen menos de cinco hectáreas, se sienten mucho más cercanos a los ejidatarios que a otros pequeños propietarios, pero se requiere indiscutiblemente unir esfuerzos para poder llegar a tener mayor productividad. El mundo actual así lo requiere; México lo necesita por el número de mexicanos que diariamente tenemos que alimentar.
El ejido va a continuar y va a seguir; el ejido es productivo; el ejido no ha fracasado y en la exposición que tendremos en lo particular vamos a plantear ejemplos claros de asociaciones de ejidatarios e iniciativa privada, entre ejidatarios con ejidatarios que han dado éxito, que han demostrado que el ejido es viable y que el ejido es productivo.
Desde hace mucho tiempo también se requieren condiciones para poder producir en el campo. El que ya no existen cantidades de tierra importantes para su reparto, se ha visto desde gobiernos anteriores. La terminación del reparto agrario no es nuevo. La necesidad de dar seguridad a la tenencia de la tierra para producir, es necesaria.
Cuando se instaura un expediente, automáticamente es una medición a los siete kilómetros alrededor y todas las propiedades de esa zona quedan fuera de comercio. El dar seguridad a los ejidos y a las comunidades, va a dar seguridad a la productividad y a la producción del campo y yo estoy seguro, porque hemos convivido mucho con campesinos, que la mayoría de los ejidos de este país van a seguir conservándose como ejidos; que estarán dispuestos a asociarse, que estarán dispuestos a buscar formas de trabajo, pero que quizá la mayoría sigan apegados a sus tierras.
Hay que recordar que el campo en la actualidad ha cambiado de 1936 que empezó su reparto masivo a la fecha. Ahora el 70% de la población de México es urbana, el 30% vive en el campo.
Se requiere también dar una salida viable a todos los hombres del campo que se encuentran sin posibilidades de sus opciones de tierra porque ésta ya no existe. De ahí también la necesidad de buscar la organización de los trabajadores del campo y de buscar la industrialización de los productos del campo para que se les agregue un valor, un valor que quedará en manos de los productores.
A partir de este proyecto, a partir de estas reformas, se tiende fundamentalmente a dar seguridad a la tierra, a dar la posibilidad de que aumente su tecnología, que aumente su capitalización y que aumente el uso de maquinaria y con esto la productividad indiscutiblemente crecerá.
Se ha planteado también que se termina con el reparto como si esto fuera el día de mañana. La ley señala claramente que tendrá que seguir la Secretaría de la Reforma Agraria todas las instancias pendientes que no se han dictaminado.
Esto quiere decir también que el crear los tribunales agrarios, dotados con una autonomía y con plena jurisdicción, será el propio tribunal el que se encargue también de dilucidar los problemas. Pero lo más importante es que se señala que el Estado no pierde, no pierde el Estado su obligación de estar pendiente de los conflictos y de los problemas de las tierras ejidales y comunales, de los conflictos que puedan surgir de límites entre ellos.
La presidencia del Estado mexicano va a continuar siendo un órgano vigilante de que se cumpla con la ley.
Las sociedades mercantiles son sociedades que pueden crearse con la unidad de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que aporten tierra y la iniciativa privada que aporte el capital. No siempre se está hablando cuando se habla de sociedades de que tiene que ser tierra comprada por la iniciativa privada, puede ser tierra aportada también por los productores en una asociación con la iniciativa privada.
Por ello, sentimos nosotros que las condiciones que privan en México y el mundo, requiere un cambio, un cambio para no quedarnos en el Siglo XIX, sino para entrar de lleno al Siglo XXI.
No se va a legalizar el latifundio, al contrario, se tiene expresamente que condenar y señalar que hay latifundio. Estamos nosotros seguros de que el Estado va a seguir pendiente y tendrá que organizar alguna área del Ejecutivo para que siga el registro de quiénes están y cómo se ésta invirtiendo en el campo, precisamente para evitar la acumulación a que se ha señalado.
Se requiere por ello tener mucho cuidado y ver con atención la ley reglamentaria, que posteriormente sobre este terreno se vaya a plantear.
El Presidente de la República ha planteado con mucha visión la necesidad de modernizar el campo y en este proyecto creemos los priístas que ésta la salida viable del campo mexicano, aumentando la productividad del mismo. Por ello, fuimos muchos los compañeros del partido y de otros partidos que acudimos el domingo pasado a Los Pinos, a signar un compromiso con el México del Siglo XXI, en donde inclusive organizaciones que no son de nuestro partido, firmaron de conformidad, otras con reserva, pero que muchas de ellas, más de la mitad, no alcanzaron a firmar el documento que se planteó.
No estamos votando ni al vapor ni por precisión, estamos votando conscientes de que da la posibilidad a México en el futuro de la organización del campo y de la productividad; de lograr la independencia alimentaria y poder tener los alimentos suficientes que México requiere.
Quisiera por otro lado exponer, porque aquí se ha señalado que se subsidia en otros lugares del mundo la agricultura. Que también en México la agricultura se encuentra subsidiada. Basta plantear por ejemplo, que el subsidio que se otorga al maíz en México, es de un promedio de 100 dólares por toneladas, mientras que en Estados Unidos el subsidio es de 25 y que tenemos subsidiado por el pueblo de México, el maíz, el trigo, la soya y el sorgo.
Por ello debemos plantear que nuestro país tiene la necesidad de dar este paso hacia el futuro. Y estamos seguros que los compañeros de nuestro partido vamos a votar conscientemente, por las reformas al artículo 27 de la Constitución. Y vamos a luchar porque el campo no decaiga, la productividad aumente y todos veamos en el Siglo XXI, un México más justo para todos nuestros hijos. Muchas gracias.
El Presidente: - Tiene la palabra para hechos por cinco minutos en los términos del reglamento, el diputado Emilio Becerra, del Partido de la Revolución Democrática.
El diputado Emilio Becerra González: - Compañeras y compañeros diputados:
Es verdaderamente impactante escuchar y observar a un hombre honesto de trayectoria y nacionalista como el licenciado Gustavo Carbajal, expresarse en los términos que lo ha hecho.
Al verlo yo trataba de escudriñar su subconsciente y su trayectoria impecable en la defensa de los campesinos, y aquí por disciplina lo mandaron a defender lo indefendible.
No quiero imaginarme, cómo el licenciado Carbajal va a explicarle a sus descendientes esta intervención. En fin, allá él.
Hablaba aquí de que con esta reforma se busca la justicia y la libertad y ya ustedes escucharon mi intervención anterior. Ese es lenguaje y son postulados panistas y no puedo creer yo que un dirigente nacional o ex dirigente del partido Revolucionario Institucional, ahora se esté expresando en esos términos. Por eso insisto en que afortunadamente mi percepción extrasensorial me dijo: "panistas tricolores".
Ahora bien, traigo yo aquí a la mano el Diario de los Debates del martes 11 de junio de 1991, que es el número 13, cabalístico. Ese día, Vicente Fox propuso algo similar a esta iniciativa de Salinas y me voy a permitir leer algunas intervenciones de la gente del Partido Revolucionario Institucional de aquel tiempo, que hasta donde yo sé pues todavía no han modificado del 11 de junio a la fecha, sus postulados, pero quizá sí la camiseta.
Y decía el diputado Luis Gambino Heredia:
"No hay necesidad de que ustedes vengan a decir que el campesino debe de elegir qué clase de propiedad debe tener. No es por ahí, compañero diputado. La ley establece esa proposición y ese derecho que es social. Ustedes quisieran que el ejido se privatizara para que todas las tierras que tienen los ejidos, volvieran a sus antiguos dueños, que son ustedes." (Aplausos.)
Y después está la intervención de un teórico muy respetado, del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Vicente Fuentes Díaz, que dice:
"Señor Presidente; compañeros diputados: Creo que los señores diputados de Acción Nacional creen que este país no tiene memoria histórica, repito, creen que este país no tiene memoria histórica, pero sí la tiene y muy clara; cuando surge el Partido Acción Nacional en el año de 1939, en su ideología que este partido denominó desde entonces puntos de doctrina, ¿cuál fue el planteamiento que hizo respecto del ejido? Yo desearía que si me equivoco, después de mí subiera alguien a rectificarme. La posición de Acción Nacional al surgir en septiembre de 1939 respecto del ejido, fue que el ejido debería ser titulado como propiedad privada a favor de los campesinos. ¿Qué había detrás de esta tesis? La posibilidad de que los hombres del capital y del dinero pudieran comprarle a los campesinos la tierra cuando el ejidatario fuese ya propietario de ella."
Y luego refiriéndose a una interpelación, dice:
"Ha sido muy sincero el joven de Acción Nacional que subió aquí a decir que Cárdenas se equivocó al repartir las tierras". Pero cómo no se iba a equivocar de acuerdo con Acción Nacional, si Acción Nacional nació precisamente para combatir la política agraria del general Cárdenas. Si Acción Nacional surgió apoyando la candidatura del general millonario y reaccionario: Juan Andreu Almazán y ahora Chirinos, este espíritu chocarrero nos llama nuevos reaccionarios y un correligionario de Chirinos dice:
"El general millonario y reaccionario Juan Andreu Almazán, que tuvo el apoyo de los latifundistas, e incluso de las recién expropiadas compañías petroleras...".
El Presidente: - Diputado Becerra, su tiempo ha concluido.
El diputado Emilio Becerra González: - Y termina el diputado Francisco Curi, perredista visionario que dice:
"No pasará mucho tiempo en que el Tratado de Libre Comercio obligue a que metamos la mano al campo. La metan los que les corresponde de ese momento participar en esta legislatura, en la próxima legislatura o desde el gobierno y que seguramente van a modificar sustantivamente lo que aquí se ha expresado y se expresa en artículos constitucionales... Estoy terminando, señor Presidente.
...Como muchas otras cosas que ha dicho Acción Nacional desde hace rato, se va a dar, efectivamente el cambio muy lamentable de lo que ocurrió en la revolución.
Aplaudo el esfuerzo que hacen algunos compañeros diputados del Partido Revolucionario
Institucional, en venir a defender este punto apasionadamente. Creo que van a quedar muy pocos de ésos en la próxima legislatura."
Y no traía un profeta en ancas, dijo:
"Creo que van a quedar muy pocos de ésos en la próxima legislatura, por lo tanto no hacen falta reformas; lo que se requiere es compromiso con la justicia social y profesión de fe nacionalista." (Aplausos.)
El Presidente: - Para rectificación de hechos, tiene la palabra el diputado Jorge Calderón.
El diputado Jorge Alfonso Calderón Salazar: - Ajustándome estrictamente al tiempo, sólo para precisar algunos aspectos de la intervención final del licenciado Gustavo Carbajal. Nuestra argumentación en torno al problema de la integración de la agricultura mexicana con la de Estados Unidos, parte de varios parámetros.
Estados Unidos produce el 43% de la producción mundial de maíz, el 48% de la producción mundial del sorgo, el 14% de la producción mundial de trigo y el 20% de la avena y el 60% de todos los alimentos forrajeros que se consumen en el mundo, son comercializados por los Estados Unidos.
Y gracias a un elevado nivel de exportaciones en donde de manera prioritaria, uno de los elementos claves son las mexicanas, el superávit de la balanza comercial agropecuaria de Estados Unidos, pasa de 3 mil 800 millones de dólares al inicio de los 80, a 18 mil 200 millones de dólares a fines de los 80, como superávit, repito, de la balanza agropecuaria.
Respecto a subsidios, efectivamente, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, reconoce para el caso del maíz un nivel de subsidios en un elemento solamente de 25 dólares, efectivamente. El problema es que los subsidios agrícolas de Estados Unidos son mucho más amplios que los que Estados Unidos está reconociendo en la Ronda de Uruguay; uno de los grandes debates, que por cierto México no ha querido entrar a fondo en ese debate, es precisamente que los subsidios son por muy diversos motivos y hay una grave subestimación, no sólo de Estados Unidos, sino también de Japón y de Europa, de los gigantescos subsidios agrícolas que están aplicando y están dispuestos a cancelar ciertos subsidios, pero no otros y eso entonces distorsiona de manera absoluta el conjunto de las exportaciones agrícolas porque son exportaciones de granos subsidiados que no se quiere reconocer, me refiero aquí a lo siguiente: subsidio en términos de doble sistema de precios, subsidios en términos de créditos a tasas diferenciales, de interés, apoyos directos al ingreso, subsidios en términos de capitalización, fertilizantes, transporte, riego, combustibles, extensionismo agrícola, seguros y almacenamiento y subsidios en materia de investigación, consultoría, entrenamiento, inspección y muchas cosas más.
En obvio al tiempo y para terminar, sólo desearía destacar que el precio del trigo, comercializando dentro de Estados Unidos, es 2.2 veces mayor que el precio al cual Estados Unidos exporta su trigo y los subsidios reconocidos por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para el conjunto de la agricultura norteamericana, pasan de 4 mil millones de dólares en 1981 a 26 mil millones de dólares en 1986; son los subsidios explícitamente reconocidos por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
Para terminar diría, ya hay estimaciones de la propia Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, comúnmente conocida como OCDE, en donde sitúa el nivel real de los subsidios, ocultos y los reales, los cubiertos y los encubiertos, en 50 mil millones de dólares anuales para el caso de los Estados Unidos; evidentemente con un nivel de subsidios del conjunto del sistema agrícola norteamericano de 50 mil millones de dólares, frente a un nivel de subsidios al interior de México, optimistamente situados en un nivel de 2 mil millones de dólares en el mejor de las hipótesis, tenemos un diferencial verdaderamente gigantesco en términos de la capacidad de competitividad.
En obvio al tiempo, no deseo distraer más su atención, pero sí señalar que mientras no exista un mecanismo de ajustes compensatorios en ingreso, precio, subsidios, créditos y muchos aspectos más, la apertura de nuestro mercado agrícola a los Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio, puede significar la desaparición de millones de productores de granos básicos en este país.
Y ahí pues que este punto que hoy tocamos sólo lateralmente, seguiremos insistiendo en próximas discusiones. Muchas gracias. (Aplausos.)
El presidente: - Tiene la palabra para hablar en contra, el diputado René Bejarano.
El diputado René Juvenal Bejarano Martínez: - Con su permiso, señor Presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados:
Fue un compromiso del entonces candidato a la Presidencia de la República, como aquí se dijo, el 22 de mayo de 1988, el no modificar la legislación constitucional sobre el ejido; es decir, el artículo 27 y señalar que el problema del campo se ubica en la ley reglamentaria.
Si en todo caso como resultado de los acuerdos de sus catorceava asamblea, los diputados del partido oficial hubiesen presentado a esta legislatura una iniciativa de ley en los mismos términos que la que presentó el licenciado Salinas, podría justificarse, congruencia entre lo planteado entre su plataforma política y lo planteado en esta legislatura. Pero la presenta el Presidente de la República, rompiendo un compromiso asumido en su campaña.
Y al presentarla, se está, de hecho, construyendo un nuevo país. Se nos dice que no es cierto que el ejido se privatice, porque éste se eleva a rango constitucional, pero se olvida decir que se le quita su principal carácter y cuando se habla de que los ejidatarios sean propietarios de sus parcelas, el ejido ya no es el mismo. Pero la intención es hacer en este artículo de la Constitución lo que se ha hecho en otros artículos: "Acátese, pero no se cumpla".
La Constitución establece el derecho a la vivienda y no se está cumpliendo. La Constitución establece el derecho a la información y está insatisfecho. La Constitución establece el salario remunerador y esto es todavía una ilusión. La Constitución establece el municipio libre. La Constitución establece el sufragio efectivo y ahora, como seguramente sucederá, la Constitución establece la forma de tenencia de la tierra ejidal, pero estará por verse si efectivamente esto prevalecerá.
Es cierto que hay una correlación de fuerzas en este parlamento, que suponiendo, sin conceder, que fuera resultado de elecciones legítimas, va a aprobar una enmienda constitucional. Pero todavía está por verse cómo se aplica y qué conflictos genera esta reforma constitucional y cuál es su destino.
Ciertamente los mejores defensores de la reforma, del proyecto de dictamen, han sido los compañeros de Acción Nacional y no es porque estén más dotados para el debate, porque tengan mejores oradores. No, es porque son congruentes con su historia y tienen mayores posibilidades de defender en los hechos y en el discurso lo que siempre han defendido. Pero en este caso no es así con la mayoría del partido oficial. Porque en este caso hoy sufre un desenlace importante el proceso histórico que se inició con el alemanismo y que se ha venido desarrollando con discontinuidades, pero que principalmente en el sexenio de López Portillo, posteriormente en el de Miguel de la Madrid fue tomando forma y fue creando una nueva clase política dominante al interior del partido oficial que fue desplazando paulatinamente, pero también derrotando históricamente a fracciones históricas que se inspiraron en la ideología de la Revolución Mexicana.
El entonces candidato presidencial, el licenciado Carlos Salinas, cuando en uno de sus discursos de campaña señaló cual era la ideología que inspiraba su partido, él se definió del centro progresistas; posteriormente enmendó. Pero en el fondo, en el fondo, a pesar de que en el informe de gobierno se diga lo contrario, se han abandonado las tesis nacionalistas y se está implementando y proyecto ciertamente modernizador, pero profundamente autoritario.
Es modernizador. No estamos diciendo que no lo sea. Sí está promoviendo el cambio. Nadie puede detener el cambio. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en el rumbo del cambio y no es que tengamos sentimientos nostálgicos por un pasado que definitivamente no volverá, para nadie. Es que no estamos de acuerdo con el rumbo que están determinando para el país y con los cambios que están proponiendo.
Porque hablan de que México no puede aislarse del entorno mundial. Que no puede separarse de los vientos que a nivel internacional soplan por el mundo: que son de globalización y de integración económica. Eso es cierto. Pero también hay otros vientos en el mundo y ustedes sí van a la zaga: que son los vientos de democracia y no puede haber verdadera modernidad sin democracia. Ha habido revoluciones democráticas en estos últimos años en muchos países y el proyecto gubernamental es un proyecto de modernización reaccionaria, porque separa artificialmente las transformaciones en el campo económico, sin darle su correspondiente transformación en lo político.
Porque ¿cómo puede hablarse de modernización y de libertad económica, cuando no hay libertad política? ¿Cuando se plantea y se permanece en una política neocorporativista, cuando en el fondo se quiere instrumentar un nuevo modelo de denominación junto con un nuevo modelo de acumulación de capital en el campo mexicano?
Y no es, como aquí se ha dicho, que seamos dogmáticos o intolerantes. Nada más falso. Yo
quiero señalar dos dogmas que los integrantes del partido oficial sostienen:
1. La prevalecencia del sistema del partido de Estado... la prevalencia, disculpen. La prevalecencia del sistema de partido de Estado y, en segundo lugar, el presidencialismo.
Y coincido con el diputado Basave, el dogmatismo efectivamente conduce a la violencia y a la destrucción. Efectivamente y ustedes por encima de los vientos de transformación democrática, están anclados en ese dogmatismo, que es profundamente intolerante. Efectivamente intolerante porque plantea una oposición domesticada, una oposición que no sea capaz de convertirse realmente en alternativa de poder. Porque no están de acuerdo verdaderamente en la alternancia en el poder, porque tienen, tienen un compromiso político antinacional.
¿Quiénes son los nuevos revolucionarios que defienden la iniciativa del 27? ¿Carla Hill? ¿George Bush? ¿Milton Friedman? ¿Esos son los nuevos revolucionarios?
Porque miren, yo entendí en dos sentidos el discurso de "los nuevos reaccionarios". Claro, era para descalificar a la oposición. Para ponerle etiquetas que nunca tiene, nunca hemos tenido; pero también para señalar, entre ustedes, ¡entre ustedes!, que aquellos que defendieran lo que hace algún poco tiempo defendían, estaban colocándose en esa posición.
Y ciertamente, fueron proféticas las palabras de nuestro compañero Curi, cuando dijo "que de esos diputados de la anterior legislatura que defendieron el 27 constitucional en sus términos, que hasta ahora todavía tiene, iban a quedar muy pocos".
Pienso que el partido oficial de esos diputados ya no quedó ninguno. Pero fíjense muy bien que las argumentaciones que ustedes han dado, han sido contradictorias. Unos dicen "que no hay prisa" y otro diputado dijo "que sí". Si mal no recuerdo el diputado Prats dijo que sí, que se habían generado expectativas y que ahora había que hacerlo rápido, que sí había prisa.
Algunos dicen, como el diputado Zúñiga, que no sé si es auto engaño, ingenuidad o demagogia, pero planteó, planteó que nada iba a cambiar, que el ejido va a permanecer y francamente ante los embates del mercado, una vez aprobada la reforma, sinceramente conmueven, conmueven esas palabras, por su ilusión, tal vez sean sinceras, no lo sé, otorgo el beneficio de la duda. Pero, en todo caso, no es ésa la argumentación, por ejemplo, del diputado Araujo, no es ésa; el diputado Araujo, por ejemplo, nos habla de que ¿por qué sí tenemos derechos a comercializar el suelo, a ser plenamente propietarios del suelo, a ser plenamente propietarios del suelo en la ciudad y no de la tierra? porque el suelo en la ciudad no es factor de producción y porque hay una historia, no es lo mismo el suelo urbano, pero habrá consecuencias.
Algunos dicen que no va a haber expropiaciones y yo les pregunto: ¿cómo le van a hacer para que los ejidos, acosados por la mancha urbana del Distrito Federal, en Cuajimalpa, en Tlalpan, en Xochimilco y Tláhuac, la especulación inmobiliaria no genere un incremento altísimo del precio de esa tierra y los ejidatarios la vendan a particulares y a inmobiliarias? y ¿cómo conservar el cinturón verde de la ciudad de México, que tanto ha costado y que tiene que ver con el problema de la contaminación?; seguramente tendrá que expropiarse esa tierra. Así es que sí puede haber, puede haber expropiación de esa tierra ejidal, para evitar que nuevos asentamientos humanos se den en esas zonas y cambien el uso del suelo agrícola, para convertirlo en vivienda o en comercio.
Y quiero señalar aquí también, que nuestro partido, como la izquierda, sí tiene propuestas, porque una coartada que aquí se ha venido a dar para apoyar desde la izquierda, la enmienda constitucional es que no hemos tenido propuestas y no hemos presentado ideas, que somos una oposición que en todo está en contra y que siempre está a favor de nada y eso no es cierto. Desde mucho tiempo atrás, desde el Partido Comunista, desde los movimientos maoístas de la década de los 60, desde el Partido Mexicano de los Trabajadores, algunos están aquí presentes, se hicieron propuestas, desde el Partido Socialista Unificado Mexicano, desde el Partido Mexicano Socialista, se hicieron propuestas legislativas, se hicieron movilizaciones campesinas, se defendió un proyecto y se concretó en muchos casos, porque costó sangre, costó vida, porque hay agravios pendientes.
Entonces, no es cierto que no haya propuestas, se olvida, se quiere olvidar las propuestas de la izquierda ¡y tan ha presentado propuestas la izquierda que algunos de los más eficaces defensores del gobierno ahora, de los proyectos, provienen de la oposición de izquierda y dígase si no!, ¡provienen de la oposición de izquierda porque se formaron en un espíritu crítico y porque han asimilado la transformación de la realidad, porque han entendido todo a partir de intereses distintos.
Aquí hay una disputa por la razón histórica y ésta no se va a resolver con una guerra de citas, porque se puede argumentar lo contrario con una cita de Zapata y con otra cita del mismo Zapata o de Ponciano Arriaga o de quien quiera; la disputa histórica se va a resolver en el futuro. ¡Ojalá nos equivoquemos por el bien del país!, ¡ojalá el ejido no se privatice!, ¡ojalá la tierra no se concentre!, ¡ojalá no las ganancias de las grandes empresas trasnacionales, nos hagan depender aún más!; pero son tesis y ustedes tienen tesis contrarias, dicen que la reforma destruye mitos es cierto mitos que el gobierno creo a partir de un interés político concreto, es cierto se mistificó el ejido y muchas cosas más están modificadas en este país, es cierto pero al mismo tiempo que destruyen mitos están creando otros por ejemplo que la reforma va a asegurar un mejor nivel de vida para los hombres del campo y las mujeres del campo y eso no necesariamente es cierto, puede ser cierto que con el flujo de capitales se incremente la productividad y crezca en consecuencia el sector agropecuario; eso es cierto, pero se ha demostrado que en tres años de crecimiento económico en este país la distribución del ingreso no ha mejorado sustancialmente y ¿cuál es la garantía para que en caso dado de que mejore el nivel de la productividad en el campo se recupere, se avance, esto signifique mejores niveles de vida?; no es cierto, incluso puede ser al revés, puede ser que el país produzca más, exporte más, se aporte más a la tasa de crecimiento económico, pero que esto no se redistribuye adecuadamente y están creando un mito porque no están asegurando en la reforma la redistribución del ingreso.
Cuando vino el Secretario de Hacienda, cuando estudiábamos los Criterios de Política Económica, señalábamos: "una de las razones de la representación de la reforma al 27 es porque hay un déficit en la cuenta corriente" y para seguir financiando una tasa de crecimiento del 4% se requería un flujo de capitales de inversión extranjera, cuando menos el año entrante, de 15 mil millones de dólares y no se aseguraba con las expectativas de ganancia del capital especulativo o de otras esferas de la producción y habría necesidad de abrir el campo a la inversión extranjera. Ahí está y claro que se va a devaluar la tierra, y claro que la inversión puede llegar, pero ¿cuáles van a ser las consecuencias?, ustedes plantean un mito, el beneficio generalizado, aquel beneficio generalizado de la libertad de empresa, aquél bien común del que habló Adam Smith, por eso tiene razón como dijo la compañera Garavito, que están planteando un modelo de liberalismo económico, por eso decimos que es neoliberal y neoconservador, porque están recuperando las tesis del bienestar común de Adam Smith del Siglo XIX y la están adaptando a una realidad y nos plantean que ése es el porvenir para el Siglo XXI. Hay un debate, nosotros tenemos una propuesta distinta, no es cierto como se ha dicho que no tengamos propuestas, las hemos presentado. El Partido de la Revolución Democrática en lo particular es la síntesis histórica de la confluencia de diversas corrientes que en el complejo proceso de recomposición de la política mexicana se han encontrado y que tiene un objetivo que es una revolución democrática.
Y sí hay transición democrática a pesar de la oposición del partido oficial y del actual gobierno, pero hemos y estamos avanzando en la definición de un perfil de nación, porque no nos satisface el que ustedes están implementando; por eso es que vamos a votar en contra, porque al mismo tiempo de votar en contra votamos a favor de las cosas que planteamos, votamos a favor de la democracia y ¿cómo puede haber libertad sin democracia? Dicen ustedes que la reforma es para asegurar libertad y justicia; libertad de empresa puede ser, pero la libertad admite muchos adjetivos pero no tiene sinónimos. Nosotros planteamos simplemente libertad y no a va a haber libertad si el esquema de dominación permanece como está, si el Programa Nacional de Solidaridad se convierte en la nueva forma de coerción social, si los comisariados ejidales se convierten en empresarios, si los caciques asumen la forma de empresarios y asumen las sociedades mercantiles, ¿cuál libertad?, ¿ésa es la libertad? Puede ser la libertad de empresa, tierra y libertad de empresa, ése puede ser el nuevo lema, pero no era el lema zapatista. Nosotros nada más queremos libertad simple y sencillamente y queremos democracia y está definido en la Constitución y en este país no hay libertad, no hay democracia y no hay justicia social a 74 años de la revolución, de concluida la revolución.
Recuerdo yo, alguno de ustedes seguramente lo vivió, un Presidente que inició su mandato con sollozos y lo concluyó también con sollozos. Dijo entonces, "a los marginados lo único que pudiera pedirles es perdón por no haberlos sacado todavía de su postración y seis años después con angustia, decretó la expropiación de los bancos y con sollozos también y el modelo fracasó.
¿Cuánto tiempo más para la justicia social? Cuando se habla de tiempo, hablemos de tiempo histórico y cuando se habla de unidad, recuperemos la unidad nacional, pero en el sentido histórico concreto, para el bien del país; no como
una forma, como un truco para dominar más. Así no estamos de acuerdo.
Por eso seguramente el desenlace será el que habíamos previsto y algunos diputados votarán congruentemente, otros según su punto de vista también, según el nuestro no y en esta Cámara se aprobará el dictamen en lo general, que habrá que discutirlo en lo particular, pero la esencia quedará modificada y vendrán nuevas reformas y van a cambiar el carácter original de la Constitución, porque se van a modificar los artículos principales de ésta y espero vivir lo suficiente, nadie tiene el porvenir asegurado, espero vivir lo suficiente para ver los resultados de esto.
Ojalá me equivoque, ojalá los miembros del Partido de la Revolución Democrática, que con pasión y convicción defendemos nuestros postulados, nos equivoquemos, pero tenemos la certidumbre de que no será así, de que hay experiencias históricas concretas que demuestran que esta política está hipotecando al país y le está haciendo un daño histórico desgraciadamente que puede ser irreversible en muchos de sus aspectos.
Por eso tendrá que asumir históricamente la responsabilidad y, si tienen razón, el país lo reconocerá; pero si no, el pueblo es muy cruel y también se los hará saber. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Tiene el uso de la palabra el diputado Cesáreo Morales.
El diputado Cesáreo Morales García: - Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados:
A estas horas y después de tan largo debate, hemos de congratularnos por la intensa jornada de las razones, en favor o en contra, del dictamen sobre las reformas al artículo 27 de la Constitución.
Todos los partidos hemos defendido nuestras posiciones, el debate fue intenso, difícil, apasionado a veces, pero siempre respetuoso.
Es momento de ponderar los argumentos expuestos y sobre todo de encontrar en ellos sus premisas racionales, aquellas que generan racionalidad y las que en el complejo proceso dialéctico del debate en esta Cámara, los pros y los contras, han de fundar nuestras convergencias como mexicanos, como ciudadanos y como representantes de la soberanía popular.
¿Qué razones convocan hoy al acuerdo de los distintos partidos? ¿Sobre qué fincar los consensos posibles de los representantes de la voluntad popular? ¿Qué convergencias esperan los mexicanos de sus diputados en este largo debate en torno a las reformas al artículo 27?
El debate ha mostrado dos puntos de convergencia en su dialéctica. En primer lugar, la naturaleza misma de la Constitución de 1917. Nuestra norma fundamental hunde sus raíces en la historia nacional, se finca en la memoria colectiva y su fuerza ordenadora, su positividad y su capacidad vinculante, la fuente de su juridicidad le viene de los valores de las libertades: la democracia, la justicia y la soberanía nacional.
Valores que integran nuestro nacionalismo y se expresan en los fines superiores del Estado y los propósitos de la convivencia social.
La fuerza ética y política de esos valores alentó la revolución de 1910. La Constitución los consagra en la norma y en vigencia de éstas se han modelado la sociedad en la que ahora vivimos y trabajamos y el Estado y las instituciones de la República.
Esos valores ratificados, reconocidos en su jerarquía fundamental y en su universalidad, su universalidad concreta, los hace siempre vigentes y los convierte, al mismo tiempo, en fuente inagotable de nuevas exigencias. Nuevas exigencias de libertades, nuevas exigencias de justicia, mejor democracia, soberanía fortalecida.
Esos valores y fines inspiran las reformas al artículo 27 y no están a discusión. Ellos en su exigencia permanente renuevan y fortalecen nuestro pacto social originario. En ese horizonte las reformas tienen el propósito de traer más libertades y mayor justicia en el campo.
No está a discusión, por tanto, el fundamento nacionalista del Estado y la sociedad. No está a discusión el Estado con responsabilidades constitucionales específicas e irrenunciables en cuanto al logro de la justicia. Las reformas tienen ese punto de partida: la ratificación de los fines y propósitos que nos mantienen y cuestionamos en la obra común.
Esta reforma por eso exige de todos los partidos, no sólo sus mejores razones y argumentos, sino aun colocarse por encima de sus intereses políticos más inmediatos para contemplar el amplio horizonte del interés general de la nación.
Reformas en el campo para la justicia en la libertad, éste es el principio que deberá concitar el acuerdo de todos los partidos.
Ratificamos principios y fines. Hemos de darles, sin embargo, nueva vigencia. Debemos buscar hoy los mejores medios e instrumentos para inscribir los fines nacionales en la realidad actual de nuestro campo.
El artículo 27 constitucional nos ha dado paz social y abrió camino a la justicia. Una justicia que distribuyó la tierra a los campesinos, para que con su trabajo la convirtieran en un instrumento de progreso. En efecto, la repartición de las tierras fincó el crecimiento económico sostenido de México hasta finales de los años sesenta. Las sucesivas modificaciones al artículo 27 estuvieron siempre inspiradas por la exigencia de un mejor cumplimiento de los propósitos originarios.
Hemos de reconocerlo sin ambages, hoy, todas ellas son insuficientes para orientar en la seguridad de la norma las nuevas realidades del campo mexicano y la nueva situación de México en el mundo.
Tenemos que encontrar, por eso, nuevos medios para lograr mayor justicia en el campo y elevar el bienestar de los campesinos, para garantizar alimentos a todos los mexicanos y fincar las bases productivas de esta nueva fase de la historia del país. Ese puede ser sin duda el segundo punto de convergencias de los partidos.
¿Cuáles son esos nuevos medios que ofrecen las reformas? Seguridad y certidumbre, fin por tanto al enfrentamiento entre ejidatarios, entre éstos y los grupos indígenas; fin al enfrentamiento entre los hombres del campo, tal es el significado del fin del reparto agrario.
Nuevos marcos asociativos. Se trata de asociar esfuerzos, de asociar trabajo, de convertir el capital en nexo asociativo; se trata de dar salidas a las potencialidades sociales, económicas y culturales del campo.
Tribunales agrarios para impartir justicia pronta, expedita y cercana a los interesados.
Aprovechamiento de las tierras en sus diferentes usos, para ampliar así su potencialidad productiva.
Estos son los instrumentos que contemplan las reformas. No se privatiza el ejido, se prohibe el latifundio.
En torno a estos instrumentos han de articularse las nuevas políticas para la modernización integral del campo, nuevos instrumentos, nuevas políticas para alcanzar mejor los mismos fines: justicia en la libertad, libertad de los ejidatarios y comunidades indígenas, libertad de los pequeños propietarios, campesino libre, hombre libre, ése es el reconocimiento que da sentido a las reformas para la justicia.
En la libertad se finca la relación entre nuevos medios y fines justicieros en el campo. La voluntad libre de los campesinos ha de mantener el impulso de la modernización, libertad para encontrar los medios que han de permitirles la realización de sus potencialidades, libertad para buscar nuevas oportunidades; así avanza hoy la revolución de las libertades en el campo, así termina un ciclo social durante el cual el Estado tuvo, de distintas maneras, la iniciativa, aunque en ocasiones cayó también en el estatismo, un ciclo de logros pero también de insuficiencias y hasta de errores, ¿por qué no reconocerlo?
Estamos ahora ante un nuevo ciclo en el campo, el de la iniciativa campesina. El Estado no abdica de sus responsabilidades sociales; se reforma para ser un estado justo, para tutelar derechos, para aplicar políticas eficaces y ordenadas. Las reformas abren paso al nuevo ciclo de justicia en el campo, un ciclo sustentado en las libertades de los campesinos y en las capacidades de éstos.
Compañeras y compañeros diputados, al acercarse el momento del voto en lo general sobre el dictamen de reformas al artículo 27, más allá de las posiciones partidistas, vamos a ratificar los propósitos fundamentales de la Constitución: libertades, democracia, justicia y soberanía, a reformar el artículo 27 para dar a los campesinos de México nuevos instrumentos para la justicia, y para reconocer plenamente sus libertades; vamos a hacer corresponder una ética de las convicciones con una ética de las responsabilidades y a fincar en el campo bases firmes para la economía nacional.
Las reformas vinculan justicia y libertades. Así lo considera y lo afirma el Partido Revolucionario Institucional. Más justicia es demanda ancestral de los campesinos. Libertades, ésa es la única seguridad frente a los riesgos.
Justicia en la libertad, libertades con derechos sociales protegidos, ésos son nuestros principios, son los que hoy inspiran nuestro voto a favor del dictamen sobre las reformas al artículo 27 constitucional. Muchas gracias. (Aplausos.)
El Presidente: - Consulte la Secretaría si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - En votación económica se pregunta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido el dictamen en lo general.
Los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie...
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo poniéndose de pie... Suficientemente discutido, señor Presidente.
El Presidente: - Proceda la Secretaría a recoger la votación nominal del dictamen en lo general, comenzando por el lado derecho.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Por instrucciones de la Presidencia, se va a proceder a recoger la votación nominal en lo general. Se solicita a la Oficialía Mayor haga los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - Una pregunta. El momento para separar fracciones.
El Presidente: - Será cuando se inicie la discusión en lo particular, habrá un momento específico para la separación, para la discusión y votación de fracciones.
El diputado Juan de Dios Castro Lozano (desde su curul): - La pregunta es porque el dictamen trae un artículo único, señor Presidente y al traer un artículo único, si se vota antes de separar puede considerarse aprobado. Entonces puedo estar equivocado.
El Presidente: - Correcto. Tiene usted razón, diputado Juan de Dios Castro, pero quiero que constate la Secretaría que la votación que se hace en este momento es dejando la reserva de los señores diputados para hacer la separación de artículos en la sesión a la que vamos a convocar el día de hoy.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - Señor Presidente, una moción.
El Presidente: - Diputado Becerra, en votación no se admite mociones, pero con todo gusto me gustaría atenderla y resolverla, de acuerdo con las facultades que tengo. ¿Cuál es la moción? Si la puede decir de viva voz.
El diputado Emilio Becerra González (desde su curul): - La moción es para esto, señor Presidente, tradicionalmente las votaciones nominales se hacen violando el reglamento. Esto es, se anota el nombre y quién vota, pero no se cumple con la fracción IV del artículo 147, que dice que al final uno de los secretarios debe leer los nombres de quien hubiere aprobado. En este caso y como se trata de una votación trascendental y para no diferir esto al máximo, yo pediría que si es posible se evite esto reglamentario, cuando menos sea a través del video o de algún otro modo, que queden en el Diario de los Debates los nombres específicos de quiénes votaron a favor y quiénes votaron en contra.
El Presidente: - Instruyo a la Secretaría que, en el momento de recoger la votación nominal, tome nota de acuerdo con las constancias que va a tomar cada secretario, uno en favor y otro en contra, de los nombres de los diputados que votan en cada sentido, conforme a lo que dispone el reglamento.
Proceda la Secretaría a la votación nominal.
(Votación.)
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, se emitieron 387 votos...
(Desorden.)
El Presidente: - ¡Silencio, por favor, señores diputados!
Adelante con el procedimiento, señorita secretaria.
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Señor Presidente, se emitieron 50 votos en contra, 387 a favor y dos abstenciones.
El Presidente: - Aprobado en lo general por 387 votos.
Proceda la Secretaría a recabar los nombres de los diputados que hayan votado y dar cuenta con ese listado en la próxima sesión.
Pasa a la siguiente sesión para su discusión en lo particular.
ORDEN DEL DÍA
La secretaria diputada A. Irma Piñeiro Arias: - Se va a dar lectura al orden del día de la próxima sesión.
"Primer Período Ordinario de Sesiones. - Primer Año. - LV Legislatura.
Orden del día.
5 de diciembre de 1991.
Acta de la sesión anterior.
Comunicaciones de los congresos de los estados de Hidalgo y Zacatecas.
Comunicación de la ciudadana diputada Marlene Catalina Herrera Díaz.
Designación de la Comisión que asistirá al Senado de la República el 6 de diciembre, a la comparecencia del Secretario de Relaciones Exteriores.
Dictamen a discusión
De las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Reforma Agraria, con proyecto de decreto que reforma al artículo 27 de la Constitución Política y votación del proyecto de decreto en lo particular.
Y los demás asuntos con los que la Secretaría dé cuenta.»
El Presidente (a las 9.43 horas): - Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar hoy jueves 5 de diciembre a las 17.00 horas.